La ética del quehacer antropológico en tiempos globales Laura Raquel Valladares de la Cruz
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Introducción El debate sobre la ética en antropología es casi tan viejo como la disciplina misma, pues en general se ha discutido álgidamente por los escándalos y denuncias de prácticas poco científicas, atentatorias de los derechos de los pueblos o comunidades estudiadas, o por el uso de los resultados de las investigaciones antropológicas con fines oscuros (colonización, contrainsurgencia, políticas estatales, etcétera), procesos que decantaron en la construcción de códigos de ética elaborados en los colegios y asociaciones de Antropología, siendo el más emblemático el de la American Anthropological Association (AAA) aprobado en el año de 1967. A diferencia de estas experiencias, en México la discusión sobre los parámetros éticos de nuestro quehacer profesional no ha logrado traducirse en un acuerdo mínimo, es decir, en la construcción de algún tipo de código ético al cual apelar frente a los viejos y nuevos retos que enfrentamos. En este contexto voy a defender la propuesta de que sea el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales
AC (CEAS),
como instancia profesional,
quien retome el debate, recuperando la discusión emprendida en los años recientes para que en el corto plazo esté en condiciones de someter a nuestra comunidad académica un decálogo mínimo de principios éticos que guíen nuestra praxis profesional. Si bien tenemos largos y acalorados debates al respecto, en las últimas dos décadas enfrentamos nuevos retos, tanto en términos epistemológicos
sobre sobre los métodos y
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controles de la construcción de las interpretaciones antropológicas como en lo "
relacionado con los nuevos campos profesionales a los cuales se incorporan mayoritariamente los jóvenes egresados. Estas nuevas realidades nos convocan a retomar la más reciente discusión sobre la ética antropológica en la denominada por Luis Vázquez (2006) como “etapa post académica”, que alude al ejercicio profesional vinculado con un mercado de trabajo más amplio y complejo que el tradicional realizado en institutos de #$%&'(%$)*+,-'(.+/)0%$) 0' 1) 2,+-'$(+0)0 2,+-'$(+0)0 34.5,%6) 7'.$%8%1+.),)9 7'.$%8%1+.),)9 2,+0)0 :;.)8)1)8)< :;.)8)1)8)< =%$$'% '1'>.$5,+>%? '1'>.$5,+>%? 1)4$)-)11)0)$'(<0'1)>$4;@/6)+1<>%6 !
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investigación y universidades. En este último campo problemático argumentaré que la discusión sobre los parámetros éticos del quehacer antropológico han salido del gremio disciplinar para asumir las directrices de fundaciones e instancias supranacionales, y aunque esto no significa necesariamente un retroceso, sí me parece necesario visibilizar y convocar a una reflexión sobre las nuevas formas de nuestro ejercicio profesional y sus implicaciones tanto para la ciencia antropológica, como para el quehacer profesional y sobre las responsabilidades para con quienes trabajamos e investigamos desde nuestra disciplina.
El debate ético en la antropología El debate sobre la ética en la antropología ha transitado por diversos senderos desde el origen mismo de la antropología por ser una disciplina dedicada al estudio de las culturas de diferentes pueblos, comunidades y sectores sociales. Esta característica de estudios sobre y con culturas diferentes a la nuestra nos ha colocado siempre en un escenario en donde el contacto, las influencias e impactos de nuestro quehacer científico nos obligan a considerar nuestras responsabilidades con los diferentes actores involucrados en nuestro trabajo: las comunidades en donde realizamos nuestras pesquisas, la comunidad científica, los integrantes de los equipos de investigación, con la formación de antropólogos, con nuestras instituciones de origen, con el público receptor de nuestros resultados y cada vez más frecuentemente frente a los financiadores y contratantes de nuestro trabajo. Ahora bien, el debate ético ha discurrido por diferentes caminos, uno es el que se encuentra permeado por la visión filosófica, que ha tenido sus referentes en la filosofía de la praxis de Kant y la ética del discurso de Karl-Otto Apel y/o la ética de la liberación de Enrique Dussel, en donde se ha debatido la importancia de la construcción de una ética universal frente a los retos que enfrentamos, en tanto que no son solamente disciplinarios, sino que tienen que ver con procesos mundiales amplios (Dussel 1994). Un segundo ámbito de reflexión tiene raíces ontológicas, en donde se han confrontado perspectivas universalistas y particularistas que por largo tiempo han tenido lugar en el discurso de la antropología. En este camino autores como Esteban Krotz (1993) han puesto en la mesa de debate la forma en que se construyen las interpretaciones A
antropológicas, pues si bien reconocemos la existencia de las propiedades intrínsecas del proceso de producción del conocimiento antropológico, señala que no podemos obviar la importancia de considerar seriamente el carácter ético de la vigilancia epistemológica. Además reconoce la imposibilidad práctica de reglamentar legalmente todos los aspectos vinculados con la realización de las investigaciones, con la vida de y en las instituciones, puesto que esto ocasionaría que en lugar de avanzar por el sendero de una ciencia responsable científica y socialmente, asfixiaría la creatividad y la iniciativa de los investigadores. Sin embargo, es necesario contar con una vigilancia epistemológica de todos los pasos constitutivos de un estudio, por ejemplo, acertadamente señala que es muy remota la posibilidad de que podamos verificar los datos obtenidos por los investigadores en sus largas estancias de trabajo de campo, pues los resultados de investigación siempre se realizan a partir de la presentación de los materiales finales, es decir, no podemos verificar el origen de los mismos o las formas en que se construyen los datos. Asimismo, nos recuerda que en toda traducción antropológica siempre se refleja la personalidad y ciertos intereses del traductor, lo cual no significa una falta de objetividad, sino una jerarquización de los mismos; aun así, siempre se deben respetar los criterios de cientificidad
entre ellos
