Daniel Feierstein (ed.)-Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina.pdf

El dominio del Eje en la Europa ocupada Raphael Lemkin El régimen de Pol Pot Ben Kiernan Una guerra negra Gabriel Péries y David Servenay Historia y sociología del Genocidio Frank Chalk y Kurt Jonassohn

Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina

Historia y memoria después de Auschwitz Dominick LaCapra

Genocidio y violencia política en América Latina analiza las características de la Doctrina de Seguridad Nacional, señalando elementos comunes y especificidades de cada experiencia, tanto a nivel de los modos de implementación de las prácticas represivas como de la construcción de la memoria y la posibilidad de juzgamiento. El libro se conforma con trabajos de investigadores pertenecientes a los equipos de Daniel Feierstein en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, incluyendo análisis de los casos de Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay. A ello se suman aportes como los de Alvaro Rico (profesor e investigador de la Universidad de la República, Uruguay), de Gabriel Périès (investigador francés especializado en la doctrina francesa de contrainsurgencia) y de Marcelo Ferreira (Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, miembro del Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso colombiano). Con un minucioso análisis conceptual y documental, el libro aborda la pertinencia de conceptos como los de guerra, genocidio o Estado terrorista para dar cuenta de las características y consecuencias de los procesos de reorganización social implementados en toda América Latina.

Daniel Feierstein (comp.)

OTROS TÍTULOS

Colección Estudios sobre Genocidio

Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina

Daniel Feierstein (compilador)

Daniel Feierstein es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET, dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y es titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Académico de la International Association of Genocide Scholars y del Comité Editorial del Journal of Genocide Studies and Prevention y ha sido experto independiente convocado por las Naciones Unidas. Dirige la Revista de Estudios sobre Genocidio, y entre sus últimos libros se cuentan Genocidio como práctica social (FCE, 2007) y Seis estudios sobre genocidio (reeditado por Del Puerto, 2008).

LOS AUTORES Daniel Feierstein Alvaro Rico Gabriel Périès Julieta Carla Rostica Marcelo Ferreira y otros

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Terrorismo de estado y genocidio en América Latina / Alvaro Rico ... [et.al.] ; compilado por Daniel Feierstein. - 1a ed. - Buenos Aires : Prometeo Libros: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2009. 286 p. ; 21x15 cm. ISBN 978-987-574-337-3 1. Genocidio. 2. Dictadura. I. Rico, Alvaro II. Feierstein, Daniel, comp. CDD 323

Director de Colección: Daniel Feierstein El análisis y las recomendaciones de esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva o de sus Estados miembros. Todos los derechos están reservados. Ni esta publicación ni partes de ella pueden ser reproducidas mediante cualquier sistema o transmitidas, en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabado o de otro tipo, sin el permiso escrito previo del editor.

© De esta edición, Prometeo Libros, 2009 Pringles 521 (C1183AEI), Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4862-6794 / Fax: (54-11) 4864-3297 [email protected] www.prometeolibros.com www.prometeoeditorial.com Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Prohibida su reproducción total o parcial Derechos reservados


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Índice Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina Daniel Feierstein .......................................................................................... 9 El Salvador: De la masacre de 1932 a la guerra civil Lucrecia Molinari................................................................................. 33 Doctrina de Seguridad Nacional y políticas de contrainsurgencia en Honduras Esteban De Gori.......................................................................................... 55 Interpretaciones de la historia reciente y memoria colectiva. Guatemala y el proceso de democratización Julieta Carla Rostica ................................................................................... 73 Genocidio reorganizador en Colombia (a propósito de una Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos) Marcelo Ferreira ...................................................................................... 101 Prácticas estatales criminales en dictadura y relaciones sociales degradadas en democracia, Uruguay Álvaro Rico............................................................................................... 141 La Ley de Caducidad en Uruguay: dimensiones y tensiones de las leyes de impunidad y olvido en las democracias pos-dictatoriales del Cono Sur Pamela Morales ....................................................................................... 161 El Genocidio en Chile: La construcción sociodiscursiva de la verdad Carlos José Pérez Ramos............................................................................ 183


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La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad Gabriel Périès........................................................................................... 221 Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del terrorismo de Estado (1955-1976) Mario Ranalletti ....................................................................................... 249 Entrevistas realizadas........................................................................ 281 Sobre los autores............................................................................... 283


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Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina experimentó numerosas experiencias de aniquilamiento de masas de población, la mayoría de ellas inscriptas en el mismo patrón, lo que se diera en llamar la Doctrina de Seguridad Nacional, una reformulación de los escenarios del conflicto internacional desarrollada fundamentalmente por los Estados Unidos y consistente en la creencia de que la región latinoamericana era uno de los ámbitos privilegiados de la lucha contra el comunismo, y que dicha lucha no tenía fronteras territoriales sino ideológicas. Esta nueva doctrina de la seguridad se articuló tanto la Guerra Fría y con los aprendizajes de las potencias occidentales sobre la lucha contrainsurgente, particularmente desde las enseñanzas de la “escuela francesa” de Indochina y Argelia, enseñanzas apropiadas por los propios estadounidenses en la guerra de Vietnam y reproducidas luego en América Latina a través de numerosos ámbitos de entrenamiento militar e ideológico, entre los cuales el más conocido fue la Escuela de las Américas, en Panamá. Es así que una serie de experiencias de aniquilamiento sistemático de poblaciones atravesó todo el territorio latinoamericano, teniendo un punto de inicio muy temprano con el golpe de Estado de 1954 en Guatemala, y recorriendo prácticamente todo el continente entre dicha fecha y los albores del siglo XXI. Es objetivo de esta obra avanzar en el análisis de algunas de las características generales de dichos procesos, de sus similitudes y diferencias, de las posibles articulaciones entre algunas guerras civiles y dichos procesos de aniquilamiento, de la pertinencia de la calificación de genocidio para dar cuenta de algunos de dichos procesos, y de las consecuencias en el presente de las diversas modalidades de construcción de la memoria colectiva de la represión política en América Latina. 9


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Hacia una historia de los procesos de aniquilamiento en América Latina Gran parte de los Estados modernos de América Latina se constituyeron sobre el aniquilamiento llevado a cabo en el siglo XIX de las poblaciones indígenas que habitaban dichos territorios, como modo de construir una frontera, un monopolio estatal de la violencia y una transformación de las lógicas coloniales previas a partir del surgimiento de Estados independientes en toda la región. Éste es claramente el caso de la República Argentina o de Chile, aunque pueden encontrarse también situaciones donde la actitud ante los grupos indígenas se vinculó más a producir su sometimiento en lugar de su exterminio. Un ejemplo de estas políticas lo podría constituir el surgimiento del Estado boliviano. Por otra parte, también debieran destacarse aquellos casos en los que la población indígena de determinados Estados fue atacada y aniquilada en el contexto de guerras inter-estatales con rasgos de aniquilamiento, como los casos de la guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay frente al Paraguay aislacionista) o, ya bien entrado el siglo XX, las masacres de haitianos en la República Dominicana en 1937.1 Las matanzas de indígenas continuaron en la región durante el siglo XX, tanto como parte de la extensión de las fronteras como de las políticas de empresas nacionales, extranjeras o transnacionales que, con el aval estatal, avanzaron sobre zonas históricamente ocupadas por grupos indígenas. Los casos más relevantes de estas políticas durante el siglo XX pueden encontrarse en diversas regiones de la Amazonia brasileña, en el caso de los indios aché y otros grupos originarios en el Paraguay, el hostigamiento permanente a las poblaciones mapuches en el sur de Chile o de la Argentina o el avance sobre los grupos wichí, toba y otros en el norte argentino y en Paraguay, así como las reiteradas acciones de grupos paramilitares frente a grupos indígenas contestatarios en el sur y el occidente mexicano, así como en numerosos países de América Central y en Colombia.

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Richard Lee Turtis, “A World Destroyed, A Nation Imposed: The 1937 Haitian Massacre in the Dominican Republic”, Hispanic American Historical Review 82, no. 3 (2002): 589–635.

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Sin embargo, no es objetivo de este breve capítulo dar cuenta de los diversos episodios de aniquilamiento de poblaciones en la región, sino remitir más específicamente a las consecuencias de lo que se diera en llamar la “Doctrina de Seguridad Nacional” en la unificación de procesos represivos y políticas de aniquilamiento en todo el continente.

Represión política bajo la Doctrina de Seguridad Nacional La Doctrina de Seguridad Nacional, si bien se irradia en la región a partir del cambio de óptica realizado por los Estados Unidos, tiene en verdad un primer antecedente en la República Argentina, con la aplicación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que se proponía una visión del conflicto centrada en el “enemigo político interno” en tanto hipótesis fundamental acerca del “peligro nacional”, doctrina que fuera aplicada a fines de la década del cincuenta frente a los opositores políticos en la Argentina, pero que cobraría toda su fuerza entre diez y quince años después en dicho país. A partir de este momento – y con antecedentes incluso previos como la intervención estadounidense en la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la asunción de Stroessner en Paraguay en dicho año, la dictadura de Duvalier en Haití a partir de 1957 o las consecuencias que se extraen en todo el arco político de la derecha americana acerca del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 – comenzaron a realizarse las Reuniones de Ejércitos Americanos, un ámbito privilegiado donde la Doctrina de Seguridad Nacional se difundió entre los militares de todo el continente, expandiendo la nueva visión estadounidense acerca del conflicto en América Latina, visión centrada en una “guerra contra el comunismo”, que se ubicaba como escenario fundamental de la Guerra Fría global (y que en algunos casos llegó incluso a percibirse como parte de una Tercera Guerra Mundial2) y que incluía den-

2 La idea de estar librando una “Tercera Guerra Mundial” fue la conclusión de numerosos militares argentinos durante la década del ´70, tanto en Conferencias militares como en textos sobre la cuestión. Dicha idea se basaba, en particular, en conceptos de los “contrainsurgentes franceses” como André Beaufre. Para analizar este modo de percepción del conflicto, véase en particular Horacio Verbitsky, La última batalla de la Tercera Guerra Mundial, Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

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tro de su definición de “enemigo” no sólo a los movimientos revolucionarios, sino a todo movimiento populista, religioso o indígena que tuviera como objetivo una transformación igualitaria del orden social. El concepto de “guerra contrainsurgente”, proveniente de las doctrina francesa3, se impuso entonces como el eje explicativo del conflicto en América Latina, tanto en situaciones donde los movimientos guerrilleros habían logrado establecer una guerra civil con los regímenes dictatoriales (como los casos de Colombia, El Salvador o Nicaragua), en situaciones en las que existían apenas grupos político-militares de oposición, sin capacidad de desatar una guerra civil o de contar con un importante control territorial (como los casos de Guatemala o Perú) o incluso en aquellos países donde el carácter militar de la oposición no permitía contar siquiera con ejércitos profesionalizados insurgentes (y, por tanto, donde el concepto de guerra era exageradamente forzado), como en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, entre otros. Este concepto de “guerra sucia”, “guerra contrainsurgente” o “guerra antisubversiva”, constituyó el marco de justificación de la transformación de las fuerzas armadas latinoamericanas en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios territorios y sociedades, a través del arsenal del terror desplegado en numerosos campos de concentración, la exhaustiva utilización de la tortura, la comisión de asesinatos sistemáticos de grupos de población (familias enteras, aldeas, comunidades étnico-religiosas), la utilización de la violación de mujeres como arma de destrucción psíquica y física de las poblaciones victimizadas y la transformación de estas sociedades a través de la institucionalización del terror en todos los planos de la vida cotidiana, por lo general a través de regímenes militares que asumieron el control gubernamental de dichos Estados y/o de fuerzas para-estatales que operaban en conjunción con las propias fuerzas armadas de cada uno de los países latinoamericanos.

Un breve esbozo de casos Vale la pena realizar una breve síntesis de algunos de los principales sucesos en la región, para facilitar el análisis posterior de los mismos. 3

Los trabajos de Gabriel Périès y Mario Ranalletti, en este volumen, se proponen indagar sobre la influencia de las doctrinas militares y teológicas francesas en este diseño en América Latina, particularmente para el caso argentino.

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En 1954, un golpe militar en Guatemala derriba al gobierno democrático de Jacobo Arbenz, que había expresado la posibilidad de un cambio social popular en el país. Dicho golpe, que produjo en su primer año alrededor de tres mil asesinatos políticos, fue el inicio de un proceso de aniquilamiento extendido en el tiempo, que se prolongó durante más de cuarenta años, para recién encontrar alguna posibilidad de resolución del conflicto con los acuerdos de paz de 1996. En dicho período, fueron asesinadas y/o desaparecidas en Guatemala más de 200.000 personas, en una reformulación global de la sociedad que, operando con una lógica de transformación política que sería común a todos los procesos latinoamericanos, involucró a comunidades, aldeas, grupos indígenas, regiones enteras, teniendo su pico de terror aproximadamente entre los años 1978 y 1990. El caso de Guatemala es uno de los pocos casos latinoamericanos que se ha caracterizado casi unánimemente como genocidio, tanto por el número de víctimas, por su impacto proporcional (cercano al 10% de la población total del país), como por las características étnico-nacionales de muchos de los grupos aniquilados, miembros de distintos sectores mayas u otros grupos indígenas.4 Creemos justificada la utilización del concepto de genocidio para este caso, pero no necesariamente por los motivos por los que se lo ha aplicado, sino precisamente por las características que comparte (en cuanto a sistematicidad del proceso de aniquilamiento) con experiencias como las de la Argentina, Bolivia, Chile o Haití, en donde el número de víctimas fue inferior (miles a decenas de miles) y no remitió a grupos étnicos determinados sino, al igual que en Guatemala si no se acepta la distorsión de la causalidad explicativa, a grupos delimitados fundamentalmente por motivos políticos. En el mismo año, 1954, el general Alfredo Stroessner tomó el poder en Paraguay, a través de un golpe de Estado que a su vez derrocó a otro dictador perteneciente también al Partido Colorado. El régimen de Stroessner se prolongó hasta 1989 y se alineó inmediatamente con las políticas anticomunistas que comenzaban a surgir en la región, así como con la Doctrina de Seguridad Nacional y con las políticas estadounidenses. Paraguay participó activamente 4

Entre ellos, por ejemplo, podemos incluir a Frank Chalk o Barbara Harff. Para una perspectiva priorizando el tema indígena, uno de los más solidos trabajos, aunque luego lo discutiremos, es el de Marc Drouin; “Atrocity Crimes and the Genocide Continuum in Guatemala, 1978-1984”, presentado al Segundo Encuentro Internacional “Análisis de las prácticas sociales genocidas”, Buenos Aires, 20 al 22 de noviembre de 2007.

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en el Plan Cóndor, la articulación represiva entre las fuerzas de seguridad del Cono Sur de América Latina, que implicó el trabajo conjunto de las dictaduras de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en el intercambio de prisioneros, la transferencia de información de inteligencia y la colaboración en las acciones represivas en cada uno de dichos territorios, incluyendo acciones conjuntas. La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Paraguay calcula que en el período de Stroessner se produjeron entre tres mil y cuatro mil asesinatos políticos y otros miles de personas fueron encarceladas y torturadas. Gran parte de los documentos sobre el Plan Cóndor fueron hallados en 1992, precisamente en Paraguay. Stroessner fue derrocado por un golpe militar de su propio partido en 1989, aunque hasta la asunción de Fernando Lugo en las últimas elecciones presidenciales en 2008, Paraguay continuaba siendo uno de los pocos países de la región que no había podido recuperar un régimen democrático. Haití fue ocupada militarmente por los Estados Unidos en 1915 y, desde ese momento, siempre articuló sus políticas con la potencia americana. Sin embargo, en 1957 asumió la presidencia François Duvalier (Papa Doc), implementando en la isla las lógicas de la Doctrina de Seguridad Nacional. Es en ese momento cuando se crean los tonton macoutes, grupos paramilitares que actuaron durante su gobierno y durante el gobierno de su hijo, Jean Claude Duvalier (Baby Doc), entre 1971 y 1986, aunque continuaron participando en los procesos represivos en Haití con posterioridad al derrocamiento de Baby Doc, e incluso hasta el presente. Se calculan en alrededor de 30.000 las víctimas de estas fuerzas paramilitares y en 500.000 exiliados durante las distintas dictaduras haitianas.5 Al otro lado de la isla, un golpe de Estado desalojó a Juan Bosch de la presidencia de la República Dominicana en 1963, cargo que había ganado en las primeras elecciones libres, menos de un año antes, luego de los treinta años de la dictadura pro-norteamericana de Trujillo. Ante el intento de reponer a Bosch en la presidencia, los Estados Unidos enviaron a un cuerpo de marines a la República Dominicana para “impedir el acceso del comunismo al poder en la República”, apoyando luego la asunción del funcionario trujillista Joa5

María Paz Fiumara; Exitos y fracasos: las fuerzas armadas y de seguridad en El Salvador y Haití, Bibliotecas CLACSO, www.clacso.org.ar, 2004; Elizabeth Abbott, Haiti: The Duvaliers and Their Legacy, New York: McGraw-Hill, 1988.

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quín Balaguer. Se calcula que varios miles de dominicanos fueron asesinados en la invasión de los marines a la República Dominicana y en los procesos represivos de los años siguientes.6 En Brasil, un golpe militar derribó el proyecto populista del presidente Joao Goulart, en marzo de 1964. El golpe se proponía “frustrar el plan comunista de conquista del poder”7. Si bien la dictadura se prolonga hasta una fecha incierta –con una apertura democrática gradual que podríamos ubicar entre 1985 y 1989– , el período represivo más duro se concentró en los primeros diez años, con la implementación de la “Operaçao Limpieza”, conjunto de disposiciones vinculadas al accionar represivo. Si bien el Estado brasileño admitió en una ley promovida en 1995 su responsabilidad sobre el asesinato de 136 personas en el período 1961-1979, a partir del año siguiente se comenzó a trabajar sobre nuevos casos. En el libro Derecho a memoria y a verdad, resultado del trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil, el gobierno reconoció a fines de 2007 su responsabilidad por el asesinato de 479 personas. También en 1964, esta vez en noviembre, se produce un golpe militar en Bolivia, que derroca al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Pese a ello, ya el propio gobierno del MNR había apelado a la represión política durante la década de los años ´50, con la utilización de campos de concentración desde 1952, la articulación de las políticas de gobierno con los intereses estadounidenses, asesinatos políticos, frecuentes declaraciones de estado de sitio, y una represión interna que aprovechaba la experiencia de muchos genocidas internacionales; como un equipo de croatas ustachas, dirigidos por Mario Busch, ex-oficial de las SS alemanas o incluyendo la colaboración de Klaus Barbie, quien fuera oficial de la Gestapo alemana y encargado de las matanzas en Lyon.8

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El presidente destituido, Juan Bosch, fue uno de los primeros en destacar el carácter para-estatal que tendrían, de un modo paradójicamente sistemático, los procesos de aniquilamiento en América Latina. Véase Juan Bosch, El pentagonismo, sustituto del imperialismo, Madrid: 1968, citado en Verbitsky, op. cit., p. 19. 7 Ato Institucional I, 9 de abril de 1964, del gobierno del Brasil, citado en Marcelo Raffin, La experiencia del horror, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006, p. 132. 8 Véase Jorge Gallardo Lozada; De Torres a Banzer : diez años de emergencia en Bolivia, Buenos Aires: Ediciones Perisferia, 1972 y Gregorio Selser, Bolivia : el cuartelazo de los cocadólares, México: Mexsur, 1982.

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A partir del golpe militar se continúan y profundizan las medidas represivas, calculándose que en el período 1966-1968, entre tres mil y ocho mil personas fueron ejecutadas por los “Escuadrones de la muerte”, articulados con los gobiernos militares. En dicho período es también asesinado en Bolivia Ernesto “Che” Guevara, quien comandaba un proyecto revolucionario en el sur de América Latina. Durante un breve período, en 1971, asume un gobierno revolucionario antiimperialista, que instala en la presidencia al general Juan José Torres, pero es derrocado ese mismo año por otro golpe militar dirigido por el general Hugo Banzer (Torres será asesinado en 1976 en Buenos Aires, en el marco de la articulación de los procesos represivos latinoamericanos bajo el “Plan Cóndor”). El gobierno de Banzer fue virando hacia un régimen cada vez más represivo, en especial luego del golpe militar en Chile y el alineamiento de ambos Estados con la Doctrina de Seguridad Nacional. En 1978, Banzer es derrocado por una nueva junta militar. Entre 1978 y 1982 se suceden numerosos presidentes militares en Bolivia, con el breve interregno del triunfo democrático del socialista Hernán Siles Suazo, quien no pudo llegar a asumir el gobierno al resultar intolerable su asunción, tanto para las dictaduras militares de la región, como para el gobierno norteamericano. Entre las dictaduras del período, destacan los años de gobierno de la narco-dictadura de García Meza, un golpe militar dirigido desde Buenos Aires y financiado en gran parte por el narcotráfico, que produjo en su único año de gobierno más de quinientos asesinatos y desapariciones de opositores políticos en Bolivia. Siles Suazo logró finalmente asumir el gobierno boliviano en 1982, lo que puso fin a la sucesión de gobiernos militares. En Uruguay, el presidente del Partido Colorado, Juan María Bordaberry, asumió el gobierno en 1972 poniendo a las fuerzas armadas uruguayas a cargo de la “campaña contra la guerrilla urbana del movimiento Tupamaros”.9 Un año después se dispuso el cierre del Congreso, se disolvió a los sindicatos, y se prohibió al Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Si bien los presidentes a partir de dicho año continuaron siendo 9

Véase las declaraciones de los gobiernos uruguayos del período y un análisis lúcido del proceso en Luis Roniger y Mario Sznajder, El legado de las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay, La Plata: Ediciones al Margen, 2005. Para el documento citado, véase la p. 32.

