La Inmediación en el Proceso - Isidoro Eisner.pdf

I S I D O R O

E I S N E R

Doctor en derecho y ei*ad»a 0 ocia lee* Miembro titular del Centro de Estudios de Derecho Procesal

LA INMEDIACIÓN EN E L P R O C E S O

^ EDICIONES

8

UJfpa¿/Iia 19 6 3

BUENOS AIRES

Í N D I C E PARTE PRIMERA INMEDIACIÓN

Y

JUSTICIA

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1 . 2. S. 4. 5. 6. 7. 8-

Nuestra legislación procesal La ausencia del juez La ilusión del litigante La ansiedad del testigo El abogado novel El inesperado epílogo . El problema El tema de nuestro estudio

3 4 4 4 5 5 6 7

CAPÍTULO II LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y E L PROCESO 9. Concepto de la función jurisdiccional del Estado 10. El proceso

9 11

1. Los fines del proceso 1 1. )2. 1314.

Distintos enfoques Fines privados Fines públicos Conjugación

12 12 12 13

2. La eficacia del proceso 15. 16 1718.

La búsqueda de "la verdad" El fallo justo Verdad y justicia Verdad formal y verdad material

13 14 15 16

ÍNDICE

VIH

19. 2021 22.

La El El En

demostración de los hechos- en el proceso civil proceso penal riesgo del error judicial busca de la mayor eficacia

17 17 19 20

CAPÍTULO III LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCESO 23. 24 . 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Concepto Denominaciones Ahina Jofré Lascano Podetti Couture Wyness Mular El principio elegido

21 21 22 23 24 25 26 28 30 PARTE SECUNDA

EXAMEN

SISTEMÁTICO

DEL

PRINCIPIO

CAPÍTULO I V LA

INMEDIACIÓN

1. Concepto 32. Definición 33 Sus elementos

33 33 2. Enunciaciones

34. 35. 3637. 38. 39 40 41 42

Los autores De la Colina Jofré Álsina Podetti Lascano Couture Sartorio Oderigo

doctrinales 35 35 35 35 36 36 37 37 38

ÍNDICE

43. 44. 4546. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

IX

Sentís Melendo Otros maestros Caravantes Chiovenda Carnelutti Manzini Kisch Rosenberg Wyness Millar Resumen

38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 CAPÍTULO V

REFERENCIAS HISTÓRICAS Y DE DERECHO COMPARADO 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61 62. 63. 64 65. 66. 67. 68. 69 70. 71. 72.

Observación preliminar Ef antiguo proceso germánico El proceso romano primitivo El período siguiente Los tribunales eclesiásticos Delegación y mediación El proceso en Francia En España El procedimiento civil alemán El procedimiento en ptusia Ámbito de vigencia del principio Prueba documental En las alegaciones Derecho angíoamericano Desarrollo de la inmediación en la actualidad Procesos de raigambre hispánica La Ordenanza Procesal Civil alemana El proceso civil en Austria El nuevo proceso civil italiano El proceso civil brasileño

-•

-•

45 45 45 46 46 46 47 48 50 50 51 52 52 53 55 55 55 57 58 60

CAPÍTULO V I LA INMEDIACIÓN. SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, CONCENTRACIÓN Y B1LATERAL1DAD 73. Las vinculaciones del principio

63

X

ÍNDICE

!. Oraltdad 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Tipos de procedimiento Sus diferencias La escritura La oralídad Oraiidad e inmediación En la recepción de las pruebas y alegaciones Identidad y permanencia del juez Oraiidad al servicio de la inmediación 2,

82. 83. 84. 85.

•

64 65 65 67 69 69 71 71

Concentración

Concepto; finalidades Concentración en beneficio de la inmediación Inmediación en beneficio de la celeridad Celeridad, concentración, oraiidad

72 73 74 75

3. Bilateralidad 86. 87. 88. 89. 90.

Concepto Vinculaciones En los alegatos En las pruebas En el proceso penal

76 77 77 79 79 CAPÍTULO VII

DISTINTOS ASPECTOS DE LA INMEDIACIÓN EN E L PROCESO CIVIL 91. Noción preliminar

81

1. Respecto de las alegaciones 92. 93. 94. 95.

Ámbito de aplicación. Sectores implicados En las cuestiones de hecho En las cuestiones de derecho En la relación de los litigantes

-•

81 82 83 84

2. Respecto de las pruebas 96. Su importancia fundamental 97. La prueba en el proceso civil. Concepto

85 85

ÍNDICE

XI

98. Opiniones doctrinales 99. Diferencia con ia prueba penal 100. Diversos sentidos; clasificación a) Sentido

I0J. 102. 103. 104. 105. !06.

o

objetivo

o

90 91 91 92 93 93

material

Concepto; admisión Prueba directa. Percepción Prueba indirecta. Representación Prueba por inducción Eficacia decreciente de los medios de prueba Corolarios 3. Inmediación

86 88 90

formal

Concepto Medios de prueba. Reconocimiento judicial Prueba instrumental Declaraciones confesorias y testimoniales Prueba pericia! Conclusión bj Sentido

107. 108 !09. 110. 111. 112.

subjetivo

...

93 94 95 96 97 98

en el tiempo

113. Concepto y eficacia

98

PARTE TERCERA EL

PRINCIPIO

EN

LOS DIVERSOS

CÓDIGOS

CAPÍTULO VIII LA INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENTINAS 114. Itinerario

103

1. Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial de la Capital Federal 115. 116. 117. 118.

Antecedentes filiatorios Panorama general Conciliación Actuaciones de prueba. Testimonial

104 104 105 106

XII 119. ¡20. 121. 122. 123.

Í N D I C E

Absolución de posiciones Prueba instrumental Intervención de! juez Esbozo de oraiidad en segunda instancia Oraiidad e inmediación en los juicios especiales

107 109 !09 109 110

2. La inmediación en las leyes de reforma del Código Procesal Civil de la Capital Federal 124. ¡25. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Ley 14.237. Antecedentes y principios Disposiciones fundamentales Incidencia del decreto-ley 23.398/56 El juez director del proceso Importancia de una norma suprimida La fijación de los hechos controvertidos Augurios y justificaciones El fracaso de un buen propósito Concentración de prueba testimonial. Abandono de !a inmediación 133. El juicio de insania. Actuación del juez 134. Trascendencia de la resolución

111 113 114 115 117 117 118 119 120 12! 122

3. La inmediación en la ley 50, de Procedimientos ante la Justicia Federal 135. Antecedentes y principios 136. Normas que regulan alegatos orales 137. Disposiciones que afirman la inmediación en ia recepción de las pruebas 138. Propósitos y resultados

124 124 126 127

4. El principio en la ley Ji.924, de Procedimiento en la Justicia Nacional de Paz 139. 140. 141. 142. 143.

Regulaciones de la primitiva ley Finalidades del legislador Experiencias y resultados Incidencia de las leyes de reforma Epilogo legalista

128 130 130 132 134

5. La inmediación en la justicia laboral de la Capital Federal 144. Justificación 145. Características de! sistema legal

134 135

ÍNDICE

146. 147. 148. 149.

Disposiciones de nuestro interés Mérito práctico de la regulación. Alegaciones Pruebas Problema y solución

XIII

.

•••

136 137 139 139

CAPÍTULO I X LA INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENTINAS (continuación) 150. Advertencia metódica

141

6. "Proyecto Lascano" 151. 152. 153. 154. 155.

Fuentes y perspectivas Lincamientos Juicio oral Procedimiento escrito Empeño en afirmar la intervención del juez

141 143 143 144 144

7. "Proyecto Podetti" 156. 157. 158. 159. 160. 161.

Aclaración Orientaciones modernas Estructura del proyecto El proceso ordinario Justicia de paz y juicio oral Consideraciones finales

146 147 148 149 151 153

8. La inmediación en el Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy 162163. 164. 165. 166.

Antecedentes Tipos de proceso Principios adoptados Soluciones arbitradas Acotación

154 155 155 156 157

9. En el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia de La Rioja 167. Avanzada legislación; sus lineamientos 168. Poderes de! juez 169. Normas que aseguran la inmediación

157 159 160

ÍNDICE

XIV 170. 171. 172. 173. 174.

Proceso oral Proceso escrito. El juez, de instrucción Crítica Desarrollo del juicio oral Resultados

Í61 161 163 163 164

10. En la Ley Orgánica y de Procedimientos de los Tribunales del Trabajo de la provincia de Buenos Aires 175. 176. 177178. 179

Aclaración El procedimiento Ratificación del principio Experiencia del juicio oral Un problema de organización

164 165 166 167 168

PARTE CUARTA CONSIDERACIONES

FINALES

CAPÍTULO X CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 180. Nuestro objetivo 181. Conclusiones

171 171 perspectivas

182. Impulsos reformistas 183. Proyecto de Código Procesal Civil para la justicia Nacional 184. Reforma procesal penai

174 174 176

PARTE QUINTA LAS MÁS R E C I E N T E S PRINCIPIO

APLICACIONES

DE INMEDIACIÓN

NUESTRO

DEL

EN

PAÍS

185. El avance irreversible de la ciencia del proceso

179

ÍNDICE

XV

1. Procedimiento contencioso tributario. El Tribunal Fiscal 186. 187. 188. 189. 190. ¡91. 192. 193.

Implantación Principios consagrados Disposiciones relativas al tema. Ubicuidad del Tribunal Inmediación y bilateralidad Depuración. Acuerdos procesales intervención de las panes en la sustanciación de la prueba Cierre de la instrucción Vista de la cansa

180 181 181 182 183 184 184 185

2. Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe 194. 195. 196. 197198 199. 200. 201.

Ubicación La intervención personal del juez Poderes al servicio de la jurisdicción Trámite escrito El juicio oral Normas comunes Trámite del proceso oral Perspectiva

186 187 187 188 188 189 189 191

3. La inmediación reflejada a través de un fallo judicial 202. Noticia 203. Un voto singular 204. Comentario

191 192 193

BIBLIOGRAFÍA

195

P A R T E PRIMERA INMEDIACIÓN

2 - Ei8»er.

Y

JUSTICIA

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1. NUESTRA LEGISLACIÓN I'ROCESAL. — Q u i e n fue e x i m i o maestro del derecho procesa!, el d o c t o r DAVID LASCANO, al comenzar la " E x p o s i c i ó n de M o t i v o s " de su siempre recordado " P r o y e c t o de Código de P r o c e d i m i e n t o Civil y C o m e r c i a l " elaborado en el Instituto d e Altos Estudios J u r í d i c o s de la F a c u l t a d de Ciencias J u r í d i c a s y Sociales de la Universidad Nacional de L a P l a t a , nos dice: " D i f í c i l m e n t e se enc o n t r a r á e n t r e nosotros una legislación más a c e r b a m e n t e criticada que la procesal. 1

" E n la cátedra, en el libro y en la prensa se ha reclamado con insistencia la r e f o r m a ; y son m u c h o s los proyectos que para conseguirlo lian preparado particulares y legisladores. Sin e m b a r g o , nada se ha c a m b i a d o en definitiva. " E l f e n ó m e n o es curioso pero perfectamente explicable. Las leyes de p r o c e d i m i e n t o están, más q u e n i n g u n a otra, en c o n t a c t o directo con el pueblo, y p o r esa razón, éste percibe más fácilmente sus inconvenientes a u n q u e n o alcance a precisar sus defectos. De ahí q u e sean m u c h o s los habilitados para r e c l a m a r la r e f o r m a , y muy pocos los capacitados para llevarla a cabo, c o m o que n o es obra de crítica sino de construcción. Ella corresponde a los técnicos y especializados, y a u n así, éstos n o siempre aciertan a formular reglas que sai "Con el Proyecto La'tano se abre una etapa en la lalxir codificadora. y no solo argentina, sino con mucha mis amplitud, de tos países
4

INMEDIACIÓN Y JUSTICIA

tisfagan las exigencias efectivas del medio para q u e están destinadas"-. 2. LA AUSENCIA DEL JUEZ. — E n t r e los múltiples defectos que la intuición p o p u l a r señala con énfasis, algo de ironía y m a r c a d o escepticismo, respecto de nuestro viejo proceso civil c o n f o r m e se le aprecia a través del mecanismo vivo de la justicia, se halla en p r i m e r lugar la inexplicable ausencia corporal del magistrado, el principal actor y director del debate confiado a su solución. 3. LA ILUSIÓN n E L LITIGANTE. — Efectivamente, si acudimos al litigante novicio, aquel que por primera vez tendrá q u e o c u r r i r a los respetables estrados de la justicia para hacer valer sus razones o solicitar el r e c o n o c i m i e n t o formal de sus derechos, veremos c ó m o vive la impaciencia de su p r ó x i m o e n c u e n t r o con el juez. Espera con natural ansiedad el m o m e n to en que enrostrará a su adversario su maldad o felonía en presencia del propio magistrado, ante quien pondrá a aquél "al d e s c u b i e r t o " a! e x h i b i r a la vez que sus firmes argumentos la actitud, convicta o evasiva, de su c o n t r i n c a n t e . . . 4. LA ANSIEDAD DEL TESTIGO. — P o r su parte, quien ha sido citado en calidad de testigo a una audiencia en j u i c i o civil, si n o h u b o d e s e m p e ñ a d o ya con anterioridad dicha carga pública, tiene la ineludible certeza d e que será puesto frente al magistrado en un solemne recinto, donde, después de recibirle formales j u r a m e n t o s , será interrogado por aquél sobre los hechos que conoce con relación a la causa, a la vez que le observará con atención para entrever la sinceridad de sus respuestas a través de sus facciones, sus actitudes o su voz. . . N o duda de que se le harán preguntas r e q u i r i e n d o aclaración o explicación de sus dichos; de q u e posiblemente será enfren3 Obras del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, edición oficial, t. m, p. 19, año 1935. Según SENTÍS MELENDO, ya es imposible conseguir dicha edición. Por ello fue reproducida en ¡a "Revista de Derecho Procesa!", año xti (1954), segunda parte, ps. 105 y ss. Nosotros tuvimos oportunidad de obtenerla en una libreiía ile ocasión.

INTRODUCCIÓN

5

tado con las partes a c u y a conducta se refiere su testimonio, o careado con otros testigos q u e n o hubieran coincidido con él en la versión de los hechos. Y de n i n g u n a m a n e r a se imagina que todo ello pudiera o c u r r i r si n o es c o n la asistencia y en presencia del juez de la causa, quien llevará personalmente la dirección d e tan i m p o r t a n t e suceso. . . 5. E L ABOGADO NOVEL. — Y el mismo abogado recién egresado de la F a c u l t a d de D e r e c h o , si carece de práctica tribunalicia, pese a conocer p o r sus estudios que el p r o c e d i m i e n t o civil vigente en la Capital Federal y la m a y o r parte de las provincias argentinas, es p r e d o m i n a n t e m e n t e escrito, tiene la noción de q u e al menos —doctrinalmente, p o r supuesto— las audiencias de prueba se celebran con intervención necesaria del magistrado, y de q u e allí sí le será posible " v e r " c ó m o actúa y se desempeña tan alto funcionario; y si la ocasión lo permite, e x p o n e r ante él, o r a l m e n t e , las oposiciones o tachas que el decurso d e las pruebas aconsejen. 6. E L INESPERADO EPÍLOGO. — T o d o s sabemos c ó m o termina la p r i m e r a parte de este relato y conocemos la desazón o desconcierto q u e sufrirán sus personajes c u a n d o comparezcan al escenario judicial. El litigante n o será " o í d o " por el juez ni podrá evidenciar a n t e él, c o m o se lo proponía —con la demostración viva de las razones y los hechos—, la verdad de sus afirmaciones o la falacia de las del adversario o testigos. Éstos verán con pena —y tal vez con alivio— q u e el principal m o t i v o de sus preocupaciones era infundado, ya que el magistrado n o ha estado presente para recibir sus dichos y fiscalizarlos con su penetración y juicio. El abogado r e c i b i r á su bautismo de fuego. Ya, desde enlonces, sabrá q u e e n t r e el juez y los anónimos personajes del proceso hay una b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e . . . Y si p r e t e n d i e r a acercarse al despacho del magistrado para dar una explicación, pedir una aclaración o disipar un malentendido, entonces, a través de la fría respuesta, sabrá que ha sido imprudente al q u e r e r q u e b r a n t a r la pura imparcialidad del juzgador o ta solemne q u i e t u d del a p o s e n t o . . .


6

7. E L PROBLEMA. — Esto es algo de lo m u c h o que ve el pueblo en el engranaje vivo del proceso. Esto es lo que ha inspirado el t e m a del presente trabajo. C l a r o q u e no se trata de una novedad. Sólo se p r o c u r a decir, una vez más, con el m a y o r acopio posible de razones, lo que de n i n g ú n m o d o debe ignorarse; y menos aún silenciarse. El distinguido profesor y magistrado doctor JOSÉ SARTORIO, refiriéndose a la justicia federal en términos que pueden extenderse a la de casi todos los fueros, nos dice: " P u e d e contarse c o m o excepcional el caso del juez que tenga noticias, así sean relativas, sobre la generalidad de los juicios de su despacho, y q u e intervenga personalmente en las audiencias, siquiera en las de cierta i m p o r t a n c i a " . 3

Se preguntaba el Dr. LASCANO en la mencionada Exposición de Motivos de su p r o y e c t o : "¿Se conseguirá el anhelado perfeccionamiento de la justicia con sólo modificar el procedimiento vigente? L a ley q u e establece la.s normas q u e deben regir en la tramitación de los juicios ¿es la única causante de los defectos q u e se atribuyen a la administración judicial? H a y quienes piensan q u e n o ; que el mal está en los hombres. Son los encargados de aplicar la ley, se dice, los q u e íá~desnáturalizan violentando sus preceptos o t o r c i e n d o sus mandatos. C o n buenos jueces, agregan, podrán subsistir sin grave perjuicio, las normas actuales". 4

El r e l c r i d o autor, sin cargar todo el peso de la responsabilidad en Jos hombres, reconoce q u e además de los defectos inherentes a la ley procesal, parte de los inconvenientes radican en la forma de designación de los jueces y en la organización judicial vigente. Y es evidente q u e el nial se origina en una —llamémosle así— culpa c o n c u r r e n t e de la ley y de los sujetos llamados a aplicarla. Jci-t SAFtrc-Rio. De la ptuebn de testigos en ' mi de jurisprudencia Argentina. 19-15. p. 109. * Op. ctt . |i. 30. s

el procedimiento

federal,

edi-

INTRODUCCIÓN

7

8. EL, TEMA DE NUESTRO ESTUDIO. — A q u í nos vamos a ocup a r d e ! principio de " i n m e d i a c i ó n " , cuya vigencia es, puede decirse, imprescindible para el logro de una mejor justicia. Sabemos q u e la ley procesal civil de la Capital de la República, pese a las reformas incorporadas al Código o imperantes fuera d e él, es insuficiente para asegurar la realización de tal principio. Éste exige c impone un c o n t a c t o dir e c t o —sin intermediarios— e n t r e el juez y las partes y e n t r e aquél y los medios de prueba. El juez debe recibir en forma inmediata las alegaciones de las partes, c o m o así recoger personalmente las aportaciones probatorias: conociendo de un m o d o íntimo y permanente el materia! de la causa y el estado de] proceso desde el comienzo hasta el fin. L a ley 5 0 , que rige los procedimientos ante la justicia federal, incluye normas que v i n u a l m e n t e imponen tal vinculación y c o n o c i m i e n t o directos. Pese a ello, los hechos lian llevado al m e n c i o n a d o estudioso de dicha ley, a esta reflexión: "¿Se c u m p l e , en la realidad, esta inmediación? O t r a vez. c o m o ya tantas, tenemos el penoso deber de descubrir u n a nueva irregularidad del procedimiento, una verdadera conculcación de la ley por sus propios órganos ejecutivos. Bien conocemos la disculpa del excesivo trabajo que impide al juez la atención personal de los asuntos; pero si ello es valed e r o para algunos juzgados, c o m o los de la Capital F e d e r a l , no lo es para todos, y sin e m b a r g o , según nuestras investigaciones, en casi todos existe la c o s t u m b r e de delegar las funciones del juez en los empleados, en orden que liega has^ ta los escribientes"*. L a más colorida y simple demostración de lo que quiere el p r i n c i p i o d e inmediación nos la suministra con su brillante estilo el gran procesalista italiano que fue PIERO CAI.AMANHREI, en su p e q u e ñ o y agudo libro De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados'', el cual, si bien ana•• JOSÉ SARTORIO, op ni., p 109 En igual semillo se c\piesa en su oliva E\Cgélka la h'x fO T.E.A . Buenos Altes, 1955, '¿" edición, p. 50. > PitRO O I A M A M I R E I , De las buenas relaciones entre los ¡uccfi y los abor

8


liza sólo un aspecto del problema, el referente a la relación inmediata que debe producirse e n t r e juez y partes con motivo de sus alegaciones y peticiones —no de la p r u e b a misma—, nos p e r m i t e m e d i t a r p l a c e n t e r a m e n t e sobre el t e m a al poner de relieve las ventajas que en tal sentido se procuraban o b t e n e r en el n u e v o código procesal d e su p a t r i a . 1

Este tema de la " i n m e d i a c i ó n " es de s u m a i m p o r t a n c i a para la disciplina del d e r e c h o procesal y merece un desarrollo consciente y d e t e n i d o , u b i c á n d o l o en la d o c t r i n a del proceso, en la elaboración de ios autores y en su cristalización más o m e n o s afortunada en los diversos códigos y leyes de la materia.

gados en el nuevo proceso civil. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1943, traducción de Santiago Sentís Metendo. A nuestro parecer, ¡a opinión más aguda aunque simple sobre el problema, es la que CALAMAXDREI pone en labios de su personaje "el ingenuo" i'ps. 18 \ 191, quien nos relata su creemia virgen sobre la justicia antes de haher tenido que véiselas frente a ella en MI ptimei entiicnlro. Dirigiéndose a sus amibos, jueces y abogados, en el colurmio que suse de exma sesión, de qué mueilc debes morir". ' Según SENTÍS MELENDO, El proieso civil, p. J11 {nota 2-1). "todo el libro de C.ALA\IA\I)RE( De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados, parece tin canto a la inmediación: pero ¡i la inmediación practicada a tca'és del juez instiiulor -de plano et sme slrepilu iadicii*; que ciuicrc decir en el lenguaje de hoi «todos sentados a la misma mesa-".

CAPÍTULO II LA

FUNCIÓN

JURISDICCIONAL

Y EL

PROCESO

9. CONCEPTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ot-.i. ESTADO. — E n t r e las funciones del Estado m o d e r n o , una de las más vitales y delicadas es aquella de administrar justicia. E n toda c o m u n i d a d j u r í d i c a m e n t e organizada, los individuos particulares se ven privados de resolver por m a n o propia sus reivindicaciones frente a la resistencia u oposición de los terceros. C o m o dice ALSINA, " c u a n d o las personas c o n f o r m a n su c o n d u c t a en sus relaciones jurídicas a los preceptos de la ley, ninguna alteración se p r o d u c e y se dice entonces que la n o r m a se c u m p l e p o r el solo i m p e r i o de su fuerza m o r a l . P e r o en caso contrario, es decir, c u a n d o a la pretcnsión de u n a p a r t e se o p o n e la resistencia de otra, sea p o r q u e se niegue su legitimidad o p o r q u e contra ella se alegue una pretensión contraria, se p r o d u c e un estado de litis o controversia" . 8

C u a n d o ese conflicto —que n o puede resolverse por la fuerza, q u e está proscrita— n o se soluciona por la sumisión voluntaria de alguna de las partes a la otra, o p o r un acuerdo e q u i l i b r a d o de voluntades m e d i a n t e transacción, es necesaria la intervención del Estado, q u e p o r medio de sus órganos especializados resuelve la contienda y decide conforme a la ley restableciendo el orden j u r í d i c o alterado por la resistencia injusta; asegurando a quien tenía razón, el goce de su d e r e c h o en forma definitiva. » Huí,» ALMNA, Tratado teórico práctico de drircho cia!, C o m p a ñ u Argentina de Editores, 1941, t. i, p. 31.

procesal

i.n>il y

comer-

10

INMEDIACIÓN Y JCSTICIA

En esto consiste, en esencia, la función jurisdiccional del Estado. " E s función propia del Estado m o d e r n o administrar justicia para q u e los ciudadanos puedan reclamar ante ella la aplicación de la ley e n c u a n t o garante un bien, y c o n ese objeto se h a n creado órganos apropiados y fijado las reglas que éstos deben a p l i c a r " , ha dicho TOMÁS |OFRL'*. T a ! actividad —la de aplicación de la ley— se c u m p l e por intermedio d e ! P o d e r judicial, una de las tres ramas del poder público instituido p o r la soberanía del pueblo en los regímenes republicanos. Los jueces o tribunales q u e ejercitan en n o m b r e del Estado dicha función, sólo declaran y hacen c u m p l i r el derecho en los casos particulares sometidos a su decisión. X o dictan normas abstractas o generales d e derecho, pues ésa n o es su potestad sino la del legislador. C i e r t o es q u e la jurisprudencia es considerada fuente integrativa del derecho, pero su valor es secundario frente al de la ley m e d i a n t e la cual la voluntad del p u e b l o se expresa en forma deliberada y consciente. Más bien se trata de una actividad c o m p l e m e n t a r i a c o n relación a la legislativa, ya q u e m e d i a n t e aquélla se hace efectiva la voluntad soberana contenida en la ley. "Sólo interviene la justicia para resolver los casos concretos individuales o colectivos sometidos al proceso. Si fuera de instancia sienta un principio o hace u n a declaración abstracta de derecho, sale de su esfera propia e invade los dominios d e ! legislador"'". L a función jurisdiccional se manifiesta en su m o m e n t o c u l m i n a n t e , cristalizando e n la sentencia, q u e es el acto de autoridad del Estado m e d i a n t e el cual se resuelve c o n carácter definitivo una controversia e n t r e partes, un conflicto de intereses. Y c o m o dicha sentencia, una ve? firme, se fortalece y consolida c o n su autoridad de "cosa juzgada" —que '• I IIM ís

Jomé, Mnmial

de fímcedinnrmo

hiliiorial

" L a Lev", 1911, I i

r i3 '•" S ' L I M I O R DF. L\ COLINA. Derecha

H uanc

Bs. A u n . 1915 y. i. p. 17.

i

Icgislaaiiii

piocesal.

2» e d i c i ó n .

}.

I.a-

LA

FUNCIÓN

IIJRíSDiCClONAL

Y

EL

PROCESO

11

impide ia reanudación del debate y se arma de fuerza ejec u t o r i a — en virtud de la cuai el poder del Estado se pone al servicio del vencedor para asegurarle el goce de su derecho con el sometimiento compulsivo del vencido, se dice que la sentencia es c o m o la ley del caso concreto, la lex singitlaris, la n o r m a individualizada. Es necesario recordar q u e el c o n c e p t o de "conflicto de intereses" c o n q u e se indica el contenido del proceso y. p o r lo tanto, de la función jurisdiccional, n o se limita a los comunes casos de contiendas acaecidas p o r la resistencia del obligado a satisfacer la prestación debida o por el desconocim i e n t o activo de un derecho ajeno impidiendo su goce. A c t u a l m e n t e , ya no se discute que e n t r e las manifestaciones de la actividad jurisdiccional está aquella p o r la cual el órgano se limita a declarar la existencia o inexistencia o los alcances de un d e r e c h o q u e pudiera asistir al peticionante, en el caso c o n c r e t o motivo de su preocupación justificada. " E l c o n c e p t o de conflicto de intereses —nos dice el desaparecido maestro EDUARDO J . COUTURE— ha venido a sufrir una especie de p r o l o n g a t i ó n hacia aquellos casos en que el titular de un d e r e c h o carece de ios medios q u e le aseguren su pacífico g o c e " . 11

10. E L PROCESO. — L a función jurisdiccional se c u m p l e específicamente en y a través del proceso. F.s en éste donde se ejercitan los poderes jurídicos del juez y de las partes y donde se producirá la sentencia q u e ponga fin a la controversia o a la duda y declare el d e r e c h o q u e debe aplicarse en el caso concreto, asegurando a alguien el goce de un "bien de la vida", c o m o ha dicho CHÍOVENDA. Según COUTURE, el proceso "es un método de debate cuyo fin es solucionar un conflicto de intereses p o r acto de autoridad" . 11

' i ERI.AHKO j . COUTLBE, Fundam en {os de derecho Editorial Ucpülma, Buenos Aires, 195!, yi 217. 12 Op. cil., ps. 4 y 57.

procesal

civil, 2 ' edición.

12


í. Los fines

del

proceso

11. DISTINTOS ENFOQUES. — L a idea de proceso en sentido j u r í d i c o es teleológica. Ella está determinada por el rec o n o c i m i e n t o y persecución de sus propios fines. C o m o dijimos antes, el proceso persigue d i r i m i r el conflicto de intereses sometido a los órganos d e la jurisdicción. P e r o este fin es t a n t o privado c o m o público, ya que satisface a la vez q u e el interés individual discutido en el litigio, cuya tutela se demanda, el s u p r e m o interés de la sociedad, que p r o c u r a con aquél asegurar la vigencia plena d e ! derecho, del orden y d e la paz social. Según cual fuera la posición política o filosófica del intérprete, así resultará el énfasis que se ponga sobre las finalidades y funciones públicas o privadas de! proceso y aun del d e r e c h o en general. 12. FINES PRIVADOS. — P a r a quienes conciben q u e el Estado, c o m o así el derecho, es sólo creación del pueblo para servir a las necesidades y aspiraciones de los individuos, el proceso tiene un fin p r i m o r d i a l m e n t e privado: asegurar el d e r e c h o de la persona, tutelar su interés legítimo, hacerle justicia restableciendo el goce de su derecho desconocido o lesionado. Y ello n o sólo para el actor, sino también para el d e m a n d a d o q u e r e c l a m a del Estado la misma tutela asegur a n d o su m e j o r defensa a fin de q u e se le absuelva d e toda imputación o pretensión injusta con que fuera perseguido. Y es evidente que el individuo logra mediante el proceso —al menos esto es lo que se p r o c u r a — la protección de su individualidad m e d i a n t e la declaración y tutela de ÍUS derechos. 13. FINES PÚBLICOS. — C l a r o está que el proceso sirve de igual m o d o a ios intereses generales de la colectividad a! obtener la conservación del orden jurídico, la a r m o n í a y el sosiego de la c o m u n i d a d .

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y EL PROCESO

13

P e r o hay quienes afirman —como io recuerda COUTURE citando a ADOLFO SCHONKE — q u e " p a r a el proceso civil c o m o institución, está en p r i m e r lugar el interés de la colectividad, ya q u e sus fines son la realización del d e r e c h o y el afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede o c u p a r el tiempo y las energías de los tribunales estatales solamente y en tanto q u e para él exista la necesidad d e tutela jurídica". 13

/

1 4 . CONJUGACIÓN. — C o m p a r t i m o s la opinión de q u e el interés social d e ! proceso n o precede ni es superior al interés privado que llevó a su p r o m o c i ó n . El interés de la colectividad o del Estado, respecto del proceso, n o es de mayor j e r a r q u í a q u e la suma de los intereses individuales tutelados. Ambos se hallan en un mismo grado de valor. L a trascendencia social del proceso está más q u e nada impresa por el hecho de que éste es el i n s t r u m e n t o capaz de asegurar la continuidad y vigencia del derecho, su afianzamiento y su progreso m e d i a n t e su exposición diaria a los rigores del medio social que está destinado a satisfacer. 2. La eficacia

del

proceso

1 5 . LA BÚSQUEDA DE "LA VERDAD". — T a m b i é n COUTURE nos d i c e que c o n t e m p l a d o en su forma, en los elementos q u e lo constituyen, " e l proceso civil es un c o n j u n t o de actos de debate m e d i a n t e los cuales se p r o c u r a llegar a la v e r d a d " . Esto último, de la " v e r d a d " , c o m o una de las finalidades prácticas del proceso civil, es ya m a t e r i a muy controvertida y necesita de un minucioso análisis a la luz d e sus varias posibilidades conceptuales. E n rigor, n o pareciera que el proceso persigue el logro o la declaración de la " v e r d a d " . E ! proceso tiene fines prácticos, y !a suprema aspiración de c o n o c e r la absoluta realidad de los hechos no está e n t r e sus propósitos finales, ya q u e la función jurisdiccional debe tenerse por bien prestada y 14

is Op. cit., p. 94. n Op. cit.. p s.

11


cumplida c u a n d o se ha conseguido d i r i m i r un conflicto d e intereses o disipado un estado de i n c e r t i d u m b r c jurídica respecto de un sujeto, m e d i a n t e la declaración del d e r e c h o en el caso c o n c r e t o y la protección oficial d e su pacífico goce a su titular. P e r o si bien el c o n o c i m i e n t o de la verdad n o es un fin del proceso, en c i e r t o m o d o es un medio necesario para el más eficaz c u m p l i m i e n t o de sus propios fines. l(i. E L FALLO JUSTO. — E l fallo justo es u n a aspiración del Estado y de la misma colectividad, que ve en el d e r e c h o un constante q u e h a c e r en pos de ios valores de la justicia. P a r a que el fallo sea intrínsecamente justo es necesario que la n o r m a jurídica aplicada sea bien escogida, y que ella misma —fuera de su legalidad formal— conforme al sentim i e n t o de justicia innato en el pueblo. Si la sentencia no aplicare la n o r m a debida, ella será ilegal, es decir, no ajustada a derecho. Si, por el c o n t r a r i o , la ley que fundamenta el fallo fuera la q u e corresponde al supuesto de hecho, pero tal ley no satisface las aspiraciones de justicia y equidad, en ta! caso podrá decirse que estamos frente a una sentencia legal pero n o frente a una sentencia justa. Ello no impedirá, claro está, q u e la sentencia ajustada a derecho sea válida en c u a n t o tal, ya q u e no le es d a d o a los jueces apartarse de los mandatos de la ley p o r n o hallarlos justos o equitativos. Los jueces n o pueden juzgar de la bondad de las leyes para aplicarlas o no según sus virtudes; y siendo aquéllas claras en su fórmula, deben ser necesariam e n t e impuestas al caso que eüas c o m p r e n d e n . Además, el fallo justo sólo lo es c u a n d o los hechos q u e da por existentes, han sido y o c u r r i d o ta! c o m o el juez los da p o r producidos. Si los actos, hechos o circunstancias que se discuten en el proceso han acaecido del mismo m o d o según el cual el juzgador se los representa en el m o m e n t o de p r o n u n c i a r la sentencia, entonces podemos afirmar que ésta será justa —fuera de ser legal—; y, por el c o n t r a r i o , c u a n t o más se aleje la

LA

JUNCIÓN

JURISDICCIONAL

Y

EL

PROCESO

!5

convicción del juez, respecto de los hechos, de los reales sucesos, tanto más aquélla i m p o n d r á soluciones injustas que frustrarán la esperanza y confianza del p u e b l o respecto de los órganos instituidos para velar por sus derechos. ¡ 7 . VERDAD V JUSTICIA. — De lo d i c h o deducimos q u e el proceso civil, si bien n o persigue la averiguación de la verdad sino la sanción del fallo que d i r i m a un conflicto de intereses del m o d o más justo posible, será t a n t o más eficaz y perfecto c u a n t o con más seguridad logre el c o n o c i m i e n t o de la verdad con relación a los hechos que se discuten. El proceso debe, pues, organizarse y estructurarse de m o d o tal que a través de sus medios de verificación y debate logre alcanzar la certeza del juzgador, coincidente, de ser posible, con la verdad de los acontecimientos representados; y a la vez, con ella, la justa definición de la litis. Decíamos que n o es fin del proceso —al menos del proceso civil— la averiguación de la verdad. P o r verdad debe entenderse la absoluta correspondencia e n t r e una cosa o un h e c h o y la idea o c o n c e p t o que d e ellos nos hemos formado. GARCÍA MÓRENTE —citado por ALSIN A - nos enseña en lecciones preliminares de filosofía (p. 1 9 5 ) q u e " p a r a los realistas, el c o n o c i m i e n t o es posterior al objeto, luego la verdad es la correspondencia de la idea que nos hacemos de un objeto con el objeto mismo. P a r a los idealistas, el c o n o c i m i e n t o es a n t e r i o r al objeto y por consiguiente la verdad es la c o n f o r m i d a d del pensamiento d a d o p o r el objeto con el objeto m i s m o " . C l a r o q u e aquí, tratándose de la verdad de los hechos q u e se p r o c u r a alcanzar para aplicar a ellos las consecuencias de d e r e c h o q u e correspondan, el problema no sería o t r o q u e el de llegar a c o m p r e n d e r y c o n o c e r hechos ya ocurridos o cosas q u e n o están al alcance directo o actual del juzgador, puesto que el proceso se p r o m u e v e después q u e han o c u r r i d o los hechos motivadores d e ! conflicto. Al menos esto es lo que sucede en la mayor parte de los casos. P o r eso es, 1s

i ! Op. cit . i. ir. p

!73.

16


quizá, q u e dice COUTURE' que " e n ia búsqueda de la verdad, el juez actúa c o m o un verdadero historiador. . . ; el magistrado es el historiador de los hechos q u e han d a d o origen al juicio". P e r o el m i s m o autor, y con especial referencia al juicio civil, tiene el buen cuidado de acotar q u e la asimilación del juez al historiador n o será nunca completa, c o n f o r m e se tenga en c u e n t a que la prueba del juicio civil es un m o d o de verificación y n o una investigación de la verdad. E l juez civil n o conoce otra verdad q u e la q u e las partes le han comunicado. 6

1 8 . VERDAD FORMAL Y VERDAD MATERIAL. — E n el proceso civil, donde rige con su mayor a m p l i t u d el principio o m á x i m a dispositiva, son las partes quienes presentan, proponen y suministran el material de la causa en c u a n t o al contenido y límites de la controversia, c o m o en lo q u e se refiere a sus medios de prueba. En tal sistema, el tribunal queda sujetado a la consideración de lo que los litigantes han planteado ante é l " . Es p o r esto que se dice q u e en el ie Op. cit., p. 186. i? ROBURT H'YNEXS MILLAR, LOS principios formativos del procedimiento civil, traducido de! ingles por la Día. Catalina Grossmann, Ediar S. A. Editores, Bs. Aires, i945. Según WYNESS MILLAR, este principio también es conocido como ''i'erliandlungunaxime" (liteiulmeme, "máxima de debate") o máxima de connoseisia; \ aquél, ante la falta de acierto en estas denominaciones, prefiere llamarla "principio de presen tac ion por las partes". D i s t i n g u e n este principio, cuyo alcance ya enunciamos en el texto, del llamado "Diipositions prinzip" — ps. 64 y 65— o "principio dispositi\o", que prefiere llamar "principio de elección dispositiva", y que para el autor implica "que las partes tienen e! pleno dominio de sus detechus malcríales y yiocesates. icAvctUiccidas, e_a U_ «íísa., v «£!W«ce_ su potestad de Ubic decisión i especio del ejercicio o no ejercicio de estos deret hos'\ En la p. 65 y nota i, leconote MILLAR que "la doctrina predominante tiende a considerar idénticos los dos principios", y cita a JAMES GOLDSCHMIDT V STÜIN(ONAS.

Nosotros también consideramos razonable y práctico considerar que se trata de un solo piiucipio. o en todo caso de dos aspectos o enunciaciones de é!. En igual sentido CQUTI-RF. (op. cit., ps. 81 y 82) y ALUNA (op. cil.. t. t, p. 262); aunque este último autor, en el lugar citado, confunde este principio con el del "impulso de paites"; lo que es distinto, ya que aquél puede darse aun en sistemas donde el impulso procesal se ejercite de oficio en lo que se refiere a la dinámica del proceso. Esto último ocurre, v. gr„ en el pioceso laboral vigente en la Capital Fe-

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y EL PROCESO

17

juicio civil sólo se persigue el logro de la "verdad formal", mientras que en el proceso penal y en otros en que está interesado el orden público, lo que se busca es hallar la "verdad material" o real. Entendemos que la "verdad", en cuanto tal, sólo puede ser una sola, la que se identifica como "verdad material", pero que no necesita de calificativos para su debida conceptúa lización. En realidad, no es que haya dos "verdades" a lograr en los distintos procesos, sino que las necesidades de verificación de los hechos son otras y de distinta intensidad. 19. LA DEMOSTRACIÓN DE LOS HECHOS EN EL PROCESO CIVIL. — En el proceso civil, con la mayor frecuencia, sólo se discuten intereses privados que no trascienden del mero ámbito de las partes y no llegan a afectar a la comunidad. Por eso es que se reconoce a los individuos la potestad de llevar o no al tribunal sus demandas; de usar o no sus posibles defensas; de limitar a su voluntad los alcances de la cuestión sometida y de suministrar los medios de prueba que consideren necesarios o suficientes para la demostración de sus afirmaciones de hecho. La sociedad no halla ningún interés en ampliar el campo de la controversia juzgando sobre otras cuestiones que las propuestas por las partes; ni considera prudente otorgar al juez la facultad de efectuar averiguaciones por encima de los medios de prueba ofrecidos por los litigantes. Se supone que siendo éstos los únicos afectados por la litis, serán ellos mismos quienes mejor se preocuparán de elegir y arrimar al proceso los elementos de convicción. 20. E L PROCESO PENAL. — No ocurre lo mismo con los procesos penales ni en los que se ha dado en llamar "procederal, donde rige el principio dispositivo concretado en las facultades de las par (es para suministrar v limitar et contenido del debate y los medios de prueba, y sin tmbargo ha sido confiado al órgano jurisdiccional el poder —también deber— de impulsar ef cítiso del procedimiento disponiendo de oficio las m e didas necesarias para el progreso del tramite basta lleear a la sentencia.

3 - Eisntr.


18

sos civiles penalizados" , ya que en los primeros se trata de proteger intereses fundamentales de la comunidad afectada intensamente por el delito y la peligrosidad potencial del delincuente; y en los segundos, en causas como las del derecho de familia, insanias, régimen de visitas, patria potestad, etc., se halla reconocidamente comprometido el orden público y la paz social. 18

En estos procesos, de interés público, no se consiente que los particulares puedan limitar a su antojo el ámbito de conocimiento y de decisión del magistrado, ya que no puede subordinarse a las conveniencias estrechas de los particulares, la suerte de cuestiones que afectan a la vida toda de la colectividad. Es sólo en razón de esas diferencias de grado en la importancia del interés comprometido en unas y otras controversias, que se ha tratado de adecuar a la distinta magnitud de tales intereses, la intensidad de la actividad procesal a desarrollarse en busca de la "verdad". Ya se dijo que no hay varias clases de verdad ni diversos grados de ella. No hay que proponerse tampoco la meta ideal de alcanzar esa única y absoluta correspondencia que se llama "verdad", por ser un propósito casi utópico para ser alentado por juristas o funcionarios. Sólo se trata de alcanzar un grado de certeza o de convencimiento que se halla en proporción con la diversa importancia de los intereses a tutelar. Tratándose de las causas penales o de los procesos civiles con objetos que afectan al orden público, la actividad jurisdiccional a desarrollarse ha de ser lo más intensa y eficaz posible. El juez, ha de tener facultades para ampliar su conocimiento a todas las cuestiones que crea convenientes al objeto de su indagación y para emprender una investigación de los hechos de la causa lo más penetrante y exhaustiva que fuera de lograr, en procura del mejor esclarecimiento de los sucesos ocurridos. is SENTÍS MELENDO, op.

trií., ps.

358

y

359.

L.A FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y EL PROCESO

19

Se buscarán los hechos aunque nadie los hubiere planteado o invocado, y respecto de los comprobados se usará de todos los medios de prueba y verificación para llegar al mayor grado posible de convicción y certeza sobre su acaecimiento y realidad. Es decir, se averiguará la verdad , porque se la buscará hasta tener el convencimiento sincero de haberla hallado. 19

Pero respecto de los comunes procesos civiles, e] interés limitado de las partes no exige de la justicia la misma actividad inquisitiva arriba señalada. Basta con recoger y analizar las pruebas traídas por los interesados, y llegar mediante ellas a un grado razonable de convicción respecto de la exactitud de lo afirmado por alguno de los litigantes. Aquí, las necesidades del proceso a los fines de la solución de la litis se satisfacen con la simple "verificación" de las proposiciones controvertidas, para tener por acreditados los hechos en que se fundará la sentencia y respecto de los cuales se aplicará el derecho que los supone fijando sus consecuencias. De todos modos es evidente que cuanto mayor fuere el grado de certeza y más aptos los medios para lograrlo, más eficaz será el proceso y más justa su solución. 21. E L RIESGO DEL ERROR JUDICIAL. — El riesgo de hallarse lejos de la verdad, cuando se cree haberla alcanzado, existe en todos los procesos —humanos o judiciales—; es inherente a la naturaleza falible de los sentidos y del propio discernimiento de los hombres que intervienen en la causa, ya sea como partes, testigos, peritos, auxiliares o jueces. Luis RECASÉNS SICHES, en su obra Nueva filosofía de la interpretación del derecho ", recordando la postura del "realismo jurídico" sostenida por el profesor KARL N. LLEWELLYN, de la Universidad de Columbia y de Chicago, al enfrentar a la interpretación silogística del derecho en la 2

i» SENTÍS MELENDO, op.

cit.,

p.

174.

20 Luís RECASÉNS SICHES, Nueva fitosojia de. la interpretación Fondo de Cultura Económica. Méjirn, Iflfifi. p. US.

del

derecho.

