¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?


MARCO PALACIOS

¿De quién es la tierra? eROPIEDAD, POLITIZACIÓN y PROTESTA CAMPESINA 8EN LA DÉCADA DE 1930

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m t i1) los Andes

Universidad de

Facultad de Administración


Primera edición, 2011

Palacios, Marco ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930/ Marco Palacios. - Bogotá: FCE, Universidad de los Andes, 2011 256 p. ; 23 x 17 cm - (Colec. Historia) Contiene: hemorografía y bibliografia ISBN 978-958-38-0165-5 1. Economía - Agricultura - Colombia 2. Derecho AgrarioColombia - 1930 3. Colombia - Condiciones económicas 4. Colombia - Política y gobierno 1. Ser. 11. t. LC HD9199

Dewey 338.1 P525d

Distribución mundial

© Marco Palacios, 2011

© Universidad de los Andes. Facultad de Administración, 20 II Calle 21 No. I - 20 Ed. SD, Bogotá, Colombia

© Fondo de Cultura Económica, 2011 Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D.F. www.fondodeculturaeconomica.com

© Ediciones Fondo de Cultura Económica Ltda., 2011 Calle II No. 5-60, Bogotá, Colombia www.fce.com.co Diseño y diagramación: Vicky Mora Diseño de portada: Ignacio Martínez-Villalba Fotografia de portada: Reunión de jóvenes campesinos en el Almendral, Cundinamarca. Autor no identificado, tomada en agosto de 1936. Colección Ricardo Rivadeneira Velásquez, Bogotá. ISBN: 978-958-38-0165-5 Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, por ningún medio inventado o por inventarse, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Impreso en Colombia - Printed in Colombia


A la memoria de Gerardo Malina, Luis Villar Borda, Jorge Child y Eduardo Umaña Luna, mis maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia.


La tierTa no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. LEVíTICO, 25. 23


ÍNDICE Agradecimientos............................................................................................ Prefacio.........................................................................................................

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CAPíTULO 1

El problema................................................................................................... Preliminares............................................................................................. Los temas................................................................................................. Sobre "la superestructura jurídica" ......... ............................ ... ......... ....... En el 2010................................................ ................................................. Los lugares ............................................................................................... Descripción estadística y cartográfica de la propiedad rural en Cundinamarca.....................................................................

19 19 21 26 29 32 37

CAPÍTULO II

Campesinos y propiedad .......................................................... .................. ... ¿De qué campesinos hablamos? ............................................................ Los "estudios campesinos" ...................................................................... Sobre las movilizaciones ......................................................................... Sobre "el rebelde racional" ....................... ............................................... El concepto de mentalidad propietaria ....... ........ ................................... Moral y derecho.......................... .............. .............. .................................

51 51 56 59 64 65 68

CAPíTULO III

Sobre el "individualismo agrario" colombiano ............................................ Propiedad, utilidad y mercado................................................................ Un esbozo histórico de la propiedad de la tierra en Colombia............. El "absolutismo" de las codificaciones ................................................... Sobre la seguridad jurídica y otras asignaturas pendientes.................. La apropiación de los baldíos en el orden social y legal ..................... ,. El caso de la Colonia Agrícola de Sumapaz.. ......................................... Colonización y violencia.............................. ................... ........................ 11


71 71 74 78 84 85 92 94

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ÍNDICE

CAPíTULO IV

La cuestión campesina y los avatares del Estado liberal oligárquico ...... .... 99 La doble crisis de 1930 ............................................................................ 99 Deslegitimación a medias del latifundismo y haciendas de café........................................................................... 106 Marginación y conflictos de las haciendas ............................................ 111 Fraccionamientos............ ........ .... ... ....... .......... ........... ........ ........ ...... ....... 113

CAPíTULO V

El Estado liberal intervencionista......... ........... .... .... .......... ... ..... ....... .... .... .... La propiedad no es para gente "sin sentido del orden" ......................... Los conflictos laborales y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, OIT ......................... La hipótesis de los "dos conflictos" ........................................................ Mensaje a los hacendados cafeteros: "nadie viaja lejos en el carro del abuelo" ......................................... "El indio no se resigna ya a la felicidad del animal doméstico" .,. ........ Sobre "las causas del conflicto" ..... ......... ... ..... .... ....... .... .... ........ ... ..... ....

119 119 124 125 127 130 134

CAPíTULO VI

Politización y campesinos..... ............ ..... .... ........ ... ........... ...... ...... ........ ......... La disputa por los campesinos inconformes.......................................... La clase política y el cliché del feudalismo en Colombia ............... '" .... Tradiciones de violencia y conspiración................................................. La política en el municipio ...... ....... ....... ...... ....... ......... ... ...... .... ....... ....... La "bolchevización": de las bananeras a Viotá ......................................

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CAPíTULO VII

De una plaza de pueblo a los linotipos bogotanos .... ................ .......... ......... Tragedia en la plaza de Viotá ................ ........ ...... ................ ............ ........ Los Liberales: devoción a la palabra impresa.. ......................... ............. Gaitán caudillo: imprenta y micrófono .................................................. El embeleco del "Frente Popular" ...... ... ......................................... .........


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íNDICE

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CAPíTULO VIII

La compostura de la Ley 200 de 1936 .......................................................... 193

Los Liberales en plan de legisladores .................................................... El Congreso de 1936. ...... ......... ... ...... ..... ....... ...... ............. ...... ...... ....... ..... La Ley 200 y la reforma agraria .............................................................. La "superestructura jurídica", de nuevo .................................................

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Epz1ogo .......................................................................................................... En el corto plazo: el apaciguamiento de los arrendatarios .... ............ ... Los colonos "comunistas" ....................................................................... Viotá: la invención de la tradición.. ....... ........ ...... ... ...... .... ............. ...... ... ¿Lecciones? .............................................................................................

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Referencias .................................................................................................... Archivos.................................................................................................... Hemerografía (años dispersos) ............................................................... Bibliografía .................................. ....................................... .....................

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AGRADECIMIENTOS Sin la crítica, estímulo y aliento moral de Alicia Puyana el presente estudio nunca hubiera llegado a término. En 2009 Rocío Londoño leyó uno de los últimos borradores y me entregó un conjunto de observaciones generosas, ecuánimes e informadas. A comienzos del 2010 tuve la fortuna de dialogar con los profesores de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, Mauricio Rengifo Gardeazábal y Miguel Villamizar, quienes tuvieron la paciencia de leer las secciones legales del trabajo, orientaron mis barruntos y me aclararon nuevas perspectivas de la ciencia jurídica. A todos ellos, mis gratitudes, así como a los árbitros del manuscrito que encomendó la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (2009) y el Fondo de Cultura Económica, Colombia (2010). Espero haber aprovechado sus observaciones cordiales, precisas y siempre útiles. No puedo dejar de reconocer la colaboración de dos Asistentes Graduados de la Universidad de los Andes, Virgilio Alejandro Ramón Trillo, de la Facultad de Administración, por la verificación de algunas fuentes de prensa y la transcripción de los datos catastrales a un medio electrónico y David Eduardo Gelvez Álvarez, de la Facultad de Economía, por la creación del histograma de esos catastros. La geógrafa Ana María Silva Campo preparó en 2007 el mapa de las zonas climáticas predominantes en los municipios cundinamarqueses y el mapa de la estratificación municipal de la propiedad en Cundinamarca, 1935, fue elaborado por Raúl Lemus Pérez en Sistemas de Información Geográfica de El Colegio de México. Como todo autor de una obra académica estoy en permanente deuda con los autores de la bibliografía que la hizo posible. En estas páginas entablo diálogo con la producción especializada sobre Colom bia; hago un esfuerzo de discernimiento de sus zonas luminosas u oscuras; también de las grises. Los términos de los debates y de los conceptos son tan conocidos que me pareció fan"agoso citarlos a todos en el texto, salvo, claro está, cuando se hacen referencias puntuales. El Colegio de México y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en mis periódicas estadías en Bogotá, han sido el hogar académico en cuyo seno pude realizar este trabajo. Los yen"os y limitaciones son sólo míos. MARCO PALACIOS MÉXICO, D. E, OCTUBRE DE

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2010

PREFACIO Este libro avanza hacia el punto de partida. Creo que la primera idea de escribirlo surgió en 1975, a raíz de "La ley 200 de 1936 y la modernización del ~echo agrario", informe de investigación que presenté a la Fundación Ford, Bogotá, (inédito, 130 páginas). Éste fue un importante insumo de la tesis doctoral presentada en la Universidad de Oxford en 1977, una base de El café en Colornbia, 1850-1970: Una historia económica, social y política, obra con cuatro ediciones en español (1979, 1983, 2002 Y 2009), todas diferentes entre sí (de allí que se las cite según el caso), complementada con "La propiedad agraria en Cundinamarca, 1880-1970: un esbozo sobre la sociedad de las tierras templadas. Borrador de discusión" (1981) \. Algunas secciones de este último trabajo, incorporadas en la segunda edición de El café en Colombia y conservadas en la tercera de 2002, fueron eliminadas en la de 2009. Estaba en marcha este libro y yo en la tarea de hacer relecturas, emprender otras nuevas y empaparme de la bibliografía reciente 2 . Y, puesto que toda historia se escribe desde el presente, el torrente de acontecimientos mundiales y nacionales de las últimas décadas me puso a repensar, replantear, precisar. Las fuentes primarias de la investigación están desperdigadas: unos cuantos pactos laborales suscritos en la Oficina Nacional del Trabajo (19251950) Y algunos consignados en escrituras públicas (notarías de Bogotá, La Mesa y Tocaima); secciones de los archivos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en particular las de parcelaciones de haciendas (19261961); boletines oficiales y del Congreso; prensa de la época (incompleta, dispersa y no siempre bien conservada en los fondos de la Biblioteca Nacional y la Luis Ángel Arango). Hablar de años treinta es una convención para referir las aceleraciones transcurridas de c. 1925 a 1945 que, en lo político, dejan la impresión de haI En la Biblioteca Luis Ángel Arango hay copias de la tesis doctoral, [338.17373/P1Sc4] y de la citada ponencia [330.01/P55p] presentada en el simposio sobre "El Mundo Rural Colombiano" que se reunió en diciembre de 1981 en la sede de la fundación Anlioqueña de Estudios Sociales, FAES, Medellín. Ver también Marco Palacios (1979a, pp. 171-191). 2 Las ediciones de El café en Colombia, 1850-1970: Ulla hisloria eC011ómica, social y polflica, son: la ed., Bogotá, EditOl-ial Presencial Fedesan'ollo, 1979; 2'. ed., México, El Colegio de MéxicolEl Áncora, 1983; 3". ed., Bogotá, Editorial PlanetalEI Colegio de México/Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 2002 y 4'. ed., México, El Colegio de México, 2009. En inglés fue publicado por Cambridge University Press, 1980, reimpresa en el 2002. En la edición de 2009 ofrecí un nuevo capítulo, la Introducción, que es una síntesis intefl}retativa de la historia cafetera mundial y colombiana desde sus inicios hasta comienzos del siglo XXI.

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PREFACIO

ber tocado cénit en el trienio 1934-1936. El antes de los años treinta fue la ratificación de un conservadurismo integral como consecuencia de la derrota Liberal en la Guerra de los Mil Días. El después marcó el triunfo de la contra-revolución preventiva so pretexto de las revueltas populares del 9 de abril de 1948, que remachó la ideología política de La Violencia. Este encuadre facilita la comprensión de los sucesos que aquí analizamos. Por demás, es sabido que no bien enfriaban los rescoldos de La Violencia en las décadas de 1960 y 1970 cuando, ante la fabricación de un miedo continental a la "amenaza Castro-comunista", resurgió la cuestión campesina y, desde atalayas opuestas, los años treinta sirvieron de referencia. Así aparecieron nuevos relatos históricos y nuevas agendas políticas. Con el correr de los años, las historias paralelas o trenzadas de guerrillas, narcotráfico y paramilitares ocultaron, más aún, las raíces agrarias de la pacificación de la sociedad colombiana. Aclaremos, sin embargo, que los acontecimientos posteriores a c. 1945 están más allá de los límites de este trabajo, aunque doy breve cuenta de ellos en el epílogo, en tanto que consecuencias de los años treinta. Salvo en las citas entrecomilladas, a lo largo del texto el vocablo "liberal" lleva minúscula cuando se refiere al liberalismo como una visión del mundo plasmada en la historia moderna y contemporánea de Occidente; filosofía política, ética, talante. Un principio similar se aplica a "conservatismo" y a "comunismo", En las referencias a los partidos Liberal, Conservador y Comunista de Colombia, esos vocablos siempre van con mayúscula. Código Civil se abrevia a CC. Desde ahora mismo valga aclarar que en este libro no aparecen entornos sociales del mundo rural y campesino tales como las reglas morales, la vida familiar, la crianza de los niños, el papel de la escuela, de la religión o de la generación. Se dice que la relevancia de trabajos como el que aquí presento depende de la forma en que se juzgue válida la síntesis de las fuentes, primarias y secundarias, y el aparato conceptual. Este asunto está en manos del lector.


CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA

PRELIMINARES

Desde la expulsión del paraíso los hombres se preguntan de quién es la tieITa. Esta cuestión busca solucionar un problema de proporciones bíblicas: la pacificación de naciones, pueblos, tribus, clanes y familias, no importa su condición o su localización en el planeta. En algún punto de cada época los contemporáneos parecen abrigar la esperanza, o acaso la certeza, de haber hallado la respuesta perfecta, algo así como volver al Edén. Desde "las más antiguas civilizaciones se sabe, sin embargo, que en la propiedad de la tierra no existe la equidad absoluta ("derechos perfectos" en una jerga reciente) y que buscarla sería tratar de abarcar 10 inabarcable, aunque pueda haber métodos de conocer aproximadamente qué tan cerca o qué tan lejos se está del equilibrio. Es, pues, una materia de justicia y moralidad; de azar y de tanteos en la distribución. Argumentamos en este libro que la sociedad colombiana está lejos de zanjar la cuestión y, aun más, que ni siquiera ha conseguido plantearla con sinceridad; que perdió una gran oportunidad en los años treinta del siglo pasado l . En esta línea, ofrecemos una interpretación de la lucha política e ideológica en tomo a las reglas de asignación de los derechos sobre la tierra en una República de mayorías campesinas al mando de clases dirigentes civilistas que, en la matriz de la Revolución de independencia, fueron adquiriendo destrezas en el manejo oligárquico dí' la ckmnrracia representativa. En el período que nos ocupa, esas oligarquías se vieron apremiadas a reformar, timoratamente, el régimen legal de tierras. No les alcanzó; no nos alcanzó. Este libro presta atención especial al derecho de propiedad que involucra simultáneamente la política y lo político, y pone el acento en las formas de politización rural y en las respuestas de los tres niveles descoordinados del Estado colombiano: el central o nacional, la miríada de niveles municipales y ese débil nexo institucional entre Jos dos que resultó ser el departamento. Se ilustran someramente las relaciones del Estado, los terratenientes 1 Albert Berry sintetiza maravillosamente este asunto en Berry (2002, pp. 32-40). Sobre la dimensión política, ver Fajardo (2001, pp. 5-19).

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EL PROBLEMA

y los campesinos sin tierra mediante un enfoque de dos aspectos conflictivos en las provincias cundinamarquesas del Sumapaz y el Tequendama. El primero concierne directamente al Estado: las adjudicaciones de bienes baldíos; el otro, más de ám bita "privado", involucra las relaciones laborales en las haciendas de café. Ahora bien, a diferencia de las clases altas y educadas, los campesinos no son dados a escribir textos políticos. Tampoco sus voceros y representantes transcriben lo que ellos les dicen. La circunnavegación del lenguaje de los documentos que aquí se ofrece no pretende desentrañar la "semiótica cultural" subyacente ni, mucho menos, sustituir la thick description del trabajo etnográfico (Geertz, 1973). Reconocerlo no equivale a decir que ronden por estas páginas marionetas movidas por un destino inexorable, oculto en las manos del autor en plan de titiritero. Así, por ejemplo, las fuentes dejan entrever que, en el intento de saltar a propietarios, los campesinos pensaron bien las opciones de usar o no los recursos discursivos y organizacionales que los políticos pusieron a su disposición. Optaron por las vías legales que, por supuesto, podían dar lugar a ocasionales desenlaces sangrientos 2 . No hay un lugar del mundo donde los campesinos no sepan que rebelarse es poner el mundo patas arriba y en peligro existencial a sus familias. Los arrendatarios, por ejemplo, eran puntal de estabilidad de las haciendas cafeteras que, a cambio, les aseguraban ingresos y estatus difíciles de encontrar en otra parte. Una evicción los forzaría a buscar la vida monte adentro y los haría retroceder a la situación más precaria y más azarosa de los colonos. Quizás porque algunos manuales de derecho romano definían como "colono" al arrendatario de predio rústico, persuadidos por abogados, tinterillos y políticos, grupos de arrendatarios cundinamarqueses se declararon colonos, es decir, cultivadores con "morada y labranza" en terrenos baldíos y en espera de un título de adjudicación. El hecho de que algunas haciendas de café se establecieran con base en unos "contratos a partida" -mediante los cuales una familia campesina desmontaba tierra virgen y formaba una sección de cafetal en un lapso de cuatro a cinco años, a cambio del usufructo de una parcela de pan coger adyacente-, hizo aún más confuso el panorama legal de colonos y arrendatmios (Gaitán, 1976, pp. 55-63; Palacios, 1979b, p. 136). Se dio por sentado que la Ley 200 de 1936 había resuelto la confusión y cancelado la deuda histórica. No fue así'. Aparte de la necesidad de superar el énfasis legalista de la premisa, valga subrayar una observación perspicaz del geógrafo Camilo Domínguez sobre cómo la colonización colombiana reproduce, amplía y agrava los problemas agrarios del país:

2 Una pequeñísima mueslra de "voces campesinas" se encuenlra, por ejemplo, en cinco carlas que publicó Acción Liberal, n° 23, febrero de 1935, pp. 1027-33. 3 Ver, por ejemplo, Londoño (2009a) y Londoño (2009b, pp. 47-115).


EL PROBLEMA

2\

Existe la utopía, siempre ideológicamente renovada, que la colonización puede resolver, por sí misma, los problemas del minifundio, las luchas por la tielTa y, la violencia política. Eso puede ser la esperanza del oprimido pero no la realidad de una sociedad agobiada por conflictos sociales que se enseñó a esconderlos pero no a solucionarlos. No se puede olvidar que quien migra hacia las regiones de colonización no es sólo el colono pobre, porque detrás de él llegan también el capital y los aparatos del Estado. El colono pobre es un campesino cuya racionalidad económica, basada en la acumulación simple de su trabajo y el de su familia, lo convierte en presa fácil para la especulación y la expropiación de este trabajo. Por 10 tanto, colonizar no resuelve los problemas más graves de nuestro país, sólo los amplía (Domínguez, 1986, p. Xl).

Actualmente hay más conocimiento y sensibilidad sobre el tema. Alfredo Molano, un investigador entrenado en la sociología, ha empleado métodos del periodismo y la literatura para construir nuevas narrativas en tomo a los mundos intrincados de la colonización colombiana de la segunda mitad del siglo pasado en adelante. Aparte del compromiso con sus ideas políticas y sociales, que no juzgamos aquÍ, los cuadros que emergen de su copiosa producción proporcionan al lector imágenes vívidas y conmovedoras que, entre olras cosas, corroboran la tesis de Domínguez4 .

Los TEMAS Campesinos comunistas en Viotá y uniristas y panistas, llamados agrarios, en Fusagasugá, el oriente del Tolima y el A1lo Sumapaz, fueron minorías ruidosas e insólitas que se movilizaron por la lien'a en la Colombia de los años treintas. En este libro se describen y analizan someramente los puentes que lendió la clase políLica, "la clase más ruidosa", con esos movimientos y se ofrece una sínlesis interpretativa de la cuestión agraria 6 , No es, por lanto, una hisloria comprehensiva y encarezco aJlector tenerlo en cuenta, • Baste mencionar al respecto, Molano (1989a; 1989b; 1987; 1994). Y, para una perspectiva que compara dos momentos con un siglo de diferencia, de Calazans y Molano (1988). 5 Ulliristas se llamaban los simpatizantes de la Unirín Nacion(/l de Izquierda Revolucionaria, UNIR, fundada y organizada por Jorge Eliécer Gaitán (octubre de 1933-mayo de 1935). Agrarisras v Panistas e,"a el nombre de los simpatizantes del Panido Agrado Nacional, PAN, fundado por el ealdense Emsmo Valencia, conocido líder agrario del Sumapaz desde los años veinte. El PAN pn:tendió reempla/.ar la LNIR y se disolvió a la muerte del fundador, en 1949. Juan de la Cru/ Varela asumió entonces el pleno Iidera/go de los colonos del Sumapaz. Ó Palacios (1982) reproducido en La clase más midosa v otros el/sayos sohre política e historia (2002a). Allí subrayé el papel del taller político en la formación de la clase política que, eon"ió a la par con la incapacidad del "cachaco conquislado,'" de cumplir su cometido civilizador hegemónico.


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EL PROBLEMA

En un mapa de Colombia, y aun de Cundinamarca y el Tolima, las protestas campesinas de los años treinta formaban pequeñas manchas, aunque en la historia nacional ocuparon espacios más amplios. Localistas y personas política e ideológicamente apartadas de la enorme masa pasiva de pequeños y medianos propietarios de Colombia, los antagonistas de este libro, fueron expresión de ese momento histórico en que el problema campesino quedó entretejido a una trama nacional caracterizada por la crisis de transición política y del Estado. Sus protestas dieron pie a que una renovada clase política propusiera cambios legales de modo que el Estado colombiano tuviese vigencia en cada municipio. Gracias a las protestas, la clase política modificó percepciones, visiones y puntos de vista sobre la vida rural y sobre el lugar de los campesinos en un mundo posible de colombianos iguales ante la ley. Aunque las movilizaciones tuvieron efectos locales, no arañaron las estructuras fundamentales de desigualdad social, atraso técnico y concentración de la propiedad agraria del país. El esquema que aparece a continuación ofrece una síntesis de las situaciones descritas someramente en el libro. En la columna izquierda se enumeran los entornos geográficos, económicos, sociales, legales y políticos. La segunda columna, en la que aparecen situaciones, agentes y organizaciones, está divida en dos: arrendatarios y colonos que dejan ver cómo unos y otros debieron maniobrar en entornos diferentes, sin que de esto pueda deducirse algún tipo de determinismo. Aclaremos desde ahora que los entornos geográficos, socioeconómicos y etnográficos han sido objeto de investigación y análisis, dentro de los que debe mencionarse la contribución sustancial de varias generaciones de investigadores colombianos y extranjeros citados a lo largo del trabajo. Este libro examina temas de política y derecho y procura dar más cuerpo y textura a la "pregunta obsesiva" formulada en relación con la naturaleza de las haciendas de café y los entornos de las sociedades de colonización: "¿ Capitalismo o feudalismo?"(Palacios, 1979b, pp. 171-172). Esta cuestión, de entrada, se sitúa por fuera de un debate moralista como el que propuso en 1914 Jesús del Corral, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, con el llamativo título "Por los siervos de la gleba"7. Nuestra pregunta también evade el campo de entelequias tales como la del "orden hacendario" (la "encomienda-hacienda", la "hacienda señorial" y otras variedades nunca bien definidas aunque se nos aparecen con el don de la ubicuidad) que, desde los primeros tiempos coloniales al presente, supuestamente habrían integrado socialmente a los colombianos, cubriendo todo el país y alcanzando todos

7 Revista Nacional de Agricultura, n° 120, junio de 1914. El tono moralista es patético, aunque del Corral aspira a encontrar soluciones concretas antes que se desencadene la "revuelta niveladora" contra "los patrones" , pp. 9-10.


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EL PROBLEMA CUADRO

1.1. Guía de lectura

Agentes, orgallizaciones y situaciones ca. 1930 Entornos

Arrendatarios de haciendas de café

Colonos de Cundillamarca y el oriente del Tolima

Acceso restringido: "latifundismo de frontera": El Tequendama y tierras cafeteras del Sumapaz. Abiertas siglo XIX. Densidades de población relativamente altas

Libre acceso campesino: "frontera abierta": Alto Sumapaz y tierras cafeteras del oriente del Tolima. Abiertas siglo xx. Densidades de población bajas

Producto principal

Café y productos tierra templada (todas las unidades)

Papa (colonos) y café (empresas colonizadoras)

Tipos de unidad productiva

Haciendas cafeteras Propiedad media Pequeña propiedad

Latifundios y empresas colonizadoras (café) Propiedad media Colonos en posesión

Regímenes laborales

Arrendamiento de estancias en intercambio por trabajo Subarrendamiento Aparcerías Jornaleros

Formas imprecisas de arrendamiento y aparcerías Jornaleros

Soluciones exped men tales

Parcelaciones de haciendas

Colonias agrarias

Principales organizaciones políticas y sociales

pec, Casa Liberal y sus ligas agradas y sindicatos

UNIR, PAN, gaitanistas, Casa Liberal, olayistas y sus ligas agrarias y sindicatos

Base del régimen jurídico

Código Civil

Código Fiscal

Tipos dominantes de ocupación territorial y . localización

-

los niveles analíticos de las relaciones productivas a las prácticas de poder y a los sistemas de representación política 8 . Nuestro foco es más limitado. Con base en documentos de las haciendas de café, intentamos reconstruir una zona reducida de la historia social y preguntamos qué pasó con los campesinos que asediaron las haciendas desde adentro y desde fuera. Concluimos que se presentaba una situación peculiar: 8 El cultivador del tema es, por antonomasia, Fernando Guillén Martfnez en varias de sus obras, pIincipalmente en El poder político en Colombia (1975).


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EL PROBLEMA

los ingresos campesinos de las parcelas o estancias en las haciendas, descontado el canon, eran mayores que sus ingresos en salarios. Pero la situación fluctuaba y era inestable de modo que, tarde o temprano, podía producirse el estallido de esa contradicción interna de la hacienda, independientemente del curso de las movilizaciones políticas (Palacios, 1979b, pp. 159-173). Junto con este problema central, un sector campesino, el de los colonos, no sólo crecía aceleradamente sino que también aspiraba a la ciudadanía por la vía de la propiedad. En efecto, en los años treinta se planteó este asunto de mayor alcance: si los campesinos eran, o podían ser, ciudadanos en el sentido lato y constitucional del término. Si las movilizaciones forzaron al Estado a brindar apoyo limitado a los campesinos procurando hacerlos propietarios con acceso al mercado del café, los terratenientes pudieron excluir al Estado cuando propusieron nuevas reglas de juego locales. En este caso sugerimos investigar dos tipos de situaciones diferentes: a) la protección de tintes paternalistas que dieron los terratenientes de Viotá a los arrendatarios para que no entrara "la violencia", es decir, el Ejército, y el precio que pagó el Partido Comunista, PCC, incluidas sus alianzas con el liberalismo local, y b) los acuerdos de los empresarios más modernos con los jornaleros asalariados, como fue el caso de las haciendas cafeteras de Cunday e Icononzo, cuyos jornaleros Comunistas asediaban y atacaban a los colonos gaitanistas de las inmediaciones (Merchán,1975, pp. 117-9; Londoño, 2009a, pp. 149,209,229,236-7,350-1,493). Puestas así las cosas, ¿qué valor puede tener la revisión de un tema campesino en la Colombia mayoritariamente urbana del 20tO? Ninguno, si por los medios no supiéramos que hay un mayúsculo y espinoso "problema de tierras". La cuestión se revisó hace medio siglo, en el clima del momento cubano de la Guerra Fría y del novedoso experimento político del Frente Nacional. Ahora, en el ambiente de la posguerra fría y de "la estrategia global contra el terrorismo", en un país más urbano, más despolitizado y más escéptico de las ideologías y de la clase política (si así entendemos los altos índices de abstención electoral), una revisión de la cuestión campesina de los años treinta requiere situarlos, en primer lugar, en la historia del siglo xx colombiano. Pese al poco desarrollo de la historiografía política sobre el siglo pasado, es menester abordar el tema de la acción gubernamental, de los partidos y de la clase política con el objeto de ubicar el origen o razón del giro que la movió a tomar el camino de la reforma consti tucional y legal sobre la propiedad de la tierra, y saber qué papel desempeñaron los movimientos de protesta ' rural. Para esto hay que responder preguntas como las siguientes: ¿Qué grupos de campesinos participaron en esos movimientos? ¿Cómo lo hicieron y qué pidieron? ¿Caben esas movilizaciones campesinas dentro de la categoría de "rebelión agraria"? Entre los grupos políticos comprometidos con las reformas ¿por qué y cómo ganaron los Liberales y perdieron los Comunistas? ¿Cuáles


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fueron las consecuencias de largo plazo? ¿Fue la Ley de Tierras de 1936 una reforma agraria? ¿Quién~s fueron los principales beneficiarios de esa ley: los políticos o los campesinos? ¿Hicieron parte las reformas constitucionales y , legales del 36 de un plan comprensivo de cooptación del campesinado mediante la expansión del sufragio? ¿Qué intereses pudieron tener los gober. nantes del Estado o los empresarios de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, y de algunas instituciones bancarias en promover "la vía campesina" de la agricultura? El presente estudio es una revisita a esos tópicos. Revisita, dice el Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, es "el nuevo reconocimiento o registro que se hace de una cosa." La cosa que aquí concierne es la disputa alrededor de un tema antiguo y recurrente en la historia de la humanidad: de quién es la tierra. De haberse formulado sinceramente esta cuestión, los jefes de la República Liberal (usualmente, 1930-1946) habrían tenido que reconsiderar las coaliciones de clase alrededor de la reforma del Estado colombiano y de la formación de la vida pública; habrían tenido que concebir el Estado y manejar la maquinaria gubernamental como si campesinos y trabajadores de las ciudades estuvieran en un plano de igualdad política en relación con las clases propietarias, capitalistas y rentistas. No se arriesgaron. Por consiguiente, la Ley de Tierras de 1936, su abracadabra, dejó incólume el lugar de los grandes telTatenientes en la coalición de poder y abrió un nuevo capítulo de la larga historia de marginación social y política, objeto del presente trabajo. Sostenemos que en los años treinta se abrió más la brecha entre las ilusiones de sectores de las clases dominantes y de la clase política por alcanzar un orden social moderno que, por definición, incluía las clases populares, de un lado, y, del otro, aquellos terratenientes que adoptaron posiciones refractarias y, con base en el poder local o regional, persiguieron a los campesinos inconformes. Tales fracturas se agravaron al fragor del choque sectario bipartidista de la década de 1940 y se exacerbaron y salieron de control durante La Violencia. Influyeron, por fuerza, en las interpretaciones postel'iores de las movilizaciones campesinas y de la cuc!;tión agraria rn general v, más importante, marcaron con fuego el transcur!->o mismo de la historia nacional. Como no es posible seguir omitiéndolas, este libro pretende develar su significado. Para lograrlo. deben criticarse las posiciones que se limitan a tachar las reformas legales y constitucionales de los aiios treinta de regateo prolongado, tedioso y socialmente anodin0 9 . De seguro que lo fueron. No obstante, con esta salida evadimos el saber qué concepción jurídica predominó, de qué raíces políticas y sociales provenía y qué ramificaciones habría de tener.

9 El punto fue subrayado por Richard Stoller (1995. pp. 368-378) en una aguda clítica de la historiografía de la "revolución en marcha".


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SOBRE "LA SUPERESTRUCTURA JURíDICA"

Aquí se plantea la importancia de los derechos de propiedad en la "superestructura jurídica", que ha sido arrinconada por el "dato o hecho social" y la dialéctica del "modo de producción", ora desde posiciones del positivismo materialista, ora desde el materialismo histórico vulgar. Un análisis en ese plano debe reconocer, de entrada, que hay muchas dificultades. De un lado, el papel mistificador del discurso que gravita alrededor de los textos legales y constitucionales (como el arto 10 del Acto Legislativo Número 1 de 1936, sobre la "función social de la propiedad") y, de otro, una realidad enmarañada que se puede expresar de esta manera: si bien la Ley 200 de 1936 contribuyó a sacar los baldíos del ámbito multisecular de los bienes fiscales y los fue dejando en el campo de una legislación social orientada a resolver problemas campesinos, económicos y, recientemente, ambientales, indígenas y de las negritudes, no fue suficiente para transformar la mentalidad propietaria dominada por la interpretación del Código Civil, CC, en su versión más "formalista"IO que, en la práctica judicial colombiana, se ha puesto más del lado de los terratenientes y del capitalismo rapaz. De ahí, pues, la importancia de volver a las categorías jurídicas sobre la propiedad de la tierra. Sostenemos que en su bienintencionado afán de solucionar la "confusión legal" y de superar la hermenéutica consagrada del cc con base en una nueva ciencia del derecho, los reformistas terminaron, quizás sin proponérselo, racionalizando la exclusión política de sectores del campesinado, en particular de los colonos. De este modo la legislación de baldíos continuó reducida a los procedimientos de una administración pública y de justicia sin dentadura local, y pautada en la mentalidad individualista que había transformado la propiedad del cc en el gran fetiche de la civilización moderna. "A título de verdadera regalía asume España, la tenencia absoluta de vidas y haciendas indianas, siendo origen único mediato e inmediato de la futura propiedad privada," comentó Guillermo Hernández de Alba (Hemández de Alba, 1942, p. 1081). No se ha escrito la historia económica y social de la formación y desarrollo de la propiedad agraria en Colombia, esa regalía del período colonial, transformada en derecho subjetivo después de la Independencia. Si el campo queda exclusivamente en manos de juristas y abogados no podrá verse el proceso subyacente de larga duración: la apropiación privada de las tierras públicas en beneficio de las clases poderosas y en detri10 Según Diego Eduardo López Medina (2004, p. 188), el formalismo latinoamclicano (y colombiano) dominaba en la época que nos ocupa y era un compuesto de la exégesis fTancesa y el conceptualismo alemán, plincipalmcnte Zaccarie y Savigny con sus cuatro elementos en la interpretación de la ley: gramatical, lógico, histórico y sistemático, reciclados por los tratadistas francescs.


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mento, primero y siempre, de los indígenas conquistados y después de los cultivadores campesinos blancos, mestizos, afrodescendientes. Esa tendencia a la concentración de la tierra en manos de la aristocracia terrateniente en el paso del ager publicus populi Romani (la tierra perteneciente al Estado romano, ganada por conquista, que este podía traspasar a los ciudadanos) al ager privatus vectigalisque (la tierra de plena propiedad privada) fue notoria en algunas épocas de la Roma antigua y, causó un debate continuo. Considerada la impronta que su civilización y su derecho dejaron en Occidente, nos brinda una primera lección: que en estos procesos la ficción legal desempeña un papel fundamental 1l. Así, por ejemplo, las monarquías de Inglaterra y Francia no aceptaron que las donaciones pontificias a los reyes de España y Portugal hubieran creado en América un ager publicus 12. Como los mares, las tierras americanas se clasificaron con otra ficción jurídica romana: res nullius, noción ambigua asimilada al ager publicus, que significa que el bien no tiene dueño y puede ganarse mediante la conquista u ocupación, o que el bien no puede ser de nadie, como los mares. Podría decirse entonces que, en la escala geográfica de la actual República de Colombia, en cuanto el Estado no pudiera controlar los baldíos, es decir, no consiguiera medirlos y localizarlos con precisión, el ager publicus se convertía en res nullius, propiedad indefinida (López, 2004, pp. 334-5). Sobre esta sutil distinción, que puede ser fundamental, volveremos adelante. A mediados del siglo XIX, al tiempo que se acogía en Colombia el modelo de la civilística napoleónica, se mantenían los principios sustantivos, procedimentales y administrativos del ager publicllS hispánico. En 1873 se adoptó un ~e vigente en todo el país. Medio siglo después, era patente el desorden en los modos de apropiación de la tierra. La incipiente urbanización, cierta mejoría de los niveles de vida y el aumento de la población ampliaban el mercado agropecuario y, a la par, los conflictos por la propiedad de la tierra, objeto de renovada competencia en muchos planos cn¡zados: entre terratenientes, nuevos y viejos; entre terratenientes y pobladores de nuevos asentamientos; entre terratenientes y campesinos en zonas de viejo asentamiento; entre diferentes estratos de campesinos; entre blancos, mestizos e indígenas. Los mapas regionales de estas situaciones son abigarrados y hasta incomprensibles porque la antorcha del ee y del Código Fiscal dejaba en la penumbra o en total oscuridad miles y miles de colombianos en situaciones de (acto. Ver, los debates, por ejemplo, en Saskia T. Roselaar (2010). Por las Bulas Alejandrinas (1493-1508) el papado donó a la Corona de Castilla las tierras localizadas lOO leguas al oeste de las Azores. Puesto que varias Bulas anteriores habían adjudicado grandes porciones ultramarinas a Portugal, en 1494 los monarcas de los dos reinos católicos firmaron el Tratado de Tordesillas para evitar una confusión mayor y se repartieron literal· mente el mundo más allá de los mares, desplazando 370 leguas al oeste de las Azores la divisoria papal de 1493. Así, Portugal ganó parte de una Suramérica desconocida, pues Brasil aún no había sido descubierto. 11

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En una intervención en la Cámara de Representantes, a fines de 1935, el magistrado Zuleta Ángel formuló el problema que aquí llamamos de la res Ilullíus. No había -dijo- en las leyes colombianas una sola disposición sobre la prueba de la propiedad (oo.) Se explica este defecto de nuestra ley, porque nuestro Código civil fue tomado de legislaciones extranjeras, especialmente de la francesa, en cuyo derecho no se plantea el teorema, porque se trata de naciones supercivilizadas. (oo.) ¿Cómo se prueba el dominio con respecto al Estado, con respecto al colono, con respecto al poseedor y a otro aspirante a ese dominio? (Anales de la Cámara de Representantes, 20 de diciembre 1935,p.1841).

Sin solución dentro de los cánones doctrinarios y legales disponibles, era preciso alcanzar una negociación equitativa para poner al día leyes y códigos, e investigar la formación nacional colombiana. En verdad, fue poco lo que se investigó. Ironías aparte, podríamos decir que esa "supercivilización" se refiere, asimismo, a que Colombia era un país preindustrial (a la postre nunca se industrializó realmente) en el que parecía tener supremacía el derecho de los bienes inmuebles. Sin embargo, cuando menos desde el siglo XVIII, en los países que empezaban a hacer cola para industrializarse, los derechos de propiedad de la tierra habían perdido importancia. La riqueza de las naciones no se identificó más con el interés del gran terrateniente (que Adam Smith acusó de rentista) sino con la acción de los "caballeros del progreso" o, en otro registro léxico, con la "gran burguesía" industrial y financiera. El héroe moderno pasó a ser el socio de empresas de navegación en el comercio de cabotaje y de larga distancia, de plantas fabriles, de ferrocan-iles, bancos, empresas urbanizadoras; el Utular de acciones bancarias, comerciales e industriales, de valores y letras de cambio. Hablamos, en pocas palabras, del protagonista de aquel mundo de negocios regulado por un derecho mercantil e industrial de nuevo tipo. Volviendo a la legislación colombiana -un país donde las fortunas ten-itoriales eran todavía el centro del poder, del prestigio social y de la riqueza de la nación-, un punto de entrada puede ser el art. 3° de la Ley 48 de 1882: "Las tierras baldías se reputan de uso público y su propiedad no se prescribe contra la nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el arto 2519 del Código Civil" (Memoria del Ministerio de Illdustrias, 1931, p. 149). Fue esta una de esas disposiciones anodinas que, abrupta pero sigilosamente, terminó con una tradición legal que se remontaba al siglo XVI, incorporada en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 (Libro N, Título XII, Ley XII), que permitía la "justa prescripción" (usucapio) de tierras realengas, en particular en las condiciones de "morada y labranza" del colono, como se


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lo llamó más adelante 13 . Tres siglos después, y arropados en el principio "lógico" de la imprescriptibilidad de los baldíos y en el cambío de presunciones sobre la propiedad agraria de 1936, poderosos locales y empresarios territoriales entablaron juicios posesorios y consiguieron probar ante los jueces que los colonos, casi siempre los verdaderos poseedores, eran simples detentadores de parcelas ubicadas dentro de linderos de sus latifundios. Así los desalojaron. El desalojo del colono, combinando la ley y la coacción, es tan usual en la Colombia del presente como en la de los años treinta. Aunque, claro, hay diferencias de grado, matiz y estilo.

EN EL 2010

Regresemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se puede plantear hoy día la cuestión campesina de los años treinta? Si bien los debates en torno a la ley agraria de 1961 y sus resultados encontraron un referente en la Ley 200 de 1936, la situación actual está marcada por las transformaciones sociales, políticas, ideológicas y culturales del mundo en el último cuarto de siglo. Han sido éstas tan profundas e inesperadas, que el mismo objeto de estudio (los campesinos y la política) cambió radicalmente, aparte, claro, de los métodos y teorías para abordarlo I4 . Cuando hace 40 años se estudiaban estas materias, el mundo vivía conmocionado por la guerra de Vietnam, las revoluciones de Cuba y Argelia, la Gran Revolución Cultural Proletaria de China. Las ideas marxistas tenían prestigio en amplios círculos políticos e intelectuales de todo el mundo, como lo habían tenido en los años \"Cinte y treinta al calor de la Revolución bolchevique. En la década de 1960, "revolución", "liberación nacional", "transición del modo de producción" y "bases campesinas" eran conceptos centrales; las "armas de la crítica" y las visiones históricas, liberales o marxistas aceptaban abierta y cándidamente su naturaleza lineal y teleológica, de modo que la humanidad marchaba inevitablemente en la dirección de lo que llamaron "progreso". Descargada de direccionalidad, la categoría "transición" registra actualmente el movimiento inverso: dd "socialismo real" al capitalismo. Es el caso de los derechos de propiedad de la tierra en Rusia y China, Vietnam, Cuba o Nicaragua, paradigmas de "las revoluciones campesinas del siglo :xx". Valga 1 J Al parecer en ninguna época del derecho romano fl.1C posible la wucapio en el ager públiclIs. Puede ser que esta modificación illdialla hubiera sido mal'ginal, aplicable s6lo en situaciones de "morada y labranza". Hay múltiples ediciones de la Recopilación y actualmente se la encuentra en diferentes dil'ecciones en Internet. Sobre la Ley 48/82, vel; Honorio Pércz Escobar (I938, p. 13). 14 Un buen ejemplo de los temas y enfoques de los años setenta se encuentra en el artículo panorámico de Catherine LeGrand (J 977, pp. 7·36). Años después, Jesús Antonio Bejal'ano pro· puso otra lectura sintética (1983, pp. 251·304); ver también, León Zamosc (J 992, pp. 7-41).


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mencionar estudios recientes del Banco Mundial sobre la "des-estatización" y "des-cooperativización" en China y la ex Unión Soviética, que acentúan no sólo la ineficiencia de las grandes unidades productivas sino que evidencian que la unidad campesina es la más eficiente bajo el capitalismo l5 . Sería estúpido no reconocer que la "historia real" averió los supuestos del papel histórico que cumplían los campesinos en aquellas trayectorias mecánicas; de ahí que su estudio actual nos llame a examinar la historicidad de los conceptos mismos. Algo similar acontece con las teorías de "la modernización", desde el ambicioso paradigma estructural-funcionalista de Talcott Parsons, al más reciente de la acción comunicativa, moderna, abstracta y universalista que ha propuesto Jürgen Habermas (Zafirovski, 2001, pp. 227255; Heiskala, 2007, pp. 243-272). El presente trabajo insiste en que el fracaso histórico de las clases dirigentes y del Estado en la pacificación de la sociedad colombiana radica en haber desechado en los años treinta la reforma política y la reforma agraria, y haber incomprendido o, peor aún, haber hecho invisible el nexo de las dos reformas. A partir de la década de 1940 asistimos a una veloz y creciente concentración de la propiedad (incluida la de la tierra), del poder plutocrático y del poder local. La ausencia de un catastro técnico y confiable (asociado al sistema registral) que garantice la seguridad jurídica y la publicidad de los títulos de propiedad rural ha facilitado la concentración. Este fenómeno fue de la mano de La Violencia y, más recientemente, de las formaciones paramilitares, de la corrupción judicial y administrativa, de la viscosidad político-electoral, de la profunda crisis de los otrora partidos hegemónicos Liberal y Conservador, de la parapolítica y de la fabricación de un nuevo salvador de la patria. En este baile de disfraces, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, trae el suyo. La entidad tiene el mandato de producir los mapas de todo el territorio nacional y de responder por el catastro. Por lo demás, resulta incomprensible que a comienzos del siglo XXI contemos con sistemas catastrales autónomos en cabeza del departamento de Antioquia y las ciudades de Bogotá y Cali; debiera causamos alarma el alto grado de lo que, suavemente, podría llamarse opacidad catastral en los departamentos del Meta, Caquetá o Putumayo, Córdoba o el Urabá antioqueño. Como no puede concebirse que quienes manejan el Estado colombiano no hayan percibido los nexos de esta protuberante falla administrativa con el conflicto armado, estaríamos ante el fenómeno de flagrante prevalencia de "los derechos oligárquicos de propiedad" 16. 1 5 Vel~ por ejemplo, Banco Mundial (1994); Robert E. Christiansen y David Cooper (1995); Giovanni Andrea Cornia (1985); Johan van Zyl y Hans Binswnage1- (1996); Yujiro Hayami , el dI. (1990) Y Dina Umali-Deininger, el di. (1995). 16 El nexo queda bien establecido por Geoffrey Demarest (2003 y 2002); para la dimension institucional, ver, Ernesto Parra Lleras (2002) .


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Si este concepto amalgama los derechos de propiedad con la capacidad de unos "oligarcas" de consolidar poder local y ampliar su propiedad ejerciendo violencia, y esto es posible gracias al acceso privilegiado al poder estatal, surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿caben en el mismo saco los acaparadores de baldíos del Alto Sumapaz de los años treinta y los terratenientes paramilitares y parapolíticos del siglo XXI? En una perspectiva histórica de largo plazo, y para ilustrar mejor el punto, mencionemos los terratenientes ingleses de los siglos XVI al XVIII que son paradigma de los derechos oligárquicos que se formaron y consolidaron en el período que Marx llamó "acumulación primitiva de capital". Independientemente de las condiciones históricas específicas de los casos mencionados, esta peculiar economía política de emplear la violencia para acumular derechos sobre la tierra los hace comparables. Nos remiten a preguntas fundamentales: ¿conducen los derechos oligárquicos al aumento de la productividad económica general, a "la transición del feudalismo al capitalismo" que se predica del caso inglés?J7 0, más bien, en el caso colombiano, ¿incrementan las rentas y el control político territorial de los latifundistas sin que aumente la productividad, en desmedro de la sociedad y del Estado? ¿No son esos terratenientes los primeros que, literal y figurativamente, hacen la guerra a la sociedad? De ser así, su legitimidad debiera ser nula en un "Estado social de derecho" que, por definición, aspira a superar la fase "oligárquica" para alcanzar la "democrática"18. Pero quizás esto último sea mero enunciado constitucional, lejos de realizarse aún. Los temas de la distribución i nequi tativa de la propiedad agraria, la fortaleza del latifundismo -casi siempre al servicio de los grupos más clientelistas y retrógrados de la sociedad colombiana-, el estigma social y político 17 Sobre el tema deben mencionarse los resonantes debates marxistas de la transición del feudalismo al capitalismo, Dobb vs Sweezy, (el primero sostenía que el motor de la transición había sido la lucha de clases señores-siervos y el segundo que había sido el comercio de larga di tancia) que hoy día parecen superados teórica, metodológica y empíricamente, a partir de investigaciones como las de Brenner (1976) para Europa y Chibbel' (1990, pp. 1-42) para India. Ver Dobb (1954). Desde el ángulo de la historiografía francesa, más cercana a la geografía de Vidal de la Blache y la sociología de Durkheim, hay que mencionar al gran medievalista Marc Bloch (fusilado por los nazis en 1944), quien había sembrado el surco con semilla nueva al proponer una metodología que permitiera analizar de modo sistemático y comparativo (en Europa) las regularidades de los procesos rurales en el largo juego jurídico de sucesivas generaciones de campesinos, señores, reyes y funcionarios estatales, Les caracteres originaux de /'histoire rurale rrall~aise (1988,1". ed. 1931), una obra que, se ha dicho, culminó Geoges Duby treinta años después. Su estudio verdaderamente monumental descubre los mecanismos por los cuales el campesino medieval europeo del siglo x al XIV, periodo de cambios acelerados de las relaciones feudales, fue capaz de mantener su autonomía (Duby, 1962). 18 En la perspectiva neo institucionalista, ver, por ejemplo, Daron Acemoglu (2003), en http:// www.nber.orglpapers/w10037. Para un debate sobre el concepto "acumulación primitiva de capital", ver, The Commoner, na 2, septiembre de 2001, en http://www.commoner.org.uklindex. php?p=5


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en que se mantiene a los colonos 19 y el abandono de políticas sectoriales agrarias continúan siendo problemas nacionales de la mayor importancia.

Los

LUGARES

Las protestas campesinas contra el latifundismo en el Tequendama y el Sumapaz de Cundinamarca y el oriente del Tolima (Palacios 1983, pp. 362-82) ganaron la atención nacional a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en abril de 1926, llamada "la prueba diabólica"20, que puso en entredicho la titularidad jurídica de enormes porciones de tierra en todo el país, convirtiéndolas en res nullius Tratándose de un juicio entre la Nación y un particular en el cual se disputa la propiedad de un terreno que la Nación alega pertenecerle como baldío, si el particular no demuestra el dominio debe fallarse a favor de aquella. La aseveración que hace el Estado de ser baldío un terreno, entraña una negación indefinida, o sea la de no haber salido de su patrimonio, la cual, según los principios sobre prueba, debe destruirse con la afirmación concreta y definida de haberse adquirido el dominio por quien se pretende dueño. Aquí la Nación tiene a su favor la presunción de dominio y aun cuando intervenga como actor en el juicio, está dispensada del peso de la prueba 21 .

Para probar la propiedad privada de un predio el interesado debía presentar un título originario, del siglo XVI en adelante, expedido por el Estado y debidamente registrado, por el cual dicho predio pasaba al dominio privado. Una sentencia del tribunal mencionado aclaró en 1934 que no era necesario presentar la cadena completa de la tradición del bien respectivo, aunque sí debía ofrecerse el título originario (Carvajalino y Martínez, 1939, pp. 225-7). Estas providencias judiciales sacaron al país de "ese elTor de creer que treinta años de tradición inscrita eran suficientes para acreditar dominio territorial" (Martínez, 1939, p.137). Entonces, de todos lados llovieron memoriales exigiendo a las autoridades convocar a los grandes terratenientes a que exhibieran sus títulos (Memoria del Ministerio de Agricultura, 1933, pp. 26-7). Es evidente que el galimatías legal aupó los movimientos que aquí nos ocupan aunque desde ahora debemos despejar un posible malentendido. Una revisión de los lugares en donde se concedieron baldíos por cualquier Para un sonado caso recienle, ver Maria Clemencia Ramírez (2001). La probalio diabo/ica es un medio legal para exigir una prueba imposible de ofrecer. 21 Ellexto completo de la sentencia se encuentra en Gaceta Judicial. Órgano Oficial de la Corte Suprema de Justicia, tomo xxxn, nO 1675-76, Bogotá, 18 de mayo de 1926, pp. 262-3. Ver también, tomo XXXII, n° 1691-95, Bogotá, 16 de noviembre de 1926, p. 380. 19

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título, de 1820 a 1920, no muestra una relación estrecha con los lugares del conflicto aquí estudiados, salvo en el Alto Sumapaz. Los epicentros de los movimientos campesinos que nos interesan se localizaron en las laderas de caficultura de las provincias cundinamarquesas del Tequendama y el Sumapaz que, de acuerdo con nuestra guía de lectura, eran zonas de "latifundio de frontera", más que zonas de "frontera abierta". Nos ubicamos, pues, en una pequeña porción de la "Cordillera de Bogotá", así bautizada por el eminente geógrafo alemán Alfred Hettner, quien la recorrió hacia 1882-1884, un cuarto de siglo después de las expediciones de la Comisión Corográfica dirigidas por el italiano Agustín Codazzi. Esos estudios destacaron el papel primordial de la ciudad capital en la conformación regional y nacionaF2. Medio siglo después, el censo de población de 1938 informaba que los municipios del Tequendama, el Sumapaz y el oriente del Tolima tenían unos 150.000 habitantes asentados en unos 3.700 kilómetros cuadrados de topografías ásperas (ignoramos la superficie catastral y la de la explotación de la tierra), en municipios mal comunicados entre sí, cuya producción de alimentos y ganados, cubierto el consumo local, iba a Bogotá y Girardot, puerto por el que se embarcaba rumbo al exterior el café de los municipios del suroeste cundinamarqués y del Tolima. Aquí enfocamos con especial atención las tierras de la vertiente suroccidental de la sabana de Bogotá que, deslindadas por la serranía del Subia, formaban en los años treinta las provincias del Sumapaz al oriente, con Fusagasugá como nodo, y la del Tequendama al occidente, con su epicentro económico en Girardot y en Viotá el principal municipio cafetero 23 . Pese a los cambios acelerados de la urbanización y la gravitación de Bogotá, tanto en la región centro-oriental como en el país, y a las innovaciones tecnológi_cas, diferentes especialistas colombianos comentan la pasmosa desactualización de las cartas geográficas nacionales de hoy día (Mendivielso, 2008). Baste apuntar que la región bogotana se forma en una historia de larga c!uración. En tiempos prehispánicos había sido la tierra ancestral de los muiscas, la civilización agraria más avanzada que encontraJ'Ol1 los conquistadores europeos en la actual Colombi;-¡ . StI huelh queda en íJlgunas prácticas agrícolas de los actuales campesinos de los altiplanos cundiboyacenses y, quizás, en el sistema de propiedad privada de la ticn·a 24 • Al momento de la 22 Yer Comisión Corográfica (1957-1959); Alfred Hcttne¡ (1966 v 197(» ; Ernesto Guhl y Miguel F.ornaguera ( 1969). B L

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Conquista española los muiscas estaban organizados en "confederaciones" y dominaban las altiplanicies laxamente delimitadas por las cotas de cambio climático. Al bajar a las tierras templadas y cálidas se encontraban panches y sutagaos, de la familia caribe. Según el conquistador Jiménez de Quesada, los caribes y los muiscas vivían un estado de guerra permanente, además de las guerras intestinas entre estos últimos 2s . Medio siglo después de la fundación de Bogotá (1538) los encomenderos ya habían titulado los 16 valles interandinos del altiplano cundiboyacense, la tierra más fértil. Esto les permitió mayor control del trabajo disponible. Así, formaron el latifundio criollo que les dio poder, generó desigualdad extrema y el pesado fardo de "sociabilidades truncadas" que tan elocuentemente denunciara Humboldt a comienzos del siglo XIX. Ochenta años después, otro sabio alemán, el citado Hettner, no dudó en responsabilizar a los "amos y terratenientes ( ... ) tanto de la situación social como del grado de desalTollo intelectual y moral de los indios puros y mestizos que forman las capas bajas"26. No obstante la carencia de estudios cuantitativos sobre la reorganización del espacio económico en la región de Bogotá, de fines de la Colonia al advenimiento y consolidación de la caficultura y de la ganadería en la vertiente magdalenense, contamos con información dispersa sobre el comercio. Este es la base de una geografía práctica y utilitaria que habría de ser muy apreciada por algunos funcionarios públicos y por grupos de comerciantes educados, pendientes del dicho de los geógrafos sobre la vocación de las tierras y la localización de los baldíos. De ese conjunto de observaciones fragmentarias y desiguales puede concluirse que los contemporáneos prestaron atención al corredor entre las tierras frías cundiboyacenses y las tierras cálidas y templadas que caían al río Magdalena, por el que fluían alimentosmercancías, corrientes de trabajadores estacionales y de migrantes en busca de tierra 27 . Al fin yal cabo, la geografía moderna se había constituido en una herramienta de dominación económica de la naturaleza, en arma cognitiva para alcanzar esa incesante producción de espacio capitalista y de compresión espacio-tiemp028. Quizás pueda esbozarse una historia de la simbiosis urbano-rural a partir de los productos del campo negociados en los mercados de Bogotá para el 25 "Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada" (Ramos, 1972); para una síntesis, ver María Victoria Uribe (1999, pp. 315-341). 26 Hettner (1976, pp.222-3). Sobre las razas y la integración en el siglo XIX colombiano, Frank Safford (J 991, pp. 1-33). 27 Comisión Corográfica (1957-1959); Colmenares (ed.) (1989); Salvador Camacho Roldán (1892-1895); Hettner (1966 y 1976, pp. 222-3); Isaac F. Holton (1981); Juan de Dios Restrepo (1859); José María Samper (1857); Miguel Samper (1898); José María Cordovez Moure (18991900); Eugenio Díaz Castro (1889); José María Vergara y Vergara (1868). 28 Sobre este concepto, ver David Harvey (1990, pp. 418-434).


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abasto de la ciudad o para vender en otros mercados del hinterland o zona de influencia: múltiples subproductos de la caña de azúcar; carne de res; mulas y caballos; frutas y legumbres; carbón de leña y maderas para el voraz apetito de la industria de la construcción después de la Guerra de los Mil Días. John Stuart Mill anotó que el comercio teje "competencia y costumbres": Ninguna proposición de la economía política se nos presenta tan a menudo como ésta: no pueden existir dos precios en un mismo mercado. Sin duda es éste el efecto natural de la competencia a la que no se ponen obstáculos; sin embargo, todo el mundo sabe que casi siempre existen dos precios en un mismo mercado; no sólo en todas las grandes ciudades y en casi todos los ramos, comercios caros y comercios baratos, sino que con frecuencia un mismo comercio vende el mismo artículo a diferentes precios a diferentes clientes 29 .

Puede colegirse que el grado en que una sociedad rural está expuesta al mercado determina la densidad de su trama de costumbres y competencia, situación que ilustran los casos que nos ocupan aquí, o los pequeños propietarios de San Gil en el siglo XVIII, o los pequeños caficultores de toda Colombia en la primera mitad del xx (Salazar, 2009). Sería gratificante reconstruir la cadena de valor de este comercio conforme a la noción de varios precios en un mismo mercado que predominó en Colombia hasta fines del siglo pasado, si es que no predomina aún. Si algo dio vuelo al espíri tu federalista de la década de 1850 fue la bonanza tabacalera con su base fiscal. Ganó así terreno la nueva visión de un país diverso (e inconexo) que aportaba la Comisión Corográfica, puesta al servicio de una campaña internacional de largo aliento y escasos resultados que presentó a Colombia ante Europa como tierra de promisión, gracias a la abundancia y feracidad de sus minas y baldíos. En esa década fueron más visibles los flujos de iniciativa e inversión y, gracias a una acelerada movilidad geográfica de peones sin tien-a, pareció abrirse una época de "mercados libres" de trabajo. De este modo pudieron juntarse los comerciantes que transformaban la tierra en medio de prodUCción y los contingentes de campesinos desposeídos que buscaban empleo. Sin embargo, estos síntomas capitalistas fueron tenues, al menos desde un punto de vista geográfico y estadístico, y quedaron reducidos al radio de las factorías tabacaleras de Ambalema que ocupaban entre 500 y 1000 operarios. Es cierto, empero, que la nueva agricultura comercial del café activó un mercado de tierras y de trabajo en las laderas templadas, ligado a la ganadería de las planicies tórridas de Cundinamarca; en ese proceso el latifundio colonial se fragmentó y llegó a su fin. Ahí está la génesis de la hacienda cafe29 John Stuart Mili (1943, pp. 229). Durante la vida del autor hubo siete ediciones de los Principios con considerables correcciones y adiciones. Ver Robson (1965).


EL PROBLEMA

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tera montada sobre un tinglado laboral de cuño hispánico y colonial (Hettner, 1976), obra dejóvenes empresarios -unos cuantos iniciados en la "prosperidad de Ambalema"- que empezaron a llegar a las laderas templadas a mediados de la década de 1860 y sacaron beneficio de las oportunidades combinadas de la demanda mundial de café y la pobreza campesina de los altiplanos que impulsaba el poblamiento de los nuevos espacios. Hay que subrayar la sincronización de los mercados de trabajo en las épocas de siembra y cosecha, conforme al calendario agrícola según los "pisos verticales" (las tierras mas, templadas y calientes). La época muerta del año tabacalero y cafetero se amoldaba a la época de cosecha de los cultivos más importantes de tierra fria -papa, trigo y maíz-, y viceversa: los meses de la cosecha principal del café coincidían con la época muerta del año agrícola de tierra fría. El calendario agrícola de Cundinamarca-Boyacá y Tobma facilitó la simbiosis entre las economías campesinas del altiplano y las del tabaco y el café; fortaleció las economías campesinas del altiplano mediante el jornaleo o las migraciones permanentes, y la economía cafetera tuvo brazos. La ampliación y consolidación del ámbito comercial bogotano sacó a luz que había un continuo de "fronteras de recursos abiertos" principalmente e)1 el Sumapaz y los Llanos de San Martín, y "fronteras de recursos cerrados" o "latifundio de frontera" en las provincias de Guaduas, el Tequendama, y el pueblo de Fusagasugá y sus alrededores. Prácticamente todas las tierras del Tequendama, cultivadas o vírgenes, tenían dueño en la década de 1870. En 1914, sin embargo, los grandes cafetales de Cundinamarca y en particular los del valle y laderas de Viotá parecían zonas de frontera interior si nos atenemos al relato de dos naturalistas suizos que los visitaron en 1914. Su breve y sobria narración del viaje a caballo de Sibaté a Viotá reitera las metáforas de la literatura de viajeros del siglo XIX. Describen paisajes asombrosos por el abigarramiento y feracidad de la naturaleza; caminos de hetTadura descuidados y de pasos escalofriantes; di s-

CUADRO

productos

1.2. El cale1ldario agrícola de CUl1dil1amarca-Boyacá Meses de sielllbra

Meses de cosecha

Papa

Enero-febrero

] ulio-agosto

Maíz

Eneloo-febrero

Octubrc-diciem bloe

Trigo

Mayo-junio o septiembre-octubre

Noviembre-d iciem bre o marzo-abri I Abril-mayo (principal)

Café Tabaco

Fines de septiembre-octubre

Diciembre


EL PROBLEMA

37

tancias enormes de un caserío a otro. Sin embargo, la salida del valle de Viotá hacia ellio Magdalena, por Tocaima, podía ser un paseo muy agradable. Esbozaron, finalmente, una sociedad partida en dos, como un queso: en el pedazo superior estaban los propietarios, caballeros victorianos en el trópico; en el inferior encontraron campesinos primitivos, miserables, ensimismados, embrutecidos por la chicha y el guarapo (Fuhrmann y Mayor, 1914, p. 101). En el Sumapaz la tierra estaba apropiada en Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, Icononzo, Cunday y Melgar, aunque la ocupación era reciente. Por ejemplo, entre 1853 y 1880, seis comerciantes bogotanos adquirieron concesiones de baldíos por 52.000 hectáreas en Cunday y Pandi y, allí mismo, otros seis obtuvieron más 12.000 hectáreas entre 1881 y 1921. En la periferia del Sumapaz, por fuera de estas municipalidades, la situación legal de la tierra estaba indefinida. Las penetraciones en busca de quinas de fines ael siglo XVIII y los cultivos de tabaco de las décadas de 1850 y 1860 dejaron en la selva pequeños asentamientos campesinos, muy aislados entre sí, y en las notarías algunos títulos de propiedad, desenterrados en cuanto las tierras se revalorizaron a fines del XIX (Memoria del Ministro de Industrias, 1931, pp. 159). En las vertientes del macizo del Sumapaz que caen a los Llanos Orientales predominaban "los baldíos, propiedad del Estado, disponibles a bajo precio para quienes se crean capaces de tumbar monte y reemplazarlo por potreros y cultivos" (Hettnel~ 1976, pp. 213-14). Las crecientes tensiones entre colonos y concesionarios de baldíos, muchos dedicados a "engordar" enormes globos de telTeno, llegaron al estallido en la década de 1920, como veremos adelante.

DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA DE LA PROPIEDAD RURAL EN CUNDINAMARCA

En trabajos anteriores los valores catastrales fueron trascritos a croquis y se encontró que los municipios clasificados en un mismo rango de valor catastral (resultado de dividir el valor predial municipal por el número de habitantes) eran contiguos. Se propusieron entonces tres grandes zonas de propiedad, denominadas campesina, media y latifundista (Palacios, 1981, pp. 6-21). La estratificación es un ejercicio de aproximación empírica. Desde que el vocablo middle class circulara cornentementc en la Inglaterra del siglo XVIII, las taxonomías sociales han sido objeto de análisis teórico y de ejercicios estadísticos. Esa noción de "tres clases" sociales se impuso en Colombia a lo largo del siglo XIX. En la época de la Regeneración un observador dividió la sabana de Bogotá en "1°. Los grandes capitalistas. 2°. Los propietarios menores. 3°. Los proletarios (los indios)" (Gutiérrez, 1921, pp. 90-92). Poste-


38

EL PROBLEMA

riormente veremos cómo la estratificación también era notable en el segundo grupo, "los propietarios menores" del campo. Con esos croquis de las tres grandes zonas de propiedad se pretendía subrayar la importancia de la geografía para comprender cierta persistencia de algunos parámetros de las sociedades rurales. Es indudable que los ejercicios de estratificación permiten matizar la representación bipolar latifundio-minifundio que, claro está, es válida en muchos paisajes colombianos. Los catastros cundinamarqueses de 18683°, 1879 3 \ y 189032 dejan ver, precisamente, las muchas gamas del cuadro. Aunque había información catastral desperdigada en otros Estados, como Santander y Tolima, Cundinamarca estaba a la vanguardia. Conviene, sin embargo, recordar el comentario de Salvador Camacho Roldán sobre el catastro de 1868 que puede aplicarse a todos los aquí considerados: Esta obra (el catastro, MP) es una simple enumeración de las propiedades raíces en cada distrito, del nombre del propietario, del valor de la finca, y de la contribución que le corresponde. ( ... ) No expresa la extensión del distrito, ni la de cada propiedad, ni los cultivos dominantes, ni el valor de la hectárea de tierra, ni los grados de temperatura, ni la configuración del suelo, ni su calidad especial, ni el valor anual de sus producciones, ni el valor de los animales, ni el valor de las mejoras hechas en la tierra, ni nada, en fin, de lo que se acostumbra en otros países que llevan el nombre del que nos ocupa. Pero es algo, es el principio de una estadística agrícola; en su género es lo primero que se ve en este país y sobre esa base puede adelantarse ya todos los años (Camacho, 1892-1893, pp. 585-612).

Conforme a la preceptiva del CC, las estadísticas comprueban que la propiedad privada había alcanzado enorme difusión y avanzaba velozmente con la colonización de Caparrapí, La Palma, Yacopí, Medina, Ubalá y Villavicencio. Asumiendo el subregistro, no cabe duda que la publicación de esos catastros testimonia confianza pública, optimismo administrativo y talante democrático. Baste decir que, en la década de 1880, por cada 17 cundinamarqueses había un ciudadano contribuyente al impuesto predial. Los datos de cuatro catastros cundinamarqueses (Bogotá está excluida de todos y en los de 1935 y 2006 están excluidos los predios de los cascos urbanos) prueban fehacientemente la importancia de la pequeña propiedad. Los datos agregados se presentan en el Cuadro 1.3. Es de notar el dramático Ver "El catastro de Cundinamarca de 1868" en Camacho (1892-1893, pp. 550-75). Catastro de la Propiedad Inmueble del Estado de Cundinamarca, (armado por la Comisión de Revisión nombrada por la Asamblea Legislativa en el año de 1878, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1879. Hemos empleado la copia de la Biblioteca Luis Ángel Arango que incluye adiciones manuscritas. Fueron miembros de la Comisión Carlos Holguín, Eustorgio Salgar y Ruperto Cándia. 32 Catastro de la Provincia de Bogotá y algunas Provincias más del Departamel1lo. Bogotá, Imprenta Nacional, 1890 (incluye todas las provincias y municipios del Departamento). 30

31


EL PROBLEMA CUADRO 1.3.

Catastros

39

Valores catastrales en Cundinamarca, 1878, 1890,1935,2006

Avalúo total en pesos corrientes

Número de predios

Avalúo promedio en pesos corrientes

1879

26.664.054

19.572

1.362

1890

44.613.027

26.067

1.711

1935

141.220.159

125.077

1.129

2006

9.197.764.664.306

477.994

4.126.997

En todos los años se excluye Bogotá y, en 1935 y 2006, además, los predios de los cascos urbanos. FUENTE: Elaboración propia con base en Catastro de la Propiedad Inmueble del Estado de Cundinamarca, 1879; Catastro de la Provincia de Bogotá, 1890; Cundinamarca, Contraloría Departamental, Informe del Contralor, 1937. "Propiedad Raíz en Cundinamarca. 1936", (sin numeración de páginas). ICAC, Catastro de la propiedad en Cundinamarca, 2006. Bogotá, 2007.

aumento del número de predios rurales a lo largo del tiempo, que sugiere una pulverización del tamaño promedio de estos. Puesto que los tres primeros catastros no traen información sobre el tamaño de los predios, no es factible sugerir nada con respecto a la estructura de la propiedad por área. Se asume entonces que a menor valor del predio menor su tamaño, una deducción no del todo exacta, pero que considero apropiada. Con base en estos datos se presentan algunas estadísticas descriptivas de la distribución de la propiedad catastral de Cundinamarca preparadas para este libro por David Gelvez33 . Dado que se trabajó con precios corrientes, no hay ninguna pretensión de sugerir valorización o desvalorización de la propiedad; empero, sí pueden analizarse los cambios en su distribución según el avalúo de los predios, y discutir si se modificó la posición relativa de los municipios, vista desde el avalúo total de la propiedad rural de cada uno. Para ilustrar la evolución de la estructura de la propiedad, fue calculada y graficada la desviación estándar de los precios de los predios y del avalúo total de la propiedad en los municipios. Para cada año catastral ésta se midió como la diferencia porcentual entre el avalúo de los predios y del municipio, y el valor de promedio de cada una de estas variables 34 . El histograma, 13 Los gráficos presentados pueden entenderse como una versión continua del histograma generado por los da los. En términos técnicos, estos gráficos son kerneles gaussianos univariados (Silverman, 1986). 34 Así, por ejemplo, la cifra 0.1397 obtenida para el valor total de la propiedad rural en Usaquén en J 878 implica que el avalúo catastral en este municipio está un 13.97% por arriba del valor promedio de la muestra.