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deberían estar la presentación de los materiales empíricos de tal forma que los colegas tengan la posibilidad de evaluarlos y no solamente contar con los razonamientos que se elaboran a partir de ellos . A la vez, es necesario tener clara la relación de los diversos "
condicionantes de una investigación concreta, ya que éstos son parte constitutiva de la misma y no elementos que le son exteriores. Es indispensable que la organización de los resultados de una investigación se presente de tal modo que al menos para los lectores especializados les sea posible la reconstrucción de sus pasos decisivos. Lo mismo podemos señalar sobre la importancia de que exista por parte de los investigadores una aceptación y una estimulación de la confrontación y el debate en torno de los trabajos propios, situación que incluye tanto la disposición para exponer y corregir los enunciados de uno mismo y de su grupo, como para revisar estudios de otros, así como el fomento del espíritu crítico en los centros de formación de antropólogos y en todo tipo de foros académicos y profesionales (Krotz 1993, 221-222). Si bien en el artículo de Krotz se sintetizan las principales discusiones sobre la ética en la antropología me parece que vale la pena
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detenerse en cada una para dar cuenta de los debates y los retos existentes; en este sentido continuaré con el listado de temas relevantes. Una tercera dimensión vinculada con la anterior, pero que se ha debatido como una esfera diferenciada y sobre la que se ha hecho gran énfasis, alude a la construcción de los datos antropológicos recogidos en el contexto del trabajo en el campo. Sobre esto se han realizado reflexiones desde diversas perspectivas que van desde la forma en que se levanta la información, el consentimiento informado, el anonimato y la transparencia con que se expresa el objetivo de las investigaciones a realizar, hasta la forma en que a partir de los datos se construye la imagen del otro, de una cultura y/o un fenómeno social. Recordemos por ejemplo, los álgidos debates generados frente al uso de nociones o más sencillamente de títulos sensacionalistas para describir a los yanomami de Venezuela como “pueblo fiero”, en donde el éxito de librería levantó un estigma sobre este pueblo amazónico (Ramos 2004); lo mismo se ha denunciado sobre el sensacionalismo subyacente en los relatos que sobre los huicholes, Wixáricas, que se han realizado en diferentes trabajos antropológicos (Wiegand y Fikes 2004). No se trata de una cuestión menor en virtud de que los datos de trabajo de campo son la fuente primordial de nuestras investigaciones, y aunque partimos de principios básicos aceptados como colectividad
tales como guardar el anonimato de los actores o
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informantes, previendo posibles consecuencias negativas sobre ellos o su comunidad como resultado de nuestras investigaciones , no siempre son respetados, tal es el caso del "
anonimato que no solamente es un principio de sentido común, sino que debe ser pactado en cada investigación. Por otra parte, no se trata de un principio unívoco, pues, tal como lo señalé en un trabajo previo en donde retomé las reflexiones de Ana Bella Pérez Castro, que nos alertaba acerca de algunos casos en donde los antropólogos sin consultar a los investigados, los mantienen en el anonimato, es decir, se les menciona marginalmente en el relato antropológico a través de la sección de reconocimientos con un vago agradecimiento “a la comunidad” por haberlos aceptado en su entorno y en sus vidas, por la información "
y la convivencia compartida , frente a páginas enteras de agradecimientos con nombre y "
apellido a los financiadores de su investigación, a los colegas que habían leído o asesorado
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su trabajo, etcétera. En este sentido Pérez Castro se preguntaba si esta forma de actuar era una conducta ética, o simplemente nos constituimos como “saqueadores de la palabra”.1 Otra arista de este tema se vincula con la forma en que se recopilan y presentan los datos en algunas investigaciones, pues en ocasiones los antropólogos no expresan claramente a las comunidades estudiadas cuáles son sus objetivos, los fines de su investigación y en consecuencia no existe un reintegro de la información recopilada. Se ha señalado que en ocasiones esta falta de claridad sobre los motivos de la investigación se debe al temor de los investigadores a ser rechazados, o porque “la complejidad” del tema hace necesario el observar y documentar determinados procesos en su expresión “natural”. Carlos Garma (2003) ha cuestionado la actitud ética de algunos estudiosos de las comunidades religiosas que en lugar de negociar su presencia en ellas, preferían hacerse pasar como nuevos feligreses, como nuevos conversos, lo que de acuerdo con Garma, además de ser una práctica falta de ética, tampoco garantiza el acceso a información cualitativa significativa, pues por el contrario, se podría acceder a datos significativos si nos presentamos como lo que somos: investigadores interesados en una temática, por lo que debemos transparentar nuestros intereses y necesidades de información. Una cuarta fuente de reflexión proviene de la práctica antropológica, en este caso me refiero a la antropología aplicada y al uso de los conocimientos antropológicos, que tiene una larga historia en y sobre la academia norteamericana (Jorgensen 1980a y 1980b; NACLA 1980;
Fluehr-Lobban 2011). Por su parte, el debate mexicano se ha centrado en la
distinción entre la antropología práctica frente a la teórica, de tal forma que el debate ético sobre la praxis antropológica va emparejada, de acuerdo con Luis Vázquez (2006), al momento en que termina el maridaje de la antropología con el Estado, es decir, cuando el trabajo antropológico deja de ser una profesión de Estado y se inicia un fuerte proceso de academización, lo que se expresó en la apertura de licenciaturas y posgrados en distintas instituciones del país, así como la creación de centros de investigación. A diferencia de la etapa académica, la fase más reciente del desarrollo de la práctica antropológica parece inclinarse cada vez más a las demandas del mercado. !