20


sentencia, manifiesta: "¿Qué correspondencia efectiva hay entre la verificación de los hechos en la sentencia y la realidad auténtica de esos hechos, tal y como efectivamente ocurrieron? Esos hechos fueron filtrados primero por cada uno de los dos abogados, a través del punto de vista que consideraban como jurídicamente relevante; fueron filtrados otra vez a través de las normas procesales sobre la prueba, es decir, fueron filtrados a través de los medios de prueba admitidos; fueron filtrados otra vez en las conclusiones formuladas por los abogados y fueron finalmente filtrados por el juez cuando éste redacta los «resultandos» de su sentencia. Parece obvio que tal y como se presentan en esta última fase, están a muchas leguas de como efectivamente ocurrieron". 22. EN BUSCA DE LA MAYOR EFICACIA. — Ante tal situación, lo que ha de procurarse, al menos, es que el proceso sea organizado de tal modo que logre su mayor eficacia en busca de la sentencia justa. Si no puede impedirse la defectuosa capacidad de apreciación de los sentidos; si se reconoce que algunos hechos por su naturaleza son de muy difícil conocimiento; si se admite que los prejuicios, la ocultación, la malicia, la reticencia y hasta la ignorancia pueden ser otros tantos factores de perturbación en la recta solución de los juicios, lo que no podemos dejar de intentar es el mayor estudio de los medios e instrumentos aptos para la mejor realización del proceso. Se trata de examinar los distintos sistemas posibles para estructurar la tramitación de las causas, descubrir los defectos que en la práctica puedan ofrecer y denunciar los graves males que se infieren a la justicia cuando ni siquiera se cumplen las mejores previsiones de las leyes procesales por los encargados de su aplicación en nombre del Estado. En las páginas siguientes se enunciarán los principios formativos o rectores del proceso, para luego pasar al examen particularizado del de "inmediación", objeto de este trabajo.

CAPÍTULO I I I LOS PRINCIPIOS F O R M A T I V O S DEL PROCESO 23. CONCEPTO. — El anhelo general no es sólo el de obtener al cabo del proceso una sentencia justa. T a m b i é n se persigue el logro de una justicia rápida —a más de económica— y a breve plazo; puesto que si la razón es reconocida demasiado tarde, puede el titular del beneficio esperado o del interés cuya protección se reclama, ver frustrado irremisiblemente su goce o menguada su eficacia. Justicia, celeridad, economía; son los objetivos primeros que ha de tener en vista la organización jurisdiccional. T a n t o al organizar la justicia como al estructurar el funcionamiento de ella en el proceso, se procura hallar los medios técnicos más adecuados para obtener los resultados arriba señalados. En todos los tiempos y países se han instituido diversos regímenes o sistemas según los cuales se han ordenado tanto la formación del poder judicial como el método de debate en Ja articulación del proceso. 24. DENOMINACIONES. — Al estudiar los principios básicos o rectores que informan en general los distintos regímenes procesales, nos encontramos con que los doctrinarios se refieren a ellos ya bajo la denominación de "sistemas", ya la de "principios básicos o formativos del proceso". A veces tales denominaciones indican en forma común y coincidente las ideas rectoras que inspiran los varios métodos rituales. Otras veces se habla de sistemas o tipos para enunciar las grandes categorías en que se diferencian los re-


22

gímenes procesales; y se alude a los "principios" como "máximas" o "propósitos" que se persigue realizar mediante la adopción de algunos de dichos sistemas que los comprenden y aplican en su funcionamiento. 25. ALSINA. — Entre nuestros estudiosos, ALSINA nos presenta por una parte los llamados "sistemas procesales" *, que en principio reduce a dos fundamentales: el acusatorio y el inquisitivo. Considera consustanciales con el sistema acusatorio a los principios de disposición de parte, contradicción, oraiidad y publicidad. Y frente a ellos, como formando el cortejo de los principios inherentes al sistema inquisitivo, menciona los de intervención de oficio por el juez, secreto en la investigación e interrogatorio, y como manifestación aguda o patológica del sistema, la compulsión o violencia contra el indagado. 2

El mismo autor, dentro del capítulo que dedica a los sistemas procesales, estudia los siguientes pares de "tipos" antagónicos: "procedimiento oral o escrito"; "publicidad o secreto"; "jueces técnicos o jurados"; "pruebas legales o de las libres convicciones"; "instancia única y doble instancia"; "tribunales unipersonales y colegiados". ALSINA, al referirse a tales sistemas, los presenta desde el punto de vista de los distintos "modos de administrar justicia". Luego, al examinar la "estructura del proceso" , nos dice el maestro: "Los actos de procedimiento no se ejecutan aisladamente y sin control alguno; por el contrario, están sometidos a reglas de las que resultan su vinculación y el orden de su ejecución. La relación procesal se desenvuelve y progresa así condicionada por principios que le dan unidad y explican su mecanismo". A continuación estudia "el impulso procesal", que puede ser legal, dispositivo e inquisitivo; " l a preclusión procesal", a la cual enfrenta el que llama "sistema o p u e s t o . . . de la 22

2'

"

Op. cit., í. I, ps. 77 y ss. Op. cit., t. í, ps. 260 y ss.

LOS

PRINCIPIOS FOBMATIVOS DEL

23

PROCESO

unidad de v i s t a " " ; "el principio de contradicción"; la "adquisición procesal"; "el principio de inmediación"; "el principio de concentración"; " e l principio de eventualidad" "; y por último, lo que dudosamente podrá ser tratado como "principio", o sea ía "carga procesal". Ésta, en todo caso, es en sí misma una institución vinculada a la vida y mecanismo del proceso, y tiene una función instrumental además de una íntima conexión con el derecho material debatido en la causa. 23

bí

26. JOFRÉ. — TOMÁS JOFRÉ *, al analizar "los principios a que debe obedecer una buena ley procesal civil", recuerda las categorías concretadas por MANZINI (Commentario del 2

códice

di procedura

avile

del Regno

d'Italia,

t. 1, p. 10) en

los siguientes términos : "a) elección de los medios más seguros y expeditivos para investigar y descubrir la verdad y para evitar el error (principio lógico); b) proporcionar a los litigantes la igualdad de la controversia y la justicia en el 25

23 Entendemos que en realidad frente al sistema de la "unidad de vista" o "unidad de la causa" íeomo lo llama WYNESS MILLAR, op. cit.. p. 98), no se halla el principio de "preclusión" sino ei sistema de "orden consecutivo" o "división de (a causa en fases"; sa que la preclusión sería en todo caso —aun como principio en sí mismo— un efecto o ronseeuenua de éste, sistema por el cual el proceso s e articula como dividido ver tica ¡mente en compartimientos o estadios en cada uno d e Jos cuales deben cumplirse inexorablemente determinados actos bajo pena de no ser posible hacerlo luego por producirse el cierre o clausura de la etapa, o sea la "preclusión". 2 3 bis Este principio de "eventualidad" que impone la promoción simultánea de todas las defensas o excepciones posibles dentro del periodo procesa! en que sólo pueden ser recibidas, aunque ellas fuesen contradictorias, en ngor no se cumple por sí mismo sino dentro del sistema de "división en fases u orden consecutivo", ya que sólo en éste existe el riesgo de perder la oportunidad de oponer tales articulaciones: v como mejot presisión es aconsejable la acumulación de (odas las defensas ad evenltim, antes de que se proeJ«¡ca la preclusión y no pueda tolverse atrás. M Op. di., p. 40. ÍS Estos mismos principios que jonut asigna a MANZINI, son a su vez atrihuidoj a " C a l d o " por el Dr. ALBFRTO PAROOV en la introducción

24

fallo (principio jurídico); c) introducir en el proceso la máxima garantía social en los derechos con el mínimo de sacrificio de las garantías individuales (principio político); d) los pleitos no deben ser materia de impuestos gravosos (principio económico)". A estos principios agrega JOFRÉ, siguiendo a CHIOVENDA , uno más general, "que no es sino la aplicación del principio de la economía de actividad jurisdiccional, y no de los procesos particulares tan sólo; y que tiene en cuenta todos los juicios: conviene obtener el máximo de resultado en la aplicación de la ley con el mínimum de desgaste de actividad jurisdiccional (principio de economía del j u i c i o ) " . A continuación estudia el maestro los sistemas de la única y doble instancia; los sistemas de prueba opuestos, que llama "de las pruebas legales", y el de las "pruebas morales", que también menciona como el de "libres convicciones"; los tipos de procedimiento "oral y escrito"; y los efectos o principios que se logran en cada uno de éstos. 26

2 7 . LASCANO. — DAVID LASCANO, en la exposición de motivos de su proyecto de código procesal civil", encara el problema de los "tipos de procedimiento" que convenía adoptar en la redacción de su código. Pone especia! énfasis en la calificación de "tipo de procedimiento" para referirse al proceso oral frente al proceso escrito, como dos sistemas fundamentales. Entiende por tal " n o al que ocupa más o menos la escritura o la oraiidad, sino al que ha construido un sistema orgánico sobre la base de la paiabra hablada o escrita como elemento preponderante y sustancial del proceso". " L a doctrina —dice LASCANO— distingue el proceso oral del proceso escrito como dos tipos opuestos con caracteres propios. Uno y otro son comprensivos de determinados principios que regulan en forma especial el procedimiento. En Según SENTÍS MELKMDO

{op. cit., p. 19), " J O F R É es et introductor de Gino-

VENDA en ia República Ai gen tina y ptobabl emente en Amerita", y "el fundador del derecho procesa! aigentino" (p. 2 0 ) . 2 ' Op. cit., p. 5 2 .

LOS

PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL

PROCESO

25

el p r i m e r o , con la oraiidad, d o m i n a la concentración de la actividad procesal en una a u d i e n c i a o en m u y pocas audiencias, la resolución es inmediata al debate, la identidad del juez que asiste a la p r u e b a , oye a las partes y resuelve la litis, la p r e p o n d e r a n c i a de los poderes del juez en la dirección del juicio, la limitación de los recursos, la publicidad del procedimiento, la simplicidad de las formas, etc. E n el segundo, con el p r o c e d i m i e n t o de la forma escrita, se dispersa y diluye en múltiples actos, el impulso procesal corresponde exclusivamente a las partes, la sustanciación del juicio es más lenta y el juez se e n c u e n t r a más alejado de los elementos del proceso y las formas son más abundantes y estrictas. . . L a oraiidad y la escritura vienen a tener así la función de adjetivos, c o m o alguna vez se ha dicho, q u e califican sistemas comprensivos de varios p r i n c i p i o s " . 28

P e r o si bien este a u t o r admite en términos generales q u e los dos " t i p o s " distintos de p r o c e d i m i e n t o , oral o escrito, son sistemas q u e se realizan m e d i a n t e la atracción y concreción de u n a serie de principios característicos a cada u n o d e ellos, n o deja de señalar la posibilidad práctica d e e n c o n t r a r " o t r o u otros sistemas igualmente orgánicos que observando u n o r d e n a m i e n t o lógico p u e d a n acoger los postulados más relevantes de los dos tipos clásicos". 2 8 . PODETTI. — N u e s t r o gran procesalista, J . RAMIRO PODETTI, que fue t a m b i é n distinguido profesor y magistrad o , ha dicho q u e los principios procesales constituyen la est r u c t u r a doctrinal de las normas vigentes, definiéndolos 29

30

Op. cit., p. 53. En su mencionada obra El proceso civil. SENTÍS MELENDO dedica un capítulo de su introducción, el tercero, a estudiar la evolución de! dctcclio p¡ocesal en nuestro país, bajo el epígrafe "Del proeedimentalismo al procesal ismo" (ps. 11 a 24), y allí reserva un lugar destacado a la figura de ¡. RAMIRO PODETTI, junto a las de JOFRÉ, LASCANO y AÍ-SINA. diciendo de aquél —que había sido magistrado, abogado en ejercicio, profesor de derecho, tiatadista y autor de proyectos legislativos— que "cumplió todas esas funciones de manera ejemplar- y esc cumpiimiento ie permitió observar la vida del derecho desde ángulos visuales bien distintos y que abarcan todo el panorama de ella" (op. cit., p. 39). so J . RAMIRO PODETTÍ, Derecho procesal diñl, comercial v laboral. T r a t a d o del proceso labora!, t. i, ps. 192 y 193, Ediar, Buenos Aiies, 1949. 2B


26

como las "directivas o líneas matrices dentro de !as cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso". Explica este autor que tales principios vinculan cada una de las instituciones procesales a las realidades humana y social en las cuales actúan o para las cuales fueron creadas, ampliando o restringiendo la esfera de su aplicación. Agrega que ellos consiguen cumplir una doble función: por un lado sirven de bases previas y fundamentales para Ja estructuración de las leyes procesales, y por otro, de límites para interpretarlas. Refiriéndose a los principios básicos según nuestra Constitución, necesidades de la justicia y tradición procedimental de nuestra patria, ellos resultarían ser los diez siguientes: dispositivo; bilateralidad; formalismo; escritura; publicidad; coercibilidad; celeridad; eventualidad; economía y moralidad. Pero inmediatamente explica PODETTI que "algunos de estos principios se hallan limitados por sus contrarios, constituyendo algo así como una escala con dos topes. Así, el dispositivo y el inquisitivo; la escritura y la oraiidad; la publicidad y el secreto. El predominio de uno o de otro caracteriza determinado sistema procesal o un momento histórico dado" . Aunque los principios de inmediación y su antitético mediación no son enumerados por PODETTI en el catálogo recién citado, es evidente que no ha dejado de tenerlos en cuenta, aunque parece subsumirlos en los tipos "oraiidad" o "escritura", respectivamente, ya que en éstos se manifiestan mayormente aquellos principios. Así, refiriéndose a las actuaciones del proceso laboral de la Capital Federal nos dice: " L a sustanciación de la causa, aun cuando responde a los principios de inmediación y concentración (art. 67), es actuada (arts. 72 y 89 de la ley 12.948); pero los alegatos son orales. . . ". 31

31

29. COUTURE. — Por su parte, el prestigioso y recientemente desaparecido jurista rioplatense que fue EDUARDO J . SI

Op. rif., p. 193.

J i Op. cit., p. 196.

27

LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCESO

COUTURE, en su elogiado libro Fundamentos del derecho procesal civil, ai referirse a los "principios formativos del proceso" , nos recuerda su concepción dei proceso civil como un método dialéctico con el cual se procura llegar a la verdad por la exposición de las tesis, de las antítesis y de las síntesis; de la acción, de la excepción, de la sentencia. Y agrega que la exposición de las ideas opuestas requiere la aplicación de numerosas previsiones particulares. Pone como primer y principal ejemplo de ello la necesidad de ordenar el debate mediante una razonable distribución de las oportunidades dadas a- las partes para hacer valer sus derechos en un pie de igualdad. Lo que se funda en el mandato de origen constitucional que asegura la defensa en juicio. De allí se manifiesta el principio de biiateralidad que COUTURE llama de "igualdad" . Partiendo de dicho ejemplo nos dice que "la legislación ordena sus disposiciones en torno a algunos principios particulares del proceso civil"; de los cuales el mencionado tratadista prefiere destacar solamente los de igualdad, disposición, economía, probidad, publicidad y preclusión . Coincidiendo con las apreciaciones de PODETTI, antes glosadas, nos enseña COUTURE que los principios procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces impensada e imprevisible, de las disposiciones de la ley; pero que la repetición obstinada de una solución puede brindar al intérprete la posibilidad de extraer de ella un principio. En otras oportunidades, es el propio legislador el que cree necesario exponer los principios que dominan la estructura de su obra, para facilitar al intérprete la ordenación adecuada de las soluciones . 33

34

35

38

37

Este último criterio orientador y principista fue seguido por el mismo COUTURE en su Proyecto de Código de Procedias s* se s« SÍ

Op. cit.. ps. 77 y 78. Ver supra, ps. 13 y ss. Op- cit., p. 79. Vei nota 23. Fundamentos, cd. 1958, p. 182.

28


miento Civil de 1945 ". Y lo mismo hace ya en la realidad legislativa el "Código Procesal Civil" de la provincia de Juj u y , el cual en su titulo preliminar sienta normas sobre los siguientes principios rectores: 1) principio de iniciativa; 2 ) de dirección; 3 ) de impulso procesal; 4) de disciplina de las formas; 5) de igualdad; 6) de contradicción; 7) de publicidad; 8 ) de probidad; 9 ) de buen orden; 1 0 ) de economía. En el título i referente al "órgano jurisdiccional", establece normas generales sobre la orientación a seguir en razón de las materias que carátula: conciliación; concentración; inmediación; medidas saneadoras; investigación; apreciación de las pruebas (sana crítica); aplicación del derecho (jura novü curia). Se trata de uno de los más adelantados códigos de procedimientos civiles dictados en el país, junto a los modernos cuerpos también sancionados en las provincias de Mendoza y La R i o ja. a

39

3 0 . WVNESS MILLAR. — ROBERTO WVNESS MILLAR, profesor y jurista de notable trayectoria en los centros científicos de los Estados Unidos de Norteamérica, ha escrito un libro dedicado especialmente a la materia que estamos tratando: The formative principies of civil procedure (Los principios formativos del procedimiento civil) . 40

38 Ello, pese a que en la exposición cié motivos de su proyecto ha dicho: "La redacción de un código no es una obra académica sino una obra política. No tiene por finalidad consagrar principios de cit tedia sino solucionar los problemas que la realidad social, económica, cultural y ótica pi escrita al legislador". En el artículo publicado por COL'TVRF. CU " L a Ley", t. 4 1 , ps, 9 3 1 y siguientes, bajo el título de Linfas generales de! Proyecto de Código de Procedimiento Civil. nos explica ei autor que para su redacción ha tenido necesidad de encarar las soluciones técnicas que reputó más convenientes, viéndose en el caso de proceder a una motivada elección frente a cada uno de ios principios que a continuación analiza: 1 ) oralidad-eseritura: 2 ) mediación inmediación; S) impulso de parteimpulso de oiicio: 4) unilateralidad-bilateralidad de! pioceso. Además nos comenta de qué maneva buscó soluciones para conformar los propósitos de "simplificación", "probidad" y "eficacia" en la justicia. 39 Ley I!!ti7 de la provincia de Jujuy, Anexo del "Boletin Oficial" ni 77 del 21 de julio de 1959: "Anales de Legislación Argentina". 1950, ¡. x-R, ps. 1

2262

y

ss.

*" Op. cit. Ent'ARDo J. COUTURE, a cuyo cargo estuvo la redacción de un merituoso prólogo que sin ió de presentación a la edición argentina al cni-

LOS

PRINCIPIOS FORMATÍVOS

DEL

PROCESO

29

En esta obra se estudian los principios que hemos venido mencionando, pero no se hace de ellos un comentario crítico ni se aventuran en general juicios axiológicos sobre cada uno de los distintos sistemas, métodos o máximas en estudio. No es un libro polémico ni se profundiza en él el análisis de las virtudes, defectos o eficacia de tales principios en su aplicación práctica. El autor se limita a describir las características de cada método o principio, su sentido objetivamente conceptual, sus distintas definiciones a través de los diversos autores —especialmente germanos— y su ámbito de vigencia. Podríamos decir que elude hacer la disección íntima de los respectivos principios. Pero en cambio nos conduce, como de la mano, en un laborioso y extenso viaje a través de los lugares y los tiempos para mostrarnos la existencia de aquéllos allí donde de una u otra manera se manifiestan o pueden ser vislumbrados entre el conjunto de las disposiciones; desde las más antiguas formas procesales hasta las más recientes; partiendo del derecho romano, siguiendo por el germánico y el canónico, y llegando a los variados sistemas que se vieron implantados en los pueblos anglonorteamericanos y en los del continente europeo. Dice WYNESS MILLAR ; " E n t r e los aportes que la investigación teórica debe a la ciencia procesal alemana, figuran, y no en último lugar, ciertas generalizaciones establecidas por la misma respecto de los métodos procesales. Ha fijado y delimitado, mediante tales generalizaciones, los conceptos fundamentales que consciente o inconscientemente dan forma y carácter a los sistemas procesales. Los ha señalado como principios o máximas con nombres específicos, a veces no ente41

dado del infatigable S . SENTÍS MEEFNDO, nos dice de esle libio: "es uno de ios documentos fundamentales para ei estudio del derecho procesal comparado". Afirma (p. 9) que difícilmente podrá prescindir de el quien quiera sabec por virtud de qué fenómenos de decantación histórica se ha llegado hasta nuestras instituciones actuales en el orden de! proceso civil y de qué manera los problemas de hacer justicia han sido resueltos a lo largo del tiempo y del espacio. "Su piano de realización es la técnica, o si se quiere, en un sentido mucho más penetrante, ia política procesal" (p. 11), *i Op. cit.. p. 43.

30


r a m e n t e apropiados, p e r o q u e sirven perfectamente a la finalidad d e diferenciación. Algunos de estos principios básicos (Groundprinzipien), o m e j o r dicho, principios formativos (Prinzipien der gestaltung), son c o m u n e s a todos los sistemas; otros, en c a m b i o , sólo aparecen en regímenes determinados y p u e d e n ser o n o antitéticos a los correspondientes conceptos que prevalecen en otras p a r t e s " . E n o c h o extensos capítulos nos presenta el a u t o r el contenido de este estudio y ellos se refieren a las siguientes cuestiones: bilateralidad de la audiencia (donde m u e s t r a también los casos de restricción o falta de ella); presentación por las partes e investigación judicial (donde trata los diversos aspectos de los sistemas llamados en general dispositivo e inquisitivo); impulso del proceso por las partes e impulso judicial; orden consecutivo, preclusión y a c u m u l a c i ó n eventual (que son, respectivamente, un m é t o d o procesal, u n efecto de él y u n a consecuencia correlacionada con a m b o s ) ; prueba formal y prueba racional; oraiidad y escritura; inmediación y m e d i a c i ó n ; publicidad y secreto. 31. E L PRÍNCIPIO ELEGIDO. — De todos estos principios, nosotros hemos elegido c o m o t e m a preferente d e nuestro estudio el de " i n m e d i a c i ó n " p o r e n t e n d e r que en él residen las mejores esperanzas de una justicia sana, eficaz y rápida. Al tratarlo mostraremos sus necesarias vinculaciones con algunos de los demás citados.

P A R T E SEGUNDA EXAMEN

SISTEMÁTICO

DEL

PRINCIPIO

CAPÍTULO I V LA

INMEDIACIÓN

1.

Concepto

32. DEFINICIÓN. — Podemos definir, en términos generales, a la " i n m e d i a c i ó n " c o m o el p r i n c i p i o en v i r t u d del cual se p r o c u r a asegurar q u e el juez o tribunal se halle e n p e r m a n e n t e e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos q u e intervienen en el proceso, recibiendo directam e n t e las alegaciones d e las partes y las aportaciones probatorias; a fin d e q u e pueda c o n o c e r en t o d a su significación el material d e la causa, desde el principio de ella, quien a su t é r m i n o h a d e p r o n u n c i a r la sentencia q u e la resuelva. 33. Sus ELEMENTOS. — En esta especie d e definición q u e acabamos de ensayar p a r a d e n o t a r el c o n c e p t o del p r i n c i p i o que estudiamos, q u e d a n comprendidos sus principales y necesarios elementos. Decimos q u e se trata de u n " p r i n c i p i o " p o r q u e se trata precisamente de una p a u t a d ) critéricTofientactor q u e procuH~colvforrnar las n o r m a s procesales y de organización judicial d e m o d o tal que obtenga las finalidades que persigue. Es u n o d e los fundaméñtale^^^fifícipios formativos d e l p r e * c e s o " , ya que traza " l a s directivas o líneas matrices d e n t r o d e las cuales h a n d e desarrollarse las instituciones" propias d e éste, como ha d i c h o PODETTI* . 2

Al expresar que el juez o tribunal d e b e hallarse en íntim a vinculación personal con los sujetos y elementos, q u e r e sa Ver supra,

4 - .E-isner.

nota 30.

34

EXAMEN SISTEMÁTICO DEL PRINCIPIO

mos señalar que la relación del juzgador con éstos ha de ser "inmediata"; lo más próxima posible y sin intermediarios; tanto con respecto a los sujetos —partes, testigos, peritos, traductores, informantes, etc.— como a los objetos del proceso —cosas, lugares, documentos, experiencias, etc.—. Cuando manifestamos que ha de recibir directamente las alegaciones de las panes y las aportaciones probatorias, nos referimos, por un lado, a la necesaria presencia e intervención del magistrado en el acto de producirse las afirmaciones y postulaciones de actor y demandado referentes a los hechos y derecho invocados por ellos, tanto al trabarse la litis como con motivo de sus alegatos y recursos o impugnaciones; y por otro lado, a la intervención directa del juzgador en el conocimiento del material probatorio sin valerse de intermediarios que puedan alejar o desfigurar la impresión personal que aquél debe recibir de los medios de verificación. Al pretender que el juez pueda conocer en toda su significación el material de la causa, deseamos remarcar el propósito de obtener en aquél la interpretación o representación más fiel del problema de hecho y de derecho que se discute en el juicio, como la visión más exacta posible de los hechos y acontecimientos controvertidos por las partes y en los que éstas fundan su posición en el pleito. Es decir, intentamos poner al juzgador en las mejores condiciones posibles de observación para acercarlo cuanto se pudiera al conocimiento de la verdad. Y si señalamos que la intervención del juez ha de ocurrir en forma permanente y desde el comienzo hasta la definición de la causa por la sentencia, no hacemos más que destacar una condición elemental para la cristalización eficaz de aquel principio; ya que no tendría ningún sentido asegurar las posibilidades de un conocimiento personal y directo por parte de un magistrado, si éste no fuera luego el mismo que dicta el fallo utilizando sus íntimas convicciones logradas a través de su continua relación con los elementos de la causa. Lo que se habría recogido en el arduo camino del proceso, sería echado por la borda antes de llegar a destino. Luego trataremos con mayor extensión los elementos que dejamos someramente explicados.

L A INMEDIACIÓN 2. Enunciaciones

35

doctrinales

34. Los AUTORES. — Casi todos los autores, y especialmente los modernos, tratan este tema de la inmediación, ya sea en forma incidental, con motivo de la exposición de sistemas que lo comprenden, ya de modo especial, destacando su verdadera significación en el proceso. 35. D E LA COLINA. — Entre nuestros estudiosos, SALVADOR DE LA COLINA, en su clásica obra Derecho y legislación procesal* , aunque sin enunciar el principio, nos dice, en ocasión de tratar el tema de la oraiidad, que "nadie, en fin, puede contestar que es de la mayor eficacia para el descubrimiento de la verdad que los jueces que deben fallar sean los que personalmente hagan los interrogatorios y reciban todas las pruebas". Y al comentar las ventajas del sistema de "l'interrogatoire sur faits et articles" de la ley ginebrina (arts. 160 y ss.), expresa: " n o es dudoso que puestas las partes en \ presencia una de la otra y obligadas a explicarse con sencillez, a su manera y sin ninguna preparación, no tardarán en hacer luz completa en la cuestión, sea que procedan de buena fe y se encuentren divididas por errores o malentendidos, sea que la penetración del magistrado atento e ilustrado reconozca el dolo y el engaño a través de las contradicciones, reticencias, evasivas o silencio del litigante sin razón" *. Aquí nos refleja DE LA COLINA las excelencias de la inmediación respecto de las partes con motivo de sus alegaciones, que destacamos en el apartado anterior. 3

4

36. JOFRÉ. — JOFRÉ sólo se refiere a las posibilidades de inmediación, aunque sin nombrarla como principio ni definirla, al tratar los tipos de procedimientos oral y escrito . 45

37. ALSINA. — ALSINA, en su difundido Tratado**, expresa: " E l principio de inmediación significa que el juez *3 Op. cit., ** Op. cit., *5 Op. cit.. 48 Op. cit..

í. I, p. 875. Lajouane Editores, Bs. As., 1915. i. ¡ i , p. 69.

t. i, ps. 47 a 50. t. i, p. 267.


36

debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se encuentren bajo su acción inmediata. En cuanto al primer aspecto, no es escasa la importancia que tiene el hecho de que el juez conozca y aprecie las condiciones morales de los litigantes, no sólo porque le permitirá, llegado el caso, ejercitar con eficacia sus facultades de conciliación, sino valorar su conducta durante el proceso cuando ella pudiera ser un elemento de convicción. " E n cuanto a la recepción de la prueba, es un hecho abonado por la experiencia, que tanto en la confesión como en la testimonial tienen extraordinaria importancia los modos de expresión y que el estado psicológico del deponente sugiere a veces reflexiones que en otra forma pasarían inadvertidas". 38. PODETTI. — RAMIRO PODETTI, tratando un aspecto de la cuestión, nos dice: " E l principio de inmediación en la prueba, en cuanto a contacto directo del juez con quienes declaran, es fundamental y cuando se logre la inmediación y concentración en el régimen de la prueba, se habrá dado un paso gigantesco para acelerar y mejorar la justicia" . 17

39. LASCANO. — DAVID LASCANO nos habla también con énfasis del principio de la immediatezza, o sea la directa relación, exclusión hecha de todo otro intermediario, entre el juez que resuelve y las partes, testigos, peritos, etc. En la exposición de motivos de su proyecto, por eso recomienda q u e "para evitar que la prueba llegue al juez desfigurada por los funcionarios que intervienen en su recepción, ella se produzca ante el mismo juzgador". Atribuye, por lógica, una importancia capital a la asistencia del juez a la audiencia, diciendo: " L a audiencia es el escenario donde se desarrolla la parte principal del proceso una vez trabada la litis: la prueba. Si el juez no ve y 43

47

*s

op. cit., Op. cit.,

t. i, p. 274. ps. 54, 120 y 182.

L A INMEDIACIÓN

37

oye directamente a las partes, testigos, peritos, etc., no puede adquirir la impresión personal tan necesaria para apreciar en su justo valor los elementos de convicción producidos". 40. COUTURE. — EDUARDO J . COUTURE se preguntaba: "¿Cómo conoce el juez las cosas del proceso? ¿Cómo conoce los hechos; cómo el derecho?". Y respondía: "Normalmente, el juez conoce las cosas del proceso porque se las refieren; excepcionalmente porque las ve. Solamente el juez de instrucción que acude inmediatamente de ocurrido el delito, ve las cosas del proceso, aun dentro de la relatividad de ese modo de contemplar ex post facto. El juez civil, salvo en la inspección judicial, nada ve: todo lo sabe por referencias. Pero es natural que cuanto más directas e inmediatas sean esas referencias, más eficientes serán; y, en consecuencia, cuanto más intermediarios se pongan entre el juez y los hechos, más lejanas a la realidad serán las versiones mediatas que reciba. L a inmediación o mediación entre el juez y las circunstancias del proceso se produce, sustancialmente, en los dos aspectos de éste: en lo relativo a los hechos y en lo relativo al derecho" . Aquí se refiere el maestro a la relación entre el juez y los medios de prueba y a la que se produce entre aquél y las partes con motivo de sus alegaciones y peticiones sobre el fondo del litigio. 49

41. SARTORIO. — JOSÉ SARTORIO, al formular su reseña crítica de la ley 50, en su conocida o b r a , nos describe la vigencia del principio de inmediación en dicha ley procesal, diciendo de ella que " n o consiente al magistrado pasivo; le impone que conozca del proceso desde su comienzo; fije los hechos controvertidos, determine los medios idóneos de prueba e instruya en persona las formalidades de su sustanciación; que hable con las partes, con los testigos, con los peritos; que vaya compenetrándose de la litis en su desarrollo y contribuya a esclarecer sus oscuridades". M

*» Lineas generales «• Op. cit., p. 50.

de! proyecto,

etc., en " L a Ley", op. cit., nota 38.

38

EXAMEN SISTEMÁTICO OEL PRINCIPIO

42. ODERIGO. — MARIO A . ODERICO, en su Tratado de derecho procesal penal* , se refiere a nuestro principio en los siguientes términos: " E l juez no tiene un conocimiento original de los hechos, y por consiguiente, debe adquirirlo mediante las aportaciones respectivas que hagan las demás personas intervinientes en el proceso (partes, testigos, etc.). Pero, como las sucesivas mediaciones personales entre el hecho y el juez, por razones psicológicas, pueden dar lugar a que éste adquiera un conocimiento deformado de aquél, es preciso reducirlas al mínimo, lo que equivale a establecer el máximo de inmediación entre ambos". 1

43. SENTÍS MELENDO. — SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su reciente obra El proceso civil, destinada especialmente al estudio de la reforma procesal argentina —con motivo de la ley 14.237 y decreto-ley 23.398/56—. dedica preferente atención al tema de la inmediación, sus posibilidades de realización y sus frustraciones en la reforma procesal vigente. Después de señalar la importancia fundamental del principio y sus relaciones con el de oraiidad —recordando la opinión de numerosos amores—, explica uno de los aspectos básicos del principio que tratamos: "la necesidad de conocimiento del proceso por el juez desde su iniciación" . Bajo tal enunciado dice: "Pero si la inmediación conduce, indudablemente, a un mejor conocimiento del proceso por parte del juez, debemos advertir, ante todo, que ese conocimiento le es necesario al juez desde que el proceso se inicia. No basta con que, al final, en el momento definitivo, cuando tiene que dictar resolución, el juez estudie apresuradamente los autos; por mucho interés y por mucho método que ponga en ello, por grandes que sean su ciencia jurídica y su práctica judicial, ese conocimiento adquirido todo de un golpe, sin haber vivido las sucesivas etapas del proceso, será siempre imperfecto. Un proceso sólo se conoce a fondo cuando suce52

5i MARIO A. OOERIÍ.O, Derecho procesal penal. Editorial Ideas. Buenos Aites, 1952, ps. 71 y 72. " Obra citada en nota 1, ps. 142 y 143 de ella.

LA

INMEDIACIÓN

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sivamente, por orden de adquisición, se ha ido tomando conocimiento de todos sus elementos; cuando se han leído separadamente, su demanda y su contestación y la réplica y la duplica —cuando existen—, y se ha percibido hacia dónde se encaminan uno y otro abogado, y hasta se ha adelantado el juez a saber el sistema de ataque y de defensa de cada uno; y se han seguido después las pruebas en su proposición y en su práctica, advirtiendo desde el primer momento la utilidad o la inutilidad de cada elemento probatorio. Entonces sí que es el juez el director del proceso, con toda responsabilidad; y puede llegar tranquilo y confiado al momento decisivo. Lo incompleto de su conocimiento ya no será atribuíble a él, sino a la natural limitación humana". 44. OTROS MAESTROS. — En las iíneas que anteceden hemos anotado la opinión de los más conocidos autores nacionales sobre el principio que estamos estudiando. Pero saliendo de nuestro país —de reciente formación científica en esta rama del derecho—, queremos mostrar los criterios que expusieron los grandes maestros del derecho procesal contemporáneo. 45. CARAVANTES. — Sin pretender que la ley de enjuiciamiento civil española de 1855 haya de algún modo eficaz seguido los propósitos racionales de "inmediación", veremos, sin embargo, cómo el más autorizado comentarista de dicha ley, don J o s é DE VICENTE Y CARAVANTES, en su memorable Tratado —que tanto influyó sobre los primeros códigos de procedimientos civiles argentinos y en la interpretación de nuestros autores—, nos anticipa un criterio sobre la cuestión —sin rotular a principio alguno— que concuerda con las modernas reflexiones de la doctrina . 33

54

53 JOSÉ DE VÍCEUTE v CARAVANTES, Tratado histórico, critico y filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil según la Nueva Ley de Enjuiciamiento, año 1856, í. M, p. 129, Madrid, Gaspar y Roig, Editores, ** SENTÍS MELENDO, en su citada obra (ver nota 1), p. 1 7 , dice de este rlásico autor: "Por suerte para los estudiosos españoles y para ¡os estudiosos argentinos, es CARAVANTES el autoi peninsular del pasado siglo que sigue gozando de mayor y bien justificado predicamento". Y en nota 23, p. 1 7 , promete estu-

40


Dice CARAVANTES refiriéndose a las pruebas: " L a suma importancia de las pruebas y la grande influencia que ejercen en la decisión del litigio, ha impulsado al legislador a dictar disposiciones que asegurasen la práctica legal de las diligencias probatorias y que evitaran los perjuicios que se seguirían a los litigantes si en ellas pudieran tener parte la ignorancia, la mala fe o la parcialidad. La más importante de estas disposiciones es la que encomienda a los jueces la práctica de dichas diligencias, ya porque considera que su superior ilustración y el grave cargo que ejercen, son una garantía de que procederán en las diligencias probatorias con toda imparcialidad, ya porque asegura el mayor acierto y rectitud del fallo, puesto que el que ha de pronunciarlo se entera por sí mismo de todas las circunstancias que constituyen aquellos actos y de la impresión que causan en los testigos y demás que los producen". 46. CHIOVENDA. — El fundador del moderno derecho procesal italiano, JOSÉ CHIOVENDA, en su conocida Relación sobre

el proyecto

de

reforma

del procedimiento

elaborado

por la Comisión de Posguerra*'', apartado 34, 2 , bajo el título: "Inmediación de la relación entre el juzgador y las personas cuyas declaraciones él debe valorar", dice: " . . . E l principio de la inmediación quiere que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar su convencimiento, esto es, que haya entrado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y la condición de los lugares, etc., a base de la inmediata impresión recibida de ellos y no a base de la relación ajena. El principio de la inmediación se halla estrictamente Q

diar en CARAVANTES "las man ¡íes tac iones de modernismo d o m i n a ! , que parecerían propias de un autor de nuestra época". Una prueba de elio la tenemos en el pasaje que estamos comentando. " JOSÉ CHIOVENDA, Ensayos de derecho procesal civil, traducción de S. Sentís Melendo, E J . E . A , 1949, voi. n, p. 254.

LA

INMEDIACIÓN

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vinculado con el de oraiidad, en cuanto sólo en el proceso oral puede ser plena y eficazmente aplicada". Y en un pasaje de sus Ensayos"" señala: " E l juez que debe sentenciar no puede valorar las deposiciones oídas por otro, y más o menos exactamente recogidas en el acta, tan bien como aquellas que él mismo ha oído con el espíritu de observación, azuzado por el pensamiento y por la responsabilidad de deber juzgar, responsabilidad que el juez delegado" no siente en absoluto y no puede sentir. " H e aquí cómo la «mediación» constituye otro de los peligros de deformación de la verdad". 47. CARNELUTTT. — FRANCISCO CARNELUTTI, el brillante y fecundo procesalista peninsular, nos habla de la "inmedjatrvidacTl , en razón de su íntima relación con la oraiidad, explicando a aquélla como la principal consecuencia y efecto de ésta. Dice CARNELUTTI: "las partes hacen sus declaraciones al juez de dos modos, que se pueden denominar directo e indirecto, o sea de viva voz o por escrito: por ello, la cuestión de la «inmediatividad» se relaciona íntimamente con la de la «oraiidad»". Y refiriéndose al tema de las demandas orales o escritas en el nuevo proceso italiano, señala tal vinculación observando que " l a propia terminología que ha adoptado al hablar de declaración inmediata y mediata para expresar con mayor precisión los conceptos de declaración oral y escrita, lo pone de relieve"; agregando: " q u e del mismo modo que la intervención del juez delegado o del defensor, la interposición del documento entre la parte y el oficio constituye un diafragma que excluye su inmediato contacto". Notaremos que estos párrafos sólo se refieren al tema de la inmediación con relación a las alegaciones de las partes; 6a

59

•* Op. cit., p. 494, nota. " Y menos el auxiliar de secretaria, decimos nosotros. FRANCISCO CARNELUTTI, Sistema de derecho procesal civil, traducción de Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, 1944, U.T.E.H.A., t. m , p . 278. ce Op. cit., p . 3S0.


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que se reputan directas, y por Jo tanto "inmediatas", cuando la comunicación con el juzgador se manifiesta oralmente y no por escrito, según esta opinión. Además, observamos que CARNELUTTI reputa el caso de la intervención del defensor como un supuesto de interferencia o mediación, cuando la mayor parte de los autores brega por asegurar el principio de la "inmediación" valiéndose del más frecuente y estrecho contacto entre el juez y los abogados , ya que en materia de alegaciones y peticiones se estima que éstos actúan en el proceso como si fuera la parte misma cuyo caso plantean con precisión, claridad y tecnicismo. 60

48. MANZINI. — V. MANZINI, en su Tratado de derecho procesal penal , también explica la inmediación como efecto exclusivo de! sistema oral, sosteniendo en tal sentido: " E l juez tiene que recibir una inmediata, originaria, percepción sensorial de todo el material en que fundará su decisión. Por consiguiente, no sólo debe desarrollarse oralmente el proceso ante el juez en presencia de todas las partes que en él intervienen, sino que además el mismo juez debe presenciar el procedimiento desde el principio hasta el f i n . . . y no puede fundar su convicción en resultados de otros procesos". 91

49. KISCH. — Distinguiendo netamente la oraiidad de la inmediación, W . KISCH", aunque sin negar su estrecha relación, dice de este último principio que "exige que la comunicación del juez con las partes, y en general con todo el material del proceso, sea directa (Unmittelbarkeit). Según él, el juez debe tener conocimiento de,las manifestaciones *• CALAMA\OIIEI. De las buenas relaciones, cit.; PODETTI. la doctrina de (htovenda sobie inmediación \ concentración y el anteproyecto de código proce¡al para Mendoza, en "Revista tie Derecho Procesal", año XI, 1 - trimestre 1953. n? I, p. 58; SARTORIO, De la prueba de testigos, etc., p, 31. si V. -MAMINI, Tratado de derecho procesal penal, traducción de S. Sentís Melendo y M. Ayerra Redín, i. ni. p. 12 (1952). « W. KISCH, Elementos de derecho procesal civil, traducción y adiciones de derecho español por L. Prieto Castro, Madiid, Editorial Revista de Derecho Prilado, 1940, p, 132. e r

LA

INMEDIACIÓN

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de las partes y de las pruebas, no indirectamente, es decir, no por la vía indirecta de un escrito o del informe oral de un tercero, sino directamente, por audiencia directa de las partes, y por percepción inmediata de todo lo que conduzca a probar los hechos. Es indudable que el juez alcanzará una concepción más perfecta del objeto a examinar si lo percibe por sus propios sentidos; una comprensión mejor, una visión más clara de la credibilidad de las partes, los testigos y los peritos, y sobre todo un juicio más exacto, si ve y oye personalmente a estas personas, que si no dispone más que de un informe oral o escrito más o menos incoloro. Por todo esto, la vista oral debe tener lugar fundamentalmente ante el juez de la causa, la prueba también ante él; por eso igualmente no deben tomar parte en la votación de la sentencia más que aquellos jueces que han asistido a la vista o vistas de la causa". 50. ROSENBERG. — LEO ROSENBERG, otro de los grandes procesalistas alemanes, también separa con precisión los conceptos de oraiidad y de inmediación" , explicando que según ésta "las alegaciones de las partes y su ofrecimiento de prueba deben producirse directamente frente y ante el tribunal de conocimiento; así, sin la intervención de intermediarios judiciales". Y señalando la independencia de ambos principios, dice: " L a inmediación como la mediación son compatibles tanto con la oraiidad como con la escritura; un procedimiento oral puede ser mediato, e inmediato uno escrito. Pero por lo regular la inmediación es compañera de la oraiidad". 3

Con un ejemplo tomado de la Ordenanza Procesal Civil alemana nos muestra uno de los postulados de la inmediación que no lo es a su vez, ni necesariamente, de la oraiidad. Es el consagrado por el art. 309, según el cual la sentencia deben dictarla los jueces que han asistido al último debate oral. es L E O ROSENBERG, Tratado p. S95, año 1955.

de derecho

piocesa!

civil, edición

E.J.E.A.,

¡. i,


44

5 1 . WYNESS MILLAR. — Según WYNESS MILLAR *, el principio de inmediación caracteriza un procedimiento en que el tribunal actúa en contacto directo con las partes y con los testigos, mientras que el de "mediación" (Mittelbarkeit) rige en juicios en que este contacto tiene lugar a través de un agente intermediario. Citando a ENGELMANN dice que "el principio de inmediación predomina en cuanto el tribunal, es decir todas las personas judiciales encargadas de cooperar para la resolución, adquieren su conocimiento del material de la causa —a saber, de las alegaciones y de las pruebas— mediante la utilización simultánea de las fuentes capaces de suministrar esta información. Por el contrario, cuando el criterio del tribunal se forma bajo el influjo de comunicaciones de otras personas que se han valido de la fuente directa o del informe preparado por un tercero, hablamos de la «mediación» del procedimiento". 9

52. RESUMEN. — Las opiniones doctrinales que se dejan trascritas o glosadas en las páginas que anteceden, nos muestran los diversos aspectos del principio que estamos estudiando, los que en términos generales hemos subrayado al comienzo de este capítulo al indicar su concepto y los elementos que concurren a caracterizarlo. En todos los autores que se han ocupado del tema, vemos la preocupación por señalar la importancia fundamental de la "inmediación" como modo de afianzar el éxito de la función judicial en pos de una sentencia justa.

"

Op. cit., ps. 169 y 170.

CAPÍTULO V REFERENCIAS HISTÓRICAS Y DE DERECHO COMPARADO 8 5

53. OBSERVACIÓN PRELIMINAR. — Aunque veremos luego con mayor detenimiento las relaciones existentes entre los principios de inmediación y de oraiidad, para terminar afirmando la independencia entre ambos, al menos conceptualmente o en algunos casos de aplicación, debemos sin embargo señalar que en la historia del procedimiento la inmediación se manifiesta generalmente en los procesos de predominio oral, y la mediación es el principio aplicado en la regulación de las causas de tramitación escrita. 54. E L ANTIGUO PROCESO GERMÁNICO. — En el procedimiento oral de los pueblos germánicos no tenía posibilidades de imperar el principio de mediación, ya que como es sabido, las alegaciones de los contendientes se dirigían y formulaban directamente al tribunal, y las diligencias y ritos probatorios, destinados no a éste sino al adversario y en todo caso a la Divinidad que se invocaba, eran no obstante producidos en presencia de aquél, que debía juzgar no sobre el mérito de la prueba legal sino sobre la atribución de su carga y finalmente sobre su resultado. 55. E L PROCESO ROMANO PRIMITIVO. — Salvo pocas excepciones, el procedimiento seguido entre los romanos tenía en sus dos primeros períodos las modalidades de la inmeen

En este capítulo seguimos principalmente las enseñanzas de WYNESS M Í LLAR cuanto al desarrollo histórico del principio de inmediación.