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civiles (primero el propio Bordaberry, luego Aparicio Méndez), el gobierno efectivo estuvo en manos de las Fuerzas Armadas hasta la derrota en las urnas de un proyecto de reforma constitucional propuesto por los militares uruguayos y el posterior “Acuerdo del Club Naval” entre los militares y los principales partidos políticos uruguayos, que permitió el llamado a elecciones y la restauración democrática con el triunfo del Partido Colorado en 1985. En el período comprendido entre 1972 y 1985, se calcula que fueron desaparecidas cerca de ciento sesenta personas y otros cien prisioneros políticos fueron asesinados. Además, miles de personas fueron detenidas por motivos políticos y se calcula que entre decenas y centenares de miles de personas debieron dejar el país, siendo la emigración uruguaya del período cercana a las 300.000 personas, un porcentaje importante de las cuales seguramente fue consecuencia de este exilio político, en un país que contaba en ese momento con menos de tres millones de habitantes.10 En Chile, un sangriento golpe militar (con fuerte apoyo del Departamento de Estado norteamericano) derribó al gobierno socialista democrático de Salvador Allende el 11 de setiembre de 1973, bombardeando el palacio presidencial y asesinando al presidente. En un régimen militar que se extendió hasta 1990, las primeras investigaciones consideran que se cometieron más de mil asesinatos políticos por parte de la dictadura militar y otros mil detenidos-desaparecidos que se presume que fueron asesinados.11 La Comisión Rettig analizó casi tres mil denuncias de violencia política y, al igual que en el resto de los casos, se calcula que el número definitivo de víctimas sería superior, por los numerosos casos que jamás serán denunciados. Por otra parte, un número indeterminado de personas fue sometido a la estructura concentracionaria, considerando algunos investigadores que dicho número podría oscilar entre muchos miles e incluso varias decenas de miles, según las fuentes consultadas. Dada la dificultad para realizar denuncias y la continuidad de la impunidad en Chile para gran parte de los perpetradores, 10 El trabajo de Álvaro Rico, en este mismo volumen, analiza algunas características específicas del caso uruguayo. El trabajo de Pamela Morales analiza las consecuencias de la Ley de Caducidad en el Uruguay y sus similitudes y diferencias con otros casos de leyes de impunidad, como Argentina y Chile. 11 Véase Elías Padilla Ballesteros; La memoria y el olvido. Detenidos Desaparecidos en Chile, Santiago de Chile: Ediciones Orígenes, 1995. Luego, las causas en España permitirían avanzar más sobre el número y carácter de las víctimas en Chile, investigaciones que aún continúan en curso.

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es de suponer que el número de personas que atravesaron la experiencia de los campos de concentración (tanto los que fueron asesinados como los sobrevivientes) sería cercano a las estimaciones más altas y que la sub-denuncia puede suponerse como lógica, dada la falta de garantías para los denunciantes.12 En la Argentina, luego de la experiencia del Plan Conintes bajo un gobierno democrático y de un período represivo militar en los años 19661973, caracterizado por numerosas insurrecciones populares contestatarias, el peronismo retornó al gobierno durante los años 1973-1976, aunque ya a partir de 1974, se estructura un procedimiento sistemático de aterrorizamiento de la población que se inicia en la provincia de Tucumán con el “Operativo Independencia” para aplicar dicho modelo en el conjunto del territorio nacional a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Iniciando las acciones bajo el gobierno democrático peronista y, posteriormente, en una dictadura militar que se extendió hasta fines de 1983, se llevan contabilizados más de 13000 asesinatos y desapariciones forzadas, aunque los organismos de derechos humanos argentinos calculan que las víctimas oscilarían en una cifra entre las 20000 y 30000 personas. La sistematicidad del caso argentino sobresale entre las experiencias latinoamericanas, por la construcción de una extensa y compleja red de más de quinientos campos de concentración distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional y por el desmembramiento total de numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, barriales y comunitarias. A su vez, la “exitosa” experiencia argentina fue exportada hacia fines de la década de los años ´70 y comienzos de los años ´80 a América Central, al participar los militares argentinos en el entrenamiento de las fuerzas especiales en Honduras, El Salvador y Nicaragua, en la enseñanza de los procedimientos de tortura, de las modalidades de aniquilamiento y del modo de deshacerse de los cuerpos. Asimismo, el ejército argentino tuvo un rol central en el golpe militar en Bolivia, en 1980. Por otra parte, en un contexto de más de veinte años ininterrumpidos de gobiernos militares, se crean en Honduras, en el año 1980, unidades con12 El trabajo de José Carlos Pérez Ramos, en este mismo volumen, intenta aplicar el análisis del concepto de prácticas sociales genocidas que yo desarrollara para la experiencia argentina a fines de esclarecer algunos aspectos de la experiencia chilena.

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trainsurgentes, grupos de inteligencia militar especializada y “escuadrones de la muerte”, replicando las experiencias de las guerras de contrainsurgencia francesas y de la represión en el Cono Sur Latinoamericano. El gobierno militar argentino tuvo un rol preponderante en la conformación de estas fuerzas, así como el gobierno estadounidense. Pese a que en 1981 Honduras eligió un presidente civil, las prácticas de desapariciones forzadas y asesinatos políticos se acrecentaron durante estos años, manteniéndose hasta fines de dicha década. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras calcula que las víctimas suman más de doscientos personas, la mayoría miembros de sindicatos, movimientos estudiantiles, dirigentes políticos, abogados, participantes de cuerpos de solidaridad con las víctimas de otros conflictos en América Central o miembros de movimientos religiosos.13 Fenómenos de desapariciones forzadas o asesinatos políticos del mismo tenor de los descriptos en los diversos casos analizados, también se sucedieron en dichos años en Ecuador, en México, en Venezuela y en Panamá. A su vez, las guerras civiles en Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú han dejado decenas de miles de víctimas, muchas de ellas asesinadas en procesos represivos con características similares a las desarrolladas en el resto de los países de América Latina, incluyendo arrasamiento de pueblos o aldeas, ajusticiamiento de poblaciones campesinas e indígenas, desapariciones forzadas y asesinatos políticos.14 En los casos de Colombia y Perú (proceso que se traslada de algún modo en los últimos años a México) estas lógicas se entrecruzan con las políticas de lucha contra el narcotráfico, generando una confusión y superposición de conflictos y un aval cada vez mayor a la utilización de políticas represivas con la excusa de la catalogación de algunas de estas organizaciones como “terroristas” (como la actual discusión sobre las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia) y su inclusión como parte de las nuevas estrategias globales de la “guerra contra el terrorismo”.

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El trabajo de Esteban de Gori, en este volumen, analiza algunas aristas del fenómeno hondureño, caracterizado por la simultaneidad de la restauración democrática y el auge de los fenómenos represivos bajo un Estado terrorista. 14 Los casos de El Salvador y Colombia son analizados en esta obra, en los trabajos de Lucrecia Molinari y Marcelo Ferreira.

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Características de los procesos represivos Como se puede observar en el brevísimo desarrollo previo, lo ocurrido en la región en la segunda mitad del siglo XX tuvo características comunes en cuanto a un modo sistemático de transformar a las sociedades latinoamericanas a través del terror, desarticulando las posibilidades de oposición política al consenso pro-norteamericano a partir del ejercicio de tareas de inteligencia sobre el conjunto de la población y de la creación de fuerzas estatales y para-estatales encargadas de la intimidación, secuestro, tortura y en muchos casos posterior asesinato de los opositores políticos. La “desaparición forzada” constituyó una de las modalidades más comunes para, simultáneamente, eliminar las pruebas de los asesinatos, instalar el terror en las comunidades e impedir el duelo a los familiares de los asesinados. Si bien los modos de operatoria fueron similares en todo el continente, el impacto de la represión en las distintas sociedades fue diverso. En algunos casos la represión fue feroz, pero limitada a pequeños sectores de población individualizada (como en Brasil, Ecuador, Uruguay u Honduras, donde los asesinados se cuentan por centenares). En casos como los de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia o Colombia, por el contrario, los asesinatos se cuentan por miles o decenas de miles, atravesando todo el espectro de la población y revelando que la sistematicidad de las prácticas, en estos casos, no se vinculaba sólo a los modos de ejercicio represivo, sino también a una decisión de producir dichas transformaciones sociales a través del aniquilamiento sistemático de grupos de población “en tanto tales”. En estos casos, no se trataba de una persecución política individualizada, sino del arrasamiento de grupos enteros de población, fueran éstos grupos sindicales, políticos, estudiantiles, barriales, etc. El caso de Guatemala, tanto por su número de víctimas como por su impacto en la población y por su extensión en el tiempo, se transforma en la expresión máxima de esta operatoria, con el aniquilamiento de comunidades enteras, hecho que también puede observarse en El Salvador durante los años de la guerra civil. A su vez, el caso argentino destaca tanto por la sistematicidad de los procesos de aniquilamiento como por el hecho de haberse transformado en el centro organizador de los procesos represivos de América Latina durante fines de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, entrenando a los militares de América Latina en tácticas de contrainsurgencia, tortura y 20


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desaparición forzada de personas – particularmente en Honduras y El Salvador – y habiendo participado incluso en experiencias de intervención política directa como el diseño y participación en el golpe militar en Bolivia en 1980.

La utilización del concepto de guerra Uno de los conceptos centrales para caracterizar los hechos represivos en América Latina – tanto por parte de los perpetradores como por muchos observadores internacionales y analistas académicos– ha sido el concepto de guerra, con sus diversas adjetivaciones: guerra civil, guerra antisubversiva, guerra de contrainsurgencia, guerra sucia, guerra contrarrevolucionaria. Sin embargo, la calificación de los hechos como ocurridos en el contexto de una guerra tiende a licuar la especificidad de estos procesos de aniquilamiento y a contabilizar a las víctimas como parte de una confrontación armada. Si bien los límites entre la guerra y otros procesos de aniquilamiento tienden a difuminarse, al transformarse la guerra en una confrontación que produce cada vez mayor número de víctimas civiles, es difícil de constatar en la mayoría de los conflictos en América Latina la existencia de las condiciones básicas que los teóricos de la guerra consideran necesarias para utilizar tal calificación, a saber: control territorial por ambas fracciones armadas, ejércitos profesionalizados en ambos contendientes y, en el caso de las guerras civiles, la fragmentación mayoritaria de la población en su alineamiento con alguna de las fracciones en pugna.15 Si nos basamos en estos pre-requisitos, sólo las experiencias de Colombia, Perú, Nicaragua y El Salvador podrían ingresar dentro de esta calificación. En el resto de los casos, no hubo fuerzas armadas insurgentes con capacidad de control territorial: en la Argentina, ninguna organización in15

Para el análisis de la teoría de la guerra y sus posibles aplicaciones a los casos latinoamericanos, véase dos visiones contrapuestas en Juan Carlos Marín, Los hechos armados. Argentina, 1973-1976. La acumulación primitiva del genocidio, Buenos Aires: PI.CA.SO./La Rosa Blindada, 1996 (para una caracterización como “guerra civil” del caso argentino) y Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica, Buenos Aires: EUDEBA, 1999, o Carlos Flaskamp, Organizaciones político-militares. Testimonio de la lucha armada en Argentina (1968-1976), Buenos Aires: Ediciones Nuevos Tiempos, 2002.

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surgente pudo controlar una fracción del territorio – ni siquiera la región montañosa de la provincia de Tucumán en la que se había instalado el ERP–, en Guatemala las fuerzas guerrilleras no pudieron liberar ninguna zona, más allá del apoyo de aldeas campesinas o indígenas a su lucha; en las demás experiencias ni siquiera existió la posibilidad de luchar por el control territorial de región alguna. Por otra parte, ninguna de las fuerzas insurgentes de estos países (a excepción, quizás, de la UNRG en Guatemala) contaron con fuerzas militares profesionalizadas, sino que se trataba de cuadros político-militares que alternaban sus tareas militares con sus tareas políticas, sin llegar a conformar en ninguno de los casos un ejército profesional. La categoría de guerra sirvió por lo tanto más para legitimar las acciones desarrolladas por parte de los perpetradores que para permitir construir un marco de comprensión de la especificidad de los conflictos librados. Por otra parte, cuando se trató de comprender estos hechos sólo en tanto “procesos represivos”, el análisis tendió a observar cada situación de modo fragmentario, más como “excesos” de líderes latinoamericanos dictatoriales que como un conjunto de prácticas sociales que se propusieron la transformación de las sociedades latinoamericanas a partir de un paradigma común de percepción de las nociones de “identidad nacional” y de “seguridad”.

La utilización del concepto de genocidio El concepto de genocidio prácticamente no fue utilizado para dar cuenta de estos casos, a excepción de la experiencia guatemalteca, que trata de entender como genocidas las matanzas cometidas contra las comunidades indígenas. Creo que esta omisión es producto no sólo de las deficiencias en la redacción de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1948 y la exclusión de los “grupos políticos” como “grupos protegidos” por la Convención, sino también en las consecuencias que tuvieron dichas discusiones en cuanto a la percepción del sentido estratégico de los procesos de aniquilamiento, tanto en la Alemania nazi como en la Europa conquistada por el Reich, así como en las experiencias posteriores en Indonesia, Camboya, América Latina, los Balcanes o las sociedades africanas. El caso paradigmático de un proceso genocida –el nazismo– es un excelente ejemplo para analizar los modos en que un proceso de aniquilamiento 22


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de masas y su consecuente destrucción social puede ser apropiado o ajenizado por la sociedad que lo vive. Si sólo se observa el aniquilamiento en función de la destrucción total de, por ejemplo, las comunidades judías o gitanas que habitaban el territorio alemán, polaco o lituano, se trata de un fenómeno que pareciera no haber afectado a alemanes, polacos o lituanos, más allá de su mayor o menor solidaridad con las víctimas. Se “aliena” la condición alemana, polaca o lituana de los judíos y gitanos y sólo se los puede observar como los observaban los propios perpetradores, esto es, como seres “ajenos” al grupo nacional alemán, polaco o lituano en donde ocurrían las prácticas de aniquilamiento. Por el contrario, si observamos al genocidio nazi también como la “destrucción parcial del grupo nacional alemán, polaco o lituano”, según el caso, podremos reincorporar a las víctimas en su cabal dimensión y confrontar con los objetivos del nazismo, que postulaban la necesidad de un Reich judenrein, esto es, “libre de judíos”. El objetivo del nazismo no fue sólo exterminar a determinados grupos (étnicos, nacionales y políticos, entre otros), sino que dicho exterminio se proponía transformar a la propia sociedad alemana a través de los efectos que la ausencia de dichos grupos generaría en los sobrevivientes. La desaparición del internacionalismo y el cosmopolitismo como parte constituyente de la identidad alemana fue uno de los aspectos más perdurables del genocidio nazi y el aniquilamiento de los judíos y gitanos – junto al de otros grupos elegidos políticamente – jugaron un papel central en dicha desaparición.16 El concepto de genocidio, entendido en tanto “aniquilamiento parcial del propio grupo nacional” podría permitir, por el contrario, restablecer el sentido estratégico de la elección de las víctimas, al arrancarlas del rol de una supuesta “inocencia abstracta” al que parece arrojarlas tanto un concepto de genocidio vinculado sólo al aniquilamiento de “los otros”, como el propio concepto de crímenes contra la humanidad. Entender a las víctimas como un “grupo discri-

16 Quizás uno de los casos más emblemáticos de esta presencia de la identidad judía en la identidad nacional alemana lo constituya la obra del filósofo judeo-alemán Herman Cohen quien, en su obra Germanidad y judaísmo (Deutschtum und Judentum) consideraba al judaísmo como “fuente esencial” de la germanidad. Véase al respecto el interesante análisis sobre el tema producido por Emmanuel Taub en La modernidad atravesada. Teología política y mesianismo, 2008.

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minado” por los perpetradores, elegido no aleatoria sino causalmente para que su desaparición generara una serie de transformaciones en el propio grupo de la nación, la destrucción parcial del propio grupo nacional, es en verdad comprender el sentido de las propias ideas de Lemkin, cuando planteaba que el genocidio se propone “la imposición de la identidad del opresor”.17 La comprensión del aniquilamiento en tanto genocidio, en tanto planificación de la destrucción parcial del propio grupo nacional, permite ampliar el arco de complicidades en la planificación y ejecución de la práctica, al obligarnos a formular la pregunta acerca de quiénes resultan beneficiarios no sólo de la desaparición de determinados grupos, sino, fundamentalmente, de la transformación generada en el propio grupo nacional por los procesos de aniquilamiento. Se trata, como propuesta provocativa, de pasar del hecho empírico del aniquilamiento de determinados grupos al sentido estratégico del objetivo, motivación y efectos de dichos asesinatos.

El caso argentino como emblemático del sentido estratégico de las lógicas genocidas Ha sido precisamente el proceso de aniquilamiento vivido en la Argentina uno de los casos emblemáticos para ilustrar estas ideas, dado que estas discusiones han podido desarrollarse con mayor profundidad para este caso, tanto a nivel jurídico como a nivel académico, en particular dada la casi absoluta ausencia de un elemento étnico-religioso como explicativo de la persecución (a diferencia del caso guatemalteco). Esto obligó a los interesados en la aplicación del concepto de genocidio a re-explorar el sentido estratégico de las prácticas genocidas y no sólo su carácter instrumental. Esto es, tratar de entender el objetivo de la desaparición de “grupos” de población y no sólo el hecho empírico de su aniquilamiento.

17

Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, 1944 (ed. en español: El dominio del Eje en la Europa ocupada: Prometeo, Buenos Aires, 2009).

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Parte de estas discusiones han cobrado estado jurídico, a partir del primer fallo producido en España –luego revertido por la Audiencia Nacional de ese país– que calificaba como genocidio a los hechos ocurridos en la Argentina, acompañado por los recientes fallos del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Argentina, en los actuaciones seguidas contra Miguel Osvaldo Etchecolatz (ex-jefe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires) y Christian Von Wernich (capellán policial), donde se considera que los delitos se encuadran “en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983”. Así mismo, pueden incluirse las indagatorias por el delito de genocidio en las causas seguidas contra los represores en la provincia argentina de Tucumán, las que aún se encuentran en estado de instrucción. La figura utilizada en todos estos casos fue la comprensión del caso argentino como la “destrucción parcial del grupo nacional”, una posibilidad contemplada en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Los principales cuestionamientos a la utilización de esta figura plantean que: “... las víctimas fueron elegidas individualmente por sus creencias políticas y no por su pertenencia a un grupo, lo cual implicaría que los responsables de su desaparición y/o asesinato no poseían el mens rea requerido al no contar con la intencionalidad de destrucción de un grupo y sólo tratarse de la eliminación de los disidentes políticos”.18

Existen numerosos ejemplos fácticos que pueden cuestionar esta afirmación: la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la gran mayoría de las víctimas, que no era tan rápidamente catalogable como “disidencia política individual”, o la apropiación y en algunos casos desaparición, tortura y asesinato de más de quinientos hijos de dichos militantes, a los cuales resulta imposible catalogar como “disidentes políticos”, entre otros. Sin embargo, la discusión más enriquecedora no surge de este contraste, sino de seguir el desarrollo conceptual de este cuestionamiento para acceder al modo con el

18

Véase el amicus curiae presentado por la organización de derechos humanos Nizkor en la causa seguida en España contra Adolfo Scilingo, solicitando que fuera condenado por “crímenes contra la humanidad”, pero no bajo la figura de “genocidio”. Puede consultarse el amicus curiae completo y la sentencia de la Audiencia Nacional de España en www.nizkor.org.