EL PROBLEMA

40

elaborado con base en las fuentes citadas en el Cuadro 1.3, muestra cómo se distribuyen los precios de los predios, respecto del valor promedio. La figura muestra que la mayor parte de los precios de los predios se ubica a la izquierda del promedio y de la media marcada con el número cero. Esto sugiere, en primer lugar, que tienen avalúos muy cercanos pero inferiores al avalúo promedio. En segundo término, que hay unos pocos municipios con avalúos muy altos que elevan el promedio; estos últimos serian los latifundios arriba mencionados cuya diferencia de valor afecta el promedio de los predios de cada municipio, a pesar de ser pocos. Esto se aprecia en el eje horizontal de la gráfica, que, de cero a diez, mide qué tanto se alejan del precio promedio los grandes predios. Resultados similares se obtuvieron al realizar este ejercicio para el avalúo total de los municipios, por lo cual resultó innecesario repetirlos en detalle. En síntesis, la mayoria de muncipios se agrupa en torno a la media y sólo unos pocos se alejan de ésta, pero afectan el promedio.

Histograma Valor total de los predios en Cundinamarca

5

10

Diferencia en puntos porcentuales con respecto a la media

- - 1878

- - 1890

- --- - ---

1935

•.••...••.•. 2006

FUENTE: Elaboración propia con base en Catastro de la Propiedad Inmueble del Estado de Cundinamarca , 1879; Catastro de la Provincia de Bogotá , 1890; Cundinamarca, Contraloría Departamental, Informe del Contralor, 1937, "Propiedad Raíz en Cundinamarca. 1936", (sin numeración de páginas). IGAC, Catastro de la propiedad en Cundinamarca, 2006. Bogotá, 2007 .


41

EL PROBLEMA

Por otra parte, en 1935 se verifica la menor diferenciación en el avalúo total catastral y en 2006 la mayor diferenciación municipal, es decir, las distancias entre los valores máximos y mínimos. Aún no están claras las razones que explican estos cambios. Es interesante analizar el Cuadro 1.4 que presenta en la columna A la lista de los municipios que salen del rango de los valores promedio de los avalúos catastrales. Sólo Madrid aparece en más de dos catastros y es el único que está en 1878 yen 2006. La Mesa y Nemocón salen de este grupo en 1890 y no vuelven a aparecer, mientras que Soacha sólo aparece en 1935. ¿Qué factores afectan el declive o la emergencia y aumento del potencial económico de un municipio? Tampoco lo podemos explicar y sólo subrayamos este fenómeno de movilidad intermunicipal. La columna B presenta la lista de los municipios con los mayores precios promedio de los predios. Llama la atención la poca correspondencia de los municipios de estas dos listas, a excepción de Mosquera y Madrid. Este último es el único que figura en tres catastros en las dos listas. Estos datos sugieren que existe una constante movilidad intermunicipal, es decir, que a lo largo del tiempo cambia el avalúo catastral promedio de los municipios y sus posiciones en una tabla estadísticas de deciles varían. El Cuadro 1.5 ilustra el punto que, de nuevo, puede ser un punto de partida de nuevas investigaciones sobre el papel de la propiedad rural en las configuraciones sociales y políticas, y sobre los diversos factores que pueden afectar la movilidad anotada. CUADRO

1.4. Cinco municipios por fuera del rango Catastro /890

Catastro 1878

Catastro /935

Catastro 2006

A

B

A

B

A

B

A

B

Facalativá

Mosqucra

Facalativá

El Colegio

Anolaima

ViOI ••

Chía

El Rosal

Zipaquirá

El Colegio

Madrid

Mosquera

Soacha

Fusagasugá

Madrid

La Mesa

Madrid

Mosquera

Madritl

Mosquera

Mo..,quera

Tenio

Musquem

Madrid

Ricautic

Zipaquirá

Suba

Usaquén

Bdlnin

Matlritl

Funza

Ncmocón

Bojacá

La Mesa

Anapoima

Fusagasugá

Nariño

Cajicá

Puerlu Salgar

Puerto LiL'\'ano

A= Municipios con precios del avalúo total municipal por fuera del rango B= Municipios con precios pmmedio de los predios por fuera del rango

FUENTE: Elaboración propia con base en Catastro de la Propiedad bzmueble del Estado de Cwzdinamarca, 1879; Calaslro de la Provincia de Bogotá, 1890; Cundinamarca, Contraloría Departamental. Informe del Contralor, 1937, "Propiedad Rafz en Cundinamarca. 1936", (sin numeración de páginas). IGAC, Catastro de la propiedad en Cundinamarca, 2006. Bogotá, 2007.


CUADRO

~

1.5 Posición de los municipios de Cundinamarca

N

según deciles del avalúo promedio de sus predios rurales Municipio

1878


Anapoima Anolaima

9 6

Beltrán Bituima Bojacá Bosa

9 4

10 9

Cajicá Caparrapí Cáqueza

8 3

Chaguaní Chía Chipaque Choachí Chocontá Cogua Cota Cucunubá El Colegio El Cármen El Peñón

5

2

1 4 2 3 5 8

10 6

Municipio

1890

Anapoima Anolaima

10

Arbeláez Beltrán Bituima Bojacá Bosa

3 9 3

8

10 7

Municipio

Arbeláez Beltrán Bituima Bojacá Bosa

10 5 3

El Peñón

5

Chaguaní Chía Chipaque Choachí Chocontá Cogua Cota Cucunubá El Colegio ElCármen El Peñón

4 8 2

2 2

1 3 4 9 2

7 9 9

Albán Anapoima Anolaima

Cajicá Caparrapí Cáqueza Carupa Chaguaní Chía Chipaque Choachí Chocontá Cogua Cota Cucunubá El Cole~io

Cajicá Caparrapí Cáqueza

1935

5

10 7 8 8

10 6

El Peñón

3 6 3 2 4 2 2

8 2

2005

6 7 8 3 4 7 8 7

10

[I1

r-'

Cabrera Cachipay Cajicá Caparrapí Cáqueza Carupa Chaguaní Chía Chipaque Choachí Chocontá Cogua Cota Cucunubá El Coleg}o

4 5

---

Municipio

Agua de Dios Albán Anapoima Anolaima Apulo Arbeláez Beltrán Bituima Bojacá

7 7 9 4 2 4 3

10 2

3 5 8 9 3 6

"é

::o

O I:C

r-'

[I1

~

CUADRO 1.5 Posición de los municipios de Cundinamarca según deciles del avalúo promedio de sus predios rurales (continuación)

Municipio

1878


Facatativá Fómeque Fontibón Fosca Funza Fúquene Fusagasugá Gachalá Gachancipá Gachetá

8

Ginardot Guachetá

8

Guaduas Guasca Guataquí Guatavita Guayabal

6 6

Hato-viejo Jerusalén Junín

2

9 2

9 6 3 2 5 2

7

10 3 6

3 9

Municipio

1890

Engativá Facatativá Fómeque Fontibón Fosca Funza Fúquene Fusagasugá Gachalá Gachancipá Gachetá

8 9

Girardot Guachetá

3 8

Guaduas Guasca Guataquí Guatavita Guaxabal

5 6

Gutiérrez Hato-viejo Jerusalén JunÍn

2 7

1 9 6 5 6 6 4

10 4

6

1 9

Municipio

1935

Engativá Facatativá Fómeque Fontibón Fosca Funza Fúquene Fusagasugá Gachalá Gachancipá Gachetá Gama Girardot Guachetá

9 8 3 8

Guaduas Guasca Guataquf Guatativa Guaxabal

6 5 10 2 5

Gutiérrez

3

Jerusalén Junín

10

1 9 2 7 5 2 2

3 4

3

1

Municipio

2005

El Rosal

10

Facatativá Fómeque

10

Fosca Funza Fúquene Fusagasugá Gachalá Gachancipá Gachetá Gama Girardot Guachetá Granada Guaduas Guasca Guataquí Guatativa Guayabal Guayabetal Gutiérrez Jerusalén Junín

9

2

10 6 9 2

9

5 5

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8 6 8 4

8 5 2

1 5 .¡,.

w

.¡:,. .¡:,.

1.5 Posición de los municipios de Cundinamarca según deciles del avalúo promedio de sus predios rurales (continuación) CUADRO

Mwlicipio Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

La Calera La Mesa La Palma La Paz La Peña La Vega Lenguazaque Machetá Madrid Manta Mosque,"a Nariño Nemoc6n Nilo Nimaima Nocaima Pacho Paime Pandi

/878

8 8 5

10 4 8 6 2 10

1 JO 5 8 9 4 4 5

1 5

1890

4 7 7 3

Municipio

2

La Calera

La Mesa La Palma La Paz La Peña La Vega Lenguazaque Machetá Madrid Manta Medina Mosquera Nariño Nemoc6n Nilo Ninaima Nocaima Pacho Paime Pandi

9 8 5 9

La Mesa La Palma

2 7 6 4 \O

1 lO 6 8 9 3 4 5

- - -

-------~-~--

Pasea Puerto Bogotá Pulí Quebradanegra Quetame

Municipio

La Calera

Pasea Puerto Bogotá Pulí Quebradanegra Quetame

4 4 5 8 3

eLa Peña

/935

7 9 4

---

4 6 2 3 9

Municipio

La Calera La Mesa La Palma

La Peña La Vega Lenguazaque Machetá Madrid Manta 1 Medina JO Mosquera 10 Nariño 7 Nemocón 10 Nilo Nimaima 8 6 Nocaima 3 Pacho Paime 8 7 Pandi ~ ~_ ~_.~~_::J Paratebueno Pasea 6 Pasea JO Puerto Bogotá Puerto Bogotá Pulí 9 Pulí Quebradanegra Quebrada negra 6 Quetame 2 Quetame La Vega Lenguazaque Machetá Madlid Manta Medina Mosquera Nariño Nemoc6n Nilo Nimaima Nocaima Pacho Paime Pan di

____

2005 8 6

2

8 6 2

10 2 6

10 6 9 9 3 5 3 7 9 6

10 4 5 2

tr1

r

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O

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3:::

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CUADRO 1.5 Posición de los municipios de Cundinamarca segLÍ/1 deciles del avalúo promedio de sus predios rurales (continuación)

Municipio


Quipite Ricaurte San Antonio

/878

5

10 9 ------

2 San Cayetano San Francisco 7 San Juan ----------

Sasaima Sesquité

Simijaca Soacha Sopó Suba Subachoque Suesca Susa Sutaluasa Tabio Tausa Tena Tenjo

9 7

6 9

10 10 8 6

4

1 7 2 7 7

,Hwllcipio

Quipite Ricaurte San Antonio

1890 7

10 --------

San Cayetano San Francisco San Juan San Martín Sasaima Sesquilé

Simijaca Soacha Sopó Suba SlIbachoque Suesca Supatá Susa Sutatuasa Tabio Tausa Tena Tenjo Tibacuv

8 4 7 4

2 8

7 5 9 8

10 6 8 6 2

4 3 9 5

MUllicipio

/935

Municipio

Quipile Ricaurte San Antonio San Bernardo San Cayetano San Francisco San Juan

8 7 9 8 4 7 S

Quipite Ricaul-te San Antonio San Bernardo San Cayetano San Francisco San Juan

Sasaima Sesquilé

8 5

Sasaima Sesquilé Sibaté Sih'ania Simijaca Soacha Sopó

Simijaca Soacha Sopó Suba SlIbachoque Suesca Supatá Susa Sutatausa Tabio Tausa Tena Tenjo Tibacuy

1 9 7 6 6 5 7

1 3 3 2

9 4

10

2005

2 7 7

4 1 4 6

-------

SlIbachoque Suesca Supatá Susa Sutatausa Tabio Tausa Tena Tenjo Tibacuy

8

m

8

r

10

;.¡

5 5 9

r

-o

o

o:l

m s: >

10 9 5 3 4 4 9 7 4

10 6 -lo

U1

~

I.5 Posición de los municipios de Cundinamarca según deciles del avalúo promedio de sus predios rurales (continuación) CUADRO

Municipio


Tibirita Tocaima Tocancipá Topaipí Ubalá Ubaque Ubaté Une Usaquén Usme Útica Verg.ara

1878

3 7 6 5 1 2 4

3 10 7

3 3

Vianí

Vi lleta Viotá Yacopí Zipacón ZiEa9.uirá FUENTE:

4

8 5 4

6

Municipio

/890

Municipio

1935

Ti biri ta Tocaima Tocancipá

7 3 9

Ubalá Ubaque Ubaté Une Uribe Usaquén Usme Útica Verg_ara

7 1 2 5

Tibirita Tocaima Tocancipá Topaipí Ubalá Ubaque Ubaté Une

6 10 7 2

Usaquén Usme Útica Vergara

10 7

Vianí

3

Vianí

6

Villavicencio

3

Villeta Viotá

7 6

Zipacón ZiEaguirá

10 5

1 9 6 5 3

4

Municipio

Tibirita Tocaima Tocancipá Topaipí Ubalá Ubaque Ubaté Une

a-

2005

7 9 3 2 6 4 t'I1

Elaboración propia con base en las fuentes del Cuadro 1.3

Villapinzón Villeta Viotá Yacopí Zipacón Zipaquirá

4

5

8 10 4

5 4

r' "t:I :;>;:l

O

Útica Vergara Venecia Vianf Villagómez

5 3 7 3

Villapinzón VilJeta Viotá Yacopf Zipacón Zipaquirá

4

8 2 3 7 7

tIi r'

t'I1

~

EL PROBLEMA

47

Finalmente, un par de mapas da una idea de la distribución espacial de algunos de estos resultados estadísticos. El primero muestra los pisos términos o climas predominantes en cada municipio y el segundo registra la estratificación de los municipios de Cundinamarca conforme al valor catastral promedio (la división del valor total municipal por el número de predios). El mapa catastral muestra manchones de estratos que permiten distinguir claramente las zonas orientales de viejo asentamiento y de clima frío al norte, y de colonización y climas templados y cálidos al sur de las zonas de occidente que caen a la hoya del Magdalena que, al igual que casi todas las que rodean la ciudad de Bogotá, presentan un mayor valor catastral promedio. Este mapa indica que se había abierto la competencia por las tierras cálidas (ganadería) y templadas (café) y por las de colonización al sur.


EL PROBLEMA

48 MAPA

1.1. Climas cálido, cafetero y frío en Cundinal'narca

AN 510

••

Fl ENTE:

-

50

60 km

-e

Clima cafetero Clima cálido

] Clima frío

Elaborado para esle eSludio por Ana María Silva Campo (2007).


49

EL PROBLEMA MAPA

1.2. Estratificación de los municipios de Cundinamarca, 1935 (según valor catastral de los predios rurales)

)\

A N

/

D

Menor a $803

_

$804 - $1.205

_ $ 1 .206 - $2.342 $2343 - $6.913 _

_

Méh de $6.914

FUENTE: Elaborado con base en los datos catastrales citados y el mapa de Cundinamarca y sus municipios del Censo de Población de 1938 (Vol. VIII) por Raúl Lemus Pérez del Departamento de Información Geográfica de El Colegio de México.

Con estos preliminares podemos pasar a discernir el asunto de los campesinos, uno de los protagonistas de esta historia.


CAPÍTULO II

CAMPESINOS Y PROPIEDAD

¿DE QUÉ CAMPESINOS HABLAMOS?

En los años treinta, dos tercios de la población colombiana era campesina. La pequeña explotación familiar alimentaba a los colombianos y generaba . sustanciales ingresos en el comercio internacional. Según el Diccionario de autoridades (1726-1739), campesino es "lo que es propio del campo o lo que anda siempre en el campo, y gusta mucho de él, y como tal está criado con robustez y groseramente". Allí es citado el jesuita Alonso de Ovalle (16011651), quien afirmó en su Historial del Reino de Chile: "Hasta que llegaron los españoles a la América, no se habían visto jamás en ella vacas, caballos, ni conejos, así mismo, caseros como campesinos". Quizás por esto, durante el período colonial los indígenas no fueron llamados campesinos. En el siglo XIX, empero, en muchos lugares del país fue costumbre llamar "indios" a los campesinos. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo xx para que el adjetivo campesino se generalice. En nuestros años treinta éste se empleaba in¡;iistintamente con peón, labrador, labriego, agricultor, colono, trabajador, aparcero, mediero, y sus variaciones en el habla local y coloquial. En 1821, en los balbuceos de la igualdad democrática, la ley de extinción del "tributo" propuso llamar indígenas a los "indios": "Los indígenas de Colombia, llamados indios en el Código español ( ... ) quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes" (Codificación Nacional, vol. 1, 1924, p. 116). Más de cien años después, en la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma del régimen de tierras de 1933, el ministro de Industrias Francisco José Chaux, esclarecido y progresista Miembro de la élite payanesa, apuntó: las masas indígenas constituyen el factor trabajo, no sólo por razón de sus actividades tradicionales, sino también por su vinculación biológica a la tierra. De tal manera que tienen un doble valor económico y social, que multiplica en esa proporción la gravedad de los conflictos en que puedan incurrir. El indio americano, que fue recogido por la acción colonizadora en el principio de formación de nuestra nacionalidad, pertenecía y pertenece virtualmente a la estructura geo51


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gráfica y climatérica del suelo en que subsistieron sus antepasados, e invierte en él la totalidad de sus facultades humanas (Martínez, 1939, pp. 47-8).

Chaux no supo si clasificar al "indio" como clase económica o describirlo racial y, añadamos, racistamente l . La ambigüedad fue la regla. Armando Solano, destacado publicista y político de la izquierda liberal, abundó en los estereotipos en boga y no dudó en calificar al campesino boyacense, al que también llamó "indio" o "indiecito", de pesimista, fatalista, "melancólico" y de "temperamento suicida". Añadió: Como consecuencia del amor a la tierra, todos los actos y contratos con ella relacionados son verdaderos ritos que cumple el boyacense, cualquiera que sea su condición, con una inquietud secreta, con un invencible estupor. El campesino cuida mejor su traje, se baña con más esmero los pies para entrar a la notaría que a la Iglesia. Tal vez hasta se encuentre alguno que se limpie las uñas cuando debe firmar a ruego una escl"Ítura (Solano, 1973, pp. 25, 31 Y 61).

En este libro empleamos el término campesino conforme a definiciones corrientes en las ciencias sociales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y florecieron en la década de los sesenta. Quizás la taxonomía biológica (familia, género y especie) nos ayude a ilustrarlo. 1. En cuanto a "familia", los campesinos son conjuntos de pequeños productores agrarios que trabajan la tielTa con la ayuda de herramientas sencillas, producen alimentos y otros bienes para su propio sustento, y comercializan los excedentes o los destinan eventualmente al cumplimiento de obligaciones con los detentadores del poder económico y polític0 2. Los campesinos, se ha dicho, producen para comer y comen para producir. Retengamos estos elementos: a. El predio familiar. b. El sistema de agricultura de subsistencia y de base técnica tradicional que implica en01Tne esfuerzo humano. c. El vecindario o vereda con su cultura y obligaciones morales. d. En la estructura social nacional constituyen "la clase más baja" de la escala, aspecto que resalta· entre más urbanizada e industrializada sea la sociedad. I En un estudio sobre la población de Atánquez, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el antropólogo Gerardo Reichel Domatoff sugirió que, quizás, la mayorfa de poblaciones y aún de ciudades colombianas pasaron en algún momento de su historia por una dinámica de trasformación de castas coloniales en clases económicas y clases sociales. Ver Reichel·Domatoff (1956). 2 Ver Shanin (1973, pp. 63-80); Galeski (1972, pp. 54-75); Marner (1970, pp. 3-15). Para una crítica de la noción de "explotación", implícita en la definición, ver, George Dalton (1974, pp. 553-561 ).


CAMPESINOS 'r' PROPIEDAD

e.

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Aunque la propiedad del predio y el carácter familiar del trabajo son sustanciales, es posible incluir en el análisis gmpos como los colonos en posesión, los arrendatarios y los jornaleros o peones sin tierra, así como a las comunidades indígenas hispanizadas. Conviene aclarar que los instrumentos de labranza de la agricultura de subsistencia eran los del siglo XVI. Con base en el Censo Agropecuario de 1960, un autor calificó el sistema agrícola colombiano de "ineficiente y degradante"; de "despilfarro de esfuerzo humano". El 65% de las explotaciones agropecuarias se trabajaban exclusivamente con fuerza humana y en los departamentos del Caribe esas proporciones estaban por encima del 85% (Smith, 1967, pp. 409-420). Sin embargo, la resistencia a introducir innovaciones técnicas (como la guadaña o la combinada para reemplazar la hoz en la siega de trigo y cebada) tenía bases "racionales"3. La "situación de la clase más baja" quiere decj¡~ por lo demás, que los campesinos no viven en la autarquía económica; que son un parte de la sociedad colombiana e intercambian bienes constantemente. 2. Desde una perspectiva de historia comparada, Eric Hobsbawm propuso considerar un continuo entre dos "géneros" de campesinado con base en la propiedad. El comunitario de la Rusia Central de mediados del XIX y el individualista francés en el marco de las instituciones y leyes burguesas de la Revolución (Hobsbawm, 1973, p.4). Puesta la Amélica Latina de los años treinta en un continuo semejante, es claro que en los países de fuerte tradición indígena pesaba el campesinado comunitario mientras que en Colombia, con salvedad del régimen de propiedad de los resguardos indígenas del Cauca y el sur del Tolima, dominaba el minifundista, el pequeño y mediano propietalio, individualista y "pequeño-burgués"; dominaban los campesinos de código civil, aunque crecían sustratos de campesinos sin tierra y las corrientes migratorias de los que colonizaban para hacerse propietarios4 . Estos perfiles ya se advertían en el siglo xvnr y se desarrollaron plenamente en el XIX Y el xx (Salazm~ 2009, pp. 66-115; Ospina, 1955, pp. 69, 73, 284 Y 450). 3. Dentro del género individualista tenemos cinco "especies" principales de campesinos colombianos, en un p;¡h. 'iuhn1yf'mO'i, dI' .,1Ia concentración de tielTa: a. Una masa considerable de pequeños propietarios estratificados, inscritos o no en las oficinas de registro de la propiedad y en los catastros. En el caso de los caficultores, estos emprendían el camino del "capitalismo campesino", estimulados por los dirigentes de la FNC. b. Los pequeños propietarios que, para alcanzar la subsistencia familiar y mantener su predio, se veían forzados a jornalear parte del año.

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Ver, Orlando Fals Borda ( 1959b, pp. 18). Ver una síntesis del asunto en Marco Palacios (2008b, pp. 53-77 ).


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c.

Los arrendatarios y subarrendatarios de las haciendas que, en el caso de las de café, también estaban fuertemente estratificados. d. Los colonos que se asentaban pacíficamente en los baldíos como poseedores, es decir, como propietarios provisionales en el lenguaje de algunos abogados. e. Los jornaleros dedicados primordialmente a faenas del campo. Según cultura, localidad o vecindario, afiliación partidista, familia y otros rasgos identitarios, cada "especie" tenía su especificidad; debe mencionarse que la última ofrece características complejas, como es el caso de los corteros de los grandes ingenios de caña de azúcar. Valga aclarar que así la tierra y la cosecha "estén en el mercado", para el campesino libre, sedimentado en varias generaciones, la propiedad familiar más que un medio de producción es algo que entraña honor, seguro de vida, discernimiento de territorialidad y pertenecía cultural. Un "tradicionalismo" campesino que merece ser investigado en sus propios términos. Quien dice campesino, dice familia campesina y designa no sólo una nomenclatura de parentesco en presente, sino el linaje. Aquí no entra la modernidad a la Weber que comienza con la separación de familia y empresa. La primera, fuente de las reglas morales del compartir y cuidar que se deben entre sí todos los miembros a lo largo de la vida; la segunda, orientada a la ganancia (honesta) y al interés individual, calculado, propio de socios mercantiles. Bourdieu, por ejemplo, estudió este tema en su natal provincia del Béarne; en particular, "ese enigma social que es el celibato de los primogénitos en una sociedad conocida por su apego furibundo al derecho de primogenitura"S, recaiga éste en varones o mujeres. Con base en la paradoja de que son los primogénitos quienes permanecen solteros, Bourdieu encontró mecanismos sutiles que permiten explicar el equilibrio entre la continuidad del linaje y la conservación del patrimonio familiar. La investigación de paradojas de este tipo podría abrir nuevas avenidas teóricas y metodológicas para profundizar el estudio del campesinado en Colombia en la doble dimensión de la "situación objetiva" o "de clase", que nada tiene que ver con "el campesino como objeto del análisis científico", y de la subjetividad específica que Bourdieu denominó habitus (Bourdieu, 2004a, pp. 15-76). Aunque este pequeño patrimonialismo de las familias campesinas no aparezca incompatible con la incorporación de la técnica agronómica moderna, sí determina el conjunto de conductas o pautas que hacen "tradicional" la vida campesina y difícil vislumbrar el "fin del campesinado". Quizás en este punto resida una clave para entender por qué "el salto a propietario", implícito o explícito en las leyes agrarias de 1936 y 1961 que pretendieron 5 Ver Pierre Bourdieu (2004a, p. 129); este libl"O, publicado p6slumamente, recoge sus artículos sobre la familia campesina, publicados en 1962, 1972 Y 1989 en Eludes Rurales y Les tempes modernes. Ver lambién Bourdieu (2004b, pp. 579-99).



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fabricarlos en serie, no "modernizaron" al campesinado. Esta fue al menos una conclusión de Fals Borda sobre "el paso del peonazgo a la propiedad" en Saudo en el período 1950-1964. Interesado en determinar si la conversión a propietario aumentaba la eficiencia en el uso de la tierra encontró que no y que, por el contrario, afianzaba "pautas tradicionales" (Fals Borda, 1967, pp.165-74). Los estudios latinoamericanos que vieron luz en los años treinta y cuarenta subsumieron o aplastaron a los campesinos en los engranajes de las instituciones agrarias de origen colonial. De ahí surgió el tópico del nefasto binomio "feudalidad"-gamonalismo en la célebre fórmula de José Carlos Mariátegui. Para más referencias, podemos citar los análisis de Frank Tannenbaum sobre la concentración agraria en el México porfiriano y el cambio en el México revolucionario, o los de Silvio Zavala o José María Ots Capdequi sobre el papel del derecho y las instituciones indianas y sus efectos de largo plazo. Así, por ejemplo, los temas de las afinidades y diferencias de comunidades indígenas y comunidades campesinas mestizas quedaron obliterados. Comunitarios o individualistas, los campesinos fueron condenados a vivir en las penumbras y miserias de la gran propiedad. La divulgación de estas propuestas moldeó las visiones y actitudes de los intelectuales, periodistas y políticos colombianos que confluyeron en un movimiento campesinista para popularizar la tenencia de la tierra, distribuyéndola selectivamente en los sitios de conflicto recurrente y exacerbado. Al momento cubano de la Guerra Fría, destacados sociólogos e historiadores sometieron la cuestión agraria a nueva crítica y revisión. Un muestrario representativo se aprecia en el cúmulo de trabajos e investigaciones recogidos en tres obras editadas por Oscar Delgado, Enrique Florescano y Kenneth Duncan e Ian Rutledge, publicadas de 1965 a 1977 6 . Allí se ponen de presente los avances de la metodología y descripción empírica de los sistemas de tenencia de la tierra y del latifundio latinoamericano; de los regímenes laborales y de sus tipos principales. Igualmente se resalta su intrincada formación histórica. Aunque en estos estudios los campesinos y trabajadores rurales se asomaron con algo de vida propia, a la postre ocuparon un lugar secundario y pasivo en la estructura de haciendas y plantaciones. Esto se refleja en la historiografía colombiana, menos prolija y rica que la mexicana o la centroandina, en la que descuellan los trabajos de Juan A. Villamarín, Germán Colmenares y Hermes Tovar. Valga resaltar, entonces, la excepcionalidad de la investigación de Orlando Fals Borda quien se dedicó con brío e inventiva a estudiar la formación y desarrollo del campesinado como un sujeto con vida propia en la historia (Fals Borda, 1957; 1955).

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Ver Delgado (ed). (I965); Florescano (coord.) (1975); Duncan y Rutledge (cds.) (1977).


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Los

"ESTUDIOS CAMPESINOS"

Con el trasfondo de la guelTa de Vietnam, de resonancias guerrilleras y ejércitos campesinos, la producción académica de las ciencias sociales registró nuevos enfoques entre los cuales se destacan los concernientes al nexo de "rebelión o revuelta agraria" y "revolución social." La Guerra Fría contribuyó, sin duda, al auge de los "estudios campesinos" que encontraron nuevos foros académicos como Études Rurales, que empezó a publicarse en París en 1961 y, especialmente, Tlze Joumal of Peasant Studies, JPS, en Londres, 1973 7. En 1978, CLACSO patrocinó en Bogotá la publicación de Estudios Rurales Latinoamericanos que lamentablemente terminó en 1985. Si bien los especialistas colombianos no se percataron de algunos debates y referencias de los "estudios campesinos", conviene citarlos en tanto enriquecen las perspectivas desde las cuales se plantean preguntas sobre el cambio agrario y la política 8 . Un hito en los "estudios campesinos" fue el descubrimiento de la obra de Chayanoven Estados Unidos y Europa (Chayanov, 1966). Ésta abrió el campo y aparecieron nuevas perspectivas analíticas y de metodología empírica sobre la microeconomía "autoexplotadora" de los campesinos y la movilidad cíclica, ascendente y descendente, conforme a la relación productores/consumidores a lo largo de la trayectoria de cada empresa familiar. Los enfoques del economista ruso llevaron a replantear en el "tercer mundo" esos viejos debates que al final del zarismo hicieron enfrentar a marxistas y populistas rusos en tomo al papel de los campesinos en el desan-ollo capitalista9 ; debates que recogían los hilos conductores que habían enfrentado a Marx y Proudhon 1o . El encuentro con Chayanov apuntaló un neopopulismo o esencialismo campesinista, la "lógica interna de la agricultura campesina", la teoría que transforma los campesinos en clase en sí, independientemente de las épocas históricas y de los "modos de producción". Dado el peso de los campesinados en la producción mundial de alimentos, el asunto no pierde intensidad; por el contrario, la gana frente a la alternativa neoclásica del pequeño productor guiado por la conducta del buscador innato del "beneficio máximo". Un saludable balance de esta contienda de concepciones fue pro7 Una síntesis autOlTenexiva de la trayectoria del lPS se encuentra en Bemstein y Bryes, (2001, pp. 1-56). 8 El desinterés de los investigadores colombianos por estos temas quedó bien registrado en el balance bibliográfico de Bejarano (1983, pp. 251-304). q La contraposición de escuelas es notable. Ver, por ejemplo, una visión leninista en Cook y Binford (1986, pp. 1-31); de muy útil consulta es la sección "Peasant Social Worlds" del proyecto ERA (Expedence Rich Anthropology) en, http://anthropology.ac.ukJ 10 Ver los agudos comentarios de Roben Schnerb a raíz de la recdíción de la Miseria de la Filosofía de Marx (París, 1950), en "Marx contre Proudhon" (1950, pp. 484-490).


CAMPES¡,,
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puesto por Nola Reinhardt en su espléndida monografía de Dagua (Valle del Cauca) con base en una investigación en la década de los ochenta cuando, recordemos, se profetizaba la desaparición del campesinado, incapaz de sostener la competencia con las grandes unidades ll . En el amplio espectro de los estudios campesinos se destacaron los trabajos del antropólogo Eric Wolf, los sociólogos Teodor Shanin y Hamza Alavi y el historiador Eric Hobsbawm. Los dos últimos autores abordaron creativamente el tema escurridizo de los campesinos y la política; Alavi descartó la idea de una pasividad inherente a los campesinos (subrayada por Marx en sus estudios de la estructura social francesa y en los de Fals sobre el fatalismo de los saucitas andinos) y subrayó la necesidad de estudiar las rebeliones campesinas vinculándolas a toda la organización social, conforme a conocidos conceptos de Mao Zedong sobre los estratos campesinos. Los estudios de Hobsbawm sobre las formas arcaicas incrustadas en muchos movimientos sociales modernos y los mecanismos trasmisores de la politización y movilización de los campesinos en el siglo xx tuvieron amplio eco en América Latina y el sur de Europa, en particular la sugerente figura del "bandido social" y, en menor grado, la propensión de los colonos a politizarse l2 . Los trabajadores asalariados del campo quedaban un poco de lado en las concepciones de Wolf y Shanin. El primer autor enfocó el triángulo campesinos-Estada-mercado y, de paso, propuso superar las categorías pioneras formuladas por Robel1. Redfield sobre los campesinos como parte de las "sociedades folk" y su "cultura folk". Posteriormente, el mismo Redfield encontró que estos no eran "sociedades primitivas"; que eran estructuralmente autónomas (en cuanto a demografía, economía, organización jerárquica interna y cultura) y que, a pesar de tener una vida propia reducida al marco local, eran parte de una sociedad más amplia (Redfield, 1956b). Aunque aconsejó hacer una "ciencia comparada" de esa sociedad local campesina, ésta parecía demasiado estática e inadecuada frente a la tríada propuesta por Wolf que, por supuesto, le serviría para ilustrar el curso de "las guelTas campesinas del siglo xx" (Wolf, 1966; 1972). De su lado, Shanin sostuvo que las rebeliones agrmias rusas de 1905-1907 hahl<1n sido llll modelo revolucionario que se reprodujo en México y China (1910 y 1911 respectivamente), países de "capitalismo dependiente", y que, por lo demás, habJÍan llevado al mismo Lenin a replantear su teoría del nexo entre revolución y dcsan'Ollo capitalista en Rusia (Shanin, 1985; 1986).

11 Nola Rcinhardt (1988). El trabajo empieza con una presentación de las escuelas que competían por "la cuestión campesina". 12 Ver AJavi (1965, pp. 241-77; 1973, pp. 23-62); I10bsbawm (1968); Hobsbawm (1967, pp. 4365) versión en español en Pensamiento Crílico, n° 24, enero de 1<:169. Una comprensiva crítica bibliográfica del tema se encuentra en Gilbert (1990, pp. 7-53) Y para Colombia, Sánchez Meertens (1987, pp. 151-70).


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Subyacía, pues, el tema de la revolución. Los trabajos de Shanin sobre el campesinado ruso, antes y después de la Revolución bolchevique, y los de Wolf, que aparte de Rusia incluían México, China, Vietnam, Argelia y Cuba, entroncaron con la corriente de "las revoluciones comparadas" o de "la modernización comparada" cuyo maestro fue Barrington Moore. Su tesis de los tres caminos al Estado moderno, en Asia, Europa y Estados Unidos marcó nuevas pautas de análisis. Según Moore, para encontrar la clave de la gran transformación moderna había que entender cómo fue la destrucción-transformación de las clases terratenientes precapitalistas. Concluyó que en Inglaterra y los Estados Unidos (como resultado de la guerra civil) la burguesía victoriosa pudo consolidar la democracia liberal. En Alemania y Japón, por el contrario, el triunfo de una coalición estatal "reaccionaria desde arriba" produjo los fascismos, yen Rusia y China había ganado una revolución campesina desde abajo que terminó en la formación del régimen comunista (Moore, 1966). Esta pluralidad de caminos contrastaba con las teorías del camino único al mundo moderno como el de "la expansión de la participación política" de Samuel Huntington, o el "take-off' de las "etapas" ineludibles del desarrollo económico y la "modernización" de W. W. Rostow, profesor del MTT y asesor de seguridad del presidente Kennedy. El tema de la revolución y sus modelos alimentaría importantes controversias posteriores. Una de las más conocidas se produjo en tomo a la tesis de Theda Skocpol, discípula de Moore, según la cual la Revolución francesa, así como las revoluciones de Rusia y China, eran históricas en el sentido de irrepetibles, passé 13 . ¿Qué pertinencia podrían tener las tesis de Moore en América Latina? La cuestión fue atendida por un grupo de historiadores latinoamericanistas que concluyó, primero, que en estas latitudes del hemisferio occidental los terratenientes no habían sido tan poderosos como los de Moore (en Social Origins of Democracy and Diclatorship) y, segundo, que tampoco tuvieron posibilidades de entablar alianzas firmes con el Estado, relativamente débil, y menos aún en la época de democratización electoral e industrialización. Enfocando el caso colombiano, Frank Safford señaló varios factores particulares que limitaban severamente las tesis de Moore: a. El acentuado regionalismo. b. Las barreras para unificar el mercado interno. c. La debilidad endémica del Estado. d. La división de la clase dirigente, manifiesta en la propensión autonomista de la clase política en relación con las clases económicas dominantes (Safford, 1995).

I3Yer Skocpol (1984); ver lambién Skocpol (ed.) (1998) que recoge esclilos sobre el impaclo de la obra de Barlington Moore en la historiografía y las ciencias sociales conlemporáneas.


CA'v1PESINOS y PROPIEDAD

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SOBRE LAS MOVILIZACIONES

Este panorama de conceptos y contextos del problema campesino nos permite precisar el significado de las movilizaciones en el momento político y cultural que proyectaba la Guerra de Vietnam en Estados Unidos y que, naturalmente, tenía reverberaciones en los debates académicos de todo el mundo. Wolf recomendó hacerse nuevas preguntas sobre el papel del campesinado, los campesinos en política, los lazos de los campesinos con el Estado, el liderazgo campesino, su predisposición o su renuencia a entrar en una rebelión y la participación campesina en una revolución (Wolf. 1975, pp. 385-386)14.

..

Los movimientos campesinos que nos conciernen habían entrado a la arena política antes del triunfo de "las guerras campesinas del siglo xx". El caso cundinamarqués ofrece dos diferencias sustanciales en relación con todas ellas: a) A pesar de la nacionalización de la política colombiana, las movilizaciones de los años treinta, limitadas en cantidad de participantes y cubrimiento geográfico, no rompieron los patrones usuales de localización, de suerte que, por ejemplo, ningún dirigente de origen campesino alcanzó algo parecido a liderazgo o proyección nacional. b) Los campesinos del Tequendama y Sumapaz no se movilizaron por miedo al acoso capitalista o a las instituciones nacionales del Estado, no condujeron a una gran rebelión agraria, ni dieron base a una revolución social ni política. La "revolución" que buscaban arrendatarios y colonos estaba orientada por los valores del propietario individualista, arraigados desde el siglo XV1l1; más que destruir el cerco capitalista aspiraban ganar el apoyo del Estado nacional para saltar a propietarios. De igual manera, se movilizaron pacíficamente y quisieron actuar dentro de la ley. Muchos de estos elementos del conflicto agrario quedaron sepultados en los trabajos de investigación e interpretación de los años sesenta y setenta, inmersos en las polémicas y divisiones de la izquierda revolucionaria en torno al "papel del imperialismo y las clases sociales en la revolución colombiana" y al de la "burguesía nacional" que habría sido el motor social de la "revolución en marcha" y su Ley de Tierras l5 . Gonzalo Sánchez, uno de los pioneros marxistas de los estudios de los movimientos agrarios de esa época, dejó constancia:

14 Una revision critica sintética de las principales tesis de la época se encuentra en Redclift (1975, pp. 135-44). 1, Por ejemplo, Posada (1969, p. 90) y Bejarano (1977, pp. 365-86).


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Si hemos perdido hoy la perspectiva de las dimensiones de aquellos conflictos, ello se debe a la ideología "industrialista" que ha caracterizado la investigación histórica desde comienzos de la década del 60, por el arán, sobre todo, de explicar el surgimiento de los movimientos populistas del continente (Sánchez, 1977, p.67)16.

Aunque puede haber razón en el argumento, Sánchez no tuvo en cuenta que las grandes masas de pequeños cultivadores y jornaleros de casi todas las regiones y comarcas del país fueron indiferentes a las movilizaciones agrarias de los años treinta. Esa pasividad, pese a los intentos de dirigentes como Erasmo Valencia de crear una organización nacional, ayuda a comprender otro aspecto de esa "pérdida de perspectiva" y exige una explicación que aún no se ha formulado (Sánchez, 1984, p. 174). Bien vale recordar aquí la diferencia establecida por Marx entre el "campesino revolucionario" que "con su propia energía y unido a las ciudades quiere derribar el viejo orden" y "el campesino conservador" que no pugna por salir de su condición social de vida, la parcela, sino que, por el contrario, quiere consolidarla ( ... ) sombríamente retraído en este viejo orden, quiere verse salvado y preferido, en unión de su parcela, ( ... ) No representa la ilustración, sino la superstición del campesino, no su juicio, sino su prejuicio, no su porvenir, sino su pasado (Marx, 1961)17.

Si en los años treinta la abrumadora mayoría de campesinos colombianos estaban del lado "conservador", ¿en dónde encontrar al "campesino revolucionario"? La pregunta no podía ser neutra o inocente en los mios sesenta y setenta. Los principales autores tomaron prudente distancia de las versiones del pcc y de los "trostskistas". Sánchez propuso "ciclos en la larga tradición de la lucha organizada por la tierra, como Cundinamarca y Tolima" (Sánchez, 1977, p. 63). Nunca sustentó esta idea de ciclos pero en los enfoques de las "luchas por la tierra" quedó rondando la suposición de que fueron rebeliones agrarias. Veamos. Las rebeliones agrarias son levantamientos masivos y armados del campesinado en un ajuste de cuentas con los detentadores del poder, cualesquiera que sean estos. Tal fenómeno no ha ocurrido en Colombia, salvo quizás el movimiento comunero del Socorro de 1781 que, a pesar de su carácter multi clasista y mu1tiétnico, pareció contener algunos elementos de la definición Aguilera (1985); McFarlane (1984, pp. 17-54; 1995, pp. 313-338). La violencia material o simbólica, real o meramente potencial, es decir, la amenaza lb Dc esa ideología industrialista no hacían parte otros estudios pionet-os como los de PietTC Gilhodcs (1971) o Gaitán (1976) que habían precedido el de Sánchez. 17 Ver también Riquelme (1980, pp. 58-72).



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creíble de emplearla, es consustancial a las rebeliones agrarias, sean milenaristas o modernas, organizadas ompuestamente "espontáneas" como las universales jacqueries, intermitentes, que fueron características en Perú y Bolivia de fines de la Colonia a mediados del siglo xx. En los casos de nuestro estudio, la violencia fue la excepción, no la regla, y se aplicó fundamentalmente como represión a los campesinosl 8 . Otro aspecto que diferenció las movilizaciones colombianas de las guerras campesinas del siglo xx, que Wolf presenta como elementos inextricables de los movimientos anticoloniales de liberación nacional en Asia y África, fue que en el país, como en Hispanoamérica, la liberación nacional se había alcanzado por las armas alrededor de 1820. Por eso la ideología nacionalista colombiana pudo ser construida y apropiada por las élites independentistas que pusieron el imaginario político a gravitar en una bipolaridad perdurable (rojos-azules, Liberales-Conservadores), que penetró el mapa social y mental a lo largo y ancho del país durante más de siglo y medio. La realidad objetiva de este imaginario bipolar, omnipresente en la cultura política, neutralizó la eficacia movilizadora de la "liberación nacional", concepto elaborado a partir del "neocolonialismo" y de la estructura económica y social en "la época del imperiali$mo". Mas aun, ¿cómo crear un "sentimiento nacional" cuando no hay discriminación de tipo étnico-nacional en la religión, la lengua, la histOlia, la alimentación, el vestuario, la organización de la familia? En últimas, cuando no son extranjeros el ejército, las clases propietarias, la burocracia administrativa. La división de clases o la regionalista puede, eventualmente, crear identidades y emociones políticas, que, sin embargo, nunca serán equivalentes al "sentimiento nacional". Basados en los estudios pioneros, los conflictos agrarios de Cundinamarca y el oriente del Tolima fueron investigados de nuevo en la década de los ochenta l9 . Los autores se mantuvieron al margen de COlTientes en boga que aplicaban al mundo rural la categoría de "economía moral" que E. P. Thompson había elaborado veinte años atrás, para dar cuenta de la formación de la clase trabajadora en la Inglaterra de 1780 a 1830 (Thompson, 1963). En efecto, según los "estudios campe<;ino<;", Ia<; rebeliones agrarias suelen ocurrir por el avance del mercado, la comercialización de la agricultura (de la tierra y su producción), y la consiguiente presión económica de los te,. La violencia contra los colonos, particularmente asesinatos, ruerOll objeto de constante denuncia en Claridad; por ejemplo, nO 1\3,5 de junio de \933; el n° 118,2\ de julio de 1932 inrorma que un grupo de 35 colonos del Sumapaz fueron atacados por la Gl/ardia de CLIIldinamarca; incluye un Memorial de Jorge Eliécer Gaitán sobre este asunto. En el n° \38, 10 de mayo de 1935 denuncia "Bárbara persecución contra colonos de Colombia (Huila)", p.1; n° 149, 17 mayo 1936, acusación las atrocidades de la Cía Cafetera de Cunday por evicciones con Guardias del Tolima. 19 Ver Palacios (1979b; 1981); Jimenez (1985; \989, pp. 185-219); González y Marulanda (1990); Marulanda (\991); Fajardo (1993; 1994, pp. 42-59); ver también Vega (2004, pp. 9-47) que subraya el predominio de la gran propiedad a lo largo y ancho del país.


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rratenientes y de las élites políticas modernizadoras que controlan el Estado y amenazan los modos tradicionales de vida campesina, sus valores, su seguridad y la reciprocidad. En suma, dichos estudios sostienen que, bajo condiciones de acelerada formación estatal-nacional y desarrollo capitalista, los campesinos se rebelan si sienten que sus "derechos de subsistencia" corren peligr0 20 . Estas tesis son cuestionadas por James C. Scott quien, a partir de sus investigaciones y detalladas encuestas etnográficas de la aldea tradicional del sudeste de Asia (Malasia), sostuvo que los valores de "solidaridad y reciprocidad" orientan la defensa campesina de sus opresores e integran formas de vida cotidiana, rutinas, que van a la par de la búsqueda de la subsistencia material. De este modo, las rebeliones son fenómenos raros; antes de rebelarse o de entrar en la acción colectiva, más costosa a medida que pasa el tiempo, los campesinos recurren a formas permanentes de "resistencia cotidiana" y emplean las "armas del débil". Bajo un conformismo aparente subyace, por ejemplo, el robo en pequeño; el poner en ridículo y burlarse sutilmente de las autoridades; ejercer pequeñas revanchas frente a los terratenientes, sus familiares y allegados más cercanos (Scott, 1976; 1958). Es cierto que debiéramos investigar las "resistencias" cotidianas, esas prácticas "conformistas" de los campesinos que, con eficacia, evaden las normas de las relaciones jerárquicas del mundo rural, incluidas, asimismo, las relaciones de género en el seno de la familia campesina. Al respecto recordemos que las reglamentaciones de trabajo en las haciendas cafeteras permitían que las mujeres de los arrendatarios y subarrendatarios tuviesen amplio margen en la gestión de la economía doméstica. Muchas lo aprovecharon subiendo a los perímetros montañosos a producir clandestinamente carbón de leña, cigarrillos y licores de contraband021 • Con la resistencia podía venir la sumisión. Así, surgen nuevos campos de investigación como el señalado por Michel Jimenez a partir de "un modelo patriarcal", de toda una "ideología de género" impuesta por los hacendados a los arrendatarios hombres en las haciendas de Viotá. En esta configuración, las mujeres de los arrendatarios aparecían ante estos como dominadas por una "sexualidad demoniaca" facilitando, de paso, que colaboraran con sus amos en la "depredación sexual de sus mujeres", de suerte que "al empeñar sus mujeres a los hacendados y los administradores, estos hombres pueden haber esperado ganarse favores o privilegios" (Jimenez, 1990, p. 71). 20 De una amplfsima literatura, el principal expositor de esta tesis es Eric Wolf (1972); el principal contradictor es, quizás, Mancur Olson (1979). 21 Ver los reportes sobre incidentes violentos por la misma causa, "Contrabando de aguardiente" en las haciendas El Chocho, Subia y los Olivos, publicados en El Espectador, 22 de man:o de 1919 que sugieren el paternalismo de los hacendados del suroeste de Cundinamarca, que procuraron defender los campesinos ante las autoIidades. Un aspecto más comprehensivo que incluye detalles del contrabando de aguardiente, los procedimientos empleados para erradicarlo en la zona caretera y la represión, ver Forero (1937, p. 58).


CAMPESI""OS y PROPIEDAD

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Con todo y la importancia de investigar y analizar estos mecanismos de sumisión social, en este punto nos interesa subrayar el aspecto contrario: que los campesinos del Tequendama y el Sumapaz se organizaron para la acción social y política, con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y de alcanzar la titulación de la tierra. Al hacerlo, enfrentaron coaliciones locales de terratenientes, alcaldes y policías que buscaron reprimirlos en nombre de la ley y del orden social. Esos campesinos no conformaban una masa homogénea. Por sus condiciones sociales y sus aspiraciones, arrendatarios, colonos y peones o jornaleros sin tierra, a más de distinguirse entre sí, formaban estratos grupales en los que el liderazgo quedaba casi siempre en manos de "campesinos ricos"22. La estratificación agraria encerraba la brecha entre lo urbano y lo rural, que desde la misma Conquista española separó los regímenes de propiedad de los solares urbanos y las tierras agrícolas. Desde entonces, en los núcleos urbanos se centralizaron las funciones administrativas, religiosas, militares y comerciales, sujetas al régimen legal que produjo el entramado regular de calles y manzanas en tomo a una plaza cuadricular, el centro dominante de "la ciudad en damero". A partir de esos núcleos se jerarquizó el territorio de la monarquía. Como regla, a mayor distancia de un damero, más difícil era "ordenar" los territorios y fijar linderos entre predios. De entonces al presente, los núcleos urbanos o cascos municipales han desempeñado el papel de centros (semi rurales) de poder y autoridad. Gracias a este principio, en los municipios colombianos -aun en los más rurales, entre el casco, "pueblo" o cabecera municipal y las veredas y aldeas campesinas-, los grados de separación terminan cuajando dos comunidades cercanas y recíprocamente dependientes pero, moral y socialmente alejadas: los campesinos están "abajo" y los pueblerinos "arriba". Los cascos son, a fin de cuentas, asiento del gobierno civil y eclesiástico, de las redes de servicios y del conjunto de inversiones públicas y nodos del comercio. Al estar sometida la población a la lógica de estos engranajes municipales, las haciendas veían limitados sus márgenes de acción, puesto que los cascos buscaban consolidar la autonomía en el juego político-electoral y los campesinos intuían su conveniencia. Es decir que la territorialidad era un arma potencial de las fuerzas políticas que buscaban el contJ'ollocal, pese a que los hacendados fuesen los señores de la tierra. Aquí, pues, parece abrirse una fisura potencial entre el latifundio y el gamonalismo.

22 De Durkheim a Parsons, los sociólogos sostienen que la estratificación puede verificarse objetivamente al medir la distancia en términos de riqueza e ingreso, pem que también se refiere a la percepción y autopercepción del lugar que cada cual ocupa en una escala de los "sentimientos morales"; quién es "superior" y quién es "inferior".


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SOBRE "EL REBELDE RACIONAL"

Ahora, si bien pudo existir una galaxia de acciones de resistencia cotidiana, los campesinos del Tequendama y la comarca de Fusagasugá parecieron proseguir estrategias individualistas, aunque politizadas y organizadas, propias de un "campesino racional". Dicho de otro modo, esos campesinados respondieron más a los dictados de la "economía política"; les parecieron más verosímiles las versiones iusracionalistas que les ofrecieron Liberales y Comunistas sobre la ley del Estado "superior" a la "costumbre". Así, pues, se aceleró la "modernización" de la mentalidad campesina. Veamos. J. La movilidad de la mano de obra entraba en el cálculo de hacendados y campesinos. Las haciendas de café no eran aldeas tradicionales asiáticas; no estaban "cerradas" sino "abiertas"; necesitaban mano de obra móvil para las cosechas y, no obstante la necesidad de arraigar "brazos", es decir, familias arrendatarias, los grandes propietarios dudaron de su conveniencia en el largo plazo. Además, los hacendados no tenían poder fáctico ni legal de inmovilizar a los arrendatarios. De su lado, los campesinos conocían detalladamente los intríngulis del trabajo migratorio. Los que periódicamente bajaban de tierra fría a cosechar café requerían el jornal como un complemento de su ingreso campesino y, para los jornaleros sin tierra, éste representaba el único medio de vida. Los arrendatarios podían ser sus patrones. 2. La clase política percibió y tuvo en cuenta los intereses, identidades y sentimientos de solidaridad de los grupos campesinos estratificados, así como sus conflictos internos. Si bien los límites de las movilizaciones dependían también del tipo de relaciones consuetudinarias de los terratenientes (ausentistas en el café) y los campesinos, así como de las relaciones fluctuantes de los diferentes estratos campesinos entre sí, cada cual buscaba individualmente su provecho y ventaja. Esto en cuanto a los arrendatarios de las haciendas, porque los colonos enfrentaban primero las autoridades locales en la medida en que fueran instrumento de los terratenientes que buscaban expulsarlos. Por eso los colonos estaban más urgidos del apoyo de los intermediarios políticos. 3. Aunque la Colombia de los años treinta experimentaba los dolores del parto capitalista y los traumas de la consolidación del Estado nacional, los campesinos -manifiestamente descontentos con el orden de las haciendas y con el desorden de las concesiones de baldíos, subrayado por el mismo Gobierno Nacional- se movilizaron en la coyuntura adecuada para acceder a la propiedad de la tierra. No se movilizaron en defensa de una amenazada Ce idealizada) "comunidad moral", sino que lucharon denodadamente para ingresar, por decisión propia y como ciudadanos iguales, a la compleja "socie-


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dad" nacional 23 • Manifestaron una voluntad inconmovible de sentar plaza en la nación de ciudadanos y alcanzar las ventajas del sistema de pequeños caficultores que, a partir de 1932, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, ofrecía como paradigma de democracia social. A este "cálculo racional" subyacía la creencia heredada de que la propiedad familiar de la tierra encarnaba el "sentimiento de justicia natural", como se puso de presente en un debate en la Cámara de Representantes del 25 de octubre de 1932: [sobre] este delicado problema entre hacendados y colonos ( ... ) no se puede decir que haya un problema comunista., puesto que toda vez que el campesino reclama el dominio de la pequeña parcela que arrebató a la selva en lucha constante y tesonera, lo hace por un sentimiento de justicia muy natural, y desde ese momento se aparta abiertamente de las doctrinas comunistas y pregona el individualismo (Anales de la Cámara de Representantes, 11 de noviembre de 1932, p. 768).

EL

CONCEPTO DE MENTALIDAD PROPIETARIA

Al decir de Paolo Grossi, propiedad y propietario son simultáneamente conceptos jurídicos abstractos, categorías de filosofía política; formas institucionalizadas de la organización social y, también, meras ideologías. En este sentido forman capas yuxtapuestas y dan consistencia a una gruesa costra que viene a ser la mentalidad propietaria correspondiente a cada época histórica (Grossi, 1992, pp. 57-66). Estas capas se nos presentan separadas, de suerte que en las oficinas de los altos magistrados, jurisconsultos y abogados y en las aulas universitarias, propiedad y propietario se transforman en una alquimia de conceptos puros, objeto de técnica, hermenéutica y síntesis científica. En las tribunas de los estadistas y políticos suelen recibir el halo del gran propósito ético o piedra filosofal de una civilización. Con base en estos planteamientos del historiador italiano del derecho podemos dar un paso adelante y constatar que, mientras la tierra es una cosa, un bien corpóreo, la propil!dad es una palabra, un concepto, un derecho del que deriva una cadena de derechos, algunos completamente incorpóreos. Claro está que la posesión mateJ"ial es el primer derecho y el más inmediato. Como cosa, la tierra tiene forma, espacialidad; puede localizarse y tiene linderos que cada propietario (la familia) debe cuidar y, eventualmente, de23 En esta dirccción resulta pCl1incntc la obra de Popkin (1979), poco ap,·eciada cn los medios latinoamericanos quizás por su "individualismo mctodológico".


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fender. El propietario tiene vecinos (otras familias) y su predio hace parte de un vecindario, un terruño, es decir, de una red cultural de intercambios sociales y económicos que definen la patria chica. A diferencia de la representación unitaria del espacio que hace el Estado, abstracta, cartográfica, eventualmente científica (de suerte que puede tener aplicaciones en el frente económico, militar, fiscal, político, electoral), la representación del espacio que se hace el propietario, en particular el campesino, es directa, sensorial, afectiva. Del mismo modo se figura la patria chica. Sus representaciones están ligadas a las estaciones de la vida y a la muerte; a la reproducción familiar y del vecindario. La precisión de los linderos, de los predios y del terruño, es existencial; punto de honor y prestigio. Esta precisión se pierde en las situaciones fluidas de colonización, cuando es razonable esperar mayores grados de conflicto y tasas más altas de masculinidad, al menos en las primeras fases del asentamiento. Lo fundamental en el largo plazo es, sin embargo, que la distribución del poder político y social en las sociedades de base agraria queda supeditada a dos factores principales: la titularidad de la propiedad de la tierra, sea fáctica o jurídica, y el rendimiento económico de las unidades. Ahora bien, el concepto de la propiedad de la naturaleza (tierra, subsuelo yaguas) no puede limitarse al reino de la ley y la jurisprudencia porque abarca nociones de justicia, derechos y crecimiento económico, que son dinámicas y controversiales como los "derechos naturales", el utilitarismo de la "función social de la propiedad" o el postulado de que "la propiedad es un robo" de Proudhon. Aparecen así ideologías que establecen los límites morales y el sentido político de las reglas mediante las cuales el Estado asigna y dispone los derechos de propiedad 24 . Pero quizás en las charlas de los campesinos colombianos alrededor de sus fogones, palabras tales como "propiedad" y "trabajo" se entiendan dentro del universo de creencias trasmitidas de una generación a otra; quizás, la relación entrañable de la familia y su parcela aparezca como un elemento del orden natural, del orden de la Creación. En otra dimensión está, por supuesto, la tradición analítica de la economía clásica, en la cual "naturaleza, trabajo y capital" son conceptos medulares: "los factores de producción". Siguiendo a John Locke, (1632-1704) los economistas ingleses y Marx concibieron el trabajo como elemento central, fuente primordial del capital, del invento y diseño de las herramientas, de las técnicas de mejoramiento de la tierra que abaten los rendimientos decrecientes, el efecto del aumento de la población y aumentan la productividad. En este campo, la escuela de la nueva economía institucional hace un aporte fundamental al subrayar el papel del Estado en el aseguramiento de los derechos de propiedad que, al bajar los costos de transacción, mejora la 24 Ver Getzler (1996, pp. 639-669); para una concepción de la propiedad pdvada como derecho, ver Waldron (1985, pp. 317, 321-3).



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eficiencia del mercado y facilita el aumento de la productividad y de los niveles de vida de la población en general (North y Thomas, 1973, pp. 150-1; North, 1990). El postulado debe ser comprobado a la luz de una historia agraria más rigurosa 25 . En mis trabajos del café, por ejemplo, mostré que en esos masivos y prolongados procesos colonizadores, como la "colonización antioqueña", los grupos campesinos con libre acceso a la tierra aseguraron fácticamente sus derechos de propiedad de la tierra. Aquí podemos estar frente a la posesión en el sentido del ce o, quizás, debamos apelar al concepto de "propiedad extralegal" desarrollado en el proyecto de pluralismo jurídico en la Universidad de los Andes aplicado a Bogotá, urbe que desde mediados del siglo pasado crece en una proporción considerable gracias a dinámicas clandestinas, a la ilegalidad y la "piratería". El concepto remite a la creación y desarrollo de un "ordenamiento jurídico no oficial" en las relaciones sociales y estatales de propiedad de la ciudad, que conjuntan lo ilegal y lo legaF6. No hay investigaciones de este género que alumbren la historia de la apropiación de tierra y posterior legalización de la propiedad en las zonas de colonización después de c. 1840. Podemos suponer que los campesinos, sin cuyo esfuerzo no se hubiera formado el "cordón cafetero de Occidente", aseguraron sus derechos cuando menos en las mismas condiciones que los latifundios respaldados en la "posesión inscrita"27. De este modo, la comunidad rural protege los derechos de propiedad campesina antes que las burocracias administrativas del Estado, principio acentuado por la afición de los campesinos por lo fáctico y por sus atTaigadas creencias en la justicia distributiva. Esto pudo ocurrir, claro está, antes de La Violencia. Según mis propios cálculos que, hasta donde sé, se sostienen, en las adjudicaciones de baldíos en Antioquia y Caldas (1827-1931), sólo el 3.3% de la tierra se transfirió a la pequeña propiedad. Tal cifTa, irreal, irrisoria, señala 25 Sobre la necesidad de ampliar y hacer más flexible este postulado neo institucional, ver Getzler (1996). Encontré muy iluminador el artículo de Congost (2003, pp. 73-106). 26Ver, por ejemplo, Bonilla (2006, pp. 207-233); Rico (2009). 27 La "posesión inscrita", originada en el derecho patrimonial de Jusliniano y contenida en las Siete Pal-lidas, daba garantía de publicidad a las lra!>ferencias de los bienes inmuebles. Andrés Bello argumentó fuertemente a favor de consagrar la inscripción como "la única forma de tradición de todo derecho real ( ... ) y así se va caminando aceleradamente a una época en que il1scri.pciól1, posesiól7 y propi.edad, serán términos idénticos". Reitera Bello que la inscripción "pone a la vista de todos el estado de las fortunas teITitorialcs". Ver, "Exposición de motivos" (1855) en Obras Completas de Andrés Bello (1954, pp. 9-11). La institución fue adoptada en los respectivos códigos chileno y colombiano. Según el art. 2.637 del ce: "El registro o inscripción de los instmmentos públicos tiene principalmente los siguientes objetos: 10 Servil- de medio de tradición de dominio de los bienes raíces y de otros derechos reales constituidos en ellos. ( ... )" que debe verse en concordancia con los art. 756, 759, 785, Y 2652. Estos artículos se referían a las condiciones de título insclito, reglamentadas, además de la citada Ley de 1821, por las leyes 56 de 1905 y 84 de 1927. De unos años para acá la Corte Constitucional, y otros tribunales, la consideran "institución obsoleta".


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sencillamente que la mayoría de pequeños y medianos propietarios no pidió título de adjudicación y, por tanto, no registró su propiedad, quizás porque no percibió inseguridad de sus derechos, al menos en ese período (Palacios, 1979b, pp. 255-6). Tampoco sabemos qué impacto tuvo en esta situación la difusión del crédito bancario rural a partir de la década de 1930.

MORAL y DERECHO

Las influencias de un cierto igualitarismo agratio que postuló Murillo Toro a mediados del siglo XIX y la posterior divulgación de la obra de economía política de John Stuart Mill, principalmente a cargo de Aníbal Galindo, se manifiestan en los estilos de argumentación de los Liberales de los años treinta. Fue el caso de Alejandro López, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lleras Restrepo, cuando trataron de establecer los límites de legitimidad del derecho de propiedad de la tierra. Según Mill, Cuando se habla del 'carácter sagrado' de la propiedad debería recordarse siempre que no puede atlibuirse ese carácter en el mismo grado a la propiedad de la tierra. La tierra no la creó el hombre. Es la herencia original de la especie entera. Cuando la propiedad privada de la tierra no es útil, es injusta (Mili, 1943, p. 251).

De este modo, Cuando en un país y hablando en términos generales, el propietario de la lielTa deja de ser el que la mejora, la economía política no puede defender la propiedad, tal como se halla establecida. En ninguna teoría sana de la propiedad pl-ivada se proyectó que la propiedad de la tielTa fuera una sinecura para su dueño (p. 249).

También se siente la inOuencia de Mili Uunto con otros autores, especialmente franceses) en 1(1 llprecitlCión ra\'omhle de algunos tipos de aparcería. En cierto desacuerdo con Adam Smith, Mili contrastó el bienestar privado y público de los aparceros (como los lombardos) con la miseria de los cottíers irlandeses, sometidos al capricho de los terratenientes 28 . En cuanto a la propensión minifundista de la propiedad parcelaria, anotó: Pero aun cuando la propiedad campesina va acompañada de un exceso de habitantes, este mal no va necesariamente ligado a la desventaja adicional de una excesiva subdivisión de la tierra (p. 308). 28 Ver Mili (1943). Sobre la propiedad de la tierra. pp. 251-3: sobl"e la pequeña propiedad, pp. 256-91: sobre la apareceda , pp. 308-13.


CAMPE.SINOS y PROPIEDAD

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Sobre este asunto volveremos po~teriormente. De su lado, la Iglesia Católica, con una base doctrinal antigua, defendía la propiedad privada como una "necesidad de la sociedad humana" y como un "derecho natural inviolable". Con Tomás de Aquino aceptaba que antes del ius gentiun pudo haber prevalecido una comunidad universal sobre toda propiedad. Las encíclicas sociales Rerum Novarul11. Sobre la condición de las clases trabajadoras (León XIII, 1891) Y Quadragesimo Anno. Sobre la reconstrucción del orden social (Pi o XI, 1931) condenaron, naturalmente, por "injusto y pernicioso" el intento socialista y comunista de abolir la propiedad privada, derecho que Dios dio a cada hombre y que "debe permanecer inviolado". Conforme a la tradición católica, teológica y filosófica, contenían un fuerte núcleo de moralidad. Este elemento fue excluido por Hobbes con su noción de que el origen y fundamento de la propiedad es la ley positiva. En esto le siguieron los racionalistas liberales, hasta el neopositivismo jurídico de Kelsen, pasando por el utilitarismo de Bentham y el solidarismo de Diguit. No citamos el marxismo porque en los conceptos de justicia de Marx y Engels hay un sólido sustrato de moralidad: la propiedad privada divide la humanidad y coloca clase contra clase; tal división encuentra su máxima expresión histórica en la explotación del capitalista al proletario moderno. En últimas, en el capitalismo el hombre no domina la producción sino que la producción domina al hombre, lo aliena. Esta condena moral al capitalismo no sale a la superficie gracias, entre otros elementos, a la crítica radical al moralismo cristiano y burgués (Monsieur Proudhon incluido) que Marx y Engcls emprendieron desde la perspectiva materialista de la dialéctica del modo de producción (fuerzas productivas y relaciones sociales de producción) (Gilbert, 1982, pp. 328-346; Husami, 1978, pp. 27-64). La conexión de la "sana moral cristiana" y la técnica civilística sería uno de los aportes más importantes de una nueva generación jurista encabezada por Eduardo Zuleta Ángel. En 1936, el año del álgido debate de la Ley 200, éste publicó un breve y sustancioso repaso del debate de los tratadistas de lengua francesa que impugnaban la idea de que el ee fuese "una especie de evangelio jurídico que se bastaba así solo y en el cual dehían encontrarse las soluciones requeridas para todos los problemas y conflictos imaginables" (Zuleta, 1936, p. 4)29. Dicha impugnación iba a la base misma, a la idea de una nueva moralidad secular emancipada de la moral cristiana, según el canon de la Ilustración ,0. Debajo de la supuesta "lógica ceiTada y Jigurosa", "geométrica", los exégetas del Code exhibían el más "desenfrenado subjetivismo". Más que "ciencia exacta", "revelación perfecta del derecho", habían transformado el derecho civil en

29

Ver los comentarios de López (2004, p. 265 v pp. 290-99). el asunto ver un enfoque ,"eciente en Domenech (1989).

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el instrumento de ese aberrante individualismo liberal tan severamente condenado por la Iglesia, que lo califica, por boca de uno de sus más ilustres pontífices, corno fuente emponzoñada en donde nacieron todos los errores de las ciencia económica que entregó a los hombres al libre juego de la concurrencia para que de la lucha consiguiente surgiera la prepotencia económica, inmoderada, violenta, y despótica, cruel e implacable contra la cual la Iglesia proclama las más elevadas normas de justicia social y de caridad cristiana (p. 4).

Zuleta invita a un rápido recorrido pedagógico (Josserand, Saleilles, Ripert, Esmein, Colin y Capitant, Le Fur) que de paso le sirvió para subrayar las discrepancias que mantenían esos maestros revisionistas en torno a la categoría "derecho natural". Pero su interés era demostrar que todos ellos, con Fran¡;:ois Gény a la cabeza, habían transformado el derecho en una "ciencia más social y más humana, a la vez; más práctica y más realista y sobre todo más moral", tomando la vía de la "libre investigación científica" (p. 5). En lo que respecta a la propiedad, citó a Colin y Capitant que, conforme a la doctrina tradicional de la Iglesia, se esfuerzan por definir la naturaleza íntima de los deberes que gravan sobre la propiedad y concretar los límites que las necesidades de la convivencia social trazan al mismo derecho de propiedad y al uso o ejercicio del mismo (p. 7).