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diación. Consistía él, en esencia, en la presentación directa de las alegaciones ante el magistrado y la de las aportaciones probatorias ame la persona del índex, frente a quien se sustanciaban, salvo el caso de las declaraciones de testigos registradas fuera del tribunal. 56. E L PERÍODO SIGUIENTE. — En el procedimiento romano del período posterior, comienza a producirse la delegación en los iudices pedanei de la tarea de recibir declaraciones testimoniales a quienes se domiciliaban en pueblos alejados de la sede del tribunal, a cuyo fin se dirigía un requerimiento o rogatoria. 57. Los TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS. — En lo que se refiere a los tribunales eclesiásticos que se regían por las normas del procedimiento romano-canónico, adoptaron el sistema de delegar la recepción de los testimonios a un juez unipersonal, el que directamente recibía las declaraciones sobre la base de interrogatorios en que se articulaban los hechos propuestos por los litigantes. 58. DELEGACIÓN Y MEDIACIÓN. — Vemos que de esta manera tomaba predominio el principio de mediación, pues ante los tribunales seculares como ante los eclesiásticos se fue generalizando luego la práctica de confiar el examen de los testigos —aun de aquellos que residían en la jurisdicción del tribunal— en funcionarios de inferior jerarquía. Aquí, ya observamos el nacimiento de un hábito perjudicial que se mantiene en muchos países muy arraigado hasta nuestros días, incluso, y de gran manera, en el nuestro. En los tribunales seculares existía otro motivo que influía en la vigencia del principio de mediación. Lo constituía el sistema colegiado en primera instancia; es decir, el sistema en virtud del cual son varios los jueces que en corporación se ocupan del conocimiento y decisión de las causas.

REFERENCIAS HISTÓRICAS Y DE DERECHO COMPARADO

47

Pues bien; el tribunal colegiado , después de la desaparición del antiguo sistema de prueba, encontró una solución de economía en encomendar el examen de testigos, y aun la recepción de otros medios de prueba, a uno de sus miembros delegado a tal efecto. De este modo el tribunal sólo adquiría conocimiento de los testimonios y demás aportaciones, por el informe que le suministraba el juez examinador, convertido entonces en instructor o informante. 66

T a m b i é n esta modalidad se ha generalizado y extendido hasta nuestros días; y en muchos países en que no se ha implantado oficialmente tal actuación delegada, por la propia ley procesal, la práctica deformante se ha encargado de imponer igual resultado. 59. E L PROCESO EN FRANCIA. — En los siglos posteriores, en la Europa continental, sus tribunales siguieron aplicando los sistemas ya referidos aunque con diferentes modalidades accesorias. En el proceso civil francés, cuando el caso se presta a las declaraciones de testigos, el tribunal ordena una enquéle, con el fin de recibir sus deposiciones. En los primeros tiempos de la enquéle, el parlamento acostumbraba delegar el examen en dos o más de sus integrantes, los cuales —a su vez— después del siglo xin, requiriendo la pertinente autorización, podían subdelegar en otros el cumplimiento de sus funciones. Posteriormente se afianzó la práctica de confiar el procedimiento de referencia a un solo juez o a uno o más comisarios; y funcionarios de esta clase se fueron agregando varios a los diversos tribunales franceses hasta la época de la revolución. En todos estos casos observamos cómo el tribunal llega a ver solamente los resultados escritos del interrogatorio sin haber visto ni oído a los testigos ni formado una impresión 6 6 Es una institución de origen germánico en ¡a cual el primitivo juez y ios "halladores de la sentencia" actuaban simultáneamente v en su evolución llegaron a unirse en un cuerpo único (CHIOVENDA, Romanismo y germanismo en el proceso civil).

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personal de ellos. Rige, pues, el principio de mediación en toda su amplitud. 60. EN ESPAÑA. — En lo que respecta a España, conforme resultaría de varias ordenanzas contenidas en la Novísima Recopilación, la recepción de las declaraciones de testigos habría sido encomendada generalmente desde el siglo xv hasta el xviii, a los funcionarios designados con el nombre de escribanos o secretarios oficiales y conocidos también como "escribanos-receptores" en razón de las tareas que desempeñaban en este aspecto . Sin embargo, siguiendo a CARAVANTES , pareciera haber predominado —al menos en el texto de las leyes— el principio opuesto, o sea el de inmediación, en el recibimiento de las pruebas. Recuerda este autor que en la ley 26, título 16 de la Partida 3 , después de encomendar al juez, personalmente, la recepción de las declaraciones de testigos, llega hasta disponer que si el juez "oviese tan gran prisa de otros pleitos que non podiesse luego recibir su testimonio, debenlo ellos esperar hasta quince días a lo menos". En igual sentido, la ley 16, título 10, libro 12 de la Novísima Recopilación, dispuso que los jueces en los procesos crimínales y en los civiles arduos y de importancia —no sería así en los de menor gravedad— siempre tomen y examinen por sí los testigos ante escribano, sin delegar la referida función en éstos ni en otros bajo severas penas; y concluye diciendo " q u e así se guarde de tomar los testigos a solas los escribanos y leer sus dichos después ante el juez". La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 —fuente de nuestro viejo código de procedimientos— ha venido a ratificar aquellas prescripciones, disponiendo en su art. 33 que "los jueces y ministros ponentes en los tribunales colegiados recibirán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de la prueba". Sin embargo, como podía suceder que no fuera posible a los jueces cumplir por sí mismos este precepto, sin aca07

68

3

<" W Y N E S S MILLAR, op. os CARAVANTES, op.

cit.,

cit.,

p.

t. JI, p.

174. 129.


49

rrear perjuicios o demoras irrazonables en la administración de justicia, como en los casos que tuvieran que abandonar el lugar del asiento del tribuna! para practicar las diligencias de prueba fuera del pueblo —aunque dentro de su jurisdicción territorial—, a fin de obviar tales inconvenientes la ley autoriza a los jueces para delegar dichas actuaciones a otras autoridades judiciales, disponiendo en el párrafo 2 del art. 33 que los ministros ponentes, sin embargo, podrán cometer a los jueces de primera instancia, y éstos a los de paz, las diligencias cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su respectiva residencia"''. CARAVANTES comenta con gran ilusión la norma del art. 33, párrafo 3^, en cuanto dispone que " n i los ministros ponentes ni los jueces de primera instancia, ni los de paz, podrán cometer estas diligencias a los escribanos". Dice el citado autor: "esta disposición ha venido a desterrar una práctica que daba motivos a graves abusos, cual era la de cometerse a los escribanos el recibimiento de declaraciones y demás diligencias probatorias" . Entendemos que tan promisorias perspectivas festejadas por el clásico procedimentalista español, han quedado abortadas en la práctica de la Ley de Enjuiciamiento, tanto la de 1855 como en la de 1881, en grado tal que modernos autores de la madre patria, como N . ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO" o

70

69 En el mismo sentido resuelve la cuestión nuestro Código de Procedimien los Civiles de la Capital Federal (arts. 121 y 122) y el de (a provincia de Buenos Aires en sus arts. 134 y 135. ra Op. cit., p. 130, t. ií. i i NÍCETO ALCALÁ ZAMORA V CASTILLO, en

sus notas a la traducción

caste-

llana de la obra de JAMES GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil, traducción de Leonardo Prieto Castro, Editorial Labor S. A „ 1956, p. 9 5 , dice: '"El principio de la inmediación en cuanto se refiere a la asunción inmediata de las pruebas por el juez, se encuentra desconocido con harta frecuencia en España. "En virtud de una práctica fuertemente arraigada, y tan viciosa como intensa, los auxdiares y aun los subalternos judiciales, tienen en l í recepción y desarrollo de la prueba una intervención que no es la querida por el legislador ni mucho meno , la que conviene a la debida valoración de! materia! del pleito por e! juei. 1

"De aquí que la simple lectura de los preceptos legales sobre pruebas pueda inducir en este punto a error por no coincidir el texto de la ley con la aplicación de que es objeto". Y después de recordar que en (a misma lev C5 abandonada la inmediación

E - Ewnw.

50


y L . PRIETO CASTRO' , han expresado con amargura sus opiniones respecto al fracaso de las pocas posibilidades que a la inmediación concedían las leyes procesales españolas con su procedimiento escrito. 2

6 ! . E L PROCEDIMIENTO CIVIL ALEMÁN. — Bajo el procedimiento civil alemán común, la delegación de la recepción de las pruebas se dirigía a uno de los jueces del tribunal o a un funcionario auxiliar llamado comisario (Kommisar), si bien en muchos casos, aquí como en todas partes, el tribunal mismo decidía efectuar el examen de los testigos y demás elementos probatorios. 6 2 . E L PROCEDIMIENTO EN PRUSIA. — En el procedimiento de Prusia, creado después del advenimiento de Federico I I el Grande, en la Ordenanza General Judicial de 1793-1795, el juez encargado especialmente de supervisar la preparación de la causa, el Instruent, examinaba en general a los testigos. Este Instruent era una especie de juez delegado que a su vez formulaba las alegaciones de las partes, cuando icipecto del procedí míenlo ante los tribunales colegiados (Audiencias y Tribunal Supremo), donde el magistrado ponente- viene a servir de elemento de enlace entre los litigantes y la sala que baya en definitiva de fallar, nota el cumplimiento de uno de los postulados de aquélla diciendo que "la Ley de Enjuiciamiento Civil consagra, en cambio, en sus arts. 329 y 347 el principio de que sólo podrán tomar parte en la votación de ta sentencia los magistrados que hayan asistido a la lista, teniendo en este aspecto, pleno reconocimiento ei principio de inmediación". '*

LEONARDO PKIETO CASTRO, en

sus adiciones de derecho español a la

tra-

ducción que le pertenece, de la obra de W . KISCH, Elementos cié derecho procetai civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1940, en la página 135 (nota) expresa: 'Predomina la mediación en nuestro procedimiento, como no podía por menos, por ser escrito". Bajo el enunciado de "Ataques a la inmediación", explica: "Tenemos en primera instancia el que significa la práctica extralegal de la no asistencia ü asistencia ton meros finei de inspección, del juez a la ejecución de las pruebas; i el que resulla como secuela inevitable del procedimiento escrito de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nos referimos a la intermediación del secretario —frecuentemente del oficial habilitado— en todo procedimiento". " £ ! secretario es el intermediario obligado en el sistema español, entre las partes y el juez a través de! cual únicamente, éste tiene conocimiento de la actividad pioccvil toda, de las pretensiones y peticiones de aquéllos".

REFERENCIAS HISTÓRICAS Y HE DERECHO COMPARADO

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no lo hacían otros funcionarios judiciales subordinados conocidos como "comisarios de justicia" (Justiz Kommisare). Se estaba en plena vigencia del principio inquisitivo (o de oficialidad) que había limitado al máximo la aptitud dispositiva de las partes. 63. Á M B I T O DE V I G E N C I A D E L P R I N C I P I O . — De todo ello resulta posible afirmar que desde la alta Edad Media hasta tiempos muy recientes, el principio de inmediación no había hallado verdadero lugar en los tribunales continentales europeos respecto de la recepción de las pruebas, especialmente la testimonial. Actualmente, con la mayor difusión del juicio oral en modo especial, es menor el ámbito de vigencia de la mediación en los diversos regímenes procesales europeos. Pese a ello todavía impera dicho principio con bastante amplitud, como se comprueba con el sistema de la enquéle francesa, la intervención, en el nuevo proceso civil italiano del original magistrado llamado juez instructor que reem73

' 3 Para algunos autores « u n o CALAMAÍÍDRFJ, e) juez instructor de! proceso civil italiano, instaurado en la reforma de 1910. es la figura que garantiza y concreta la más estrecha relación entre las partes y el tribunal; suponiendo que la actuación eficaz v permanente de dicho funcionario en la determinación de los hechos controvertidos y recepción de las pruebas, es ),t que mejor asegura la vigencia electiva del principio de inmediación. En su mencionada oiirita De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados, etc. (ps. 71 y ss.j, dice por boca del personaje llamado "el Teórico" (p. 73): " . . . e n el nuevo proceso, todo este trabajo preparatorio consistente en disponer las pruebas nece\arias pata constatar !os hechos y en recogerlos, se realizará sin derroche de inútiles solemnidades por el juez instructor, y el colegio aparecerá solamente al final, cuando el material probatorio haya sido ya recogido y puesto en orden sobre l j mesa, y a! colegio no le quede otra cosa que obtener los resultados". El interlocutor designado en este colorido diálogo como "juez I"rimero", explica a continuación (p. 78): " . . . e l juez instructor, después de haberse orientado a través del estudio de los fascículos (demanda, contestación) depositados por las partes, deberá en primer término cuidar de poner en claro cuáles son los puntos esenciales de la causa, las cuestiones clases sobre las cuales deberá concentrarse la investigación probatoria. En este cometido lo ayudará, sobre todo, la continua presencia de los defensores, de los cuales., podrá obtener oralmente todas tas aclaraciones que considere oportunas para darse cuenta de sus tesis y para estimular sus réplicas... podrá siempre aproximar sus pretensiones y simplificar sus discusiones. Y después, una vez que los puntos de investigación havan quedado claramente fijados (esto nos recuerdn la ilusión perse-

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plaza al anterior "juez delegado"; y el interrogatorio —teóricamente excepcional pero prácticamente generalizado— de los testigos, por uno solo de los jueces de! tribunal colegiado en el procedimiento alemán. 64. PRUEBA DOCUMENTAL. — En materia de prueba documenta! pareciera que no es posible suponer que a su respecto pudiera no conformarse el propósito de la "inmediación", ya que los instrumentos, aun cuando se recibieran o incorporaran a la causa en oportunidad de la intervención de un juez delegado, en definitiva no dejan de llegar en sus originales al conocimiento del tribunal que ha de apreciarlos. 65. EN LAS ALEGACIONES. — Según WYNESS MILLAR' , en el campo de las alegaciones no ha podido imperar sino el principio de inmediación —y no su antagónico—, ya que "cuando los respectivos documentos son escritos por las propias partes o por sus representantes, y presentados directamente al tribunal, e! único principio aplicable es el de inmediación". 4

En realidad, entendemos, poco importa si tales piezas son traídas directamente al tribuna! o si se agregan por intermedio de algún otro funcionario, ya que el mismo sistema escrito es el que impide de modo pleno hablar de "inmediación" en materia de alegaciones, en razón de que las partes no tienen así oportunidad de trasmitir personal y directaguida por nuestro malogrado art. 2 3 de la ley 1 4 . 2 3 7 ) . . . será el juez instructor, quien ordenará las pruebas necesarias que se practicarán ante é l . . . " . Vemos que por más estrecha que resulte la relación entre las partes y dicho magistrado; y entre éste y los medios de prueba, falta la personal y directa presencia del colegio, que sólo tomará noticias del asunto, mejor dicho: de la prueba rendida, a través del juez instructor. Faltará, por lo tanto, e! principal requisito inherente al principio de inmediación, aunque se logre mejorar la práctica tan generalizada de confiar en funcionarios subalternos la recepción de las pruebas, atribuyéndola a un magistrado técnico que además de ello formará parte del colegio que decidirá la causa. SENTÍS MELENDO {op, cit., p. 1 4 1 , nota) lo considera como "una transacción entre la inmediación absoluta y la mediación". ™ Op, cit., p. 1 7 5 .


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mente sus ideas ante los jueces que van a juzgarlas, ni pueden ser preguntadas o controladas por éstos en cuanto al alcance de sus argumentos y discrepancias. Claro está que caben grados más agudos de la propia "mediación" —además de la originada por la forma escrita—, como fue la practicada en el procedimiento prusiano, bajo Federico I I , que ya hemos mencionado más arriba, puesto que bajo su doctrina tutelar e inquisitiva era el Instruent quien vertía los argumentos litigiosos de las partes, que quedaban de este modo excluidas de una comunicación directa con el tribunal. T a m b i é n en esta materia de las alegaciones podemos comprobar cómo en el Código alemán actual se han dispuesto numerosas situaciones en las cuales el tribunal ordena una vista preparatoria de la causa ante un juez comisionado, a fin de que allí se determinen los puntos controvertidos. T a l ocurre en los casos de rendiciones de cuentas, particiones de propiedad y otros en que se debaten cuestiones técnicas o complicadas. En la respectiva audiencia las partes sostienen verbalmente sus argumentos y pretensiones, que son registrados en el expediente mediante el cual el juez delegado informa posteriormente al tribunal en pleno sobre sus términos y postulaciones definitivas. En estos casos es notorio también que las alegaciones sólo llegan al tribunal de un modo "mediato" y a través del referido j u e z " . 6 6 . DERECHO ANGLOAMERICANO. — En el derecho angloamericano, el principio de inmediación ha imperado en materia de alegaciones —introductivas o conclusivas— en todo momento. Pero en materia de pruebas, al igual que los demás sistemas donde se produjo la influencia del derecho canónico, el procedimiento llamado "de equidad" abandonó desde " La legislación reformatoria de 1924 ha establecido también tin procedimiento preliminar que se practica en todos los juicios y se sustancia ante u n solo juez.

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EXAMEN SISTEMÁTICO OEC PRINCIPIO

antiguo la práctica de recibir la declaración de testigos ante el mismo tribunal, efectuándose el examen por delegación. En el procedimiento de derecho estricto, el método del juicio por jurados impuso, naturalmente, la consagración del principio de inmediación. Esto, en términos generales, ya que en casos de acciones como las de rendición de cuentas u otras semejantes, se efectuaban los trámites ante un contador o el funcionario técnico correspondiente. Al comienzo fue tan riguroso aquel principio que aun en los casos de testigos ausentes del lugar no se podía imponer el examen por delegación si no existia el expreso consentimiento de las partes. Pero luego, en los juicios seguidos ante los tribunales llamados "courts of assize and nisi prius" —compuestos de dos o más jueces enviados en comisión por los tribunales de Westmínster a los distritos del Reino, para integrar junto con un jurado local el cuerpo que examinaba los hechos en los juicios encomendados— el fallo final no era pronunciado por los mismos jueces que habían examinado los hechos, sino por el tribunal en pleno. El veredicto que se obtenía así, era, en cuanto a los hechos, un resultado del principio de "mediación". En Inglaterra rige ahora, bajo la Judicature Acts , la norma general de que el examen de la causa y trámites siguientes —en cuanto fuera practicable— hasta la sentencia inclusive, deben realizarse ante el mismo juez. Con lo que se asegura un requisito de la "inmediación". En cuanto a Estados Unidos, el mismo juez que interviene en el examen de los hechos ha sido investido —durante mucho tiempo— de la facultad de entender respecto de cualquier cuestión que se promoviere con motivo de la adecuación del fallo al veredicto, debiendo emitir él mismo la sentencia. 76

' * Leyes inglesas

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En los juicios de derecho estricto, la legislación actual faculta remitir el examen de los hechos a jueces comisionados u otros funcionarios que luego deberán informar al tribunal. Aquí aparece consentido no sólo el procedimiento de documentación o escritura, sino incluso un notorio desconocimiento del principio de inmediación. 6 7 . DESARROLLO DE LA INMEDIACIÓN EN LA ACTUALIDAD. En los momentos actuales vemos afianzar en los diversos sistemas procesales la práctica de la inmediación mediante la forma del juicio oral, concentrado, ante tribunal colegiado, ya sea en instancia única o bajo el sistema de la doble instancia. 6 8 . PROCESOS DE RAIGAMBRE HISPÁNICA. — Los países de raigambre hispánica donde el procedimiento sigue ios moldes de las viejas leyes españolas de 1855 y 1 8 8 1 , siguen en general con sus sistemas de proceso escrito, formal, complejo y poco propenso a la inmediación. Las pocas normas que facilitarían el desarrollo, en alguna medida, de este principio, son desconocidas en la práctica y el contacto directo entre el juez, las partes y el material de conocimiento, es un hecho extraño a tales regímenes de hacer justicia. 6 9 . LA ORDENANZA PROCESAL CIVIL ALEMANA. — Los alemanes, provistos de buen sentido práctico, observaron y apreciaron las ventajas de la oraiidad. Después de la adopción del método oral en varias leyes del siglo pasado, sancionaron luego de la fundación del Imperio, en 1 8 7 7 , la Ordenanza Procesal Civil (Zivilprozessordnung) , a través de la cual la oraiidad se generalizó por toda Alemania, completándose dicho principio con los de inmediación y concentración. 77

" Ordenanza Procesal Civil, del 30 de enero de 1877, que entró en vigor el I de octulire de 1879; modificada el 17 de ma>o de 1898 al sancionarse el Código Civil, y posteriormente por la ordenanza del 13 de enero de 1924 y la ley de simplificación de Jos juicios de 1835.

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Es cierto que bajo el régimen de esta ley la oraiidad se llevó a sus formas más exageradas, al punto de no atribuirse valor a ninguna manifestación o petición de las partes si no era objeto de una alegación verbal ante el mismo tribunal, y sólo ésta era tenida en cuenta, aunque además se registrara por escrito en el protocolo. Pero de lodos modos de allí partió el principio saludable que luego, y en formas más razonables o atemperadas, se consagró en otras leyes procesales de la época. La ley de 1924 no sólo atenuó el principio, sino que al generalizar —como ya se dijo antes— el examen de testigos ante el juez delegado, restó bastante campo a la inmediación. En el actual proceso civil alemán, si bien el actor propone su demanda y su prueba por escrito ante el tribunal colegiado (Landgericht), y a su vez el demandado también hace constar por escrito sus argumentos básicos, peticiones y pruebas que ofrece, es en la vista de la causa, ante la Cámara, donde se lee y funda oralmente la demanda y la respectiva defensa. Habiendo hechos controvertidos se produce la prueba directamente ante el tribunal —ya vimos que se admitieron también delegaciones— en esa misma audiencia o en otra posterior si fuere necesario. Terminada la recepción de las pruebas, las partes formulan oralmente sus conclusiones sobre ellas y sobre el proceso en general. Cuando el tribunal considera que la cuestión está suficientemente discutida, clausura la vista para dar la sentencia enseguida o en breve término. Y además de este contacto directo entre el tribunal y las partes con motivo de sus alegaciones orales y respecto del material de conocimiento traído a su presencia, el principio de inmediación queda satisfecho en este régimen por cuanto impone que sólo deben tomar parte en la votación de la sentencia aquellos jueces que han asistido en su totalidad a la vista de la causa ". 7

i s R O S E N B E R G , op.

cit.,

p. 395;

K Í S C H , op.

cit-, p. 1 3 2 .


57

70. E L PROCESO CIVIL EN AUSTRIA. — En 1895 se sancionó la ordenanza austríaca, de filiación germánica, que importaba un mayor progreso y perfeccionamiento sobre la ordenanza alemana™. Ha sido considerada por la doctrina como la más perfecta ley de procedimiento . 80

Aquí también la demanda se propone por escrito; notificada personalmente a! demandado, se provoca una audiencia ante el presidente del tribunal o un juez delegado, en la cual el accionado puede oponer excepciones. En su defecto, debe determinar las cuestiones que han de ser consideradas litigiosas. Además, el tribunal podrá dar un plazo al demandado para contestar la demanda. Asimismo pueden las partes plantear el caso mediante un cambio de escritos . Las partes actúan asistidas y representadas por letrados, siendo el procedimiento oral, público y contradictorio. Si bien incumbe a las partes ofrecer las pruebas que estimen convenientes, al tribunal corresponde la facultad de determinar los hechos a probar —puntos controvertidos— y los medios de prueba. El tribunal está también facultado para interrogar de oficio a las partes y a los testigos, ordenar prueba pericial o de informes, disponer inspecciones oculares o cualquier otra diligencia que repute necesaria para conocer la verdad de los hechos; salvo la agregación de documentos que las partes no hubieren invocado. 81

La prueba es recibida directamente por el tribuna! que entiende en la causa —siendo excepcional el caso de delegación de alguna prueba determinada—, con lo que se concreta el postulado de la inmediación. i» A . M A R I O D E L A F U E N T E , La oraiidad en el nuevo Código Procesal Civil de La Rioja, en "Revista de Derecho Procesal", año xi-1953, 1 . trimestre, ps. 65 a 80; A L S I N A , op. cit-, t. i, p. 99. so Dicha ordenanza ha sido elaborada por el Dr. F R A N Z KE-EIK, quien era entonces ministro de Justicia y profesor de la I'nivcrsidad de Viena. si Procedimiento similar al que regía en Italia hasta la reforma de 1910. Las partes se intercambiaban sus fascicuios. e r

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T a m b i é n ei de concentración es asegurado, al disponerse que toda la discusión y la prueba sea producida y sustanciada en una sola audiencia —o en otra próxima— y en primera instancia. El tribunal de apelación sólo conoce en cuestiones de derecho. Cuando se considera la causa suficientemente instruida y debatida, se clausura la vista y se dicta sentencia; la que sólo puede ser pronunciada por los mismos jueces que asistieron a los debates y producción de las pruebas. 7 1 . E L NUEVO PROCESO CIVIL ITALIANO. — Respecto del nuevo procedimiento italiano, ya algo hemos anticipado de él con relación al tema que estamos tratando -. Fue publicado y promulgado el nuevo Código de Procedimiento Civil, el 28 de octubre de 1940, entrando en vigencia el 21 de abril de 1942. El legislador italiano se ha inspirado fundamentalmente —aunque no lo siguió en todos sus pasos— en las enseñanzas maestras de JOSÉ CHIOVENDA, sostenidas durante tantos años en lo que se refiere al aumento de los poderes del juez, oraiidad, concentración, relación inmediata (immediatezza) del juez con las partes y con los medios de prueba. 8

Los proyectos ministeriales (SOLMI, GRANDI) que son su antecedente, fueron severamente revisados por tres autorizados especialistas: los profesores CARNELUTTI, REDENTI y CALAMANDREI, de cuyo valioso trabajo —al decir de LIEBMAN— se encuentran huellas hasta en el estilo en que fueron redactados, tanto el texto del Código como la Relación . 81

Se pueden distinguir en el nuevo proceso dos fases bien diferenciadas: una instructoria y una decisoria. Aunque ambas son orales, son preparadas mediante la presentación de escritos. En la fase instructoria vemos que la demanda introductiva es escrita lo mismo que lo es la contestación. Ambas piezas deben ser completas en sus enunciaciones y peticio«2 Ver nota 73. 63 E N R I C O T I J I X I O L Í E B M Í N , El nuevo en " L a Ley", 1. 23, sec. rtoar., p. 31.

Código de Procedimiento

Civil

italiano,


59

nes, pero los argumentos sólo deben ser esquemáticos, pues su desarrollo y debate deberá ocurrir por vía oral ante el tribunal. El juez de instrucción civil fija la audiencia, determina con intervención de las partes las cuestiones controvertidas y ordena las medidas de prueba que considera procedentes u oportunas. Esta instrucción se desenvuelve en forma única, concentrada y continua. A este juez corresponde la facultad de decidir, provisionalmente, las cuestiones preliminares, prejudiciales o incidentales en este período con motivo de la determinación de los hechos y la admisión y producción de las pruebas. Las providencias que al efecto dicta pueden ser revocadas por él mismo, sin perjuicio de que dichas cuestiones sean luego juzgadas nuevamente, y aun de distinta manera, por el tribunal. Al concluir la instrucción las partes se comunican de nuevo, recíprocamente, un escrito que concreta en conjunto lo actuado ante el instructor. En la audiencia que se celebra ante ei colegio, las partes discuten oralmente la causa, luego de lo cual aquél pronuncia la sentencia. En ésta, el tribunal examina nuevamente y decide las cuestiones preliminares ya resueltas por el juez- instructor. Si considera necesario ampliar la investigación o no comparte alguna de las decisiones tomadas por aquél, vuelve la causa al juez de instrucción. T a m b i é n puede el tribunal disponer que se vuelva a producir ante él alguno de los medios de prueba ya sustanciados en la primera etapa. Ya hemos dicho con anterioridad que si bien se produce un contacto estrecho e inmediato entre el juez instructor y las partes, y aquél recibe personalmente los materiales probatorios, tanto la inmediación como la propia concentración toman en este código una modalidad muy especial. Es cierto que el juez instructor es a la vez uno de los miembros del colegio, siendo su relator; pero ello no permite cumplimentar los propósitos más acentuados de la im-


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mediatezza, ya que de tal modo es uno solo de los tres magistrados que decidirán la causa, quien ha participado directa y personalmente en la recepción de las pruebas. De este modo, la impresión fresca y viva de los hechos, el diálogo esclarecedor, el conocimiento personal de los lugares, los sujetos y las cosas que se investigan, sólo se habría dado en las vivencias personales del instructor, quien al trasmitir a sus colegas del colegio sus propias impresiones, no permite a éstos alcanzar la única fuente originaria del convencimiento . Se ha dicho que la función instructoria y la decisoria requieren actividad y aptitudes diferenciadas. La primera demanda un órgano ágil, pronto, dinámico. La segunda pide prudencia, ponderación y equilibrio. Con la creación de la nueva figura del juez instructor en el procedimiento civil italiano, conservando para la decisión de la causa al órgano colegiado, se ha pretendido adecuar el órgano a la distinta variedad de las funciones; y, como dice LIEBMAN* , "en compensación, sacrificar parcialmente uno de los principios fundamentales del procedimiento oral: el de la immediatezza, esto es, el conocimiento directo y personal de los medios de prueba, de parte de las personas que deciden la causa". 81

8

72- E L PROCESO CIVIL BRASILEÑO. — En Brasil rige desde el 10 de setiembre de 1939 un código único en materia procesal civil y comercial, sancionado sobre la base del proyecto BATISTA MARTINS. Este código, dice EDUARDO AUGUSTO GARCÍA , ha dado a la Argentina un hermoso ejemplo de comprensión del problema de la justicia en todos sus aspectos. 69

Los juicios ordinarios se sustancian a través de un procedimiento " m i x t o " cumplido ante un juez unipersonal. Existe la doble instancia para las cuestiones de hecho y de derecho. Se instituye en primera instancia un período prepara»* J O S É C H I O V E N D A , Ensayos, op. cit., l. n, p. 254. Op. cit., p. 32. «* E D U A R D O A U G U S T O G A R C Í A , El nuevo Código de Procedimiento Brasil, en "La Ley", l. 17, sec. doclv., p. 64.

Civil

del

REFERENCIAS HISTÓRICAS Y

DE DERECHO COMPARADO

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torio escrito antes de la "vista" de la causa en audiencia pública. La demanda se promueve por escrito, conteniendo ella los fundamentos de hecho y de derecho y la respectiva petición. Allí debe ofrecerse la prueba, acompañándose la documental. El demandado producirá su contestación y prueba en iguales condiciones. Las excepciones se sustanciarán y resolverán previamente a !a vista. Cabe la reconvención. La pericia debe agregarse antes de la audiencia. El código organiza en todos sus detalles este primer período instructorio hasta que se llega a la audiencia pública, donde se ventila oralmente la causa. Las partes deben asistir a la vista. Abierta la audiencia, se recibirá un examen de su laudo hecho por el perito; pudiendo ser éste interrogado por el juez y las partes. Luego se reciben las deposiciones del actor, demandado y testigos con intervención personal del juez. Terminada la producción de la prueba, el juez determina los puntos a los cuales deberá limitarse el debate oral. Las partes alegan durante un plazo no mayor de veinte minutos por cada una. La audiencia debe ser única y continuada, y sólo se interrumpe por causa de fuerza mayor. No siendo posible dar término a la instrucción o al debate en una sola audiencia, se señala otra para un día inmediato. Una vez cerrado el debate, el juez pronunciará la sentencia, y no encontrándose aquél en aptitud de decidir la causa en este acto, señalará una audiencia para dentro de diez días, en que se publicará la sentencia recaída. De todo lo ocurrido en la audiencia el escribano labrará un acta, la que será dictada por el mismo juez y contendrá el resumen claro de las pruebas producidas, de las alegaciones y peticiones de las partes y demás funcionarios intervinientes, como así los despachos recaídos y la sentencia. Como se ha puesto en manos de un solo juez el conocimiento y decisión de la causa, se ha debido mantener en vigor el sistema de la doble instancia —como ya se dijo—, que

62

ExAMHN SISTEMÁTICO DEL PRINCIPIO

conoce, por ello, tanto de las cuestiones de hecho como de las de derecho. De ahí la necesidad de levantar acta circunstanciada de lo ocurrido en la audiencia. Pese a la opinión optimista del Dr. EDUARDO AUGUSTO GARCÍA, que recordamos más arriba, respecto del código brasileño, entendemos que la solución técnica arbitrada para el conocimiento y decisión de las causas civiles ordinarias, no es la más perfecta, al menos en lo que se refiere al juego eficaz que se espera obtener de los principios de oraiidad, concentración e inmediatez aplicados al proceso. El juicio oral sólo logra sus mejores resultados cuando la decisión se confía a un tribuna! colegiado que asiste a la vista de la causa y recibe directamente el material probatorio y las alegaciones de las partes. Entonces, la sentencia que dicte sobre la base de las frescas impresiones vividas, podrá ser irrevisible en cuanto a los hechos que repute probados; siendo, en todo caso, tema de apelación —si es que se instituye tribuna! de alzada— sólo la decisión de las cuestiones de derecho. De no ser así, se dará la absurda situación de querer rectificar ante el tribunal de segundo grado una apreciación subjetiva de los hechos, cuyas pruebas, recibidas oralmente por el inferior, no llegan a conocimiento de la alzada sino a través de una débil imagen esbozada en el acta escrita que se redactó al dictado de! mismo juez cuya opinión se procura controlar. Podríamos decir que, como en definitiva el fallo que alcanzará la autoridad de la cosa juzgada será el del tribunal de apelación, habría conocido íntimamente e! material de la causa el juez que no la decide; y pronunciará la sentencia definitiva un tribunal que no alcanzó a conocerla del mismo modo. De esta manera, ¡a oraiidad y la inmediación —como invitados de honor— entraron al proceso por una puerta para salir pronto por otra, sin dejar en aquél los efectos saludables de su paso. . .

C-WÍIT'LO V I LA

INMEDIACIÓN.

P R I N C I P A

SU

RELACIÓN

CON

LOS

DE ORALIDAI). C O N C E N T R A C I Ó N Y

BI L A T E R A L I D A D

73. LAS VINCULACIONES DEL PRINCIPIO. — El principio de inmediación pretende nutrir de savia viva a la planta del proceso, imponiéndole los medios idóneos para obtener de él sus mejores frutos. La sentencia rápida y justa ha de lograrse con mayores probabilidades en aquel procedimiento en el cual e) juez ha estado en permanente y estrecho contacto con las partes y los materiales probatorios. Pero este principio no tiene vida propia ni puede arraigarse sino en determinadas condiciones y ambientes propicios a su desarrollo. Estas condiciones y ambientes adecuados son asegurados al proceso por la implantación y vigencia de otros principios, tomo lo es el de la "oraiidad" en su sentido raciona!, y el de la concentración", que persigue producir en la más breve extensión de tiempo y de lugar, la totalidad de los actos y diligencias del proceso a fin de obtener la visión más íntima y cercana de sus resultados, como así su verdadero significado integral. Por otra parte, la inmediación al realizarse como método de conocimiento y como propósito, debe cuidar de no interferir en la órbita de aplicación de otro principio fundamental, valedero y deseable durante el curso del debate, como lo es el de "bilateralidad", contradicción o igualdad de las partes en el juicio.


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A fin de abarcar esos contactos y relaciones entre los principios recién mencionados y el que es objeto especial de nuestro estudio, trataremos a continuación, brevemente, de cada uno de ellos y con referencia al de inmediación". 1.

Oraiidad

7 4 . TIPOS DE PROCEDIMIENTO. — Hemos visto en el capitulo ni que para DAVID LASCANO el proceso oral y el proceso escrito implican dos sistemas fundamentales, dos "tipos de procedimientos", teniendo por tales, no a los que ocupan más o menos la escritura o la oraiidad, sino a los que han construido un sistema orgánico sobre la base de la palabra hablada o escrita. En sus términos más elementales, el proceso sería oral o escrito según que como medio de comunicación entre las partes y el tribunal y de trasmisión de las aportaciones probatorias, se usara de la viva voz de los sujetos o de los pertinentes escritos que recogieran sus manifestaciones. Pero en la realidad, no es sólo la diferencia de los medios de comunicación —oral o escrita— lo que distingue y da características propias a los sistemas llamados "orales" o "escritos", respectivamente. En primer lugar, es de señalar que difícilmente se hallará un procedimiento en el cual puede prescindirse de modo absoluto, ya sea de la palabra oral, como medio de expresión, o de la manifestación escrita, como modo de documentación o conservación de los principales actos del juicio. Sólo puede afirmarse que en cada uno de los sistemas halla preferencia, ya sea la comunicación ora!, ya la escrita". Prácticamente no existen sistemas orales o escritos puros. En los procedimientos de predominio oral, como los establecidos por el reglamento austríaco de 1 8 9 5 y la ley alemana de 1 8 7 7 —donde sólo eran tenidos en cuenta los materiales probatorios y las alegaciones en cuanto se expresaran o vertieran oralmente ante el tribunal—, existe de todos moD I M D L A S C A \ o , Pioyecto de Código, op. cit., ps. 52 y ss.; A L S I N A , op. i. i, p. 8 1 ; W Y N E S S M Í Í - L A R . p_ it., p. 143; J O F R É . op. cit., t. i. p. 47. S ;

0

c

cit.,

ORALIDAD, CONCENTRACIÓN Y BÍLATERA LIDAD

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dos el requisito d e q u e las actuaciones se registren por escrito a fin de conservar un memorial del p r o c e d i m i e n t o cumplido, hablándose entonces del principio de "protocolización". 7 5 . Sus DIFERENCIAS. — L a s grandes diferencias e n t r e los dos sistemas antagónicos están dadas por un c o n j u n t o de notas o características q u e a c o m p a ñ a n a cada u n o . E n el p r o c e d i m i e n t o oral, las pretensiones de los litigantes, la p r o d u c c i ó n de las pruebas y los alegatos o conclusiones de h e c h o o d e d e r e c h o , se formulan v e r b a l m e n t e e n u n a sola audiencia, o en varias m u y p r ó x i m a s , de un m o d o contin u a d o y concentrado, en presencia y con intervención del juez o tribunal —generalmente colegiado— q u e dirige el debate y debe mantenerse el m i s m o desde el comienzo hasta el fin del proceso. E l juicio es público, las formas simples, el juez tiene poderes mayores que en el o t r o sistema y la sentencia se p r o n u n c i a i n m e d i a t a m e n t e , apenas sustanciada la causa. Se limitan las instancias y los recursos. E n el sistema escrito, la actividad procesal se diluye y dispersa en múltiples actuaciones q u e q u i e b r a n la unidad y dilatan el proceso, estando el juez alejado de las partes y los elementos de la causa. L a s formas son abundantes, c o m plejas y estrictas y se constituyen en fuentes d e múltiples desviaciones e incidentes. Existen numerosos recursos y generalm e n t e dos o tres instancias. Se han señalado en la doctrina las principales ventajas e inconvenientes d e cada u n o d e estos sistemas , expresándose r e i t e r a d a m e n t e Las siguientes: 88

7 6 . LA ESCRITURA. — T i e n e la ventaja de q u e permite fijar y registrar con minuciosidad la materia procesal. Puédese así conservar a través del tiempo los actos y diligencias LEO op. cit., ps. 493 y 491; F U E S T F , o¡,

6 . Eisner.

R O S E N B E R G , op. at., t. i, p. 395. J O F R É , op. cit., i. i, p. 49; L A S C A N O , 56 y 57; J O S É C H I O V E N D A , Ensayos, op. cit., vol. ü, ps. 198, 199, 200, F R A N C I S C O C A R N E L U T T I , Sistema, i. ni, ps. 330 y 331; M A R I O D E L A cit.. ps. 75 a SO,

fi6


cumplidas, permitiendo verificarlos o reconocerlos en cualquier momento y ante los tribunales de apelación. Asegura a las partes la posibilidad de estudiar y plantear serena y fundadamente sus pretensiones y alegatos, y en especial, tratándose de problemas complejos o difíciles cuestiones de derecho. Concede al juzgador la facilidad de examinar tranquila y concienzudamente los argumentos de las partes y los materiales probatorios acumulados, sopesando sin apremios ni pasiones las razones y pruebas exhibidas. Es el medio más eficiente para la discusión estrictamente jurídica que no se presta a la improvisación ni exige espontaneidad, sino, por el contrario, reflexión madura y acertada. Entre sus más visibles desventajas podemos mencionar la que resulta de la lentitud, formalidad y complicación que imprime a] procedimiento. Las formulaciones y alegatos escritos impiden las aclaraciones, explicaciones, ampliaciones y aun rectificaciones saneadoras que se producen en el curso del debate oral dirigido por el juez. Es más difícil en este sistema que se logren acuerdos parciales sobre algunos puntos de la litis de modo de aligerar o simplificar la materia controvertida. Se presta a la incidencia dilatoria y a la articulación maliciosa. Aumenta la temeridad del litigante, que se atreve a expresar falsedades por medio del escrito que no habría aventurado en presencia del juez, del adversario y hasta del mismo auditorio que asistiere a la vista de la causa si fuere oral. Este procedimiento aleja la publicidad y acentúa la desconfianza en la justicia y el escepticismo del pueblo. Pero, por encima de todas las cosas, aleja al juez de la materia viva del pleito, haciendo que no conozca, vea ni interrogue personalmente a las partes, testigos y peritos, de modo tal que aquél deba ir a buscar su convicción objetiva en una cosa muerta y deslucida que es el expediente, donde ios hechos, los sujetos y las realidades que se debaten en la causa no aparecen más que como máscaras o sombras que deforman la verdad y a veces ni Ja rozan.

ORALIDAD, CONCENTRACIÓN Y BILATERALIDAD

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77. LA ORALIDAD. — La ventaja más destacable del lenguaje y la comunicación oral reside precisamente en que constituye un medio que conduce a una más exacta expresión de la realidad de los hechos, dándole mayor claridad, viveza, energía y agilidad, a la vez que mayor naturalidad a la exposición, sea de las partes, sea de los demás sujetos que intervienen a cualquier título en el proceso. Mediante la expresión hablada, en el juicio oral, se obtiene la más fácil comprensión de la cuestión discutida, pues en cuanto a las pretensiones y argumentos de las partes o sus abogados, en el debate se logran las aclaraciones o rectificaciones que disipan muchas dudas y abrevian el contenido de la discusión. No se lanzan afirmaciones absurdas o temerarias por la fuerza del control personal que inhibe a tales impulsos incorrectos; y aun se logran muchas conciliaciones. En lo que respecta a la prueba de los hechos, es allí donde la oralidad tiene su mayor campo de aplicación y éxito. No deben caber dudas de que mediante la exposición verbal formulada ante el magistrado, éste se hallará en las más óptimas condiciones para apreciar la sinceridad o credibilidad de los dichos de un testigo, o de la confesión afirmativa o negativa de alguna de las partes, o la seriedad y fundamento de un peritaje. Si los documentos, las cosas o los lugares a que se refiere el pleito pueden ser examinados por el juez en presencia de las partes, peritos o testigos que deponen sobre ellos, provocando aclaraciones y discusiones al respecto, su alcance o significado, es innegable, entonces, que la convicción del magistrado habrá de formarse con acierto, o al menos con el menor riesgo posible de error o confusión. Se ha d i c h o " que el "juicio oral es un espejo que refleja los hechos con notable precisión". ss J O F R É , op. ción: " E l médico ausculta, aveí igna "Supongamos a «H denendiente

cit., i. l, p. 49. El mismo aulor hace esta colorida comparaen presencia de un enfermo io observa, le toma e! pulso, lo sus antecedentes y después receta o prescribe un régimen. que en vez de usar ese método racional, empezase por enviar o a un colega para cine redacte un memorial con el fin de


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Entre las desventajas del juicio oral se recuerda el peligro de que las partes poco diestras o no ejercitadas, no expongan con exactitud, acierto o elocuencia sus argumentos; de que se inhiban por la presencia de los demás asistentes a la vista; de que en la celeridad o sorpresa del debate no estén en condiciones de proveerse de los elementos de juicio o razones legales que permitan impugnar con eficacia, argumentos o pretensiones no previstas. Se agrega a ello la fugacidad de la impresión de la palabra hablada, la que si bien representa con mayor viveza o colorido la idea y el estado subjetivo del deponente, es a su vez efímera en el tiempo, siendo retenida en su integridad de expresión sólo por breves momentos. Por eso se dice desde antiguo: "verba volant, scripta manení" , aludiendo a tales circunstancias inherentes al medio de manifestación empleado. Existe también el riesgo de que algo importante no fuere oído en el curso del debate o de que fuere muy prontamente olvidado. Por último, es evidente que este sistema impone mayor esfuerzo, preparación, diligencia y capacidad, tanto en los jueces como en los abogados que intervienen en la causa. Pero tales exigencias se compensan ampliamente con los beneficios que se obtienen de su aplicación, entre los cuales volvemos a señalar como más valiosos los que significan la inmediación y trámite concentrado de! proceso, que conducen al logro de una justicia rápida y eficaz. 9U

pasarlo en consulta al boticario, para después de eso recién preocuparse de la enfermedad y del paciente. "En e! primer caso habrá seguido los métodos racionales de la oralidad; en e! segundo, los procedimientos absurdos del juicio escrito". Creemos que el ejemplo traído por J O Í B É , más bien nos vale como explicación de lo que significa la "inmediación" frente al principio opuesto de la "mediación "; ya que la intervención del colega y otros funcionarios que se interponen entre el médico titular y su paciente, es lo que señala la falta de "inmediación"; siendo ya indistinto que sus impresiones las trasmitan al médico principa! por escrito o mediante informes verbales. "Las palabras vuelan, los escritos permanecen"; ver J A I M E M . M A N S P U I G A R N A I J , Los principios generales del derecho, Repertorio de reglas, máximas y ¡¡¡mismos jurídicos, Bosch, Barcelona, 1917, p. 359. 8 0


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78. ORALIDAD E INMEDIACIÓN. — De las explicaciones que anteceden puede deducirse la índole de las relaciones existentes entre el principio de "oralidad" y el de "inmediación". Este último se hallará generalmente realizado en las causas tramitadas sobre la base del sistema oral. Será como una manifestación importante de éste. Pero no siempre la oralidad significa inmediación ni ambos conceptos pueden asimilarse. Es lógico que no puedan identificarse ambos principios, pues uno, el de oralidad, sólo se refiere al modo de expresión de las ideas; el otro, la inmediación, exige la intervención directa y personal del juez en la recepción de las alegaciones y de las pruebas. Se trata, sin duda, de dos principios estrechamente vinculados, emparentados; y es cierto que en la historia del procedimiento la inmediación va casi siempre acompañada de la oralidad y la mediación de la escritura '. 9

7 9 . EN LA RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS Y ALEGACIONES. — Se ha dicho que la inmediación tiene su sentido y aplicación en cuanto se refiere a la recepción de las pruebas, y que la oralidad —o su contrafigura, la escritura— es especialmente aplicable en lo que respecta a las alegaciones de las partes. En realidad no es exactamente así. Hay o puede haber procedimientos total o predominantemente orales en cuanto se exigiera que las pretensiones y argumentos de las partes, como así la producción de las pruebas —testigos, confesión, pericias—, sólo valgan en cuanto se formulen oralmente, y en cambio no reciba acogida el principio de inmediación, como ocurre cuando las declaraciones, testimonios, etc., orales, son recibidos no directa y personalmente por los miembros del tribunal que va a decidir la causa, sino por jueces delegados o funcionarios instructores. Son éstos —como ocurre con el juez delegado del procedimiento alemán y el juez instructor del código i t a l i a n o as W V N E S S M I I Í A R , op.

cit., p. 1 7 1 .


