“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional en el Contexto de las Políticas Sociales Actuales” Introducción. El proceso de transformación de la relación entre Sociedad y Estado en Argentina, iniciado en la década del 90 con la implementación del modelo neoliberal, caracterizado por la aplicación de estrategias tales como la privatización, desregulación y flexibilización laboral, se aceleró en los últimos años, originándose a raíz de ello un nuevo conjunto de demandas sociales. Estas transformaciones transformacio nes que nos colocan ante la llamada “nueva cuestión social” (Castel, R.1997), signada fundamentalmente por dos factores: - Las alteraciones del mundo laboral (precarización, cuentapropismo, desempleo, etc.), que han generado “una conmoción que ha afectado a la condición salarial”; con lo cual, el trabajo, pierde su condición como factor de construcción de la cotidianidad o de integración social. - Y la aparición de nuevas fragmentaciones, expresión de una sociedad cada vez más heterogénea, cuyo efecto es la pérdida y crisis de sentido de los espacios de socialización. (Coraggio, J. 1999) Los procedimientos neoliberales eliminaron definitivamente la faceta redistributiva del estado y crearon severos procesos de ajustes con múltiples consecuencias: - En lo económico, un aumento de la producción y la productividad, una mayor estabilidad de precios e ingresos de capitales y una importante disminución de la inflación, efectos que contrastan con el empobrecimiento generalizado producto de la profundización de los problemas de empleo, la caída salarial, la inequitativa distribución del ingreso y la exclusión de algunos sectores de los beneficios del gasto social (Isuani, A, 2000). - En el terreno de los actores sociales y de la política; los sectores sindicalistas, reactivos en otras épocas, asistieron sin resistencia a la privatización de las empresas del estado, con la consecuente reducción de la generación de puestos de trabajo en el sector público. - Los cambios en las principales políticas sociales, lejos de brindar seguridad a la gente, fomentaron la desintegración social, generando conflictos generacionales y disminuyendo las oportunidades de vida de la población. Ante los embates sufridos por las políticas de provisión directa o subsidio a la oferta características
del Estado de Bienestar, la respuesta neoliberal fue el subsidio focalizado a la demanda (Lovuolo, R. 2000). El achicamiento de las políticas públicas, que pone de manifiesto la total retracción del Estado, en su función de garante de los derechos sociales, en su afán por corregir los desequilibrios económicos mediante políticas de ajuste dejó totalmente de lado las políticas destinadas a atender aspectos sociales. Lo que no hace otra cosa que perfilar un modelo de desarrollo desarticulado social y sectorialmente. Desde esta perspectiva, podríamos decir que nos encontramos ante una crisis de gobernabilidad del sistema, resultante de las relaciones entre el poder político y el económico, de allí la necesidad de nuevas políticas sociales que garanticen eficiencia en la asignación de fondos públicos en cuestiones sociales. Es, precisamente en nombre de la eficiencia que los organismos internacionales plantearon el tema de la descentralización, pero en Argentina, esta, se llevó a cabo con objetivos fiscalistas y políticos, que provocó un proceso de ida y vuelta entre descentralización y concentración, consistiendo en una mera distribución de funciones y generando un círculo vicioso de clientelismo. En síntesis estamos ante una despolitización de las problemáticas sociales. O sea que se continúa priorizando en la agenda pública el problema de la crisis económica, dejando en un segundo plano a la cuestión social. En los últimos tiempos, si bien asistimos a un proceso de recuperación económica y redefinición del rol del Estado en la atención de las mismas, fenómenos tales como la pobreza, la marginalidad y el desempleo se agudizaron afectando a sectores importantes de la población. Bustelo y Minujin (1998), plantean que “se ha formado una zona de vulnerabilidad social y económica, creciente en términos absolutos y relativos, que incluye a pobres estructurales, a nuevos pobres y a amplios sectores medios”. Y concluyen, “el grupo vulnerable está lejos de irse incorporando al de incluidos”. Considerando que la desigualdad social, la creciente vulnerabilidad y la exclusión, son los tres problemas económicos y sociales centrales en América Latina, estos autores, expresan “son los derechos sociales la puerta de entrada para construir la ciudadanía”. Por su parte, Alfredo Carballeda (2002), toma las nociones de “exclusión” y “ciudadanía” como centrales en los debates en el ámbito de las políticas sociales y el Estado. Su planteo gira en torno a la idea de que la sociedad está signada por cierta tendencia a la “naturalización” de la exclusión, lo que provoca diversas formas de “estigmatización y construcción de etiquetas sociales” a grupos y
comunidades, que los lleva a la “elaboración de códigos y formas de identidad fuertemente volátiles, con una marcada pérdida de espacios de sociabilización. De esta forma la idea de ciudadanía se presenta quebrada y hasta sin sentido.” En otras palabras, la noción de ciudadanía vinculada a la adquisición de derechos; que va desde los civiles a los políticos y luego a los sociales, ampliándose en la actualidad a los llamados de cuarta generación o difusos (de género, medio ambiente, del consumidor); se ve socavada por la pérdida de los derechos sociales.
