Fiscalía General
del
Estado
EL MINISTERIO FISCAL ESPAÑOL
MINISTERIO DE JUSTICIA
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El Ministerio Fiscal: Órgano Constitucional El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución Española, se refiere en los siguientes términos: El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y modificado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que refuerza su autonomía y moderniza su organización territorial. En el Estatuto Orgánico se contiene la regulación básica de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de Fiscal, los derechos y deberes de los Fiscales y el régimen disciplinario.
Los principios de legalidad e imparcialidad son los que rigen en todo caso la actuación del Ministerio Fiscal. Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados. El Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el Estado y sus miembros son autoridad a todos los efectos, actuando siempre en representación de toda la Institución.
Historia Hombre del Rey, Procurador Fiscal, son viejas terminologías y añejas figuras en las que se desgranan los precedentes de lo que pudiera haber sido el prolegómeno de la Institución, aunque su realidad cercana se configura más adelante. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 concibió al Ministerio Fiscal como encargado de promover la acción de la Justicia en cuanto atañe al interés público, además de representar al Gobierno en lo que concierne a sus relaciones con el Poder Judicial. Las Leyes de Enjuiciamiento de 1881 y 1882 le ubican en los procedimientos penales y civiles, aunque tanto le equiparan al Abogado del Estado como le consideran parte. La norma que regula los procesos penales le sitúa en una posición especial que le diferencia del resto de las partes. La Carrera Fiscal surge como carrera autónoma con el Real Decreto de 21 de junio de 1926, que establece el primero de sus Estatutos, donde se plasman similares definiciones a las de la Ley Orgánica de 1870. Al Ministerio Fiscal se le encomienda la misión de representar al Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial y velar por la observancia de las leyes, promoviendo la acción de la Justicia en defensa de los intereses públicos para el mantenimiento del orden público y la satisfacción del interés social.
El marco jurídico en que se desenvuelve el Estado surgido tras la guerra civil ubica al Ministerio Fiscal en una peculiar posición como órgano de comunicación entre la Administración y los Tribunales de Justicia. La instauración de la democracia y su plasmación legal en la Constitución de 1978, en consonancia con el nuevo espíritu de los tiempos, encomienda al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, procurando la satisfacción del interés social ante los Tribunales. Al mismo tiempo se configura como una institución autónoma, integrada en el Poder Judicial que actúa a través de órganos propios (autonomía orgánica) sin dependencia del Consejo General del Poder Judicial (autonomía funcional). Desaparece su configuración como órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales y se rompe la dependencia gubernamental, dado que el Gobierno únicamente podrá interesar del Ministerio Fiscal actuaciones en orden a la defensa del interés público, siendo el Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, quien decidirá libremente acerca de su viabilidad o procedencia.
La sede de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía General del Estado, cuenta hoy con una sede propia situada en el número 17 del Paseo de la Castellana. Anteriormente, se ubicaba en el Palacio de las Salesas, sede del Tribunal Supremo. El edificio, con entrada también por el número 4 de la calle Fortuny, fue construido por la familia del marqués de Fontalba y Cubas en el año 1912. Uno de sus rasgos más característicos es que conserva en su parte delantera un sobrio y equilibrado jardín, que le hace sobresalir entre otras bellas edificaciones del Paseo de la Castellana. Habiendo adquirido el Estado la propiedad del edificio en los años cuarenta, ha tenido varios usos públicos, siendo el precedente más notable el de albergar al Consejo Supremo de Justicia Militar, que fuera máximo órgano de Justicia en el ámbito castrense. Si bien con la llegada de la Fiscalía ambas instituciones compartieron sede durante cierto tiempo, desaparecido el órgano castrense, es hoy el lugar sede exclusiva de la Fiscalía General del Estado. Terminada su restauración a finales del año 2004, recupera el edificio toda su prestancia de forma que dignifica a la Institución que alberga. El edificio rehabilitado fue oficialmente inaugurado por Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía el día 11 de enero de 2006.
La Carrera Fiscal El ingreso en la Carrera Fiscal se hace por oposición libre entre licenciados en Derecho y que reúnan las condiciones de capacidad exigidas. La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra Carrera. Quienes eligen la Carrera Fiscal deben superar en el Centro de Estudios Jurídicos un curso de formación, produciéndose tras ello el ingreso en la Carrera Fiscal con el correspondiente juramento y toma de posesión de la plaza de destino. La plantilla orgánica está formada por Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal, Fiscales, equiparados a Magistrados y Abogados-Fiscales, equiparados a Jueces. Tales constituyen las que se denominan categorías primera, segunda y tercera de la Carrera Fiscal. En cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, cuando no está expresamente regulado en el Estatuto Orgánico, es aplicable supletoriamente lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que atribuye a los miembros del Ministerio Fiscal un estatuto asimilado al de Magistrado, salvo las peculiaridades propias de la Institución.
Organización del Ministerio Fiscal
I. El Fiscal General del Estado El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español. El mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que le haya propuesto. El Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de la actuación interesada. Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas pueden dirigirse en similares términos al Ministerio Fiscal a través del Fiscal Superior de cada Comunidad.
El Fiscal General imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la Institución y al ejercicio de las funciones fiscales, pudiendo ser éstas tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Las directrices generales son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y se concretan fundamentalmente a través de tres instrumentos: las circulares, las instrucciones y las consultas. Circulares: Contienen criterios generales de actuación e interpretación de normas. También marcan pautas para definir la estructura y funcionamiento de los órganos del Ministerio Fiscal. Instrucciones: Contienen disposiciones generales sobre actuación y organización en cuestiones más concretas y de menor entidad que las circulares. Consultas: En ellas se resuelven las cuestiones dudosas que cualquier Fiscalía puede plantear al Fiscal General sobre interpretación de alguna norma.
II. La Fiscalía General del Estado Como Unidades dirigidas por el Fiscal General en la Fiscalía General del Estado existen: La Inspección Fiscal ejerce competencias de inspección por delegación permanente del Fiscal General del Estado, sin perjuicio de las funciones de inspección ordinaria de los Fiscales Superiores y de las funciones inspectoras de los Fiscales Jefes respecto de los Fiscales que de ellos dependan. En la misma existe una Sección Permanente de Valoración para centralizar la información sobre mérito y capacidad de los Fiscales a fin de dar apoyo al Consejo Fiscal al informar nombramientos discrecionales de la Carrera Fiscal.
La Secretaría Técnica, a través de sus estudios, investigaciones e informes, es órgano de apoyo constante al Fiscal General del Estado, para que ejerza la jefatura superior del Ministerio Fiscal, llevando igualmente a cabo los trabajos preparatorios para la Junta de Fiscales de Sala. Colabora en la planificación de la formación de los Fiscales cuya competencia viene atribuida al Centro de Estudios Jurídicos. La Unidad de Apoyo realiza labores de representación y relaciones institucionales con los poderes públicos, así como de comunicación y atención al ciudadano. Está encargada del análisis y elaboración de informes relativos a organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal en materias de estadística, informática, personal, medios materiales, información y documentación. En general, realiza funciones de apoyo y asistencia al Fiscal General del Estado, a los Fiscales de Sala adscritos a la Fiscalía General, al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala que no correspondan a la Inspección o a la Secretaría Técnica. Unidad de Apoyo
Fiscalía General del Estado Secretaría Técnica
Inspección Fiscal
También forman parte de la Fiscalía General del Estado los Fiscales de Sala Especialistas, responsables de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materias concretas. Tales son: Fiscal contra la
Fiscales de Sala Especialistas Violencia sobre la Mujer Fiscal de Extranjería Fiscal responsable en materia de protección y reforma de menores
Fiscal de Siniestralidad Laboral
Fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendio forestales Fiscal de delincuencia informática
Fiscal de Seguridad Vial Fiscal de cooperación internacional
Iii. El Consejo Fiscal El Consejo Fiscal es órgano de representación de la Carrera Fiscal. Lo preside el Fiscal General del Estado y lo componen dos tipos de miembros: los natos, que son el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Jefe Inspector, y los electivos, nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías de la Carrera Fiscal, elegidos por un periodo de cuatro años por todos los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo. Como órgano que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, tiene entre sus principales competencias las de asesorarle en cuantas materias éste le someta, elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos, informar las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos, instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal e informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal y resolver los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los Fiscales Jefes.
IV. La Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas La Junta de Fiscales de Sala es un órgano de asesoramiento técnico. La preside el Fiscal General del Estado y la integran el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de Sala. Asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de
consultas, elaboración de las memorias y circulares, así como la preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, presidida por el Fiscal General del Estado, está integrada por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por los Fiscales Superiores y por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actúa como Secretario. Su función es asegurar la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las Fiscalías en todo el territorio del Estado.