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quienes recogen "oralmente" los materiales de la causa; pero el tribunal que va a fallar, sólo toma conocimiento de ellos a través del relato o memoria trasmitida por el referido funcionario. Aquí, pues, la inmediación, aunque fuera procurada en las actuaciones del juez delegado o instructor —mediante el trato directo y oral—, no habría sido realizada en su principal finalidad, que tiene por objetivo a las vivencias personales del juez que dictará la sentencia. Por nuestra parte, no tenemos dudas de que puede haber oralidad sin inmediación, en el sentido arriba explicado. L o que no compartimos es la opinión de algunos autores en el sentido de que así como puede haber oralidad sin inmediación, podría también darse el caso de que ésta se manifieste como vigente en un procedimiento exclusivamente escrito , en el cual esté investido de la potestad de decisión exclusiva un juez al que "se presenta directamente el material de la causa y, sin embargo, forme la base de la resolución únicamente el material aportado por escrito" . 92

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Estimo que en el proceso escrito puro no puede haber lugar para la inmediación en su sentido integral, ya que los documentos y actas que constituyen la fuente de conocimien lo personal del juez, aunque fueren llevados directamente al expediente sin intervención de terceros, no dejarán de ofrecer las desventajas que hemos descrito. Faltará a los escritos la intensidad del diálogo vivo y fresco que nutre la convicción del juez momentos antes de dictar su sentencia. Generalmente el proceso escrito es largo y complicado en sus formalidades, y las impresiones personales que hubiera podido recoger el juzgador al recibir los escritos o levantar las actas, se desvanecen con el tiempo, no conservándose ni en su memoria ni en la inerte frialdad de los legajos. '•s Rosr.Nni-.RG, op. til., p. 395, donde dice: "La inmediación es diferente de la o r a l i d a d . . . La inmediación como la mediación son c o m p a t i b l e s Lauto c o n ta oralidad l o m o con la escritura; un procedimiento oral puede s e r mediato e i n m e diato uno e s c r i t o . . . Pero p o r lo regular la inmediación es c o m p a ñ c i a de la oralidad". ai W Y N E S S M I L L A R , op. cit., p, 1 7 1 .

ORALIDAD, CONCENTRACIÓN Y BI LATERA LIBAD

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Esta misma objeción no cabe en los casos en que la oralidad —como ocurre normalmente— se combina de modo racional con la escritura; y de los materiales recibidos verbalmente en la vista de la causa, sólo se reproducen o sintetizan en piezas escritas los elementos que se desean conservar por razones de seguridad o para facilitar la revisión del proceso. Aquí, la protocolización, no sólo no aleja la inmediación, sino que tiende a resguardar sus efectos. 8 0 . IDENTIDAD Y PERMANENCIA DEL JUEZ. — Una consecuencia del principio de inmediación —que no lo es a su vez del de oralidad— es aquella norma en virtud de la cual la sentencia sólo deben dictarla los mismos jueces que han asistido a la vista de la causa o conocido del proceso desde su comienzo hasta el fin, según ya lo hemos explicado oportunamente. Podrá tenerse por vigente el principio de oralidad aun en los casos en que fueran varios y distintos los jueces que van conociendo del juicio hasta dictarse el fallo. En cambio, el principio de inmediación no habrá sido satisfecho sino en el supuesto de asegurarse la identidad de! juez *. 8

8 1 . ORALIDAD AL SERVICIO DE LA INMEDIACIÓN. — Pero debemos aclarar que así como casi siempre la oralidad va acompañada de la inmediación, en grado tal que " n o se concibe —según SENTÍS MELENDO— un procedimiento oral sin inmediación" '', ésta es mucho más importante y decisiva que aquélla. Aunque la inmediación es tenida en cuenta como formando parte del elenco de principios comprendidos en el sistema oral", es ella la que asegura la eficacia del proceso llevándolo al término de una sentencia justa. El sistema oral es sólo el medio o recurso técnico cuya aplicación permite la realización de ese otro principio que motiva nuestro estudio. 8

'-" W. K I S C H . op. cit., p. 132; O I I O V E N D A , op. cit., vol. n, p. 201; R O S E N B E R G , op. cit.. i, p . 395. as Op. cit., ps. 140 y 141. !>e C H I O V E N D A , op. cit., vol. n, p. 254, dice: El piincipio de la inniediaci >n se llalla estréchame:!Je vinculado con el de oralidad, en cuanto sólo en ei proceso oral puede ser plena y eficazmente aplicada.

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Antes de concluir este apartado, recordemos que cuando hablamos de oralidad no invocamos su sentido más ortodoxo o intolerante. Razonamos con CHIOVENDA que "por oralidad no se entiende ni la simple discusión oral. . . ni mucho menos la exclusión de la escritura del proceso, como el nombre podría hacer creer a los inexpertos; ya que la escritura, siendo como es un medio perfeccionado de expresar el pensamiento y de conservar de una manera duradera la expresión, no puede dejar de tener en el proceso aquel puesto que tiene en todas las relaciones de la vida. . . significa una racional contemporización de la escritura y de la palabra, como medios diversos de manifestación del pensamiento. . . " . 07

!18

2.

Concentración

82. CONCEPTO; FINALIDADES. — El principio llamado de "concentración", como su nombre lo indica, es aquel que procura abreviar en el tiempo el desarrollo del proceso haciendo que sus actos se produzcan en forma continuada, sin interrupciones ni interferencias que lo dilaten o disipen la visión del conjunto y la necesaria concatenación de los sucesos inherentes a la sustanciación de la causa. La concentración o atracción en el menor tiempo y lugar, de los actos procesales, persigue importantes finalidades. Una de ellas es la de lograr que los juicios se tramiten con la mayor celeridad posible, a fin de que el estado de incertidumbre o riesgo existente respecto del derecho discutido o turbado, cese lo más pronto con el restablecimiento, garantía o declaración de tal derecho en la sentencia. Es decir, procura la más rápida concreción de la tutela jurídica, y por ende de la paz social alterada por el conflicto. Por otra parte, además de la celeridad deseada —que constituye un principio ella misma—, la concentración de los actos y diligencias trata de permitir que se mantenga y » ' C H J O V K N D A , op. cit., vol. ii, ps. 198 a 200. «s Eti igual sentido se expresa L A S C A N O , op. cit., p. 56. " N o es el caso de aceptar la oralidad por ¡a oralidad misma, porque en principio no es mejor ni peor que la escritura, sino de asegurarle el puesto que le corresponde en el proceso...".


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manifieste la unidad del debate, a fin de que en cualquier momento se pueda tener una noción clara y precisa del conjunto de sus materiales, tanto en relación al concreto caso planteado en oportunidad de trabarse la litis, como con respecto a la prueba y a la sentencia que en su consecuencia deba dictarse. T a m b i é n la concentración persigue coadyuvar a la más económica tramitación de los juicios, ya sea por suprimir las articulaciones o incidentes que tiendan a complicarlos o dilatarlos sin necesidad, ya ahorrando energías, tiempo y erogaciones materiales al de por sí costoso mecanismo de la justicia, que ha de pesar sobre el bolsillo de los litigantes y en el de toda la comunidad. Un pleito largo y complejo distrae y absorbe las fuerzas productivas de los contendientes alterados en el ritmo de su vida normal, requeridos por las diligencias del proceso y privados de sosiego; perjudica sus economías; ocasiona molestias a testigos, informantes, funcionarios y demás terceros a quienes se acude; aumenta los gastos generales del tribunal sostenido por el Estado. Y además de todo ello, un pleito de esa naturaleza puede producir frutos escuálidos o ineficaces, al reconocer tardíamente un derecho que sólo ha de gozarse íntegramente si es tutelado enseguida o al poco tiempo de producido su desconocímiento . 39

8 3 . CONCENTRACIÓN EN BENEFICIO DE LA INMEDIACIÓN. — Además de todas estas finalidades e implicancias, la concentración y celeridad en el desarrollo del proceso vienen a consol CouTiiRp. refiriéndose a los graves inconvenientes del juicio escrito, en cuanto a su larga tramitación, dice: "Tampoco es posible dejar librada a las torturas y maquinaciones del juicio escrito, que puede durar años v años, la suerte dei juicio de alimentos, que debe resolverse en un plazo de horas, o las acciones posesorias que reclaman medidas de canicier casi policial; o el juicio de accidentes de trabajo, donde lo primero que se debí hacer, humana \ jurídi-

camente, es asegurar la suhsistcncia del obrero y sti productilidad social. "Juicios de alimentos que han durado años, como más de una ve/, i c lia visto; juicios de accidentes del trabajo que se fallan cuando el obrero ha muerto, se han perdido en la inconducta las hijas v se han entregado a) delito los hijos, son algo más que una burla de la justicia: son una afrenta a la sociedad que tales cosas consiente" (Líneas generales del Proyecto de Código de Procedimiento Civil, en " L a Ley", t. 41, p. 936).

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EXAMEN SISTEMÁTICO BEL PRINCIPIO

tituír como un requisito indispensable para que se concreten las aspiraciones del principio de inmediación. En efecto, si el dispone asegurar la relación directa, inmediata y estrecha entre el juez y las partes, testigos, peritos, cosas y lugares de! proceso, es a fin de provocar en el magistrado una impresión actual, viva, palpitante y profunda a la vez que acertada, respecto de los hechos discutidos y aun con relación al verdadero sentido y alcance de las proposiciones de los contendientes. Se desea formar el convencimiento del juzgador mediante su acceso directo y personal al material de la causa. Pero es evidente que de nada —o de muy poco— valdría que el propio juez oiga a las partes o participe de sus discusiones aclarando el sentido de la controversia, reciba la confesión, interrogue a los testigos, pida explicaciones a los peritos, etc., si dichos actos los debiera realizar en momentos aislados, distantes en mucho tiempo unos de otros, interferidos por cuestiones incidentales, y todo ello a tiempo lejano del instante en que se abocara a razonar y pronunciar su fallo. En tal caso, las impresiones oportunamente recibidas, las aclaraciones arduamente logradas, para muy poco servirían, ya que por entonces unas vivencias se habrían desvinculado de las otras y todas ellas quedarían, si no olvidadas por completo, al menos esfumadas o deformadas con pérdida de su sentido unitario y verdadero. Es decir, entonces, que la concentración de los actos y celeridad en el desarrollo del proceso, sirven a la inmediación para conferirle sus condiciones de real eficacia. 84. INMEDIACIÓN EN BENEFICIO DE LA CELERIDAD. — Peto a su vez, y recíprocamente, la inmediación, como modo de conocimiento directo por parte del juez, sirve al logro de los principios de concentración y celeridad, ya que en una causa donde el magistrado interviene directamente en la recepción de las alegaciones y de las pruebas, es posible —además de necesario— obtener que los actos del proceso se desarrollen en forma rápida y concentrada por la abreviación


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de dificultades ficticias o fácilmente disipables. E l conocim i e n t o personal del juez sustituye a las actas y relaciones de terceros, siempre dilatorias. Se ha d i c h o q u e la concentración supone la concesión al juez de facultades amplias en la dirección del proceso que le p e r m i t a negar aquellas diligencias que considere innecesarias y disponer, en cambio, ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime convenientes para regularizar el p r o c e d i m i e n t o ; c o m o el despacho saneador del código procesal brasileño o las medidas saneadoras del proc e d i m i e n t o de la provincia de J u j u y (art. 14). 1 0 0

8 5 . CELERIDAD, CONCENTRACIÓN, ORALIDAD. — C o n dichas facultades es posible abreviar los juicios, a u n los tramitados por el procedimiento escrito; p e r o es evidente q u e la c o n c e n t r a c i ó n y la celeridad sólo podrán ser eficientemente obtenidas en el proceso oral, en el cual, luego de un breve y d i n á m i c o período p r e p a r a t o r i o de la instrucción, es posible c o n c e n t r a r en u n a sola audiencia —la de la vista de la causa— la p r o d u c c i ó n de toda la p r u e b a , los alegatos de las partes y ministerios públicos, y hasta el m i s m o pronunciam i e n t o del veredicto o de la sentencia, de ser ello factible según la índole de los asuntos. Es por ello que en las postulaciones doctrinales de los autores y en los articulados de los modernos códigos procesales, la oralidad, la concentración y la inmediación van indisolublemente u n i d a s . 101

ion AÍ-SINA. op. cit., t. i, p. 2fi8. m i J O S É C H I O V E N D A , Las reformas procesales y las corrientes del pensamiento moderno, en Ensayos, op. cit., l. u, p. 155 (en nota), dice: "Con esta referencia v ion la publicación realizada en el mismo año (1906) de la primera edición de mis Principa, se inició la propaganda llevada a cabo por mí en c! lillimo cuarto de siglo para la reforma del proceso civil italiano sobre la base de la oraiidad, de la inmediación y de la concentración" (en este párrafo léase "conferencia" y no "referencia"). Dice P O H F Í T I en su citado trabajo. La doctrina de Chiovenda sobre inmediación y concentración y el anteproyecto de código procesal para Mendoza, en "Revista de Derecho Procesal", X I , 1953, primera parte, ps. 57 y ss.: '.'En el pensamiento de aquel insigne proecsalista, la oralidad se consustancia con la inmediación \ la concentración en el régimen de las pruebas y la d i s c u s i ó n . . . " . " . . . M e d i a n t e la concentración en el ofrecimiento y pioducción de (a prueba, la

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EXAMEN SISTEMÁTICO DEL PRINCIPIO 3.

Büateralidad

8 6 . CONCEPTO. — El más destacado y excelso de los principios procesales es, sin duda, el de "büateralidad"' , llamado también, con buen criterio, de "igualdad" o de contrad icción " ' ° . Dice COUTURE que si bien las formas procesales varían normalmente en el tiempo y en el espacio, lo que no varía es el sentido dialéctico del debate. Las partes y los jueces formulan sus proposiciones, sus oposiciones, sus composiciones; sus tesis, sus antítesis, sus síntesis. De allí que el principio dominante en el proceso es el del contradictorio, que luego identifica como "principio de igualdad". Este principio es inseparable de todo procedimiento instituido ante los tribunales en un Estado de derecho. El mismo COUTURE, en la edición postuma de sus Fundamentos ( 1 9 5 8 ) , ha escrito un capítulo final, " L a tutela jurídica", en el cual asienta varias proposiciones lógicas, ontoíógicas y axiológicas respecto de! proceso civil, que encuentran su apoyo en esa constante necesaria que es el principio de büateralidad, allí sublimado a una categoría filosófica. Este principio halla su expresión tradicional en el derecho romano, en el precepto "audiatur et altera pars"', que se cumple brindando y asegurando a cada una de las partes la debida oportunidad de que se le oiga. Halla a su vez fundamento y refugio en la garantía constitucional de "inviolabilidad de la defensa en juicio" (art. 1 8 , Const. nacional) y en la de la igualdad de los individuos ante la ley (art. 1 6 , Const. n a c ) . 02

103

4

105

lumen ¡ación en ta recepción de la no preconstutiída (examen de litigantes, testigos, peritos ) expcilos) y fas conclusiones o alegatos orales, se logra que quien ha de fallar el litigio en primera instancia, tenga un conocimiento directo, inmediato y coordinado de la materia, de la postura de las partes y de los hechos relevantes que aquellos medios de prueba acreditan". 102 W Y N E S S M I L L A R , op. cit-, p. 47. i«3 C O U T U R E , Fundamentos, p. 79. io* A L S I N A , op. cit-, t. i, p. 265. ios Op. cit., p. 3.


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Es la garantía de! "debido proceso", en el cual cada una de las partes tiene asegurado el derecho y la razonable oportunidad de hacer oír sus argumentos y ofrecer sus pruebas, como así la de refutar y controlar las del adversario. No puede privársela de "su día en ei tribunal". En cumplimiento de tal principio, toda afirmación, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ponerse en conocimiento de la contraria para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición manifestando sus propias razones. Lo mismo en materia de pruebas, ellas deben ofrecerse, ordenarse, recibirse y apreciarse con la intervención y conocimiento de ambas partes, que deben hallarse en condiciones de verificar su regularidad, cuando provienen de! contrario y aun del tribuna!. Las mismas medidas y resoluciones tomadas de oficio, por lo general, y salvo excepciones previstas en la ley, deben someterse al control de las partes. En un antiguo proverbio de la Alemania medioeval se decía: "Eines

matines

red ist keine

red, der richter

solí

die

deel verhoeren beed"'"* ("la alegación de un solo hombre no es alegación; el juez debe oír a ambas partes"). La verdad sólo surge del "contradictorio de las partes", se ha dicho con frecuencia. La discusión hace la luz, dice el pueblo. 87. VINCULACIONES. — Y bien, ¿qué vinculación nos proponemos mostrar entre dicho principio y el de inmediación?: la razonable y natura! que pasamos a explicar. 88. EN LOS ALEGATOS. — Cuando queremos que en satisfacción de nuestro principio de inmediación los jueces se acerquen lo más posible a los litigantes para conocer a ellos y sus razones; o cuando pedimos que se permita a los litigantes ir ellos y sus razones al lado mismo de la persona del juez —inmediación respecto de las alegaciones—, no pensáis

WVS'F.ÍS MfLI.ÍR, op.

cit..

p

47


78

mos siquiera en la posibilidad de q u e pueda influirse en la conciencia del magistrado llevando a sus oídos nuestros a r g u m e n t o s n a t u r a l m e n t e parciales, en forma sigilosa, y convencerle así de las razones que afirmamos nos asisten. N o queremos estar cerca del juez para estar solos, sino simplemente para estar cerca. P o r ello nos apresuramos en aclarar q u e sólo concebimos la inmediación referente a las alegaciones, en c u a n t o ella se c u m p l a m e d i a n t e el debido juego del c o n t r a d i c t o r i o , en el cual el magistrado no ya apreciará las ventajas de su contacto con las partes por el simple hecho de oír personalmente sus a r g u m e n t o s y comprenderlos más claramente, sino en especial p o r q u e estará en condiciones de enfrentar sus proposiciones, señalar sus errores, oscuridades o vacíos, c o n o c e r el v e r d a d e r o alcance del conflicto, abreviar o concretar los puntos debatidos, y a u n , d e ser posible, lograr avenimientos parciales y c o n c i l i a c i o n e s . 101

¡ " Í A propósito de esto, es muy elocuente el diálogo ya recordado de C A L A en De las buenas relaciones entre los juices y ¡os abogados, ps. 19 y 20, cuando registra los siguientes argumentos de sus personajes: M.iNDBti,

"El Ingenuo": . . . " C u a n d o comencé mi proceso estaba seguro de que con un coloquio de media hora conseguiría demostrar al tribunal mis buenas razones; y pedia a mi abogado que fijase lo más pronto el dia en que el juey, podría recibirme \ cscuchaime. Pero el abogado se sonreía con aire compasivo y me decía que los jueies tienen otras cosas que hacer que perder el tiempo con las qucrimonias de los litigantes. V entonces, digo yo, si los jueces no je han hecho para esto, ¿para qué se han hecho?". " E l T c ó i i c o " : . . . " E s necesario que las razones de los dos contradictores lleguen al juez, según un orden preestablecido, en forma iígurosamente fijada. Esa justicia sin procedimiento, que todos los ignotautes como tú invocan, habría querido decít en aquel caso simplemente lo siguiente: que sí el advetsaiio se hubiera apresuiado más que tú a correí a casa del juez, habiía podido contarle, contra ti, las más absurdas patrañas, > vencer la causa, sin que tú estuvieras en situación de poder decir ni una sola palabra en tu defensa". "El ingenuo": . . . " Y o no pretendo ser recibido por el tribuna! a la chita callando, sin que mi adversario lo supiera: por el contrario, esperaba poderme encontrar cala a cara con él. en presencia de los jueces, para cxpiesarle mis razones y para avergonzarlo ante ellos. Pero mi abogado m e explicó que, en las causas civiles, los litigantes no tienen lo que él llamaba aperalio uris: mientras el cliente debe estar con la boca cerrada ) con prohibición absoluta de hablar de su causa, corresponde a! abogado.. . poner por escrito sus razones, v llenar páginas y páginas de larguísimas caitas dirigidas al tribunal: como si los jueces habitasen en América v para entrar en relación con ellos tío existiese medio más adecuado que el epistolar". l í e aquí la "iinmedialezza"

junto a la "contradicción".


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89. EN LAS PRUEBAS. — Lo mismo decimos respecto de las pruebas. El juez deberá ser puesto en condiciones de recibir personal y directamente la confesión, las deposiciones de los testigos, las explicaciones de los peritos, etc.; pero todo ello debe ocurrir en presencia y con intervención vigilante de las partes, que podrán orientar los interrogatorios proponiendo preguntas pertinentes, oponiéndose a la formulación de las que no lo fueren; requiriendo aclaraciones, señalando tachas, y por último produciendo alegatos sobre el mérito de la prueba y demás material reunido. Podrán asimismo recurrir de los actos y resoluciones del tribunal respecto de las pruebas, en cuanto no los hallaren ajustados a derecho. De este modo se limita el riesgo de que la opinión, el prejuicio o aun la propia convicción dei juez se formen o consoliden expuestos a su espontáneo pero incontrolado discurrir, lo que sucede cuando no están las partes presentes para iluminar los distintos aspectos de una situación o de un hecho ambiguo, para llamar la atención sobre una afirmación tendenciosa, una demostración sofistica o simplemente falsa. 90. EN EL PROCESO PENAL. — Es por eso que en nuestro proceso pena!, donde la instrucción del sumario se levanta mediante actuaciones inquisitivas y secretas, si bien la inmediación entre el juez y los elementos probatorios se produce en un grado intenso, la falta casi total de intervención y control por parte del acusado y su defensor ha provocado la crítica de los procesalistas y las quejas del pueblo. El examen o la posible reproducción de algunas medidas de prueba en el plenario —aun bajo la forma de juicio contradictorio—, no alcanza a subsanar algunos abusos irreparables provenientes de la sigilosa y unilateral redacción del sumario. En éste, el juez tiene acceso inmediato, personal y directo, a los materiales de la causa y medios de prueba, pero en su actuación, además de la propia iniciativa, sólo acoge la indicación, el consejo o el requerimiento del acu-

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sadcn" público, el ministerio fiscal; sin a d m i t i r simultáneam e n t e el contrapeso necesario de la defensa, de la q u e sólo se reciben meras indicaciones q u e n o obligan al instructor y q u e aquélla formula a ciegas. Además, c o m o ya dijimos, esta inmediación resulta innocua si tenemos en c u e n t a q u e n o es el juez de instrucción sino el de sentencia quien decide ia causa. Este último nos ofrece las garantías de su serenidad de juicio —por n o ser al propio t i e m p o el investigador celoso de sus hallazgos—, pero n o aporta al proceso las ventajas reconocidas a la inmediación c o m o m o d o d e c o n o c i m i e n t o . P o r lo dicho es q u e sólo concebimos r a z o n a b l e m e n t e a dicho principio c u a n d o imaginamos al juez, él mismo, en persona, e x a m i n a n d o y recibiendo el material del juicio d e un m o d o directo y p e r m a n e n t e ; pero siempre q u e en todo m o m e n t o y j u n t o a él se hallen las partes y sus letrados para a c o m p a ñ a r l e en ese azaroso c a m i n o en pos de una sentencia justa.

CAPÍTULO V I I D I S T I N T O S ASPECTOS DE LA INMEDIACIÓN EN E L P R O C E S O C I V I L 9 1 . NOCIÓN PRELIMINAR. — Al comienzo del capítulo ÍV de este trabajo (p. 33) hemos intentado definir el principio en estudio señalando someramente sus elementos necesarios o principales. Dijimos que con él se procura "asegurar que el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las «alegaciones de las partes» y las «aportaciones probatorias», a fin de que pueda conocer en toda su significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien —a su término— ha de pronunciar la sentencia que la resuelva". De aquí y de todo lo que hemos explicado en las páginas anteriores resulta fácil comprender que la buscada inmediación puede y debe realizarse en relación: a) con las partes, con motivo de sus alegaciones (demanda, contestación, conclusiones o alegatos, etc.); b) con las pruebas, con motivo de su producción. Examinemos ambos aspectos. 1. Respecto

de las

alegaciones

92. ÁMBITO DE APLICACIÓN. SECTORES IMPLICADOS. — Al explicar en el capítulo anterior la vinculación existente entre el principio de "inmediación" y el de "bilateralidad" o "contradicción" (ps. 77 y 78 y nota 107), hemos anticipado el examen de este aspecto. Recordaremos entonces que una de las manifestaciones de la inmediación es aquella en virtud de la cual el juez o

1 - Eisner.

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tribunal r e c i b e personal y d i r e c t a m e n t e de los propios litigantes o de sus abogados, sus a r g u m e n t o s de h e c h o y d e d e r e c h o y la formulación de sus pretensiones encontradas. N o debemos tener duda alguna de que ese c o n t a c t o personal e inmediato e n t r e el jue2 y las partes ha de ser sumam e n t e provechoso para el esclarecimiento y solución del litigio. SÍ b i e n n o deja de ser c o n v e n i e n t e —y a veces necesario— que tales alegaciones se formulen y conserven en piezas escritas a fin d e d o c u m e n t a r el alcance y contenido d e la controversia, ello debe ser así sin perjuicio de conceder a las partes la ocasión de c o m u n i c a r o r a l m e n t e al tribunal sus puntos de vista, en u n a audiencia especial o en la misma en q u e se ventila toda la causa, a fin de lograr los efectos ya señalados: que el juez o tribunal se c o m p e n e t r e más acabad a m e n t e del sentido y alcance de los a r g u m e n t o s y pretensiones; las partes puedan en su presencia c o n f r o n t a r sus razones y a veces ajustarías en lo q u e tuvieran de exageradas o erróneas; se obtenga m a y o r celeridad por medio d e indicaciones o preguntas que el tribunal pueda formular señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones d e sus planteos o explicaciones; se supriman o abrevien algunos puntos controvertidos p o r n o resultar realmente tales o p o r tener un alcance distinto del q u e suponían las partes en su e n f o q u e unilateral. De este m o d o se aclara y simplifica la litis, se concretan los temas realmente necesitados de p r u e b a y decisión y se intenta algún a c u e r d o q u e disipe el conflicto o reduzca su intensidad. T o d o ello es posible esperar de este contacto e n t r e partes y magistrado en c o m u n i c a c i ó n oral e inmediata. El contenido de las alegaciones pueden ser ya las cuestiones de " h e c h o " , ya las de p u r o " d e r e c h o " , ya ambas. 9 3 . EN LAS CUESTIONES DE HECHO. — T r a t á n d o s e de los hechos, los relatos y afirmaciones d e las partes, c u a n d o son formuladas en presencia del juez y frente al adversario, son generalmente más medidos y cuidadosos que c u a n d o es po-

LA INMEDIACIÓN EN EL PROCESO CIVIL

83

sible introducirlos por escrito sin más control que el de la propia estima y probidad, no siempre presentes. En el debate oral que tiene lugar con la intervención directa del magistrado, y en algunos sistemas con la presencia del público, son tantos los contrapesos y motivos inhibitorios, que las partes, aun las más apasionadas o menos prudentes, no se aventuran a lanzar especies o afirmaciones falsas o fácilmente exageradas. La réplica inmediata y verbal; la mirada escrutadora del tribuna!; (a expectación del público; la pregunta incisiva y oportuna, son todos medios de control que aseguran en mayor grado la pulcritud del relato, y de todos modos la aclaración de las dudas o ambigüedades que impiden tener una idea exacta de lo que se afirma y pretende. 94. EN LAS CUESTIONES DE DERECHO. — Respecto del de recho invocado en los casos sutiles o complejos, cuando él es expuesto y desarrollado en la soledad de! bufete por el abogado, sin tener frente a sí ni al contradictor para refutarlo ni al juez para llamarlo al orden, es muy posible que se introduzca —aun sin darse cuenta de ello— en las más aventuradas acrobacias lógicas o en la afirmación de las tesis más audaces. A propósito de tal posible desviación que se produce por faita de la debida inmediación, dice el maestro CALAMANDREI, tantas veces recordado en este trabajo: "Si delante de nosotros, mientras escribimos, estuviese el juez presente observándonos, creo que sin perjuicio de procurar, como es nuestro deber, decir todas y solamente las razones favorables a nuestro cliente, no tendríamos el valor de embarcarnos en sostener por él ciertas tesis audaces que, a veces, en el silencio de nuestra biblioteca, nos seducen como ocasiones magníficas de poner a prueba nuestro virtuosismo dialéctico". "Los libros, vosotros lo sabéis —dice el citado autor—, son peligrosos, porque cualquier fantasía, si se la lee impresa en un libro, se convierte en un precedente autorizado; y especialmente son peligrosos los repertorios de jurispruden-

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cia, que no niegan nunca, a quien sabe buscar, alguna hermosa máxima hecha a propósito" . loa

95. EN LA RELACIÓN DE LOS LITIGANTES. — De lo dicho resulta que la inmediación con motivo de las alegaciones no sólo es deseable entre el juez y las partes, sino también, y con tanta razón, respecto de las partes entre sí. Esta mayor vinculación personal entre los litigantes y letrados de ambas partes, no sólo permite ajustar los hechos y las pretensiones, como se ha explicado. Muchas veces coadyuva a disipar fantasmas y espejismos, logrando imprevistas conciliaciones. La experiencia profesional nos suele demostrar que a veces un simple malentendido, la interferencia de un tercero receloso, maligno o interesado; el ofuscamiento momentáneo de dos personas apasionadas, producen conflictos de apariencias insolubles a los que una breve conversación en la sala de audiencias del juzgado —aun en la antesalaresuelve inmediatamente o limita a más modestas proporciones. En estos casos, los escritos de los abogados y las cédulas de traslado no son buenos emisarios para sellar la paz entre los contendientes. Claro que a veces el enfrentamiento de los contrincantes sólo sirve para enardecer sus ánimos y acentuar sus agravios; pero al menos, de su discusión tanto más espontánea cuanto ios Op. cit., ps. 50 y 5i- Esie pasaje nos recuerda una anécdota muy difundida, atribuida a Vélez Sarsfield, cuando deseoso de aplacar las impaciencias de un consultante que pretendía cooclusiones definitivas sobre su caso, mostrándole un sector de su nutrida biblioteca jurídica, le dijo más o menos asi: "estos libros que veis aquí, os dan la razón pero estos otros —señaló otros anaqueles— . . .os la q u i t a n . . . " . Sabemos, además, que tas afirmaciones audaces o falsas no sólo se deslizan con motivo de los escritos de demanda y contestación, sino, y con mayor frecuencia, en el planteamiento de cuestiones incidentales con fines exclusivamente dilatorios o de hostilízaeió» al adversario. Tantas articulaciones artificiosas como las que se aventuran en el procedimiento escrito no se intentarían de seguro si ellas habrían de exponerse ante ios ojos y oídos del juei > de la contrapane. En la clandestinidad del expediente escrito se emprenden toda clase de maniobras que no se introducirían en el ambiente aireado v bien iluminado del juicio oral.


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acalorada, recibirá el juez alguna luz provechosa para el conocimiento de la verdad. 2. Respecto

de las

pruebas

96. Su IMPORTANCIA FUNDAMENTAL. — Si bien la inmediación es deseable en cuanto se refiere a las alegaciones de las partes, ella no es en todo caso imprescindible. Aun es posible concebir un sistema eficaz si se estatuye que las exposiciones y pretensiones de los litigantes se formulen por escrito o a través de otros intermediarios que las comuniquen al tribunal. Las distintas oportunidades que se pueda conceder a las partes para hacer conocer sus razones y refutar a las del adversario, han de permitir en cierto modo que el debate quede claramente planteado. Lo que no puede admitirse sin desmedro de la eficacia del proceso, es que se ignore la inmediación en el recibimiento de las pruebas. Quizá por eso algunos autores consideran que los principios antagónicos de mediación e inmediación sólo se refieren al modo y método de recepción de las pruebas, y que las diferencias entre oralidad y escritura se refieren únicamente a las alegaciones . Recordemos, pues, en líneas generales, qué se entiende por " p r u e b a " en el proceso civil y cuál es su necesidad. 108

97. LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL. CONCEPTO. — Ya en el capítulo II, apartado 2, de este trabajo, hemos anticipado algunas ideas al respecto al hablar del proceso y su eficacia. Allí formulamos diversas consideraciones sobre lo que debe entenderse por "verdad" de los hechos a los fines del proceso y según cuales fueran los intereses a satisfacer en cada clase de juicios. Dicho tema empalma necesariamente con este de la prueba que entramos a considerar. Los jueces en sus sentencias deben aplicar el derecho declarando el que debe imperar en el caso sometido a su decisión. Pero las normas de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, se refieren a situaciones o supuestos de io» S T H N , titado por W Y N E S S

M I L L A R , op.

cit.,

p.

169.

86


hecho cuya existencia real es la condición que la norma exige para que sea aplicable la consecuencia jurídica que ella misma sanciona. Los que acuden a los estrados de la justicia, como actores o demandados, invocan en su favor los efectos de una norma jurídica que les otorgaría la protección reclamada; mejor dicho, el bien cuya tutela solicitan. Para ello deben afirmar como ciertos los hechos concretos cuya concurrencia, debidamente acreditada, permitirá al juez reconocerle los beneficios de la norma citada. Esta necesidad, en el proceso civil, de afirmar los hechos en que se funda la pretensión, es lo que se conoce como "carga de la afirmación", según ha dicho CARNELUTTI. Luego, será menester acreditar la exactitud de tales afirmaciones. Es decir, será indispensable provocar en el juez la convicción de que los hechos contenidos en la afirmación han tenido lugar del modo que en ella se sostenía. Se ha de probar la verdad de las proposiciones para que el juez aplique el derecho que es su consecuencia. !)8. OPINIONES DOCTRINALES. — Dice COUTURE ; "Los hechos y los actos jurídicos cuando dan motivo a un proceso, son objeto de afirmación por parte de aquellos individuos a quienes afectan. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciarse, no puede, lógicamente, pasar por las simples afirmaciones de las partes, y debe disponer de medios de verificar la exactitud de esas proposiciones. Es menester comprobar la verdad o falsedad de esas afirmaciones con el objeto de formarse convicción a su respecto. " T o m a d a en su sentido procesal la prueba es, en consecuencia, un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el j u i c i o " . ALSINA, ai concretar su concepto de la prueba" , y en medio de otras explicaciones que nos la presenta como "in110

1

1 1 0 Fundamentos, op. til., ps. 124 y 125. n i AI-STNA, Tratado, t. ÍI, p. 171. Mientras escribimos estas páginas en que litamos al maestro, nos ha conmovido !a noticia de su muerte, ocurrida de modo


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vestigación de los hechos" o modo de "averiguar cómo ocurrieron las cosas", termina por coincidir con la doctrina moderna, sosteniendo que "en su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significación corriente expresa una operación mental de comparación. Desde este punto de vista, la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte, con los medios producidos para abonarla". SENTÍS MELENDO a f i r m a " que en CARNELUTTI hallamos una exacta noción lógica de las pruebas, cuando dice (La prova civile, p. 48, ed. 19-17): "El objeto de la prueba no son los hechos sino las afirmaciones"; "no pertenece a la prueba el procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afirmada, sino por el contrario aquel mediante el cual se demuestra o se halla una verdad afirmada". Y agrega SENTÍS MELENDO que "como piedra de toque, ofrece CARNELUTTI el ejemplo de la operación aritmética: mientras no se ha efectuado la operación, esto es, mientras no hay una afirmación, no puede haber una prueba". Lo mismo sostenía COUTURE cuando decía' : " E l convencimiento del magistrado depende, en el derecho vigente, en manera muy especial, de la actividad probatoria de las partes. Más que a un método científico de investigación, la prueba civil se asemeja a la prueba matemática; es una operación de verificación de la exactitud o el error de otra operación anterior". Es actualmente cosa admitida por la doctrina procesal que en materia civil la prueba no es más que lo antes expresado: "un medio de contralor o comprobación de las afirmaciones que los litigantes formulan en el j u i c i o " . El objeto de la prueba no es de ninguna manera la "averiguación" o "investigación" de la "verdad" de los hechos. En virtud de la vigencia del principio dispositivo en el 1

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inesperado en octubre de 1«5B. Si mucho h.ibta recibido de íi !a ciencia procesal de nuestra patria, más aún se esperaba de su madurez intelectual y stt cultura especializada. Le rendimos el homenaje de nuestra respetuosa recordación. '!= Op. cit., p. 174. Op. cit., p. 126.

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proceso civil, el juez no conoce otros hechos que los que las partes han afirmado, ni otras pruebas que las que ellas mismas han suministrado. En el sistema vigente, y salvo limitadas excepciones, no se le confía al juez la misión de investigar los hechos o averiguar la verdad. 99. DIFERENCIA CON LA PRUEBA PENAL. — En esto estriba su diferencia con el juez en lo penal. Éste sí que investiga, puesto que busca y procura conocer hechos ignorados y sus circunstancias ocurrentes; y para ello tiene amplias facultades de inquisición. Ya hemos explicado en el capítulo n, 2, que la distinta intensidad y gravedad de los intereses en juego es la que justifica que en el proceso civil —donde el conflicto suele no trascender del ámbito privado de las partes— la prueba se limite a una verificación de las afirmaciones, en grado tal que el reconocimiento del demandado —o del actor, en su caso— detiene toda actividad de comprobación, debiendo tenerse por ciertos los hechos así admitidos, salvo que fueren imposibles o inverosímiles o hubiera prueba en contrario. En cambio, en el proceso penal y en aquellas causas civiles en que se discuten cuestiones que interesan al orden pú blico —asuntos de familia, insanias, etc.—, el mayor interés comprometido impone una actividad procesal más empeñosa en el descubrimiento de la verdad. Un aspecto de esta cuestión ha sido ingeniosamente enfocado por SENTÍS MELENDO , quien afirma que aquellas diferencias de método no corresponden a una naturaleza distinta del proceso civil respecto del penal. Razona así: " E s que la investigación o averiguación se realiza durante el período instructorio y por el juez instructor, el cual, como órgano de la justicia penal, tiene mucho más de «instructor», que de juez; de igual manera que ese período no es una fase probatoria del juicio penal sino una etapa instructoria anterior al mismo. . . ¿por qué no existe ese período preliminar en el proceso civil? Pues muy sencillo; porque en lo 111

n « Op. cit., ps. 177 y 178.


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civil, la averiguación, la investigación de los hechos, la realiza el ciudadano particular, en virtud de que sólo a él le afecta el asunto, en virtud de que sólo él tiene interés. Comoquiera que él ya ha cuidado de averiguar, de indagar, de inquirir, y en su caso, de investigar, puede «afirmar» los hechos. Y si no ha averiguado, ni investigado, y no puede traducir en afirmaciones esas averiguaciones o investigaciones, le será imposible formular la demanda ' . Solamente sobre tales afirmaciones se practica la prueba. " E n lo penal, el sumario es anterior al juicio, no es una etapa de él; hay averiguación o indagación o si se quiere investigación; no hay prueba; al procesado se lo indaga o bien se lo ha indagado como imputado; se le recibe declaración indagatoria; el procedimiento puede ser inquisitivo sin que con ello se falte a la esencia del juicio. Las afirmaciones se contienen en la acusación y en la defensa; y en el juicio (plenario) hay prueba". De todos modos recordemos que la prueba es un modo de crear la convicción del magistrado. Tiende a formar en el ánimo del juez un estado de certeza respecto de la realidad de un hecho controvertido. Por ello es que, volvemos a insistir, si la prueba está dirigida al juez para formar " s u " convencimiento, no es posible concebir que él no intervenga personalmente en la realización de las diligencias que procuran precisamente mostrarle la verdad de los hechos que " é l " deberá tener por acreditados o no. Sea que los hechos fueran averiguados o investigados por las propias partes antes de formular sus afirmaciones en el juicio, sea que tal averiguamiento se practique por el juez de instrucción en una etapa anterior al " j u i c i o " propiamente 1

5

1 1 5 En genera!, casi no tiene ni necesidad de averiguar tos hechos, puesto que él los ha vivido personalmente o tomado participación en ellos. Lo que necesitará es hallar medios de prueba para formar la convicción del juez. Salvo en algunos pocos casos en que ios hechos lo afectan sin haber actuado en ellos, como cuando ignora la identidad del causante de un daño en sus bienes o las circunstancias en que se produjo; lo que tendrá que indagar antes de formular la demanda. El juez de instrucción, en cambio, no ha vivido los hechos y es un extraño a ellos.

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dicho, como lo aprecia SENTÍS MELENDO; en cualquiera de ambos casos tales indagaciones conducen a la afirmación de hechos —en la demanda y contestación; acusación y defensa— que será necesario "probar", esto es: verificar y demostrar como cierta en la convicción del magistrado. De manera que aun en las causas civiles de objeto menos trascendente será menester tal demostración. Como no es el propósito de este trabajo desarrollar la teoría general de la prueba, sino sólo el de analizar el modo de vinculación del juez con los medios probatorios, no creemos del caso examinar lo que la doctrina ya tiene estudiado respecto del objeto, la carga, el procedimiento y la valoración de la prueba en el proceso civil. Nos basta, a nuestros fines, con haber recordado someramente lo que se entiende por "prueba civil" y su necesidad lógica. 100. DIVERSOS SENTIDOS; CLASIFICACIÓN. — Al examinar, como lo hacemos, el principio de inmediación respecto de la actividad probatoria, comenzamos por señalar —siguiendo a G o L D S C H M i m * — dos aspectos o sentidos en que puede manifestarse dicho principio: o) un sentido subjetivo o f o r mal que se refiere a la utilización inmediata de los medios probatorios por parte del juez; recepción y conocimiento directos y sin intermediarios; b) un sentido objetivo o material, que exige que el juez sólo haya de utilizar los medios de prueba inmediatos o los más inmediatos posibles respecto de los hechos a conocer. 1 1

Veamos ambos aspectos de nuestro principio: a) Sentido subjetivo o jormal

101. CONCEPTO. — Este sentido bajo el cual puede comprenderse el principio de inmediación respecto de las prueüfl J A M E S C O L D S C H M I D T . Derecho procesal civil, traducción por Leonardo Piicto Castro, con adiciones de Niceto Alcalá Zamora > Castillo, Editorial Labor, Barcelona, 1936, ps. 87 y ss.


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bas, examina cómo el juez ha de utilizar los medios de prueba; cual debe-ser s u relación de proximidad con ellos. Ya hemos insistido a lo largo de todo este estudio de qué manera es necesario asegurar que el juez intervenga personal y directamente en la recepción de los materiales probatorios que luego, e indefectiblemente, él y sólo él deberá apreciar y valorar para formar su juicio sobre los hechos discutidos en el acto de pronunciar la sentencia. 102. MEDIOS DE PRUEBA. RECONOCIMIENTO JUDICIAL. — Como consecuencia de ello se impone: I) Tratándose del reconocimiento judicial de lugares o cosas en los cuales o respecto de los cuales se han desarrollado los sucesos objeto de la controversia, tal reconocimiento —entre nosotros llamado "inspección ocular"— debe llevarlo a cabo personalmente el juez o tribunal que deberá apreciar en forma directa y de visu sus circunstancias y accidentes. En lo posible deberá evitarse delegar en otras autoridades el examen de tales lugares o cosas; y cuando la apreciación de los objetos exija conocimientos especiales en algún arte o ciencia, sin perjuicio de designar entonces peritos para ilustrar al juez sobre las cuestiones técnicas, éste deberá asistir al lugar de la diligencia para percibir a través de sus propios sentidos las cosas en examen y poder interpretar con mayor acierto la explicación pericial" . 1

103. PRUEBA INSTRUMENTAL. — 2) Respecto de la prueba instrumental, los documentos deberán presentarse en sus orin " Refiriéndose a las ventajas de la inspección ocular como prueba por excelencia, S A L V A D O R D E L A C O L I N A , en su Derecho y legislación procesa!, op, tlf., t. ir, p. 12(i, ñola, relata: "Siendo juez de primera instancia en La Rioja. realicé una inspección ocular en un pequeño terreno respecto del que una pobre mujer anciana, que ¡o ocupaba, dedujo interdicto de retener, porque se veía turbada en la posesión de parte de! inmueble. Defendió en el acto sus derechos con mucha elocuencia". "¿Que no tengo papeles?, decía. ¡Bueno! Ellos (los turbadores) tampoco tienen ni un p e d a c i t o . . . ni pa pitar. Pero yo tengo una prueba mejor, la raiza!: estos naranjos que planté cuando era joven. En los papeles ponen picardías, pero nadie hace crecer las plantas en menos tiempo del que Dios manda. Que caven, señor juez, en esos pozos, \ verá que esos Arboles tienen mas de cincuenta años, "La prueba fue decisiva y en el día se decretó el amparo".

