Principales problemas problemas que afectan al trabajo, la producción y la inclusión social 11. Enero 2008 Asamblea Constituyente, Constituyente, Constitución Constitución,, Trabajo Trabajo,, Economía Economía,, Bienestar Social,, Productividad Social Productividad,, Acuerdos Acuerdos,, Migración Migración,, Social Principio del formulario 74
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DOCUMENTO DE TRABAJO No. 3 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LOS AMBITOS DEL TRABAJO, LA PRODUCCION Y LA INCLUSION SOCIAL QUE DEBE ABORDAR LA MESA 6 DE LA MANERA MAS EFICAZ EN EL TIEMPO DE SEIS MESES QUE NOS DIO EL PUEBLO ECUATORIANO 10 DE ENERO DE 2008 Diego Borja CornejoRepresentante por PichinchaPoder Ciudadano TRABAJO En el ámbito del trabajo , los mayores problema de la sociedad ecuatoriana son el desempleo que sufre un amplio sector de la población en edad y disposición de trabajar (650.000 personas); las malas condiciones sociales, económicas y jurídicas en las que realiza su trabajo un importante segmento de la fuerza laboral (más dos millones de personas, 50 % de la PEA); y las pocas oportunidades de trabajo remunerado y la limitada capacidad del aparato productivo para incorporar al empleo a los nuevos trabajadores, en su mayoría jóvenes, que se suman año tras año a la
fuerza laboral.A estos problemas, se añaden una serie de otros problemas relacionados: i) El incumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte de malos empleadores y la incapacidad del de l Estado para controlar y evitar abusos; ii) La
explotación a los trabajadores y los abusos cometidos bajo el régimen de intermediación laboral y que han contribuido al desprestigio de todo el sistema de terciarización; iii) La discriminación laboral , en cuanto a la exclusión o la
diferenciación salarial por motivos de género, edad, opción sexual, etnia u otros; iv) La falta de políticas de Estado y de apoyo institucional para la generación La desprotección de las familias de de auto empleo en el campo y la ciudad;v) los trabajadores emigrantes , que en su gran mayoría pueden ser considerados como asilados económicos; vi) La extremadamente baja cobertura de la seguridad social y los malos servicios que este sistema entrega a los trabajadores afiliados;vii) Los bajos salarios , en amplios sectores de la economía y la baja productividad de la fuerza de trabajo;viii) La virtual inexistencia de un sistema de capacitación para el trabajo;ix) La poca, ausente o mala regulación laboral por parte del Estado , particularmente por parte del Ministerio del Trabajo, sobre todo frente al incumplimiento de los derechos de los trabajadores y a la presencia de serias irregularidades, como por ejemplo el trabajo infantil ;x) El débil sistema para la solución negociada de La discriminación entre empleos de semejante conflictos laborales;xi) calificación o semejante exigencia en el sector público ;xii) La falta del reconocimiento del aporte productivo que realiza el trabajo doméstico y de ahí la desprotección de las amas de casa o de las personas que realizan esta tarea;xiii) La caducidad del sistema jurídico que regula el trabajo y su incongruencia con las nuevas exigencias tecnológicas y productivas: trabajo por horas sobre todo en el sector juvenil, movilidad de los trabajadores, prestación de servicios específicos, regímenes de pasantías,
vinculación del sistema educativo y de capacitación con el sistema productivo, etc.;xiv) La inadecuada regulación bajo el régimen laboral, tanto del sistema de intermediación, como del sistema de contratación de servicios especializados o complementarios . El primero debería convertirse en un sistema de profesionalización de la
gestión del talento humano y la principal herramienta de lucha contra la precarización del trabajo; mientras que el segundo, debería corresponder al régimen mercantil y por tanto caer dentro de las políticas de apoyo a la producción, multiplicación y diversificación del empleo.PRODUCCIONEn el ámbito de la producción , el principal problema es la limitada capacidad de inclusión de la mayoría de la población a un proceso de desarrollo productivo sostenido y sustentable, con la consiguiente debilidad para la creación de riqueza, la escasa diversificación de la producción, el bajo dinamismo y débil crecimiento de la economía . Para el año 2008, las previsiones de crecimiento de la