V. La Fiscalía del Tribunal Supremo La Fiscalía del Tribunal Supremo ejerce sus funciones ante dicho órgano, que, es el órgano judicial superior en todos los órdenes, teniendo jurisdicción en toda España. De forma paralela a como se estructura el órgano, la Fiscalía se divide en secciones, que actúan ante las distintas Salas del Tribunal –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar–, siendo la más caracterizada de sus competencias el despacho de los recursos extraordinarios de casación y revisión contra sentencias dictadas en instancias inferiores. El Fiscal General del Estado ejerce la jefatura directa, asistido y sustituido por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
VI. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional es un órgano regulado en la Constitución y en su propia Ley Orgánica, con jurisdicción en todo el territorio español y competente para conocer, entre otras materias relevantes, del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales y de las cuestiones de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. En los procedimientos es parte el Ministerio Fiscal, que ejerce sus funciones a través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
Vii. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas El Tribunal de Cuentas es también un órgano constitucional cuya constitución y funcionamiento prevé su Ley Orgánica, configurándose como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público; para intervenir en los procedimientos a través de los cuales se desarrolla esa función está constituida la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Viii. La Fiscalía de la Audiencia Nacional La Fiscalía de la Audiencia Nacional ejerce sus funciones ante dicho órgano, que, tiene jurisdicción en toda España, jurisdicción que se concreta en materias penales, contencioso-administrativas y sociales en razón de la especialidad de su contenido, siendo especialmente relevantes, las que se refieren a la persecución de los delitos de terrorismo.
IX. Fiscalías Especiales Fiscalía Antidroga
Ministerio Fiscal Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
La Fiscalía Antidroga interviene en los procesos penales por delitos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de
Instrucción; igualmente coordina la actuación de las distintas Fiscalías en dichas materias. La Fiscalía asume, en su caso, la posible actividad investigadora del Ministerio Fiscal en ese ámbito delictivo y colabora con la autoridad judicial en el control de la aplicación de medidas de tratamiento de drogodependencias a delincuentes de esta naturaleza. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, bajo la premisa de la especial trascendencia del hecho, investiga y conoce de los procesos relativos a ciertos delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, en ambos casos relacionados con el fenómeno de la corrupción, vinculada al beneficio económico ilícito. A reserva de la especial competencia de las Fiscalías de la Audiencia Nacional y Antidroga, asume la investigación de la actividad económica de grupos delictivos organizados o su aprovechamiento económico de actividades delictivas.
X. Fiscalías Territoriales Fiscalías de la Comunidad Autónoma
Fiscalías Territoriales Fiscalías Provinciales Fiscalías de Área
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma radica en su capital. A su frente está el Fiscal Superior, a cuya autoridad están sujetos todos los Fiscales de la Comunidad en virtud de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. La Fiscalía ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia. El Fiscal Superior ostenta la representación del Ministerio Fiscal en ese territorio y mantiene una estrecha comunicación y colaboración con los órganos de gobierno autonómicos, ante cuya Asamblea legislativa debe presentar la memoria anual. La Fiscalía Provincial ejerce las funciones del Ministerio Fiscal en ese ámbito territorial. Con el fin de adaptar su organización a las circunstancias y necesidades de su territorio, es posible que existan dentro del mismo unidades diferenciadas de la Fiscalía Provincial pero bajo su dependencia;
se trata de las Fiscalías de Área y Secciones Territoriales; para ello se valoran factores como el volumen de asuntos, número de órganos judiciales o la existencia de secciones desplazadas de la Audiencia Provincial. Por la singularidad de la materia o el volumen de actuaciones, las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y Provinciales pueden establecer, además, Secciones especializadas.
Funciones del Ministerio Fiscal Bajo los principios de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en las áreas que le señalan su norma reguladora y el ordenamiento jurídico estatal. Como quiera que ello se hace bajo el prisma de dar satisfacción al interés social a través de la defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, ello tiene lugar, en la mayoría de las ocasiones, actuando ante los Tribunales de Justicia en los distintos órdenes jurisdiccionales del ámbito penal, civil, contencioso-administrativo y social. Una visión sintética y de conjunto es la siguiente: En los procesos penales interviene en todas sus fases, a excepción de aquellos por delitos y faltas exclusivamente perseguibles a instancia de parte
Actuación en el orden penal
Ejerce las acciones penales y civiles en los procesos penales, oponiéndose a las ejercitadas por otros cuando proceda Vela por la protección procesal de las víctimas y perjudicados, promoviendo la ejecución de los mecanismos de ayuda y asistencia
Visita de los centros de detención y penitenciarios. Interviene en los procedimientos en materia de vigilancia penitenciaria por quejas y recursos de quienes se encuentran sometidos a la ejecución de penas privativas de libertad
Recibe denuncias. Puede practicar diligencias de investigación que pueden concluir con su remisión a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno, o por su archivo, si no encuentra fundamentos para ejercitar acción alguna
Actuación en el orden civil
En los procesos de incapacitación de personas afectadas por deficiencias físicas o psíquicas y puede llegar a solicitarla. Actúa en defensa de la legalidad y del interés público y social. Visita cualesquiera centros de internamiento En los procesos de nulidad matrimonial. Actúa en defensa de la legalidad y del interés público y social
En los procesos matrimoniales de separación o divorcio cuando alguno de los interesados sea menor, esté incapacitado o esté en situación de ausencia legal En los procesos de determinación e impugnación de la filiación
Emite dictamen en las cuestiones de falta de jurisdicción o falta de competencia que se plantean ante los órganos jurisdiccionales de este orden
Actuación en el orden contenciosoadministrativo
Está legitimado para interponer los recursos en interés de ley Es parte en aquellos procedimientos en los que se invoca el quebrantamiento de los derechos fundamentales
Dictamina en las cuestiones de falta de jurisdicción o falta de competencia que se plantean ante los órganos jurisdiccionales de este orden
Actuación en el orden social
En los procesos de impugnación de convenios colectivos En los procesos de impugnación de los Estatutos de los Sindicatos y de las Asociaciones empresariales
En los recursos de casación y en los que se tramitan para la unificación de doctrina
En los procesos en que se invoca el quebrantamiento de los derechos fundamentales y libertades públicas o un trato discriminatorio o el quebrantamiento de la libertad sindical
Actuación ante el Tribunal Constitucional
Interviene en las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces y Tribunales Está legitimado para interponer recursos de amparo y es parte en todos los procedimientos de esa naturaleza en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley
Actuación ante el Tribunal de Cuentas
Es oído por el Tribunal cuando ejerce su función fiscalizadora sobre el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía
Interviene como demandante en los procedimientos en los que se exige responsabilidad contable
Actuación en materia de menores
Reforma Instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. Promueve soluciones extrajudiciales
Solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia
Protección Informa a la Entidad Pública de Protección de Menores de cuantas situaciones tenga conocimiento cuando exista un menor en situación de riesgo o desamparo –entre otras las derivadas de delitos cometidos por menores de catorce años– para que se adopten las medidas legalmente previstas Puede promover ante el Juez la adopción de medidas en protección de menores o impugnar las adoptadas por la Administración, cuando considere que no se ajustan a su superior interés
Conoce de las medidas (tutela automática, guarda, acogimiento) que las Entidades públicas competentes adopten para la protección de menores en situación de desamparo, e interviene en los procedimientos para su impugnación
Ejerce acciones en tutela de los derechos fundamentales de los menores
Cooperación internacional El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone en el artículo 3.15 que corresponde al Ministerio Fiscal “promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales”. La cooperación judicial internacional constituye en la actualidad un instrumento indispensable para la eficacia de la Justicia. En particular, en el ámbito penal, una pluralidad de factores, como la progresiva eliminación de fronteras en el seno de la Unión Europea y la consolidación de la existencia de una delincuencia organizada de carácter trasnacional, ha convertido el auxilio entre autoridades judiciales de distintos países en el mecanismo idóneo para la lucha contra la delincuencia. Los Fiscales son autoridad judicial a los efectos de la cooperación judicial internacional. Por lo que se refiere al ámbito europeo, el Convenio Europeo de Asistencia Judicial firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, fue ratificado por España el 18 de agosto de 1982, formulando una declaración respecto del artículo 24, según la cual “a los efectos del presente convenio serán consideradas como autoridades judiciales (...) los miembros del Ministerio Fiscal”. La misma condición se mantiene respecto al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000, pues ambas normas se configuran como complementarias del Convenio de 1959. La Unidad de Cooperación Internacional, bajo la dirección de la Fiscal de Sala para Cooperación Internacional, tiene encargado el ejercicio o, en su caso, la coordinación de las funciones que se atribuyen a los Fiscales en materia de cooperación internacional. La Instrucción 1/2011 estableció esta Unidad, desarrollando la
especialización iniciada en 2007 con la creación de una sección dedicada dentro de la Secretaría Técnica. Entre las funciones de esta Unidad se encuentra la de coordinar y dirigir la Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional. Además es el punto de contacto para los fiscales españoles que trabajan para organizaciones u organismos internacionales. La Fiscalía General participa periódicamente en las reuniones internacionales de Fiscales Generales tanto en el seno del Consejo de Europa, de la Unión Europea, o en el seno de otras organizaciones iberoamericanas o mundiales. También merece especial mención la actividad desarrollada en el seno de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos reúne a los Fiscales del continente americano y la península ibérica y ha celebrado hasta el momento de redactar estas líneas 16 Asambleas Ordinarias y varias Asambleas Extraordinarias, así como numerosas reuniones técnicas. En dichos encuentros se alcanzaron importantes conclusiones y resoluciones, tales como, la decisión de apoyar los procesos de autonomía de los Ministerios públicos, la instauración de un modelo acusatorio en el proceso penal en Iberoamérica, y hacer frente, con carácter prioritario, a la delincuencia organizada. El impulso a la cooperación judicial internacional con su integración en la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial internacional, IberRED, ha sido también uno de sus más destacables hitos. Actualmente corresponde al Fiscal General del Estado la Presidencia de la AIAMP. Más detalles pueden obtenerse en el sitio web www.aiamp.net. La Fiscalía Española se integra activamente en todas las estructuras de cooperación creadas internacionalmente:
Eurojust Eurojust se estableció por la Decisión 2002/187/JAI como un órgano de la UE con personalidad jurídica para promover y mejorar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. La Fiscalía colabora con Eurojust en su labor de coor-
dinación de la cooperación internacional a través de la Unidad de Cooperación Internacional.