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que se configura el concepto de “grupo nacional” y, por lo tanto, la intencionalidad de los procesos de aniquilamiento. Tal como planteábamos para el caso del nazismo, este cuestionamiento a la calificación como “destrucción parcial del propio grupo nacional” no logra observar los efectos que el aniquilamiento de determinados grupos políticos, sindicales, barriales o estudiantiles – e incluso de los hijos de los miembros de dichos grupos – y la instauración de más de quinientos campos de concentración en el territorio de la República Argentina, produjeron en el conjunto del grupo nacional argentino. En esta mirada “recortada”, así como los judíos o gitanos no pueden ser vistos como parte del grupo nacional alemán, los militantes políticos son alienados del grupo nacional argentino, al considerarse que su elección fue individual y, particularmente, al considerar como no probada la intencionalidad de los perpetradores de producir la destrucción parcial del grupo nacional argentino a través del asesinato sistemático de estos grupos de población. Esto, sin embargo, contrasta fuertemente con las declaraciones de los propios perpetradores. Vale la pena ofrecer una breve síntesis de algunas de estas declaraciones, como modo de probar la intencionalidad causal vinculada a la destrucción parcial de un grupo nacional.19 El propio Jorge Rafael Videla, quien dirigió el gobierno entre 1976 y 1980, los años en que fue aniquilada la mayoría de las víctimas, declaraba que: “La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque esté escrito así en el aeropuerto de Ezeiza. Argentina es occidental y cristiana porque viene de su historia. Nació cristiana a través de la conducción española, heredó de España la cultura occidental y nunca renunció a esta condición sino que justamente la defendió. Es por defender esa condición de occidental y cristiana como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto”.20

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Estas declaraciones son apenas ilustrativas de un amplio trabajo de relevamiento de las mismas. Para una ampliación, véase los Fundamentos de los alegatos de las querellas y las sentencias en los juicios seguidos contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y Christian Von Wernich, que pueden consultarse en www.ladhlaplata.org.ar/juicios.htm Para un análisis de estas declaraciones también puede consultarse Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 20 Videla, Jorge Rafael, en revista Gente, 22 de diciembre de 1976.

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Un año después agregaba que no era el hecho individual de “pensar distinto” lo que perseguía la dictadura militar, sino los efectos que dicho pensar producía en el grupo nacional argentino, por las acciones que se derivaban de dicho pensar. Decía Videla que: “... por el sólo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también el que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores (...) El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas”.21

Pero, más allá de numerosas declaraciones de los represores, una de las descripciones más claras del sentido global y reorganizador del aniquilamiento en la Argentina lo constituye el propio nombre de la dictadura militar – Proceso de Reorganización Nacional, que remitía precisamente a la idea de “refundación” de la sociedad, modificación global del propio grupo nacional – y el “Proyecto Nacional” desarrollado en 1976 por el Ministro de Planificación de la dictadura, General Díaz Bessone. Dicho Proyecto sostenía que “el objetivo real es la articulación de un nuevo sistema político apto para realizar y hacer irreversibles los logros de la intervención militar”. Al analizar lo que llama “la etapa fundacional” del Proceso de Reorganización Nacional, destaca lo siguiente: “Fundar una nueva República no es ‘soplar y hacer botellas’ (...) Por ello las Fuerzas Armadas deben contar con la disponibilidad mental, la firme voluntad y la imaginación suficiente como para ser a la vez por todo el tiempo que sea necesario eficaz elemento de combate contra la guerrilla y el terrorismo, eficaz cirujano

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Videla, Jorge Rafael, en La Prensa, 18 de diciembre de 1977.

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que extirpe el mal en todos los sectores y estratos sociales, eficaz gobernante que conduzca con acierto y prudencia la nave del Estado y, finalmente pero no al final, engendradoras y padres de la República Nueva, fuerte, unida, justa, libre, solidaria, limpia, ejemplar (...)Pero, justo es reconocerlo, al no haber contado a priori con un esbozo de Proyecto Nacional, es poco lo que se ha podido hacer en bien del cumplimiento de los restantes objetivos que apuntan hacia la derrota, no ya solamente de la guerrilla sino de la subversión “in totum”, y hacia las bases propicias para el futuro nacimiento de la Nueva República. (...) Este Proyecto Nacional, Proyecto Político, Proyecto creador de vida en común, en suma no tendrá sentido ni iluminará el quehacer argentino si no es puesto en marcha desde ahora. Pues, de lo contrario, corremos el riesgo de avanzar en dirección equivocada, distinta a la que deberíamos o a un ritmo tan lento que fuéramos dejados atrás por aquellas naciones activas que fijan la velocidad de la historia. Ello sin perjuicio de que esta pérdida de tiempo en alcanzar las soluciones de fondo pueda ser ocasión de que el oponente se rehaga mientras queden vivas las fuentes desde donde la subversión nace y se sostiene”.22

Es decir, las acciones contra la guerrilla se deben superponer con una “cirugía” capaz de “extirpar el mal de la sociedad” y teniendo por objetivo la creación de una “República Nueva” que expresaría la reorganización social que busca este nuevo régimen político, precisamente autoproclamado como “Proceso de Reorganización Nacional”. Es para lograr dicha “reorganización” que deben ser aniquilados –como una operación de “cirugía”– una serie de individuos y grupos, cuya erradicación permitirá la transformación deseada de la sociedad, esto es, del grupo nacional argentino. No se trata, entonces, ni de una guerra que tiene un enemigo únicamente militar – la guerrilla – ni de un ejercicio del terror indiscriminado sobre el conjunto social, sino precisamente de una “operación quirúrgica” claramente delimitada, frente a un grupo de población específicamente discriminado y cuya ausencia por aniquilamiento permitiría fundar la nueva sociedad, transformando a dicho grupo nacional a través del aniquilamiento de una parte de sí, cuya desaparición operaría efectos sobre el conjunto. La intencionalidad del aniquilamiento, por tanto, no radica sólo en la destrucción de numerosos grupos políticos, profesionales y/o religiosos, sino en 22

Una parte fundamental de este “Proyecto Nacional” se encuentra reproducido como anexo documental en el trabajo de Enrique Vázquez, La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar, EUDEBA, Buenos Aires, 1985, entre las páginas 299 y 327. La cita fue extraída de dicha fuente.

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la transformación de un solo grupo (el grupo nacional argentino) a través de estas operaciones de “cirugía” que, al igual que en el campo biológico con el cáncer, curen y transformen al cuerpo social eliminando “todos los tejidos infectados”. Como la infección es sólo metafórica y construida por los perpetradores, la única unidad entre las víctimas la otorga el papel que se les asigna en la estructuración del grupo nacional argentino, sin poder postularse otra relación entre peronistas, marxistas, populistas, psicólogos, freudianos, sindicalistas, educadores, miembros de grupos barriales o religiosos, o los hijos de muchos de ellos. Sin embargo, en ninguna de las declaraciones de los perpetradores ni en el análisis de las víctimas parece desprenderse que esta imposibilidad de encontrar una articulación entre las víctimas que no sea su pertenencia nacional responda a un criterio “indiscriminado”, en tanto la represión no podía alcanzar a “cualquiera”, sino a aquellos que se consideraba que jugaban un papel peculiar en el destino del grupo nacional argentino y cuya desaparición colaboraría en la posibilidad de construcción de “la Nueva República”. Si bien el caso argentino resulta emblemático para su análisis, la lógica aplicada por los perpetradores fue muy similar en casos como los de Chile, Bolivia y Guatemala. Es por eso que considerar este último caso como un genocidio “anti-indígena” como modo de “separarlo” de los otros casos e incluirlo “cabalmente” como genocidio, resulta un modo de “distorsión” de la experiencia guatemalteca, en tanto el aniquilamiento de muchos pueblos indígenas se vinculaba a esta idea de transformación política de la sociedad guatemalteca y no a un racismo centrado únicamente en la identidad indígena. Del mismo modo, que haya habido numerosos campesinos de origen indígena entre los asesinados en Bolivia, no cambia el hecho de que la decisión de aniquilamiento proviene de una voluntad de transformación político-cultural de la sociedad boliviana. También en el contexto de guerras civiles, como en el caso de la guerra en El Salvador, la lógica de funcionamiento de los grupos para-estatales y “escuadrones de la muerte” se proponía una transformación de la sociedad del mismo carácter. Quizás la reflexión debiera ser más cuidadosa en aquellos casos en los que, operando con la misma lógica, el aniquilamiento estuvo centrado en individuos particulares, pero no necesariamente en grupos completos de población, cuyo ejemplo más prototípico sería el proceso represivo en Bra29


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sil. Si aquí es clara la comisión de crímenes contra la humanidad, es más compleja la calificación como genocidio, en tanto no queda tan claro que la transformación de la sociedad operara a través del aniquilamiento sistemático, sino que pareciera más bien un modo de imposición del terror centrado en la persecución, el encierro, la tortura y un uso esporádico de asesinatos selectivos. Pero al excluir la posibilidad – global o particular – de pensar los procesos latinoamericanos bajo el concepto de genocidio si no es bajo la inclusión de una “racialización” del conflicto (racialización que en verdad no existió formulada como tal en ninguno de los escenarios latinoamericanos), se pierde la ocasión de establecer las diferencias entre aquellos procesos que utilizaron al aniquilamiento sistemático de población como práctica predominante, frente a otros casos en donde, pese a plantearse el mismo objetivo, el Estado no llega a establecer dicha maquinaria de asesinato colectivo.

Los procesos de construcción de la memoria Hemos tratado de ilustrar el modo en que los procesos de aniquilamiento desarrollados bajo la lógica de la “Doctrina de Seguridad Nacional” constituyeron modos de transformación de las propias sociedades en las que estos procesos se desarrollaron. Si bien en algunos casos se trató de procesos represivos limitados, en otras experiencias – particularmente en los casos de Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia o El Salvador – la política elegida fue el aniquilamiento sistemático de población. Analizar estos casos más sistemáticos de aniquilamiento a partir de una definición de genocidio que implique “intentos de destrucción parcial del propio grupo nacional” no sólo podría constituir una posibilidad de restituir el sentido estratégico de las prácticas desarrolladas en algunas sociedades latinoamericanas, sino una excusa para una comprensión más global y profunda de otros procesos de aniquilamiento del siglo XX, desde el nazismo hasta las experiencias de Indonesia, Camboya o los Balcanes, muchas veces también “distorsionadas” por una visión que pierde la posibilidad de analizar el sentido profundamente político de los genocidios modernos. 30


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Porque, en verdad, en todos los casos previos, más allá de que las víctimas compartieran o no características nacionales, étnicas o religiosas, el sentido estratégico de su desaparición se vinculaba a la transformación del propio grupo donde los asesinatos se llevaban a cabo. En numerosas declaraciones, los funcionarios nazis declamaban que su objetivo era transformar a la propia sociedad alemana, que la “acción quirúrgica” de erradicación de las poblaciones judías, gitanas o eslavas del Reich – y más tarde de toda Europa – se proponían construir precisamente un nuevo Reich, un Reich libre de las “infecciones ideológicas” con las que las poblaciones victimizadas contagiaban a los miembros de la propia sociedad. Del mismo modo, la política khmer de erradicación de la población de las ciudades y su migración compulsiva al campo o su asesinato, se proponía una transformación global de la sociedad camboyana. Las políticas de “limpieza étnica” desarrolladas en los Balcanes durante fines de los años ochenta y comienzos de los años noventa, en el mismo sentido, atacaron primero y centralmente el corazón bosnio de la nación yugoslava como un modo de descomponer una entidad nacional yugoslava y transformarla en una sociedad homogéneamente serbia o, en su defecto, en numerosas naciones territorialmente autónomas y que no se observaban más a sí mismas como integrantes de una sociedad “yugoeslava”, lo cual fue el resultado definitivo de dicho genocidio, una guerra de aniquilamiento contra la posibilidad de la hibridación o el mestizaje. La historia de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX puede ilustrar, por lo tanto, con una contundencia histórica inusitada el corazón de los procesos genocidas modernos, cuyo objetivo estratégico casi siempre estuvo vinculado a que el aniquilamiento sistemático de determinados grupos de población constituía una herramienta para la destrucción parcial y transformación de la propia sociedad. El hecho de que estos grupos fueran elegidos por características eminentemente políticas y no étnicas ni religiosas facilita la comprensión de procesos similares, en donde el elemento étnico o religioso aparece más entremezclado. Por el contrario, si la memoria de los procesos genocidas sólo puede observar a grupos definitivamente diferenciados aniquilándose unos a otros, el objetivo estratégico del genocida se verá cumplido, en tanto judíos y gitanos no podrán ser vistos ni verse jamás como alemanes; serbios, croatas o bosnios no podrán comprenderse como yugoeslavos, los “indios comunistas” no po31


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drán ser guatemaltecos y los “delincuentes subversivos” no podrán ser vistos como “argentinos”.23 Estos modos de construcción “alienada” de la memoria van obligando a quienes recuerdan a colocarse de un lado u otro de la frontera – alemanes o judíos, serbios o bosnios – impidiendo percibir que los procesos de aniquilamiento han transformado a sus sociedades de tal modo que los han transformado a sí mismos, al punto de transformar los modos de construcción de sus propias identidades. Lo ocurrido en América Latina en la segunda mitad del siglo XX – y particularmente la discusión sobre estos hechos que se desarrolla en los tribunales jurídicos de todo el planeta – puede constituir una oportunidad para replantear estos modos de construcción de la memoria. O, por el contrario, el olvido definitivo de los efectos que estos procesos de aniquilamiento han tenido en el conjunto social puede constituir también la ratificación de la atomización de nuestras identidades, el olvido de que nuestras identidades nacionales no son más que una construcción social que tiene un par de siglos de antigüedad, siglos en los que la capacidad de matarnos se ha incrementado día a día, precisamente por la imposibilidad de comprender que esas ficciones no son más que argumentos para permitirnos autorizar el aniquilamiento de los “otros” e incluso de las “otredades” que anidan en nosotros.

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Para analizar estos modos de construcción y posible deconstrucción de los procesos de identidad, uno de los trabajos más lúcidos puede resultar la inteligente obra de Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres & New York: Verso, 1991 (ed. en español en Comunidades imaginadas, México: FCE, 1993), en la que cuestiona la supuesta “eternidad” o “esencialidad” de estas “identidades nacionales”.

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Todos nacemos medio muertos en 1932 Sobrevivimos apenas vivos a medias. Cada uno de nosotros es responsable de 30 000 muertos enteros Roque Daltón, “Todos”1

El café, los indígenas y el terror Dicen que, donde se instala, el “rey café” logra resquebrajar las estructuras preexistentes. Con algunas objeciones, podemos decir que su ingreso a la realidad salvadoreña no fue la excepción. A su sombra nació una élite que cooptó el Estado, poniéndolo a su servicio, y creó, a través de él, las relaciones sociales necesarias para la expansión de la producción. Así, mediante recursos legales y no tanto, se logró convertir a una población que habitaba ejidos comunales y se autoabastecía, en trabajadores estacionales de la producción cafetalera.2 Las características de la producción cafetalera, como el rendimiento altamente inestable y atado a precios fluctuantes, el empleo de mano de obra por períodos cortos de tiempo –según el historiador francés A. Rouquie, los obreros agrícolas eran contratados sólo alrededor de cuarenta y un días al año3–, sumado al hecho de que ésta se asentara sobre el trabajo escasa1 Fragmento de un poema de Roque Daltón, titulado “Todos” publicado en La historia prohibida de pulgarcito. Roque Daltón, fue un poeta e intelectual de izquierda, exiliado en Praga y La Habana y asesinado en la clandestinidad en 1975. Citado en Rouquié, A., Guerras y paz en América Central México: FCE, 1994. p. 61. 2 Rouquie, A. Guerras y paz en América Central, México: FCE, México, 1994. p. 39 3 Según Rouquie, los obreros agrícolas trabajaban en este período alrededor de 41 días al año.

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mente remunerado de campesinos con pequeñas parcelas de tierra o directamente carentes de ella4, terminaron profundizando la desigualdad de base racial vigente desde la colonia, sumándole elementos económicos, sociales y políticos. La pobreza extrema a la cual fue arrastrada la población indígena y campesina tras la supresión de los ejidos comunales, la eliminación de buena parte de los cultivos alimenticios y los irrisorios salarios formaron el caldo de cultivo propicio para lo que sería la última sublevación indígena, cuya represión, conocida como la masacre de 1932, constituye la piedra fundamental del sistema político, social y económico vigente entre los ’30 y los ‘60. Anderson contabiliza una treintena de victimas de la sublevación, y alrededor de 10.000 muertos por la represión.5 Salazar Valiente en cambio, estima entre 20.000 y 30.000 muertes.6 Siegel y Hacken afirman que fueron 30.000 muertes en sólo tres semanas.7 Este saldo brutal de muertes, producto de cruentas represalias a los saqueos y desmanes provocados por grupos indígenas dispersos en las ciudades de Sonsonate e Izalco, “desindigenizó definitivamente al país”8. Las matanzas en plazas y otros formas de escarmiento ejemplificador, se sucedieron durante tres meses, hasta que “en la zona occidental, región indígena por excelencia, el concepto mismo de indígena se vuelve residual”9; hasta que aquel exterminio que comenzó con el estrangulamiento de los medios de vida, se concretó en la eliminación de la vida misma y la negativización de la figura del indio. La rebelión y posterior masacre de 1932 tiene el dudoso mérito de haber logrado soldar, para todo Centroamérica, la paranoia racista y la paranoia anticomunista. Dos ideas que quedaron asociadas con fatales con-

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Torres Rivas, E.” Centroamérica. Revoluciones sin cambio revolucionario” en Ansaldi, W. (coord). Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente. Buenos Aires: Ariel, 2004, 5 Anderson, T.; El Salvador 1932 (Los sucesos políticos), Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José de Costa Rica, 1976, 6 Salazar Valiente, M. “El Salvador: crisis, dictadura, lucha... (1920-1980)” en González Casanova, P. (coord.) América Latina: historia de medio siglo Siglo XXI, México, 1984. 7 Siegel, D. y Hacken, J.: “El Salvador: la nueva visita de la contrainsurgencia”. En Klare, M., Kornbluh, P. (coords.) Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo. Grijalbo, México, 1990. 8 Rouquie, A. Op. Cit. p. 34 9 Rouquie, A. Op. Cit. p. 37

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El Salvador: De la masacre de 1932 a la guerra civil

secuencias.10 Así, en declaraciones vertidas en un artículo de diario del año 1932, un salvadoreño atribuye la responsabilidad de la rebelión a “los indígenas invadidos por el sucio comunismo”11.12 Este cruento hecho inaugura el período donde surge y se desarrolla un Estado fuertemente represivo, dirigido por militares obedientemente alineados a la oligarquía cafetalera, y un consecuente sistema político absolutamente excluyente, carente de canales de transmisión y satisfacción de las demandas de los sectores medios y populares.13 La estabilidad política que reina estas tres décadas (de 1930 a 1960) se sostiene en la total desarticulación de la sociedad civil y la instalación de lo que, para el caso guatemalteco, Figueroa Ibarra denomina “cultura del terror”.14 Es por su efectividad en la “desindigenación” material de El Salvador, pero tan importante como esto, por los efectos que tuvo en el plano simbólico –“sólo algunas mujeres muy viejas llevan la vestimenta ‘indígena’, el huipil y el refajo. No se habla náhuatl sino en privado y a escondidas”15– que podemos hablar de la masacre de 1932 como una verdadera práctica social genocida.16 Una pro10 Figueroa Ibarra, C.: “Cultura del Terror y Guerra Fría en Guatemala”. En Feierstein, D. y Levy, G. (eds.): Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina. Al Margen, La Plata, 2004 Pág. 124. También puede verse, del mismo autor “Genocidio y terrorismo de Estado en Guatemala (1954-1996). Una interpretación”. Revista de Estudios sobre Genocidio - Nº 1, Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2007. 11 Anderson T. Op. cit. p. 30. 12 Sobre los sucesos de 1932, veasé también Daltón R., Miguel Mármol,los sucesos de 1932 en El Salvador. Ocean Sur, Colombia, 2007. 13 De la Garza Gálvez, A.: “De la Guerra a la política: el FMLN en El Salvador”. En Figueroa Ibarra, C. (comp.): América latina: violencia y miseria en el crepúsculo del siglo B. Universidad Autónoma de Puebla, México, 1996. 14 “Cultura política que concibe la dominación como el ejercicio indisputado e incuestionado de la gestión estatal, que piensa la solución de las diferencias de cualquier orden fundamentalmente a través de la eliminación del otro, que imagina la sociedad como espacio homogéneo en lo que se refiere al pensamiento, y al mismo tiempo, como ámbito heterogéneo en el cual clase y raza marcan las diferencias legítimas, que concibe a la ciudadanía como formalidad que encubre una realidad estamentaria que es necesario conservar, y que finalmente, como consecuencia de todo esto, considera la violencia represiva como recurso legítimo para preservar el mundo conformado de acuerdo a dicho imaginario”. Figueroa Ibarra, C. Op. Cit. p. 118. 15 Rouquie, A. “Cultura del terror y guerra fría en Guatemala”, p. 37. 16 Feierstein define a las prácticas sociales genocidas como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquila-

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funda capacidad desarticuladora fue desplegada, convirtiendo no sólo a las comunidades indígenas, sino a la sociedad toda en una sumatoria de individuos aislados y aterrorizados. Sus efectos inmediatos –el aniquilamiento de alrededor de 30.000 personas– fueron seguidos por sus consecuencias a largo plazo: durante más de treinta años, ninguna fuerza social tendrá el poder suficiente para cuestionar el mandato de la oligarquía cafetalera y sus servidores militares, sin ser eliminada en el intento.

