HISTORIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA M AGISTRATURA El Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) fue inicialmente estatuido por la Constitución de 1979 y reformulada en la vigente Carta de 1993. Forma parte del conjunto de instituciones que integran el sistema de justicia, y su misión es la de transferir el poder democrático a los ciudadanos que deben ejercer la alta misión de impartir justicia garantizando de ésta manera los principios constitucionales de independencia e imparcialidad judicial. En ese orden de ideas, el CNM se encarga de seleccionar, ratificar y destituir a los jueces (y fiscales) del Perú. Esta alta misión ha sido uno de los fundamentos por los cuales el constituyente optó por una composición plural del CNM, no solamente con la participación de los representantes de los propios estamentos de justicia (jueces, abogados y profesores de derecho) sino además con una cuota cualificada de representantes de los sectores de la sociedad organizada y que no tienen ninguna formación jurídica. Se trata de una construcción constitucional sui generis que ha permitido en éstos últimos años afianzar el modelo de organización judicial que procura preservar los principios de independencia e imparcialidad judicial mediante la selección y evaluación (léase ratificación), por un estamento ajeno al poder político, además de habilitar el análisis multidisciplinario del perfil de los jueces (y fiscales). Es decir, desde una visión multidisciplinaria analítica de cada caso desde diferentes frentes. Sin embargo, uno de los grandes cuestionamientos al modelo constitucional del CNM peruano es precisamente ese, es decir, la pluralidad de su composición, argumentándose al efecto que la selección y evaluación de jueces debe ser un tema en exclusiva de los especialistas en materia jurídica. LA TRANSFERENCIA DEL PODER A LOS JUECES Desde la perspectiva del constitucionalismo clásico el poder se adquiere por la voluntad general de los pueblos. Rousseau señala:
¿Qué es, pues, propiamente un acto de soberanía? No es convenio del superior con el inferior, sino del cuerpo con cada uno de sus miembros. Montesquieu años más tarde teoriza el Estado inglés a fin de justificar la necesidad de afianzar el ejercicio del poder de modo racional y no despótico. Este argumento hace que el Estado tenga una estructura y la estructura requiera ser consentida por todos de modo tal que tenga plena legitimidad. Montesquieu cree ver en la división de poderes la estructura de la que estamos hablando, es decir, la forma adecuada para asegurar la permanencia del Estado en el tiempo y la paz social que se traduce en la tranquilidad de los ciudadanos. Precisamente la concepción tripartita de poder (legislativo, ejecutivo y judicial) ha significado en tiempos modernos el asentamiento de un estado democrático, el cual con algunos matices propios del vanguardismo constitucional como es el caso de la justicia constitucional, el fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos, permite hablar hoy en día de un “estado constitucional”.
Sin embargo, el origen del poder judicial sigue en cuestión: ¿Cómo se legitima el poder de los jueces? Evidentemente que su poder emana del pueblo (ius imperium), pero su forma de adquisición no es la misma que en las demás. López Guerra argumenta que: La legitimación democrática del Juez, a la vista de los mandatos constitucionales, se produce por otra vía: es una legitimación de ejercicio, no de origen. El juez, en el ejercicio de su “terrible poder” (decía Montesquieu) no aplica más voluntad que
la voluntad de la ley; no aplica la voluntad de otros sujetos, ni siquiera la suya propia. El juez se inserta dentro de la legitimidad democrática de los poderes del Estado en cuanto se convierte en mecanismo de aplicación, en casos concretos, de la voluntad popular manifestada de forma general en la ley. Tal es el fundamento de la exigencia de independencia e imparcialidad del juez. No puede someterse a los mandatos e influencias de otros (independencia) ni puede, por otro lado, decidir en virtud de preferencias personales (imparcialidad). Precisamente la independencia e imparcialidad con la que debe actuar el juez resulta esencial en el estado democrático actual. De modo que, vista desde la perspectiva tradicional, si se entiende que la ley marca el nexo entre los jueces y
el origen de su poder, ello se contrapone mucho más con el modo de elección, por cuanto ¿cómo asegurar independencia e imparcialidad cuando el poder de juzgar es transferido por el poder político directamente? Tradicionalmente se ha pretendido suplir este defecto de origen mediante la elección de los jueces por instancias ajenas al parlamento y al poder ejecutivo. Con lo cual pues el poder judicial ha sido arrasado por el poder político convirtiendo en el poder neutro del que hablaba Montesquieu. En Europa, Europa, para corregir esta situación se han creado Consejos de la Magistratura. La función esencial de éste órgano es efectuar por un lado una transferencia legítima del poder que tienen los jueces y, de otro, evitar la manipulación y control en sus funciones de parte del poder político. No obstante, la composición de sus miembros sigue teniendo un alto contenido eminentemente político: las más de sus veces quienes componen el CNM son designados por el Poder Ejecutivo y por el parlamento. Así ocurre en Italia y en España por citar ejemplo: Italia De acuerdo con los preceptos constitucionales y reglamentarios, el número total de integrantes del citado Consejo Superior de la Magistratura asciende a treinta y tres, de los cuales tres son de oficio, es decir, el Presidente de la República, así como el Presidente y el Fiscal General de la Corte de Casación. De los restantes, las dos terceras partes son elegidos en forma directa por los magistrados ordinarios entre los pertenecientes a las diversas categorías judiciales, y la otra tercera es designada por el Parlamento entre profesores en materias jurídicas y abogados con quince años de ejercicio profesional cuando menos. España Según el inciso 2 del artículo 122 de la Carta constitucional española, El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y
funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. De acuerdo con el inciso 3 del mismo precepto fundamental, el Consejo debe integrarse por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos establecidos por la ley orgánica; cuatro a iniciativa del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión. Como se puede observar, si bien en la composición de estos estamentos en los países precitados, hay una especialización en los funcionarios que forman parte de los órganos de selección, lo cierto es que la elección de estos tiene un alto matiz político. Es el parlamento y/o el gobierno el que elige a los “elegidores”.