Red Judicial Europea (Rje/Ejn) La Red Judicial Europea (RJE/EJN)) creada por la Acción Común de 29 de Junio de 1998 tiene también por objeto “facilitar la cooperación judicial penal entre los Estados miembros de la Unión”. Está compuesta por una serie de puntos de contacto en cada Estado miembro, éstos suelen ser las autoridades centrales responsables de la cooperación judicial internacional o aquellas otras autoridades judiciales o del Ministerio Público con responsabilidades específicas en el marco de la cooperación internacional. En España 10 de los 17 puntos de contacto de la EJN son fiscales.
Iberred Su objetivo es optimizar la cooperación judicial en materia penal y civil entre los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, complementando la labor que en dichas áreas llevan a cabo los poderes ejecutivos y las autoridades centrales respectivas. Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Ministerios de Justicia son los tres pilares sobre los que descansa Iber-Red. Diez de los puntos de contacto españoles son fiscales.
AIAMP La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos fue fundada en la República Federativa de Brasil en 1954, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos y posteriormente, con la incorporación de España y Portu-
gal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Recientemente fue objeto de un relanzamiento que culminó con su refundación en la XIV Asamblea celebrada en octubre de 2007 en Madrid. La AIAMP busca dinamizar la actividad de los Fiscales en la Administración de Justicia Iberoamericana, como corresponde al papel de defensores de la legalidad y de los derechos humanos, base de la consolidación del Estado de Derecho.
Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional La Instrucción 2/03 ha creado un servicio especial dedicado a la cooperación judicial internacional formado por la conocida como Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional. En cada una de las Fiscalías territoriales existe un Fiscal integrante de esta red, a quien corresponde entre otras funciones despachar las solicitudes de auxilio judicial internacional recibidas en la Fiscalía y colaborar con el resto de los Fiscales en la redacción de las comisiones rogatorias que desde la Fiscalía deban dirigirse a las autoridades judiciales extranjeras.
www.fiscal.es Información complementaria puede ser obtenida a través de la página web oficial de la Fiscalía.
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LE MINISTÈRE PUBLIC ESPAGNOL
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Le Ministère Public: Organe Constitutionnel Le Ministère public est un organe d’importance constitutionnelle qui jouit d’une personnalité juridique propre, il est intégré avec autonomie fonctionnelle dans le Pouvoir judicaire, l’article 124 de la Constitution espagnole, dans le titre consacré au Pouvoir judiciaire, se réfère au Ministère public dans les termes ci-après: Le Ministère public, sans préjudice des fonctions confiées à d’autres organes, a pour mission de promouvoir l’action de la Justice en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la Loi, d’office ou à la demande des intéressés, ainsi que de veiller à l’indépendance des Tribunaux et de rechercher devant ceux-ci la satisfaction de l’intérêt social. Le Ministère public exerce ses fonctions par le biais de ses propres organes conformément aux principes de l’unité d’action et de la dépendance hiérarchique, assujetti en tout cas, à ceux de la légalité et de l’impartialité. La norme de base qui régit le Ministère public espagnol est le Statut organique du Ministère public, approuvé par la loi 50/81 du 30 décembre et modifié par la loi 24/2007, du 9 octobre, laquelle vient renforcer son autonomie et moderniser son organisation territoriale. Le Statut organique contient la réglementation de base concernant les fonctions, l’organisation, la structure et les principes, les normes d’action, les formes d’accès et la perte de la condition de procureur, les droits et devoirs des procureurs et le régime disciplinaire.
Les principes de légalité et d’impartialité vont régir en tout cas l’activité du Ministère public. En vertu du principe de légalité le Ministère public agit avec assujettissement à la Constitution, aux lois et à toutes les normes faisant partie du système juridique. Le principe d’impartialité suppose que le Ministère public agit avec une totale objectivité et indépendance pour la défense des intérêts qui lui sont confiés. Le Ministère public est un organe unique pour tout l’Etat et ses membres sont revêtus d’autorité à tous effets, agissant toujours en représentation de l’Institution en entier.
Histoire Homme du Roi, Avoué-procureur, ce sont ces vieilles terminologies et anciennes figures qui constituent les précédents de ce qui pourrait avoir été les prolégomènes de l’Institution, quoique sa configuration actuelle se façonne plus tard. Ce fut la loi organique du Pouvoir judiciaire de 1870 qui conçut le Ministère public comme chargé de promouvoir l’action de la Justice en ce qui concerne l’intérêt public, en plus de représenter le Gouvernement en ce qui a trait à ses rapports avec le Pouvoir judiciaire. Ce sont les lois de procédure de 1881 et 1882 qui le situent dans les procédures pénales et civiles, bien qu’elles le mettent sur un pied d’égalité avec l’Avocat au Conseil d’État, en même temps qu’elles le considèrent partie. C’est la norme réglementant les procédures criminelles qui le situe dans une position spéciale qui le distingue du reste des parties. Le Corps du Ministère public surgit comme une carrière autonome par le biais du décret royal du 21 juin 1926, qui établit le premier de ses statuts, qui reflète des définitions similaires à celles de la loi organique de 1870. On confie au Ministère public la mission de représenter le Gouvernement dans ses rapports avec le Pouvoir judiciaire et de veiller au respect des lois, en promouvant l’action de la Justice en défense des intérêts publics pour le maintien de l’ordre public et la satisfaction de l’intérêt social.
Le cadre juridique dans lequel se développe l’État formé après la guerre civile situe le Ministère public dans une position particulière en tant qu’organe de communication entre l’Administration et les tribunaux de justice. C’est l’instauration de la démocratie et sa concrétisation légale dans la Constitution de 1978 qui, en accord avec le nouvel esprit du temps, confie au Ministère public la mission de promouvoir l’action de la justice en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi, en primant la satisfaction de l’intérêt social devant les tribunaux. Il est, en même temps, une institution autonome, intégrée dans le Pouvoir judicaire, qui agit avec des organes propres (autonomie organique) et ne dépend pas du pouvoir judiciaire (autonomie fonctionnelle). Sa configuration en tant qu’organe de communication entre le Gouvernement et les tribunaux disparaît et la dépendance du Gouvernement aussi, étant donné que le Gouvernement pourra seulement proposer au Ministère public les actions en vue de la défense de l’intérêt public, en ce cas il correspond au Procureur général de l’État, après avoir entendu l’Assemblée des Procureurs des Chambres, de décider librement au sujet de sa viabilité et du bien-fondé des actions proposées.
Le siège du Parquet général de l’État Le Parquet général de l’État, dispose aujourd’hui d’un siège propre situé au numéro 17 du paseo de la Castellana. Autrefois, il était au Palais de las Salesas, siège de la Cour de cassation. Le bâtiment, qui a aussi une entrée au numéro 4 de la rue Fortuny, fut construit par la famille du marquis de Fontalba y Cubas en 1912. Une de ses marques les plus caractéristiques est qu’il conserve dans sa partie avant un jardin sobre et harmonieux, qui le distingue des autres belles constructions du paseo de la Castellana. L’État ayant acquis la propriété du bâtiment dans les années 40, il a eu plusieurs utilisations, la plus notable ayant été d’avoir hébergé le Conseil suprême de la Justice militaire, qui fut le plus haut organe de la Justice dans le domaine militaire. Bien qu’avec l’arrivée du Ministère public, les deux institutions aient partagé le siège pendant un certain temps, une fois l’organe militaire disparu, l’endroit est aujourd’hui le siège exclusif du Parquet général de l’État. Un fois sa restauration finie à la fin de l’année 2004, le bâtiment a récupéré toute sa prestance, faisant ainsi honneur à l’institution qu’il abrite. Le bâtiment réhabilité fut officiellement inauguré par Leurs Majestés le Roi Juan Carlos et la Reine Sofia le 11 janvier 2006.
