INDICE I. II.
INTRODUCCION: INICIOS:
III. IV.
ASPECTO POLITICO: ASPECTO ECONÓMICO:
V.
Primeros resultados de la política heterodoxa:
El problema de la deuda externa Crecimiento económico Peligro de crisis Intento de estatización de la banca Corrupción política ¿Cómo se origina la inflación? Sin novedades en el frente(1988 y 1989) ASPECTO SOCIAL:
Terrorismo VI.
ASPECTO INTERNACIONAL:
La oposición al gobierno VII. OBRAS: VIII. BIBLIOGRAFIA:
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I.
INTRODUCCION
En el presente trabajo se analizara el gobierno de Alan García Pérez en el periodo 1985-1990, el aspecto político, social, las obras que realizo, y cuál fue su política económica que adopto y que llevaron a la inflación, la cual llevo al Perú a una catástrofe económica considerada la peor crisis económica de la República peruana. II.
INICIOS
Primeros resultados de la política heterodoxa: En un comienzo, las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en septiembre de 1985, la inflación bajó a 3,5 % (comparado con 12,5 % en abril del mismo año). Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna (manufactura, construcción, agricultura) crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación (minería, pesca). En 1986, la economía creció 10 %. Fue el mayor crecimiento desde los años 50 .Pero también surgieron problemas que irían agravándose con el pasar del tiempo: A pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos: Aunque en 1985 el déficit del sector público sólo había sido del 2,7 % del PBI, el nivel más bajo desde 1979, en 1986 una vez más llegó al 5,1 %. Esto no se debió a un aumento del gasto. De hecho, a pesar de su fama de ser una administración despilfarradora y populista, el gasto total (corrientes e inversiones) del sector público cayó del 49 % del PBI, en 1985, al 29 %, en 1986. Sin embargo, los ingresos corrientes totales también cayeron, del 46 % del PBI, en 1985, hasta 33 %, en 1986. Otro problema consistía en que, después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros. El tercer problema, según Crabtree, era que la balanza comercial volvió a ser negativa hacia fines de 1986. Con la reactivación económica y el alza de sueldos, el Perú volvió a incrementar sus importaciones mientras que las exportaciones seguían siendo bajas. En diciembre de 1986, las reservas internacionales del Perú llegaban a 870 millones dólares comparados con 1,400 millones en marzo del mismo año. Esta falta de liquidez se debió, también, a que el Estado pagó a sus deudores bastante más que ese 10 % que García había anunciado, con bombos y platillos, el 28 de julio de 1985. Finalmente, la poca confianza de la ciudadanía en el modelo económico de García condujo a que, hacia fines de 1986, muchos cambiaron sus intis por dólares temiendo - y, al mismo tiempo, originando - una devaluación del inti. Ya hemos visto que el paquete de medidas adoptadas por García incluía el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar. Pero tal congelamiento tendía a ser artificial en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Este cambio se vio reflejado en la tasa de cambio libre, aquella de los cambistas de la calle, paralela al cambio oficial: A fines de agosto de 1985, después de la devaluación inicial de 12 %, la tasa de cambio libre se había estabilizado en casi 17 intis por dólar. Solamente llegó a superar los 18 intis 14 meses 2
después, en octubre de 1986, cerrando el año en 20 intis por dólar. Hasta octubre de 1986, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo varió entre 24,5 y 27 %. Sin embargo, ante el temor de una crisis en la balanza de pagos, junto con la pérdida de reservas a finales de 1986, el diferencial empezó a crecer. A fines de 1986, llegó a 43 %. En la primera mitad de 1987, el dólar paralelo se disparó de 20 a 40 intis y el diferencial con la tasa oficial superó el 100 %. Por lo tanto, se hizo evidente que el Banco Central ya no podía controlar el mercado del dólar, y con las reservas haciéndose más y más escasas, adquirir dólares fue de primordial importancia para el sector privado. Rápidamente el aumento del valor del dólar estaba escapando de todo control. III.
ASPECTO POLITICO
Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, así como el mandatario más joven (36 años) en ser elegido democráticamente en toda la historia de su país, y en su momento, en todo el mundo. Durante su campaña electoral había cautivado a las muchedumbres con su oratoria grandilocuente y efectista, aunque rehuyendo a debates con sus adversarios, pues asumía que más que programas políticos, lo que el pueblo necesitaba era un mensaje esperanzador. La expectativa era grande con lo que haría este presidente, que contaba con un apoyo mayoritario en todos los estratos sociales. Llegaba al poder en momentos en que la situación del Perú era extremadamente crítica, comenzando por poseer uno de los índices más altos de pobreza en América Latina. Todo lo cual se agravaba con el recrudecimiento del terrorismo, una inflación incontrolable (casi 200% anual), un galopante aumento de la deuda externa, un déficit crónico de divisas y una extendida corrupción pública, que incluía a la administración de justicia y la policía nacional. Desde el principio, se hizo visible el estilo personalista que imprimió García a su gobierno, no dejando que ninguno de sus colaboradores le opacase. Inauguró un nuevo tipo de populismo que recordaba a las movilizaciones populares de la época del “velasquismo”. Se hicieron célebres sus “balconazos” desde el balcón de Palacio de Gobierno comunicaba sus medidas, haciendo uso de sus dotes de orador, ante grupos de personas que luego se tornaban en multitudes. Como vicepresidentes le acompañaban: Luis Alberto Sánchez (primer), destacado intelectual y prolífico escritor, perteneciente a la vieja guardia aprista (había nacido en 1900), que también fue designado Presidente del Senado; y Luis Alva Castro (segundo), economista y político trujillano, reelegido diputado por La Libertad, y que asimismo fue designado Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas. En el Congreso, el nuevo mandatario contaba con una amplia mayoría, tanto en Senadores como en Diputados. Se consideraba entonces al partido aprista (fundado en 1930) como de tendencia socialdemócrata y moderada (aunque algunos analistas decían que se había “derechizado” desde la década de 3
1950), pero García, como queriendo rescatar los orígenes del viejo partido, empezó con un discurso radical, antiimperialista y en defensa de las masas empobrecidas de su país, discurso que se iría desdibujando con el correr del tiempo. En 1986 se realizaron elecciones municipales a nivel nacional. En Lima, considerado el primer municipio de la Nación, triunfó el candidato aprista Jorge del Castillo, que tuvo un abierto apoyo del presidente García, por lo cual recibió severas críticas de los demás candidatos. Una de las propuestas de la campaña aprista fue la construcción del tren eléctrico o Metro de Lima, que debía unir los conos distritales con el centro de Lima. Esta propuesta no se llegó a concretar entonces y apenas se inauguró un tramo de un km.