Los “20 gloriosos” Las décadas del ‘60 y ‘70 son identificadas en Centroamérica como los “20 años gloriosos” ya que, al calor del Mercado Común Centroamericano (MCCA), estos países vivieron un período de desigual crecimiento económico y relativa modernización económica, social y cultural. Diversos tratados firmados entre los países del istmo y tutelados por Estados Unidos, fueron dando forma a una industrialización dirigida desde el Estado, subvencionada desde el exterior, que logró ampliar el mercado interno salvadoreño sin modificar la redistribución del ingreso. Honduras –país vecino, más débil económicamente y menos beneficiado por esta nueva diagramación regional– continuará siendo la válvula de escape que permita la salida de aquella población que, ante la obstinada negación al mínimo reparto de tierras, carecerá de formas de asegurar su subsistencia y deberá emigrar de su país. Aún con sus límites, este crecimiento económico logró repercutir favorablemente en el ámbito urbano. Como consecuencia del aumento del ingreso per cápita y la aceleración del ritmo de crecimiento, se puede observar cierto progreso social y cultural en El Salvador: aumentan los niveles de alfabetización y urbanización, y la población universitaria y los grupos profesionales se multiplican.17 Junto a éstos, surge una incipiente clase obrera. Expulsada de los talleres tras la concentración creciente de capital y tierras, masas miento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios” Feierstein, D. El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2007. p. 83. 17 Rouquie, A. Op. Cit.

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significativas de trabajadores se concentran en las ciudades. Las pésimas condiciones laborales que supone la “industrialización a la centroamericana” (limitada, en la mayoría de los casos a la instalación de lugares donde mano de obra barata se limita a ensamblar piezas importadas18) incitarán las demandas, y la concentración geográfica facilitará una rudimentaria sindicalización. Aunque, a diferencia de Costa Rica y Honduras, estos sindicatos no lograrán frenar brutales descensos salariales –que hacia 1973 arrastraron la pobreza de El Salvador hasta un 68% (contra un 24.5% y un 60% de los otros países mencionados19)–, demuestran su alcance en movilizaciones que comienzan a ser cada vez más frecuentes y numerosas. Representativas de esto son las importantes huelgas de Acero SA (donde participa Cayetano Carpio, quien años después será uno de los principales dirigentes de las organizaciones armadas) y los transportistas, entre otras. Mención aparte merece la importantísima huelga de los docentes nucleados en ANDES 21 de junio (Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños), huelga que marcará el inicio de la actividad del gremio más importante de El Salvador.20 Como contracara de estos nuevos grupos urbanos que comienzan a surgir y transmitir en conjunto sus demandas –todavía en un nivel económico corporativo21–, se observa el paralelo crecimiento de masas totalmente desposeídas. Expulsadas de sus pequeñas parcelas destinadas al consumo familiar, deambulan por las haciendas, trabajando ocasionalmente en ellas, o llegan a las ciudades donde realizan actividades informales (“falso terciario”).22 Estas dos realidades atravesarán la sociedad salvadoreña de los ‘60 y ‘70 y se unirán en un punto particular: A ambos les serán negados los recursos necesarios para proponer o participar en mejoras en sus propias vidas y en las de sus grupos: unos quedarán totalmente relegados de los recursos económicos, otros de los recursos político-democráticos. Ambas demandas con18

Salazar Valiente. Op. cit. Rouquie, A, Op. Cit. 20 Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J.: El Salvador: la larga marcha del pueblo (1932-1982). Revolución, Madrid, 1982. 21 Gramsci, A. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Nueva visión. Buenos Aires, 1994. p. 57. 22 Rouquie, A. Op. Cit. 19

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fluirán y el inmovilismo político y la desarticulación social producidos por los hechos de 1932, comenzarán lentamente a desmoronarse. Buscando oponerse a un régimen cuya fachada democrática ocultaba cada vez menos la dominación del ejército, y reprimidas en idéntica forma por éste, las luchas populares por reivindicaciones de todo tipo (sociales, político-democráticas, económicas y laborales) convergen tras la dirección de los nuevos grupos surgidos de la reactivación económica23 y otros disidentes (docentes, profesionales, técnicos, intelectuales, profesores, militares retirados, empleados públicos y privados, sacerdotes, etc.24) Cayetano Carpio –testigo activo del nacimiento y desarrollo de las organizaciones populares– afirma que la acción colectiva se va tornando –en estas dos décadas– más poderosa y efectiva, conforme los sectores se van unificando y fortaleciendo.25 A su vez, Joaquín de Villalobos –ex dirigente del FMLN– considera que la lucha popular deviene “más permanente, sistemática, organizada, más conciente y combativa –y agrega– pero sus métodos aún serán pacíficos”.26 Más lentamente en el campo, con más facilidad en las ciudades, las demandas comienzan a hacerse oír y las distintas luchas se unifican en consignas sostenidas colectivamente. En las estrechas grietas de una sociedad paralizada y aterrorizada va surgiendo aquella fuerza que es capaz de enfrentarse a la dominación cafetalera y que subsiste aún tras la represión inmediata de las fuerzas de seguridad. Cada vez más numerosa, policlasista desde sus inicios, con una representatividad y legitimidad de la cual no gozarán ninguno de los partidos políticos insertos legalmente en el sistema político, las organizaciones populares tendrán llegada a ámbitos urbanos y rurales, desarrollando actividades más allá de lo sindical o lo político -electoral.27 Unificadas en el discurso anticomunista que ingresa en El Salvador a instancias de Estados Unidos, tras la Revolución Cubana28, y que omite casi to23

Torres Rivas, E. Op. Cit. Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. Op. Cit. p. 110. 25 En entrevista a Cayetano Carpio. En Menéndez Rodríguez, Mario: El Salvador: Pueblo contra oligarquía. Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1981. p. 52. 26 “Manifiesto del Partido Comunista de El Salvador, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y la Resistencia Nacional al pueblo salvadoreño, los pueblos latinoamericanos y el mundo” del 10 de enero de 1980, Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. Op. Cit. 27 Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. Op. Cit. p. 110 28 Siegel, D., Hacken, J. Op. cit. 24

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talmente los elementos racistas –preponderantes en 1932, pero inútiles en El Salvador de mediados de los ‘70, en donde la población indígena carecía ya de peso significativo29–; el alto mando castrense constituirá una sólida alianza con la oligarquía cafetalera y dirigirá en su nombre una brutal represión.30 La agitación popular irá en aumento; a la par, las muertes de salvadoreños en manos del ejército.31 Estos choques serán más fuertes cuanto más deficientes se muestren los métodos democráticos de participación política. Sucesivos fracasos en la lucha por la ampliación democrática irán acercando cada vez más a las organizaciones populares con las organizaciones armadas que, ya a partir de 1970, comienzan a surgir.32 Aún cuando suscitó prolongadas discusiones, el acercamiento por parte de las organizaciones populares a los grupos que llevaban adelante la lucha armada fue muchas veces el único camino posible. Esta “continuidad” entre la movilización de masas y la opción por las armas puede observarse en el testimonio de “Isabel”, integrante del FMLN: “Nuestro país se encuentra bajo una dictadura militar de casi medio siglo, el entrenamiento empieza desde que uno es un niño, en la calle, en combate diario contra los cuerpos represivos... primero son las piedras y luego se desarrolla lo fundamental: la conciencia revolucionaria y el espíritu de combate”.33

Por su parte, el Partido Comunista Salvadoreño planteaba en su manifiesto de enero de 1980: “... el fraude, la imposición y la represión de la oligarquía y sus agentes militares y políticos que cierran la vía pacífica, sumado al hambre, la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo han sido las constantes ¡ahora la violencia es un derecho adquirido e irrenunciable del pueblo salvadoreño!”.34 29

Al año 1993, la población indígena constituía el 1.7%, mientras que previo a 1932, alcanzaba el 27%. Censo Nacional. America Indígena. Vol LIII. Núm 4. 1993 30 Armony, A.: La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada anticomunista en América Central, 19771984. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1999. 31 Salazar Valiente. Op. Cit. 32 Torres Rivas, E. Op. Cit. 33 Entrevista realizada a Isabel, por Menéndez Rodríguez. Op. Cit. p. 80. 34 Manifiesto del PCS, FPLM y RN 10 de enero de 1980. en Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. Op. Cit. p. 127.

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Este acercamiento entre organizaciones de masas y organizaciones político militares (OPM) se tornaría a partir de 1975, una vinculación orgánica.35 Como bien lo expresa Cayetano Carpio –comandante general de la coalición FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario Farabundo Martí de Liberación Nacional)– en una entrevista concedida a finales de 1980, “la guerrilla es el pueblo”: Periodista: ¿Cómo se explica que en un país tan pequeño y poblado subsistan fuerzas regulares fijas y 100.000 milicianos armados en la vida cotidiana, frente a un ejército dueño de las pistas, los aviones, los recursos...? Cayetano Carpio: Se explica por la naturaleza de la guerra, la combinación de lucha militar y política. Sin esta combinación el enfrentamiento con el ejército sería una locura. Nos adaptamos a las condiciones. No podíamos empezar en las montañas porque son bajas e inseguras. Iniciamos la formación de comandos urbanos, guerrillas de nivel elemental. Las extendimos al campo. Poco a poco abarcaron el país entero. Nos basamos en un principio clásico e irrebatible: la guerrilla es el pueblo o es un grupo armado a salto de mata.”36

Cada una de las organizaciones político-militares, se dotará de un frente de masas que le permitirá un accionar político autónomo y el desarrollo de capacidad financiera y militar.37 Así, las Fuerzas Populares de la Liberación Nacional (FPLN) se unirán al Bloque Popular Revolucionario (BPR), Resistencia Nacional (RN) al Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a las Ligas Populares 28 de Febrero (LP28) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTCA) al Movimiento de Liberación Popular (MLP).38 Es justamente la configuración que va adquiriendo el movimiento lo que lo torna “peligroso“ para los sectores dominantes: la integración policlasista intenta saldar la brecha que divide a la sociedad salvadoreña desde la colonia en adelante; el trabajo de base entre los marginados contrasta con el abandono de estos sectores que caracterizó el accionar del Estado. La llegada a 35

Salazar Valiente. Op. Cit. Entrevista a Salvador Cayetano Carpio, por Julio Schrer, el 25/08/1980. en Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. Op. Cit. p. 221 37 De la Garza. Op. Cit. p. 119. 38 Zamora, R. La izquierda partidaria salvadoreña: entre la identidad y el poder. FLACSO. San Salvador, 2003. 36

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ámbitos otrora obturados por la cultura del terror, la capacidad para sostener colectivamente demandas y la articulación de las diferentes formas de lucha logran soldar aquellos vínculos disueltos por el poder genocida en 1932. La riqueza de este movimiento popular no se agota en la petición de mayor participación política y el respeto por los derechos humanos –aun cuando ésas solían ser sus más repetidas consignas39. Más que sus reclamos, era la forma de sostenerlos lo que amenazaba pilares claves del orden oligárquico y excluyente que tantos réditos había significado a las “catorce familias”.40 El desarrollo de un poder de fuego significativo por parte de las organizaciones político-militares es posterior a que esta “peligrosidad” fuera advertida, y no puede considerarse la única razón de la brutal represión que sobrevendría luego –antes y durante el desarrollo de la guerra civil. Lo peligroso no eran los combatientes armados y escondidos en los poblados –débiles en número inicialmente. Lo peligroso lo constituían en cambio, los nuevos vínculos trabados entre las distintas organizaciones sociales y comunidades, de las cuales los guerrilleros eran sólo su expresión armada.

Los escuadrones de la muerte Ante este desafío, el ejército –ahora con mayor cantidad de recursos provenientes de Estados Unidos– se torna insuficiente: acostumbrados a apalear a campesinos desarmados, y entrenados en modos convencionales de lucha, los militares deberán ser readoctrinados y complementar su accionar represivo con una intrincada red paramilitar. Constituida por grupos denominados “escuadrones de la muerte”, esta red paramilitar surge a fines de los ‘50, cuando en la población salvadoreña se sentían aún las huellas represivas de la terrible masacre de 1932 y ciertamente, las guerrillas revolucionarias no tenían ningún tipo de incidencia. Sin embargo, la revolución cubana, “a escasos kilómetros de Florida”41, fue motivo suficiente para que –bajo la presidencia de John F. Kennedy (196139

Torres Rivas. Op. Cit. Anderson, T. Op. Cit. Aún cuando no existe evidencia de que realmente hayan sido tan pocas, el mito de las catorce familias salvadoreñas grafica la concentración de poder económico y político imperante en El Salvador en éste período. 41 E. Hobsbawm. Historia del siglo XX. Crítica, Buenos Aires, 2005, p. 246. 40

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1963) y como contracara de la Alianza para el progreso– ingresara a este pequeñísimo país centroamericano la Doctrina de Contrainsurgencia. La participación de diferentes organismos de los EEUU en esta red paramilitar de la cual los escuadrones de la muerte formaban parte, es para muchos autores, algo indiscutible. Siegel y Hacken plantean por ejemplo, que fueron la CIA, los Boinas Verdes y el Departamento de Estado quienes planearon su estructura e ideología, coordinaron las tareas de inteligencia y fueron los responsables en términos administrativos. Dos organismos sobresalieron en esta red, ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) y ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador). El primero de éstos estaba encargado de organizar a la población civil rural contra la guerrilla. Los campesinos funcionaban como informantes (“orejas”) o directamente, como asesinos. ANSESAL, en cambio, era una agencia formada por militares con contactos con altos mandos del poder político, un cuerpo “de élite” que coordinaba los servicios de inteligencia a nivel nacional.42

Metodología y funcionalidad de los escuadrones de la muerte Los escuadrones de la muerte desplegaban un mecanismo represivo clandestino, constante, impredecible y paralelo al accionar de las legítimas fuerzas represivas. El hecho de operar en la clandestinidad, les otorgaba algunas ventajas que el orden constitucional les habría negado: protegía a los miembros de las fuerzas de choque de futuras acusaciones, restricciones legales y presión internacional permitiendo la realización de groseras violaciones a los derechos humanos; e imprimía una celeridad al tratamiento de la subversión que ni las justicias más eficientes hubieran conseguido. Esto no era, sin embargo, el principal justificativo de su modus operandi. La conjugación de asesinatos a mansalva y precisa selección de las víctimas, la paraestatalidad –es decir, el funcionamiento al margen pero íntimamente ligado con el Estado–, la

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Siegel, D. y Hacken, J.; “El Salvador: la nueva visita de la contrainsurgencia”, en Klare, M., Kornbluh, P. (coords.) Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo. Grijalbo, México, 1990.

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negación constante de la relación con éste, y al mismo tiempo, la evidente connivencia con el poder e impunidad con la que se movían, tornaba su accionar totalmente incomprensible e imprevisible, generando terror, no sólo en los grupos más evidentemente atacados, sino también, en el resto de la sociedad. Esta difusión del miedo y el terror en todo el grupo social buscaba desmovilizar a las masas y debilitar y resquebrajar los lazos solidarios construidos entre los diferentes grupos –armados o no– del campo popular. Este aislamiento constituye un momento clave en la prosecución del objetivo genocida.43 Y no será llevado a cabo únicamente por los escuadrones de la muerte, sino también por el propio ejército, tras un ajuste en sus formas de combate.

La guerrilla sobrevive a la oleada represiva (1979-1983) La unificación de las organizaciones político militares Los numerosos asesinatos de militantes del movimiento popular, parecerán provocar un enardecimiento aún mayor de las organizaciones políticomilitares (OPM) que, durante este mismo periodo de avanzada militar y paramilitar, presentan un aumento significativo de su capacidad militar. La revolución sandinista de 1979 sacudirá el istmo, y será un estímulo decisivo para la movilización popular y la radicalización de las tácticas en toda América Central.44 El Presidente Carter había quitado el apoyo al General Somoza y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entraba en Managua –último bastión somocista– iniciando un gobierno revolucionario que duraría hasta 1990. En El Salvador, un gobierno de facto instrumentaba una feroz represión para contener la creciente movilización y combatividad de las masas. El General Romero no obtendría los resultados esperados, la agitación era incontenible e iba en aumento.45

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Feierstein, D. El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. 44 Armony, A. Op. Cit. p. 121. 45 Villalobos, Armijo; El Salvador: Balance y perspectivas de la guerra, Antarca, Buenos Aires,1986.

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Los grupos guerrilleros más fuertes –Fuerzas Populares de la Liberación Nacional (FPLN), Partido Revolucionario Salvadoreño (PRS), Resistencia Nacional (RN), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTCA)– convergen en 1979, en una misma dirección: Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), vinculada a la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). Hacia finales de los ‘70 y principios de los ‘80 la guerrilla –unificada en el FDR-FMLN– logra desarrollar acciones militares que suponen amplio apoyo popular (tales como sabotajes y ataques a vías de comunicación, centrales de energía y guarniciones militares, cercos a poblaciones estratégicas, etc.) y luego, dar un salto cualitativo pasando de acciones de tipo guerrilleras a consolidar zonas de control.46 Esto es, no zonas “liberadas” ni refugios seguros, sino “regiones del país donde ni el ejército ni la administración estatal ejercen una autoridad permanente”.47 La legitimidad y representatividad de las OPM, cristalizada, entre otros aspectos, en el control territorial descripto, constituyeron una razón fundamental para dirimir en el ámbito internacional el reconocimiento del FDRFMLN como fuerza beligerante. Así, Francia y México firmarían en agosto de 1981 una declaración conjunta donde se reconoce la legitimidad y representatividad del FDR-FMLN y se descalifica la política exterior estadounidense –ahora con Ronald Reagan a la cabeza–, basada en el intento no siempre encubierto de dar solución al conflicto únicamente por vía militar, y en el uso de elecciones pseudo democráticas como instrumento de presión durante la guerra civil. En esta misma línea se sucederán las exposiciones de Daniel Ortega (del Frente Sandinista de Liberación Nacional –FSLN-) ante la ONU (en octubre de 1981), Francois Miterrand, el Parlamento Europeo, los gobiernos español, mexicano y venezolano, y la Internacional Socialista, entre otros. Movimientos diplomáticos estos, que cristalizan en la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas (3/12/1981) en donde se insta a la negociación entre ambas fuerzas políticas y se demanda a Estados Unidos suspender la ayuda militar y el envío de armas. 46

Schwartz, C. y Cuenca, B.: “El camino militar-electoral de la administración Reagan para El Salvador versus la negociación política”. En AAVV: Centroamérica: crisis y política internacional. Siglo XXI. México DF - 1982. 47 Rouquie, A. Op. Cit. p. 232.

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Aún manifiestamente en contra de dicha declaración, la administración Reagan no podía más que reconocer al FMLN como un interlocutor a tener en cuenta. Así lo demuestra, aunque no abiertamente, el encuentro que según Schwartz y Cuenca se produciría entre la Comisión Político-Diplomática del FDR-FMLN y funcionarios del departamento de Estado estadounidense a mediados de 1981.48 El movimiento de masas había dado un salto cualitativo. La “peligrosidad” del fuerte entramado social que sostenía la lucha popular en todas sus expresiones se hacía evidente: hacían bien los asesores de la Casa Blanca y la oligarquía salvadoreña en temer dichos vínculos, porque fueron éstos –y no la capacidad militar que de ellos derivó a partir de 1979– los que cristalizaron en declaraciones de la comunidad internacional rechazando la política exterior estadounidense y la actuación del ejército y el gobierno salvadoreño. El accionar conjunto del ejército y las agrupaciones paramilitares, no lograba derrotar a la guerrilla militarmente de forma definitiva, como tampoco era exitoso el intento de quitarles apoyo a los guerrilleros y mostrar al ejército como el cuerpo protector de los salvadoreños.