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Estamos frente a una discusión que tiene por lo menos dos dimensiones. La primera tiene que ver con la polémica no resuelta sobre la falsa distinción entre antropologías teóricas y aplicadas, la cual ha estado colmada de mutuas descalificaciones. Los antropólogos involucrados en proyectos de desarrollo, de defensa de derechos, en consultorías, etcétera, frecuentemente expresan agudas críticas
aunque no siempre fundamentadas sobre la
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falta de compromiso y/o vínculo de los teóricos con los graves problemas de las realidades que investigan, incluso cuestionan su conocimiento en virtud de su alejamiento del trabajo de campo, de tal forma que señalan que para los académicos la ética es sólo una referencia o un tema que no toca a la puerta de sus cubículos universitarios. Por su parte, para algunos académicos la antropología práctica no es científica, se trata solamente de poner en marcha programas sin una reflexión epistemológica que pueda ser digna de discutirse, pues no existen reportes y/o publicaciones académicas generadas por los antropólogos prácticos que permitan emprender un debate entre ambas antropologías. Considero que se trata de una discusión estéril, en el sentido de que el quehacer antropológico requiere, independientemente de donde se realice (en el cubículo, en organizaciones o en pueblos), una base teórica sólida y una responsabilidad ética con su quehacer. Lo mismo puedo decir de aquellos colegas que descalifican el compromiso de los antropólogos con sus temas de estudio, pues la cientificidad no debiera estar divorciada de la sensibilidad y el interés por disminuir o frenar las injusticias y las inequidades existentes en las sociedades que estudiamos. Una quinta expresión del debate ético, ha estado envuelta en una axiología que, basada en el por qué y para qué del quehacer de la antropología, ha puesto en tela de juicio la asepsia de la investigación, es decir, sobre la neutralidad de las investigaciones teóricas de la antropología; este fue un debate que a finales de los años setenta y ochenta del siglo XX tuvo
un importante protagonismo en los procesos de descolonización de Asia y África,
enmarcados en las críticas marxistas al capitalismo reinante. En aquellos años los antropólogos latinoamericanos debatieron sobre la importancia de que los estudios antropológicos sirvieran a causas justas de liberación y expresaban un compromiso con los movimientos indígenas que se gestaban en los años ochenta, véase por ejemplo los contenidos de las Declaración de Barbados I y II. Por este sendero otra sección del gremio se posicionaba señalando la importancia de cambiar la estructura de dominación y X
explotación existente, dicho posicionamiento quedó expresado en la llamada Declaración de
CLALI,
(Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas) signada en el año
de 1980. Sin embargo, no se trata solamente de la existencia de dos posiciones políticas y teóricas enfrentadas, pues un tercer sector de académicos ha defendido la pertinencia de tener siempre una sana distancia frente al sujeto investigado, y sugieren que la participación comprometida con problemáticas sociales y políticas pone en riesgo la objetividad, la imparcialidad y por tanto la cientificidad de sus posiciones analíticas (Valladares 2005). Las dos primeras posturas se han mantenido a lo largo de las siguientes décadas; sobre este aspecto se ha referido recientemente Mercedes Oliveira (comunicación personal), al señalar que el compromiso asumido por muchos antropólogos contra la subordinación, la exclusión y la explotación se ha mantenido de diversas formas, ya sea que a través de sus estudios denuncien las inequidades o bien participando como asesores o actores comprometidos con los procesos de lucha de los pueblos, organizaciones o comunidades con los que trabaja. La diferencia la encuentra en que ese compromiso se expresa de otra manera, pues para los antropólogos contemporáneos es relevante expresar su lugar de enunciación, es decir, señalar claramente desde dónde se analiza y se escribe un proceso o fenómeno, de tal suerte que en el locus de la enunciación se revela su compromiso con las problemáticas que viven las personas con quienes se investiga. Esta posición teórica-política se ha cristalizado en la construcción de nuevas metodologías como las dialógicas, las comprometidas, las denominadas epistemologías desde el sur, o los acercamientos feministas, el enfoque de los derechos humanos, entre los más relevantes. Una sexta preocupación ética está vinculada con la relación investigadores profesores y estudiantes, tanto en la conformación de los equipos de investigación, como sobre la forma en que se expresan u omiten los derechos, deberes y responsabilidades de cada integrante del equipo. En este rumbo tenemos también discusiones acerca de los ritmos y la producción académica de los investigadores que no puede desvincularse de las exigencias que enfrentamos en los marcos institucionales de evaluación, compensación y reconocimiento académico, tales son los casos del ingreso y la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en los sistemas de evaluación y estímulos institucionales.
Condicionamientos
similares
provienen
de
ciertas
directrices
suprainstitucionales, y estos modelos cuantitativos o evaluativos han construido un Y
escenario en donde algunos académicos están inmersos en una vorágine de publicar y publicar pensando en los ritmos y escalas evaluativas. Lo mismo ocurre con las cargas de trabajo que los investigadores asumen al aceptar un número desproporcionado de estudiantes dirigidos, prefiriendo los de posgrado porque son los dadores de puntos, lo que en muchos casos ha demeritado en la atención y seguimiento de sus asesorados. Más de uno conocerá casos de estudiantes que están peregrinando en diversas universidades, institutos y centros de investigación en busca de asesorías porque sus directores no los pueden atender por sus sobrecargas de trabajo. Desde aquí es que nos preguntamos: ¿es ético tener ocho o hasta diez asesorados de posgrado? cuando humanamente no es posible apoyarlos y dirigirlos adecuadamente si consideramos que la dirección de tesis es una tarea que se suma a las cotidianas de dar cursos, hacer investigación de campo, asistir a congresos y seminarios, escribir artículos, y en algunos casos fungir como consultores o asesores, o tener la responsabilidad de un cargo académico-administrativo. Otro punto de tensión vinculado con los equipos de investigación es el relativo a las relaciones, responsabilidades y acuerdos no siempre claros y transparentes entre los integrantes de dichos grupos, pues también en varias ocasiones hemos conocido casos en donde los asistentes o alumnos que participan en un proyecto colectivo se han sentido plagiados, ya que los investigadores o coordinadores no les dan al crédito al retomar los datos que aquellos recopilan en el campo o que plasman en sus informes. Pero no solamente esta tensión se expresa de parte de los ayudantes y/o estudiantes, también algunos investigadores han externado las mismas quejas, de tal forma que es imperioso que en cada proyecto de investigación, en cada contrato, se señale claramente cuáles son las responsabilidades de cada integrante, qué tipo de información podrán publicar, si podrán o no escribir sus tesis, artículos o presentar ponencias; también sería correcto dar los créditos por su labor a cada miembro del proyecto, lo que seguramente evitaría suspicacias y malos entendidos. Un último campo al que deseo referirme es el relacionado con la producción antropológica y la praxis profesional para el mercado, es decir, sobre el quehacer de la antropología en tiempos neoliberales, para lo cual presento el siguiente apartado.