Tomando las palabras de José Luis Coraggio (1999), a partir de “la filosofía inhumana del neoliberalismo”, “se generaron y se siguen generando más y mayores espacios de exclusión social”. Lo que “no impacta solamente en los denominados excluidos sino también en el resto de la sociedad, ya que quienes se encuentran en el lugar de la inclusión no pueden estar seguros de mantenerse allí. Esta tensión entre inclusión y exclusión se manifiesta en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana, expresándose en forma de incertidumbre...” Y agrega el autor, “los así excluidos son arrojados a un mundo s ocialmente anómico de necesidad, precariedad y lucha por la supervivencia, ampliándose estadísticamente los comportamientos “antisociales”, vistos como fuente de peligros para la “sociedad” urbana”. Si consideramos que la “exclusión social es la imposibili dad de poder participar en la sociedad y que lleva a la vivencia de privación, de rechazo, de abandono y de expulsión, inclusive con violencia, de una parcela significativa de la población, y que ella incluye pobreza, discriminación, subalternidad, inequidad, no accesibilidad, no representación pública; es un proceso múltiple que se explica por varias situaciones de privación de la autonomía, del desarrollo humano, de la calidad de vida, de la equidad y de la igualdad” (Malacalza,S. 2000). De allí que las posibilidades de inserción social de las personas y su ubicación en las diferentes zonas de cohesión social o en la zona de vulnerabilidad o exclusión dependa de cómo este organizada la relación entre empleo y las redes de protección social (Castel, R. 1997). Desde esta perspectiva nuestro país vive hoy una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida; y por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados.
Políticas Sociales actuales. Consideraciones generales. Las políticas sociales, a partir de los años noventa se orientaron –casi exclusivamente- al desarrollo y promoción de la modalidad asistencial, a través de "políticas de emergencia" que se convirtieron en una de las herramientas de las que el Estado se vale para contener las protestas, el conflicto social y la legitimidad del sistema. Por otro lado este modelo de gestión, fundamentado en criterios de eficiencia y racionalización del gasto, estableció como criterios para la elaboración de políticas sociales, los siguientes aspectos: -la gestión por proyectos: que implica un marco acotado de elementos tangibles y claramente identificables establecidos a partir de criterios técnicos. -la focalización: a efectos de garantizar un paquete mínimo de beneficios a los más necesitados, excluidos del sistema de protección tradicional. -la descentralización: tanto política como administrativa, basadas en la necesidad de ampliar el proceso de democratización a través de la participación en la toma de decisiones. -las nuevas formas de financiamiento: mayor participación privada y de organismos internacionales. En lo que respecta a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social no fueron suficientes estos mecanismos de focalización o descentralización de la acción pública, ni la inversión en capital humano o en infraestructura social, ni los procesos de reforma de los sistemas de seguridad social; sin duda el énfasis puesto en lo económico en la toma de decisiones lejos de acortar distancias sociales las ha profundizado. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que una Política Social que no genera, acompaña, facilita propuestas de redistribución del ingreso restituyendo derechos sociales no puede ser entendida como Política Social, sino, simplemente como un mero paliativo (Carballeda, A. 2005); surge la necesidad de generar nuevas estrategias que: - Atiendan la problemática social que afecta a la población en forma integral, - Mantengan la cohesión social, mediante la instrumentación de políticas que contemplen aspectos educativos, sanitarios, de empleo, de vivienda y uso del tiempo libre.
