DOCTRINA CONSTITUCIONAL
DOCTRINA CONSTITUCIONAL
Los regalos de Baltasar y la imparcialidad del juez Marianella LEDESMA NARVÁEZ*
NOTAS PRELIMINARES El caso en comentario acoge un pronunciamiento judicial bastante anecdótico, que deriva de una instrucción por lesiones graves seguida contra el rey mago Baltasar, en Huelva-España. Los hechos denunciados ocurrieron durante la cabalgata de Reyes de 2010, cuando el rey Baltasar arrojó los caramelos con un excesivo ímpetu, que uno de ellos gol peó a la denunciante y le produjo una lesión ocular, lo que motivó que denunciara al mago de oriente por lesiones.
El juez previamente al archivo del caso, se pronunció acerca de diversas cuestiones de carácter procesal. Afirmó que no podía encausar al mago de Oriente porque se trata de una persona extranjera, sobre la que España no tenía jurisdicción, y además porque el propio juez se consideraba fiel seguidor desde pequeño. En el fallo, el propio juez se pregunta si estaría obligado a formular su abstención, pues reconoce que el rey mago Baltasar, con el concurso de los reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada 6 de enero desde que tiene uso de razón; no obstante ello, no formula abstención, dejando en libertad a la parte para que, si lo estimara pertinente, lo recuse; y ello por considerar que la persona denunciada no sea, tal vez, el propio rey mago Baltasar, sino la persona que representa ba al mismo en la cabalgata del día 6 de enero. Precisamente, esta pública confesión que hace el juez, sobre su simpatía hacia el encausado, es lo que motiva hacer este comentario para distinguir entre abstención, impedimento y recusación, en la actividad de los jueces.
Una de las garantías de un proceso constitucionalmente válido es la independencia e imparcialidad de los jueces, la cual es exigida por los justiciables a través de la recusación, o evaluada por el propio juzgador por medio de supuestos de abstención o el impedimento. En este escenario, la autora desarrolla cada una de las figuras descritas, resaltando el hecho que la falta de imparcialidad debe ser analizada en cada caso en concreto cuando se presenten motivos que perturben la función de juez y no de forma abstracta.
I. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Abordar el tema de la imparcialidad requiere previamente que este sea ubicado dentro del contexto de la independencia judicial, pues, en la medida en que no se garantice esta, la imparcialidad estaría en riesgo de afectarse. Se dice que la independencia judicial es para la administración de justicia como el oxígeno para la vida humana; en atención a ello, es necesario que los jueces sean independientes para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues la actuación del derecho objetivo se hará solo con sujeción a la ley, desvinculándose de cualquier otra sumisión o influencia1.
La independencia judicial puede ser definida como la presencia de una actuación jurisdiccional libre de interferencias e influencias, de manera tal que los jueces decidan solamente conforme a Derecho y no basándose en criterios extrajurídicos, sean estos políticos, económicos, culturales y/o sociales. Implica la no intervención de poderes
*
Doctora en Derecho. Jueza Supernumeraria. Profesora ordinaria en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1 El Tribunal en la STC Exp. Nº 00023-2003-AI/TC señaló que la independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional.
GACETA CONSTITUCIONAL & P ROCESAL CONSTITUCIONAL Nº 76
177
A L L I M U S
D OCTRINA
ni funcionarios de otros órganos, en la tarea de administrar justicia. Tiene un solo significado: que los jueces administren justicia, de manera imparcial, tomando como único norte, la ley.
apariencia en el estudio de la im parcialidad. Siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo, recogida por el Tribunal Constitucional peruano en el caso Ivesur, dice:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de excepción” 2.