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Ética, globalización, mercado y responsabilidad social Inicio algunas reflexiones sobre la importancia que tiene la ética en la investigación antropológica de cara a los retos que estamos enfrentando y que seguramente serán la tónica en los años venideros. El primero tiene que ver con los enormes procesos de desigualdad social, económica y política que tienen sus mayores efectos en nuestras economías “emergentes” y el resto del mundo en desarrollo, especialmente en los sectores con quienes trabajamos y con quienes realizamos investigaciones. Sin duda, el lado oscuro del discurso del elogio de la diversidad, la multiculturalidad, la consulta, el consentimiento previo libre e informado, la rendición de cuentas, las invasiones a territorios indígenas y las nuevas formas de expropiación conforman los actuales procesos de exclusión en esta era neoliberal, en la cual las inequidades por condiciones de género, clase y etnia continúan siendo el signo fundamental. Es esta situación la que nos convoca como gremio a emprender una reflexión disciplinaria sobre lo que ocurre en nuestras comunidades de estudio, en nuestros países y su rol en el contexto internacional, es decir, sobre el vínculo entre procesos macro y micro sociales y sobre nuestros compromisos éticos frente a estas realidades. Con este marco deseo poner en la mesa de discusión lo que considero como la pérdida del papel que tenía la ética en la comunidad antropológica, pues hasta hace poco más de una década la reflexión ética tenía como ejes referenciales a las asociaciones y colegios de antropólogos, aunque como ya decíamos, sin ningún resultado concreto, es decir, sin códigos o comisiones que den seguimiento, investiguen o den su opinión sobre probables acciones o prácticas poco éticas. Me parece que hoy en día tenemos zonas nebulosas. Las buenas prácticas están asociadas actualmente con el consentimiento informado por parte de los sectores o pueblos con los que realizamos investigaciones, esto de acuerdo a los parámetros emanados por organismos y fundaciones internaciones como el Banco Mundial o las Naciones Unidas y las fundaciones internacionales, entre otras. Y si bien esto ha sido un avance muy importante, pues tienen la intención de respetar los derechos e intereses de pueblos y comunidades en donde se ponen en marcha proyectos y programas, también el “consentimiento” ha tendido a legitimar intervenciones, protegiendo en mayor medida a los [
patrocinadores de los proyectos y programas, salvaguardando o disminuyendo las posibilidades de crisis, quejas o acusaciones diversas que pudieran afectarlos. Es decir, en ocasiones se busca mayormente salvaguardar los derechos e intereses de los patrocinadores que los intereses de los pueblos involucrados, por tanto, se subordina en igual medida la construcción de interpretaciones antropológicas de los fenómenos sociales que investigamos. Este principio del consentimiento informado tiene varias aristas no muy bien delimitadas. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas tenemos principios de comportamiento ético que son promovidos por las agencias supranacionales como Naciones Unidas o el Banco Mundial, vinculadas con la doctrina del respeto a los derechos de las minorías y pueblos indígenas del planeta, que si bien se crearon poniendo el acento normativo partiendo de reconocer los procesos de subordinación y expoliación existentes, también han legitimado nuevas intervenciones y nuevas formas de integración al mercado global. Como muestra de esta afirmación tenemos hechos tales como que los territorios indígenas se han convertido en reservas de la biósfera, en bancos de germoplasma o en reservas energéticas. En este contexto, en muchas ocasiones somos testigos mudos de las nuevas amenazas que viven los pueblos indígenas asentados en espacios territoriales ricos en recursos minerales, que están siendo disputados y codiciados por empresas nacionales e internacionales, así como por los gobiernos locales y el federal (Gómez 2011). Los casos más recientes son los relacionados con la concesión a diversas empresas nacionales y extranjeras para la explotación minera (Boege 2012).2 Ante estas circunstancias me pregunto: ¿bastará la consulta previa, libre e informada? Creo que no. Siguiendo esta línea tenemos el caso del Banco Mundial, que tiene directrices como la 4:20 sobre pueblos indígenas (creada en 1991), la cual condiciona el arribo de créditos para megaproyectos a la consulta previa libre e informada, pero hasta ahora no es claro si lo que busca es proteger a los pueblos y sus territorios de los posibles efectos negativos de los proyectos, o proteger los intereses de ésta y otras corporaciones de posibles demandas y denuncias ominosas como las relacionadas con etnocidios y desplazamientos forzosos, como ha ocurrido en vastas regiones del planeta
tales son los
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casos de los pueblos y comunidades desplazados por la construcción de presas A
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hidroeléctricas en México (Bartolomé y Barabás 1990; Robinson 1992; Pérez 1992; Rangel 1999). Como muestra veamos algunos de los contenidos de la directriz operacional 4:20, misma que fue actualizada y substituida por la 4:10 que señala que se deberán: a) Evitar efectos potencialmente adversos en las comunidades de pueblos indígenas; o b) Si fueren inevitables, minimizar, mitigar o compensar a las comunidades por tales efectos. Las directrices operacionales también están diseñadas para asegurar que los pueblos indígenas sean acreedores de beneficios sociales y económicos culturalmente adecuados e incluyentes en lo relativo al género y al rango de edades. Existen también diversas directrices cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar cualquier daño a los habitantes y al medio ambiente a lo largo del proceso de desarrollo. Así, partiendo de la noción de “efectividad” y “del impacto del desarrollo” ocasionado por la puesta en marcha de los proyectos y programas patrocinados por el Banco Mundial, se ha construido una plataforma para la participación de los interesados en el diseño de los programas y ciertamente ha sido un instrumento importante para involucrar a las poblaciones locales. Entre las políticas de salvaguarda están las siguientes: Evaluación Forestal (OP 4.01), Hábitats Naturales (OP 4.04), Bosques (OP 4.36), Control de Plagas (OP 4.09), Seguridad de Presas (OP 4.37), Recursos Culturales Físicos (OP 4.11), Reasentamiento Involuntario (OP 4.12), Pueblos Indígenas (OP 4.10), Vías Fluviales Internacionales (OP 7.50) y Áreas en Disputa (OP 7.60).3 En el caso mexicano se ha debatido sobre la conveniencia de emitir un instrumento específico de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que ha tomado la forma de una iniciativa de Ley Federal de Consulta a los pueblos indígenas; sin embargo, aún está pendiente su aprobación. Lo que nos señala esta larga demora, es que para el pleno del Congreso dicha ley no es una de sus prioridades. Como podemos constatar, hemos pasado de un abordaje sobre los derechos de los pueblos y comunidades a sus territorios, y por tanto, el derecho a decidir sobre sus formas de organización y sobre los usos de sus entornos, a uno que se acota a evaluar impactos de la intervención gubernamental a través B