IV.
ASPECTO ECONOMICO:
El problema de la deuda externa Fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en que la deuda externa creció en un nivel alarmante, debido en parte a la masiva compra de armamento soviético, que convirtió por entonces al Perú en una potencia militar en la sub-región. El gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) tuvo que renegociar la deuda, aceptando las severas condiciones que impusieron el FMI y los acreedores internacionales. En el segundo gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), la situación continuó agravándose, tanto así que en 1984, el Perú dejó de hacer algunos pagos, aunque manteniendo siempre su voluntad de pagar. Eso sí, se pidió al FMI ser más flexible en el cobro de los intereses y amortizaciones, exigiendo plazos más largos y rebaja de tasas. De los 10 mil millones de dólares que se debía en 1980 como herencia del régimen militar, se elevó a 14 mil millones en julio de 1985. Tal era la situación al momento en que asumió el poder el gobierno aprista. En los primeros días del gobierno, el ministro de Economía, Luis Alva Castro, siguiendo la política trazada por García, anunció que se atendería el pago de la deuda externa sin sacrificar más al pueblo y sin aceptar las condiciones propuestas por el Fondo Monetario Internacional. En septiembre de 1985, García viajó a los Estados Unidos para presentarse en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde dio un discurso memorable. Allí reafirmó su voluntad de destinar solo el 10% de las exportaciones peruana como amortización de la deuda externa. Pero hizo más: amenazó con retirar al Perú de la organización si el sistema internacional no era reformado y dejara de servir solo a los intereses de un solo país (esto es, los Estados Unidos). Esta posición, con lo que pretendía a todas luces asumir un liderazgo tercermundista, le valió una exposición mediática a nivel internacional: el New York Times le 4
dedicó un titular a cinco columnas, y en la primera semana de octubre de 1985, la revista Newsweek lo calificó como la estrella política más importante que emerge en América Latina desde Juan Domingo Perón. En diciembre, dicha revista colocó a García entre las diez personalidades más destacadas del mundo. En noviembre de 1985, García asistió a la Asamblea bianual de la FAO en Roma, en donde tuvo a su cargo la disertación en memoria de McDougall. En el discurso reafirmó su tesis de la deuda externa, acusó al Fondo Monetario Internacional de ser el causante de la crisis alimentaria en el tercer mundo y anunció que el Perú orientaría su economía a la sustitución de los productos alimentarios extranjeros por propios. Naturalmente, los países del orbe socialista saludaron complacidos aquella propuesta muy atrevida. En cambio, el FMI declaró al Perú país “inelegible” (es decir, no propenso a crédito) e “insolvente”. La marginación del Perú de la comunidad financiera internacional traería graves consecuencias, tratándose de un país con urgentes necesidades de financiamiento e inversión extranjera. Crecimiento económico (1985-1986) Inicialmente, García aplicó una política económica de corto plazo calificada de “heterodoxa”. Contaba al respecto con asesores izquierdistas. De manera sencilla, García explicó su plan: Para estabilizar y hacer crecer la economía, el punto de partida sería aumentar el consumo de la población. Esto se lograría mejorando los salarios reales de los trabajadores; con el aumento del consumo, las empresas y los productores agrarios aumentarían sus ventas, y ello, a su vez, incidiría en un aumento en las utilidades, lo que haría posible un aumento de la inversión, de la producción, de los puestos de trabajo y de la recaudación fiscal. El plan parecía lógico, pero tenía un punto crítico: confiar en que los empresarios no cayeran en prácticas especulativas y reinvirtieran sus ganancias en el país (lo cual no ocurriría). Las medidas de corto plazo fueron las siguientes:
Se aumentaron los salarios reales en un 18%;
se congelaron los precios de los alimentos y los alquileres al valor que tenían al 27 de julio de 1985;
se redujeron las tasas de interés bancario de 280 a 110%;
la moneda fue devaluada en 12%;
se rebajaron los precios de los materiales de construcción y los medicamentos;
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se controló el tipo de cambio fijándose en 13.908 soles por dólar, instaurándose el llamado Mercado Único de Cambios, MUC (pero surgió a la vez un mercado paralelo y libre que llegó a cotizar el dólar en 20.000 soles);
los certificados de divisas quedaron congelados por 90 días (pero se siguieron cotizando en moneda extranjera);
las tarifas de electricidad y teléfono subieron en 20%, pero se anunció que permanecerían congeladas hasta fin de año.