“Un Tribunal no podría, sin em bargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia (...) debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)” (caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984; STC Exp. Nº 00023-2003-AI/TC y STC Exp. Nº 0004-2006-PI/TC); Así, las garantías derivadas del derecho a ser juzgado por un juez ar bitral imparcial son plenamente aplicables, incluso bajo la teoría de la apariencia, cuando el nom bramiento de los miembros (alguno o algunos) del Tribunal ar bitral la efectúa una institución ajena a las partes del convenio que permite su constitución (STC Exp. Nº 6149-2006-AA/ TC, fundamento 62)4.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que debido a la delicada labor que desempeña el juez como garante de la aplicación de las leyes y de la Constitución, debe gozar de credibilidad social. Para ello, tiene que despojarse de intereses particulares o cualquier influencia externa que pueda incidir en sus decisiones. Asimismo, advirtió que al ser la independencia judicial uno de los principios propios de la función jurisdiccional, que supone el respeto a la autonomía del Poder Judicial, tanto por parte de los poderes públicos como particulares, así como dentro de la propia institución, las decisiones de los jueces no solo deben ser imparciales, sino que dicha imagen debe proyectarse a la sociedad3. De ahí que el Tribunal Constitucional ha incorporado la teoría de la
2 3 4 5
Esto significa que la legitimación de un juez para conocer un conflicto no debe analizarse bajo las restricciones que señala la norma procesal para el impedimento y la recusación, sino que bajo las justificaciones de la abstención debe
asumirse a la teoría de la apariencia, a fin de preservar la credibilidad social en sus decisiones. La independencia no puede confundirse con la imparcialidad o neutralidad. Considera Requejo 5, que la independencia del juez no es más que una institución jurídica en virtud de la cual el sistema delimita con precisión el sector del ordenamiento que encierra los elementos relevantes para el juez a la hora de ejercer jurisdicción, desconectando a este de los sectores sistémicos que por su mayor grado de indeterminación o por contener información sistémica escasamente elaborada parece conveniente excluir de lo que ha de constituir el núcleo argumentativo y de actuación con arreglo al cual el juez debe aplicar jurisdiccionalmente el derecho. Con esta desvinculación –dice Requejo– “se persigue que el ordenamiento sea la única base de actuación del juez y además que lo sea sin la injerencia de otros órganos a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento que ha de aplicarse en cada caso”. Se confía en el juez para que sea él quien decida qué norma y de qué modo debe aplicarse, sin que puedan producirse injerencias desde otras sedes, razón por la cual se priva de relevancia jurídica a todo tipo de orden o requerimiento encaminado a imponer al juez un determinado criterio. El único criterio jurídicamente relevante es el configurado por la norma jurídica interpretada y aplicada de conformidad con las reglas de interpretación y aplicación contenidas en el propio sistema, entre las cuales el principio de independencia excluye, por ejemplo, las órdenes de
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia del 30 de junio de 2009, parágrafo 68. STC Exp. Nº 02250-2007-PA/TC. STC Exp. Nº 02851-2010-PA/TC. REQUEJO PAGÉS, Juan Luis. Jurisdicción e independencia judicial . Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1999, p. 164.
178
LOS REGALOS DE BALTASAR Y LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
los superiores jerárquicos 6. Lo desarrollado líneas arriba nos permite reafirmar algunas ideas eje: -
La independencia es necesaria para la existencia de la judicatura. Mientras más amplias sean las garantías que goce el juez en el ejercicio de su cargo, tanto mayor será su independencia.
-
Cuando se reclama la independencia de los jueces no se está pidiendo nada para los jueces mismos, sino que se está exigiendo algo que sirve para asegurar los derechos de los ciudadanos frente a la labor de la jurisdicción.
-
La independencia del juez le permite tener como único norte la ley, privilegiando en su interpretación los valores constitucionales sobre cualquier disquisición; además ninguna autoridad, ni siquiera los magistrados de instancia superior, pueden interferir en su actuación; tal como ex presamente lo señala el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
-
6 7
Por último, nadie puede irrogarse la facultad de orientar las decisiones judiciales. Cada juez debe ejercer independientemente la función jurisdiccional para que pueda considerarse un juez imparcial, caso contrario, estará mirando la solución bajo la arista de quienes la dirigen o la imponen. Como dice Montero Aroca7: “La independencia no supone discrecionalidad ni que el juez esté sometido a su conciencia al momento de sentenciar, sino implica ser independiente para poder quedar sometido a la ley, pero no a cualquier ley sino la que opere
privilegiando los principios de la Constitución; sin embargo, la independencia solo se explica, solo se justifica, solo sirve para poder actuar el derecho objetivo en el caso concreto, es decir, para que los jueces puedan cumplir su función con la única vinculación: la ley”. II. MARCO NORMATIVO QUE PRESERVA LA IMPARCIALIDAD El sistema de impedimentos y recusaciones ha sido construido dentro del Derecho Procesal para que los ciudadanos, y especialmente las partes, puedan evitar que en determinado caso se vulnere el principio de la imparcialidad del juez. El Código Procesal en los artículos 306 y 310 establece el procedimiento para el ejercicio de esta garantía del justiciable, que a la vez posibilite la defensa del juez frente a quien va dirigida la sospecha. 1. La recusación La recusación es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluntad para que un juez determinado se se pare de su conocimiento por sospechar de su imparcialidad. El sujeto activo siempre es la parte y el pasivo el juez de todas las instancias, aun los de la sala de casación. La recusación tiene que fundarse en algún motivo como razones de parentesco, de sentimientos, entre otras causas que detalla el artículo 307 del Código Procesal Civil; caso contrario se rechazarán liminarmente tal como hace referencia el artículo 314 del Código Procesal Civil. El Código Procesal admite la recusación con expresión de causa y promueve un incidente contra el juez, invocando hechos y situaciones jurídicas tipificadas en la
norma procesal con el objeto de obtener la separación del proceso; sin embargo, existen algunas legislaciones foráneas que admiten la recusación sin causa, pero es cuestionada en la doctrina por considerarla abusiva.