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de emprender sendos procesos de consulta, cuyos resultados, por cierto, no siempre son vinculatorios. No está de más señalar que en estas acciones de consulta participan algunos antropólogos, a veces como parte de los equipos del Banco Mundial o de instituciones gubernamentales, y en otros como parte de los equipos de asesores o integrantes de las organizaciones que se oponen a la intromisión y usos de los recursos de los pueblos indígenas con fines comerciales y/o del denominado “desarrollo”. Frente a la diversidad de situaciones y actividades en las que están laborando los antropólogos nos preguntamos ¿cuál es el lado justo, el lado digno? o ¿la participación de uno u otro lado de un problema depende de una ética individual? ¿podemos afirmar que cada uno actúa de acuerdo a su conciencia? Evidentemente yo no tengo la respuesta, pero ciertamente es un ámbito problemático que no podemos eludir, así como no podemos caer en un relativismo tal de hablar de múltiples éticas de acuerdo a cada individuo y su conciencia (Vázquez 2006 y 2004). Estrechamente relacionado con lo anterior, me parece que uno de los cambios significativos en el campo de la reflexión ética es que hemos pasado de discusiones endogámicas, sin resolver la forma de abordar los problemas de la responsabilidad de la antropología y las prácticas no éticas en nuestro país, a sumarnos a principios globales, lo cual no es negativo, sin embargo, esto ha ocurrido en desmedro de las discusiones nacionales. En el caso de nuestro país, esto nos ha llevado a que exista un bajo perfil en las discusiones de temas concomitantes a la ética, como son las que señalé en la primera parte de este capítulo, de tal forma que la producción académica está siendo subordinada a los ritmos de los esquemas de evaluación institucionales que hoy en día existen, así como a la aceptación de contratos de consultoría o investigación subordinados a la aprobación de comités evaluadores. Es igualmente preocupante que en la mayoría de los contratos de consultoría o de servicios profesionales se estén firmando acuerdos relativos al secreto y confidencialidad de la información y los productos generados en los proyectos, sin que se tenga entonces la posibilidad de conocer y evaluar los impactos de los usos del conocimiento antropológico y la validez científica de los mismos. El otro lado de la moneda es analizar los constreñimientos que dichas reglamentaciones ponen a los investigadores en los proyectos de investigación que plantean realizar y que deben ser evaluados por los comités de las fundaciones y/o instituciones que !A
otorgan recursos para su desarrollo, y/o el aval para solicitar recursos o ganar convocatorias. Los procesos de evaluación tienen dos dimensiones, la primera relacionada con las evaluaciones de los proyectos académicos por comités de pares académicos, y la segunda con la ausencia de controles y normas mínimas para el quehacer profesional fuera de las instituciones académicas; a cada uno de estos ámbitos me quiero referir ahora. En cuanto al primero, tenemos que desde hace por lo menos una década la Academia Mexicana de la Ciencia se ha discutido la necesidad de crear un Código de la Investigación Científica, pensando en que sea un parámetro para todas las ciencias que se cultivan en el país (Aluja y Birke 2003). Sin embargo, aún está en discusión y esperamos conocer su propuesta en un corto plazo. En cuanto al trabajo profesional antropológico fuera de la academia, sabemos que hoy por hoy, es un nicho laboral en donde va a parar la mayor parte de nuestros egresados, llámese consultorías, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organismos y dependencias gubernamentales, entre los más relevantes, pero no existe un referente ético mínimo al cual apelar, por lo que sería deseable que fuera el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales
AC (CEAS)
quien tuviera un rol fundamental como guía, difusor y
defensor de los principios que deben guiar el ejercicio profesional (Salmerón et al. 2006). Este es un asunto de reflexión importante, pues a diferencia del trabajo independiente, el trabajo académico realizado en universidades y centros de investigación existe inicialmente en un espacio de protección institucional a nuestras actividades. Se han creado redes internacionales y/o grupos de investigación entre antropólogos mexicanos y extranjeros que debaten nuevos paradigmas y metodologías dialógicas, comprometidas, descoloniales, como la construcción de las llamadas epistemologías desde el Sur, etcétera, que son en sí mismas posturas ético-políticas, aunque hay otras dimensiones en la vida académica que deben ser discutidas abiertamente. Finalmente podría afirmar que las discusiones sobre la ética y la responsabilidad social son espejos de situaciones muy particulares, que en buena medida reproducen la trayectoria de nuestra disciplina: las antropologías metropolitanas son estudiosas del mundo, mientras que nosotros somos en general estudiosos de nuestros contextos nacionales, de allí que los debates sobre el qué investigar, en dónde, con quiénes y el para qué, así como los límites y oportunidades de la investigación aluden inicialmente a nuestro !B
objeto de investigación: nuestras naciones, nuestra diversidad. Aun así, me parece que requerimos ampliar el debate a las distintas dimensiones del quehacer profesional, así como a los contextos macro de las fundaciones, instituciones y empresas supranacionales que están incidiendo en nuestro quehacer profesional.
