UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
TÓPICO
: SEMINARIO DE TESIS.
DOCENTE
: Dr. MANUEL BERMUDEZ TAPIA.
REFERENCIA REFERENCIA : TESIS TESIS “LA LIBERTAD LIBERTAD RELIGI RELIGIOSA OSA Y DE DE CONCIENCIA EN EL PERU”.
RESPONSABLE
: ELI PEREZ DÍAZ
Lambayeque, Octubre del 2007.
“La libertad y la concepción cristiana del hombre, son dos pilares fundamentales del Estado Constitucional, porque sólo la libertad y la religión son cosas grandes, la Gloria y el Poder son brillantes pero no grandes”
CHATEAUBRIAND.
“La libertad y la concepción cristiana del hombre, son dos pilares fundamentales del Estado Constitucional, porque sólo la libertad y la religión son cosas grandes, la Gloria y el Poder son brillantes pero no grandes”
CHATEAUBRIAND.
CONTENIDO
LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993.
PARTE I : GUIA DE INVESTIGACION. INTRODUCCION. DESCRIPCION Y EXPLICACION DEL PROBLEMA. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. HIPOTESIS. METODOS Y TECNICAS. CRONOGRAMA.
PARTE II: II: MARCO TEORICO TEORICO DOCTRINAL. DOCTRINAL. CAPITULO I: LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 1.-
LA LIBERTAD RELIGIOSA. 1.1. 1.1.-- DEFI EFINICI NICIO ON. 1.2. 1.2.-- CO CONS NSID IDER ERAC ACIO IONE NES S GENERA GENERALE LES. S.
2.-
ANTECEDENTES DE DE LA LA LI LIBERTAD RE RELIGIOSA EN EN EL EL PERU. 2.1. 2.1.-- ANTE ANTES S DE DE LA LA COL COLON ONIA IA.. 2.2. 2.2.-- LA EPOC EPOCA A COL COLON ONIA IAL. L.
2.3.- LA EPOCA REPUBLICANA. 3.-
LA LIBERTAD IDEOLOGICA.
4.-
DELIMITACION DE LA LIBERTAD RELIGIOSA, LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LIBERTAD IDEOLOGICA.
5.-
DIMENSION NEGATIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
6.-
DIMENSION POSITIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
7.-
LA RELACION ESTADO IGLESIA EN EL PERU ASPECTOS JURIDICOS.
CAPITULO II. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGION: SU REGULACION CONSTITUCIONAL VIGENTE. 1.-
EL RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGION EN LA CONSTITUCION DE 1993.
2.-
TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COLABORACION ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS.
3.-
LA TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGION.
4.-
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CULTO.
5.-
LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO.
6.-
DESARROLLO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA COLABOTRACION ENTRE EL ESTADO Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS.
7.-
ASISTENCIA Y COOPERACION ENTRE EL ESTADO Y LAS CONFESIONES.
8.-
REGIMEN ECONOMICO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS.
LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. PARTE I. INTRODUCCION. La religión y la política en el Perú están indisolublemente atados situación que los gobiernos buscan muchas veces el apoyo de la Iglesia para asegurarse de la legitimidad religiosa sin la cual su influencia política sería hasta limitada. Para entender mejor diremos que el derecho a la libertad religiosa de la persona humana en sociedad está jurídicamente como un derecho primario, es decir un derecho de reconocimiento universal, de percepción inmediata; inherente al ser humano, definible dentro de su dignidad. Sin embargo, como quiera el Estado y la confesión son dos estructurales sociales dirigidas a un mismo sujeto. La persona humana, como las dos entidades se desenvuelven en un mismo espacio geográfico deben de establecer adecuados mecanismos de
cooperación. Por
esta
razón
los
Estados
hacen
bien
o
como opera la libertad religiosa en nuestro país a nivel de la constitución política de 1993, para finalmente terminar de describir algunas formas de política de Estado que ha implementado el Estado peruano con la religión católica que a simple vista constituyen actos de discriminación con relación a las demás confesiones religiosas y un grave atentado contra la libertad religiosa en el Perú. El Investigador.
DESCRIPCION Y EXPLICACION DEL PROBLEMA. A través de nuestra historia constitucional, siempre fuimos un Estado confesional, es decir, nuestras constituciones políticas del Perú regulaban como la religión oficial de la nación a la religión católica, hasta que en la constitución de 1933 con apariencia formal se desliga el Estado de ese criterio constitucional para recién en el año 1980 época en la que
renuncia el Estado peruano al Patronato Nacional y suscribe un concordato con la Santa Sede, es decir, un contrato mediante el cual el Estado peruano le concede privilegios a la religión católica en sasuntos relacionados con educación, cultura, arte, donanciones económicas, exoneraciones tributarias y otros, y es a partir de la constitución política de 1993 en que el Estado en un régimen de independencia opta por el de prestarle su colaboración con la Iglesia Católica, y hace una mención constitucional expresa de reconocimiento del Estado Peruano a tal confesión religiosa como factor preponderante de desarrollo histórico y cultural del país, y por ende le presta su colaboración dejando entre ver que con el resto de confesiones religiosas el Estado establecerá posibles formas de colaboración, específicamente en el artículo 50 de nuestra consitución política actual, dejando de lado el reconocimiento de las otras confesiones religiosas, situación que va acarreada de una serie de políticas de Estado en forma aislada pero que constituyen serios atentados a la libertad religiosa en nuestro país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ¿Cuál debe ser la posición constitucional del Estado ante la existencia de comunidades religiosas a través de las cuales los individuos ejercen su derecho de libertad religiosa?, ¿el modelo de cooperación religiosa que establece la Constitución Política del Perú de 1993, con la Iglesia Católica, constituye un atentado contra la libertad religiosa?
OBJETIVOS: GENERAL: Conocer, explicar y demostrar la incongruencia normativa en la Constitución Política del Perú de 1993 en relación a la Libertad Religiosa.
ESPECÍFICO: Analizar las normas pertinentes a la libertad Religiosa consagradas en la Constitución Política del Perú de 1993.
HIPÓTESIS: Modificar o suprimir la Norma Constitucional de la Constitución Política del Perú de 1993, referente a la libertad religiosa y establecer como principio constitucional la no confesionalidad del Estado, dado que actualmente existen normas discriminatorias en relación de la Iglesia Católica con otras confesiones religiosas.
MÉTODOS Y TÉCNICAS: En la presente investigación será teórica e interpretativa, es decir, dotándole de un carácter analítico y crítico. Métodos y técnicas de recolección de datos, se ha seleccionado los métodos de análisis y síntesis de los dispositivos constitucionales y como técnicas tenemos la entrevista, el cuestionario. El procesamiento y análisis de los datos: se hará un análisis de todos los datos recolectados y se anotará lo mas resaltante para el tema.
CRONOGRAMA: 2
2007
200
0 0 6 FASES Y
M.J
S.
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J
ACTIVIDAD
.J.
O.
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1. Elaboración
del
Proyecto
de
investigación. 2. Recolección
de
X
información. 3. Procesamiento y Análisis
de
Datos. 4. Redacción
X del
Informe Final. 5. Presentación
y
Presentación de Tesis.
X
E.F.
RECURSOS: Recursos Humanos: Investigación Responsable y Colaboradores. 01 Asesor Académico y 02 Personal de Apoyo.
PARTE II. MARCO TEÓRICO DOCTRINAL: CAPITULO I: LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA COMO
DERECHO
FUNDAMENTAL
EVOLUCION EN EL PERU.
1.-
LA LIBERTAD RELIGIOSA.-
Y
SU
Como veremos posteriormente que lo mejor que pueda suceder en un Estado Constitucional es que la libertad ideológica no se note. Cuando se hace visible, es porque, resulta problemática y tiene que ser defendida. En tal caso se puede apostar sobre seguro que nos encontramos ante una grave patología del cuerpo social. Con la libertad religiosa ocurre algo parecido. Si la libertad religiosa ha sido tan importante en el proceso de imposición primero y de afirmación después del Estado Constitucional, ha sido por su carácter problemático durante los siglos que van de la “Reforma y Contrarreforma”
a las
revoluciones americana y francesa. La libertad religiosa ha sido importante para el devenir del Estado Constitucional.
1.1.- DEFINICION.- La libertad religiosa es un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del individuo.
1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES.- La libertad religiosa es uno de los factores predominantes que ha contribuido al devenir del Estado Constitucional, la lucha por su reconocimiento y garantía motivaron tal trance jurídico, durante la primera fase de afirmación del Estado Constitucional la libertad religiosa continuo siendo un problema importante y un obstáculo significativo en el proceso de afirmación del Estado, cuando culmina el proceso de secularización del Estado con la afirmación de su carácter democrático, la libertad religiosa deja de tener el carácter problemático que había tenido en el pasado y se convierte en un elemento más en el sistema de derechos y libertades.
2.-
ANTECEDENTES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL PERÚ.
2.1.- ANTES DE LA COLONIA.- Existieron tribus guerreras, conocidas bajo la denominación común de los “caribes”, se desplazaron hacia el sur del continente a pacíficas tribus asentadas en el norte de lo que hoy es Venezuela y Colombia y las obligaron a emigrar al extenso territorio de la América del Sur, sometido a importantes variaciones geográficas como consecuencia de la culminación de la última glaciación. En el proceso de adaptación estas tribus, encontraron en el camino una naturaleza tan variada, es decir una geografía tan difícil, una selva inhóspita, la agreste realidad de la cordillera de los andes con sus nevados que se elevaban hasta las alturas míticas, la importancia que le dieron a la naturaleza fue tal que la divinizaron y la fuerza que ella desplegaba la conceptuaron como el origen mismo de todo poder. La historia de los orígenes de la religión y su relación con el poder es común para toda América del Sur en su desenvolvimiento; por ello se encontraran latentes estos dos elementos: el sentido divino de la naturaleza y la fuerza que ésta genera como el origen y la justificación de todo poder. Las culturas precolombinas o preincas eran pueblos muy religiosos; la religión envolvía su vida entera, rendían culto a todos aquellos seres de los cuales recibían beneficios o podían temer algún mal. Su religión estaba impregnada de animismo y su fuerte sensibilidad les hizo dar vida, espíritu y poder a los objetos que les rodeaban, como a los montes, los ríos, al mar, al tigre, al cóndor, a la tierra, al sol a la luna, etc, todo ello fue una demostración de un poder al cual había que aplacar y
rendir culto.
Estas divinidades nunca llegaron a ser un dios
personal, es decir, no fueron consideradas como una entidad independiente que estaban más allá del ser humano, sino que se produjo más bien un vínculo estrecho con la autoridad profana y la divinidad más importante. De esta manera coincidía el poder sacro y el profano, se produjo una especie de teocracia donde el máximo gobernador gozaba del respeto como ser religioso. Más adelante cuando se instaura el Imperio Incaico se le atribuye al inca un origen divino y tenía para sus súbditos la categoría de Dios. Ante él desaparecían todos los derechos, todas las libertades de los súbditos porque el hombre desaparece ante la divinidad. El imperio Incaico no impuso a la fuerza su religión sobre las creencias de los pueblos conquistados durante su proceso de expansión territorial, sino que los dioses de aquéllos fueron asimilados paulatinamente como dioses menores. Así profesaron una religión politeísta con una jerarquía determinada y la supieron usar para conservar la unidad y el poder de su imperio, que abarcó casi toda América del Sur. Su esplendor se debe precisamente al culto a los muertos, pues cuando moría el Inca no se le consideraba muerto y su familia que constituía “la panaca” se ocupaba de mantener su rango y su poder real, por eso se hacían constantes sacrificios y ofrendas, lo que se hacían en las principales ceremonias del Estado, los herederos convirtieron a los restos mortales reales en uno de los objetos más santos del reino inca.