El tema si bien ha sido recepcionado de modo pacífico; sin embargo, no lo es en países con fuerte prevalencia del poder político. En efecto, no dotar de autonomía y de independencia a los miembros del CNM, resultaría peligroso para la vida institucional sobre todo en países de poca tradición democrática. Eso abona a favor de los órganos constitucionales autónomos como el CNM pero de composición distinta a la fórmula tradicional como es el caso del modelo peruano. LA CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA La creación de los Consejos de la Magistratura constituye un gran paso para justificar en el estado contemporáneo el tema de la transferencia de poder a los jueces. Siempre hemos dicho que, por ser una verdadera asunción de soberanía popular, requiere de la participación o bien del poder político o de la concreción de
estamentos intermedios encargados de esta función. Así siempre se ha entendido a lo largo de la historia constitucional: El juez elegido había sido prácticamente inexistente en la historia del constitucionalismo europeo, y la selección del cuerpo de jueces aparecía como “naturalmente” vinculado al ministerio de justicia, a quien correspondía también el
gobierno de los jueces, en sus aspectos presupuestario y disciplinario. Los Consejos de la Magistratura (en las Constituciones francesa de 1946, italiana de 1948, y posteriormente en las Constituciones portuguesa y española) aparecen como una fórmula para evitar lo que se consideraba indebida influencia del poder ejecutivo en el judicial: el objetivo que perseguía su creación era salvaguardar la independencia de los tribunales, resguardando al poder judicial del influjo de otros poderes del Estado. Lo que resulta interesante con la aparición de los consejos es que, de la fórmula de elección de los jueces por el parlamento y el ejecutivo, hemos pasado a la concreción de un órgano constitucional especializado encargado de tal función. La idea es la misma: que la transferencia de poder no pierda su contenido democrático, pero se evite el predominio del poder político. (L)os mismos Consejos de la Magistratura ostenten una legitimación democrática, de manera que efectivamente representen una expresión de la “voluntad jurídica”
de la Comunidad. Ese ha sido el motivo por el cual los Consejos de la Magistratura con otros rótulos y de diferentes modos de composición según las peculiaridades de cada realidad se han ido universalizando, en clara opción de un estamento que sin dejar de efectuar la transferencia de poder del pueblo a los jueces evite su politización.
LA COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA IMPORTANCIA DEL PLURALISMO
Y LA
En el derecho comparado la tendencia a la especialización en la composición de los Consejos de la Magistratura y la elección de sus miembros sigue teniendo una fuerte participación el poder político, con lo cual, los representantes tienen de por medio la obtención de un consenso partidario que los respalda, y que a la vez, los condiciona potencialmente. Precisamente, el diseño dibujado por el constituyente en el Perú, es más que importante, y a la vez, puede ser muy útil para la legislación comparada, ya que pretende optimizar su sistema de selección y control de jueces con un modelo pluralista. En este caso específico, cuando nos referimos al pluralismo, estamos hablando de las posibilidades de acceso que tienen los diferentes grupos de una sociedad a los cargos de consejeros. Bajo esa línea discursiva podemos afirmar que el pluralismo permite dotar al Consejo por un lado, de la legitimidad popular para efectuar la transferencia de poder a los jueces; y de otro, fortalecer el sistema de selección mediante el compromiso de la sociedad en su conjunto en la tarea judicial, que no es propio de los jueces ni tampoco de los abogados: El elemento pluralismo, tal como aquí lo entendemos, tiene dos aspectos diferentes. El primero de ellos está vinculado al pluralismo ideológico, esto es, que las estructuras permitan la disparidad de ideas, el debate interno, las tensiones propias de los diferentes modos de concebir al mundo y al derecho. Este primer aspecto se vincula fuertemente con la imparcialidad de la Judicatura, (…). El pluralismo permite a no dudarlo la selección pluralista de los magistrados (…).
El segundo aspecto se encuentra vinculado a una participación amplia de la sociedad civil, propia del sistema democrático, que a su vez garantiza de un mejor modo el pluralismo ideológico. Es cierto que bien podría existir un Consejo de la Magistratura ideológicamente pluralista sin la intervención de la sociedad civil en la designación de sus candidatos, o igualmente un Consejo de la Magistratura no plural que designe jueces respetando la pluralidad. Con ello queremos decir que, si bien la participación de la sociedad civil no es condición de pluralismo ideológico, constituye uno de los mecanismos propios de la democracia que lo favorece y garantiza. (El subrayado es nuestro) Este aspecto es crucial en el diseño del modelo del Consejo peruano. Y es ese el fundamento por el cual un importante Informe comparativo de los Consejos de la Magistratura de Argentina, Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, sustenta lo siguiente: Entendemos que un Consejo de la Magistratura pluralista, favorece un ejercicio más democrático de toma de decisiones en materia de selección, disciplina y remoción de magistrados. Sin embargo, en la medida que los distintos sectores sociales, especialmente, los más relegados, no tengan mayor ingerencia en el ámbito donde se define el perfil de los jueces, seguimos teniendo un Poder Judicial abstraído de los problemas de estos sectores y, por tanto, menos democrático. Los Consejos están compuestos hegemónicamente por abogados. Esto se observa aún en los representantes de estamentos que no exigen el requisito de ser letrado para integrarlos. De esta manera se refuerza la idea que la Justicia es un tema de abogados, y no un tema de la sociedad en general. Una mirada desde las ciencias sociales o la filosofía, por ejemplo, podría enriquecer los criterios para seleccionar o evaluar el desempeño de los magistrados a la luz de criterios sociales más amplios. Asimismo, la integración de especialistas en administración permitiría la adopción de criterios de gestión más adecuados, sobre todo teniendo
en cuenta la importancia de la teoría de la organización en el diseño de la política judicial. (El subrayado es nuestro) A tan contundente diagnóstico, este equipo de especialistas ha precisado además que la falta de una verdadera representación plural en los países de la región: En ninguno de los cinco países existen representantes de la sociedad civil en la integración de los Consejos de la Magistratura. El único matiz que vale rescatar es el caso de Perú (…).