La moral cristiana, concluyó, "es en concepto de la mayor parte de los juristas franceses y belgas de la hora presente, el más alto factor de progreso del derecho objetivo" (p. 7). En un plano práctico, como verernos, los Conservadores y la Iglesia convenían en que la pequeña propiedad campesina, aparte de expresar valores cristianos, pavimentaba el camino a la concordia social y a la paz, y era moralmente más próxima al cristianismo.


CAPÍTULO III

SOBRE EL "INDIVIDUALISMO AGRARIO" COLOMBIANO

PROPIEDAD, UTILIDAD Y MERCADO

A más de referirse a una cosa, la propiedad de la tien-a es una relación social, una praxis de su acceso, conservación y mejora que, en el caso de la propiedad campesina, primero se legitima en el tejido de los vecindarios y sólo después, y eventualmente, en las instituciones del Estado. En el conjunto de atributos de la tierra como relación social deben investigarse el goce de la libertad individual y esa peculiar intimidad (Ellickson, 1993, pp. 1344-1446) que los campesi nos disfrutan y defienden en los sistemas de asentamiento difuso, no nucleado, característicos de las regiones andinas colombianas. Para el liberalismo la propiedad privada es un derecho fundamental. Cuando semejante postulado se refiere a los derechos de propiedad sobre la naturaleza, éste aparece abrumado de tensiones argumentales como vimos con Mili y como se aprecia recientemente en las polémicas desencadenadas por obras como la de C. B. Mcpherson 1. Puesto que un atributo esencial del titular de los derechos de propiedad es la libre disposición de los bienes, la libertad de contratar, no podría haber mercado sin propiedad privada. Ésta es mercancía en estado de latencia y el mercado, el medio de realizar los derechos de propiedad privada (Getzler, 1996, p. 669). El supuesto de esta teoría económica es que el intercambio de bienes se transforma en mercado cuando los agentes buscan libremente un beneficio. De modo que, al igual que la propiedad, el mercado es una expresión de la libertad. El sustrato común que confiere la filosofía liberal a los sistemas de propiedad privada se expresa en las ordenaciones y lenguajes legales y jurisprudenciales del derecho privado moderno, así como en las formas de racionalizar las reglas de legitimación constitucionalista. Dos grandes tradiciones jurídicas del derecho privado occidental coexisten a lo largo de los últimos siglos: la del Coml11on Law (en sus variaciones británica y estadounidense) y I Ver Mcphcrson (1962; 1978) Y el debale que siguió; Vincr (1963, pp. 548-559); CilI (1983, pp. 675-695); Waldron (1987, pp. 127-150; 1989, pp. 3-28).

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SOBRE EL "INDMDUALISMO AGRARIO" COLOMBIANO

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la del derecho continental europeo. Valga subrayar que la economía neo institucional encuentra más afinidades con la primera y está llena de reservas frente a la segunda 2 . Recordemos que las principales corrientes o escuelas de economía (la clásica, el marxismo, la neoclásica y la nueva escuela de economía institucional) asumen, acríticamente, que el caso inglés ofrece el modelo universal del desarrollo moderno: gran terrateniente ~ arrendatario capitalista ~ jornalero. Subrayamos arriba la crítica de John Suart MilI a la supuesta universalidad de un modelo que desconocía olímpicamente otras opciones empíricas válidas para el desarrollo económico, como las de los regímenes de pequeña propiedad campesina y algunas formas de aparcería. En la época de la fundación de Estados Unidos, país singular por la relación de una naturaleza pródiga y abundante (tierra, agua, minerales) y la mano de obra escasa, un pensamiento de Montesquieu pareció tener gran acogida: que las constituciones políticas estaban para proteger la libertad y las leyes, y los tribunales civiles para proteger la propiedad3 . La tradición jurídica colombiana, una de tantas en la familia Iberoamericana originada en el tronco castellano-indiano, pasó por un doble cedazo: primero, por el paradigma constitucionalista francés y estadounidense; después, por la civilística napoleónica. En cualquier caso, solamente investigaciones en archivos notariales y judiciales podrán resolver razonablemente la cuestión del papel específico del cc en el fortalecimiento de la mentalidad propietaria individualista del campesinado colombiano y, de contera, en su acusado conservadurism0 4 • Los conjuntos de reglas que gobiernan la adquisición, conservación y disposición de los bienes y que definen cuatro tipos de propiedad (estatal, pública, comunitaria, privada) han evolucionado permanentemente desde la Conquista española, así como han cambiado sus doctrinas de legitimación social y política. Una evolución igualmente compleja se advierte en la formación del mercado, más limitado en cuanto a la tierra. Puede decirse entonces que la propiedad privada hace parte de un sistema más amplio de propiedad y que, con el mercado, está incrustado en un sistema social más comprensivo. Dos grandes inflexiones Liberales ofrece la historia de la propiedad de la tierra en Colombia: primero, la desamortización de bienes y censos eclesiásticos, limitada en 1821-1827 y extendida en 1851-1861 que, desde el punto de I

I

Ver, por ejemplo, el estudio temprano, con base en la teoría de los costos de transacción de Demsetz (1967, pp. 347-359). A mi juicio, una visión más comprensiva de los derechos de propiedad desde el punto de vista económico-legal se encuentra en Merrill y Smith (2001, pp. 357398). 3 Sobre este tópico constitucional en Estados Unidos, ver Coker (1936, pp. 1-23). 4 Ver la interesante hipótesis de los "tipos ideales de propiedad", tradicional, comercial y social que propone Rengifo (2003, pp. 18-29). 2


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vista fiscal puede ser considerada como una continuación de las desamortizaciones emprendidas por los Borbones españoles, aunque no así en sus atmósferas religiosas y anticlericales. La segunda inflexión fue la Ley de Tierras de 1936. Si cada una representó un avance en la dirección de hacer de la propiedad privada el sistema dominante de propiedad, sus contextos políticos y coaliciones de poder fueron muy diferentes 5. En efecto, de mediados del siglo XVII en adelante aparecieron nuevas concepciones sobre el sujeto y sus derechos. Con fundamento en la filosofía de un precursor como Locke y con las luces de les philosophes, muchos funcionarios regalistas de Carlos III (1759-1788) consideraron que la prosperidad de la agricultura del Imperio requería la abolición de aquellas restricciones jurídicas que sacaban los bienes raíces de las "fuerzas naturales" del mercado. Si la "utilidad" de los bienes se decidía conforme a "las leyes naturales del mercado", cuyo agente es el individuo emancipado, entonces la profusión de "manos muertas", mayorazgos, bienes municipales, de las corporaciones eclesiásticas y de gravámenes a perpetuidad (como capellanías y patronatos sobre los que se constituían censos enfitéuticos) debían considerarse desperdicio social y fuente de atras0 6 . En consecuencia, para acortar el rezago económico y militar de la monarquía respecto a las potencias rivales, demostrado en las tomas de la marina de guerra británica de La Habana y Manila en 1762, era menester desvincular o desamortizar la propiedad inmueble y solucionar la paradoja de "tierras sin hombres, hombre sin tierra". En la desamortización borbónica y republicana, el conflicto de legitimación versó sobre el ejercicio de la soberanía estatal frente a la titularidad de los bienes y censos de las corporaciones eclesiásticas, mediante la expropiación, nacionalización y puesta de los bienes en subasta pública, salvo los que pasaran directamente al servicio de instituciones estatales. No obstante la baja urbanización del país en el siglo XIX, la masa principal de los bienes y censos eclesiásticos consistía en edificaciones y solares urbanos. En la reforma constitucional y legal de 1936 el conflicto versó sobre el fundamento económico o "función social" de la propiedad de la tielTa (quedó excluida expresamente la finca raíz urbana) como criterio de validel ele la titularidad jurídica individual. La tierra debía ser explotada "en función" del "desarrollo económico" . 5 Colmenares (1974, pp, 125-43). Un panorama esclarecedor de la desamortización de la Colombian Bolivariana se encuentra en Bushnell (1966, pp, 243-78). Sobre el aspecto fiscal de la desamortiL:ación de la década de los sesenta, contamos con el estudio reciente de Jaramillo y Meisel (2008) que debe considerarse un punto de partida para retomar el debate. 6 La emancipación de las élites "civilizadas" y su contraposición con el bajo pueblo "salvaje" del ideario ilustrado se subraya en Buchembled (1988, p. 13), Para la desamortización Hispanoamericana, ver Bauer (1983, pp, 707-733), La enfiteusis es, según el Diccionario de la Real Academia Española, la "cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y de laudemio por cada enajenación de dicho dominio",


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Estas materias salieron a luz y se disputaron intensamente en la primera mitad de los años treinta, tiempo crucial en la política y en la historia de las concepciones y doctrinas de los derechos de la propiedad agraria en Colombia. Resultaba urgente responder esa pregunta bíblica: de quién es la tierra. En aquella coyuntura, los gobernantes del Estado tomaron la delantera y plantearon una alternativa evidente sólo en apariencia: la tierra es del Estado que la concede a los particulares, o de quien pueda probar ante el Estado que la explota económicamente. Esto se colige del diferente énfasis de los dos proyectos legislativos de ley agraria de 1933 y 1935, como se verá adelante.

UN ESBOZO HIST6RICO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN COLOMBIA

La ocupación española del territorio americano es capítulo principal de la historia mundial. La actual nación colombiana se ha formado en un largo proceso de apertura, consolidación y cierre de fronteras, concebido y organizado desde diferentes tipos de núcleos urbanos que han ejercido el papel de "máquinas de colonizar"7. Expresiones recientes como selva adentro, monte adentro, son metáforas que atraviesan cinco siglos de historia. Así lo ponen de presente las historias del oro y las esmeraldas; las quinas y los tabacos; las maderas preciosas, el ganado y el caucho; la plata, el platino y el petróleo; el café y el banano; el carbón y el níquel; y más recientemente la marihuana, la coca y, en menor grado, la amapola8 . Desde el siglo XVI al presente las fronteras materializan las relaciones cambiantes y fluidas de poder de la economía mundial (los centros metropolitanos) y Colombia, en sus niveles "nacional", regional, comarcal y local (el territorio segmentado y jerarquizado). Si han sido base del latifundio, esas fronteras también han permitido la producción y reproducción más o menos constantes de diferentes modalidades de campesinado. Con el sello de autoridad pontificia, la conquista y colonización de América traían la marca del "poblar para conquistar, conquistar para poblar", fraguada en la Reconquista española de la península. Sobre la marcha, consistió en un intrincado proceso de huestes que exploraron, asediaron, ocuparon y sometieron poblaciones indígenas y se apoderaron de vidas y recursos, muchas veces con crueldad extrema. Fue una historia de desplazamientos [orzados, migraciones y domesticación de paisajes en la que se tejió una tra7 Sobre el concepto de "frontera agraria" aquí empleado, ver Mombeig (1966); Street (J 976) Y Watters (1971). En la historia Colombia, ver, entre otros, Parsons (1968); LeGrand (1988) y Appelbaum (2007). 8 Ver Parsons (1968); West (1972); Colmenares (J 973); Melo (1977).


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ma institucional "conforme a derecho"; historia del establecimiento de actividades económicas y de estilos de vida material y religiosa en ámbitos en los cuales los nuevos amos y sus descendencias buscaron la riqueza y el ascenso social, que acaso encontraban difícil de lograr en la cerrada sociedad peninsular. Con estos preliminares se esboza la trayectoria de los derechos de propiedad privada. Insisto: con todo y su continuidad y gravitación formalistas, no son más que una expresión de la relación de poder en la cual se los distribuye y legitima. Veamos sumariamente. Medio siglo después de la Conquista, los territorios americanos ya formaban un abigarrado mosaico jurídico-legal de propiedad estatal, pública y privada. El ager publicus eran las tierras realengas que la República llamó bienes nacionales o bienes baldíos. Con el colapso de la encomienda, que fue un sistema de distribución de la mano de obra indígena, el Estado español empezó a repartir, por diferente título, tierras yaguas a los criollos que se apoderaron de los fértiles valles interandinos y formáron latifundios entre 1590 y 1620. Esta forma de ocupación tendría efectos duraderos en la conformación agraria colombiana. Ubicado el latifundio en las planicies fértiles y la pequeña propiedad (a cualquier título) en laderas circundantes y vertientes, no hubo competencia ni guerra por las mismas tierras. Liberados del trabajo en las minas, gracias a la importación de esclavos, los indígenas quedaron disponibles para los hacendados, pero estos debieron aceptar que, aparte de la protección que el resguardo daba al indígena, los mestizos y blancos pobres tenían la vía de "la justa prescripción" de las tierras realengas por morada y labranza 9 . Gradualmente se desarrollaron formas de traspaso y distribución de las tierras realengas, tales como mercedes de solares urbanos, y de tierras y aguas rurales. Similar función cumplieron las composiciones fiscales en cuanto a privatizar la tierra lO. La agrimensura de términos laxos facil i tó a los nuevos dueños "correr linderos", desatando, de paso, un sinnúmero de pleitos judiciales sine die \\ . 9 La Corona que, además, conlrolaba la Iglesia por el régimen del patrollato, maló en su cuna una nobleza feudal que, de crecel y desarrollarse, habría huscado independencia y separación de la monarqura, Hasta la década de 1810, derecho y administración facilitaron al rey mantener el control y afianzar la lealtad de los criollos a cambio de dispensarles márgenes de discrecionalidad en el manejo de las complejas relaciones de dominación social sobre los indios y las "castas". Discrecionalidad siempre conflictiva y que lralarfa de circunscdbir al máximo los ministros de Maddd en el siglo XV111. El fenómeno queda mejor expuesto bajo una perspectiva comparativa en McFarlane (1992), 10 La composición consistra en convertir una situación de hecho (aqur, sobre un bien inmueble) en situación de derecho mediante el pago de una multa. Ots Capdequi (1959, p. 37). 11 El vocabulaJ;o legal indiano tomaba prestado de la Reconquista peninsular: por ejemplo, en las medidas agrarias se introdujeron las peonías y caballerías que, odginalmente, hacían alusión a si el soldado recompensado con tien'a iba a pie o a caballo, Sus modificaciones postedores


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Por entonces los aborígenes, cada vez más amestizados, iban mermando en número y vivían "congregados" o "protegidos" en pueblos de indios y resguardos' 2 . Los derechos de usufructo de los indios de resguardo dieron pie a una hostilidad larvada de los criollos vecinos entre sí y con las comunidades indígenas. Estos desataron también conflictos en el seno de los resguardos, ya que sus tierras solían dividirse en las parcelas familiares de pan coger y las tierras de trabajo comunitario destinadas a pagar el tributo. Al ser tributarios, la superficie de cada resguardo dependía del número de indios, lo cual, dadas las fluctuaciones de población, aumentaba la conflictividad en torno a la propiedad de la tien-a (Bonnett, 2002, p. 115). De este modo, en la Audiencia de Santa Fe, la "catástrofe demográfica" liberó tierras de comunidades indígenas que disputaron criollos y mestizos. El latifundio criollo se configuró jurídicamente y despegó, siguiendo la célebre máxima de Bartola de Sasoferrato (según los entendidos el principal comentarista medieval del derecho romano) que hubo de transcribir el Código de Napoleón, en lo fundamental: la propiedad absoluta (perfecte disponendi) de la tierra y las aguas, no siendo contraria a la Iey '3. En la ocupación española del territorio americano -entendida como la transmisión del dominio de las tierras realengas o baldías a individuos, familias y corporaciones bajo diferentes formas de titularidad- radica el meollo de un largo juego fáctico-jurídico, para usar la expresión de Marc Bloch. Es un juego multidimensional del que la historiografía destaca dos planos: primero, la integración legal y simbólica al territorio político de la monarquía hispánica que debió entrañar un engranaje de equilibrios barrocos; engranaje heredado por la República que, para dar visos de realidad social a lo que era ficción jurídica, convirtió la codificación en fetiche. Segundo, la ocupación material de los latifundios con hombres, animales, herramientas y cultivos, historia social y económica llena de altibajos, sobresaltos e inercias. Dos planos que solían yuxtaponerse dando origen a litigios futuros, al dejar grandes superficies indetet-minadas en sus linderos cuando había hombres que debían trabajarlas para sobrevivir. Así, pues, ¿cómo ubicar la cuestión legal en el contexto económico y social? A mediados del siglo XVHl era evidente que el crecimiento demográfico dejaba a Santa Fe como uno de esos virreinatos de "tierras sin hombres y hombres sin tierra", conforme a la paradoja de Jovellanos. Se inició entonces crearían mayor confusión en la aglimensura, máxime si se le anadían otras unidades como estallcias de gal1ado l11avor, de gm7ado mellor, de pan coger, de pan llevar. Ols Capdequi (1959, pp. 21-23). 12 Ver Villamarín (1972); González (1970). Para una sínlesis de la siluación ver Tovar (J 999, pp. 98-139); para un breve sínlesis en la Cordillera Orienlal, ver Palacios y Saf[ord (2002, pp. 100-115); Palacios (1983, pp.132-3). 13 Quid ergo es! dOl11iniwll. Respondeo domhliwn es! ius de re corporali perfecte dispone/ldi nis; lege prohibeatur. Barlolo de Saso[elTato (XlV sec.) Commelllaria ad DA1 ,2, 17, \.



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una nueva fase de poblamiento dirigida por el Estado que, con altibajos, llegó hasta c. 1870. Este plan borbónico, aplicado principalmente en las actuales regiones santandereanas, caribeñas y antioqueñas, se formuló buscando que un equilibrio entre población y territorio fuera la base para incrementar la riqueza que la monarquía española anhelaba extraer de América (Herrera, 1996). Mientras hubiese tierras disponibles y la presión de la población impulsara hombres monte adentro, esta lógica del discurso ilustrado pareció funcionar, incluso en el período republicano. Ahora bien, es muy importante distinguir la realidad Iberoamericana del modelo europeo. Aunque en la Europa del período de transición del capitalismo agrario y comercial al industrial las explotaciones agrícolas seguían considerándose el núcleo principal de "la riqueza de las naciones" (Montesquieu, Smith), la pluralidad de "derechos subjetivos" con base en distinciones de clase y rango, propia de las organizaciones postfeudales, hacía extremadamente engorroso el manejo y administración de los predios rurales, y fue sometida a una crítica incisiva. Se habían multiplicado, dice Giovanni Tarello, las posiciones subjetivas de usufructo, y de disposición de bienes inmuebles: a diversas utilidades correspondían diversas titularidades de los derechos, de suerte que sobre una misma finca había quien tenía derecho de recabar una suma de dinero anual, otro tenía una parte de cierto producto, (. .. ) otro de apacentar durante un periodo intercurrente entre las siembras, otro de cortar una cantidad de madera, otro de recoger sólo la madera caída, e... ) La repartición de las utilidades de usufructo y su constitución como derechos diversos, tenía desde el punto de vista económico el efecto de impedir la modificación del destino de la finca, dado que cada modificación de destino por parte del titular de una utilidad habría perjudicado un derecho de otro, con la consecuencia de que la búsqueda de la mejor utilización de toda la finca estaba prohibida (Tarello, 1995, p.52) 14.

En Iberoamérica debieron ser muy raros los embrollos legales del manejo de las fincas, tal como los describe Tarello. Por esto, quizás, no se planteó, como en Europa continental, Jo que Grossi llama la dicotomía del dominium y los usufructos (Grossi, 1992, pp. 81-116). En otras palabras, en las instituciones indianas los derechos de propiedad adoptaron el alcance absoluto del derecho romano, reinterpretado por los glosadores y juristas medievales como, por ejemplo, la docUina de la legitima portio en las herencias, coloquialmente llamada "legítima". Este fue un absolutismo atenuado, también, por el Derecho Canónico y por diferentes estatus personales, fueros y formas comunitarias y corporativas. De este modo, en la América española las viudas tenían más derechos asegurados que las de las colonias británicas pro14

He cambiado la palabra fundo. empleada en esta traducción, por la palabra finca.


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SOBRE EL "INDIVIDUALISMO AGRARIO" COLOMBlANO

testantes y, conforme a las doctrinas del Concilio de Trento, hombres y mujeres mayores de edad podían escoger cónyuge sin la expresa autorización paterna (Eniot, 2006, pp. 159-61; Rodríguez, 1995, pp. 204-39). De otra parte, en el siglo XVIII empezaba a tomar alguna fuerza el derecho del rey, legislado y "ordenancista": el pandectismo, que despejó el camino a las codificaciones del XIX. En ese momento todo parecía preparado para que el salto revolucionario del derecho jurisprudencial indiano al republicano legislado no terminase en el abismo. Si fue así, se debió a que el brazo de la leyera corto, y enmarañada e incalculable la geografía de la costumbre. Y, no menos importante, debido a la continuidad de los entramados de poder familiar y burocrático, tejidos por los abogados (Uribe, 1995, pp. 517-549).

EL "ABSOLUTISMO" DE LAS CODIFICACIONES

Si el derecho indiano pudo frenar los embates individualistas de la Ilustración y el regalismo de los Borbones, tuvo que dar vía al constitucionalismo nacionalista que, a fin de cuentas, era la fuente primordial de legitimación política de la República. La revolución constitucional de Filadelfia, que produjo tanto entusiasmo y revuelo en la Convención Francesa de 1789, trasladó la titularidad de la soberanía a la nación. Según Diguit, apareció un nuevo paradigma con el sólo hecho de cambiar la palabra "rey" por la palabra "nación". La nación ganó la titularidad de un derecho subjetivo absoluto, la soberanía, con los mismos atributos que le dio Bodino: "una, indivisible, imprescriptible"; simétricamente, el individuo adquirió un derecho subjetivo absoluto a la libertad ya l'a propiedad ls . Esta fórmula habría de propagarse por la América española directamente desde Francia o por la via de la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, por mucho tiempo ésta fue fraseología con pocas implicaciones en la praxis social. El documento gaditano no influyó directamente en el constitucionalismo de la Nueva Granada, Venezuela o el Río de la Plata, pero se le conoció bien en los medios independentistas que prefirieron acogerse a los modelos de Francia y Filadelfia. Por ejemplo, el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fijó un horizonte aún vigente: "Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución". Valga considerar que, al adoptar una Constitución Nacional (1819-21), Colombia, es decir, la Gran Colombia, no disponía de los fundamentos económicos, fiscales y tecnológicos necesarios para construir la democracia constitucional, fuese calcada del documento federalista de Filadelfia o del paradigma centralista francés, napoleónico o de la Restauración monárquica o, aun, de Estados 15

Tomo esla expresión sinlélica de Duguil (1926, p. 61).



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"descentralizados" como la Gran Bretaña. Quizás tales bases no existían en ninguna parte del mundo, a excepción de los Estados Unidos y algunas naciones europeas (Bayly, 2004, pp. 106-14). Aclaremos. El liberalismo europeo y la Independencia de las Trece Colonias surgieron precisamente de la fuerza política de grupos sociales ascendentes que necesitaban restringir el absolutismo del Estado moderno, en cuanto a los derechos de propiedad y a la libertad de mercado. En América Latina, por el contrario, la transformación del Estado absolutista y colonial español en Estado nacional y liberal cayó en una trampa circular: emprender simultáneamente tareas dependientes entre sí, cuando una de ellas estaba condicionada a que la otra se realizara primero J6 • Esta era la lógica de construir simultáneamente yen corto tiempo las bases materiales de la soberanía nacional, del capitalismo y de la democracia liberal. Algo que había tomado siglos a la vieja Europa y a los Estados Unidos, desde sus modestos orígenes coloniales. Unidos primariamente por lazos de sangre, pertenencia a un lugar y manejo de clientelas, los criollos republicanos se apoyaron en redes formales e informales de distinta naturaleza, aglutinadas por los entramados del poder de la tierra y las minas; del comercio legal e ilegal; las diócesis, parroquias y comunidades religiosas; las universidades y colegios; los cabildos, los tribunales y los nuevos ejércitos. Téngase en cuenta que éstas eran formas articuladas aunque algo difusas de poder y privilegio; formas localistas y personalistas de Estado. Con este utillaje se lanzaron a la gran marcha de construir naciones liberales. El camino, de traza abigarrada, permitió la libre circulación de conjuntos de redes criollas, locales y heterogéneas, camufladas en el uniforme de vocabularios constitucionalistas y flamantes constituciones. La inclinación natural de la historiografía nacionalista a mirar los acontecimientos desde la atalaya de las capitales políticas favoreció la impostura y, paradójicamente, ocultó las dinámicas sociales y democráticas que había desatado el lenguaje revolucionario de los derechos humanos y las libertades. Aunque parecía quedar en pie la tradición legalista hispánica de centralismo estatal, jurídico y religioso, recordemos que el poder siempre estuvo fraccionado, geográfica y funcionalmente, y se movía del hecho al derecho y viceversa. Cuenta aparte de sus intenciones y declaraciones, los nuevos grupos dominantes -en esa peculiar combinación social de criollos venidos a menos pero con aires de aristocracia y abogados-políticos y militares-políticos arribistas, con sus flamantes y movedizas clientelas- no tuvieron opciones de acumular recursos para erigir una administración nacional uniforme, jerarquizada y profesional; para construir un ejército nacional con base en una conscripción cívica y obligatoria; para abolir las tiranías de la ignoran16

Esla lógica viene del calch-22, expresión acuñada por Joseph Heller en la novela de ese tílulo.


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cia y la distancia, invirtiendo en educación y vías de trasporte; para controlar las clases populares mediante la ley penal) el sistema penitenciario; para garantizar la moneda sana y el crédito interno y externo, dislocados por las guerras y las nuevas deudas con los banqueros de Londres. Valga subrayar, sin embargo, que en la actual Colombia estos grupos fueron tempranamente exitosos en erigir un sistema electoral que, si bien pudo estar orientado a la inclusión social limitada, pronto empezó a manejar un discurso sectario, incendiario, proclive a la exclusión violenta del opositor, en un continuo religión-política e Iglesia-Estado que hizo eclosión a mediados del siglo XIX y que, de algún modo, se prorrogaría hasta comienzos del Frente Nacional. En este contexto debemos situar la norma constitucional de 1821 que declaró vigente la legislación española, siempre que no se opusiera a la Constitución y a las leyes expedidas por el Congreso. Se otorgó así plena validez a los títulos de propiedad reconocidos por la Audiencia, los tribunales y los jueces coloniales, siempre y cuando se hubiesen registrado debidamente en las notarías. La Ley del 13 de octubre de 1821, sobre la libre enajenación por parte del Estado de los bienes baldíos, derogó el sistema de composición fiscal de 1754. Les puso precio a estos, ordenó sacarlos a pública subasta (aunque los poseedores tendrían preferencia) y conminó a todos los propietarios a registrar sus títulos de propiedad en las nuevas oficinas de registro y agrimensura en un término de cinco años l7 • Si las primeras disposiciones republicanas aceptaron la vigencia del status quo legal con miras a transrormarlo dentro de la ley, ¿cómo se procuró justicia?, ¿cómo se realizó el tránsito del principio según el cual el derecho natural antecede las leyes del Estado y prevalece sobre éstas, a la tridivisión del poder público y al absolutismo de las codificaciones que legitiman el derecho solamente por su origen constitucional y legal?, ¿cómo fue el salto del arbitrio judicial y la sentencia infundada al debido proceso?18, ¿cómo se dio el paso de la supuesta justicia distributiva, definida por el juez y su jurisprudencia (el juez prisionero de sus pasiones e intereses), a la justicia legislada, rígida en el procedimiento, de acuerdo con la máxima de Montesquieu de que el juez es tan sólo la boca de la ley y así queda sustraído de intereses y pasiones? (Esta máxima fue acogida en el preámbulo del Code civil des frall(:(Jis de 1804, documento que luego sería llamado Code I\apoleón 1'1, yatenuada en el Código de Bello). Según López Medina, el art. 8° de la Ley 153 de 1887 que adoptó el ce de 1873 creó un equivalente de ius CO/lZI11LlIle en Colombia y pudo transformar radicalmente la cultura jurídica si los jueces y juristas no hubiesen estado intoxicados de "legocentrismo", al punto de "olvidarlo". He aquÍ el arto 8°: Ley de 11 de octubre de 1821 en eN, vol. 1, pp. 125-8. Ver García (2003, pp. 97-124); BI'avo (1991, pp. 7-22); Lorentl! (2006); Hernández (2006). 19 Si el juez no aplica la Lev del Código inClllTe en denegación de justicia. 17

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Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso contro\ ertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, yen su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derech0 2o .

Aunque la historiografía no ha problematizado la trama de las prácticas judiciales, es razonable suponer que los movimientos de independencia afectaron fundamentalmente a las clases altas y educadas, a los pequeños círculos de políticos y abogados intercambiables, y trastocaron en menor grado el orden rural y de los grupos populares de pueblos y ciudades 2J • Paradójicamente, un "hecho social" daba sentido al derecho importado de Francia y Estados Unidos. Después de tres siglos de dominación española, en la base de la pirámide social se multiplicaban los pequeños propietarios que, al igual que los terratenientes de la cúspide y del medio, mantenían una reverencia inveterada a la propiedad familiar ya su conservación y transmisión entre generaciones. Estas creencias corroboraron el descrédito y repudio de formas colectivas o comunitarias de propiedad, "incivilizadas", como los resguardos indígenas o los ejidos municipales. Estos debían quedar en los márgenes de una sociedad que entronizaba el carácter indiscutible de la propiedad individual como institución social, como no abdicable punto de llegada del progreso histórico, como valor absoluto en el plano ético-social; y, en consecuencia, una indisponibilidad psicológica para concebir posibles formas alternativas, o para dar nacimiento, al menos, a un replanteamiento vigoroso del sistema de las formas de apropiación de los bienes (Grossi,1986,p.23).

Mencionamos que desde las primeras disposiciones de la Corona el cultivador con morada y labranza tenía protección legal y que, hasta la expedición de la Ley 48 de 1882, los baldíos eran prescriptibles. En todo caso recordemos un lugar común de la época independentista: que, con base en "la justa prescripción" de las Leyes de Indias, si bien la propiedad estaba concentrada en nichos sociales y geográficos, también estaba desmenuzada en "pequeñas heredades" localizadas generalmente en laderas de baja fertilidad. Este tópico es más evidente en la extensa fTanja de repliegues irregulares de la Cordillera Oriental que se extendían de las comarcas de Neiva a los valles de Cúcuta, así como en las abruptas topografías de las regiones de Antioquia y de Pasto (de Vargas, 1944, p. 100). Un decidido apoyo campesino se coligió de los testimonios del avituallamiento de las tropas del Ejército Libertador 20 Ver su interesante planteamiento en López (2004, p. 135 Y pp. 298-306). Zuleta Ángel había llamado la atención sobre el tema pero citó los arto 10 y 4 0 del ce Suizo de 1907. Ver Zuleta (1936, p. 5). 21 Para la síntesis interpretativa más reciente, Palacios v Safford (2002) capítulos VII y VIll.


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una vez cruzó la Cordillera desde los Llanos Orientales y conquistó el corazón de Boyacá en julio de 1819 (O'Leary, 1915, p. 213). En los primeros tiempos republicanos -escribió Luis Ospina Vásquez- la economía seguía siendo, como en la colonia, una economía primariamente campesina, de métodos sencillos, en la que la 'hacienda' desempeñaba un papel bastante secundario y la plantación contaba apenas con algunos representantes (Ospina, 1955, p. 446).

Quizás por todo esto el cc pudo ser un instrumento idóneo para que las arraigadas creencias populares en las virtudes justicieras de la pequeña propiedad familiar se transformaran en un principio cardinal de legitimación del Estado nacionaF2. La primera legislación republicana plasmó los ideales del racionalismo bajo la forma argumental del materialismo y utilitarismo de Jeremías Bentham, admirado por Bolívar hasta 1828, y siempre por Santander y sus amigos. La dicotomía que estableció el utilitarista inglés entre el derecho sobre bienes tangibles, materiales, que llamó "propiedad corpórea", frente a la "propiedad incorpórea", "ficticia y figurada", orientó algunos razonamientos del Bolívar legislador, propietario de cuerpos ciertos: esclavos, plantaciones de cacao y minas, por demás, empedernido admirador de "la civilización inglesa"23. En 1823 e! secretario de! interior, e! bolivariano José Manuel Restrepo, manifestó que el sistema de leyes, las españolas y las nuevas, no era más que "un edificio gótico arruinado, compuesto de cien partes heterogéneas y discordantes" y urgía a los colombianos a "pensar de preferencia en la formación del código civil y criminal" (López (comp.), 1990, pp. 131-133). En 1825 Bolívar dejó sentado en el Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia, que "La verdadera constitución liberal está en los códigos civiles y criminales; ( ... ) Poco importa a veces la organización política, con tal que la civil sea perfecta" (Carrera (comp.), 1993, p.120)24. Aquí también se registra la influencia de Bentham: la ley civil da certidumbre y facilita e! cálculo económico, de lo cual Bolívar parecía inferir que los edificios constitucionales estaban muy lejos de tal "perfección". Las guerras de independencia, a fin de cuentas, habían sido una fuente de inseguridad de los derechos de propie22 La relación de la ley positiva y el "hecho social" o nomla del "derecho objetivo" (dol1rzé) fue un tema central en las reinterpretaciones sociológicas del derecho y la superación jurisprudencial de la "escuela de la exégesis", particularmente en Francia. Gény (2000). 23 Bentham citado por Waldron (1985, pp. 323-4); es probable que se haya exagerado la influencia de Bentham en los dirigentes de la generación de las Independencias Hispanoamericanas. Ver Harris (1998, pp. 129-49). 24 La transición legal y judicial, de la Colonia a la República, es tratada sumariamente en Bushnell (1966); in extenso para las compañías comerciales en Means (1980) capítulo 2.



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dad. No disponemos, sin embargo, de datos sobre la magnitud de la destrucción y transferencia de los bienes secuestrados por los españoles a los criollos patriotas o de estos a los españoles y criollos realistas; ni de la abigarrada trayectoria de las adjudicaciones de baldíos a los militares de la Independencia; ni de la disrupción del crédito agrario y la llegada del anticlericalismo liberal, y sus efectos en el movimiento de propiedades y censos eclesiásticos. Crear un orden nuevo, a partir del voluntarismo de la generación independentista, exigía erigir con sencillez y claridad un edificio legal con base en dos pilares: la unificación del sujeto de derecho, el ciudadano igual ante la Ley, y la reducción de los predicados jurídicos y de las figuras de derecho subjetivo de los bienes (Tarello, 1995, pp. 40-43 y 49-53). Antes de edificar, sin embargo, había que remover los escombros. Una ley del 13 de mayo de 1825 fijó el orden de prelación de las leyes que hubieron de regir hasta 1887 25 . Así empezó la sacralización de "la figura central de la propiedad abstracta" del código francés, que, hubo de convertirse en el modelo de la civilística de gran parte de Europa continental, Asia y África, América Latina, el Estado de Luisiana y Quebec. El recorrido completo, hasta su hegemonía, fue largo, aunque la historiografía lo ha trabajado pOC0 26 . La hipótesis liberal predice que, al ser un individuo más evolucionado, el propietario de bienes raíces será el mejor ciudadano. De ahí, por ejemplo, la idea de dividir a los ciudadanos según el patrimonio en que se funda el voto censitario. En armonía con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1779, el Code Civil estableció la igualdad de los titulares del derecho aunque no todos tuvieran la misma capacidad de actuar. Por debajo del sujeto de los derechos universales, "naturales, imprescriptibles e inalienables", igual ante la ley y los tribunales, quedaba la capitis diminutio de las mujeres (en diferentes grados, más severa para las casadas que para las célibes y viudas) y de los menores. Código en mano, la Francia burguesa pretendió establecer una pauta de civilización universal y definió de entrada sus marginales: vagos, dementes, "muertos civiles", manirrotos y extranjeros. Piedra angular del código francés era el artículo que definía la propiedad como un derecho absoluto ("arbitrario", tradujo Bello) que la jurisprudencia colombiana nunca consiguió asimilar cabalmente. Esa fanfarronería del derecho absoluto ter-

25 "1°. Las leyes ya dictadas o que en los sucesivo dictare el Poder legislativo. 2°. Las pragmáticas, cédulas, ól'denes, decretos y ordenanzas del gobierno español sancionadas hasta el18 de marzo de 1808 y que habían venido rigiendo en elterntorio de la nueva república. 3°. Las leyes de la Recopilación de Indias. 4°. Las leyes de la Nueva Recopilación de Castilla y 5°. Las de las Siete Partidas". (Uribe, 1963, pp. 15-6). 26 De la abundante literatura con motivo del bicentenario de Código Civil francés, baste citar este pat' de artículos: Blanc Jouvan (2004) en http://lsr.nellco.org/cornell/biss/papers/3, consultado el 9 de julio de 2006; Halpérin (2002) en http://ahrLrevues.org/document628.htrnl, consultado el 14 de agosto de 2006.


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minó siendo desechada por la Corte Constitucional colombiana a fines del siglo pasado 27 •

SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES

Ahora bien, en la matriz del derecho napoleónico, el catastro (junto con los sistema registrales o de "posesión inscrita" del cc de Bello) se elevó a la condición de institución fundamental, complemento directo del Code, arma fiscal del Estado y garantía para los propietarios puesto que, junto con el registro de propiedad, se daba publicidad a la condición jurídica actual de los predios. Con todo, la gran propiedad (la tierra, los ganados, las bestias, los capitales) estuvo más amenazada por las expropiaciones en las guerras civiles colombianas que la propiedad campesina, como se aprecia inclusive en tierras de colonización. Como ya dijimos, las tierras baldías de la Cordillera Central son un claro ejemplo del punto. Pero también debemos subrayar que en esas regiones la ausencia de un sistema moderno de catastro y registro público de la propiedad rural, o su debilidad institucional, fue la espada de Damocles, poderoso aliciente a la coacción en todas sus formas, como hubo de comprobarse en el Quindío durante La Violencia (Ortiz, 1985). Hay que subrayar, asimismo, una idea fundamental del capitalismo moderno: que los derechos de propiedad privada tienen prelación sobre los derechos de las personas. El punto fue puesto lacónicamente a comienzos del siglo xx en una reflexión sobre la práctica de confiscación en las guerras civiles. Por ejemplo: Los ataques a la propiedad, respetada en todo el mundo civilizado, por lo cual se ha llegado a establecer la pena de muerte, pero no la de confiscación, porque el hombre ama más la propiedad que la vida, fueron mucho más graves durante la revolución de 1889 a 1903 (Quijano, 1919).

La República no alteró esa inercia poderosa, aunque trató de eliminar los fueros y abolir la esclavitud; dar plena capacidad a los indígenas con la abolición de los resguardos; revocar los mayorazgos y los regímenes de pro27 El art. 544 del eode Napo/eoll decía: La propriété est le droit de jouir et disposer des e/lOses de la malliere la plus absolue. pounm qll·o/I /1 'ell (asse pas W1 Llsage prohibé par les lois OLl par les reglemellts. Sobre este modelo, el art. 669 del cc colombiano, trasclipción textual del arto 582 del chileno o Código de Bello, estableció que El domillio (que se llama tambiéll propiedad) es el derecho real en ulla cosa corporal, para gozar y dispoller de ella arbitrariamente, 110 sielldo contra la lev o C0/1/ra el derecho ajello. La propiedad separada del goce de la cosa se llanza mera o Iluda propiedad. El adverbio "arbitraliamente" fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia del 18 de agosto de 1999, cc 595.



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piedad comunitaria de montes, pastos y corporaciones eclesiásticas, y sacar los baldíos al mercado. Fueron, no obstante, más intenciones que realizaciones. En las instituciones políticas y legales de esa Colombia había mucho de ficción y fachada; de intento y esperanza. En los entramados sociales no había un lugar preciso, mucho menos apropiado, para que blancos y mestizos pobres, libertos y manumitidos o indígenas -liberados de cargas corporativas- pudieran transformarse en los sujetos políticos que proclamaba el nuevo orden constitucional. La historiografía reciente sobre los nuevos hombres libres -"ciudadanos colombianos" que provenían de los órdenes inerciales aunque modernizados de la polaridad abstracta "república de españoles" -"república de indios"- ha demostrado la precariedad de las libertades y estatutos políticos de las nuevas repúblicas. Bajo estas perspectivas puede decirse que la historiografía colombiana tiene al menos dos asignaturas pendientes: a) verificar si puede aplicarse al período colonial español en América la hipótesis de les ph ilosoph es, acerca de una corrupción judicial consustancial al antiguo régimen, a la que buscó poner remedio el conjunto de códigos napoleónicos, y b), absolver las preguntas sobre la praxis legal que, distribuyendo baldíos, fortaleció ellatifundio sin impedir la consolidación de la propiedad campesina28 • De no ponderar estas dimensiones de la ley y la cultura jurídica, es difícil saber el papel del utilitarismo y el positivismo jurídicos en la configuración del Estado liberal oligárquico de Colombia29 .

LA APROPIACIÓN DE LOS BALDÍOS EN EL ORDEN SOCIAL Y LEGAL

El censo de población de 1870 dividió al país en un "área poblada" de 305.000 kilómetros cuadrados y un "área baldía" de 1.025.300 kilómetros cuadrados. Aunque esta última cifTa comprende enormes porciones telTitoriales no aptas para la actividad agropecuaria, da una idea de la magnitud. Es más, desde la época de la Comisión Corográfica los gobiernos encontraron en las cifras de

Una útil y breve introducción se encuentra en Zimmelmann (ed.) (1999). genealogía dd Código Civil en América Latina muestra una primera divisoria entrc los quc pmviniemn directamcnte del francés de 1804, como el haitiano de 1816 o cl oaxaqucño de 1822, :. los que derivamn de códigos latinoamericanos más decantados. Todos los códigos civiles colombianos pel1enecen a esta última categoria, incluidos los proyectos presentados en 1853 por Justo Arosemena y Antonio Del Real que tomaban del ce peruano del año anterior. Pcro desdc el primero aprobado, el del Estado del Magdalena de 1857, hasta el de los Estados Unidos de Colombia, adoptado en el cenit radical en 1873 y ratificado por la Regeneración en 1887, todos se originaron en el código chileno dc 1855, el llamado Código de Bello, ver Guzmán (2006, pp. 589-602) Y cuadros sinópticos (pp. 605-614). 28

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baldíos un arma propagandística para atraer inversiones e inmigrantes europeos al país. Se apuntó que la historia de la propiedad inmobiliaria en Colombia puede concebirse en el contexto de las relaciones de poder en un territorio segmentado y jerarquizado. De un lado, los derechos de propiedad de la tierra se deciden centralmente, aun en los períodos más extremos del federalismo colombiano. Del otro, en el ámbito municipal la legalidad suele depender del gamonal, a veces en plan de dictador de campanario y amigo de los latifundistas locales, cuando no es uno de ellos. En cuanto a los derechos sobre la tierra, los latifundistas han cruzado a conveniencia las líneas entre la posesión material y la propiedad jurídica de los predios. Durante cuatro siglos, en diversos grados y con fuertes variaciones locales, ésta ha sido la situación azarosa en las fases de apertura y consolidación de las fronteras interiores colombianas, particularmente cuando hay presencia de "empresarios territoriales". Dos códigos regían los derechos de propiedad agraria en la Colombia de los años treinta: el Fiscal de 1912 y el cc que, antes de funcionar unificadamente en todo el territorio nacional, en 1873, habían adoptado algunos Estados de la época federal en la década de 1850. El texto de 1873 seguía muy de cerca el código chileno o Código de Bello. A diferencia de Estados Unidos o de México, donde cada Estado mantiene su propia legislación civil, los Liberales colombianos se decantaron por unificar el Estado federal con el Código y el control centralizado de la escuela pública, los ferrocarriles, los baldíos y los bienes desamortizados. En 1887 los Conservadores centralistas ratificaron, por supuesto, el carácter nacional del cc. Interesa destacar que a medida que había más presión humana sobre los baldíos, aumentaban las querellas judiciales y, con éstas, las fricciones conceptuales y legales entre los dos órdenes jurídicos emanados respectivamente de los códigos Fiscal y Civil. Dado el fárrago de disposiciones de baldíos, tanto los juristas y abogados litigantes como los gobernantes necesitaban herramientas; dos de éstas deben citarse como fuentes históricas fundamentales: una recopilación de disposiciones realizadas por el Consejo de Estado en 1927 y un grueso volumen que acompañó la Memoria del Ministerio de Industrias de 1931(Correa, 1929; Memoria del Ministerio de Industrias, 1931). En estas obras puede apreciarse que desde 1821 no hubo un año en que no se expidiera ley, decreto o resolución sobre adjudicación de baldíos. La compilación del Consejo de Estado subrayó que, a la fecha de su elaboración, estaban vigentes 40 leyes y 5 decretos legislativos sobre la materia. De esas 45 disposiciones, 39 fueron expedidas después de 1904 (pp. 127-128). El dato, corroborado por la citada Memoria ministerial, muestra la aceleración normativa de la década de 1920 como respuesta a la creciente demanda de tierras públicas y sus conflictos. El lugar de los baldíos en régimen fiscal o de hacienda pública venía de la tradición monárquica española que tuvo su última y tardía expresión en el


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período borbónico. Las tierras realengas eran parte integral de la hacienda real y, por tanto, estaban sujetas al régimen de policía del siglo XVJII, antecedente del derecho administrativo nacional. Aunque los baldíos pasaron a ser bienes nacionales, como lo refrendaron sucesivas constituciones políticas hasta llegar a los art. 4° y 202 de la de 1886, cambió el concepto legal. Si bajo la colonia la tierra era una regalía, en la nación pasó a ser un derecho subjetivo fundamental de los ciudadanos. De modo que cuando la ideología Liberal del siglo XIX predicaba la necesidad social de transformar los bienes nacionales en propiedad privada, gravitaba naturalmente alrededor del ce, ya consagrado como una expresión característica de la civilización moderna. Pero si el desajuste de perspectiva de los regímenes administrativo (público) y civil (privado) no dio pie a un conflicto generalizado, esto se debió a la debilidad de la burocracia estatal, al peso de la costumbre y a la inercia de la mentalidad posesoria o fáctica que imperaba en el mundo rural colombiano. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo xx fue cada vez más evidente que aumentaban los costos de acceso ciudadano al sistema administrativo, para atender asuntos de concesión y adjudicación de baldíos, y al judicial, para sanear y registrar aquella propiedad que pasaba al ámbito privado. Aunque las leyes buscaban "poner al alcance de las clases pobres la posibilidad de hacer pequeñas adquisiciones de tierras, para su cultivo en propiedad" (Memoria del Secretario de Hacienda, 1869, p. LXXXI) Y de fines del siglo XlX en adelante abundaron las "guías" legales para adquirir baldíos, lo cierto es que se encareció el proceso administrativo para que el colono pobre legalizara su propiedad: no disponía de tiempo y dinero para contratar los servicios profesionales de tinterillos y agrimensores, aportar testigos idóneos o concurrir a las diligencias judiciales, salvo en algunos casos en que estaba amenazado de evicción inminente (Olarte, 1895)3°. Otro elemento que conlribuyó a agravar la desventaja del colono fue el cambio permanente de las jurisdicciones y del sistema de administración de bienes baldíos que pasaban de un ministerio a otro, circunstancia mejor aprovechada por empresas latifundistas de colonización y sus abogados (Memoria del Secretario de Haciel/da, 1870, pp. UII-LIV; pp. 143). Eran tan evidentes y tan chocantes el desamparo y la desventaja del colono, que los gobiernos Conservadores multiplicaron las disposiciones tendientes a facilitar su acceso a la plena propiedad. Pero, una vez más, en un lado estaban los textos de la ley nacional yen otro las prácticas administrativas, judiciales y policivas locales, y sobre los dos imperaba la ambigua mentalidad del ce. La cultura legal hispánica había dejado huellas profundas en las prácticas de jueces y abogados de modo que, un siglo después de la Independencia y a cuarenta años de vigencia del ce, el jurista Eduardo Rodríguez 30 Es el autor del importante y olvidado, Las crueldades en el Putumayo y en el Caquetd, Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1910.


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Piñeres amonestaba a los practicantes por "el uso de los conceptos del derecho privado español en la redacción de contratos y otros documentos legales ( ... ) y (por emplear) las viejas formas tradicionales de redacción de contratos ya que ellas hacen parte de un uso indiscriminado del viejo derecho (Rodríguez, 1913)" (López, 2004, pp. 136-137). Con el "viejo derecho" se refería el tratadista al anterior a la Revolución francesa y su Code Civil. Reiteremos que aún prevalece el desconocimiento general sobre el período de transición jurídica y legal que abarca de la Novísima recopilación española de 1806 al año de 1887, cuando formalmente cesó la vigencia de la legislación española en Colombia. Según el historiador Víctor Manuel Uribe Urán, de este laberinto puede salirse con la brújula conceptual del dualismo "público-privado" (Uribe-Urán, 2006, pp. 251-297). En tanto fenómeno colectivo, la mentalidad propietaria no estaba circunscrita al reducido mundo de abogados y tinterillos. Aun así, dos aspectos merecen subrayarse: el predominio de los abogados en el Congreso y en general en todo el proceso legislativo, y la estrechez del mercado de la profesión legal. Este segundo aspecto nos lleva a un asunto trascendental, y es que si los abogados no eran llamados a resolver conflictos civiles de las familias campesinas ricas, mucho menos de las pobres. Pensemos en un hecho básico de la historia agraria colombiana: la prolongada tradición de la posesión como "un poder de hecho general y exclusivo sobre una cosa". Este poder se desdobla en la relación física (possessio corpore) y en el tener la cosa como dueño (anilnus domini)o Para transformar la posesión en propiedad, el poseedor (a justo título y de buena fe) debe probar la usucapión en un juicio y registrar el título. En esta perspectiva, es probable que futuros estudios hislóricos de la titularidad jurídica demueslren que la propiedad campesina en general ha sido protegida no sólo por las normas de la posesión (que dan vía al juicio posesorio), sino por el reconocimiento social del vecindario. Debemos investigar si se fragmentó menos de lo esperado gracias al posible papel del primogénito en la cultura campesina, que en todo caso pudo ser conlrarrestado (después de la década de 1960) por la oferta de "empleo informal" urbano y semiurbano, atractivo para los miembros jóvenes de las familias campesinas. Para demostrarlo habdamos de construir una especie de índice del paso de la posesión y "propiedad extralegal" a la plena propiedad en las zonas de predominio campesino, distinguiendo, quizás, las de viejo asenlamiento colonial de las sociedades formadas en los procesos colonizadores posleriores a C. 1840. Es posible que en el periodo republicano la usucapión o prescripción de baldíos fomentara abusos, considerada la negligencia y precariedad de la adminislración pública. Pero cuando la ya citada Ley 48 de 1882 los declaró imprescriptibles, se abrió una nueva fuente del conflicto agrario colombiano. En muchas ocasiones la concesión ponía en flagrante contradicción la legalidad con principios de "justicia natural" de la tradición católica. En sus



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obras sobre el tema, LeGrand y Tovar, entre otros, citan numerosos casos de cultivadores de baldíos que, después de trabajarlos 20 o más años, suman evicción judicial, "despojos", a raíz de demandas de concesionarios que tenían títulos válidos de concesión (LeGrand, 1995). Por esto quizás el Código Fiscal de 1912 en su arto 47 estableció que El Estado no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica y por consiguiente, no está sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere. en las adjudicaciones. Tampoco está obligado al saneamiento si el terreno baldío estuviese destinado a un uso público, u ocupado por cultivadores o colonos (Memori.a del Ministerio de Industrias, 1931, p.249).

El régimen legal de propiedad de los años treinta reconocía, grosso modo, cuatro tipos de derechos sobre los bienes raíces: Primero, los bienes de uso público como carreteras, puentes, caminos, calles. Segundo, dos clases de bienes fiscales o del Estado: los bienes vacantes (que "habiendo estado bajo dominio del hombre no tienen dueño aparente o conocido") y los baldíos que, a su vez, podían ser adjudicables a los particulares; los que no eran enajenables, llamados también de "reserva ten-itorial del Estado", como las islas de mares, ríos navegables y lagos; los situados en las cabeceras de los ríos navegables y en los márgenes de estos, así como los playones que se inundan periódicamente. Los adjudica bIes habían sido o podían ser traspasados a particulares en aplicación de: a) pago de la deuda pública; b) concesiones a cultivadores; c) fomento de las obras públicas; d) amortización de títulos de concesión de baldíos expedidos válidamente en la vigencia de otras leyes, y e) para el servicio público nacional, departamental o municipal. De acuerdo con las estadísticas compiladas en 1931 por el Ministerio de Industrias sobre concesiones de baldíos (1823-1930), se observa que, con el transcurso del tiempo, fueron disminuyendo las superficies máximas de concesión permitidas por ley y los promedios (en hectáreas) de las concesiones de los acápites b) y d) arriba citados (Palacios, 1979b, p. 254). Aunque las primeras disposiciones colombianas pretendieron que el enorme fondo de bienes baldíos pasara a la plena propiedad privada, eh la práctica el traspaso se limitó a las adjudicaciones a los militares del ejército bolivariano (con cierta preferencia a los altos oficiales), dejando en el papel las medidas de fomento de la colonización europea y la amortización de la deuda pública 3 !. Hasta la expedición del Código Fiscal de 1873-1874, la legisJI Sobre baldíos a militares, Ley 29 de septiembre de 1821 en eN, vol 1, pp. 74-8; sobre baldíos e inmigración, Ley 1 de mayo de 1826, CN, vol. 3. p. 335 v Ospina (1955, pp. 113-148). Este autor señala que las concesiones a Tyreell Moore de 1836 y 1837 fueron quizás el único caso bajo el régimen de fomento a la colonización europea (p. 219).


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lación republicana apoyó algunos esquemas de colonización colectiva con fundación de un casco urbano, idea que, con menos brío, regresó en las primeras décadas del siglo xx. Pero el período quedó marcado por la competencia de las empresas colonizadoras y el colono pobre, más centrífugo. Es cierto que en el país, como todo, la tierra se concentró (uno de los caos más notables fue el de los llanos de Villavicencio y San Martín) pero nadie, ni las autoridades ni los empresarios colonizadores, pudieron frenar y menos impedir el libre acceso del campesinado libre a los baldíos. Finalmente, importa subrayar que la noción de tierra pública nunca fue ni ha sido entendida en el sentido de que el Estado pudiera (y, aún menos debiera) cultivar o explotar predios, aunque sí pudo arrendarlos y darlos en usufructo. El tercer tipo era la propiedad privada, que en el mundo rural estaba dominado por los propietarios inscritos, y consistía en el fondo heterogéneo de haciendas, hatos ganaderos y latifundios inexplotados o mal explotados. Pero, como señalamos, los catastros de Cundinamarca dan una idea de la difusión de la propiedad campesina legalizada, aunque por la época debió ser enorme el fondo de propiedad campesina en lo que, a lo largo del libro, he llamado "situaciones fácticas". Cuando se trataba de latifundio de frontera, respaldado en la "posesión inscrita", se dejaba abierta la puerta a la querella, como lo puso de presente el sonado caso de mediados del siglo XIX en las inmediaciones de Manizales, que enfrentó a grupos de colonos y colonizadores con la Compañía González, Salazar y Cía. cuando ésta presentó títulos coloniales de inmensas extensiones queriendo beneficiarse de la plusvalía de la colonización 32 . Muchos latifundios nuevos se rormaron de este modo; incluso los que salieron de la fragmentación por compra-venta de González, Salazar y Cía. (Valencia, 2003, pp. 85-90). El cuarto tipo legal de propiedad eran los ejidos y resguardos indígenas que habían logrado resistir, a pesar de ser marginales tanto en las leyes como en la geografía del país. Con todo, el aumento de la población mestiza y las migraciones internas, cuando no la voracidad de los latifundistas, incrementaron el asedio sobre los resguardos. Comenzó entonces la tenaz resistencia, principal aunque no únicamente, de las comunidades indígenas del Cauca y el sur del Tolima que atravesó el siglo xx y llega a nuestros días. Éste es un capítulo obligado de la historia social y de poder en Colombia que, no obstante, queda ruera de los límites de este libr0 33 . Puesto que el Estado colombiano no disponía de cartas geográficas, ni catastrales, ni de estadísticas agrarias es imposible ponderar el peso relativo de cada uno de estos cuatro tipos de propiedad. Comparando la magnitud de 32 El asunto fue tratado inicialmente por Parsons (1968, pp. 72-74). Con infonnación de archivos que no había conocido Parsons, Palacios matizó la historia (l979b, pp. 263-5). 13 Una síntesis del problema en los años treinta se encuentm en Pineda (2009, pp. 183-222).



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"áreas baldías" c. 1870, arriba citada, con las cifras oficiales de adjudicación de baldíos, éstas resultan inverosímiles. Verbigracia, que en el siglo XIX se adjudicaron unos 20.000 kilómetros cuadrados de baldíos a particulares y un poco más de 10.000 kilómetros cuadrados en el primer tercio del xx (1827-1936). La historia de las zonas de colonización muestra que la asignación y ocupación de baldíos fue campo abonado al litigio legal y a la disputa política. Pero no debe exagerarse. Si bien colonos, autoridades locales y aun terratenientes solían enviar memoriales a Bogotá en los que denunciaban "usurpación de baldíos", estos no provenían de organizaciones de terratenientes o de movimientos campesinos organizados. Pero, ¿en qué medida hubo acaparamiento de baldíos por la vía de adquirir títulos de concesión y cómo podrían equipararse al cercamiento de tierras (enclosures) de la Europa de los siglos XVI al xvm? La pregunta nos permite desbrozar y encontrar un campo fértil para la investigación de la historia agraria colombiana. Si los enclosures expulsaban gente y desposeían al campesinado de su medio de producción, el acaparamiento de baldíos hacía parte de procesos inmigratorios en que los campesinos desposeídos en sus lugares de origen buscaban, de nuevo, ser poseedores; de este modo el confiicto por la tierra proseguía, al menos en estado latente. Es más: el acaparamiento de baldíos, tan diferenciado local y regionalmente, planteaba un problema de legitimación: cómo justificar la desposes ión legal de los colonos ya afincados. Resumiendo, más que acción colectiva campesina para recuperar baldíos, los documentos indican la creciente preocupación y malestar de muchos funcionarios íntegros, encargados de adjudicarlos en Bogotá. Más versátil y variada parece la actitud de los alcaldes de las zonas de colonización quienes, crecientemente interesados en el control político territorial, terciaban del lado de los colonos, como fue el caso de la Cordillera del Quindío a comienzos del siglo xx. Puesto que muchas disposiciones quedaron en letra muerta, se generalizó la idea que eran inocuas. Ejemplo socorrido fue el de la reversión al Estado en caso de que las tierras no <;e cultiv(lnm o 'iemhraran con pastos dentro de un término legal (antiguo principio colonial) o cuando se fijaban extensiones máximas y mínimas de adjudicación. En el mensaje presidencial al Congreso de 1916, el abogado José Vicente Concha prendió la alarma sobre "el despojo" de los baldíos, achacado a lo que hoy se llamaría debilidad del Estado. El avance campesino sobre la frontera no preocupaba y más bien tranquilizaba al presidente Concha, Conservador y católico como era. Su desvelo venía del "despojo" que hacían los grandes concesionarios (Mensaje del Presidente, 1916, p. 41). Año y medio después del citado mensaje, la Ley 71 de 1917 restringió a 20 hectáreas las superficies adjudicables a los colonos con cultivos permanentes y, aunque agilizó el procedimiento para adquirir baldíos, el peticiona-


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rio pobre debía conseguir tres testigos que fuesen propietarios de bienes raíces, situación nada fácil (D. 0.,27 de noviembre de 1917). Esta discriminación fue eliminada finalmente por la Ley 74 de 1926, destinada a resolver los conflictos sociales que Concha previó diez años atrás y que fue el antecedente legislativo más importante de la Ley de Tierras de 1936 (D. O., 10 de diciembre de 1926). En todo caso, en zonas del Chocó, la región Caribe, Tolima y el Sumapaz se agudizaron los conflictos por la tierra entre colonos, nuevos empresarios agrícolas y ganaderos que marcaron su presencia en ellas. Aunque en ocasiones se manchara de sangre, esta era una conflictividad legalista sobre la posesión y propiedad de tierras públicas en condiciones de una frontera que aún ofrecía posibilidades (de hecho o de derecho) al campesinado migratorio. Una solución fue la de las colonias agrícolas. Veamos.

EL CASO DE LA COLONIA AGRÍCOLA DE SUMAPAZ

La citada sentencia de 1926 reveló súbitamente que en miles de localidades los derechos de propiedad de la tierra no estaban consolidados. La respuesta del agonizante régimen Conservador fue la parcelación de haciendas con conflictos, diferentes resoluciones de la OGT y una copiosa legislación de la que cabe destacar la Ley 74 de 1927 que estableció la colonización dirigida. Veamos un caso paradigmático de esta última mediante una somera reconstrucción del establecimiento de la Colonia Agrícola del Sumapaz 34 . Hay que subrayar la serie de disposiciones legale$ de la década de los veinte, encaminadas a establecer un nuevo modelo de colonización dirigida que, como siempre, terminó desbordada por el poblamiento y asentamiento espontáneo a su alrededor. La Ley 114 de 1922 estableció las colonias agrícolas, y fue así como salió el proyecto de la del Sumapaz aunque también las hubo, sin que se tenga mayor noticia de su desarrollo, en Bahía Solano, Codazzi y Caracolicito (Carvajalino y Martínez, 1939, pp. 84-5). En el Sumapaz se expropió el gran latifundio Doa y, más tarde; la Bacieñda Sumapaz, cuya importancia en descargar la 'presión social se ha subestimado. La apertura "planificada" de la frontera agraria se inició conforme al modelo del Decreto 329 de 1928, y fue reor~anizada por el Decreto 383 de 1931. Quizás el Decreto del 28 se emitió cuando aún no se s.entía la crisis fiscal, porque establece condiciones de poblamiento que años después serían irrealizables. Por ejemplo, habría una "Casa de la colonia"; una iglesia destinada al culto católico con su respectivo capellán; un hospital, escuelas y comisariato o cooperativa 34 Se reconstruye con base en: Memoria de Industrias (1930, pp. 240-242; J 931 , pp. 221-222 ; 1932, pp. 280; 1934, pp. 142-143; 1935, pp. 261); Memoria de Agricultllra (1938, pp. 215-221). Ver también, Práctica y Esp[ritu del Instituto de Colonizació/1 en Inmigración (1954, pp. 11 Y 44-45).


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de consumo que vendería a precio de costo las hen'amientas para cultivar y abrir trochas; anticipos del costo del desmonte de cuatro hectáreas y para adquirir de dos a cuatro cerdos u ovejas y seis gallinas; además, los lotes de los colonos tendrían casa y una superficie entre 10 y 75 hectáreas (pp. 85-87 Y 89-95). El Cuadro lIl.1 muestra el crecimiento de la colonia que pareció abortar en 1930, cuando sólo se habían inscrito 10 familias que vivían precariamente cerca del "campamento"; por insolvencia presupuestal debió suspenderse el recibo y trámite de nuevas solicitudes. Pero el nuevo gobierno Liberal y personalmente el presidente Olaya tomó cartas en el asunto. Los colonos recibían 20 hectáreas y la titulación jurídica se gestionaba con aparente rapidez. En 1931 había 45 familias establecidas y 25 en proceso de hacerlo. En 1932 se reportaron 28 kilómetros de caminos empedrados que unían el campamento central a Cabrera, Volcán y Yeguas. Se habían construido 19,5 kilómetros de trochas, tres puentes y se hicieron rocerías en 65 hectáreas. Además, Se construyó un campamento en El Zurrón, de 10 metros de largo por 5 metros de ancho cubierto de zinc para alojar 20 colonos provenientes del Chocho especializados en cultivar café. Este año ya hay 308 colonos con sus familias que forman una población de 600 habitantes, a los que se han adjudicado 5.800 hectáreas (18.8 hectáreas por colono en promedio) de las cuales se han cultivado con alimentos y pastos 700 y J,200 están en proceso de desmontar. Los colonos han construido 116 casas y están construyendo otras 80.

CUADRO ITI.

1. Colonia agrícola del Sumapaz (1930-1937) S/lperficie SlIperfiCle adjlldicada t1e.\I//Ol1latla

CO/OIlOS

f/abiul/lles

1930

10

ND.

.\1 D

1931

70

1932

308

600

5800

1933

ND.

1934

400

1500

10000

1935

1 081

Superficie cU/lil'ada

km 47 . ~

700

4000

N.O.

1820

4803

1 888

1936

3000

5000

1937

7450

5400

FUENTE:

COIlliltoS

120

277

Casas Ca II/palI1elllOS collslntidas N.D

116

2

140

6

298

J7

272

Elaboración propia con base en Memorias del Ministerio de Industrias, 1931,1938.


94


Aunque La Colonia "produce hutas de los tres climas que tiene", los colonos se asentaron inicialmente en las tierras frías ( ... ) Pero últimamente se ha establecido, procedentes de las regiones cafeteras, un fuerte núcleo de colonos que invadirán los climas templado y caliente". Dos años después, había 400 colonos; 1,500 habitantes esparcidos en más de 10.000 hectáreas de las cuales hay trabajos en 4.000. Hay edificadas 140 casas de madera y teja metálica y de los colonos que aún no han edificado, 260 viven en 60 campamentos. La Colonia tiene 120 kilómetros de caminos y una "escuela alternada" con 66 estudiantes.

De 1935 a 1936 el poblamiento dio un salto y se duplicaron los habitantes, de 1,500 a 3,000. El Decreto 924 de 1936 expropió la Hacienda Sumpaz incorporándola a la colonización. Así como las parcelaciones de hacienda, como se verá adelante, aliviaban parcialmente la presión organizada de arrendatarios y colonos, la colonización del Sumapaz también buscó incorporar campesinos que, por una u otra razón, habían quedado al margen de los repartos de tierras bajo los esquemas de parcelación. De todos modos, a partir de esa fecha la colonización de baldíos se convirtió en pieza maestra de la "política agraria" de "redistribución de la tierra".

COLONIZACIÓN y VIOLENCIA

En este punto conviene dirigirnos a otro plano muy socorrido recientemente pero en el que deben hacerse precisiones, dado el desorden conceptual y el anacronismo que infiltran los estudios y debates más recientes sobre la [Tontera y las sociedades de frontera como categorías básicas. Nos urge poner en sus contextos sociales conceptos tales como conflicto (individual y colectivo), coacción, violencia política y violencia armada organizada que crean más con[usién cuando se empIcan indistintamente. Planteada como una historia de fronteras sucesivas, la historia colombiana parece confirmar que el conflicto y la coacción fueron fenómenos sociales más o menos permanentes en la ocupación territorial colombiana. LeGrand lo subraya para el período nacional en su cuidadoso barrido del Fondo de Baldíos del Archivo General de la Nación. Documenta que, de 1827 a 1931, los colonos de todo el país presentaron 925 memoriales con denuncias muy precisas (LeGrand, 1988, Apéndice A, p. 241 Y Apéndice C, p. 243; ] 984). Es decir, mucho menos de una denuncia mensual en promedio. Del listado de memoriales puede in[erirse que, salvo casos confinados a una "colonia" o a una "aldea", no hubo nada que indicase acción colectiva detrás de los incidentes que trataba cada uno. Un balance de este listado nos deja observar discontinuidades y actores cambiantes, aunque dentro del mismo pa-


SOBRE EL "INDTVIDUALISMO AGRARIO" COLOMBIANO

95

trón de conflicto de sociedades móviles por definición y con el estilo memorialesco de cuño colonial. Se imponen dos observaciones al respecto: la primera, que las dinámicas sociales de las fronteras no se redujeron a los temas enunciados en los memoriales y, la segunda, que mientras los colonos tuvieran libre acceso a la tierra, preferían olvidar los agravios vertidos en los memoriales y seguir monte adentro. Esto explica por qué en los flancos cordilleranos del occidente colombiano, de alta fertilidad natural del suelo, pudieron formarse sociedades campesinas similares en densidad a las de viejo asentamiento de la Cordillera Oriental o del sur nariñense, aunque el cultivo del café y, en particular la organización nacional del mercado en los años treinta, les permitió desarrollar actitudes más empresariales y de acumulación 35 . Las investigaciones que trataron de explicar la persistencia de métodos extraeconómicos en la formación de capital en esas sociedades dieron una perspectiva más realista a la tesis seminal del geógrafo James Parsons sobre los frentes de colonización antioqueña. Aunque esas colonizaciones, sobre todo las del sur-suroeste, se caracterizaron por patrones de conflictividad, puede decirse que en general fueron incluyentes y que en algunos bolsillos geográficos tuvieron una fuerte propensión a la solidaridad y la igualdad 36 . Sin embargo, a medida que avanzaba la ocupación se desarrollaban las disputas por el control territorial, base del dominio político-electoral de los municipios. En la década de los treinta hubo una verdadera acometida de politización que fue sembrando incidentes de violencia partidista, desembozada después de 1948. A este respecto, creo que en una sociedad de frontera, secularizada y codiciosa, que puso al dinero como el valor social más apetecible, pese a la intensa religiosidad asumida, la competencia individualista desplazó los demás mecanismos de integración social y, de una manera disfrazada e insidiosa, entronÍló la violencia como uno de sus más viables principios de reordenamiento (Palacios, 1985).