2.2.- LA EPOCA COLONIAL.- Con la conquista se introduce en el territorio peruano la fe cristiana y la estructura del Estado español, su actuación como país hegemónico en ese momento necesitaba que cada acto legal tenga el visto bueno de la iglesia
católica, y así nacen también las famosas bulas alejandrinas “Inter Caetera” del 3 y del 4 de mayo de 1493. El papado encomendó en ellas el cuidado espiritual de los habitantes del nuevo mundo a los reyes españoles, les concedió la jurisdicción temporal y espiritual sobre éstos y los autorizó a enviar misioneros, el papado lo hizo bajo la condición de que los reyes castellanos asuman como contrapartida la obligación de evangelizarlas; ello para justificar su intervención donando tierras de infieles a un príncipe cristiano. Textualmente las bulas disponen que: los reyes deberán destinar a la evangelización varones probos y temerosos de Dios, doctos, peritos y expertos para instruir a los residentes y habitantes citados en la fe católica e inculcarles buenas costumbres. El Papa Alejandro VI otorga la bula “Eximiae Devotionis” del 15 de noviembre de 1501, le adjudica a los reyes españoles el diezmo, o sea, la pensión con la cual obligatoriamente contribuían los fieles católicos al sostenimiento del culto y de la misma iglesia. Esta concesión se justificaba por el hecho de que la Iglesia católica
se encontraba imposibilitada de fundar
iglesias. Finalmente, la bula “Universalis Ecclesiae” del 28 de julio de 1508, otorga a los reyes el patronato indiano cambio de que ellos intervengan en el nombramiento de las autoridades de la Iglesia Católica en América, así nació la Iglesia Católica bajo la tutela de los reyes de España. El patronato indiano y las reales cédulas de los Asturias y Borbón que lo interpretaron y ampliaron imprimieron a la Iglesia americana un marcado carácter político religioso.
2.3.- LA EPOCA REPUBLICANA.- Cuando el 28 de Julio de 1821, se proclama la solemne y públicamente la independencia del Perú, se simbolizó la autodeterminación de los pueblos de
organizarse como un Estado independiente, ante el inicio de la república y el caos inminente en que se sumía nuestro país producto de la ambición por el poder y los caudillos pasajeros, se comenzó a confeccionar la administración pública y política del país sobre la base jurídica de las cinco veces centenaria organización de la Iglesia Católica. Todos los gobiernos siguieron considerando a la religión católica como elemento cohesionador y homogeneizador de la desvertebrada sociedad peruana. Razón por la cual dichos gobiernos pretendieron confirmar a la Iglesia Católica como aparato funcional del Estado y al clero como funcionarios públicos a su servicio. Los constituyentes de Cádiz de 1812, le impregnaron de una importancia única
ala religión Católica hasta el punto de
considerar que uno de los requisitos para obtener la nacionalidad española uno tenía que ser católico, apostólico y romano. Si pensamos en la identidad nacional y religiosa del Perú debemos afirmar que la población se encontraba en un doble dilema. Por un lado tenemos la herencia incaica y preincaica manifestada en amplias capas del pueblo, en ese sentido observamos la imbricación de la Iglesia y Estado, de religión y política. A mediados de los años cincuenta la religión católica aparecerá como elemento fundamental del nacionalismo peruano.
3.-
LA LIBERTAD IDEOLOGICA. El primero de los derechos fundamentales propiamente dichos es la libertad ideológica y religiosa, se trata de dos libertades distintas, aunque conexas tanto desde el punto de vista sistemático como histórico. Pero son distintas y plantean
problemas de naturaleza muy diferente, siendo así el derecho exige no sólo una relación entre individuos, sino una relación entre individuos con voluntad propia. El reconocimiento social de la individualidad, es decir, el reconocimiento de que cada individuo es portador de una voluntad propia, es lo que convierte a las relaciones entre los seres humanos en relaciones jurídicas. Para que ello sea posible, cada individuo tiene que tener garantizada la libertad para formarse su propia voluntad sin interferencias externas. El proceso de formación de la voluntad propia en libertad es el sine qua non de la relación jurídica, de toda relación jurídica sin excepción. La libertad ideológica es el instrumento a través del cual se garantiza la autonomía individual en el proceso de formación de la voluntad. Esta libertad, mediante la cual se puede “adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar
o
enjuiciar
la
realidad
según
personales
convicciones”, es la que posibilita que todo que todo individuo sea sujeto de relaciones jurídicas y no simplemente objeto de las mismas. Se trata de una libertad de reconocimiento reciente, pues en constituciones anteriores a la actual y la del año 1979, se contemplaba sólo la vertiente religiosa de esta libertad, optándose a veces por la confesionalidad y a veces por la no confesionalidad del Estado. Pero no se contemplaba la libertad ideológica en cuanto tal. La razón que así sea es sencilla. Hasta que no culmina plenamente el proceso de secularización del Estado, es la libertad religiosa la única forma de manifestación de la libertad ideológica que es tomada en consideración. La libertad religiosa ha sido el motor del proceso histórico plurisecular que acabaría conduciendo a la imposición del Estado Constitucional asimismo sin la intolerancia religiosa y la
rebelión frente a ella, resulta inexplicable el proceso histórico de formación del Estado Constitucional, de la misma manera que resulta inexplicable su consolidación sin la culminación del proceso de secularización que conduciría a la separación jurídica de la Iglesia y el Estado. Históricamente, pues, la libertad religiosa ha sido antes que la libertad ideológica. Sistemáticamente, sin embargo, la libertad ideológica va antes que la libertad religiosa, que no es más que una manifestación particularizada de ella. La libertad ideológica es una libertad tan radical que es una libertad casi exclusivamente negativa. No es una libertad pública, sino una libertad privada. Protege frente a cualquier agresión externa. Pero es positivo su ejercicio se proyecta en el ejercicio de otras libertades, éstas si públicas, o de otros derechos fundamentales. La libertad ideológica nos permite constituir nuestra voluntad de manera autónoma, sin injerencias externas no consentidas. Pero una vez que la hemos formado y la exteriorizamos ya no es la libertad ideológica sino otra libertad u otro derecho el que estamos ejerciendo. La exteriorización de la libertad ideológica sólo puede hacerse a través del ejercicio de otros derechos. Por ello por ser una libertad radical, en la que descansan todas las demás libertades y derechos, su garantía es de una importancia extraordinaria. Cuando la libertad ideológica se constituye en problema, es un síntoma inequívoco de una gravísima patología social, como lo señalaría un eminente jurista.
4.-
DELIMITACION DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE PENSAMIENTO DE LA LIBERTAD IDEOLOGICA.
La libertad religiosa es una libertad que está en conexión con la libertad ideológica, pero es una libertad que se diferencia de ésta última desde los siguientes puntos de vista. En, primer lugar, una libertad no solamente negativa, sino también positiva. La libertad ideológica, como vimos, era una libertad exclusiva o casi exclusivamente negativa, en la medida que su exteriorización tiene que hacerse a través del ejercicio de cualquier otro derecho o libertad. La libertad religiosa, por el contrario, tiene una vertiente negativa, pero también otra positiva, que aunque entra en contacto con el ejercicio de otros derechos y libertades no se confunde con ellos, sino que se mantiene como tal libertad religiosa. Cuando los ciudadanos acuden a misa los domingos, no cabe duda de que se están reuniendo, pero no es el derecho de reunión, sino el de libertad religiosa y de culto el que se están ejerciendo, como consecuencia de ello, la libertad religiosa puede ser una libertad de titularidad no solamente individual, sino también comunitaria. No colectiva. Los derechos y libertades no pueden ser nunca colectivos. Y no pueden serlo porque la voluntad colectiva no existe. La voluntad es siempre individual. Es también una libertad desarrollada normativamente, que le es reconocida a los individuos y a las comunidades. Y en segundo lugar es una libertad que tiene límites, La exteriorización de la libertad religiosa, específicamente en su dimensión comunitaria, no puede ser incompatible con el carácter democrático de la sociedad y el Estado. En tanto la libertad de pensamiento se circunscribe a una libertad en que puede manifestarse solo en forma individual y que se refiere a la capacidad de elección de una propia cosmovisión o concepción de la vida, es decir un conjunto de
creencias que, en expresión orteguiana, sostienen al hombre, ya sean creencias de origen religioso, filosófico o ideológico.
5.-
DIMENSION NEGATIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. En su vertiente negativa la libertad religiosa debería ser idéntica a la libertad ideológica, debería garantizar la no penetración desde el exterior sin el consentimiento del individuo, sin embargo, no es
así, Para que ello fuera así debería
interpretarse el principio de aconfesionalidad del Estado, de tal manera que no se permitiera la presencia del mismo en cualquier acto o manifestación religiosa. Debería exigirse la no presencia del Estado en todas las manifestaciones externas de culto. Únicamente de esta manera la libertad religiosa en su vertiente negativa dejaría de verse afectada por su vertiente positiva y, en particular, por la titularidad comunitaria de dicha libertad y su existencia institucionalizada, por ende el Estado constitucional exige que el Estado es el Estado y la Iglesia es la Iglesia.
6.-
DIMENSION POSITIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. Mientras que en su vertiente negativa la libertad religiosa es una libertad exclusivamente individual, en su vertiente positiva es también una libertad comunitaria. Se ejerce la libertad “en comunión” con otros individuos con los que se comparte las mismas creencias. El artículo 50° de la Constitución Política del Perú de 1993, no consagra el principio de la libertad religiosa o aconfesionalidad del Estado, sino por el contrario, pues, se trata de una regla constitucional discriminatoria al considerar que el
Estado reconoce a
la Iglesia Católica como factor
preponderante en el desarrollo cultural del país, dejando de lado a las otras confesiones religiosas. El artículo cincuenta de la Constitución Política del Perú de 1993, tiene dos finalidades, en primer lugar , se trataría de hacer un reconocimiento a la Iglesia Católica al máximo nivel y de vincular al Estado a propiciarle ayuda, en segundo lugar se explicita un deber estatal que se desprende de la libertad de creencia y de religión: el respeto de las diversas confesiones, inclusive las diferentes a la religión católica, con las cuales el Estado prevé únicamente posibles formas de colaboración.
7.-
LA RELACION ESTADO IGLESIA EN EL PERU ASPECTOS JURIDICOS. Jurídicamente hablando en materia de liberta religiosa se distinguen dos grandes espacios: el ámbito personal y el ámbito societario. Es decir, por un lado el derecho a la libertad religiosa de la persona humana y por el otro las relaciones legales que establece el Estado con las confesiones religiosas. Uno es consecuencia del otro, sin embargo, el Derecho diferencia el trato que se merece la persona humana como tal, por ejemplo, la libertad, o el trato que se merecen las organizaciones que la persona crea para su desenvolvimiento en sociedad, en tanto sea así el derecho a la libertad religiosa de la persona humana en sociedad está considerado jurídicamente como un derecho primario, es decir de reconocimiento universal, de percepción inmediata, plenamente justificable, inherente al ser humano, definible dentro de su dignidad, igualitario a todos, se perfecciona con la simple abstención de la sociedad, se hace realidad
gracias a la inacción social, Mientras que las
relaciones legales que establece el Estado con las confesiones religiosas, como consecuencia de la naturaleza social de la religión, se enmarcan fundamentalmente a través de la vía legal del contrato, dado que la naturaleza de las confesiones no es jurídica sino moral y por consiguiente supralegal, por lo que el derecho no puede incorporarlas dentro de su ámbito, sin embargo como se quiera el Estado y la confesión son dos estructuras sociales dirigidas a un mismo sujeto: la persona humana, como las dos entidades se desenvuelven en un mismo espacio
geográfico
deben
de
establecer
adecuados
mecanismos de cooperación. Por esta razón el Estado debe dictar un conjunto de normas legales que les permita pactar con las confesiones religiosas en forma equitativa para asegurar su adecuado desarrollo en una nación. Vemos entonces la incongruencia normativa constitucional existente en nuestra constitución política del Perú de 1993, específicamente en el inciso 3 del artículo 2, el cual textualmente dispone: “ Toda persona tiene derecho : a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
CAPITULO II: LA LIBRTAD RELIGIOSA EN EL DERECHO COMPARADO. 1.-
LIBERTAD DE CULTO EN IBEROAMERICA.