Para nuestro Código Procesal, este modelo de recusación sí requiere la demostración de alguna circunstancia capaz de arrojar sospechas so bre la imparcialidad del juez. En cambio, en la recusación sin expresión de causa –señalan sus detractores– podría constituirse en un medio frecuente utilizado con el deliberado propósito de obstruir o dilatar el curso de los procedimientos y que incluso puede hacer ilusoria la distribución proporcional de los procesos; además porque no se puede negar que existan numerosas situaciones de hecho que, sin configurar estrictamente causales de recusación previstas por la ley, ni poder encuadrarse en ellas pese al alcance más amplio que se les asigne, implican el riesgo de un proceder judicial no exento de favoritismo hacia alguna de las partes. Nótese que el inciso 3 del artículo 314 del Código Procesal Civil señala que si no se ofrecen los medios pro batorios necesarios para acreditar la causa de recusación, esta se rechaza, sin embargo, es precisamente este uno de los argumentos que se utilizan para justificar la recusación sin causa, pues se permitiría la posibilidad de apartar del conocimiento del proceso a un juez que, pese a hallarse incurso en alguna causal de recusación, la prueba de los hechos que la configuran resulta imposible o de dificultosa producción. Otra razón recae en la conveniencia de brindar a las partes una mínima garantía de selección, merced a la cual pueden
Ídem. MONTERO AROCA, Juan. Derecho jurisdiccional . Parte general . Bosch, Barcelona, 1994, p. 109.
GACETA CONSTITUCIONAL & P ROCESAL CONSTITUCIONAL Nº 76
179
D OCTRINA
evitarse los inconvenientes derivados de la actuación de un magistrado negligente. 2. El impedimento El impedimento es el hecho legalmente previsto que imposibilita al juez conocer de un proceso judicial. Los impedimentos están fijados en el artículo 305 del Código Procesal Civil para asegurar la imparcialidad del juez y ofrecer garantía a los administrados y litigantes. Cuando concurre una de las causales del citado artículo 305 del Código Procesal Civil, el juez está obligado a declararse impedido tan pronto advierta la existencia de ella. Tales causales son taxativas y deben, por lo tanto, interpretarse restrictivamente. Si no lo hace, cualquier persona podrá formular contra él una recusación, para que no conozca de la actuación o del proceso.
La recusación y el impedimento persiguen el mismo fin: apartar del juez sospechoso como garantía del justiciable. Cuando el juez siente afectada su imparcialidad, desde ese mismo momento de la manifestación surge una condición impeditiva para el ejercicio de la función jurisdiccional en el respectivo proceso. En ese sentido, dice la norma: “El juez a quien le afecte alguna causal de im pedimento, deberá abstenerse y declararse impedido tan pronto advierta la existencia de ella”. Adviértase que las razones de impedimento y recusación se aplican a los jueces de todas las instancias y a los de la sala de casación, esto es, desde el juez lego (juez de paz) hasta el juez supremo; ello es coherente porque todos los jueces de todas las instancias ejercen función jurisdiccional y una de las garantías del ejercicio
8
Levítico 19:15
180
de esta función es la imparcialidad.
La relevancia de la teoría de las necesidades en la filosofía jurídica española contemporánea está fuera de discusión, no así, la idea de democracia deliberativa.