Los códigos de ética en antropología Si partimos de considerar a los códigos de ética como una expresión de las preocupaciones teóricas, sociales y profesionales de nuestra disciplina, podemos constatar el contraste entre los debates éticos al interior de la academia mexicana frente a los emprendidos por las asociaciones de antropólogos más importantes del orbe como la Asociación Americana de Antropología (AAA), cuyo código de ética ha servido de modelo para la elaboración de los códigos de diferentes países.4 Baste reiterar que en México ni el
CEAS,
ni el Colegio
Mexicano de Antropólogos (CMA) tienen un código de ética. Por su parte el CEAS discute una propuesta de código desde hace varios años. El único referente en esta materia es la Declaración de Principios del
CMA,
que data de la década de los ochenta. Entre los
principios de la declaración está la defensa de la libre decisión de los antropólogos para abordar los temas y con los enfoques que cada académico considere pertinentes. Y ciertamente no entenderíamos esta discusión si no aludimos al contexto en que se elaboró, recordemos que en esa década fue el momento en que la antropología mexicana amplió sus campos de investigación a nuevos temas y sujetos de estudio, pues hasta entonces las investigaciones antropológicas estaban acotadas prioritariamente al tema indígena. La otra arista es la situación que enfrentaban los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en su gran mayoría integrantes del CMA, que además de defender la pertinencia de estudiar nuevos campos problemáticos, estaban reivindicando sus posiciones políticas-críticas. Esta particularidad de defender nuestros campos de trabajo es compartida por las antropologías de Sudamérica, lo que ha quedado plasmado claramente en los códigos de ética de Brasil y de Chile, pues además de señalar los principios axiológicos que deben guiar la práctica profesional, se habla de derechos, una cuestión interesante pues se da C
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cuenta de las condiciones de la investigación que prevalecen en nuestros Estados (véase cuadro núm. 1). En este sentido llama la atención que estos códigos incorporen la dimensión de los derechos en un instrumento que debiera referirse a la ontología y axiología de nuestra disciplina. Cuadro Número 1 Códigos éticos de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) y el Colegio de Antropólogos de Chile.
Código de Ética de la Asociación Brasileña de Antropología ( ABA) Constituyen derechos de los antropólogos, como investigadores: 1. El derecho al pleno ejercicio de la investigación, libre de cualquier tipo de censura respecto al tema, a la metodología y al objeto de investigación. 2. El derecho de acceso a las poblaciones y a las fuentes con las que el investigador requiere trabajar. 3. El derecho a preservar informaciones confidenciales. 4. El reconocimiento del derecho de autor, aun cuando el trabajo constituya un encargo de organismos públicos o privados, y protección contra la utilización sin la debida cita. 5. El derecho de autor implica el derecho de publicación y divulgación del resultado de su trabajo. 6. Los derechos de los antropólogos deben estar subordinados a los derechos de las poblaciones objeto de investigación y tienen como contrapartida las responsabilidades inherentes al ejercicio de la actividad científica. Constituyen derechos de las poblaciones objeto de investigación, y serán respetados por los antropólogos: 1. El derecho a ser informados sobre la naturaleza de la investigación. 2. El derecho a rehusarse a participar en una investigación. 3. El derecho de preservación de su intimidad, de acuerdo a sus patrones culturales. 4. La garantía de que la colaboración prestada al investigador no sea utilizada con el objetivo de perjudicar al grupo investigado. 5. El derecho de acceso a los resultados de la investigación. 6. El derecho de autor de las poblaciones sobre su propia producción cultura. Constituyen responsabilidades de los antropólogos:
Colegio de Antropólogos de Chile Fragmento de la Propuesta de Código Los Principios de Responsabilidad se expresan tanto en Derechos de los/as antropólogos/as como en Deberes de los/as mismos/as. Son derechos: 1. El derecho al pleno ejercicio de la investigación, libre de censura respecto del tema y el objeto de investigación, salvo las que deriven de los límites éticos del ejercicio profesional. 2. El derecho de acceso a poblaciones y fuentes de información con las que el investigador requiere trabajar. 3. El derecho a preservar informaciones confidenciales. 4. El reconocimiento del derecho de autor, aun cuando el trabajo constituya un encargo de organismos públicos o privados, y protección contra la utilización sin la debida cita. 5. El derecho de autor implica el derecho de publicación y divulgación del resultado de su trabajo. 6. Los derechos de los antropólogos deben estar subordinados a los derechos de las poblaciones objeto de investigación y tienen como contrapartida las responsabilidades inherentes al ejercicio de la actividad científica. Son Deberes específicos: I. De los asociados como investigadores. 1. Deberes hacia las personas, las comunidades y su patrimonio cultural. 2. Deberes hacia sus colegas u otros investigadores de su área de interés. 3. Deberes hacia sus colaboradores en una investigación. 4. Deberes hacia los patrocinantes de sus investigaciones. 5. Deberes en la publicación de los resultados de sus investigaciones. II. De los asociados como docentes. 6. Deberes hacia los colegas pertenecientes a su profesión u otra disciplina. 7. Deberes hacia sus alumnos, colaboradores en la !D
1. Ofrecer informaciones objetivas sobre sus calificaciones profesionales y la de sus colegas, siempre que fuera necesario para el trabajo a ser desempeñado. 2. En la elaboración del trabajo, no omitir informaciones relevantes, a no ser en los casos previstos previamente. 3. Realizar el trabajo dentro de los cánones de la objetividad y el rigor inherentes a la práctica científica.
docencia. 8. Deberes hacia las instituciones académicas o de investigación. III. De los asociados como integrantes de instancias de aplicación de saber antropológico. 9. Deberes en el diseño y ejecución de proyectos o programas. 10. Deber de explicitar sus roles de acuerdo a su disciplina y competencias acreditadas. 11. Deber de resguardar los efectos de la aplicación de sus saberes. IV. De los asociados como defensores de derechos civiles (humanos). 12. Deberes hacia las causas que defiende. 13. Deberes hacia los involucrados en sus causas. 14. Deberes como informador de atropellos a los derechos civiles.
Fuente: Asociación Brasileña de Antropología (2012); Colegio de Antropólogos de Chile (2003).