La conquista y posterior colonización por parte de España y Portugal de los países de América Latina, trajo consigo, entre otras cosas, la predicación del cristianismo de la mano de algunos representantes de la Iglesia Católica ayudados por los conquistadores que en algunos casos
se produjo de manera forzada y violenta para los pueblos amerindios causando incluso el exterminio de algunos de ellos. Dichos abusos fueron en ocasiones denunciados por miembros de la iglesia como Fray Bartolomé de las Casas quien rechazó el sistema de la encomienda y luchó por la conversión pacífica pero sin embargo no logró que este sistema se estableciera en toda América. En ocasiones se prohibieron otras prácticas o rituales diferentes a los católicos, argumentando razones humanitarias (en algunos casos, la religión animista o politeísta indígena practicaba sacrificios humanos). En los diferentes países conquistados por España bajo el gobierno de los Reyes Católicos se estableció la denominada Santa Inquisición en 1569, con el fin de detectar y reprimir ritos secretos y costumbres distintas o contrarias al catolicismo. La Inquisición actuaba sólo contra bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir en España ni en sus territorios dependientes libertad de cultos, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España. Se debe tener en cuenta que desde 1575 se prohibió que la Inquisición actuara contra los indios a causa de su reciente bautismo. Este tribunal fue abolido en 1820. Autores como VARGAS UGARTE, señaló que “Durante la conquista española y portuguesa, se indujo a la población en ocasiones pacíficamente, en ocasiones recurriendo a la guerra mediante el requerimiento a la conversión de prácticamente todos los habitantes de América Latina a la fe católica, por lo que en el momento de la independencia fue adoptada como religión oficial por varias Repúblicas, fruto de lo cual se le concedió a la Iglesia Católica numerosos privilegios.”
2.-
Siglo XX en adelante
Hasta el siglo XX algunos Estados empezaron a adoptar medidas del derecho internacional por la que se declaraba libertad de culto, además de proclamar la separación del estado y la Iglesia. Sin embargo estos cambios se han venido dando de manera gradual y en algunos casos
condicionados, por lo que en la actualidad existen algunos países en Latinoamérica que adoptan el catolicismo como religión oficial. También han habido casos de persecuciones religiosas desde la época de la independencia. Uno de los momentos más álgidos ocurrió en México a partir de 1926 bajo el presidente Plutarco Elías Calle, en que se prohibió el culto católico y se persiguió a los fieles católicos con diversas medidas. Estas leyes contaban con el rechazo popular, y después de diversos intentos pacíficos de solución y varias muertes violentas por fanatismo anticlerical, se produjo un levantamiento popular, conocido como Guerra Cristera. Una de las víctimas de la persecución más conocidas es el Padre Miguel Agustín Pro Juárez, beatificado como mártir en 1988 por Juan Pablo II. Desde 1931 la persecución se convirtió en tolerancia, pero no fue hasta 1992 que las leyes volvieron a adecuarse al derecho internacional en materia de libertad religiosa. Otra situación de restricción grave de la libertad religiosa se ha dado en Cuba desde 1960, que se trata más adelante. En Nicaragua, durante los años en que estuvo en el poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hubo graves denuncias de atentados contra la libertad religiosa. El gobierno revolucionario favoreció a la llamada Iglesia Popular, grupos de católicos de ideología revolucionaria, en contra de las instituciones oficiales de la Iglesia Católica.
2.1.-
Cuba, un caso diferente.
Uno de los casos particularmente diferentes frente a los demás países de América Latina fue el de Cuba, que tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 se alineó con la Unión Soviética y al igual que este Estado se declaró ateo y llegó a cerrar algunas instituciones de educación con orientación católica por considerar que promovían ideas contra el régimen; en el año 1991 el país fue declarado un estado laico y adoptó oficialmente las normas de derecho internacional hacia la libertad de cultos. El régimen cubano, sin embargo, ha sido acusado repetidas veces de violar las normas internacionales de libertad religiosa al discriminar a los
ciudadanos católicos con diversas medidas. En la práctica, desde 1991 seguía habiendo restricciones a la libertad religiosa: el gobierno controlaba los ingresos a los seminarios, expulsaba a religiosos extranjeros o incluso encarcelaba a ciudadanos católicos, además de diversas medidas de discriminación contra los ciudadanos que manifestaban en público sus creencias religiosas. Con motivo de la visita a la isla de Juan Pablo II en 1998 el gobierno cubano comenzó cierta distensión, manifestada sobre todo en la concesión del permiso de entrada a varios sacerdotes extranjeros. En la actualidad, según algunas organizaciones internacionales, los católicos no pueden acceder a ningún puesto de responsabilidad, el mero hecho de asistir a misa es motivo de sospecha y la policía política vigila el acceso a las iglesias, y nuevamente se deniegan permisos de entrada a sacerdotes y religiosos; los católicos también tienen denegado el acceso a ciertas profesiones o a estudios superiores. Otras confesiones religiosas, como los cultos afrocubanos o las iglesias protestantes, reciben un trato peor.
2.2.-
El caso de Venezuela
Existen discrepancias entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana donde Chávez ha acusado a líderes religiosos de entrometerse en política y a su vez estos le han acusado de interferir en asuntos propios de la iglesia. Algunas de las preocupaciones de los lideres religiosos de dicho país fueron transmitidas al máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana Benedicto XVI quien a su vez expresó esas preocupaciones a Chávez después de que este lo visitó en el Vaticano, el Papa le pidió a Chávez que permita la libertad de la Santa Sede para nombrar obispos en el país, así como que revise el proyecto de reforma de la enseñanza que excluye la religión de los programas . En el año 2007 Benedicto XVI, durante su visita a Brasil, dijo que "el anuncio de Jesús y de su Evangelio no conllevó en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas y no impuso una cultura extranjera". Dichas afirmaciones generaron las críticas del presidente venezolano Hugo Chávez quien pidió al pontífice que se retractara de lo dicho y pidiera perdón a los pueblos indígenas por lo que llamó "el
holocausto aborigen". Días después el Papa desde su audiencia semanal en el Vaticano afirmó que "no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente" y añadió que "no es posible olvidar los sufrimientos e injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas, cuyos derechos humanos fundamentales fueron pisoteados a menudo".
2.3.-
El Caso de Argentina
La Constitución contempla la libertad religiosa y por lo general, en la práctica el gobierno respeta este derecho. La en la población argentina existe un alto número de pobladores que son oriundos del Medio Oriente y que son musulmanes. Las estimaciones del Centro Islámico de Argentina indicaron que sólo uno de cada tres inmigrantes del Medio Oriente era musulmán, especialmente aquéllos de origen sirio o libanés; la mayoría de estos inmigrantes eran (católicos ortodoxos). El Centro Islámico estimó que el 93% de la población musulmana -- entre 500.000 a 600.000 personas, era sunita y el 7%, chiíta. Cabe resaltar de la existencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo independiente del Gobierno que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia está encargado de promover el pluralismo social y cultural y de combatir las actitudes discriminatorias. El INADI, cuyo directorio cuenta con representantes de los principales cultos, investiga las violaciones a la ley de 1988 que prohíbe la discriminación por motivo de “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición económica, clase social o características físicas”. Este organismo también dirige programas educativos, ofrece apoyo a las víctimas y promueve medidas dinámicas para impedir la discriminación. En 2005, el INADI publicó su plan nacional contra la discriminación, que
proporcionó un análisis de la situación y las prácticas sociales discriminatorias y brindó recomendaciones estratégicas para abordar los problemas identificados, incluyendo la discriminación religiosa. En Argentina no existen fiestas declarados feriados de guardar de carácter religioso de acuerdo a una Ley sancionada en el año dos mil seis, y está prohibida toda forma de preferencia Estatal hacia cualquier confesión religiosa como lo señala en su comentario el Dr. Manuel Bermúdez Tapia “ La Señora Justicia es Igualita a Shakira”; de otro lado, la educación pública es laica, sin embargo los estudiantes pueden solicitar instrucción en la religión de su elección, que se imparte en la escuela o en una institución religiosa. Muchas iglesias y sinagogas dirigen escuelas privadas, incluyendo a seminarios y universidades. Las autoridades judías expresaron su preocupación respecto de una decisión
judicial,
en
aparente
contradicción
con
las
leyes
antidiscriminatorias, en la que un propietario se podría negar a alquilar un departamento a una pareja judía por el miedo del propietario a un posible ataque (terrorista). El INADI determinó que la decisión del juez violaba las leyes antidiscriminatorias. La Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA) apeló la decisión del juez y estaba considerando solicitar la remoción del juez.
2.4.-
El Caso Colombiano.
A partir de la Constitución de 1991 se dio un nuevo tratamiento a los derechos fundamentales y que llevaron a Colombia a despertar una nueva conciencia civil, a ejercitar los nuevos poderes que el Estado le ha dado a los colombianos y que se pueden utilizar con eficacia, como herramientas para construir, como muy bien lo dijo el ex-presidente de la República César Gaviria Trujillo: “Una gran obra común que no se ve, no se puede inaugurar con cintas rojas, ni tocar con las manos, pero que es la más urgente y trascendental: ese espíritu colectivo de libertad, igualdad y tolerancia, esa cultura democrática que es la Constitución
realmente viviente”, en consecuencia se consagra como principio fundamental en su constitución el derecho a la libertad religiosa en su Título II, Capítulo I se resaltan los derechos a la libertad de conciencia (Art. 18), libertad de religión y de cultos (Art. 19). Para el caso que nos ocupa directamente, el derecho fundamental de la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, tenemos que remitirnos a la norma vigente consagrada en la Constitución de 1991 en su Art. 19. Esta norma se ha consolidado a través de un proceso jurídico sin precedentes en la historia de Colombia. Es por ello que en este primer capitulo se quiere mostrar en líneas grandes el desarrollo histórico-legal y los factores que prepararon y abonaron el terreno para llegar a la discusión jurídica presente. Se aclara que dicho recorrido histórico no pretende ser un compendio completo de los hechos, sino una oportunidad de observar aquellos eventos más relevantes para esta investigación de una manera sucinta y apuntando a lo esencial.
2.5.-
Reformas constitucionales
En diferentes países de Latinoamérica, Portugal y España cuyos ciudadanos han sido mayoritariamente fieles a la iglesia católica del cristianismo, se han venido presentando durante los últimos siglos reformas en la constituciones de cada país con el fin de lograr respeto por las diferentes creencias de sus habitantes. A pesar de estas declaraciones no siempre se garantiza la libertad de culto por parte del estado y la Iglesia Católica tiene beneficios de facto en prácticamente todos los países. Se pueden distinguir cuatro tipos de posiciones: los países que consagran legalmente la libertad total (estados laicos), los
que declaran la libertad aunque confiriendo un estatus especial a la iglesia católica y los que declaran libertad pero consideran el cristianismo de la iglesia católica como la religión oficial del país (estados confesionales). Un caso aparte es Cuba, al darse graves restricciones a la libertad religiosa. Estos datos se generan de acuerdo con el informe internacional sobre la libertad religiosa 2005 emitido por el departamento de estado de los Estados Unidos y dichos países de acuerdo al tratamiento constitucional se puede clasificar en:
A).-
Libertad sin restricciones
Países iberoamericanos cuya constitución declara una total separación del estado y la iglesia declarando la libertad de culto sin restricciones ni privilegios para un culto en particular. Colombia, Chile, El Salvador , España, México, Portugal, Colombia, Argentina y Uruguay
B).-
Estatus especial
Países iberoamericanos cuya constitución declara la libertad de culto pero confiere un estatus especial a la iglesia católica que no dan a otras religiones, en algunos casos se relaciona con sustento económico y en otros con privilegios jurídicos o ambos: Perú.
C).-
Religión Oficial
Países iberoamericanos cuya constitución respeta la libertad de cultos pero consagra al cristianismo de la iglesia católica como religión oficial del estado y le confiere un estatus especial así como beneficios jurídicos y económicos. Entre ellos Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá.
D).-
Restricciones a la libertad de culto
Entre ellos Cuba
CAPITULO III: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGION: SU REGULACION CONSTITUCIONAL VIGENTE EN EL PERU. 1.-
El
RECONOCIMIENTO
DE
LA
LIBERTAD
DE
CONCIENCIA Y DE RELIGION EN LA CONSTITUCION DE 1993.