Tanto la recusación como el impedimento constituyen una garantía indirecta para el justiciable como plataforma del ejercicio de la función jurisdiccional con rectitud e im parcialidad. Ello es atendible porque en toda actuación de la jurisdicción existen dos partes enfrentadas entre sí que acuden a un tercero im parcial, llamado juez, para que decida el conflicto. Esa potestad jurisdiccional del tercero para definir los conflictos exige que este no sea al mismo tiempo juez y parte. La razón de ello se explica en la concepción misma de justicia. Si la justicia está constituida para dar a cada uno lo que le corresponde, el juez al aplicar el derecho en ejercicio del poder jurisdiccional, no puede lícitamente inclinar la balanza de la justicia a favor de uno u otro por razones sub jetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibrado e imparcial. El único interés que les guíe debe ser la recta administración de justicia, sin desviar su criterio por consideraciones de amistad, enemistad, simpatías y antipatías respecto a litigantes, o por posibilidades de lucro personal, o por razones políticas, entre otras; de ahí que resulte tan acertada la cita de Levítico en la Biblia, cuando dice: “No actúes con injusticia cuando dictes sentencia: ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso”8. 3. La abstención La abstención es el deber de cada juez de apartarse del conocimiento del proceso por considerarse parcializado. El artículo 313 del Código
Procesal Civil permite al juez abstenerse, no por causas recogidas en la recusación e impedimento, sino en las fundadas en otros motivos graves de decoro o delicadeza.
En lo que atañe al derecho de abstención, la ley adopta una fórmula flexible, porque remitiendo fundamentalmente a las motivaciones subjetivas del juez, tiende a respetar todo escrúpulo serio que este manifieste en orden a una posible sospecha sobre la objetividad de su actuación; en ese sentido, la redacción del texto del artículo 313 del Código Procesal Civil señala: “Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada”. La abstención constituye un deber de los jueces y su procedencia o im procedencia está exclusivamente reservada al juicio de otros órganos judiciales. En ese sentido el artículo 313 del Código Procesal Civil señala: “El juez que se abstiene remite el expediente al juez que debe conocer de su trámite. Si el juez a quien se remiten los autos considera que los fundamentos expuestos no justifican la separación del proceso, seguirá el trámite previsto en el artículo 306 para el impedimento”. La abstención a continuar con el conocimiento del proceso no está su jeta al libre albedrío del juez, sino que ella tiene que ir acompañada de referentes objetivos que lleven a justificar las razones por las cuales el juez se aparta de sus funciones; caso contrario, el juez incurriría en
LOS REGALOS DE BALTASAR Y LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
responsabilidad funcional por apartarse indebidamente del proceso. La parcialidad del juez no es tolerada por el sistema procesal, por ello, se permite a las partes que puedan separar al juez del proceso, bajo criterios objetivos. En todo caso, cuando el propio juez aprecie que estaría incurso en supuestos que impidan realizar su labor de manera imparcial, puede este voluntariamente apartarse del proceso; sin embargo, hay circunstancias en que el retiro del juez no puede darse por argumentos objetivos, que recogen tanto los artículos 305 y 307 del Código Procesal Civil, sino que como señala el artículo 313 del Código Procesal Civil, por “motivos que perturben su función”. Bajo esas circunstancias, se permite que el juez pueda retirarse del proceso, siempre y cuando justifique, a través de una debida motivación, las razones que perturban su imparcialidad. El hecho de que la parte haya denunciado al juez ante la Oficina Descentralizada de Control Interno del Poder Judicial no es justificante para amparar la abstención por decoro. Véase sobre el particular el siguiente pronunciamiento: “El hecho que una de las partes formule denuncias o quejas contra el magistrado a cargo de un proceso, no quiere decir que el magistrado sea su enemigo o amigo de la otra parte, máxime si se tiene en cuenta que lo hace en ejercicio de un derecho que asiste a las partes sin distinción alguna. En efecto, las denuncias o quejas que pudiesen formular las partes no constituyen situación que perturbe la función jurisdiccional del magistrado, por lo que no puede ser causal para que se separe del proceso, máxime si como en el presente caso el proceso so bre el cual señala el recurrente haber