La Junta Revolucionaria de Gobierno Al observar la ineficacia de una represión más cruenta como forma de contener la agitación popular, y la inconveniencia de provocar mayor oposición en el ámbito internacional, se decidió mejorar la imagen del gobierno salvadoreño. Con el aval de los EEUU, tomó el poder a través del derrocamiento del General Romero, la Junta Revolucionaria de Gobierno. Jóvenes oficiales y civiles constituyeron a partir de octubre de 1979 un gobierno con plataforma tibiamente reformista, que insistía en sus discursos en proclamarse como el gobierno que restablecía la paz y el orden. Se vivió un momento de relativo pluralismo político –del que no participaron los adherentes a la guerrilla, obviamente–.49 Para ganar el apoyo popular, peligrosamente volcado a la oposición, la Junta realizó 48

Schwartz, C. y Cuenca, B. Op. Cit. Martínez; Prácticas de sistemas políticos comparados II, Editions Universitat Barcelona, Barcelona, 2001. 49

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algunos gestos: ordenó la amnistía de ciertos presos políticos, comenzó a investigar algunas desapariciones, intentó disolver ORDEN. Como contracara de esta fachada pacifista y legalista, sin embargo, continuaba reprimiendo y asesinando salvadoreños. Se dio inicio a una escalada represiva que continuará hasta 1983, cuando ya la junta se encontraba disuelta. Este recrudecimiento de la represión, se traducirá en 38.000 muertes entre 1979 y 1983, muertes entre las cuales se cuenta el asesinato del Arzobispo Carlos A. Romero. Fuerzas militares y paramilitares actuarán en conjunto combinando una eliminación selectiva (dirigida a líderes y miembros de las organizaciones políticomilitares y los frentes de masas) con matanzas indiscriminadas (tales como ataques aéreos y redadas periódicas en las regiones controladas por la guerrilla). “La junta de gobierno parece decidida a exterminar la oposición (...) cada vez parece cobrar más fuerza y, en la medida en que se ha ido fortaleciendo, las prácticas represivas y de aniquilamiento han ido adoptando un carácter indiscriminado: de cateos y peinas se ha pasado a bombardeos de zonas rurales enteras; de las ‘operaciones de limpieza’ a la ‘acción militar definitiva’. El exterminio del pueblo salvadoreño por la Junta Militar Demócrata Cristiana es cada día mayor”.50

El testimonio del periodista José Luis Morales, testigo de la represión a la manifestación popular del 22 de enero de 1980, refleja quiénes eran uno de los blancos de las agresiones y la violencia: “La radio da comunicación de la Junta de Gobierno. Según ellos, las Fuerzas Armadas no han intervenido para nada en la matanza. De hecho, el cinismo llega hasta decir que sólo han salido a la calle a evitar el pillaje (...) también para ‘evitar incidentes’ rodean la universidad. Durante toda la noche siguen los disparos. A eso de las 5 de la mañana se lanzó un ataque contra los refugiados en el recinto universitario. Nueve muertos más. Por las calles circulan grupos civiles de organizaciones fascistas armados. Bombas y ametralladoras se suceden por las calles de San Salvador. El objetivo son las casas de los militantes de izquierda o las barriadas de chabolas donde viven los pobres.”51 50

Álvarez Solís, et al.; El Salvador: la larga marcha del pueblo (1932-1982), Revolución, Madrid, p.169. 51 Testimonio de Morales, José Luis: “La masacre del 22 de enero de 1980” en Organización de los Estados Americanos (OEA.) Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Secretaría General de OEA, Washington DC, 1994:. p. 152.

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Se producirán también decenas de “operativos militares constantes contra sindicatos, partidos, universidades, iglesias y casas particulares”52, bombardeos para aterrorizar y despoblar, desalojo masivo en zonas conflictivas, asesinato y desaparición de dirigentes del movimiento revolucionario, hiperactividad de los escuadrones de la muerte, y un aumento exponencial de presos políticos.53 Los resultados de esta nueva oleada represiva serán la eliminación o el pase a la clandestinidad de muchísimos miembros del movimiento opositor que, sin embargo, no dejaba de engrosar sus filas. La represión generó también el repudio de la opinión pública en EEUU y complicó de esta forma la aprobación por parte del congreso estadounidense de la ayuda financiera al gobierno salvadoreño. Para el año 1983, la presencia en territorio salvadoreño de dos fuerzas militares con capacidad de violencia no equivalente pero sí pasible de ser sostenida por diez años, con mandos unificados, territorios y población controladas y reconocimiento internacional como fuerza beligerante54, hacían imposible pensar en algo diferente a una guerra civil, que por otra parte, se había declarado formalmente dos años antes. Los suministros económicos, de armamento, asesoramiento y entrenamiento militar estadounidense no habían bastado para acabar con esta fuerza que seguía en franco ascenso. La “teoría del dominó” –que presagiaba la imposibilidad de controlar el istmo centroamericano si, a las revoluciones cubana y nicaragüense, le seguía la salvadoreña– ganaba adeptos; y las críticas al interior de Estados Unidos comenzaban a ser más fuertes. Se hacía necesaria una nueva estrategia que pusiera finalmente orden en el “patio trasero”.

America is back Los avances de la guerrilla salvadoreña habían agitado los ánimos en la Casa Blanca. La nueva política exterior se delineó en un complejo y contradictorio contexto de crítica extendida a la actitud de la anterior administración –J. Carter– y “síndrome post Vietnam”. 52

Álvarez Solís, et al., op. cit., 1982, p.162 Villalobos, Armijo, Op. Cit. 54 Rouquie, A. Op. Cit. 53

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Reagan, junto a su think-tank, había decidido quebrar enérgicamente con lo que consideraba la “tibia actitud” de su predecesor: América (Norteamérica) se ha desentendido de su “tercera frontera”, ha abandonado a sus aliados y prestado al avance soviético un flanco débil. Ha permitido ya una revolución en su zona de influencia, y su otrora aliado incondicional en la región –Nicaragua– es ahora acérrimo oponente. Pero esto cambiará: América está de vuelta.55 Esta avanzada precisará recursos, y éstos, de la aprobación del Congreso. Se comienza con una retórica fatalista y grandilocuente: tras los conflictos en Angola, Etiopía y El Salvador se cree ver la mano soviética intentando sondear a Norteamérica. “Vacilar es preparar un nuevo Vietnam”56, Estados Unidos –se escuchará en Washington– cumplirá su papel en Centroamérica hasta las últimas consecuencias, usando todos los recursos posibles excepto –al decir de Rouquie– la intervención directa.57 “No existen dudas –afirmaría en un discurso en 1983, Ronald Reagan– de que la seguridad nacional de toda América está en juego en Centroamérica. Si nosotros no podemos defendernos por nosotros mismos en esta zona no podremos hacerlo en otras áreas ya que nuestra credibilidad caería al suelo, nuestras alianzas se derrumbarían y la seguridad de nuestra Patria estaría en peligro.”58

Se lleva a cabo una costosa “reorientación de la violencia estatal” que implicó el fortalecimiento del ejército y el readoctrinamiento del mismo en la teoría contrainsurgente. Algunos investigadores sostienen que fue el ingreso a El Salvador de cien millones de dólares provenientes de EEUU, lo que financió el pasaje de la “guerra sucia” a la contrainsurgencia. El pentágono intentó convertir así al ejército salvadoreño en una agresiva máquina de guerra no convencional. Los cuadros militares serán retirados de los organismos paramilitares, y se intentará que éstos disminuyan su accionar, cambiando la metodología repre55

Rouquie, A. Op. Cit. p. 183. Ibidem. 57 Rouquie, A. Op. Cit. 58 “Diario de las Américas” del 30 de abril de 1983, citado en Oqueli, H. “América Central y el Caribe. Zona de conflictos y problemas geopolíticos” en AAVV: América Central: Geopolítica y crisis regional Cuaderno de Trabajo Nº 8. Centro de Investigación y Acción Social. México, 1986. P. 12. 56

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siva a formas menos evidentes de abuso, tales como el encarcelamiento, la detención temporal y la aplicación de torturas físicas y psicológicas. Entre los años 1980 y 1987, el número de hombres de las fuerzas de seguridad ascenderá de 12.000 a 53.000.59 Se buscará entrenarlos en la doctrina de la contrainsurgencia, y formar una capa de oficiales jóvenes que logre dar por tierra con los rígidos sistemas de tandas imperantes en las fuerzas salvadoreñas, donde la antigüedad o las relaciones políticas pesaban más que el desempeño militar. Imitando el accionar de la guerrilla, se buscará abandonar los ataques extensos y las redadas, reemplazándose por emboscadas sorpresivas con grupos de cinco a diez efectivos. En este contexto, pese a la cercanía ideológica de Reagan y sus acólitos con la ultra derecha salvadoreña (PCN, ARENA, etc), es cuando se opta por apoyar a fuerzas centristas para que, tras un discurso “reformista”, continúen con la lucha contrainsurgente. Se reemplaza así el régimen militar por un Gobierno civil que actúe como una tercera fuerza y gane el apoyo que a nivel nacional e internacional se le negaba a El Salvador. Tal es el gobierno de Napoleón Duarte (PDC), quien gana las elecciones de 1984. Por otra parte, siguiendo los consejos de los expertos franceses, se enfatiza en la “guerra por la muchedumbre”. En la profunda convicción de que “el único territorio por el que se debe luchar son los quince centímetros comprendidos entre las orejas de los campesinos”60 se multiplican las operaciones psicológicas –difusión de propaganda y manipulación de los medios de comunicación–, se organizan patrullas de defensa civil y se desarrollan programas de acción cívica, tales como el Plan Nacional de AID (1983) y el Plan Unidos para la Reconstrucción (UFR, por las siglas de United for Reconstruction) en 1986.61 Se necesita golpear a la guerrilla en dos puntos precisos: el apoyo popular y el control sobre territorios que deriva de dicho apoyo. Los lazos que relacionan las diferentes instancias del movimiento popular se encuentran en la mira de las costosas armas del ejército salvadoreño; lazos que son por

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Siegel y Hacken, Op. Cit. p.152 Discurso de Waghelstein “Low-Intensity Conflict in Post Vietnam Period” expuesto el 17 de enero de 1985 ante el American Enterprise Institute. Siegel, D., Hacken, J. Op. Cit. p. 175. 61 Este programa incluiría cuatro etapas: depuración, consolidación, construcción y reconstrucción. Siegel, D., Hacken, J. Op. Cit. 60

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otro lado, los que sostienen a quienes participan directamente en la lucha armada. Con el fin de desbaratar las zonas controladas por la guerrilla, se impulsará una intensificación y refinamiento del combate aéreo, mientras que –en tensión con esto y con el objetivo de ganar el apoyo de la sociedad y alejarla de los guerrilleros– se buscará poner fin a las redadas masivas, los ataques extensos y la violencia paramilitar brutal y desorganizada; métodos con los que militares y paramilitares salvadoreños habían combatido al movimiento popular desde sus inicios.62 De la mano de expertos estadounidenses –pero también israelíes, chilenos y argentinos– los militares salvadoreños serán capacitados en las más testeadas tecnologías represivas.63 Tristemente célebres por sus conocimientos en la materia, los militares argentinos adiestrarán a los locales en técnicas de interrogatorio, herramienta fundamental de contrainsurgencia para lograr destruir organizaciones opositoras, con una metodología que comenzaba golpeando en la periferia (no combatientes) para avanzar hacia el núcleo organizativo (la conducción).64

Los civiles: partes contendientes en la guerra Según la teoría contrainsurgente, “las masas constituyen la retaguardia estratégica o logística de la guerrilla”. Estas masas –básicamente, ancianos, mujeres y niños, que habitan en las áreas disputadas: “... proporcionaban a la guerrilla alimentos, ropa, refugio, medicinas e información [...] El 25 de enero de 1984, en un cable del embajador estadounidense en El Salvador, se describe a las masas como ‘civiles que no pueden considerarse espectadores inocentes’, en virtud de que ‘viven en estrecha proximidad a’ y están ‘entremezclados con’ el ejército rebelde”.65

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Ibidem. Armony, A. Op. Cit. p.122. 64 Ibidem P. 137. 65 Siegel y Hacken, Op. cit., p.154. 63

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En tanto “retaguardia estratégica o logística de la guerrilla”, los civiles son considerados parte contendiente en la guerra emprendida contra la guerrilla. Esto implica la caracterización de los mismos como “individuos que deben ser asesinados o aterrorizados para que obedezcan, u obligados a huir de las áreas disputadas, con objeto de separar el pez del agua”.66 Es por esto que, desde la perspectiva contrainsurgente, una de las tareas más importantes de las fuerzas de seguridad era sembrar terror entre la población civil. Su objetivo no sólo era militar, no buscaba únicamente enfrentar a la guerrilla.67 Su objetivo era además, político: “mantener el status quo en El Salvador, mediante el asesinato de cualquier individuo que se opusiera al régimen”, constituyendo “la principal actividad del aparato salvadoreño de seguridad nacional para impedir que la oposición se organizara”.68 El blanco de la operatoria no son entonces, únicamente quienes portaban armas, sino todos aquellos que, con diversos niveles de compromiso, acompañaban la lucha emprendida por las organizaciones. En ese sentido, mientras el frente militar elimina guerrilleros en combate, pequeñas células integradas por militares y paramilitares persiguen, secuestran, torturan y matan civiles movilizados. Los obreros asesinados serán mayormente líderes sindicalistas o miembros de base, afiliados a algún sindicato; al igual que los maestros, sustraídos durante los actos políticos organizados por el poderoso gremio docente “Andes 21 de Junio”69 y otros integrantes de un creciente movimiento opositor constituido también por sacerdotes, lideres sindicales, profesores, estudiantes, abogados y disidentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los campesinos eran apresados “en tomas pacíficas realizadas en las haciendas por aumento de salario, por medio de peinas, rastrillos y operaciones de limpieza y luego por bombardeos aéreos y de artillería contra las zonas rurales”.70

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Siegel y Hacken, Op. cit., p.154. Villalobos, Armijo, Op. cit. 68 Siegel y Hacken, Op. cit., p. 148-151. 69 “Alto a la represión. Comunicado del Movimiento Independiente de Profesores y Técnicos, la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana. Marzo de 1980. en Álvarez Solís, G.; López Vigil, M., Morales, J. El Salvador: la larga marcha del pueblo (1932-1982). Revolución, Madrid, 1982. p. 169. 70 “Alto a la Represión”, documento citado. p. 168. 67

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“Apunten a los lazos” Manual en mano, quienes se enfrentaban a las guerrillas en la era de la Doctrina de Seguridad Nacional, tenían claro que la lucha no era sólo militar, sino “integral”.71 Enfrentaban a la vanguardia de los movimientos populares atacando su articulación con las bases. Era imperioso aislar a la guerrilla, la doctrina de contrainsurgencia así lo requería. El objetivo no era únicamente la eliminación física de las mismas, sino algo mucho más amplio: la desmovilización total, la difusión del terror, el inmovilismo político, la desarticulación de la sociedad y el aislamiento de sus fracciones más radicalizadas. Acabar con la fuerza social enemiga, pero también con las relaciones sociales que la constituían, con la posibilidad de que esa fuerza social fuera actualizada en un fututo.72 Es decir, aquello que había sido moneda corriente en la sociedad pos-genocida desde 1932. Como vemos, el fuerte entramado social, las relaciones de cooperación y solidaridad que sostienen una práctica que cuestiona cierto orden –como fue el caso del movimiento popular salvadoreño– son clave para definir el éxito de una estrategia contrainsurgente, como también lo son para el poder genocida. Las prácticas sociales genocidas que se habían desarrollado en otros países, proporcionaban un cúmulo impresionante de técnicas orientadas a la ruptura de relaciones de reciprocidad, con el objetivo de “reorganizar la sociedad, estructurando otro tipo de vínculos hegemónicos”.73 Los militares salvadoreños tomaron nota de aquellas técnicas, que habían resultado tan exitosas en otras latitudes. El contexto de guerra civil en el que las aplican complejiza el análisis que no intentará ser simplificado aquí. ¿El aniquilamiento material de la guerrilla era todo lo que se buscaba lograr a través de las muertes producidas en la guerra civil? ¿O fines más ambiciosos motorizaban los enfrentamientos, los cambios de táctica? Fines, por ejemplo, genocidas: es decir, la eliminación de ciertas y determinadas rela-

71 Schwartz, C. y Cuenca, B.: “El camino militar-electoral de la administración Reagan para El Salvador versus la negociación política”. En AAVV: Centroamérica: crisis y política internacional. Siglo XXI. México DF - 1982. 72 Tal es el objetivo del genocidio reorganizador, según la definición de Daniel Feierstein. D. Feierstein, op cit. 73 D. Feierstein. Op.Cit. p. 104.

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ciones sociales para su posterior reemplazo por nuevas relaciones de otras características (heterónomas, acríticas, no solidarias).74 La doctrina de contrainsurgencia plantea que el quiebre del apoyo popular es uno de los elementos clave para garantizar la eliminación de la fuerza enemiga. A este apoyo, a estos lazos sociales, apuntaron entonces los militares salvadoreños. No sólo a ellos, como ya vimos. También se enfrentaron directamente con los combatientes armados. ¿Cuán efectivos fueron? ¿Cuánto de esta pregunta se contesta observando El Salvador hoy, empobrecido, resquebrajado en su entramado social, “neoliberalizado”? Creo, con seguridad, que los sucesos que aquí se intentaron describir, explican en buena medida el hecho de que la misma población que constituyó las zonas controladas del FMLN, protegió a los revolucionarios y protagonizó multitudinarias manifestaciones en contra de la represión; eligió como presidente en las elecciones de los años 1989, 1994, 1999 y 2004 a candidatos de ARENA, el partido más innegablemente ligado a la creación, crecimiento y accionar de los escuadrones de la muerte.

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D. Feierstein. Op. cit.

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A principios de la década del ’80 la República de Honduras se convierte, a partir de una consolidada e histórica alianza con los Estados Unidos, en una base militar de entrenamiento, provisión de armas y recursos tanto para las fuerzas gubernamentales salvadoreñas y guatemaltecas como para la “contra” nicaragüense. Este proceso se fundamentaba (y pretendía legitimarse) en la lucha contra la amenaza comunista que suponían los heterogéneos movimientos revolucionarios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por lo tanto, Honduras se transformó en una frontera geográfica e ideológica organizada por la convicción y adhesión de las élites políticas y militares a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Estas élites colaboraron en la construcción de una plataforma militar que promovió y desarrolló políticas de contrainsurgencia planificadas por el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y por militares argentinos en la región centroamericana y caribeña. Esto transformó a este país centroamericano no sólo en un lugar geoestratégico privilegiado, sino que le otorgó un “valor agregado” a la hora de solicitar armamentos, créditos, infraestructura y tecnología. Uno de los elementos distintos de esta experiencia es que la misma se articuló con el inicio de un proceso democrático y constitucional restablecido después de dieciocho años de gobiernos militares. Es decir, el aumento del poder militar y la creciente militarización provocada por el establecimiento de la base militar se llevó a cabo paralelamente a la recuperación de las formas y reglas de la democracia liberal.1 Que más allá de una resistencia minorita1

Después de un largo periodo de gobiernos militares que van de 1963 a 1980, en el año 1981 los hondureños son convocados a elecciones presidenciales, resultando vencedor Roberto Suazo Córdova, del Partido Liberal.

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ria, tanto el Partido Liberal2 como el Partido Nacional3 y vastos sectores de la población aceptaron que la alianza con los Estados Unidos traería a fin de cuentas beneficios materiales y económicos y, en última instancia, propondría una fórmula estable para el orden político. Por lo tanto, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) no sólo fue aceptada como la forma en que se organizaba la lucha política y militar entre el capitalismo y el comunismo, sino que para diversos países este conflicto constituyó una posibilidad política para obtener beneficios económicos y para establecer, por parte de las élites dominantes, amigos y enemigos entre los Estados y al interior de cada uno de éstos. La DSN reordenaba el mundo exterior y el mundo interior de cada Estado-Nación a partir de una reflexión que, al situarse en un conflicto de contención (al comunismo), utilizaba la concepción de enemigo interno. Esta concepción “jugará un rol gravitante, bajo el manejo cognitivo de las dinámicas de resistencias a las políticas colonialistas europeas y la de EEUU.”4 En septiembre de 1947 se constituyó en Rio de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca5 (TIAR) materializándose así los intereses hemisféricos de los Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional. En 1951 el Congreso de los Estados Unidos sancionó la ley de Seguridad Mutua (Mutual Security Act) donde se establecía ayuda militar, técnica y económica a los países amigos. Es decir, a países alineados con los intereses geoestratégicos norteamericanos y con la manera en que estos intereses reordenaban de manera dinámica los conflictos con enemigos posibles o aliados pro-soviéticos, tanto a nivel estatal como interno de cada uno de los países. Esta ley se concretó a través de los Programas de Asistencia Militar 2

El Partido Liberal fue fundado en 1891 por Policarpo Bonilla y se ha identificado con la tradición progresista y con las reformas sociales. Y aunque han realizado acuerdos con las fuerzas armadas se han opuesto a las dictaduras militares y han alentado las formas democráticas. 3 Una escisión del Partido Liberal funda el Partido Nacional en 1902. Éste asumirá posiciones conservadoras y será más proclive, a partir de la consolidación de las fuerzas armadas, a los acuerdos de gobierno con las fuerzas armadas. 4 Fuentevilla Saa, Cristián, “El destino manifiesto en la representación de la Doctrina de Seguridad Nacional”, Revista Polis. Revista Académica. Universidad Bolivariana, N° 19, Año 2008. http://www.revistapolis.cl/polis%20final/19/fuen.htm 5 Según Cristián Fuentevilla Saa, el Tratado estuvo asistido o convocado por lo menos veinte veces, principalmente a partir del bloqueo a Cuba y del conflicto entre Honduras y Guatemala en la década de 1950 a 1960.