Como consecuencia de la instauración de un nuevo gobierno en nuestro país, en el quinquenio de los noventa a noventa y cinco se instala un nuevo orden constitucional con la dación de la constitución de 1993 que entra en vigor el 31 de Diciembre del mismo año, la nueva constitución mantiene una gran parte y así como la constitución del setenta y nueve comienza con una invocación a Dios Todopoderoso, el elemento religioso de la tradición cristiana sigue presente en la sociedad peruana y el preámbulo de la constitución lo recoge expresamente, como ya se ha hecho tradición en el innumerable número de constituciones peruanas. El artículo 2, 3 de la constitución
Política siguiendo en este
punto a la Constitución de 1979, de forma casi literal dice: “Toda persona tiene derecho (…) A la libertad de conciencia
y de
religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”. Los términos que utiliza la Constitución para referirse a ese derecho esencial de la libertad en el ámbito de las creencias son la, de “libertad de conciencia y de religión” , si bien es cierto dicha terminología no está de acorde a los conceptos esbozados en los diversos tratados de derechos humanos , pero sí parece clara la intención del legislador constituyente de otorgar a la libertad de conciencia y religión, la condición de valor constitucional de primer orden dentro del ordenamiento jurídico. El texto peruano no recoge la distinción tripartita de los textos internacionales, pero en un intento por buscar el paralelismo entre las normas nacionales e internacionales es posible plantear que la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia son expresión del derecho que tiene todo ciudadano de crear su propia visión
explicativa del mundo y de la vida, mientras que la libertad de conciencia no es otra cosa que el derecho a “actuar de acuerdo con su propia ideología o creencia y a oponerse hacer algo que contradice radicalmente esa ideología o creencias , aunque sea impuesto legalmente “. La
libertad de conciencia permite
desarrollar la propia libertad de pensamiento ideología y religión, la conciencia es el crisol en el que se produce todos los cambios del pensamiento, la ideología y la religión. De modo que no debe preocupar la variante terminológica , sino la adecuada protección de ese derecho fundamental por parte de los poderes públicos. El reconocimiento del derecho a la libertad religiosa ha sido lento y complejo, se intento primeramente a través del laicismo y ateismo científico, que trataron de vaciar las creencias religiosas de contenido ideológico, pero su actitud no era neutra frente al hecho religioso, que es connatural a la sociedad, sino que nacía de un rechazo u oposición frontal hacia el tipo de confesionalidad intolerante. De ahí que solo, gracias a la superación de estas opciones ideológicas se ha producido con la adopción de la libertad como contenido ideológico del estado y su proyección, a nivel individual, a través del reconocimiento y protección de la libertad de creencias
religiosas y no religiosas, de actitudes
teístas o ateístas, en definitiva de reconocimiento y consiguiente protección jurídica de la libre elección individual de su propia cosmovisión, independientemente que
su orientación
sea
religioso, filosófico, ideológico, ético, humanitario o de cualquier otra naturaleza. El constituyente peruano parte de una postura amplia a la protección de las libertades del ciudadano tales así que se ha posicionado al proclamar que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado”, en este sentido la libertad de creencias es un derecho
que en su plano interno alcanza un nivel de protección pleno tomando en cuenta la dignidad de la persona con valor espiritual y moral. De otro lado el articulo 2,2 reconoce el derecho fundamental de igualdad ante la ley, de modo tal que, “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza, sexo, idioma, religión, opinión , condición económica o de cualquiera otra índole”. Tanto la constitución del 79 como la del 93 en su articulo 502 se refieren a la formulación de la colaboración que el estado mantiene con las confesiones religiosas. Señala este articulo “ Dentro de un régimen de independencia y autonomía , el estado reconoce a la iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. La libertad de conciencia. Ésta puede entenderse como la libertad de opinión que el juicio crítico realiza al respecto de un cierto pensamiento, teniendo como característica que la libertad de conciencia es particular, se refiere a la opinión concreta que se tiene al respecto de un determinado postulado de la razón práctica de manera que se establece ahí la libertad de pensamiento. De ese modo, la conciencia llega a formarse una opinión precisa sobre un determinado tema, esta manifestación de la libertad del pensamiento es la que lleva a algunos autores a derivar
la
existencia de un derecho a la objeción de conciencia. Desde la interpretación del Tribunal Constitucional Peruano la libertad de conciencia es un derecho fundamental ,con contenido distinto al de libertad de religión, vinculado a la libertad de ideas, mientras que este ultimo estaría vinculado a la libertad de creencias, así delimita unas definiciones fundamentales acerca de esta libertad.
1.1.
LA OBJECION DE CONCIENCIA . Como premisa inicial
cabe señalar que, en los textos constitucionales en los que se ha
llegado a dar un reconocimiento a la objeción de conciencia solo lo han hecho en el marco limitado de la objeción de conciencia al servicio militar la misma que se presenta por un problema de conciencia donde el joven se obligaba a decidir entre el cumplimiento de su deber de servicio a la patria con su conflicto moral de no prestar servicio armado por respeto a sus condiciones ideológicas o religiosas a nivel jurisprudencial se ha dado un reconocimiento de la objeción de conciencia al aborto, esto es, el conflicto de intereses que se da cuando, despenalizado en aborto en cierto supuestos, el medico encargado de llevar a cabo esa interrupción legal del embarazo objeta en conciencia por que la practica del aborto es contraria a sus creencias religiosas. Otro supuesto es el de la objeción de conciencia farmacéutica, que nace para ciertos profesionales de este sector que se niegan a dispensar métodos anticonceptivos. La objeción de conciencia consiste en una desobediencia a la norma, en el incumplimiento de una obligación, en una tolerancia del legislador, constituye una excepción legal a la norma, es una sustitución de la moral social por la moral individual, es un derecho subjetivo que el estado reconoce en consecuencia un derecho fundamental . La objeción de conciencia implica una resistencia del individuo ante el cumplimiento de una norma cuando entre en conflicto con sus propias convicciones. La conciencia esta muy mediatizada por la libertad de pensamiento y esta a su vez se encuentra condicionada normalmente por el sistema político, cultural, histórico, religioso, en que dicha conciencia se ejerce. La objeción es básicamente un dejar de hacer frente al sistema. Siguiendo la definición de Raz, podemos señalar que no existe derecho (moral) a la desobediencia civil en los estados liberales,
es decir ante un régimen político injusto, es decir no democrático, existe el derecho e incluso el deber moral de resistir. La objeción de conciencia es descrita como el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia, o si se prefiere, de sus principios de moralidad. En conclusión la objeción de conciencia significa el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones.
1.2.-
EL DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA
RELIGIOSA. El derecho a la igualdad en su relación con el derecho de libertad de conciencia y de religión, consiste en el trato igual en relación a los hechos , situaciones o acontecimientos coincidentes entre todas las confecciones religiosas , evitando los privilegios y las desigualdades arbitrarias. Este derecho implica lo siguiente : a) La abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable, y b).La existencia de un derecho subjetivo tener un trato igual, en función de hechos, situaciones y relaciones homólogas. La naturaleza jurídica de la igualdad reposa en una condición o presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales de los derechos individuales. Por ende, no es un derecho autónomo sino relacional. Es decir, funciona en la medida en que se encuentra conectado o ligado con los restantes derechos ,facultades y atribuciones constitucionales y legales. La vinculación negativa se traducen en la exigencia de tratar igual a los que son iguales y distinto a los que son distintos, de forma tal que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad que el estado, A través del legislador, pueda ser generador de
factores discriminatorios de cualquier índole. La vinculación positiva supone la exigencia de revertir las condiciones de desigualdad o de reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando .En la actualidad a través de diferentes normativas el estado a tratado en forma discriminatoria a las confesiones religiosas en nuestro país así vemos en las normas sobre impuestos, educación, defensa, asistencia penitenciaria y muchas otras, así mismo de las diferentes practicas apreciamos que existe una confesión privilegiada frente a las demás gracias a su posición de confesión del estado.
2.-
TRATAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COLABORACION
ENTRE
EL
DE
ESTADO
Y
LA LAS
CONFESIONES RELIGIOSAS. La constitución de 1993 en su articulo 50 dispone que: ” dentro de un régimen de independencia y autonomía, el estado reconoce la iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración . El estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas “.La cuestión de la independencia intrínseca entre estado y religión, que llevara de la mano la cuestión de la identidad no confesional del estado, en segundo lugar la mención a la iglesia católica y su significado para finalmente materializar el principio de colaboración con las confesiones religiosas . A). La identidad no confesional del estado . con esta terminología se esta haciendo referencia a la no confesionalidad o laicidad del estado, manifestando con ello su posición ante el hecho religioso . Este sintagma se trata de dar solución a la problemática que otros
términos arrastran por factores históricos y por la circunstancias en que han surgido . Con el reconocimiento que el Estado hace a la iglesia católica demuestra un privilegio a la misma dado a que hace mención como un elemento importante a la formación histórica cultural y moral del Perú. B). La mención a la iglesia católica . Este reconocimiento acarrea una contradicción al principio de igualdad en la ley en tanto y en cuanto se deja de reconocer a las otras confesiones religiosas como elementos importantes en la formación histórica, cultural y moral del Perú, si bien es cierto la tradicional confesionalidad católica del estado peruano justifica esa mención pero acarrea en un trato constitucional desigualitario toda vez que lo que debe primar es el derecho al trato igualitario de las confesiones religiosas en el tratamiento constitucionalita dado a que el estado no puede reconocer ni regular ni actuar la existencia de espacios en la vida de las personas o de la sociedad . C). La colaboración entre el estado y las confesiones religiosas. Funciona como piedra de cierre del sistema de protección de la libertad de conciencia y de religión en el marco de las relaciones entre el orden jurídico y religioso . A nivel de la iglesia católica se ha venido desarrollando la colaboración a través de instrumentos jurídicos con la calidad de pactos, concordatos y modos vivendi con rango de tratado internacional desde el año de 1980 y con el resto de confesiones religiosas es todavía un aspecto pendiente a desarrollar. Se habla d concordato cuando ese acuerdo entre la iglesia católica y el Estado presenta una forma solmene y se concluye con la forma jurídica de un tratado internacional, la iglesia católica cuenta
con personalidad jurídica internacional y forma parte del convenio de Viena de 1969,
sobre tratados internacionales. Con este
sistema concordatario se regula el estatuto jurídico de la Iglesia Católica, de sus ministros y de los fieles dentro de un país. En el caso de las confesiones minoritarias, el Estado Peruano no ha desarrollado todavía una actividad pactista con estas entidades, básicamente porque estaba pendiente la cuestión d su reconocimiento como entidades religiosas. Y es que una de las cuestiones de mayor relevancia a la hora de poder formalizar esos acuerdos jurídicos de cooperación n la necesidad de hacerlo con un interlocutor jurídicamente válido. Por ese motivo, en la actualidad, el desarrollo legislativo d las relaciones entre el Estado y confesiones, está volcado principalmente en la creación de un sistema de reconocimiento u otorgamiento de personalidad jurídica alas entidades religiosas no católicas. En este sentido el legislador peruano ha dado pasos muy importantes al crear un sistema de inscripción registral para que puedan acudir a él las entidades religiosas ajenas a la iglesia católica (el reconocimiento de las entidades católicas tiene un sistema distinto). De ese modo, el primer paso legislativo fue dado con la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia aprobado por Decreto Supremo Nº 0192001-JUS, que establece como una de las funciones del Ministerio de Justicia, coordinar la relación y colaboración del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica así como con otras confesiones religiosas, cuando el estado establezca formas de colaboración con ellas. Esas formas de colaboración serán dirigidas desde la dirección de asuntos interconfesionales, creada por Decreto Supremo Nº 0262002-JUS. El siguiente paso ha sido dado ya en el años 2003, cuando la Resolución Ministerial Nº 377-2003-JUS, implementa la creación
del registro de confesiones distintas a la católica y aprueba las normas aplicables al mismo. Desde ese momento un sistema para la adquisición de personalidad y reconocimiento de las confesiones minoritarias frente al Estado ha sido creado.
4.-
LA TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGION.