Al mismo tiempo, se emprendió un programa de empleo masivo y de apoyo crediticio a la agricultura. En un comienzo, las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en setiembre de 1985, la inflación bajó a 3,5 % (comparado con 12,5 % en abril del mismo año). Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna (manufactura, construcción, agricultura) crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación (minería, pesca). En 1986, la economía creció 10 %. Fue el mayor crecimiento desde los años 50; con ello García disfrutó entonces de una popularidad récord en América Latina (76% a fines de 1986). Cuando la capacidad de gasto del estado fue agotada entonces comenzaron múltiples problemas. El primer problema fue que a pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos. Otro problema consistía en que, después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros. La poca confianza de la ciudadanía en las políticas económicas del Gobierno condujo a que, hacia fines de 1986, muchos cambiaron sus intis por dólares temiendo –y, al mismo tiempo, originando– una devaluación del inti. El paquete de medidas adoptadas por García incluía el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar. Pero tal congelamiento tendía a ser artificial en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Este cambio se vio reflejado en la tasa de cambio libre, aquella de los cambistas de la calle, paralela al cambio oficial. Peligro de crisis En 1987, el peligro de una crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. Sin embargo, el Estado Peruano siguió confiando en un crecimiento económico rápido hasta 1988. Al mismo tiempo, se vio obligado a devaluar el inti, y a subir los sueldos y los precios. 6
En líneas generales, la política económica estatal empezó a caer en contradicciones. Por un lado, el Gobierno buscaba el contacto directo con los empresarios importantes (llamados los doce apóstoles, por ser solo una docena de grupos empresariales) con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo de la capacidad productiva. Por otro lado y en su necesidad de aumentar los ingresos del Estado, supuestamente obligó, a comienzos de 1987, a las empresas a prestarle dinero al Estado. En concreto, las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado Peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en 1986. Con esta medida, el Gobierno provocó airadas reacciones en el sector empresarial. Al poco tiempo, algunas empresas fueron exoneradas del pago obligatorio y finalmente el programa fue cancelado. Este tipo de marchas y contramarchas, de reacciones sobre hechos ya consumados, de pasividad frente a los peligros venideros contribuyeron a la percepción de que la política económica del Gobierno estaba siendo improvisada y, sobre todo, perdiendo el control. La situación se agudizó con la renuncia, en junio de 1987, del Ministro de Economía Luis Alva Castro. A esas alturas la inflación ya resultaba agobiante. Intento de estatización de la banca Para Alan García, la renuncia de Alva Castro fue vista como una oportunidad de ganar aún mayor protagonismo. Fue en estas circunstancias que, según Crabtree, García empezó a idear su "más audaz medida", la misma que sería el punto de quiebre de su gobierno: La estatización de la banca privada. Pero la estatización no fue la única razón de la debacle: Aun sin el intento de estatización, alguna que otra crisis económica habría, casi con certeza, surgido. Y tampoco fue el único factor que explica la erosión de la popularidad inicial del gobierno. La curva de aprobación popular de García demuestra que, a pesar de una ligera caída antes de mediados de 1987, el nivel de aprobación se desplomó en 1988 -entre mayo y octubre-, cuando el peso entero de las medidas económicas del shock cayó sobre la población. Pero volvamos, por el momento, al intento de estatizar la banca privada: La medida fue anunciada el 28 de julio de 1987 en el tradicional mensaje a la nación. García explicó su medida con las desigualdades sociales y económicas en el Perú. Ya en 1982 había publicado un libro, El futuro diferente, en el que criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según García, era necesario "democratizar" el crédito y, dado que el sector privado no estaba dispuesto a asumir esa tarea, el Estado debía tomar las riendas. Pero, según Crabtree, García también tuvo otros motivos: El primero habría sido netamente político, pues García estaba preocupado por la ligera caída en su nivel de aprobación y, con una medida tan radical, buscaba volver a ganar la confianza de los sectores populares. Además, su relación con el sector empresarial se había deteriorado considerablemente. García le reprochaba a ese sector el poco entusiasmo por invertir en el Perú y su preferencia por guardar los dólares en cuentas extranjeras y seguras. También esta medida resultó ser improvisada. Nadie sabía, por ejemplo, si la estatización incluiría a las sucursales de bancos extranjeros en el Perú o a los bancos privados regionales. Pero el mayor error de García fue, según escribe Crabtree, creer que se ganaría el apoyo popular 7
con esa medida. La respuesta no fue más que "tibia". Además, García subestimó la capacidad de respuesta de la derecha así como la oposición de la izquierda en el Congreso: Cuando llegó el momento de votar en el Congreso, el esfuerzo de los senadores apristas para atenuar la medida fue notable. Mientras tanto, no se había llegado a ningún acuerdo previo con Izquierda Unida.. Estos se inclinaban a mirar con suspicacia la iniciativa de García, creyendo que su objetivo principal era serrucharle el piso a la izquierda. (…) Iba a volverse una larga batalla que empezó en el Congreso y siguió en los tribunales, donde la propuesta inicial de García fue paulatinamente reducida a una medida sin eficacia que finalmente resultó abandonada. La respuesta política de la derecha al intento de estatización fue la creación del Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa a la cabeza. En 1988, el Movimiento Libertad se unió con el Acción Popular y el Partido Popular Cristiano en el Frente Democrático (FREDEMO) con miras a las elecciones de 1990. El punto de ruptura del gobierno de García fue su intento de estatizar los bancos, las financieras y las compañías de seguros. La medida fue anunciada en el mensaje a la nación del 28 de julio de 1987. García explicó las razones de su medida: los empresarios, -y en especial los grupos de poder económico-, pese a beneficiarse con las bondades de la política heterodoxa, no habían tomado conciencia en invertir en el país, dedicándose a especular y sacar sus capitales al exterior. Por lo que García creyó necesario, en aras del bien público, tomar el control del principal mecanismo de captación y distribución de capitales: el sistema financiero. Ya en 1982 había publicado un libro (El futuro diferente) en el que criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según García, era necesario “democratizar” el crédito y, dado que el sector privado no estaba dispuesto a asumir esa tarea, el Estado debía tomar las riendas. Con