Como vimos, el grado de pluralismo de los Consejos es bastante débil. Se han verificado avances en cuanto a la participación de sectores, pero aún subsiste un fuerte temor a la participación de la sociedad civil. (El subrayados es nuestro) De modo tal que, una composición del Consejo de la Magistratura de forma plural, dando paso a una visión multidisciplinaria, no desmerece la institución; al contrario, la fortalece y permite legitimar el proceso de transferencia de poder ni qué decir de posibilitar una evaluación desde diferentes perspectivas en la selección y evaluación de jueces. Finalmente, internalizar el problema de la justicia en la ciudadanía. EL DISEÑO PERUANO Se puede decir que el CNM peruano actual tiene como antecedente el diseño estructurado a la luz de la Carta de 1979. Antes de ella, la elección de los jueces corría a cargo del poder político de forma directa. Con la carta de 1979 señala Zolezzi: (…) no se quiso volver a conceder una participación directa a los otros poderes del
Estado; por el contrario, se crearon organismos autónomos, integrados por
representantes de diversas entidades, pero no se logró evitar la participación política, que se dio en la necesaria ratificación de los vocales de la Corte Suprema por el Senado y en el nombramiento específico de cada magistrado por parte del presidente de la República, quien podía elegir a uno de las ternas que le remitían los consejos de la magistratura. Ahora bien, la Constitución de 1993 es la que consolida el CNM como un verdadero órgano constitucional autónomo dando la potestad de elegir jueces (y fiscales) de todos los niveles: Otro cambio fundamental en la nueva Constitución es la autonomía del Poder Judicial para liberarlo en lo posible de toda tendencia político partidaria. Un poder judicial donde no intervenga ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. ¿Cómo se hace? Creando en realidad un nuevo poder. Este poder se llama Consejo de la Magistratura. Pero el constituyente de 1993 dio un avance radical incorporando el pluralismo a su composición. El distinguido jurista Marcial Rubio ha expresado, en este rumbo, que la composición del CNM peruano: Los órganos e instituciones representados son muy distintos entre sí, todos de importancia en el país y de relevancia suficiente como para elegir a quienes nombrarán a los jueces, y se ha utilizado los mecanismos más democráticos posibles para la nominación en cada caso. En estos aspectos, la Constitución está elaborada con especial espíritu de independencia y democracia. Precisamente esa voluntad del constituyente ha permitido hoy en día institucionalizar la función de selección y evaluación de los jueces y fiscales. Evidentemente, la instauración de un órgano con tan alta misión en el Perú no puede menos que requerir del respaldo social para su fortalecimiento y lucha por mantenerse inquebrantable. A cerca de una década, desde la asunción al poder del ex Presidente Valentín Paniagua, el CNM ha venido consolidándose como institución, logrando superar expectativas en cuanto a la cobertura de la provisionalidad y las ratificaciones; tal vez en deuda en la parte sancionatoria, pero
esencialmente por razones que superan hoy en día sus atribuciones y, al contrario, franquean limitaciones constitucionales y legales que el actual sistema legal mantiene. Pero más allá de ello, el pluralismo de su composición, que no solamente le da legitimidad democrática y le permite una visión multidisciplinaria, avanza en el fortalecimiento autárquico de este organismo, ergo, en la consolidación de un cuerpo de jueces y fiscales democráticos e independientes: El nombramiento de jueces y fiscales por un órgano con las características del actual CNM es una innovación introducida por la Constitución de 1993 y que se considera un avance fundamental en relación con el pasado, por los siguientes motivos:
Se reducen enormemente las posibilidades de injerencia política en el nombramiento de magistrados, pues el proceso ya no depende – como en el pasado- de los poderes Judicial y Legislativo. El hecho de que el CNM sea una institución colectiva (compuesta por siete miembros) y esté constituida por representantes de diversas entidades, previamente elegidos por ellas, reduce aún más todo tipo de injerencia en el nombramiento de jueces y fiscales.(Los subrayados son nuestros) El Poder Judicial y el Ministerio Público participan, es decir, no son ajenos a este proceso, pero al contar sólo con dos de siete representantes, no lo controlan.