4.1.-
ACCESO A LOS TRIBUNALES INTERNOS. Los
derechos fundamentales recogidos en las Constituciones han alcanzado, gracias a su protección judicial su más alto grado de reconocimiento. En el ordenamiento peruano, todos los derechos constitucionales o infraconstitucionales
pueden
ser
protegidos
mediante
procedimientos judiciales ordinarios ante los distintos órganos del Poder Judicial. Los derechos constitucionales como el derecho de la libertad de derecho de libertad de conciencia y de religión es objeto de una especial protección del ordenamiento jurídico peruano. Así, para que el ejercicio de ese derecho sea real y efectivo el ordenamiento jurídico ofrece lo que se conoce como acciones de garantía que funcionan como instrumentos eficaces para proteger a los derechos constitucionales de las agresiones que los particulares o el poder político puedan ocasionarles .Las acciones de garantía en el ordenamiento peruano encontramos en el código procesal constitucional promulgado el 28 de mayo del 2004.En el caso concreto para la protección del derecho de libertad de conciencia y de religión y de sus varias manifestaciones, la acción de garantía que procede no es otra que la acción de amparo.
4.2.-
NIVEL SUPRA NACIONAL DE PROTECCION .
La libertad de religión y de conciencia , también es reconocida por la comunidad internacional a través de los diversos instrumentos concernientes a los derechos humanos e instituciones como las Naciones Unidas a través de la Corte Interamericana y Comisión de Derechos Humanos.
5.-
MODELOS
DE
REGULACION
DE
RELACION
ESTADO-
RELIGION. Dentro de este segundo espacio o nivel y en atención a lo ya expresado, al no poder la disciplina jurídica definir legalmente lo que es “religión” por serle una materia ajena, la doctrina eclesiástica ha establecido los siguientes modos de relacionarse: modelo
confesional,
modelo
de
cooperación,
modelo
pluriconfesional y modelo separatista. El Perú tradicionalmente, estuvo considerado dentro del modelo confesional, dado que este modelo se caracteriza jurídicamente por la proclamación de una determinada fe como religión oficial del Estado, y ese era el caso en el Perú, por lo menos hasta la constitución de 1933, En el Perú se tuvo constitucionalmente a la religión católica como religión oficial hasta el año 1933, y formalmente hasta el año 1980, fecha en que el Estado renuncia al ejercicio del Patronato Nacional y suscribe un acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Estado peruano dentro de un marco de autonomía e independencia y bajo un régimen de cooperación y colaboración mutua, es decir a nivel constitucional se acoge al modelo de cooperación.
6.-
MARCO LEGAL Y DE LAS POLITICAS DEL ESTADO RELACIONADOS CON LA LIBERTAD RELIGIOSA. La constitución consagra la libertad de culto y el Estado generalmente respeta este derecho en la práctica. El artículo 50 de la Constitución Política del Perú de 1993, estipula la separación que debe existir entre la iglesia y el estado. A pesar de ello, la Constitución reconoce el papel que cumple la Iglesia Católica, como un componente importante en el desarrollo histórico, cultural y moral de la nación, en tal sentido en la práctica el Estado sigue en la línea independiente de la política oficial de la Iglesia Católica y un concordato suscrito con el vaticano en 1980, le confiere un estatus especial. Algunas personas que no profesan la religión católica mantienen una posición crítica sobre esta situación y se quejan de que el concordato fue ejecutado entre el Vaticano y el último gobierno militar y por ese motivo no refleja la actual visión democrática de igualdad ante la ley. Las autoridades religiosas católicas juegan un papel muy importante en el sector público. La Constitución prohibe de manera específica la discriminación que se basa en la fe religiosa. Sin embargo, se le concede un trato preferencial a la Iglesia Católica
en aspectos educativos,
beneficios tributarios, en la inmigración de trabajadores religiosos y en otras áreas. Esta situación ha continuado provocando cierta inquietud sobre un posible trato no equitativo hacia aquellas personas que no siendo católicas se encuentran involucradas en actividades similares. El Ejecutivo regula los asuntos religiosos a través del Ministerio de Justicia. Este Ministerio emite resoluciones a través de los cuales se implementan las leyes e históricamente el Ministerio ha venido interactuando con la población a través de una oficina de relaciones con la Iglesia Católica. En el año 2002, el Ministerio de
Justicia creó una segunda oficina de Asuntos Religiosos para las religiones no católicas. La fe católica, la Iglesia Católica y el clero católico reciben un trato preferencial, así como beneficios tangibles de parte del Estado en las áreas de educación, impuestos a la renta, remuneraciones e impuestos sobre la propiedad institucional. Todos los ingresos obtenidos por los sacerdotes y obispos católicos a través del trabajo que realizan se encuentran exentos del pago del impuesto a la renta. Las propiedades inmuebles, los edificios y la vivienda de propiedad de la Iglesia Católica se encuentran exonerados del pago de impuestos. Por otro lado, los grupos religiosos están obligados a pagar impuestos sobre la propiedad tanto para las escuelas que regentan como para las residencias de los miembros de su clero. Algunos miembros del clero católico reciben una remuneración de parte del Estado, adicionalmente al salario que les otorga la Iglesia Católica. Este doble pago lo reciben los 52 Obispos que hay en el país, así como aquellos sacerdotes cuyas parroquias se encuentran ubicadas en pueblos y caseríos dentro de las zonas de frontera. Adicionalmente, cada diócesis recibe un subsidio institucional mensual del Estado. De acuerdo a funcionarios de la Iglesia Católica. PROLIBCO, una ONG que favorece la estricta separación de la Iglesia, oponiéndose al trato preferencial que se le otorga a la Iglesia Católica y señala que los subsidios económicos y beneficios tributarios son mucho más extendidos y sustanciosos que aquello públicamente admitido.
7.-
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CULTO.-
Las organizaciones católicas de caridad no tienen que pagar derechos de aduana. Sin embargo, las organizaciones no católicas que realizan actividades caritativas de gran alcance se quejan de
que a las donaciones de bienes provenientes del extranjero se les impone el pago de impuestos utilizando tasas comerciales. Con frecuencia se señala que la discriminación que afecta la inmigración de misioneros o el clero de las Iglesias Católicas interfiere con la libertad religiosa. Los documentos que se utilizan para otorgar el estatus de residente a los ciudadanos extranjeros colocan a los sacerdotes católicos que inmigran al Perú en una categoría de
“Religioso-Católica”, mientras que no existe tal
categoría para miembros del clero no perteneciente ala Iglesia Católica. Conforme a ley, las Fuerzas Armadas únicamente pueden contratar a sacerdotes católicos como capellanes y el catolicismo es la única religión reconocida para el personal militar. Un decreto emitido por el gobierno en noviembre de 1999,(por medio del cual se crean cuarenta capellanías católicas militares), impuso sobre los miembros de las fuerzas armadas y la Policía, así como sobre los empleados civiles y parientes, la obligación de participar en servicios religiosos católicos.
8.-
LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO. La laicidad de Estado no significa que este se mantenga completamente al margen de los cultos. Si bien la libertad de religión, como libertad que es, demanda que el Estado no interfiera en la autonomía de los individuos para creer o no en divinidades y para practicar reverencias y cultos acordes con sus credos, no es menos cierto que además de estas abstenciones el ejercicio de las confesiones requiere acciones afirmativas estatales, tales como el deber estatal de protección de los derechos fundamentales frente a agresiones de terceros particulares, así también el deber de optimización de los derechos como corolario del carácter objetivo o
de principio que detentan. Estas acciones positivas del Estado son especialmente importantes para el ejercicio colectivo de las libertades religiosas a través de los actos de culto. Como hemos visto las similitudes y diferencias planteadas entre la libertad de conciencia, libertad ideológica y libertad religiosa, cabe anotar la singularidad de la libertad de religión se encuentra en el credo y los actos de culto, es decir a la pertenencia, no pertenencia o libertad de cambiar de religión. Así las libertades de conciencia y de ideas tienen una naturaleza en primer orden individual e interna, mas la libertad religiosa, por su parte, cuenta también con un relevante componente colectivo y conlleva a la práctica pública del culto. Ello empero, no queda claro en el Perú. Desde cuestiones formales como el cuadro de precedencia para los actos que conciernen a la ceremonial del Estado, es decir, el orden en que son mencionadas las autoridades en las ceremonias oficiales del Estado, pasando por asuntos más sustantivos como e dictado del curso de religión en las escuelas públicas, hasta temas urgentes en el caso de la adopción de una política nacional de control de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, se evidencia tipos de intervención e influencia directa de la Iglesia Católica por lo que deviene en un Estado sin libertad de optar por las políticas nacionales que mejor vayan con su desarrollo y a nivel constitucional deviene en un Estado acéfalo.