formulado denuncias no tiene relación alguna con los autos, no existiendo coincidencia entre las materias o las partes”. Para Romboli9, la imparcialidad no debe ser vista como una institución que implica absoluta desvinculación e indiferencia a la causa a decidir, por parte del juez, ni la puntual y escrupulosa observancia de la ley, sin que otras “fuerzas” puedan apartarlo de ello; sin embargo, debemos tener en cuenta que el juez no obra como un mero aplicador de leyes, sino que efectúa juicios de valor que lo conducen a escoger una de las interpretaciones posibles, y sobre las cuales –como señala Romboli– no puede dejar de influir la visión del mundo, propia del magistrado en particular. En esta labor, “todas las normas necesariamente deben ser interpretadas y el margen de elección que se concede al operador jurídico es directamente proporcional a la generalidad de la disposición a aplicar; por ejemplo, el margen será mayor para las normas constitucionales, bastante elásticas por naturaleza, a las cuales el juez debe referirse, no solo para evaluar la no manifiesta carencia de fundamento de eventuales cuestiones de legitimidad constitucional, sino también y sobre todo para orientar su actividad interpretativa, y para elegir entre las varias soluciones posibles aquella que sea más conforme al dictado constitucional, según la interpretación que él mismo le atribuye” 10. El tema propuesto no se orienta entonces a cuestionar la imparcialidad del juez, entendida esta como “la puntual y escrupulosa observancia de la ley sin que otras ‘fuerzas’ puedan apartarlo de ello”, sino que va más allá: busca cautelar la libertad que debe tener todo juez para ejercer
su función con independencia. Esos juicios de valor que le llevan a escoger por una u otra interpretación de la norma, deben ser realizados con la mayor libertad, para elegir –con independencia– por la que sea coherente con el mandato constitucional, según la interpretación que el propio juez le atribuya y que lo trasmita en la motivación de sus resoluciones. La decisión del juez de apartarse del proceso no solo se agota en dicha determinación, sino que encierra una afectación mayor: la postergación de una tutela efectiva, la que se hace más cuestionable cuando se hace uso indebido de dicha facultad. Se sostiene ello porque al nuevo juez que recibe el proceso de la abstención, no puede serle convincente los argumentos que expone el juez reticente para apartarse del proceso. En esas condiciones, señala el artículo 313 del Código Procesal Civil, que si el juez a quien se remiten los autos considera que los fundamentos expuestos no justifican la separación del proceso, seguirá el trámite previsto en el artículo 306 del Código Procesal Civil, esto es, remitir los autos en consulta al superior en grado para que resuelva sobre su legalidad. Si se acepta el impedimento se enviará el expediente al juez que deba reemplazar al impedido; en caso contrario, se devolverá al juez que venía conociendo. En tanto sucede ello, el proceso y toda la actividad procesal se paraliza. Hay muchos factores que contribuyen a la demora judicial, algunos atinentes a la voluntad y arbitrio del juez, otros a la inconducta procesal de los litigantes; sin embargo, se sostiene que el abuso de la abstención que se viene haciendo, ha
9 ROMBOLI, Roberto. El juez preconstituido por ley. Pontificia Universidad Católica del Perú, Palestra, Lima, 2005, p. 200. 10 Ibídem, p. 201.
GACETA CONSTITUCIONAL & P ROCESAL CONSTITUCIONAL Nº 76
181
D OCTRINA
hecho que el instituto pierda su prestigio y adquiera las características de un procedimiento destinado a obstruir la tramitación rápida del proceso. Como dice Palacio, “ese abuso le ha hecho perder algo más: el efecto constructivo y educador que tiene ante la opinión pública, la se paración del conocimiento del proceso al juez por justa causa”. Se busca apartar por razones que prestigian la conducta del juez, que por causas o motivos de desprestigio: la severidad, la honestidad, la rectitud y la fortaleza. Los institutos procesales de la excusación y recusación tienden a garantizar la independencia e imparcialidad del juzgador respecto de las partes, pero su uso no siem pre se efectúa conforme a los principios éticos que inspiran al proceso judicial; todo lo contrario, es utilizado como un mecanismo de amedrentamiento al juez para lograr que este se aparte del proceso o permita, con la abstención, dar cabida a la tramitación que recoge el artículo 306 del Código Procesal Civil, provocando una serie de reenvíos inter jueces, que por sus dilaciones procesales afectan el regular desarrollo del proceso.
procesal, la Policía y otros órganos que determine la ley entre los que podemos citar, al cuerpo médico forense, a los traductores e intérpretes, entre otros 11.