Cuando se agotaron las "tierras sin hombres" en el occidente cafetero, La Violencia enmascaró el ajuste de cuentas. Se trató de un proceso generalizado de manipulación de bandas armadas al servicio de \Ina redistribución impenitente de propiedades y cosechas de café y de aseguramiento de mano de obra, como había anticipado Jorge Child37 . Después, Eric Hobsbawm lo encuadró 15 Para un ejemplo de actitudes empresariales de comunidades campesinas, bajo ciertas condiciones nacionales favorables, como una refomla agrari,l o proyectos de ilTigación, ver, Wood y Mehcnna, (J 986, pp. 75-88). 36 Ver Brcw (1977); Arocha (1975); Chdstie (1986). 37 Jorge Child (1958, pp. 8-9) clasificó cuatro tipos de violencia de la zona cafetera: de odgen político, después de 1948; de origen económico, consistente en apoderarse de cafetales en enero-marzo, justo antes de las cosechas; de los "desplazados" de otras zonas de violencia, como el grupo del bandido "Chispas"; de connictos personales.


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en un tipo de violencia de bandidos, en la perspectiva de la mafia siciliana del siglo XIX y principios del xx. A la sombra del sectarismo Liberal-Conservador, en muchos municipios del cinturón cafetero una "nueva clase media ascendente ( ... ) llegó a establecer una organización formal para hacer chantaje a los propietarios y aterrorizar a los campesinos" (Hobsbawm, 1968, pp. 263-273). El tema fue abordado posteriormente en dos espléndidos trabajos de historiografía profesional universitaria: el del Quindío, de Carlos Miguel Ortiz (Ortiz, 1985) y el de El Líbano, Tolima, de Renzo Ramírez (Ramírez, 2002). El patrón de conflictividad de las zonas cafeteras cundi-tolimenses que aquí nos ocupa fue diferente. En los años treinta, pero no después, el sectarismo político aupó el conflicto por la tierra planteado por los campesinos contra las haciendas de café o contra los latifundios que cerraban el libre acceso a los baldíos. Durante La Violencia, en las zonas del Sumapaz, las reivindicaciones legalistas de los colonos debieron ceder y dar paso a formas de "autodefensa de masas" y de lucha armada que, ante la ausencia de Gaitán, fueron orientadas por el PCC, bajo el liderazgo de Juan de la Cruz Varela (Fajardo, 1994, pp. 42-59; Londoño, 1994, pp. 34-62). El conflicto político desbordó los ámbitos geográficos tradicionales, y los accesos del inmenso nudo del Sumapaz facilitaron las movilizaciones hacia los Llanos Orientales y hacia las vertientes cordilleranas del Huila, Tolima y Cundinamarca. El pcc permitía cierta fluidez de intercambios entre las movilizaciones reivindicativas legales en regiones como las del Tequendama cafetero centrado en Viotá (Jimenez, 1985), las guerrillas en el sur del Tolima (con matices indigenistas) y la "resistencia armada" en el Alto Sumapaz. ¿Qué podemos extraer de esta somera descripción del acceso campesino a los baldíos? Primero, que, a la par que la colonización, aliviaba las presiones sociales en las zonas de expulsión y no permitía el estallido de la "marmita" minifundista (Fals Borda, 1959a, pp. 15), pautada como estaba en la conflictividad, abierta o soterrada, de comunidades en pos del ascenso social y el reconocimiento polílico (Oquist, 1978). Pero lo fundamental del conflicto fue que las prácticas políticas locales bipartidistas subsumieron las categorías sociales en una forma que en otra parte denominé "patriotismo municipal". Segundo, que, para evitar el anacronismo, hay que distinguir los conflictos de la colonización de la violencia colectiva como categoría genérica y de la misma Violencia. Tercero, que la lucha armada revolucionaria tuvo diversos orígenes y expresiones locales y parece un fenómeno tardío y marginal del período que nos ocupa, y circunscrito a las zonas gaitanistas y Comunistas. En todo caso, ésta es anterior a la "colonización armada", aunque se puedan establecer nexos entre las dos 38 . La Violencia marca un antes y un después en la historia colombiana y, muy especialmente, en la historia agraria. Cerró el capítulo de movilizacio38 Ver,

por ejemplo, Buenaventura (1962, p. 53); Ramírez (1990, pp. 57-72).



97

nes rurales relativamente pacíficas y legalistas de los años treinta. El proyecto político triunfante en 1958 pretendió dejarla atrás y para siempre. Sin embargo, Lynn Smith, experto en sociología agraria latinoamericana y profesor de Fals Borda en la Universidad de Florida, hizo la premonición: En medio de estas condiciones caóticas, (La Violencia, M.P.) en que hombres, mujeres y niños son asesinados por miles, en que la seguridad personal de la mayoría de la población está seriamente amenazada, es evidente que hay muy pocas probabilidades para un verdadero progreso en la resolución del conflicto de filosofías sobre los derechos de propiedad de la tierra. Esto solamente puede lograrse en los tribunales o en el Congreso y, en cualquier caso, requiere un largo y concentrado esfuerzo de parte de los dirigentes colombianos. Por eso podemos decir con seguridad que las incertidumbres sobre Jos derechos de propiedad de la tierra, continuarán al1igiendo a Colombia y a los colombianos todavía durante muchos años (Smith, 1958, p. 384)39.

39

Una buena guía introductoria se encuentra en Ortiz (1994, pp. 371-423).


CAPÍTULO IV

LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO LIBERAL OLIGÁRQUICO

LA DOBLE CRISIS DE

1930

De un modo más bien improbable, alrededor de 1930 se juntaron dos crisis de distinto origen: una económica y otra política que debilitaron los dogmas del librecambismo, el patrón oro y el Estado mínimo, y pusieron a tambalear la hacienda cafetera, una de sus cristalizaciones emblemáticas. La mejor prueba de esto es que, en el plano de la economía política, se planteó la vía campesina como una alternativa de desarrollo económico nacional. Diversas corrientes historiográficas han sostenido que esa crisis del liberalismo eco'nómico dio pie a que nuevos grupos de poder movieran el Estado colombiano hacia la industrialización e incluso a convertirse en empresario industrial. No parece que ese fuera el caso. Es más probable que la sustitución de importaciones, notoria por la época de la Primera Guerra Mundial, se profundizara como resultado del crecimiento del PIB con base en el café que cultivaban miles de familias campesinas en una geografía muy amplia. También es probable que, terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado delegara en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, la negociación de transferencias del ingreso cafetero a las grandes empresas industriales que se coaligaron gremialmente en la Asociación Nacional de Industriales, ANDJ. En el plano de la política de partidos en 1930, y después de haber experimentado medio siglo de diferentes tipos dr gobierno, los Conservadores perdieron la presidencia ante una coalición centrista encabezada por un candidato Liberal. Simultáneamente, y después de unas dos décadas de crecimiento acelerado, la gran crisis económica mundial frenó el ritmo y provocó cierta agitación social localizada. En el punto que nos concierne, la crisis lanzó al desempleo a miles de jornaleros de las obras públicas que regresaron a los campos quizás a engrosar las agitaciones. En estas condiciones, y a pesar de que al comenzar la década de los treinta eran pocos los Liberales interesados en la cuestión agraria, jóvenes políticos y activistas encontraron la oportunidad de convertirse en intermediarios de los agravios campesinos y en heraldos del progreso nacional. Su objetivo inmediato era encontrar una nueva base electoral. La cuestión campesina no estaba entre las prioridades del 99


100


Partido Liberal que se concentraba en mantener un mínimo de unidad interna para permanecer en el Gobierno; minimizar los efectos de la violencia política en Boyacá y Santander; adelantar una reforma política con base en la cédula electoral, y reformar la Constitución y las leyes para instaurar la República laica, mediante el registro civil. Incluía este programa el desarrollo de obras públicas para reactivar el empleo y la aprobación de una ley petrolera que diera seguridad a las empresas norteamericanas, asunto de algún modo ligado al régimen de propiedad agraria y de los baldíos. Pero no fue alrededor de estos puntos donde el régimen encontró la plataforma de "unidad nacional". Fue en el conflicto con el Perú que, asimismo, sirvió de catalizador inicial de las reformas, aunque las luchas agrarias, eminentemente 10calistas, no mermaron en intensidad '. Los Liberales comprendieron que el discurso antilatifundista de la izquierda revolucionaria podía deslegitimar los fundamentos del orden social y se dedicaron a encontrar una salida institucional. Con este propósito manejaron dos registros ideológicos: uno, igualitario democrático, montado sobre el paradigma del pequeño propietario independiente, y otro de estirpe liberal que ponía el énfasis en el aseguramiento de los derechos de propiedad de la tierra con base en la explotación económica. De este modo, ganaron la iniciativa política e hicieron sombra al discurso de la izquierda revolucionaria. Subrayemos cuatro aspectos de la doble crisis de 1930: 1. Un peculiar dinamismo capitalista. Contrario a las teorías eslructuralistas y dependentistas en boga en los años sesenta y setenta (la relación centro-periferia, en la que el desarrollo de la primera exige el subdesarrollo de la segunda), en El café en Colombia (Palacios, 1979b) se consi.dera y se sostiene que la economía cafetera fue el motor del crecimiento y contribuyó sustancialmente a la formación de una economía política nacional. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, monopolizó la representación política y social de "la industria del café", se vinculó sólidamente al Estado y se transformó en agencia de producción de doctrinas, medidas legales y desarrollo de instituciones dedicadas a garantizar la protección cafetera. Ésta reforzó la protección externa originada en las manipulaciones políticas del mercado internacional del café en razón de los sucesivos esquemas de "valorización" brasilera desarrollados después de 1906. En la literatura sobre los países de desarrollo económico tardío se establece el nexo de la protección industlial y la economía política nacional. Estos términos del tópico "industria y protección", deben cambiarse en Colombia por los de "café y protec1 Esto se desprende de la cantidad y orden de importancia de los documentos que forman el archivo del presidente Olaya Hen-era. El archivo, de la Academia Colombiana de Historia, tiene 94 cajas organizadas en car·petas y contiene miles de folios. Ahora puede consultarse en el Archivo Geneml de la Nación.



101

ción", motor de la integración limitada del mercado interno y base de legitimación de una política económica que beneficiaría y limitaría la posterior industrialización 2 . La elaboración y publicación del Censo Cafetero de 1932 fue un hecho decisivo en la formación de una ideología que hizo de "la industria del café" la fuerza centrípeta de la economía política nacional y que, en la crisis mundial, legitimó la vía campesina de la caficultura. Esta fue una concepción dominante hasta mediados de la década de 1950, fenómeno notable, pues la crisis bajó de 20 a 30 puntos porcentuales los ingresos de las exportaciones de café en el comercio internacional del país que, en buena medida, se recuperó en la década de 1930 por las exportaciones de petróleo, oro y banano. El censo que presentamos- señalaron los directivos de la FNC- permite conocer la división de la propiedad, que es un factor de gran trascendencia social y que es de elemental importancia para conocer las modalidades de la industria y las necesidades de ella en cada municipio. Según los datos obtenidos en el censo (. .. ) el 98.08% constituyen lo que se llama la pequeña propiedad. Sólo hay en el país 321 empresas cafeteras de más de 100 mil árboles, lo cual constituye apenas el 0.21 % del número total de propiedades cafeteras. Todos estos datos interesantes y verdaderamente sorprendentes demuestran cómo la industria cafetera no sólo es el factor fundamental y decisivo en nuestra economía nacional, sino que constituye a la vez un elemento admirable de equilibrio social, que por la índole misma de su organización y por las circunstancia excepcionalmente favorable de proporcionar trabajo adecuado y casi permanente a las mujeres y a los niños, va realizando por sí sola, en forma automática, sin necesidad de leyes ni de expropiaciones, el fenómeno de la división de la propiedad (Federación Nacional de Cafeteros, Boletín de Estadística J 933, 1, (5) pp. 112-113).

En otras palabras, en un país con instituciones estatales débiles era claro que si el producto de exportación ofrecía una base campesina, las salidas a la depresión internacional serían menos traumáticas para el orden social. puesto que el campesino (lsumiría, motll proprio, los costos de la caída de precios, reduciendo más aún el consumo familiar. 2. El segundo aspecto de esa Colombia de los años treinta se refiere a que el Estado alcanzó un nuevo nivel de estructuración en cuanto se vio abocado a resolver el problema de crear y poner a funcionar instituciones de control. 2 Baste mencionar que existe una amplia y conocida bibliogr-afía sobre la economía cafetera mundial y colombiana. Hay que tener presente que en los años treinta el cultivo de café no tenía economías de escala y era intensivo en mano de obra altamente estacional; que había tierra y trabajo para ampliar la producción nacional; que estaban bajando los costos internos de transporte y que los mercados mundiales el café presentaban bajas elasticidades de oferta y demanda. El ciclo climático del Brasil determinaba el ciclo de precios mundiales y las políticas cafeteras de dicho país, y protegían la economía cafetera colombiana.


102


La evidente nacionalización de añejos electorados, siempre localistas y provincianos, tutelados ahora por una clase política nacional, puso sobre la mesa las cartas del registro civil y la cédula electoral. Para esto era indispensable: a) desmontar el monopolio de la Iglesia en el registro civil (partidas de bautismo, defunción, matrimonio) yen el manejo de la educación pública y los cementerios; b) negociar el asunto de la cédula electoral que los Conservadores veían como una trampa, haciendo de ella un caballito de batalla, una peligrosa inflexión a la violencia, y e) expandir la burocracia administrativa y mejorar sus herramientas. No se partía de la nada, gracias a los recursos derivados del crecimiento cafetero y de la indemnización de Panamá. Sobre estas bases aumentaron los ingresos fiscales y pudieron avanzar la red ferroviaria, de carreteras, y de correos y telégrafos; apareció una electrificación incipiente; se elevó el número de escuelas y maestros, de jueces y juzgados, de notarios, registradores y notarías; la moneda nacional penetró en las más recónditas veredas campesinas. Al mismo tiempo, el país tenía su lugar en el mundo civilizado, adhiriéndose a las reglas de la Sociedad de las Naciones, de la que era miembro fundador. Paradójicamente, el fortalecimiento de una visión de desarrollo nacional y la nacionalización de los electorados, ensancharon los hiatos y fisuras que, desde la Conquista española, separaban los niveles territoriales del Estado. Nación, departamentos y municipios, para no mencionar intendencias y comisarías, no funcionaban conforme a los principios de la relojería constitucional. La cuerda era, a fin de cuentas, un viejo mecanismo localista, contractualista y clientelar que dejaba que cada cual regateara las normas y disposiciones. Este vetusto mecanismo se había legitimado en la tradición política de la monarquía española que, se ha dicho, concebía la justicia desde el bien común y el consenso comunitario antes que desde la conciencia individual (Elliot, 2006, pp. 131-133). En estas condiciones los sistemas normativos y las prácticas sociales relacionadas con los derechos de propiedad quedaron marcados con el sello originario. Si los enfoques socio-económicos y geográficos tienden a formar macroregiones, como en el clásico estudio de Ospina Vásquez (las regiones costeña, antioqueña, caucana y la "faja oriental"), la política es partera de fragmentaciones: los departamentos dentro de las macro-regiones; las provincias en los departamentos, los municipios en las provincias, las veredas o vecindarios rurales en los municipios. Si concebimos los municipios (con sus veredas) como células de un organismo, entonces es menester reconocer que sus ritmos obedecen a tradiciones e idiosincrasias irrepetibles y al personalismo que hila los entramados de clientela, parentesco y honor. Esto quiere decir que en la base institucional de la política municipal se mantenía, firme, la cultura política del caciquismo. El gamonal era el personaje-bisagra que encarnaba simultáneamente la versatilidad de los poderes fácticos locales y la adhesión incondicional, visceral, a la bandería nacional


,,{


103

rojiazul. En contravia de las mejores expectativas democráticas, el gamonalismo era la fuente de las práctica~ republicanas y el portador de sus símbolos. Así había sido desde los orígenes de la "comunidad imaginada" que habría de llamarse Colombia y que, según la fórmula de Malcolm Deas, precedió la consolidación del Estado-nación (Deas, 1983, pp. 149-73). El relato nacionalista colombiano se armó tempranamente a partir de imágenes binarias, sin zonas de transición, entre polos enemigos: patriotasrealistas, patriotas-godos, moderados-exaltados, Liberales-Conservadores, rojos-azules, chulavitas-cachiporros que daban sentido emocional a la politización en todos y cada uno de los vecindarios del país. Cada vereda y cada casco tenían su tótem, Liberal o Conservador, que ponía orden en las identidades y adscripciones, y las entretejía a la memoria de linajes y terruños. Por eso, a la hora de las movilizaciones de los años treinta, los campesinos no pudieron evadir las divisorias de siempre, renovadas por jóvenes y enérgicos intermediarios. En esta cultura política, los Comunistas, con su noción medular de lucha de clases, entraron perdiendo. Teniendo presente este conservadurismo, recordemos que las clases propietarias, la clase política, la aristocracia intelectual y el clero salieron más reaccionarios de la Guen"a de los Mil Días (1899-1902) yen la nueva "paz" se tonificó el Estado oligárquico. Sin embargo, los cambios geográficos, culturales, demográficos y sociales producidos por el desarrollo de la economía cafetera abrieron, unos 20 años después, las vías de salida hacia la democracia liberal y pusieron en tensión las viejas prácticas políticas de la república oligárquica. Las clases altas provinciales conocieron entonces los aprietos de superar su fragmentación de tipo colonial y de formar una clase dirigente nacional. Las fricciones se pusieron al orden del día puesto que, por ejemplo, en Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Bogotá, sectores de orientación empresarial adoptaron normas y estilos de vida cada vez más estadounidenses. La elección directa de presidente de la república a partir de 1914 y la irrupción en la política de los nuevos grupos sociales congestionaron las líneas de conducción del poder república-municipio-república que parecieron limitadas para tramitar un nlljo progre.,ivo información y decisiones: los electorados se habían ampliado e integrado, y era menester dar un tono pacífico e institucional al creciente conflicto social. Con todo, el caciquismo se mostl"ó elástico y versátil y aprendió a encubrirse en prácticas "modernas". En este sentido no era indispensable que instrumentos como la Ley 200 de 1936 tuvieran algún nexo deliberado con la universalización del sufragio masculin0 3 . De su lado, el radicalismo popular, reafirmado en los Mil Días, esperaba el momento. Grupos de trabajadores rurales y urbanos, y de campesinos e indígenas discernieron el significado de "la ley para todos" y no sólo "para

oe

3 En

este sentido soy escéptico con respecto a la sugerencia de Lapp (2004).


104

LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO UBERAL OLIGÁRQUICO

los de ruana" (Jimenez y Chernick, 1993, pp. 61- 82). Denunciaron agravios y reclamaron derechos. Irrumpieron por su cuenta en actividades políticas y, en el camino, se estrellaron con poderes sociales y estatales reacios al cambio. De este modo muchos conflictos de tierra y trabajo se saldaron con sangre. Este fue el caso de grupos campesinos de Fusagasugá y Viotá, localizados entre polos que contenían liderazgos y fuerzas radicales (Bogotá y el puerto de Girardot) que saltaron a la arena pública en un país que parecía entrar en la atormentada y tortuosa transición de la "república oligárquica" a la "democracia de masas". Si hubo este tipo de democracia quedó inconclusa, porque en 1948, con el asesinato de Gaitán y en el contexto de la Guerra Fría, Colombia pasó abruptamente de un tiempo de esperanza democrática, representada por el caudillo populista asesinado, a una hegemonía plutocrática que disolvió el proyecto de inclusión social. 3. El tercer aspecto de la transformación colombiana tiene que ver con la forma como afectó a la clase política. Los protagonistas del teatro político popular de los años treinta pertenecían a una generación de reformadores que, bajo la tutela de sus padres putativos, los Centenaristas, y con clara voluntad de poder y decisión de formar una nueva élite política, propusieron visiones y concepciones de transformación social, aunque no consiguieron escapar, si es que lo intentaron seriamente, del campo histórico del Estado oligárquico. Demostraron, eso sí, capacidad para transformar las inconformidades y agravios de colonos y arrendatarios en demandas congruentes al Estado, y de inducirlo a elaborar doctrinas agrarias contra el latifundismo y adecuar las instituciones legales para el cambio social. En este proceso fortalecieron el Estado de derecho, pero sin reformar el derecho, ni la práctica judicial. Puesto que partían de la premisa liberal de que la ley se cambia con la ley (y, por tanto, que esa era la vía de redefinir los derechos de propiedad, pública, privada, de los resguardos) a medida que incorporaban nuevos electorados tuvieron que dramatizar la centenaria discordia bipartidista. La pacificación del contrato social laboral, es decir, la institucionalización de las luchas obreras con sus sindicatos y sus huelgas; la salida consensuada y gradual a los problemas crecientes de pobreza urbana, y las soluciones legales y judiciales a las demandas de tierra de los campesinos y colonos habían ganado un lugar en el discurso público. Más aun, se cuestionó "la ametralladora oficial" como medio de confrontar la inconformidad de las clases populares. Paradójicamente, el propósito se desnaturalizó al anudarse a la mecánica de la lucha rojiazul. Por todo esto quedó flotando la idea que el cambio de la llamada República Liberal o Revolución Liberal no había encontrado el cauce democrático, extraviada en un laberinto de ilusiones y artimañas legalistas. 4. Los políticos reformistas entendieron que la acción colectiva de distintos campesinados ponía en evidencia las "imperfecciones" del sistema legal de titularidad de la propiedad, de modo que un Estado moderno debía abolir


LA CUESTIÓN CAM PES} NA Y LOS AVATARES DEL ESTADO LffiERAl.. OLIGÁRQUICO

105

"los vestigios de feudalismo". En consecuencia, el Estado nacional debía definir las notas de la propiedad privada moderna y sofocar un posible giro político revolucionario. En cualquier caso, en este propósito los Liberales se vieron favorecidos por la plasticidad del tipo gamonal, la debilidad y desorientación de los grupos comunistas, la capacidad de cooptación política de sus alas izquierdistas y populistas, y la solvencia profesional de los juristas y abogados que los acompañaron en este proyecto. Las agitaciones de arrendatarios y colonos se entreveraron en la crisis financiera y empresarial de las haciendas cafeteras más antiguas (la primera había ocurrido durante la depresión mundial de los precios del café, c. 18961910), en particular en Fusagasugá y Viotá, y volvió a politizarse una cuestión pendiente del Liberalismo de mediados del siglo XIX: la relación de la propiedad de la tierra y las "clases productivas". Desde ahora conviene poner los puntos 3 y 4 en el contexto de la distribución de la propiedad subrayado por la FNC en el citado Censo Cafetero. En el Catastro del Departamento de Cundinamarca (1936) había 125.367 fincas rurales que, en un 77%, tenían menos de 10 fanegadas o 6.4 hectáreas (Contraloría Departamental de Cundinamarca, 1937). En las comarcas donde fue más intensa la agitación agraria también predominaba la pequeña propiedad campesina. Así, las 160 haciendas de café del Tequendama y el Sumapaz cundinamarqués eran, literalmente, islas en un mar de unas 6.500 fincas cafeteras en sus municipios; de éstas el 87% tenía plantados menos de 5.000 cafetos. Arrendatarios y subarrendatarios de las haciendas de café y colonos debieron mirarse en el espejo de esos miles y miles de pequeños cultivadores independientes. Por lo demás, la politización y modernización cultural de las décadas de los veinte a los cincuenta apremiaban a que los estratos rurales más "bajos" subieran la escala social. En este sentido es muy revelador el estudio de Renán Silva sobre la Ellcuesta Folklórica Nacional de 1942 que por una parte muestra la limitación localista de los mundos rurales colombianos y la pobreza generalizada que los abatía, y por otra subraya el trasfondo de esperanza popular, ~racias a la conciencia de "los derechos sociales", cada vez más difundida por todo el país (Silva, 2006)4.

4 Especialmente

los casos de la parte

Il.


106


DESLEGITIMACIÓN A MEDIAS DEL LATIFUNDISMO Y HACIENDAS DE CAFÉ

La crisis mundial y el descrédito del liberalismo económico trajeron a Colombia el desprestigio del latifundismo. Primero, en el frente laboral se cuestionó el carácter de los contratos de trabajo en las haciendas cafeteras, asimilados a contratos civiles privados en los que nadie podía inmiscuirse, salvo las partes contratantes. Segundo, pareció inaceptable el acaparamiento de baldíos y la formación de enormes latifundios improductivos que cerraban, inclusive mediante la coacción, el libre acceso de miles de colonos. Los Liberales de vanguardia elaboraron un discurso con base en argumentos de defensa de la propiedad campesina como los ya señalados de John Stuart Mill y, así, redujeron los espacios de los Comunistas. Ahora bien, considerado el tamaño promedio de superficie, población vinculada y valor de producción, las haciendas de café de Colombia eran modestas, comparadas con las del Brasil, ya esclavistas, ya de colonato , (formas de arrendamiento campesino o de aparcería) o con la hacienda porfiriana de México. Tercero, los regímenes laborales eran complejos, mutaban, y utilizaban la tierra y la mano de obra con métodos muy variados. Los trabajadores estaban claramente estratificados: los residentes o arrendatarios pagaban renta en trabajo y en dinero, percibían salarios monetarios y en algunos casos podían subarrendar sus estancias; los trabajadores estacionales o cosecheros, llamados "voluntarios", eran asalariados y algunos trabajaban directamente para los arrendatarios. Cuarto, puesto que las haciendas estaban orientadas al mercado mundial, dependían de un ciclo de precios particularmente volátil. Quinto, los propietarios, ausentistas por la naturaleza del negocio, hacían parte de grupos urbanos emergentes en la sociedad móvil de mediados del siglo XIX colombiano, y no parecieron alcanzar el alto grado de legitimación social y acceso al poder político de sus equivalentes brasileros, guatemaltecos, salvadoreños o mexicanos (hasta la Revolución), con excepciones como Chiapas donde la hacienda porfiIiana se mantuvo en pie. Las haciendas de café, resultado del encuentro de comerciantes de clase alta urbana y poblaciones rurales pobres y geográficamente móviles, fueron frágiles tanto en lo relativo a su gestión empresarial, como al régimen de tenencia de la tierra. In si/u, las decisiones quedaban en manos de administradores, mayordomos y capataces. Con alguna frecuencia los hacendados ponderaban las ventajas económicas y desventajas de pagar salarios en usufructo de parcelas. En otro lugar establecimos el ciclo de negocios de las haciendas cafeteras de Cundinamarca: altas tasas de ganancia durante la bonanza 1880-96 y depresión, 1896-1910, con una situación de crisis severa (letal en Santander) durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Hubo una recuperación, con altibajos después de 1910 hasta 1929, gracias a los esquemas


LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO LmERAL OLIGÁRQUICO

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GRÁFICO IV. 1. Contratos de anticresis y compras de mejoras en haciendas en El Colegio, Viotá, La. Mesa y Anapoima, 1903-1934 16 14 12 10

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'" • Anticresis

• Mejoras

FUENTE: Palacios, J981, Cuadro lO, p.42.

brasileros de valorización que, al recuperar los precios internacionales, auspiciaron un formidable crecimiento de la producción colombiana. Pero las haciendas se iban marginando y en la década de los veinte en muchos lugares de Cundinamarca acusaron agudos problemas financieros y de legitimación social desde abajo. Las 160 haciendas de las provincias del Tequendama y el Sumapaz trabajaban con unas 6.000 familias de arrendatarios. En algunas semanas de la cosecha principal podían ocupar unos 10 mil "brazos" adicionales. Aunque dichas haciendas tenían alrededor del 5% o 6% del inventario nacional de cafetos, su participación en la cosecha nacional fue mucho menor y debió oscilar alrededor del 2.5% al 3.0% en razón de que sus cafetales eran viejos, excepto en los municipios del Sumapaz Tolimense s. Esto quiere decir que la participación de la hacienda cafetera cundinamarquesa era crecientemenle marginal. Esas haciendas dependían de la libre movilidad del campesinado. Ni implantaron la servidumbre crediticia, ni tuvieron el monopolio de la tierra pero sí compitieron entre sí, con un voluminoso campesinado independiente en el s En efecto, pueden establecerse eSlos porcentajes de la "tasa de replante" [cafetos productivos/cafetos "nuevos" x 100]: Caldas 13%, Cundinamarca 5%, Tolima 13.8%, Promedio Nacional 13.1 %. Y en los municipios que nos conciernen: El Colegio 3.3%, Fusagasugá 6.9%, La Mesa 2.9%, Nilo 2.3%, Pandi 8.9%, Quipile 4.8%, San Antonio 2.5%, San Bernardo 6.8%, Tibacuy 7.7%, Viotá 2.0%, CundayI5.8%, Icononzo 7.5%, Melgar 7.9%. Federación Nacional de Cafeteros (1933, pp. 117-150).


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mercado de trabajo y en la producción de café. Mantenían deudas con los arrendatarios, como se aprecia en las compras de "mejoras" que periódicamente debían hacer, en la legislación específica que debió emitirse al respecto yen las organizaciones de "dueños de mejoras". Aun si nos atenemos a la tipología binaria propuesta por Cristóbal Kay, Grundherrschaft (hacienda de arrendamiento) y Gutswirschaft (hacienda de producción directa), confirmamos lo sabido: que las haciendas cafeteras de Cundinamarca eran de producción (Kay, 1974, pp. 69-98; 1980, pp. 5-20). El Chocho, la de mayor extensión del país cafetero, con poco más de 15 mil hectáreas en tres pisos ecológicos, el páramo y el frío (bosques maderables y cultivos de papa) y el templado (cultivos de café, caña y pastizales), brinda, sin embargo, un buen ejemplo del pragmatismo de los propietarios6 . Al comparar tres "reglamentos para los arrendatarios" (1896,1916 y 1930), se aprecia que el primero guardaba silencio en relación con los cultivos que podían sembrar los arrendatarios en sus estancias 7 . El de 1916 estableció en el arto 6° que "Los arrendatarios podrán establecer en sus estancias los cultivos que tenga a bien, inclusive los de café, caña de azúcar y algodón", pero en el arto 21 les prohibió "vender a otros que a los dueños de la hacienda ni el café ni el algodón que cosechen en sus estancias." El de 1930 señaló en su arto 6° que "Los arrendatarios podrán establecer en sus estancias los cultivos que tengan a bien, a excepción del de café, para el cual deben obtener permiso previo del dueño de la hacienda o de su representante." Tan importante como esta norma era la del arto 8°: "Los arrendatarios pagarán el precio del arrendamiento de las estancias únicamente en dinero". Estas citas evidencian la variedad de sistemas en el cultivo del café, aunque aparentemente prevalecían el del pago de la estancia en dinero y trabajo y la prohibición de plantar cafetos en las estancias. En el cultivo de caña predominaban las aparcerías. En 1934 se estimaba que El Chocho tenía unas 950 familias de arrendatarios y unas 3.000 de subarrendatarios (llamados "ten-ajeros"), pero estos números estaban politizados, inmersos en el pleito legal (Londoño, 2009a, pp.309 y 324). El intercambio de "tenencia" por "servicio" no fue a perpetuidad y por generaciones como en el "feudalismo". Se dio, aclaremos, en el contexto jurídico de contratos civiles renovables, por lo general anuales, y dependió de esas reglas sociales y económicas implícitas que Rafael Baraona denominó "asedio interno" y "asedio externo" (Baraona, 1965, pp. 688-96) y que, en 6 Esta enorme propiedad llevaba el nombre de un hermoso árbol (Eryhtrina edulis) que da sombrío al cafeto y crece hasta 14 metros; produce unas [lores de color rojo carmesí, de semillas comestibles; su madera se usa para cercar. En las lOnas cafeteras de Cundinamarca se le llama chocho, balú, chacha(rulo. 7 Estoy muy agradecido con la profesora Rocío Londoño Botem por haberme facilitado copias de los reglamentos de El Chocho. Hay que subrayar la rareza de este tipo de documentos. Ver, Reglamel1lo para los arrendatarios (1896); Reglamento de la Hacienda de El Chocho (1916; 1930).


LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO L1B1~RAL OLIGÁRQUICO

109

este caso, muestran las complementariedades .Y conflictos en una hacienda de café: la lógica empresarial de expansión de las plantaciones de café y sus anexidades, y la lógica de los arrendatarios que aspiraban a cultivar café y querían ampliar la superficie de sus estancias de pan coger (Schejtman, 1970). Al cuadro de conflicto en ciernes puede añadirse la eventual invasión de colonos en las periferias de las haciendas. Así, pues, estamos ante una forma de arrendamiento peculiar que tiene orígenes en el terraje del siglo XVIII, pero transformad0 8 . Veamos. Simplificadamente, dentro las haciendas funcionaban cuatro tipos de empresas: a. La plantación central de café del hacendado junto con elementos ancilares como la planta de beneficio, potreros y cañaduzales para las bestias de carga y, eventualmente, ganado. b. Las estancias o parcelas de diferente tamaño, calidad de suelos y condiciones de explotación y acceso, sujetos a variadas formas de pago en trabajo, especie, dinero o sus combinaciones, que las haciendas daban en arriendo para asegurar la mano de obra. En algunas haciendas los arrendatarios podían subarrendar. c. Las eventuales parcelas clandestinas de los colonos en los bordes montañosos 9 . d. También era posible que la hacienda diera tien'as en aparecería para cultivos de caña o en la explotación de bosques maderables. La localización de una hacienda en una zona de "frontera abierta" (Sumapaz) o en una de "latifundio de frontera" (el Tequendama y Fusagasugá) determinaba el peso relativo de las estancias de los arrendatarios, o de las parcelas clandestinas de los colonos. A esto debe agregarse que la hacienda cafetera del Sumapaz tolimense fue tardía en relación con el patrón cundinamarqués y, puesto que era más que todo una empresa colonizadora, dependió menos del aITendatalio y más del jornalero o voluntario que utilizó para hostigar y asediar a los colonos. El caso, estudiado por Rocío Londoño, da pie a una interesante lectura desde un punto de vista de la política agraria del pcc en el oriente del Tolimí'r su apoyo a los jornaleros, el proletariado rural, que tomó partido por sus patronos "modernos" y hostilizó a los colonos 8 Sobre

este sistema, ver TO\'ar (1982, pp. 17-33). Entendemos por I:!conomías campesinas "aqud sl:!<.:lor de la actividad agmpecuaria nacional donde el proceso produclim es dl:!sarrollado por unidades de tipo familiar con d objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la ¡'eproducción de sus condiciones de \ida y dI:! trabajo o, si se prefiere, la reproducción dI:! los pmductores y de la pmpia unidad de producción. ( ... J La lógica (. .. ) que gobierna las deciciones del qué, del eómo v del cuánlO producir, y del qué deslino dadl:! al producto obtenido, se enmarca dentro dI:! los objetivos descritos, dando a la economía campesina una racionalidad propia y distinta de la que caracteriza a la agr'icullura empresarial (que) responde a las inten-ogantes descritas en función de maximizar las tasas de ganancia y acumulación". (Schejlman, 1980, p. 123). La teoría básica proviene de Vasiele\ich (1981); Alexander Schejtman aplicó para México sus hipótesis sobre Chill:!. 9


110

LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO LffiERAL OLIGÁRQUICO

"primitivos"; "venían a las labranzas a quemar ranchos", recuerda Juan de la Cruz Varela (Londoño, 2009a, p.225). En este juego violento, los colonos tomaron conciencia de su bajo estatus en relación con las condiciones de alojamiento, alimentación e ingreso monetario de los jornaleros. Una representación de la situación inicial del descontento campesino, en una escala de O a 3, pudo haber sido:

Causas del descontento campesino Propíedad de la tierra

Frontera "abierta" Sumapaz

Frontera "cerrada" El Tequendama y Fusagasugá

3

Régimen laboral

3

Sistema multí-empresarial

3

Ahora bien, la posición social del arrendatario era ambigua: decidía sobre los cultivos en su estancia (excepto sembrar café), pero no en los grandes cafetales de las haciendas. De ahí la complejidad social de su ingreso mixto: el de la estancia y el del jornal en la plantación, al que debe sustraerse el canon en dinero por la parcela o estancia. Poco se sabe, en cambio, del grupo de peones asalariados al que el pcc asignó el papel de clase de vanguardia, aliado fundamental de los campesinos en la "lucha antifeudal". Este grupo se abordará aquí en la medida en que aparezcan en las fuentes. Hasta mediados de la década de los veinte la hacienda de café había funcionado mediante la combinación pragmática de diversos sistemas de atTendamiento precapitalista y una organización laboral centralizada en cuanto a disciplina del trabajo, metas y formas de producción de café (Palacios, 1979b, pp. 111-173). Es decir, mediante un equilibrio precario que dejaba latente el conflicto. Por eso en las haciendas de Viotá y Fusagasugá hubo estallidos campesinos en el proceso de comercialización de los productos de las estancias. En plincipio, la producción de éstas se repartió conforme al patrón común de las economías campesinas: a) autoconsumo familiar; b) fondos de reposición y ampliación, como semillas; c) excedente de intercambio. En algunas haciendas el arrendatario no se obligó a pagar en trabajo sino en alimentos producidos en la estancia, pero en la mayoría de casos el excedente salió a los mercados locales aunque con restricciones: el arrendatario pagaba peajes y "aduanillas" por utilizar los caminos de la hacienda; debía estar al día en sus obligaciones y, finalmente, sólo podía sacar sus productos un día a la semana, a pesar de que los pueblos tenían dos días de mercado.



11 1

MARGINACIÓN y CONFLICTOS DE LAS HACIENDAS Si, aparte de estos problemas internos, las haciendas habían sido desplazadas por las fincas medias y campesinas en el volumen de producción nacional, entonces, ¿en qué situación quedaron los hacendados cafeteros de la región bogotana frente a los dirigentes del Estado y a la clase alta como conjunto?, ¿modificaba esta relación las trasformaciones inducidas por el desarrollo económico y los cambios en las configuraciones de poder regional, político y social?, ¿cómo fraccionaba el desarrollo económico los intereses de la clase alta? En el estado actual de la investigación estas preguntas sólo pueden ser absueltas parcialmente. A lomo de la crisis mundial se debilitaba el prestigio social que los hacendados de Cundinamarca y el Tolima habían consolidado en el último tercio del siglo XIX. Los negociantes antioqueños del eje Medellín-Manizales habían tomado la delantera en la comercialización del café aunque, por otra parte, dependían cada vez más de las estrategias de las casas tostadoras estadounidenses que empezaban a buscar el control comercial a escala mundial. En consecuencia, se reorganizó el poder gremial como se aprecia en los cambios internos de estructura organizacional y estilo de liderazgo de la FNC, a raíz de la gerencia de Mariano Ospina Pérez, y se adoptó una orientación campesinista, respaldada en el Censo Cafetero de 1932. Los pequeños caficultores eran los héroes de la nueva Colombia: con sus cultivos de pan coger parecían imbatibles frente a la drástica caída del precio internacional del grano (Ospina, 1934). De este modo, la política económica del Estado y la estrategia de la FNC se orientaron a incrementar la productividad en la comercialización y a ampliar la base campesina de la caficultura, antes que a resolver los problemas financieros y de manejo de las haciendas. Entre tanto, las haciendas más extensas fueron más propensas al conflicto. En búsqueda de explicaciones puede pensarse, en primer lugar, que tales unidades tenían una masa crítica de arrendatarios que, a su turno, podían movilizar a sus familiares y dependientes como los subarrendatarios. Segundo, estas haciendas no podían controlar grandes extensiones de reserva montañosa y enfrentaban invasiones clandestinas. Visto el fenómeno más de cerca, y con informaciones fragmentarias, puede decirse que la mayotia de conflictos se presentó en unidades en las cuales fue baja la relación entre la superficie explotada (superficie de las estancias + superficie de la plantación de café + superficie de potreros y cañaduzales) y la superficie predial. En Calandaima y Buenavista de Viotá, sólo el 10% de la superficie total estaba explotada en los términos descritos. De los pocos informes sobre parcelación de haciendas puede deducirse que en El Chocho, Ceilán, Florencia y Liberia el porcentaje de tierra explotada oscilaban entre el 12% y el 21% de la cabida predial (Palacios, 1979b, pp. 135-136) Por el contrario, haciendas que pudieron evitar


112


el conflicto o mermar su intensidad, como Costa Rica, Argentina, California, o Pekín, mantuvieron una relación del 43 % al 60% de plantaciones de café en la cabida total y, puesto que ésta era relativamente baja, no albergaron una masa crítica de trabajadores residentes; en otros términos, en esas unidades fue más difícil para los arrendatarios pasar el "umbral" de la acción colectiva y manifestar la inconformidad abiertamente 1o • En períodos de agitación social el "desperdicio" de tierra legitimaba la invasión nocturna de bosques, que tendía a unificar las reivindicaciones de los arrendatarios (la "libertad de siembras" y "libre venta de café") con la petición básica de los colonos: la posesión de tierras baldías. En muchos casos este último escenario se originaba en la imprecisión de los linderos. Por ejemplo, el propietario de Ceilán -una de las grandes haciendas de Viotá, desmembrada de Calandaima en 1870- debió renegociar linderos en 1883; sin embargo, la vaguedad de estos en el lado montañoso (del filo de la Cordillera del Subia) traería problemas en 1948, de modo que un perito del Consejo Agrario Departamental constató que: El caudal de los ríos y quebradas de Ceilán se disminuye en el verano pero que se agota del todo gracias a que se ha logrado conservar el bosque no obstante los intentos de invasión por parte de los colonos a quienes se ha conseguido tener a raya con la intervención de un retén permanente de la Guardia de Cundinamarca, costeado por la hacienda (Archivo de la Caja de Crédito (1948).

En 1933 Y 1934, probablemente como efecto de las agitaciones y de las negociaciones abiertas entre el departamento de Cundinamarca y los hacendados sobre una eventual parcelación de El Chocho, los arrendatarios dejaron de pagar las "obligaciones onerosas". Es más, en El Chocho, los trabajadores resolvieron entrar a la montaña a talar ( ... ) los arrendatarios, a cambio de obtener para su campaña el apoyo de los trabajadores voluntarios, permitieron a estos la concesión de las estancias calificándolas como baldíos. En tales condiciones resolvieron organizar la invasión y la tala de montañas (Lleras, 1934).

La invasión de tierras y la tala clandestina se convirtió en "mal crónico" para los hacendados y la policía, formando un repertorio de acción colectiva (Ti 11 y, 1977; 1984, pp. 89-108) que buscaba presionar y "cansar" al propietario renuente a negociar. Los telegramas que dirigió el alcalde de Viotá al gobernador de Cundinamarca, entre 1935 y 1937, contienen informaciones sobre evicción o desahucio de arrendatarios y tala de bosques en las montañas

10

Sobre el conceplo de "umbral", ver Granoveller (1978, pp. 420-43).


LA CUESTIÓN CAMPESINA Y LOS AVATARES DEL ESTADO liBERAL OLIGÁRQUICO

113

de las haciendas. El 17 de febrero de 1937, el alcalde cablegrafiaba al gobernador: Noticia aparecida Espectador ayer poniendo sobre aviso todo vecindario hará infructuosa comisión pensaba organizar semana con fin constatar quienes son responsables tala de bosques. Respetuosamente permítame opinar debe rectificarse noticia en sentido decir alcalde no saber por el momento si individuos destruyen bosques son en realidad miembros-liga campesina o trátese bandoleros merodean esta región (Archivo Municipal de Viotá, Correspondencia, 1937).

Para colmo de males, los hacendados fueron un caso típico de deudor insolvente cuando los precios cayeron en 1928. En resumen: el cambio de jurisprudencia y de retórica en el poder nacional. la politización, el endeudamiento, la depresión de los precios internacionales del café, y la debilidad apenas velada de los hacendados de Viotá y Fusagasugá en la FNC, los convencieron de transigir con los campesinos movilizados y, en algunos casos, pactar con los gobiernos mejores condiciones de retiro del negocio de las haciendas.

FRACCIONAMIENTOS

Había llegado, quizás, la hora de rendirse ante el asedio campesino. Simultáneamente a la acción legislativa, el Banco Agrícola Hipotecario, BAH, la Gobernación de Cundinamarca y el mismo Gobierno Nacional pusieron en marcha un programa de parcelación de haciendas. En 1936, esas tres entidades habían parcelado 62 haciendas en el país con una extensión de 58,000 hectáreas, de las cuales 28 eran cafeteras, con un área aproximada de 17 mil hectáreas. En 1937, el proceso se aceleró principalmente por intermedio del Banco Agrícola Hipotecario (Anuario de Estadística 1936, 1937, p. 139; p.123)1l. Así, pues, cuando enfrentílmn los rfectos comhinados de hipotecas onerosas y presión campesina, algunos hacendados decidieron fraccionar. Reservaron para sí porciones más o menos considerables y la casa de la hacienda, y parcelaron el resto. La Hacienda Trujillo, de El Colegio, dividió tempranamente, entre 1916 y 1920. En casi todas las instancias, lugares y períodos, la parcelación fue negociada y de ahí que el precio de las parcelas no se desviara demasiado del precio comercial, es decir, del precio que hubiera prevalecido de no mediar el asedio campesino que devaluaba las haJ J Banco Agrícola Hipotecalio, ln(onnes y Balances, Bogotá. 1926-194 J. Varios ministros de los gabinetes de la primera administración López salieron de las gerencias seccionales del BAH .• el más eminente de los cuales fue Darío Echandía, ex gerente en Armenia.


114


ciendas sacándolas prácticamente del mercado. Esto fue evidente en las operaciones del BAH o de la Gobernación de Cundinamarca. Las haciendas Java, Ceilán y Buenavista, en Viotá, negociaron la venta de parcelas a comienzos de 1930. En El Colegio le entraron al juego Entrerríos, Santa Helena, San José y Golconda. Bajo la dictadura derechista de Laureano Gómez y Alberto Urdaneta Arbeláez, así como en la de Rojas Pinilla, se aceleraron las parcelaciones voluntarias en El Colegio y Viotá. Al comenzar el Frente Nacional quedaba muy poco de las viejas haciendas: Misiones en El Colegio y Java y Atala en Viotá. La Violencia había hecho retroceder el país, pues, como en los años veinte, una invasión de trabajadores y arrendatarios a la hacienda Florencia de Viotá se consideró caso de "orden pública". Según el respectivo boletín interno de las Fuerzas Armadas la invasión había comenzado con 50 personas pero "ahora llegan a diario 50, 80 y 100"; se aseveró que muchos eran ex guerrilleros de Villarrica, que habían instalado un cuartel sobre el que ondeaba el pabellón nacional, que habían fijado un puesto de observación y que la ciudadanía del casco estaba alarmada 12 . Con todo, la época había cambiado; aunque sobrevivirían grandes haciendas, como Aguadita y Usatama en Fusagasugá y muchas en Viotá, su preeminencia social era cosa del pasado, como lo puso de presente la "incorización" en el oriente del Tolima en la década de los sesenta. El proceso de parcelación puede considerarse un laboratorio de actitudes y pautas sociales en el reparto limitado, controlado y selectivo de la tierra que contribuyó a contener el movimiento de protesta, tal como se infiere en el Cuadro IV .1. El número de municipios afectados, muchos de tierra fría, que aparentemente no conocieron expresiones de descontento rural organizado, rebasa considerablemente el número de municipios cafeteros afectados por éstas, como se aprecia en el Cuadro IV.2. Aquí se muestra el alto grado de relación entre haciendas con algún tipo de conflicto, y parcelaciones privadas o gubernamentales. En resumen, ahora el Estado oligárquico tenía que lidiar con una clisis de las formas de servidumbre en las haciendas cafeteras de Cundinamarca que, no eran feudales. Más adecuado es comprenderlas con el concepto seudo servidumbre andina, que acuñó Juan Martínez Alier, consideradas las condiciones de movilidad de la mano de obra (Martinez-Alier, 1977). Esas haciendas combinaban la plantación cafetera del hacendado y las estancias o parcelas de subsistencia de los campesinos residentes. Los colonos, de su lado, quisieron transformar la posesión parcelaria en plena propiedad y enfrentaron otro tipo de hacendados y de intermediarios. Frecuentemente las 12 Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Caja 4, Carpeta 30, Despacho del Ministro, Boletín Informativo de las Fuerzas Armadas n°, 227, 19 de noviembre de 1958 y n° 229, 21 de noviembre de 1958.



115

situaciones de unos y otros se describieron de "feudales." Del vocablo usaron y abusaron los políticos y en los dos capítulos siguientes veremos con detenimiento cuáles fueron sus implicaciones.

CUADRO IV.

1. Parcelaciones de haciendas * 1936-1940 /936

Municipios afectados

1937

38

Departamentos afectados

51

1940 97

6

6

10

62

102

240

Número de parcelas vendidas

3206

5608

11315

Supedicie afectada (hectáreas)

42439

62607

223132

51.71

54.98

47.15

Propiedades afectadas

Razón parcelas/propiedades Municipios afectados en zona cafetera

11

19

23

Valor de las ventas (miles de $)

1217

2413

5577

Superficie promedio de las parcelas

13.24

11.16

19.91

Valor promedio de 1 hectárea ($)

28.67

38.55

24.91

Distribución porcelltual de las parcelas segúlI tamaño: 1936

1937

1940

< 2 fanegadas·

19.21

19.4

16.78

2-4,99 fanegadas

34.93

32.17

32.28

5-9,99 fanegadas

24.24

24.27

24.22

10- 19,99 fanegadas

13.66

14.55

14.77

5.96

6.85

8.19

2

2.76

3.66

20-50 fanegadas >50 fanegadas

J fanegada: 0,64 hectáreas Elaboración propia COII base ell. Anuario General de Estad(stica, /936, p. 139; 1937, p. 123; 1940, pp.174-176. 'No incluye las parcelaciones del Alto Sumapaz FUENTE:


CUADRO IV.2.

Muestra de conflictos registrados en la

OCT y

parcelaciones

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Municipios Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Viotá

El Colegio

Hacielldas

Conflicto resuelto

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2. Arabia

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3. Calandai ma

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4. Ceilán

1. Argentina

5. Escocia

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6. Florencia

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7. Java

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8. Antioquia

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9. La Flecha y Las Granjas

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13. Misiones

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14. Subia

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15. Santa Marta

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16. San José

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17. Trinidad

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18. Chicaque

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11. La Junca

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10. Entremos

San Antonio

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CUADRO IV.2.

Ml/estra de conflictos registrados en la

OCT y

parcelaciones (continuación)

CO/1tliclo resuelto

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21. El Chocho

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22. Aguadita y Usatama

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23. Noruega

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Mlmicipios

Fusagasugá

Haciel1das


24. Piamonte Quipile

25. Floresta

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28. El Empalizado

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29. Peñas Blancas

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27. La Greda

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36. Sevilla

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37. El Soche

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38. El Tolima

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Ft;E:-\TE: a) De los conflictos (1926-1930) véase G. Sánchez, 1977, pp. 44 Y ss. b) De las parcelaciones voluntarias, La Mesa, Oficina de Registro. c) De las demás parcelaciones: Banco Agrícola Hipotecario, La parcelación de tierras en Colombia, anexos, Bogotá, 1937 y Anuario CeIleral de Estadística, 1940, cuadro 197, pp. 174-176.

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CAPÍTULO V

EL ESTADO LIBERAL INTERVENCIONISTA

LA PROPIEDAD NO ES PARA GENTE "SIN SENTIDO DEL ORDEN"

En 1937, el gerente del BAH, Alfredo Garda Cadena, explicó que las parcelaciones de haciendas tenían el "objetivo supremo ( ... ) de evitar conmociones violentas" como en México. En la parcelación, "el Banco actúa en perfecta inteligencia con grandes o medianos propietarios en tierras cercanas a los centros de consumo". En cuanto al futuro beneficiario, el Banco consideraba que "todo trabajador campesino en cuya mentalidad y costumbres se haya formado la cultura elemental, para llegar a ser propietario, puede adquirir una parcela por medio del BAH". Este individuo era, según García Cadena, aquel que "se sustrae de la taberna y del agitador profesional". El Banco, sentenció, no es para el asalariado trashumante. cliente intemperante de la chichería oficial, hombre sin hogar normalmente constituido, sin sentido de orden, sin ambición legítima, viciado y analfabeto (Banco Agrícola Hipotecario, 1936, pp. 9-24).

La función de la parcelación era "facilitar a los clientes del BAH el an-eglo de sus créditos y la liquidación de dificultades con arrendatarios y colonos". El Banco cobraba un 5% de comisión por su gestión de ventas y parcelación. Entregaba al dueño la mitad del valor de la finca y mientras más del 50% de las parcelas estuviera sin vender, administraba la parcelación por delegación; cuando se superaba este tope, el Banco pagaba al cliente la totalidad del valor del predio con cédulas hipotecarias al 6% de interés que se recibían en pago de cartera o para abonos extraordinarios, en el Banco Hipotecario de Colombia y el Banco de Bogotá. El parcelero recibía la tierra abonando un 25% de cuota inicial, 17.4% en los primeros tres años y medio, y el resto, o sea 57.6%, en los siguiente~ once años y medio. Debía pagar intereses del 7% y el 10% de mora (p. 30; 1926-1941). Para los críticos, las parcelaciones del BAH no eran más que un "ingenioso sistema de confiscarles las mejoras a los arrendatarios y luego vendérselas a los dueños; les resuelven su conflicto y además le enciman plata (. .. ) es una política de escándalo, derroche y engaño, bajo la férula de los bancos" (Claridad, n° 128, 15 de marzo de 1934, p. 1). 119


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La Gobernación de Cundinamarca también buscó que los beneficiarios de las parcelaciones revelaran madurez de carácter, de suerte que las parcelas correspondiesen a la capacidad económica de los adjudicatarios potenciales. Veamos ahora la parcelación de El Chocho. El 27 de febrero de 1934, el gobernador del departamento en desarrollo de la ordenanza 35 de 1933 y una vez "cerradas las negociaciones" con las haciendas El Chocho y El Soche, en Soacha, ordenó una emisión de $600.000 en bonos de deuda pública a cargo del departamento de Cundinamarca; el presidente Olaya expidió la resolución ejecutiva número 29 del mismo año, aprobando dicha emisión (Gobernación de Cundinamarca, Gaceta de Cundinamarca, 13 de abril de 1934; mayo 28 de 1934 y 2 de noviembre de 1934). El 21 de marzo se suscribió en la Notaria Y de Bogotá la escritura de compraventa de El Chocho. La SAC conceptuó que la transacción "era conveniente para los intereses sociales agrícolas y, en general, económicos del Departamento" (7 de diciembre de 1939, pp. 541-545). El informe de dos peritos comisionados para efectuar el estudio agrológico del predio reveló, con algún detalle, el estado de la hacienda: "las tierras no son de primera clase, sino de segunda, de acuerdo al análisis químico". Después de un segundo análisis "más detallado", concluyeron que los terrenos no eran "de segunda" sino "más malos que buenos". El tamaño de las estancias de los arrendatarios variaba considerablemente, de cuatro a sesenta fanegadas, aunque la mayoría estaba entre seis y siete. Los cultivos de café eran irregulares, muy densos y "mal hechos"; el método de podas era primitivo, de suerte que la productividad física era muy baja. En promedio cada estancia producía 288 kilos de pergamino, o sea cuatro sacos, y no los 23 que calculó Lleras Restrepo en un informe citado abajo. Había cultivos de pan coger y pequeños potreros, pero los arrendatarios obtenían casi todo el ingreso monetario del café. Poseían algunos animales de calidad inferior, mal alimentados, con carencias de calcio y fósforo, y no había selección. Los peritos recomendaban la diversificación de cultivos y la "creación de pequeñas industrias", porque al cabo de 20 años los suelos iban a agotarse. Las plantaciones de café envejecían y convendría aconsejarles (a los campesinos) que las fueran reemplazando de manera paulatina. A pesal- de que el clima yel terreno se prestan para el cultivo de gran variedad de frutas, los arrendatarios no las conocen y en cuanto a hen-amientas sólo usan azadón y machete (pp. 545-547).

La Gobernación de Cundinamarca compró a un precio ligeramente por debajo del comercial, y cargó a los arrendatarios los costos financieros y administrativos de la parcelación. El 2 de agosto de 1934 los parceleros denunciaron la "arbitrariedad" de los administradores de la parcelación a la que atribuyen altos precios y división del personal entre "compradores" y"acapa-



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radares de parcelas", pues a los más pudientes se les admitieron hasta cinco propuestas; no se reconocieron los derechos sobre las mejoras, o sea que "se pagaban de nuevo". Reconocieron que la parcelación era buena pero no los métodos: despotismo, "misterios", usure ría y amenazas 1. El 6 de septiembre los parceleros calificaron la operación como "sin plan cooperativo y de previsión alguna. El que no compra sobre las bases que se le dan ... se va a la cárcel" y sostuvieron que el "criterio es de negocio". En 1935 era claro que el asunto se había politizado completamente y que la parcelación se cruzaba con el juego electoraF. En agosto de 1936 Claridad, periódico campesinista de Erasmo Valencia, denunciaba que en El Chocho no había parcelación sino un "comité electorero" en provecho de Carlos Lleras Restrepo (UrzirisInO, n° 151,24 de agosto de 1936). Dos años atrás, el 15 de marzo de 1934, los alTendatarios se habían dirigido al Gobernador, solicitándole fijar en $5 el precio de la fanegada. Clmidad señalaba que el precio sería de $30 fanegada. Pero el "campesino ( ... ) afila la guadaña y siega la cabeza del patrón" (Claridad, n.O 134, 15 de diciembrede 1934,pp.I-3). Según los arrendatarios se trataba de "rocas, laderas y esterilidad provenientes del largo laboreo". Señalaron que varios cultivadores, "los más necesitados", fueron "excluidos del favor social de la Gobernación porque los sectores donde quedan sus parcelas ... no entran en la fabulosa negociación" y denunciaban que los Caballero, dueños de El Chocho, no vendieron cinco potreros, cuya extensión no estaba delimitada en el documento, reservándose el derecho "de captar el agua del Río Subia para establecer dos acequias a tomas de agua que conducirá a los potreros"3 . En los memoriales de los arrendatarios hay avalúos de la tierra y las mejoras. De estas tierras, las más valiosas eran los pequefios cafetales; por ejemplo, de un avalúo por $1,519, $1,489 correspondían al cafetal y $30 al rancho (Unirismo, n° 132, 19 de noviembre de 1934, p. 1). Las condiciones de la parcelación de la hacienda Ceilán de Viotá en J 948, fueron similares: la propiedad estaba "deteriorada" y aumentaba la presión campesina. Los dueños, una empresa denominada COFEX, estaban aún más acosados por deudas hipoteCa! ¡as y el provecto fue, en realidad, del acreedor, el Banco Francés . La parcelación voluntaria de Ceilán comprendía 111 propiedades que serían su utilidad neta en la operación . Contrataron a los prestigiosos abogados bogotanos Francisco Unutia Holguín y Camilo Silva de Brigard, con el objeto de obtener de la Gobernación de Cundinamarca un 1 Ver UllirislIlO, n° 4, 5 de julio de 1934; n° 6, 19 de julio de 1934; n° 8, 2 de agosto de 1934; n° 9, 3 de agosto de 1934 y n° 13, 6 de septiembre de 1934. 2 Ver por ejemplo los deba tes de la Asamblea d e Cundinamarca , transcritos en El Tiempo del 4 al 11 de julio de 1935 . 3 Ver Unirismo, n ° 128, 15 de mayo de 1934, p. 1; n ° 131. 9 de julio de 1935, p. 1 Y n° 141 , 12 de agosto de 1935, p. l.


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EL ESTADO LIBERAL INTERVENCIONISTA CUADRO V. 1. Precios de parceLas en El Chocho Precios de las parcelas

De menos de $ 100 Entre $ 100 Y $ 200 Entre $ 201 Y $ 300 Entre $ 300 Y $ 400 Más de $ 400 Total de 952 parcelas FUENTE: Archivo Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Agrícola Hipotecario y otras, 1926-61 (Cartera).

Por ciel1to

12.7% 13.4% 11.8% 36.7% 25.4% 100.0% A.C.A.,

Parcelaciones del Banco

buen precio para empezar a parcelar. La parcelación se hizo entre febrero y junio de 1948 y se formalizó en la Sesión del Consejo Departamental Agrario del 31 de julio de 1948, a la que asistió el líder Comunista Víctor Julio Merchán 4 . El Departamento compró 638 fanegadas de Ceilán y pagó a COFEX $320 mil. Los peritajes pusieron en evidencia la degradación de las tierras negociadas (A.C.A., "Parcelaciones, Ceilán"). Subrayemos que en estas fechas decisivas de la parcelación transcurrieron los acontecimientos del 9 de abril, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El criterio de la capacidad económica para adjudicar la tierra demostró la existencia de gradaciones económicas, a veces fuertes, entre los antiguos arrendatarios, como puede apreciarse en el Cuadro v.l. Conjuntamente con los arrendatarios más pudientes, en la compra de lotes participaron tenderos de cascos municipales y caseríos, ante quienes los campesinos solían tener deudas. Años después, en noviembre de 1972, por ejemplo, salió a la luz el problema del señor Manuel Torres quien había comprado seis parcelas, pero "las escrituras originales de las parcelas no se encuentran por ninguna parte" (Archivos Caja Agraria, A.C.A., "El Chocho"). Nunca faltaban los pleitos. En un memorial sin fecha, que firmaron 16 vecinos de Silvania y dirigieron al gerente de la Caja Agraria, denunciaban al señor Pedro Panadero Parra por gestionar la compra de una parcela en la vereda de Yayatá (El Chocho), ya los señores Manuel Torres (probablemente el mismo que ha comprado recientemente seis parcelas) José P. González porque 4 Agradezco al sociólogo Teófilo Vásquez la copia que me suministró de su "Esbozo biográfico de Víctor J. Merchán: la articulación entre social y lo político", presentado en un seminario reglamentario del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Bogotá, Julio de 2008. Este trabajo me ha permitido tener una idea más clara de este impOl-tante dirigente Comunista de Viotá y de las trayectorias del liderazgo Comunista colombiano.


EL ESTADO LffiERAL INTERVENCIONISTA

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fueron a esa entidad con razones fuera de la verdad a gestionar para que no se vendiera esa parcela, que los fines de esos señores son cogerse como ya lo han hecho las parcelas sin vender sin que hasta el momento hayan llegado a esa entidad a gestionar ninguna negociación y así violando todos los principios de la ley (AC.A ., "El Chocho").

En otras ocasiones el adjudicatario inicial adquirió varias parcelas, como el señor Aurelio Méndez a quien se le otorgaron siete en el contrato original de 1935 por valor de $2.729.30. Retomemos la perspectiva histórica. Las parcelaciones, entendidas como soluciones reformistas, conciliadoras y como triunfo de grupos campesinos incidieron en la desmovilización, aunque el conflicto de arrendatarios y hacendados derivó en un sinnúmero de micro conflictos entre los campesinos, mediados por las facciones políticas . En el Tequendama, donde Ligas y sindicatos habrían de tener continuidad, los Comunistas se orientaron hacia objetivos más modestos que la expropiación de los latifundistas. Las políticas de "Frente Popular" y "antifascistas" diluían la lucha de clases en un juego electoral y sindicalista. Un ejemplo ilustrativo de esta inercia es el punto noveno del Convenio de Trabajo entre los sindicatos de 11 haciendas de Viotá y los propietarios, firmado en marzo de 1946: "Suministro de tierra a los trabajadores que carezcan de ella y aspiren a establecer una parcela. Realización de las parcelaciones de acuerdo con la ordenanza 30 de 1944" (Archivo del Ministerio de Trabajo, "Convención Colectiva", 29 de marzo de 1946). A esta petición se convino lo siguiente: Las haciendas que resuelven parcelar sus tierras, prderirán siempre, en la venta de parcelas, a sus trabajadores-arrendatarios, en igualdad de condiciones establecidas en ellas. En circunstancias análogas se procederá cuando las parcelas vayan a darse en arrendamiento. Además, declaran los patronos y los trabajadores que el gobierno es el llamado a hacer las parcelaciones en ejercicio de la ley 100 de 1944, procedimiento de solución que de antemano aceptan las partes en toda su amplitud, como el único efectivo y viable para obtener la parcelación de las dichas haciendas en beneficio de los trabajadores actuales ("Convención Colectiva", 29 de marzo de 1946).



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Los

CONFLICTOS LABORALES Y LOS ESTÁNDARES

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO,

on

Las diferencias de criterio y de manejo de las agitaciones agrarias fueron más pronunciadas entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales que entre los dos partidos políticos tradicionales. En el nivel nacional, gobiernos rojos o azules intentaron aplicar las directivas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dependencia de la Sociedad de las Naciones (y posteriormente de la ONU), que tuvo un papel importante en asegurar que los Estados miembros (Colombia fue miembro fundador de la Sociedad) adoptaran "los derechos laborales básicos de carácter universal". El ex ministro Chaux resaltó la continuidad Conservadora-Liberal en los debates de 1936, continuidad que sería suprimida posteriormente en la historiografía Liberal: Anhelo que el parlamento liberal expida esta ley (la 200 de 1936, MP) en cuyo estudio intervinieron, desde 1933, juristas conservadores tan distinguidos como los doctores Esteban Jara mill o, Rafael Esca)]ón, Enrique Casas, Guillermo Amaya Ramírez; que responde a postulados nacionales de justicia, que comenzaron a interesar el gobiemo desde la Administración del Presidente Abadía Méndez, quien supo considerarlos con levantado criterio social, que yo recuerde por su Ministro de Industrias, doctor José Antonio Montalvo, cuyo pensamiento quedó fijado en la notable resolución sobre ellaLifundio de Burila, y por su Ministro de Gobierno, doctor Alejandro Cabal Pombo, quien dictó, para favorecer a los colonos y campesinos, el justiciero decreto 992 de 1930 ( ... ) (Martínez, 1939, pp.126-7).

Inspirada en la doctrina moderada de la OIT, la legislación laboral tuvo un desan'ollo modesto pero sostenido en la década de 1920. En la mayoría de ferrocarriles, por ejemplo, la propiedad de éstos era departamental o nacional, de suerte que los políLicos se convirtieron en interlocutores e intermediarios de los trabajadores y en el proceso hubo importantes desarrollos institucionales de las relaciones laborales. Las principales leyes, que extenderían y ampliarían los Liberales, incluían despenalización del abandono de las obligaciones por parte del trabajador, siempre que fuese pacífica; el reconocimiento tácito al derecho de huelga, aunque los patronos podían contratar esquiroles (1919); el derecho de huelga a excepción de los servicios públicos y previa conciliación (1921); el seguro colectivo obligatorio para los empleados y obreros (1921); una ley laboral especial para empleados públicos (1923); el establecimiento de reglamentos de trabajo e higiene en los talleres, fábricas y empresas, y de un sistema de inspectores para asegurar su cumplimiento (1925); la asistencia social en los lugares de trabajo (1924 y 1925); el descanso dominical (1926), y la coberturas de accidentes de trabajo



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(1927). En esa década se dieron los primeros pasos para establecer instituciones encargadas de atender los conflictos laborales y, desde su fundación en 1923, la OCT intervino en los frentes urbano y rural (Ministerio de Industrias, 1928). Aunque en 1929 el régimen pagaba caro la feroz represión militar al movimiento huelguístico de la zona bananera de Santa Marta de diciembre del año anterior, no había consenso en las clases dirigentes sobre cómo establecer una línea que demarcara "la cuestión social" y el "orden público". En agosto de 1929 apareció el Boletín de la Oficina General del Trabajo que, en el siguiente número, cambió la voz "general" por "nacional". La Oficina conservó el nombre y de ese año en adelante se la cita como OCT. El boletín representaba una corriente modernizadora que subrayaba la necesidad de que el Estado colombiano se pusiera en línea con los mandatos y recomendaciones internacionales; es una fuente indispensable para seguir el conflicto agrario de Cundinamarca y el Tolima. En el primer párrafo proclamó la superiOlidad de la ciencia para entender la "organización del trabajo" yen una sola frase soltó las expresiones "trabajos de sociología", "investigaciones científicas" y "la estadística". Declaró que seguía el modelo de comunicación "de la OlT con su revista, su boletín mensual. el informe anual. numerosos documentos y estudios de los más connotados sociólogos del mundo" (Boletín de la Oficina General de Trabajo, n° 1, agosto de 1929, p. 1). Ni por un instante imaginaron los editores que, del primer número de 1929 al 81 de 1942, fijarían el sentido institucionalista del discurso oficial en el campo de las relaciones de trabajo. Tampoco les debió pasar por la cabeza que aquel agosto empezaba el último año de casi medio siglo de regímenes Conservadores.

LA HIPÓTESIS DE LOS "DOS CONFLICTOS"

Desde los inicios de la OCT sus abogados clasificaron los conflictos agrarios en dos categOlias: primera, ru:mdo los tr

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EL ESTADO LillERAL INTERVENCIONISTA

sino en sus personas, hasta el punto de llevarlos al encarcelamiento y aún a la muerte (Anales de la Cámara de Representantes, 11 de noviembre de 1932, p. 766).

Este era el caso de la Provincia del Sumapaz (excepto Fusagasugá), en donde se presentaban con más frecuencia querellas de titulación de baldíos: las justas peticiones de los colonos, son tachadas de comunismo, cuando en realidad, los campesinos no entienden del coco del comunismo, sino por el contrario, son gentes buenas y trabajadoras, amantes de la Patria, como pudimos observarlo por la gira por esas regiones. Con gran entusiasmo los colonos contribuyeron para los bazares que en bien de la Patria se efectuaron en distintos municipios. El verdadero comunismo lo está fomentando es el señor Gobernador de Cundinamarca, con la persecución de ordena contra los colonos, verdaderos productores de riqueza (Anales de la Cámara de Representantes, 11 de noviembre de 1932, p. 767).