CEPAL por ejemplo, le colocan al Ecuador en el puesto 32 de 34 países analizados, por debajo de Bolivia. Para el año 2007, el crecimiento real previsto (2,7 %) fue menor de las previsiones que se tenían a comienzo de año. La confianza empresarial en el último mes ha caído en 20 puntos, entre las empresas que operan dentro del país. Este problema tiene un impacto directo en la poca contratación laboral, en los bajos niveles salariales e incluso en el aumento de los precios, debido a una disminución de la producción interna.A estos problemas concurren otros como:i) Inadecuada utilización de la propiedad – privada, comunitaria, cooperativa, estatal- para ponerle al servicio de la producción, la creación de riqueza y el trabajo; ii) Estridentes asimetrías en la distribución de la propiedad, la riqueza, el ingreso, el capital, el crédito que limita la vocación productiva de los individuos y las colectividades;iii) Alta dependencia de la economía respecto del petróleo y poca integración del sector petrolero con el resto de la economía nacional (importación del 50 % de los derivados del petróleo para el consumo doméstico, ausencia de industrialización petrolera);iv) Postergación del desarrollo rural y de la democratización del acceso a los activos productivos a través de la reforma agraria y la transformación productiva, con la consiguiente vulnerabilidad del país en cuando a su soberanía alimentaria; v) Escaso aprovechamiento de las capacidades agroindustriales, forestales, turísticas, artesanales, pesqueras, acuíferas, de provisión de servicios ambientales, con las que cuenta el Ecuador, sobre
todo en las zonas alejadas de los polos de desarrollo formados alrededor de Quito y Guayaquil;vi) Ausencia de la participación de los niveles básicos de gobierno : juntas parroquiales, municipios –especialmente medianos y pequeños-, consejos provinciales, en el impulso de la producción local y la solución del problema del desempleo y la migración a las ciudades más grandes o al extranjero;vii) Sistema productivo basado en actividades extractivas, estatales y privadas, con poco o nulo cuidado de los impactos ambientales negativos que tiene graves efectos sobre el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad y vulnera los derechos fundamentales de las personas y las comunidades; viii) Alta vulnerabilidad del sector externo debido a la limitada oferta de exportación, o sea, pocos productos, de escaso valor agregado (banano, camarón, flores, cacao y otros primarios) y pocos mercados de destino (básicamente Estados Unidos);ix) Baja competitividad de la economía ecuatoriana , debido a la mínima o nula incorporación de conocimiento, tecnología e innovación;x) Inexistencia de un sistema de planificación, de políticas productivas de largo plazo y de instituciones que favorezcan el desarrollo de la producción, particularmente de un adecuado rol de la Banca Pública de Desarrollo ;xi) Ausencia de una institucionalidad pública y privada que apoye el desarrollo de la pequeña y mediana
del campo y de la ciudad a través del acceso democrático al crédito, infraestructura, tecnología, capacitación y promoción de exportaciones; xii) Política económica alejada del objetivo de la producción y el empleo , incluyendo la política macroeconómica, fiscal, tributaria, crediticia, comercial;xiii) Sistema financiero privado alejado del objetivo del desarrollo productivo; xiv) Débil o nulo incentivo a la inversión de ecuatorianos, emigrantes ecuatorianos que han ahorrado pequeños capitales, extranjeros que quieren invertir en el Ecuador y erosión de la situación de los trabajadores con mayores niveles de estudio y de los propietarios de capital pequeños y medianos.INCLUSION SOCIALLa exclusión es el mayor problema social del Ecuador y es la mayor amenaza para la instauración de una verdadera democracia y ciudadanía y para el crecimiento y desarrollo económico. Esta tiene muchas y horribles caras: i) Altísimo número de personas en situación de pobreza (40 % de la población) y pobreza extrema (16 % de la población);ii) Elevada desigualdad económica : el 5 % de la población más rica se apropia del 42 % del ingreso, mientras que el 20 % de la población más pobre se apropia de apenas el 1,6 % del ingreso;iii) Emigrantes por razones económicas (2-3 millones de personas);iv) Muy baja movilidad intergeneracional , o sea que la familia en la que nacen las personas y la educación de los padres son más importantes que el esfuerzo propio al momento de alcanzar un ingreso o el bienestar de la generación actual y de sus descendientes;v) Miles de