Ahora bien, a diferencia de las discusiones latinoamericanas, en el caso de la trayectoria de la antropología norteamericana, siguiendo las reflexiones de Carolyn FluehrLobban (2011), afirma que el código de ética AAA (1998) fue uno de los últimos en adoptar “la máxima” de los códigos de ética profesional, que consiste en la admonición de “no hacer daño”. Plantea que recientemente se ha realizado un avance significativo al haber incorporado una visión proactiva de la ética, que responde en buena medida al hecho de que no se podría concebir al comportamiento ético, sin procurar hacer algo bueno para las personas con las que se realizan las pesquisas antropológicas. De acuerdo con la autora, esto representa un paso importante hacia un cambio de conciencia ética en los métodos de investigación, pues en lugar de tener una postura defensiva, se decidió sustituirla por un paradigma de investigación cuyos resultados podrían dar lugar a hacer algo bueno para las personas estudiadas desde la antropología, lo que podría significar un cambio positivo para la disciplina y los estudiados. Esta postura reconoce que los antropólogos son responsables ante una profesión que asume un punto de vista ético, con un gran potencial para hacer acciones positivas y nos da varios ejemplos de ello. Este argumento es interesante en tanto se concibe como novedoso, pero como hemos comentado, este debate tiene ya varias décadas en la antropología latinoamericana; de cualquier manera, veamos cuáles serían de acuerdo a Fluehr-Lobban algunos ejemplos de esta nueva ética proactiva promovida por la AAA:
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a) Los antropólogos podrían actuar como intermediarios entre la gente relativamente sin poder
que son los que con más frecuencia estudiamos y los
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organismos de gran alcance y efecto que impulsan las políticas que atañen el bienestar de las poblaciones. Teniendo esto en consideración la nueva versión del código afirma que los antropólogos podrían trabajar como constructores de redes y proveedores de información que permitan vincular a las personas con las agencias, universidades y otras instituciones del lado de los intereses de la población investigada. También podrían trabajar como proveedores de capacidades, ofreciendo servicios lingüísticos y de traducción como parte de una reciprocidad por la información recibida. En este camino, se afirma que se podrían ofrecer cursos de idiomas, especialmente inglés. Asimismo: b) Los antropólogos podrían planificar y ejecutar la investigación con los estudiados, de tal forma que todo investigador debería empezar por preguntarles qué proyecto(s) o qué tipo de investigación le interesa a la comunidad o grupo social, y cómo el antropólogo puede ayudar a la comunidad en el largo plazo. Incluso se plantea que las relaciones con la gente investigada podrían establecerse bajo nuevos parámetros, como podría ser el de colaboradores de la investigación. c) En este mismo rumbo, el código plantea que los antropólogos podrían publicar los resultados de investigación conjuntamente con los estudiantes y miembros de la comunidad que formaron parte del estudio. Los dos últimos puntos entrarían en el rubro de las investigaciones dialógicas y colaborativas que ya emprenden diversos colegas, como por ejemplo, las propuestas de Leyva y Speed (2008), Leyva y Báez (s. a.), entre otros. Retomando las reflexiones de Fluehr-Lobban (2011), me interesa rescatar su propuesta de construir estrategias de investigación que tengan como horizonte hacer algo bueno para los actores o integrantes de las culturas con quienes trabajamos, pues plantea que esta nueva forma de trabajo colaborativo podría ayudar a resarcir algunos de los capítulos más tristes del primer siglo de la investigación antropológica. Desde su perspectiva, esta postura podría transformarse en un movimiento que de manera decisiva llevara a la antropología más allá de sus raíces coloniales en Estados Unidos y conformar así una nueva agenda para la comunidad globalizada en la que el mundo se ha convertido. Esto no deja de ser llamativo porque afirma la conveniencia de cambiar la naturaleza de las !Y
relaciones entre los antropólogos/los arqueólogos y los investigados. Esto significa que los antropólogos deberían ceder el control absoluto sobre su investigación y comprometerse con la comunidad de investigación, situación que de acuerdo con la autora apenas se está comenzando a desarrollar. Otro escenario posible al que se enfrentan los antropólogos es tomar la decisión de no participar en ciertas investigaciones, si consideran que éstas podrían causar algún tipo de daño a las personas impactadas por las pesquisas. Ahora bien, si rescatamos los referentes del debate ético a nivel de la antropología americana, podemos aludir tanto a los códigos de las diversas asociaciones de antropología norteamericanas, como a los códigos de la Asociación Brasileña de Antropología y la propuesta de Código del Colegio de Antropólogos de Chile. Contrasta el caso de México, y es preocupante porque es una disciplina ya centenaria en nuestro territorio. Y preocupa también porque la ausencia de códigos éticos en los colegios profesionales es compartida por todas las instituciones formadoras de antropólogos, que suman aproximadamente 24, y ninguna cuenta con un código de ética, cuando más existen instancias específicas de defensa de derechos de los alumnos, estos son los casos de las defensorías de los derechos de los y las estudiantes en la
UNAM y
en la
UAM.