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(PAM), la cual se interesaba por la “seguridad interna” frente a la amenaza de la “subversión comunista” y que sería aplicada por primera vez en 1954 en Guatemala, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Ya en 1950, el funcionario del Departamento de Estado George Kennan advertía sobre los tres objetivos de la política de Estados Unidos en América Latina: 1) Proteger las materias primas utilizadas por el mercado norteamericano, 2) Prevenir a los militares de América Latina del enemigo comunista, y, 3) Prevenir los efectos psicológicos generados por las críticas hacia los Estados Unidos. El proceso político iniciado en la República de Guatemala por Jacobo Arbenz en 1951 fue interpretado por Estados Unidos como atentatorio a sus empresas e intereses en dicho país. Por lo tanto, la interpretación sobre los efectos que ocasionaría la reforma agraria sobre sus empresas, fundamentalmente de la United Fruit Company, fue convertida y transformada en una “amenaza hemisférica” para el propio Estados Unidos y para la región. Así, se señalaba el “caso Guatemala” como la evidencia empírica del control de un Estado por parte de la URSS. La amenaza comunista había llegado a las costas de Centroamérica. A diferencia de las anteriores formas intervencionistas en Centroamérica, los Estados Unidos establecieron a través de los PAM y de acuerdos bilaterales y multilaterales una forma de intervención que intentaba incluir a países amigos en la “lucha contra el comunismo”. En este contexto se firma, el 20 de mayo de 1954, el Tratado Bilateral de Asistencia Militar entre Honduras y los Estados Unidos, que tendría como objetivo preparar la invasión a Guatemala para derrocar al presidente guatemalteco. Este tratado se firmaba “en beneficio de la seguridad de ambos países y en cumplimiento de sus compromisos vigentes de seguridad bilateral”. Así se establecían ejercicios militares “para lograr objetivos comunes y compatibles de Honduras y de los Estados Unidos”. Entonces, entre ambos se definían “conjuntamente el concepto de operaciones, las zonas geográficas en las que se llevarán a cabo, el tipo y el número de fuerzas militares que se utilizarán, y el período de tiempo para cada ejercicio militar”.6 Con este Tratado, Honduras, a través de la ayuda militar norteamericana, construye un ejército profesional que con el tiempo se instituirá en un actor social y político privilegiado en la política nacional y regional. La construc6

Tratado de Asistencia Militar, 20 de mayo de 1954.

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ción de fuerzas armadas profesionales en 1954 obedece no sólo al proceso iniciado por Jacobo Arbenz en Guatemala, sino como respuesta a la gran huelga desarrollada por los obreros bananeros, mineros y cerveceros desde mayo a julio. Debemos remarcar que las élites dominantes hondureñas, en su incapacidad por establecer un orden político durable y estable, propician la conformación de un actor político que colabore en la construcción de hegemonía. Por lo tanto, a través de la militarización y, por ende de la misma élite dominante, se buscará establecer una fórmula política de estabilidad. 1954 es un año clave en la historia de Honduras como de la región centroamericana. El gobierno de Juan Manuel Gálvez (perteneciente al Partido Nacional), apelando a la posibilidad de un ataque por parte del gobierno de Jacobo Arbenz contra Honduras, solicita a Estados Unidos el cumplimiento del Tratado. El gobierno hondureño, en connivencia con los EEUU, logrará construir una retórica de la amenaza tanto hacia dentro de su país como hacia la región, intentando así instituirse en un gobierno claramente alineado a los preceptos de la DSN y condicionando a los demás países a sumarse a dicha cruzada anticomunista. Estas acciones modificarán la fisonomía política de Centroamérica: primero, se establece en Honduras una base para la formación de militares y ejércitos contra la amenaza comunista proveniente del gobierno guatemalteco y, segundo, se presenta ante los países de la región como modelo de desarrollo ante la ayuda militar, técnica y económica de los Estados Unidos. Por lo tanto, los beneficios económicos recibidos por Honduras en base a una relación pragmática y de subordinación con los Estados Unidos propiciaron un incipiente desarrollo, así como la creación de un ámbito militar profesional y un fortalecimiento de su poder en las relaciones con otros países de la región. Pero a su vez, en este proceso debemos observar que no sólo surgirá en la escena política un poder militar, sino también un sujeto obrero dispuesto a organizarse, a intervenir y presionar en la escena pública. La preparación para derrocar al presidente guatemalteco fundará en Honduras un laboratorio de prácticas políticas y discursivas anticomunistas que alcanzará mayor consistencia y organicidad a fines de los años 70. La figura de Jacobo Arbenz también fue vinculada a la disputa política al interior de Honduras. Mientras el Partido Nacional en el gobierno alentaba su vínculo con las nacientes fuerzas armadas, construía una discursividad que señalaba al Partido Liberal como un partido comunista que simpati58


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zaba con el proceso guatemalteco. Por lo tanto, lentamente se va estableciendo la figura del enemigo interno. Una figura, que según los conflictos políticos nacionales y regionales, se irá desplazando hacia diversos actores sociales y políticos. El discurso político que señala e instituye enemigos internos se modificará o se recreará a la luz de los acontecimientos, pero mantendrá la única atribución de que ser enemigo es ser indefectiblemente subversivo o comunista. Y en esta construcción del enemigo interno se establecería una conexión entre las huelgas obreras y el gobierno de Arbenz. Durante la huelga, el agente de la CIA, W. Willauer7 telegrafió a su jefe en Centroamérica (John Dulles) “informándole que el movimiento de los trabajadores costeños había sido provocado por comunistas guatemaltecos, y que era previsible una invasión de Guatemala contra Honduras…”8 Entonces, la peligrosidad del enemigo interno radicaba fundamentalmente en su conexión imaginaria o real con el otro polo de la Guerra Fría. En esa indicación conectiva se dotaba al otro de la conexión de enemigo. En Honduras se formarían las fuerzas de Castillo Armas, aquellas que el 27 de junio de 1954 obligarían a Jacobo Arbenz a renunciar y que darían cuenta por primera vez en América Latina de los modos de la DSN. Por lo tanto, Honduras se convierte en un espacio geográfico específico para desarrollar actividades militares y de inteligencia contra los procesos políticos que se iniciarán en las décadas posteriores en Centroamérica y el Caribe. Pero a su vez, se convertiría en un territorio nacional que debía luchar con sus propios enemigos internos como habían sido denominados los militantes y activistas del Partido Liberal. Es interesante remarcar que en 1956 este partido político debió expresar que “…estuvo, está y estará siempre contra el comunismo que oprime, niega y anula la personalidad. Y por último, declara que ningún individuo que pertenezca al comunismo puede ser miembro del Partido Liberal de Honduras”.9 De esta forma, quedaba claro que ambos partidos políticos se encaminaban a aceptar y aplicar a través del tiempo la DSN. El afianzamiento de esta 7

Luego del derrocamiento de Arbenz sería nombrado embajador en Honduras. Funes, Matías, Los deliberantes. El poder militar en Honduras, Guaymuras, Tegucigalpa, 1995, pág. 174 9 Funes, Matías, op. cit., pág. 181. 8

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doctrina en Centroamérica y específicamente en Honduras dotó de un poder a las fuerzas armadas nunca visto en este país. Desde 1963 hasta 1981 el régimen político se estructuraría bajo el arbitraje y participación de esta fuerza militar, es decir, bajo el arbitraje de una élite política dominante, ahora, militarizada que ve en la institución militar la posibilidad de establecer un orden estable mientras crece y se beneficia en el contexto de la Guerra Fría y en su alianza con los EEUU. A diferencia de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Honduras logró cierta estabilidad política que estuvo signada por el rol de las fuerzas armadas y por los acuerdos relativos que mantuvieron con el Partido Nacional y, en determinadas situaciones, con el Partido Liberal. Estos partidos garantizaron las interlocuciones con los diversos actores sociales, así como los funcionarios civiles en los distintos gobiernos, que desde 1963 a 1980, impusieron los militares. Pero la estabilidad también estuvo basada en una economía que había garantizado tierras para una importante cantidad de campesinos hasta los años ‘20 y que se había diversificado a la minería y otras producciones. De hecho, es importante considerar que el desplazamiento de personas ante el establecimiento de la United Fruit Company y otras empresas extranjeras fue menor que en otros países de la región. En el año 1957 triunfa en las elecciones Ramón Villade Morales (Partido Liberal) quien lograría constituirse en interlocutor de algunas reivindicaciones del movimiento sindical hondureño. En ese mismo año, las fuerzas armadas logran que el jefe de las mismas no sea elegido por el Presidente, obteniendo así una autonomía institucional. De esta manera, la fórmula de la estabilidad se establecía instituyendo un actor político con el cual los partidos en el gobierno debían negociar y, por otra parte, con un actor que asumía autonomía frente a las cuestiones militares y policiales. Es decir, asumían, a través de los Programas de Ayuda Militar, la relación con los Estados Unidos en las políticas de contrainsurgencia en la región tornándose en la llave misma de los créditos, infraestructura y tecnología para Honduras. Estos dos poderes –el militar y el establecido por los partidos Nacional y Liberal– que con la Constitución de 1957 establecían jurisdicciones y potestades, lograban de alguna forma condicionamientos y limitaciones mutuas que lo volvían un orden relativamente estable. El gobierno de Ramón Villade Morales, entre otras cosas, reglamentó un código laboral, organizó la seguridad social, promovió una ley de reforma 60


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agraria10 y una ley de fomento industrial, haciéndose eco de las presiones sociales realizadas por los agrupamientos gremiales. El Partido Nacional, apelando a la retórica del enemigo comunista, promovió un golpe de Estado en 1963 dirigido por Oswaldo López Arellano que tuvo como resultado final la prevalencia y predominancia institucional de los militares en el poder político del país. Fueron reprimidos activistas sociales, fundamentalmente de la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH), y dirigentes políticos debieron exiliarse. En 1965 Honduras, continuando su alianza con Estados Unidos, apoyará desde la Organización de Estados Americanos (OEA) la invasión a la República Dominicana para el derrocamiento de Juan Bosch. Estados Unidos, frente a la revolución cubana de 1959, afianzaría su política intervencionista en Centroamérica y el Caribe presionando a los países de la región a hacer propia la lucha contra la amenaza comunista. En 1969, el gobierno militar de Oswaldo López Arellano sometido a una fuerte presión popular decide llevar adelante la reforma agraria iniciada por el gobierno anterior. Y como Honduras, por su escasa población, había recibido a campesinos salvadoreños11 que con el tiempo lograrían poseer tierras, decidió recuperar primero éstas. Como advierte Manuel Alcántara Sáez, “la recuperación de tierras se refería tanto a nacionales como extranjeras, pero dado que la reforma agraria resultaba políticamente más viable si no se afectaban los intereses de los terratenientes nacionales, la decisión más lógica en su comienzos de ejecución era comenzar por las tierras de los salvadoreños.”12 La expulsión de éstos se articuló con los más de doce conflictos fronterizos provocados por el desacuerdo en la delimitación de su frontera común. A esto, deben agregarse algunas cuestiones importantes: el gobierno de Honduras denunció que el ejército salvadoreño apoyaría a opositores políticos para dar un golpe de Estado y, por otro lado, en enero de 1969 Honduras se opone al Tratado de Migración con El Salvador profundizando el conflicto entre estos países. 10

En 1961 se creó el Instituto Nacional Agrario y un año después se promulgó la Ley de Reforma Agraria. 11 Más de 250.000 eran los salvadoreños que vivían en Honduras y una mínima porción poseía residencia legalizada. 12 Alcántara Sáez, Manuel, “Diez años del conflicto armado entre El Salvador y Honduras”, Revista de Estudios Internacionales. N° 1, 1980, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pág. 79.

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En este contexto comienza a observarse en Honduras la construcción simbólica de la “cuestión salvadoreña”. La élite política y cultural lograba establecer en los salvadoreños la clave de sus imposibilidades y desgracias sociales. Como rezaban las calcomanías en Tegucigalpa: “Hondureño, toma un leño, mata a un salvadoreño.”13 El conflicto agrario se había transformado en un conflicto entre Estados nacionales que ponía en suspenso las figuras y retórica de los enemigos internos y recreaba las viejas figuras de rivalidad y competencia geoestratégica entre Estados. Inclusive grupos conservadores y paraestatales como Mancha Brava perseguían, saqueaban sus propiedades y reprimían a salvadoreños en territorio hondureño. Ahora bien, lo que va a rearticular estos haces de conflictos son las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de 1970, a disputarse en México. Los equipos se enfrentaron en ambos países, pero debieron desempatar en México donde venció el equipo de El Salvador. El gobierno del general Fidel Sánchez Hernández aprovechó el triunfo para exacerbar la disputa con Honduras y romper relaciones diplomáticas.14 El 14 de julio de 1969, El Salvador invade Honduras y diecisiete días después, presionados por la OEA15, los batallones salvadoreños regresan a la frontera tradicional. El resultado del conflicto dejaría unos 3.000 muertos y unos 75.000 refugiados. Lo paradójico de este conflicto armado, es que años después en la base militar de Honduras para las políticas de contrainsurgencia se entrenarían militares salvadoreños que habían participado en el conflicto bélico. Nuevamente la presión de los Estados Unidos y la alianza de los países de la región contra el comunismo colocaron entre paréntesis la rivalidad de Honduras y El Salvador. En el año 1972 se abre un período de fuertes luchas políticas por el control del Estado entre los partidos tradicionales y las fuerzas armadas. Este período, que culminará en 1981, está signado por una derechización del accionar de las prácticas estatales y del discurso político que deben inscribirse en el contexto del triunfo de la revolución sandinista. Aunque el orden 13 El presidente salvadoreño el General Sánchez Hernández replicando los dichos en Honduras dirá: “Es más seguro que el hombre camine por la Luna que los salvadoreños por las veredas de Honduras”. 14 La OEA había intentado buscar una salida diplomática ante la inminencia de una guerra. 15 Debemos considerar que, en el proceso previo al conflicto armado, El Salvador denunció ante la OEA el genocidio perpetrado por el gobierno hondureño.

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político no se encuentre cuestionado de manera radical –como había sucedido en Nicaragua o como se observaba en El Salvador y Guatemala– las fuerzas políticas y militares apoyan la persecución y represión de los grupos armados hondureños. Grupos como el Frente Popular Revolucionario López Zelaya y el Movimiento Revolucionario Francisco Morazán, que estaban ligados a las culturas de izquierdas hondureñas y a las luchas campesinas y obreras, pero que eran considerablemente minoritarios con respecto a los grupos armados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esto se debió en parte, a que tanto los partidos tradicionales como las fuerzas armadas intentaron resolver algunas necesidades o demandas sociales a través de los gobiernos elegidos e inclusive durante algunos de los gobiernos militares. La acción política de las élites dominantes permitió construir un orden político, donde la represión interna y el disciplinamiento social se conjugó con la resolución de ciertas necesidades sociales y sectoriales que permitieron conducir el conflicto social. Tanto en los gobiernos democráticos como en los gobiernos militares de 1963 a 1980. Ante el inminente triunfo sandinista, el gobierno de Honduras conformado por una Junta Tripartita encabezada por el general Policarpo Paz García esgrimió, en consonancia con los objetivos norteamericanos, la posibilidad de una invasión sandinista al territorio hondureño. Por lo cual reclamaba el cumplimiento del Tratado de Asistencia Militar con los Estados Unidos y abría la posibilidad de operaciones conjuntas en la región. Las operaciones de los grupos armados en Guatemala y en El Salvador constituyeron a Honduras en un actor central para los intereses hemisféricos norteamericanos. No sólo funcionaría como base militar y de entrenamiento para el desarrollo de las políticas de contrainsurgencia, sino que se convertiría en una frontera ideológica y geográfica para los movimientos revolucionarios. Para esto, el gobierno hondureño no sólo recibió la asistencia de militares argentinos, fundamentalmente del Grupo de Tareas Exterior del Batallón 60116, que los asesorarían en la represión interna –que produjo 184 desaparecidos–, sino los fondos de la administración Reagan, luego de un menguado apoyo por parte del gobierno de Carter.

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Este grupo comienza sus operaciones en el proceso que culmina con el derrocamiento de la presidenta boliviana Lidia Gueiler en 1980.

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Ricardo Valencia considera que “una misión de cuarenta militares argentinos se estableció en Honduras para colaborar en tareas de contrainsurgencia en ese país y en Nicaragua desde principios de 1980 hasta enero de 1984.”17 En el trabajo de Ariel Armony18, se explica que la participación de los militares argentinos fue orientada por la pretensión de llevar adelante una cruzada anticomunista en toda América intentando, durante la administración Carter, asumir el liderazgo regional en la lucha contrainsurgente conformando para ello una articulación con diversos ejércitos comprometidos con los intereses geoestratégicos norteamericanos. Los militares argentinos decidieron forjar, hacia dentro y hacia afuera, una impronta en las formas que debía asumir la represión y el terrorismo estatal considerando que el modelo de represión aplicado en la Argentina se revelaba como eficiente y exitoso. Estas operaciones y asesoramiento apuntaban a extender el Plan Cóndor ideado por los gobiernos militares del Cono Sur con el objetivo de construir un nivel de coordinación interamericana entre diversos gobiernos militares latinoamericanos y la CIA, donde la persecución, los encarcelamientos y asesinatos de militantes y dirigentes revolucionarios en cualquier país, serían parte de una guerra que cada Estado libraba, como la región misma, contra la amenaza comunista. De alguna forma, se latinoamericanizó la represión política para construir una frontera ideológica frente a múltiples formas de acción política que fueron reducidas a la unidad conceptual de ser consideradas como apéndices o manifestaciones de los socios criollos del comunismo internacional. Por lo tanto, frente a esto la lucha política asumió el carácter teológico de una cruzada. Es decir, la DSN se convirtió en una Cruzada militar, ideológica y discursiva que pretendía en América Latina componer una escenografía binaria del conflicto, nominar y conceptualizar a los enemigos y a sus características e inscribir cada acción de dicha cruzada en las raíces occidentales y cristianas. En 1980 se articularon diversos fenómenos a tener en cuenta: 1) el triunfo de Reagan y el considerable aumento del intervencionismo norteamericano y argentino, 2) el inicio en Honduras del restablecimiento de las reglas demo17

Valencia, Ricardo, “El nuevo sospechoso”, Revista Estudios Sociales. Nro. 24. May/Ag. 2006, Bogotá, pág. 34 18 Armony, Ariel, La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada anticomunista en América Central 1977-1984, UNQ, Buenos Aires, 1999.

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cráticas, 3) la consolidación del gobierno sandinista, y 4) el avance y fortalecimiento de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) y del FMLN que en 1981 comenzaría con su ofensiva militar contra el gobierno salvadoreño. El gobierno de Reagan no sólo aumentará la presión militar sobre Centroamérica sino que con ello elaborará un discurso que superlativizará la amenaza comunista en la región. Esto no sólo se realizaría para fundamentar sus acciones políticas intervencionistas, sino también para profundizar su control sobre una región que lejos estaba –a excepción del caso de Cuba– de mantener una relación política con la URSS. El denominado Documento de Santa Fe, elaborado por los grupos conservadores ligados a la campaña de Reagan en 1980 –luego ordenado por el Consejo de Seguridad Interamericana– planteaba que: “El continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por Estados socialistas”. Por lo tanto, “no podemos permitir que se desmorone ninguna base de poder norteamericana, ya sea en América Latina, en Europa Occidental o en el Pacífico Occidental, si es que Estados Unidos debe retener energía extra para ser capaz de jugar un rol equilibrador en otras partes del mundo”.19 Las políticas de contrainsurgencia elaboradas en la base de Honduras tendrían fundamento en la inminencia de una guerra frente a la amenaza soviética organizada en los países de la región y en la necesidad de resituar a Estados Unidos como equilibrador del poder mundial. El enemigo interno no sólo se había organizado en movimientos armados, sino que en el caso de Nicaragua accedía al poder. En este caso el enemigo interno se tornaba enemigo estatal. Las políticas de contrainsurgencia hacia la región se desarrollarán en consonancia con la recuperación de las formas constitucionales en Honduras y con la represión interna. En 1980, el Partido Liberal triunfa en las elecciones y es electo Roberto Suazo Córdova para quien “el triunfo de la revolución sandinista y la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, contribuyeron a que su gobierno adquiriera un perfil conservador.” Así, el “otrora civilista 19

Citado por Márquez, Pompeyo, “Granada: una invasión anunciada”, Revista Nueva Sociedad. Nro. 69. Nov-Dic. 1983, Buenos Aires, pág. 4.