Le Corps des Procureurs L’accès au Corps se fait uniquement par concours libre entre les licenciés en Droit qui réunissent les capacités requises. Le concours pour accéder aux carrières judiciaire et de la Magistrature debout est commun. Une fois ces épreuves réussies, les candidats choisissent l’accès à l’une des deux carrières. Ceux qui choisissent le Corps des procureurs doivent réussir au Centre d’études juridiques un cours de formation, après quoi ils sont admis dans le Corps des procureurs après avoir prêté serment et pris possession de leurs affectations. Les effectifs de cet organe sont composés des Procureurs des chambres de la Cour de cassation, équivalents aux Magistrats de cette Cour, Procureurs, équivalents aux Magistrats et Avocats généraux, équivalents aux juges. Ceux-ci constituent les catégories appelées première, deuxième et troisième du Corps du Ministère public. Tout ce qui concerne l’acquisition et la perte de la condition de membre du Parquet, les incapacités, les situations administratives, les devoirs et les droits, les incompatibilités, les interdictions et les responsabilités des membres sont réglementés par le Statut organique et, à défaut, on appliquera de manière supplétoire ce qui est stipulé pour les juges et magistrats dans la Loi organique du pouvoir judiciaire, ce qui attribue aux membres du Parquet un statut assimilé à celui de magistrat, hormis les particularités propres à l’institution.
Organisation du Ministère Public
I. Le Procureur général de l’état Le Procureur général de l’État détient la direction supérieure et la représentation du Ministère public. Il est nommé et révoqué de ses fonctions par le Roi, sur proposition du Gouvernement, après consultation du Conseil général du pouvoir judiciaire et évaluation de son aptitude par la Commission correspondante du Congrès des députés. Dans sa nomination interviennent donc les trois pouvoirs de l’État. L’élection doit se faire entre juristes espagnols de prestige ayant plus de quinze ans d’exercice effectif de leur profession. Il étend son autorité sur tout le territoire espagnol. Le mandat du Procureur général a une durée de quatre ans et ne peut être révoqué que par des causes limitées prévues par la Loi, qui seront évaluées, le cas échéant, par le Conseil de ministres. En tout cas il est révoqué avec le Gouvernement qui l’avait proposé. Le Procureur général agit avec impartialité et indépendance, sans qu’il puisse recevoir d’instructions ni d’ordres du Gouvernement ni d’aucun autre organe administratif ou judiciaire. En tout cas, le Gouvernement pourra demander au Procureur général de l’État d’ester en justice devant les tribunaux quand cela s’avère nécessaire, afin de défendre l’intérêt public. Le Procureur général de l’État, après consultation de l’Assemblée des procureurs de chambre, décidera de la viabilité ou pertinence de l’action demandée. Les organes du Gouvernement des Communautés autonomes peuvent s’adresser en termes similaires au Ministère public par la voie du Procureur supérieur de chaque Communauté.
Le Procureur général donne les ordres et instructions utiles au service, à l’ordre interne de l’Institution et à l’exercice des fonctions du Ministère public, celles-ci pouvant être aussi bien de caractère général que relatives à des affaires spécifiques. Les directives générales sont essentielles pour maintenir le principe d’unité d’action et se concrétisent fondamentalement à travers trois instruments: les circulaires, les instructions et les consultations. Circulaires: Elles contiennent les critères généraux d’action et d’interprétation des normes. Elles marquent aussi les lignes pour définir la structure et le fonctionnement des organes du Ministère public. Instructions: Ce sont des dispositions générales sur l’action et l’organisation concernant des questions plus concrètes et de moindre importance que les circulaires. Consultations: On y résout les doutes que les différents bureaux du Parquet peuvent poser au Procureur général sur l’interprétation d’une norme quelconque.
II. Le Parquet général de l’état En tant que Services dirigés par le Procureur général, l’on trouve au Parquet général de l’État: L’Inspection du parquet exerce des compétences d’inspection par délégation permanente du Procureur général de l’État, sans préjudice des fonctions d’inspection ordinaire des Procureurs supérieurs et des fonctions inspectrices des Procureurs en Chef sur des fonctionnaires qui dépendent d’eux. Il existe une Section permanente d’évaluation pour centraliser l’information sur les mérites et les capacités des procureurs afin de soutenir le Conseil du Ministère public au moment d’informer sur les désignations discrétionnaires du Corps du Ministère public.
Le Secrétariat technique, à travers ses études, recherches et rapports, est un organe de soutien permanent pour le Procureur général de l’État, dans l’exercice de la direction supérieure du Ministère public. Il est également chargé des travaux préparatoires pour l’Assemblée des procureurs de chambre. Il collabore à la planification de la formation des procureurs dont la compétence est attribuée au Centre d’études juridiques. L’Unité de soutien assure des fonctions de représentation et maintient des relations institutionnelles avec les pouvoirs publics, ainsi que des fonctions de communication et de service aux citoyens. Elle est également chargée de l’analyse et de l’élaboration de rapports au sujet de l’organisation et du fonctionnement du Ministère public en matière de statistique, informatique, personnel, moyens matériels, information et documentation. En général cette unité réalise des fonctions d’appui et d’assistance au Procureur général de l’État, aux Procureurs de chambre affectés au Parquet général, au Conseil du parquet et à l’Assemblée des procureurs de chambre qui ne sont pas attribuées à l’Inspection ou bien au Secrétariat technique. Unité de soutien
Parquet général de l’état Secrétariat technique Inspection du parquet
Tout en faisant partie du Parquet général de l’État, les Procureurs de chambre spécialisés sont les responsables de la coordination et de la supervision de l’action du Ministère public dans des matières concrètes. Ainsi: Procureurs de chambre spécialisés Procureur responsable de la protection et le redressement de mineurs
Procureur contre la violence sur la femme Procureur en matière d’extranéité
Procureur des accidents du travail
Procureur contre les délits concernant l’aménagement du territoire et la protection du patrimoine historique, l’environnement et les incendies de forêt
Procureur de la sécurité routière Procureur de l’entraide international
Procureur de la criminalité informatique
Iii. Le Conseil du Parquet Le Conseil du Parquet est l’organe de représentation du Corps du Ministère public. Il est présidé par le Procureur général de l’État et composé de deux types de membres: les membres de droit, qui sont le Procureur adjoint près la Cour de cassation et le Procureur inspecteur en Chef, et les membres électifs, composés de neuf procureurs appartenant à une des catégories du Corps du Ministère public. Ils sont élus pour une période de quatre ans par tous les membres du Ministère public en service actif. En tant qu’organe qui assiste le Procureur général de l’État, il compte parmi ses principales compétences celle de le conseiller dans toutes les matières qu’il lui soumet, d’élaborer les critères généraux afin d’assurer l’unité d’action du Ministère public en ce qui concerne la structuration et le fonctionnement de ses organes, d’émettre son avis sur les propositions relatives à la nomination aux différents postes et les avancements, d’entamer les réformes opportunes pour le service et l’exercice de la fonction du Ministère public et d’émettre son avis sur les projets de loi ou normes réglementaires qui touchent à la structure, à l’organisation et aux fonctions du Ministère public, et de résoudre les recours contre les décisions rendues dans les dossiers disciplinaires par les procureurs en chef.
Iv. L ’assemblée des procureurs de chambre et l’assemblée des procureurs supérieurs des Communautés autonomes L’Assemblée des procureurs de chambre est un organe d’assistance technique. Elle est présidée par le Procureur général de l’État et composée du Procureur adjoint près la Cour de cassation et des Procureurs de chambre. Elle assiste le Procureur général de l’État en matière doctrinale et technique, en vue de la formation de critères unitaires d’interprétation et action légale, de la résolution des consultations, de l’éla-
boration des mémoires et circulaires, ainsi que de la préparation de projets et de rapports qui doivent être soumis au Gouvernement. L’Assemblée des procureurs supérieurs des Communautés autonomes est présidée par le Procureur général de l’État, elle est intégrée par le Procureur adjoint près la Cour de cassation, par les Procureurs supérieurs et par le Procureur en chef du Secrétariat technique, qui agit en tant que secrétaire. Sa fonction est d’assurer l’unité et la coordination de l’action et du fonctionnement des Parquets sur tout le territoire de l’État.
V. Le Parquet auprès de la Cour de cassation Le Parquet auprès de la Cour de cassation exerce ses fonctions devant ledit organe, qui est l’organe judiciaire supérieur dans tous les ordres, sa juridiction s’étend sur toute l’Espagne. Selon la structure de l’organe, le Parquet est divisé en sections, qui agissent auprès des différentes chambres de la Cour –civile, pénale, administrative, du travail et militaire–, sa compétence la plus caractéristique étant celle d’exécuter les pourvois extraordinaires en cassation et en révision contre des jugements rendus dans les instances inférieures. Le Procureur général de l’État en est le chef direct, assisté et remplacé par le Procureur adjoint près la Cour de cassation.
Vi. Le Parquet auprès du Tribunal Constitutionnel Le Tribunal Constitutionnel est un organe réglementé dans la Constitution et dans sa propre loi organique, avec juridiction sur tout le territoire espagnol, il est compétent, entre autres matières d’importance, pour connaître des recours d’inconstitutionnalité contres des lois et dispositions normatives avec force de loi, et du recours d’«amparo» pour violation des droits et libertés fondamentales, ainsi que des questions de compétence entre l’État et les Communautés autonomes ou entre cellesci. Le Ministère public est partie dans ces procédures et exerce ses fonctions par la voie du Parquet auprès du Tribunal Constitutionnel.
Vii. Le Parquet auprès de la Cour des Comptes La Cour des comptes est aussi un organe constitutionnel dont la formation et le fonctionnement sont prévus par sa loi organique, elle est l’organe suprême du contrôle des comptes et de la gestion économique de l’État et du secteur public ; le Parquet auprès de la Cour des comptes intervient dans les procédures à travers lesquelles se développe cette fonction.