personas con imposibilidad de acceder a servicios de educación y salud de calidad, ambientes sanos, dotación de infraestructura básica, información, capacitación, cultura;vi) Aumento de la exclusión de trabajadores de las prestaciones que otorga el empleo formal , –sobre todo varones, incluso con instrucción y en la edad más productiva- debido al aumento del desempleo o del empleo en el sector informal, especialmente en las zonas urbanas; vii) Elevado porcentaje de la población excluida de la seguridad social (82 % de ecuatorianos) ;viii) Miles de personas excluidas de los servicios de administración del Estado , por ejemplo registro civil o títulos de propiedad de las tierras que les limita el acceso a recursos productivos (subsidios directos o créditos); ix) Miles de personas excluidos de los servicios de seguridad policial que se dotan de sus propios mecanismos de seguridad en una sociedad que multiplica la delincuencia como producto de la pobreza y la desigualdad;x) Excluidos de la administración de justicia : 6 de cada 10 presos no tienen sentencia en una población carcelaria que bordea las 20.000 personas;xi) empresa
Miles de niños que mendigan o que realizan trabajos indignos en las grandes ciudades , en condiciones de alto riesgo físico y excluidos de sus derechos a estudiar, estar bien cuidados y protegidos;xii) Miles de excluidos debido a su condición de edad, género, opción sexual, etnia, personas con discapacidad;xiii) Inadecuadas políticas públicas para favorecer la inclusión , dado que no se sustentan en una modificación
profunda de las maneras de asignar recursos y gestionar las instituciones políticas, lo cual impide alcanzar la igualdad en el acceso de oportunidades para los excluidos incorporándolos en las estructuras sociales, políticas e institucionales donde se toman estas decisiones;xiv) Erosión de la situación de las clases medias urbanas , y en especial de los trabajadores con bajos niveles de calificación. }
Arbitraje y la solución de controversias en la comunidad andina Marco teórico general
A menudo, el incremento de la actividad comercial trae consigo un incremento de conflictos entre comerciantes. Lo más importante es resolver eficazmente estas controversias permitiendo conservar las relaciones establecidas. La resolución de conflictos empresariales no implica necesariamente un litigo, pues se puede usar métodos alternos de resolución de controversias tales como el arbitraje y la conciliación. El arbitraje es un proceso donde a las partes en conflicto se les da la oportunidad de presentar su caso ante un panel neutral e independiente formado por uno o varios árbitros, que emite(n) una decisi6n sobre el conflicto. Durante el arbitraje, las partes presentan sus argumentos y los acreditan con testigos, documentos, y otros medios de prueba. EI(Ios) árbitro(s) emite(n) una decisi6n final con respaldo jurídico la cual se conoce como el laudo. Normalmente, este proceso es rápido y de menor costo que el litigio tradicional. La audiencia se conduce siguiendo y respetando las reglas de procedimientos y siguiendo un comportamiento ético. El Arbitraje es un método de resolución de conflictos alternativo a la justicia. Es un mecanismo mediante el cual los conflictos son resueltos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales. Producido un diferendo o una contienda de intereses entre dos o más partes, estas deciden someter su diferencia a un tercero que provea la solución. A diferencia de la mediaci6n, que pone el énfasis en la voluntaria participación de las partes en el proceso y en el diseño del acuerdo final, aquí el acuerdo es provisto por el tercero. La American Arbitration Association lo define como la remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una determinación final y obligatoria. En general podemos decir que el arbitraje constituye una jurisdicción privada, instituida ya sea por la voluntad de las partes o por decisión del legislador, por la cual se desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de las tribunales estatales, a los que se inviste para ello de facultades jurisdiccionales semejantes a las de aquellos estatales, para la resolución de un caso concreto. Cualquier controversia que nazca entre las partes ligadas por una relaci6n contractual se convierte en un inconveniente, y la dificultad se acrecienta cuando esas partes tienen distinta nacionalidad, distintas costumbres e idiomas, y se hallan separadas por la distancia física que