Lo único que encontramos relativo a la
ética está en algunos de los reglamentos de las prácticas de campo. Son también escasas las escuelas y universidades que tienen en su plan educativo cursos de ética, sólo encontramos un curso específico sobre Antropología Aplicada y Ética de la Investigación, que se imparte en la licenciatura en Antropología Social de la
UAM y
otro en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) en donde se aborda el tema en el marco de la materia Antropología Aplicada. Pareciera que el único caso en donde la ética tiene un papel relevante es en el posgrado en Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, aunque no podría ser de otra manera porque se trata de una licenciatura enfocada a la gestión, es decir, con una vocación explícitamente aplicada. El tema es complejo, tiene varias aristas y genera agrios debates que pasan por discusiones morales y de jerarquías; entre los más relevantes, en este contexto creo que sería bueno retomar una propuesta que surgió en el marco de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos (REDMIFA) y que podría llevarnos a avanzar en este camino, pues se propuso que el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) siendo el colegio con mayor vitalidad y continuidad en México y que además es miembro !Z
de la
REDMIFA,
debería tener un código que sirviera de referente a todas las escuelas e
instituciones de formación y ejercicio profesional de antropología. En este marco el CEAS se ha planteado construir un decálogo mínimo en donde se puedan ver reflejadas las actividades y principios rectores de nuestro ejercicio profesional. Asimismo, me parece imperioso que se incorpore a nuestros planes de estudio una materia en donde se discuta la problemática de ética en sus diferentes implicaciones, formación, difusión, investigación de campo, antropología aplicada, el trabajo en fundaciones, instituciones, etcétera. Debemos retomar la discusión al interior de nuestra comunidad, ciertamente en concierto con las normatividades internacionales, pero privilegiando los intereses de los sectores que estudiamos y a la ciencia antropológica. Finalmente, me gustaría concluir señalando que la ausencia de códigos y comisiones de ética es compartida en general por casi todas las ciencias, esto no significa “mal de muchos consuelo de tontos”, sino por el contrario, da cuenta de la necesidad de colaborar como comunidad científica para construir o plasmar nuestras responsabilidades éticas en códigos y reglamentos institucionales. Un punto de partida podría ser retomar los recuentos de dilemas y preocupaciones que varios antropólogos hemos señalado. Podríamos acercarnos en este camino a lo que han realizado los médicos, en específico los comités de bioética; sin embargo, debemos tomar precauciones, pues en diferentes foros los investigadores de temas vinculados con la salud se han expresado con preocupación por el poder que adquieren los comités de evaluadores, que en ocasiones en lugar de fortalecer la ciencia, entorpecen o dilatan la puesta en marcha de investigaciones relevantes, cuando no ocurre que los dictámenes de pares que supondrían imparcialidad y honestidad en sus evaluaciones, son cuestionados pues parecieran beneficiar y castigar a los investigadores por causas extra académicas y por tanto no éticas. No es por lo tanto, la creación de comités de ética en la antropología la mejor solución para vigilar, evaluar o avalar el trabajo antropológico; sin embargo, sí veo necesario construir reglamentos en las instituciones antropológicas que ayuden a reducir y prevenir malas prácticas académicas.
Algunas reflexiones finales
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He pretendido presentar algunos de los temas centrales que involucra la reflexión ética desde el ejercicio profesional de la antropología, aunque quedaron pendientes de discutir algunas aristas. Una que considero de enorme relevancia es la búsqueda de estrategias para no continuar perdiendo el control sobre lo que investigamos, aquí me estoy refiriendo a la firma de contratos en donde el secreto y la confidencialidad de los datos construidos le pertenecen a los financiadores o contratantes de los antropólogos. La propiedad de la información queda estipulada en los contratos, de tal manera que en muchos casos la información, los usos y los resultados de nuestras investigaciones quedan en manos de los patrocinadores, y esto implica situaciones tales como que el uso de la información recopilada y analizada no pueda ser utilizada por el investigador para presentar una tesis, escribir artículos, o presentar sus hallazgos en reuniones académicas. Pero más alarmante aún, es el hecho de que se pierda el control sobre los usos de la información que generamos. Sin embargo, estos son los nuevos parámetros y por tanto los nuevos riesgos del trabajo dependiente de agencias, consultoras, fundaciones y demás patrocinadores, por lo que nos preguntamos ¿en dónde queda la ética, el compromiso, el principio de procurar que la información obtenida no dañará a los pueblos o grupos con quienes se realizó la investigación, en dónde queda la discusión sobre los controles y la validación de la construcción del conocimiento? Aquí es donde sitúo uno de los mayores retos para nuestro quehacer antropológico, porque bien que mal, contamos con códigos consuetudinarios, tenemos acuerdos implícitos y otros explícitos que se deben cristalizar ya en un código mínimo y consensuado. En este rumbo hemos conformado sendos equipos de investigación nacionales e internacionales cobijados por nuestras instituciones, hemos intentado crear redes basadas en identificaciones y preocupaciones comunes, podemos con cierta amplitud controlar el proceso investigativo, el uso de la información y los compromisos con las realidades que estudiamos, aunque ciertamente hay que negociar duro para lograr que se dirijan recursos a las instituciones de investigación. A la vez, hemos emprendido nuevos diálogos colaborativos, como los esfuerzos encabezados por la Red de Antropologías del Mundo (RAM) y el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología (WCAA, por sus siglas en inglés), que tienen como premisa la búsqueda de nuevos equilibrios que estimulen diálogos
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más horizontales entre el Sur y el Norte.5 Pero también enfrentamos nuevos embates: la crisis del modelo neoliberal, el crecimiento alarmante de la pobreza en una caída que parece no tener fin a corto plazo, situación que viven también los países desarrollados. El escenario en nuestra América es más acuciante, baste señalar el caso de México que se encuentra en el nivel 11 en cuanto a las economías del mundo, pero al mismo tiempo tiene el lugar 66 en cuanto redistribución del ingreso. En este contexto, de más está el señalar que la antropología se ha caracterizado por tener como uno de sus compromisos sociales analizar, denunciar, explicar los efectos de estas inequidades, así como develar los efectos del modelo económico en términos de los altos costos sociales, de seguridad y de sobrevivencia para muchos pueblos y minorías con quienes trabajamos; parafraseando a Philippe Bourgois (1990), tendríamos que expresar algo sobre los rituales sacrificiales en que viven vastos pueblos y grupos. En este sentido, me parece que estos y otros muchos dilemas vinculados con el quehacer ético de nuestra disciplina requieren ser nombrados, discutidos y explicitados. Vivimos tiempos de incertidumbres, de violencias económicas y políticas sin parangón, hoy más que nunca debemos luchar por promover una antropología socialmente responsable, que retome los principios éticos del compromiso con los actores sociales con que trabajamos, con la academia, con la formación de antropólogos, en síntesis, con una práctica profesional responsable, por contratos que garanticen el respeto a las culturas, a la diversidad, a la ciencia antropológica; no más pero tampoco menos.
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