Se trata, pues, de un mecanismo de nombramiento democrático y que, en principio, asegura las condiciones mínimas para que prime la independencia y el buen criterio. (El subrayado es nuestro) Este es el rumbo adoptado por el modelo peruano. Y que como hemos dicho posibilita una mejor relación en el traspaso de poder a los jueces y fiscales. La
diferencia positiva con las demás modelos de la región es precisamente que, su composición, representa el pluralismo y la desconexión de los intereses políticos. Eguiguren expone el tema de la siguiente manera: En una orilla tenemos al Consejo de la Judicatura de Bolivia, todos cuyos integrantes provienen de la designación del Congreso, es decir, de un órgano político. En la orilla opuesta se encuentra el CNM del Perú, cuyos siete integrantes reflejan una composición de representación bastante plural, dado que son designados, respectivamente, por la Corte Suprema, los fiscales supremos, las universidades públicas y privadas, los Colegios de Abogados y los restantes Colegios Profesionales; sin ninguna intervención de los órganos políticos. Si establecemos una relación entre las competencias asignadas a los Consejos de la Judicatura o Magistratura y su composición orgánica, sobre todo en cuanto a la administración del sistema judicial y a su participación en el nombramiento de magistrados, consideramos que la forma en que se integran algunos Consejos de la región andina no aparecería como la más idónea para alcanzar los objetivos propuestos con su establecimiento. La determinación de la composición de los diferentes Consejos de la Judicatura, ha sido normalmente el resultado de la negociación o de la imposición de un (nuevo) reparto de cuotas de poder, a veces no pacífico, entre los órganos políticos y judiciales, donde alguien ha ganado o perdido grados de poder. En todo caso, ha sido frecuente que los Consejos de la Judicatura aparezcan fuertemente acusados ante la opinión pública de politización o de actuación partida rizada. Ello fue decisivo en el desprestigio del hoy desaparecido Consejo de la Judicatura de Venezuela; siendo actualmente un serio cuestionamiento formulado en contra de los Consejos de Ecuador y Bolivia, así como, e alguna menor medida, en Colombia.
En definitiva, el diseño actual del CNM y su composición pluralista comportan un modelo constitucional más allá de su incorporación formal una institución material.
LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA TITULO I CAPITULO I EL CONSEJO Artículo 1º.- El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Artículo 2º.- Compete al Consejo Nacional de la Magistratura la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales de todos los niveles, salvo cuando éstos provengan de elección popular, en cuyo caso sólo está facultado para extender el título y aplicar la sanción de destitución cuando corresponda conforme a ley. No son revisables en sede judicial las decisiones sobre las materias a que se refiere el párrafo anterior. Sus decisiones son inimpugnables. Artículo 3º.- La sede del Consejo Nacional de la Magistratura es la ciudad de Lima. Excepcionalmente y con acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros puede sesionar en cualquier otro lugar de la República.
CAPITULO II LOS CONSEJEROS
Artículo 4º.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no están sujetos a mandato imperativo de las entidades o gremios que los eligen. Los miembros del Consejo se denominan CONSEJEROS, ejercen el cargo por un período de cinco años. Su mandato es irrevocable y no hay reelección inmediata de los titulares y suplentes que han cubierto el cargo en caso de vacancia, siempre que el período de ejercicio sea mayor de dos años continuos o alternados.
El cargo de Consejero es indelegable y para ejercerlo se presta juramento ante el Presidente saliente del Consejo, antes que cese en el ejercicio del cargo por vencimiento del período. Los Consejeros son responsables por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. Pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto de los 2/3 del número legal de miembros. Artículo 5º.- Para ser Consejero se requiere: 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Ser mayor de cuarenta y cinco años. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas incompatibilidades de los Vocales de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 6º.- No pueden ser elegidos como Consejeros: 1. El Presidente de la República, los Vicepresidentes, los Representantes al Congreso, el Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los Ministros de Estado, los Viceministros y Directores Generales de los Ministerios, los miembros activos del Poder Judicial y del Ministerio Público, los funcionarios que ejercen autoridad política, los Alcaldes y los demás impedidos por ley, mientras están en el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo. 2. Los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que han sido objeto de destitución o separación. 3.
Los profesionales que han sido inhabilitados por sentencia judicial.
4. Los que han sido condenados o que se encuentren siendo procesados por delito doloso. 5.
Los que han sido declarados en estado de quiebra culposa o fraudulenta.
6. Los que adolecen de incapacidad física o psíquica que los inhabilite para ejercer el cargo. 7. Los que pertenezcan a organizaciones políticas y no hayan obtenido licencia de la organización a la que pertenecen al momento de postular al cargo de consejero.[1] 8. Los que se encuentran inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de conformidad con la legislación de la materia.[2] Artículo 7º.- Si la elección de Consejero recae sobre persona que se encuentra incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo precedente, el Consejo Nacional de la Magistratura procede a su separación y al cumplimiento de lo previsto por el Artículo 13 de la presente Ley. Artículo 8º[3].- La función de Consejero es a tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado o ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria. Constituye causa grave en el ejercicio del cargo, aceptar, llevar a cabo o propiciar reuniones o comunicaciones con los postulantes a juez o fiscal, de cualquier nivel, durante la etapa de postulación a concurso público de méritos y evaluación personal, o proceso de ascenso, así como con juez o fiscal sometido a ratificación o procedimiento disciplinario, con el objeto de obtener algún tipo de beneficio para si o para terceros. En estos casos se procede conforme al artículo 157º de la Constitución Política del Perú. La prohibición señalada en el párrafo precedente rige para los casos de nombramiento, ratificación o procedimiento disciplinario por falta grave de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En caso de ser abogado está impedido para defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, de su cónyuge, ascendiente o descendiente. El Consejero está prohibido de ejercer reservadamente gestión alguna ante las autoridades judiciales, fiscales o administrativas, en favor o representación de sí mismo o de terceras personas.