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Partido Liberal concluyó una alianza con el General Gustavo Álvarez Martínez20, jefe de las Fuerzas Armadas, y ambos pusieron en aplicación una versión local de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).”21 Entonces, se articularán la recuperación democrática con el desarrollo de las políticas contrainsurgentes en Honduras como en la región, llevadas adelante por la autonomía institucional lograda por las Fuerzas Armadas en 1957.22 El acuerdo del Partido Liberal con las Fuerzas Armadas, que suponía un “mayor espacio político para las autoridades civiles y políticas” nuevamente garantizaría un orden duradero que permitiría la presencia de la “Contra” en suelo hondureño; en 1983 la permanencia del ejército de los Estados Unidos en diversos puntos del país y los soldados salvadoreños, antes enemigos en la llamada “guerra del fútbol”, se convirtieron en participantes del Centro Regional de Entrenamiento Militar. Honduras, convertido en una plataforma para las políticas de contrainsurgencia, recibiría de Estados Unidos un presupuesto jamás obtenido en la historia de ese país. La ayuda militar se disparó de U$S 3,9 millones en 1980 a U$S 77,5 millones en 1984 reduciéndose en 1989 a U$S 41,1 millones, a U$S 2,7 millones en 1993 y a sólo U$S 425.000 en 1997.23 Este presupuesto dotaba de un poder inigualable a las fuerzas armadas frente al poder político. Lo que llevó al mismo presidente Roberto Suazo Córdova a negociar con el general Álvarez Martínez. Durante su jefatura de las Fuerzas Armadas fueron incorporados oficiales argentinos como asesores militares, que con apoyo de la CIA y del FBI, organizaron a fines de los años 70 el Batallón 3-16. Este cuerpo de paramilitares clandestinos fue responsable de las desapariciones forzadas, persecución y tortura de personas y del es20

El general Gustavo Álvarez Martínez coordinó los proyectos contrarrevolucionarios de la CIA en la región. Se graduó en la Academia Militar argentina en 1961, y luego en la Escuela de las Américas. Fue comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP). En 1982, fue designado Jefe de las Fuerzas armadas en Honduras convirtiéndose en uno de los actores dominantes de la política hondureña. En 1984 debió exiliarse. 21 Paz-Aguilar, Ernesto, “Honduras: ¿se iniciará el cambio?”, Revista Nueva Sociedad. Nro. 106. Marzo-Abril 1990, Buenos Aires, pág. 23 22 En 1999, a partir de una reforma constitucional, el Jefe de las Fuerzas Armadas se encuentra bajo control presidencial. 23 Estas cifras están citadas en Ruhl, Mark, Honduras: Militarismo y Democratización en aguas turbias. Trabajo presentado en la reunión de 1998 de la Latin American Studies, Association (LASA) Septiembre 24-26 de 1998 en Illinois, Estados Unidos.

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tablecimiento de cementerios clandestinos en territorio hondureño. “De acuerdo al ex oficial de inteligencia y miembro del Batallón 3-16, Florencio Caballero, 25 reclutas hondureños recibieron entrenamiento de inteligencia encubierta, en una ubicación no identificada del suroeste de los EEUU, donde recibieron instrucción en técnicas de interrogatorios y supervisión, dadas por militares estadounidenses. Estos hombres regresaron a Honduras a trabajar en el Batallón 3-16, y continuaron su entrenamiento con la asesoría de instructores argentinos y norteamericanos. El Batallón 3-16 empleaba un modus operandi24 que se asemejaba a las tácticas de los escuadrones de la muerte en Argentina.”25 Los oficiales hondureños que participaban en el Batallón 3-16 “no sólo recibieron un extenso entrenamiento militar estadounidense, también eran oficiales de la línea dura que compartían la visión geopolítica de los EEUU”. De esta forma, “el ejército hondureño se integraba a un aparato militar hemisférico controlado por los EEUU.”26 Ahora bien, la lucha contra la amenaza comunista fue aprovechada por los grupos políticos gobernantes ya que parte de ese presupuesto militar sirvió para la construcción de caminos, puentes, hospitales y ciertas políticas de infraestructura27 que ayudaron a lograr cierto apoyo de la población a la alianza con los Estados Unidos y, por ende, a los mismos gobiernos constitucionales. En síntesis podemos advertir, en el caso de Honduras, que su alineamiento con las políticas estratégicas de Estados Unidos en el hemisferio ayudarán, a partir de 1980, a conformar una fórmula política donde el orden mismo se lograría a partir de una articulación entre un proceso democrático –donde el PL y el PN resolverían sus diferencias– y un proceso de crecimiento del poder militar que se ocuparía de la represión a los movimientos 24

Según Lesley Gill autor del libro Escuela de las Américas… el modus operandi era el siguiente: “Pequeños grupos seguían a sus víctimas por días, e incluso semanas, antes de que sus agentes, conduciendo vehículos con patentes robadas, los secuestraran y llevaran a cárceles clandestinas, donde eran torturados, interrogados y generalmente ejecutados. Los cuerpos eran botados en los caminos o en tumbas sin marcas.” 25 Gill, Lesley, Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas, LOM, Santiago, 2005, pág. 120. 26 Gill, Lesley, op. cit., pág. 122. 27 En agosto de 1982 la maniobra llamada Desplazamiento Combinado comenzó un plan de cuatro años para dotar de agua potable y construir caminos de penetración hacia poblados ubicados en la región noroccidental y en áreas fronterizas con Nicaragua. Estos beneficios, que se presentaban como beneficios para la comunidad, poseían como fin estratégico las políticas de contrainsurgencia.

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armados hondureños y, fundamentalmente, de la caracterizada “amenaza soviética” en otros países de la región. El gobierno hondureño aceptó y promovió la lucha fronteras adentro y fronteras afuera, articulándose en la estrategia norteamericana. Esto suponía una fórmula de largo alcance: a) destruir cualquier movimiento interno que pusiera en entredicho la estabilidad de Honduras, b) impedir la solidaridad con los movimientos revolucionarios de El Salvador y Guatemala, c) controlar la frontera salvadoreña y especialmente a los refugiados, d) generar una corriente de opinión favorable a los intereses norteamericanos en la región, de los cuales el ejército y el gobierno de Honduras formaban parte, y por último, e) socializar una doctrina de seguridad nacional como sostén ideológico de las acciones que ameritarían los objetivos anteriores. Por lo tanto, las políticas de contrainsurgencia no sólo instrumentaron un sinfín de ejercicios militares de represión, sino que buscaron obtener legitimidad de sectores sociales y políticos. La DSN no sólo era un esquema de defensa interamericano, sino también una ideología que buscaba crear un escenario real o imaginario de conflicto y de ataque contra América Latina. El gobierno de Honduras colaboró con esta doctrina construyendo una discursividad que hacía del hondureño alguien diferente a los nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos que vivían en una situación de guerra. Así como también señalaba que las acciones armadas en Honduras eran realizadas por el FMLN y por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quienes oficiaban por encargo del comunismo internacional, por lo tanto, eran considerados traidores a su patria que además atacaban suelo hondureño. En este sentido, el gobierno hondureño logró recrear la idea de una invasión comunista con tanta efectividad como había suscitado en 1954. El recurso discursivo que apelaba a la invasión comunista por parte de sandinistas, y en menor medida por el FMNL, fue una estrategia utilizada para dotar de legitimidad a la DSN y para desarticular cualquier movimiento revolucionario en Honduras. Con esto se pretendía transformar en rechazo cualquier tipo de simpatía o apoyo al sandinismo y lograr legitimidad y adhesión a los actos gubernamentales. En 1983 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras, bajo control de las Fuerzas Armadas, que buscó unir a empresarios, intelectuales, políticos y sindicalistas que estableciesen diagnósticos y propuestas para el Estado. De esta Asociación no sólo surgió la idea de solicitar a EEUU la invasión 68


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de Nicaragua, sino también la propuesta de organizar a más de 120.000 familias campesinas sin tierras en cooperativas bajo régimen militar persiguiendo como objetivos: a) organizar y controlar a las familias sin tierra, bajo una forma de organización militar que permitiese con el tiempo estructurar patrullas civiles alertas frente a la amenaza comunista, b) incrementar la producción maderera y mejorar las condiciones de esas familias, y c) dificultar cualquier desarrollo de organizaciones armadas que pretendiesen utilizar los bosques como retaguardia. Así, en Honduras el rol contrainsurgente regional poseía sus correlatos internos. Era obvio para sus dirigentes políticos y militares que no podía librarse una batalla contra el denominado poder soviético instalado en la región si en su propio país se permitía el desarrollo de los movimientos revolucionarios y la inestabilidad política. Por lo tanto, la condición para el establecimiento de una plataforma militar que dirigiera las actividades de represión y desaparición de personas en la región era la estabilidad política del país en que se realizaría esto. Y de alguna forma, Honduras –y Costa Rica en menor medida– cumplía con este requisito. El gobierno constitucional de Honduras, permitió y reforzó el rol de su país en la estrategia contrainsurgente regional ideada por los EEUU implicando esto: 1- La creación de un complejo militar y logístico para realizar una invasión así como tareas de inteligencia y represión. Estados Unidos preparó en Honduras un puente y una retaguardia para una invasión a Centroamérica y el Caribe. 2- La realización de maniobras conjuntas lo que ayudó a los soldados norteamericanos a formarse en el terreno y fortaleció al ejército hondureño frente a otros ejércitos de la región. 3- La organización del Centro de Entrenamiento Regional para formar en tareas de contrainsurgencia a soldados salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y costarricenses. Los asesores fueron aportados por la CIA, el ejército de EEUU y por el gobierno militar de la Argentina que defendía y publicitaba el “éxito de su modelo represivo”. 4- Colaborar activamente con la “Contra” y con el Gobierno de El Salvador. Sin la cual, por ejemplo, la “Contra” no hubiera tenido existencia ya que no contaba con una base social de apoyo en Nicaragua. El territorio 69


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hondureño funcionó como retaguardia y lugar de abastecimiento para la “Contra” frente al ataque y persecución del ejército sandinista. En el caso de El Salvador, el ejército hondureño participó y asistió a las fuerzas gubernamentales en diversos ataques y matanzas. Colaboró con el gobierno de El Salvador proveyendo información y apresando a militantes que se refugiaban en Honduras. 5- Transformarse en una plataforma de la represión regional expandiendo las prácticas represivas y genocidas realizadas por el gobierno militar en la Argentina. En octubre de 1983 el gobierno hondureño colaboraría con la invasión a la isla de Granada.28 Estados Unidos fundamentó dicha invasión en que el aeropuerto que el gobierno granadino construía sería utilizado para construir un puente de la Unión Soviética y Cuba con los movimientos revolucionarios centroamericanos. Como indica Pompeyo Márquez, la política de Reagan redujo “todo un complejo de situaciones a una simpleza: la confrontación con la Unión Soviética y por tanto el escenario debe ser ocupado a como dé lugar en nombre de la seguridad y la defensa de los Estados Unidos.”29 Los medios de comunicación vinculados con la estrategia norteamericana alertaron de la presencia de soldados cubanos y soviéticos que nunca fueron encontrados así como esgrimían que existían acuerdos secretos entre Granada, la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte que tampoco pudieron comprobarse. El imaginario político de una Tercera Guerra Mundial se recreaba bajo la lógica de las intervenciones norteamericanas en la política centroamericana y caribeña. Cualquier espacio o territorio, por más insignificante que fuera, era indicado como el ámbito donde se libraba una guerra mundial. La derrota del FSLN en Nicaragua y la posibilidad de acuerdos pactados en El Salvador y Guatemala entre sus movimientos revolucionarios y los gobiernos, y la disolución de la URSS resignificaron las formas de la intervención norteamericana en Centroamérica y el Caribe, incluyendo las partidas presupuestarias dirigidas al gobierno de Honduras. 28

En la isla de Granada habitan 115.000 personas y su producto principal de exportación es la nuez moscada. 29 Márquez, Pompeyo, “Granada: una invasión anunciada”, Revista Nueva Sociedad. Nro. 69. NovDic 1983, Buenos Aires, pág. 5.

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Las condiciones políticas a fines de la década del ’80 se habían modificado radicalmente. La presión de la opinión pública contra la intervención norteamericana en Nicaragua y en El Salvador obligó al Congreso de los Estados Unidos a reducir sustancialmente la ayuda militar.En este contexto de post-Guerra Fría la política norteamericana comenzó a desvincularse de su alianza con el ejército hondureño y ya no lo consideró un aliado contra el comunismo, sino un obstáculo para los procesos democráticos. Ahora la democracia, ante la ausencia del enemigo soviético y subversivo, podía articularse con las políticas neoliberales que empezaban a imponerse en todo el mundo. Democracia y mercado aparecían como los más eficientes reguladores de la vida económica, política y social. El presupuesto interno que el Estado hondureño utilizaba para financiar a las fuerzas armadas se redujo de tal forma que la convirtieron en una fuerza mínima la cual, a su vez, quedó desprovista de financiación propia. En el año 1995 fueron llamados a declarar diversos oficiales hondureños por desaparición y persecución de personas. Y un año después,el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares, solicitó al gobierno argentino toda la documentación vinculada a la participación de militares argentinos en Honduras, ya que deseaba saber acerca del destino de los 184 militantes y dirigentes populares desaparecidos. En el texto de la carta que entregó Leo Valladares al presidente argentino Carlos Menem indicaba que: “En atención a esta misión, el Comisionado Nacional elaboró en 1993 un informe provisional sobre los desaparecidos en Honduras, [los hechos hablan por sí mismos], que documenta 184 casos de desapariciones forzadas de personas y determina responsabilidades del Estado por medio de sus funcionarios.”30 En esta carta se solicitaba información sobre la presencia de militares argentinos en Honduras entre 1980 y 1990 y sobre la naturaleza del Acuerdo Tripartito entre la Argentina, Honduras y los Estados Unidos para apoyar y promover a la “contra” nicaragüense con base de operaciones en Honduras. También reclamaría información del mismo tenor al gobierno norteamericano:el acceso a los archivos vinculados con las políticas de contrainsurgencia en territorio hondureño. El año 2006 la ministra de Defensa de la Nación Argentina, Nilda Garré, pediría disculpas en Honduras por la participación de militares argentinos en la desaparición forzada de personas. 30

Carta dirigida a Carlos Menem por Leo Valladares. http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/cia1.html

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Reflexiones finales La instauración de un régimen político que recuperaba en 1981 las formas constitucionales se articulaba con las prácticas del recién creado Batallón 3-16 y con el funcionamiento de una base militar dedicada a las políticas contrainsurgentes en la región centroamericana y caribeña. Pero debemos advertir que la democracia hondureña no puede ser concebida como una democracia ficticia o falaz sino como un régimen que, al mismo tiempo que apelaba a formas democráticas y liberales –en la cual dirimían sus propuestas y contradicciones el Partido Liberal y el Partido Nacional–, se articulaba con formas represivas y autoritarias que llevaron a la desaparición de personas y a prácticas contrainsurgentes fuera de las fronteras hondureñas que provocaron como resultados matanzas, represión y genocidio. Hasta fines de la década del 80 el proceso democrático hondureño, que contó con la reforma constitucional de 1982, se vinculó con prácticas represivas y autoritarias tanto adentro como afuera de sus fronteras, las que fueron guiadas por un aceptado corpus ideológico propuesto por la DSN. Esto de alguna forma pone en cuestión una teorización, desarrollada en el contexto de la llamada transición a la democracia, que suponía que la democracia era la antítesis de la dictadura o del autoritarismo. De esta forma, la desaparición forzada de personas,como la tortura y la represión,pudieron convivir y articularse con un régimen que intentaba legitimarse a través de las reglas democráticas y constitucionales. Si bien Zygmunt Bauman31 plantea que el holocausto es una posibilidad de la modernidad, podemos advertir que en el caso hondureño, las prácticas de contrainsurgencia –tanto adentro como fueras de sus fronteras– fueron una posibilidad del régimen democrático. De hecho, represión y desaparición forzada de personas convivieron con la democracia, es decir, convivieron de la misma forma que lo hicieron a través de pactos y acuerdos el poder militar y el poder político. Poderes que aceptaron y adhirieron, bajo distintas formas y discursividades, a la Doctrina de Seguridad Nacional y a los esquemas planteados por la Guerra Fría.

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Bauman, Zigmunt, Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid, 2008.

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Introducción Hace dos años, cuando regresé a Guatemala para realizar una vez más las tareas de trabajo de campo, impactó mi atención lo mismo que cuando viajé la primera vez. La moneda es el quetzal y la inscripción central dice paz en homenaje a la firma de la paz firme y duradera suscrita entre el gobierno y la guerrilla en diciembre de 1996. La moneda tiene una función bien interesante sin entrar en el ámbito económico. Ella lleva impresa símbolos que en general constituyen parte de la comunidad imaginada, de la Nación. Y así, tal como analizara Anderson a partir de las palabras de Renan, se trata de “tener que ‘haber olvidado ya’ unas tragedias que nos tienen que ‘recordar’ incesantemente [lo cual] es un recurso característico en la construcción ulterior de las genealogías nacionales”.1 Podemos comprender como el autor, que esta moneda forma parte de una industria pedagógica que se ancla en el olvido-recuerdo de una tragedia, de una guerra civil entre hermanos, cuya conclusión fue un diálogo y el logro de la paz entre los mismos, fundando de este modo la Guatemala de la paz, la reconciliación y del quetzal. Sin lugar a dudas, hay algo de fundacional en ello. También hay una tragedia, una historia reciente que se está narrando oficialmente de una forma, más hegemónica, y no de otra. De todos estos relatos nos ocuparemos en este artículo sin dejar de mencionar las condiciones de producción de los mis1 Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 279.

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mos. Considero que el análisis del combate de interpretaciones de la historia reciente de Guatemala puede ser un terreno fértil para observar las posibles consecuencias que acarrea cada una de ellas y comprender la acuñada oficialmente, en el ámbito de las relaciones de poder, el tipo de comunidad que se pretende fundar y si la misma puede coincidir con las metas de aquellos protagonistas que nos recuerdan la tragedia que debemos olvidar.

De la dictadura a la democracia La violencia política desplegada por el Estado guatemalteco no tuvo parangón en América Latina. Sus cifras son impactantes, más los testimonios, la forma en que se materializó la violencia, escalofriantes. Las mutilaciones, la coprofagía, la antropofagia, las crucifixiones, las estacas en los cadáveres, las formas de asesinatos de bebés, niños y embarazadas, fue sin embargo sufrida especialmente por la población indígena. La dictadura institucional de las fuerzas armadas inaugurada en marzo de 1982, la cual se legitimó como oposición al régimen corrupto de los partidos militares previos, se propuso fundar un nuevo orden social, democrático y multiétnico a partir de un plan político militar que le dio un sentido, encuadró y sistematizó la violencia política desatada años antes. Los planes de campaña del ejército siguieron un esquema que se inició con los planes “ceniza” y “victoria” con el fin de aniquilar la guerrilla y sus fuentes de abastecimiento y pacificar el país a través de campañas de tierra arrasada y masacres indiscriminadas, para pasar al control físico y psíquico de la población capturada de las áreas de refugios por medio de las aldeas modelo y polos de desarrollo. Alcanzados estos objetivos, la tarea fue trabajar para el retorno a la constitucionalidad garantizando “pureza y legalidad”. Lentamente el ejército comenzó a retirarse del gobierno, a forjar una imagen de constitucionalismo democrático, pero siguiendo la guerra de contrainsurgencia la que continuaría, según el pensamiento político militar liderado por el general Gramajo, sin importar el resultado de las elecciones presidenciales. Se levantó el estado de sitio, se disolvieron los Tribunales de Fuero Especial y se ordenaron la Asamblea Nacional y las elecciones para 1984 y 1985 respectivamente: “Las elecciones no sólo fueron ‘ordenadas’ por el ejército, 74


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sino que fueron programadas para cumplir los objetivos militares del Plan Nacional que contemplaba la elección de un presidente civil”.2 Este momento “protodemocrático”, como prefiere llamarlo Edelberto Torres-Rivas3, consistió en una apertura al régimen democrático, con elecciones transparentes y abiertas a toda la sociedad, tutelada por la corporación y parte del proyecto político militar diseñado en el año 1982. De esta manera se pudo continuar “la guerra” en el marco de una transición constitucional. Tal como afirmó el general Gramajo: “…nosotros (…) hemos logrado nuestro objetivo de revertir al filósofo de la guerra, que es Clausewitz, al decir que en Guatemala la política debe ser la continuación de la guerra. Y en eso estamos nosotros, accionando para que de verdad llegue la paz a través de la actividad política y no a través de la imposición de la voluntad al oponente por medio de la victoria militar…”4

La transición hacia la democracia electoral en Guatemala se puede resumir como autoritaria, en un sentido muy similar al que viera Garretón5 para Chile, pues implementaba el paso a la institucionalización política prevista en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y el Estatuto Fundamental de Gobierno tras haber creado las “condiciones necesarias” para ello. El régimen democrático obtenido, con sus enclaves autoritarios, sin lugar a dudas respondió también a una democracia protegida y tutelada por las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la caracterización de Moulián6. De hecho, una de las “ofensivas” más importantes del ejército hacia la región Ixil fue implemen-

2 Jennifer Schirmer, Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, Guatemala, FLACSO, 1999, p. 63. 3 Edelberto Torres-Rivas, “¿Qué democracias emergen de una guerra civil?”, en Waldo Ansaldi (director), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 4 Gral. Héctor Alejandro Gramajo Morales, (Ministro de Defensa Nacional) (12/8/1987), “Conclusiones”, Consejo Empresarial de Guatemala, Foro Nacional “27 Años de Lucha por la Libertad”, en Inforpress Centroamericana, Compendio del Proceso de Paz: análisis, cronologías, documentos, acuerdos, Guatemala 1986-1994, Tomo 1, Guatemala, Inforpress, 1995. 5 Manuel Antonio Garretón, “Transición, inauguración y evolución democráticas”, en Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1995. 6 Tomás Moulián, “Páramo del ciudadano”, en Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, ArcisLom ediciones, 1997.