miras a la aprobación de esta medida, en el Congreso de la República del Perú los apristas ganaron el apoyo de los representantes de la Izquierda Unida, con lo que lograron una sólida mayoría, frente a los representantes del PPC y AP. García empezó a recorrer el país, explicando con su oratoria convincente las supuestas bondades de su proyecto. De otro lado, sectores altos y medios de la población se mostraron reacios al mismo, y se agruparon en torno al Movimiento Libertad encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, lo que marcó la aparición de la prédica liberal y antiestatista en el discurso político nacional (hasta entonces dominado por los extremismos de izquierda y derecha). En las cámaras del parlamento se discutió tempestuosamente la aprobación del proyecto, siendo finalmente sancionado (se expropiaría hasta el 70% del capital social de los bancos y financieras del sector privado). Sin embargo, esta ley, en la práctica, no se aplicó. Solo dos comisiones interventoras se activaron, la del Banco de Crédito y la del Banco Wiese, pero en la práctica no hubo mayor cambio. En definitiva, el intento de estatización de la banca constituyó en otro de los fracasos del gobierno alanista. 1988-1989: Crisis
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Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente: La inflación empezó a ascender bruscamente (114,5 % en diciembre del 1987), la producción y, por consiguiente, la reactivación económica se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio (una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados, pero estos ya no habían). En octubre de 1987, el gobierno procedió a devaluar el inti en 24 %. Los llamados paquetazos siguieron dándose, de forma periódica, a lo largo de un año, llevando a una gran recesión económica. Pero García seguía sin aceptar la necesidad de una línea clara. El equipo económico del gobierno presidido por Gustavo Saberbein intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Déficit cero a través de aumentos fuertísimos de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, no se decidía a resolver el problema de fondo. Finalmente, García, obligado por las circunstancias, decidió dar un cambio de rumbo, recurriendo, a fines de 1987, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial(BM) en busca de préstamos. El experimento heterodoxo había llegado a su fin y ahora el gobierno retomaba las políticas ortodoxas. Los organismos financieros internacionales exigieron el pago previo de las moras, que ascendían a 1.500 millones de dólares. Ya para entonces las reservas internacionales eran negativas. Fue recién hacia mediados de 1988 que García se convenció de la necesidad de una “guerra frontal” contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shock o ajuste económico, el 6 de septiembre de 1988. Con ello se proponía detener la inflación y la recesión, acabar con la pérdida de divisas y dar un contexto de estabilidad y confianza a los agentes económicos. Fueron tan fuertes estas medidas económicas, que, sin exagerar, dejaron estupefactos a todos los peruanos. Se dice que incluso Alan García, sabedor de lo que se venía, llegó a tantear la posibilidad de renunciar la noche anterior, pero que luego recapacitó para no dar gusto a la derecha que, según él, quería su cabeza. El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importados. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos. A partir de setiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. En época contemporánea, además del Perú, pocos países han caído en hiperinflación: Alemania, Austria y Hungría en 1920 9
(países europeos que salían de un desastre bélico); y Bolivia y Nicaragua, en Latinoamérica. El shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación. Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el déficit comercial. Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero. El 22 de noviembre de 1988, García lanzó otro “paquete” con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García. Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se enviaron diversas misiones a Washington D.C. para renegociar la deuda y obtener un “préstamo puente” de 800 millones de dólares. Pero el Perú no llegó a recibir préstamos, debido a que seguía siendo “inelegible” al no haber contenido la inflación ni haber podido recuperar las reservas internacionales; recién en julio de 1989 el FMI se comprometió a conseguir un préstamo. Para 1990, la deuda externa ascendía a 16.720 millones de dólares. El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de una dimensión nunca antes vista. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cubrir sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia. Durante los años 1989 y 1990 no se produjeron cambios importantes. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los minerales en el mercado internacional. Bajo el mando del nuevo Ministro de Economía, César Vásquez Bazán, la inflación tuvo una leve baja. La tasa anual de inflación fue de 3398.6% en 1989. Los últimos meses de dicho año fueron usados en gastar las escasas reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las próximas elecciones generales. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales apenas llegaban a 190 millones de dólares. Para finalizar, diremos que los resultados del funesto experimento económico de Alan García están todavía en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación del presidente a solo un dígito, todo un récord nacional. Corrupción pública Uno de los puntos del inicial programa del alanismo expuesto en su mensaje inicial, enfatizaba en la “moralización” de las fuerzas armadas y policiales, muy desprestigiadas por sus relaciones con el narcotráfico y otros tipos de corrupción. Siguiendo esa línea, se despidió y pasó al retiro a los funcionarios y autoridades involucradas en ilícitos y se reorganizó la Guardia Civil, la 10
Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. A comienzos de 1986 fueron rebautizadas y puestas bajo el mando de una Policía Nacional del Perú unificada (PNP). En los primeros años de gobierno, no hubo ninguna denuncia resonante de corrupción que involucrase a las autoridades y funcionarios. Ello es entendible ya que los grupos económicos que controlaban los principales medios de comunicación (diarios, revistas, radios y televisoras), se hallaban en buenas relaciones con el poder político, pues se beneficiaban del acceso privilegiado a los dólares MUC (dólar subsidiado por el gobierno y usado en la importación de bienes y en pagos por servicios en el extranjero). Otros procedían de igual manera, tratando sin duda de congraciarse con el mandatario para recibir esos beneficios. Solo el diputado Fernando Olivera propuso una investigación parlamentaria para investigar los ingresos y propiedades de García, pero fue rechazado por la mayoría aprista de la Cámara de Diputados. Los primeros indicios de corrupción aparecieron cuando se hizo evidente la presencia cada vez mayor de militantes y simpatizantes apristas ocupando puestos claves