Viii. L e Parquet auprès de l’Audience Nationale Le Parquet auprès de l’Audience Nationale exerce ses fonctions auprès du dit organe avec juridiction sur toute l’Espagne, juridiction qui se concrétise en matières pénales, administratives et sociales en raison de la spécialité de la matière, l’une des plus importantes étant la persécution des délits de terrorisme.
Ix. Les Parquets Spéciaux Parquet anti-drogue
Ministère Public Parquet contre la corruption et la criminalité organisée
Le Parquet anti-drogue intervient dans les procédures pénales pour des délits relatifs au trafic de drogues, stupéfiants et substances psychotropes ou blanchiment de capitaux lié à ce trafic, qui relèvent de
la compétence de l’Audience Nationale et des Tribunaux centraux d’instruction; il coordonne également l’action des différents Parquets dans lesdites matières. Le cas échéant, le Parquet peut assumer des activités d’enquête du Ministère public dans ce domaine délictuel et collabore avec l’autorité judiciaire dans le contrôle de l’application de mesures de traitement de la toxicomanie pour des délinquants de cette nature. Le Parquet contre la corruption et la criminalité organisée, étant donné la singularité des faits, enquête et connaît des procédures liées à certains délits économiques ou autres commis par des fonctionnaires publiques dans l’exercice de leurs fonctions, délits ayant, dans tous les cas, un rapport avec le phénomène de la corruption, liée au profit économique illicite. Sous réserve de la compétence spéciale des Parquets de l’Audience Nationale et anti-drogue, il prend en charge l’enquête de l’activité économique de groupes délictuels organisés ou l’exploitation économique d’activités délictuelles.
X. Parquets Territoriaux
Parquets Territoriaux
Parquets des Communautés autonomes Parquets provinciaux Parquets de zone
Le Parquet de la Communauté autonome a son siège dans la capitale de la Communauté. À sa tête se trouve le Procureur supérieur, à l’autorité duquel sont soumis tous les Magistrats du Parquet de la Communauté en vertu des principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique. Le Parquet exerce ses fonctions auprès de la Cour supérieure de Justice. Le procureur supérieur détient la représentation du Ministère public dans ce territoire et maintient une étroite communication et collaboration avec les organes du gouvernement autonome. Il présente le mémoire annuel devant l’Assemblée législative de l’Autonomie.
Le Parquet provincial exerce les fonctions du Ministère public dans ce domaine territorial. Afin d’adapter son organisation aux circonstances et besoins de son territoire, il est possible qu’il y ait des unités différenciées du Parquet provincial mais sous sa dépendance, il s’agit des Parquets de zone et sections territoriales; à cette fin, on évalue des facteurs tels que le volume d’affaires, le nombre d’organes judiciaires ou l’existence de sections décentralisées de l’Audience Provinciale. Par la singularité de la matière ou le volume des actions, les Parquets des communautés autonomes et provinciaux peuvent établir aussi des sections spécialisées.
Les Fonctions du Ministère Public Dans le respect du principe de légalité et d’impartialité, le Ministère public exerce ses fonctions dans les domaines qui lui sont attribués par sa norme régulatrice et le système juridique étatique. Étant donné que l’objectif est de satisfaire l’intérêt social par le biais de la défense de la légalité et de l’intérêt public protégé par la loi, le Ministère public, la plupart du temps, intervient devant les tribunaux de justice des différents juridictions pénale, civile, administrative et du travail. Ce qui suit est une vision synthétique et d’ensemble: Il intervient à tous les stades des procédures pénales, sauf pour les délits et contraventions qui peuvent être poursuivis exclusivement à l’initiative d’une partie Il exerce les actions pénales et civiles dans les procédures pénales, s’opposant aux actions exercées par d’autres quand cela s’avère nécessaire
Intervention dans la juridiction pénale
Il visite les centres de détention et pénitentiaires. Il intervient dans les procédures en matière d’application des peines pour plaintes et recours de ceux qui se trouvent soumis à l’exécution de peines privatives de liberté
Il veille à la protection procédurale des victimes et lésés, en promouvant l’exécution des mécanismes d’aide et d’assistance Il reçoit les plaintes. Il peut mener des enquêtes pour former un critère. Finalement, il choisit de les envoyer à l’autorité judiciaire pour l’exécution de la procédure pertinente, ou pour son classement sans suite, s’il ne trouve pas de fondements pour exercer une action quelconque
Intervention dans la juridiction civile
Il est partie dans toutes les procédures d’incapacité de personnes affectées des déficiences physiques ou psychiques et il peut même saisir les tribunaux à son initiative. Il agit en défense de la légalité et de l’intérêt public et social. Il rend visite aux centres d’internement Il est partie dans toutes les procédures de nullité matrimoniale. Il agit en défense de la légalité et de l’intérêt public et social
Il est partie dans les procédures matrimoniales de séparation judiciaire ou de divorce quand l’un des intéressés est mineur, handicapé ou qu’il se trouve en situation d’absence légale Il est partie dans toutes les procédures de détermination et contestation de la filiation
Il émet son avis sur des questions de défaut de juridiction ou de défaut de compétence qui se posent devant les tribunaux de cette juridiction
Intervention dans la juridiction administrative
Il a la capacité de se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi
Il est partie dans les procédures où l’on invoque la violation des droits fondamentaux
Il donne son avis sur les questions de défaut de juridiction ou de défaut de compétence qui se posent devant les tribunaux de cette juridiction
Intervention dans la juridiction du travail
Dans les procédures de contestation de conventions collectives de travail Dans les procédures de contestation des statuts des syndicats et des syndicats patronaux Dans les procédures où l’on invoque la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques, un traitement discriminatoire ou la violation de la liberté syndicale
Intervention devant le Tribunal Constitutionnel
Il intervient dans les pourvois en cassation ainsi que dans ceux ayant pour objet l’unification de doctrine légale
Il intervient dans les questions d’inconstitutionnalité promues par les juges et les tribunaux
Il est légitimé pour déposer les recours de «amparo» et est également partie dans toutes les procédures de cette nature en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi
Intervention devant la cour des comptes
Il est entendu par la Cour quand elle exerce sa fonction de contrôle sur la conformité de l’activité économico-financière du secteur public aux principes de légalité, efficacité et économie
Il intervient en tant que demandeur aux procès où l’on réclame des responsabilités comptables
Intervention en matière de mineurs
Redressement
Il instruit les procédures, dirigeant l’enquête afin d’exiger une responsabilité aux personnes âgées de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pour la commission de faits prévus comme délits ou contraventions. Il se porte garant du respect des droits fondamentaux des mineurs contrevenants et des victimes. Il promeut des solutions extrajudiciaires Il demande au Juge des Enfants l’adoption de mesures conservatoires pendant le développement de la procédure. Dans la demande de mesures définitives il agit toujours en recherchant la satisfaction de l’intérêt supérieur du mineur, en veillant à ce que les mesures imposées en vertu d’un jugement, soient modifiées ou remplacées le cas échéant
Protection Il rapporte à l’entité publique pour la protection des mineurs, quand il vient à connaître l’existence d’une situation où des mineurs seraient en risque ou abandon –entre autres les dérivées de la commission d’un délit pour un mineur de quatorze ans– afin que ladite entité adopte les mesures légalement prévues Il peut saisir le juge pour l’adoption de mesures de protection de mineurs ou contester les mesures adoptées par l’Administration au cas où il estimerait que lesdites mesures ne sont pas conformes à l’intérêt supérieur des mineurs Il connaît des mesures (tutelle automatique, garde, accueil) ayant été adoptées par les entités publiques compétentes pour la protection de mineurs en situation d’abandon; il intervient également aux procès en contestation de ces mesures Il poursuit les procédures pour la tutelle des droits fondamentaux des mineurs
L’entraide internationale Le Statut organique du Ministère public établit à l’article 3.15 qu’il correspond au Ministère public de “promouvoir ou, le cas échéant, de prêter l’entraide judiciaire internationale prévue par les lois, les traités et les conventions internationales”. L’entraide judiciaire internationale est devenue dans l’actualité un instrument indispensable pour l’efficacité de la Justice. L’entraide entre autorités judiciaires des différents pays est devenue le mécanisme idéal pour lutter contre la délinquance, notamment, en matière pénale, à cause de plusieurs facteurs, tels que l’élimination progressive des frontières au sein de l’Union européenne ou la consolidation de l’existence d’une délinquance organisée à caractère transnational. Les procureurs sont autorité judiciaire aux effets de l’entraide judiciaire internationale. En ce qui concerne le domaine européen, la Convention européenne d’entraide judiciaire faite à Strasbourg le 20 avril 1959, fut ratifiée par l’Espagne le 18 août 1982, qui a ajouté une déclaration au sujet de l’article 24, affirmant qu’ “aux effets de la présente convention, seront considérés comme autorités judiciaires (...) les membres du Ministère public”. Cette condition a également été introduite dans la Convention d’application de l’accord Schengen et dans la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale signée par les États membres de l’Union européenne le 29 mai 2000, étant donné que ces deux normes sont complémentaires de la Convention de 1959. L’Unité de l’entraide judiciaire international, sous la direction du Procureur de chambre de l’entraide judiciaire internationale, a comme fonction, l’exercice ou, le cas échéant, la coordination des fonctions attribuées aux magistrats du Parquet en matière d’entraide judi-
ciaire international. L’instruction 1/2011 établi cette Unité, et a développé la spécialisation qui a débuté en 2007 avec la création d’une section spécialisée au sein du Secrétariat technique. Les fonctions de cette Unité consistent à coordonner et diriger le Réseau espagnol de procureurs d’entraide judiciaire internationale. Elle est également le point de contact pour les procureurs espagnols travaillant pour des organisations ou des organismes internationaux. Le Parquet général participe périodiquement aux réunions internationales de Procureurs Généraux aussi bien au sein du Conseil européen, de l’Union européenne, qu’au sein d’autres organisations latino-américaines ou mondiales. A cet égard, l’activité développée par l’Association latino-américaine des Ministères publics mérite une mention spéciale. Cette association réunit les procureurs du continent américain et de la péninsule ibérique et jusqu’au moment de la rédaction de cette brochure, elle a célébré 16 assemblées ordinaires, plusieurs assemblées extraordinaires, ainsi que de nombreuses réunions techniques. A l’occasion de ces rencontres l’on a atteint d’importantes conclusions et résolutions, dont la décision de soutenir les procès d’autonomie des Ministères publics, l’instauration d’un modèle accusatoire dans les procédures pénales en Amérique latine et la décision de faire face, avec un caractère prioritaire, à la délinquance organisée. Un des événements les plus marquants a été l’élan donné à l’entraide judiciaire internationale grâce à son intégration dans le Réseau latino-américain d’entraide judiciaire internationale, “Iber-RED”. Actuellement, la présidence de l’AIAMP correspond au procureur général de l’État. Pour plus de renseignements veuillez consulter le site www.aiamp.net. Le parquet espagnol se trouve intégré activement dans les différentes structures d’entraide créées au niveau international:
Eurojust Eurojust a été crée par la Décision 2002/187/JAI comme un organe de l’UE avec personnalité juridique pour promouvoir et améliorer la coordination et l’entraide entre les autorités judiciaires compétentes des états
membres. Le Parquet collabore avec Eurojust dans son rôle de coordination de l’entraide judiciaire internationale à travers l’Unité de l’entraide judiciaire international.