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ginales o copia legalizada si se tratara de instrumentos públicos, a fin de que el tribunal aprecie directamente su texto, redacción, tipo de escritura, papel, tinta, modo de impresión utilizado, espacios blancos, dobleces, firmas, signos, vetustez y tantas otras circunstancias que influyen sobre la estimación de su autenticidad material y conceptual o que denotan las circunstancias particulares de su expedición. 1 0 4 . DECLARACIONES CONFESURÍAS Y TESTIMONIALES. — 3) La confesión de las partes y las declaraciones de los testigos ha de recibirlas también personalmente el propio magistrado. Dice SARTORIO" : " E l examen ha de adecuarse a la condición y estado del deponente. Las propias respuestas son una sugerencia al juez para enderezar su interrogatorio acomodándolo a poner de manifiesto al testigo ladino como a facilitar las declaraciones sinceras". Y citando a CARAVANTES {t. i i , p. 218), expresa: " E l juez debe oír al testigo con agrado y mansedumbre y mirándole a la cara, pues en el semblante puede a veces conocer la sinceridad o falsedad de su deposición". 8

CHIOVENDA" cita a MARIO PAGANO en este párrafo: " . . . E n la viva voz hablan también el rostro, los ojos, el color, el movimiento, el tono de la voz, el modo de decir y tantas otras diversas circunstancias pequeñas, las cuales modifican y desarrollan el sentido de las palabras generales y suministran tantos indicios de ellas a favor o en contra de la afirmación de las palabras. La muda lengua, la elocuencia del cuerpo, para valemos de la frase de T u í i o , de la misma manera que es más interesante, así también es más verídica que las palabras y puede ocultar menos la verdad. Todos los signos contemplados se pierden en la muda escritura y faltan al juez los más claros y ciertos argumentos". Y a continuación agrega CHIOVENDA: " E n LESSONA se pueden ver citados los viejos doctores que a c o n s e j a b a n . . . 9

" a De la prueba de testigos, p. 130. ¡ i » Ensayos, vol. n, p, 4 9 3 .


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hacer constar en el acta también el cambio de color del testigo {!). Pero lo peor es que LESSONA no encuentra cosa más acertada que recomendar al secretario que refiera cuidadosamente el tono de la voz, los movimientos, etc. ¿Y no es mejor someter estos signos a la directa observación del juez que debe pronunciar la sentencia? En ello está el principio de la inmediación". Y agrega el maestro: " E l juez que debe sentenciar no puede valorar las deposiciones oídas por otro, y más o menos exactamente recogidas en el acta, tan bien como aquellas que él mismo ha oído con el espíritu de observación aguzado por el pensamiento y por la responsabilidad de deber juzgar". 105. PRUEBA PERICIAL. — 4) Lo mismo decimos en cuanto a la prueba pericial. El juez, además de procurar asistir al lugar de la diligencia —como ya dijimos—, debe estar en condiciones de poder interrogar personalmente al experto en presencia de las partes a fin de lograr la debida aclaración de sus dudas; la explicación de afirmaciones técnicas o sintéticas; la armonización de conclusiones antagónicas o aparentemente tales y la satisfacción de todas las inquietudes que el caso suscite. 106. CONCLUSIÓN. — De este modo se concretará la inmediación del juez respecto de los medios de prueba; y como es lógico, para asegurar sus efectos, el juez debe ser el mismo durante todo el proceso, y el que asiste a la recepción de las pruebas ha de ser el que pronuncie la sentencia. Ya dijimos que de otro modo los propósitos de la inmediación se habrían frustrado. b) Sentido objetivo o material

107. CONCEPTO; ADMISIÓN. — Este aspecto del principio examina qué medios probatorios ha de utilizar el juez, o sea la relación de los medios de prueba con la cuestión a probar. Como lo reconoce GOLDSCHMIDT, es de advertir que es extraordinariamente controvertido que el principio de inme-

EXAMEN SISTEMÁTICO DEL PRINCIPIO diación en su aspecto objetivo o material sea admitido en el derecho vigente, por imperio de la ley"". Pero aunque la enumeración legal no señala entre los fliversos medios de prueba una ordenación lógica derivada de su naturaleza o de su vinculación con los motivos de prueba, es de señalarse —como lo hace COUTURE — que ciertos medios de prueba tienen un carácter directo, por cuanto suponen un contacto inmediato del magistrado con los motivos de prueba —con los hechos o situaciones a probar—; que otros, ante la imposibilidad de una relación directa, acuden a una especie de reproducción, reconstrucción o representación de los motivos de prueba; y otros hay, por último, que a falta de métodos de verificación directa o por representación, se fundan en un procedimiento lógico de deducciones o inducciones. Al respecto dice ALSINA: "Hay ciertos hechos que graban . la conciencia sin el auxilio de ningún intermediario y cuya impresión es tan viva como la luz en la vista; otros, en cambio, no los percibimos sino por medio de otros hechos precedentemente recibidos, aplicando el raciocinio, que nos conduce de lo conocido a lo desconocido. En el primer caso el conocimiento es directo o inmediato, porque se aplica al hecho misino; en el segundo es indirecto o mediato porque se conoce el hecho que se investiga a través de otro h e c h o " - . De estas ideas surge la existencia de un cierto orden de prelación o preferencia entre los medios de prueba según fuere más o menos inmediata la relación que cada uno de ellos procura al juez respecto de los motivos de prueba o hechos a acreditar. Y asi: 121

1

108. PRUEBA DIRECTA. PERCEPCIÓN. — A) En primer lugar tenemos la prueba directa o inmediata, por percepción, que nuestra ley procesal conoce bajo el nombre de "inspección ocular". Ella consiste en la experiencia actual y viva que se produce por el contacto personal y sin intermedia1 2 0 G O I J J S C l l l l l D T , Op.

dt.,

T>.

89.

" i Op. cit., Fundamento*, p. 167. i--' Op. cit.. i I T , ps. 174 y 175.


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ríos entre el juez y los hechos u objetos que es necesario probar. Este modo directo de conocimiento es considerado como el primero y más eficaz de los medios probatorios. Él provoca la evidencia misma del juzgador en presencia de las cosas o hechos motivo de controversia. No se trata de la mera evidencia interna, por intuición o libre convicción personal, sino de la evidencia externa que que se logra en condiciones en que puede ser vivida, controlada y compartida por terceros de un modo objetivo. Aquí, el principio de inmediación, en cualquiera de sus aspectos, actúa con toda su intensidad y eficiencia. En los casos en que Jos hechos, cosas o lugares examinados por el magistrado presenten modalidades o calidades que no le sea posible apreciar por sus propios sentidos o a través de sus personales conocimientos, será necesario —como ya dijimos— acudir al auxilio de personas especializadas —técnicos o peritos— que por su preparación científica en la materia respectiva o el uso de instrumentos especiales, estarán en condiciones de hacer explicable al juez los fenómenos observados, permitiéndole una apreciación objetiva de ellos. Pero, este medio de conocimiento, la inspección judicial u "ocular", no puede utilizarse sino en muy contados casos. Los hechos de la vida, sobre los cuales versa el litigio, generalmente son fugaces o pasajeros, y es poco frecuente que ellos perduren hasta el momento del pleito, y más aún en aquel en que deba dictarse la sentencia. Por ello debe acudirse, en un orden gradual de preferencia —aunque casi siempre se los utilice en forma mixta o combinada— a los demás medios de prueba. 1 0 9 . PRUEBA INDIRECTA. REPRESENTACIÓN. — B ) A falta, pues, de la percepción directa, ésta es sustituida por la representación. Es la reconstrucción presente de un hecho ausente. Ella puede producirse de dos maneras: ya sea mediante documentos, como los contratos que las partes redactan cui-

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d a d o s a m e n t c para acreditar el hecho, sentido y alcance de su a c u e r d o de voluntades; ya sea m e d i a n t e relatos de q u e será necesario valerse en los casos en q u e n o sea posible aquella d o c u m e n t a c i ó n reflexiva ( p r u e b a preconstituída), c o m o en los supuestos de hechos ilícitos, delitos, cuasidelitos, etc. Esta r e p r o d u c c i ó n de los hechos, m e d i a n t e relatos, es llamada en general " t e s t i m o n i o " . 123

A su vez se manifiesta de dos maneras: 1) el relato efect u a d o p o r las propias partes, que es la confesión o el juram e n t o . C o m o se trata de la admisión de un h e c h o sostenido por el c o n t r a r i o y en perjuicio d e ! propio interés, se acoge c o m o prueba fundamental, pues una firme inducción permite a f i r m a r q u e sólo por respeto a la verdad se reconoce aquello q u e nos trae d a ñ o ; 2) el relato efectuado por terceros ajenos al pleito, a quienes n o les m u e v e ningún interés personal en él, es la p r u e b a d e testigos. Éstos, a su vez, pueden deponer sobre hechos caídos d i r e c t a m e n t e bajo la acción de sus sentidos o sólo conocidos a través de simples referencias de terceros. Se trata, d e todos modos, de una p r u e b a indirecta. 110. PRUEBA POR INDUCCIÓN. — C ) P o r último, a falta d e los mencionados medios d e prueba, o c o n c u r r i e n d o con ellos, tenemos la prueba por inducción. P a r t i e n d o de la existencia real de otros hechos o circunstancias probadas, se llega por simple r a z o n a m i e n t o a la admisión de un h e c h o desconocido q u e se infiere a través de aquéllos. Los datos de q u e se parte se llaman rastros o indicios, y la p r u e b a así obtenida p o r inducción se llama presunción, que puede ser " l e g a l " si la sanciona la misma ley, y " j u d i c i a l " u "hominis" si sólo es el prod u c t o del raciocinio d e ! magistrado. E n la formación de aquélla puede c o n t r i b u i r la labor de los peritos, q u e con ayuda de su ciencia pueden permitir el c o n o c i m i e n t o de hechos ignorados o dudosos infiriéndolos de hechos ya comprobados. Sus conclusiones se apoyan >a

ALMNÍ,

op,

cit..

i. ii, p.

176,

LA 1 [XMEDÍACION EN EL PROCESO CIVIL

97

en el suceder lógico y necesario de ciertos hechos o fenómenos con relación a otros. 111. EFICACIA ACRECIENTE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. — De la ligera mención que hemos efectuado, de los diversos medios de prueba, podemos comprender que la eficacia de todos ellos no es igual para alcanzar la convicción necesaria sobre la verdad de los hechos controvertidos. La prueba se hace más débil e incierta a medida que el juez se va alejando de Jos motivos de prueba por la inclusión, entre ellos, de los elementos intermediarios. La firmeza indiscutible de la inspección ocular sólo puede resentirse por los defectos naturales de los sentidos humanos, y puede asegurarse con la ayuda de peritos o instrumentos idóneos de observación. Le sigue en eficacia la representación por documentos, ya que éstos normalmente reflejan en forma deliberada y consciente la voluntad de los sujetos. La que se obtiene por relatos es menos valedera. Si se trata de los de las partes, a éstas les afecta la pasión y el propio interés. Sólo son creídos en cuanto tales relatos les perjudiquen en la causa. En cuanto a los testigos, son muchos los motivos que pueden debilitar la eficacia de sus afirmaciones: defectos de los sentidos; el tiempo trascurrido; fallas de la memoria; pobreza en la narración; pasión o interés personal en favor o en contra de alguna de las partes; inexactitudes de las actas en los procesos escritos; errores de criterio; inhibiciones, temor, etc. La llamada prueba de "presunciones" es más débil aún como elemento de convicción judicial. El riesgo de falsos razonamientos, las falacias y sofismas, la falsa experiencia, la falsa percepción, la debilidad de los indicios, etc., hacen de este medio de prueba el más inseguro. Por eso casi nunca es aceptado por sí mismo si no es apuntalado por otros más concretos, como fuente de convencimiento.

S - Ejaner.

EXAMEN SÍSTEMÁTÍCO DEL PRINCIPIO

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1 i 2. COROLARIOS. — Es en virtud de esta distinta eficacia de cada uno de los medios de prueba, que GOLDSCHMIDT, al referirse a este aspecto objetivo del principio de inmediación, después de aclarar su dudosa admisión en los códigos, propone los siguientes corolarios: 1) Si cabe la prueba de inspección ocular o de documentos dispositivos, no debe ser admitida la de testigos o peritos. Ello así, ya que los testigos sólo deben utilizarse para la comprobación de hechos pasados, pero no para acreditar cosas o hechos actuales que el mismo magistrado puede verificar personalmente por sus propios sentidos. 2 ) Si es posible recibir directamente la declaración de testigos o peritos, no debe aceptarse en su lugar actos o documentos donde consten sus declaraciones anteriores en otros procesos o extrajudiciales mediante escritos. 3 ) Si es posible obtener testigos presenciales de los hechos, no deben admitirse los de referencia. 4 ) Si es posible obtener cualquiera de los otros medios de prueba, deben preferirse éstos a los meros indicios y las respectivas presunciones. Como se puede observar, este aspecto del principio de inmediación tiene en cuenta la mayor o menor distancia que separa al juez de los hechos a probar; y aconseja excogitar siempre aquellos medios que aseguren un contacto más directo y personal, o sea más inmediato y por lo tanto más eficaz. 3. Inmediación

en

el

tiempo

1 1 3 . CONCEPTO Y EFICACIA. — El gran procesalista germano que fue ADOLFO SCHÓNKE, al ocuparse de nuestro principio *, destaca dos aspectos que son a su vez elementos de él: a) Inmediación en el recibimiento de la prueba. Aquí explica lo que ya hemos analizado respecto de dicho principio, en cuanto exige una relación personal y directa del juez con los 12

1 2 * A D O L F O S C H Ü N R E , Derecho procesal Castio. Bosch. Barcelona, 1950, p. 41.

civil,

traducción de Leonardo Prieto


99

medios d e prueba, b) Inmediación en la apreciación d e la p r u e b a . E n este a p a r t a d o , el referido a u t o r —ya desaparecid o — enseña q u e aquel principio impone una inmediata discusión y fallo d e la causa, Es d e c i r : apenas producida la sustanciación de las pruebas, sin d a r m a r g e n de d e m o r a o postergación alguna, debe exigirse q u e se formulen los alegatos d e las partes ante el tribunal, y a su vez, apenas o c u r r i d a la discusión de la causa, clausurado el debate, debe dictarse el fallo correspondiente. De este m o d o se pretenden asegurar las ventajas d e la inmediación en el desarrollo de la causa y recepción de las pruebas; ya q u e el beneficio o b t e n i d o por la intervención directa y personal de los miembros del t r i b u n a l se debilitaría g r a d u a l m e n t e si se admitiera q u e los alegatos se postergaran, o si luego de terminada la discusión aquél dejara trascurrir largo tiempo sin p r o n u n c i a r la sentencia, que debe reflejar lo más fielmente posible el c o n o c i m i e n t o y las impresiones adquiridas por los jueces d u r a n t e la vista d e la causa. Este aspecto del principio de inmediación, en realidad, n o es sino una de las condiciones de su eficacia. A él nos hemos referido en el capítulo vi, a p a r t a d o 2, de este trabajo, al analizar las relaciones e n t r e nuestro p r i n c i p i o y el d e " c o n c e n t r a c i ó n " , cuya finalidad, a! realizarse, obtiene también lo q u e SCHÓNKE ha llamado " i n m e d i a c i ó n en la apreciación de la p r u e b a " .

PARTE TERCERA E L PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS

CÓDIGOS

CAPÍTULO V I H LA I N M E D I A C I Ó N EN LAS L E Y E S P R O C E S A L E S ARGENTINAS i 14. ITINERARIO. — Después de haber examinado el principio de inmediación en su aspecto doctrina!, en su ubicación en la ciencia del derecho procesal, en su evolución histórica y en la legislación de diversos países extranjeros, creemos llegado el momento de analizar cómo o en qué medida dicho principio ha hallado o no cabida en los regímenes procesales civiles vigentes en nuestro país. Buscaremos sus huellas a través del Código de Procedimientos de la Capital Federal —semejante en esto a los de varias provincias argentinas—; sus recientes leyes de reformas; !a ley federal 50; las ieyes de justicia de paz y la que instituye el fuero laboral en la Capital Federal; los proyectos Lascano y Podetti; las leyes de Mendoza, La Rioja y j u j u y , y la que crea los tribunales del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Como ya hemos estudiado con detenimiento las condiciones procesales en que la "inmediación" puede verse realizada y satisfecha, explicando su repercusión directa en la eficacia del proceso, en e! examen que a continuación emprenderemos de las leyes argentinas respecto de esta materia, nos limitaremos a señalar los métodos adoptados y las disposiciones legales que de algún modo se refieren a ella. Los breves comentarios, que en algún caso adosaremos, tendrán por supuesto el conocimiento previo del problema que dejamos meditado en las páginas que anteceden.

104

EL PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDIGOS 1. Código de Procedimientos en Materia Comercial de la Capital Federal

Civil y

115. ANTECEDENTES FILIATORIOS. — La ley ritual que rige en la Capital Federal, en materia civil y comercial, es vieja y deficiente. Recordemos las palabras de LASCANO reproducidas en la primera página de este trabajo. Dicho código se aprobó en 1880, para regir en la provincia de Buenos Aires, y al federalizarse su capital quedó como ley procesal para el distrito federa!. Su antecedente inmediato es el proyecto de 1878, que sigue los lincamientos del Proyecto Domínguez, que a su vez lomó como modelo la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. Al haber adoptado el procedimiento escrito.y formal, a su vez recogió la herencia de defectos y aberraciones que son el cortejo necesario de aquel sistema, como ya lo hemos explicado con anterioridad. 116. PANORAMA GENERAL. — La demanda, su contestación y los alegatos de bien probado se formulan en piezas escritas. La prueba, aun la que se recibe oralmente, se reproduce y conserva en actas escritas agregadas al expediente. La ley indica algunas oportunidades en que los jueces tendrían que ver y oír a las partes y éstas a sus jueces; y concibe al magistrado recibiendo personalmente la prueba testimonial y de confesión. T a m b i é n el Código brinda fugaces ocasiones a la inmediación en algunos juicios especiales y sumarios. Pero en la realidad la "inmediación" está totalmente ausente de nuestras prácticas procesales evadiéndose del escaso y miserable lugar que le asignó el legislador en el sistema del Código. En las demás provincias argentinas, cuyos códigos reconocen la misma raigambre hispánica con filiación en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, la situación es la misma, salvo —por su distinto origen— los modernos códigos de Mendoza, La Rioja y Jujuy.

LA INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENTINAS

105

Por eso, al igual que lo hicieron los comentaristas de la ley española , prevenimos desde ya que algunos textos del código de la Capital pueden hacer pensar que dentro del riguroso procedimiento escrito se ha dado cabida, al menos, a actuaciones y diligencias en las cuales la asistencia personal del juzgador —impuesta por diversos artículos— permite concretar algún grado de inmediación útil a la mayor eficacia del proceso. Y por supuesto, advertimos que ello, lamentablemente, no ocurre así ni en los pocos casos en que podría suceder conforme a la letra de la ley. 125

Citaremos a continuación las principales disposiciones que imponen la presencia e intervención directa del magistrado. 117. CONCILIACIÓN. — El art. 64 establece: "Los jueces deberán procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimientos amigables, y a ese efecto tendrán la facultad de convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio, siempre que crean posible conseguir aquel objeto". Esta disposición inviste al magistrado de facultades conciliatorias, por lo cual era de esperar de ella mayores resultados que los que en la práctica se han logrado. Por una parte, permite obtener acuerdos o transaccio-" nes que pongan término al litigio o en todo caso limiten sus alcances, cuando se consiguen avenimientos parciales sobre algunos de los puntos discutidos. Por otra, da una oportunidad al juez para conocer personalmente a las partes e interiorizarse, desde ya, del sentido de la controversia; y a las partes, para conversar, ver y oír a su juez y llevarse la impresión de que su causa está siendo atendida por la justicia con el interés que aquélla reclama. Su poco éxito se debe a que no se hace uso de tal facultad con la frecuencia necesaria, y, además, a que pocas veces asiste el propio juez a las respectivas audiencias que se celebran 126 Ver ñolas 7! y 72.

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EL PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDIGOS

con intervención del secretario u otro funcionario de menor jerarquía, que por ello no es capaz de influir sobre las partes como podría hacerlo el propio juez —discretamente y sin prejuzgar, desde luego— en razón del respeto y consideración que merece su investidura y la calidad de su persona. El art. 6 4 de la ley de reformas 1 4 . 2 3 7 fija una audiencia para "oír a las partes" acerca de la cuestión planteada y procurar que lleguen a una solución directa, en los juicios de alimentos, litis expensas y tenencia de hijos. Desde luego que esta norma supone la asistencia del juez a la audiencia. Le caben las mismas observaciones prácticas que a la anterior comentada. 1 1 8 . ACTUACIONES DE PRUEBA. TESTIMONIAL. — Refiriéndose a las actuaciones de prueba, el art. 1 2 1 del Código establece: " E l juez asistirá siempre a las que deban practicarse fuera del juzgado pero dentro de la ciudad donde tenga su asiento". Como es lógico suponer, también deberá asistir a las que se practiquen en el mismo tribunal. Después de sentado ese principio, el mismo art. 1 2 1 en sus apartados 2 y 3 traía excepciones para la prueba testimonial en juicios de menor cuantía y en los de monto indeterminado; en cuyos casos la recibía el secretario; o el mismo juez sólo en caso de que lo pidiere alguna de las partes. Con respecto, también, a la prueba testimonial, el art. 1 8 8 dispone: " . . .Si las partes estuviesen presentes, el juez o secretario en su caso, podrá pedirles —a Jos testigossobre los hechos, las explicaciones que juzgue necesarias". Pero la ley 1 4 . 2 3 7 , en su art. 3 1 , y el decreto-ley 2 3 . 3 9 8 / 5 6 , de reformas al Código de Procedimientos, sobre esta materia, han venido a consagrar en fórmula legal lo que en la práctica venía ocurriendo en infracción a la letra de la ley. Han establecido, tanto el art. 3 ! de la ley 1 4 . 2 3 7 , como el art. 1 3 del decreto-ley 2 3 - 3 9 8 / 5 6 - a m p l i a n d o el texto del art. 1 8 8 del C ó d i g o - : " L a prueba testimonial será recibida por el secretario, siempre que no se pidiese al ofrecerla que la reciba el juez". 9

Q

LA INMEDIACIÓN EN I.AS LEYES PROCESALES ARGENTINAS

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Como dice SENTÍS MELENDO'* , "con este precepto se da estado legal a lo que venía siendo una corruptela admitida con carácter general en la vida judicial de casi todos los países. Mejor es que el juez esté ausente con toda legalidad, que no que lo esté infringiendo la ley procesal. En uno y otro caso se falta al principio importantísimo de la "inmediación", pero con el sistema actual el juez no falta además a su deber. Ante la imposibilidad de que el juez reciba las declaraciones —agrega SENTÍS MELENDO—, me parece bien que se le libre legalmente de esa carga; si a lo largo de siglos no se ha conseguido que los jueces cumplieran (por lo visto en casi ningún país) con ese deber esencial de su cargo, bien está que el legislador se dé por vencido". 8

No compartimos la necesidad de esta derrota ni la de esta —seguramente intencionada— resignación del citado autor. Soluciones indudablemente existen para afianzar la supervivencia de aquel anhelado principio; y ellas han de buscarse, en todo caso, en una distinta organización de la justicia y especialmente del sistema procesal vigente. 119. ABSOLUCIÓN DE POSICIONES. — Con referencia a la prueba de confesión o de "absolución de posiciones", el art. 128 del Código, entre otras previsiones, dispone: " . . .En la audiencia señalada, el interesado las manifestará y el juez hará sobre ellas el e x a m e n " . . . " E n la Suprema Corte y Cámaras de Apelación, las posiciones serán recibidas por el presidente, pero en presencia del tribunal". Por su parte, el art. 131, autorizando incluso las interrogaciones pertinentes a fin de asegurar la eficacia de la prueba confesoria, estatuye: "Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzguen convenientes, con permiso y por intermedio del juez. Éste podrá también interrogarlas de oficio, sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad" . 127

l i e Op. cit., p. 2 6 4 .

" Es(e medio de prueba, las interrogaciones, no coincide exactamente
108


E n las disposiciones citadas, la presencia e intervención del juez n o sólo está supuesta sino e x p r e s a m e n t e exigida p o r la ley c o m o requisito de validez del acto. E n verdad, diligencias de esta naturaleza pierden, si toda, gran parte de su utilidad al practicarse en ausencia juez y aun g e n e r a l m e n t e del m i s m o secretario. Y esto l a m e n t a b l e m e n t e , lo q u e o c u t r e en la casi totalidad de veces .

no del es, las

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coadyuvante al logro de la prueba de confesión. En las posiciones, ellas deben formularse de modo aierüvo, de afirmaciones, a fin de que el absolvente conteste por si o por no. En cambio, "las preguntas y observaciones" que autoriza el art. 13! a las partes reei pío canten te j al juez para que las practique de oficio, en "averiguación de ia verdad", no están constreñidas a las formas exigidas para las posiciones y tienen por finalidad permitir que se arlare el sentido de una posición o los alcances de una íespuesla ambigua, oscura o evasiva. Las explicaciones que pueden pedir el juez o las parles a sns contrario?, deben referirse a lo que fue niatei ia de una posición formulada o ahsuelta En cuanto a la foima de las posiciones, aunque sin poder afirmar que se abandonen las clásicas prescripciones al respecto que tratan de asegurar la precisión y claridad del acto, la ley de reformas 14.237 en su art. 27 ha establecido: "No se exigirá forma determinada a las posiciones y preguntas, pero cada una de ellas no contendrá más de un hecho y serán claras y concretas, debiendo i c r s a r sobre puntos controvertidos que puedan « r de conocimiento del absolvente". Respecto de las facultades del juez en la "averiguación de la verdad" (art. 13!, in fine), ellas han sido ampliadas y afianzadas por el art. 21 de la ley 14.237, que ie permite "en cualquier estado del juicio" disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos. No debe olvidarse que en el proreso ri\il no se traía de investigar sino de corroborar o comprobar, y a ello corresponde, únicamente, el vocablo "esclarecer". i*8 f _ ¡os años que llevo ejerciendo mi profesión de abogado, ello con bastante intensidad v en todos los fueros, en esta Capital, podría afirmar que alcanzan los dedos de una sola mano para señalar las veces en que un juez ha estado presente en las audiencias de prueba —y aun de modo fugaz—, y que no son muchas más las que cuentan con la interven< ion personal y activa del secretario. Tampoco puede —al menos— decirse que ellas son atendidas por la persona del oficial l , de marcada influencia en la vida del juígado. Son empleados de muy modesta jerarquía —y no siempre de mediana ilustianón o urbanidad— los que se sientan frente a la máquina de escribir —que pocas veces dominan—, reciben las pruebas y presiden de hecho las audiencias, ejerciendo incluso facultades admonitivas y cuasidisciplinarias sobre litigantes y letrados. Es tan extraña la presencia del juez que cuando un litigante o profesional la solicila respetuosamente, es mirado como un turista venido de olro planeta. En los excepcionales casos en que el magistrado en persona visita el recinto —tampoco "sala"— de audiencias, los funcionarios y demás asistentes se ponen prestamente de pie. Xo tanto para rendir el respeto que merece la investidura, n

p


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120. PRUEBA INSTRUMENTAL. — Respecto de la prueba instrumental, el art. 150 del Código dispone: " E l juez hará por sí mismo el cotejo, después de oír las observaciones de las partes, si estuviesen presentes, y el dictamen de los peritos". Y en relación con la prueba pericial establece el art. 177: "Las parles podrán enterarse del dictamen en la oficina; y a instancias de cualquiera de ellas o de oficio, podrá el juez mandar que comparezcan los peritos a dar las explicaciones que crean c o n v e n i e n t e s . . . " . 121. INTERVENCIÓN DEL JUEZ. — Volviendo a la testimonial, dice el art. 193: "Los testigos deberán dar siempre la razón de su dicho; si no la dieren, el juez la exigirá. . . " , Todas estas normas mencionan o suponen la asistencia del juez a las respectivas audiencias o diligencias, y aunque el procedimiento sea en definitiva escrito y de todo ello habrá de labrarse "acta" que será leída mucho tiempo después al dictarse sentencia, al menos la intervención del magistrado —fuera de dejar alguna huella en su memoria— asegura el acierto y responsabilidad de los actos procesales que deben cumplirse bajo su dirección. T o d o esto, aun siendo tan poco, también se frustra por la ausencia habitual del juez. 122. ESBOZO DE ORALIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA. — En el procedimiento ordinario en segunda instancia, las expresiones de agravios, sus contestaciones, memoriales —según se conceda el recurso libremente o en relación—, se formulan por escrito. Un esbozo de "oralidad" y por consecuencia de "inmediación" respecto de las alegaciones, parece como ofrecido en materia de alegatos sobre el mérito de la prueba que se hubiera producido en la alzada. El art. 252 del Código expresa: "Dentro de tercero día, contado desde la notificación como para celebrar el sorpréndeme e inesperado acontecimiento que a todos conturba.

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de la providencia de autos, o al practicarse esta notificación y en la misma diligencia, manifestarán las partes si van a informar in voce; si no lo verifican, se podrá resolver sin dichos informes". Reglamentando el procedimiento de tales alegatos orales, a fin de asegurar su mayor eficacia, el art. 254 establece: " E n los casos en que deban producirse informes orales, no se fijará la audiencia pública para este acto, mientras que los miembros de las Cámaras no estén instruidos del expediente. Podrán informar los interesados o sus defensores, hablando en primer lugar el apelante y en segundo el apelado. No les será permitido tomar la palabra segunda vez sino con la venia del presidente, y sólo para hacer rectificaciones y restablecer los hechos que hayan podido ser presentados con inexactitud". T a m b i é n aquí la rutina devoradora del procedimiento escrito ha hecho que en la práctica casi no se conozcan tales informes in voce en materia civil, y que los alegatos se formulen por escrito en un memorial que no se agrega formalmente a los autos. 1 2 3 . ORALIDAD E INMEDIACIÓN EN LOS JUICIOS ESPECIALES. — En cuanto al procedimiento en los juicios especiales, en algunos de ellos se organizan actuaciones sumarias y concentradas que se denominan en la ley "juicio verbal" o "verbal y actuado", en los cuales se legisla y estatuye un intento de oralidad inmediatamente sofocada en un acta escrita que en la práctica se levanta —como siempre— sin la intervención del juez. En la regulación del interdicto de adquirir, el art. 571 del Código dice: " E n este juicio verbal oirá el juez a las partes o sus defensores, recibirá los documentos y testigos que se presenten, los cuales n o podrán ser más de cinco por cada parte, extendiéndose nota en que con claridad y precisión se consignen los alegatos y las pruebas producidas". Una audiencia similar se establece para el interdicto de retener en los arts. 575 y 576, y para el de recobrar la pose


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sión en el art. 5 8 2 del Código Procesal Civil. Lo mismo para el de obra nueva (art. 5 8 5 ) . Existen numerosas otras disposiciones en que se establece que el juez llamará a " j u n t a " a los interesados; o que " o i r á " a las partes oponentes; o que "recibirá las pruebas" de que intenten valerse, o fórmulas semejantes que presumen la asistencia y dirección de los actos por parte del juez, ante quien deben producirse. En estos casos, el problema se resuelve de la misma manera; el empleado disponible en secretaría, llama a las partes, recoge sus manifestaciones en acta o agrega los escritos en que ellas vienen ya redactadas, recibe las declaraciones testimoniales, confesorias u otras probanzas y redacta un proveído de rutina que dice más o menos: "oído lo cual, S.S. decreta: autos para resolver". Y así vive la "inmediación" sus virtudes entre los permeables muros del Código de Procedimientos. Refiriéndose a la oralidad en los juicios especiales en el Código Procesal Civil uruguayo —similar en esto al nuestro—, decía COUTURE: " L O primero que corresponde analizar es el fenómeno de que el código actual establece una cantidad de juicios orales que en su aplicación práctica han constituido un evidente fracaso. Es de todos sabido que el juicio oral del actual código no es otra cosa que una farsa, en la cual se llevan las exposiciones escritas; y cuando tal cosa no ocurre, el juez (¿?), las partes, los abogados y los testigos, tienen por penosa misión, la de esperar a que un escribiente termine de copiar lo que uno de ellos le dicta. Para seguir así, se dice, más vale suprimir de una buena vez la farsa e ir directamente al juicio escrito" . 129

2 . La inmediación en las leyes de reforma del Procesal Civil de la Capital Federal

Código

1 2 4 . LEY 1 4 . 2 3 7 . ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS. — La primera ley reformatoria del Código, la 4 1 2 8 , promulgada el 3 ' ¡ o E D U A R D O j . C O U T U R C , Lineas generales miento civil, en "La Ley", i. 41, p. 9S5.

del proyecto

de código

de

procedí

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El- PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDIGOS

de octubre de 1902, no contiene ningún precepto que se refiera a los problemas tratados en este estudio. Una importante modificación se ha introducido al viejo código de procedimientos —sin cambiar en general su estructura y sistema— mediante la ley 14.237, sancionada el 24 de setiembre de 1953, promulgada el 13 de octubre y publicada en el "Boletín Oficial" el 19 de dicho mes y año. En cuanto al principio de inmediación que estamos examinando, los autores que colaboraron con el Poder Ejecutivo nacional en la realización del proyecto de ley, doctores JUAN ENRIQUE CORONAS, HUGO A. OOERIGO y FERNANDO HORACIO PAYA, dicen ': " E l principio de inmediación, que no es otra cosa que el contacto de las partes y c! juez en el proceso mediante la comunicación y continuidad de los actos. . . , tampoco se realiza en el proceso actual. Claro está que en ausencia de la oralidad, es difícil realizar en toda su amplitud el principio de inmediación; pero ello no significa que aun con el procedimiento escrito no sea posible cumplir la finalidad principal del mismo mediante procedimientos que aproximen más a las partes y al juez, creando un verdadero estado de comunidad jurídica. Con la reforma se logra dar un cierto grado de amplitud al principio, mediante la continuidad de las audiencias " y el conocimiento integral de los diversos actos procesales, especialmente aquellos que versan sobre la prueba". A continuación explican la necesidad de que el juez conozca el proceso desde su comienzo, intervenga en la determinación de los hechos controvertidos a los fines del ofrecimiento y sustanciación de la prueba, y de procurar la continuidad y concentración de los actos procesales a fin de asegurar la unidad del proceso y su valoración instantánea. Luego expresan cómo entienden haber contribuido a 131

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i 3 » La reforma procesal civil, Eluciones Arayú. Buenos Aives, 1954, ps. 12 y i 3. i 3 i Que nosotros hemos recordado en ei capitulo vi, pi, 72 y ss., en que examinamos el principio de "concentración" y la relación entre éste y el de "inmediación".


i 13

realizar dichas aspiraciones en virtud de normas que enseguida analizaremos. Ya anticipamos que esta ley 14.237 no llega a cambiar ni la estructura ni el sistema de nuestro código. Es verdad que introduce un hálito de las modernas corrientes en el arcaico edificio, al robustecer los poderes de! juez según lo propugnan las ideas publicísticas en boga, y que sienta algunas normas que conducen a la buscada celeridad en el trámite; pero en general, el método de! Código y el tipo de procedimiento que él consagra —formal, escrito, dispositivo— no han sufrido alteraciones visibles con la nueva ley y menos aún con su práctica. En auxilio de nuestro postergado principio de inmediación, poco es lo que se ha conseguido en la ley de reformas; y lo poco que ésta podía ofrecernos ha sido suprimido por la nueva modificación introducida por el decreto-ley 23.398/ 56, sancionado por el gobierno provisional el 31 de diciembre de 1 9 5 6 . Los preceptos que de algún modo se refieren a la materia de nuestro tema, son los que pasamos a comentar. 132

125. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES. — El art. 21 de la ley 14.237 en su texto originario decía: " E n cualquier estado del juicio los jueces y tribunales podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos y mantener la igualdad de los litigantes o prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, i ' S F N T Í S M F . L E . N D O , en su recordada obra £1 proceso civil, que lleva por subtítulo "Estudio de la reforma procesal argentina", en la página 142 dice: "Pero estamos ante nuestra modesta reforma del Código de la Capital. Y no es mucho lo que en orden a la inmediación se avanza en ella; en el espíritu de la reforma, que se contiene en preceptos como los a n s . 21 y 23 de la ley 14.237, la inmediación está implícita o casi expresa; esos artículos no podían funcionar más que con la inmediación; el segundo de ellos, ya detogado, parece que funcionó muy deficientemente porque de la inmediación no se supo o no se quiso hacer el uso adecuado. Después, como negación absoluta de la inmediación y hasta, podríamos decir, como negación absoluta del espíritu de la reforma, está ese art. 31, según el cual el juez se libra, legalmente, de la obligación de recibir la prueba testifical; claro es que algún mérito tiene el ajustar la ley a la realidad, si es quf ^c considera imposible ty.ic esta m^pr:*". 3

9 - Eisner.

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probidad y buena fe, así como aquellos tendientes a la más rápida y económica tramitación del proceso. "Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado por el art. 64 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, cuando las partes o sus mandatarios no hubiesen comparecido a la audiencia que se fije para lograr el avenimiento de sus diferencias, o bien no concurriesen a la citación formulada para que dieran explicaciones sobre los puntos litigiosos, los jueces podrán hacer uso del auxilio de la fuerza pública. La citación a la primera audiencia se hará bajo apercibimiento de hacer efectiva la medida indicada". Por su parte, el art. 23 de la citada ley —el más discutido de ella—, el más elogiado y repelido, expresaba: " E n el auto de apertura de la causa a prueba en los juicios ordinarios, el juez convocará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes, a fin de que establezcan los hechos articulados sobre los cuales versará la prueba de acuerdo con la demanda, reconvención, o contestación de ambas, en su caso, y que sean conducentes a la decisión del juicio. La notificación se hará inmediatamente por el juzgado en papel común. La audiencia se realizará en presencia del juez, y en el acto o dentro del tercero día, según la complejidad de las cuestiones, aquél fijará definitivamente los hechos. Esta decisión será apelable en relación". Con su sentido realista pero destructivo de toda inmediación, el art. 31 —ya citado—, en su último párrafo, establece: " L a prueba testimonial será recibida por el secretario siempre que no se pidiese al ofrecerla que la reciba el juez". Ya hemos mencionado también el art. 64, referente a los juicios de alimentos, litis expensas y tenencia de hijos, donde el juez convoca a una audiencia para oír a las partes y procurar que lleguen a una solución directa. 126. INCIDENCIA DEL DECRETO-LEY 23.398/56. — El decreto-ley 23.398/56 vino a incidir sobre las dos primeras disposiciones citadas —arts. 21 y 23— de la siguiente manera: mediante el art. 21, que establece: "Derógase la segunda par-


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te del art. 21 de la ley 14.237"; y por medio del art. 9, que en su primera parte expresa: "Derógame los arts. 23, 24, 25 y 26 de la ley 14.237 y 8 de la ley 4 1 2 8 " . Procurando servir al principio de celeridad y concentración, que coadyuvan a la eficacia de la inmediación cuando ésta es factible, el art. 12 del decreto-ley 23.398/56 dispone: "Sustituyese el art. 182 del Código de Procedimientos por el siguiente: Art. 182. — Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla en la audiencia pública que señalará para el examen, en el mismo día, de todos los testigos. Cuando el número de testigos ofrecidos por las partes permita suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como sean necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas. . . " Siguen otras previsiones concurrentes a tal propósito. El art. 13 dispone añadir dos párrafos al art. 188 del Código de Procedimientos, ei último de los cuales es textualmente idéntico al último —también— del art. 31 de la ley 14.237, que cometía la recepción de la prueba testimonial al secretario "siempre que no se pidiese al ofrecerla, que la reciba el juez". Tratándose del juicio de insania, el art. 80 de la ley 14.237 decía: " E l juez podrá examinar personalmente al demandado cuantas veces crea necesario, debiendo inexcusablemente hacerlo antes de dictar sentencia, de lo cual se labrará acta". El decreto-ley 23.398/56 derogó los artículos de la ley 14.237 que se referían a "declaración de incapacidad por insania" (arts. 69 a 84), sustituyéndolos por otros nuevos. Entre éstos, el art. 79 en su última parte expresa: "Antes de pronunciarse y si las particularidades del caso lo aconsejaren, el juez hará comparecer al presunto insano a su presencia o se trasladará a su domicilio si no pudiera concurrir". 127. E L JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO. — Decíamos que los artículos trascritos de la ley 14.237 —salvo el 31— algo podían

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contribuir al afianzamiento de la inmediación en la vida real del proceso. El art. 21 —la piedra de toque de la reforma— ha querido que el juez, mero espectador según la tónica del viejo código, pase a ser el funcionario principal, el director del debate, dotado de poderes y facultades suficientes como para conducir la causa con moralidad y eficacia sin desmedro de los derechos y facultades de los mismos litigantes. No podemos imaginar entonces al magistrado ejercitando tales poderes —mejor hubiera sido llamarlos "deberes"— conferidos para lograr el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, la igualdad de los litigantes, la lealtad, probidad y buena fe y la tramitación rápida y económica del juicio, sin tomar para ello una participación activa, íntima, directa, personal y permanente en todos los actos del proceso, en estrecho contacto con las partes, sus letrados y los diversos elementos de la causa. En la práctica, en muy pequeña medida utilizaron los jueces tales facultades o cumplieron con tales deberes. La segunda parte del artículo, que como vimos fue suprimida, si bien imponía la comparecencia a las audiencias de conciliación obtorto eolio, es decir, de modo compulsivo, sien^ do por ello objetable en nuestro ambiente, perseguía asegurar los beneficios que a las partes, a la justicia y a la comunidad, procuran los avenimientos amigables, tan poco frecuentes bajo la vigencia del art. 64 del Código de Procedimientos. Además de ello se refería a la citación para que los litigantes "dieran explicaciones sobre los puntos litigiosos". Esta última finalidad, no sólo puede vincularse con los poderes tendientes al "esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos", sino con los que conducen a lograr el buen orden en los juicios mediante la fijación y simplificación del debate. En toda esta actividad, el juez debía necesariamente intervenir e imponerse seriamente de los asuntos discutidos en el proceso.


JI7

(28. IMPORTANCIA DE UNA NORMA SUPRIMIDA. — La norma del art. 23 de la ley 14.237, que fue suprimida por eí decreto-ley 23.398/56, era la que sin duda ofrecía posibilidades más alentadoras a la práctica y vigencia de la inmediación. La predeterminación de los hechos controvertidos, en un momento preciso del trámite —después de trabada la litis y antes de ofrecerse las pruebas—, discutida y elaborada con la intervención activa y personal de las partes y del juez en una audiencia especial convocada con tal objeto, representaba la oportunidad más propicia para que la inmediación desempeñara su papel en el proceso y en éste rindiera sus frutos. 129. LA FIJACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. — La fijación de los hechos controvertidos a los fines de la ordenación de la prueba, es materia del mayor interés en la ciencia del proceso. Ella se vincula con varios institutos, como el de la "preclusión por fases"' , el del "despacho saneador" o las "medidas saneadoras" que tienden a asegurar la pulcritud y buen orden del juicio en prevención de nulidades; incluso con la "sentencia probatoria" del derecho germánico antiguo; y otros igualmente relevantes. 33

Pero 3o que ahora nos interesa y a lo cual ajustamos nuestro examen, es lo que se refiere a la importancia del acto mismo en que el juez y las partes colaboran en la determinación de tales hechos y a las ventajas que el estudio y conocimiento temprano de la litis por el juez, traen a la eficaz conducción y decisión de la causa. El artículo que analizamos tiene un antecedente de mérito en el 119 de la ley 50, que se refiere a la prueba de testigos y determina que la providencia que mande recibir la causa a prueba de testigos, expresará los hechos sobre que deba ésta recaer, los cuales serán precisos y conducentes. >S3 W Y N E S S M I L L A R , op, cit., p. 99. Véase también C L E M E N ' T E A. D Í A Z , " R e vista de Derecho Procesal", año x j , 1953, primera parte, ps. 271 y ss.