CAPITULO III: EL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL PREFERENCIAL DE PARTE DEL ESTADO HACIA LA IGLESIA CATOLICA
EN
EL
PERU
CONSTITUYE
UNA
DISCRIMINACION A LA LIBERTAD RELIGIOSA
1.- ANTECEDENTES.-
Para conocer el tratamiento de las
instituciones estatales hacia la Iglesia Católica en el Perú y su consecuente preferencia conviene conocer la situación de las
relaciones institucionales
Iglesia
-
Estado inmediatamente
anteriores a 1979, pues en algunos aspectos se van a mantener incólumes y en otros van a experimentar una histórica modificación. Nos basaremos parcialmente en un sintético y útil artículo de monseñor José Dammert Bellido (1952: 137ss). A pa rti r de la Consti tu ción
de 1933 se intr oduce una
modificación formal importante: "el Estado protege la religión católica apostólica y romana [...]" (artículo 232) pero ya no dice que la profesa doctrinalmente (aunque la política de Estado no d ej e d e i nv oc ar s u c at ol ic id ad e se nc ia l e n d et er mi na da s c ir cu ns ta nc ia s) . E n c ua nt o a l P at ro na to , l a C on st it uc ió n e st ab le cí a e n s u a rt íc ul o 2 33 q ue é st e s e e je rc ía p or e l Presidente de la República y de acuerdo con "las leyes y prácticas vigentes", sin referirse expresamente a que dicha facultad proviniera de la bula" Praeclara inter beneficia" de 1874, la cual concedía la gracia del patronato. De modo que la i nt er ve nc ió n e st at al d e t ip o r eg al is ta s ob re lo s a su nt os eclesiásticos subsistía a través de otros preceptos legales; c om o e l a rt íc ul o 2 35 q ue e st ab le cí a q ue s ól o p od ía n s er arzobispos y obispos los peruanos de nacimiento, norma que Dammert
anotó
que
no
debería
haber
sido
incluida
unilateralmente en la Constitución sino en un concordato c on ve ni do e nt re l as p ar te s. E l a rt íc ul o 1 0 d e l a l ey 9 16 6 estableció que era atribución del Congreso de la República "Crear nuevos arzobispados y obispados o suprimir los ya existentes a solicitud del Pode r Ejecutivo';; asimismo el artículo 1 54 , i nc is o 2 6 d e l a C on st it uc ió n e st ab le ce rá d e m an er a absolutamente regalista que el Presidente de la República también tiene la atribución de conceder o rechazar el pase de decretos conciliares; breves, rescriptos pontificios y de las bulas, amenazándose con sanciones penales al funcionario
público que violara esta disposición. En el Código Civil no se subordina la validez del matrimonio civil al del religioso, sino al revés y se determina la no intervención del Estado en los efectos canónicos del matrimonio religioso. Como puede advertirse, el pacto político entre Iglesia y Estado c on si st e e n l a p ot es ta d d el g ob ie rn o e n i nt er ve ni r e n l os asuntos
eclesiásticos
internos
de
la
Iglesia
y
en
su
correspondiente deber de profesar la religión católica - en una primera etapa histórica y de "protegerla" - en una segunda. Más tarde esta protección se denominará" cooperación". Por otro lado la Iglesia continuará siendo "protegida" (o sea, f in an ci ad a) y s ie nd o l a ú ni ca r el ig ió n p er mi tid a p ar a l os peruanos. Hasta antes de 1915 en que se modifica el artículo 4 de la Constitución no se permitía el ejercicio público de otras confesiones; pero luego de la introducción de la tolerancia religiosa en dicho año la protección de la religión católica formalmente ya no va a significar la exclusión absoluta de los demás cultos, aunque sí el sostenimiento económico directo e indirecto del clero y de las actividades eclesiásticas; así como la garantía de la preponderancia política y social de la Iglesia católica en el país. La
p ro gr esi va
s ecu la ri za ci ón
d el
E sta do ,
la
c re cie nte
conciencia política sobre los derechos humanos y los cambios experimentados al interior de la propia Iglesia católica, a raíz del Concilio Vaticano II, confluyen en una reformulación de la a ct it ud g en er al d e e ll a q ue s e p la sm a e n l a d ec la ra ci ón " Dignitatis Humanae". Esta declaración si bien es cierto se pronuncia más decididamente a favor de la libertad religiosa como derecho inherente de la persona humana, fundado en su
dignidad intrínseca, sigue abogando a favor de una versión atenuada del Estado confesional, como se declara tanto en el catecismo como en la misma" Dignitatis Humanae": Coment Comentando ando este este número número de la declar declaraci ación, ón, un recono reconocid cido o ecle ec lesi sias asti tici cist sta a espa españo ñol, l, como como Amad Amadeo eo de Fuem Fuemnay nayor or,, se preguntaba preguntaba si el concilio había terminado terminado por consagrar consagrar en su integridad posturas doctrinales contrarias al Estado confesional y prop propug ugna nado doras ras del del Esta Estado do laic laico, o, resp respon ondi diénd éndose ose que que en cambio ha propugnado desde un novedoso enfoque "una nueva versión de la confesionalidad del Estado", la cual deriva de "la doble defensa que la Iglesia hace de su propia libertad, y de la libertad
que,
según
ella,
d ebe
reconocerse
en
los
orde ordena nami mien ento toss civi ci vile less a todo todoss los los homb hombres res y comu comuni nidad dades es religiosas" E s i nt nt er er es es an an te te a no no ta ta r q ue ue s i e n l a é po po ca ca p re re ce ce de de nt nt e l a cuestión de la libertad religiosa y la confesionalidad del Estado son prácti prácticam cament ente e temas temas estrech estrechame amente nte vincul vinculados ados,, ante ante el irre irrefr fren enabl able e avanc avance e de las las reiv re ivin indi dica caci cione oness libe libera rale less y su consag consagrac ración ión jurídi jurídica ca en el modern moderno o consti constituc tucion ionali alismo smo,, la Iglesia católica establece una desvinculación para conservar su excepcional posición privilegiada alentando a sus obispos a r ec ec on on oc oc er er y p ro ro nu nu nc nc ia ia rs rs e c la la ra ra me me nt nt e a f av av or or d e l a a nt nt es es denostada libertad de culto; pero al mismo tiempo no renunciar a que el Estado deje su confesionalidad: libertad religiosa sí, pero también confesionalidad estatal. En España, el Concilio Vaticano II inspirará la modificación del sistema de relaciones Iglesia-Estado existente inaugurándose, en 1979, una nueva etapa caracterizada por la celebración ya
n o d e " co co nc n c or or da da to to s" s" s in in o d e " ac ac ue ue rd rd os os " p ar ar a r eg eg ul u l ar ar l as as materias de interés común entre ambas partes reemplazando así el viejo concordato de 1854. Por ello se celebran entre el Estado español y la Santa Sede los acuerdos de 28 de julio de 1 97 97 6, 6,
A cu cu er er do do
s ob ob re re
A su su nt nt os os
J ur ur íd íd ic ic os os , A cu cu er er do do
s ob ob re re
Enseña Enseñanza nza y Asunto Asuntoss Cultur Culturale ales, s, Acuerd Acuerdo o sobre sobre Asiste Asistenci ncia a Religiosa a Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos Religiosos y el Acuerdo sobre Asuntos Económicos Económicos (todos del 3 de enero de 1979) (FORNÉS 1980). En el Perú, la reforma de las relaciones Iglesia - Estado se impulsará por iniciativa de la Iglesia católica, como queda de manifiesto en el documento elaborado por la Comisión IglesiaE sstt a do do , e n j ul ul io io d e 1 96 96 9, 9, c on on e l s i gn gn ifif i ca ca titi vo vo t í tu tu lo lo d e argumentos a favor de una mención de la Iglesia católica en la Constituci Constitución" ón" (GARCIA (GARCIA BELAÚNDE BELAÚNDE 1970). Dicho documento documento f ue ue a pr pr ob ob ad ad o p or or l a C on on fe fe re re nc nc ia ia E pi pi sc sc op op al al P er er ua ua na na q ue ue señala: "[...] todos están acordes en que se ha de pedir al Esta Estado do peruan peruano o renu renunc ncie ie al dere derech cho o de Patr Patron onat ato o [... [...]] por por anacrónico y des adaptado a la mentalidad actual [...l". Debido a que el concilio definió que las relaciones ideales entre Iglesia y Estado deberían ser de "autonomía e independencia", aunque con" cooperación", se trataba entonces de superar el régimen regalista de intervencionismo estatal sobre la Iglesia, que se expre expresa saba ba medi me dian ante te la figur figura a del del Patr Patron onat ato o con con todo todoss sus su s elem elemen ento toss carac caracte terí ríst stic icos os:: pase pase de las las bula bu las, s, exeq exequá uátu tur, r, nombramiento de dignidades eclesiásticas, etc. En cuanto a las limitaciones legales establecidas mediante la Constitución de 1933 - de permitir a los clérigos ocupar cargos públicos se propone que si estas prohibiciones han de existir entonces deberían extenderse también a los ministros de otros cultos no
católicos; es decir, se insiste en la igualdad religiosa, pero refe referi rida dass a las las proh prohib ibic icio iones nes.. Si por por un lado lado el docu do cume ment nto o plantea una igualación hacia abajo, por el otro afirmará que dicha igualdad no es aplicable respecto a los privilegios del estatus de Derecho Público de la Iglesia, pues de lo contrario se sostiene una igualdad de cultos afectaría la acción pastoral y social de la Iglesia dado que las asignaciones mensuales, provenientes de fondos estatales, percibidas por los clérigos oriundos recaerían. La conclusión del documento es que este "peculiar" "peculiar" estatus eclesial debería manifestarse manifesta rse a través de la inclusión en el texto constitucional de una mención expresa a la Iglesia católica. An A n te el p r o ce s o d e d e ba t e c o n s ti tu c io n al d i ri g i do p o r l a As A s a mb l e a Co n s t it u y e n te , en m a y o d e 19 7 8 ap a r e ce u n ar tí c u l o d el el o bi bi sp sp o d e C aj aj am am ar ar ca ca , J os os é D am am me me rt rt B el el lili do do , d on on de de manifiesta que "es deseable que al renovarse la Constitución Política desaparezcan los incisos relativos al Patronato por su arcaísmo medieval y en consonancia con el deseo conciliar" (1978: 65), de acuerdo acuerdo con lo sugerido sugerido por el decreto conciliar conciliar s ob ob re re l o s o bi bi sp sp o s d e l V at at i ca ca no no ( Nº Nº 2 0) 0) q ue ue d ic ic e: e: " a l as as autori autoridad dades es civile civiles, s, cuya dócil dócil volunt voluntad ad para para con la Iglesi Iglesia a reconoce agradecido y aprecia en lo que vale el concilio, se les ruega con toda delicadeza que se dignen renunciar por su propia voluntad, efectuados los convenientes tratados con la Sede Sede apostó apostólic lica, a, a los derech derechos os o privil privilegi egios os que disfru disfruten ten actualmente por convenio o por costumbre". Propone que para la
d es es i g n a ci ci ó n
de
obispos
la
S a n ta ta
Sed e
c o mu mu n i q u e
inform informalm alment ente e al Estado Estado el nombre nombre del candid candidato ato para para que pueda objetarIo dentro del plazo de 30 días, luego de los cuales Se publicaría eclesiásticamente el nombramiento y el
gobierno "tomaría nota" de la designación de canonicales me di an te
un
d ec re to
s up re mo
y
de
o tr os
fu nc io na ri os
eclesiásticos mediante una resolución ministerial para: "efectos civiles" (léase para el pago de la asignación estatal y su posterior pensión jubilatoria). Sobre la prohibición de los clérigos de ocupar cargos públicos y la limitación de que ellos sean necesariamente peruanos, Dammert insiste en que si estas limitaciones han de subsistir entonces deben aplicarse también a las demás confesiones religiosas. Nuevamente aquí vemos postulada la política de igualdad religiosa en deberes y desigualdad religiosa en derechos. En julio de 1978 la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) entregará un pronunciamiento oficial sobre el nuevo tipo de relaciones Iglesia-Estado que deberían establecerse a tenar de la nueva mentalidad titulado Religión e Iglesia en la nueva C on st it uc ió n
pr op on ie nd o
q ue
s ea
s upe ra da
la
fi gu ra
paternalista de la protección de la Iglesia por el Estado y el intervencionismo regalista del Patronato. Allí los obispos del Perú propondrán que la nueva Constitución establezca lo siguiente: E l E st ad o r ec on oc e l a l ib er ta d r el ig io sa y g ar an ti za l os d er ec ho s i nd iv id ua le s y s oc ia le s q ue d e e ll a s e d er iv an , pudie ndo
es tablecer
formas
de
cola bor ación
con
las
confesiones religiosas. Teniendo en cuenta las creencias de la mayoría nacional, el Estado presta a la Iglesia católica la cooperación que corresponde a esa situación para el mejor servicio a la comunidad (CEP 1988).
Es evidente la influencia del texto constitucional español c ua nd o e st a p ro pu es ta s e r ef ie re a t en er e n c ue nt a l as creencias de la mayoría nacional. En síntesis, esta posición oficial propugna los siguientes principios políticos de relación: 1) que el Estado puede potestativamente establecer formas de colaboración con las demás confesiones religiosas; 2) que el Estado debe cooperar con la Iglesia católica; y 3) que este supuesto deber de cooperación se fundamenta en la existencia de una mayoría religiosa católica y en la asistencia social prestada por la Iglesia. El pronunciamiento episcopal no se refiere a otras cuestiones tales como la educación religiosa en escuelas públicas, el sistema de asignaciones mensuales al personal eclesiástico o el sistema de asignación económica indirecta plasmado a través de exoneraciones e inafectaciones t ri bu ta ri as a f av or d e l as p er so na s, a ct iv id ad es y b ie ne s vinculados con la Iglesia católica. Nosotros suponemos que no l o c on si de ra ro n n ec es ar io , p ue s d ic ha s m at er ia s s er ía n abordadas en el contexto de la negociación del futuro acuerdo concordatario. El 16 de julio de 1980 comienza a desmantelarse el modelo regalista heredado de la Colonia con la supresión del sistema d el p at ro na to n ac io na l m ed ia nt e e l d ec re to l ey N º 2 31 47 dictado por la Junta Militar ante la exhortación hecha por el Concilio Vaticano II y dado que este modelo -según el mismo d ec re to - " no s e ad ec ua a l a r ea li da d s oc io -j ur íd ic a d el momento actual ni traduce la verdadera independencia y autonomía de la Iglesia" (obsérvese la fraseología conciliar de esta norma legal). Realizadas las negociaciones entre la Iglesia católica y el Estado, prácticamente de manera secreta, tres días después, el 19 de julio de 1980, se suscribió el
acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú siendo ratificado por el papa Juan Pablo II el 22 de julio de 1980 y por el gobierno del Perú dos días después, y sin la aprobación del Congreso, tal como estipulaba la Constitución de 1933. La norma legal que aprobaba el acuerdo era publicada el viernes 25 de julio en una inusual segunda edición vespertina de doscientos ejemplares del diario oficial y el canje de los instrumentos de ratificación tenía lugar el sábado 26 de julio de 1980, dos días antes de entrar en vigor la nueva Constitución Política, aprobada en 1979. Esta Constitución ya no establecía la obligación de celebrar concordatos con la Santa Sede y seguía obligando a que todo tratado internacional sea sometido a la aprobación previa del Congreso. Preciso es señalar que contrariamente a lo afirmado reiteradamente por algunos historiadores eclesiásticos como Armando Nieto el acuerdo con l a Sa nta Se de nu nc a fu e r at if ic ad o p or e l g ob ie rn o d el presidente Belaúnde Terry ni por ningún otro gobierno posterior a éste. Como nunca antes sucediera con ningún tratado internacional en la historia del Perú, el acuerdo fue celebrado y formalizado en pocos días y así se consagró formalmente la superación del sistema regalista de relaciones Iglesia-Estado que databa desde la colonia, y además conforme al Viejo anhelo episcopal: mediante la ansiada celebración de un concordato entre la Santa Sede y el Perú que no sólo no requiriese instrucciones previas para su negociación, sino que inclusive tampoco requiriera
aprobación
po sterior
democráticamente elegido.