Hay que mencionar de pasada que estos bazares patrióticos hacían parte de la formidable movilización de Olaya en "la guerra con el Perú", a la que se opusieron, y hubieron de pagar caro por ello, los Comunistas colombianos y peruanos. El interés del régimen Conservador no se limitaba a la legislación de baldíos. La nación sería católica en la medida en que se conservase campesina. De allí el interés en resolver el problema agrario que amenazaba con romper equilibrios antiguos y la presteza en buscar soluciones tradicionales, borbónicas si se quiere, particularmente en las colonizaciones dirigidas. La segunda categoría de conflictos de la OGT se presentaba en "haciendas sin problema de titulación jurídica", y se debía al "doble carácter de la relación contractual". El trabajador era simultáneamente arrendatario de predio rústico (conforme a la legislación civil estaba expuesto a la evicción) y mantenía una obligación laboral de hecho, puesto que los hacendados no se interesaban en "obtener renta en dinero por arriendo de parcelas, sino disponer de brazos necesarios para beneficio de la hacienda" (Boletín, junio de 1930, p. 414). Esta "doble relación contractual", junto con la disciplina laboral en la plantación, fue impugnada con más frecuencia en las haciendas cafeteras del Tequendama. Como el boletín de la OGT daba buena cuenta de la preeminencia de la economía agraria y cafetera y del atraso industrial del país, el tema central de los primeros números fue la búsqueda de "una solución adecuada a las diferencias surgidas entre trabajadores y patronos en las haciendas de Cundinamarca" (Boletín, junio de 1930, p. 2). En ese quehacer se plantea un nuevo discurso estatal frente a la cuestión campesina bajo estas líneas: a) alcanzar la igualdad civil en un doble ámbito: las relaciones de los campesinos con las haciendas y con el Estado, y muy especialmente con las autoridades


EL ESTADO LlBERAL INTERVENCTONISTA

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municipales; b) los derechos de propiedad privada tendrian por límite "la función social", de suerte que el propietario egoísta podía caer fácilmente en la situación de "abuso del derecho", y c) el rechazo a la agitación comunista. Veamos.

MENSAJE A LOS HACENDADOS CAFETEROS: "NADIE VIAJA LEJOS EN EL CARRO DEL ABUELO"

El primer número del boletín reprodujo una circular de tono deferente, algo quejumbroso, enviada en enero de 1929 por la OGT "a los principales cultivadores de café en Cundinamarca" en relación con "el problema del trabajo entre los cafeteros". Observaba la circular que las "reclamaciones de los labriegos", atendidas por la OGT desde que había empezado a operar, habían sido recibidas "con indiferencia" por parte de los patrones que juzgaron "el movimiento" como un mero resultado de "la labor de propaganda que muchos individuos, a título de socialismo y reivindicación de los derechos del trabajador; llevaba a cabo con miras nada desinteresadas" (pp. 3-4). Ahora, el editor se congratulaba puesto que la indiferencia patronal cedía y los grandes propietarios empezaban a estudiar seriamente el asunto. En este punto la OGT puso sobre el tapete sus puntos de vista y estableció que el fondo "del problema social" era el sistema de arrendatarios o estancieros de las haciendas: El sistema generalmente establecido en Cundinamarca es el de aprovechar los brazos de los arrendatarios. El dueño de la finca aITÍenda una parcela de mayor o menor extensión a un trabajador y éste paga el arrendamiento en trabajo; la diferencia de precio que resulta a favor del patrón se paga en dinero; la que resulta a favor del obrero, en alimentación o en dinero . Los arrendatarios constituyen el núcleo de los trabajadores, pero alrededor de ellos también hay un número apreciable de peones voluntarios que contratan sus servicios en dinero.

Añadía la mencionada circular que este problema de base había empeorado por la emigración del pueblo rural hacia las ciudades en busca de trabajo (construcciones, fábricas, etc.) , o hacia las obras públicas, ha hecho disminuir sensiblemente el número de arrendatarios y de voluntarios dedicados a las faenas agrícolas, al paso que ésta se en sanchan (pp. 4-5).

Luego de mencionar, de pasada, las horribles condiciones laborales y de alimentación, vivienda e higiene en las haciendas, el comunicado entra en materia política y alude a la causa económica de fondo:


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Los movimientos comunistas de Europa han inspirado a varios individuos de este país la invención de un socialismo sui generis, que ha venido a convertirse en un franco sistema de explotación de los incautos obreros en beneficio de elementos que han comprendido el negocio. Este es el origen de la famosa propaganda bolcheviqui (sic) y comunista que la ingenuidad del pueblo ha convertido en un problema de verdadera gravedad: porque las doctrinas de los Jefes han ido infiltrándose poco a poco hasta convencer al pueblo de algunas de las ideas disolventes que predica el socialismo. Dada la escasez de brazos, las estancias -relativamente grandes- de los arrendatarios han venido a hacer una verdadera competencia a las haciendas. Tal competencia llega al extremo de que en casos de quedar la estancia gravada con exiguo arrendamiento y a veces prácticamente sin ninguno, el arrendatario se resiste a ir a trabajar a la hacienda al precio común de la región" (p. 5).

La OGT puntualizó la circular, "al estudiar los negocios particulares que dentro de este movimiento ya generalizado se le presentan, ha hablado con absoluta sinceridad". En pocas palabras, toma la iniciativa y propone soluciones. El primer paso sería "acabar definitivamente con ese sistema de contratos que, por una parte, son de arrendamiento de predio rústico y, por otro, de arrendamiento de servicios". Propuso que las haciendas se organizaran en una de estas formas: a) aparcería; b) trabajo asalariado; c) arrendamiento de predio, o d) ventas de las fincas entre los obreros. Aunque reconoció la urgencia de alejar el "peligro de revuelta", subrayó que la solución no era policiva y sugirió resolver el problema de la demanda laboral en las obras públicas contratando "brazos extranjeros" y aumentando el pie de fuerza del ejército, en lugar de sacar trabajadores de los campos (p. 8-11). Los hacendados hicieron caso omiso y los conflictos no remitieron. De 1925 a 1933 se registraron en la OGT 49 peticiones de siembras de café en las estancias de las haciendas. De estas, 21 correspondían a los municipios limítrofes de San Antonio, El Colegio y Viotá (Boletín, n° 33-35, septiembre 1933, pp. 1318-9). El pico de las movilizaciones llegó en los años 1932 y 1933. Con base en la información oficial sobre todo tipo de conflictos agrarios, se sabe que estos estuvieron confinados en 12 municipios del país y afectaron 59 haciendas, de las cuales 36 estaban localizadas en el Tequendama y El Sumapaz. La OGT medió en 53 conflictos y, quizás lo más importante, 41 de las 59 haciendas afectadas se parcelaron amigablemente (Palacios, 1981, pp. 64-5; Sánchez, 1977, pp. 41-50). De estos datos se colige que hubo 9 conflictos en promedio anual y que las agitaciones estuvieron fuertemente concentradas en 36 de las 160 haciendas cundinamarquesas. Puede suponerse, por supuesto, que muchas peticiones no se registraron porque las ligas campesinas preferían la negociación directa al arbitraje gubernamental. Pero en este caso debe señalarse que los conflictos "no registrados" se presentaron generalmente en aquellas hacien-



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das que en algún momento registraron peticiones; este fue el caso de las más conflictivas de Viotá, especialmente de 1930 a 1933. Sin embargo, dada la naturaleza de las fuentes, e~ posible que la intensidad de la agitación se haya subestimado, aunque no al grado de aceptar el testimonio del dirigente Comunista Víctor Julio Merchán (1975) quien afirmó que se liquidaron 70 latifundios o haciendas grandes y regulares, con una cabida de unas 300.000 fanegas y unas 70.000 familias campesinas (Merchán, 1975, pp.115-6). Los datos disponibles nos harían dividir por dos el número de haciendas afectadas y por 30 el de familias beneficiadas. Parece, pues, que se ha exagerado la magnitud y cobertura geográfica de las agitaciones de arrendatarios s. Aunque no hay cifras confiables, la agitación en las zonas de baldíos fue más continua y, por su dispersión, más soterrada que la de las zonas de hacienda cafetera. En 1930, bajo el nuevo gobierno de la Concentración Nacional, la OGT dio cuenta de sus arbitrajes en ocho conflictos de grandes haciendas de café, cuatro de Viotá, dos de Fusagasugá y dos de El Colegio. El nuevo Ministro de Industrias, Francisco José Chaux, quien duraría el cuatrienio y habría de convertirse en personaje central de la transformación legal, criticó las normas que facilitaban la evicción de aITendatarios (Boletín Nacional del Trabajo, n° 7, junio de 1930, pp. 419-33). Volvió a la carga en una "circular a los Gobernadores, Intendentes, Comisarios, Alcaldes, Agrónomos y Veterinarios". El campesino, subrayó, se hallaba en medio de dos fuerzas, las autoridades que lo requieren con energía inmisericorde y con sanciones muchas veces arbitrarias ( ... ) en los municipios hasta se llega a creer que el funcionario pierde en su dignidad o en su importancia si se mantiene en actitud sencilla o y si es accesible al trato común y corriente con las gentes humildes, " y, "los agentes de la propaganda política y social ( ... ) que desvían el criterio de las gentes sencillas con la enseñanza de derechos democráticos con prescindencia absoluta de la enseñanza de los deberes sociales correlativos (Boletíll, n' 33-35, julio a septiembre 1933, pp. 1277-9).

Si en 1929 el problema había sido de "escasez de hrazos" en la zona cafetera, al parecer la crisis del capitalismo mundial generó desempleo masivo en las obras públicas y cambió el signo. Algunos testimonios y alguna literatura insisten en que los desempleados de las ciudades regresaron a los campos. Los campesinos que, en el auge de los años veinte, habían emigrado en búsqueda de trabajo bien remunerado, volvían desilusionados pero quizás 'Las haciendas Florencia . Buenavista. Calandaima. Liberia. Ja\a y Ceilán en Violá v El Chocho en FusagaslIgá. Desde éstas las agilaciones podían in'adiar de Vialá a El Colegio o La Mesa y de FusagaslIgá a Tibacuy e inclusive al Sumapaz lolimensL'.


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con nuevas actitudes políticas. Esta forma de politización, plausible, aún está por investigarse. Lo cierto es que para la OGT se había desplazado el eje del conflicto de las haciendas cafeteras de Cundinamarca, convirtiéndose en un movimiento por el libre cultivo de café en las estancias de los arrendatarios.

"EL INDIO NO SE RESIGNA YA A LA FELICIDAD DEL ANIMAL DOMÉSTICO" El Boletín de la Oficina General del Trabajo n° 33-35 (tercer trimestre de 1933) recogió el antagonismo de los grandes propietarios y el Gobierno Nacional, que pareció encontrar una solución en la parcelación de El Chocho. Publicó un cruce de cartas del Ministro de Industrias, el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y añadió una selección de "comentarios favorables o adversos de la prensa de esta capital". La polémica, civil pero áspera, giró en torno a las potestades del Estado, representante del bien común, frente a los derechos individuales de propiedad de la tierra. De entrada, el Ministro Chaux criticó "la prohibición, severamente mantenida por los dueños, de que en las estancias arrendadas se siembre café que pertenezca a los arrendatarios" (p. 1281). Pidió a los propietarios despojarse de prejuicios y conceptos tradicionales "hoy insostenibles" y que considerasen, fríamente, que la siembra de café de los arrendatarios no desquiciaba el dominio sobre la tierra sino que, por el contrario, aumentaba la riqueza nacional; que el pequeño propietario de algo tangible y permanente, como un cafetal. era "un individuo que entiende mucho mejor los derechos de los demás propietarios, un hombre más fácilmente educable para inculcarle las nociones precisas de sus deberes sociales" (p. 1283). Al respecto citó "la solidaridad que existe entre los grandes y pequeños cultivadores" de Caldas, donde "la propiedad está muy dividida y esparcida entre campesinos". En suma, Chaux dijo que debía propagarse la "solidaridad industrial" en Cundinamarca, puesto que entre más obstáculos se pongan al arrendatario menos se adelantará en los sistemas de cultivo intensivo y además las tierras, en particular las de más de cien hectáreas, perderán valor (pp. 1284-1285). La prensa citada en el boletín terció moderadamente. En general se aceptaba la idea de distribuir la propiedad, mejorar las relaciones laborales e impedir el avance del "odio de clases". Una nota de la revista Cromos no dudó en asumir la defensa de los terratenientes y puso en ridículo las caricaturas que solían hacerse de estos: Según idea muy difundida, los cafeteros de Cundinamarca forman casta de señores privilegiados, dueños de enormes fortunas, de costumbres bárbaras, señores feudales que atemorizan a los vasallos con el látigo y a las autoridades con su


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desprecio, algo así como esos nobles ingleses del siglo pasado cuyos días pasaban en la caza del zorro y las noches en festines que avergonzarían a Rabelais . Los señores cafeteros en sus nueve décimas partes son hombres pobres, que tienen necesidad de vivir en los cafetales en pésimas condiciones y después de haber trabajado por espacio de muchos años no lograron hacer una fortuna. Despiertos desde la hora que canta el gallo hasta la noche, sobre una mula muy de mañana suben, bajan, luchan contra la sequía, contra el rastrojo que al menor descuido invade la plantación, escasos siempre de dinero , venden por adelantado la cosecha y apegados a la tierra pasan sus días sobre ella. Hay necesidad de dar mayor ilustración a los campesinos, de corregir ciertas deficiencias, de pagar a buen precio el trabajo del jornalero, de civilizar, pero esta obra de largos años no podrá hacerse bajo el signo de Rusia como aspiran muchos individuos (p. 1290).

Si el Comité Nacional de Cafeteros consideró la propuestas del Ministro "desastrosas para la economía general como para la solución del problema social", El Espectador acusó "la actitud agria y señera del Comité Nacional de Cafeteros al lanzarse lanza en ristre contra las razonables sugestiones del señor Ministro" y añadió que semejante actitud no tenía piso, pues el funcionario sólo proponía difundir la propiedad sin que eso implicara expropiaciones sin indemnización o desmembración arbitraria de latifundios (pp. 12911292). El Comité de Cafeteros de Cundinamarca dio una respuesta más precisa a la carta del Ministro aunque esgrimió un dato erróneo, desvirtuado por el Censo Cafetero de 1932 que, los firmantes no podían ignorar: En Cundinamarca y el Tolima, en donde la mayoría del volumen de la industIia proviene de haciendas grandes, existe el sistema de arrendatarios pal-a asegurar brazos suficientes a las necesidades de ella lo mismo a que la producción de víveres indispensables a los numerosos trabajadores que requiere. ( ... ) No existe negocio de an-endar parcelas de las propiedades sino que los dueños de las hacien das destinan parte de ellas a familias de trabajadores, para que estos las exploten en su propio beneficio, a cambio de contar con ese personal fijo para atender a las labores de la hacienda (p . 1295).

Cuando permitían la libre siembra, añadieron, los propietarios se enconU-aban en un callejón sin salida: los arrendatarios o no vendían las mejoras o no compraban las estancias. Al mismo tiempo, muchos arrendatarios no pagaban el canon, "habiendo llegado el caso de impedir las labores de trabajadores voluntarios venidos de fuera" (pp. 1295-1296). Señalaron que, para colmo de males, la OGT había sido mal árbitro en los recientes conflictos de Viotá, amén de que no convenía a los hacendados llamar a los jueces para adelantar lanzamientos, "previo avalúo y pago de mejoras", porque podía desencadenarse la violencia, instigada por "organizaciones subversivas que


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son las que (los campesinos) acatan y las que ordenan que no se respeten las disposiciones de las autoridades legítimamente constituidas". El Comité Cafetero concluyó que una vez el arrendatario "siembra su estancia de café, se convierte, por arte de los profesionales azuzadores, en enemigo y elemento absolutamente perjudicial para la pacífica posesión, dominio y explotación" de las haciendas (pp. 1295-1296). Sostuvo que el pequeño propietario adolecía de graves deficiencias en el beneficio del café en pulpa, por lo que habría que construir "centrales de beneficio". Por lo demás, si el estanciero cultivaba café no estaría disponible para la cosecha del cafetal de la hacienda; por el contrario, si sembraba otros productos su parcela derivaría "abundante subsistencia". En suma, la caficultura de Cundinamarca y el Tolima requería prescindir de fórmulas impracticables y "acabar con el medio de azuzadores profesionales, que viven de los problemas que ellos mismos crean entre los dueños de las haciendas y sus trabajadores" (pp. 1298-1999). El Sindicato de Propietarios abundó en los mismos argumentos, añadiendo que los pequeños cultivadores no estaban en condiciones de sostener la calidad, indispensable para mantener el buen nombre internacional del café colombiano y apuntó al aspecto político: ...1 No ignora S. S. que la Liga campesina del Tequendama, afiliada al Comité Nacional del Partido Comunista, ha ordenado recientemente, como medida de lucha y agresión contra los patrones y el derecho de propiedad que sus afiliados, que lo son la mayoría de los trabajadores de los cafetales, procedan a sembrar café en sus parcelas, con violación del contrato celebrado con el dueño, lo cual habrá de producir nuevos y numerosos conflictos; yen momentos en que esto sucede se da a la publicidad el importante concepto de S. S., el que imperfectamente comprendido por los trabajadores y hábilmente explotado por sus azuzadores, traerá, como es evidente, serias complicaciones que habrían podido evitarse si los aspe<.:tos que trata S. S. en la atenta nota que contestamos, se hubieran reservado para ser discutidos con amplio y cuidadoso espíritu en la Comisión de asuntos sociales recientemente creada por el gobiemo nacional, de la cual hace parte S. S. Sucede que hasta las simples notas del ministerio en que se a<.:usa recibo a los trabajadores de sus memoriales, han sido explotadas en diversas ocasiones, por los leguleyos y comunistas para hacer creer a los trabajadores que el gobierno les otorgará la propiedad de las haciendas y que obligará a los propietarios a retirarse de sus fincas. ( ... ) El partido comunista, que ha visto que las restantes causas de conflictos van desapareciendo porque los trabajadores mismos se convencen de su sinrazón, y porque los propietarios acceden a lo que tiene un prin<.:ipio siquiera de justicia, ha optado por ordenar a sus afiliados la siembra de café en las parcelas o la presentación de quejas por falta de licencia para esas siembras, para crear nuevos y fuertes conflictos que servirán los fines que se partido persigue (pp. 1301-1303).



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El 16 de junio de 1933 Chaux envió una larga réplica al Sindicato y al Comité de Cafeteros que, en muchos sentidos, ilustra la posición de un abogado progresista, bien entrenado y con olfato político. Con un dejo de ironía explicó por qué no era posible debatir a puerta celTada asuntos sociales de interés público: no se podía hacer el avestruz, entre otras cosas porque "nada intranquiliza más a las diversas clases sociales que la ignorancia de sus derechos y deberes o la duda sobre la manera como la autoridad los califica y estima". Fue a fondo y anticipó los argumentos sobre la función social de la propiedad de la reforma constitucional de 1936 y la Ley 200 del mismo año: la propiedad es una ficción legal para amparar la posesión efectiva, es decir, el trabajo humano, para dar seguridad en la labor que se realiza; pero ese derecho sería insostenible en teoría, y en los tiempos actuales lo es en la práctica, como medio para excluir del aprovechamiento social determinada porción de la tierra utilizable. ( ... ) Lo que beneficia a la sociedad no es el dominio como derecho sino el trabajo como hecho. ( ... ) El reconocimiento del derecho de propiedad no impide de ninguna manera la reglamentación social del uso de la propiedad, o sea, del ejercicio del dominio; la propiedad la garantiza la ley para el. trabajo, no para el desperdicio, ni para el despilfarro, ni para el abandono. ( ... ) La prohibición de la siembra de café entre las cláusulas del arrendamiento de la parcela, participa del desaprovechamiento de la lieITa y del de!:>aprovechamiento de la capacidad humana (del arrendatario) para el trabajo y ocasiona una disminución innecesaria de la riqueza nacional. Este doble desaprovechamiento según ustedes es necesario para el mejor aprovechamiento de la riqueza de los grandes cafetales; según el oficio 953, es innecesario para ello, y aunque fomentara esa riqueza seria insostenible por cuanto implica la capitis deminutio económica de los unos (los indios) a favor de los otros. ( ... ) Ustedes definen el bienestar de esos indios en una forma que ellos antes aceptaban y con la cual se sentían felices: una felicidad de animal doméstico sin hambre, sin nociones de higiene, sin necesidades sociales que satisfacer ( ... ) Pero el indio de hoy no es ya el sujeto de entonces. Con móviles generosos o en busca de rebaño humano que explotar, voceros bien intencionados u vocel u~ bellaco!:> de las duclrinas igualiLaristas recorrieron los campos y en1>eñaron las nociones ell'mt:nla\cs de la democracia. El hecho cumplido es que el indio nu se resigna ya a la felicidad del animal doméstico y plantea ante la sociedad) ante el gobierno los factores de su propio problema económico, protestando de ser considerado nada más que como factor, él mismo, del problema económico aieno, es decir, el dueño del cafetal (pp. 1322-1328).

El Ministro puso de cabeza el argumento de los propietarios, según el cual las agitaciones y los agitadores eran la causa del problema. Los agitadores, replicó, "son moscas que revolotean en tomo de los tumores sociales. Nuestro error consiste en espantar las moscas sin curar el tumor". Les recor-


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dó que "nadie viaja lejos en el carro del abuelo": la época actual no está para el crudo individualismo de los laboriosos antepasados porque si se defienden los intereses propios con ese criterio, en otro sitio está agrupado al mismo tiempo otro gremio, el de los trabajadores, que, a su vez, pretenden, siguiendo naturalmente el error de que nosotros les damos ejemplo, que los intereses de la industria son los suyos solamente (pp. 13281329).

SOBRE "LAS CAUSAS DEL CONFLICTO"

La línea institucionalista de Chaux fue avalada en informes oficiales como los del abogado Liberal Carlos Lleras Restrepo en su condición de secretario de gobierno de Cundinamarca. Lleras tuvo la iniciativa de la Ordenanza 33 de 1933 sobre parcelación de haciendas y regulación de los pactos labores de éstas (Gaceta de Cundinamarca, GC., 1933, pp. 1093-4), Y estuvo entre los que insistían en considerar las agitaciones campesinas primero que todo como un "problema social" originado en las "condiciones en extremo penosas" de los trabajadores rurales de las zonas cafeteras, antes que un asunto de "orden público". Añadió que también dichas agitaciones "han surgido últimamente en las regiones frías" (Lleras, 1934, p. 28). En municipios como Viotá, apuntó Lleras, los trabajadores viven en "estado permanente de beligerancia"; en las grandes haciendas no pagan el canon de arrendamiento, incumplen las obligaciones y están afiliándose al pcc (Lleras, 1934, p. 14). Como la mayoría de observadores contemporáneos, el joven funcionario no percibió que los pactos celebrados en tiempos de inOación eran explosivos en tiempos deOacionarios. A este respecto, la respuesta del pcc fue más rápida que la de otros grupos: plantear la "huelga de obligación" y la "huelga de pago de arrendamiento", de modo que al fin consiguió atraer a los arrendatarios, el grupo social estratégico de las haciendas de Viotá. A fin de cuentas, en medio de la pobreza rural, estos grupos intermedios podían darse el lujo de reivindicar derechos políticos y constitucionales. Los "tumores sociales" fueron claramente detectados en el citado diagnóstico de Lleras Restrepo, quien propuso cinco causas de los con metas: a. Las "crecidas sumas" que los arrendatarios adeudan por concepto de cánones atrasados: "sería imposible pagarlos y arreglar pacíficamente". b. Mora de los propietarios en el pago de mejoras. c. Modalidades injustas del arrendamiento. d. Abusos de las haciendas en aspectos tales como bajos salarios por tarea; grandes distancias del cafetal a la planta de beneficio; "comisariatos" de víveres; reglas inadecuadas para el acceso a leña y madera (tala) y para el cercamiento de estancias campesinas.



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e.

El libre cultivo de café en las estancias, que era "el problema más difícil de arreglar" (pp. 8-12). Por su parte Claridad había denunciado dos años atrás el sistema de multas y penas económicas que imponía El Chocho a los cultivadores. En una especie de consolidado el periódico denunció que se habían impuesto multas a 78 arrendatarios por $142,60; que no se habían pagado 59 jornales y que se habían decomisado un caballo y 403 cargas de carbón. Por otra parte, se había ordenado destruir tres mil matas de café (Claridad, n° 109, 20 agosto de 1932, p. 3). Enunciadas las causas, pasó Lleras a describir la situación de los estratos campesinos de El Chocho: de 950 arrendatarios, 100 estaban ubicados en la tierra fría de Subia y Noruega, y 850 en tierra templada que ocupaban unas 5.500 hectáreas en "mejoras de café y potreros y producían anualmente 20.000 sacos de café, panela de excelente calidad y otros productos". De acuerdo con sus datos, el tamaño promedio de las estancias en la zona cafetera de El Chocho era de unas 6.5 hectáreas y la producción promedio de cada estancia de unos 23 sacos de café pergamino. Conforme a las condiciones de los cafetales de la zona, puede calcularse que esta producción requería unos 6.000 cafetos productivos por estancIa que, en época de cosecha, exigía el empleo de fuerza de trabajo extra familiar. Al respecto, el informe señaló que "los arrendatarios de la región baja" empleaban jornaleros voluntarios cuyo número llegaba a dos mil. Por entonces, la Federación de An-endatarios de El Chocho denunciaba la invalidez de los títulos de propiedad que exhibían los Caballero. La Federación, que planteó su lucha en términos de un crudo legalismo, aceptó, sin embargo, un sesudo concepto jurídico del jefe del Departamento de Baldíos, Guillermo Amaya Ramírez, del 29 de septiembre de 1933, publicado en el boletín de la OGT (Ministerio de Industlias, Boletín, n° 36-38, octubre-diciembre de 1933, pp. 1549-1631). Pero no cesaron las presiones de revisión de títulos, y los periódicos de Jorge Eliécer Gaitán y Erasmo Valencia agitaban consignas como "dos tercios de las tierras de El Chocho son bienes baldíos"6. El problema venía de atrás. En 1q28 r/nrir/nd informó sobre el arribo a Fusagasugá de una marcha de 200 cultivadores que se dirigían a Bogotá "en representación de todos los cultivadores" del "feudo El Chocho" contra el despojo, las evicciones, la prohibición de vender café y los cepos; marcha que, según el periódico, recibió apoyo de las autoridades locales 7 . Seis años después, en un esfuerzo por ilustrar a sus lectores con "un vivo retrato de feudalismo en Colombia", el primer número del periódico de UNIR transcribió un 6 Ver Unirismo, nO 8, 2 de agosto de J 934, p. 11; nO 13, 6 de septiembre 1934, p. 1; Claridad, n° 114, 12 de junio de 1933, pp. I Y 3. 7 Claridad, n° 51, 24 de abril de 1928, "La tragedia de El Chocho contra Carlos y José M. Caballero" p. J; n° 52, 4 de mayo de 1928; "Nuevos cargos de los alTendatarios de la hacienda El Chocho contra Carlos y José Manuel Caballero", p. 1.


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contrato de arrendamiento "a título personal" entre el señor Campo Elías Infante y la hacienda La Aguadita y Usatama de Fusagasugá, perteneciente a la encumbrada familia Conservadora de los Uribe Holguín (Unirismo, n° 1, 14 de junio de 1934, p. 1). En una línea similar a la de Lleras, en un extenso informe oficial de 1937 Abelardo Forero Benavides analizó las razones y describió los mecanismos de los conflictos. Afirmó que a partir de 1927 los campesinos habían empezado a rebelarse abierta y masivamente contra las "condiciones feudales" imperantes en las haciendas: El labriego -apuntó Forero- vivió sin ningún contacto con la civilización. En calidad de arrendatario entró a las haciendas establecidas" y recibió un jornal, una estancia que paga en trabajo, un área transitoria de limpia de monte o de potreros. Estas son sus condiciones de productor. Su relación con el Estado también era de opresión. El gobierno representaba para un arrendatario: (a) el alcalde que lo mete a la cárcel por violar una disposición que ignoraba; (b) la autoridad que lo lleva a la cárcel por fabricar aguardiente, o por beber aguardiente de contrabando; (c) el que cobra peajes y pontazgos y (d) "la autoridad que se apresura a lanzarlo de su estancia tan pronto como se lo pide el terrateniente (Forero, 1937, pp. 58).

Sería interesante investigar el contraste de concepciones de estos funcionarios del gobierno de Cundinamarca, y los de la OGT, con los del Tolima. Mientras los primeros aspiraban a trasformar la situación social de los campesinos en conformidad con "los principios del derecho social moderno" y encuadrarlos políticamente, los tolimenses confiaron más en la represión tradicional. Todavía en 1946, una publicación oficial denunciaba que el progreso de los poblados de El Limón, en el municipio de Chaparral, "ha estado detenido por las semillas de disolución que allí sembró la propaganda comunista" (Lozano, 1946, p. 339). La represión, insisto, estaba bien instalada en los municipios de Cundinamarca. Un informe oficial de un inspector de la OGT (1935), quien luego se destacaría en las filas de la izquierda Liberal, destacó la participación de la policía coludida y enfilada contra los colonos en Fusagasugá, Pasca y San Bernardo. Si en Pasca la situación era delicada, en San Bernardo el equilibrio social estaba y está prácticamente roto. ( ... ) Transcribo algunas quejas: ( ... ) De Zenaida Cruz: 'A mi esposo Miguel Santos, la Guardia lo tiene huyendo desde hace cuatro meses, y ha prometido darle muerte en donde lo encuentre y entregarle su cabeza a don Antonio Torres Otero. Cuando la Guardia ha ido acompañada de peones de Torres Otero, me ha ofendido en forma inmisericorde en mi propia casa, han entrado de día y de noche a mi casa y me han sacado de allí dos peinillas (mache-



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tes) y dos cuchillos. Se llevaron también un anteojo de larga vista. En una época que estuve enferma entrababan a mi casa sin permiso, abrían los baúles, los esculcaban, levantaban la paja de la casa (Informe rel1dido por Ramón Lozano Garcés, 1935, pp. 1044-45).

De septiembre de 1935 a diciembre de 1937, los alcaldes de Viotá reportaron 32 incidentes de "comisiones de policía" y evicción de arrendatarios de grandes haciendas, con los consiguientes disturbios del orden público. Aparte de los lanzamientos, en los que con frecuencia se presentan acciones de solidaridad de otros arrendatarios, el archivo da cuenta del enfrentamiento y el encarcelamiento de campesinos, la persecución a la tala de bosques, a las reuniones de las ligas en las haciendas y al tránsito clandestino por los caminos privados de las mismas 8 . En las localidades y en estas situaciones parecen estar los límites reales del "sentido del orden" del Estado liberal en su variedad intervencionista.

B Cartas y Telegramas del alcalde de Viotá al gobernador de Cundinamarca, 1919-1929 y 1934-1937 (en posesión del Sr. Benigno Galindo), AMV.


CAPÍTULO VI

POLITIZACIÓN y CAMPESINOS

LA DISPUTA POR LOS CAMPESINOS INCONFORMES

Divisivo por naturaleza, el problema campesino tiene larga historia en Colombia. La titulación de la propiedad y la reforma de la tenencia de la tierra con preferencia al pequeño cultivador familiar han sido banderas de las corrientes izquierdistas del Liberalismo colombiano. Aunque el tema no figuró en la lista de propuestas "socialistas" del Partido Liberal de los años veinte, fue ostensible la tendencia campesinista de amplios sectores. Era, quizás, una reacción a los desafíos de los Conservadores que, desde el Gobierno, el Congreso y los tribunales, intervenían en favor de colonos y estancieros. Para algunos, sin embargo, el adversario, acaso el enemigo, estaba en otro lado: en los Socialistas y los Comunistas que penetraban en haciendas y ganaban simpatías campesinas en algunos municipios cafeteros en Cundinamarca y Tolima. Los amigos del latifundio actuaron más bien agazapados de suerte que los principales debates públicos se dieron entre campesinistas de diferente estirpe ideológica. Conviene aclarar que la historiografía política del período, independientemente de su calidad, presenta altos niveles de subjetividad militante y, en algunos casos, es rayana en la hagiografía. Aunque las investigaciones de los académicos extranjeros parecen librar algo mejor esta situación, apareció recientemente una historiografía revisionista que plantea y sitúa los problemas más allá de la banalidad roji.lzul y de los clichés progreso/reacción, tradición/modernidad l. Al tiempo que los campesinos rebeldes del Tequendama luchaban por cambiar el régimen laboral de las haciendas de café y los del Sumapaz por titular parcelas en baldíos, sus intermediarios políticos libraron una de las luchas doctrinarias más intensas del siglo xx. La confrontación quiso zanjar la lucha que había quedado pendiente en la década de 1920 sobre la cooptación de los Socialistas. Ahora tos Comunistas, herederos de tos Socialistas intransigentes, se encontraron en las peores coyunturas imaginables. Fueron partido (Sección Colombiana de la Internacional Comunista, como se ufana1 Entre

estos se destacan, por ejemplo, Jos estudios de Renán Silva (2006; 2005; 2009). 139


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ban decirlo) en el momento del ascenso de Stalin que, según parece, fue simultáneamente el momento más anticampesinista y el más sectario de la historia soviética (1929-1933). Con el sello de la IC extremaron el lenguaje contra los "putchistas". Purgados estos, la emprendieron contra los Liberales de todos los matices y contra los kulaks 2. Aunque en 1934 empezaron a recoger velas, los Liberales les habían aceptado el desafío y ofrecían lenguajes de cambio social más sutiles y efectivos, y parecían dispuestos a adoptar soluciones prácticas y versátiles contra el latifundio. Una vez que los Comunistas proclamaron su internacionalismo, los Liberales, los Conservadores y la Iglesia pudieron estigmatizarlos a discreción: ateos, materialistas, exóticos y extraños a la tradición cultural colombiana (Jaramillo, 2007, pp. 257-275). Simultáneamente, hicieron el elogio de la propiedad campesina. En la opinión colombiana, o, si se quiere, en la reducida "esfera pública de la burguesía", el pcc aparecía fraguado en un crisol moscovita, en la periferia autocrática de la civilización europea. Considerada la impronta eurocéntrica de la cultura política colombiana, semejante percepción llamaba al estigma indeleble. Como reacción, los Comunistas anclaron en el sectarismo y el intercambio retórico que fue particularmente intenso con Jorge Eliécer Gaitán, su competidor más fuerte en las bases populares. El año 1935 fue como la divisoria de aguas de esta confrontación: a) los Comunistas dieron un viraje de 180 grados; de la política "clase contra clase" se movieron hacia las alianzas del Frente Popular; b) la agitación social cedió no sólo porque los efectos de la crisis mundial empezaron a remitir, sino porque las soluciones prácticas y la poderosa retórica del gobierno de la "revolución en marcha" incrementaron la capacidad de cooptación popular. Los Liberales lograron negociar en el Congreso iniciativas de cambio constitucional y legal para resolver el conflicto de los baldíos. Parceladas varias haciendas y desmontado el conflicto de Fusagasugá, se despreocuparon del tema de los arrendatarios que para ellos se limitaba a Viotá, municipio controlado por el pcc. Más importante, los Liberales ya no eran el pararrayos de la contrarrevolución preventiva fraguada por los Conservadores y la Iglesia; este papel lo transfirieron a los Comunistas que, habida cuenta de su debilidad en el frente electoral, resultaron marginados de la negociación de una ley agraria.

2 En este contexto cundinamarqués kulak, palabra rusa, se refiere al an'endatario que tiene la capacidad de emplear otros campesinos como jornaleros temporales o subarrendatarios permanentes en la explotación de la parcela o estancia que le entrega la hacienda. Genéricamente es el campesino acomodado. Estos campesinos fueron beneficiarios importantes cuando se parcelaron haciendas de café en Fusagasugá y Viotá. Los kulaks fueron considerados el enemigo principal en la colectivización de la agricultura soviética emprendida bajo la directriz de Stalin, (1929-1933).


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El presente capítulo no antepone la economía a la cultura o las "políticas de clase social" a las "políticas de identidad", conforme al giro posmodernista de la década de 1970. Aunque acentuamos las limitaciones del relativismo de "la política como cultura", no regresamos al pozo sin fondo del determinismo; a la narrativa de las teleologías liberales y marxistas. Sin ser economicista, este trabajo considera que la propiedad agraria -su distribución, cantidad, calidad, localización- es fundamento insoslayable de las relaciones sociales en el mundo rural y de las formas que adopte la acción individual y colectiva por su acceso o su defensa, máxime cuando aparece orientada políticamente y cohesionada por grupos y partidos políticos. Incluso, como dijimos, la propiedad campesina es una relación social compleja de la cual son piezas clave la posesión del predio y la representación racional y emocional de la patria chica. No sólo define la identidad de las familias sino la de los vecindarios; allí se anudan los lazos de los campesinos con las cabeceras municipales, las provincias y, eventualmente, con el Estado nacional, sus leyes, jueces y policías. No sobra decir que desde los distintos niveles territoriales del Estado, la clase política (y el clero) proponen los valores, principios ideológicos e instituciones que definen los nexos con los diferentes campesinados.

LA CLASE POLÍTICA Y EL CLICHÉ DEL FEUDALISMO EN COLOMBIA

El ingreso de políticos y abogados litigantes a las zonas de agitación obligó a capataces y mayordomos a redoblar la vigilancia y rastrear el movimiento de las personas dentro de las haciendas, restringir el tránsito por los caminos interiores, prohibir a los arrendatarios alojar gentes extrañas y a inducirlos a informar sobre "cualquier situación irregular". Estos abusos fueron denunciados en el Congreso como una prueba más del feudalismo~. Los libretos del cOllti/lllll111 reforma-revolución de los afios treinta sacaron buenos dividendos de aquella expresión de Marx según la cual "es demasiado cómodo ser 'liberal' a costa de la Edad Media" (Marx, 1931, p. 534). Por velada, la crítica pública de las haciendas de cafc se apoyaba en una especie de tradición ideológica liberal, "antifeudal", que compartían algunos sectores de las clases dirigentes colombianas. El "feudalismo" y sus "vestigios" sustanciaban el propósito de abolir instituciones cOlporativas y universalizar la propiedad privada. Ahora bien, si "feudal" o "selvidumbre" son categorías históricas, jurídicas, económicas o sociológicas de origen europeo, los políticos colombianos las transformaron en consignas y clichés de sus campañas electorales o de organización, agitación .v propaganda revolucio1 Ver entre otros: Allales de la edil/ara de Represell/all/es, 3 de nov'iembre de 1932, p. 701; 4 de noviembre de 1932, p. 711; 6 de nO\Íembre de 1935 y 11 de noviembre de 1937, p. 767.


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naria. En el fondo, sin embargo, se cuestionaba el tradicionalismo social y político del mundo rural, cosa nada trivial que, en lo posible, debemos ver con los ojos de los contemporáneos. Por feudalismo dichos políticos también entendieron la pobreza opresiva de las mayorías campesinas, aisladas y atomizadas, y el control político local de terratenientes y gamonales. Desde su punto de vista el feudalismo no se reducía a una "estructura" de relaciones agrarias, jurídicas y sociales (que, insistimos, no eran feudales) sino al entramado político e ideológico, a la superestructura del "modo de producción" colombiano. La disputa entre Liberales y Socialistas revolucionarios no versó tanto sobre el concepto de "feudalismo" como en tomo a la estrategia para superarlo. Los primeros, incluidos los gaitanistas, pensaban que, al igual que en la Revolución francesa, su abolición era un fin en sí: bastaría el cambio legal para transformar a los colonos y arrendatarios en propietarios y ciudadanos. Una especie de ley insondable de la historia exigía derrotar al Partido Conservador y reformar su "constitución autori taria de 1886", tan feudales como el latifundismo parasitario que se amparaba en la doctrina legal de la "posesión inscrita". Dispuestos a llevar al país al capitalismo moderno, los jefes de la "revolución Liberal" sostuvieron que por medio de la reforma constitucional y legal desaparecería la superestnlctura clerical-Conservadora que cerraba la representación política y el camino a la pequeña propiedad rural; que desnaturalizaba el papel social liberador de la educación, y que negaba los valores democráticos más fundamentales. Para ser exitosa, esta lucha debía alTaigarse en el voto popular, de suerte que la reforma electoral fue preocupación central de los gobiernos de Olaya y López. Era una ruta prometedora aunque plagada de peligros, si se considera que en los procesos electorales, y en especial los que marcaron cambios de régimen político (1930-31 y 194546), aumentaba en veredas y poblaciones la frecuencia e intensidad de la violencia política. Las referencias de los Comunistas venían de lecciones estereotipadas de la Revolución bolchevique y del compendio de Stalin, Fundamentos de Leninismo (1925), que se apresuraron a tallar en piedra. Marx hahía propuesto el concepto "revolución burguesa" para comprender la transición del feudalismo al capitalismo, cuyo paradigma era la Revolución francesa 4 . Lenin y la Tercera Internacional acuñaron el término "revolución democrático-burguesa" para designar las revoluciones de la nueva época histórica "del imperialismo y la revolución proletaria". En ésta el paradigma era la Revolución bolchevique de modo que el proletariado de los "países coloniales y semicoloniales" estaba llamado a encabezar las luchas de liberación nacional en

4 Una crítica sugestiva sobre la versión de Mat-x de la Revolución francesa y el carácter ambiguo que allí juegan Jos campesinos, se encuentra en McPhee (J 989, pp. 1265- J 280).


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alianza con la "burguesía nacional" y el campesinados. Esa revolución dirigida por los comunistas habría de ser "antifeudal y democrática" o "democrático burguesa". Realizada ésta, podría pasarse a la siguiente etapa: la revolución socialista. Sin embargo, como veremos adelante, en sus comienzos los Comunistas colombianos no tenían claro si en el país había o no una "burguesía nacional" y cómo unir o separar las dos etapas. El asunto se resolvelia en 1935 con la política del Frente Popular y la invención política del lopismo como representativa de una "burguesía nacional". Habría que investigar por qué ni el Partido Conservador ni la jerarquía católica apelaron con más fuerza y convicción a las encíclicas sociales que ofrecían una poderosa argumentación iusnaturalista frente al subjetivismo julidico de la propiedad individual. No hubo entonces una alternativa "social cristiana" en Colombia y, por lo pronto, quedó despejado el campo ideológico para una breve hegemonía que disputaron Liberales y Comunistas y que ganaron los primeros. Sin embargo, en el Partido Conservador aparecieron los pragmáticos y, aunque las argumentaciones doctrinarias de cuño católico quedaron a un lado, reducidas a un ámbito más universitario, estos apoyaron la reforma Liberal en cuanto limitaba el absolutismo del CC, y se movieron mejor desde el lado empresarial. Así tenemos la panacea del pequeño caficultor que ofrecía la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, bajo la gerencia de Mariano Ospina Pérez quien, junto con otro destacado Conservador, el mencionado García Cadena, gerente del BAH, propusieron la parcelación voluntaria de las haciendas y la difusión del crédito agrario al pequeño propietario, como un medio de afianzar el progreso del país y la concordia social. En este contexto surgió y se desarrolló rápidamente la Caja de Crédito Agrario. No obstante, en uno de sus comentarios irónicos, Luis Ospina Vásquez calificó a Garda Cadena de "campesinista romántico" y de hombre de "sencillez virgiliana", no tanto por sus ejecutorias en el BAH como por sus posiciones "disidentes" y "confusas", expuestas en un Iiblito de economía colombiana (Ospina, 1934, pp. 461-2). Debe subrayarse que aquel momento político de "la cuestión agraria" colombiana coincidió con la crisis mundial del liberalismo y del Estado liberal, y de sus nociones filosóficas y Jundlcas . .I::.,>te fue el contexto en que ganó centralidad el tema del derecho de propiedad de la tierra. Por entonces, el individualismo metodológico enfrentaba múltiples retos: del marxismo revolucionario al "solidarismo" de la escuela de Durkhcim y las versiones ora secularistas y positivistas del "derecho social", ora católicas, unas y otras atemperadas por los parsimoniosos y taimados abogados colombianos. Por supuesto que los nexos del campesinado y el Estado colombiano no eran nuevos. A diferencia de otras latitudes del mundo, particularmente de 5 Ver Külller, "Sobre el concepto de revolución burguesa y de revolución democrático-burguesa en Lenin", (1983, pp. 244-245).


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Asia, el Estado colombiano no extraía impuestos directos de la tierra (salvo el predial) y la conexión se establecía por dos vías subrayadas en la historiografía: la electoral, a veces con participación del clero, y la del reclutamiento para los ejércitos rojos o azules de las guerras civiles del siglo XIX y para el Ejército nacional del siglo xx (Deas, 1973, pp. 118-140; 2002, pp. 77-93). A comienzos del siglo xx, yen diferentes tonos, los Liberales colombianos cri ticaron la doctrina radical del liberalismo económico y la redefinieron a partir de un postulado según el cual el progreso traería la libertad y no al revés. Los principales impulsores de esta corriente fueron Rafael Uribe Uribe y Carlos Arturo Torres, e impactaron la "generación del centenario" (Ospina, 1955, pp. 328-335). Precisamente los Centenaristas habrían de dominar la escena política de los años treinta y gran parte de su éxito provino del saber cooptar una nueva generación de dirigentes dispuestos a movilizar las masas populares urbanas y rurales. De esa generación hacían parte literatos, artistas, periodistas y abogados con hambre de poder y de hacer historia. La intermediación política seguía las reglas y valores entendidos del gamonalismo. Pero, en unos cuantos municipios, las movilizaciones reorientaron las lealtades partidistas y alcanzaron a fracturar o mellar las redes de clientela. En estos casos, al vincular el descontento campesino a la política nacional, los intermediarios crearon un lenguaje propio, rebasaron el ámbito geográfico de las localidades y generaron expectativas en tres campos: la redistribución de la tien"a; la reforma de las reglas laborales en las haciendas y una mayor participación en la política. Desde esta perspectiva, las movilizaciones parecían transcurrir en un plano diferente al establecido por el clientelismo electoral y podían desafiarlo en la base. Sin embargo, el conflicto planteado por los intermediarios terminó en transacción, no en revolución. En los años treinta los Liberales tuvieron oportunidad de gobernar y administrar; legislar y juzgar. Los Comunistas, empero, no alcanzaron la fuerza electoral suficiente para ser tenidos en cuenta en ninguno de los ámbitos del proceso gubernativo nacional, al punto que en la legislatura de 1936 ningún / miembro del pcc ocupó un escaño. Aparte de que los Comunistas se enjaula- v ron en una organización centralizada y de férrea ortodoxia, los Liberales tuvieron líderes competitivos e imaginativos que se movían familiarmente en el frente antilatifundista con ideas simples, fre~cas y lenguaje eficaz. Quizás el sectarismo Comunista, de un lado, y del otro, la simultánea apertura Liberal, impidieron el desarrollo de una izquierda moderna. La destreza Liberal de cooptación no era novedad. En un partido cuyos dirigentes provenían o estaban muy cerca de las clases propietarias, las alarmas frente al potencial socialista y radical se habían prendido en la Guerra de los Mil Días. Al respecto suelen citarse las maniobras de Benjamín Herrera para atraer socialistas en la década del diez y primera mitad de los veinte. Esta táctica que tuvo efectos favorables en la juventud profesional de familia


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Liberal que, si bien se sentía atraída por la Revolución msa y la destmcción de la autocracia zarista, festejó, con muy pocas excepciones, la maniobra de integrar al partido los socialistas predispuestos. La práctica continuó6 . Así, el futuro presidente López Pumarejo, en tránsito de banquero a político, jugó la carta alarmista frente a las movilizaciones organizadas por la izquierda radical, aunque tuvo el buen tino de acusar al Gobierno de sembrar el miedo y sólo recurrir a la represión. La muerte de Herrera, en 1924, acentuó la división del Liberalismo entre los "militaristas" que aún creían en las bondades de la guerra civil y los "civilistas" que, sin renunciar al espíritu sectario, habían aprendido las lecciones del último tramo del siglo XIX y se empeñaban en actuar dentro de la ley. Sobra decir que esta divisoria se pasaba con gran facilidad. Había grados relativos: en 1929 el "civilista" López era menos "civilista" que Olaya, quien había sido connotado "militarista" 10 aii.os atrás (Horgan, 1983, pp. 11 0-127). También creía López en las virtudes de ganarse socialistas y habló en clave radical, de izquierda. En este contexto hizo públicas dos cartas de abril y mayo de 1928, muy citadas, que envió a Nemesio Camacho, uno de los triunviras del Partid0 7 . Reconociendo el trabajo de los socialistas en el campo colombiano que para mayor efecto retórico López simbolizó en María Cano, "la flor del trabajo revolucionario", señaló que había dejado a los Liberales en una posición "muy desairada". ¿Qué mucho, pues, que los conservadores y los pseudo liberales atribuyan a las dochinas de Lenin y Trotzky (sic) el fermento social contra el orden y los intereses creados por ellos, para no reconocer que María Cano predica la rebeldía contra estos intereses y contra el orden en que descansan desde la roca escarpada de la injusticia general a que se encuentran sometidas las masas populares? (López a Nemesio Carnacho, en El Tiempo, 24 de mayo de 1928, p. 4).

6 Futuros dirigentes y publicistas del Partido Liberal como Gabriel Turbay (candidato presidencial en 1946), Moisés Prieto y José Mar (seudónimo literario de José Vicente Combariza) eran, en los años de 1920, activistas pmsoviéticos. El primero, por ejemplo, pidió en la Conferencia Socialista de 1924 erigir un monumento al recientemente fallecido V1adimir Illich Lenin. Como muchos otros, jugarian papeles importantes en el Liberalismo, las letras y el periodismo; la política y la administración. (Meschkat, 2008, pp. 39-55); (Vanegas, 2008, pp. 25-38). 7 La carta del 25 de abril de 1928 fue publicada en El Tiempo, jueves 26 de abril de 1928, pp. 1 Y4. La del 20 de mayo de 1928 también fue publicada íntegra en El Tiempo, jueves 24 de mayo de 1928, pp. 1 Y 9. La primera cal1a fue reproducida en Eastman (comp.) (1979, pp. 55-61).


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TRADICIONES DE VIOLENCIA Y CONSPIRACIÓN

"Militaristas" y "civilistas" gravitaban en el campo de la memoria Liberal de la Guerra de los Mil Días (1899-1903). Uno de sus productos más perdurables, aunque un tanto invisible, fue el radicalismo popular de las bases electorales. Las guerras civiles fueron, recordemos, manifestaciones normales de la polarización bipartidista fraguada desde la misma Independencia, que se había cristalizado hacia la década de los cuarenta en una peculiar trayectoria de elecciones-guerras (in)civiles-elecciones. De principio a fin la Guerra de los Mil Días consistió en una sucesión de combates en pequeña escala, desarticulados, difuminados, erráticos, inconclusos, improvisados, a cargo de unidades y guerrillas, aunque los jefes "guerreristas" que armaron algo parecido a ejércitos sufrieron la derrota unos seis meses después de lanzarse a su aventura (Duque, 2010; Bergquist, 1978, pp. 158-185). En los dos años siguientes las huestes rojas no pudieron realizar ofensivas de aliento, salvo en Panamá. Sembraron, sin embargo, las semillas de un radicalismo plebeyo que, en algunas coyunturas nacionales de la primera mitad del siglo xx, se agitaba en tomo al Leitmotiv de tomar las armas. Baste pensar los lugares de este anuncio gubernamental de mediados de 1902: si los principales revolucionarios que quedan en armas, como son los de Sumapaz, Tequendama, La Palma, Norte y Centro del Tolima, las deponen y se someten al gobierno, los presos políticos y prisioneros de guerra que están a disposición de éste, serán puestos en libertad y entrarán en pleno goce del indultoS.

Aparte de las comarcas mencionadas, los guel-rilleros Liberales encontraron refugio en los Llanos Orientales, San Vicente de Chucurí, el sur del Tolima y las vertientes que caen al valle del Alto Magdalena, zonas todas que habrían de ser teatros de confrontaciones políticas en la década de los veinte y en La Violencia de mediados del siglo xx, así como en el actual conflicto armado. En J 903, con las secuelas de la hiperinOación monetaria y la separación de Panamá, las clases dirigentes cerraron el expediente del fratricidio. En esta operación les fue de mucha ayuda la leyenda de las cien mil bajas mortales de los Mil Días (de a cien por día), cifra irreal que muchos académicos suelen citar como dato cierto. Equivaldría al 2,5% de la población total, superior al de la guerra civil de Estados Unidos (2%), destructiva en razón de la movilización masiva, la prolongación y la tecnología bélica industrial. Por el contrario, las acciones militares de los Mil Días fueron breves y con altiba8

Decreto 923 de 12 de junio de 1902, Diario Oficial, 21 de junio de 1902.


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jos; las armas, especialmente las de la facción roja, fueron el machete, el artefacto más empleado en la mortífera batalla de Palonegro (11-25 de mayo de 1900), la mayor confrontación en toda la guerra. Con todo, la leyenda de terrible destrucción apaciguó los ánimos y abrió camino a la concordia, de suerte que las décadas posteriores han sido consideradas por la historiografía como un oasis de paz nacional. Sin embargo, a la atmósfera política de entonces bien puede aplicarse la metáfora del capítulo XIII de El Leviatán de Hobbes, sobre la guerra y el mal tiempo. Puesto que la naturaleza de éste no consiste en uno o dos aguaceros sino en la propensión a llover varios días, la naturaleza de la guerra no consiste en la lucha activa sino en la determinación a luchar durante todo el tiempo en que no haya seguridad de lo contrario. Era, pues, una paz armada. La violencia electoral confirmaba que el sectarismo bipartidista subyacía en la cultura política, aunque un ejército profesional mediaba en las disputas electorales y disuadía a los jefes de partido a emplear las armas 9 • El ambiente volvió a calentarse en 1910, cuando se reanudaron las pujas electorales. Abundaron los incidentes de fraude electoral, intimidación y violencia desembozada y, a raíz de las elecciones presidenciales de 1922, el país volvió al borde la guerra civil. Poco antes de morir, en febrero de 1924, Benjamín Herrera, uno de los jefes de los Mil Días y candidato derrotado, envió un "memorial político" al presidente Conservador, Pedro Nel Ospina, denunciando una serie de asesinatos de ciudadanos Liberales en unos 50 municipios del país. La sucesión de todos esos atentados contra la vida de los ciudadanos indefensos y por añadidura en ejercicio de una legítima prerrogativa, (participar en las elec-

ciones, MP) tienen, además otra causa inmediata: el aparato guerrero con que el partido que gobierna quiso rodear el debate para Presidente de la República. que se inició en 1921, a fin de exacerbar los ánimos; la explotación anticristiana de la fe para exaltar las creencias religiosas y, por encima de todo la distribución de armas entre los particulares hecha en forma ostensible por las autoridades, lo que equivalía a permitir el exterminio de los colombianos que no simpatizaran con el candidato conservador; exterminio exaltado por parte del clero en prédicas incendiarias (Memorial po[(tico del señor general don Benjamín Herrera, 1924, pp. VI-Vil).

Muerto el rival, Ospina decidió publicar su propia respuesta, acompañándola con un grueso paquete de telegramas de apoyo, provenientes de todo el país. MencionÓ' puntualmente los casos denunciados por el fallecido jefe Liberal y citó el Renacimiento, publicación del Directorio Liberal del Huila, para demostrar el carácter violento y subversivo de los rojos: 9

Es la tesis central de Pinzón de Lewin (1994).


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La historia del mundo moderno nos enseña que allí donde la justicia y la iniquidad han pretendido perseverar, e imponerse o el fraude y 'la violencia', los pueblos reaccionan naturalmente por medio de 'la violencia', mas no ya por actos colectivos de guerra y asonada, sino por actos individuales que procuran la eliminación o supresión de determinados individuos a quienes se considera responsables de actos oficiales contra las garantías sociales o contra la riqueza pública. Este modo de reaccionar es como una etapa en la evolución social de los pueblos, que en esa forma, en vez de guen"a civil, consideraran hacer labor más eficaz y menos costosa en beneficio de los grandes intereses sociales. (. .. ) Cuando se cierran los caminos legales y pacíficos, se abren los de 'la violencia' y se precipita a los oprimidos y explotados (. .. ) en la pendiente del atentado personal, como único medio de hacer la defensa personal y la defensa social. No es cuestión política; es pura cuestión social (pp. XXX-XXXIV)IO.

Algunos sectores Conservadores suponían que el poder disuasivo del Ejército Nacional haria innecesaria la búsqueda de otros mecanismos institucionales para responder a las protestas locales tradicionales libradas por indígenas o artesanos, o las de proyección nacional e internacional que planteaba el naciente proletariado en las comarcas de frontera extractiva, como la Zona Bananera de Santa Marta o los campos petroleros de Barrancabermeja. Allí se presentaron las primeras huelgas que desbordaron los marcos locales y localistas, como la de los trabajadores de la United Fruit Company, en diciembre de 1928, que terminó en una matanza de trabajadores a manos del Ejército, justificada al aducir que los huelguistas eran comunistas, insurrectos camuflados de trabajadores (Informe que rinde el Jefe Civil y Militar, pp. 132-133). En los años treinta el pcc se ufanaba de ofrecer una estrategia para tomarse el poder y una infraestructura organizacional vertical ("el partido vanguardia de clase") que, proclamaba, eran superiores a las demás conocidas, ahora o antes. Pero, quizás por consideraciones tácticas en las que debió contar la percepción de su fragilidad organizativa, no se planteó transformar las movilizaciones agrarias o de los trabajadores petroleros en rebelión y / mucho menos en insurgencia armada} l. Más bien se dedicó a jugar sectariamente, quizás con miras a formar una base electoral propia en algunas localidades.

10 Renacimiento, órgano del DirectOlio Liberal del Departamento del Huila, n° 12, 18 de marde 1922. 11 Sobre estos conceptos de rebelión e insurgencia annada ver Desai y Eckstein (1990, pp. 441-465); Lichbach (1994, pp. 383-418).

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El sectarismo le pagó dividendos en sus zonas rurales y, en este aspecto, coincidió con sus competidores, Liberales y gaitanistas que, sin ambigüedades, también optaron por las viejas coslumbresJ 2 . De esta suerte, cada uno de los grupos intermediarios tomó como algo propio y exclusivo un discurso que, sin embargo, tenía un sustrato común emocional y legalista. Difundieron en pueblos y veredas las nociones de "derecho de huelga", "salario básico", "jornada de ocho horas", "ligas campesinas", "sindicatos", "libertad de cultivos", o el postulado de que "la tierra es de quien la trabaja". Estas consignas en el mundo campesino parecían más útiles que el abecedario o las columnas de sumar y restar; adicionalmente, entusiasmaban más. Las izquierdas socialistas dieron acogida a nuevas expresiones, a una especie de folclor-protesta que buscaba escapar de la cultura política del bipartidismo, como esta pendenciera Guavina (sic) de los campesinos boyacenses:

Para que los pobres todos vivamos en armonía, sin liberales ni godos y libres de hipocresía. Sí señores burguesitos, el triunfo siempre lo haremos, y aunque nos cueste la vida a ustedes bajaremos. Ya no iremos a las umas como animales arriados porque en el socialismo S0l110S jefes y soldados. Porque el liberal es de oro y los goditos de plata pero cuando nos arañan lo mismo es gato que gata. Y pa alimentar los salarins, y pa que haya economía mataremos a los Zá~lganos que tiene la policía (Claridad, n° 50, 13 de abril de 1928, p. 3).

12 Sobl"e lINIR es iluminador López (1936), fuel1emente resentido por la vuelta de Gaitán al Pal"Lido Liberal, signo irrefutable, escribe, de su ambición desmedida.


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LA POLíTICA EN EL MUNICIPIO

En el sistema bipartidista, el gamonal era el eslabón que mantenía al día las relaciones de la República y el municipio, aunque poco sabemos de las variaciones locales. En los documentos administrativos aparecen prominentemente los alcaldes, funcionarios designados por los gobernadores, quienes, a su vez, eran de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Puede ser que alcaldes y gamonales fueran una sola persona, pero en la Cundinamarca de los años treinta había madurado una especie de funcionariada de alcaldes, verdaderos profesionales que los gobernadores rotaban por los municipios atendiendo criterios de experiencia, casi siempre con miras electorales. Dado el carácter faccioso de la actividad partidista, era posible que un alcalde de turno chocara con el gamonal de un municipio. Ni alcaldes ni gamonales manejaban en Cundinamarca la escuálida fuerza de policía, al menos en el momento clucial del reclutamiento, en cual mediaban las amistades partidistas. Aunque la versión corriente sostiene que las movilizaciones de Viotá y Fusagasugá emplearon métodos violentos, propios de una rebelión agraria, las fuentes permiten sostener lo contrario. Esto es, que la violencia provino más de la acciones de la Guardia Departamental de Cundinamarca contra las marchas y demostraciones pacíficas y ruidosas que organizaban las ligas en los cascos municipales. De este modo, con el trascurrir del tiempo fueron más frecuentes los enfrentamientos de comisiones de policía con grupos de arrendatarios que trataban de impedir desahucios o con colonos expulsados de sus parcelas monte adentro 13 . El investigador no encuentra casos documentados de acciones tales como incendio de cafetales o cañaverales; abigeato en gran escala; destrucción de plantas de beneficio o de depósitos de café en grano; demolición de puentes; destrucción de caminos, o "enjuiciamientos" en masa de propietarios o administradores. Ningún hacendado perdió la vida a manos de los campesinos descontentos, aunque sí unos pocos administradores y mayordomos de las haciendas. No había en Colombia, como en los Andes centrales sudamericanos o en Asia, una tradición de rebeliones agrarias, aunque sí había una larga tradición de litigio legal. En este punto valga recordar la conocida conclusión de Max Weber cuando sopesó la racionalidad formal del sistema del "derecho romano continental" y la "irracionalidad" del sistema del Common Law, que incluía el "caos" de los derechos de propiedad del agua. Cabe resaltar que el J3 Sobre la reducida violencia en estas movilizaciones, Marco Palacios (1 979b, pp. 159-173). El sistema de vasos comunicantes de la estmctura agraria y la violencia política en Colombia fue tópico en los análisis marxistas de la década de los sesenta. Ver, por ejemplo, Posada (1960, pp. 9-69) Y Gilhodes (1974).


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temprano desarrollo de Inglaterra radicaba en la mentalidad moderna de los jueces y el alto costo de litigar que marginaba los pobres del sistema judicial. Situados en este registro, el papel de los abogados en los movimientos agrarios colombianos fue fundamental porque abatió los costos de acceso de los campesinos a los jueces y a la administración pública. El caso de Paulo Emilio Sabogal González es ilustrativo por la incesante labor que desplegó desde el PRS y luego desde el pec, del que fue suplente del Buró Político del Comité Central. Con cierto sarcasmo confesó su "legalismo" en un agitado debate interno en estos términos: En cuanto a la aseveración que se hace respecto a mi labor en la rama campesina, sobre mi "legalismo", quiero hacer constar que ese legalismo mío ha tenido como resultado el sacar de las cárceles de Ibagué, La Palma, Bogotá, Viotá, Cali y otros lugares, más de trescientos C.c. (¿compañeros camaradas?, MP) sin que jamás se me haya reconocido un centavo como honorarios, haciendo muchas veces gastos de mi bolsillo, y reto desde ahora a cualquiera de los miembros del partido que me cite un caso en que a mí se me haya pagado honorarios por esa labor profesional. También se me acusa de legalismo porque me he hecho cargo de varios poderes para gestionar asuntos judiciales, poderes que de no haber aceptado yo, habrían encomendado a otros abogados. También quiero hacer constar que la penetración dentro del campesinado, se ha facilitado debido a mi contacto con las masas campesinas a quienes he ligado con miembros del partido mismo para finalidades revolucionarias (Carta de Paulo E. Sabogal )14.

La acción violenta encajaba mejor en los patrones colombianos de movilización política que en los de la rebelión agraria. Resulta muy reveladora la actividad de la policía, institucionalmente débil, sin un lugar preciso en las jerarquías estatales de la nación, los departamentos y municipios, sin presupuestos adecuados y saturada de mañas clientelistas. Aunque el amartelamiento de haciendas y latifundios con alcaldes y policías Ouía como si fuera expresión de un orden natUl'al en que convergían armónicamente poder social y autoridad política, éste no podría concebirse sin el engranaje de los partidos políticos. Abundan documentos sobre estas arbitrariedades. Por ejemplo: CAUCIÓN- En el municipio de Viotá, a 26 de abril de 1929, se presentó en el despacho de la Alcaldía Municipal. NN, y manifestó que bajo caución o multa de cien pesos ($100), se compromete a cumplir con las obligaciones de la hacienda de Buenavista, a respetar a sus patronos y empleados, a trabajar y coger café conforme se lo ordenen, a no asistir a reuniones que tiendan a perturbar los traI~ Sin fecha. Posiblemenle de comienzos de 1933. Meschkal y Rojas (comps.) (2009, p. 743).

RGASPI,

r. 495, op.

104, d.59,


n.

143-144, en

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bajos y el orden público, a no contribuir con dinero para manifestaciones en contra de la mencionada hacienda, a respetar las autoridades, a no sembrar ni resembrar café sin orden de ella, a cumplir estrictamente con las obligaciones que tenga a su cargo y demás a que se haya comprometido, lo mismo, a no impedir a los voluntarios que vayan a trabajar a dicha hacienda. En caso de infracción, pagará la multa en estampillas, cuyo valor consignará en la Tesorería Municipal. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron (Anales de la Cámara de Representantes, 27 de septiembre de 1932, p. 437).

Cien pesos era una suma superior al ingreso monetario anual de un arrendatario bien consolidado en alguna gran hacienda de Viotá. El amartelamiento pudo ser aún más funesto en las zonas de colonos: En la Inspección de Policía del Sumapaz (1932) se cometen las más flagrantes tropelías. Tanto el personal de la Inspección como los guardias puestos a su servicio, viven y comen en la casa de la hacienda, montan en bestias de la hacienda y se embriagan con aguardiente de contrabando producido en la misma hacienda. Allí los señores latifundistas hacen lo que a bien tienen con los colonos, y no hay autoridades ni tribunales que impidan semejantes expoliaciones. Las autoridades de esa región han iniciado una campaña de terrorismo contra aquellas gentes humildes que no han cometido otro delito que reclamar los derechos que poseen sobre sus labranzas. El mayordomo de la hacienda ordena al Inspector arrebatar a los colonos sus animales, efectuar lanzamientos sin (orma alguna de juicios, cobrar multas, efectuar embargos y otras funciones que sólo corresponden al Poder Judicial. Todos estos documentos reposan en poder la Comisión (de la Cámara de Representantes) y pueden ser consultados por los que lo deseen (Anales de la Cámara de Represelltal1tes, 11 de noviembre de 1932, pp. 768-9).