en la administración pública, donde en vez de los méritos profesionales, pesaba más la filiación partidaria. También muchos amigos y empresarios cercanos al mandatario se beneficiaron del mal manejo de los dólares MUC. Pero solo fue tras el intento frustrado de la estatización de la banca, que empezaron a salir a la luz los escándalos de corrupción, cuando los medios de comunicación y la elite se convencieron de que debían oponerse a la política de García. Funcionarios públicos se vieron involucrados en numerosos de esos casos; por ejemplo, a mediados de 1988 el ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez debió renunciar a raíz del escándalo de la carne malograda, importada de Argentina. Pero solo sería tras el final del gobierno en julio de 1990 en que se revelarían las más importantes denuncias de corrupción, que involucraban a la persona del mismo presidente. Se formó al respecto una Comisión Investigadora, integrada por Fernando Olivera Vega, Pedro Cateriano y Lourdes Flores, que como primera medida lograron levantar la inmunidad parlamentaria a García (ya que según lo establecido en la Constitución de 1979, los ex presidentes ejercían una senaduría vitalicia). Los principales cargos levantados en 1991 contra García incluían el enriquecimiento ilícito como funcionario, debido a ingresos no declarados de dudoso origen y presumibles ganancias ilegales provenientes de su participación directa en los casos de los aviones Mirage y el BCCI. Adicionalmente, se incluyeron cargos de pedido y recepción de sobornos del consorcio italiano encargado de la construcción del Metro de Lima (el “tren eléctrico”). El caso de los aviones Mirage consistió en lo siguiente: como ya anotamos anteriormente, García había decidido, desde el comienzo de su gobierno, reducir la compra de una flotilla de aviones Mirage 2000, a solo 14 aviones de los 26 que originalmente había contratado el gobierno anterior en 1982. Aseguró que, como la compra se hallaba en trámite, era factible esa operación y que el Estado se ahorraría dinero que sería destinado para fines más prioritarios. Como negociador fue 11
enviado a Francia Héctor Delgado Parker, empresario muy amigo del mandatario.37 Dicho sea de paso, la decisión de reducir la compra la tomó García sin consultar con las Fuerzas Armadas, como debió haber sido el procedimiento correcto. Pero lo más grave fue que las investigaciones de la Comisión dieron indicios razonables de que dicha operación tuvo otros fines, presumiblemente para beneficiar económicamente al mandatario. Comenzando que, era inexacto que la compra se hallaba en trámite en 1985, sino que esta se había transado en 1982, estando programada la entrega de los aviones en dos lotes: 16 aviones en 1986 y 10 aviones en 1988. Con la reducción de la compra, el calendario de entrega se modificó, y según los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas, 4 aviones llegaron a fines de 1987 y 10 aviones en 1988. Sin embargo, la Comisión descubrió que, para mediados de 1986, los aviones Mirage ya estaban fabricados, y según la documentación revisada, fueron entregados al Perú ese mismo año, pese a lo cual nunca llegaron al país en ese entonces. Ello llevó a la presunción de que esos aviones fueron vendidos clandestinamente a otros países, lo que resultaría en un gran negocio, ya que el valor de los Mirage se había triplicado desde 1982, debido a los conflictos que estallaron en el Medio Oriente en esa época. La Comisión halló también indicios que García había intervenido directamente en la operación, y recopiló testimonios de que en el transcurso de la misma el mandatario se había reunido reiteradamente con Abderramán El Assir, un acaudalado libanés cuyo oficio era ser intermediario entre gobiernos compradores y fabricantes de armas, con altas comisiones de por medio. Presumiblemente ambos negociaron la venta de los aviones hacia un país de Oriente, para lo cual se habría usado la intermediación del BCCI de Londres, un banco especializado en falsificar documentación referente a ventas de armas. Hay que destacar que una de las cláusulas del contrato de compra contemplaba la posibilidad de que el Perú pudiera traspasar parte de la flota a un tercer país, previa autorización del gobierno francés, cosa que inexplicablemente no se siguió, y aparentemente se optó por la venta clandestina que obviamente beneficiaba por lo bajo a los participantes en dicha operación. La defensa de García consistió en afirmar que no hubo intermediarios en la renegociación de la compra, la misma que se hizo de gobierno a gobierno, y resaltó lo beneficioso que fue para el país dicha operación. En cuanto a Abderramán El Assir, García admitió conocerlo, pero negó que fuera un traficante de armas. No obstante, los analistas concuerdan en que la decisión de renegociar la compra de los Mirage fue en realidad perjudicial al país, calculándose las pérdidas en más de 250 millones de dólares. El escándalo del BCCI, un banco internacional sindicado de prácticas de defraudación, estalló al producirse su quiebra en 1991, salpicando a muchos gobiernos del mundo, entre ellos el de Perú. Una de las prácticas de dicho Banco era captar depósitos pagando sobornos y coimas a funcionarios de gobierno y funcionarios de bancos. El fiscal del distrito de la ciudad de Nueva York Robert Morgenthau, en el curso de sus investigaciones en torno a este caso internacional, reveló que parte de las reservas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fueron depositadas en el BCCI, previo soborno de tres millones de dólares a dos funcionarios del BCRP, 12
Leonel Figueroa (presidente) y Héctor Neyra (gerente general). Después se supo que el encargado de sobornar a estos dos fue el peruano Brian Jensen, ex funcionario del BCCI y ex gerente general del BCRP en la época del segundo belaundismo. Aunque el BCRP era en teoría autónomo, sin embargo, era difícil de creer que el presidente García, por su estilo de gobierno, no habría estado al tanto de sus manejos; los indicios apuntaban a que estuvo involucrado directamente en la colocación de las reservas en el BCCI y que conoció de los sobornos. Todas estas revelaciones causaron gran impacto en el Perú. La defensa de García consistió en afirmar que nunca intervino en las decisiones gerenciales del BCRP y que el gran culpable de los sobornos era Brian Jensen, que era acciopopulista. Si bien ambas cámaras, la de diputados y senadores, ante los indicios documentales y testimoniales, votaron mayoritariamente por la acusación constitucional contra el ex presidente, errores procesales motivaron que el “caso García” no prosperara en el poder judicial (allí se adujo falta de evidencias e imprecisión de los cargos criminales). Se afirmó también que los jueces responsables del caso habían sido nombrados en el gobierno de García o tenían vínculos estrechos con el APRA. A todo ello se sumó el autogolpe de Fujimori de 1992, que dio a Alan García la excusa perfecta para fugarse del país y asilarse en Colombia, arguyendo ser un “perseguido político” (luego pasaría a Francia). No volvería al Perú hasta el 2001, tras la caída de