p or
ningú n
Congr eso
Pero la meteórica celebración del acuerdo concordatario no debe confundirnos. Este acuerdo no se ideó y negoció en cuestión de días sino que sus líneas principales ya se habrían esbozado desde 1970, año en que la Conferencia Episcopal ya aprobaba solicitar formalmente al Estado peruano la abolición del patronato. Constituye algo más que una hipótesis sugerir que inclusive desde antes de la aprobación de la Constitución de 1979 el nuevo esquema concordatario de relaciones IglesiaEstado
ya
g ozab a de l cons enso
político
de
las
élites
gobernantes y eclesiásticas, pues a esa altura ya se sabía que el nuevo texto constitucional no contemplaría ninguna alusión al patronato en ese entonces todavía vigente; esto hacía suponer como también observó Rubio de Hernández(1980: 113) que dichas relaciones se regularían jurídicamente fuera del texto constitucional y no dentro de él. Así, doce días antes del 28 de julio de 1979, fecha en que iba a entrar en vigencia la nueva Constitución, se abolió el patronato y dos días antes se celebraba el acuerdo internacional con lo que el nuevo régimen concordatario quedaba plenamente establecido y respaldado por el artículo 86 de la nueva Constitución que, muy similarmente a lo expresado en el artículo 1 del acuerdo, decía: Arti culo 86.- De ntr o de un ré gimen de in dependencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
A te nor de este nuevo esquema de rela cione s Ig lesi a-Esta do se afirmó, por ejemplo, que se había dado punto final al Estado confesional (INTERDONATO 1981: 90) y que la Iglesia ya no dependería del Estado (RUBIO HERNÁNDEZ 1980: 114). Aunqu e la Ig le sia cató lica nunca señ aló ofi ci alme nte que se había producido la mentada "separación" entre Iglesia y Estado ni que se hubiera instaurado un "Estado laico" en el Perú, muchos así lo creyeron y proclamación. Considerando que el patronato traducía jurídicamente un pacto político entre Iglesia y Estado en el cual este último se definía a sí mismo como confesional (sea "profesando" o "protegiendo" la religión católica) a cambio de que la primera le reconociera potestades r eg al is ta s y q ue e l E st ad o r en un ci ó a s us p ri vi le gi os d e patronato defendidos con perseverancia durante la República, corresponde preguntarse entonces: ¿qué le tocó renunciar a la Iglesia católica en 1980? S eg ún m uc ho s a ut or es , c om o e l p ad re j es ui ta F ra nc is co Interdonato, la Iglesia renunció al privilegio de ser la religión o fi cia l d el E sta do ( 19 81 : 9 0- 2) . P er o e n r ea li da d es ta "renuncia" sólo se limitó a la formalidad de eliminar la mención constitucional sobre la protección estatal de la religión católica; p er o n o a s up er ar l as c on se cu en ci as p rá ct ic as q ue e sa "protección" suponía en otros ámbitos, las que continuaron vigentes perpetuando discretamente un régimen atenuado de r el ig ió n o fi ci al , p er o o fi ci al a l f in y a l c ab o. A l r es pe ct o efectuemos un análisis formal a partir de tres niveles de observación: internacional, constitucional e infraconstitucional. En el plano del Derecho Internacional consideremos el primer articulo del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado que e sti pu la : " La Ig le si a c ató li ca e n e l Pe rú go za de p len a
independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y mo ral del país, la misma Ig lesia recibe del Estad o la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional". Puede apreciarse una estrecha dependencia textual entre este a rt íc ul o y l a f ór mu la r ec og id a e n e l a rt íc ul o 8 6 d el t ex to Constitucional de 1979 el cual dice: Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones. Esto implica que la interpretación de ambas normas no debe h a c e r s e d e m a n e r a a i s l a d a u n a d e l a o t r a . A s í , l o qu e s e garantiza jurídicamente tanto en el artículo 10 del acuerdo como en el artículo 86 de la Constitución es la tradicional doctrina católica de las libertas ecclesiae, doctrina que implica q ue l a I gl es ia t en dr á p le na i nd ep en de nc ia y a ut on om ía respecto de las intervenciones estatales tanto referido a sus asuntos eclesiásticos como al cumplimiento de su misión, mas sin que eso implique que el Estado se comporte de manera indiferente ante ella sino todo lo contrario: que además de respetar su independencia colabore obligatoriamente con ella p ar a r ea li za r t an to s us fines sociales c om o s us fi ne s propiamente religiosos (concretamente: pago de personal eclesiástico, construcción y mantenimiento de parroquias, templos, conventos, monasterios, etc.), lo que en la práctica
evidentemente
supera
cualquier
concepto
de
mera
colaboración para convertirse en una verdadera protección y
promoción de la religión católica por parte del Estado . Aquí, el pr in ci pio de co operación en tr e la Ig lesia y el Esta do propugnado por el Concilio Vaticano II -que en verdad con ciertas reservas podría considerarse como una característica legítima del concepto contemporáneo de "Estado Laico" - llega a practicarse realmente en un principio de confesionalidad
asolapado , incompatible con la naturaleza de aquél, o en un rezago de confesionalidad barnizado de modernidad y es así que
podemos
apreciar
que
a
través
de
las
diversas
instituciones el Estado tiene un tratamiento bien diferenciado a favor de la Iglesia Católica en los siguientes aspectos:
1 .1 .-
R EM UN ER AC IO NE S D EL P ER SO NA L D E L A I GL ES IA CATOLICA-
PLANILLA
DEL
MINISTERIO
DE
JUSTICIA.El artículo 8 del acuerdo establece la obligación estatal de financiar a la Iglesia de manera directa e indirecta. Bajo la m od al id ad d ir ec ta e l E st ad o s ig ue a si gn an do d in er o d el presupuesto público para el personal eclesiástico, como lo venía haciendo desde muchos años atrás. Podemos apreciar la magnitud de los pagos mensuales para personal eclesiástico que se desembolsa a través de la planilla del Ministerio de Justicia (las sumas son por persona): Un arzobispo primado: S/. 1329,88; seis arzobispos: S/. 923,30; diecinueve obispos: S/. 692,47; un secretario general del episcopado: S/. 692,47; once prelados: S/. 692,47; ocho vicarios apostólicos: S/. 692,47; cuatro coordinadores administrativos: S/. 605,62; dos auxiliares de coordinación administrativa: S/. 507,29; tres
obispos coadjutores: S/. 462,97; nueve obispos auxiliares: S/. 462,97; treinta y seis vicarios generales: S/. 230,83; treinta y cinco vicarios episcopales: SI. 230,83; un secretario adjunto del episcopado: S/. 230,83; ocho auxiliares delegados: SI. 230,83; veinte consejeros episcopales: S/. 181,25; quince d ea ne s: S /. 1 81 ,2 5; s ie te a rc ed ia no s: S /. 1 81 ,2 5; s ie te chanaes: S/. 181,25; cinco maestrescuelas: S/. 181,25; cuatro tesoreros: S/. 181,25; cuarenta y siete canónigo: S/. 181,25; veinte auxiliares: S/. 90,63; tres archiveros: S/. 90,63; dos amanuenses: S/. 90,63; treinta y un capellanes: S/. 90,63; nueve choferes: S/. 90,63; treinta cancilleres: S/. 90,63; dieciocho dependientes: SI. 90,63; un director de catequesis: S/. 90,63; un decano: S/. 90,63; un encargado de mesa de partes: SI. 90,63; tres ecónomos: S/. 90,63; siete guardianes: S I. 9 0, 63 ; u n j efe a rch iv er o: S I. 9 0,6 3; u n ma es tr o d e ceremonias: S/. 90,63; seis medios racioneros: S/. 90,63; doscientos ochenta y tres misioneros: SI. 90,63; dos notarios eclesiásticos: S/. 90,63; un organista: S/. 90,63; un portero: SI. 90,63; seis pilotos de lancha: S/. 90,63; dos procuradores: S/. 9 0,6 3;
d os ci en to s
v ei nti sé is
pá rr oc os :
S /.
9 0,6 3;
tr es
portapliegos: S/. 90,63; dos provisores: S/. 90,63; cuarenta y tres religiosos: S/. 90,63; diecisiete racioneros: S/. 90,63; un secretario de cabildo: S/. 90,63; trece síndicos: S/. 90,63; dos s oc ha ntr es : S /. 9 0,63 ; tr es s ac ri sta ne s:
S /.
9 0,6 3;
d os
sacristanes mayores: S/. 90,63; veintiocho secretarios: S/. 90,63 Y doce monaguillos: S/.45,31. Lo que hace un total de 1 030 personas distribuidas entre 54 cargos eclesiásticos, S/.150 604,55 nuevos soles mensuales y S/. 1 808 531,04 anuales. E st o a pa rt e d e l as d ie z b ec as " Ca rd en al J ua n L an dá zu ri R ic ke tt s d e S /. 45 0, 00 m en su al es q ue s um an S /. 54 6 00 anuales; así como las pensiones de jubilación vitalicias e
i nt ra ns fe ri bl es
d e d ie ci sé is o bi sp os
y
a rz ob is po s.
E st as
asignaciones, por ficción jurídica, no se consideran legalmente como honorarios o sueldos y están libres de todo impuesto creado o por crearse.
1.2.-
BENEFICIOS
TRIBUTARIOS
A
FAVOR
DE
LA
IGLESIA CATOLICA: Pero es bajo la modalidad de asignación indirecta como la Iglesia recibe activa y pasivamente mayores ingresos por parte del Estado, quien dispone beneficios fiscales tales como la inafectación o la exoneración a sus actividades, personas y bienes. Comparado con el monto de lo desembolsado mediante las asignaciones indirectas, se podría estar de acuerdo con lo manifestado por el cardenal Cipriani en el sentido de que la ayuda estatal es una "limosna" que no afecta la caja fiscal y que el Estado podr ía retirar cuando quisiese dada su insignificancia. 169
El acuerdo Perú-Santa Sede estableció
que todas las subvenciones tributarias existentes al momento de su celebración seguirían existiendo, de acuerdo con su a rt ic ul o 1 0. E n c ua nt o a t ri bu to s d el g ob ie rn o c en tr al , e l impuesto a la Renta es materia de exoneración para los" fines específicos" de las sociedades e instituciones religiosas, lo que supondría sólo fines religiosos y no fines comerciales ni bursátiles. La Iglesia está inafecta al Impuesto General a las Ventas (lGV), pues no desarrolla actividades empresariales sino sólo religiosas o de asistencia social sin fines de lucro. La ley del IGV también exonera la importación de donaciones y los pasajes internacionales de los representantes de la Iglesia c at ól ic a. E n c ua nt o a t ri bu to s m un ic ip al es , l os t em pl os , conventos, monasterios y museos católicos no pagan impuesto
predial; sus vehículos no pagan tampoco impuesto vehicular; no es solamente que los templos católicos no pagan arbitrios de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo sino que sus locales están inafectos a la obligación de contar con licencia de funcionamiento y de pagar el impuesto de alcabala cuando venden inmuebles. Hasta el 29 de diciembre de 2001 legalmente los predios de la Iglesia tampoco estaban obligados a pagar Impuesto Predial, aun si lucraran alquilando total o parcialmente dichos inmuebles.