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EL

PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDICOS

Esta norma impone inicialmente una activa participación del juez. Los autores de la reforma esperaron mucho de ésta confiados en el art. 2 3 en cuanto al principio de inmediación, que entendieron sería satisfecho —aunque sea modestamente— si se imponía la inicial intervención del magistrado en el conocimiento y depuración de la litis con motivo de la ordenación de las pruebas. Sus entusiasmos fueron sinceros y razonables, y de no mediar la angustiosa resistencia de nuestra rutina judicial, más la falta de medios apropiados, los beneficios previstos en alguna medida se hubieran alcanzado. 134

130. AUGURIOS Y JUSTIFICACIONES. — Comentando el referido artículo de la ley de reformas —antes de su aplicación y de su posterior derogación—, el Dr. CARLOS A. AYARRAGARAY, con su conocido estilo batallador e incisivo, nos anunciaba las virtudes de la norma a la vez que recelaba de su posible eficacia real en nuestro medio. Así, expresaba : "Deberán los jueces, por la nueva ley, conocer los pleitos desde su iniciación, para poder tomar el «comando» del proceso. Esperemos que de ahora en adelante, ver, hablar y cambiar ideas con el juez en la audiencia a que se refiere el art. 23, sea tan simple y eficaz como ocurre con la masa anónima, pero comprensiva y útil, de los colaboradores de ventanillas y de mesa de entradas. . . " . Y más adelante agudiza su escepticismo en estos términos: " L a audiencia de predeterminación deberá ser tomada por el juez. Confiemos en que ello sea una realidad. En cuanto a los jueces remisos en hacerlo, desprestigiarán su desempeño y mal podrán después hablar de la moralidad del proceso". . . . " N o sabemos cómo se las arreglarán los jueces, pues por sus tareas estarán impedidos de conocer los pleitos en su secuela. Lo primero que hay que hacer en materia de procedimientos es crear los juzgados necesarios para su buen desempeño". . . . "Creé135

i s C O R O N A S , O D E R I T O y P A V A , op. cit.. ps. 14, 100, 102 y 107. i- s C A R L O S A. A Y A B B A C A R A V . Explicación 1

teórica

y práctica

de la reforma

cesal. Ley 14.217, V. Abcledo editor, 1954, ps. 54, 55, 102 y 103,

pro-

LA INMEDIACIÓN EN LAS LEVES PROCESALES ARGENTINAS

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mos que la reforma de la ley 14.237 se malogrará en su totalidad, a poco de andar. Si antes de ia reforma los jueces no usaron del art. 107 y muy poco del 131 del C.P.C.C., ¿por qué habrán hoy de hacerlo, mediando las mismas dificultades de siempre? Los jueces no pueden desempeñarse en el modo pretendido, por carencia de tiempo". Como se puede apreciar, el comentarista tanto como duda del cumplimiento de la norma, justifica la causa de ello en la falta de tiempo y el recargo de tareas que agobia a los magistrados. 131. E L FRACASO DE UN BUEN PROPÓSITO. — La realidad de la vida judicial ha sido funesta para la norma comentada. Los jueces no asistían a las audiencias designadas a tal objeto y las partes se limitaban a formular verbaímente, o mediante un escrito que traían preparado, los llamados "puntos controvertidos". Y ni siquiera esto se hacía, pues los pliegos que se agregaban, más que sintetizar la mención de los hechos que permanecían discutidos después de la traba de la litis, contenían un catálogo de hechos que no eran otros que los que cada parte había expresado en sus respectivos escritos de demanda o contestación. El actor traía el rosario de sus afirmaciones de hecho y el demandado el de las propias. No había casi nunca discusión ni cambio de ideas al respecto, y la intervención personal del juez en dicha audiencia fue prácticamente desconocida. En tales condiciones, bien hizo el decreto-ley 23.398/56 en suprimir esa parodia que sólo había ayudado a complicar el procedimiento con nuevas audiencias, cuestiones, incidentes y recursos dilatorios. Los entusiasmos de los autores de la ley y tos que con suma erudición y sinceridad expresa el profesor SENTÍS M E LENDO *, los compartimos en cuanto realmente la norma fallida contenía el germen de un precioso instrumento de inmediación y orden en el proceso. 19

Op. cit., p. 193, donde dice: " L a audiencia que regulaba el arí. 23 de la ley 14,237 representaba ti momento procesal de roajor acercamiento (inme-

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P e r o sin perjuicio d e l a m e n t a r su fracaso, debemos reconocer que su derogación fue necesaria e impuesta p o r la ineptitud del viejo aparato procesal en q u e se quiso introducir, forzadamente, la novedad d e tan delicado mecanismo. 1 3 2 . CONCENTRACIÓN DE PRUEBA TESTIMONIAL. ABANDONO DE LA INMEDIACIÓN. — E n c u a n t o a la r e f o r m a del art. 1 8 2 del C ó d i g o d e Procedimientos, dispuesta por el art. 1 2 del decreto-ley 2 3 . 3 9 8 / 5 6 , al i m p o n e r q u e la p r u e b a testimonial se reciba toda ella en una sola audiencia, en un mism o día, salvo q u e el g r a n n ú m e r o de testigos obligue a fijar otras en los días inmediatos siguientes; tal previsión indudab l e m e n t e habría de servir al logro de los propósitos d e celeridad y c o n c e n t r a c i ó n en el t r á m i t e de la causa, p e r o n o rendiría servicio a la " i n m e d i a c i ó n " —pudiendo h a b e r l o hec h o — en razón de q u e ésta ha sido descartada en la recepción de la prueba testimonia!, al resolver ambos cuerpos d e reformas q u e ésta "será recibida por el s e c r e t a r i o " en los casos generales, salvo petición expresa en c o n t r a r i o formulada p o r las partes al ofrecer su p r u e b a . Y no sólo o c u r r e ya que la referida p r u e b a n o es recibida por el secretario —haciéndolo empleados subalternos—, sino q u e después de un p r i m e r m o m e n t o de respetuoso acatam i e n t o de dicha n o r m a , se ha generalizado otra vez la antigua práctica de fijar numerosas audiencias en días distintos y a veces lejanos en el t i e m p o . ((¡ación) cnire las parles y entre éstas y el juez. Es la diligencia en que, con mavor eficacia, pueden producirse esas buenas relaciones entre jueces y abogados que Calamandrei describió. "Lo esencial, lo imprescindible, es que 1" audiencia lo hubiese sido verdaderamente y, como la misma palabra exige, lo hubiese sidu para «ir a las partes y no para recibirles escritos. "La audiencia del art. 25 debía constituir una manifestación categórica de inmediación procesal: en ella ei juez debía conocer el caso discutido, ponerse en contacto con las paites como verdadero director del proceso". V replicando a los que objetaron que los jueces no "podrían" dar cumplimiento al precepto, manifiesta: "¿Que no podrían o que no querrían? Porque, para dalle fácil y completo cumplimiento sólo hacia falta llegar a la audiencia del art. '¿'i con un conocimiento completo del caso litigioso; y eso es lo que parecía imposible para los jueces: prepararse, día a día, minuto a minuto, para ¡uzgar; estar enterados, en cada momento procesal, del estado del p r o c e s o . . . " .

LA INM EDI ACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENTINAS

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La eficacia probatoria se debilita, pues, de dos maneras: en calidad, por falta del juez, y en cantidad, por falta de concentración. 133. E L JUICIO DE INSANIA. ACTUACIÓN DEL JUEZ. — Entre las normas que de algún modo interesan a nuestro estudio sobre la inmediación en las leyes de reformas, hemos recordado las que se refieren al procedimiento de declaración de incapacidad por insania, y en tal sentido citamos al art. 80 de la ley 14.237 y el art. 7 ° , in fine, del decretoley 23.398/56. Ambos preceptos se refieren a la necesidad de que el juez haga comparecer o visite al presunto insano a fin de examinarlo personalmente antes de dictar sentencia. Sin entrar aquí a analizar el debatido problema referente a la naturaleza procesal del juicio de insania, que según las distintas opiniones pertenece ya a los de jurisdicción voluntaria, ya a los contenciosos, ya a ambos en sus distintos períodos, es evidente que se trata de un proceso especial en cuya eficatia y responsable tramitación están interesados no sólo el presunto insano sino y en gran medida la misma colectividad. Por ello, las normas que regulan dicho instituto, aunque de naturaleza civil, se consideran umversalmente como de orden público, y el proceso en que ellas se aplican queda ubicado en esa categoría avanzada de los juicios civiles que se ha dado en llamar "procesos civiles penalizados" ' o "inquisitorios". Es de tal trascendencia y gravedad la sentencia que habrá de pronunciarse en los juicios de insania, que no es razonable admitir que ella pueda dictarse sin imponer con carácter previo el contacto directo y personal entre el presunto incapaz y el juez que habrá de privarlo de su capacidad civil y quizá hasta de su libertad personal. Aquí, el principio de inmediación se presenta en toda su importancia e inexcusable necesidad. 13

1 3 J E N R I Ó L E F O R C A T T I , El proceso civil inquisitorio en la doctrina y en la ley 14.237 y sus semejanzas can el proceso penal, (rabada publicado en la " R e vista de la Facultad de Detecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires", año ix (1954), rt" 41, ps. 1381 y ss.

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Si bien en estos procesos es la pericia médica el elemento de juicio de mayor influencia en la decisión, en razón de la naturaleza técnica de las cuestiones a examinar y resolver, es indudable que la función del juzgador no quedaría cumplida eficazmente ni a conciencia si éste no llegara a conocer al sujeto de su grave decisión, si no estuviera en condiciones de verlo, oírlo, examinarlo, interrogarlo, es decir, de formar su propio y persona! convencimiento sobre la existencia de! estado patológico y de sus consecuencias visibles, en la personalidad del supuesto insano. Se discute también en doctrina si el procedimiento de interdicción se dirige " c o n t r a " o "en favor" del presunto incapaz. Ambas opiniones son posibles y ambas tienen razón en parte, pudiendo ser concilladas. 134. TRASCENDENCIA DE LA RESOLUCIÓN. -- La resolución que se dicte, cuando es justa, tanto beneficia al insano como a la sociedad; de no serlo, agraviará seriamente a ambos. En efecto: si se declara incapaz al presunto insano, sin serlo realmente, se ocasiona una lesión irreparable a su libertad, su dignidad, sus legítimos afectos y hasta a sus intereses materiales. La colectividad soporta la carga de una arbitrariedad cometida en su nombre. Por el contrario, si se lo reconoce capaz, siendo en realidad insano, también se perjudica al enfermo, puesto que se descuida la debida atención de su persona y la de sus bienes; y ello, no sólo a él le traerá perjuicio, puesto que por sus actos y falta de juicio quedará en condiciones de dañarse y dañar a terceros, física y económicamente; además de provocar a su alrededor un estado de zozobra e intranquilidad. Son, pues, de tal índole los intereses a resguardar que no se excusa la falta de las máximas precauciones aconsejables para asegurar un pronunciamiento acertado. Y en este orden de medidas, la intervención y examen directo de] juez —aun acompañado o asesorado por p e r i t o s es ineludible. T a n t o se ha entendido así, que con anterioridad a los textos legales que estamos estudiando, ¡a jurisprudencia ha llegado a anular actuaciones en juicios de in-


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sania por no haber practicado el juez el examen personal del presunto insano . Por ello, con justa razón, las dos normas procesales que analizamos exigen la intervención personal del magistrado. Pero con todo, ,es más categórico el texto del art. 80 de la ley 14.237 que el 79 del decreto ley 23.398/56. El primero decía: " E l juez podrá examinar personalmente al demandado cuantas veces lo crea necesario, debiendo inexcusablemente hacerlo antes de dictar sentencia, de lo que se labrará acta". Aquí, el deber está impuesto con toda claridad y categóricamente. En cambio, la fórmula del decreto-ley (art. 79) es menos resuelta e imperiosa, ya que exige el examen, pero lo subordina al propio criterio de oportunidad y necesidad que tuviera el juez, diciendo: " . . si las particularidades del caso lo aconsejaren, el juez hará comparecer al presunto insano a su presencia o se trasladará a su domicilio, si no pudiera concurrir". De este modo, lo que debiera ser un "deber" del magistrado se reduce a la categoría de una facultad o poder. Y lamentablemente, la experiencia judicial enseña que la mayor parte de los jueces se muestran poco propensos a hacer valer con regularidad los poderes que le confiere la ley. si a la vez ellos no le son impuestos como obligación ineludible de su cargo. No podemos decir que haya en la ley 14.237 y decretoley 23.398/56, otras normas que interesen a nuestro estudio en cuanto se refiere a la inmediación según se la consulta en el Código de Procedimientos de la Capital Federal. Pero aun el decreto-ley citado trae algún materia! que alcanza los ámbitos del problema en lo que se refiere a las reformas que introduce en el procedimiento de la justicia 138

' 3 a Cámara 2 Civil v Comercial de La Piala. 1 4 / 1 1 / 1 9 4 1 . publicado en "jurisprudencia Argentina". 1 9 4 2 - 1 , p. H. Ver también. A V A R K A O A K A Y , op. cit., p. 1 6 4 , donde al referirse al art. 8 0 de la ley 1 4 . 2 3 7 , dice; "El principio que se consagra en este título es el de la «inmediación», que nuestra jurisprudencia y especialmente la legislación bonaerense ya habían consagrado" (se refiere al art. 7 9 1 de! Cód. de Proc. de la provincia de Buenos Aires), igualmente: C O R O N A S , O D E R K O y P A Y A , op. cit., p. 3 0 6 ; S E N T Í S M E L E N D O , op. cit,. ps. 4 0 8 y ss. A


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de paz de la Capital {ley 1 1 . 9 2 4 ) , el que llega a alterar en grado importante por medio del art. 2 6 de aquel ordenamiento. De ello nos ocuparemos al analizar el principio en la justicia de paz letrada. 3. La inmediación en la ley 5 0 , de Procedimientos ante la Justicia Federal 1 3 5 . ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS. — La ley 5 0 , promulgada por decreto del 1 4 de setiembre de 1 8 6 3 , se denominó "Ley sobre procedimientos de los tribunales nacionales, en lo civil y criminal", pero, como nos previene JOSÉ SARTORIO" , "habiendo la ley 2 3 7 2 (año 1 8 8 8 ) derogado el título xxx, que trataba del procedimiento en las causas criminales, la ley 5 0 ha quedado exclusivamente como de procedimiento civil y comercial". En su difundida obra sobre la ley 5 0 , el mencionado autor, refiriéndose a las disposiciones de dicha ley que alguna relación tienen con el tema de este trabajo, expresa, como ya lo recordamos: " L a ley no consiente al magistrado pasivo; le impone que conozca del proceso desde su comienzo, fije los hechos controvertidos, determine las medios idóneos de prueba e instruya en persona las formalidades de su sustanciación; que hable con las partes, con los testigos, con los peritos; que vaya compenetrándose de la litis en su desarrollo y contribuya a esclarecer sus oscuridades"" . 9

0

1 3 6 . NORMAS QUE REGULAN ALEGATOS ORALES. — Son varias las normas de esta ley que permiten, teóricamente, suponer, aun dentro del proceso predominantemente escrito que regla, instantes de neta inmediación entre el juez, las partes y los medios de prueba; y un constante conocimiento de los problemas y el estado de la litis por parte del magistrado. Algunas de dichas disposiciones consagran un tímido intento de oralidad respecto de las alegaciones; lo que a su vez ¡ss La ley 50, op. cit., p. 75, nota I. »*» Op. cit., p. 50.


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implicaría inmediación con referencia a tales actos del proceso. Así, el art. 80, con relación a los alegatos sobre la prueba en el trámite de las excepciones dilatorias, expresa: "Dentro del día siguiente podrán las partes pedir que se permita informar in voce a ellos o sus defensores, en cuyo caso se señalará al efecto el día inmediato". En las apelaciones libres cabe también la comunicación oral y directa. Dice el art. 218 en lo pertinente: "Los interesados, sus representantes o sus letrados, pueden informar verbalmente al tiempo de la vista de la causa, pudiendo también los últimos pedir venia para escribir en derecho, que no les deberá ser otorgada sino cuando a juicio de la Corte, sean muy arduas las cuestiones jurídicas que se debaten" (l - párrafo). flr

L o mismo en las apelaciones en relación, respecto de las cuales el art. 226 expresa: "Llegados los autos, el secretario dará cuenta en el acuerdo y la Corte los pasará al relator, señalando oportunamente día para la vista". En el juicio ejecutivo, producida prueba sobre las excepciones, cabe un "informe in voce" como el permitido por el art. 80 ya trascrito. En efecto, el art. 276 de la ley 50 prescribe: "Vencido el termino probatorio se procederá como queda prevenido en los artículos desde el 78 hasta el 82 de esta ley". Esta oralidad no se practica en la realidad de la vida judicial, y los interesantes "informes in voce" son sustituidos por memoriales escritos que se dejan en secretaría en oportunidad de la audiencia . T a m b i é n en el procedimiento federal tenemos los juicios verbales, remedo de "oralidad" que ha merecido las mismas críticas que apuntamos respecto de los juicios especiales en relación al Código procesal civil de la Capital Federal, recordando la lapidaria opinión de COUTURE . El art. 60 de la ley dispone: "Siempre que la cantidad cuestionada, o el valor de la cosa que se pida no exceda de 141

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n i S A R T O R I O , op. cit., i « Supr/i, p. 111.

p. 49.

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E L PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDIGOS

la cantidad de doscientos pesos, los jueces procederán en juicio verbal, levantando acta en que conste la demanda, contestación, pruebas y sentencia"; y el art. 333, reglando el procedimiento en los interdictos, expresa: " E n este juicio oirá el juez a las partes o a sus defensores y admitirá las pruebas que adujeren, extendiéndose acta en que, con claridad y precisión, se consignarán los alegatos, las pruebas producidas y las manifestaciones de los testigos". Aquí también la escritura y su aliada la rutina, devoran a la palabra hablada y apagan sus ecos. 137. DISPOSICIONES QUE AFIRMAN LA INMEDIACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS. — Donde la inmediación podría lograr sus mejores efectos, dentro del procedimiento federal, es en materia de prueba. Aquí, la ley asigna una función personal -^dinámica al magistrado —especialmente en la testimonial— y le impone no sólo su intervención directa en la recepción de los materiales probatorios, sino su temprano y eficaz conocimiento del proceso desde sus comienzos, a los fines de la debida determinación de los hechos a probar. Tales perspectivas surgen de las normas que seguidamente se trascriben: Art. 9: "Las declaraciones de las partes absolviendo posiciones y las de los testigos que presentaren para probar sus intenciones, serán recibidas en presencia del juez de la causa y de las partes litigantes. Si estas diligencias hubieren de evacuarse en diferente pueblo, serán cometidas a la autoridad judicial allí existente". Art. 111 (2 párrafo): " E n el día señalado para evacuar las posiciones, el interesado las manifestará; y el juez las mandará extender, e interrogará sobre ellas si fuesen pertinentes y admisibles". Art. 112: " L a parte será examinada sobre cada hecho, y sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad". . . " E n la Suprema Corte * el exaQ

1

Y Cámara (art. 20, ley 40,15).

3


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men se hará por el presidente, pero los demás miembros con su venia, podrán hacer a las partes las nuevas preguntas que estimen oportunas". Art. 1 1 9 : " L a providencia que mande recibir la causa a prueba de testigos, expresará los hechos sobre que deba ésta recaer, los cuales serán precisos y conducentes". Art. 1 2 5 : " E l día señalado para el examen leerá el escribano el auto de prueba en audiencia pública fuera de la presencia de los testigos. Las partes darán sumariamente sobre los hechos expresados en el auto, las explicaciones que parezcan necesarias". Art. 1 3 8 : "Si la inspección del lugar contribuyere a la claridad del testimonio, podrán ser examinados los testigos en dicho lugar". 1 3 8 . PROPÓSITOS V RESULTADOS. — Como vemos, por las disposiciones que acabamos de reproducir, el juez debe actuar personalmente en las diligencias probatorias en contacto directo con los litigantes y testigos, cuyas deposiciones recibirá sin intermediarios según lo quiere la ley. Además el juez examinará a tales testigos, no conforme a interrogatorios escritos de las partes, deliberadamente redactados, sino según su propio criterio en averiguación de la verdad; y lo hará, no arbitrariamente, sino de conformidad con los hechos sobre que versa la litis, que han sido previamente determinados por aquél y conocidos por las partes antes de la audiencia. Como éstas —según el art. 1 2 5 — pueden dar sobre tales hechos las explicaciones que consideren necesarias, las cuestiones a probar quedarán claramente prefijadas y el juez totalmente compenetrado del litigio y sus más íntimas circunstancias ". Aquí, el principio de inmediación —como ya lo dijimos— aparece consultado y perseguido con sinceridad en la intención y el texto de la ley. 1

i n Ya vimos cómo el art. 119 de la ley 50 ha sido uno de los antecedentes de! revolucionario y derogado art. 23 de la ley 14.237, que también obligaba a fijar con la intervención del juez y las partes, los hechos controvertidos sobre los cuales debia vcisar no sólo la prueba testimonial sino toda la prueba a rendirse.


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Al respecto dice el doctor SARTORIO'": " P o r nuestra ley. . . el juez hace el interrogatorio e investiga, no la verdad de las partes, sino la de los hechos" . . . " B i e n se ve que de este modo la tarea del juez federal es más difícil que la de cualquier otro, pero es también más juez y sus sentencias necesariamente serán más justas. Es más difícil, porque requiere un conocimiento inmediato y directo del proceso desde su comienzo, a fin de dictar el auto de admisión de la prueba de testigos. . . , conocimiento que debe renovar antes de la audiencia con un análisis general de toda la prueba hasta entonces producida, para concretar la testimonial que aún sea necesaria y pertinente". Pero si tales posibilidades de inmediación se manifiestan a través de la letra y de la voluntad de la ley, ya hemos visto, recordando las palabras del tratadista, profesor y magistrado federa! que la comentó , que en la realidad aquélla no se cumple por no asumir los jueces personalmente las delicadas y graves tareas que la ley les ha asignado con imperiosa razón. Sean o no valederas las excusas fundadas en e! gran cúmulo de asuntos sometidos a su conocimiento —que en muchos casos son irrefutables—, lo cierto es que se trata de "una verdadera conculcación de la ley por sus propios órganos ejecutivos" . En la práctica, pues, poco mejora la ley 50, pese a sus previsiones, la triste experiencia que en materia de inmediación depara el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Capital Federal. 146

141

4 . El principio en la ley 11.924, de Procedimiento en la Justicia Nacional de Paz 139. REGULACIONES DE LA PRIMITIVA LEV. — El 22 de octubre de 1934 se promulgó la ley 11.924, que organiza y regla el procedimiento ante la justicia de paz letrada —luei « De ia prueba de testigos, op. cit., p. 1 2 8 . i J O S É S A R T O R I O (ver supra, ps. 6 v 7 y notas 3 y 5) ' « Ver nota 5 . í 6


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go llamada "Justicia Nacional de Paz"— con vigencia en el ámbito de la Capital Federal. Dicha ley fue objeto de varias reformas, siendo la más importante de ellas la que introdujo el decreto-ley 23.398/ 56 en su art. 26. Como es sabido, la ley en sus arts. 34, 35 y 36, especialmente, organizó dos tipos de procedimientos. En los asuntos de monto inferior a doscientos pesos, el procedimiento era —según la ley— totalmente " o r a l " . Así, el actor debía expresar verbaímente ante el juzgado los datos fundamentales de su reclamación y el pedido de que se citara al demandado a una audiencia a designarse (art. 34). A ésta debían asistir el actor y el accionado, citado éste al efecto con simple noticia del objeto reclamado. En dicha audiencia el actor formula verbaímente su demanda —generalmente mediante ratificación de la que ya había anticipado en su primer comparendo—, el demandado contesta también oralmente; y a continuación se produce la prueba que las partes hubieran traído para fundar sus derechos. Según la ley, el juez oirá a las partes y examinará las pruebas dejando constancia en acta sólo de "lo que fuere pertinente". Después de ordenar las medidas que crea convenientes para mejor proveer, "dictará fallo fundado dentro de las veinticuatro horas". En los juicios cuyo monto excede de doscientos pesos la demanda es escrita. Se corre traslado de ella, por seis días, al accionado, para que la conteste también por escrito (art. 35). . Una vez trabada la litis, se designa una audiencia para la recepción de la prueba que deben ofrecer las partes con suficiente anticipación (art. 36). Luego de sustanciada la prueba, el juez debe dictar sentencia sin recibir alegatos ni correr vistas previamente. El juez debe recibir "personalmente" la prueba. El perito debe pronunciarse en presencia del juez y de las partes. El magistrado interroga libremente a los litigantes, peritos y testigos sin valerse de interrogatorios, siguiendo únicamente indicaciones o propuestas de las partes y su propio

19 - E i s n t r

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EL PRINCIPIO EN eos DIVERSOS CÓDIGOS

criterio. Se debe dejar constancia en acta de las preguntas y sus respectivas contestaciones. 140- FINALIDADES DEL LEGISLADOR. — El legislador se había forjado grandes esperanzas sobre la eficacia de dicha ley, que introducía procedimientos sumarios, verbales y actuados para la sustanciación de causas de cuantía menor y media. En el "Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados" de fecha 1 2 de julio de 1 9 3 4 , p. ( 2 0 7 , se lee el informe de la mayoría, donde, respecto del punto que nos interesa, decía: " . . . E l procedimiento es escrito hasta trabar la litis contestatío, a fin de fijar con precisión las pretensiones de las partes y permitirles que ofrezcan la prueba con antelación (se refiere a los juicios ordinarios mayores). De inmediato se pasa a la audiencia de prueba presidida por el juez, con atribuciones que permitan rapidez, agotamiento de la prueba y eliminación de incidencias y derivaciones que no hagan a la cuestión. El acta contendrá los elementos indispensables de prueba que permitirán: la motivación de la sentencia y luego el conocimiento de la causa en grado de apelación. El juez tiene una intervención directa y personalísima en el juicio: oye la prueba, interroga testigos y peritos y aun a las partes. Este procedimiento tendrá la ventaja de que a despecho de las actuales ficciones del procedimiento escrito el juez tenga una impresión directa, vivaz, ecuánime, juzgando de la sinceridad de la prueba traída. Los términos se acortan, los procedimientos se simplifican, el papelismo se elimina". 1 4 1 . EXPERIENCIAS Y RESULTADOS. — Los que hemos actuado con alguna intensidad ante dicho fuero de paz, sabemos por propia experiencia que el legislador, confiado en la bondad de las fórmulas, había imaginado para su obra una suerte distinta de la que le deparó la realidad. Ya en 1 9 4 3 , el profesor HUGO ALSINA, en las últimas páginas de su conocido Tratado **, decía: " e n la práctica, no 1

i*a A L S I * * , Tratado.

[. m, p. 905.


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ha respondido a los propósitos del legislador; en parte por deficiencia de la propia ley, y en parte por incomprensión de los encargados de aplicarla". " L a audiencia de prueba en el juicio mayor supone el estudio por el juez de los escritos de demanda y contestación, que no se hace ni podrá hacerse, mientras tenga que atender ei trámite de los juicios menores, cuyo número se cuenta por miliares. De ahí que, generalmente, el juez no presida la audiencia de prueba y no se encuentre, por consiguiente, en condiciones de dictar sentencia". Últimamente el problema se ha agravado en forma alarmante, como es notorio . Podríamos afirmar que desde ios primeros tiempos de vigencia de la ley 11.924 los juicios menores dejaron de ser "orales" y los mayores "verbales y actuados". Si bien es posible que apenas sancionada la ley, bajo la euforia de su aparición, se recibieran verbaímente las peticiones introductivas de instancia formuladas por quienes deseaban demandar en los juicios de menor cuantía, y que en la audiencia del art. 34 las exposiciones de actor y demandado tuvieran lugar oralmente como lo quiere la ley, ello dejó de ser así pasado muy poco tiempo, y el apremio de los 143

n » Ahora, el mal que señalaba A L S I N A es mucho mas agudo. Desde 1948 a la fecha el número e importancia de los asuntos sometidos a! conocimiento de la justicia de paz, es abruniadoramente mayor al de entonces y el número de jueces sigue siendo el mismo, o sea cuarenta. En efecto, la población permanente y transitoria de la Capital Federal ha aumentado casi en un treinta por ciento después de la terminación de la última conflagración mundial. Los pleitos referentes a problemas locativos se han multiplicado y agudizado a partir precisamente de aquella fecha en que empezaron a dictarse las leyes de emergencia en materia de alquileres y desalojos. Se ampliaron asimismo las materias de la competencia de los jueces de paz confiriéndoles la pertinente en cuestiones sucesorias y en las pequeñas quiebras —ahora suprimida con relación a estas últimas—, y respecto de las locaciones se les atribuyó con carácter exclusivo, lo que no era antes así. Además, su competencia por razón de cantidad también fue ampliada. De tres mil pesos que era el tope máximo de entonces, ascendió a veinte mit pesos en los juicios ejecutivos y diez mil pesos en los ordinarios. En cuanto a los juicios sucesorios, alcanza actualmente hasta cincuenta mil pesos (decreto-ley 1285 del 4 de febrero de 1958. art. 46). De este modo, los jueces de paz se ven imposibilitados de atender personalmente el estado de los procesos y cumplir el imperativo de la "inmediación".

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funcionarios encargados de recibir las alegaciones como la impaciencia de los propios profesionales de las partes, condujeron a la práctica casi uniforme de traer por escrito las respectivas manifestaciones, que se agregaban al expediente para remitir a ellas las posturas de los litigantes. En cuanto a la prueba, tanto la que se produce en los juicios menores como en los mayores —de cuantía media—, ella ha sido recibida siempre por empleados subalternos que levantan acta recogiendo las deposiciones de las partes y testigos, siendo raro que lo haga el secretario y más aún el propio juez, en quien la ley había depositado su confianza —aunque sin darle los medios— para cumplir los propósitos anhelados de inmediación y celeridad en el trámite de estas causas. En lo que se refiere a la duración de estos juicios —privados ya de toda inmediación—, ha resultado cada vez más pronunciada —generalmente de años en los procesos donde hay controversia—, tanto en razón del exceso de trabajo que pesa sobre los juzgados y de la proliferación de traslados, vistas e incidentes, como del criterio rutinario de jueces y funcionarios que aplicaron a este fuero, casi sin discriminación, las formalidades y providencias dilatorias que hacen angustiosamente largo y fatigoso el procedimiento civil ordinario. Pero si nos atenemos a la letra de la ley —para consuelo de los teóricos, al menos—, podríamos decir que de haberse cumplido con ella y también con su espíritu ", habría existido un intento de oralidad en el proceso civil de menor cuantía, el que si bien no implicaba instituir en absoluto el juicio oral, al menos lograba una relativa inmediación entre el juez y los elementos de la causa. 1

142. INCIDENCIA DE LAS LEYES DE REFORMA. — En este estado de la experiencia de la ley 11.924, con un sumario ísu Ver sobre este t e m a , con relación a la reforma introducida por el decretoley 2 3 . 3 9 8 / 5 6 en la justicia de pai, S E N T Í S M E L E N D O , £1 proceso civil, op. cit., p*. 459 y « .


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procedimiento oral y otro "verbal y actuado", que en la práctica habían dejado de serlo, el decreto-ley 23.398/56 en su art. 26 reforma las principales disposiciones que regulan el procedimiento ante la justicia nacional de paz. Las modificaciones, como dice SENTÍS MELENDO, no han sido escasas ni poco profundas. Y en lo que interesa a este tema que estudiamos, agrega: "Con e l l a s . . . se borra todo lo que la práctica no hubiera borrado de oralidad y hasta de inmediación". En efecto, para los juicios "menores", que se elevan hasta un monto de mil pesos, desaparece la comparecencia verbal y la demanda y contestación expresadas oralmente en la audiencia respectiva. Ahora la demanda debe ser "escrita" y con sujeción a lo dispuesto por el art. 71 del Código de Procedimientos. Por su parte, corrido traslado de aquélla por seis días, la contestación también debe ser escrita y con los mismos requisitos de forma establecidos para la demanda. Con la demanda y contestación se debe ofrecer toda la prueba, acompañándose la documental. Y el juez, al haber hechos controvertidos, abrirá la causa a prueba fijando audiencia para dentro de un plazo " q u e no excederá de un mes". En los procedimientos de cuantía media —juicios ordinarios mayores— la demanda, de la cual se correrá traslado por seis días, como así su contestación, se formularán por escrito y con sujeción al art. 71 del Código de Procedimientos y art. 12 de la ley 14.237 respecto de la agregación de documentos. El demandado puede oponer excepciones previas y reconvención, de las que se dará traslado al actor por tres y seis días, respectivamente. Habiendo hechos controvertidos se convocará a las partes a una audiencia para la producción de la prueba, " c o n el tiempo razonablemente necesario", que n o podrá exceder de tres meses. Y si en dicha audiencia no se pudiese recibir toda la prueba, se fijará otra para su continuación " a breve plazo".

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El art. 37 de la ley 11.924 —antes de la reforma— decía que en tales casos el juez prorrogará la audiencia "para el día siguiente". Ahora se dice "a breve plazo"; con lo que se ampara legalmente cualquier demora que ocurra. Ade más, en el texto anterior (art. 36) la audiencia de prueba debía tener lugar "dentro de un plazo no mayor de diez días". En el nuevo, se puede extender a tres meses, y con sus prórrogas, indefinidamente; y ello conforme a la ley. Ni el propio juicio ordinario civil otorga tales plazos. Claro que la reforma no hace más que recoger la triste realidad judicial que no se amoldó nunca a la letra de la ley, y procura ajustarse a aquélla, ya que no pudo ser a la inversa. (43. EPÍLOGO LEGALISTA. — En definitiva: terminó la "oralidad", o al menos la inmediación que la ley quiso y nunca logró. Ahora el procedimiento de la justicia de paz es escrito porque lo manda la ley. T a m b i é n la lentitud del juicio seguirá imperando. Pero ello ya no pesará sobre la conciencia de los jueces, pues la propia ley la organiza y consiente. Y la inmediación, que parecía tener al menos un reducto en la humilde justicia de paz, según lo había imaginado el legislador que veía al juez en trato personal y bondadoso con los hombres del pueblo, aún sigue esperando que se le reconozca el lugar que merece en las prácticas judiciales. Leyes y jueces deben remediar esa ausencia que resta eficacia y virtud a la justicia. 5. La inmediación en la justicia Capital Federal

laboral

de la

144. JUSTIFICACIÓN. — Si bien este trabajo procura concentrar su cometido en las leyes procesales de carácter civil, consideramos que no nos alejamos aún de tal propósito al intentar un rápido estudio de la ley que regula el procedimiento en ios juicios de trabajo, en la Capital Federal. De todos modos, el derecho laboral, aunque implica un conjunto de normas y conceptos especializados a los cuales


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da vida propia el espíritu social que los anima, no sería otra cosa que un desmembramiento del viejo derecho civil en que se ha nutrido de sus primeros elementos legales. Consideramos de interés referirnos al sistema vigente en dicho fuero en razón de que al instituírselo, organizando un procedimiento con menos predominio de la escritura que el civil ordinario y con mayor participación del medio oral de comunicación, se buscó expresamente lograr un trámite concentrado, con impulso de oficio y actividad personal y directa del magistrado como lo aconseja el principio de inmediación. Veremos las reglas creadas y sus resultados. 145. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA LEGAL. — La justicia del trabajo en la Capital Federal fue organizada por el decreto-ley 32.347/44, dictado el 30 de noviembre de 1944, que se convirtió en ley al sancionarse la 12.948 el 5 de febrero de 1947, promulgada el 20 de febrero y publicada el 6 de marzo del mismo año. Examinando dicha ley a la luz de los principios que nos interesan, señalamos las siguientes características de ella: Se ha creado un sistema de dos instancias judiciales precedido por una instancia conciliatoria previa y obligatoria, en la cual —además del intento de avenimiento— se producen los actos procesales que conducen a la traba de la litis y el ofrecimiento de prueba. Como dijimos antes, el principio de escritura aparece atenuado en el procedimiento laboral, en el cual las manifestaciones de oralidad son más acentuadas que en otros sistemas escritos. Claro que aquí también las peticiones y declaraciones orales se registran en actas, pero ello resulta necesario en atención a la doble instancia que existe para el examen y discusión de los hechos. Si se hubiese tratado de un régimen de instancia única y tribunal colegiado, hubiera bastado con que se recojan por escrito o se protocolicen la demanda, contestación y ofrecimiento de pruebas; pero la prueba misma podrían recibirla toda ella, en forma puramente oral, los jueces del tribunal.

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146. DISPOSICIONES DE NUESTRO INTERÉS. — Según la ley la demanda se formula oralmente ante la Comisión de Conciliación (art. 46), donde se labra un acta; se señala una audiencia para que en ella el demandado conteste la acción, oponga excepciones y proponga sus pruebas (art. 4 7 ) . En ella, y en primer lugar, se procura un acuerdo conciliatorio, lo que se sustancia en forma oral asentándose sólo por escrito su resultado. La contestación de demanda y demás defensas se pueden manifestar verbaímente, registrándose en el acta (art. 58); lo mismo que el ofrecimiento de pruebas, si tiene lugar en la misma audiencia (arts. 47 y 60). Si se lo hace en los tres días siguientes, debe tener lugar por escrito. La sustanciación de la causa, si bien se ha reglamentado de modo que consulte los propósitos de concentración e inmediación (arts. 67, 72, 73, 78, 84 y 89), es actuada —como ya lo expresamos—, pero los alegatos según la ley son orales (art. 89), dejándose sólo constancia de haberse producido por los letrados de las partes. Los recursos se interponen y fundan por escrito (arts. 97, 98 y 99). En cuanto se refiere a los principios arriba mencionados, dicen las citadas disposiciones; Art. 67: " E l juez deberá disponer las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida pueda sustanciarse en una sola audiencia Art. 72: " E l juez interrogará personalmente a las partes bajo pena de nulidad y sólo hará constar en el acta las declaraciones que sean pertinentes". Art. 78: " E l juez examinará a los testigos previo juramento de decir la verdad Art. 79: " E l juez podrá, a petición de parte o de oficio, proceder al careo de testigos". Art. 84: "Cuando el juez lo crea necesario, podrá trasladarse al local del trabajo a fin de constatar de visu las circunstancias que considere apreciables como elementos de juicio".


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• Art. 8 9 : "Producida la prueba, redactada y firmada el acta, las partes, por intermedio de sus letrados, podrán hacer una breve exposición verbal alegando sobre el mérito de la mismz. Acto continuo el magistrado dictará sentencia pudiendo postergar su decisión por un término que no exceda de dos días". 1 4 7 . MÉRITO PRÁCTICO DE LA REGULACIÓN. ALEGACIONES. — Vistas las disposiciones que de algún modo atañen a este estudio, digamos cuál es el mérito alcanzado por ellas, tanto doctrina! como prácticamente, en los años que llevan de aplicación. La oralidad de la demanda y la que la ley permite a la contestación, oposición de excepciones y ofrecimiento de pruebas, no ha quedado más que como un simple propósito. En los primeros tiempos de actuación del nuevo fuero laboral es posible que en la Comisión de Conciliación se hayan recibido una cantidad de demandas promovidas oralmente y recogidas en actas por los respectivos funcionarios. A su vez —y esto con mayor frecuencia— se dieron numerosos casos en que el responde, oposición de excepciones y hasta ofrecimientos de pruebas se formularon de viva voz en la audiencia designada al efecto, después de frustrado el intento de conciliación. Pero pasado algún tiempo, dichos casos fueron cada vez más raros, al menos en cuanto a las demandas que se presentaban ya redactadas por escrito en forma de actas; y en lo que se refiere a las manifestaciones del demandado, se generalizó también la práctica de llevar por escrito sus descargos, los que se agregaban y agregan, como formando parte del acta. Podríamos decir que son muy pocos los casos en que aún se conteste la demanda verbaímente; y de éstos, la mayoría corresponde a las oportunidades en que los demandados concurren a tales audiencias sin abogados —ignorando la gravedad procesal del comparendo— y deben ingeniárselas para exponer sus razones de hecho y de derecho; lo que sí hacen oralmente y se recoge en acta por el vocal de conciliación actuante, que pone su mejor buena voluntad para interpretar al turbado y desprevenido litigante.


F u e r a del h e c h o e x p r e s a d o de que la oralidad se reduce a m e r a agregación de escritos, debemos señalar que p o c o ayuda tal supuesta " o r a l i d a d " al propósito de inmediación que podría justificar su inclusión en el sistema d e la ley. E n efecto, para que la oralidad en la d e m a n d a y contestación signifiquen " i n m e d i a c i ó n " en c u a n t o a las alegaciones, esa c o m u n i c a c i ó n verbal debiera ser destinada y dirigida direct a m e n t e al juez de la causa y recibida personalmente por éste. ¿ Q u é sentido ni resultado puede p r e t e n d e r la oralidad en aquellos actos p o r los cuales se traba la litis, si ella no se manifiesta ante el p r o p i o juez que debe c o n o c e r del asunto, sino ante un funcionario no judicial —el vocal de conciliación— que enseguida ha de desprenderse de los autos? E n c u a n t o a la breve "exposición v e r b a l " alegando sobre el m é r i t o de la prueba, q u e faculta el art. 8 9 de la ley, se debe p r o d u c i r ante el magistrado y podría representar una inmejorable o p o r t u n i d a d para dirigirse personalmente r;l juez, e x p o n i é n d o l e las circunstancias de h e c h o y de derec h o d e la causa y las conclusiones q u e sea posible o b t e n e r d e la prueba rendida. A q u í , o t r a vez debemos observar q u e estas audiencias —que en un principio se celebraban según la o r t o d o x i a legal— se han desnaturalizado en g r a d o tal q u e g e n e r a l m e n t e se r e d u c e n a la m e r a presentación de un escrito p o r los letrados —el q u e n o se agrega, por supuesto, y se r u m o r e a q u e a veces n o es siquiera leído—, quienes hasta dejan pasar aquella o p o r t u n i d a d sin asistir a las a u d i e n c i a s " . 1

A propósito de la sospecha de que muchas veces los jueces n o leen los alegatos de las partes, existe una referencia casi ]Ocosa traída por C A L A M A V O K E I en su recordado libro De las buenas relaciones entre los jueces y los abogadas, p . 56. Oicc allí uno d e los personajes, el Abogado Segundo: " . . . Y o mismo pude comprobarlo una vez con mis propios ojos: h a b í a puesto para prueba, una gota de goma entre d o s páginas d e u n escrito, en forma que, para leerlas, e r a indispensable separarlas; no lo creeréis, pero cuando fui a retirar el fascículo después de la sentencia, las encontré todavía adheridas!". 1 1 1

Por nuestra parte podemos decir q u e también lo hemos comprobado en más de una oportunidad. Ocurrió que a última hora del horario judicial habíamos dejado nuestro "alegato" escrito, en un juzgado de trabajo. Pues bien, a la mañana siguiente ya tecibiamos con gran sorpresa el telegrama mediante el cual se nos comunicaba o notificaba la sentencia recaída en el respectivo juicio.


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148. PRUEBAS. — En cuanto a la oralidad e inmediación en el recibimiento de la prueba, ella está prevista por la ley pero desvirtuada en la realidad de la práctica judicial. La concentración perseguida no siempre se consigue, ya que las actuaciones de prueba pocas veces se producen en una única audiencia. Habiendo testigos ofrecidos, casi siempre se fijan y celebran dos o más. El juez normalmente no asiste a! acto en que se reciben las declaraciones testimoniales o confesorias. Ellas se producen ante empleados de menor jerarquía que recogen en acta —mejor o peor labrada según su ocasional cultura y buena voluntad —tales manifestaciones. Si se aplicara la sanción de nulidad que dispone el art. 72 de la ley, para el caso de incomparecencia del juez a la absolución de posiciones, de seguro que muy pocas diligencias de esta naturaleza quedarían en píe. 149. PROBLEMA Y SOLUCIÓN. — Refiriéndose a estos problemas que señalamos, decía PODETTI : "Estos principios, tratándose del proceso laboral, adquieren un máximo rigor y puede asegurarse que sin inmediación y concentración, se desvirtúan los propósitos tenidos en vista al crear el fuero del trabajo". "Es fundamental para la consecución de los propósitos perseguidos al crearse el fuero del trabajo y establecerse un procedimiento especial, que la prueba oral se concentre en una sola audiencia, que sea recibida personalmente por el juez y que, en la mayoría de los casos, se falle en ese mismo acto. A tal fin se hace necesario adecuar el número de jueces al número de litigios. . 153

Era evidente que dicha pieza telegráfica había sido despachada durante ia tarde anterior y que el juez ya tenía ¡ísta, redactada y quizá firmada la sentencia, antes de entera;sc de! contenido de nuestra exposición, que habia sido formulada por escrito del mismo modo como pudo habeiíe efectuado in voce ante el juez, que ya habia juzgado al producirse tal acto del proceso. Era también de reconocer la "celeridad" con que se había dictado el fallo y cumplido el mandato de la última parte del art. 8 9 del decreto-ley 32.347/44. r^ü J, R i M i B O PooF.m, Tratado del proceso laboral, op. cit., t. I, ps. 274 y 275.

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En realidad, esto último, la falta de tiempo para que los jueces asistan personalmente a las audiencias de prueba y de alegar, en razón de la gran cantidad de causas que quedan a su cargo, sería uno de los motivos que excusan al magistrado por el incumplimiento de los deberes que les impone la ley respecto a la inmedjación. Sin embargo, debemos señalar que en los últimos tiempos se ha reducido sensiblemente el número de los litigios laborales, y a pesar de ello los jueces no reasumen la intervención personal en las audiencias, que sólo por razones de fuerza mayor debiera excusarse. De todos modos debemos reconocer que el proceso laboral ha significado un progreso, y que una de sus novedades, el impulso procesal de oficio, al menos, ha dado sus mejores resultados abreviando el tiempo de duración de los juicios . 153

isa Pata quienes abrazan bajo un mismo concepto "impulso procesal de oficio" y "principio inquisitivo", frente a "impulso procesal de partes" y "principio dispositivo", como ALSINA. (Tratado, i* edición, (. i, p. 261, c y d), el caso del proceso laboral de la Capital Federa! debe s e ' una demostración de su error doctrinal. El principio dispositivo se refiere a la facultad de las partes de introducir y determinar el contenido de la litis y el del material probatorio que el tribunal no puede exceder, ya que debe limitarse al aportado o planteado por las partes. Pero tal principio es independiente del de "impulso procesal", que puede estar ya a cargo de las partes, ya del tribuna!, aun bajo el mismo principio dispositivo. Asi, en el proceso laboral rige este principio, ya que son lai partes las que suministran el contenido del proceso conforme a su demanda y contestación. En cuanto a los hechos, el juez del trabajo no puede investigar ni resolver nada sobre materia distinta a la traída por las partes, que pueden, incluso, desistiría. Sin embargo, pese a regir la máxima dispositiva, el impulso, la actividad para llevar adelante los actos del proceso, está a cargo del tribunal y no de las partes, sin perjuicio de poder éstas coadyuvar al avance de aquél con peticiones adecuadas. Lo que no podrá darse es el caso inverso: principio inquisitivo con impulso procesal de partes. Esto sería antinatural, pues lo ultimo desvirtúa la posibilidad de (o primero. Nada podría "inquirir", "investigar" ni " p r o b a r " de oficio el tribunal, sí a la vez no le compele «1 impulso del proceso por quedar éste a cargo y en poder de tas partes.