La suerte de los colonos no dependía tan sólo de la correlación local de fuerzas en la que solían llevar la peor parte, sino de la forma como dicha colTelación tuviera algún contrapeso en las instancias superiores de la administración. En uno de sus apartes, el informe que citamos considera los efectos de disposiciones del gobierno cundinamarqués, tanto de) gobernador como de la Asamblea Departamental. encaminados a favorecer el enorme latifundio Hacienda Sumapaz: ( ... ) La Gobernación de Cundinamarca señaló los límites provisionales entre los municipios de Pandi y San Bernardo (. ..) y la casa donde funciona la Inspección de Policía de Paquiló quedó dentro del municipio de Pandi. Sin embargo, el señor Alcalde de San Bernardo instaló allí un Inspector y decretó varios lanzamientos . El señor Alcalde de Pandi declaró que dicha Inspección estaba dentro de su jurisdicción, y dijo a los colonos lanzados que él los restablecería en el dominio de sus labranzas. Con este halago acudieron los colonos en número consi-


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Pandi fue aprederable , en septiem bre 16 (J 932). Pero resulta que el Alcalde de , resulta ndo sado por los guardas , y éstos abriero n un tiroteo contra los colonos durante de esto una señorit a muerta y varios heridos . (. .. ) La Guardi a sostuvo volver a podía nadie que modo de sector, el todo en nutrido varios días un tiroteo sus casas. trece El cadáve r de la señorita muerta por los guardia s perman eció durante a desafia r las días en el sitio donde cayó, hasta que unas mujere s se atrevier on en un cemeniras de los guardia nes de la ley y sacaron el cadáve r y lo enterra ron más grave. todavía es n situació la zo Iconon e Cunday En ) terio campes ino. ( ... de un dePues el señor Secreta rio de la Gobern ación del Tolima ( ... ) por medio O (. .. ) y a pesar creto declaró que no había tierras baldías, a pesar del decreto 111 tenía facultade que el señor Procura dor General de la Nación le informó que no lo que los setodo hace alcalde el Cunday En . asuntos estos des para conoce r de labriego s, les ñores feudale s le ordenen , y todos los días reduce a prisión a los sus habitaimpone fuertes multas y los lanza de sus labranz as, destruy éndoles los que fipales munici s Concejo los son Tolima el en que ciones. Y como ocurre los señores jan los sueldos de los Alcaldes, estos están sometid os a lo que digan Represende Cámara la de (Anales ciones corpora dichas en que tienen mayorí a tantes, 11 de noviem bre de 1932, p. 769).

a". En su autobi ografía Saúl Fajard o señaló la import ancia de "la palanc Libera les de Si hemos de creer a este "jefe civil y militar de las guerril las de la "ley Yacopí", asesina do en 1952 por agente s del Gobier no en aplicac ión , "Guard ia de fuga"15, éste había sido agente de la Guard ia de Cundin amarca as. Dice Civil" la llama, cuerpo al que ingresó por recom endaci ones polític su tura que habló con el directo r del Libera lismo, Eduard ol6Santos , quien, no texto el no, lo envió con el gobern ador Parme nio Cárden as . Aunqu e en el En 1936. hay fechas podem os supone r que se enroló en la Policía hacia y Viotá a, oficio policia l estuvo en las poblac iones de VilIeta, Tobia, Nocaim poco facetas El Colegio. Su narrac ión de un inciden te en esta última deja ver os: referim nos que al l natura orden estudia das del un individu o de Por aqueUa época domina ba a las masas trabajad oras del campo dos de la nombre Juan Sánche z quien I.!n abierta pugna con los elemen tos modera de los hecho de poblaci ón, se propus o orden,trle a los campes inos la ocupac ión s confamilia de sectore s de varias haciend as vecinas en su mayorí a de propied ad ordeliberal o servado ras como los De Narvácz. (Hacien da Subia, MP) El gobiern discrisin res nó la protecc ión de la propied ad privada y de la vida dI.! sus morado y de su asesinat o en "LauHerberl "Tico" Braun traza una breve semblan za del personaj e 2004. de marzo de 7 54, na dico, reano y Saúl", UNPeri6 de marzo de 1936 a abril de 1938 (Velandi a, 1979. p. 16 Parmeni o Cárdena s fue goberna dor 406). 15


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minació n de partido . Con tal motivo hubo escaram uzas entre la Guardi a y los elemen tos campes inos impulsa dos por el señor Sánche z y un raquític o juez municipal de apellido Acero. Vino entonce s un choque de fuerzas civiles. Los habitantes de la zona urbana, en abierta pugna con Sánche z, se fueron a las manos. Resulta do de la refriega , un señor de apellido Medina a quien Sánche z, el agitador, le propinó un barbera zo en el brazo derecho . Medina se desquit o más tarde con el flacuch o juez, Sr. Acero, a quien casi decapit a de un tremen do navajaz o en el cuello (Fajard o, 1952).

En la época de las movili zacion es agraria s los alcalde s calibra ron sus reaccio nes según el color polític o de la protest a. Fueron duros con todo lo que pudier a asocia rse a "comu nismo" y otras cizaña s, y dúctile s con las movilizac iones que transc urrían por los canale s oficiali stas. En la medid a en que la admin istraci ón públic a penetr aba los munic ipios se crearo n nuevas ansied ades, hasta ese entonc es inédita s. Así, ellO de septiem bre de 1935 el alcalde y el juez de Viotá escribi eron al gobern ador de Cundi namar ca que, a conocim iento juzgado llegaron 36 solicitu des desahu cio predios rurales. Tres verificá ronse avalúos ; un lanzam iento con posible oposici ón campes inos: Juzgado hace lo posible demora r lanzam ientos buscan do concilia ción que rara vez obtiene. Propiet arios utilizan do leyes insisten pagar mejoras según avalúos , lanzar arrenda tarios y ejercer su derecho de posesió n, destruy endo plantac iones y viviendas que alojan a familias. Juez muchas veces colócas e en situació n difícil provoca ndo solució n distinta lanzam ientos. Alcalde recibe orden judicial pt-eventiva y debe cumpli rla con apoyo ineludib le fuerza armada ocasion ando así perjuicios al orden público perturb an región. Necesit amos nuevas fórmula s que sin descon ocer derecho s propiet ario ampare al trabaja dor de conform idad orienta ciones liberale s derecho social modern o (Archivo Municip al de Viotá, COITespondencia, 1935).

El temple admini strativ o de estos funcio narios se ponía a prueba cuando debían negoci ar las presion es de hacend ados y gamon ales. Un reporte del 28 de enero de 1936 nos muestr a la punta del iceberg : clasific aba admin istrado res y propie tarios. Aristid es Salgad o, dueño de Floren cia, encarn aba al buen patrón y los herma nos Crane de Buena vista-C alanda ima eran los malos_ No hay gran titubeo para clasific ar admin istrado res y mayor domos : "neron es sin corona " (Archivo Munici pal de Viotá, con-es ponden cia, 1935). Como en el siglo XIX las "leyes de vaganc ia" fueron arma sacanida del poder local, puede sorpre nder que fuera precisa mente en "la revolu ción en march a" cuando se divulg ara en Colom bia el concep to de "estado de peligro sidad social". Propue sto por las teorías crimin alística s de la escuela positivista italian a en boga, éstas habría n de volver con fuerza en dos pacific aciones posteri ores: la de La Violen cia y la del Frente Nacion al. La nueva doctrin a


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ica moy SUS norma s hacían parte del esfuerz o de institu cional izar la repúbl namencio ya derna con mecan ismos de contro l de la poblac ión de los que del antes que mos el registr o civil y la cédula elector al; entonc es se adujo "el era ia vaganc Decret o 1836 de 1926 la legisla ción depart ament al sobre se que al nacion a caos". A partir de ahí la legisla ción se unificó en un sistem do destina ) compl etó en la Ley 48 de 1936 (el mismo año de la Ley de Tierras y malean a confro ntar los "estado s antisoc iales y peligro sos": vagos, rateros tes (Pulec io, 1949). litik. No Este fue el polo a tierra de la "revolu ción en march a", su Realpo masia antono por sólo el presid ente de la Repúb lica era miemb ro pragm ático LleAlberto no, de la haute bourgeoisie, sino que el hábil minist ro de Gobier ras Camar go, supo cuándo y en dónde trazar la raya: as, llevada s a Los frecuen tes actos de usurpac ión de tierras poseída s y cultivad able de abomin cabo por supuest os colonos , seducid os y explota dos por una ralea tintales los porque tinterill os ( ... ) son difíciles de interve nir por las autorid ades incitan e s, ingenuo terillos que se mantie nen con la contrib ución de campes inos abilida d y a la yjolenc ia contra los jueces, escurre n el bulto a la hora de la respons as libertad Apenas ) ... ( vagabu ndean por todo el país en su deplora ble negocio. as sometid ron estuvie (las masas campes inas, MP) de la explota ción feudal a que patroy ades autorid hasta hace poco, con la compla cencia y la compli cidad de que estable cen nes, han caído en una red de agitado res de todas las categor ías (Memoria miseria su sobre ellas diezmo s civiles e impues tos que agudiza n más del Ministr o de Gobierno, 1935).

unAun antes de que el minist ro Lleras Camar go denun ciara ese "vagab conllepodía que ley deo deplor able" de "la ralea", ya se había aplicad o una Erasm o Vavar reclusi ón en las "colon ias penale s". De esta forma, en 1933 Agrari o Partido futuro lencia -fund ador del periód ico Claridad (1928) y del r en las popula o respald Nacion al, PAN, (1935), y quien gozaba de un amplio por sugá Fusaga en elado vereda s del Suma paz- fue llevado a juicio y encarc El turno, su A )17. 126-129 pp. vago, subver sivo y agitad or (Marul anda, 1991, reprede oleada una Bolchevique, el nuevo seman ario del PCC, denun ciaba de la missión desata da contra los activis tas agrario s de Viotá, en aplicac ión p.l). 1934, de ma legisla ción (El Bolchevique, n° 36, 8 de diciem bre el plaAsí, pues, la Repúb lica Libera l se movía en varias direcci ones. En en fasocial ley la an aplicab no nacion al los grupos político s y funcio narios fuera así r, demole a uían vor de colono s y arrend atarios , y de paso contrib entre do levanta habían ales parcia lmente , la murall a que hacien das y gamon para particip ar Rocío Londoño este PAN no ruc un partido político, sino una etiqucta ra la UNIR. disolvie Gaitán quc vez una fundado ales, municip y entales en las eleccion es departam Y p. 197). 15 p. (2009a, Londoño nos. Pero, a direrenc ia de ésta, el PAN incluía dirigent es campcsi 17 Según


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el campesinado atomizado y el Estado nacional. El nivel municipal y provincial, empero, estaba saturado de funcionarios y grupos políticos que aplicaban arbitrariamente las leyes contra antisociales, entre los que incluían a discreción a los activistas agrarios.

LA "BOLCHEVIZACrÓN": DE LAS BANANERAS A VroTÁ

El pee desempeñó un papel central en la politización campesina de los años treinta aunque, quizás, nunca sepamos qué tanto autolimitó posibilidades a primera vista insondables. Por eso debemos precisar que en la génesis y trayectoria inicial del pec se encuentra una tensión no resuelta entre campesinismo y obrerismo (el arquetipo de este último fue el "duranismo" de la década de 1940) que pudo lastrar el desarrollo posteriOl~ En 1960 los Comunistas resumieron lacónicamente el episodio de sus orígenes: Hace treinta años, reuniendo los escasos sobrevivientes del naufragio socialista en la alta marea del liberalismo en ascenso, surgió el 17 de julio el Partido Comunista como una agrupación sectaria y estrecha que aspiraba a abrirse campo en la realidad colombiana, disputándole su derecho a la vida a las dos gigantescas fuerzas de los partidos tradicionales, aunados para sofocarlo en su infancia. El entonces reciente desastre del socialismo revolucionario era apenas el último y más ruidoso de una larga serie de [racasados intentos por vencer el descomunal obstáculo de la tradición bipartidista (Treinta arIOs de lucha, 1960, p. 151).

El "desastre" se compendiaba en la matanza de la Zona Bananera de diciembre de 1928, seguido de los fallidos y atropellados levantamientos "bolcheviques" de El Líbano, Tolima l8 , y La Gómez, Santander, de mediados de 1929. Como la mayoría de partidos comunistas del mundo, el colombiano nació en el proceso de bolchevización de grupos socialistas conforme al mandato del Comintern o Tercera Internacional Comunista, Te, fundada en Moscú en marzo de 1919. En su segundo congreso (Moscú, 19 de julio - 9 de agosto de 1920), la organización aprobó estatutos y definió el objetivo principal: luchar por todos los medios, inclusive mediante las armas, para delTocar a la burguesía internacional y crear la República soviética internacional, como etapa de transición hacia la desaparición completa del Estadol~ Ver Gonzalo Sánchez (1976). el Archivo Eslalal Ruso de Historia Social y Polflica, RGASPI (siglas en ¡-uso), fondo 495, regislro 2, exp. 1, [01. 20, lrascdla en Spencer y Or1.iz (2006, p.16). 18

19 En


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Según las directrices de 1924 y 1925, para pertenecer a este "partido comunista mundial" los partidos nacionales debían bolchevizarse. En el camino fueron desapareciendo la autonomía de los grupos socialistas locales y sus gacetillas variadas, dispares ya veces pintorescas (Núñez, 2006, Anexo, pp. 221-30). Lo que muestran ejemplos de la historiografía postsoviética es que, a pesar de la uniformidad de la "bolchevización", los resultados nacionales fueron muy dispares. El colombiano, como sabemos, no fue de los más ejemplares. Gracias a la reciente publicación de la parte más sustanciosa de la documentación (1929-1933) que reposa en los archivos estatales rusos, sabemos algo más de la bolchevización colombiana, que ya había sido esbozada en las historias oficiales del pcc de 1960 y 1980 2 Con base en estas tres publicaciones que vieron la luz en el lapso de medio siglo, puede trazarse la formación azarosa del pcc y distinguirse dos fases posteriores al "primer pcc", 1923 a 1925, que no consiguió reconocimiento de la re. La primera fase es la del trienio 1924-26 que fue ambivalente porque la rc ni rechazó ni aceptó la incorporación de los grupos comunistas colombianos. En las minutas de los funcionarios de Moscú hay críticas a la "incertidumbre del planteamiento de los problemas teóricos y de la táctica comunista" (Jeifets, 2001, p. 13). Los juzgaron extemporáneos y fuera de lugar, como si

°.

la reivindicaciones lanzadas por el partido comunista ruso para movilizar las masas en vísperas de la conquista del poder pudieran ser adaptadas como reivindicaciones inmediatas por todos los partidos comunistas del mundo (p. 13).

Además, les endilgaron tres errores capitales: las tácticas terroristas, los acuerdos electorales con los Liberales y la ausencia de proletariado en sus filas, con el consiguiente predominio de los intelectuales que, a su vez, conllevaba el peligro de adoptar líneas pequeño burguesas, personalistas y caudillistas (pp. 35-37). Por todo esto, les aconsejaron "realizar un gran trabajo ideológico de educación" (pp. 13-16 Y 27). La siguiente fase comienza con la creación del PSR que, en vano, intentó montar una estructura organizativa centralizada y adoptar principios clasistas y de lucha por la dictadura del proletariado (p. 16). Ante el auge de huelgas de mediados de la década de los veinte y a la luz del concepto leninista de "situación revolucionaria", la re oteó la posibilidad del despegue comunista en Colombia. El viaje de Guillermo Hemándcz Rodríguez a Moscú en J 927 en representación del Sindicato Nacional Obrero -la pr:imera ocasión que un revolucionario colombiano participaba oficialmente en un acto de la Internacional Sindical Roja (Profintern) en Moscú- abrió un intercambio 20 Ver Treinta años de Lucha (1960, pp. 5-25); Medina (1980, cap. 1, secciones 1.3, J.4, 1.5 Y 1.6). De la investigación reciente, ver Lázar y Jeifets (2001, pp. 7-37); Meschkat (2008, pp. 39-55).


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directo que facilitó la admisión del PSR en la IC en 1928, y llevó a la formalización del cambio de nombre a pcc a mediados de 1930. Hito de esta etapa formativa fue la huelga de las bananeras de Santa Marta, que se debe apreciar en un contexto político más amplio (pp. 20-25). En primer lugar, el de las relaciones del Partido Liberal que había cooptado a los "socialistas moderados" (1921-1924) (Treinta años de lucha, 1960, p. 1112) Y puso a las facciones de "socialistas radicales" a forjar la unidad alrededor del nuevo PSR en 1926. Junto con un puñado de anarcosindicalistas, los del PSR no abandonaron las líneas conspirativas decimonónicas, es decir, la política de acción directa y terrorismo individual que, realmente caracterizaba más a los dirigentes Liberales llamados "militaristas" que no soportaban el agravio de la elección presidencial de 1922 y esperaban derrocar al Gobierno Conservador con métodos insurreccionales, aunque nunca actuaron. Era acción política en los márgenes, al menos como la recogió el informe anual de la legación británica en Bogotá: hace poco el grupo comunista recibió reconocimiento de la Tercera Internacional. Sin embargo, no hay el menor peligro de que ocurra algún disturbio serio en los próximos diez años. (. .. ) La reciente huelga de las bananeras, se originó en la propaganda subversiva de un grupito de agitadores colombianos con simpatía bolcheviques. (. .. ) pasada la huelga se militarizó la zona y la situación está completamente controlada. Los amotinados tuvieron varios cientos de bajas y fueron reprimidos después de causar serios daños a las propiedades de la United Fruit Ca., resultando seriamente afectado el Ferrocarril de Santa Marta (Public Record Office (PRO) Foreign Office (Fa) 371/13479, Bogotá, 12 de abril de 1929, Mr. Monson to Sir Austen Chamberlain, pA).

Esas conspiraciones daban pie a que "extremistas" del Gobierno Conservador, como el ministro de Guerra Luis Ignacio Rengifo, montaran agendas represivas con miras a las elecciones presidenciales de 1930 que, de paso, creaban f.icciones en el seno del propio Gobierno. Según un informe británico, en 1928, El único desarrollo importante en la vida social de la República ha sido el aumento del costo de vida a causa del incremento de los salarios de los trabajadores de las Obras públicas.( ... ) los peones que hasta hace no mucho eran poco más que siervos se han convertido en asalariados ( ... ) aunque no se ve ninguna organiz.ación sindical ( ... ) Es verdad que el Ministro de Guerra (Rengifo) ha puesto al Gobierno de carne de gallina con el cuento de que hay una poderosa organización comunista que trabaja en un plan de poner bombas en el alcantarillado de Bogotá y otros horrores por el estilo; pero el Presidente se las ingenió para espantar el coco con comentarios un poco cáusticos y picantes que dejaron


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entrever la maniobra del Ministro para pedir un aumento del pie de fuerza del Ejército, plan que no cuenta con respaldo popular ni con el del ejecutivo (p.2).

Así, pues, en 1928 subían simultáneamente la ola de movilizaciones populares y la represión oficial, cuyo estandarte fue la Ley 69, llamada "heroica", que amordazaba la prensa disidente y cerraba las pocas vías de politizar la acción sindicaF!. A diferencia del PSR que se marginó inexplicablemente del debate, El Socialista, periódico de aparición irregular que desde 1920 dirigía Juan de Dios Romero, publicó en su edición del 23 de junio de aquel año unos versos subversivos que dan cuenta de la propensión a esa "acción directa" que los Liberales del bando "civilista" llamaban "militarista" y la lC "putchista": "A las armas obreros y campesinos!" y "contra la ley que silencia la libre expresión y estrangula el derecho de reunión":

El pueblo armado te saluda, ley de vida o muerte Bendita seas santa dinamita! Salud, guerrillas de tiradores! A las masas, universitarios! La hora de la revancha ha llegado! Obreros, fuera de las ciudades! Campesinos, a las armas! Las banderas rojas nos llamal1! (El Socialista, n° 522, 23 de junio de 1928) Romero era dirigente del Partido Comunista de Colombia, o Centro Comunista, que peleaba con el PSR el padrinazgo de la IC porque, naturalmente, desde 1924 se consideraba que el grupo que lo recibiera quedaría automáticamente aprestigiado entre los sectores obreros y radicales, y obtendria recursos, ayudas doctrinarias y materiales para la acción revolucionaria (Meschkat y Rojas, 2009, pp. 97-98)22. Es fácil que el Partido Comunista de Rusia, escribía Romero a Moscú, desautorice el movimiento que venimos haciendo desde hace varios años un grupo de comunistas, si acaso cree que no lo estamos haciendo bien y de acuerdo con las tácticas y disposiciones acordadas últimamente (Jeifets, 200 1, p. 29)23.

21 Sobre la represión y las respuestas y dilemas de las organizaciones obreras ver Núñez (2006, pp. 136-42). 22 Carta de Juan de Dios Romero a la Academia Comunista de Moscú, Bogotá, 14 de junio de 1928, RGASPl, f. 495, op. 104, d. 16, 1.5. transcrita en Meschkat y Rojas (2009). 23 Carta de Juan de Dios Romero a Virgilio Verdaro, Bogotá, 2 de junio de 1929, en RGASPI, d. [6, 1.5, transcrita en Jeirets (200[).


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Ante la incorporación del PSR a la IC y su transformación en pcc en julio de 1930 (Jeifets, 2001, pp. 7-37), Romero y muchos otros socialistas abandonaron el escenario político. En 1930, "bolchevización" quería decir "depuración de socialistas revolucionarios de las filas del pcc" (Meschkat y Rojas, 2009, p. 679)24. La lista de estos perdedores es variopinta: Erasmo Valencia, Tomás Uribe Márquez, María Cano, Raúl Eduardo Mahecha (conductor de las huelgas memorables de Barrancabermeja y las bananeras, quien luego sería calumniado por todos los flancos comunistas), Alberto Castrillón (candidato presidencial de la izquierda en 1930), o los más pragmáticos como Julio acampo Vásquez. "Desenmascarados", fueron cortados de la foto; la tijera también sacó a Guillermo Hernández Rodríguez y su mujer, la venezolana Carmen Martel (conocida en Colombia como Inés Fortul) e inclusive a Ignacio Torres Giralda. Algunos de ellos fueron pegados de nuevo en álbum de familia de 1980. No hubo perdón ni olvido para hombres como acampo, a quien los Comunistas de los años sesenta recordaban con esta copla cantada con la música de la canción ranchera Pajarillo Barranqueño 25 :

Julio Ocampo, Julio Ocampo Julio Ocampo fue un traidor que vendió a los campesinos por gotitas de licor. Pero dime Julio Ocampo, pero dime que es mejor, si estar con los campesinos o ser siervo del patrón. En el fondo se trató de los desacuerdos tácticos de los dirigentes del PSR que, si no era un partido moderno, mucho menos un partido leninista. El grupo principal se había comprometido en un curso insurreccional que, insisto, era moneda corriente en la cultura política del país. Optaron por esa vía los "caudillos" Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo yen cierto modo María Cano, sobrina del primero y, por un largo trecho, compañera del segundo. Alberto Castrillón, uno de los dirigentes de la huelga de las Bananeras, se opuso y calificó la línea de insurrección de liberal y pequeño burguesa26 . La huelga, uno de los grandes momentos de las movilizaciones populares y sindicales del país en el siglo xx, terminó en un baño de sangre. Carta del Buró del Caribe al ce del pec, Nueva York, 11 de agosto de 1931. Cancionero Popular Mexicano, selección, recopilación y textos de Aldana y Mendoza (1987, vol.I, p. 334). De las muchas versiones se puede escuchar "música mexicana de banda" en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=XJepOZwUEMY 26 Varios documentos al respecto se encuentran citados en Jeifets (2001) y están transcritos en Meschkat y Rojas (2009); Treinta Mios de lucha (1960, p. 15). 24

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Marcó el retroceso y la división interna de las izquierdas revolucionarias, aceleró la caída del régimen Conservador y fue trampolín de Jorge Eliécer Gaitán para saltar a la arena nacionaF7. ¿Quién fue responsable de semejante fTacaso Comunista? El balance marcó para siempre la generación de la bolchevización. Con el trasfondo del puño de hierro del joven general Cortés Vargas en su jefatura marcial de la Zona Bananera, se agravaron las divisiones y personalismos en el seno del PSR. A mediados de 1928, antes de la huelga, los socialistas revolucionarios ya estaban atrincherados en dos facciones: la del Comité Ejecutivo, eE, encabezada por Moisés Prieto de un lado, y del otro, los "putchistas" del Comité Central Conspirativo Celular (ecce) o Jefatura Suprema del Ejército Rojo, de Tomás Uribe Márquez (Treinta Años de lucha, 1960, p. 14; Meschkat y Rojas, 2009, pp. 107-14). En la catástrofe contaron las tensiones invisibles que ocurrían en el seno del Comintern a raíz del ascenso de Stalin y la posterior caída de Bujarin,las cuales se reflejaron en cierta inepcia y miopía de los funcionarios de la le que vinieron a Colombia por la época y que tomaron partido por uno u otro de los bandos del PSR. Estos son los antecedentes inmediatos del alineamiento de julio de 1930, cuando los Socialistas revolucionarios quedaron incorporados al Cominten1, un sistema internacional férreamente centralizado en Moscú y del que sería la "Sección Colombiana". Sobre la marcha, el nuevo partido debió ajustarse al modelo ruso, cimentado en una "organización de masas" de "carácter proletario"; en la disciplina uniforme del centralismo democrático, en la crítica y autocrítica y en la cotización obligatoria de sus miembros. El partido debía organizarse en células distribuidas por todo el país bajo un sistema de mando central y adoptar como guía fundamental "la interpretación marxista de la realidad nacional". En este último aspecto no bastaba, como vimos, que los miembros siguiesen el vademécum determinista .\ teleológico de la Segunda Internacional, que no podía servir de base a una estrategia y una táctica políticas de carácter proletario. Esa era la idea de Palmiro Togliatti, "Ercoli", entonces funcionario de la le, al insistir en la necesidad de desarrollar con los partidos latinoamericanos "un trabajo de educaCIón (. .. ) sin rechazar las exigencias que estén en contraste con la situación del movimiento obrero de estos países" (Jeifets, 2001, p. 13). Una "carta abierta" de \;l¡C al PSR, de febrero de 1929 (Treillta Afios de lucha, 1960, pp. 17-18)28, pocas semanas después de la matanza de trabajadores bananeros, estableció que Colombia

Una magnifica síntesis se encuentra en LeGrand (2009, pp. 19-33). texto completo de la Carta de la le al PSR, fechada en Mo~cú, febrero de 1929, está transcl'Íta en Meschkat '1 Rojas (2009) Rr.ASPI, r. 495, op. 104, d. 24, 11. 22-31, pp. 151 '1 ss. 21

28 El


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( ... ) pasa rápidamente de un régimen de producción agrícola semi feudal. casi esclavista, a una forma de producción capitalista moderna estrechamente incorporada al sistema del imperialismo más desarrollado. De esta manera, Colombia presenta toda una serie de sistemas económicos superpuestos que van de la "trata de indios' a la empresa moderna racionalizada, sistemas que se penetran, se combinan, se combaten y están en continua evolución (. .. ) toda la vida económica del país, y por consecuencia la vida política, está dominada por el imperialismo yanqui (Medina, 1980, p. 164).

La compleja realidad social colombiana esbozada en el diagnóstico nos da una idea de cuán formidable debió ser el reto de construir el partido leninista de la IC en esa Colombia. En la "serie de sistemas económicos superpuestos" de un país "agrícola semifeudal, casi esclavista", dominado por el imperialismo yanqui, era muy fácil extraviarse y muy difícil aplicar correctamente la políticas de alianzas (con los campesinos, de un lado, con la "burguesía nacional", de otro). Máxime cuando apenas despertaba esa "empresa moderna racionalizada" y por ninguna parte de la literatura revolucionaria había un lugar para el análisis de clase de los colonos y de los peculiares y complejos procesos de colonización colombiana que la ortodoxia hizo invisibles por largo trecho. A todo esto debe agregarse una tradición política que bien cabe en la expresión "contra-revolución preventiva". Consiste en esa mañosa práctica discursiva de magnificar el radicalismo del adversario político, de pintarlo de "comunista" y "bárbaro" sencillamente porque aboca medianamente el tema de la igualdad política y la justicia social -en términos que, se dice, ponen en entredicho el derecho de propiedad privada- y de calificarlo de demagogo en cuanto enaltece el lugar y el valor moral del trabajo y del trabajador. Una lectura del empleo del apelativo "socialista" en el siglo XIX, con el objetivo de neutralizar y ridiculizar el Liberalismo radical, da una idea aproximada de lo que puede ser la contra-revolución preventiva (Gilmore, 1956, pp. 190-210). En la historia oficial del pcc de 1980 se calificó el diagnóstico de febrero de 1929 como la "declaración programática" fundacional del partido, orientada a resolver, la cuestión agraria por medio de la eliminación de los vestigios feudales, el reparto de la tierra a quienes la trabajan directamente, a través de la expropiación sin indemnización a los terratenientes. Igualmente la Revolución sería antiimperialista y por tanto procedería al desconocimiento de las deudas contraídas a través de los empréstitos y a la nacionalización de las empresas directa o indirectamente controladas por el imperialismo (Medina, 1980, pp. 167-168).



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El programa político, se advierte, "tiene una gran significación histórica ya que por primera vez en Colombia una organización política adoptaba un programa marxista" (p. 168). Este reclamo del monopolio de la verdad revolucionaria habría de caracterizar el estilo argumental del pcc. Baste recordar, empero, que en los años veinte varios grupos socialistas habían adoptado programas marxistas y hasta "comunistas", y en la siguiente década Luis Eduardo Nieto Arteta o Gerardo Molina empleaban el materialismo histórico en análisis quizás más sofisticados que los ejercicios de los Comunistas de carné. Lo novedoso de julio de 1930 era la adopción formal del modelo estándar de organización leninista del Comintern que, de paso, vino con este diagnóstico demoledor: El partido Socialista Revolucionario proviene del liberalismo. La clase obrera, que ha sido creada por el desenvolvimiento industrial del país, abandona el liberalismo para formar su partido de clase, distinto e independiente, pero esa voluntad de tener un partido de la clase obrera, está todavía ligado a una gran cantidad de ideas confusas que vienen del liberalismo. ( ... ) Cuando vosotros decís que el socialismo ha recibido un golpe rudo por la pérdida de la huelga de las plantaciones (bananeras, MP) es claro que se trata del socialismo liberalizante, pero no del socialismo de la lucha de clases del proletariado. ( ... ) El Partido Socialista Revolucionario, si quiere desarrollarse, marchar resueltamente hacia la conquista de las masas trabajadoras para la Revolución, no deben contar en absoluto con los jefes liberales de izquierda sino solamente con él mismo, sobre su ruerza de organización, sobre el proletariado y las masas campesinas que arrastra, organizadas, educadas por él (Meschkat y Rojas, 2009, p. 166).


CAPÍTULO VII

DE UNA PLAZA DE PUEBLO A LOS LINOTIPO S BOGOTANOS

TRAGEDIA EN LA PLAZA DE VrOTÁ

Ahora bien, el proceso por el cual el pee logró ganarse una masa sustancial del campesinado viotuno y mantener la fidelidad de generaciones sucesivas permanece inédito, atiborrado, como debió estar, de contingencias. El informe del prefecto de Girardot (12 de enero de 1922) registró que El año de 1921 fue un poco tempestuoso porque el bolcheviquismo reaccionó y aún tuvo épocas de preponderancia y dominación, pero, afortunadamente, con el auxilio de las garantías que se prestaron eficazmente a los ciudadanos, y por una evolución política, el liberalismo logró el triunfo en este municipio en las elecciones para concejeros municipales. aunque en Nariño y Guataquí triunfó el bolcheviquismo. Aquí podemos decir que han cesado un poco los disturbios y las clandestinas inversiones (sic) y se ha pacificado la Provincia, porque se aplastó la cabeza del régimen que la azotaba (Informe del Secretario de Gobiemo, 1922. p.24).

Añadió el prefecto que "el personal de Concejo de Nariño es bolchevique (. .. ) y da lástima conocerlo". Por la misma época se reunieron en La Mesa los alcaldes del Tequendama, y el de Viotá expresó que las principales necesidades del municipio estah~n r('la,innadas con "la moralidad pública, pues ahí no hay concepto jurídico y social de la palabra". En orden de importancia le seguían los problemas de caminos. alcoholi!>mo y salubridad porque "las aguas del rio Lindo y la Sanjuana que bañan el municipio en una gran extensión le proporcionan aguas tóxicas envenenadas con las cerezas de café" (p. 97-98). Las semillas de ese bolcheviquismo. percibidas en el baluarte rojo de Girardot. debieron llevar a los militantes del PRS a incursionar un poco más adentro y así debieron llegar a la población residente de las haciendas viotunas. Diez años después. una crítica del buró del Caribe de la re al Comité Central del pee de 1931 criticaba 165


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El desconocimiento previo de las condiciones en Viotá prohibió al Partido de dar un programa (sic) específico de actividades a sus delegados, dando por resultado que las diferencias personales de Cuéllar y Unda debilitaron incuestionablemente la participación de estos compañeros en la dirección y en el desarrollo posterior de la huelga (Meschkat y Rojas, 2009, pp. 682-3)1. Probablemente el documento se refiere a la "huelga corta" que puede unir jornaleros y diversos estratos de arrendatarios. En efecto, las movilizaciones campesinas habían comenzado en Viotá hacia 1927 cuando el PSR dejó una organización embrionaria, la huelga táctica en las grandes haciendas y la manifestación política dominical en la plaza del pueblo. Estas innovaciones echaban a tierra usos y costumbres inmemoriales, o así se suponía. Inmediatamente pasa la carta a señalar el "seguidismo", es decir, estar a la cola de los movimientos huelguísticos y de masas: En Viotá, considerado como el 'centro comunista más importante', el desconocimiento del Comité Central sobre las condiciones objetivas específicas de la región fue tal que tuvo que basarse en las informaciones del pliego de condiciones para comprender el carecer (sic) e importancia de la huelga. De esa subestimación de la necesidad de la lucha diaria por los intereses de los obreros (sic) en los lugares de trabajo, se derivan estas insuficiencias y los errores del Partido expresados en las actividades y luchas posteriores (pp. 682-683)2. En otra parte elaboramos detalladamente el asunto de la estratificación de los arrendatarios de Viotá, (por ejemplo, los "semestrales", "quincenales" y "semanales") y los subarrendatarios, punto crucial en las negociaciones laborales y un elemento subyacente en el relato que sigue 3 . Sin embargo, debe investigarse más el papel de la politización y el sectarismo en unificar sólidamente esos estratos. Veamos. Michael liménez abrió su tesis doctoral sobre Viotá con una breve nan-ación de la manifestación del 31 de julio de 1932 en la plaza municipal (limenez, 1985, pp. 1-6), la cual ocurrió un año después de las citadas acusaciones de "seguidismo". Aquí regresamos al incidente y empleamos las mismas fuentes básicas, pero las citamos in extenso para tener una idea más vivida del ambiente político de la época y del pasmo que debió producir el comunismo en Viotá. Lamentamos no haber encontrado la versión que los Comunistas debieron publicar de este suceso memorable en el periódico Tierra. 1 Carta

del Buró del Caribe al cc del PC de Colombia, New York, 11 de agosto de 1931, RGASPI, !l. 3-6. 2 Carta del Buró del Caribe al cc del PC de Colombia, New York, 11 de agosto de 1931, RGASPI, F. 495, OP. 104, D. 48, 11. 3-6. 3 Notaría 4 de Bogotá, Escritura 1360 de 1928; Notaría de la Mesa, Escritura 29 de 1931 y Notaria de Tocaima, Escritura 22 de 1934; Palacios (2002b, pp. 366-72). F. 495, OP. 104, D. 48,


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Valga decir que es realmente extraño que el acontecimiento no haya figurado en las historias oficiales del PCC, dado que Viotá fue el lugar que, durante varios decenios, encamó en la memoria de los Comunistas colombianos lo más depurado y ejemplar. Aquel 31 de julio de Viotá terminó en tumulto, balacera y matanza. En el acontecimiento pueden encontrarse los protagonistas del momento político que nos interesa: l. La prensa capitalina, el diario El Tiempo, el periódico de mayor tiraje y circulación nacional, epítome de modernidad, modelo de empresa comercial del periodismo colombiano que cumplía el papel de propagandista del régimen olayista, bastión de sus ideas, pregonero de sus logros. 2. Unos campesinos organizados y combativos que, sin haber formado aún una subcultura política propia, combatían la cultura dominante que los marginaba. 3. Unas autoridades locales obtusas, provocadoras, incompetentes y represoras. 4. El PCC, implantado en las haciendas. 5. Un par de congresistas más "objetivos" que la prensa. 6. El arzobispo primado tras bambalinas y sin iniciativa aparente. A primera vista sorprende la ausencia de los agentes del Estado central y de los hacendados. Sabemos que estaban enfrascados en el debate álgido de la naturaleza de la propiedad privada de la tierra y en solucionar el impase creado por la citada sentencia de 1926. Asustados por el fantasma de las bananeras, no quisieron ver que la manifestación de Viotá hacía parte de nuevas formas de conOicto político; que era producto de esa nación de ensueño: la de ciudadanos iguales ante la ley. Acontecimientos corno los de Viotá, no obstante, daban vuelo al presentimiento enfermizo de que el sueño liberal podía volverse pesadilla, revuelta niveladora que trastocaba valores y jerarquías sociales. Con base en el informe de los representantes José R. Vásquez y Alfredo Navia, comisionados por la Cámara para investigar "los sucesos" de aquel día (Anales de la Cámara de RF{n-eC;Pl1fml!PS , 27 de septiembre de 1932, pp. 433-38)4, Y el reportaje del diario El Tiempo del 10 y 2 de agosto, obtenemos una imagen de la rebelión inventada. De un lado, el síndrome elitista de miedo radical al pueblo popular; del otro, la quimera de la "modernización sin modernidad" que, en este ca~o, con~istía en proclamar a los cuatro vientos la necesidad de consolidar el Estado liberal en la sociedad colombiana y alarmarse y proscribir a los tozudos r'urales que abandonaban las supuestas normas de obediencia campesina y autocontención localista, y que defendían sus intereses y aspiraciones de ciudadanos. 4 "Infonne que rinde a la honorable Cámara de Representantes la Comisión encargada de estudiar los sucesos ocurridos en Viotá el 31 de julio de 1932". Ver también Suárez (1932).


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El lunes 10 de agosto de 1932 El Tiempo tituló a dos columnas en la primera plana: "Cuatro muertos y veinticinco heridos hubo ayer en Viotá"; puntualizó en el subtítulo: "Más de mil comunistas atacaron la población. Fue herido gravemente el alcalde. El comandante de la Guardia herido levemente. En presencia del arzobispo". Era la versión urbana y criolla de un conflicto rural de nuevo tipo. Según la crónica, aunque la manifestación para celebrar la aparición del periódico Tierra se había anunciado para el lunes, se realizó sorpresivamente el domingo. A las once de la mañana irrumpieron en la plaza mil campesinos armados de revólveres, palos, machetes y escopetas, sembrando el pánico en todos los habitantes de la población. ( ... ) Cuando los fieles empezaron a salir de misa mayor, los campesinos que se consideraban con fuerzas suficientes para resistir cualquier combate, empezaron a lanzar vivas al obrerismo y abajos a las autoridades, especialmente al alcalde de la población y al jefe de la Guardia de Cundinamarca. En vista de esto el alcalde, General Juan José Leyva, llamó la atención de los manifestantes hacia el hecho de que debían respetar las autoridades y no provocar conflictos de ninguna naturaleza en la población, que hasta ayer se hallaba tranquila. Todo lo cual fue suficiente para que los revoltosos se dirigieran al cuartel de la guardia y al edificio en que se aloja la policía e iniciaran un ataque furibundo contra los agentes de la guardia y de la policía. En esa forma se dio principio al primer choque que dio como resultado un muerto y varios heridos (El Tiempo, 10 agosto de 1932, p. l).

Ante este "primer choque", con "serenidad", las autoridades trataron de mantener el orden hasta cuando ya era inevitable el ataque, y los disparos de los campesinos se sucedían unos a otros, hicieron fuego sobre uno de los grupos de revoltosos, hiriendo varios de los atacantes y dejando a uno de ellos muerto (p.l).

Después de lo cual se sucedieron otros choques que culminaron con la muerte de dos más de los atacantes, cuyos nombres se ignoran hasta el momento. Resultaron igualmente cerca de 24 heridos, algunos de ellos de gravedad (p.l).

El cronista precisa que el tiroteo se prolongó hasta las cuatro de la tarde y que en esas cinco horas muchos habitantes huyeron de la población. Narra en seguida un "segundo choque" en el que resultaron heridos el alcalde y el comandante de policía, e informa que el arzobispo primado de la Iglesia colombiana, Monseñor Ismael Perdomo, quien estaba de visita pastoral en Vio-



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tá, había presenciado el tumulto exhortando a la calma desde el balcón de la casa cural y que envió a las autoridades este telegrama: "Acaba de ocurrir un choque sangriento entre comunistas y la policía. Si no viene fuerza corre peligro la vida de los vecinos esta noche" (p.3). La crónica subraya que una vez pasado lo más gra ve del tumulto, José María Sáenz, gerente del Ingenio San Antonio de Viotá del que él y su familia eran propietarios, se trasladó a la vecina población de Apulo para enviar a El Tiempo un mensaje que el telegrafista de Viotá se había negado a recibir. Sáenz denunció el "lamentable ataque de los comunistas contra las autoridades y el pueblo de Viotá" y no dejó lugar al equívoco: de un lado, los "comunistas atacan"; del otro, las autoridades, el "personal" de la alcaldía, la policía, los trabajadores del Ingenio y la población del casco "se defienden" (p.3). Poco se sabe de estos trabajadores residentes, boyacenses, y de los carteros del Cauca que venían a las dos zafras del año y también se alojaban en instalaciones del Ingenio. La empresa, establecida en 1920, era relativamente nueva en el entorno (Acero, 2007, pp. 136-40). La pregunta es por qué los jornaleros de la caña y el proletariado no aparecen, salvo en esta referencia, y por qué no se solidarizaron con los campesinos rojos. Lo que sigue de la crónica de El Tiempo, a cargo de su corresponsal en Girardot, debió inquietar más a los lectores. Decía que en la tarde habían llegado suficientes refuerzos de tropa y policía a la población, que los comunistas se habían retirado y que había vuelto una calma apenas aparente: "se considera que esta noche ocurrirán gravísimos acontecimientos pues los campesinos se están organizando activamente para reanudar el ataque". El lunes no hubo tal ataque y el martes 2 de agosto en la Cámara de Representantes, Jorge Eliécer Gaitán, aún de la bancada Liberal, promovió un debate sobre la situación de los colonos del Sumapaz. Culpó de paso a las autoridades por los sucesos de Viotá, los comparó con los que perpetraron la matanza de las bananeras de 1928 y aseguró que los funcionados habían sido heridos levemente mientras que los campesinos habían recibido trato de bandoleros (El Tiempo, 2 de agosto de 1932, pp. 1 } 12). Conviene contrastar estos reportee¡ con rl informe de los sucesos que, dos meses después, presentaron a la Cámara de Representantes dos de sus miembros comisionados que, contradicen la versión de "choques" sucesivos ofrecida por El Tiempo. Según el informe, el 31 de julio de 1932 era día de mercado en la plaza de Viotá, como los domingos en todas las poblaciones rurales de Colombia, y estaba programada una manifestación campesina conforme a la ley. A las 10 de la mañana aparecieron en las alturas circundantes del pueblo muchedumbres campesinas portando banderas rojas y de otros colores, de diversos tamaños y carteles, uno de los cuales decía 'Pedimos pan, tierra y techo para las madres proletarias'. Se detuvieron un buen rato y, a la señal de un cohete, a las doce en punto, empezaron a bajar


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por las distintas entradas de la población, donde la policía, con los refuerzos recibidos contaba con once agentes, el comandante y el alcalde (pp. 1 Y 12).

Los manifestantes de las haciendas Florencia y Liberia, entre otras, marcharon en orden a la plaza por las esquinas noreste y sureste, y los de la hacienda Buenavista por el noroeste, donde se localizaba la Alcaldía: entraron en columnas, primero de niños, luego de mujeres y por último los hombres, dando vivas al comunismo y llevando ostensiblemente, además de banderas y carteles, muchas armas como machetes, cuchillos, hachas y palos que ellos dicen presentaban como símbolo del trabajo. (. .. ) El señor Pioquinto Rodríguez, residente en la población y herido de revólver ése día, vio a dos campesinos con escopetas y dos con revólveres. El Alcalde, apostado en la puerta de la alcaldía, en compañía del señor comandante de Guardias de Cundinamarca ( ... ) observaba el desfile de las mujeres y de los niños que marchaban de a tres en fondo, dando vivas al comunismo. Al presentarse la columna de hombres, el Alcalde se dirigió de improviso a su encuentro y los intimó que no podía entrar armados; como ellos avanzaran, le arrebató a uno un cartel y se lanzó a quitarle a José Franco una bandera grande que llevaba, éste se resistió y entraron en lucha asidos del asta de la bandera. En estos momentos un hombre que portaba un hacha, le tiró con ella al alcalde, pero no por el filo, sino por el ojo, causándole heridas contusivas (sic) en la cabeza que sangraron abundantemente en seguida. A pesar de esto, el alcalde no soltó el asta de la bandera, pero a poco entraron a luchar con él, además del abanderado otros individuos y lo den-ibaron. Cuando esto ocurría el comandante de la Guardia de Cundinamarca (. .. ) se dirigió a la multitud declarándole que él les daba gal-antías para hacer la manifestación, siempre que entraran en orden y sin armas, pero nos decía el señor Comandante, era tal el alboroto que ya se había formado, que probablemente no le oyeron y entonces se devolvió hacia el grupo de la Policía que comandaba con el ánimo de ordenarle preparar las armas ( ... ) cuando alguien siguió detrás de él y le lanzó un machetazo que lo alcanzó a herir en la nuca. El Comandante entró al patio de la casa consistorial, seguido del Cabo Valencia, a quien también habían herido ya en la boca de una pedrada. La multitud se estaba agolpando a la puerta de la Consistorial, lanzando piedras y esgrimiendo armas, (. .. ) En este punto el Cabo Valencia pidió órdenes y el Comandante se las dio de sacar los guardias que esperaban en el patio y de que hicieran fuego. (. .. ) el Alcalde, una vez derribado, disparó su revólver repetidamente (Anales de la Cámara de Representantes, 27 de septiembre de 1932, p.435)5.

5 "Informe que rinde a la honorable Cámara de Representantes la Comisión encargada de estudiar los sucesos ocurridos en Viotá el 31 de julio de 1932".


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Antes de la orden de hacer fuego y simultáneamente con la trifulca, los grupos de campesinos de Florencia, Liberia y Ceilán ( ... ) se congregaron en su mayor parte alrededor de una ceiba de la plaza, donde les dirigieron la palabra, por algunos minutos, un orador de entre ellos y uno venido de afuera (p. 435). Algunos manifestantes respondieron el fuego policial con piedras, palos cuchillos, machetes y, se dijo, revólveres. Después de quince minutos de tiroteo, yacían en la plaza tres muertos y 25 heridos, entre los que había dos mujeres. Todos eran campesinos. Sin embargo, "los campesinos se llevaron a sus estancias varios heridos de entre ellos, que no quisieron llevar a curar a la población, por temor de ser aprehendidos" (p. 436). En la cárcel fueron consignados 40 campesinos, hombres y mujeres, que semanas después seguían allí, aunque no se encontró noticia de alguna investigación judicial en torno a los muertos. La tragedia de la plaza de Viotá revela un aspecto nuevo, que es la participación femenina en tres grupos descritos en el informe: los manifestantes, los heridos y los encarcelados. Dicho informe también describe con cierto detalle el asesinato de Sergio Díaz, quien hasta unos días atrás de los sucesos había sido el administrador de la Hacienda Buenavista. El mismo domingo, en un camino de herradura lejos de la plaza de Viotá, Díaz cayó mortalmente herido y falleció por las heridas la semana siguiente en el Hospital de la Hortúa de Bogotá (p. 433): E13! de Julio se encontraba en Buenavista, cuando recibió noticia de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Viotá. Para inrormarse más directamente se dirigió a la población a pie. En el camino topó con varios de los campesinos manifestantes, que regresaban a sus casas dispersos, después de la lucha ocurrida en la población. Al encontrarse con el grupo de campesinos alguno de estos advirtió a los otros que era Sergio Díaz, y sin mediar otras circunstancias se lanzaron sobre él, le dieron un garrotazo y 10 derribaron. Díaz les gritaba que qué les había hecho para atacarlo, y sin compasión fueron asestándoles machetazos y golpes con otras herramient1ls, Ya gravemente he-rido, un niño de once a doce años le asestó una cuchillada (p. 436). Antes de esbozar una explicación de estos acontecimientos, conviene recordar que desde 1925 la OGT venía tramitando quejas de los arrendatarios y que mediaba en los conflictos de trabajo. La directriz del pcc era que las ligas no acudieran a la OGT y negociaran directamente. Con base en escrituras de notarías de Bogotá, La Mesa y Tocaima fue reconstruido uno de esos pactos, el firmado entre los propietarios de la hacienda Calandaima y la Liga Campesina del Tequendama en 1930 (Palacios, 1979b, pp. 165-168). El documento muestra que, sin duda, los arrendatarios de mayor nivel socio-económico (los "semestrales") tenían el liderazgo. Recordemos también que habían estallado


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huelgas de corta duración en la hacienda Buenavista en el año 1930 y en la hacienda Florencia en 1931, y puede decirse que ya se había formado el repertorio de manifestaciones en la cabecera de Viotá. Entre otras, trascurrieron pacíficamente las del 10 de marzo de 1931, el 10 de mayo del mismo año y, unas semanas antes de la que nos ocupa, la del 22 de mayo de 1932. No obstante, En días anteriores a la manifestación, circulaba en la población de Viotá, el rumor de que el intento de los campesinos era el de efectuar un asalto a mano armada contra la población y bajo esta impresión estaba la autoridad, pues cuando el día jueves 28 de julio, circularon las primeras hojas impresas de la Liga campesina de Buenavista, invitando a la manifestación, inmediatamente el Alcalde ( ... ) se dirigió al Ministro de Gobierno y al Secretario de Gobierno de Cundinamarca, transcribiéndoles el texto de la invitación y agregándoles: 'Policía activa captura distribuidores este manifiesto. Urge reforzar Guardia inmediatamente.' Y, en efecto, fueron detenidos varios distribuidores de la hoja. Esta, de la cual tenemos a la mano un ejemplar, se limita a enumerar quejas y agravios y a formular aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores. En ningún lugar se habla de incitación a vías de hecho contra nadie ni contra nada. ( ... ) El señor Salomón Castillo, arrendatario de Ceilán, oyó decir al señor Alcalde Leiva que tenía noticia de que los comunistas iban a hacer una gran manifestación, que a ella concurrían hombres de nueve haciendas y que seguramente sería una multitud que no iba a caber en Viotá, pero que tuvieran cuidado que mientras él fuera alcalde no le harían guachafita, que pediría el envío de guardia armada, y que si era necesario, haría lo de Cortés Vargas en las bananeras (p. 434).

Pareciera que todavía en 1932 el fantasma de las bananeras recorría el mapa social y mental del país. Por eso, una enorme manifestación de familias campesinas marchando en orden hacia una cabecera municipal, enarbolando banderas rojas y carteles proletarios y dando vivas al comunismo en las goteras de Bogotá, no podía más que inquietar y producir escándalo en los altos círculos capitalinos. Ahora bien, un casco puede ser más o menos amigable o más o menos hostil al campesinado. Lo usual, por ejemplo, es que en un día de mercado los campesinos lleguen graneados y de madrugada a vender sus productos para abastecerse de lo indispensable; quizás hagan alguna diligencia; fraternicen, se enteren, chismoseen y se embriaguen. El municipio como centro de mercado es también teatro de sociabilidades campesinas. ¿Qué pensar entonces de unos peones que marchan con su mujeres y niños a una plaza al medio día, después de misa y en formaciones "de a tres"? Entendámonos. Los días de elecciones los varones solían irrumpir agrupados, dando vivas a su partido. Así lo había establecido el repertorio político



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tradicional y así lo esperaban los gamonales. Pero las nuevas formas de politización que aparecen en el Viotá de los años treinta dividieron a los pobladores. El miedo a la muchedumbre campesina estaba instalado en algunos sectores de la población y los rumores eran su combustible natural. Que los directorios municipales de los partidos políticos pidieran permiso para manifestarse un domingo era cosa de rutina. No era así que grupos de campesinos notificaran a un alcalde que harían una manifestación de protesta. A esta rareza se sumaba el evidente patrocinio de la hoz y el martillo. En esta situación no debe extrañar que algunos habitantes del casco vieran armas mortales en las herramientas de trabajo campesino, de un modo tan natural como los comisionados de la Cámara de Representantes que no consideraron qué tan probable era que unos campesinos fueran a una manifestación con armas de fuego y acompañados de sus niños. Los habitantes, como el telegrafista que rechazó a Sáenz, parecieron entender la situación de otro modo. En las dos versiones del incidente, la de la Comisión de la Cámara de Representantes y la de El Tiempo, se exhibe la fractura abierta en la sociedad vio tuna: de un lado, los cultivadores del campo; del otro, los habitantes del casco, azorados y divididos frente a los acontecimientos 6 . No estamos ante la brecha civilizaciónJbarbarie, así algunos habitantes del casco fuesen proclives a comportarse conforme a los paradigmas culturales de la "superioridad" del orden político y comercial en una sociedad rural. A fin de cuentas los habitantes de un casco viven de almacenes, tiendas y talleres artesanales de clientela campesina, y su minúscula capa social que vive de cumplir unas cuantas funciones de rutina administrativa, política o religiosa. Además de lo anterior, hay que mencionar que en la tradición políLica colombiana los pueblos no han sido fáciles apéndices de las grandes haciendas o, dicho de otro modo, las haciendas no han sido ni tan extensas ni tan poderosas para avasallar el arraigado municipalismo de las cabeceras. Es posible que el anibo de los políticos movilizadores a lugares como Fusagasugá o Viotá alterara los ánimos, creara expectativas, revolviera tirrias, consejas y prejuicios. Desde la perspectiva nacional, reportajes como los de El Tiempo hacen pensar f'n la espesura de una mentalidad oligárquica de exclusión y miedo a las manifestaciones de inconformidad popular. En el liberalismo de los oligarcas no había cabida para tolerar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de expresión, en caso de que los sujetos fuesen campesinos inconformes. ¿Qué pasó con el arzobispo de Bogotá? Aparte del telegrama de alarma el prelado, guardó silencio. Poco antes de estos acontecimientos, en junio, había condenado ("deploro y repudio" fueron sus palabras) a los senadores que se negaron a dar un saludo de cortesía al nuncio (La Iglesia. 6rgano Oficial, 1932, p. 178), yen la edición de julio-agosto de la revista de la Arquidió6

Merchán subraya el asunto en (1975, p.lll l.


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cesis declaró en "entredicho la Iglesia de Chocontá" porque "un crecido número de feligreses ( ... ) cometió actos criminosos ( ... ) contra la persona del párroco" (pp. 200-201). Después mantuvo silencio sobre las agitaciones agrarias hasta su "Carta Pastoral para la Cuaresma de 1934", cuando creyó oportuno manifestar lo siguiente: nuestra complacencia por las medidas adoptadas por el gobierno de Cundinamarca para solucionar en forma pacífica los corrOictos entre arrendatarios y patronos, facilitando a aquellos la compra de parcelas de tierra. Así se provee del fomento a la agricultura, que es base de prosperidad, y se pone eficaz remedio a las tendencias comunistas. Ojalá se acogiera esta medida en toda la nación (1934, p.7).

El pcc siguió apoyando a los arrendatarios. En mayo de 1933, Gilberto Viera y Luis Vidales reportaron al Comintern que habían encontrado la llave política de Viotá: la petición de libre cultivo de los arrendatarios de las haciendas de café que, de pasada, ponía en aprietos a los hacendados modernizadores: El movimiento campesino ha progresado considerablemente en el sector de Viotá. Buscamos ahora un frente único con los campesinos de Sumapaz, en tomo de consignas concretas. (. .. ) En Viotá los latifundistas se muestran dispuestos a acepar todas las reivindicaciones campesinas hasta ahora presentadas, excepto la del LIBRE CULTIVO DEL CAFÉ. (mayúsculas en el original) Nosotros hemos comenzado a hacer gravitar la lucha en el campo precisamente en torno de la consigna de libre cultivo de café, que asesta un golpe a los planes "organizativos" de los cafeteros y llama principalmente de la masa campesina (Meschkat y Rojas, 2009, p. 760)7.

Pero poco después, en uno de esos zigzagueos de la búsqueda de lila línea correcta", el pcc quitó apoyo a los arrendatarios y los transformó en V blanco de la lucha de clases. Los asimiló a los kulaks que Stalin destruía literalmente y a todo vapor en la Unión Soviética (1929-1933). Sin embargo, en diciembre de 1934 la "Resolución sobre el Trabajo del Partido en el Campo" estableció que la lucha agraria se llevaría en toda Colombia bajo esta consigna: "antifeudal y antiimperialista, por la distribución gratuita de la tierra entre los campesinos pobres y medios, confiscando sin indemnizar allatifundio". Sobre la base confiscatoria podrían desarrollarse las tareas inmediatas: 7 Carla de Vieira y Vidales al Buró del Caribe, 19 de mayo de 1933, RGASPI, f. 495, op. 104, d. 63. !l. 36-90. Vidales, el primer director de El Bolchevique, duró unos dos meses en el cargo; fue retirado disc\-etamente de esa dirección en octubre 1934 y reemplazado por Aurelio Rodríguez, "obrero de Bucaramanga": El Bolchevique, nO 28, 6 de octubre de 1934.



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abolición del sistema de enganche, del salario en vales, de los castigos corporales, de la restricción a la libertad personal; jornada de ocho horas, descanso dominical pagado y aumento de salarios ... (El Bolchevique, 24 de marzo de 1935, p. 4).

La resolución cambió la vanguardia clasista que, de los jornaleros Ca veces se los llamaba "obreros") pasó a los arrendatarios, extraídos ahora del saco de los kulaks y embutidos al de los campesinos pobres y medios que habrían de ser los primeros beneficiarios de la confiscación agraria 8 . Con una parsimonia que sería habitual, en marzo de 1935 hicieron la autocrítica y reconocieron "el error de 1933": "Dar la consigna de que los voluntarios presenten con más insistencia pliegos de peticiones a los an-endatarios que a los explotadores latifundistas" (El Bolchevique, n° 36). Del mismo modo que los Liberales y los gaita ni stas en Fusagasugá, los Comunistas fueron recompensados con los votos de Viotá porque supieron conjugar sus oportunidades en el juego electoral con el hambre de tierra de los campesinos. En efecto, Gilberto Vieira y Luis Vidales reportan a la le en 1933,que en Viotá obtuvimos un éxito político resonante, colocando por primera vez mayoría comunista sobre el Partido Liberal en una ciudad (sic) de Colombia. Por sobre la reacción y las maniobras, a pesar de que el carácter de las elecciones exigía saber leer y escribir, en un medio campesinato (sic) de gran analfabetismo, los camaradas lograron 480 votos sobre 360 votos liberales y 20 votos consen'adores. La indignación de la burguesía y los latifundistas la verán reflejada en el recorte de 'El Tiempo' que les incluimos (Meschkat y Rojas, 2009, p. 760)9.

En el archivo municipal de Viotá de esos años, que conservaba con verdadera devoción el señor Benigno Galindo, quedó registrado que el tres de octubre de 1935, con la concurrencia a la Alcaldía de un grupo comunista, trabajadores de Calandaima, Buenavista, Ceilán, Florencia (Brasil), Palestina y Esperanza inscribieron a Emilio Piñeros (para las elecciones de cabildo municipal) y a Víctor J. Merchán suplente, individuo este de antecedentes como agitador reconocido (AMV, 1935).

Éste fue un triunfo político de la vereda sobre la hacienda y de la vereda sobre el casco, lo que fue un presagio de lo que ocurriría después con la propiedad.

8 "Resolución sobre el Trabajo del Partido en el Campo", El Bolchevique, n° 36, 8 de diciembre de 1934, pp. 6-7, Y El Bolchevique, 24 de marzo de 1935, p. 4. 9 Carta de Vieira y Vidales al Buró del Caribe, 19 de mayo de 1933.


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El Cuadro VIL 1 da una idea de la situación electoral del pcc. Se destaca la baja cobertura en el total nacional; la dependencia de unos pocos distritos rurales, en particular de los del Tequendama; violentas fluctuaciones entre las elecciones y, lo más importante, el ascenso en los años del "revisionismo" que, quizás, marcó la posterior desconfianza a participar en las elecciones. ¿Por qué los Comunistas no consiguieron rebasar el localismo del movimiento campesino? ¿Por qué la "base roja", claramente establecida a comienzos de la década de 1930, no se expandió o, conforme a la metáfora de Mao, ¿por qué si Viotá fue chispa no se incendió la pradera colombiana? Las respuestas se han buscado con insistencia en el frente político: (a) el reformismo liberal que plantó y cultivó la esperanza en el reparto agrario y (b) el VII Congreso de la IC que Intentó establecer un Frente Popular y ordenó frenar la agitación de masas, particularmente después de que el gobierno, reconoció, y aceptó de modo implícito, la victoria de los campesinos en la región del Tequendama (Gilhodés, 1972, p. 41).

Gilhodes sugiere que, en una perspectiva revolucionaria, el resultado de Viotá no podía ser menos desconsolador: bajo el control del partido comunista emergió una clase de prósperos granjeros de clase media, (SIC) con sus propias plantaciones cafeteras, granjeros que pagan sus cuotas al partido, pero que son básicamente recuperables (ahora en 1968, diríamos que ya han sido recuperados) por la sociedad tradicional (p.4S).

En conclusiones algo apuradas Gonzalo Sánchez va en la dirección de Gilhodes, pero propone dos hipótesis adicionales: (a) que si "la revolución en marcha" fue burguesa nunca fue democrática, en el sentido de que proyectara una distribución de la tierra a los campesinos. (b) que La Violencia fue la respuesta estatal diferida a un campesinado que se había medido durante dos décadas con un latifundismo que vuelve a tomar la iniciativa, precisamente mediante la represión (Sánchez, 1977, p. 125). El pcc fue derrotado por el localismo del movimiento agrario, por su propio sectarismo y el de sus competidores. En una remembranza que debió tener algo de autocrítica, Ignacio Torres Giralda señaló que de 1929 a 1931 las masas quedaron abandonadas por los organizadores revolucionarios, aunque En el campo, en regiones indígenas inclusive, existían organizaciones todavía con cierto vigor en 1930, algunas de ellas todavía capaces de sobrevivir a la crisis (mundial) y actuar con fuerza de masas después de 1933 ( ... ) pero habían sido desconectadas por las ultimas directivas nacionales del socialismo (TolTes, J 974, vol. IV, p. 183).


CUADRO VII. l.

Votación por el pcc, para concejos municipaLes, 1935-1947 1935

1937

1939

1941

1943

1945

1947

El Colegio

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CUADRO VII. 1.

Votación por el

PCC,

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para concejos municipales, 1935-1947 (continuación)

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645051

705689

801076

735367

784614

1329729

1719440

SUMAPAZ TaL. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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66.36

26.22

24.46

14.54

13.88

26.14

0.00

Notas: en 1935 figuran como "otros", en 1945 y 1949 como "socialistas" FUENTE: Jorge Mario Eastman, Seis reformas estructurales al régimen político. Capítulo Públicas y Presidente de la República.

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VIII.

Resultados electorales para Corporaciones

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179

Debemos subrayar la fragilidad y aislamiento de estas movilizaciones puestas en una escala nacional. Quizás una sobrevaluación de su cobertura y fuerza haya llevado a conclusiones idealistas y sin matiz. Volvamos al juicio de Torres Giraldo: para una reforma en el campo, así sea fragmentaria, es necesario que exista un movimiento campesino, con base precisamente en las masas que más la requieren, o sea, en el caso presente, en los campesinos sin tierras. Sin esta condición, ni Lenin, ni Stalin, harían una reforma de masas en el campo: Cuando López mira el agro colombiano, sólo existen focos aislados y en general muy débiles de rebeldía campesina, focos de dirección comunista, cuando el comunismo se halla desconectado de las masas liberales y conservadoras del campo en casi todo el país (vol. v, p.7).

Otro dirigente Comunista que, actuando en la organización de Cundinamarca era muy influyente en Viotá, rememoró el asunto ofreciendo un punto de vista similar. Dijo que hacia 1936 No había un movimiento agrario de características nacionales que pudiera levantar una resaltan te solidaridad, solamente el campesinado de Viotá y el Tequendama, por un lado de la cordillera y por el otro, la región de Sumapaz, pero esta, todavía no dirigida por el Partido Comunista, sino por un líder intelectual, Erasmo Valencia (ya fallecido) un luchador anti-Iatifundista pero dentro de una concepción legalista, con prejuicios anticomunistas que impedían un acuerdo de frente único entre los campesinos de las dos regiones por la conquista revolucionaria de las Lierras (Merchán, 1975, p. 114).

La marginalidad de la tragedia del 31 de julio de 1932 en la historia social del país y en la misma historia del pce dice mucho del conservadurismo generalizado en un momento de intensa movilización campesina, y abre interrogaciones sobre los límites de la acción de un partido bolchevique en Colombia, "sección de la le".

Los LmERALES: DEVOCIÓN A LA PALABRA IMPRESA

El modelo ideológico y político de la Revolución rusa fue admirado en amplios sectores de la juventud Liberal de la época. No así el modelo organizacional leninista que, con la dictadura de Stalin, causó recelo, aun entre los Liberales de la izquierda más radical. Estos solían decir que el marxismo, o Marx, daba cuenta de un sistema de ideas económicas, de un método para comprender el mundo real. Cosa bien diferente era el socialismo soviético, sistema político que era dictadura así se llamara "democrática". Con esa sen-


180


cilla técnica de navegación ideológica los Liberales pudieron cumplir sus objetivos pragmáticos; ésta nos da una clave para comprender por qué izquierdistas, incluidos marxistas, terminaron siendo los "intelectuales orgánicos" de la "república Liberal". En vísperas de la campaña electoral de 1929 el dirigente Liberal Alfonso López Pumarejo, un clubmall ajeno a los énfasis, modas y gestos de los intelectuales, remozó el sectarismo tradicional. Pasó por alto la reconocida división de su partido entre "militaristas" y "civilistas" y etiquetó socarronamente unas seis variedades de Liberales: reaccionarios, Conservadores, gobiernistas, antigobiemistas, de tendencia socialista y revolucionarios. En este registro, López era revolucionario sencillamente porque estaba preparado para la caída inminente del Partido Conservador en la urna electoral, que en aquel año los observadores más perspicaces veían como algo ilusorio (Tirado, 1986, p. 165)10. Aunque la predicción de López resultara correcta, lo cierto fue que con Olaya Herrera llegaba al poder presidencial una coalición bipartidista y de independientes, llamada Concentración Nacional. Por esto, la "revolución Liberal" tuvo que esperar en la amplia antesala que, meticulosamente, le amobló el nuevo presidente. Los partidos colombianos solían marchar desunidos y en desorden, y los años treinta no fueron la excepción. Por lo tanto, no debe extrañarnos que la bancada Liberal en el Congreso de 1930, donde todavía era minoría, no presentara un proyecto legislativo orgánico sobre los temas agrarios. Leemos iniciativas sueltas de individuos o de pequeños grupos de congresistas. Pueden citarse, entre otros, un proyecto sobre "Contrato de concertaje habla de "patrones" y "amos" y recordaba que "peones conciertos" son "quienes alquilan sus servicios". Aun así, "todos los amos están obligados a proporcionar a sus peones la enseñanza gratuita de leer, escribir y contar ... " (Anales de la Cámara de Representantes, 7 de julio de 1932, p. 35). Otro proyecto se quedaba en las nubes de la "protección de derechos a los cultivadores de tieITas". Su autor reconocía que era similar al del senador Salvador Iglesias (1922) y, como aquel, trataba de resolver "el problema del cultivador que es a la vez político y económico" (Anales de la Cámara de Representantes, 30 de agosto de 1932, p. 268). Eduardo López Pumarejo, hermano de Alfonso y colocado a la derecha de éste, ofreció uno sobre "el fomento de las parcelaciones de fincas rurales" (Anales de la Cámara de Representantes, 14 de noviembre de 1932, p. 861), y Luis Felipe Latorre (secretario de la presidencia de Olaya) otro sobre "arrendamiento rural". En cualquier caso los Liberales, que desde 1930 manejaban segmentos importantes de la administración nacional y después de 1931 alcanzaron mayorías en el Congreso, no estaban dispuestos a perder la oportunidad de ejercer patronazgo y politizar lo que les brindaba el descontento rural. 10

Sobre esta versión, ver Stoller (1995, p. 383).


DE UNA PLAZA DE PUEBLO A LOS LINOTIPOS BOCOTA "lOS

181

El presidente Olaya Herrera encontró buen apoyo en la revista Acción Liberal, un medio de difusión y debate ideológico que apareció en 1932. Portavoz de la Casa Liberal de Tunja, pasó a Bogotá y en 1934 se integró a la organización formal del Partido. Acción Liberal fue el medio de una generación -o de una "localización" histórico-social o "conexión generacional"-, es decir, de un grupo de hombres que alcanzaron los 30 años en la década de 1930 y se sintieron portadores de una nueva cultura en la esfera política colombiana, el periodismo y las letras 11. Fueron jóvenes que quisieron anudar una visión racionalista y positivista, heredera de la Ilustración, a un talante nacionalista, contrapuesto al nacionalismo católico dominante, conservador y romántico, y al cosmopolitismo de los Liberales radicales del siglo XIX. Cultivaron la concepción del progreso rectilíneo de la sociedad y se juzgaron progresistas porque, conforme al espíritu de los tiempos, abominaban delliberalismo económico l2 • Un poco más a la izquierda surgió el Grupo Marxista en cuya cabeza estuvo Luis Eduardo NietQArteta, que no dudó en ponerse al servicio de la causa Liberal (Cataño, 1983, pp. 171-96). La revolución cultural de Acción Liberal daba a la nación un contenido nacionalista y popular. Reivindicaba el papel social y político de los artesanos y los campesinos, y buscaba daves colombianas en el escrutinio del foldar, la historia y la arqueología (S taller, 1995, pp. 389-90). Simpatizantes de un matiz socialista, refinaron la versión de las "dos Colombias": la una, colonial, atrasada, confesional; la otra, moderna, capitalista y democrática, condenada a llevar a cuestas la primera. De este modo hicieron parte del abuso del "feudalismo", parapeto contra los latifundistas. Proclamándose "Liberales izquierdistas", sustentaron un programa colombiano para los problemas colombianos. Somos socialistas, pero no comunistas. El socialismo es heredero legítimo del liberalismo, al dccir de Bemstein, rey isionista germano. Como el pmiido liberal ha sido en todas las épocas de su historia un partido revolucionario, \incula ho~ a sus doctrinas las tesis del socialismo hacia cuya realización van todos los países. El liberalismo individualista es ya UI1 absurdo y un LO 11 tr
Sobre el concepto de generación sigo a Mannhein (1993, pp. 193-244). $ob¡-e el nacionalismo económico, ver Carta de Alejandro López a Jorge Eliécer Gaitán, Londres, 5 de abril de 1932. que la revista tituló "Ideas del izquierdismo", Acción Liberal, Año " n° 2, junio de J 932, pp. 55-59. 11

12


182


tras, y la centralización del capital en pocas manos es apenas en Colombia una hipótesis 13 .