1.3.-
ADJUDICACION
DE
BIENES
A
LA
IGLESIA
CATOLICA A TITULO GRATUITO: E n e l P er ú l a c ol ab or ac ió n d el E st ad o c on l a I gl es ia s e extiende también
generosamente
mediante la legislación
ordinaria que nos parece infraconstitucional. Así por ejemplo, la Jefatura de Adjudicaciones de la Superintendencia de B ie ne s
N ac io na le s
c on ti nu am en te
e xp id e
r es ol uc io ne s
mediante las cuales se afecta en uso bienes inmuebles a favor de los fines específicamente religiosos de la Iglesia católica. Por ejemplo la resolución Nº 200-2001-SBN, publicada el 16 de jul io de 20 01 en el diario ofi ci al El Pe ru ano, entr ega un inmueble estatal a favor de una cong regación católica para que construya una iglesia, un centro de formación teológica y sacerdotal y una casa de retiro. En aquella resolución se declaran improcedentes las solicitudes de afectación en uso de la Corte Superior de Justicia de Lima y de una asociación de p er son as c on d is ca pa cid ad , p or s er d e fe ch a p os te rio r sosteniéndose en los considerandos que se entrega el terreno a favor de la congregación católica pues ello "significa una colaboración con la función social del Estado". Así sucede
también con la resolución Nº 0482002/SBN-GO-JAD, publicada el 13 de julio de 2002 en El Peruano, que afecta en uso terrenos para que se construya una capilla, posta médica y un centro educativo parroquial declarándose que "se otorga para un fin determinado compatible con las funciones del Estado", dado que el uso de la propiedad inmobiliaria estatal se otorga " a f av or d e l as e nt id ad es d el S ec to r P úb li co . N ac io na l" sugiriéndose tácitamente que el Obispado de Carabayllo sería una especie de entidad pública estatal. Los
artículos
11
a
17
del
acuerdo
(desarrollados
infraconstitucionalmente mediante el D.S. Nº 059-DE/SG que aprueba el Reglamento del Obispado Castrense del Perú) r eg ul an l o r el at iv o a l v ic ar ia to y c ap el la ne s c as tr en se s e st ab le ci en do q ue a qu el lo s q ue a l m om en to d el a cu er do estuvieran asimilados al escalafón militar permanecieran en esa condición hasta su jubilación mientras que los nuevos nombrados tendrán prerrogativas de General de Brigada para el vicario castrense y de Capitán para los capellanes con sus correspondientes derechos de promoción y pago de asign ac io ne s e co nó mi ca s. D e t al s ue rt e, e l E st ad o p er ua no solventa económicamente las labores pastorales de dichos ministros de culto y les otorga trato de funcionarios públicos. De
idé ntica
ma ner a,
los
ser vidore s
eclesiásticos
s on
asimilados al régimen administrativo de los servidores públicos en
cuando
a
penitenciarios.
las
capellanías
en
cen tros
sanitarios
y
1.4.-
MINISTERIO
DE
EDUCACION
Y
LA
LIBERTAD
RELIGIOSA. En cuanto a la educación religiosa, el artículo 19 del acuerdo establece la continuidad de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en los centros educativos estatales y se s ub or di na e l n om br am ie nt o d el d oc en te d e r el ig ió n a l a presentación hecha por la autoridad eclesiástica. También la permanencia en el puesto de trabajo dependerá de la anuencia episcopal: "El profesor de Religión podrá ser mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo". Dicho artículo concuerda con el artículo 14 de la Constitución, que dice: Artí culo 14.- (.. .) La fo rma ci ón éti ca y cív ica y la enseñanza de la Constitución y los Derechos Humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. El confuso esquema de contratación docente derivado del acuerdo, mediante el cual el Estado contrata al profesor de religión católica, pero es el obispo quien puede despedido o c on se rv ar lo e n s u p ue st o h a d em os tr ad o s er a lt am en te conflictivo como diversas controversias judiciales españolas han evidenciado; ello ha provocado que incluso el tribunal de Canarias - a propósito del caso de una profesora de religión católica despedida de su puesto de trabajo por encontrarse en una situación matrimonial "irregular" (estar casada con un hombre divorciado)- haya remitido al tribunal constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del acuerdo sobre asuntos educativos celebrado entre el Estado español y la Santa Sede.
L a b as e l eg al d e l a e ns eñ an za o bl ig at or ia d e l a r el ig ió n católica no sólo viene constituida por el acuerdo internacional sino también, como hemos visto, por la Constitución; así como por la legislación de nivel infraconstitucional, la cual ha e st ab le ci do q ue l os a lu mn os q ue n o p ro fe se n l a r el ig ió n enseñada oficialmente por la escuela deberán solicitar su exoneración del curso respectivo para cumplir con el precepto de respetarse su libertad de conciencia. El inconveniente con e sa s alid a e s q ue a l ti emp o d e ob lig ar se a s oli cit ar la exoneración por razones de conciencia, el alumno y los padres de familia no católicos ven vulnerado su derecho de mantener en reserva sus convicciones religiosas o filosóficas, derecho t am bi én c on sa gr ad o p or l a C on st it uc ió n e n e l a rt ic ul o 2 , numeral 18. Ello independientemente del tema de fondo, el cual consiste en que solicitar una exoneración es consagrar el principio de que el Estado promueve como regla una sola religión, la católica, y concede - en una clara aplicación de la doctrina de tolerancia religiosa y no de libertad religiosa
la
exoneración a los ciudadanos que no la profesan. En el ámbito constitucional también es posible apreciar la impronta
de
la
confesionalidad
del
de recho
estatal.
Consideremos por ejemplo el preámbulo de la Constitución. Las invocaciones religiosas constituyen una casi continua tradición de los preámbulos constitucionales que no han hecho sino reflejar la confesionalidad que ostentó el Estado peruano en los diferentes momentos de su historia. Las razones para continuar con dicha tradición constitucional fueron básicamente confesionales.
Durante
C on st it uy en te
D emo cr áti co
las
sesiones
( CC D)
de
del 19 93
Congreso se
d eb ati ó
animadamente la cuestión de las invocaciones confesionales
en el preámbulo y prácticamente todas las intervenciones de los representantes tuvieron la limitación de justificarse en sus propias convicciones religiosas personales para decidir si hacer o no una referencia a Dios, si incluir o no los nombres de algunos santos católicos, etc. Aquellos que se opusieron a mencionar a Dios en el preámbulo de la Constitución de 1993 lo hicieron también sobre una base religiosa. Independientemente
del
fundamento
del
Congreso
Constituyente para incluir invocaciones confesionales en el preámbulo,
sectores
c on sti tu cio nal
te ori za ro n
representativos o tr os
de
a rg um en to s
la a
doctrina fa vo r
de
conservar dicha mención. Uno de ellos sostiene en clave tradicionalista que el mantener la invocación a Dios en el preámbulo se basa en la simple continuidad de su presencia en nuestras Cartas desde la época de la Independencia. Éste fue uno de los motivos que la sustentó en la Constitución de 1979 y en la de 1993. Otro apela a cierto relativismo cultural al afirmar que para quienes no creen en Dios la mención de éste en
un
p reá mbulo
constituciona l
pued e
tener
un
valor
meramente de reconocimiento del innegable componente religioso de la cultura peruana. La invocación a Dios en el preámbulo podría interpretarse ampliamente desde diferentes posiciones. En esta línea de razonamiento un agnóstico o un ateo
no
deb erían
se ntirse
mal
repr esentados
pues
la
invocación a Dios representaría la constatación de u na realidad i nn eg ab le a s ab er , q ue el p ue blo p er ua no h a s id o y e s históricamente un pueblo creyente. Las líneas argumentativas mencionadas pasaron por alto que las invocaciones confesionales hacen auténticas afirmaciones
de fe y no meras descripciones o constataciones culturales acerca de la religiosidad de un pueblo [...] invocando a Dios todopoderoso [...]"), lo cual no es una mera fórmula poética o lírica sino que reviste indudable valor interpretativo en el plano juríd ic o. Al declararse expl íc ita mente una cree ncia reli giosa monoteísta como ésta, el Estado toma inevitablemente partido sobre asuntos religiosos que sólo competen a las conciencias individuales y en los que él ni puede ni debe tener opinión. P or o tr o l ad o, s eñ al ar q ue e l p re ámb ul o e s u na s ec ci ón meramente lírica sin valor hermenéutico sería indirectamente a fi rm ar q ue t am bi én c ar ec e d e i mp li ca nc ia s j ur íd ic as l a p ro po si ci ón s ob re l a f ue nt e d e l a l eg it im id ad d el p od er constituyente ("[...] en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido [...]") que la acompaña a renglón seguido. El argumento "culturalista" termina evadiendo y encubriendo el real significado religioso de las invocaciones a Dios, generando una paradoja: discursivamente señalar que el preámbulo no tiene valor hermenéutico pero dejando abierta la posibilidad práctica a los operadores judiciales de que sí le reconozca dicho valor hermenéutico pero en clave confesional. La apelación a la mayoría sociológica ("casi todos creen en Dios") pasa por alto que las Constituciones no Se redactan en función de mayorías y minorías sino basándose en valores r principios como el de la igualdad. Finalmente, el texto del artículo 50 de la Constitución de 1993 termina de cerrar el círculo de confesionalidad atenuada del E st ad o p er ua no a l e st ab le ce r l a a ut on om ía d e l a I gl es ia respecto del Estado y las cargas del Estado respecto de la Iglesia, proveyendo una declaración normativa que ha servido
en sede administrativa y judicial para resolver controversias en clave discriminatoria.
2 .-
P RO PU ES TA DE UN ES TA DO LA IC O E N E L P ER U. Como hemos visto hasta ahora cabe formular una propuesta en base al principio del pluralismo ideológico y religioso en el Perú En atención a este principio es deber del Estado abstenerse de adoptar actitudes que alteren el pluralismo nacido espontáneamente con el ejercicio de la libertad ideológica y religiosa. Debe declararse ideológicamente
neutral
y
renunciar
a
cualquier
forma
de
adoctrinamiento ideológico, a fin de respetar por igual el abanico de opciones ideológicas y religiosas que surjan en la sociedad de manera espontánea.
La neutralidad que postula el pluralismo no implica que el Estado niegue las manifestaciones de religiosidad; por el contrario, es su deber garantizar el libre ejercicio de las mismas. Sin embargo, este rol no conlleva la obligación de colaborar y tutelar alguna o algunas de dichas opciones, pues de hacerlo desvirtúa el carácter neutral que el Estado debe asumir para preservar la naturaleza plural de las convicciones. El principio de pluralidad se concreta en el ámbito de la educación pública. De ahí surge la exigencia al Estado de garantizar una enseñanza plural y libre de adoctrinamientos, que aborde el fenómeno religioso bajo una perspectiva histórica y que tenga en el ámbito de la ética, el único marco referente de valores, aquellos proclamados por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Principio de Aconfesionalidad o Laicidad del Estado
En mérito a este principio el Estado no concurre con los individuos a las expresiones propias del acto de fe, ni mucho menos califica al fenómeno religioso como un hecho positivo o negativo. Reconoce la imposibilidad fáctica de que una figura jurídica pueda tener una convicción propia en torno a la concepción del mundo. Pero, el hecho que el Estado no pueda creer ni dejar de creer, no solo representa una imposibilidad fenoménica, constituye además una exigencia de la cabal protección al derecho a la libertad de conciencia y de religión, pues para que un ciudadano tenga plena libertad de elegir una determinada religión sin verse condicionado por la preferencia estatal, es deber del Estado abstenerse de emitir un pronunciamiento oficial a favor o en contra de una o de varias religiones. Del mismo modo, para que un ciudadano ejerza su religión en pie de igualdad
con los demás ciudadanos es deber del Estado evitar
participar del acto de fe otorgando privilegios y beneficios a un grupo religioso determinado. Finalmente, para que un ciudadano tenga la posibilidad de escoger una opción religiosa o ideológica dentro de un panorama plural de posibilidades, es deber del Estado evitar remitirse al ilegítimo planteamiento de una o unas cuantas opciones religiosas que gocen de su preferencia. Como vemos, éstas circunstancias enmarcan la actitud jurídica que los Estados que deben asumir en el ámbito religioso. La participación del Estado frente a este derecho debe circunscribirse a la garantía de su cabal ejercicio en la esfera privada y la regulación de las manifestaciones de religiosidad en el espacio público.
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