- Procuren el fortalecimiento del capital social, en el sentido de favorecer tanto a la capacidad de los individuos para asociarse y emprender acciones para el logro de objetivos comunes; como a las redes de la sociedad civil, que facilitan las relaciones sociales, creando vínculos de solidaridad, reciprocidad, asociatividad, en pos de esfuerzos conducentes al desarrollo auto sostenido, participativo y equitativo como estrategia para superar la pobreza y exclusión. (Kliksberg, B.) Así mismo estas estrategias deben considerar algunos aspectos que condicionan la definición, el diseño y la implementación de políticas sociales, entre los que se puede mencionar: La preeminencia de criterios económicos, como eficacia y eficiencia sobre los programas sociales, como consecuencia del predominio de una visión económica, sobre la definición de los problemas sociales. Lo que se tradujo en nuevas metodologías de planificación y evaluación. (Krmpotic, C. 2003) El sistema de políticas sociales poco puede hacer ante la creciente pobreza e indigencia, ya que históricamente se ha vinculado su expansión con el desarrollo del sector formal del empleo (Krmpotic, C. 2003), hoy socavado por el desempleo principal consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal. Las instituciones desde donde se desarrollan las Políticas Sociales, se encuentran atravesadas por una serie de obstáculos, en tanto que las problemáticas que se les presentan superan las disposiciones fundacionales. El gerenciamiento de los programas es inadecuado, ya que por lo general tienen al frente dirigentes políticos que tienden a actuar con criterios clientelísticos; y en otros casos técnicos especialistas en la problemática pero con insuficiente formación de gestión organizacional. Los recursos de los programas son distribuidos en forma discrecional por quien los administra. La arbitrariedad en la selección de los beneficios deviene de una dificultad técnica, ya que los censos y las encuestas de hogares nos pueden decir cuánto son los pobres pero no quiénes son. (Isuani, A.) Mr. Stiglitz enfatiza que la pobreza y la salud son indicadores, así como los problemas ambientales, que señalan un crecimiento no sostenible, que no beneficia a los países a medio ni a largo plazo. Enfatiza la importancia de la "sostenibilidad," la equidad y la democracia en el desarrollo, el que debería ser accesible a toda la sociedad.
Este autor hace referencia al importante rol que juegan el Estado (gobierno) y la sociedad en la búsqueda de un desarrollo económico sustentable, señalando algunas claves a tener en cuenta en este enfoque. Ellas son: 1) Leyes fuertes contra los monopolios. 2) Un Estado fuerte, con transparencia en los actos de gobierno y acceso a una justicia confiable. 3) La activa promoción de la idea de que las personas son la clave para el éxito del desarrollo económico, y asimismo el producto de ese éxito, a través de los siguientes factores: a) Fuerte protección de la Salud (algo semejante a los países nórdicos) como soporte de las individualidades, que permita el surgimiento de emprendedores capaces de asumir riesgos. b) Inversión en educación (primaria, secundaria y universitaria), en investigación y en desarrollo. c) Acceso al crédito en todos los niveles y sectores de la sociedad y la redistribución de los fondos de manera equitativa para combatir la desigualdad. Se requieren políticas agresivas en lo social, con asignaciones adecuadas de recursos manejadas con una gerencia social de excelencia. Sin embargo, la posibilidad de instalarlas, tropieza con frecuentes razonamientos sobre la prioridad de otros gastos "más productivos", la posibilidad de postergar lo social para mejores tiempos, y su percepción como una especie de "necesidad secundaria". Superar esta visión estrecha es urgente. En las economías de nuestros días, lo social ha dejado de ser un gasto, es una inversión estratégica. Según estudios recientes el capital humano (básicamente los niveles de nutrición, salud y educación de la población) y el capital social (valores compartidos, cultura, grado de asociacionismo, confianza entre sus actores) determinan dos terceras partes de la tasa de crecimiento económico. El capital social requiere a su vez, para ponerse en marcha, de asignaciones de recursos para promover la organización de la sociedad civil. Los países más avanzados del mundo han tendido a realizar inversiones sostenidas en el mediano y largo plazo en estas formas de capital, y han cosechado resultados en términos de mejor equidad, estabilidad política y progreso macroeconómico sobre bases firmes. América Latina, con logros enormes en el campo de la democratización, es citada al mismo tiempo con frecuencia como un "antiejemplo" en lo social. Los niveles de pobreza son muy superiores a los que deberían ser, según su producto bruto global y per cápita; los déficits de educación y salud son muy marcados; un amplio porcentaje de la población carece de agua potable y de instalaciones sanitarias básicas. Según UNICEF el 60% de los niños son pobres; y más de un 30 % de los jóvenes están
desocupados. Se habla de un profundo proceso de "descapitalización", en cuanto a capital humano, y de una marginación continua del capital social. Todo ello es influido por el hecho de ser la región del mundo con mayor inequidad, lo que, a su vez, la fortalece y multiplica. Desconocer la legitimidad macroeconómica de la inversión social puede dañar severamente toda posibilidad de desarrollo sostenido. Por otra parte, significa incumplir la promesa de oportunidades de la democracia, y dejar de lado la exigencia ética de la solidaridad, con graves perjuicios para la calidad de la sociedad.