Fujimori. Aunque a lo largo de esos años se intentó mantener en su contra las denuncias de corrupción, estas finalmente prescribieron, figura a la que oportunamente se acogió García. Fue así que pudo postular nuevamente a la presidencia en el 2001, al no tener ningún proceso pendiente. ¿Cómo se origina la inflación? Un ejemplo: Recurramos a un ejemplo simple para entender mejor el problema de la inflación: Rosa tiene 100 naranjas y Javier 100 manzanas. A Rosa le provoca comer una manzana mientras que Javier prefiere comer una naranja. Para ambos, lo más simple sería recurrir al trueque e intercambiar una manzana por una naranja. Pero también pueden inventar una moneda, por ejemplo, en forma de una piedra. Para fijar un número, supongamos que tanto Rosa como Javier reciben 100 piedras cada uno. Rosa le vende una naranja a Javier a cambio de una piedra. Luego, Rosa le compra una manzana a Javier a cambio, también, de una piedra. La piedra tiene, pues, el mismo valor que una naranja o una manzana. El precio de una naranja es de una piedra. El precio de la manzana también. Supongamos, ahora, que Rosa decide organizar una fiesta para muchos amigos y hacer una gran torta de manzana. Para ello necesita diez manzanas. Pero como prefiere no gastar las 100 piedritas que le quedan, sale al bosque y recolecta diez piedritas adicionales. Acto seguido, compra las diez manzanas a cambio de diez piedritas. Entre Rosa y Javier siguen habiendo 100 naranjas y 100 manzanas (consideremos que tanto Rosa como Javier aún no se comieron sus frutas). Pero ahora, el dinero que circula entre los dos ya no son 200 piedritas, sino 210.
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Dado que el dinero sólo tiene valor si hay algo que comprar y que, en nuestro ejemplo, lo único que se puede comprar son 100 naranjas y 100 manzanas (teniendo todas el mismo valor), el precio de cada manzana y de cada naranja sube, de una piedrita, a una piedrita y cinco céntimos (1,05 x 200 = 210). Por esa misma razón, el Estado que aumenta la circulación de dinero sin que haya un aumento de oferta origina que los precios suban y que, por ello, el valor del dinero baje. Reactivando la economía Volvamos a 1985: Alan García creía que la inflación no se debía a una falta de oferta, sino más bien a que el Estado se había visto obligado a subir el precio de bienes y servicios básicos (en especial el de la gasolina) para pagar la deuda: La existencia de un gran exceso de capacidad instalada en la industria peruana era en sí indicativo de que la demanda no era el problema. El Perú había sufrido en 1983 la peor recesión que se recordara, pero la inflación, en vez de caer, se había acelerado A través de la reactivación de la economía nacional se esperaba salir de círculo vicioso heredado por Belaúnde y entrar a un círculo virtuoso: A más crecimiento económico, más recaudaciones tributarias. A más recaudaciones tributarias, más posibilidades de cubrir el déficit fiscal. El Perú no estaba solo con este experimento heterodoxo. Casi al mismo tiempo, Argentina había implementado el Plan Austral, parecido en muchos aspectos al modelo peruano. Pero Argentina, a diferencia de Perú y Brasil con su Plan Cruzado de 1986, sí consultó previamente al FMI. Sin novedades en el frente(1988 y 1989) Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente: La inflación empezó a galopar (114,5 % en diciembre del 1987), la producción - y, por consiguiente, la reactivación económica - se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio (una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados). Ya hemos visto que el Estado no recaudó más impuestos a pesar del crecimiento económico de 1986. Esa ineficacia tributaria, sumada a la inflación, contribuyó a agravar la situación en 1987 y 1988. Además, las empresas estatales como Electro Perú empezaron a hacer pérdidas mucho mayores que en los años previos. Los hechos estaban dejando al Estado con cada vez menos margen de acción, convirtiéndolo en observador pasivo del desastre económico. Obligado por las circunstancias a un cambio de rumbo, el gobierno recurrió, a fines de 1987, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) en busca de préstamos. El experimento heterodoxo había llegado a su fin. En octubre de 1987, el gobierno procedió a devaluar el inti en 24 %. Los llamados paquetazos siguieron dándose, de forma periódica, hasta septiembre de 1988, llevando a una gran recesión económica. Pero García seguía sin aceptar la necesidad de una línea clara: El proceso de toma de decisiones durante este período demostró una falta de coordinación y una pérdida de dirección. Mientras algunos miembros eminentes del equipo económico empezaron a aceptar -a regañadientes- la necesidad de un retorno a la ortodoxia como requisito para conseguir nuevos flujos de dólares, García se resistió a pagar el precio político. El resultado fue una serie de medidas tibias y términos medios(202). El equipo económico de García -presidido por Gustavo Saberbein- intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Déficit cero a través de aumentos fuertísimos de 14
impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, sólo accedió a un camino medio sin resolver el problema de fondo: Un Estado en bancarrota (déficit fiscal) y una economía que importaba más de lo que exportaba (déficit comercial). Los resultados están en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación de Alan García. Fue recién hacia fines de 1988 que García se convenció de la necesidad de una "guerra frontal" contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shockeconómico, el seis de septiembre de 1988. El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importadas. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos. Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo conversaciones, el Perú no llegó a recibir préstamos. Ello se debió, también, a que el Perú aún adeudaba 600 millones de dólares al FMI y 400 millones al Banco Mundial. A partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. Y el shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación. Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el déficit comercial. Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero. El 22 de noviembre de 1988, García lanzo otro "paquete" con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García. El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de proporciones nunca antes vistas. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia. Los años 1989 y 1990 pueden ser narrados de forma breve, pues no se produjeron cambios sustanciales. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los productos mineros en el mercado internacional. Bajo el nuevo Ministro de Economía, César Vásquez Bazán, la inflación cayó, pero no de forma sustancial. La tasa anual de inflación fue de 2000 % en 1989. Los últimos meses de 1989 fueron usados en gastar las magras reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las prontas elecciones. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales eran de apenas 190 millones de dólares. V.