CAPÍTULO I X L A I N M E D I A C I Ó N EN LAS L E Y E S P R O C E S A L E S A R G E N T I N A S (continuación) 150. ADVERTENCIA METÓDICA. — Antes de examinar las leyes procesales de las provincias de Mendoza, La Rioja y J u j u y —como nos lo hemos propuesto—, consideramos necesario referirnos previamente a dos de los más prestigiosos proyectos que alentaron las recientes reformas y leyes en la materia: los conocidos como "Proyecto Lascano" y "Proyecto Podetti" (o del Poder Ejecutivo); siendo este último, especialmente, el que con insignificantes modificaciones se convirtió en Código Procesal de Mendoza. 6. "Proyecto

Lascano"

151. FUENTES Y PERSPECTIVAS. — Hemos iniciado este trabajo recordando palabras del maestro DAVID LASCANO referentes al estado lastimoso de la legislación procesal en la Argentina, en la época en que las escribió —1935—, y la imperiosa necesidad de la reforma a emprender para sanearla *. En la exposición de motivos de su proyecto de código procesal, dice LASCANO que en la redacción de él no ha seguido fielmente a ningún otro trabajo de la misma índole, pero reconoce que en la parte general se ha inspirado en los proyectos que para Italia prepararon CHIOVENDA y CARNELUTTI, quienes también sirvieron de guía a JOFRÉ en el que éste redactó en el Seminario de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. T a m b i é n admite haber aten16

" * Ver también nota» 1 y 2 de este trabajo.

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dido el fruto de la experiencia judicial respecto de las normas del viejo código de la Capital y las opiniones de profesores, abogados y magistrados emitidas durante años en diversas fuentes de difusión . Después de examinar los beneficios y desventajas que en los distintos estadios del proceso reportan los sistemas orales y escritos puros, LASCANO explica las razones que le llevan a proyectar dos tipos de procedimiento: uno, el oral * —siempre con la racional participación de la escritura—, como aspiración preferente para ser realizada cuando la organización judicial lo permita: otro, el escrito —con la incorporación de las mejores posibilidades de la oralidad—, en vista a su adopción inmediata en nuestro medio judicial. 155

Dice el autor: "Como el procedimiento oral exige tribunales colegiados que asistan a la prueba y al debate sobre la misma para que puedan resolver inmediatamente y bajo la impresión fresca de lo ocurrido en la audiencia, habrá que reformar la administración de justicia, organizada-hoy sobre la base del tribunal unipersonal de primera instancia, t i l o no parece de inmediata realización; . . . e l sistema se encuentra muy arraigado y costará extirparlo". . . . " A semejanza de lo que dispone la ley alemana de 12 de febrero de 1924 y el Proyecto Carnelutti. se admiten dos procedimientos; sólo que por el nuestro no son optativos como lo establecen aquéllos, sino que su observancia depende de la organización judicial que hubiere: si los tribunales de primera instancia son colegiados, el procedimiento debe ser oral; si son unipersonales, el procedimiento será escrito. Pero el procedimiento que el proyecto llama escrito porque la discusión de la prueba no se efectúa en la audiencia misma, p a r t i c i p a . . . de todos los caracteres del oral: es concentrado, simple, rápido, expeditivo y regido por los mismos principios en cuanto a poderes de! juez, apreciación de la prueba, relación de las partes con el juzgado, e t c . " . l5a

i ü 5 Proyectil de código, op. cit., ps. 70 y 71. isa Op. cit., ps. 6 i y 62.


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152. LINEAMIENTOS. — En este proyecto las disposiciones generales del juicio ordinario son comunes a ambos procedimientos oral y escrito, determinándose que tanto la demanda como la contestación, oposición de excepciones y reconvención, como así su responde, se formulan por escrito. La prueba debe ofrecerse ineludiblemente con ellos, acompañándose, incluso, los interrogatorios y pliegos respectivos. La diferencia se da en la producción y discusión de la prueba. En los dos procedimientos, habiendo hechos controvertidos, existe un período preparatorio de la audiencia en que la prueba oral debe recibirse. 153. JUICIO ORAL. — En el juicio oral, después de trabada la litis por demanda y contestación o reconvención y su responde, y resueltas las incidencias que se hubieran producido al respecto, el juez convocará a las partes a juicio oral, público y contradictorio. Por la misma resolución manda producir las diligencias de prueba que no pudieran sustanciarse en la audiencia de vista de la causa, fijando término para su realización; dispone las debidas citaciones y emplazamientos a las partes y testigos; ordena librar oficios, practicar pericias y demás medidas "que a su juicio puedan ayudar a esclarecer la verdad" (art. 175, inc. 4 ° ) ; siempre con relación a los hechos de la causa. En la audiencia, con la presencia ineludible del tribunal integrado por tres miembros, se da lectura a las actuaciones de prueba practicadas fuera de aquélla; luego se recibe toda la demás prueba ordenada, y acto continuo el ministerio público y las partes, por su orden, hacen uso de la palabra para alegar sobre el mérito de aquélla. Enseguida el tribunal pasa a deliberar y debe expedirse en esa misma audiencia —salvo imposibilidad por falta de tiempo o por esperar alguna prueba importante—, dictando su veredicto sobre los hechos en fallo fundado. Luego se llama autos para sentencia. Ésta sólo es apelable en cuanto

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ai derecho. Contra el veredicto sobre los hechos no hay recurso. 1 5 4 . PROCEDIMIENTO ESCRITO. — En el procedimiento escrito, después del período instructorio común, al haber hechos controvertidos, el juez de oficio mandará recibir la prueba ofrecida, fijando un término ordinario al efecto para la que debe producirse en la provincia y uno extraordinario si fuera de ella. Ordena librar oficios, exhortos, fija audiencias para designar peritos a los fines del cotejo de documentos; y la audiencia principal, en la que deberá recibirse —de ser posible— toda la demás prueba ofrecida. El juez debe asistir inexcusablemente a ésta bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la de multa a cargo del juez y secretario que consienta lo contrario (art. 1 8 4 , inc. 1 ^ ) . En esta audiencia el secretario levantará acta lo más fiel posible, consignando lo expresado por absolventes y testigos; pudiendo las partes solicitar que a su costa se obtenga versión taquigráfica. El impulso procesal está a cargo de las partes respecto de las diligencias probatorias. Finalizada la audiencia de prueba, las partes podrán alegar por escrito sobre el mérito de las producidas, dentro de los nueve días. AI día siguiente de vencido dicho término el juez llamará autos para sentencia. Ésta es apelable tanto respecto de los hechos como del derecho que declare. En la alzada cabe sustanciar pruebas en ciertos casos, y en ellos el tribunal debe asistir a la audiencia respectiva. De las ligeras referencias que acabamos de hacer resulta claro el propósito de asegurar los beneficios de la concentración e inmediación en el recibimiento de la prueba; y en el procedimiento oral, incluso respecto de los alegatos de las partes. 1 5 5 . EMPEÑO EN AFIRMAR LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ. — En el capítulo iv del proyecto, bajo el título " D e las obligaciones y poderes de los jueces", el art. 1 8 dice que "es obligación de los jueces: . . . 3 ) asistir personalmente a las au-


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diencias a q u e hubiesen sido convocadas las partes, bajo p e n a de nulidad". E n la nota referente a este inciso 3 explica el doctor LASCANO: " L a asistencia personal del juez a la audiencia, tiene en el p r o c e d i m i e n t o q u e hemos a d o p t a d o una importancia sapital. L a audiencia es el escenario donde se desarrolla la p a r t e principal del proceso u n a vez trabada la litis: la prueba. Si el juez n o ve y oye d i r e c t a m e n t e a las partes, testigos, peritos, etc., no puede adquirir la impresión personal tan necesaria p a r a apreciar en su justo valor los elementos de convicción producidos. P o r esa razón y a fin de q u e la exigencia no aparezca teórica, se sanciona tal omisión c o n la nulidad. Y a se cuidarán los interesados en q u e el juez c u m pla con dicha o b l i g a c i ó n " " . Después de disponer en el art. 181 del P r o y e c t o q u e en el juicio oral " l a audiencia n o t e r m i n a r á hasta q u e se hayan ventilado las cuestiones propuestas y dictado veredicto sobre los h e c h o s " , salvo los casos de imposibilidad, en los cuales se deberá c o n t i n u a r al día siguiente, el autor, en la nota a dicha disposición, señala la intención de c o n c e n t r a r lo más posible la actividad p r o b a t o r i a ; y agrega: " E s la forma d e asegurar que ios m i e m b r o s del tribunal m a n t e n g a n , al decidir, fresca la impresión recibida en el m o m e n t o d e la producción y discusión de la prueba. T o d o esto, unido a lo q u e CHIOVENDA llama immediatezza, q u e el proyecto también p r o c u r a , obligando al tribunal a resolver i n m e d i a t a m e n t e antes de t e r m i n a r la audiencia (art. 1 7 8 , incs. 4 , 5 y 6 ) , es lo q u e garantiza el é x i t o del j u i c i o o r a l . 1

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E n concordancia con el " d e b e r " " * del juez sancionado en el r e c o r d a d o art. 18, inc. 3, e n t r e las disposiciones generales c o m u n e s a todos los juicios, el art. 184, inc. 1 —ya ci1

i 5 i Op. cit., p, 182. La opinión que contiene la primera parte de dicha nota ya la hemos mencionado en el capitulo iv, p. 36, de este trabajo, al reseñar la de tos diversos autores sobre la materia. isa Op. cíe, p. 289. Ver también lo que sobre "concentración" c "inmediación en el tiempo", hemos escrito en el capítulo vi, apartado b, y capitulo vil, apartado 3, io« Consideramos más exacto hablar de "deber" que de "obligación", como lo hace L A S C A N O .

1 1 - Eianer.

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lado en la reseña anterior—, expresa: " E l juez asistirá inexcusablemente a la prueba que deba practicarse en el lugar asiento del juzgado, bajo pena de nulidad. . . " ; acotando el autor en la respectiva nota: "Responde al propósito insistentemente enunciado, de que el juez se ponga en contacto con las partes y demás elementos de prueba". De todas las normas proyectadas, como así de las opiniones expresadas en la exposición de motivos y notas, resulta con evidencia que para el doctor LASCANO el logro de la inmediación era una de las aspiraciones más anheladas en procura de una justicia eficaz y rápida como él la deseaba. Con seguridad que de haber su proyecto contado con la oportuna adhesión del legislador, sus esfuerzos habrían dado los frutos esperados por el agudo procesalista desaparecido. 7. "Proyecto

Podetti"

1 5 6 . ACLARACIÓN. — Cuando nos referimos al "Proyecto Podetti", nos estamos refiriendo a la vez al "Proyecto del Poder Ejecutivo" de Código Procesal Civil para la Capital Federal y al reciente Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza. En mensaje dirigido al Congreso de la Nación en fecha 2 5 de junio de 1940, el Poder Ejecutivo nacional sometía a la consideración de los legisladores un proyecto de código procesa! civil para la justicia de la Capital Federal, territorios e islas nacionales y federal en las provincias . Este proyecto era obra e inspiración "personalmente original"" del desaparecido maestro J . RAMIRO PODETTI. De allí que en los medios científicos y universitarios se le conozca por el nombre de su autor. 160

11

Código Procesal Civil, Proyecto del Poder Ejecutivo, Dirección de Publicaciones, Biblioteca y Archivo, Buenos Aires. 1 9 4 9 , edición oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, ps. 1 3 y ss. Este proyecto se publicó como obra de la Dirección General de Instituios jurídicos del mencionado Ministerio, de la cual formaban parte por entonces dos reputados pro cesa lis tas: los doctores Podetti y Sartorio, director y subdirector, respectivamente, del Instituto de Derecho Procesal. " i S E N T Í S M H L F . M X ) , op. cit., p. 3 9 . 1 6 0

L A INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENTINAS

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Pese a la conmoción que provocó en el ambiente especializado , dicho proyecto no llegó a discutirse ni tratarse en el Congreso nacional. Pero poco tiempo después, a los cuatro años, fue sancionado y convertido en Código Procesal Civil para la provincia de Mendoza, con simples y pequeñas diferencias de detalle que fueron necesarias para adecuarlo a la Constitución de dicha provincia. Como dijo SENTÍS MELENDO a propósito de esta consagración : " P o r esta vez no tuvo aplicación el proverbio de que «nadie es profeta en su tierra». PODETTI, cuyano, pudo hacer el código para la provincia donde había vivido largos años". Por las razones arriba señaladas, limitaremos el análisis al proyecto del Poder Ejecutivo, que motivó los primeros y más agudos comentarios de la doctrina; y al hacerlo —naturalmente, sólo con relación a los principios que estudiamos—, daremos también por examinado el código mendocino. 102

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1 5 7 . ORIENTACIONES MODERNAS. — E l Proyecto PODETTÍ consagra las orientaciones procesales más en boga conforme al principio publicístico. La figura principal y rectora es la del juez, que dirige e impulsa el proceso, cuenta con poderes amplios para "esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, mantener la igualdad de los litigantes, propender a una más rápida y económica tramitación del proceso y asegurar una decisión justa"; intenta el avenimiento de las partes y sanea el procedimiento para evitar nulidades. Como dice el mensaje, en el ánimo de no hacer experiencias audaces y no obstante la corriente doctrinal nacional, el proyecto propugna para el proceso ordinario el sistema de la doble instancia con juez unipersonal en la primer a ' . Sólo adopta el de instancia única en juicio oral con 04

ción,

182 En o í sentido. Critica al Proyecto de Código Procesal Civil de la Nade C A R L O S A . A Y A R R A G A R A Y , año 1949. isa Op. cit.. p. 51. i*» C A R N E L L ' I T Í , en un artículo publicado en " L a Lev", t. 31, p. 1123. Im-

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tribunal colegiado, para la justicia de paz letrada de la Capital Federal. En un conocido trabajo , señalaba PODETTI: "Las dos posiciones extremas dentro del pensamiento jurídico procesal del país, han dificultado y demorado la aplicación a nuestro proceso, de los principios de inmediación y concentración en el régimen de la prueba. " L a extrema izquierda, diré, al afirmar que no pueden jugar estos principios y especialmente el primero, sino en un proceso de instancia única, convirtiendo así a la oralidad, que es un medio para lograr la inmediación, en un fin en sí misma. Y la extrema derecha, al oponer como obstáculos insalvables para implantar la inmediación y concentración, las mayores responsabilidades y esfuerzos que traerían aparejados para jueces y abogados. "Aunque aparentemente la primera postura se afirma en la doctrina chiovendiana, en realidad no es así, y ambos tienen de común constituir una valla al mejoramiento progresivo de nuestras instituciones. Una, al pretender «un salto en el vacio» como dijera CARNELUTTI en el Congreso de Derecho Procesal de Salta. Y la otra al aferrarse a la rutina por temor a un esfuerzo que, en definitiva, simplificará las tareas judiciales y de patrocinio. . . CHIOVENDA concibió su doctrina sobre un procedimiento de doble instancia; su proyectada reforma procesal incluía la oralidad con dos instancias ordinarias; y el vigente código italiano de procedimientos, que sigue sus enseñanzas, también tiene dos instancias ordinarias, con el agregado de que la primera también es colegiada". 165

158. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. — Siguiendo estas ideas, el proyecto del Poder Ejecutivo sólo instituyó el sistema de presiones sobre el Segundo Congreso de Derecho Procesal Argentino, referente a ios debates celebrados en Salta, advierte con energía en contra de la instancia tínica, q u e considera un grave riesgo para los ciudadanos y especialmente en materia pena!. íes La doctrina de Chiovenda sobre inmediación y concentración y el anteproyecto de Código Procesal para Mendom, en "Revista de Derecho Procesa!", X Í , 1<"\ trimestre 1953, n ' 1, p . 57.


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la instancia única en j u i c i o oral —como dijimos— p a r a aquellos conflictos en que p r e d o m i n a la prueba d e los hechos, los q u e atribuye al c o n o c i m i e n t o d e tribunales colegiados que integran la justicia d e paz letrada cuya c o m p e t e n c i a se amplía. P e r o , para el p r o c e d i m i e n t o civil ordinario, c o n doble instancia, se ha p r o c u r a d o asegurar las ventajas d e la inmediación, limitación de recursos, concentración y demás inherentes al de instancia única, sin privar a las partes del beneficio d e la revisión de las sentencias en segundo grado. E n el libro segundo se regula el proceso o r d i n a r i o y dos formas abreviadas d e él q u e llama " s u m a r i o " y "sumarísirao". P o r a c u e r d o de las partes o por disposición del juez es posible sustanciar los conflictos p o r dichos trámites sim plificados. 1 5 9 . E L PROCESO ORDINARIO. — A u n q u e el proceso ordinario se basa en la escritura, se han previsto las condiciones necesarias para lograr —como se dijo— la c o n c e n t r a c i ó n e inmediación en el régimen de la prueba. L a d e m a n d a y su contestación se formulan p o r escrito y con ellas deben acompañarse todos los d o c u m e n t o s q u e o b r e n en poder de las partes y se refieran a la cuestión debatida. N o hay un período de prueba, sino que al haber hechos controvertidos se fija un breve t é r m i n o de diez días, d e n t r o del cual las partes deben ofrecer toda la p r u e b a de q u e intenten valerse, a c o m p a ñ a n d o los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos y puntos d e pericia. C o n tal a c u m u l a c i ó n se obtiene q u e desde el comienzo del j u i c i o el material del proceso quede suficientemente aclar a d o , circunscrito, d e t e r m i n a d o , p e r m i t i e n d o al juez u n cabal c o n o c i m i e n t o de la controversia con todas sus modalidades, y a las partes, los a r g u m e n t o s y armas d e sus contrarios en un pie d e igualdad. T o d a la p r u e b a ofrecida de tal m o d o es proveída mediante u n p r o n u n c i a m i e n t o ú n i c o q u e dispone su producción, evitándose así las nuevas peticiones y reclamaciones sobre pruebas n o ordenadas.

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Por el mismo auto por el cual se ordenan las diligencias de prueba: nombramiento de peritos, libramiento de oficios y exhortos, citaciones a las partes y testigos, etc., se designa la audiencia única en que se sustanciará la causa, la cual debe celebrarse dentro de un término no mayor de cuarenta días. Sólo en caso necesario se podrá prorrogar la audiencia para la fecha más inmediata. La nota fundamental respecto de dicha audiencia de sustanciación de la causa, es —en cuanto nos interesa a los fines de este trabajo— la de que el juez personalmente debe recibir toda la prueba que en ella se produzca. En este sentido, dentro del capítulo ni, título ni del libro primero, que trata de los "Deberes y facultades de los jueces y de los litigantes", el inciso 8 de! art. 43 establece como deber primordial de los magistrados: "Asistir personalmente a las audiencias, siendo nulas en caso contrario" " . Y el art. 156 del Proyecto expresa: "Si las pruebas o alguna de eilas hubieran de recibirse necesariamente fuera de la sede del tribunal, pero dentro del radio urbano del lugar, el juez o un miembro del tribunal colegiado, las recibirá personalmente. Si hubieren de serlo fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, podrá trasladarse el juez o un miembro del tribunal colegiado a recibirlas o encomendar su recepción a un juez de paz, mediante oficio. . . " . 1

6

La absolución de posiciones, declaración de testigos y explicaciones de los peritos serán, pues, recibidas directa y personalmente por el juez o tribunal, pero tratándose del proceso ordinario, se levantará acta en la que se consignará lo que aquéllos expresen, del modo más fiel, y si las partes lo pidiesen en el momento de ofrecer su prueba, se dispondrá a su costa el nombramiento de taquígrafos o del técnico coifis El Código cíe Mendoza ga al texto del inciso referido yecto Lascano). De este modo celebradas sin la presencia de! litigantes—, sino que impone ai \ cngadas.

es más concluyeme que el proyecto, ya que agrecon las costas a su cargo" (como el piono sólo sanciona con !a nulidad las audiencias juez —lo que en parle sólo es castigo para los magistrado incumplidor la carga de las costas de-


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rrespondiente y alquiler del aparato mecánico de reproducción de la prueba oral que se deseare registrar. Si al concluir la audiencia de sustanciación toda la prueba estuviera ya producida y agregada —esto, respecto de la tramitada fuera del tribunal—, en tal caso los letrados de las partes podrán por su orden alegar verbaímente en ese mismo acto. Si así no lo hicieren o al terminar la audiencia hubiera prueba pendiente de agregación, entonces los alegatos se producirán por escrito en el plazo de diez días. No alegándose por las partes o vencidos los términos respectivos, el proceso quedará en estado de dictar sentencia, la que deberá pronunciarse en el término de treinta días. Éstas son apelables en cuanto a los hechos y el derecho; y en los casos en que procede sustanciar pruebas en segunda instancia —hechos nuevos, documentos antes desconocidos, pruebas no producidas en primera instancia sin culpa del proponente—, entonces se seguirán las normas procesales ya estudiadas, debiendo recibirse las declaraciones por el tribunal mismo sin intermediarios. 160. JUSTICIA DE PAZ Y JUICIO ORAL. — En el libro quinto se regulan los procedimientos ante la justicia de paz. Como ya dijimos, se organizan las actuaciones ante tribunales colegiados de instancia única, determinándose la competencia y procedimiento de éstos y de la justicia de paz lega. Se atribuye competencia a los primeros en las acciones por indemnización de daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tránsito terrestre, cualquiera sea su monto. Esto es así, dice el mensaje del Poder Ejecutivo, "porque reúnen, en general, las características de ser cuestiones judiciales simples y preponderar la prueba de los hechos, que los hacen aptos para ser dilucidados en instancia única y juicio o r a l " . T a m b i é n se adjudica competencia a estos tribunales, en asuntos civiles y comerciales cuyo monto no exceda de cinco 187

i í ' Proyecto

de! Poder Ejecutivo,

op. cit., p . 33.

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mil pesos; pero se excluyen las cuestiones de familia y estado de las personas, en las cuales se halla interesado el orden público, en razón de la mayor garantía que representa el juicio ordinario con la doble instancia, como así porque la mayor celeridad y publicidad inherentes a los procesos orales de única instancia no siempre convienen a la reserva y seguridad que tales asuntos demandan. Se excluyen, asimismo, de su conocimiento los juicios universales, los de reivindicación de inmuebles, deslindes, acciones posesorias y reposición de títulos, como así los procesos en que la Nación es parte como poder público —salvo los juicios por cobro de impuestos y tasas—, por entenderse que tales cuestiones por sus características y valores en juego no requieren la actuación de! tribunal colegiado ni el juicio oral sin apelación. Además conocería dicho fuero en las cuestiones referentes al contrato de locación. En cuanto al procedimiento mismo ante estos tribunales, se recuerda que en lo referente a !a demanda y contestación, como así en lo relativo al ofrecimiento de pruebas, rigen las normas ya citadas respecto de] procedimiento ordinario. En cada asunto se designa al miembro del tribunal que debe actuar como juez de! trámite, que es el que tiene a su cargo disponer las medidas de prueba, entender en las peticiones y recursos que se promuevan con motivo de elías, librar oficios y exhortos, nombrar peritos, citar a las partes y testigos, y especialmente designar la audiencia en que se desarrollará la vista de la causa y recibirán todas las declaraciones, por los miembros del tribunal. Mediante este arbitrio del juez de[ trámite, se consulta mejor las finalidades de la inmediación, ya que será el tribunal en forma directa y personal quien oirá las deposiciones de los testigos, las confesiones de las partes y explicaciones de los peritos; y al verlos e interrogarlos se llevarán sus miembros una impresión viva y real de las diversas circunstancias y modos en que se expidan los declarantes.


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Decía el mensaje: " N o se ha creído conveniente el juez instructor del Código italiano, por cuanto conspira en contra del principio de inmediación, ya que los demás miembros del tribunal sólo conocerán la prueba oral a través de su comprensión por aquél". Otro de los postulados condicionantes del principio que estudiamos, queda satisfecho con las previsiones del proyecto. El art. 336 dice: "Este tribunal no deberá modificarse hasta que haya dictado sentencia". En los casos de fallecimiento o grave impedimento de uno de los jueces, después de comenzada la recepción de la prueba, dice el mismo artículo, podrá ser reemplazado; pero si por tales motivos hubiere que reemplazar a dos o más jueces, entonces las pruebas recibidas oralmente deberán repetirse ante el nuevo tribunal. Al finalizar la audiencia se concede la palabra a los letrados, por su orden, y acto continuo el tribunal pasa a deliberar y dictar sentencia; siéndole permitido hacerlo —según la complejidad del asunto— en un plazo de cinco días. 1 6 ! . CONSIDERACIONES FINALES. — Como podemos apreciar, en este proyecto del doctor PODETTI, al igual que en el ya examinado del doctor LASCANO, una de las preocupaciones más notables y confesadas, del autor, es la de arbitrar los medios idóneos para procurar al proceso los beneficios de la inmediación, especialmente en el recibimiento y sustanciación de las pruebas. No tenemos dudas sobre el éxito de tales propósitos, en el proceso ora! ante tribunal colegiado que se instituyó para la justicia de paz letrada, con única instancia. Allí, la inmediación resulta garantizada por la calidad del órgano y las normas ineludibles impuestas para su funcionamiento en la sustanciación y decisión de la causa. No podemos afirmar lo mismo en cuanto al proceso civil ordinario de doble instancia, en el cual las pruebas orales se registran en las respectivas actas. Si bien aquí, este proyecto, al igual que el de LASCANO, impone la presencia y actuación inexcusable del juez, en la audiencia en que las

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pruebas se concentran y reciben, nuestros temores son mayores porque la experiencia que tenemos del procedimiento escrito con pretensiones de inmediación —como el de! fuero laboral y la justicia de paz en la Capital Federal— es poco alentadora. Por acumulación de tareas o escaso acatamiento a las exigencias de la ley, los jueces no asisten a las audiencias de prueba y delegan tales funciones en empleados subalternos, sin aterrarse por las sanciones de nulidad que la ley promete para el caso de inasistencia. Y la pretendida concentración del trámite probatorio se desvanece en prórrogas, incidentes, postergaciones sirte die que alejan doblemente al juez, de las pruebas: a) personalmente, por no recogerlas él mismo; b) temporalmente, por estudiarlas y apreciarlas mucho tiempo después de producidas. Claro está que no conociendo por propia experiencia dicho sistema según se halla vigente en la provincia de Mendoza —nos referimos al proceso ordinario—, no estamos en condiciones de asegurar que tales temores resulten fundados en este caso. Nos informa SENTÍS MELENDO que "funciona sin dificultades". Deseamos que así sea, y a falta de otras noticias damos por cierto que los jueces mendocinos han sabido interpretar los anhelos de la ley que recogió las enseñanzas del maestro PODETTI. 368

8. La inmediación en el Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy 162. ANTECEDENTES. — Al examinar las características del Proyecto Podetti (o del Poder Ejecutivo) hemos mencionado coincidentemente las del Código de Mendoza, por tratarse de un mismo cuerpo de disposiciones. Pero si nos atenemos a la prioridad debida, podemos destacar desde ya que de los nuevos códigos procesales argentinos que se atrevieron a adoptar los sistemas más adelantados y las reformas más profundas en el viejo procedimiento civil i<¡« Op.

cit.,

p.

41.


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de nuestras provincias, el primero de ellas es el de la provincia de Jujuy. El proyecto respectivo fue redactado por el doctor GUILLERMO SNOPEK, y promulgado el 1 0 de marzo de 1 9 4 9 como ley 1 9 6 7 , para empezar a regir el ! de enero de 1 9 5 0 , después de un razonable período de conocimiento y difusión entre el pueblo, magistrados y profesionales. 1 6 3 . TIPOS DE PROCESO. — La nota predominante de dicho código la constituye el haber adoptado para el juicio civil ordinario el proceso oral en instancia única ante tribunal colegiado. Sólo para juicios particulares se dispone el proceso ordinario escrito, tales como los que versan sobre divorcio, nulidad de matrimonio, reivindicación, rendición de cuentas, nulidad de instrumentos públicos y contratos; juicio ordinario que fuera consecuencia del ejecutivo, sucesorio o concurso civil, y los que el tribunal disponga en razón de su complejidad (arts. 2 8 7 y 2 8 8 ) . Por último, se organizan procesos sumarios y sumarísimos para los asuntos de menor cuantía y para determinadas acciones que requieren un trámite urgente y simplificado sin desmedro del derecho de defensa; las que se enumeran en los arts. 2 8 9 y 2 9 0 del Código. 1 6 4 . PRINCIPIOS ADOPTADOS. — En general, este cuerpo incorpora los principios procesales más modernos —parte de los cuales enuncia en su título preliminar como "principios rectores", y en el titulo primero como "normas generales"—, tales como los que otorgan la dirección del proceso y su impulso al órgano jurisdiccional que tiene poderes conferidos para asegurar la igualdad, probidad, buen orden, economía y concentración en los procesos, como asi para decretar las medidas tendientes al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos. L a inclusión de los principios de "iniciativa", a cargo de las partes para la iniciación del proceso, y de "contradicción", mantenidos en toda la regulación del Código, asegu-

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r a n u n a n o r m a ! contemporización de la m á x i m a publicística con la privatístíca. U n a verdadera novedad implicó la consagración plena de ia perentoriedad de los términos y de las medidas saneadoras tendientes a o r d e n a r el proceso y evitar nulidades. 165. SOLUCIONES ARBITRADAS. — El tipo de procedimiento estatuido: oral, ante tribunal colegiado, en instancia única; implicaba de por sí la seguridad d e que el principio de inmediación hallaría su c a m p o propicio en el p r o c e d i m i e n t o civil j u j e ñ o . P a r a dar mayor énfasis e imperatividad a tal postulado, el art. 13 del C ó d i g o dice t e x t u a l m e n t e así: " I n m e d i a c i ó n : El juez tiene la obligación de asistir y dirigir personalmente las audiencias, bajo pena de nulidad. Ú n i c a m e n t e en los procesos voluntarios podrá comisionarse al a c t u a r i o la recepción de pruebas". Es natural q u e exista tal deber de los jueces en un proc e d i m i e n t o oral. Si bien puede darse la oralidad practicada ante funcionarios q u e n o juzgan, ella c a r e c e d e todo sentido y eficacia si n o se manifiesta ante el propio juez d e la sentencia. En el proceso civil escrito, también se p r o c u r a p o r la ley j u j e ñ a alcanzar tales finalidades i m p o n i e n d o especialmente a los jueces su asistencia personal a la audiencia de p r u e b a , en la cual le a t r i b u y e activas funciones d e dirección y en el r e c i b i m i e n t o d e las declaraciones. De éstas se toma versión escrita, lo más fiel posible; y a fin de asegurar ese resultado en las causas q u e así lo exijan, el juez podrá disponer q u e se saque versión taquigráfica o fonográfica, siendo dicha resolución inapelable. T a n t o en el proceso o r d i n a r i o escrito c o m o en el oral, el periodo llamado instructorio es de actuación escrita. C o n la demanda y con su contestación deben ofrecerse todas las pruebas, acompañarse los d o c u m e n t o s q u e las partes tuvieren en su poder y adjuntar los pliegos d e posiciones, interrogatorios de testigos y puntos de pericia.


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El actor puede ofrecer nuevas pruebas a fin de desvirtuar las afirmaciones sobre hechos nuevos que introduzca la contestación del demandado. Se establece un trámite sumario para la sustanciación de las excepciones previas. Terminado el período instructorio, en el juicio oral, uno de los miembros del tribunal, que es el juez del trámite, ordena las pruebas y fija audiencia para la vista de la causa. En ésta se da lectura a las piezas escritas acumuladas; se reciben las pruebas orales, por el tribunal; y después de concederse el uso de la palabra a las partes y ministerio público, se pasa a deliberar y dictar sentencia; todo ello en una sola y única audiencia que únicamente se prorrogará hasta el siguiente día o el inmediato venidero después de cesado el motivo de la postergación. Cuando el asunto fuere complejo, se podrá diferir el pronunciamiento y lectura del fallo hasta dentro de seis días. El secretario del tribunal levantará acta de lo sustancial o de cualquier circunstancia especial cuando lo pidiere alguna de las partes y el juez lo creyere pertinente. 166. ACOTACIÓ.N. — No tenemos noticias del acierto con que haya funcionado el sistema introducido por el moderno código de la provincia de J u j u y . La ley es buena, y las previsiones adoptadas en ella para asegurar su eficacia son dignas de encomio. Claro que en este como en otros casos, podrá afirmarse que todo es cuestión de hombres y que de su dedicación y capacidad depende la bondad y éxito de cualquier disposición normativa, por acertada que parezca en su letra. Pero aun así, es indudable que al suministrar un instrumento eficaz a las manos responsables de los jueces, éstos podrán realizar una obra más provechosa que cuando todo depende de su valor personal, sin la autoridad de una ley que facilite su cometido. 9. En el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia de La Rioja 167. AVANZADA LEGISLACIÓN; SUS LINEAMIENTOS. — Otro de los códigos procesales, más modernos y avanzados del

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país, obra del doctor A. MARIO DE LA FUENTE, fue el que le tocó en suerte a una de las provincias más pobres de la patria: a la de La Rioja. Esta obra, que el mencionado estudioso proyectó en el breve lapso de pocos meses, fue sancionada como ley el 29 de setiembre de 1950 y promulgada bajo el número 1575, el 30 del mismo mes y año, para entrar a regir el 11 de febrero de 1951. Adopta decididamente el juicio oral en instancia única ante tribunal colegiado, sin perjuicio de reglar también, para ciertos asuntos, un procedimiento escrito que se sustancia ante un juez de instrucción, con alegatos orales ante la Cámara que dicta sentencia. El autor, en un difundido trabajo publicado a los dos años de vigencia de la nueva ley, nos explica el criterio seguido al proyectar el proceso oral en materia civil, dándonos la razón de su audaz elección ' en estos términos: "Con la doble instancia tenemos una experiencia secular, que se inicia en la Colonia: la justicia que nos administra es mala por su lentitud exagerada. No tenemos experiencia con la instancia única, pero la sabemos ágil y rápida. Si por cualquier causa el nuevo sistema nos administrase una mala justicia, se trataría de una mala justicia rápida, en oposición a la mala justicia de la doble instancia que es demasiado lenta. Luego, es preferible una mala justicia rápida a una mala justicia muy lenta. Con este argumento extremista, en que se optaba por un supuesto mal menor, se decidió la oralidad de los procesos, implantándose los tribunales colegiados de instancia única". 1

9

Y comentando ya el resultado de sus primeras experiencias en el foro riojano, nos dice con no disimulado entusiasmo: " A pesar de ser nuestra provincia la más pobre, la menos poblada y la más alejada de los centros universitarios, ha realizado con todo éxito la oralización de los juicios. Los resultados obtenidos son favorables en todo sentido. La rei«9 La oralidad en el nuevo Código Procesal Civil de IJI Rioja, en '-Revista de Derecho Procesal", año xi, 1953, 1 " . trimestre, ps 65 a 80.


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sistencia y oposición con que se recibió a la retorma se ha quebrado definitivamente, no por la acción de razonamiento doctrinario, sino por la fuerza de sus resultados propios". 168. PODERES DEL JUEZ. — Teniendo en cuenta las características de dicho código que interesan a nuestro tema, podemos señalar las siguientes: En el capítulo iv del libro primero, que se refiere a las "Obligaciones y poderes del j u e z " , el art. 32 prescribe: " E l juez ejerce la dirección del proceso con la cooperación de los abogados, debiendo mantener la igualdad de las partes y adoptar las medidas más adecuadas para obtener celeridad y economía en su desarrollo y una decisión ajustada a derecho" . El art. 33 otorga al juez numerosos poderes que permiten hacer efectiva la dirección del proceso en beneficio de una mejor justicia y sin menoscabo de la igualdad y poderes dispositivos de las partes, naturalmente algo morigerados. Dicha norma faculta a aquél a tomar medidas para "evitar nulidades" (inc. 3 ) ; ordenar que comparezcan personalmente las partes, peritos o terceros para interrogarlos sobre los hechos alegados {inc. 4 ) ; llamar y oír oralmente a los parientes o amigos íntimos de las partes para mejor informarse en casos de disenso, divorcio, insania, tenencia de hijos y pérdida de la patria potestad, sin dejarse constancia 17ñ

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" » Repelimos que las llamadas "obligaciones" son propiamente "deberes" del juez, por ser imperativos de su cargo en el servicio de la justicia y no prestaciones en favor de los particulares que éstos puedan reclamar con la respectiva acción peisonal, contra aquél. 1 7 1 Esto nos recuerda similares propósitos consagrados en el art. 2 ! de la ley 14.237. En cuanto a la intervención coadyuvante de ios abogados en la "dirección del proceso", sin perjuicio de alentar ideas de inmediación en las [elaciones entre jueces y abogados - c o m o lo refería Calamandreí—, nos denota la je rarquización reconocida a nuestra profesión que también quiso imponer e) art. 6 del decreto-ley 23.398/56, al agregar al art. 52 del Código de la Capital Federal un segundo inciso que dice- " E n el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cnanto al respeto y consideración que debe guardársele". Dicha declaración legal provocó en algunos una tónica estimulante y promisora de una merecida dignidad, mientras que de otros sólo obtuvo el comentario irónico, si no desdeñoso, basado en la experiencia de la vida forense y en la reconocida inocuidad de tales declamaciones.

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escrita del acto (inc. 5 ) " ; y decretar cualquier otra diligencia para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos, "siempre que no importe suplir las omisiones en que hubiesen incurrido los litigantes respecto de la prueba ofrecida y no diligenciada (inc. 6 ) . Aquí, vemos respetada la igualdad y potestad dispositiva de las partes. 1

1 6 9 . NORMAS QUE ASEGURAN LA INMEDIACIÓN, — Consagrando la primera y elemental exigencia del principio de inmediación adoptado por el Código, éste en su art. 183, que se refiere a las audiencias en general, impone: " T e n drán lugar con la presencia de! juez o jueces que señale la ley y del secretario, bajo pena de nulidad, salvo en las informaciones sumarias en que la presencia del juez n o e s indispensable" (inc. 1), En cumplimiento de otro de los postulados inherentes a la efectividad del principio que estudiamos, el art, 3 6 3 , reglando las condiciones de sustanciación del proceso oral, dispone: "Los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieran a la recepción de la prueba en la audiencia, y si por circunstancias extraordinarias, como fallecimiento o grave impedimento, hubiere que reemplazar a más de un juez, la prueba tendrá que reproducirse en una nueva audiencia que se realizará dentro de los quince días de haberse desintegrado el tribunal". Esta norma es imprescindible si se quiere ser coherente. En efecto, ¿de qué vale que se haya obligado a los jueces a estar presentes y recibir personalmente las pruebas en contacto inmediato con las partes y testigos, si luego fuera posible que tos jueces que recibieron las directas impresiones sean sustituidos por otros nuevos que se limitaran a dictar sentencia? Respecto a los útiles propósitos de conciliación o abreviación de la litis, el art. 2 9 0 establece que el juez instruci " Ss trata de materia referente al derecho de familia, minoridad, interdicción, etc.. en que por razón del orden público comprometido, se entiende generalmente que las facultades inquisitivas del tribuna! resultan legitimas y justificadas. 5

LA INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARGENUNAS

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tor del procedimiento escrito o el presidente del tribunal, en el juicio oral, una vez trabada la controversia, convocarán obligatoriamente a las partes a una "audiencia con fines de avenimiento". Y en cualquier estado del juicio podrán "hacer comparecer a las partes a su presencia, para tentar conciliación o proponerles se simplifique la discusión, eliminando las cuestiones que carezcan de importancia para la sentencia definitiva". Ello significa no sólo una oportunidad para que en contacto directo las partes puedan deponer sus actitudes extremas o resolver sus diferencias, sino también para que el juez conozca personalmente, desde el comienzo, a los litigantes y sus argumentos respectivos, interiorizándose del material de la causa de un modo más profundo que le permita una eficaz dirección y solución del proceso. 170. PROCESO ORAL. — Se conocerá de las causas en proceso oral, en cuestiones que no versen sobre derecho de familia o estado de las personas y siempre que los valores discutidos no excedan de treinta mil pesos o sesenta mil si hubiere acumulación de acciones. Y cualquiera sea el monto, en todos los casos el juicio será oral cuando se trate de acciones posesorias, despojo, expropia*, ion, escrituración, ejecutivos e hipotecarios y por cobro de sueldos y salarios. Así lo determina el art. 3 6 0 del Código. T a m b i é n será oral el proceso cuando así lo acuerden las partes, aunque el monto exceda del referido (art. 3 6 1 ) . Como previsiones comunes a ambos procesos, se dispone que la demanda, su responde, al igual que la reconvención y su responde, serán escritos; debiendo con ellos ofrecerse todas las pruebas, acompañarse la documental que estuviese en poder de las partes, los pliegos de posiciones, interrogatorios y punios de pericia. 171. PROCESO ESCRITO. E L JUEZ DE INSTRUCCIÓN. — En el proceso ordinario escrito, una vez contestada la demanda o la reconvención, o resueltas que fueren las excepciones e

12 - Eianer.

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intentado sin éxito la conciliación, al haber hechosrcontrovertidos el juez de instrucción fijará una audiencia de prueba y ordenará las diversas medidas probatorias propuestas por las partes o las que creyere necesarias para el "esclarecimiento de los hechos". Dicho juez tiene poder decisorio para resolver todas las incidencias que se susciten durante la sustanciación de la prueba, sin que sus autos puedan ser recurridos. Sintetizando tos poderes del juez, ya señalados, y dando a la vez norma de inmediación que luego reglamenta en el capitulo referente a cada medio de prueba en particular, el art. 301 expresa: "Durante el período probatorio de los juicios de procedimiento escrito y de los juicios de procedimiento oral, el juez o tribunal ejercerán con sano criterio los poderes de investigación y esclarecimiento de los hechos controvertidos que les confiere el art. 33, interrogando a los peritos, testigos, litigantes y decretando todas aquellas medidas de prueba que puedan arrojar luz sobre la contienda"" . 8

Toda la prueba se recibirá, de ser posible, en una única audiencia. Terminada la prueba, se agregarán los cuadernos en que ésta se hubiere recogido, decretándose el cierre de la instrucción y elevándose el expediente a la cámara. El presidente de ésta lo entregará por treinta días a sus miembros para que lo estudien, pudiendo el tribunal dentro de ese término disponer medidas de prueba conforme lo autoriza el recordado art. 33. Vencido dicho plazo, se fija audiencia en la cual los abogados informan oralmente sobre el mérito de la prueba. Dice el art. 358 que el referido informe es "rigurosamente oral", prohibiendo en forma absoluta su lectura. Se admite dejar, n a Aunque se hable de "investigación", tratándose de un proceso civil no inquisitivo y de esclarecer los "hechos controvertidos', ia función del tribuna! no será por cierto "investigadora" para descubrir hechos, sino verificadora para esclarecer o corroborar los hechos afirmados por las partes y que quedaren "rontro\eitidos", como dice la lev * MI espíritu.

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E l . PRINCIPIO EN LOS DIVERSOS CÓDIGOS

los recursos extraordinarios de casación —en cuanto al derecho—, de inconstitucionalidad y el de revisión, ante !a Corte de justicia de la Provincia. ! 7 4 . RESULTADOS. — Comentando el doctor DE LA FUENTE las ventajas que se habían procurado y obtenido con el procedimiento oral implantado en el Código riojano, en la materia que nos interesa, se expresa en estos vibrantes términos que consideramos necesario reproducir'": "Así como el aire, la luz y el sol son los elementos vitales en que se apoya la salud y la fortaleza de las personas, y que hay qi*e ir a buscarlos en los ambientes naturales donde abundan, así también ocurre con la oralidad, la concentración y la inmediación, que son los elementos vitales en que se apoya la salud y el prestigio de la justicia y hay que ir a buscarlos en los ambientes jurídicos donde abundan. Si estos principios son nulos en el procedimiento escrito de la doble instancia y en cambio son principios dominantes en el procedimiento oral de la instancia única, habrá que adoptar este sistema procesal y abandonar el otro. Sólo con una reforma de esta trascendencia habremos roto definitivamente con la herencia y el atavismo legal de la Colonia, que siempre ha ejercido una acción retardataria dentro de la organización jurídica del país". \ o creemos oportuno agregar nada más respecto de la valiente adquisición del Código riojano. 1 0 . En la Ley Orgánica y de Procedimientos de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 1 7 5 . ACLARACIÓN. — Antes de dar término a este recorrido, tal vez monótono pero necesario, por las distintas legislaciones procesales que hemos escogido para este estudio, nos ocuparemos brevemente de la ley 5 1 7 8 , que crea, organiza y regla el procedimiento de los modernos tribunales del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Dicha ley fue promulgada el 1G de noviembre de 1 9 4 7 , y en su art. 5 8 dis-


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puso que tales tribunales debían estar instalados —y en funcionamiento, se entiende— dentro del término de dos años a partir de aquella fecha. Nos ocuparemos de esa ley, a pesar de no regir en el fuero civil sino en el especial del trabajo, en razón de ser para nosotros el ejemplo más cercano de oralidad e inmediación que alcanzamos a conocer en nuestra experiencia profesional, extendida a los foros circunvecinos de esta Capital. 1 7 6 . E L PROCEDIMIENTO. — Citaremos las disposiciones más interesantes. El art. 6 de la ley establece que "los tribunales del trabajo conocerán: a) en única instancia y en juicio oral y público, de los conflictos jurídicos individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores o aprendices, cualquiera sea el valor de lo cuestionado". Aquí queda ubicada, además de la competencia, la clase de sistema procesal adoptado para la sustanciación de tales juicios: oral, público y de instancia singular. En este procedimiento, la demanda y su contestación se formulan por escrito, con el cual se acompañan los documentos que obren en poder de las partes y se ofrecen todas las pruebas de que intenten valerse. Del responde se da traslado al actor, quien puede ampliar su prueba con respecto a ios nuevos hechos introducidos por el demandado (arts. 29 y 32). Cumplidos los actos anteriores y siempre que no se hubieren opuesto excepciones, el presidente del tribunal proveerá lo pertinente a la prueba ofrecida y fijará audiencia para dentro de treinta días, a fin de que en la vista de la causa se reciban las de posiciones, testifical y pericial (art. 3 4 ) " . 5

'•:> Lamentablemente, para la mejor eficacia de esta lev. en la mayor parte
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En cuanto al mejor conocimiento de las cosas y lugares referidos en la litis, el art. 4 0 de la ley establece: "Cuando el tribunal considere necesario la inspección ocular, podrá trasladarse en pleno a! lugar de que se trate o encomendar la diligencia a algunos de los magistrados o secretarios del mismo. . . " . En la audiencia para la vista de la causa se da lectura de las actuaciones de prueba practicada fuera de ella; lo que se podrá dejar sin efecto habiendo acuerdo de partes. Luego se reciben las restantes pruebas. Las partes, los testigos y peritos son interrogados libremente por el presidente del tribunal, sin perjuicio de las interrogaciones que puedan hacer ¡as partes . A continuación se concede la palabra al representante del ministerio público, si interviniere, y a las partes, por su orden, para que se expidan sobre el mérito de las pruebas rendidas. Acto seguido, el tribunal pasa a deliberar y dicta inmediatamente su veredicto sobre las cuestiones de hecho- La sentencia puede dictarla en la misma audiencia o dentro de tercero día (art. 4 3 ) . Contra ésta no cabe recurso ordinario de apelación. Sólo es recurrible ante el mismo tribunal por vía de revocatoria y ante la Suprema Corte de Justicia por los recursos extraordinarios previstos por la Constitución provincial. 110

177.