torna engorrosa cualquier negociación posterior al conflicto. En prevención de ello, las partes querrán convenir de antemano cual será la jurisdicción sobre la que recaerá la decisión del caso, y lógico es suponer que cada una de ellas intentará llevarlo a los tribunales de su país, en los que se sentirá más cómodo para litigar, conociendo el idioma, las leyes de forma y fondo y la idiosincrasia de los jueces. Es lógico suponer también que la parte contraria resistirá esa pretensión, máxime cuando podrían existir inclusive sistemas jurídicos diferentes que acentúen la resistencia. No existiendo otros tribunales que los públicos de cada país, y siendo éstos notoriamente inadecuados para la resolución de las disputas nacidas de las transacciones comerciales internacionales, el arbitraje ha sido el medio más idóneo para ello, ya que además ofrece algunas ventajas en orden de celeridad, confidencialidad y economía de costos. Es as! como, el arbitraje ha resultado ser absolutamente necesario en el tráfico internacional, ya que resultaría difícil concebir un comercio dinámico sin esta fórmula alternativa para solución de las disputas. Con lo cual, el arbitraje es una de las respuestas mas adecuadas a las complicaciones e imprevisibles derivaciones que surgen de cualquier negociación por simple que sea. Su importancia aumenta cuando se deben resolver conflictos entre empresarios de distintos países, regidos por leyes y sistemas jurídicos
procesales diferentes, que provocan en el litigante una natural preocupación cuando debe someterse a tribunales extraños. La creciente competencia en los Mercados mundiales y la intervención más activa de los gobiernos en las transacciones mercantiles internacionales exigen intensificar el uso de esta forma de entendimiento, capaz de ventilar cordialmente los agravios que se producen en la vida de los negocios. El arbitraje es un medio que acerca a los empresarios de los distintos orígenes, lenguas, costumbres y recursos. En si mismo, el arbitraje es un símbolo de la buena voluntad que debe reinar entre los contratantes. El arbitraje tiene su fuente y justificación en la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato. Su característica radica en la designación voluntaria de una persona a de una institución encargada de proporcionar la solución jurídica y ejecutable al litigio que confronta a los contratantes. En eso difiere de la jurisdicción estatal u oficial, que impone a los individuos y personas morales jurisdicciones ya constituidas, así como procedimientos oficiales y generalmente públicos. Hoy en día, la complejidad de las transacciones comerciales, ya sea doméstica o internacional, a menudo reflejan la buena voluntad de las partes en crear y sostener relaciones con la. expectativa de que exista un mutuo beneficio económico. Contrariamente a lo que se cree, el arbitraje conserva la esencia de sus orígenes, que es "la simplicidad", - y es que fue concebido y utilizado desde sus orígenes más remotos por comerciantes. Los comerciantes desde los fenicios hasta los comerciantes de la edad media, y los de la actualidad han requerido sistemas de solución de controversias ágiles, efectivos, simples y sencillos. TIPOS DE ARBITRAJE a. Arbitraje de equidad.- Los árbitros deciden la cuestión litigiosa según su saber y entender. En este caso puede ser árbitro cualquier persona natural que se halle, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. b. Arbitraje de derecho.- Los árbitros deciden la cuestión litigiosa con sujeción a derecho. En este caso los árbitros habrán de ser abogados en ejercicio. La elección del tipo de arbitraje corresponderá a las partes, y en caso de que no hayan manifestado su voluntad en este aspecto, el arbitraje será de equidad. Ventajas del arbitraje Entre las ventajas que normalmente se le asignan al arbitraje tenemos: 1. Rapidez.- Normalmente los árbitros tienen un plazo para resolver la diferencia plantada por las partes que es breve. 2. Confidencialidad.- Los asuntos son tratados con el máximo secreto profesional por parte de los árbitros. 3. Especialización.- El arbitro o árbitros son verdaderos profesionales, con prestigio y solvencia reconocida en diversos campos, de tal manera que pueden conocer el problema de una forma directa. Además, es posible elegir el árbitro que se va a ocupar del caso. 4. Imparcialidad.- Los conflictos van a ser estudiados y resueltos con total imparcialidad y neutralidad, como lo exige cualquier Tribunal.