Esa izquierda fue acusada permanentemente de extranjerismo. Sus portavoces replicaron que, incluso en el campo jurídico, su producción era netamente nacional. Venga un ejemplo. A su regreso de México en 1933, Julio Cuadros Caldas se incorporó al grupo. Cuadros había vivido en México desde 1909 y tuvo un destacado papel político e intelectual en el agrarismo de la Revolución. En 1923 publicó un best seller, Catecismo Agrario y al año siguiente recibió el ascenso a coronel del Ejército Libertador del Sur. Su intensa actividad de agitación lo convirtió en importante personaje de los círculos revolucionarios nacionales, amén de las asociaciones campesinas 14 . En la Casa Liberal publicó un curioso panfleto, Catecismo Liberal, yen Acción Liberal firmó varios artículos, algunos sobre la Revolución mexicana. Cuadros dio cuenta de su enemistad con los comunistas en dos obras voluminosas, una publicada en Puebla y la otra en Bucaramanga, las cuales han sido poco citadas y ameritan un cuidadoso examen (Cuadros, 1926; 1938). Pero una historia de Acción Liberal podría dejar completamente de lado a este personaje, lo que confirma la tenue influencia del agrarismo mexicano en la Colombia de los años treinta. La imagen de un México rojo venía, más bien, por los lados de la Guerra Cristera 1S . Hombres tan opuestos entre sí como Germán Arciniegas y Jorge Eliécer Gaitán tuvieron más afinidades y conexiones con Víctor Raúl Haya de la Torre y su proyecto aprista que, directamente, con los revolucionarios mexicanos1 6 . De los primeros números a la edición de agosto de 1935, Acción Liberal hizo un notable despliegue de informaciones y análisis sobre el latifundismo 13 El núcleo intelectual del grupo, originario de Boyacá, estuvo integrado por Plinio Mendoza Neim, el director, con Dalio Samper, y Armando Solano, Germán Arciniegas, Antonio García, Gerardo Molina, Moisés Prieto, Jorge Padilla, José Ma¡~ Abelardo Fo¡-ero Benavides, Luis de Greiff, Eduardo Zalamea Borda, Darío Achury Valenwela, Diego Mejía, César Uribe Piedrahita, Aliuro Vallejo y Felipe Lleras, la mayoría abogados, algunos de los cuales venían del bolchevismo de tertulia chocolatera. Todos admiraron la obra de Alejandro López; a este respecto ver "Liberalismo izquierdista", Acción Liberal, Año T, n° 2, Tunja, junio de 1932, pp. 53-4. Inmediatamente después del editorial citado en la nota anterior venia una cm1.a de Alejandro López a Jorge Eliécer Gaitán, fechada en Londres, 5 abril de 1932, que la revista tituló "Ideas del izquierdismo", en Acción Liberal, año 1, n° 2, pp. 55-59. 14 El personaje espera su biógrafo. Palacios, G. (2000, pp. 431-76); Medófilo Medina no dudó en calificar a Cuadros de "oportunista de ambigua trayectoria intemacional" (1980, p. 199). IS Aquí quiero recordar a Victor Urquidi quien me contó en detalle su difícil vida de adolescente en el Bogotá de esa época, en razón de ser hijo del Ministro de la Legación de México. 16 Por esta época, el movimiento Alianza Popular Revolucionaria Ame¡-jcana (APRA) o apns1110, creado en México en 1924 por el peruano Haya de la Torre, se concebía como un frente amplio de intelectuales, campesinos y obreros que proyectaba un nacionalismo más inspirado en la Revolución mexicana que en la ideología marxista y reservaba a las clases medias un puesto más prominente en la acción política.



183

y las agitaciones agrarias l7 • La explosiva situación campesina de esos años, especialmente entre 1932-1934, y las vías de su resolución pacífica e institucional, fueron preocupación central de La Casa Liberal que auspició la Federación Local de Trabajo de Bogotá. Según sus cálculos, a mediados de 1934 ésta tenía "10 mil obreros en 52 sindicatos y 12 mil campesinos agremiados en Ouipile, Viotá, Analoima, La Mesa" (Acción Liberal, n° 19 de agosto de 1934, p. 868)18. Con la misma celeridad creó el Comité de Sindicalización Nacional para denunciar la matanza de campesinos (simpatizantes de UNIR) en la Hacienda Tolima, perpetrados a la semana de la posesión de López Pumarejo. Cuando la Liga Campesina de Ouipile, sin duda una fortaleza rural de La Casa Liberal, consiguió reconocimiento y concesiones laborales de los hacendados, Acción Liberal proclamó que "El despertar de la conciencia revolucionaria de las masas campesinas oprimidas por un régimen feudal, es el síntoma más jugoso de la experiencia liberaL" (pp. 870-871). Germán Arciniegas argumentó que la tesis revolucionaria, Liberal, consistía en "establecer el pequeño cultivo en favor de los campesinos, adquiriendo para el Estado la propiedad de la tierra". El campesino podrá tomar un contrato de arrendamiento vitalicio, heredable. La izquierda Liberal, puntualizó, no admite que se deje en los campesinos la impresión de que ellos valen más por la agitación que por el trabajo, de que basta con que ellos descubran las miserias (legales, de titulación, MP) de los patrones, para que el Estado arrebate a éstos las tierras y las ponga en sus manos, sin que una nueva moral se imponga como reguladora de la vida rural. El plan liberal izquierdista consiste en hacer al Estado dueño de la tierra para que la dé en arrendamiento a los campesinos. Los campesinos sab"án así que tienen deberes sociales y que responderán ante el Estado constituido para su bien y para coordinar los esruerzos de la comunidad (Arciniegas, 1933, pp. 344-51).

Debe subrayarse que Arciniegas propone el monopolio estatista de la tierra, idea que abolía de un plumazo un principio cardinal del liberalismo occidental y lo fundamentó con un curioso argumento moralista, quizás oportunista. Esto le sirvió para subrayar, de pasada, que Gaitán y la UNTR, así se llamaran de i7quierda, estaban a la derecha, pues encontraban la solución de la cuestión agraria en el despojo del terrateniente para darle la propiedad al campesino.

17 Para sus principales concepciones del problema agrario ver especialmente AcciÓ/7 Liberal, n° 3 y 4, Tunja, julio-agosto de 1932, pp. 243-58; n° 5-7, Bogotá, septiembre-noviembre de 1932, pp. 210-40; n° 19, agosto de 1934, pp. 735-89; n° 23, febrero de 1935, pp. 1029 Yss., nO 24 marzo de 1935, pp. 1085-6; n° 27, agosto de 1935, pp. 1245 Y ss. Gaitán se retiró del grupo en 1934, cuando ya estaba en marcha su experimento de UNIR. 18 "El trabajo frente al latifundio".


184

DE UM PLAZA DE PUEBLO A LOS LINOTIPOS BOGOTANOS

Pero en últimas quizás lo que interesaba a los de Acción Liberal era lo mismo que interesaba a todos los Liberales: que la legislación "antifeudal" tuviera efecto en las votaciones. El asunto así planteado acentúa un cinismo que no debió existir. El problema era convertir las "masas campesinas" en conjuntos de electores y, por definición, los electores sometidos a la politización Liberal se transformaban en ciudadanos racionales, en seres individuales dotados de autonomía. En el terreno, claro está, había que neutralizar Uniristas y Comunistas y derrotar a los Conservadores, el adversario principal. Por esto debieron saborear el triunfo de Quipile, un municipio Conservador en 1930 (63.2% de los votos), que en 1935 ya tenía mayorías Liberales (58.3% de los votos), o de municipios tradicionalmente Liberales como Anolaima, que nunca respondieron electoralmente a Gaitán ni a los Comunistas. Con todo y las salvas revolucionarias, Acción Liberal empezó a dar su propio giro en 1935. Sin abandonar la esfera propiamente política, pasó de lo social a lo estético. De los estudios sobre la función social de la propiedad, al análisis de la función social del arte. De la defensa de las agitaciones agrarias de Quipile, Fusagasugá y el Tequendama, a una inspección metafísica de la Revolución mexicana, del aprismo ideológico de las expresiones artísticas bajo el fascismo europeo. Transición tersa, imperceptible: los hombres de Acción Liberal seguían en una izquierda angelical y festiva. Cuando a mediados de ese mismo año la IC planteó la estrategia mundial de los "frentes populares", estos quedaron en una posición más cómoda y optimista. Por una imprevista división del trabajo, pudieron poner más atención a las letras y a la historia; a la pintura y a la poesía; a la evaluación circunspecta de revoluciones lejanas, sin chamuscar sus alas revolucionarias ni perder un ápice de esa virtud de hombres que hadan historia alIado de las masas populares. No sería la primera vez, V su apoyo al siguiente presidente Liberal, Alfonso López -cuya gestión defendieron de los ataques que le propinaban aquellos conclaves empresariales y terratenientes opuestos a cualquier reforma social-, los confirmó en la izquierda. Pero, como Olaya, López Pumarejo tenía la manera de formar su propio equipo de "audacias jóvenes", que también hahlaban de con"ido el lenguaje liberaL progrL'si~ta)- l1aLionalista.

GAITÁN CAUDILLO: IMPRENTA Y MICRÓFONO

Aunque Gaitán pertenecía a la generación de Acción Liberal y se mantuvo cerca del gmpo, 'ompió en 1933 cuando quiso hacerse a un electorado propio sin pagar peajes y fundó la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, movimiento de \ ida breve: de octubre de 1933 a mayo de 1935. El ambicioso y combativo político bogotano se sirvió de esta plataforma para avanzar en una promisoria canoera de caudillo civilista en una época mundial en que no se cuestionaba, como ahora, el fenómeno caudillista. Abogado, como



185

muchos otros políticos de su generación, a diferencia de ellos se forjó una sólida carrera en el mercado restringido de la profesión legal y mantuvo la reputación de ser uno de los más certeros y eficaces penalistas del país. Así, los laureles universitarios no le sirvieron para depender más del Estado sino para ser más independiente. En el punto de transición hacia el nuevo movimiento, Gaitán presentó, con Fermín López Giraldo, un proyecto de ley que reglamentaba el contrato de trabajo rural. Una iniciativa relativamente desconocida o relegada en el análisis, que reviste extraordinaria importancia porque casi siempre la cuestión agraria fue y es entendida en la perspectiva de los derechos de propiedad de la tierra o de los problemas de tenencia, separada de las relaciones laborales. Como se verá adelante, el asunto se archivó y el mismo Gaitán pareció desentenderse en una fase posterior de su carrera política. El proyecto deja entrever un mundo de relaciones consuetudinarias que debía trastocar la intervención del Estado. Pero, quizás, no había el Estado idóneo para acometer semejante tarea. Tampoco había voluntad política. El pragmatismo electoral devoraría muy pronto al reformismo. En la "exposición de motivos" los autores insistieron que el régimen del trabajo rural en Colombia estaba regulado por disposiciones comunes de los contratos en materia civil, por incongruentes disposiciones sin alcance de algunas leyes especiales, o bien por ordenanzas de orden policivo, que ofenden por lo arbitrarias, y porque en ellas ninguna garantía se ofrece al campesino, sino que por el contrario, se le ofende en su simple calidad de hombre. De todas maneras, y en general, se advierte el principio de la libre contratación (que) ha dado por resultado el que no exista una norma de defensa para las clases trabajadoras. (. .. ) Sería obra interminable la de relatar y describir las corruptelas, injusticias y exacciones de todo orden a que está sometido el campesino El proyecto tiende, precisamente, a corregir lo que en el sentir de los proponentes requiere inmediato y eficaz remedio. ( ... ) El proyecto establece una división de los modos de contrato que pueden celebrarse en Colomhia, y reglamenta cada uno de sus aspectos en forma minuciosa, elevándolos a la categoría de disposiciones de orden público, a fin de que no pueda contratarse de otra manera limitada también de acuerdo con el mismo pensamiento, la gratuita disposición de los bienes del trabajador. Claramente se explica esta innovación si consideramos que al realizarla, el trabajador no sólo compromete sus bienes sino los de su familia, por la cual ha de vigilar el Estado, como base de su engrandecimiento. Otras aseguran ciertas libertades de libre siembra, hasta hoy negadas, y que nosotros consideramos indispensables al incremento de la producción nacional. Así en el caso de la libertad para sembrar libremente los artículos que el trabajador considere más útiles o convenientes ( ... ) No basta proporcionar al campesino los medios de subsistencia. Es indispensable elevarlo como factor humano,


186


proporcionando los medios eficaces, a fin de que tan lógica aspiración no se detenga en el plano de los simples deseos retóricos. Esta tiene que ser obra del Estado; obra ardua, en la cual el obstáculo de mayor resistencia será, en ocasiones múltiples, el misoneísmo, la rutina, el hábito y falta de aspiraciones del trabajador (Anales de la Cámara de Representantes, 10 de octubre de 1933, pp. 615620)19.

El articulado, novedoso, debió ser para muchos o una verdadera afrenta moral o una ilusión desbordada, aunque doctrinariamente estaba en la línea del ministro Chaux. Clasificaba y reglamentaba diferentes tipos de contratos, exigía condiciones de higiene, prohibía cepos, multas, aseguraba mínimamente al trabajador en caso de enfermedad; establecía la jornada de ocho horas; los campesinos no podían obligarse a trabajar en los caminos de las fincas, pero sí transitarlos libremente. El proyecto no pasó del primer debate, el 18 de septiembre de 1933. Más significativo es que su autor no volvió a presionar, y así quedó perdido en los Anales y archivos del Congreso. El 14 de junio de 1934, Gaitán sacó el primer número de su semanario Unirismo. Debajo del titular de primera plana venía una caricatura del presidente electo Alfonso López, muelón, de frac, extraviado en una carretera estrecha y de curvas sobre el abismo. Cargaba un esqueleto cuya calavera decía "Constitución del 86" y le susun-aba: "Camina, esqueleto, camina, la vida comienza mañana"; debajo de la caricatura venía el artículo de fondo, "El feudalismo en Colombia". Al igual que todos los abogados Liberales, Gaitán era un experto en abusar del vocablo "feudalismo" que consideraba un agregado de latifundios cum Constitución del 86 aunque -con la excepción de los arrendatarios de El Chocho, en donde predicó la expropiación sin indemnización ya que no reconocía la validez de los títulos- dio precedencia a la agitación, organización y defensa política y legal de los colonos, principalmente del Sumapaz. Fusagasugá fue el eje de las campañas del Gaitán agrarista y UNIR abrió una grieta en lo que parecía una trinchera olayista, celosamente defendida por los activistas de la Casa Liberal. Un hito de esta lucha fue la marcha de colonos y arrendatarios, encabezada por Gaitán, que partió del caserío Los Puentes en El Chocho (actual cabecera de Silvania) hacia la plaza de Fusagasugá, y que terminó en un enfrentamiento confuso y sangriento de uniristas y Liberales, el 4 de febrero de 1934 en que fue ostensible la presencia de la Guardia Departamental de Cundinamarca. El 6 de febrero el Editorial de El Tiempo apuntó: "La masacre de Fusagasugá ha sido un incidente desgraciadamente natural dentro del proceso político que ha venido incubándose en la que pudiéramos llamar capital del latifundismo cundinamarqués", y criticó por igual la "imprudencia" del alcalde y de Gaitán (El Tiempo, "Los suce19

"Proyecto de Ley por la cual se reglamenta el contrato de trabajo rural".


DE UNA PlAZA DE PUEBLO A LOS LlNOTIP OS BOGOTA NOS

187

balace ra sos de Fusaga sugá", Editori al, 6 de febrero de 1934, p. 6)2°. Esta la hade ación parcel la r "natura l" sirvió al gobier no de Olaya para ordena pleen estaba país el que lizar cienda , como ya se vio. Es import ante puntua on lanzar no s vadore Conser los na campa ña elector al, menos áspera porque Libera al tiva alterna una como candid ato preside ncial y UNIR se presen taba impouna a formab día un que lismo gobern ante. La misma masa human a maba en nente march a campe sina antilati fundist a, al siguien te se trasfor de una tipo estereo el reiteró te agresiv a muche dumbr e electoral. El inciden ó que anunci Tiempo El s. vereda profun da brecha polític a entre el casco y las sidía al y, ión" poblac la de toma los "camp esinos de Fusaga sugá amena zan y o" Choch El de los a apoyo dado guiente , que los "camp esinos de Viotá han 1934, de febrero de 6 , Tiempo (El "tienen el propós ito de atacar la población" on subpp. 1 Y 14; 7 Febrer o 1934). Los proble mas de la parcel ación quedar Gaimismo el iarlo denunc sumido s en las dinám icas unirist as como debió tán (Unirismo, n° 10, agosto de 1934, p. 4). su aboLos notabl es del Libera lismo fusaga sueño dejaro n consta ncia de la Jude Órgano Lucha. La : rrecim iento a Gaitán en dos periódi cos locales (1935 . ndiente Indepe co Periódi . ventud Liberal (1933 y 1934) y Tribuna Liberal Gaicuando 1936, de re semest y 1936)21. En sucesiv as edicion es del primer a Tribun so, Congre el en l Libera a tán ya se había reinco rporad o a la bancad elecpación preocu ndo mostra denunc ió una vez más el "veneno comun ista", os de toral más que rencor clasista. Lamen tándos e del saldo de los comici 1936 apuntó que y marxism o los electore s de los campos ... imbuid os de comuni smo, socialis mo allá de lo más do resulta un ieron consigu que heredar on del doctor Gaitán, ( ... ) ser querido ha que ismo comun del n previsto, de suerte que se impone la exclusió nO 1 p. 1936 de enero de 6 12, nO ugá, Fusagas amo de la región (Tribulla Liberal, 30, 14 de junio de 1936 p. 6).

sta del Las solucio nes agraria s de Gaitán, empac adas en ese tono morali cido recono fue que la de ica alíst crimin positiv ismo de la escuel a italiana dr latifun los ente legalm ir de-;tru a divulg ador en Colom bia, se encam inaban nindepe tarios propie os pequeñ de d dios improd uctivo s y erigir una socieda se limidientes . Su reform a agraria , confor me al canon Libera l de la época, n una atenció la llama esto Por dad. taba a resolve r los proble mas de titulari as: Cárden Lázaro México de entrev ista de Unirismo al preside nte

pp. 1 Y 12. 20 Sobre las yersiones del incidente ve!; El Tiempo, 4 de rebrem de 1934, 10, 16 de agosto de 1934; n° 20, n° 1; p. 1934, de julio de 1 nOI, Lucha, La ejemplo por 2! Ver 25 de noviemb re de 1934.


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Siempre he sostenido -dijo el General- que sólo armando a los elementos agraristas que han sido, son y serán el baluarte firme de la Revolución se les podrá capacitar para que sigan cumpliendo su apostolado, en vez de continuar siendo víctimas de atentados como ocurre en toda la República. Entregué a los campesinos el 'mauser' con el que hicieron la Revolución para que la defiendan, para que defiendan el ejido y la escuela (Unirisl1lo , n ° 36, 21 de febrero de 1935, p. 6).

Quizás el caudillo bogotano quería advertir a la clase dirigente que la inflexibilidad con la reforma agraria y la lentitud en la construcción y dotación de escuelas rurales podrían abrir las compuertas al "mauser". Pero también mostraba a los Comunistas, que lo atacaban sin cuartel, que había en oferta otros modelos revolucionarios, más afines a las idiosincrasias nacionales. Gaitán no solía responder esos ataques sino de manera oblicua como cuando publicó con gran despliegue una entrevista que Anita Brenner, la conocida escritora e intelectual norteamericana ligada a los pintores mexicanos de izquierda, había hecho a León Trotsky en Francia (Unirismo, n° 9,9 de agosto de 1934, pp. 1 Y 2)22. En claro contraste con El Bolchevique, rígido en su formato (traía invariablemente una sección indígena y una venezolana) y plagado de jerga, el periódico de Gaitán tenía más páginas, algo de propaganda comercial y se marcaba por el fuerte acento personaIista y el apetito electoral. Aparte de sectores populares como los estibadores del río Magdalena, se dirigía a las clases medias de taxistas, inquilinos, tenderos y artesanos de Bogotá. Sus constantes reportajes sobre conflictos agrarios eran más sueltos y frescos, y cubrían aspectos de higiene pública; despotismo cotidiano de los mayordomos coludidos con la Guardia de Cundinamarca; mala fe en las romanas o básculas de las haciendas que convertían una arroba de 25 libras en 40 libras para estafar a los cosecheros, y la inseguridad jurídica permanente de los trabajadores rurales, "víctimas del capitalismo absorbente". En la década de 1930 Erasmo Valencia y Gaitán hicieron dueto en el Sumapaz y machacaron sobre las condiciones oprobiosas de los jornaleros, colonos y an-endatarios . Al apoyo y participación de Gaitán, en LI\IR o en el Partido Liberal, y a las incesantes actividades de Valencia y el PAN se debe la adjudicación de parcelas a los colonos del Alto Sumapaz, la parcelación de El Chocho, la fundación del municipio de Silvania y el empuje inicial de los movimientos campesinos de Pasea, Cunday e Icononzo. La elocuencia y capacidad de trabajo convirtieron a Gaitán en personero de los colonos y a ese título participó activamente en la comisión redactora del proyecto que, con los años y después de significativas alteraciones para moderarla, sería la Ley 200 de 1936 (Villaveces (ed.), 1968, pp. 74-77; 114-141). En 1936 Gaitán cam-

22

Entrevista a Anita Brenncr.


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bió tácticas. Su activismo agrarista fue cediendo ante consideraciones de movilización populista en un plano más urbano y más nacional. Precisamente cuando los debates en el Congreso de la ley agraria llegaban a su tramo final, en 1936, se reunió en Medellín un Congreso Sindical Nacional que abocó el problema de la tierra y en la sección sobre el "Carácter de las luchas campesinas" propuso una clasificación del campesinado muy diferente de la Comunista y, en el fondo, afín con la Liberal: a.

b.

c.

Los colonos eran considerados el principal grupo del campo cuya aspiración era ser propietarios. Estaban organizados en la Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz, bajo el liderazgo de Erasmo Valencia, que contaba con seis secciones distribuidas en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta 23 . Con base en la Ley 74 de 1926 sobre colonización y parcelación de latifundios,la Sociedad había emplazado al Gobierno a efectuar el reparto inmediato de la tierra "aunque hasta la fecha han logrado arrebatar a los latifundistas cerca de 700.000 hectáreas en Bogotá, Pasea, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Icononzo y Cunday". Cifra bastante inflada. Los arrendatarios que se limitan, "las más de las veces", a rebajar las obligaciones, mejorar la alimentación y las condiciones de la jornada laboral. Los describe como "poco organizados y por tanto muy fluctuantes" y sugiere que no aspiran a la tierra. Los pequeños propietarios, que tienden a "copiar todos los defectos y abusos de los grandes terratenientes" y viven en pleitos de linderos y servidumbres (Claridad, n° 152, 30 de septiembre de 1936).

Los resultados de la elección presidencial de 1946, en la que Gaitán fue candidato, demuestran que había dejado huella en la memoria colectiva de las veredas y cascos del Sumapaz. Su in11uencia era notable no solo en las zonas cafeteras del Sumapaz, especialmente en Fusagasugá y Cunday, sino en varios municipios del Tolima donde cundía el descontento campesino: Ibagué, Armero, Fresno y Chapan"al en el sur.

21 Digamos de paso que Juan de la Cruz Varela haría sus primeros pinitos políticos en la Sociedad, su escuela política que lo llevaría a ser uno de los Iíd~res agrarios más importantes de Cundinamarca y el oriente del Tolima de la década de lo~ cuarenta a mediados de la del sesenta. Ver su "Carta al presidente de la República" en Claridad, n° 156.2 de abr il de 1937, p. 3 en la que denuncia con respeto y buena est:ritura la violencia y arbitrariedades en la hacienda El Palmar de la Compañía Cafeter"a del Tolima. Roda Londoño Botero ofrece un aspecto de la semblanza del dirigente en "Cómo leyó Juan de la Cruz Varela?", Análisis Político, n° 15, enero-abril de 1992, pp. 100- 130.


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EL EMBELECO DEL "FRENTE POPULAR"

Siguiendo la directiva del Comintern de 1930, el pcc rompió con los Liberales y pasó a tildarlos ya de "pequeñoburgueses", ya de "terratenientes burgueses", o sencillamente de "fascistas", como el presidente Olaya. Todavía en 1934 el pcc consideraba que no había lugar en Colombia para las alianzas de clase con una burguesía que representa los intereses de la industria 'nacional', (que) ha nacido no en la lucha con el feudalismo y el imperialismo, sino adherida al feudalismo y plasmada por el imperialismo (El Bolchevique, 15 de septiembre de 1934, pA).

Afirmaba en 1934 que por fuera del marxismo-leninismo se corría el riesgo de caer en la trampa mortal de un programa "nacional-reformista", como le había pasado a UNIR y a la Casa Libera[24. Hay que recordar que, al igual que el Partido Comunista del Perú, el colombiano, en plena gestación, había conocido el aislamiento y algo de represión por su oposición doctrinaria a "la guerra de Leticia" (Treinta años de lucha, 1960, pp. 27-8). Como los Comunistas peruanos con el aprismo, los colombianos se ensañaron en Gaitán: "seguidor del socialista burgués italiano Ferri"; "abogado socialistero"; "socialista feudal", y "socialista pequeño-burgués" (El Bolchevique, n° 27, 29 de septiembre de 1934 y n° 28, 6 de octubre de 1934, p. 4). El programa de UNIR era "demagógica obrerista", "aldeanista", un "nuevo espécimen del Partido Liberal terrateniente-burgués" (n° 24, 8 de septiembre de 1934, p. 4); salía de la mezcolanza de "revolver el materialismo científico con el socialismo llorón". Cuando Gaitán pedía repartir los baldíos a los colonos y un fuerte Estado intervencionista, apuntaban que no se refiere a las diferentes capas del campesinado y menos aún a la masa fundamental de campesinos pobres y medios si no a la delgada lela de kulaks, es decir a los grupos de burguesía agraria que podría beneficiar una ley de crédito (n° 31, 27 de octubre de 1934, pA).

Según la autocrítica de 1960, la trayectOlia "sectaria" cambió en 1935 cuando el pcc convirtió los abominados enemigos de ayer, los social-demócratas -cuyo equivalente colombiano era el Partido Liberal que marchaba hacia el fascismo-, en los amigos del "Frente Popular" y en la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana a la URSS, en los aliados de los "Frentes antifascistas". 24 Sobre UNIR, ver El Bolchevique, nO 25, 15 de sepliembre de 1934, p.4 Y sobre La Casa Liberal, n° 19, 4 de agosto de 1934, p. 2.


DE UNA PLAZA DE PUEBLO A LOS LINOTlPOS BOGOTANOS

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Pero en este punto los Liberales colombianos, mirándose quizás en el espejo español y en las calamitosas consecuencias de un "Frente Popular", no entraron al juego. Eduardo Santos, presidente de la Dirección Liberal Nacional, notificó a Ignacio Torres Giralda, secretario general del PCC, el rotundo rechazo a participar en una coalición política de esa naturaleza. Socarronamente le recordó que en ocasión memorable el Dr. Alfonso López dijo que (en Colombia) no se justifica la creación de un Frente Popular; no la reclaman las realidades políticas ni existen las circunstancias que le han dado origen y explicación en ciertas naciones europeas 25 .

Es indiscutible que los Comunistas ensayaron romper las creencias y la sensibilidad bipartidistas para sentar las bases más duraderas de un tipo de acción política que se proponía la revolución proletaria. Abrieron baterías clasistas contra los hacendados del Tequendama, en particular los de Viotá, Liberales en su mayoría. Al identificar Liberalismo con "terratenientes feudales", el pcc diseminó las semillas de una posible conciencia de clase entre el campesinado, al estilo de estas coplas tituladas El recuerdo de mi escopeta:

Los liberales con plata son más godos que Peñuela asesinan como el lobo Juan Vicente en Venezuela. Para subir al poder ofrecen "huevos" y "leche" y un paraíso de "flores". Pero son tan hambreadores como los godos de ayer. López Fraude, en sus arrestos para salvar los patrones, nos ha cargado de impuestos que se chupan de sus puestos en cuadrilla de malhechores.

25 Carta de E. Santos a I. Ton'es Giralda, 10 de diciembre de 1936, trascrita en Cuadros (comp.) (1937, pp. 119-28). Un reporte británico subrayó que, en efecto, el presidente López había calificado el Frente Populat· de "planta exótica en Colombia" y que el Frente Popular tenía alguna presencia aunque reducida a Bogotá y Medellín. PROfFO 371/19776, Mr. Paske Smith lO Mr. Eden, Bogotá, 2 de octubre de 1936, pp. 8-12 .


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Ahora que estoy pensando que los ricos SOI1 iguales, recuerdo de mi escopeta que le di a los liberales. Juan Pueblo (El Bolchevique, Bogotá, n° 45, 16 de febrero de 1935 p. 2) Sin embargo, la afinidad del pcc con la versión Liberal de la historia colombiana y las restricciones que se autoimpuso para tener en pie el espantapájaros del Frente Popular y luego la alianza antifascista, lo orillaron a ser aliado menor de los Liberales en un trayecto de diez años (1935-1945). En esa imaginada alianza con el Partido Liberal se diluyó la estrategia clasista y contra el bipartidismo. En las cañadas y bosques de las haciendas de Viotá proliferaban reuniones clandestinas de las que salían ligas y secciones sindicales bautizadas con los nombres de los héroes Liberales del siglo XIX. El mascarón "Frente Popular" requeria una estrategia política, y ésta un contenido de clase. Así surgió la necesidad de inventarse la burguesía "antifeudal y antiimperialista"; en esta operación pareció oCUlTirles lo que al señor Jourdain: hablaban en Liberal sin saberlo, enfermedad agravada por el "obrerismo", "revisionismo" o "brawderismo" de 1941 a 1947, años en que el pcc pasó a llamarse Partido Socialista Democrático y mejoró un poco sus magros resultados electorales.


CAPÍTULO VIII

LA COMPOSTURA DE LA LEY 200 DE 1936 Si la historia humana siguiera un curso lógico, el Congreso colombiano hubiera aprobado una ley agraria comprehensiva en 1933 o 1934, cuando las agitaciones alcanzaron su pico, los Liberales eran mayoritarios en el Congreso y el Gobierno de Olaya parecía dispuesto a marchar en la dirección reformista. Pero, gracias en parte a las parcelaciones, en 1934 habían empezado a ceder las agitaciones rurales de Cundinamarca y 1935 fue un año relativamente tranquilo en el frente social en todo el país. Ése mismo año fracasó el movimiento electoral independiente de Gaitán y la le cambió de línea política mundial de modo que los Comunistas colombianos se moderaron con miras a formar un "Frente Popular" con los Liberales. Pese a todo esto el orden social requería una ley agraria que diera seguridad jurídica a la titulación de las tierras, puesta en entredicho por sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como ya se vio. Este es el contexto en el que deben analizarse las peripecias de la legislatura de 1936. Quizás no haya nada memorable ni en el proceso legislativo que llevó a la Ley de Tierras, ni en el admirable Congreso Liberal del año 36'. Quizás, como se insiste, el episodio de la ley agraria fue algo meramente anodino. El senador Gerardo Molina, el único Socialista declarado de la corporación, lo dejo claro en una breve intervención en los debates del proyecto: Algunos oradores han dicho que este proyecto es libera) y no marxista; eso es evidente. El proyecto es liberal y menos que liberal, pues en otras partes el liberalismo ha ido más lejos; en Europa, por ejemplo, a raíz de la guerra, la refo¡"ma agraria se hizo por el procedimiento directo de expropiar el latifundio para re" partirlo; y fue una refo¡"ma liberal. Aquí no nos hemos ,ltrcvido nosotros a seguir ese camino, y por eso hemos tomado un método indirecto, el de la extinción de la propiedad por el no cultivo, procedimiento tardío, demorado y poco científico que, como se verá, con el tiempo, no tendrá eficacia. Quiero tranquilizar a los I Un estudio del proceso legisla ti\,O \:xigiría, naturalmente, escudriñar, en primer lugar, los Archivos del Congreso. Para los propósitos de este estudio fue suftcicntc la consulta de los dos tomos de la compilación de Marco A. Martínez E., Régimel! de tierras el! Cololllhia (1939), que recogen casi todos los debates tal como aparecieron en los A,u¡{es del Senado y de la Cámara de Rep¡"esentantes. Las noticias, a veces extensas, que aparecieron en la prensa capitalina o de las provincias, fueron más bien esporádicas y de oportunidad. Lo mismo puede decirse de las pocas notas ed i toriales.

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LA COMPOSTURA DE LA LEY 200 DE 1936

elementos nerviosos del Senado, diciéndoles que a lo largo de esta iniciativa jurídica no se encuentra ningún atisbo de socialismo (Martínez, 1939, p. 294).

Con el beneficio de escribir expost podemos señalar un momento de inflexión, de fracaso reformista. Detrás de la fraseología, el Liberalismo parecía agotado. El problema de la tierra quedaba sepultado en la "cuestión jurídica" de la res nullíus. Perdía centralidad al desligarse del proyecto de ampliar la ciudadanía en un país en el que campeaba el espíritu obcecado, esencialista, de jerarquías sociales y funcionales eternas, hispánicas; el país del conservadurismo político e ideológico que todo lo invadió desde la derrota Liberal en 1902. Peor aún: el retorno del sectarismo por la vía de la "revolución en marcha" hizo de la ciudadanía un problema inextricable de la cédula electoral, de suerte que los lugares de la protesta campesina entraron a la candente discusión de las circunscripciones electorales. En suma, la solución de la cuestión campesina quedó circunscrita a reforzar el compuesto viscoso que en otra parte denominamos "legitimidad y violencia". En 1936 los Liberales ganaron legislando tibiamente. Sin embargo, hay que subrayar el momento de cambio social y estatal que atravesaba el país. Por las referencias que ya se hicieron, parece que todos los dirigentes e intelectuales "orgánicos" del Liberalismo colombiano se contentaron con sacar del limbo a una clase social "independiente", el campesino propietario, una especie de equivalente del mestizo del período colonial tardío y los albores de la República. Bastaría otorgar el "don" a los cabezas de familia que, en este caso, sería el saneamiento legal de los pequeños predios rurales. De allí, pues, la importancia de la "superestructura". Eso lo sabían muy bien los Conservadores, en especial los antioqueños, atrincherados en la FNC y en la Caja Agraria. ¿Qué ganaron los Liberales? En el corto plazo, estabilidad y respiro. En el mediano plazo, obtuvieron el prestigio de un partido popular, representativo de las causas sociales, algo que se comprueba fácilmente en el registro electoral y, para nuestros propósitos, en el registro historiográfico. Los campesinistas Conservadores señalaron la pertinencia del sistema de crédito rural y la parcela cafetera como pruebas evidentes de lo limitadas que eran las reformas Liberales de 1936 que, bien podían reducirse a mucho ruido y pocas nueces. Los Comunistas perdieron la iniciativa política, congelaron la lucha de clases, preservaron la organización pequeña y cerrada. En 1948, una vez desaparecido Gaitán, su gran competidOl~ penetraron el movimiento de los colonos del Sumapaz. ¿Ganaron los campesinos? Poco, como argumentamos en la sección final de este capítulo y en el epílogo.



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Los LmERALEs EN PLAN DE LEGISLADORES

En el Mensaje a la Legislatura de 1932, Olaya Herrera había anunciado que, ante la presión social de los colonos, se estudia la posibilidad de parcelar otras tierras de que es dueña la Nación y que a ella no le producen beneficio alguno. y se estudia un decreto de reversión de los baldíos en que el adjudicatario no ha dado cumplimiento a sus deberes. (. .. ) en la mayoría de los casos esas tierras se encuentran ocupadas por colonos de pequeñas extensiones de cultivo, a quienes generalmente se mortifica con amenazas de despojo (Martínez, 1939, p.7).

c. .. )

"

En 1933 el Ministro Chaux fue explícito en reconocer un problema de la res nullius. Puso de ejemplo el "aparejamiento de pruebas del derecho de dominio" y reiteró que "por las revoluciones, descuido, desorganización y saqueos", los títulos de propiedad no habían sido bien conservados en las notarías y oficinas de registro. El resultado: "sustitución de títulos, falsedades, mutilaciones, ampliaciones de linderos propios" (Ministerio de Industrias, 1933 p. 109). En mayo de 1933 el presidente nombró una junta para el estudio y solución legal del problema, conformada, entre otros, por los Ministros de Industrias, José Francisco Chaux, de Hacienda, Esteban JaramilIo, y los políticos Luis Felipe Latorre (secretario del presidente) Rafael EscalIón y Jorge Eliécer Gaitán. De este modo, en su Mensaje a la Legislatura de 1933 Ola ya Herrera precisó que la cuestión agraria se reducía a resolver "la propiedad de terrenos cultivados por gentes que alegan la calidad de colonos de tierras baldías y que otras personas reclaman como de su propiedad" (tomo I, p. 9). La iniciativa presidencial produjo intensos debates en la Cámara de Representantes. Un grupo de congresistas, encabezado por Carlos Lleras Restrepo y del que hacían parte varios miembros de Acción Liberal, presentó un proyecto de ley "sobre expropiación de tielTas y régimen de propiedad agraria", anticipándose al que presentaría el Gobierno (Anales de la Cámara de Representantes, 22 de agosto de 1933, pp. 139-42)2. Del proyecto se desprende claramente que la expropiación estaba consagrada en la Constitución de 1886 (art. 32) y en la reforma constitucional de 1910. En muchos sentidos 2 El proyeclo apa/"ece firmado por Carlos Lleras R,:slrepo, J. V. Combariza, Moisés Prielo, Plinio Mendoza Neira, Germán Arciniegas, Hernán Gómez e., G. Peñaranda Arenas, Jorge Uribe Márquez, Mariano Jaramillo, Alberlo Camacho Angadla, Edgardo Manolas W., Emilio Jara" millo, Guillermo Londoño M., B. Velasco Cabrera, Mario Ruiz c., Diego Luis Córdoba. "Los firman por considerarlo buena base de discusión", Edilberlo Escobar y Alirio Gómez Picón. Pal"a el conlexlo político de los debales, ver la versión de uno de los prolagonislas, en Lleras ReSlrepo, Crónicas 1 (1983, pp. 65-75).


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este proyecto enfocaba el tema desde una perspectiva de reforma agraria, excluida de los proyectos de Olaya y del posterior de López Pumarejo. La exposición de motivos del proyecto disidente subrayaba: Partimos de la base de que, ya a virtud del sistema de trabajo por medio de arrendatarios o aparceros, ya a causa del trabajo de colonos sobre tierras ajenas, se encuentra incorporado a tierras de propiedad privada, en vastas regiones del país, un valor que representa el esfuerzo de innumerables trabajadores, y que encarna un interés cuya oposición con el de los propietarios titulares de la tierra, es el origen indiscutible de la mayor parte de los conflictos agrarios (p. 142).

A los pocos días, el 30 de agosto de 1933, Chaux presentó al Congreso el proyecto del Gobierno que comenzaba con la definición del ager publicus hispánico y nacional, es decir, del Estado propietario eminente. El proyecto entró en las rutinas y protocolos del Congreso, y Carlos Lleras Restrepo terció de nuevo con un proyecto de ley sobre régimen de propiedad agraria, moderadamente inclinado hacia la izquierda, que contenía las ideas embrionarias que más tarde desarrollaría en la Ley 165 de 1961, Y en los decretos y leyes posteriores que la complementaron. Reconocía expropiación con indemnización y estipulaba el tamaño de la explotación expropiable; se expropiaban las mejoras; se promovía la asociación de arrendatarios en entidades con personería jurídica y se proponía un método relativamente rápido para lograr la expropiación (Lleras, 1934). Sin embargo, el proyecto del Gobierno seguía su curso. Aunque el pliego de modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes en diciembre de 1934 lo dejó en pie, Olaya terminó el mandato sin conseguir su aprobación. En el clima de polarización partidista y agitación social de 1934 llegó a la presidencia el ex banquero Alfonso López Pumarejo, hijo de banquero, nieto de sastre. En cuestiones de economía política antepuso el banquero librecambista al sastre proteccionista. Desde su ingreso a la actividad partidista descolló por el pragmatismo del hombre de negocios y, por lo tanto, fue indistintamente antigobiernista y gobiernista. Pero ahora aseguraba que el éxito de un partido político dependía de saber inyectar mística a las bases populares. Por esto llamó a la "revolución en marcha" y decidió terminar sus intervenciones políticas con tres vivas rituales al Partido Liberal. Al tomar posesión del cargo subrayó que asumía la tarea de "movilizar intelectualmente a las masas" y "sacudir la estructura ideológica de República con vigor". Advirtió, empero, que nunca invitaría al pueblo a salirse de los cauces pacíficos porque después de 1929 "aprendimos que hay una dócil y espontánea facilidad en la democracia colombiana para hacer las revoluciones sin violencia" (La Política Oficial, 1935-1939, vol. T, p. 32). El saludo que recibió fue una matanza de 13 campesinos inconformes en la Hacienda Tolima en



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las goteras de Ibagué. El suceso tuvo amplia difusión en la prensa de izquierda, produjo una enérgica respuesta del gobierno y, en sus ataques a UNIR, los Comunistas sacaron a luz el chocante legalismo del caudillo: y ahora Jorge Eliécer Gaitán, el que impide que los campesinos se armen para defender sus derechos ( ... ) quiere encaramarse como siempre sobre los cadáveres de los campesinos caídos para capitalizar en su provecho la sangre derramada (El Bolchevique, n° 20, 18 de agosto de 1934, pp. 1-4)3.

Las transformaciones que defendían López y las mayorías Liberales pasaban, como vimos, por acotar legalmente el absolutismo de la propiedad. Sin embargo, en el mensaje a la legislatura de 1935 el presidente subrayó aspectos consagrados en el ce (art. 762 y 981) sobre la posesión del suelo y su prueba que, por supuesto, podían estar en contradicción con los atributos del poseedor inscrito: La propiedad, tal como la entiende el Gobierno, no se basa únicamente en el título inscrito sino que tiene también su fundamento en la función social que desempeña, y la posesión consiste en la explotación económica de la tierra por medio de hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como la plantación o la sementera, la ocupación con ganados, la construcción de edificios, los cercamientos y otros de igual significación (Martínez, 1939, tomo TI, p. 14).

En vano se buscará aquí algo parecido a una extirpación de "remanentes feudales". El intento se limitaba a salir del enredo que representaba la figura de la "posesión inscrita" del ce. Al mismo tiempo el Gobierno fue enfático: por injustas que pudieran ser las situaciones en el terreno mismo, no avalaría nunca ni el motín campesino, ni el uso de la ametralladora estatal contra los campesinos inconformes: Algunos dueños de fundos al observar la agitación, muchas veces justificada, otras injusta, pero explicnble, solicitaron ctd F'it
3 Ver Unirismo, n° JO, J6 de agosto de 1934, pp. J Y 8; un año después y a raíz de la revisión de títulos que piden "los colonos de Hacienda Toli ma", el periódico Claridad, n° 141, 12 de agosto de 1935, l-ecordó la masacre.


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de la injusticia aunque la injusticia estuviera consignada en las disposiciones de los códigos (La Política Oficial: mensajes, n, 1935-1939, p. 55 Y p. 57).

Aunque la agitación agraria no cedió en todos los municipios o veredas por igual, los observadores hablan del "frenazo de 1935" (Gilhodes, 1972, p.38). Como se vio, en ese año se apreciaban distintos esfuerzos combinados de parcelación de haciendas y "colonización dirigida", impugnados por la oposición de izquierda. De su lado y en el momento del "frenazo", el Gobierno envió un mensaje al Congreso remitiendo un nuevo proyecto "sobre régimen de tierras" elaborado por una junta integrada por los Ministros de Gobierno, Industrias y Trabajo, Darío Echandía y Benito Hernández Bustos; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Zuleta Ángel (Conservador) y Antonio Rocha; el jefe de la Oficina de Baldíos, Guillermo Amaya Ramírez(Conservador), y Alfonso López Michelsen, hijo del presidente de la República y quien elaboraba una tesis sobre la posesión para la Universidad de Chile4 . Después de la parcelación de El Chocho, en 1934, el Unirismo declinó electoralmente y el Partido Liberal no tenía que atender clientelas de arrendatarios organizados. En su agenda ganó preeminencia el conflicto de los baldíos, por el cual se había decantado el proyecto de 1933. En 1934 parecía evidente que el problema no se resolvería con medidas improvisadas y sin presupuesto como había sido el caso de las colonias agrarias. Un indicio de cierta premura de pasar una ley agraria, con base en el proyecto de 1933, se encuentra en la entrevista de Alfonso López Michelsen, el hijo más intelectual del presidente López Pumarejo, sobre la reforma agraria que, dicho sea de paso, fue uno de los pocos personajes que usó el vocablo. Recién llegado del exterior, planteó los problemas agrarios haciendo un contrapunteo entre "la cultura de alquiler" dominante en Colombia y la "escasez de empresarios" (El Tiempo, 12 de julio de 1935, pp.1 y 7). De la primera hacían parte "seis millones de peones y peonas y su descendencia", analfabetos, a los que se agregaba, por contraste, el contingente de "empleados públicos y privados". Este enorme grupo dispar se "alquilaba" y esa era su cultura, su modo de enfrentar la vida. En el otro polo se hallaban los empresalios, es decir, profesionales independientes, artesanos, comerciantes al detal y, muy especialmente, los campesinos independientes que ni alquilaban mano de obra, ni se alquilaban. Bajo este supuesto, que era una transcripción literal de una célebre idea del Essai de Cantillon, publicado en 1755, López consideró que la parcelación de haciendas en Cundinamarca, Tolima 4 Darío Echandía y Benito Hemández B., "Exposición de motivos", en Ministerio de Industrias y Trabajo, Régimen de tierras. Alronso Morales, Jefe de Jurisprudencia, Bogotá, Editorial ABC, 1936, p. 2. Aunque su reputación fue de constitucionalista, López Michelsen se graduó de abogado en la Universidad de Chile con una tesis sobre La posesión eH el Código de Bello, Santiago de Chile, Imprenta Renovación, 1936.


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y Boyacá, los sitios de conflicto álgido con los arrendatarios, eran ensayos inconexos e ineficaces que no atacaba el problema de raíz. Este ataque sólo se lograría mediante una reforma agraria, o sea la subdivisión de latifundios. Así, de un lado, se frenaría la subdivisión de las propiedades de los campesinos independientes, y del otro, disminuiría esa masa campesina sin tierra y sin posibilidades de independizarse. López Michelsen reconoció, sin embargo, que no sería fácil crear un campesinado independiente a partir de "peones subyugados durante generaciones por el feudalismo agrario que nos aqueja". Finalmente, dijo que el papel de la escuela de "educar para peonizar" no era más que "seguir en la tela de Penélope". Es muy interesante señalar que el entrevistado no hiciera mención del problema de los baldíos. Con cautela, y quizás esto fue lo sustancial del propósito de la entrevista, adelantó que si la reforma agraria requiriese una reforma constitucional, habría que hacerla. La mayoría de los hombres de la junta que elaboró el proyecto de ley de 1935 suscribió la idea según la cual los baldíos eran una prueba de la incapacidad del Estado de traspasar la propiedad a los ciudadanos para que la explotaran. Aunque adujeron, llamativamente, que la explotación económica era el fundamento mismo de la titularidad jurídica, conforme a la levedad del espíritu de una época de culto infinito a la palabra escrita, no contemplaron que el Estado colombiano no estaba en condiciones de verificar semejante principio en caso de transformarse en ley. Si el Estado no controlaba el ager publicus, ¿cómo podría controlar un ager privatus que perdería su estatus legal en cuanto dejase de ser explotado económicamente? En su Exposición de Motivos el Ministro de Gobierno, Daría Echandía, completó el cuadro y reiteró que la situación era, efectivamente, de res nullíus: "el régimen actual de la propiedad raíz es inseguro para el propietario, perjudicial para el trabajador e inconveniente para el Estado" (Martínez, 1939, p. 137)5. A fines de 1935 el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Zuleta Ángel, en una exposición ante la Cámara de Representantes fue más enfático: por razones de interés nacional y de orden público era urgente aprobar la reforma al régimen de tierras que había presentado el gobierno Liberal: La Corona española adjudicaba tierras, y eran tantos los sistemas que empleaba para la adjudicación, tantos los funcionarios que intervenían, que por motivos de esa prodigalidad, es rarísimo encontrar un palmo de territorio colombiano con respecto al cual no surja, cuando algún colono tiene interés económico en él, el título colonial con el cual se reclama la propiedad privada del terreno C.. ) De tal manera que por estos dos motivos: la prodigalidad de la Corona española ( ... ) y SYer también Darío Echandía, "Memorandum sobre régimen de líen'as", Bogotá, .11 de abril de 1935, cilado en Martínez (1935, pp. 98-99).


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además, porque no debemos tener en cuenta sino los terrenos donde pueda haber explotación económica, por esos dos motivos, sí surgen y tienen que surgir, y hay motivos para que surjan, graves conflictos sociales, y es necesario acabar el estudio de estos asuntos, rápidamente, urgentemente, antes de que todos estos problemas de gravedad excepcional, estallen en una forma contraria a los intereses nacionales, a la seguridad social y al orden público (Anales de la Cámara de Representantes, 20 de diciembre de 1935, p. 1840).

La situación era un lugar común. Por ejemplo, un sonado pleito que la nación había entablado contra la United Fruit Company, un juicio de reivin-/ ' dicación de baldíos (1913-1914) en el corregimiento de Aracataca, municipio de Puebloviejo, Magdalena, sacó a luz el notorio predominio de la mentalidad privatista en el estilo de argumentación y en la preeminencia de los recursos del procedimiento judicial civil (Alegato de primera instancia, 1913)6. La bananera de Bastan ganó el pleito aunque no se probó ni la posesión en los términos del cc (art. 981) ni en los establecidos en sucesivas leyes de baldíos vigentes. El punto fue subrayado en el salvamento de voto del magistrado José Gnecco Laborde que anticipó temas que en los años treinta habrían de ser el meollo de la cuestión legal. Por ejemplo, si el registro de un título traslaticio de domino, por sí sólo, equivale a la posesión del inmueble transferido, o en otros términos, que una vez registrado un título se tiene la posesión 7.

El pleito con la frutera deja ver con claridad meridiana que reinaba la incuria administrativa generalizada. El Estado y los propietarios privados podían pagar un alto precio por la ausencia de un catastro moderno y de un régimen confiable de notariado y registro. Volvamos. El proyecto de ley de 1935 asumió a la ligera que su efecto sería neutral en los conflictos socioeconómicos que enfrentaban a colonos con terratenientes: En primer lugar, y por medio de la presunción de dominio privado sobre los terrenos económicamente explotados, sustrae la riqueza agrícola del país del campo 6 El título genérico del documento es Alegato de primera i¡¡stancia e¡¡ el pleito que ade/a¡¡ta /a nación contra la Uniled Fui! Ca., sobre la reivi¡¡dicación de los ba/d{os nombrados Santa Ana en el Departamento del Magdalena, Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1913. Pero este libro trae todos los alegatos de todo el proceso, el juicio de apelación y de casación en la Corte Suprema de Justicia, incluida la sentencia de ésta. Se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de los Andes, [347.072/A 231 193. Raros y Curiosos]. 7 "Salvamento de voto del Magistrado doctor José Gnecco Laborde" en "Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, Juicio Civil Ordinario de Reivindicación", Bogotá, Imprenta Mogollón, 1917, pp. 45 Y ss. Este documento cierra el volumen citado en la anterior nota de pie.



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razón alguna litigioso para colocar la en el de segurid ad que compre nde. No hay de un régime n para que esa riqueza pueda continu ar sufrien do las consecu encias n purame nte de litigios y violencia, con el sólo pretext o de definir una cuestió donde ella raacadém ica, cual es la de determ inar el momen to en que el terreno o no puede dedica dejó de ser baldío, siendo así que ese hecho no ha sucedid o y expedir el tímostrar se, el único deber del Gobiern o es suplir tales deficien cias tulo corresp ondien te (Martínez, 1939, p.139)8.

res y la Un proble ma del que depend ían tantas vidas, trayect orias familia Desde otro concor dia en tantas vereda s, resulta ba "puram ente académ ico", inconv eángulo , Zuleta Ángel adujo que la situaci ón legal de los baldío s era de nuevo: niente trayen do a colació n un tema que hoy debier a investi garse nas: merica nortea ras petrole ñías los interes es de las compa ción del petróPero cuando con motivo de una industr ia, por razón de la explota a ocupar leo, digamo s, o las minas, se van los hombre s de empres a y de trabajo territor io naciopara el desarro llo de esa industr ia, una determ inada región del pero en el térnal, que se ha conside rado como baldío, surgen inmedi atamen te, encontr aron mino de semana s, los propiet arios particu lares de ese terreno que o presum ir en la Notaría de la poblaci ón A (. .. ) unos papeles que hacen creer (Anales de la aquello le fue adjudic ado a un tatarab uelo del cual es descend iente Cámara , 20 de diciemb re de 1935, p. 1841).

ón Mientr as los jurista s intenta ban erigir barrera s de defens a de la posesi se dedica materi al contra la "poses ión inscrita ", los podere s fáctico s locales os adron a utiliza r las nuevas presun ciones legales al marge n de los derech . Algo de quirido s de los adjudi catario s y cultiva dores "en pequeñ a escala" el siglo XVI. este tenor había ocurrid o en miles de lugare s y momen tos desde la conviv enAsí habría de sucede r en el futuro, con resulta dos trágico s para llamad o cia cuando se combi nó el sectari smo biparti dista con lo que hemos las dinám icas hobbes ianas del "país de fronter as sucesivas". los En suma, una ley que defend ía la posesi ón del colono creaba estímu los baldíos , para que los grande s empres arios coloni zaran y se apropi aran de campe monta ran unidad es moder nizada s y ganara n la plusva lía del trabajo en endo sino que valoriz aba las nuevas tierras, como, en efecto, estaba sucedi el oriente del Tolima. proble Antes de enfoca r la legisla tura de 1936 que finalm ente abocó el de Chaux to ma, vale la pena insisti r en que hubo diferen cias entre el proyec distins 1933 y el proyec to Echan día de 1933. Quizás se trató de dos táctica ial de los vecinos de SuPara la defensa legalista de los colonos, ver; por ejemplo , "Memor de noviemb re de 1932, 4 /antes, Represen de mapaz, 26 de octubre de 1932, Anales de la Cámara p.711. 8


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tas para resolver, de una vez por todas, el problema de la res nullius, planteado por la sentencia de 1926. Me parece que el proyecto Chaux planteó la necesidad de salvaguardar el ager publicus colombiano, obligando a que los poseedores demostraran la explotación económica de los predios para asegurar los derechos de propiedad privada. El proyecto Echandía sostuvo que el mismo objetivo se lograría si el Estado reconocía paladinamente que no controlaba el ager publicus, presumía que todo predio rural explotado era privado y condicionaba este estatus a que siguiera explotándose continuamente. De no cumplirse la condición, los predios revertirían al Estado. Por una conjunción muy compleja de circunstancias sociales, legales y políticas, el problema de la res nullhls no se resolvió y en los casos frecuentes y permanentes de conflicto, la presunción del arto 10 de la Ley 200 de 1936 fue interpretada como un triunfo de la mentalidad propietaria absolutista. Un punto que, claro, no es sólo de tratados de derecho de bienes, doctrinas legales y jurisprudencias, sino que puede ser de vida o muerte. Sugiero esta hipótesis al considerar las principales diferencias de los dos proyectos. Comentando los dos proyectos, el promotor del primero, Francisco José Chaux, condescendió políticamente y ofreció la mejor síntesis conocida de la cuestión jurídica: Lógicamente, después de establecet- la presunción de propiedad privada para las tierras explotadas económicamente, el proyecto de ley establece lo contrario, es decir, la de que no son de propiedad privada las tierras incultas. Con esto, el proyecto no hace sino cerrar lógicamente el polígono de la presunción del dominio, polígono que no está cerrado en nuestros códigos actuales. En la nueva ley se presume de propiedad privada la tierra trabajada; se presume de propiedad nacional, es decir, baldía, la tierra no trabajada; ambas presunciones admiten prueba en contrario, y dentro de este polígono se moverán armónicamente, tanto las relaciones de los particulares con el Estado, como las relaciones de los particulares entre sí. Contra la presunción que favorece al explotador económico, podrán probar los particulares y el Estado; pero en la práctica, éste, sólo por excepción, llegará a tener interés en desalojar a un cultivador. Contra la presunción de que son baldías las tierras incultas reconoce el proyecto de ley dos clases de pruebas: la primera, única que hoy existe, el título originario, emanado del Estado, y la segunda, que hoy no existe, contra la Nación y que se consagra en la nueva ley, los títulos continuos de treinta años otorgados entre particulares. Nótese bien que digo que esta segunda prueba no existe hoy ( ... ) pues sobre ella se fundan válidamente todas las relaciones entre particulares, respecto de la propiedad de la tieITa, pero esos treinta años nada valen hoy contra la nación (p. 130).


LA COMPOSTURA DE LA LEY 200 DE 1936 CUADRO Vil!.

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Proyecto Chaux

Proyecto Echand{a

Artícul o 1 Se repu tan baldíos y por consigu iente de propied ad Nacion al, los terreno s no culti"ad os que existen en la Repúbl ica, con las limitac iones que estable ce esta ley. (. .. ) Los títulos de domini o que se aduzcan contra la presunc ión estable cida en el inciso anterior, se hacen valer ante las autorid ades compet entes en la forma que para cada caso determ inen las leyes, pero la propied ad privada queda sometid a al régime n estable cido en la present e ley.

Artículo 1°. Se presum e que no son baldíos, sino de propied ad privada , los fundos poseído s por particul ares, entendiéndos e que dicha posesió n consiste en la explota ción económ ica del suelo por medio de hechos positivo s propios de dueño, como las plantac iones o sementeras, ( ... ) Las porcion es incultas cuya existenc ia sea necesar ia para la explotación económ ica del predio o como complemen to para el mejor aprovec hamien to de este, como los rastrojo s destina dos a la rotació n de los cultivos ( ... ) quedan ampara dos por la presunc ión que establece este articulo .

Artícul o 2°. Se extingu e por prescrip ción a favor del Estado el derecho dominio o propied ad sobre las tierras que perman ezcan abando nadas, sin cultiva r o explotar, durante diez años a partir de la expedic ión de la present e ley, y hayan perman ecido en la misma condici ón durante los diez años anterior es. La misma prescrip ción extintiv a se establece para las tierras que habiend o sido cultivad as o explota das, se abando nen en cualqui er tiempo durante diez años

Artículo 2°. Se presum en baldíos los terrenos no poseído s en la forma que se determ ina en el artículo anterior .

0.

consecu tivos. Artícul o 3°. Las tierras afectad as por la prescri pción de que trata el artículo anterior ingresa n ipso jure al patrimo nio del Estado con el carácte r de baldíos . (Martín ez, 1939, J, pp.25-27)

Artículo 3°. Acredit an propied ad privada ( ... ) los tíLulos inscrito s otorgad os con anterio ridad a la present e ley en que consten tradicio nes de domini o por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescri pción extraordi naria (20 años, MP). (Martín ez, 1939, n, p. 66)


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EL CONGRESO DE

1936

En 1936 habían cedido las protes tas campe sinas y era transp arente la anomalía del régime n polític o: el Congre so era compl etamen te Libera l. Los Conservad ores, sumid os en el caos interno , decidi eron absten erse en las elecciones y alguno s de sus jefes combi naban cierta partici pación polític a conven cional local y region al con los métod os de "la acción directa ", es decir, con la violenc ia soterra da. En estas condic iones llegó a su final el proces o legisla tivo de la ley agraria. Se confirm ó, en un plano particu lar, que la priorid ad de los preside ntes Libera les era mante ner a toda costa la unidad del Partido y, en un plano general, las teorías sobre la conven iencia democ rática del sistem a bicame ral que supues tamen te evita la tiranía de las mayor ías atribui da al sistem a unicamera l. El Senado excluy ó de las provis iones sobre reversi ón al Estado los predios menor es de 300 hectár eas "que constit uyan la única propie dad rural del propie tario respect ivo". Esta dispos ición, que era una clara incitac ión a subdividir fraudu lentam ente los predio s, extrajo el minúsc ulo colmil lo que tenía la reform a (p. 230-245). La técnica parlam entaria fue elemen tal. Dada la premura del Gobier no de sacar una ley agraria en 1936, la facción que suele llamar se "derec ha Libera l", encabe zada por quien hasta la vísper a había sido Minist ro de Agricu ltura, Franci sco Rodríg uez Moya, plante ó la disyun tiva: o se aproba ba con las modifi cacion es del Senad o o se poster gaba el debate para el año siguien te cuando , se adujo, habría por los menos una min01i a Conser vadora en el Congre so, ademá s de que ese tipo de legisla ción era de las que pedían consen so nacion al 9 . Los oposito res eran un puñad o de senado res Libera les que nunca [ormaron un grupo ideológ ico y genera cional tan articul ado como Acción Liberal. Insistí an en que temas tan decisiv os y delicad os como los de la ley agraria tomab an varios años en los países europe os y no fueron pocas las sesione s en las que desvia ron la atenció n hacia puntos reglam entario s y proced imentales. Por ejempl o, definir si se requer ía una mayor ía absolu ta o simple para aproba r el articul ado, o, compa rar arbitra riamen te la exprop iación, un concepto jurídic o preciso , con el concep to de reversi ón al Estado de los baldíos abando nados. Así, pues, el Senad o contuv o los "excesos" de la Cámar a, algo más joven, radical y predis puesta a la unanim idad al menos en este campo , como se aprecia en la compa ración del articul ado que aprobó cada una de las dos Cámar as (pp. 330-347). Alguno s repres entant es protes taron que las 9 El chantaje polftico fue plantead o en las sesiones del 2 de noviemb re de 1936. Ver Martíne z (1939, pp. 187) Y El Tiempo, 3 de noviemb re de 1935, pp. 1-13.



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reformas del Senado al proyecto aprobado por la Cámara eran, ni más ni menos, una traición a la "revolución Liberal" (pp. 352-388). El piloto del proyecto fue, naturalmente, el Ministro Echandía. Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lleras Restrepo, los dos políticos que habían hecho las propuestas más radicales (la expropiación y la ley laboral agraria), estuvieron ausentes. Atendían ahora el curso de subir las escaleras del Estado. El primero, vuelto de UNIR, se había posesionado como alcalde de Bogotá (nombrado entonces por el presidente) en junio de 1936; el segundo, era el Contralor de la República. Las connotaciones ideológicas pueden verse, en primera instancia, en la expresión neutra que terminó imponiéndose y que lleva el título de la compilación citada: "régimen de tierras". No se dijo, por ejemplo, "reforma agraria". La primera era la expresión veraz porque la cuestión se redujo a definir la titularidad de alguna "propiedad rústica" puesto que el arto 15 excluyó los predios urbanos, asunto machacado en el pliego de modificaciones del Senado; más importante, excluyó los terrenos ubicados en las Intendencias y Comisarías y en "los Llanos de Casanare", mostrando así la inercia del centralismo colombiano y desconociendo que a esos territorios se dirigían nuevos contingentes de colonos y allí ponían la mirada ávida los empresarios territoriales. Los problemas y objetivos económicos y sociales (distribución de la propiedad y el ingreso, aumento de la productividad y del bienestar social, nexos de la agricultura con otros sectores de la economía) quedaron completamente al margen y ocuparon un lugar secundario en los debates. El protagonismo fue de los abogados que, atrapados en la mentalidad propietaria del ee, luchaban por ajustar moderadamente la ley colombiana al nuevo derecho social europeo y, especialmente, por limitar la inseguridad jurídica de los títulos. Lo que se dijo, cómo se dijo y cuándo, remiten a lo que no se dijo, o a lo que no pudo decirse. Puesto que no había estadísticas agrarias sólidas y los interesados sabían que los catastros y los títulos de papel sellado no eran confiables, nadie pudo hacer un diagnóstico técnico y erudito de la cuestión agraria. El Estado y los ciudadanos sabían muy poco, si pensamos en lo que el Estado moderno debe saber. Problema grave si, como se dijo una y otra vez, toda la propiedad sobre los inmuebles había salido de la Corona española, y luego de la nación colombiana. Pero, y esto se repitió a lo largo de los debates, el conflicto no era entre particulares que se arreglaban con el ce, sino entre los particulares y el Estado. En 12 sesiones ordinarias, del 13 de octubre al 10 de noviem bre de 1936, yen 18 sesiones extraordinarias, el Senado modificó aspectos sustanciales y procedimentales del proyecto, y lo pasó a la Cámara de Representantes que en 8 sesiones finales, del 12 al19 de diciembre, lo aprobó. La oposición de entidades como la SAe, la Federación de Cafeteros de Caldas y las cámaras de comercio, fue más testimonial que otra cosa. Al respecto puede citarse el Memorial


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enviado por la Cámara de Comercio de Medellín al Congreso, fechado el 11 de septiembre de 1936: La perpetuidad del domino de la tierra es una de las cualidades ( ... ) que más realce o valor intrínseco da a la tierra ( ... ) como elemento objetivo del patlimonio individual ( ... ) Y esta peculiaridad de que ha gozado siempre en Colombia la propiedad rural ( ... ) está en trance de recibir un duro golpe con el actual proyecto sobre tierras. Dice así: 'A partir de la vigencia de la presente ley, se extingue a favor de la Nación el derecho de dominio o propiedad sobre los fundos en los cuales haya dejado de ejercerse posesión ( ... ) durante diez años continuos.' ( ... ) Esto constituye un atentado del Gobierno, peligrosísimo, contra el sagrado derecho de propiedad (p.119).

Con sustentación en la reforma constitucional de 1936, la Ley 200 reguló los principios de la accesión, al establecer que las mejoras podían acceder la tierra en caso de que valieran más que ésta, como era el caso en muchas explotaciones cafeteras. Aunque la Ley de 200 trató de solucionar algunos de los problemas del pequeño poseedor mediante una usucapión agraria de corto tiempo (art. 5°) fracasó en institucionalizar una jurisdicción agraria (art. 25 a 32), puesto que los jueces de tierras entraron a funcionar unos dos años después de promulgada la ley y fueron abolidos en 1943. La falta de voluntad política explica, en parte, por qué no se cumplió el principio de reversión al Estado de las tierras no explotadas económicamente. Se hace referencia a la vuelta de los Conservadores al Gobierno en 1946, la cual dio amplio juego a los empresarios y plutócratas y, luego, a La Violencia, bestia indomable. Aprobada la ley, Claridad tituló socarronamente: "La reforma agraria al revés" (Claridad, n° 155, 11 de febrero de 1937, p.l)to. Además el jefe de la diplomacia británica en Bogotá comentó, con un característico tufillo de superioridad cultural, que la fórmula constitucional según la cual la propiedad es una función social" que había producido tanto alboroto y debate. era "un solecismo cargado de propósitos de gran alcance que ofrece, claramente, la doctrina radical del Ministro de Gobierno (. .. ) Pero, hasta ahora, la legislación social del actual gobierno liberal se ha limitado a reformas tardías y del carácter más inofensivo. Sin embargo, como este país ha vivido más de trescientos años bajo la variedad española de feudalismo, no debe ser fácil llenar odres viejos con vino nuevo".

IOSobr'e este punto, ver Sánchez (1977, pp. 125-47) Y Medina (1980, pp.322-26). 11 Mr. Paske lo MI'. Eden, Bogolá, 11 de abril de 1937, Colombia Al1l1ual Report, J 936, 371/20623, p. 12.


FOI PRO


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Esta ley, tardía e inofensiva, fue producto de una serie de transacciones políticas realizadas entre 1933 y 1936 en la viscosidad de una "política de caballeros" que le quitaron fuerza y sentido reformista social, hasta llegar al polígono perfecto de Chaux arriba citado. Dicho abreviadamente, el principio "la tierra es de quien la trabaja" nunca tuvo el significado primordial de la tierra es del campesino que de ella vive (el que le dio Emiliano Zapata y los agraristas en todo el mundo), sino de quien la explote económicamente, fuese campesino, empresario agrícola, ganadero o especulador territorial. La ley no aportaba una solución si se trataba de pacificar la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo se probaría ante el juez de tierras que el predio estaba explotado (sementeras, ocupación con ganados) en los términos del arto 10 de la ley, cuando se adujesen otros actos "de igual significación económica"? Al momento de los peritajes, delegables por el juez de tierras en alcaldes y policías, ¿cómo probar quién era poseedor de buena fe en caso de que más de uno alegase tal condición? En sintonía con los miembros más radicales de la Cámara de Representantes, el socialista Gerardo Malina anunció que votaría favorablemente el proyecto porque era lo mínimo que podía hacerse; incriminó que, conforme pasaba el tiempo, "el proyecto marcha hacia atrás": el de 1935 era regresivo comparado con el "más audaz" de 1933 y, ahora, la Comisión del Senado lo echaba aún más atrás. Pero, Sí aprovecho el momento para decir que este proyecto no resuelve el problema campesino en Colombia, como se ha dicho por algunos demasiado optimistas. Él contempla únicamente el problema de los colonos , que es un problema secundario . El problema grave, voluminosos, está en los arrendatarios y peones, que es en quienes se perpetúa el sistema feudal que nos oprime. La cuestión agraria no reside en la tierra incultivada sino en la cultivada. Por eso afirmo que hay que hacer de cada alTendatario un propietario (Martínez, 1939, 1/, pp. 292-96).

