La excepción de prescripción en la ejecución prendaria Comentario al fallo “MSF/HSF Argentina SA c/Chwojnik, Abraham y Otros s/Ejecución Prendaria Por Eduardo Segovia Mattos
I. Preliminar La prenda con registro es un derecho real otorgado a favor de ciertos acreedores, en seguridad de un crédito en dinero o del c umplimien umplimiento to de toda clase c lase de obligaciones, afectando cosas muebles de propiedad del deudor o de un tercero que permanecen en su poder.[1] En el presente trabajo se analizará la posibilidad de oponer la excepción de prescripción en el proceso de ejecución prendaria, a raíz de un reciente fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Comercial.
II. Los Hechos En un proceso de ejecución prendaria uno de los codemandados apela la sentencia de grado, grado, por cuanto la misma desestimó las excepciones de prescripción e inhabilidad de título. La Sala F, luego de admitir la defensa de prescripción como oponible en una ejecución prendaria[2], pasa a adentrarse al fondo de la cuestión, concluyendo que en el caso concreto, la obligación principal no estaba prescripta. Respecto de la excepción de inhabilidad de título (por abuso de firma en blanco), lo jueces confirmaron el decisorio del a quo, considerando que dicho planteo es inadmisible en el cauce del proceso ejecutivo.[3]
III. Introducci Introducción ón La ley de prenda con registro (Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado ratif icado por Ley Nº 12.962 y modificado por Decreto-Ley Nº 6810/63, T.O. por el Decreto Nº 897/95 en adelante “LPR”), fija un procedimiento a seguir en las ejecuciones prendarias que, por ser específico, prevalece sobre las normas generales.[4] En consecuencia, los códigos de procedimiento locales solo son aplicables en las ejecuciones prendarias en forma subsidiaria y en cuanto no interfieran o desnaturalicen las reglas de carácter procesal que contiene la LPR.[5] Las características distintivas de éste proceso pueden compendiarse como sigue: a) la intimación de pago no constituye diligencia especial; b) el número de excepciones admisibles es más reducido; c) no cabe, como regla, la l a apertura de un procedimiento probatorio; d) en la sentencia que manda llevar adelante la ejecución se ordena también la venta de los bienes prendados; e) tiene un plazo de apelación más breve, y el recurso se concede con efecto devolutivo aunque el acreedor no otorgue fianza; f) el cumplimiento de la sentencia de venta se halla sujeto a trámites más expeditos.[6] La LPR establece que el certif icado de prenda da acción ejecutiva, y a pesar de que el texto legal establece que el mismo tramita por las reglas del procedimiento sumarísimo, sumarísimo, verbal y actuado[7], lo cierto es en la práctica se lleva adelante mediante un procedimiento escrito y actuado.[8] Iniciado el proceso, el juez deberá en su caso c aso despachar mandamiento mandamiento de embargo y ejecución, disponiendo la ley que la intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo acto de requerimiento se cita al deudor, notificándole que si en el término perentorio de tres días no opone algu-
nas de las excepciones autorizadas por la ley, se llevará adelante la ejecución, ordenándose la venta de la cosa pignorada.[9] La LPR tuvo el claro propósito de dotar a los acreedores prendarios de una herramienta que les permita, de manera expedita y sencilla, obtener la entrega del bien pignorado. En este sentido, el legislador ha fijado una clara política de favorecimiento a los acreedores, que indudablemente tiende a beneficiar el otorgamiento de créditos garantizados con prenda con registro.[10] Esta política legislativa se ve plasmada en diversos institutos de la LPR como ser el secuestro prendario regulado en el art. 39[11]; la imposibilidad de suspender el trámite de venta extrajudicial por muerte, incapacidad o c oncurso del deudor; o en la limitación de las excepciones oponibles al avance de la ejecución, dispuesta en el art. 30.[12]