Réseau Judiciaire Europeen (Rje/Ejn) Le Réseau judiciaire européen (RJE, EJN) crée en vertu de l’Action commune du 29 juin 1998 a également pour objet de “fournir une entraide judiciaire pénale aux états membres de l’Union”. Il est composé de certains contacts dans chaque état membre, tâche d’habitude remplie par les autorités centrales responsables de l’entraide judicaire internationale ou bien par d’autres autorités judicaires ou du Parquet ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de l’entraide internationale. En Espagne, 10 des 17 contacts du EJN, sont des procureurs.
Iberred Son objectif est d’optimiser l’entraide judiciaire en matière pénale et civile entre les pays de la communauté latino-américaine des nations, tout en complémentant le travail développé par les pouvoirs exécutifs et les autorités centrales respectives. Les Pouvoirs judiciaires, les Ministères publics et les Ministères de la Justice sont les trois piliers sur lesquels repose Iber-Red. Dix des points de contacts espagnol sont des procureurs.
AIAMP L’Association latino-américaine des Ministères publics fut créée à la République fédérative du Brésil en 1954, d’abord comme association interaméricaine des Ministères publics et par la
suite, avec l’incorporation de l’Espagne et du Portugal, elle a changé sa dénomination pour se nommer Association latino-américaine des Ministères publics. Récemment elle a été l’objet d’une relance qui a culminé avec sa refondation lors de la XIVème assemblée célébrée au mois d’octobre de l’année 2007 à Madrid. L’AIAMP cherche à dynamiser l’activité des procureurs au sein de l’Administration de la justice latino-américaine, rôle qui leur correspond en tant que défendeurs de la légalité et des droits de l’homme, base de la consolidation de l’État de droit.
Réseau de procureurs d’entraide judiciaire internationale L’instruction 2/03 a créé un service spécial pour l’entraide judiciaire internationale, composé par le célèbre Réseau de procureurs d’entraide judiciaire internationale. Dans chacun des parquets territoriaux il y a un procureur qui fait partie du réseau, c’est lui qui, entre autres fonctions, donne suite aux demandes d’entraide judiciaire internationale reçues par le Parquet et collabore avec les autres magistrats du Parquet dans la rédaction des commissions rogatoires délivrées par le Parquet et adressées aux autorités judiciaires étrangères.
www.fiscal.es Pour d’autres renseignements complémentaires vous pouvez consulter le site officiel du Parquet.
Fiscalía General
del
Estado
THE SPANISH PROSECUTION SERVICE
MINISTERIO DE JUSTICIA
The Prosecution Service: A constitutional body The Prosecution Service is an important constitutional body, with legal personality and incorporated with functional autonomy in the Judiciary, as stated in Article 124 of the Spanish Constitution in the following terms: The Prosecution Service, without prejudice to the functions entrusted to other bodies, has the task of promoting the action of Justice in defence of legality, the rights of the citizen and the public interest as protected by law, whether ex officio or at the request of interested parties, as well as that of ensuring the independence of the Courts and securing through them the satisfaction of social interest. The Prosecution Service discharges its duties through its own bodies in accordance with the principles of unity of action and hierarchical dependency, subject in all cases to the principles of legality and impartiality. The basic regulations governing the Spanish Prosecution Service are set out in the Organic Statute of the Prosecution Service approved by Law 50/81 of 30 December and amended by Law 24/2007 of 9 October, which strengthens its autonomy and modernises its territorial organisation. The Organic Statute contains the basic regulations concerning functions, organisation, structure and principles, rules of action, acquisition and loss of the status of prosecutor, rights and duties of prosecutors, and the disciplinary system.
The principles of legality and impartiality govern in all cases the action of the Prosecution Service. Under the principle of legality, the Prosecution Service acts subject to the Constitution, the laws and all other regulations included in the legal system. Under the principle of impartiality, the Prosecution Service acts with full objectivity and independence in defence of the interests entrusted to it. The Prosecution Service is a single body for the entire State and its members are public authorities to all effects, always acting on behalf of the entire Institution.
History The origins of this Institution can be traced back to the age-old figures and terms designating the King’s Man and Procurador Fiscal, although its current form is of a more recent making. The 1870 Organic Law of the Judiciary conceived of the Prosecution Service as being the body responsible for promoting the action of Justice vis-à-vis matters of public interest and for representing the Government in its relations with the Judiciary. The Trial Procedure Codes of 1881 and 1882 gave it a place in criminal and civil proceedings, albeit considering it both on a par with the State Counsel and as a party. The rules governing criminal proceedings placed it in a special position, different from the other parties. The Prosecution Profession became an autonomous career under the Royal Decree of 21 June 1926, which established its first Statutes, which included definitions similar to those set out in the 1870 Organic Law. The Prosecution Service was now charged with representing the Government in its relations with the Judiciary and for ensuring compliance with the law, promoting the action of Justice in defence of public interests to maintain public order and satisfy the social interest.
The legal framework of the State that emerged after the Civil War placed the Prosecution Service in an unusual position serving as a means of communication between the Administration and the Courts of Justice. In line with the new spirit of the times, the establishment of democracy and its legal expression in the 1978 Constitution entrusted the Prosecution Service with the task of promoting the action of justice to defend legality, citizens’ rights and the public interest as protected by law, securing before the Courts the satisfaction of social interest. At the same time, the Prosecution Service was constituted as an autonomous institution, forming part of the Judiciary, which acts through its own bodies (organic autonomy) without depending on the General Council of the Judiciary (functional autonomy). Its role as a means of communication between the Government and Courts disappeared and its dependence on the Government was likewise ended, as the Government could now only request Prosecution Service actions to defend the public interest; it is the Prosecutor General, having heard the Board of High Prosecutors, who freely decides on the viability or legitimacy of the request.
The headquarters of the Prosecutor General’s Office The Prosecutor General’s Office now has its own headquarters, at Paseo de la Castellana, number 17. It was previously housed in the Palacio de las Salesas, seat of the Supreme Court. The building, built by the family of the Marquis of Fontalba y Cubas in 1912, also counts access from Calle Fortuna, number 4. One of its main distinctive features is the restrained and harmonious front garden, making it stand out among the other beautiful buildings lining the Paseo de la Castellana. It was purchased by the State in the 1940s and was given various official uses, most notably during the period when it housed the Supreme Council for Military Justice, which was the highest authority for military justice matters. The Prosecution Service initially had to share the premises with that military body. But after the latter was disbanded the building became the exclusive headquarters of the Prosecutor General’s Office. The building regained its former elegance with the renovation completed in late 2004, which dignifies the institution it houses. The restored building was officially inaugurated by King Juan Carlos and Queen Sofía on 11 January 2006.