RATIFICACIÓN DEL PRINCIPIO. — Es preocupación de

esta ley asegurar los efectos de la inmediación, y a tal fin no sólo impone la asistencia personal de los jueces a la vista de la causa donde la prueba oral se recibe, sino que arbitra los medios para extender dicha práctica todos los casos posibles. Así, el art. 46 dispone: "Las pruebas deberán ser recibidas directamente por los miembros del tribunal, pero cuani't f.slas se hacen por inieimcilio del presidente de] tribunal v no dilectamente por las panes, las que se liimun a pmponer a aquél ios puntos a 111; u rogar.

LA INMEDIACIÓN EN LAS LEYES PROCESALES ARCENTINAS

167

do deba practicarse fuera de la ciudad asiento del mismo, las partes podrán pedir de común acuerdo se delegue su recepción. Si el trabajador exigiere que los testigos sean examinados directamente por los jueces de la causa, siempre que tuvieran su domicilio en la provincia, el Estado abonará los gastos de traslado con cargo de reembolso al mejorar de fortuna. Cuando lo solicite el empleador, depositará la suma necesaria para los gastos de traslado". Como se ve, en tanto aprecia la ley las conveniencias de que el testigo sea oído, visto e interrogado personal y directamente por los jueces del proceso, que impone al Estado el esfuerzo de sufragar los gastos de traslado de aquél; sin perjuicio de su eventual restitución por el obrero "al mejorar de fortuna". 178. EXPERIENCIA DEL JUICIO ORAL. — Decíamos que en estos tribunales hemos visto y experimentado el funcionamiento del juicio oral en instancia única. Nuestra opinión es verdaderamente entusiasta. Por primera vez hemos sentido, en presencia de los jueces, la sensación de ejercer un ministerio y la de ser " o í d o " en nuestras razones y argumentos de debate. Sólo al escuchar las resonancias de nuestra propia voz en el recinto y ver los rostros atentos y responsables de los magistrados siguiendo nuestra exposición, pudimos vislumbrar lo que es, verdaderamente, la función de la justicia y con ella la del abogado '. Allí hemos sentido el alivio de que los dichos de los testigos fueran oídos directamente por los jueces, prontos a controlar, en el acto, con nuevas preguntas u observaciones, las ambigüedades, lagunas, evasivas o falsedades, sin necesidad de agotar nuestros nervios y paciencia en suplicar al escribiente para que registre con máxima fidelidad las expresiones del deponente, en esas actas siempre defectuosas que no son aptas para recoger gestos, reacciones, titubeos, 17

Va no debíamos temer que los jueces no leyeran nuestros argumentos y (-¿¡unes, puesto true estaban afii los destinatario*, ovendoias de nuestros labios. l r ;

168

E l , PRINCIPIO E N LOS DIVERSOS CÓD1G05

recitados ni turbaciones; como nos ocurre diariamente en las "audiencias" sin juez de los procesos escritos. Y al escuchar el veredicto en esa misma audiencia, casi al momento de expuestas nuestras alegaciones, comprendimos cuánto tiempo y cuántas energías se derrochan en esos interminables vericuetos de! procedimiento ordinario en que se pierde la confianza y la calma de nuestro cliente a la par que la propia. 1 7 9 . UN PROBLEMA DE ORGANIZACIÓN. — Señalamos ya (nota 1 7 5 ) que lamentablemente, en estos tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, la gran cantidad de juicios a cargo de cada uno de ellos, impide prácticamente que las audiencias para la vista de la causa se celebren dentro del breve término de treinta días que pretende la ley. Eilo, como es natural, no afecta en este caso la eficaz vigencia de los principios de concentración e inmediación, ya que al ventilarse la causa, en la respectiva audiencia se desarrollan todos los actos procesales previstos para esa etapa crucial y se cumple la intervención personal v directa de los jueces, querida por aquéllos. Sólo se resiente la "celeridad" anhelada; tanto más necesaria en estos juicios en que se tratan urgentes reclamaciones de los asalariados despedidos de sus empleos o accidentados. Pero esto no le es imputable ni al sistema adoptado ni a la persona de los jueces. Es un problema de estadística y organización, que los poderes públicos deben subsanar con urgencia utilizando los medios a su alcance, a fin de no malograr las excelencias de una ley que merece el elogio de todos.

PARTE CUARTA CONSIDERACIONES

FINALES

CAPÍTULO X CONCLUSIONES Y

PERSPECTIVAS

1 8 0 . NUESTRO OBJETIVO. — Nuestras ideas en torno al tema de la inmediación en el proceso judicial han ido siendo expuestas en este trabajo no sólo al enfocar de frente y doctrinalmente a dicho principio, sino —quizá con más colorido y realidad— con motivo de las reflexiones que fuimos acotando en el texto y notas en oportunidad de examinar la opinión de los autores, y especialmente los proyectos y códigos procesales del país y del extranjero. Sinceramente, no creemos haber aportado nuevas concepciones, siendo que nuestro estudio fue más bien de análisis que de creación. Pero entendemos haber efectuado a conciencia una investigación del tema y expuesto ordenadamente todo cuanto respecto de él pudiera referirse. 1 8 1 . CONCLUSIONES. — Si se tratara de disciplinar en algunas conclusiones finales lo que llevamos escrito sobre inmediación y justicia, en prieta síntesis podríamos resumir: a) La investigación de la verdad no es uno de los fines del proceso, ya que éste sólo procura dirimir un conflicto de intereses o hacer cesar o sancionar toda conducta contraria a la ley, diciendo cuál es el derecho en un caso concreto a fin de restablecer el orden jurídico alterado. Con ello consigue fines superiores que tanto se refieren al aseguramiento y vigencia del derecho y de la paz social, como a la tutela de los intereses individuales comprometidos. Pero aun así, el conocimiento de la verdad es un medio, un instrumento necesario, para el logro de una auténtica jus-

172

CONSIDERACIONES FINALES

ticia. Y ésta lo es tal cuando el proceso es breve y la sentencia es justa. b) Es menester organizar la justicia y regular el mecanismo del proceso de! modo más previsor y eficaz posible a fin de que se alcancen aquellos objetivos. Para asegurar la celeridad hay que adoptar un tipo de procedimiento en el cual se obtenga la concentración de los actos, la sencillez en el trámite y la eliminación de las articulaciones o incidencias que lo demoran, sin perjuicio de las garantías de la defensa. Para obtener la sentencia justa hay que proveer los medios indispensables a fin de que el juez conozca la verdad y evite el error, respecto de los hechos controvertidos, en los que deberá apoyarse —al tenerlos por ciertos— para aplicar el derecho del caso. c) El juez civil sólo conocerá de los hechos que determinan el alcance de la contienda, a través de las manifestaciones de las partes y de las pruebas aportadas por éstas para formar su convencimiento. Como ambas están dirigidas ai juez y en mérito de ellas éste debe resolver el pleito, es indispensable que se halle en condiciones de recibir directa y personalmente, sin intermediarios, los materiales de la causa: alegaciones y pruebas. En esto consiste el principio de "inmediación" que ha sido objeto de nuestro estudio. d) Para que tai relación inmediata produzca los efectos benéficos que de ella se espera, es necesario que se manifieste en condiciones adecuadas que son: 1) la concentración y celeridad de los trámites del proceso, a iin de que el juez que ha recibido la personal y directa impresión de los alegatos y pruebas, sin pérdida de tiempo aprecie tales elementos recibidos en única audiencia y funde en ellos su consecuente fallo; 2) la identidad del juez; es decir, que el mismo juez o los mismos jueces que han asistido a la recepción de los alegatos y pruebas sean los que dicten la sentencia, ya que la inmediación cumplida resultaría inocua si fueren otros jueces los que fallan.

CONCI.USIOXES Y PERSPECTIVAS

173

e) La inmediación, concentración y celeridad en el proceso se obtienen sin dificultad en el sistema o tipo de procedimiento llamado " o r a l " por el predominio de la palabra hablada sobre la escritura; en el cual se ventila la causa, generalmente y con mayor eficacia, en instancia única respecto de los hechos y ante tribuna! colegiado. En el proceso " o r a l " del que hemos descrito buenos ejemplos con los de los códigos alemán y austríaco entre los ex tranjeros y los de las provincias de Jujuy, La Rioja y Mendoza, entre los nacionales, se dan las condiciones propicias al desarrollo de aquellos principios que aseguran una mejor administración de justicia. /} Si bien puede haber "inmediación" sin oralidad, ya que es posible instituir sistemas escritos en los cuales la intervención personal y directa del juez esté impuesta y asegurada por la ley, esa "inmediación" sufre de varias deficiencias que obstan a su real eficacia: 1) impone la necesidad de gran número de jueces, a fin de ([tic éstos se hallen verdaderamente en condiciones de asistir a las audiencias de prueba; 2 ) poco perduran las impresiones recibidas por el juez, ya que la sentencia, generalmente, en este sistema se dicta mucho tiempo después de producida y recogida la prueba; 3 ) el acta escrita, en la cual se registran las declaraciones, no refleja suficientemente las múltiples circunstancias que el juez pudo haber observado al ver y oír a las partes, testigos o peritos; y sus personales vivencias, no sólo que ya no subsisten en su originaria intensidad a! momento de juzgar la causa, sino que tampoco son trasmitidas al tribunal de apelación, que sólo lee las actas. g) Por todo ello reputamos necesario y urgente instituir el proceso civil oral en la Capital Federal y provincias que aún no lo han adoptado para los juicios ordinarios; el cual —para la mayor parte de los asuntos— debe tramitarse en instancia única, respecto de los hechos y ante tribunal colegiado. Si por razones circunstanciales no se creyere llegado el momento de instituir tal tipo de proceso, será de todos mo-

J74


ríos indispensable imponer rigurosamente la vigencia del principio de inmediación, aumentando la dotación de jueces en la cantidad que fuere necesaria para la atención personal, permanente y responsable de todos los juicios de su despacho. Perspectivas

182. IMPULSOS REFORMISTAS. — En momentos en que escribimos estas páginas finales de nuestro trabajo, percibimos con renovadas esperanzas la intensificación de los impulsos reformistas, los que en verdad nunca han dejado de actuar como fuerza de progreso, aunque por momentos parecieron sosegados. Entendemos que por fin ha llegado el momento de encarar la implantación del juicio oral en material civil en la Capital Federal y Territorios nacionales. Y no es que lo creemos por simples anhelos o lejanos rumores que nunca faltaron. Ahora, los avisos del cambio han sido dados con toda solemnidad desde las altas jerarquías del poder público. 183. PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA LA JUSTICIA NACIONAL. — En efecto, el Poder Ejecutivo de la Nación, por decreto de fecha 12 de setiembre de 1958, ha aprobado un "convenio celebrado por el señor ministro secretario de Estado en el departamento de Educación y Justicia con el doctor Rayniundo L . Fernández para la redacción de un proyecto de código procesal civil para la justicia nacional" (art. ]). Se explica en los fundamentos del decreto que el convenio lo es "para redactar un proyecto de código procesal civil para la justicia nacional a fin de proceder a una reforma integral que contemple la unificación de los procedimientos nacional ordinario con el federal, como así también a procurar una más rápida tramitación de los juicios y a introducir en lo posible la oralidad en el procedimiento".

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

175

Por el art. 2 del decreto se invita a la Corte Suprema de justicia de la Nación, al Colegio y Asociación de Abogados de la Capital Federal, como así a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a designar representantes para constituir una Comisión Asesora, Consultiva y Revisora para proporcionar al redactor del Código un informe con las cuestiones y soluciones que estime pertinentes. El proyecto deberá ser sometido a dicha Comisión, que lo elevará al Poder Ejecutivo con su respectivo informe, dentro de los 120 días de presentado. En el convenio referido, que es de fecha 8 de setiembre de 1958, se encarga también al doctor Fernández, como es natural, proyectar las reformas a la ley de organización de los tribunales nacionales que sean necesarias para la aplicación de los preceptos del nuevo código. Ambos proyectos deberán presentarse al Ministerio antes del 30 de diciembre de 1959. De esta manera, al parecer, se encarará no ya una simple reforma parcial o fragmentaria de algunas de las disposiciones de la ley. Ahora se habla de un nuevo sistema, y por lo tanto de nuevas soluciones integrales para el viejo problema de la justicia y del procedimiento. El ministro de Educación y Justicia, doctor Luis Mac Kay, que suscribió el mencionado convenio de locación de obra con el doctor R. L. Fernández, refiriéndose a aquél y a sus propósitos, ha publicado un breve artículo en un diario forense" , en el que entre otras cosas expresa: " U n a prudente apreciación y utilización de la experiencia judicial y de la doctrina de los autores, deberá presidir la labor necesaria para estudiar la redacción del nuevo código de procedimientos. La oralidad del juicio, cuya aplicación se atenderá en lo posible como elemento coadyuvante a la brevedad de las contiendas judiciales y a una apreciación más inmediata y eficaz de la prueba, deberá ser también considerada como objetivo legislativo. . . " . 8

i"* "Sera Jimiria".

8-11. del 24 de setiembre de 19/Vfi.

176


Vemos que se reconoce a la "brevedad" y a la "inmediación" como objetivos a alcanzar en procura de una mejor justicia, los que se esperan lograr con la adopción del medio más apio para ello: el proceso "oral". 184. REFORMA PROCESAL PENAL. — Bajo este mismo clima renovador, el doctor ALFREDO VÉLEZ. MARICONDE, profesor de la Universidad de Córdoba y coautor, junto con el Dr. Sebastián Soler, del Código Procesal Penal vigente en la mencionada provincia, ha dado una interesante conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires ', el dia IG de setiembre de 1958, la que versó sobre el tema: " E l proceso penal oral. Un proyecto de código para la Capital Federal". En ella, el ilustre disertante no sólo demostró su inquebrantable entusiasmo por el proceso ora!, sino que puso de manifiesto de que manera la inmediación es el más provechoso resultado obtenido con dicho sistema que se practica en su provincia " . Confiamos en que con tan buenos augurios se llegará por fin a la meta aspirada por legisladores, estudiosos, profesores, jueces y abogados y. especialmente, por el pueblo que sulre las anomalías del procedimiento, esc pueblo que —como ha dicho LASCANO, recordado al iniciar este trabajo— "percibe más fácilmente sus inconvenientes aunque no alcance a precisar sus defectos". !;

1

1

i " Auspiciada par el Instituto de Derecho Pioccsal de dicha Facultad, bajo la dirección del doctor JOst S A R T O R I O Reconoció, sin e m b a l o , el mador que alli, como eti cualquier lugar en que sea esiaso el número de jueces con relación al número de asuntos, las causas sufren grandes dcmoias por tal motiio; lo que de ningún modo es de imputar .il sistema ni a la laboriosidad de los magistrados. ! i o

Poco después de esa conferencia, su autor fue designado por el Poder Ejecutivo de (a \.ición —como v.i to habí» sirio R a i m u n d o L. Fernandez— para prov i n a r ct nuevo código de procedimientos en materia crimina)

P A R T E QUINTA LAS

13-Eisner.

MÁS R E C I E N T E S A P L I C A C I O N E S D E L PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN N U E S T R O PAÍS

1 8 5 . E L AVANCE IRREVERSIBLE DE LA CIENCIA DEL PROCESO. — Nuestro entusiasmo por el principio examinado no es insólito ni se desvanece ante una realidad hermética. Por el contrario, se halla compartido por todos los que forman filas en la nueva ciencia procesal y gana adeptos entre los estudiosos; ya sean legisladores, jueces, abogados o funcionarios, que hayan advertido su importancia esencial en la administración de justicia. La inmediación, como método de conocimiento y elaboración jurisdiccional, se ha abierto camino de tal modo que no se sanciona ya cuerpo procedimental alguno donde no se declare, de manera más o menos enfática, la implantación y vigencia de sus postulados y se regule con todo cuidado el mecanismo apto para su realización. En materia legislativa se acaban de incorporar al acervo de nuestra disciplina dos creaciones vigorosas; una de ellas es la ley creadora del T r i b u n a l Fiscal de la Nación, que se integra con un minucioso reglamento procesal que ella misma prevé. La otra es la que pone en vigor el nuevo código procesal en lo civil y comercial para la provincia de Santa Fe. En cuanto al ámbito de la jurisprudencia, no será fácil hallar pronunciamientos que de modo expreso se refieran a la inmediación como criterio forjador de sus conclusiones, ya que no se trata de una directiva que se confiese seguir, sino de un modo particular de intervenir el juez en la dinámica del proceso asimilando provechosamente sus materiales y elementos de juicio. Pero, en cambio, hemos registrado algún voto judicial donde el magistrado nos va mostrando en su más íntima raíz, la fuente de su conocimiento y convicción, que pone de relieve la eficacia que se logra mediante la directa relación personal entre juzgador y justiciables.

180

RECIENTES APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

i. Procedimiento

contencioso

tributario.

El Tribunal

Fiscal

186. IMPLANTACIÓN. — La ley 15.265"", incorporada al texto ordenado de la ley 11.683 (arts. 115 y siguientes), ha creado el T r i b u n a l Fiscal de la Nación, que al decir de GiuIJANI FONROUGE - "es un organismo jurisdiccional enmarcado en cí Poder Ejecutivo, pero separado de la administración activa, con competencia en materia de recursos y demandas interpuestas con relación a los impuestos y sanciones que aplique la Dirección General Impositiva en ejercicio de las facultades que le confiere la ley 11.683 (art. 1 ) " . 18

A partir de 1960 el proceso tributario está a cargo del referido T r i b u n a l Fiscal, que si bien corresponde a la esfera del Poder administrador, es un cuerpo con suficiente independencia de éste que lo habilita para cumplir con rigor técnico e imparcialidad de juicio, la delicada función de dirimir los conflictos de derecho entre el fisco y los contribuyentes. La especialización de sus miembros " y su garantizada inarnovilidad **, unido al control judicial que la ley otorga contra las decisiones más graves, para ante la Cámara Nacional competente, permiten admitir la bondad y acierto de tal emplazamiento circunstancial del T r i b u n a l Fiscal. 1

3

1

Oiiginada en un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, fue sancionada por la Cánuua de Diputados el 22 de diciembre de 1959. v por el Senado el 29 de di ciembre del misino año. Dicha ley se publicó en el "Boletín Oficial" el 23 de enero de 19G0. Puede verse su lc>:[o, también, en "Legislación Ordenada", Fornm Ediciones, buenos Aires, 1961. (. 1 (Hacienda), sec. 44. p. 48. if¡¡ C \ K L O S M. Git'i.iAM í'o.-jRouijfc. Derecho financiero, Ediciones Depalma, Buenos Alies, !9'¡¡í, vol. ti, ps. G6I y 0C2. i " ! I a lev 15,205 ha dispuesto que el Tribunal Fiscal esté constituido por un presidente v cinco vocales. El presidente deberá ser abogado, y los vocales, tres de ellos abogados v dos doctores en ciencias económicas; todos argentinos, con más de 30 años de edad íart. 117. lev H.fiSS). siendo designados ¡«ir el P. E. previo concurso de antecedentes que acrediten la competencia en mesíiones tributarias íart. 118), m El art. 119 de la le\ 1I.GS3 ¡texto introducido poi la lev 15.2fiá) declara (inc "los miembros del 'tribunal sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado presidido por el procurador del Tesoro de la Nación e integrado con cuatro miembros abogados y con diez años de ejeicicio de la profesión, nombrados anualmente por el P. E. a propuesta de los colegios o asociaciones profesionales de abogados". • • 1 , 1

181

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Reconociendo nuestra tradición judicialista que nos induce a concebir el contencioso tributario como una magistratura especializada dentro del Poder Judicial, el doctor Giuliani Fonrouge explica que la razón que en la actualidad justificaría el sistema administrativista es que "la judicatura no ha renovado sus estructuras, resultando inadaptada a la evolución económico-social, y bloqueando hasta anularlas, todas las tentativas de modernización del proceso"" . 1

187. PRINCIPIOS CONSAGRADOS. — Para advertir en qué grado la inmediación ha sido reputada como principio definitorio en la tónica de este procedimiento, nos limitaremos a trascribir la síntesis que el tratadista recién citado " efectúa en su obra Derecho financiero; "Los caracteres más destacados —dice— del nuevo proceso, reglamentado por la Comisión Organizadora, en fecha 29 de diciembre de 1960 ("Rol. Oficial". 16/1/61), son los siguientes: oralidad, principio de inmediación, interrogación directa por el T r i b u n a l «sin sujeción a formalidad alguna», impulso procesal de oficio, libre investigación de la verdad y ordenación del proceso según las circunstancias de cada caso particular, obligaciones de cooperación y de lealtad impuestas a las partes, que asumen intervención activa en la dinámica del proceso. Para asegurar la oralidad contra desviaciones rutinarias, se crea una nulidad por violación de las formas, invocable por las partes, que de tal modo serán los mejores guardianes del procedimiento" . 1

9

181

1 8 8 . DISPOSICIONES RELATIVAS AL TEMA. UBICUIDAD DEL TRIBUNAL. — En lo referente a nuestra materia específica o que tiene cercana vinculación con ella, las disposiciones más interesantes son las que pasamos a glosar. Op. íit., p. 639. El D r . Giubani Fonrouge integró ron ¡PE doctores J. C. Soinndo v l l o r a d o A. G a r r í * Bclsutiee. la Comisión Organizadoia que coiiíoimc a! ari. 121 de b lev 11.6SS (ley I.i.2ij5). estableció tus reglas &' Op. cit., p fiTiS. , t l S

182

RECIENTES APIICACIONES DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

En primer lugar nos llama la atención la del art. 116 (ley 11.683, t.o. 1960), en cuanto establece que si bien el T r i b u n a l Fiscal tendrá su sede en la Capital Federal, podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier punto de la República. Esto obedece a la necesidad de lograr un conocimiento personal, directo, rápido y concentrado de las cuestiones controvertidas y sus medios probatorios, evitando la delegación de funciones vitales para (a suerte de Ja causa y la desconexión de los materiales y sujetos del proceso. Aunque no creemos que se pueda usar con frecuencia de este bien intencionado arbitrio, su sola reglamentación demuestra el saludable propósito que lo inspira y la posibilidad de su empleo en casos realmente justificados. 189. INMEDIACIÓN Y BILATERALIDAD. — El art. 131 —cuyo contenido ya fue anticipado líneas más arriba— dispone expresamente: "Las formas que establece esta ley en cuanto a la oralidad de los procedimientos o la intervención personal de los miembros, deberán cumplirse bajo pena de nulidad sin posibilidad de confirmación". En concordancia con la finalidad de esta norma, el art. 5 del Reglamento Procesal"" estatuye: "Salvo los casos previstos en la ley o en este reglamento, todas las peticiones se formularán oralmente, a cuyo efecto las partes o los terceros podrán entrevistarse con los miembros de! T r i b u n a l y secretarios"; agregando el art. 6 que "los miembros del T r i b u n a l podrán disponer que las audiencias pedidas se celebren con asistencia del solicitante y la otra parte o terceros". A tal fin se regula el modo de asegurar la citación de todos los interesados. Con ello, a la vez que se procura satisfacer la relación inmediata entre el juez y las partes, se cuida de no alterar las condiciones de igualdad y bilateralidad en que debe desarrollarse el proceso contradictorio, como lo hemos demostrado en el capítulo vi. apartado C (ps. 76 y ss.). 1

i»« 'Legislación OideiiaoV, l. 4 (Hacienda), síc

44, ps. 56 y v,.


18?

190. DEPURACIÓN. ACUERDOS PROCESALES. — Siguiendo las enseñanzas del moderno derecho procesal, que brega por la simplificación de las causas y la colaboración activa de las partes en la determinación de la materia litigiosa, a fin de abreviar la duración de aquéllas liberando al tribunal de tareas innecesarias, el art. 139 de la ley 11.683 (ley 15.265) concede un plazo a las partes para que —después de trabada la litis— procuren llegar a un acuerdo por escrito sobre los siguientes aspectos: a) contenido preciso y naturaleza de la materia en litigio; b) cuestiones previas cuya decisión pondría fin al litigio o permitiría resolverlo evcntualmcnte sin necesidad de prueba; c) hechos que se tengan por reconocidos, El art. ]40 agrega que el vocal instructor designado para el caso, dispondrá el trámite que deba imprimirse a la causa; previendo el art. 141 que "de no producirse el acuerdo sobre los hechos, el vocal instructor resolverá en audiencia con las partes todo lo relacionado con la prueba a producirse, con facultad para exigir de cualquiera de ellas una prueba determinada bajo apercibimiento de tener por existentes los hechos a que esa prueba se refiera". En correlación con dichas normas, los arts. 36, 37 y 39 de] Reglamento estatuyen en detalle los modos de actuación, especificando que "el vocal instructor podrá solicitar aclaraciones o explicaciones, resolver sobre la admisibilidad de cuestiones previas y convenir con las partes los hechos que deberán tenerse por probados"; todo ello en una audiencia en la cual se decidirá el trámite que deba imprimirse a la causa, la prueba a producir, la forma y fecha de realizarla, la forma en que las partes se comunicarán entre sí la prueba producida y sus resultados, así como el modo en que se practicarán entre ellas las notificaciones. T o d a esta regulación refleja una inquietud análoga a la que tuvo el legislador al sancionar c ! recordado art. 23 de la ley 14.237 —aunque sólo referido a la fijación de los hechos controvertidos sobre los cuales versará la prueba—, que

184


quedó posteriormente derogado por falta de sincera aplicación en la justicia civil y comercial de la Capital Federal. La actividad prevista es similar también a la que se confió a! juez de instrucción en lo civil en el nuevo proceso civil italiano (de 1940), quien asimismo integra la sala y ha de ser su relator. 191. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES EN LA SUSTANCIACIÓN DE LA PRUEBA. — Durante el período instructorio, según el art. 142 de la ley, las diligencias de prueba se tramitarán directa y privadamente entre las partes o sus representantes y su resultado se incorporará al proceso. El vocal instructor prestará la asistencia del T r i b u n a ! para asegurar el efecto indicado, tomando todas !as providencias que fueren necesarias. En este estadio, la prueba de testigos y la confesoria se recibirá ante el funcionario designado al efecto o el mismo vocal si lo creyere conveniente (arts. 42 y 56 de! Reglamento). Los testigos y absolventes serán interrogados directamente por las partes, sin actuación escrita y cuantas veces lo consideran necesario. Las mismas partes acordarán los dichos que han de constar en acta, y en caso de desacuerdo sobre sus versiones, se estará a lo que indique el funcionario actuante (art. 45, Reglamento). 153

En cuanto a la prueba pericial, las partes y el vocal instructor podrán interrogar al experto antes de! cierre de la instrucción, solicitándole todas las aclaraciones que consideren oportunas (art. 53 del Reg!.). Sin perjuicio de las pruebas ofrecidas por ¡as partes, el vocal podrá disponer otras que repute conducentes al esclarecimiento de la verdad (art. 57 del Regí,). 192- CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN. — Terminado el período que estamos reseñando, se convocará a una audiencia para el cierre de la instrucción (arts. 144 de la ley y 59 del ReLos testigos pueden ser examinados por las partes, fuera del tribunal, si así lo convinieren (lev, arl. 112: regí., art. •12).


185

glamento), y en ella: a) las partes convendrán sobre los hechos que dan por probados si no lo hubieran hecho antes; b) si no estuvieren de acuerdo en tener por probados los hechos invocados o algunos de ellos, o si lo pidieran las partes o lo dispusiera el tribunal o el vocal instructor para que se debatan las cuestiones en litigio, se fijará la audiencia para la vista de la causa. 1 9 3 . VISTA DE LA CAUSA. — Conforme a las bases sentadas por el art. 1 4 6 de la ley, el capítulo xi de! Reglamento (arts. 6 2 a 7 0 ) establece con minuciosidad el procedimiento a seguir durante la audiencia en que se sustanciará la vista de la causa, en la cual se ha de producir la prueba de los hechos que no se tengan por acreditados con anterioridad. Aquélla se celebrará bajo la dirección del presidente o su sustituto, y en ausencia de ambos, por el vocal instructor. No se suspenderá su desarrollo por causa alguna, y se tomarán las providencias a cargo de las partes o el tribunal, que fueren precisas para asegurar la concurrencia de testigos, peritos y demás elementos y sujetos del proceso. Recibidas las declaraciones que se integrarán con pedidos de explicaciones y careos, a juicio del tribunal, el art. 6 7 del Reglamento regula un momento fundamental del debate, y por su importancia para este estudio lo trascribiremos literalmente. Dice así: "Las partes o sus representantes alegarán oralmente sobre la prueba producida y expondrán las razones de derecho, en el orden que autorice la presidencia, que podrá limitar el uso de la palabra, cuando las alegaciones resultaren manifiestamente inconducentes. El T r i b u n a l podrá interrumpir cualquier exposición para solicitar aclaraciones, explicaciones y aun para discutir la tesis que expusiere. En estos casos la intervención del T r i bunal se reputará siempre hecha bajo la prevención de que cualquier posición que adoptare, lo es en beneficio de! razonamiento y para el esclarecimiento del caso, sin que ello importe prejuzgamiento". Tenemos aquí un caso notable de intervención del T r i bunal en el debate de las cuestiones, que pone de manifiesto

M - Eianer.

IKfi

RECIENTES APLICACIUXES DF-X PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

cómo puede desarrollarse el principio de inmediación con motivo de las alegaciones, según los hemos descrito y pregonado en el capítulo vi¡, ap. 1 (ps. 81 y ss.), de este trabajo. Acatando los imperativos del principio examinado, c ! art. 75 del Reglamento dispone que cerrada la audiencia de vista de la causa, se dictará sentencia inmediatamente (inmediación en el tiempo, concentración), y si razones de fuerza mayor impidieran hacerlo a alguno de los miembros, la sala se integrará con otro vocal, "siempre que los dos restantes estuvieren de acuerdo sobre los hechos. Caso contrario, la audiencia para la vista de la causa se celebrará de nuevo". Esta última solución es la que guarda mayor coherencia con los postulados de la inmediación, que impiden confiar la misión de juzgar a los jueces que no asistieron a la vista y no están en condiciones de captar la auténtica significación del debate. 2. Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe

de la provincia

194. UBICACIÓN. — Para entrar en vigor a partir del 1 de febrero de 1962 (art. 6 9 5 ) , la ley 5531 de la provincia de Santa Fe sancionada el 30 de octubre de 1961 y promulgada el 11 de diciembre del mismo año ' , incorpora a la legislación procesal argentina un nuevo código ritual inspirado en principios modernos y ágiles, que se adaptan a las condiciones y modalidades del ambiente a que se destina. Su proyecto fue obra de los prestigiosos procesalistas doctores Carlos y Rosas Licbtschein. Debemos anticipar que no se rompe del todo con los viejos moldes, y que el procedimiento común u ordinario se sustancia con predominio de la escritura sobre la oralidad. A ésta, en cambio, se le reserva un lugar preponderante en cierta clase de procesos donde sus ventajas se reputan indiscutibles por la naturaleza de las cuestiones a ventilar. lu

J

i9» Publicada en el "Boletín Oficia!" el 29 de enero de I9f>2 \ en el "Bule [ni hifomi.itiwi di- I.C^LÍI.N i.'m Aigenlina", año x x u 23; 3 fi2. no 12. ps. 19 \ ss.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE

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Rastreando el nuevo código en busca de la materia que interesa a nuestro estudio específico, advertimos numerosas previsiones que conducen al aprovechamiento de los beneficios de la inmediación. 195. LA INTERVENCIÓN PERSONAL DEL JUEZ,. — En la sección iv (arts. 18 a 23), que se encabeza con el enunciado de "Facultades" y se refiere a los jueces, se regulan tanto poderes como deberes de los magistrados. El art. 18, en su primera parte, expresa: "Los jueces y presidentes de los tribunales o, en defecto de éstos, el vocal que corresponda, recibirán por sí las diligencias de prueba y presidirán todo acto en que deba intervenir la autoridad judicial". Mucho hemos hablado a lo largo de este trabajo sobre la conveniencia de esta intervención personal y directa de los jueces en la recepción de las pruebas. Nos remitimos a todo lo dicho, haciendo votos para que la práctica de este mandato de la ley no registre renunciamientos a tal facultad, que en el fondo y para quebranto de las instituciones no significaría otra cosa que desertar en el cumplimiento de un deber fundamental. El art. 19 dispone: "Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito". 196. PODERES AL SERVICIO DE LA JURISDICCIÓN. — Con reminiscencias de nuestro art. 21 de la ley 14.237, el que lleva igual número de! código santafecino declara: " E l debate judicial es dirigido por el juez, quien deberá adoptar todas las medidas que estime conducentes al esclarecimiento de los hechos, a mantener la igualdad entre las partes y a mantener la mayor rapidez y economía en el proceso"; agregando: " A ta! efecto podrá disponer de ojicio, aun compulsivamente, en cualquier estado de la causa, la comparecencia de los peritos y de los terceros para interrogarlos con la amplitud que creyere necesaria; y ordenar que se agreguen

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documentos existentes en poder de las partes o a los que las mismas se hayan referido. T o d o con las formalidades prescritas en este código". Las disposiciones glosadas ponen de relieve un no tan tímido abandono del principio dispositivo y privatístico del proceso, en adopción de francas atribuciones inherentes a la inspiración inquisitiva y publicística que ha hecho escuela en la moderna doctrina y legislación procesal, donde esta corriente ha sido acogida, con las naturales limitaciones que le imponen las garantías constitucionales y el sagrado respeto por los fueros de la personalidad. 197. TRÁMITE ESCRITO. — Consagrando como norma el tradicional medio de comunicación y dejando sólo a salvo simples actuaciones y pedidos de mero trámite, el art. 32 del Código ordena: " T o d a gestión ante los jueces debe hacerse por escrito". Para el procedimiento ordinario se prevé, como dijimos, un trámite escrito: demanda, contestación; ofrecimiento de prueba; formación de cuadernos; actas de audiencias; pericias, informes, etc. Los alegatos de bien probado serán evacuados también por escrito (art. 406). En el libro tercero, relativo al proceso de cognición, se regulan —además del juicio ordinario— los juicios llamados sumarios y sumarísimos, de trámites abreviados, términos cortos y mayor concentración de actos y diligencias. En los juicios "sumarísimos", la prueba se recibe en una audiencia denominada "de vista de la causa", y en ella las partes alegarán oralmente ante el magistrado, quien debe dictar sentencia en el acto o dentro de los cinco días subsiguientes (art. 413, inc. /). 198. E L JUICIO ORAL. — De mayor interés para nosotros es el capítulo vn, en el cual se reglamenta el "juicio oral", cuyas disposiciones, según lo establece el art. 541, "se aplicarán a los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por hechos ilícitos, acciones posesorias y de despojo".

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Se trata, como anticipamos ya, de materias donde predominan las cuestiones de hecho, más necesitadas del conocimiento oral y participación directa e inmediata del juez o tribunal, que sólo de este modo han de alcanzar un grado suficiente de convicción respecto de la veracidad o falsedad de las afirmaciones encontradas de las partes. 1 9 9 . NORMAS COMUNES. — Antes de referirnos a la tramitación del proceso oral, daremos cuenta de algunas normas generales implantadas por el Código y valederas para todos los juicios. "Las audiencias serán siempre públicas, a no ser que causas especiales exijan lo contrario", dice el art. 9 0 . A fin de asegurar la vigencia del principio que nos ocupa, establece el art. 1 5 1 que "en los tribunales colegiados, las partes pueden exigir la asistencia de los vocales y éstos intervenir en el acto, haciendo las indicaciones y preguntas que crean oportunas". Pareciera que la ley teme que los jueces de sala falten a su deber, y para ello discierne a las partes la facultad de imponer la asistencia a las audiencias por parte de los magistrados. La absolución de posiciones debe prestarse ante el juez de la causa, si el absolvenle reside dentro de su jurisdicción íart. 1 6 2 ) . El juez procurará, en cuanto sea posible, que el examen de los testigos de una y otra parte tenga lugar en una sola audiencia (art. 2 0 8 ) . Esta norma procura la concentración, tan conveniente para el eficaz rendimiento de la inmediación, cuyas virtudes se desvanecen cuando aquélla se dilata e interrumpe fraccionándose en episodios aislados. Dispone el art. 2 2 7 del nuevo código santafecino, que "cuando el tribunal crea necesario el examen judicial de lugares, rosas o circunstancias, idóneas y pertinentes, lo ordenará de oficio o a instancia de parte. Podrá, si lo creyere conveniente, disponer la concurrencia de peritos". 2 0 0 . TRÁMITE DEL PROCESO ORAL. — Volviendo al juicio oral y su regulación en el código que examinamos, señala-

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remos que él se ventila ante un tribunal colegiado compuesto de tres jueces (art. 542). que resuelve las causas de su competencia, en instancia única respecto de sus conclusiones sobre los hechos, y cuya sentencia sólo admite recurso de apelación extraordinaria para- ante el Superior Tribunal de la Provincia, en los siguientes casos: 1) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescritas para el trámite o decisión de la causa; 2) violación de la ley o doctrina legal (art. 564). La demanda y su contestación se producirán por escrito y con ellas se ofrecerá toda la prueba incluyendo los interrogatorios, pliegos de posiciones, puntos de pericia y documentos que obren en poder de las partes (arts. 545 a 551). Trabada la relación procesal y resueltas las excepciones previas —si las hubiera—, el juez del trámite —que formará parte de la sala y la presidirá— dictará resolución fijando una audiencia para vista de la causa, dentro de los treinta días, en la que se sustanciará ésta con recept ion de la prueba y debate sobre su mérito (art. 555). Simultáneamente se loman todas las disposiciones para asegurar la comparecencia de las partes, testigos, peritos y producir las pruebas de informes e instrumental que deberán hallarse agregadas en oportunidad de la audiencia (arts. 556 y 557). El trámite es similar al que hemos descrito para otros procesos orales, pudiendo hacerse mención —por confirmar los propósitos de la oralidad— de las siguientes previsiones: " E l día y hora señalados para la vista de causa, se reunirá el tribunal con tocios sus miembros, presididos por el juez de trámite, a quien incumbe: "1) disponer las lecturas pertinentes, ordenar el debate, recibir ios juramentos, Formular las advertencias necesarias y ejercer las facultades disciplinarias para asegurar el norma! desenvolvimiento de la misma; " 2 ) procurar que las partes, testigos y peritos se pronuncien con amplitud, respecto de todos los hechos controvertidos" (art. 558).

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Abierto el acto, se dará lectura a las actuaciones y diligencias cumplidas con anterioridad y se recibirá la prueba ofrecida por las partes (art. 560, aps. I y 2°), para lo cual se seguirán las reglas generales ya enunciadas anteriormente. "Las partes tendrán intervención en la producción ilc las pruebas, pudiendo hacer, con permiso del juez, todas las indicaciones que estimen conducentes a un mayor esclarecimiento, salvo que sean de manifiesta improcedencia o que se advierta un propósito de obstrucción" (ap. 3 ° ) . "Producida la prueba ofrecida por las partes y la que el tribunal hubiera dispuesto recibir en esc acto, el presidente concederá la palabra, por su orden, al ministerio público, si tuviere intervención, v a las partes, para que aleguen sobre su mérito. La exposición no podrá ser sustituida por escritos y no excederá de treinta minutos" (ap. í ) . Terminado c! debate, el tribuna! pasa inmediatamente a deliberar en forma secreta, y dicta sentencia que se leerá a los litigantes presentes, que quedan asi notificados en la mi.íma audiencia. Sólo ante cuestiones complejas se admite diferir el pronunciamiento hasta dentro de los cinco días posteriores, lo que se notificará a las partes por cédula (aps. 5 y 6 ) . o

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201. PERSPECTIVA. — La provincia del litoral cuenta, pues, actualmente, con un instrumento idóneo para ventilar sus litigios v resolverlos eficazmente, con celeridad y justicia. Fuera de los mayores poderes ircstruciorios otorgados a «-us jueces, el proceso oral que se reglamenta para dirimir numerosas cuestiones, abre nuevos horizontes a la vida judicial y forense que habrá de desenvolverse bajo vigorosos principios proclamados por la moderna escuela. 3. ÍM inmediación

reflejada

a través de un fallo

judicial

202. NOTICIA. — Decíamos al comenzar este capítulo destinado a registrar las más recientes aplicaciones del principio de inmediación en nuestro país, que no era fácil hallar

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en el texto mismo de los fallos judiciales una referencia expresa a la actitud personal del juez en su relación con las alegaciones o ios medios de prueba. Los jueces nos dicen en los considerandos de sus sentencias, cuál llega a ser su convicción sobre los hechos controvertidos y en qué elementos probatorios se asienta; pero difícilmente nos confiesan cómo y por qué especiales métodos de conocimiento han logrado sus vivencias y en definitiva su convicción decisoria. Por ello hemos festejado la aparición de un fallo, publicado en la revista " L a L e y " (t. 95, p. 605). donde el discurrir del magistrado nos va exhibiendo en su carne viva la naturaleza de sus impresiones y el modo tan natural y enérgico, apto para lograrlas, que le brinda su inmediato y personal contacto con los elementos humanos y físicos que juegan en la controversia. Se trata de un juicio que versaba sobre reconocimiento de paternidad (negada por el presunto padre, el demandado)' . 01

203. U N VOTO SINGULAR. — F.n un pasaje del voto del camarista doctor FLRITAS, en el apartado 5 se lee; " P o r si alguna duda pudiera quedar respecto de ia solución del caso de autos, la audiencia convocada por este tribuna! a fs. 297 y 308, a la que concurrieron ambas partes, la hizo desaparecer, pues ella ha dejado en mi espíritu la más plena y rotunda impresión de que era 3a actora quien decía la verdad. o

"Frente a la firmeza de sus expresiones, a los detalles precisos de tiempo y lugar que dio respecto de su vinculación con R . G . y de la vida del mismo, que demostró conocer perfectamente, y a las reacciones emocionales que le produjeron algunas negativas del demandado,*éstc por el contrario, se manifestó reticente y a veces contradictorio, en una situación de verdadera apatía, hasta rehuyendo enfrentar a la actora con su mirada. ¡Ésta no podía ser la conducta de un hombre, de ser verdad su afirmación de que dolosai«i Resuello por In sala " D " de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, publicado bajo el n > 13.901 en la mencionada revista. f

LA

INMEDIACIÓN A TRAVÉS DE UN FALLO JUDICIAL

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mente trataba de adjudicársele una hija que no le pertenecía!". Y más adelante concluía: " P o r ultimo, agrego que en la citada audiencia hemos podido comprobar el parecido físico que existe entre G . y la menor M.E., lo que refuerza mi convicción en el sentido ya indicado". 204. COMENTARIO. — Conocida esta razonable pero inusitada revelación judicial, comentamos su significado procesal en un artículo publicado en la misma revista " , donde, entre otras cosas, dijimos: " S i las impresiones, de tal modo recogidas, aseguran la tranquila convicción del magistrado, por su parte tan razonado y fundado voto, satisface ampliamente nuestros anhelos de justicia". Y agregábamos: "Acostumbrados, como estamos lamentablemente, al pálido reflejo que de los hechos reciben los jueces, sólo a través de las inexpresivas actas de nuestro procedimiento escrito, es natural que un fallo nutrido de savia tan viva, excite el entusiasmo y nos obligue a meditar sobre la naturaleza del método capaz de alcanzar tales resultados". En los párrafos trascritos del fallo comentado hemos hall:do la práctica aplicación de los principios examinados en este trabajo. Al estudiar la inmediación respecto de las pruebas, en su sentido subjetivo (capítulo vn, ap. 2, a, p. 9 0 ) , recordando a CHIOVENDA y a través de él a PAGANO, decíamos: "La muda lengua, la elocuencia del cuerpo, es más verídica que las palabras \ puede ocultar menos la verdad. Todos los signos contemplados —el rostro, el tono de la voz, el movimiento— se pierden en la escritura y faltan al juez los más claros y ciertos argumentos". 1

2

El voto de! doctor FLEITAS demuestra que "la elocuencia del cuerpo" fue la que le permitió ver a través de las reacciones emocionales de la actora y de las evasivas y reti>f" ISIDORO E I S K E R , í.n inmediación en el piocesn raid ¡urí'uUil), en " L a l e y " , I. 9 9 , p 893.

(Su examen

a rali de un

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cencías del d e m a n d a d o , " q u i é n decía la v e r d a d " y quién faltaba a ella. L o m i s m o , en c u a n t o a las ventajas de la observación di recta llamada "inspección ocular o j u d i c i a l " , q u e suministró al tribunal la convicción necesaria sobre el parentesco discutido, al c o m p r o b a r "el notable parecido físico" d e los sujetos sobre quienes versaba la litis. L a " i n m e d i a c i ó n " lograba así ganar otra batalla en el c a m p o de la justicia.

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La Inmediación en el Proceso - Isidoro Eisner.pdf

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