IV. Excepciones oponibles en el juicio de ejecución prendaria De acuerdo con el art. 30 de la LPR, las únicas excepciones admisibles en la ejecución prendaria son: 1)Incompetencia, 2) Falta de personería en el demandante o demandado, 3) renuncia del crédito o del privilegio prendario, 4) pago, 5) caducidad de la inscripción y 6) nulidad del contrato de prenda. Con el claro objetivo de limitar las defensas oponibles por parte del deudor, a los efectos de garantizar la utilidad de la prenda con registro como garantía fácilmente ejecutable, el mismo art. 30 establece además, que las excepciones 1), 5) y 6) deberán resultar del contrato mismo; la del inc. 2) de las constancias de autos y las de los incs. 3) y 4) de documentos emanados del acreedor y presentados en el mismo escrito en que se oponen las excepciones. De ésta manera queda configurada una doble limitación: una respecto a las excepciones posibles y otra respecto a la prueba de los hechos en que se fundan aquellas.[13] Por tal motivo, si las excepciones opuestas no se fundan en las causas indicadas por la ley o no resultan acreditadas en la forma que ella determina, deben ser, en principio, desestimadas inmediatamente.[14] Así no es difícil de advertir que la forma en que están estructurados los distintos institutos de la ley, tienen como claro objetivo facilitar el cobro del crédito incumplido, otorgando pocos elementos defensivos al deudor. Sin embargo, “la restric ción de la clase de prueba de que puede valerse el excepcionante en la ejecución prendaria, no afecta su validez constitucional, ya que no se le cierra definitivamente la vía para alegar y comprobar ampliamente sus derechos sustanciales en un proceso ordinario posterior”.[15] I. Otras excepciones admisibles. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria ha entendido que a pesar de lo categórico de la norma de fondo, el deudor puede oponer las excepciones de nulidad de la ejecución y la de inhabilidad de título, ya que no se concibe que si por cualquier causa la ejecuci ón se despacha sobre la base de un título inhábil (por no reunir las condiciones de ley o sencillamente por no tratarse de un certificado de prenda, o por no resultar de él un crédito contra el demandado) o se sigue un procedimiento nulo, que impide la defensa de ejecutado, éste no pueda contar con elementos de defensa.[16] Debe entenderse que la ley, al limitar las excepciones, supone una ejecución basada en un certificado de prenda exigible a cargo del ejecutado. En tal caso, negar al deudor la posibilidad de oponer estas excepciones, podría implicar, según el caso, la privación de la garantía de defensa en juicio.[17]
Por el contrario, ha sido criticada la inclusión por el artículo de la excepción de nulidad del contrato de prenda, desde que en el proceso ejecutivo debe ventilarse únicamente lo que refiere al título, y no al fondo del contrato del cual emana la obligación que aquel comprueba.[18] No es menos cier to que el legislador ha cuidado que el proceso no se prolongue innecesariamente, al establecer que la prueba de la nulidad debe surgir del contrato mismo, lo cual debiera evitar, en principio, que se planteen nulidades que requieran pruebas complejas.
V. El Código Procesal Nacional La Ley Nº 17.454 que sancionó el Código Procesal nacional en 1967, estableció en el art. 600, que en la ejecución de la prenda con registro, sólo procedían las excepciones de incompetencia, falta de personería, litispendencia y cosa juzgada y nulidad de ejecución. Posteriormente, y en coincidencia con la doctrina anteriormente expuesta, la Ley Nº 2 2.434 incorporó como excepciones admisibles la inhabilidad y falsedad de título y el pago total o parcial. La inclusión de la excepción de falsedad de título es coherente si se piensa que la propia LPR admite la excepción de nulidad del contrato. Desde que un contrato falso a más de nulo, será inexistente, dicha excepción debe ser admitida.[19]
VI. Excepciones Inadmisibles Por el contrario la doctrina ha considerado que de la interpretación sistemática de la norma de fondo (LPR) y de forma (art. 600 CPCyCN) serían inadmisibles en la ejecución prendaria las excepciones de prescripción, compensación, quita, remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso. Asimismo, y como lo ha entendido la jurisprudencia, cabe considerar inadmisibles la de abuso de firma en blanco[20], de defecto legal[21], espera[22] y compensación.[23][24] La razón de ésta interpretación restrictiva nace de la naturaleza propia de los procesos ejecutivos, sumada a la restricción aún mayor que disciplina la LPR. En este sentido se ha dicho que “en la ejecución prendaria no se admite período de prueba propiamente dicho, sino medidas probatorias de excepción”.[25]De igual manera se ha afirmado que “la ejecución de prenda con registro no admite período probatorio; a lo más algunos trámites para traer la prueba al expediente o darle autenticidad”.[26] La excepción de prescripción es inadmisible en la ejecución prendaria.[27]