Tendencias actuales en Trabajo Social. Desafíos. El Trabajo Social como profesión enfrenta múltiples desafíos dentro de un contexto en el cual abundan las preguntas y los cuestionamientos. Asistimos a un tiempo-contexto de quiebre de certezas y paradigmas. En esta nueva relación entre Estado- Sociedad Civil, la práctica profesional exige encarar un proceso de construcción y resignificación del campo profesional, cuestionando y problematizando marcos teóricos, estrategias y metodologías de intervención. Al reflexionar sobre las tendencias actuales en Trabajo Social, es pertinente considerar: 1. En primer lugar que, la especificidad profesional es “una construcción histórico social”, y en este sentido está constituida por los sujetos sociales, el objeto de intervención y el marco de referencia. (García Salord, S.1998) 2. En segundo lugar, considerar el contexto, signado hoy por la creciente complejidad de nuestras sociedades q ue, “refuerza la necesidad de reconfigurar la profesión sobre la base de controversias y replanteamientos analíticos. Resignificar el papel de la teoría en la comprensión compleja de lo social (teniendo en cuenta la articulación orgánica que ella establece con la metodología, como depositaria de concepciones y visiones desde las cuales se perfilan procedimientos, lógicas y caminos) implica trascender la concepción instrumental y operativa que algunas veces se tiene sobre lo metodológico. Asumir una vigilancia epistemológica y una actitud crítica que permitan analizar las implicaciones prácticas que determinadas nociones, concepciones y rutinas le imponen al accionar profesional” (Vélez Restrepo, O. 2003).
En este sentido, “hay que potenciar interpretaciones complejas desde una función mediadora, que involucra no un procedimiento de bisagras, sino la posibilidad de nombrar un escenario posible de reconstrucciones. No es hablar de otros sino mostrar contradicciones de los discursos. Debe contener la posibilidad de recuperar la unidad de lo razonable, dejando escuchar sus múltiples voces. (Matus Sepúlveda, T. 1999) En otras palabras la primera tarea para lograr un cambio es que el Trabajo Social se asuma como una forma de trabajo Reflexiva y Crítica. 3. Por ello, en tercer lugar hay que tener en cuenta que, el Trabajo Social es “la disciplina de la interacción social consciente, en el sentido de que en forma constante y progresiva coactúa con el hombre, su estructura y coyuntura histórico político, material, social y cultural, planeando y generando intervenciones organizadas de reflexión, cognición y transformación conjuntas en el universo de las relaciones, con el objetivo de lograr mejores y armónicas condiciones de existencia personal, grupal y colectiva”. (Max Agüero, E. 2002) Asistimos cotidianamente a una realidad en la cual los trabajadores sociales contemplamos como situaciones coyunturales y estructurales atraviesan transversalmente e interrelacionadamente aspectos de las esferas de lo cultural, lo económico, lo socio-político, etc. Esta realidad social que nos interpela genera una fuerza que por lo general va en contra del libre ejercicio de una Ciudadanía Social Plena. Esta característica de nuestro tiempo puede ser caracterizada como un acontecimiento que algunos autores llaman proceso de desciudadanización. Desde el neoliberalismo y el conservadurismo se viene construyendo la idea de una neofilantropía que a la luz del más elemental de los análisis, desde nuestra profesión, nos retrotrae a la prehistoria de la ciudadanía. El desafío consiste en entender que, el trabajador social a través de su praxis profesional, en los distintos ámbitos: estatales, públicos y aún privados, puede gestar, conjuntamente con los diversos actores sociales, una contracorriente que posea como eje articulador la clara conciencia del derecho y el deber a ejercer una ciudadanía plena. Todos lo ámbitos en los que intervenimos pueden transformarse en usinas de ciudadanía o de desciudadanización. Construir ciudadanía para nosotros, los trabajadores sociales, lleva implícito el desafío de poder crear, recrear y desarrollar situaciones de conciencia ciudadana en su doble acepción de derechos y obligaciones. Esto debe constituir una actividad de construcción que lleve implícito un pleno reconocimiento de la indivisibilidad entre la calidad y la extensión universal de la ciudadanía.