La inobservancia de lo establecido en el párrafo anterior configura el delito previsto en el Artículo 385º del Código Penal. La denuncia se tramita conforme a los Artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y a las disposiciones de la Ley Nº 26231, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 157 de la Constitución. Artículo 9º.- No pueden, simultáneamente, ser miembros del Consejo, los cónyuges y los parientes en la línea recta ni los colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Artículo 10º.- Los Consejeros no pueden postular a los cargos cuyo nombramiento corresponde efectuar al Consejo. Artículo 11º.- El cargo de Consejero vaca por las siguientes causas: 1. Por Muerte; 2. Por renuncia; 3. Por vencimiento del plazo de designación; 4. Por incapacidad moral o psíquica o incapacidad física permanente; 5. Por incompatibilidad sobreviniente; 6. Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo; 7. Por violar la reserva propia de la función; 8. Por haber sido condenado por la comisión de delito doloso, mediante sentencia consentida o ejecutoriada; y 9. Por no reincorporarse en sus funciones dentro de los cuatro días siguientes del vencimiento de la licencia. La vacancia en el cargo de Consejero por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3) y 8) se declara por el Presidente. En los demás casos decide el Consejo en Pleno. Los miembros adicionales a que se refieren los dos últimos párrafos del Articulo 17º vacan en el cargo en la fecha en que expiran los nombramientos de los Consejeros que decidieron la ampliación del número de miembros.
Artículo 12º.- Antes de los 3 meses de la fecha de expiración del nombramiento de los Consejeros, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura solicita a las entidades encargadas de efectuar la designación o convocatoria a elecciones de los nuevos consejeros, según corresponda, para que inicien el procedimiento de elección.[4] Artículo 13º.- Declarada la vacancia el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura oficia al Consejero Suplente elegido por la entidad o gremio respectivo a efecto que cubra la vacante hasta concluir el período del titular. Artículo 14º.- El Consejo concede licencia con goce de haber a sus miembros en los siguientes casos: a) Por enfermedad comprobada por un término no mayor de 6 meses. b) Por motivos justificados hasta por 30 días, no pudiendo otorgarse más de 2 licencias en un año. En ningún caso éstas pueden exceder de los 30 días indicados. Artículo 15º.- Los Consejeros que por motivo justificado tengan que ausentarse intempestivamente, lo harán dando cuenta en forma inmediata al Presidente. Artículo 16º.- En los casos a que se refieren los Artículos 14º y 15º, el Presidente del Consejo oficia al Consejero suplente a fin de que éste proceda a reemplazar al Consejero titular hasta su reincorporación en el cargo.
TITULO II
CAPITULO I COMPOSICION Artículo 17º.- El Consejo Nacional de la Magistratura se conforma con miembros elegidos mediante votación secreta. Está integrado de la siguiente manera: 1. Uno elegido por la Corte Suprema en Sala Plena. La elección está a cargo de los Vocales Titulares. [5]
2. Uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos. La elección está a cargo de los Fiscales Titulares. [6] 3. Uno, elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del País. 4. Dos, elegidos por los miembros hábiles de los demás colegios profesionales del país. Para este efecto, los agremiados hábiles de cada colegio profesional eligen a su delegado-candidato, quien, a su vez, reunido con sus pares en Asamblea de Delegados, eligen a los consejeros entre ellos, quienes deben pertenecer a colegios profesionales diferentes.[7] 5. Uno, elegido por los Rectores de las Universidades Nacionales del país. 6. Uno, elegido por los Rectores de las Universidades Particulares del país. El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura podrá ser ampliado por éste a 9, con 2 miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las Instituciones representativas del Sector Laboral y del Empresarial. Para la ampliación del número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 155 de la Constitución, así como para autorizar al Presidente a solicitar las correspondientes listas de candidatos, se requiere el voto favorable de los dos tercios de los Consejeros. La elección de los miembros adicionales requiere la misma votación. Artículo 18º.- En la elección de los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura, se elige conjuntamente a los miembros suplentes. Artículo 19º.- La organización del proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que corresponde elegir a los gremios profesionales, está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE. Para tal efecto, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales convoca a elecciones, bajo responsabilidad, dentro de los 60 (sesenta) días naturales posteriores de recibida la comunicación a que se refiere el Artículo 12º de la presente Ley.
Para ser candidato se requiere contar con la adhesión de no menos del 5% (cinco por ciento) de los miembros activos de su respectivo Colegio Profesional, que en ningún caso puede ser menor a 100 (cien) adherentes. Los padrones se elaboran sobre la base de las listas de afiliados inscritos en los Colegios profesionales remitidas por dichas entidades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE. Las impugnaciones son resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones conforme a las normas electorales. Los candidatos que obtengan la primera y segunda más alta votación, serán proclamados Consejero Titular y Suplente respectivamente. El proceso de elección de los Consejeros a que se refiere el presente artículo se rige por el reglamento que aprueba el Consejo. Artículo 20º.- Para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que corresponde elegir a los Rectores de las Universidades, el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, a solicitud del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, convoca a reunión a los Rectores de las Universidades públicas o privadas, según corresponda, la que se realiza en la ciudad de Lima. El quórum de esta reunión es, en primera convocatoria, no menor de la mayoría absoluta del número legal de Rectores. Si no se reuniera el quórum necesario, el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores cita nuevamente a reunión, la que debe realizarse dentro de los cinco días siguientes con el número de Rectores asistentes. Los profesores que obtengan la primera y segunda votación más alta, serán proclamados Consejero Titular y Suplente, respectivamente. En caso de impedimento, el Rector puede hacerse representar por el Vicerrector. El Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ejerce su derecho a voto como Rector en la reunión a la que es convocada la Universidad a la cual representa.