VII. La posición de la Sala F Después de haber analizado la doctrina y jurisprudencia vigente, donde claramente la admisión de la excepción de prescripción no es una posición ni cercana a ser pacífica, sorprende aún más los términos en que se expresa la Sala F en el fallo que motiva el presente escrito. En la sentencia los Camaristas textualmente dicen: “Liminarmente debe señalarse que no obstante la ausencia de previsión expresa en el cpr: 600 y en la Ley Nº 15.348: 30, t.o. por Decreto Nº 897/95, la defensa de prescripción resulta proponible en el ámbito del proceso de ejecución prendaria; ello así, pues la extinción de la obligación por esta vía también perjudica la garantía prendaria, funcionando la prescripción como medio de orden y sociego, tendiente a asegurar la estabilidad de los derechos (conf. Muguillo, Roberto A., “Prenda con registro”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1997, pág. 202/3)”.[28]
VII. Corolario
Con el debido respeto que se merecen los excelentísimos miembros de la Sala F y con la prevención que genera desconocer los elementos incorporados en los autos sobre cuya base se genera el decisorio, no podemos compartir los argumentos antes reseñados. Primordialmente consideramos que tratándose de un juicio ejecutivo, no pueden ventilarse en él cuestiones vinculadas con la causa de la obligación. Todavía más si se piensa que est amos ante un proceso ejecutivo de carácter especial donde se encuentran específicamente limitadas las excepciones oponibles y los medios para probarlas. Bien lo expresa Kemelmajer de Carlucci,al decir que la defensa del deudor en la ejecución prendaria está mucho más limitada que en el juicio ejecutivo típico.[29] Por tal motivo creemos que la incorporación de otras excepciones distintas de las enumeradas en la LPR o en el art. 600 del CPCyCN (o de los respectivos códigos rituales locales), debe ser siempre de interpretación restrictiva, debe versar siempre sobre aspectos controvertidos del título que trae aparejada la ejecución (certificado de prenda) y justificarse primordialmente en el derecho constitucional a la defensa en juicio, cuidando necesariamente el carácter sumario del proceso y la clara intención legislativa de ofrecer al acreedor una garantía segura y de rápida ejecución. Si como bien tiene dicho la jurisprudencia, resulta improcedente la apertura a prueba pretendida en virtud de la alegación de hechos relativos a la causa de la obligación[30], nunca podría admitirse la excepción de prescripción, desde que al alegarse la misma siempre se estará haciendo referencia directa a la obligación principal, c ausa de la garantía accesoria de prenda con registro. Por otro lado siendo que la pérdida de la acción depende exclusivamente de la conducta del acreedor y no podría en principio surgir del propio certificado de prenda, ni del contrato, siempre se deberá recurrir a pruebas distintas que deberán ser producidas (en el caso de referencia los Jueces debieron tener a la vista un expediente judicial anterior), lo cual atenta contra las bases naturales del proceso ejecutivo. Finalmente, consideramos que la admisión de la excepción de prescripción en la ejecución prendaria, con fundamento en la seguridad jurídica, la paz social, el sociego o para impedir que determinadas situaciones de hecho pueden ser objeto de revisión judicial después de pasado cierto tiempo, no puede más que ser rechazada. Ello motivado en que los posibles daños que podrían ocasionarse a terceros en razón de la inacción del acreedor durante un largo período, están suficientemente cubiertos con el instituto de la caducidad de la inscripción regulada en la LPR [31] y entre las partes, la naturaleza sumaria del procedimiento regulado en la LPR, así c omo la limitación de las defensas y de su prueba, dan al deudor el derecho a exigir fianza, a las resultas del juicio ordinario que puede promover.[32]
VIII. Conclusión
Creemos firmemente que el crédito es motor de la economía y que la ausencia de crédito es uno de los motivos básicos del subdesarrollo. La disponibilidad y masividad de los créditos necesariamente requiere un gran respeto a las garantías que aseguren los mismos. Facilitar medios de ejecución rápidos, seguros, económicos y sencillos, es la mejor manera de propiciar la circulación de los créditos que financien el desarrollo de los emprendedores de nuestro país.