ASPECTO SOCIAL:
Terrorismo
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La actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva del Huallaga y casi todas las alturas de los Andes Centrales cayeron bajo control de las huestes terroristas. Estos irrumpían de improviso en los pueblos, asesinaban con extremada crueldad a los policías y las autoridades locales, reclutaban a la fuerza a los pobladores y luego, ante la proximidad de las fuerzas militares, se retiraban a las alturas, rehuyendo presentar combate frontal. Tales oponentes escurridizos e inasibles resultaban muy difíciles de someter para las fuerzas del orden. Los terroristas también se dedicaron a destruir todo signo de progreso en las regiones: puentes, plantas eléctricas e hidroeléctricas, plantas experimentales de agricultura y ganadería, maquinarias, hasta el ganado de las comunidades. Y ahuyentaron o asesinaron a los pequeños productores y al personal extranjero de ayuda técnica. 47 Cuando se hizo muy fuerte la presencia militar en el campo, los senderistas optaron por otra estrategia: centrar su accionar dentro de las ciudades, particularmente Lima. En ellas se hallaban infiltrados en las universidades y sindicatos. Sus atentados nocturnos eran precedidos por voladuras de torres de alta tensión que provocaban apagones; asimismo, acrecentaron sus asesinatos selectivos de dirigentes populares, personal policial y funcionarios públicos. Un asesinato resonante fue el de Rodrigo Franco Montes, dirigente aprista y presidente de ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), en 1987.48 Hacia 1989 se calcula que la violencia terrorista había causado la muerte a unas 20.000 personas, el 90% de los cuales eran de origen campesino.49 El accionar del terrorismo produjo como reacción actos de represión militar, como la matanza de senderistas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de junio de 1986 (Matanza en los penales) y la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara (provincia de Cangallo) en 1988. Aunque inicialmente Alan García mostró interés en frenar las violaciones a los derechos humanos, tras el incidente de los penales, permitió que continuase la violencia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de la muerte, que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista. Este grupo paramilitar adoptó el nombre de Comando Rodrigo Franco (en alusión al dirigente aprista asesinado en 1987) y empezó su accionar en 1988. Su primera víctima fue Manuel Febres, el abogado defensor de Osmán Morote Barrionuevo, el cabecilla terrorista capturado en junio de ese año y sindicado como el número 2 de Sendero Luminoso.50 A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima y varias otras ciudades, frente a la impotencia gubernamental. Los estallidos de bombas y los asesinatos selectivos ocurrían a diario. El inicio del proceso electoral de 1990 fue otro motivo para que se desatara una escalada de crímenes selectivos, ya que la cúpula terrorista consideraba de interés prioritario impedir la realización de las elecciones generales. Un comando del MRTA dio muerte 16
al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar Trint, en una céntrica calle de Lima (9 de enero de 1990). De los dos grupos terroristas, era el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru el que se mostraba más frágil en cuando a organización y clandestinidad, por lo que una labor de inteligencia permitió la captura de sus principales dirigentes, entre ellos Víctor Polay Campos, el "Comandante Rolando". Sin embargo, la controversia se dio cuando a menos de veinte días de la transferencia al nuevo gobierno (julio de 1990), Víctor Polay y 47 militantes del MRTA lograron fugar del penal de "máxima seguridad" Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros construido desde fuera del penal. La construcción, muy precaria, carecía de instalaciones de servicios de alumbrado e incluso de un respiradero que facilitaría el trabajo operativo. Más allá del hecho mismo, la repercusión obtenida por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a nivel nacional e internacional, constituyó un duro cuestionamiento no sólo a la estrategia antisubversiva del Gobierno Peruano, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales del país. VI.