III. EXTENSIÓN DE LA IMPARCIALIDAD A OTROS ÓRGANOS JUDICIALES
La recusación es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluntad para que otros sujetos procesales ajenos al juez, no intervengan en el proceso por sospechar de su imparcialidad. El sujeto activo siempre es la parte y el pasivo los auxiliares jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial de todas las instancias.
Un tema que relevar en este comentario es afirmar que la imparcialidad es una garantía recurrente para los litigantes frente a la actividad de los jueces; todo lo contrario, tam bién esta garantía se extiende a los auxiliares judiciales y a los órganos de auxilio judicial, que realizan una labor complementaria, de apoyo a la actividad judicial para que esta pueda cumplir sus fines. Podemos citar como órganos de auxilio judicial, al perito, depositario, interventor, martillero público, curador
11 Véase el artículo 55 del Código Procesal Civil.
182
Esta exigencia de imparcialidad es razonable, porque en el desarrollo del proceso concurren diversos su jetos, como los llamados auxiliares jurisdiccionales, quienes van a tra bajar por la operatividad del sistema judicial y de manera particular por el proceso judicial. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 249) como el artículo 54 del Código Procesal Civil coinciden en señalar a los secretarios de sala, relatores, secretarios de juzgado y los oficiales como auxiliares de justicia. El artículo 315 del Código Procesal Civil regula la posibilidad de la recusación, tanto a los auxiliares jurisdiccionales como a los órganos de auxilio judicial. Establece que pueden ser recusados por las causales contenidas en el artículo 307 del Código Procesal Civil en lo que sean aplicables, ante el juez o la Sala judicial respectiva. La tramitación de ella se rige por las reglas del artículo 310 del Código Procesal Civil.
Por otro lado, tanto los auxiliares jurisdiccionales como los órganos de auxilio judicial están sujetos a las causales de impedimento reguladas en el artículo 305 del Código Procesal Civil. En tales circunstancias, tienen el deber de abstenerse si
se encuentran afectados por dichas causales. El impedimento es la espontánea declaración que hacen los sujetos procesales, llámese auxiliares jurisdiccionales u órganos de auxilio judicial, de encontrarse impedidos para conocer de un asunto. El im pedimento es el hecho legalmente previsto que imposibilita a dichos sujetos intervenir en el proceso judicial. Las causales para los impedimentos están fijadas en el artículo 305 del Código Procesal Civil; ellas tienden a asegurar la imparcialidad de los auxiliares jurisdiccionales y de los órganos de auxilio judicial, a fin de ofrecer garantía a los administrados y litigantes. Cuando concurre cualquiera de las causales del citado artículo 305 del Código Procesal Civil, dichos sujetos están obligados a declararse im pedidos tan pronto se advierta la existencia de ella. Tales causales son taxativas y deben, por lo tanto, interpretarse restrictivamente. Recusación e impedimento persiguen el mismo fin: apartar a los auxiliares jurisdiccionales y órganos de auxilio judicial del proceso como garantía del justiciable. Asimismo, cuando ellos sientan afectada su im parcialidad, desde ese mismo momento surge una condición impeditiva para el ejercicio de la actividad judicial en el respectivo proceso, situación que debe llevar a la abstención por declararse impedido. CONCLUSIONES 1. La independencia e imparcialidad de los jueces, son garantías establecidas a favor de los justiciables, y para ello se ha creado la abstención, el impedimento y la recusación, como mecanismos para preservar la
LOS REGALOS DE BALTASAR Y LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
imparcialidad en las decisiones de los jueces.
los que deben ser graves, de decoro o delicadeza.
2. La abstención implica el deber del juez de apartarse espontáneamente del conocimiento del proceso, cuando se hallare com prendido en alguna de las causas de recusación. Además, implica la facultad del juez para invocarla, cuando se presenten motivos que perturben su función,
3. La abstención del juez a intervenir en un proceso judicial debe ser tratada con prudencia, pues, al ser un incidente dentro del camino procesal puede alterar la celeridad y la tutela efectiva que se busca alcanzar. Al caso concreto, es perfectamente aplica ble el no haber optado por ella,
GACETA CONSTITUCIONAL & P ROCESAL CONSTITUCIONAL Nº 76
pues los hechos así narrados no se ajustan a supuestos de impedimento ni recusación, a pesar de que el juez invoque haber recibido regalos de los Reyes Magos, cada seis de enero. Se debe tener presente que la falta de imparcialidad del juez no puede ser alegada en abstracto, sino tiene que ser probada en cada caso concreto.
183