No había teoría socialista moder' na para el problema social de los baldíos. Por eso Malina, como todos los protagonistas de la izquierda marxista de la época, no pudo visualizar siquiera la magnitud del problema cada vez más acucian te de la res nullíus, que previsiblemente podría agravarse en un Futuro no muy lejano. Esa izquierda no captó la dimensión demográfica, social y política que estaba tomando la creciente e incesante presión de los colonos. Un problema que, estaba probado, era muy fácil de politizar. Una y otra vez debe aducirse el ejemplo de la colonización antioqueña. Al mismo tiempo, uno de los problemas sociales más agudos residía, precisamente, en que la lielTa cultivada no era más que una fracción de la tierra bajo el régimen de propiedad privada consolidada en el cc. Al no trabajarse la tierra 1itulada, aumentaba proporcionalmente la presión campesina en las fronteras interiores si hemos de creer a Camilo Domínguez, citado arriba.


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La segunda gran transacción se dio entre Liberales, Conservadores y las fuerzas vivas, como expresó Chaux y antes el Informe de la Comisión de la Cámara de 1935 (cuando era bipartidista) para pasar al segundo debate: la reforma ha sido sugerida por un líder de las aspiraciones campesinas, (Gaitán, MP) patrocinada por un gobierno liberal, aceptada por un sindicato de propietarios y mirada con simpatía por el partido Conservador colombiano (Martínez, 1939, J, p.84).

Adicionalmente, la reforma tuvo el apoyo de los sectores más ilustrados de la Iglesia. Aparte de las citadas intervenciones de Zuleta, valga traer a colación sendas tesis de grado ampliamente favorables a la ley, sustentadas en las dos universidades católicas del país (Fonnegra, 1938; Pérez, 1938). Los tres miembros del jurado de la que se presentó en la Bolivariana de Medel1ín, José Manuel Mora Vásquez, Bernardo Echeverri y Fernando Gómez Martínez, consignan este concepto: Esta ley no es marxista, pero ni siquiera socialista o socializan te. Con ella no se socializará la propiedad rural. Sólo se ha querido reglamentar el ejercicio de la propiedad rústica, exigiendo el cumplimiento de los deberes que tiene el propietario y dando al propio tiempo al trabajador o colono el reconocimiento equitativo de sus derechos. ( ... ) Sin duda la Ley 200 y su decreto reglamentario -el 59 de 1938- son susceptibles de algunas modificaciones, pero en nuestro sentir, debe mantenerse, sostenerse y defenderse, porque es justo, cristiano, civilizado y científico (p. Xl).

La Ley 200 excluyó el problema de las relaciones de trabajo en el campo. El Gobierno no presentó ninguna iniciativa y dejó que se definieran por vía jurisprudencial. El proyecto de UNIR sobre contratos rurales no tuvo curso y en 1936 Gaitán pescaba en las revueltas aguas urbanas. Más tarde se dio el paso significativo de limitar la libertad del contrato, al declarar que los derechos del trabajador son irrenunciables y de orden público. Pero no fue la ley sino una sentencia de la Corte Suprema la que abrió un camino: Las relaciones sobre el contrato de trabajo se rigieron en un principio por el contrato de an-endamiento, y tras una lenta evolución dOCtlinaria, jurídica y legal, el contrato de trabajo vino a quedar formando una categoría distinta. Así, el pago de las obligaciones en trabajo es una cláusula que hoy no resiste el análisis, ni se justifica porque el trabajo es un hecho voluntario, un deber, es verdad del hombre, pero no materia de una enajenación incondicional, ilimitada e irrestricta ( ... ) Si así no fueran las cosas, no existiría el derecho de huelga que reconocen todas las doctrinas ... (Alzate, 1974, pp. 140-2).



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Desde la perspectiva básica de las correlaciones de poder, el pcc quedó al margen de los debates públicos y transacciones partidistas de la Ley de Tierras. Su base campesina de los años treinta estaba circunscrita a grupos de arrendatarios de las haciendas de café y aún no había en troncado con los colonos, cultivados por Gaitán y Valencia. La cuestión laboral se planteó de esta manera, en uno de los debates de la Cámara: (... ) hay que tener en cuenta que esta ley viene a cavar muy hondo, y sin medir las proyecciones de la ley, me atrevo a afirmarlo, en el estatuto fundamental del trabajo rural. ¿De dónde surge la necesidad de dictar esta ley de tierras? ( ... ) Nació de tres hechos: 1° de una confusión (... ) entre lo que es un baldío y el derecho de dominio. 2° de invasiones que presuntos colonos hacían en tierras cuyo dominio particular o cuya pertenencia al grupo de baldíos no era clara; y 3° que es muy grave y hacia el cual llamo la atención de la honorable Cámara: el de la rebelión de arrendatarios o personas vinculadas a propiedades reconocida mente poseídas por particulares, que se rebelaron por las condiciones de explotación en que vivían o por las crueldades de que se les hacía víctimas. Este es el hecho más frecuente: el propietaJio abusaba del asalariado, y ese hecho no lo va a resolver la ley de tierras. El hecho del arrendatario rebelado contra el patrón no lo va a resolver la ley de tierras. Ambos quedan vigentes (Martínez, 1939, 1, pp.332-3). Ésta fue una pésima noticia para los campesinos arrendatarios de lugares como Viotá que, debido a la debilidad electoral del PCC, no tuvieron representación en esta ley pero, acaso, buena noticia para los dirigentes Comunistas que podrían proseguir la lucha de clases en las haciendas. No obstante, sin que nadie pudiera imaginarlo y mucho menos predecirlo, el avance sobre las fronteras interiores, en particular en las inmensidades del Sumapaz, abriría nuevos espacios a los Comunistas. Esa es otra historia que se situaría en el fuego cruzado de la pugnacidad bipartidista de la década de 1940 y La Violencia. La transacción [mal. la Ley 100 de 1944, debió esperar d segundo gobierno de López Pumarejo. Aunque suele calificársela de retroceso, fue el complemento esperado y lógico de la Ley 200; un complemento porque fue algo más que una ley de titularidad jurídica y de baldíos. Orientada al "incremento del cultivo de tierras y de la producción agrícola por sistemas que entrañen alguna especie de sociedad o de coparticipación en Jos productos", la Ley 100, /lde conveniencia pública", estipuló que tales sociedades debían establecerse conforme a las /lprevisiones que son de orden público económico y no podrán ser renunciadas por el respectivo arrendatario, aparcero, agregado, porambero, cosechero, viviente, mediasquero, etc." (Diario Oficial, n° 25.759, 6 de febrero de 1945, p. 434). Esto fue un avance considerable en los derechos de los campesinos, siempre y cuando se tenga presente, insisto, que la Ley de Tierras fue una forma de saneamiento masivo de la propiedad rural.


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LA COMPOSTURA DE LA LEY 200 DE 1936 LA LEY 200 Y LA REFORMA AGRARIA

Se supone que las reformas agrarias dan respuestas más o menos duraderas a la pregunta de quién es la tierra. ¿Cómo absolvió el asunto la ley del año 36? Hito y mito, las doctrinas agrarias de aquel año fueron objeto de registros sucesivos de las ciencias sociales l2 . Informes técnicos de la primera mitad de la década de 1950 (del Banco Mundial, la Misión del Padre Lebret, la CEPAL) demostraron con cifras que unos pocos propietarios concentraban las mejores tierras del país y que el nivel de vida de la abrumadora mayoría de familias de cultivadores era demasiado bajo!3, todo lo cual fue ampliamente confirmado por el Censo Agropecuario de 1960. Reforma agraria es, en primer lugar, una práctica que puede remontarse a los tiempos bíblicos y a la antigüedad clásica, griega y romana. A partir de la Revolución francesa fue tomando cuerpo en un concepto laxo que se empleaba para designar el fin del feudalismo, es decir, de las cargas y rentas que aún pesaban sobre los campesinos que ganaron de jure lo que tenían de [acto: la posesión de la tierra. Aunque todas las grandes revoluciones posteriores impulsaron reformas agrarias (el régimen soviético en la URSS, la República Popular China, Cuba, México y Bolivia, para citar las más representativas) también las hubo de signo preventivo, es decir, reformas para sortear o circunnavegar la revolución social. Es el caso muy conocido de las políticas y doctrinas de reforma agraria en Europa Central y Oriental después de la Primera Guerra Mundial, concebidas en gran medida para conjurar un desenlace comunista de tipo soviético. Así conoció su fin, en esas latitudes, el predominio de la aristocracia terrateniente y se marcó el ascenso de un campesinado potencialmente capitalista, acompañado de nuevas clases medias rurales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el nuevo mundo bipolar que enfrentaba Estados Unidos a la URSS, replicó un fenómeno semejante de oleada reformista. Suelen citarse las reformas agrarias de Japón e Italia, dos de las grandes potencias fascistas derrotadas y, más adelante, las de Taiwán y Corea del Sur, países situados política y geográficamente frente a la nueva República Popular China. En la oleada de descolonización de esa época fueron ejemplares las reformas agrarias de India y Egipto y, posteriormente, las 12 Por doctrina agraria entendemos un conjunto de postulados, propuestas y proyectos gubernamentales que tratan de resolver los problemas del desan"ollo económico y social con base en el reconocimiento de la propiedad campesina, ligados generalmente a una visión del mundo o Wellanschaung. Cowen and Shenton (1998, pp. 49-76). 11 Ver Bases de U/l programa de {omellto (1950, pp. 19-42); Presidencia de la Republica, Comité Nacional de Planeación, Dirección Ejecutiva, Misión "Economía y humanismo", Lebret (1958, pp. 17-45); Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Análisis y proyecciOlles del desarrollo económico de Colonzbia, (1955-1957, pp. 14-27).



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de Argelia y Vietnam del Norte que, con excepción de Egipto, trataron explícitamente de recompensar al campesinado, base de los ejércitos de liberación nacional. América Latina no escapó al fenómeno y, con excepción de Cuba, se inscribe en el campo de las reformas preventivas. Aparte de la dimensión política revolucionaria, contrarrevolucionaria, preventiva de la reforma agraria, ésta tiene una dimensión económica aún más compleja. Muchas veces las reformas que nacen de procesos revolucionarios no terminan ni en mayor desarrollo económico, ni mejoran sustancialmente las condiciones de los campesinos, como es el conocido caso de México. El tema económico suele tener como punto de partida la constatación del aumento de la población en relación con los recursos o el problema de la razón tierra cultivable/población. Si no aumenta la productividad agraria, o el área cultivada, bajará el ingreso de la población. En el nivel de los predios, los más chicos no podrán sostener familias cada vez más numerosas y la solución se reduce al éxodo rural. En este punto la reforma agraria se fija objetivos de bienestar que pasan por la redistribución y la fijación de topes máximos de propiedad privada, particularmente en situaciones de gran concentración de la tierra. Pero no es sólo cuestión de topes porque también se trata de mejorar el manejo de los predios y en este punto surgen problemas de escala, educación y capacidad empresarial de las familias. En este campo los gobernantes deben dirigirse a otro tipo de asuntos. Por ejemplo, qué tipo de propiedad debe favorecerse: ¿individual, colectiva, cooperativa, pública? Con base en conocidos trabajos y, simplificando un poco en aras de esta exposición, considero que la reforma agraria debe afectar o transformar todos o algunos de los siguientes aspectos: a. El régimen de titularidad jurídica de la propiedad o de la tenencia de la tierra. b. El grado de concentración de la tierra cultivada y cultivable. c. La gestión y escala del manejo de los predios. d. La estructura socio política en todos los niveles territoriales de un país, lo que naturalmente produce fuertes divisiones en torno a la reforma. e. Los objetivos económicos pueden poner en tensión la relación de la agricultura con los demás sectores de la economía, y socialmente entre ciudad y ca mpo J4. En relación con los dos últimos aspectos, la literatura reciente sobre América Latina ha desarrollado diferentes formulaciones y modelos sobre el "sesgo urbano-industrialista" de las política económicas en los períodos de 14 Elias H. Turna ofreció dos trabajos de síntesis: Agrarian Reforrn in Historical Perspective: A Comparative Study, Comparative Studies ill Society alld Hislory 6(1), octubre de 1963, pp. 47-75 Y Agradan Reform in Historical Pcrspective Revisited, Comparative Swdies in Socie/y a/ld Hislory 21(1), enero de 1979, pp. 3-29.


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LA

COMPOSTURA DE LA LEY 200 DE 1936

"Industrialización por Sustitución de Importaciones" y de "Industrialización dirigida por el Estado". La Ley 200 de 1936 no arañó ninguno de los cinco aspectos enumerados. Algo similar, quizás en menor grado, puede decirse de la Ley 135 de 1961 que trató, de nuevo, de contener otro estallido social, o así se pensó. No es exagerado decir que, en últimas, estas fueron leyes de titulación limitada de baldíos que no resolvieron tampoco el problema del ager publicus que hoy día es, en muchas latitudes colombianas, res nullills.

LA "SUPERESTRUCTURA JURÍDICA", DE NUEVO A pesar de que la Ley de Tierras creó un régimen especial para la propiedad agraria, de breve duración, las fricciones de los campos administrativo y judicialllegan al presente, algo atenuadas. El predominio de la mentalidad privatista del derecho civil, en particular cuando de bienes raíces se trata, subsumió las viejas nociones de bien común, expresadas, por ejemplo, en la conocida paradoja de Jovellanos de "hombres sin tierra, tierra sin hombres". Esa mentalidad circunscribió en la práctica legal los contenidos atribuidos a la propiedad en 1936, que, en el lenguaje de Diguit, constituyen la "función social". Este principio de la reforma constitucional de 1936 significaba que los propietarios rurales tenían la obligación de explotar económicamente sus predios a riesgo de incurrir en el "abuso del derecho". Es decir, que los reformistas Liberales de 1936 inflaron un principio harto conocido que Gaitán había expuesto con gran sencillez en su plataforma de UNIR: "La propiedad obliga" (Valencia, 1968, pp. 220-51). Si hemos de creer a López Medina, no fue ésta la doctrina jurídica aceptada en los tribunales de 10 que daría cuenta la vida breve de la corriente de magistrados de la Corte Suprema de Justicia llamada la "Corte de oro" que, bajo el liderazgo de Eduardo Zuleta Ángel, quiso desarrollar jurisprudencialmente el alcance jurídico implícito en los cambios constitucionales y legales del 36. Esa Corte había combatido "el fetichismo de la ley" y la "intoxicación de legocentrismo" qlle dejaban pOI fuera del ámbito jurídico la vida social, la moralidad y hasta la vida biológica. Sus miembros fueron unos convencidos de la necesidad de crear un derecho autóctono para operar la tríada conceptual bienes-propiedad-posesión. Así, el cc no daba cabida a uno de los fenómenos más apremiantes de la realidad agraria colombiana: el trabajo de los colonos en los bienes baldíos, urgido de una doctrina jurídica sólida y duradera. Pese al principio constitucional de J 936, habría sido menester robustecer el derecho público de los baldíos y la jurisdicción agraria especial, de modo que el derecho privado de los bienes, la posesión y la propiedad estuviesen en concordancia con aquél (López, 2004, pp. 326-339); algo se hubie-



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ra avanzado en esa dirección de haberse aprobado la reforma del cc propuesta por el Gobierno en 1939. Pero no fue así (pp. 249-97). La Violencia sepultó los retoños de la "función social de la propiedad" agraria. Si en los años treinta los grandes propietarios que enfrentaban situaciones de conflicto posesorio contaban con las ventajas de la cultura legal privatista de jueces y abogados, y con su fácil acceso a esa mezcla indistinta de gamonales y policías en las localidades, durante La Violencia, por ejemplo, en regiones del Quindío, un enjambre de intermediarios ahuyentó, cuando no asesinó, a los propietarios acomodados y sometió a los campesinos a sus reglas de poder. En el Sumapaz las víctimas fueron principalmente los colonos, gaitanistas en su mayoría, algunos de los cuales, una vez sacrificado el caudillo, transfirieron sus lealtades al pcc. Sin tener clara conciencia de los efectos sociales y políticos que podría tener la desposesión campesina en las zonas de colonización activa, en los años treinta se sembraron los vientos que, arremolinados, azotan el presente histórico de los colombianos como nación. Quizás sin proponérselo, las transacciones de los reformadores de esa época contribuyeron a fijar un norte a la historia agraria, sindical y política de Colombia. En un país de fronteras que se abren y cielTan sucesivamente, la Ley de TielTas legalizó y legitimó un modelo agrario rentista de gran concentración y desigualdad que tuvo dos consecuencias inadvertidas: a) considerada la baja tributación de la tierra, se premió su atesoramiento visto como un medio de "hacer patria" haciendo patrimonio; b) se fomentó la violencia rural al desatarse una febril carrera empresarial por acaparar baldíos en zonas geográficas con baja protección legal. La reforma de 1961, como La Violencia, rebasan completamente los límites de este trabajo. En el contexto bipolar de la Guerra Fría y del Frente Nacional resurgió la cuestión campesina, .Y otra reforma agraria preventiva y tímida dejó a los campesinados, una vez más, en los margenes del sistema. Los puso a representar el papel de electores tradicionales y el de meros objetos de reformas legales que se emitían en su nombre y del progreso nacional. Cuando invadieron latifundio" en la región Caribe, los dueños empezaron a sembrar paramilitares. Esa es, también, otra historia, algunos de cuyos elementos se enfocan en el Epílogo.



EPÍLOGO El problema que aborda este libro, de quién es la tierra, está lejos de resolverse en Colombia que, según muy citados informes del Banco Mundial, presenta una de las más altas concentraciones del mundo. Detrás de la concentración de la tierra hay derechos de propiedad de tipo "oligárquico" que alimentan el conflicto, abierto o soterrado, violento o legal. Cualquier manual de derecho agrario de hoy día enumera y describe un conjunto de normas y jurisprudencias sobre la cuestión de los baldíos, definitivamente incorporados al campo agrario, al derecho ambiental y a la territorialidad que corresponde al pluralismo étnico y cultural de la nación redefinida en 1991. Pero la mentalidad propietaria de los abogados y jueces que se forman en esos manuales no difiere de la que predominó en los años treinta, ni tampoco difieren las expectativas de los empresarios, ávidos ahora de explotar las reservas territoriales indígenas y afrocolombianas. La estructura de la tenencia de la tieITa cambió en el Tequendama y el Sumapaz Cundinamarqués. La historia del Alto Suma paz está irrevocablemente ligada a la lucha política, ya que en sus brumas parece esconderse el eslabón perdido del antes y el después de La Violencia. Aunque el tema no es objeto de este libro, el autor se siente obligado a decir algo en un epílogo que, dice el DRAE, es la "última parte de algunas obras, desligada en cierto modo de las anteriores, yen la cual se representa una acción o se refieren sucesos que son consecuencia de la acción principal o están relacionados con ella". La inferencia alude, creo, a los apartados analíticos del libro. Se sugieren áreas de investigación pendientes: a) la historia de legalización y saneamiento de la pequeña propiedad rural que puede aprender mucho del citado proyecto de pluralismo jurídico en Bogotá. Al fin V al cabo los barrios llamados "de invasión" o "piratas" se forman con apreciables contingentes de campesinos inmigrantes y, sociológicamente, por un tiempo al menos, son barrios de campesinos que traen su propia cultura legal y su mentalidad propietaria; b) el posible papel de la primogenitura en estabilizar los predios y frenar en alguna medida la subdivisión de las herencias; c) el problema de la representación política en los municipios que sub representa a los campesinos (las veredas) y sobre representa a los pueblerinos (los cascos) en los Concejos Municipales. La victoria Comunista en Viotá debiera plantear interrogantes sobre los sistemas imperantes de representación política en los municipios, y d) la hipótesis de que la politización partidista (incluida la Comunista) subsume la dinámica social de clases y razas en las zonas de colonización 215


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EPÍLOGO

debe ser verificada a lo largo y ancho del país, particularmente después de 1840; en este sentido sigue abierta la cuestión de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y afTocolombianas l . Los juristas, por su parte, han avanzado en los "estudios socio jurídicos" y en los análisis teóricos sobre la producción y difusión nacional e internacional del derecho y, de alguna manera, recalan en la mencionada tríada bienes-propiedad-posesión. En el primer caso han empleado nuevas estrategias narrativas ("novelas polifónicas", dice Laura Rico) que, al igual que los hallazgos sobre "la cultura jurídica latinoamericana", me parece, podrían entroncar con proyectos de historia económica y social de la propiedad de largo plazo y de largo aliento. El otro sentido del vocablo epílogo nos envía directamente a lo que, presumo, fueron los desenlaces de las situaciones narradas en estas páginas. Lo enfocaré sumariamente en tres planos: a) qué pasó con los "beneficiarios gaitanistas" de las parcelaciones; b) cuál fue el destino de los movimientos de colonos del Alto Sumapaz, que de "gaitanistas" pasaron a "Comunistas", y c) la trayectoria de los Comunistas primigenios de Viotá. Micro historias ligadas a la historia nacional. Veamos.

EN EL CORTO PLAZO: EL APACIGUAMIENTO DE LOS ARRENDATARIOS

Dijimos que la Ley 200 de 1936 fue eficaz en el plano discursivo y simbólico, y en los imaginarios políticos de los intelectuales orgánicos de "la república Liberal", dada la poca mella que hizo en las estructuras de clase, de poder y en la tenencia de la tierra. De hecho fue una mera ley de titulación de baldíos que abortó unos años después. En localidades importantes como Anolaima, El Colegio o Quipile, que ya eran bastiones de lo que podemos llamar Liberalismo oficialista, cesaron las movilizaciones en 1934 y al año siguiente en el resto del país. Los intermediarios políticos que consolidaron poder electoral se retiraron discretamente de las escenas del conflicto y se pusieron a legislar o a gobernar En parnlelo, el Departamento Nacional de Trabajo aceleró la concesión de personerías jurídicas a los sindicatos y ligas campesinas para que, conforme a la ley, pudieran ventilar sus problemas laborales, y en el trienio 1937-39 se expidieron 36 (Informaciones nacionales sobre cuestiones de trabajo 1937-39, pp. 373-379). Hubo ramalazos de protesta campesina en J 943 Y 1944 en algunos municipios Liberales del Tequendama y el Suma-

I Agradezco a Mana Alejandra Vélez facilitaJ'me una copia de su trabajo "Collective Tilling and the Process of In~Litution Building: Common Property Regime in the Colombian Pacific", Working Paper LACEEP y Bogotá, Facultad de Administración Universidad de los Andes, 2009, que arroja luz sobre "la ley en acción" en el Pacífico.


EP!LOGO

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paz (Medina, 1980, p. 420). Pero, ¿qué pasó con los titulares de las parcelaciones? Los archivos de la Caja Agraria dan indicios. La desorganización e incompetencia burocrática, la discrecionalidad de las adjudicaciones y el abandono de los parceleros son los hechos más destacados. Con los años, distintas agencias gubernamentales administraron las parcelaciones o simplemente se hicieron "cargo de la cartera". En los traspasos aumentaba la negligencia administrativa y los parceleros que habían cumplido sus obligaciones quedaban esperando el título de propiedad, requisito indispensable para tener acceso al crédito de la Caja Agraria. Así, entraron las parcelaciones al laberinto burocrático. Las de la Gobernación de Cundinamarca pasaron en 1948 al Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal; extinguido éste, fueron tomadas en 1953 por el Instituto de Colonización e Inmigración, yen 1961 pasaron al Departamento de Parcelaciones de la Caja Agraria, cuyos archivos exploramos. En 1970 algunas haciendas como Java tenían problemas pendientes con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Los traspasos de una burocracia a otra afectan la vida de los parceleros y aumentan los costos de administración que, creo, fueron sumidos finalmente por el Presupuesto Nacional. En un memorial de los parceleros de Viotá al Gobernador, fechado en la Hacienda Liberia, el 21 de noviem bre de 1961, se dice que a pesar de haber cubierto el valor total, al reclamar las escrituras correspondientes se nos contesta que estos títulos deben ser legalizados por el propietario parcelador y vendedor que en este caso fue el Departamento de Cundinamarca ... A falta de escrituras los ocupantes compradores (sic) nos estamos perjudicando ya que ... no podemos adquirir el crédito ... ("Convención Colectiva", 29 de marzo de 1946).

La incompetencia administrativa desestimulaba el pago cumplido y se dieron casos de quienes prefirieron entablar acciones de prescripción adquisitiva de dominio o juicios de pertenencia. En estas situaciones las entidades crediticias, con sede en A()g()t<1 , no podían responder en los juzgados municipales, bien porque no se les notificaba o bien porque cI costo judicial era mayor que la deuda del pareciera. El ] 5 de enero de 1962 José A. Morales se düige desde Silvania al gerente de la Caja solicitándole: "se me adjudique una parcela que tengo en poción (sic) hace siete años y que no se me había vendido porque no había entidad facultada para vender" (A.C.A., "El Chocho"). Aunque los técnicos que dictaminaron las condiciones agrológicas de El Chocho habían encontrado agua suficiente y abundante, cuyos nacimientos venían de la parte montañosa, la parcelación y la destrucción del bosque llevó al Comité Departamental de la Federación de Cafeteros a dirigirse al director del Departamento de Parcelaciones de la Caja Agraria el 18 y 20 de


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EPíLOGO

febrero de 1962, informándole que la mayor parte de las fincas del antiguo Chocho "carecen de agua precisamente por tala de bosques localizados en la cordillera y especialmente en los nacimientos de las fuentes y representa un grave problema para el servicio humano y para la producción del café" (A.C.A., "El Chocho"). No deja de ser irónico que la parcelación hubiera sido administrada por un instituto público llamado de Defensa Forestal. No siempre hubo claridad sobre los efectos legales del traspaso de una oficina gubernamental a otra. En 1959 los parceleros que solicitaron escrituras de propiedad no sabían a quién recurrir. El Instituto de Parcelaciones "se extinguió automáticamente" y había cesado el contrato de mandato conferido por el Departamento en 1951, de suerte que sólo la Caja Agraria estaba en capacidad de expedir títulos a quienes habían cancelado sus obligaciones en las parcelaciones de Liberia, El Chocho y el Sache (A .C.A., "El Chocho"). La solidaridad entre los nuevos propietarios campesinos se esfumó, una vez hechas las adjudicaciones. Eso lo atestigua la vida efímera de la Cooperativa de Pequeños Cultivadores de El Chocho creada en febrero de 1936 (Gaceta de Cundinamarca, 12 de febrero de 1936). La diferenciación económica de los parceleros y la existencia de un mercado de tierras, abierto súbitamente, crearon las condiciones de concentración de la propiedad hacia nuevos estratos medios. De las diversas suertes que conocieron los parceleros, dos fueron las más frecuentes: la muerte del adjudicatario, en general el padre de familia, y la emigración de las familias que preferían vender las mejoras o abandonar las parcelas, lo que complicaba el panorama legal. Los informes de las comisiones que periódicamente visitaban las parcelaciones retrataron las condiciones de vida de los nuevos propietarios. A veces hay que restablecer el contacto perdido con ellos, lo que generalmente se hacía en el sermón de la misa dominicaJ2. La mayoría de los comisionados simpatizaban con los campesinos y recomendaban no subirle el precio a la tierra porque había suelos, como en la vereda Yayatá, de "muy mala calidad, casi sin capa vegetal y en donde para obtener un producto de calidad inferior los campesinos deben realizar un intenso trabajo de abonos y cuidado del suelo"3. Algunos sugerían una nueva parcelación en vista de que había "una situación de minifundio que no permite ya la producción suficiente para la provisión familiar" (A.C .A., "El Chocho", 1954). No sólo en la vereda Yayatá la tierra era mala; también en las de San José, Panamá y Loma Alta, como reportó otro funcionario. El cultivo básico era el café, sembrado con "apeñuscamiento" porque la plantación se hizo

2 El informe del n.A. Gutiérrez J. sobre las parcelaciones de El Chocho y El Soche, 4 a 9 julio de 1954, A.C. A., 1954. 3 Informe de la Comisión de la Parcelación del Chocho, 15 de junio de 1954, A.C.A., "El Chocho".


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con el presentimiento de contar matas al desocupar la tierra. Pero hay mucho sombrío, por miedo a que se agote la leña y un corto verano obliga a los vecinos a conseguir agua a grandes distancias c. .. ) Imagínese las dificultades en el beneficio del café (A.C.A., "El Chocho", 1954)4. Por la época de esta inspección se afirmó: "el precio del café es alto y a no ser por esto tendríamos aquí una colonia de indigentes" (A.C.A., "El Chocho", 1954).

En el Instituto de Colonización no faltaban empleados prepotentes como Abraham Aldana, quien llegó a Silvana a principios de 1956. Lo primero que hizo fue entregar al alcalde la lista de deudores morosos para que "me los obliguen a presentarse a esta oficina para cobrarles". Sin mucho resultado, debió apelar "a todos los resortes tendientes a mejorar la cartera, el micrófono, la Alcaldía y el señor Cura en su cátedra sagrada". Informó que desde el micrófono de la iglesia parroquial todos los domingos de marzo y abril de ] 956 se leía esta reprimenda: Señores Parceleros Tengo la pena de volver al mismo tema de mi memorando anterior, de llamarles la atención sobre el pago de sus cuotas, a fin de evitarles las funestas consecuencias que la morosidad puede acarrearles, pues he recibido un oficio del Instituto de Colonización e Inmigraciones en el cual me ordena el señor Director del Departamenlo de Parcelaciones que les haga saber a las personas que están en mora en el pago de dos o más cuotas, que si no se ponen al día en el menor tiempo posible, perderán el derecho a la parcela, sin excepción alguna puesto que el Instituto entablará demandas judiciales para el lanzamiento de los parcelarios morosos. Causa verdadera sorpresa que en esta región, cuyos habitantes son en general tan buenos ciudadanos, haya gentes que se encarguen de darle desprestigio a su terruño. Bien parece que acepten las instigaciones de elementos disociadores quienes movidos por el odio satánico a las benéficas doctrinas de la Iglesia Católica, apoyadas por el Gobierno de las Fuerzas Armadas, sólo desean el crimen, el caos y la ruina de la República. En las parcelaciones de Florencia, Ceilán y Liberia en jurisdicción de Violá, donde permanecí algunos meses al frente de su administración tuve ocasión de observar a pesar de su fama de rebeldía, el estricto cumplimiento de esa gente; allá no existe la desmoralización deplorable de esta parcelación, pues aquí, da pena decirlo, hay parcelarios que pagan la cuota inicial y no fue más. A propósito voy a contarles: hace muy poco se presentó un parcelario en mi oficina a pagar una cuota, cuando tenía pendientes más de diez y quería que se la recibiera sin intereses, por supuesto no pude complacerlo, alliempo que este pobre señor deseaba solicitar un empréstito de la Caja Agraria para hacer algunas mejoras a la finca ... 4

A. Gutiérrez J. a Jefe Sección de Tierras y Cartera I.C.I. Silva na 31 de agosto de 1954.


EPíLOGO

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¿Y qué le paso? sencillamente que no le prestaron dinero porque no estaba a paz y salvo con el Instituto. Esto les ocurre a los intonsos que creen que se puede poseer una finca sin título legítimo. A decir verdad esa morosidad tan prolongada es delictiva, pecaminosa, pues no se comprende que con cuotas tan pequeñas no hayan podido pagar en tantos años. Abraham Aldana al Secretario General del LG.I., Silvania, 3 de marzo de 1956 (A.C.A., "El Chocho", 1954).

Con un poco más de aplomo, otro empleado había sugerido que los elementos disociadores estaban en la desorganización de las parcelaciones: "los parcelarios se habían formado el criterio de que se les había engañado, puesto que no contaban con promesas de venta, ni escrituras o título de ninguna clase ... " (A.C.A., "El Chocho", 1954)5. En todo caso, parceleras o no, las burocracias medias, quizás representativas en esto de una mentalidad urbana, clasificaban a los campesinos en la clase más inferior de Colombia.

Los

COLONOS "COMUNISTAS"

Tenemos, al menos, un cuadro indicativo de las vicisitudes de los parceleras. ¿Qué destino tuvieron los colonos del Sumapaz? Estudios recientes, en particular la obra de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela y los agrarios, dan respuestas detalladas y congruentes con la historia general del país. Pero recalquemos que el "gran Sumapaz" sociopolítico, "comunista", y sus inmensos entornos de páramo están por fuera de los límites del presente estudio. A mediados de la década de los treinta los ejes de la colonización se fueron desplazando al sur y el oriente de Fusagasugá, el punto inicial de partida. Al igual que aconteció en la colonización antioqueña, las reglas sociales de distribución de la tierra quedaron sujetas a la dinámica de la frontera, es decir, al control político y territorial y al "patriotismo municipal". A mediados del siglo, la región del Sumapaz estaba fuertemente politizada en una dirección ideológica antagónica a la del campesinado colombiano. Para los círculos partidistas y de poder de Bogotá, el color del Sumapaz era rajo comunista, de suerte que, cuando apenas regresaba de Corea, el Batallón Colombia fue lanzado a las "guerras" del Sumapaz y en 1954 y en la mitad de una de ellas buena parte de su territorio se incorporó a la jurisdicción de Bogotá en aras del contral militar (G6ueset y Zambrano, 1992, pp. 1053-71). El cambio es decisivo y marca un hecho fundamental: el Estado colombiano no había logrado pacificar la sociedad en el sentido moderno del contral administrativo. Es decir, el derecho como instancia de mediación social había fallado. Sin pena ni gloria, quedaba atrás la época de la Guardia de Cundinamarca, de la policía que asegura los derechos de los ciudadanos y 5 JuJián

Arboleda al gerente Fusagasugá, Silvana , 29 de septiembre de 1954 A.C.A .


)

1

EPILOGO

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era sustituida por el Ejército Nacional, creado para otra función esencial: defender la soberanía internacional del país. A costa de los ámbitos del derecho, la seguridad ciudadana (interna) y la seguridad nacional (externa) se fundieron en una, dando lugar a una ambigüedad en el ejercicio de la soberanía del Estado que llega a nuestros días (Giddens, 1987, pp. 169-77). Pasadas las "guen"as" de La Violencia, los combatientes aparecieron como los agentes centrales del proceso colonizador, actuaron con alguna autonomía y, de paso, quedaron marcados por el estigma (González, 1962). Una contrapartida del asunto subyace en un dato aportado por el geógrafo Ernesto Guhl: las tielTas de colonización espontánea, ( ...) con todavía escasa población carecen de vías y son de difícil penetración; tampoco existen cal"tas topográficas, y mucho menos catastrales, pero sí existe el deseo por pal"te de los ocupantes de no denunciar la verdadera situación, porque el Estado en la inmensa mayoría del territorio colombiano es considerado como enemigo, al cual. entre otras cosas, se deben ocultar los bienes (Guhl , 1965, pp. 1-2).

La actitud de los colonos de la que da cuenta la observación del geógrafo se nutre de los traumas posteriores a los relatados en este libro. Hace pocos años la región "comunista" comprendía más municipios y corregimientos, incluidas áreas I11rales de Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila y Caquetá; partiendo de Fusagasugá hacia el sur, llegaba a los ríos Guayabero y Pato; por el oriente al río Duda hasta La Uribe, y por el occidente, cruzando el Magdalena, a Natagaima para tomar la dirección de Coyaima y Chaparral, zonas que al comienzo de la década de los treinta llamaron la atención del país en virtud de sus "soviets indígenas" (Medina, 1986, pp. 233- 66). Las enormes montañas de este Sumapaz -con bordes en Bogotá, Neiva, Fusagasugá, y caminos a los llanos y al sur del Tolima-, presentan densidades de población muy bajas. Su historia política deriva de empujes colonizadores, "columnas de marcha", huidas colectiyas y exilios interiores que fueron dejando C

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A mí el partido no me buscó. Nadie me propuso mi ingreso, pero en vista de que el compañero (Erasmo) Valencia hablaba maravillas de la Unión Soviética y que solamente los soviets y el partido socialista o comunista eran los que iban a liberar a los esclavos del mundo, entonces yo pedí mi afiliación al Partido Comunista, y conservo aún la nota en que me aceptan y consideran que ha sido un triunfo para el partido mi ingreso como militante (Varela, 2007, pp. ISO-l).

Activos durante la dictadura de Rojas Pinilla, los agrarios no se doblegaron pese al acoso del Ejército en Villarrica, Icononzo, Pandi y Pasca. La situación dio un giro en los primeros meses del Frente Nacional y se creó un Fondo de Rehabilitación que, en este caso, fue claro antecedente del Proyecto INCORA 1, destinado a desactivar la bomba de tiempo que representaba el grupo armado de Juan de la Cruz Varela, muy popular en la zona; uno de los pocos que en la historia reciente de Colombia se movió como pez en el agua campesina. Con el INCORA regresó el esquema de parcelar haciendas y debió ayudar a la paz negociada de la década del sesenta. El colono estigmatizado pudo, una vez más, tener algún respiro. Elemento central de la situación favorable fue la incorporación de Juan de la Cruz Varela a la Cámara de Representantes (1960) que empleó en rebatir el proyecto gubernamental de Reforma Social Agraria y pedir reparto de tierra sin compensación. Varela, suplente de Alfonso López Michelsen, el "compañero jefe" del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, cumplió cabalmente su papel y así contribuyó a amortiguar la presión armada sobre los agrarios (Anales del Congreso, 19 de agosto de 1960, pp. 293-295)6. El juego de López era otro. En uno de esos ejercicios de malabarismo político que más tarde lo llevarían a la presidencia, atacaba en su semanario La Calle el proyecto de reforma agraria de Lleras Restrepo con los argumentos de la Operación Colombia, propuesta de modernización capitalista acelerada que proponía el profesor Lauchlin Currie, mientras cedía su curul en la Cámara de Representantes al suplente Varela, el "aliado Comunista". Pocos meses después, en diciembre de 1962, pronunció un agrio discurso anticomunista en Ibagué y se sacudió de sus aliados de quienes, como su padre, 30 años atrás, utilizó su infraestructura de agitación y propaganda electoral. El contexto político continental de la reforma agraria de 1961 fue la Alianza para el Progreso que, como la Ley de Tierras de 1936, también apelaba al "funcionalismo". En el otro polo ideológico y político, la izquierda, con el telón de fondo de Cuba, China y Vietnam, buscó la "caracterización correcta" de la estructura agraria y de los movimientos campesinos. El efecto cubano empezó a sentirse en Colombia en 1958 cuando grupos cubanos de oposición a la dictadura de Batista trataron de organizar apoyos 6

del

"Proyecto de Ley número 79 sobre Reforma Agraria" (presentado por los 11 representantes Londoño (1999, pp. 78-91).

MRL);


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en Colombia, asunto seguido de cerca por las Fuerzas Armadas colombianas 7 . Derrotado por el Ejército Rebelde, el dictador cubano huyó de la Isla el 31 de diciembre de 1958. A los pocos días y en olor de multitudes, los Rebeldes entraron a la Habana con Fidel Castro a la cabeza. Comenzaba la Revolución cubana. Sus reformas agrarias de 1959 y 1961 marcaron hitos en la historia latinoamericana. La región entró en un ciclo de planes preventivos y más bien parsimoniosos de reformas agrarias orientados por la Alianza para el Progreso, la alternativa que ofrecía el gobierno de Estados Unidos a la amenaza continental que planteaba la "revolución Castro-comunista de Cuba". En Colombia las élites políticas e intelectuales y la Iglesia participaron en debates agrarios, fructíferos unos, bizantinos otros y, después de mucho regateo, se expidió en 1961 la Ley 135 de "reforma social agraria". La consolidación de la Revolución cubana y el experimento más o menos simultáneo de la reforma agraria del Frente Nacional renovaron el interés en los estudios agrarios. Por ejemplo, en algunas facultades de Derecho se estableció la asignatura de Derecho Agrario, más histórica, comprensiva y específica que el libro segundo del Código Civil, "De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce". En la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, los campesinos fueron objeto privilegiado de análisis y trabajo de campo. "Tan importante era la operación agropecuaria de la Universidad (Nacional) que se creó el cargo de director del sector con el rango de vicerrector, encargado de la dirección del área y de las relaciones con el Instituto Colombiano Agropecuario, lCA. En 1965, los estudiantes de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional eran el 14,6%, porcentaje similar al matriculado en las Ingenierías o en las Ciencias de la Salud humana" (Rectoría UN, 2004, p. 223). A comienzos del Frente Nacional, los Liberales y las izquierdas marxistas repasaron algunos tópicos de las formas del desarrollo de la agricultura colombiana, los orígenes de los pmyectos alternativos de "reforma agraria", "colonización dirigida" y "colonización espontánea"; las raíces sociales y políticas del fracaso reformista, entre otros. Si bien la alternativa "reforma agraria" o "colonización" no ganó centralidad, estaba subyacente y debe investigarse el eco del Censo Cafetero de 1932 y el papel de la ideología de la FNC y de estudios regionales y del café como los de Luis Eduardo Nieto Arteta, James Parsons y Álvaro López Toro B• En efecto, si el concepto de reforma agraria se reduce a la propiedad campesina de los predios, las sociedades del café, plasmadas por las colonizaciones antioqueñas y caucanas, eran prueba evidente de que ya se había hecho espontáneamente en Colombia. 7 Archivo General de la Nación, AGN , Fondo Ministerio del lnterior, Despacho del Ministro, Boletines Informativos de las Fuerzas Armadas, Oficina de Orden Público, n° 178,20 de septiembre de 1958 (sobre Bogotá) y n° 183,26 de septiembre de 1958 (sobre Cali) Caja 4, Carpeta 30. s Ver Parsons (1968); Nieto (1958); López (1970) .


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Corolario: la ley agraria de 1961, antes de expropiar unidades consolidadas legalmente, debía acelerar una distribución planificada de baldíos entre los campesinos sin tierra (La expropiación en el derecho colombiano, 1965). Politizada, la reforma agraria de 1961 racionalizó plataformas tecnocráticas y doctrinas de cambio social, como se colige de la trayectoria de Carlos Lleras Restrepo quien, vimos, desde los años treinta fue un destacado líder nacional en este frente. Inevitablemente el abordaje del problema campesino produjo tensiones y divisiones tanto en el Partido Liberal (una buena proporción de sus congresistas eran hombres de latifundio o sus representantes oficiosos) como en la reducida izquierda marxista. Albert Hirschman, observador perspicaz y cauteloso pero poseído por el optimismo, no dudó en poner la reforma agraria colombiana entre las "jornadas del progreso" latinoamericano; uno de los mejores momentos de Colombia, escribió (Hirschman, 1963, capítulo 2). Lamentablemente, las miradas optimistas pronto quedarían veladas por las cifras que demostraban el poco avance de la reforma agraria y sus enormes costos presupuestales, ambos prueba de la debilidad relativa del Estado. Por demás, en la visión de las izquierdas no había mucho interés por las leyes y códigos que regulaban los derechos de propiedad y trabajo, terreno bien cultivado por los Liberales que los integraban armónicamente a sus doctrinas sociales y agrarias, y a sus discursos electorales. En ese entonces la investigación académica endógena estaba en pañales, aunque se destacaban los trabajos de sociología rural, etnografía e historia agraria de Orlando Fals Borda que postulaban que el campesinado era un elemento fundamental de la formación de la sociedad y la cultura colombianas. Fals había realizado estudios empíricos en una vereda mestiza enclavada en los Andes (Saucío, Chocontá), con base en los cuales elaboró una explicación detallada de la estratificación social y del papel de la familia, de la distribución de la propiedad de la tierra y del impacto del crecimiento de Bogotá, urbe receptora de migrantes y proveedora de empleo en las obras de construcción de la represa del Sisga. Pero Fals se quedaba corto al momento de analizar aspectos que, en la perspectiva del mercado, parecían centrales para interpretar las transformaciones sociopolíticas del agro colombiano y en particular las de zonas de colonización activa o reciente. Cuenta aparte del rigor metodológico y cuantitativo de sus trabajos de inspiración estructural-funcionalista, emparentados ideológicamente con la novelística de Eduardo Caballero Calderón y con el tímido reformismo preventivo de comienzos del Frente Nacional (Fals fue director del Ministerio de Agricultura a comienzos del gobierno de Alberto Lleras), el sociólogo barranquillero fue uno de los precursores de la ideología modernizadora de la Alianza para el Progreso. Atormentado por las secuencias visibles de lo que aún no se llamaba La Violencia (y él sería coautor de un libro seminal y de la expresión La Violencia que hizo carrera), no dudó plantear un punto de vista político: la paz de los saucitas de Chocontá estaba envenenada por un "indi-


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vidualismo desorientado" en "una sociedad despedazada" por el bipartidismo y por la herencia política del caudillismo que reforzaban el binomio nefasto de pasividad y pobreza (Fals, 1955, p. 296). Estos campesinos "supersticiosos", conformistas sociales pero quisquillosos en asuntos de honor personal y familiar, entendían la política como la plasmación de un ciclo inevitable: "Que 'el Cristo se vuelve de espaldas': tan pronto como haya un cambio de Gobierno, los que entran arreglarán las cuentas con los que salen" (p. 301). Para el cambio social se requería transformar el "ethos de pasividad saucita" en un "ethos activo" con una condición adicional: "que los miembros de la élite adopten un ethos de altruismo activo (subrayado en el original) y de una actitud que haga comprender con mayor simpatía los problemas del campo" (p. 304). Si se enteró, la clase alta no quiso hacer el correspondiente examen de conciencia 9 • Montó en el Congreso, los tribunales y la prensa una oposición implacable y tenaz a la tibia reforma agraria de 1961. Bajo esta sombrilla ideológica los terratenientes ganaron tiempo, pudieron camuflarse de modernizadores y, con los políticos de derecha, cerraron el paso al limitado reformismo social 10. De otro lado, a comienzos de la década de los setenta y dentro de los marcos pacificadores del Frente Nacional, el país fue testigo de nuevos envites campesinos (Zamosc, 1981). Las invasiones de haciendas ganaderas y latifundios, principalmente en la región Caribe, suscitaron esperanzas políticas e inclusive parecieron confirmar que las guerrillas revolucionarias recorrían el inexorable camino de la Historia (Romero, 2002; 2003)11. En 1973 se daba por descontado el fracaso de la Ley 135 de 1961. Con el apoyo substancial de Alfonso López Michelsen que venía de regreso de su Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, y ponía la mira en la presidencia de la República, el bipartidismo liberal-conservador firmó el Acuerdo de Chicoral, que dio entierro de tercera a cualquier proyecto de reforma agraria. Ahora, sentenció López, se imponía "la revolución verde". Pocos captaron entonces la continuidad ideológica que iba de la Ley de TiclTas de 1936 a la Ley 04 de 1973, expresión del Acuerdo de Chicoral y, menos, que López Michelsen había participado en las dos y era el hilo conductor de came y hueso.

El lenguaje y el tono de e:;tas actitude:; pueden verse en Delgado (1973 J. IOVer Survey afilIe Allianee for Progress (1969); Palacios (2008b, pp. 67-71 J. 11 En su estudio del paramilitarismo de Córdoba, uno de Jos epicentros de aquella:; movilizaciones campesinas, Mauricio Romero explica por qué las cosas no OCLlJ'rieron de ese modo y el porqué social de los paramilitares. 9


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VIOTÁ: LA INVENCIÓN DE LA TRADICIÓN

Se ha comprobado que las tierras templadas del Tequendama y del Sumapaz cundinamarqués se fragmentaron y parcelaron, y que los campesinos y nuevos estratos medios ganaron la tierra. Este resultado fue definitivo en la pacificación de las sociedades locales. No en vano en los inicios del Frente Nacional cuando Viotá y el Sumapaz encabezaban la lista de "repúblicas independientes" que, conforme a la doctrina de la contrainsurgencia debían ser extirpadas del suelo patrio, ninguna de las dos cayó en la trampa, ni sus dirigentes atendieron la Conferencia Guerrillera del Bloque Sur (1966) del que saldrían las FARC. Según informes de inteligencia militar se mantenía en pie la famosa República del Tequendama" (. .. ) que comprende las poblaciones de Viotá, Sumapaz, (sic) VilIarrica, Dolores, Gaitania, El Pato, Cumaral, etc. ( ... ) El "jefe" es Víctor J. Merchán y el cacique en Sumapaz es Juan de la Cruz Varela", suplente en la Cámara de Alfonso López Michelsen.

Uno de estos informes aseguró que dicha "república" tiene cinco [rentes guerrilleros muy bien organizados: Sumapaz, Viotá, La Hoya en el río Magdalena, el Quindío y los Llanos Orientales l2 . Así, de nueva cuenta, los colonos que venían de las tradiciones rojas del decenio de 1926-1936 fueron acosados sobre el terreno y estigmatizados en la opinión pública, conforme a los arquetipos más manidos del anticomunismo. Vuelto a la legalidad limitada del Frente Nacional, el pcc festejó sus logros de Viotá. Algún militante debió toparse con una canción asturiana de la Guerra Civil Española, adaptó la letra y le puso la música del famoso Quinto Regimiento: Que viva Viotá, la Roja, vivan las caras bonitas; viva la que tiene amores con un joven C0111Ll1Ústa 13.

Suena insólito hablar de campesinos comunistas. Si algo define a los campesinos aquí estudiados es su actitud legalista, su mentalidad posesoria del CC. Si algo define el comunismo es el proyecto revolucionario, general12 Archivo General de la Nación, AC,N, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, "El comunismo en Colombia" Inrorme General de Orden Público, \4 de abril de \96\, Caja \6, Carpeta 134. 13 Agradezco a Teófilo Vásquez haberme facilitado las transcripciones de sus entrevistas con los dirigentes comunistas Álvaro Vázquez y Álvaro Delgado, I"ealizadas en julio de 2008.


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mente violento, de liberar a la humanidad de la propiedad privada que la burguesía triunfante llevó a su cumbre histórica. Pero en Colombia, como en muchos lugares del mundo, comunista ha sido y es una noción bastante laxa; una etiqueta que se presta al atropello político, del insulto al asesinato. Por los años de la caída del Muro de Berlín recuerdo que un prohombre Conservador apenas contenía la rabia para maldecir la reforma agraria comunista de Carlos Lleras Restrepo. Vimos pasar por estas páginas campesinos rojos imbuidos de fervor sectario: tanto el de la hoz y el martillo en el rico municipio cafetero de Viotá, curioso por el "bolcheviquismo" y luego movilizados por el PSR y el PCC, así como otros de municipios vecinos que, con las mismas aspiraciones y fervores partidistas, se arroparon con fidelidad bajo la bandera roja del Partido Liberal o con las rojinegras del gaitanismo y el panismo, como los colonos del Sumapaz 14 • Tarde o temprano, en algún momento de su parábola, fueron puestos en esa parte del basurero de la humanidad reservada a los comunistas. Campesinos comunistas es un fenómeno excepcional en el siglo xx colombiano, a diferencia de muchos países del Tercer Mundo donde también constituyeron la base social que sirvió a élites nacionalistas o comunistas para ganar la liberación nacional y conquistar el poder, particularmente en la ola de la descolonización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de campesinos comunistas europeos podemos mencionar los de España o Francia; Grecia o Italia. En un registro europeo los comunistas individualistas viotunos tendrían su contraparte en los peranais del Vaucluse en el sur de Francia, personajes de un libro entrañable que, en estricto sentido, más que de campesinos trata de los habitantes de un pequeño casco municipal rural (Wylie, 1957). Sin embargo, la experiencia de La Violencia trastoca completamente estos registros. El método por el cual el pcc logró ganarse una masa sustancial del campesinado vio tuno y mantener la fidelidad de generaciones sucesivas aún permanece inédito. Explorando las causas de este éxito en Viotá, el histOliador Michael Jiménez aceptó en principio una visión de Viotá la Roja que revisaría a lo largo de sus investigaciones, pero que aparece en un estado prístino en esta comunicación personal que ya cité en un trabajo de 1981: Los comunistas, mejor que cualquier otro grupo, le dieron un centro organizacional a la resistencia campesina contra los grandes terratenientes y en el proceso demostraron ser bastante persistentes en la construcción de las instituciones necesarias y en la implementación de las tácticas propias de una rebelión agraria limitada, y esto por tres décadas. Esto fue posible por varias !'azones. Primero, 14 Una visión de contexto, simpatizante de la movilización , se encuentra en el libro de tono autobiográfico de José Gutiérrez (1962).


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entendieron claramente las necesidades y aspiraciones de los pobres del campo así como el sentido de diversidad de sus intereses. En particular enfocaron el problema de la tierra y aseguraron exitosamente la transformación de Viotá de un distrito de grandes haciendas en una sociedad de pequeños cultivadores. Segundo, fueron exitosos en conseguir y utilizar recursos financieros. Por muchos años, estuvieron en capacidad de recolectar tributo de los latifundistas, de mejorar los magros ingresos de los pobres y de recibir ayuda de grupos externos. Con estos recursos apoyaron las luchas armadas de otras regiones, pero sobre todo implementaron la infraestructura de la rebelión agraria tal como la conocemos en otras partes del mundo, construyendo escuelas, formando una milicia, etc. Tercero, los comunistas tuvieron éxito en conseguir del Estado, mediante presiones, el apoyo para ampliar sus fines, como en el caso de la parcelación de las haciendas. Finalmente, su éxito descansó en la habilidad que tuvieron para forjar una clase especial de comunidad en las laderas cafeteras del suroeste de Cundinamarca, una comunidad que, a la vez tenía conciencia de su separación del resto de la nación y estaba imbuida con un impulso mesiánico, un fervor revolucionario que terminó en lo que un observador denominó una "nueva cultura rural" en el campo colombiano (Palacios, 1981, p. 70)15.

José Gutiérrez fue el autor de la expresión "nueva cultura rural". Subrayó que en los años posteriores al 9 de abril de 1948, mientras el Partido Liberal se lanzaba a la "aventura sectaria de la resistencia", los Comunistas proclamaban la "política de autodefensa", menos irracional y destructiva a su juicio. En esos tiempos anduvo por Viotá y experimentó una de las más profundas sensaciones de alegría y esperanza en la vida que me hayan conmovido: la ausencia total de trabas en la relación emotiva con los campesinos (quienes acogían sin ningún recelo al visitante cualquiera que fuera su condición social), estimulaba la fe en la humanidad. Era el reino de la camaradería en todo su esplendor (Gutién"ez, 1962, p. 85).

Gutiérrez interpretó la autodefensa Comunista en Viotá como una táctica diseñada para que los campesinos, bien preparados, pudieran repeler ataques y no tuvieran iniciativa en comenzarlos contra fuerzas del Gobierno o contra campesinos de diferente filiación partidalia. En contraste con los años treinta, en esta época los campesinos no iban a la población "prácticamente para nada". Estas condiciones especiales de aislamiento reforzaron un espíritu comunitario, una militancia comunista especial, plena de diálogo político en las células del Partido o en las escuelas políticas y militares establecidas, a las que asistían delegados extranjeros y de todas partes del país. Apareció un nuevo folclor, diferente al del resto del país campesino 15

Comunicación personal de Michael Jiménez al autor, fechada en abril de 1976.


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(centrado, nos dice, en la "casita, la familia, la fantasía de comunicación, con nostalgia y desesperanza"), un folclor de autodefensa, con sus canciones épicas, pioneros de la batalla por la tierra, rituales y mesianismo "que prácticamente constituyen toda una cultura". Las provocaciones de la Policía condujeron a escaramuzas y breves encuentros de armas, limitados en tanto los hacendados consiguieron frenar una invasión militar en regla (pp. 86-90). Pese a estas limitaciones de la guerra, mediadas por la diplomacia de los hacendados que protegieron la zona de una invasión del Ejército, Gutiérrez percibe un ominoso cambio de signo y encuentra la cara oculta: Una de esas batallas mencionadas se había librado un día antes de llegar a la región, en ocasión de que fui comisionado por la dirección del partido para obtener noticias. Y me recuerdo que cuando relataban la forma como habían sorprendido a los invasores en un recodo del camino, la crueldad se pintaba en las caras de los que fueron combatientes. Podría decir sin exagerar, que esta crueldad era el estimulante principal que aglutinaba las energías de los campesinos y los apretaba para la lucha. ( ... ) Los trofeos de la batalla recién librada, eran las ropas militares de los policías muertos. Quienes reclamaban la gloria de haber sido sus matadores, lucían sus gorras y sus fusiles; otros que se suponían habían contribuido eficazmente a su muerte, las botas, las cartucheras. Era como si los hubieran descuartizado simbólicamente. Hablando con algunos de estos héroes me enteré que la batalla no fue tal, sino simple y llanamente una emboscada en la que al parecer las pobres víctimas se portaron como animales espantados. Un camarada, de los "más desarrollados políticamente", hombre además afectuoso, fraternal v al parecer muy bondadoso, me relataba haberle disparado a un policía y luego haberlo rematado a pesar de sus súplicas. Me mostró orgulloso la fotografía que "su muerto" llevaba en el bolsillo y en la que aparecía la víctima, su esposa y sus hijos. Era como si en el fondo de esta crueldad hubiera una solidaridad parecida a la del cazador que eterniza a sus presas después de matarlas, disecándolas. En los últimos años h\'mo'i d"sarrollado en Colombia (l'! escrito fue publicado en 1962, MP) refinadas muestras de crueldad, al lado de las cuales los sentimientos de aquel camarada son cosa de nada (pp. 91-93).

Regresemos por un momento a los "campesinos comunistas" de Europa. En la Italia de la postguerra, dividida por las ideologías y luchas de poder de la Guerra Fría, encontramos testimonios en los libros y el cine, particularmente esas viñetas de Giovanni Guareschi. Hilvanaron con humor maniqueo las disputas de un pueblecito de la Regia Emilia, protagonizadas por Don Camilo, el bueno, el cura demócrata cristiano, y por Pepón, el malo, el alcalde comunista. El mismo Giro d'/taha estaba politizado: Fausto Coppi, de quien se decía que era comunista, y Gino Bartali, de la Acción Católica, juga-


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ban de eternos rivales y amigos que, hombro a hombro, trepaban y descendían cuestas formidables y pasaban como bólidos por pueblos necesitados, representados por Camilo y Pepones; los ciclistas distraían y emocionaban a los italianos depauperados, en medio del hambre y la dureza de la reconstrucción posbélica. Si no es del todo idiota, es cuando menos ingenuo preguntarse por qué el humor tendencioso de Guareschi o la ecuanimidad de la encuesta sociológica y etnográfica de Wylie parecen inalcanzables en Colombia. No hay respuestas fáciles. Pero, a diferencia de los países europeos mencionados, el PCC, de su fundación en 1930 al presente, ha sido una fuerza política deleznable en el campo electoral. Cuando bien le fue, obtuvo un 2% de los votos y una proporción nada desdeñable vino de las circunscripciones rurales del Tequendama y el Sumapaz. Esa debilidad política le significó que no pudiera escapar de la gravitación "Liberales contra Conservadores", como lo pusieron de presente La Violencia (1946-1964) y el Frente Nacional (1958-1974), ni de la gravitación de unas pocas localidades campesinas bajo su influencia. Sin poder escapar de la tradición política colombiana, el pcc acentuó el sectarismo de su militancia. Podemos especular si en ese capítulo de la historia colombiana que llamamos La Violencia y el perdón y olvido del Frente Nacional no se erigió, al vaivén de los vientos de la Guerra Fría, un muro de apatía o, acaso, de miedo entre el "campo rojo" y las ciudades. Quizás por esto se hace cuesta arriba pensar que un pueblo colombiano de campesinos comunistas pueda ser como cualquier otro. Pues bien, este libro presentó sumariamente el caso de unos campesinos rojos en una época en que fue posible cuadrar el círculo: bordar en una misma tela con hilos de los fundamentos de leninismo y del CC. Semejante milagro, el surgimiento de unos campesinos comunistas de Código Civil, arrendatarios y colonos, pudo ocurrir antes de La Violencia, en nuestros años treinta (c. 1925-45); difícilmente después. Para deshacer el nudo gordiano campesino-comunismo-insurgencia, se montó el hostigamiento y la persecución dentro de los moldes heredados de La Violencia. En la fase de la Guerra Fría, exacerbada por la Guerra de Vietnam y la Revolución cubana, tales moldes definieron una nueva estrategia de insurgencia guerrillera y contrainsurgencia estatal, conforme a las lecciones de la descolonización del mundo, pero también conforme a las reglas tradicionales del sectarismo colombiano. Si en las cuatro décadas posteriores a 1930 hubo un grupo campesino más sectario que el de pueblos decididamente Liberales o Conservadores, ese grupo fue el del pCC. No sólo mística, sino sectarismo tradicional explican el milagro de las lealtades hacia el "partido de la clase obrera". El tema merece una investigación de campo y aún hay tiempo. El pcc estimuló una resistencia campesina débil y marginal que echaba raíces en las guerritas despiadadas de '1impios" (Liberales) y "comunes" (Comunistas)


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caracte de La Violen cia del sur del Tolima. Esas zonas, con un compo nente amarrístico de campe sinado indígen a y hacien das cafeter as de tipo cundin experi encia qués, penetr adas tempra namen te por el pcc, no tuviero n la larga az. En polític a de las movili zacion es agraria s del Teque ndama y el Sumap el Capuntos perifér icos del sur tolimen se, con sus trocha s hacia el Huila, na reacció quetá y el Cauca se estable cieron grupos de "autod efensa " que, en conaron diferen tes operac iones de cerco realiza das en 1962 y 1964, termin ón ofensiforman do unas guerril las Comun istas circuns critas, pero de vocaci va (Pizarr o, 1989). campe Subray emos que esas guerril las estaba n aislada s del hetero géneo de sus smo sinado del país que, una y otra vez, ha confirm ado el conser vaduri PCC, del valore s sociale s y polític os. Al mismo tiempo , confor me a las líneas rebede esas guerril las surgie ron ajenas a cualqu ier brote o mera posibil idad cia no se lión campe sina. No sobrar ía record ar que a) las bandas de La Violen ucentríf decant aron por la revolu ción, sino por un bandid aje de natura leza en tirse ga y anárqu ica; b) en las localid ades estos bandid os podían conver 6, y c) héroes , justici eros y vengad ores de una "rebeli ón rural minoritaria"1 las situ in que, a pesar de la concie ncia que hubo del fenóm eno en el PCC, dista. biparti guelTillas operab an con los códigos cultura les de la tradici ón cionar ias de En 1966 esas formac iones se llamar on Fuerza s Armad as Revolu es manColom bia, FARC, y unos 20 años despué s, en las diminu tas y distant pcc y a al chas Comun istas del mapa de Colombia, empez aron a despla zar les y cultura tensar otro lienzo con otros hilos y en otros marco s mental es, n marge al geopol íticos que, despué s del 11 de septiem bre de 2001, y un poco al: mundi de su propia histori a, entraro n a formar parte de una nueva trama la del "terror /contra -terror ". sA fines del siglo XIX el caudill o Liberal Rarael Uribe Uribe había admini Días Mil los trado una de las grande s hacien das de Viotá y en la GuelTa de revoluc ión". los Libera les insurre ctos llamar on la poblac ión "nodri za de la pcc se indel Medio siglo despué s, la Secret aría de Agitación y Propag anda título de al ada ventó "Viotá la roja". Más recient emente ésta ha sido postul o limitad o ascens el "paraís o en los Andes colomb ianos". Paraíso que recoge que más ria, de familia s de arrend atarios Comun istas a la propie dad parcela de toda una el cumpl imient o de la reform a agraria que implic a el ascens o racia libedemoc la r clase social en el juego por redistr ibuir el poder, afianza ral y extend er los confin es del reino del mercad o. eLlegad os a este punto, quizás puedan abrirse nuevas vías para interpr acdel y es militar y tar (aparte del análisi s de los aspecto s organi zacion ales secues tros ceso a recurs os económ icos, en particu lar el narcot ráfico y los las FARC de a histori la extorsi vos) el pragm atismo campe sino que atravie sa ente, sutilm rse, mostra (Palaci os, 2008a, pp. 70-73). Quizás haya empez ado a 16

Ver Hobsbaw m (1969, pp. 136-7); Sánchcz y Meerlen s (1983).


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en las formas organizacionales de las luchas agrarias de Viotá y quizás pasaron su primera prueba de fuego en los apoyos de Comunistas viotunos a la lucha armada del Sumapaz y del sur del Tolíma. En septiembre de 2000, Pedro Antonio Marin, o Manuel Marulanda Vélez, o "Tirofijo" confesó al director de Voz, el semanario Comunista de Bogotá, que se había conmovido en lo más profundo al enterarse del fallecimiento en Viotá del dirigente Comunista Raúl Valbuena. "Con él anduvimos en El Davis cuando yo tenía nueve años y Raúl Valbuena unos más. Desde entonces ya luchábamos por buscar una nueva Colombia" (Lozano, 2001, p. 94). El autor de la letra del himno de Viotá (1994) sugiere otra Colombia:

Viotá, Viotá, Viotá laboriosa, pujante y cordial, de las luchas agrarias la cuna, forjadora de la libertad. (Acero,2007,p.35) En este coro las luchas agrarias yacen, literalmente, en el pasado; se les entona un canto de difuntos, mero símbolo del ritual cívico de los viotunos de hoy. Es, diría Hobsbawm, la "invención de la tradición", algo separado de la costumbre (Hobsbawm y Ranger, 1984, pp. 2-14). La pujanza viotuna sí es evidente. La confirman el pacto de amistad entre el casco y las veredas, yel hecho de que la pequeña y mediana caficultura viotunas se comparan favorablemente con las de Palestina y Caicedonia, productores ejemplares del cordón cafetero de Occidente (Palacios, 2002b, pp. 162-173).

¿LECCIONES?

La transformación de largo plazo de la propiedad en Fusagasugá, Viotá y el Tequendama invita a especular si en esas decisivas décadas de los años veinte y treinta no faltaron acaso más "luchas agrarias" y menos sectarismo político para desbaratar la coalición de poder de la "república Liberal", de suerte que el de quién es la tierra hubiera tenido una respuesta sincera y perdurable. Quizás ante un descontento campesino más amplio y un espíritu partidista menos hegemónico las clases dirigentes hubieran optado por esa reforma agraria que pedía el joven López Michelsen en 1935 y que rápido olvidó y sepultó luego en "la revolución verde". Quizás, si en sus travesías en el seno de la nación colombiana los campesinos hubiesen sufrido menos penurias y los colonos menos acoso, la travesía nacional habría llegado al buen puerto de la primera sentencia del primer arto de la Constitución Política de 1991: "Colombia es un Estado social de derecho". El progreso evidente del siglo xx, económico, social e institu-


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cional hizo verosímil, realizable, el enunciado constitucional de 1991. Recordar la Constitución de Weimar no puede ser tomado con recelo, ni tampoco el mero registro del incremento de la corrupción, la violencia, la desinstitucionalización y la parapolítica de las últimas décadas colombianas. Si las constituciones no pueden cumplir lo que dicen y se reducen a exaltar buenas intenciones, empedramos el camino a los infiernos. Las buenas intenciones políticas y sociales de los reformadores de los años treinta quedaron en el papel del mismo modo que, en muchos aspectos sustantivos, en el papel quedaron los propósitos transformadores de los Constituyentes de 1990. Si en los años treinta se hubiese resuelto la cuestión de la representación democrática de la que, entre otras, deriva la cuestión de la res nullíus y la cuestión campesina, entonces los colombianos, como ciudadanos, como familias o como nación, nos hubiéramos evitado el luto; los túmulos y las fosas; los cadáveres flotando en los ríos; los desplazados, secuestrados, desaparecidos; los rencores de clase, bandería y vecindario; el péndulo argumental público que encubre corrupción e impunidad, yendo de la ofuscación a la frivolidad. Quizás el progreso económico, social e institucional hubiera sido menos discontinuo, más igualitario, más solidario, más inclinado a la libertad. Quizás. Nunca es tarde para reparar. El Estado colombiano maneja las herramientas técnicas (aerofotografia, cartografía digitalizada, geo-referencia, informática catastral y de registro de la propiedad inmueble), legales y constitucionales suficientes para delimitar las tierras del ager publicus, así como las tierras del ager privatus que no se exploten en las condiciones técnicas de nuestros días. Podría, por tanto, proceder a distribuirlas ordenadamente y con equidad como demanda el Estado social de derecho. El meollo está en la voluntad política, desarmada cuando la política yace bajo la losa de la guerra al narco-terrorismo. Es urgente resolver el de quién es la tierra si se piensa en los prospectos mineros de Colombia. Al fin y al cabo, los derechos del subsuelo son del Estado, ager pllblicus, y muchos de los distritos de la minería se localizan en zonas de bajas densidades de población que, al abrirse a la explotación, atraerán rnigrantes. En 2010 Colombia 'iigllf' 'iiendo si no el primero, el segundo productor mundial de hoja de coca yel indisputado primer exportador mundial de cocaína l7 . Los ámbitos territoriales de producción son tierras de frontera interior, reinados del res nullius, muchos adyacentes o próximos a los distritos mineros. Y, así, de nuevo se nos plantea de quién es la tierra y la oportunidad de recordar que la colonización, en sí, no resuelve la cuestión.

17 Cf.

United Nations Office on Drugs and Crime,

UNODC,

World Drug Reporl 2009, New York,

2010.



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HEMEROGRAFfA (AÑOS DISPERSOS)

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¿De quién es la tierra? se terminó d e imp,-imir en septiembre de 2011 , en Bogotá, en Nomos Impresores, en su composición se usaron tipos New Aste,- Pro. La ed ic ión consta de 2 000 ejemplares.



¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930

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