CAPITULO II FUNCIONES DEL CONSEJO Artículo 21º.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura las atribuciones siguientes: a) Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. b) Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias que adopte el Poder Judicial, el Ministerio Público o de la sanción a que se refiere el inciso siguiente. También ratificará para un nuevo período cuando corresponda, al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, teniendo en cuenta el resultado de su gestión y la labor desarrollada por dichos altos funcionarios, para cuyo efecto dispondrá el cronograma respectivo.[8] c) Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, titulares y provisionales. Para el caso de los jueces y fiscales de las demás instancias, dicha sanción se aplicará a solicitud de los órganos de gobierno del Poder Judicial o del Ministerio Público. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. Las atribuciones que corresponden al Consejo Nacional de la Magistratura, conforme al Artículo 154º de la Constitución, se ejercen sin perjuicio de las que corresponden al Congreso en virtud de los Artículos 99º y 100º de la Constitución. [9] d) Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles el titulo oficial que los acredita como tales, firmado por el Presidente y cancelar los títulos cuando corresponda. e) Nombrar al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo con el Artículo 182º de la Constitución y la Ley.
f) Nombrar al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de acuerdo con el Artículo 183º de la Constitución y la Ley. g) Elaborar y aprobar su reglamento interno y los reglamentos especiales que señale la presente Ley. h)
Establecer las comisiones que considere convenientes.
i)
Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme a la Constitución.
La decisión a que se refiere el inciso a) del presente artículo requiere el voto conforme de los 2/3 del número legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 22º.- El nombramiento de Jueces y Fiscales se sujeta a las siguientes normas: a) El Presidente del Consejo convoca a concurso para cubrir plazas o las que se encuentren vacantes. En el Distrito Judicial de Lima, la convocatoria es publicada una vez en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación. Tratándose de la designación de un Juez o Fiscal en los demás distritos judiciales, la convocatoria debe además, publicarse en el periódico encargado de los avisos judiciales de la sede de la respectiva Corte Superior.[10] b) Los postulantes deben solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura ser considerados candidatos y someterse al respectivo concurso de méritos y evaluación personal, presentando los documentos que señale el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. c)
Para ser considerado candidato y someterse al respectivo concurso, los postulantes deberán acreditar haber aprobado satisfactoriamente los programas de formación académica para aspirantes al cargo de Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del Ministerio Público organizados e impartidos por la Academia de la Magistratura. [11]
d) Terminada la calificación de la documentación presentada, el Consejo publica la nómina de los postulantes que considere aptos para ser evaluados, a efectos de que se puedan formular tachas, acompañadas de prueba instrumental. [12]
e) Cumplido lo previsto por el inciso anterior, se procede a llevar a cabo el concurso de méritos y evaluación personal de los postulantes.[13] Artículo 23º.- Las etapas del concurso público de méritos y evaluación personal son: a) Calificación de los méritos acreditados en el curriculum vitae. b) Examen escrito. c) Evaluación personal. Artículo 24º.- La calificación del curriculum del postulante se realiza, previa verificación de la documentación, tomando en consideración los siguientes aspectos: a) El desempeño de cargos judiciales o fiscales. b) La experiencia en el ejercicio de la profesión. c) La experiencia académica. Artículo 25º.- El examen escrito versa sobre las disciplinas jurídicas previstas en el balotario que aprueba el Consejo y sobre los casos prácticos que éste pudiere plantear a los postulantes de acuerdo a la especialidad del cargo al que se postula. Artículo 26º.- Los postulantes que hubieren alcanzado puntaje aprobatorio en las etapas anteriores, son sometidos a entrevista para su evaluación personal por el Consejo. Artículo 27º.- Con los resultados que se obtengan del concurso de méritos y evaluación personal de que trata el artículo anterior, el Consejo Nacional de la Magistratura reunido en Pleno procede al nombramiento con arreglo al inciso a) del Artículo 21 de la presente Ley. Artículo 28º.- Los consejeros deben guardar reserva respecto a las informaciones y deliberaciones que reciben y realicen con motivo de la evaluación de los candidatos.
Artículo 29º.- El Consejo Nacional de la Magistratura revisa cada siete años la actuación y calidad de los jueces y fiscales de todos los niveles. Artículo 30º.- A efectos de la ratificación de jueces y Fiscales a que se refiere el inciso b) del Artículo 21º de la presente Ley, el Consejo Nacional de la Magistratura evalúa la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, considerando la producción jurisdiccional, méritos, informes, de los Colegios y Asociaciones de Abogados, antecedentes que han acumulado sobre su conducta, debiendo conceder una entrevista personal en cada caso. Treinta días naturales antes del inicio del proceso de ratificación, el Presidente del Consejo solicita los informes pertinentes. [14] Reunidos los elementos de juicio el Pleno del Consejo decide la ratificación o separación de los Jueces y Fiscales. Para la ratificación se requiere el voto conforme de la mayoría simple de Consejeros asistentes. La separación del cargo no constituye pena ni priva de los derechos adquiridos conforme a ley, pero sí impide el reingreso al Poder Judicial y Ministerio Público. La resolución que se adopte, no es susceptible de recurso alguno. Artículo 31º.- Procede aplicar la sanción de destitución a que se refiere el inciso c) del Artículo 21º de la presente Ley por las siguientes causas: 1.
Ser objeto de condena a pena privativa de libertad por delito doloso.