5. Economía.- Normalmente, de resultar más económico que acudir a un Tribunal de Justicia ordinario, no sólo por su coste en dinero, sino también por el ahorro de tiempo. 6. Obligatoriedad de la Decisión Final.- La decisión final tomada por el Arbitro, denominada Laudo, es de obligado cumplimiento para las partes, e incluso los Tribunales de Justicia pueden obligar a este cumplimiento. 7. Eficacia.- En caso de incumplimiento, el laudo arbitral firme puede ser objeto de ejecución forzosa, al igual que una sentencias judiciales firmes. En consecuencia, el atractivo del arbitraje comercial internacional es un reflejo de las dificultades del litigio. El proceso si es aplicado apropiadamente permite a las partes un máximo de autonomía, mínima intrusión de parte de los juzgados, y con respecto al arbitraje internacional, reconocimiento y apoyo al laudo final por parte de la Convención de Nueva York. El arbitraje presenta muchas ventajas tales como: que las partes pueden escoger sus árbitros, apelación limitada, posibilidad de elegir la aplicación de derecho sustantivo de fondo, informalidad procesal; y ejecución del laudo como si fuera sentencia. Función jurisdiccional dentro del esquema de solución de controversias de la can El artículo 40 del Acuerdo de Cartagena dispone que es el Tribunal de Justicia el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. Por su parte, el artículo 47 del mismo Acuerdo señala que la solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico andino se sujetarán a las normas del Tratado que crea el Tribunal de Justicia. Del mismo modo, el artículo 33 del Tratado del Tribunal de Justicia se señala que los Países Miembros no someterán ninguna controversia a ningún sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el propio Tratado. En consecuencia, el arbitraje del que trata el Protocolo de Cochabamba se refiere al arbitraje privado, con intervención de los particulares. El Protocolo de Sucre suscrito en la ciudad de Quito el 25 de junio de 1997 en su Tercera Disposición Transitoria establece que "la Comisión de la Comunidad Andina podrá establecer un mecanismo arbitral para la solución de controversias entre los Países Miembros que persistan al pronunciamiento de la Secretaría General". La acción de nulidad, la interpretación prejudicial, el recurso de omisión o inactividad y el arbitraje privado no se encuentran dentro del alcance de la Tercera Disposición Transitoria del Protocolo de Sucre, la cual sólo se refiere a la acción de incumplimiento. Nuevas competencias del tribunal de justicia a partir del protocolo de cochabamba Las potestades de control jurisdiccional que actualmente tiene el Tribunal de Justicia conforme al Tratado de su Creación, han sido ampliadas con nuevos mecanismos, como son el recurso por omisión, la función arbitral y la jurisdicción laboral. Estos nuevos mecanismos han sido consagrados por el Protocolo Modificatorio del Tratado del Tribunal en las Secciones Cuarta, Quinta y Sexta de este instrumento jurídico. I.- De la función arbitral A través del Protocolo de Cochabamba, se faculta al Tribunal de Justicia, en algunos casos, funciones arbítrales: Estos casos son.
1. Las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de integración o entre éstos y terceros, cuando las partes as! lo acuerden. Articulo 38 del Protocolo de Cochabamba 2. Las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Artículo 18 del Protocolo de Cochabamba A través del mismo Protocolo, se faculta a la Secretaría General a dirimir, mediante el "arbitraje administrado", las controversias que le sometan particulares respecto de la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Articulo 39 del Protocolo de Cochabamba El Dr. César, GUZMAN-BARRON, ha señalado que "la Función Arbitral contemplada en la Sección Quinta del Protocolo Modificatorio trata de solución de controversias por la vía arbitral de carácter privado o en contratos, convenios o acuerdos suscritos entre órganos o instituciones del Sistema Andino de Integración o entre estos y terceros, más no de las controversias que se susciten entre Países Miembros. Más aún, no tendría sentido establecer un mecanismo arbitral en este ámbito donde ya se encuentra previsto. En consecuencia, la Tercera Disposición Transitoria (del Protocolo de Sucre) se refiere al caso de las controversias entre los Países Miembros dentro del ámbito de la acción de incumplimiento. El mismo autor arriba citado al señalar los alcances de la acción de incumplimiento de la normativa andina, expresa que, en caso de persistencia en el incumplimiento se podrá acudir a un mecanismo arbitral distinto al Tribunal. Sin embargo, dado que la Tercera Disposición Transitoria (alude al Protocolo de Sucre) se refiere a la solución de controversias entre los Países Miembros, ésta vía de arbitraje sólo operaría en el caso de acciones derivadas de un País Miembro o en todo caso de acciones también propiciadas por la Secretaria General, en la medida en que el País Miembro afectado se adhiera la acción de la Secretaría General. Por tanto, el mecanismo arbitral no sería aplicable cuando se