The Prosecution Profession Entrance into the Prosecution Profession is open to holders of degrees in law, with the necessary requirements, who pass the corresponding open competitive examination process. Those wishing to follow a career in either Prosecution or the Judiciary are first subject to a common examination. After passing the theoretical tests, the candidates choose one or the other. Those opting for Prosecution must then pass a training course at the Centre for Legal Studies, after which they become members of the Prosecution Profession by taking the corresponding oath and are assigned a position. The personnel framework comprises the High Prosecutors, on the same level as Supreme Court Justices, Senior Prosecutors, on the same level as Senior Judges, and Junior Prosecutors, on the same level as Judges. These are the so called first, second and third categories of the Prosecution Profession. Whenever the Organic Statute of the Prosecution Service does not include specific provisions regarding the acquisition and loss of the status of member of the Prosecution Profession, incapacity, administrative situations, rights and duties, incompatibilities, prohibitions and responsibilities of prosecutors, the provisions established for Judges and Justices in the Organic Law of the Judiciary shall apply, which treats members of the Prosecution Service on a par with Justices, except with respect to the institution’s own particularities.
Organisation of the prosecution service
I. The Prosecutor General The Prosecutor General is the highest leader and representative of the Prosecution Service. He is appointed and removed by the King, at the proposal of the Government, having heard the General Council for the Judiciary and after the candidate’s suitability has been assessed by the corresponding committee in the Chamber of Deputies. The three branches of the State thus participate in the appointment. The choice must be made from among Spanish jurists of recognised prestige with more than fifteen years of active professional practice. The Prosecutor General shall be a public authority throughout Spanish territory. The Prosecutor General is given a four-year mandate. He can only be removed on legally established grounds duly considered by the Council of Ministers. In any case, the Prosecutor General leaves office with the Government that proposed him. The Prosecutor General acts with impartiality and independence, and cannot receive instructions or orders from the Government or any other administrative or judicial body. However, the Government may ask the Prosecutor General to initiate before the Courts the corresponding proceedings in order to defend public interest. The Prosecutor General, after having heard the Board of High Prosecutors, shall decide upon the viability or legitimacy of such request. The governing bodies of the Autonomous Communities may also address the Prosecution Service in similar terms through the Superior Prosecutor for each Community.
The Prosecutor General imparts all convenient orders and instructions regarding the service, the institution’s internal order and the exercise of prosecution functions, whether of a general nature or referring to specific matters. General guidelines are essential for maintaining the principle of unity of action and are basically produced by means of three instruments: circulars, instructions and enquiries. Circulars: Contain general criteria for the performance and interpretation of rules. Also set standards to define the structure and operation of the Prosecution Service bodies. Instructions: Contain general provisions on the performance and organisation of matters that are more specific and less important than those referred to in circulars. Enquiries: Settle questions that any Prosecutor’s Office may bring to the Prosecutor General’s attention about the interpretation of a given rule.
Ii. The Prosecutor General’s Office The units headed by the Prosecutor General in the Prosecutor General’s Office are: The Prosecution Inspection Service has powers of inspection by permanent delegation of the Prosecutor General, without prejudice to the ordinary inspection tasks of Superior Prosecutors and the control functions of the Chief Prosecutors regarding the Prosecutors accountable to them. It includes a Permanent Rating Section that centralises information on the merits and capacity of Prosecutors with a view to supporting the Prosecution Council when reporting on discretionary appointments for the Prosecution Profession.
The Technical Secretariat, through its studies, research and reports, provides constant support to the Prosecutor General for the performance of his tasks as head of the Prosecution Service and carries out preparatory work for the Board of High Prosecutors. It contributes to planning the training of Prosecutors for which the Centre for Legal Studies is responsible. The tasks of the Support Unit include representation and institutional relations with public authorities, as well as communication and citizen services. It is in charge of analysing and preparing reports about the organisation and operation of the Prosecution Service in matters concerning statistics, computing, human and material resources, information, and documentation. In general, it carries out support and assistance duties for the Prosecutor General, the High Prosecutors attached to the Prosecutor General’s Office, the Prosecution Council and the Board of High Prosecutors that do not correspond to the Inspection Service or the Technical Secretariat. Support Unit
Prosecutor General’s Office Technical Secretariat
Prosecution Inspection Service
The Prosecutor General’s Office also includes Specialised High Prosecutors responsible for coordinating and supervising the Prosecution Service’s activities in specific matters, as follows: Specialised High Prosecutors
Prosecutor against Violence on Women Prosecutor on Aliens
Prosecutor responsible for the protection and reform of minors
Prosecutor on Labour Accidents
Prosecutor against offences involving territorial planning and protection of the historical heritage, the environment and forest fires Prosecutor for Cybercrime
Prosecutor on Road Safety Prosecutor for Internacional Cooperation
Iii. The Prosecution Council The Prosecution Council is the body that represents the Prosecution Profession. It is chaired by the Prosecutor General and is composed of two kinds of members: ex officio members, who are the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court and the Chief Prosecutor Inspector; and elective members, who are nine prosecutors belonging to any category within the Prosecution Profession, elected for a four-year period by all the members of the Prosecution Service in active service. As a body meant to help the Prosecutor General perform his tasks, its main responsibilities are, among others, to give advice on as many subjects as required, draw up general criteria to ensure the Prosecution Service’s unity of action with regard to the structure and operation of its different bodies, provide information on proposed appointments for dif ferent public offices and promotions, encourage appropriate reforms for the service and practice of prosecution, report on draft bills or regulations that affect the structure, organisation and functions of the Prosecution Service, and rule on the appeals filed against decisions made by Chief Prosecutors in disciplinary proceedings.
Iv. T he Board of High Prosecutors and the Board of Superior Prosecutors of the Autonomous Communities The Board of High Prosecutors is a technical assistance body. The chair is held by the Prosecutor General and it is composed of the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court and the High Prosecutors. The Board assists the Prosecutor General in doctrinal and technical matters, the setting of standard criteria for legal action and interpretation, hand ling enquiries, drawing up statements and circulars, and the preparation of drafts and reports to be submitted to the Government.
The Board of Superior Prosecutors of the Autonomous Communities is chaired by the Prosecutor General and composed of the Deputy Chief Prosecutor of the Supreme Court, the Superior Prosecutors and the Chief Prosecutor of the Technical Secretariat, who acts as Secretary. Its purpose is to ensure the unity and coordination of the actions and operation of all Prosecutor Offices throughout State territory.
V. The Prosecutor’s Office at the Supreme Court The Prosecutor’s Office at the Supreme Court exercises its functions before said court, which is the highest judicial authority, and has jurisdiction throughout Spain. Parallel to the structure of the Supreme Court, the Prosecutor’s Office is divided into sections that act before the different Sections of the Court –Civil, Criminal, Contentious Administrative, Social and Military–. Its responsibilities are most typically to handle extraordinary appeals and to review judgments issued in lower instances. The Prosecutor General is directly in charge, assisted and substituted by the Deputy Prosecutor at the Supreme Court.
Vi. T he Prosecutor’s Office at the Constitutional Court The Constitutional Court is regulated in the Constitution and in its own Organic Law. It has jurisdiction throughout Spain and is empowered to take cognizance, among other relevant matters, of appeals against the alleged unconstitutionality of laws and other regulations with force of law and of appeals for protection concerning the violation of fundamental rights and liberties or conflicts of jurisdiction between the State and the Autonomous Communities or between the latter. The Prosecution Service is a party to the proceedings and operates through the Prosecutor’s Office at the Constitutional Court.
Vii. The Prosecutor’s Office at the Court Of Auditors The Court of Auditors is also a constitutional body whose composition and duties are envisaged in its own Organic Law. It is constituted as the highest body in charge of auditing the State’s accounts and financial management as well as those of the public sector. The Prosecutor’s Office at the Court of Auditors is established with the purpose of participating in the corresponding proceedings.
Viii. T he Prosecutor’s Office at the National Court The Prosecutor’s Office at the National Court exercises its functions before said Court, which has jurisdiction throughout Spain in criminal, contentious administrative and social matters, in accordance with the speciality of their content, with particular emphasis on those concerning the terrorism offences.
Ix. Special Prosecutor’s Offices Special Prosecutor’s Office sgainst Illegal Drug Trafficking
Prosecution Service Special Prosecutor’s Office against Corruption and Organised Crime
The Special Prosecutor’s Office against Illegal Drug Trafficking participates in criminal proceedings concerning trafficking in drugs, narcotics and psychotropic substances or money laundering associated to
said trafficking which fall under the jurisdiction of the National Court and the Central Courts of Inquiry; it also coordinates activities of the different Prosecutor’s Offices regarding the above matters. The Prosecutor’s Office takes on, where appropriate, the possible investigative activities of the Prosecution Service in this criminal sector and works with the judicial authorities to monitor application of the means used to treat drug addiction among such delinquents. The Prosecutor’s Office against Corruption and Organised Crime, due to the particular relevance of its subject matter, investigates and takes cognizance of proceedings concerning certain economic offences or those committed by public servants in the performance of their duties, connected in both cases with the phenomenon of corruption and linked to illicit economic benefits. Subject to the special jurisdiction of the Prosecutor’s Offices at the National Court and against Illegal Drug Trafficking, it investigates the economic activities of organised criminal groups or the respective economic proceeds from criminal activities.