2. La comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público. 3. Reincidencia en un hecho que configure causal de suspensión, conforme a lo establecido en la ley de la materia. 4. Intervenir en procesos o actuaciones a sabiendas de estar incurso en prohibición o impedimento legal. [15]
Artículo 32º.- El Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de aplicar la sanción de destitución, investiga la actuación de Vocales y Fiscales Supremos de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otros órganos. El Consejo, mediante investigación preliminar, determina si hay o no lugar para abrir proceso disciplinario. Si no hay lugar a abrir proceso, mandará archivar la denuncia con conocimiento de las partes. Si hay lugar a proceso por acto que no sea delito en el ejercicio de sus funciones o infracción constitucional, se realiza una exhaustiva investigación que se desarrolla en un plazo que no excede de 60 días útiles contados a partir de la fecha en que el Consejo notifica el inicio del proceso. Si hay presunción de delito cometido por Vocales y Fiscales Supremos en el ejercicio de sus funciones o de infracción a la Constitución, el Consejo solicita la acusación constitucional al Congreso, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú. [16] Artículo 33º.- A pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura, investiga la actuación de los Jueces y la Fiscales de las demás instancias, respectivamente, a fin de determinar la aplicación de la sanción de destitución, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros órganos. A estos efectos son aplicables los párrafos 2do. 3ero. y 4to. del artículo precedente. Si hay presunción de delito cometido por jueces y fiscales, el Consejo oficia al Ministerio Público para los fines pertinentes. [17] Artículo 34º.- En los procesos disciplinarios a que se refieren los Artículos 32 y 33 de la presente ley, rigen las siguientes normas: 1. En ningún caso puede emitirse resolución definitiva, sin previa audiencia del interesado, dándole oportunidad para que efectúe los descargos correspondientes.
2. El Consejo debe resolver considerando los informes y antecedentes que se hayan acumulado sobre la conducta del juez o fiscal, así como las pruebas de descargo presentadas. 3. La resolución debe ser motivada, con expresión de los fundamentos en que se sustenta. 4. Contra la resolución que pone fin al procedimiento sólo cabe recurso de reconsideración, siempre que se acompañe nueva prueba instrumental dentro de un plazo de 5 días útiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Independientemente de la medida disciplinaria de suspensión que el Poder Judicial y el Ministerio Público pueden imponer, también están facultados para disponer la suspensión, como medida provisional, en aquellos casos en que el acto cometido por los jueces y fiscales respectivamente, sea pasible de destitución; hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura decida si corresponde aplicar tal medida. [18] Artículo 35º.- Todo organismo e institución pública o privada debe remitir al Consejo Nacional de la Magistratura la información que requiera para el desempeño de sus funciones bajo responsabilidad.
CAPITULO III DEL PRESIDENTE Artículo 36º.- El Presidente es el representante legal del Consejo Nacional de la Magistratura y ejerce la titularidad del pliego. Es elegido por el Pleno del Consejo de entre sus miembros, por votación secreta y por la mitad más uno del número de sus miembros. El Presidente es elegido en el cargo por el período de un año, expirado el cual puede ser reelegido inmediatamente por una sola vez. El Consejo en Pleno elige entre sus miembros por el procedimiento señalado en el párrafo segundo del presente artículo, por el mismo período de un año, un Vicepresidente a quien corresponde sustituir al Presidente en caso de ausencia u
otro impedimento, y asumir la Presidencia en caso de vacancia hasta completar el período. Artículo 37º.- El Presidente del Consejo ejerce las atribuciones siguientes: a)
Convocar y presidir sus reuniones.
b)
Ejecutar sus acuerdos.
c)
Votar y, además, dirimir en caso de empate.
d)
Extender las Resoluciones de nombramiento.
e)
Suscribir los reglamentos internos y las resoluciones.
f) Firmar el título oficial que acredita a los jueces y fiscales de todos los niveles como tales. g) Tomar el juramento o promesa de honor a los jueces y fiscales de todos los niveles, a excepción de los Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz. [19] h)
Los demás que señala la Ley y el Reglamento.
Artículo 38º.- El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura cesa en el cargo por haber expirado el término de su mandato, o por renuncia y por las causales establecidas en el Artículo 11°.
CAPITULO IV
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Artículo 39º.- El quórum de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura es de 4 de sus miembros y en el caso que sean 9 será de 5 de sus miembros. [20]
Artículo 40º.- En las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura cada consejero tiene derecho a un voto. Las decisiones del Consejo se adoptan con el voto conforme de la mayoría simple de los Consejeros asistentes, salvo disposición en contrario de esta ley. Artículo 41º.- El Consejo Nacional de la Magistratura actúa en plenario y en comisiones. También puede delegar en uno de sus miembros las atribuciones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de su función.
CAPITULO V DEL REGISTRO Artículo 42º.- El Consejo llevará un registro actualizado de los postulantes y magistrados en ejercicio con los datos generales de identificación, méritos académicos, profesionales y declaración patrimonial. El registro incluirá los resultados obtenidos en los procesos de evaluación para el nombramiento, ratificación, sanciones y destitución de los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público; así como su ubicación en los cuadros de mérito elaborados por los órganos de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público. [21] Artículo 43º.- El Consejo garantizará a la ciudadanía en general, a través de su portal web, el acceso a la información del registro, con las reservas del derecho de los postulantes y magistrados al honor, a su buena reputación y a su intimidad personal y familiar, conforme a ley.[22]
Artículo 44º.- La supervisión de los Registros será responsabilidad del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA Única.- Son recursos del Consejo Nacional de la Magistratura: 1. Las transferencias del Tesoro Público o asignaciones que le concedan por las leyes anuales de presupuesto.
2.
Las donaciones provenientes de instituciones nacionales o extranjeras.