Nuestra mirada profesional debe afincarse en aquellas características o componentes que al pobre lo constituyen como persona-sujeto-ciudadano para resignificar de que manera cada necesidad, cada demanda; cada situación problema constituye una posibilidad, una potencia movilizadora, que debe ser coconstruida a través de un proceso conciente de reflexión, cognición y transformación. Esta propuesta posee componentes ético- axiomáticos para nuestra profesión. Otro de los desafíos que nos imponen los nuevos tiempos sociales, en los cuales nos encontramos insertos, es responder a la creciente necesidad de proponer y realizar rupturas con respecto a aquellas veladas sugerencias de índole teórico, metodológico que nos priven de la libertad para repensar y problematizar la cuestión social y todo aquello que neutralice, paralice y torne rutinaria nuestra acción profesional. Asistimos a una falacia descomunal, toda una estructura y andamiaje de cohesión social e integración está siendo minado, con el agravante que desde los espacios de poder del aparato estatal se instrumentan políticas sociales de carácter artificial, (con fines clientelistas) en donde las categorías- conceptos de trabajo y por ende desempleo carecen de un análisis serio y objetivo. Este abismo que se ha acrecentado en este inicio de siglo constituye el núcleo de una crisis de la cual aún no sabemos a ciencia cierta cuales serán sus verdaderas consecuencias. En este sentido se debe plantear que la ética además de ser un permanente motor de indignación debe a su vez aproximarnos a ser coherentes con nuestras acciones. Ello a fin de poder incidir en la construcción de nuevas relaciones humanas y de repensar un proyecto donde el fin y la causa última de todo accionar sea el ser humano. Los valores ético-profesionales deben estar acompañados de perspectivas teóricas cada vez más sólidas que nos ayuden a analizar y comprender la realidad social con sus múltiples entrecruzamientos. Debemos recuperar para nosotros mismos como colectivo profesional la intencionalidad en las diversas intervenciones, en esa dirección aún nos quedan algunos dilemas sobre los cuales debemos trabajar: · Debemos esforzarnos permanentemente para adquirir una rutina de recapacitación permanente, que nos permita alcanzar una formación teórica práctica cada vez más rigurosa, que nos hará más competentes a la hora de realizar un análisis y una relectura argumentada de los problemas sociales.
· Este primer desafío a su vez nos capacitará para que en cada intervención co-construyamos una comunidad de argumentos, dotemos de sentido y direccionalidad a nuestro accionar, buscando adecuar nuestra praxis en relación a los valores profesionales. · Además resulta indispensable dentro de este contexto histórico reanalizar el carácter y el sentido de nuestro accionar profesional, ya que la existencia e influencia de múltiples factores coyunturales muchas veces influyen deformando la intencionalidad de nuestras intervenciones vaciándolas del sentido originario, socavando su sentido político y emancipador. · Por último nuestra precaria situación laboral de asalariados (con todos los condicionamientos que esto lleva implícito) no nos debe llevar a claudicar en la tarea de realizar una interpretación lúcida de la cuestión social, una reafirmación de nuestro compromiso sociopolítico y a la lucha permanente por garantizar el libre ejercicio de los derechos y obligaciones, de los cosujetos con los que interactuamos, en nuestras prácticas. Finalmente nos parece oportuno señalar un auto cuestionamiento con respecto al colectivo profesional que gira en torno a la escasa capacidad para problematizar, repreguntarse y cuestionar (a través de pronunciamientos) la realidad social contemporánea, la construcción y consolidación de una comunidad de argumentos, la creación de nuevas categorías de análisis, que nos permitan desarrollar diagnósticos sociales cada vez más objetivos. Esto se relaciona directamente con la necesidad de establecer una re-sistematización constante y al hecho de incorporar una actitud investigativa como parte fundamental de todo proceso de intervención. Por lo tanto debemos adquirir la saludable costumbre de auto-interrogarnos como colectivo profesional sobre nuestras intervenciones. Por supuesto que debemos tener en claro que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero al mismo tiempo debemos tener clara conciencia que esta actitud, descomprime de alguna manera ese cerrojo de voluntarismo, pragmatismo y empirismo que aún empañan los horizontes de nuestra profesión.