X. Territorial Prosecutor’s Offices Prosecutor’s Office at an Autonomous Community
Territorial Prosecutor’s Offices
Provincial Prosecutor’s Office Area Prosecutor’s Office
The Prosecutor’s Office at an Autonomous Community is located in the capital of the Community in question. It is headed by a Superior Prosecutor, under whose authority all other Prosecutors of the Community are subject due to the principles of unity of action and hierarchical dependence. This Prosecutor’s Office exercises its function before the Superior Court of Justice. The Superior Prosecutor represents the Prosecution Service in the given territory and works in close communication and collaboration with the autonomous community’s government bodies, and must also submit an Annual Report to the Legislative Assembly of same.
The Provincial Prosecutor’s Office exercises the Prosecution Service’s functions in the given territory. To adjust its organisation to the needs and circumstances of said territory, separate units may be established apart from the Provincial Prosecutor’s Office though accountable thereto. These are the Area Prosecutor’s Offices and the Territorial Section, which take into account factors such as case volume, the number of judicial bodies and the existence of sections transferred from the Provincial Court. Due to the singular nature of the subject matter or the volume of proceedings, the Prosecutor’s Offices at autonomous communities and provinces may also set up Specialised Sections.
Functions of the prosecution service In accordance with the principles of legality and impartiality, the Prosecution Service exercises its functions in the areas indicated by its regulations and by the Spanish legal system. As this is done with a view to satisfying social interest through the defence of legality and public interest protected by law, it is undertaken on most occasions by action before the Courts of Justice per the distinct sections of law: criminal, civil, contentious administrative and social. A brief overview is provided below: Participation in all the stages of criminal cases, except in those for offences and misdemeanours that can only be prosecuted at the request of a party
Action in criminal matters
Visits detention centres and penitentiaries. Takes part in Penitentiary Control proceedings involving claims and appeals presented by those subject to prison terms
Exercises criminal and civil actions in criminal cases, contesting actions exercised by others when appropriate Assures the procedural protection of victims and damaged persons, ensuring the provision of effective aid and assistance Receives formal complaints and initiates preliminary investigations, which may then be passed on to the judicial authority for the corresponding legal action or be shelved if no grounds for further action are found
In cases concerning incapacity of individuals with physical or psychological disabilities, or those who may eventually request such status. Action is always in defence of legality and the public and social interest. Visits treatment centres of any kind
Action in civil matters
In marriage annulment cases acts in defence of legality and the public and social interest
In matrimonial separation or divorce cases, when any interested party is a minor, disabled or legally declared absent In cases to determine or contest parentage claims
Issues opinions on questions involving lack of jurisdiction or power before the respective jurisdictional bodies
Action in contentious administrative matters
May legitimately lodge appeals in the interest of law Is a party in proceedings that invoke a breach of fundamental rights
Rules on questions involving lack of jurisdiction of power before the respective jurisdictional bodies
Action in social matters
In cases that contest collective bargaining agreements In cases that contest the statutes of trade unions or business associations
In appeals in cassation and in those meant to unify legal principles
In cases invoking a breach of fundamental rights and public liberties, discriminatory treatment or infringement of the freedom of association
Action before the Constitutional Court
Participates in matters involving unconstitutionality brought by Judges and Courts Lodges appeals for protection and participates in all proceedings of that kind in defence of legality, citizens’ rights and the public interest as protected by law
Action before the Court of Auditors
Is heard by that Court when exercising its control function over the submission of the public sector’s economic and financial activities to the principles of legality, efficiency and economy
Participates as plaintiff in proceedings that require accountable responsibility
Action in matters Involving minors
Correction
Conducts proceedings, overseeing the enquiry to ascertain the liability of persons over fourteen and under eighteen years of age for the commission of acts defined as crimes or misdemeanours. Guarantees respect for the fundamental rights of minors who are offenders or victims. Encourages extra-judicial solutions
Asks the Judge for Minors to adopt preventive measures while proceedings are conducted. When requesting definitive measures, always acts to satisfy the best interests of the minor, seeking to modify or replace, if necessary, those imposed by the ruling
Protection
Informs the Public Institution for the Protection of Minors about any known situations in which a minor is at risk or in a situation of abandonment –among others, those deriving from offences committed by minors under fourteen years of age– so that the envisaged legal measures can be adopted
May urge the Judge to adopt measures to ensure the protection of minors or contest those adopted by the Administration if deemed inappropriate for the best interest of the minor
Takes cognizance of the measures (automatic guardianship, custody, fosterage) adopted by the respective public authorities for the protection of minors in a situation of abandonment, and participates in proceedings to contest the same
Brings legal actions for the protection of the fundamental rights of minors
International cooperation The Organic Statute of the Prosecution Service establishes in its article 3.15 that the Prosecution Service shall “promote or, where appropriate, provide international legal cooperation as established in the law and in international treaties and conventions”. International judicial cooperation is nowadays an essential tool for ensuring the efficacy of Justice. In the context of criminal law, in particular, a number of factors, among them the gradual disappearance of frontiers within the European Union and the consolidation of transnational organised crime, have contributed towards making mutual assistance among the judicial authorities of different countries an effective mechanism for fighting such crime. Prosecutors are judicial authorities for the purposes of international judicial cooperation. Regarding the European context, the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, signed in Strasbourg on 20 April 1959, was ratified by Spain on 18 August 1982, with a declaration concerning article 24, according to which: “for the purposes of this Convention the members of the Prosecution Service shall be deemed judicial authorities”. The same applies with respect to the Convention for the Implementation of the Schengen Agreement and the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between Member States of the European Union, signed on 29 May 2000, as both are deemed to complement the provisions of the 1959 Convention.
The International Cooperation Unit, under the direction of the Senior prosecutor for International Cooperation is charged with exercising or, where appropriate, coordinating the functions attributed to Prosecutors per the terms of international judicial cooperation. Instruction 1/2011 established this Unit, thus developing the specialization that had already started in 2007 with the establishment of a specialized section within the Technical Secretariat. Among the dutuies of this Unit is the coordination and direction of the domestic Network of Prosecutors for International Cooperation. As well as being the focal point for Spanish prosecutors working for international organizations or bodies. The Prosecutor General’s Office periodically attends international meetings of Prosecutor Generals organised by the Council of the European Union and other Iberian American and worldwide organisations. Also, activities undertaken in the Iberian American Association of Prosecutor’s Offices (AIAMP) are especially noteworthy. The latter gathers prosecutors from the Americas and the Iberian Peninsula and has held sixteen ordinary assemblies to date, besides several extraordinary assemblies and many technical meetings. This has resulted in important conclusions and resolutions, such as the decision to support autonomy processes for prosecutor’s offices, the establishment of an accusation model in Iberian American criminal proceedings and the priority fight against organised crime. Another crucial achievement has been the promotion of international judicial cooperation through its membership in the Iberian American Network for International Judicial Cooperation (Iber-Red). The Spanish Prosecutor General currently holds the AIAMP Presidency. More details can be obtained at www.aiamp.net. The Spanish Prosecutor’s Office plays an active role in all international cooperation institutions:
Eurojust Eurojust was established by Decision 2002/187/JHA as an EU body with legal personality to stimulate and enhance coordination and cooperation
between the competent judicial authorities of the Member States. The Prosecutor Office collaborates with Eurojust in its task of coordinating international judicial cooperation through the International Cooperation Unit. At present both the National Member representing Spain and his Assistant are members of the Prosecution Profession.
European judicial network (EJN) The European Judicial Network (EJN) established by Joint Action of 29 June 1998 also has the purpose of “boosting criminal judicial cooperation between Member States of the Union”. The network comprises a number of contact points in each Member State which are either central authorities responsible for international judicial cooperation or any other judicial or prosecutorial authority with specific responsibilities in the framework of international cooperation. In Spain 10 of the 17 EJN contact points are public prosecutors.
IbeRRed Its aim is to enhance judicial cooperation in criminal and civil matters between the countries of the Iberian American Community of Nations, complementing the efforts of their respective governments and central authorities. Judicial powers, public prosecutors and justice ministries are the three pillars upon which Iber-Red is based. Ten of the Spanish contact points are prosecutors.
AIAMP The Iberian American Association of Prosecutor’s Offices was founded in the Federal Republic of Brazil in 1954. Initially called the Inter-American Association of Prosecutor’s Offic-
es, it changed to the current name when Spain and Portugal became members. It was recently re-launched and restructured at its 14th Assembly, held in Madrid in October 2007. AIAMP aims to boost the activity of prosecutors in the administration of justice in Iberian America, corresponding to their role as defenders of legality and human rights, based on consolidation of the Rule of Law.
Prosecutors Network on International Judicial Cooperation Instruction 2/03 created a special service devoted to international judicial cooperation formed by the so-called Prosecutors Network on International Judicial Cooperation. Each Territorial Prosecutor’s Office has a Prosecutor who belongs to this network and who is responsible, among other tasks, for dealing with the international judicial assistance requests received by the Prosecutor’s Office and for collaborating with other Prosecutors in drafting the international assistance requests that must be sent from the Prosecutor’s Office to foreign judicial authorities. Further information may be obtained on the official website of the Prosecutor’s Office.
www.fiscal.es Further information may be obtained on the official website of the Prosecutor’s Office.