trate de acciones promovidas por personas naturales o jurídicas, dado que en este caso no se trata de la controversia entre Países Miembros" Forma en que se pronuncian el tribunal de justicia y la secretaria general: A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro. Articulo 38 del Protocolo de Cochabamba La Secretaría General emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que las partes acordaran lo contrario y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución, conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro. Articulo 39 del Protocolo de Cochabamba. Para que el Tribunal de Justicia o la Secretaría General puedan intervenir es suficiente que los interesados, hayan acordado dirigirse a estos órganos comunitarios para resolver los
conflictos que pidieran presentarse entre ellos, en sus contratos en los que resulte aplicable o sea necesario interpretar normas del ordenamiento jurídico andino. De las normas citadas podemos señalar que el laudo emitido por el Tribunal de Justicia o por la Secretaría General son inapelables y de obligatorio cumplimiento para las partes, teniendo la autoridad de cosa juzgada desde que sea notificado, e incluso los Tribunales de Justicia pueden obligar a este cumplimiento conforme a las normas internas de los Países Miembros. Sin embargo, para el caso del laudo emitido por la Secretaría General, el Protocolo de Cochabamba en su artículo 39 establece que las partes pueden acordar que el mismo no sea de obligatorio cumplimiento e inapelable. Asimismo, debemos señalar que para el caso del arbitraje del Tribunal de Justicia, las partes pueden elegir, si el laudo emitido por este órgano comunitario es en derecho o en equidad. Para el caso de la Secretaría General se establece la obligación por parte de esta de emitir su laudo conforme a criterios de equidad y de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico andino. Sin perjuicio de decidir la controversia "en equidad" si así lo acordaran las partes, el Tribunal de Justicia adoptará sus decisiones con base en el ordenamiento jurídico andino. Otra diferencia que establece el Protocolo de Cochabamba entre el arbitraje del Tribunal de Justicia y el de la Secretaría General es que el primero podrá dirimir controversias que se susciten entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre estos y terceros, además de la controversia entre los particulares . Para el caso de la Secretaría General sólo se establece que dirimirá controversias que le sometan particulares. Finalmente, podemos destacar que el establecimiento del arbitraje privado con el Protocolo de Cochabamba, buscaría servir como un medio alternativo de solución de diferencias entre los particulares, cuando en sus relaciones comerciales estén involucradas normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. El arbitraje establecido en esta norma es una opción que tendrán los particulares, previo acuerdo entre ellos para dar una respuesta satisfactoria a sus problemas, se supone con todas las ventajas que per se implica este mecanismo. El hecho que sean órganos comunitarios los que tendrán a su cargo esta función arbitral permite que no se cree una jurisdicción paralela a la establecida por las normas andinas. Además, esto permitirá mantener una uniformidad en la aplicación del derecho comunitario andino por parte de sus instituciones. El procedimiento, los plazos y condiciones en que se realizará este arbitraje deberán ser objeto de regulación por parte de los órganos comunitarios. II.- RECURSO POR OMISIÓN O POR INACTIVIDAD Este recurso complementa las potestades de control jurisdiccional que el Tribunal de Justicia tiene a través de otros mecanismos previstos en su Tratado de Creación. Conforme lo establece el artículo 37 Protocolo de Cochabamba, mediante este recurso, el Tribunal podrá pronunciarse sobre la abstención de cumplir una actividad a la que estuvieron obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, tanto el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaria General, cuando así lo requieran dichos órganos, los Países Miembros o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del Artículo 19 del mismo Tratado.
Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, el solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se pronuncie sobre el caso. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, el Tribunal emitirá la providencia correspondiente, con base en la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones del órgano objeto de] recurso. Dicha providencia, que será publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, deberá señalar la forma, modalidad y plazo en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir con su obligación. III.- Jurisdicción laboral Debido a la inmunidad y los privilegios de que disfrutan los organismos de la integración, los tribunales nacionales no son competentes para la resolución de reclamaciones presentadas por los funcionarios de dichas instituciones en su régimen laboral. En tal sentido, se faculta al Tribunal a conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.