3. Las tasas por los servicios administrativos que brinde y que fueran aprobadas en sesión plenaria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Primera.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, en todos los casos, en elecciones por votación secreta. Son designados Consejeros Titular y Suplente quienes obtengan la primera y segunda votación más alta. Segunda.- Para la elección de los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Universidades Nacionales y Universidades Privadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura; los candidatos deben obtener la mayoría absoluta de los electores hábiles en cada grupo, en primera vuelta. En segunda vuelta se elegirá por mayoría absoluta de los electores hábiles, entre los dos candidatos que hayan obtenido la primera y segunda mayoría en la primera vuelta. De haber empate se decidirá por sorteo. La convocatoria, elección y proclamación debe efectuarse dentro del plazo de 15 días contados a partir de la vigencia de la presente ley. Corresponde a los titulares de cada organismo, según corresponda, efectuar la convocatoria, organización del proceso eleccionario y la proclamación. Para tales efectos el Rector de la Universidad Mayor de San Marcos actúa en calidad de titular de las Universidades Nacionales y el Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú como titular de las Universidades Particulares. Tercera.- Los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura en representación de los Colegios de Abogados y de los demás Colegios Profesionales, son electos previa convocatoria a proceso eleccionario efectuado por el Decano del Colegio de Abogados de Lima y por el Decano del Colegio de Contadores del Perú, respectivamente, dentro del plazo de 60 días posteriores contados a partir de la vigencia de la presente ley. Será electo el candidato que obtenga la mayoría absoluta de votos de los electores hábiles que sufragaron.
Cuarta.- El Consejo Nacional de la Magistratura se instala y entra en funciones con los Representantes proclamados del Poder Judicial, Ministerio Público, de las Universidades Nacionales y de las Universidades Particulares. En tanto se incorporan los representantes de los Colegios de Abogados y demás Colegios Profesionales, los acuerdos que adopten requiere el voto unánime de sus miembros. Quinta.- El Jurado de Honor de la Magistratura creado por la Ley Constitucional del 12 de marzo de 1993 cesa en sus funciones al instalarse y entrar en funciones el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la Ley Constitucional del 17 de diciembre de 1993. El Jurado de Honor de la Magistratura debe culminar los procesos de evaluación que hubiere convocado y que al tiempo de entrar en vigencia la presente ley estuvieren pendientes. Sexta.- El Poder Judicial y el Ministerio Público continuarán conociendo los casos de destitución de los jueces y fiscales respectivamente, de todas las instancias, hasta que esté instalado el Consejo Nacional de la Magistratura. Sétima.- Transfiéranse al Consejo Nacional de la Magistratura todos los recursos económicos, presupuestales, bienes patrimoniales, así como el acervo documental que pertenecieron al anterior Consejo Nacional de la Magistratura, y al Jurado de Honor de la Magistratura. Octava.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para atender los requerimientos presupuestales adicionales que le formule el Consejo Nacional de la Magistratura para cubrir el presupuesto operativo del presente ejercicio y los gastos de implementación de dicho Órgano Constitucional. Novena.- Autorízase al Consejo Nacional de la Magistratura para que en un plazo no mayor de 45 días calendario, contados a partir de su instalación, modifique y apruebe su cuadro para asignación de personal, presupuesto analítico de personal y su reglamento de organización y funciones.
Décima.- Deróganse el Decreto Legislativo Nº 25, el Artículo 226 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Décima Primera.- La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
[1] Inciso incorporado por el Artículo 3 de la Ley Nº 27368 publicada el 07-112000 [2] Inciso incorporado por el artículo único de la Ley Nº 29521 publicada el 23.04.2010 [3] Artículo modificado por el artículo único de la Ley Nº 29521 publicada el 23.04.2010 [4] De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 020-98-CNM, publicada el 22-07-98, en el caso de la elección de nuevos consejeros previsto en este artículo, tratándose de colegios profesionales no abogados, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE convoque al proceso de elecciones respectivo en distrito único.
[5] Literal modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27368, publicada el 07-112000,
[6] Literal modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27368, publicada el 07-112000.:
[7] Inciso modificado por el artículo único de la Ley Nº 29521 publicada el 23.04.2010 [8] Inciso modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28733, publicada el 13.05.2006. [9] Literal modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27368, publicada el 07-112000. [10] Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26688, publicada el 27-1196 [11] El artículo 1º de la Ley Nº 27466, publicada el 30-05-2001, deja en suspenso este inciso por el plazo de 3 años. Inciso declarado inconstitucional por el Resolutivo 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 0025-2005-PI-TC y 0026-2005-PI-TC, publicada el 19.08.2006. [12] Inciso según modificación introducida por el artículo 2° de la Ley N° 27368 publicada el 07.11.2000. [13] Inciso según modificación introducida por el artículo 2 de la Ley Nº 27368, publicada el 07-11-2000.
[14] Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27466, publicada el 30-052001 [15] Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26933 publicada el 12-03-98, No habiéndose restituido expresamente su vigencia, el Artículo 2 de la Ley Nº 27368 publicada el 07-11-2000, lo modifica por el texto actual.
[16] Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26933 publicada el 12-03-98.
No habiéndose restituido expresamente su vigencia, el Artículo 2 de la Ley Nº 27368, publicada el 07-11-2000, lo modifica y el texto vigente es el actual.
[17] Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26933 publicada el 12-03-98 Vigencia restituida de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Nº 27368 publicado el 07-11-2000
[18] Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26933 publicada el 12-03-98 Vigencia restituida por el Artículo 4 de la Ley Nº 27368 publicado el 07-112000
[19] Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 26640, publicada el 26-06-96 [20] Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 26973, publicada el 11-0998. [21] Artículo modificado por la Ley N° 28489, publicada el 12-04-05 [22] Artículo modificado por la Ley N° 28489, publicada el 12-04-05