[1] Cámara, Héctor, "Prenda con registro o hipoteca mobiliaria", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1984 [2] En el punto 4.1 de la sentencia,la Sala apoya esta posición en un precedente propio: “Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726 c/ Fernández s/ Ejecución Prendaria”, del 07/10/2010. [3] La sentencia tuvo los votos de los doctores Rafael F. Barreiro, Juan Manuel Ojea Quintana, Alejandra N. Tevez y Silvina D.M. Vanoli. [4] Gómez Leo, Osvaldo R. – Coleman, María del Cármen, “Prenda con registro – Decreto Ley 15.348/46 rat. Ley 12.962 y modificado por Decreto Ley 6810/63 (Texto Ordenado según decreto 897/95 del 11/12/1995”. Lexis N° 0021/00033, 09/08/2004. [5]Fernández, Raymundo L. – Gómez Leo, Osvaldo R., “Tratado Teórico – Práctico de Derecho Comercial”, LexisNexis Depalma, Lexis N° 5507/003166, 1992. [6]Macagno, Ariel A. G., “Prenda con registro. Pautas interpretativas para calibrar su funcionamiento”, APC 2009-10-1086, Lexis N° 0003/70055216-1. [7] ARTICULO 26. — El certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. La acción ejecutiva y la venta de los bienes se tramitarán por procedimiento sumarísimo, verbal y actuado. No se requiere protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado ni de las convenciones anexas. [8] “La forma verbal y actuada no se concilia con la costumbre judicial vigente, ni tampoco resultaría conveniente como modo de obtener mayor celeridad en el proceso “. Palacio, Lino E., "Manual de Derecho Procesal", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2003, p. 758. [9] ARTICULO 29. — Presentada la demanda con el certificado, se despachará mandamiento de embargo y ejecución como en el juicio ejecutivo; el embargo se notificará al encargado del registro y a las oficinas que perciban patentes o ejerciten control sobre los bienes prendados. La intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo decreto en que se dicten las medidas anteriores, se citará de remate al deudor, notificándole que si no opone excepción legítima en el término de TRES (3) días perentorios, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la venta de la prenda. [10] Cfr. Morinigo, Fernando G., “El Secuestro Prendario y el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Un trámite especial no comprendido en la fijación legal de competencia”. [11] El cual debe ser ordenado por el juez a pedido del acreedor y sin que el deudor pueda promover recurso alguno. [12] ARTICULO 30. — Las únicas excepciones admisibles son las siguientes: 1) Incompetencia de jurisdicción; 2) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante; 3) Renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor; 4) Pago; 5) Caducidad de la inscripción; 6) Nulidad del contrato de prenda. Las excepciones de los incisos 1), 5) y 6) deberán resultar del contrato mismo; la del inciso 2) de las constancias de autos; las de los incisos 3) y 4) de documentos emanados del acreedor y presentados con el escrito oponiendo excepciones. Las excepciones que no se funden en las causas indicadas, serán desestimadas de inmediato, sin perjuicio de la acción ordinaria que puede ejercer el demandado. El juez resolverá sobre las excepciones dentro del término de TRES (3) días, haciendo lugar a ellas y rechazando la ejecución o desestimándolas y mandando llevar adelante la ejecución, ordenando la venta de los bienes en la forma establecida en el artículo 29. Esta resolución será apelable dentro del término de DOS (2) días en relación y al solo efecto devolutivo. [13] Cfr. Vénica, Oscar H., “Excepciones en las ejecuciones prendarias e hipotecarias”, LLC2003 (Noviembre), 1177, La Ley. [14] Conf. Alvo, IV, N° 172, letra b. [15] Cám. 3 C.C. y Mina Mendoza, JM, XXIX, 530. [16] En el régimen de la ley 9644, Fernández, “Prenda con Registro”,311, N° 88, se pronunció en contra de la excepción de falsedad de título, considerándola inadmisible, ya que se trata de un contrato debidamente inscrito, lo que asegura su autenticidad. En el mismo sentido: Vidales, N°458. Al contrario, la aceptaban: Alvo, IV, N° 154 y 163; Lafaille, III, N° 1892, “Curso de Derechos Reales”. [17] Cfr. Cámara, “ Prenda...”, N° 65.4, p.517. [18]Cfr. Fernández – Gómez Leo, “Tratado Teórico…” [19] Ídem. [20] Cám. Nac. Esp. C.C., VI, LL, 1975-C, 193; Cám. Com., A, LL, 106, 997,; B, LL, 124, 1142; C, LL; 135, 1071; Cám. Paz, I, ED, 13, 671. [21] Cám. Com., A, LL, 114, 846; C, LL, 99, 489. [22] Cám, Com., B, ED, 3, 189. [23] Cám. Com., B, ED, 15, 750. [24]Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Lexis N° 2510/004920, y Fernández – Gómez Leo, “Tratado Teórico…”. [25] Cám. C.C., I, Rosario, LL, 120, 148. [26] ST, II, C.C., Santa Fe, J, 14, 56. [27] C.N.Fed. Civ. y Com., Sala I, 10/11/92, LL, 1993-C-192. [28] C.Nac.Com., Sala F, “MSF/HSF Argentina S.A. c. Chwojnik, Abraham y otros s/ ejecución prendaria”, AR/JUR/46069/2011. [29] Conf. Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 27/6/1989, in re "Banco de Previsión Social v. Milio, Juan V. y otros", LL 1989-E-377. [30]Cam. Com., A, LL, fallo 2474-S, 13/9/59. [31] ARTICULO 23. — El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de CINCO (5) años contados desde que la prenda se ha inscripto, al final de cuyo plazo máximo la prenda caduca. Podrá, sin embargo, reinscribirse por igual término o el contrato no cancelado, a solicitud de su legítimo tenedor dirigida al encargado del Registro antes de caducar la inscripción. Si durante la vigencia de esta se promoviera ejecución judicial, el actor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por el indicado término, todas las veces que fuera necesario. [32] Cam. Com. Sala B, LL, 93, 655.