ASPECTO INTERNACIONAL:
Se puede afirmar que con el anuncio del presidente García ante al Asamblea de la ONU de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa, se inicia la política internacional del gobierno aprista. La intención de García, al hacer una prédica antiimperialista y antiestadounidense en el seno de la ONU, era evidentemente asumir un liderazgo dentro de los llamados países no alineados o tercermundistas, compitiendo así con el líder cubano Fidel Castro (quien, a propósito, tenía una posición mucho más radical en torno al problema de la deuda externa: no pago). Esperaba sin duda García que los países latinoamericanos afectados también por el problema de la deuda externa se sumaran a su tesis, pero ello no se dio, de modo que el Perú quedó aislado. En julio de 1986 se llevó a cabo el XVII Congreso de la Internacional Socialista en la Ciudad de Lima, siendo el primer congreso que la organización celebró en el continente americano, aceptando la solicitud del presidente García. Fue el momento cumbre de la política exterior peruana. En el congreso de la organización internacional, Alan García estuvo acompañado por el ex canciller alemán, Willy Brandt (Premio Nobel de la Paz 1971), el ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, el revolucionario nicaragüense, Bayardo Arce Castaño y el ex ministro español, Enrique Barón. Días antes de la inauguración oficial, se produjo la Matanza de los penales, hecho ocurrido cuando las fuerzas del orden retomaron a la fuerza distintos penales o centros de reclusión controlados por terroristas, lo que dejó una gran cantidad de muertos y heridos (oficialmente se habló de 300 muertos). Fue un duro revés para la política exterior del Perú, del cual nunca se pudo recuperar. 17
García asistió a la promulgación de la Constitución sandinista en Nicaragua (1987), impulsó la formación del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora (que laboraba a favor de la paz en Centroamérica) y se opuso a la invasión estadounidense de Panamá de 1989. La oposición al gobierno La oposición al gobierno creció significativamente desde el intento de estatización de la banca, una medida que fue sumamente impopular y disparó un enérgico movimiento de protesta de la derecha encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. Este movimiento finalmente evolucionaría en la alianza política FREDEMO (que incluía al Partido Popular Cristiano, Acción Popular y al Movimiento Libertad) que postuló en las elecciones de 1990 con Vargas Llosa como candidato presidencial. De otro lado se presentó Luis Alva Castro, como candidato oficialista, es decir, por el APRA. La izquierda, ya en crisis, presentó dos candidatos: Alfonso Barrantes, el ex alcalde de Lima, por la Izquierda Socialista; y Henry Pease por la Izquierda Unida. Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió una figura hasta entonces desconocido en política, el ingeniero agrónomo y ex rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori Fujimori, que encabezaba un improvisado partido llamado Cambio 90. En las elecciones del 8 de abril de 1990 Fujimori quedó en segundo lugar detrás de Vargas Llosa, forzando así a una segunda vuelta electoral. Esta se realizó el 10 de junio de 1990. Fujimori, apoyado por el APRA y la izquierda, ganó abrumadoramente con el 62 % de los votos, frente al 38 % que obtuvo Vargas Llosa. En el último mensaje a la nación que dio García el 28 de julio de 1990 ante el Congreso recién electo, un nutrido grupo de parlamentarios interrumpió al mandatario constantemente mediante carpetazos y pifias, ante el desconcierto de los presidentes de diversos países de Latinoamérica y otros invitados ilustres congregados para asistir a la toma de mando. VII.
OBRAS:
La crisis económica motivó que no se realizaran grandes obras de infraestructura física, pero sí se continuaron varias iniciadas en gobiernos anteriores, siendo algunas terminadas.
En 1986 se reanudó la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V (Arequipa). Esta obra se había iniciado en 1978, siendo culminada en 1988.
También en 1986 se reanudó el proyecto de irrigación Chavimochic, un vasto plan de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama (La Libertad), aprovechando las aguas del río Santa. Sería concluido en el siguiente gobierno de Fujimori.
Continuó la represa de Gallito Ciego, entre La Libertad y Cajamarca, hasta su inauguración en 1988. El costo de la obra fue de 125 millones de dólares. 18
En 1989 se reanudó el proyecto hidroenergético de Olmos (Lambayeque), obra que benefició a 25 mil familias.
En 1987 se reanudó la central hidroeléctrica de Carhuaquero (Cajamarca).
Se continuó el gran proyecto Majes (Arequipa), terminándose la construcción de la presa de Condoroma y el canal de Majes.
Se terminó el Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra en Huarangal (Lima).
Se creó el Museo de la Nación, en el edificio donde antes funcionaba el Ministerio de Pesquería y el Banco de la Nación.
Se inició la construcción del Tren Eléctrico de Lima, un ambicioso proyecto de transporte urbano, destinado a cubrir la distancia de 20.8 km, desde Villa El Salvador hasta elHospital Dos de Mayo, en el centro de Lima. Sin embargo, tras invertirse grandes sumas de dinero, las obras fueron paralizadas sin haberse culminado. La crisis económica, una serie de denuncias de corrupción en torno a la licitación de la obra, así como intereses políticos, mantuvieron el proyecto en suspenso durante dos décadas, reiniciándose ya avanzado el siglo XXI, bajo el segundo gobierno del mismo García.
Algunas de sus medidas sociales, calificadas a veces como “populistas”, fueron las siguientes:
Se construyeron hospitales en algunos departamentos y se amplió la cobertura de vacunación de los niños a nivel nacional.
Se dio recursos al Banco Agrario, entidad estatal que se encargó de dar préstamos a los campesinos, con “cero interés” en algunas regiones.
Se crearon programas temporales para dar empleo a los más pobres, como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT).
Para favorecer la alimentación popular se implementaron comedores populares y se creó el llamado “pan popular”, un pan más barato, hecho a base de harina de trigo menos refinada que el de uso corriente.
En otros aspectos, se consideran como logros de la gestión aprista la Regionalización y la simplificación administrativa.
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VIII. BIBLIOGRAFIA:
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