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tada durante el primer gobierno democrático y con posterioridad a la firma del Acuerdo de Esquipulas II. Pese a todos estos inconvenientes, coincido en gran medida con TorresRivas en que “este período o condición protodemocrática en sí misma implicó cambios difíciles de realizar y prever en el momento anterior y, por limitada y confusa que ella aparezca, es, sin embargo, la base o la condición para que opere el otro factor, la implantación democrática”7. Se refiere al proceso de implantación de las instituciones estatales propias de la democracia liberal, una función que vinieron a cumplir los acuerdos de paz (1994-1996) y que tal vez podríamos sintetizar como la fase pactada de esta dificultosa transición. En efecto, los Acuerdos de Paz Centroamericanos y la convocatoria al Diálogo Nacional formalizado en el Acuerdo Oslo de 1990 abrieron “espacios dentro de un contexto represivo para la discusión pública de asuntos que habían sido indiscutibles a lo largo de decenios”8. Tal es así que fue durante este tiempo que se publicaron los primeros libros, cuyos autores realizaron el trabajo de campo entre mediados de la década del setenta y mediados de la posterior, que se animaron a ofrecer diferentes interpretaciones de la historia reciente de Guatemala y dar una comprensión de los niveles de violencia desatados. Estoy haciendo referencia a los trabajos de Ricardo Falla9, David Stoll10 e Yvon Le Bot11. Al mismo tiempo emergieron una serie de organizaciones de derechos humanos y organizaciones indígenas que se nuclearon en 1991 en la Coordinadora de Sectores Civiles para presionar a la guerrilla y al gobierno su incorporación y participación en las negociaciones de paz. Éstas abrieron una lucha de largos años por la instalación de una comisión de verdad. La misma comenzó a concretarse cuando el 23 de junio de 1994 la guerrilla y el gobierno, con mediación de las Naciones Unidas, firmaron el Acuerdo de paz que le dio el mandato. 7

Edelberto Torres-Rivas, op. cit., p. 492. Susanne Jonas, De Centauros y Palomas: El proceso de Paz Guatemalteco, Guatemala, FLACSO, 2000, p. 90. 9 Ricardo Falla, Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria, 1992. 10 David Stoll, Between two armies in the Ixil Towns of Guatemala, New York, Columbia University Press, Versión digital en español, 2000. 11 Yvon Le Bot, La guerra en tierras mayas, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. 8

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Por las limitaciones que éste tuvo y las demoras en la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (31/7/1997), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala creó el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica y publicó en 1998 Guatemala: Nunca Más. A pocos días de la entrega de ese informe a la CEH, su director, Monseñor Juan Gerardi, fue asesinado. Finalmente el informe de la CEH Guatemala: memoria del silencio fue presentado a las partes de la negociación el 25 de febrero de 1999.12

Relatos de la historia reciente Tres investigaciones signaron el debate entre la apertura electoral y el inicio del proceso de paz con mediación de las Naciones Unidas. Ellas se han basado especialmente en entrevistas y testimonios, conformando no obstante bloques de fuentes diferentes: en el primer caso se trató de testigos inmediatos provenientes de la región Ixcán de Guatemala –el primer bastión del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)– entrevistados a finales de 1983 y principios de 1984 en el campamento de refugiados Puerto Rico en Chiapas; en el segundo caso se trató de una selección más diversa de fuentes primarias y secundarias pues abarcó el problema a nivel nacional; y en el tercer caso se utilizaron numerosas entrevistas y encuestas realizadas por el autor en la región Ixil –área que había sido conocida como bastión del EGP– entre 1988 y 1989, cuando ya se habían establecido allí las Patrullas de Autodefensa Civil, las aldeas modelo y los polos de desarrollo y estaba controlada por el ejército. El primer caso corresponde al sacerdote jesuita y antropólogo guatemalteco Ricardo Falla autor del libro publicado en 1992, titulado Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala (1975-1982). Su interpretación de la historia reciente se subsume a una serie de consideraciones que deja esclarecidas: en primer lugar, que sus explicaciones no pretenden justificar las acciones criminales y mucho menos afirmar que todo miembro del ejército es criminal ni que todos los mi12

Para un recorrido histórico completo de la constitución de las comisiones de verdad en Guatemala, véase Julieta Rostica, La memoria en Guatemala: sobre comisiones de verdad y el hallazgo del archivo de la Policía Nacional, Revista Question, Nº 10, La Plata, 2006. Disponible en www.perio.unlp.edu.ar/question/.

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litares hayan tenido la misma responsabilidad.13 En segundo lugar, que su investigación prescinde del juicio sobre la acción de la guerrilla puesto que “la proporción de hechos de sangre es desmedidamente mayor por parte del ejército”.14 En tercer lugar, que si bien no sabe con seguridad en qué grado existía una vinculación de los campesinos con la guerrilla, “lo que es claro es que no por tener esa relación la población civil se convierte en guerrillera”.15 De este modo, el tratamiento de la población civil como combatiente por parte del ejército es para Falla absolutamente condenable. Él se propuso reconstruir a través de una dimensión temporal “los hechos de sangre o semejantes: desapariciones, torturas, asesinatos selectivos, asesinatos de varias personas a la vez, masacres de grupos, masacres masivas de aldeas enteras, que pueden bien catalogarse como genocidio”.16 No obstante, tiene un interés especial por comprender las que llama masacres indiscriminadas en las que no se hizo distinción entre: “…civil o combatiente; de colaborador, simpatizante, indiferente o antagónico de la insurgencia; no se hace distinción de sexo (…); no se diferencia para la acción de matar (…) a jóvenes de adultos, a niños de viejos. Todo el poblado se ve como ‘una naranja podrida’, en palabras del oficial de San Luis; y ella, toda entera, debe ser arrojada fuera al fuego devastador. La población del poblado se concibe como una unidad infectada, donde se excluye la posibilidad de células sanas. Por eso, dichas masacres son de corte genocidas.”17

El autor interpreta que las masacres pueden ser una expresión remodelada de la contradicción tradicional entre la comunidad indígena corporativa y el estado ladino. La particularidad del Ixcán fue que se trató de un asentamiento nuevo fruto de un proyecto de colonización de la selva de manos de la iglesia en conjunto con el Instituto Nacional de Transformación Agraria, “corporativamente organizada en la matriz de una cooperativa de tenencia colectiva de la tierra. (…) Por la presencia guerrillera en la zona, el estado (ejército) intentó interferir en esa comunidad recortándole su autonomía.”18 13

Ricardo Falla, op. cit., p. 13. Ibid, p. 14. 15 Ibid, p. 14. 16 Ibid, p. v. 17 Ibid, p. 221. 18 Ibid, p. 222-223. 14

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Ello explica para el autor el proceso que fue marginando a la Iglesia de la tramitación de tierras y la suspensión de la matriz organizativa de la comunidad que era la cooperativa: “En el proceso de interferir y tratar de controlar a la comunidad indígena, el estado ladino (ejército ladino) chocó con una barrera cada vez más impenetrable de información. Mientras más pretendía romper esa barrera, más se cohesionaba la comunidad.”19

De la imposibilidad y frustración de no haber podido controlar al indio surgió un enojo muy grande que fue el que motivó a acabar con toda la comunidad. Para él: “... el racismo sólo especifica a la contrainsurgencia, no la sustituye, (…) [es decir que] la contrainsurgencia fue la teoría utilizada y no una sistemática exterminación racial y étnica, pero que esa contrainsurgencia fue ‘deformada’ o especificada por las contradicciones racial y étnica entre el ejército ladino y las comunidades indígenas. La especificación consistió en la aplicación del estereotipo del ‘indio despreciable, mentiroso y fácilmente engañable’ a las comunidades indígenas pequeñas por medio del mecanismo coercitivo de la masacre indiscriminada.”20

Ricardo Falla considera que de la tierra arrasada han nacido otras comunidades indígenas corporadas que son las que se han dado en llamar Comunidades de Población en Resistencia. Para él éstas son semillas de nueva vida. El sociólogo francés Yvon Le Bot fue quien se preguntó en el libro La guerra en Tierras Mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992), editado en francés en 1992 y en español en 1995, por la relación entre la población india y la guerrilla que Ricardo Falla había decidido no abordar. Se propuso comprender la irrupción de la violencia política en la sociedad india de los años setenta y ochenta, sociedad donde se había desarrollado desde los años treinta un “movimiento de emancipación y modernización”.

19 20

Ibid, p. 223. Ibid, p. 225.

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Partiendo de que en Guatemala hubo una guerra21, entiende que el conflicto tuvo una originalidad: el encuentro de la voluntad política, la estrategia militar y el movimiento social. A contrapelo de la tesis de la izquierda que esgrime que la intensificación de las luchas sociales desembocaron naturalmente en una guerra de insurrección, afirma “que la derivación hacia el conflicto armado representa, al contrario, una ruptura del movimiento social, que fue provocado por la crisis y la represión del movimiento, y que también fue la causa de su aplastamiento.”22 Además, que el encuentro de la guerrilla y la población india no podría haberse llevado a cabo sino por lo religioso, siendo necesario considerar la acción de los mediadores cercanos a la lógica comunitaria y convertidos a la lógica revolucionaria. Este fue el papel de la teología de la liberación y la idea de “violencia justa”, cuyo discurso y práctica revolucionaria no había surgido del medio indígena ni pertenecía a la visión maya del mundo. Como consecuencia, aceleró la disgregación de la dinámica comunitaria, lo cual se dio además porque atrajo la represión sobre ella: “... la guerrilla intenta hacer creer a los habitantes que está en simbiosis con ellos; (…). En realidad, la guerrilla se repliega y deja a los pueblerinos desarmados ante la represión, obligados a su vez a irse a los cerros o a buscar refugio en otra parte. Es como si tratara de atraer la represión sobre la población civil para entrenarla en la guerra, y asegurar así su propio desarrollo.”23

El autor considera que si bien el terror puede haber contribuido a destruir el nexo que en un comienzo la represión había contribuido a establecer entre una parte de la población y el movimiento de insurgencia, éste no fue el único resorte. Las técnicas de guerra psicológica desplegadas por Ríos Montt produjeron “un discurso susceptible de oponerse, en el mismo registro (llamado a los valores éticos y comunitarios), al discurso político-religioso de los revolucionarios.”24 El discurso fue el de la secta protestante de la cual el dictador 21

“La guerra guatemalteca ha tenido lugar. No se trató de conflictos múltiples sin nexos entre ellos, ni de varias guerras más o menos articuladas entre sí (…). Tampoco se ha reducido a una guerrilla foquista, a una pura represión, ni al desarrollo paralelo de una guerrilla y una represión”. Yvon Le Bot, op. cit., p. 26. 22 Ibid. 23 Ibid, p. 189. 24 Ibid, p. 186.

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era su pastor. Le Bot denomina “Cruzada del Verbo” a este componente central para la victoria del Ejército, no sólo en el dominio territorial y de población, sino en la extensión de las aldeas modelo que él califica como “nuevos pueblos de reducción”. En relación a la violencia contrainsurreccional, basándose en un estudio de caso, trabaja sobre una hipótesis estratégica. Él considera que la masacre de la población civil tenía como fin la intimidación, una forma de alcanzar indirectamente a la guerrilla en un contexto en el cual “dos fuerzas exteriores y ‘superiores’ se enfrentan para imponer su ley”25, los habitantes no toman parte activa en el conflicto y su comportamiento responde a la supervivencia. Sin embargo al cuestionarse por las matanzas de civiles, “el exceso”, la “barbarie”, afirma que “es tenue la distancia entre la racionalidad y la irracionalidad”26. Para él, “la emancipación india es insoportable para un poder fundado en la discriminación racial” y por ello “trata de ‘reducir’ a los indios a lo que siempre ha considerado que eran y que ellos no quieren ser: subhombres (indios, inditos, naturales)… o destruirlos”27. Su conclusión es que: “… no fue una guerra de los mayas (…) no se podría acusar a la guerrilla de haber hecho una guerra contra los mayas. Pero difícilmente podrá eludir el reproche de haber desencadenado el mecanismo que a ella condujo, y de no haber sabido ni podido contenerlo. No supo evitar que esta guerra, que consideraba ‘necesaria’ y que pretendía ser de liberación, se volviera la peor de las guerras contra los mayas desde la Conquista.”28

El último de los relatos pertenece al antropólogo David Stoll. Su libro, publicado originalmente en 1993, se tituló Between two armies in the Ixil towns of Guatemala. Tal como el título lo señala, se propuso mostrar una tercera parte que ni la izquierda ni la derecha reportaban: la voz de la gran mayoría de la población. Si bien entiende que cientos de miles de mayas apoyaron a principios de los 25

Ibid, p. 234. Ibid, p. 236. 27 Ibid, p. 239. 28 Ibid, p. 269. 26

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ochenta al movimiento guerrillero, ello no consistió en un levantamiento espontáneo, ni fue “popular” salvo de un modo forzado y transitorio, ni respondió a conflictos étnicos ni de clase. Las relaciones de opresión que la guerrilla interpreta como razones del apoyo popular, para Stoll ya habían sido desafiadas por los Ixiles con ayuda de ciertas instituciones como Acción Católica, escuelas estatales dirigidas por maestros ladinos y partidos políticos antes e independientemente de la aparición de la guerrilla en la región y por otros métodos no precisamente armados. Para el autor, la guerrilla es absolutamente responsable del surgimiento de la violencia. El EGP, al haberse instalado en la región, provocó la llegada del ejército. Cada uno de sus ataques fue respondido por represalias del ejército lo que caracteriza como coerción de ambos lados. El resultado pareció ser un movimiento revolucionario popular en los primeros años de los ochenta, pero sólo como consecuencia de lo que llama “violencia dual”, una situación que los ixiles describen como “vivir entre dos fuegos”. Como consecuencia, la mayoría fue rebelde contra su voluntad y fue coaccionada tanto por la guerrilla como por el ejército. Por ello para él el movimiento revolucionario no nació de las aspiraciones populares y eso explica el lenguaje de neutralidad. La cruel paradoja de la formación de las Patrullas de Autodefensa Civil es evidencia de ello. Por un lado, la conscripción de todos los hombres bajo el control del ejército en dichas patrullas permitió romper la organización revolucionaria. Por otro lado, permitió a los participantes protegerse del ejército. Evitaban, de este modo, el acercamiento de la guerrilla y las represalias del ejército. También la experiencia de los refugiados que vivieron en las Comunidades de Población en Resistencia que luego pasaron a los reasentamientos del ejército. Sus primeras reacciones deben leerse para el autor como respuestas a la represión militar. No obstante, en muchas ocasiones, la salida de las CPR debe comprenderse como frustración respecto de la guerrilla. Stoll, también muestra cómo los ixiles han respondido a la violencia militar usando las patrullas civiles, las congregaciones religiosas y otras instituciones aparentemente conformistas y subordinadas (como las aldeas modelo y los polos de desarrollo) para reconstruir la sociedad civil, es decir, el espacio político para tomar sus propias decisiones. De aquí la multiplicación de las sectas protestantes que utilizan un lenguaje de salvación personal y neutra82


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lidad útil a las circunstancias. Sin embargo, Stoll afirma que tanto el protestantismo como las áreas de refugio, a diferencia de la versión de los organismos de solidaridad29 y de la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, fueron más que centros de detención y tortura, pues el poco espacio para la organización independiente otorgado por el ejército fue utilizado para continuar tendencias visibles antes de la guerra. En tal sentido, los ixiles han recuperado el control municipal y el comercio que antes estaba en manos de ladinos, por un lado, y han comenzado a hacer las paces entre sí. Además explica el apoyo mayoritario a Efraín Ríos Montt en dictadura y en democracia (por ejemplo en 1990). Frente a esta evidencia, Stoll cuestiona si las formas frontales de movilización a favor de los derechos humanos reflejan los deseos de sobrevivientes que tratan de reconstruir la sociedad civil, es decir, el espacio político para tomar sus propias decisiones. Estas investigaciones tienen en común la originalidad de visibilizar y subrayar de diversos modos la importancia de las relaciones de autonomía y solidaridad que estaba adquiriendo la población indígena a nivel local en la supresión de la dominación étnica y de clase antes del despliegue de la violencia: la comunidad indígena corporativa en términos de Falla, el movimiento de emancipación de acuerdo a Le Bot, la lucha por el espacio político para tomar las propias decisiones en palabras de Stoll. Si esta tendencia después de la violencia fue quebrada para Le Bot, continúa para Falla en las Comunidades de Población en Resistencia al ejército y para Stoll en instituciones subordinadas al ejército. Salvo en la interpretación de Falla, la población indígena es objeto de la guerrilla o del ejército en el teatro del conflicto a nivel nacional. En el caso de Le Bot, los indígenas son casi manipulados por las “mediaciones religiosas” de uno u otro bando. En el caso de Stoll, son neutrales y padecen la coacción y “violencia dual” contra su voluntad. Los tres se diferencian en las formas de organizar el relato de la violencia. El primer relato muestra una violencia unidireccional hacia la población indígena donde desaparece la confrontación guerrilla-ejército y no se analiza 29

La declaración más conocida de la posición de solidaridad en Guatemala Stoll la encuentra en el testimonio de Rigoberta Menchú trascrito por Elizabeth Burgos en Me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia, México DF, Siglo XXI, 1997. [1º edición 1985]

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la relación entre la población civil y la guerrilla; el segundo hace foco en la confrontación insurgencia-contrainsurgencia y el espiral de violencia que polariza a la sociedad guatemalteca entera, en el que la relación entre la población indígena, la guerrilla y el ejército se explica por el canal de las mediaciones religiosas; y el tercero evidencia la violencia dual y a un tercer actor, la población ixil, que se sitúa en su propia opinión entre ambos fuegos utilizando un lenguaje neutral para la supervivencia. Tras estos relatos hay opciones políticas: el primero condena las prácticas del ejército en el lenguaje de las organizaciones de derechos humanos y de solidaridad; el segundo realiza un análisis crítico de la acción de la guerrilla y del fracaso de la revolución, refuta la afirmación que entiende que hubo una guerra de los mayas y condena en términos de irracionalidad y “excesos” la acción del ejército; y el tercero cuestiona la posición y práctica de las organizaciones de derechos humanos y de solidaridad –que asumen el lenguaje de confrontación, más de la guerrilla y su idea de guerra popular y menos de la población civil– a favor de la conciliación de la población ixil que ha sido coercionada por uno u otro bando externo a la región. Los dos últimos culminan poniendo tanto énfasis en el voluntarismo guerrillero que no explican su surgimiento, acentuando tanto la responsabilidad de la guerrilla por haber desencadenado “el mecanismo” para que la represión cayera sobre la población indígena civil, que la inigualable proporción de violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el ejército, la sistematicidad en las formas de coerción utilizadas, su control dictatorial del aparato estatal, entre otras cuestiones, no sólo se esfuman de la investigación, sino que favorecen en última instancia lo que ellos han cuestionado: que la guerrilla se haya sentado a una mesa de negociación con el gobierno.30 Pero sobre todo, no se cuestionan por qué el ejército convirtió, por ejemplo, a todos los ixiles en subversivos31; no se preguntan por qué el ejército le creyó a la guerrilla si la guerra popular que esta última preconizaba era pura retórica32, ni tam30

Estos autores han condenado a la guerrilla por negarse a aceptar la derrota política y militar y poder sentarse así a una mesa de negociación con el gobierno. 31 “El poder de los rumores, de las suposiciones y de las supuestas conspiraciones es tal, que pueblos enteros tenían la reputación de simpatizar con la guerrilla antes de que sus habitantes tuvieran contacto con el EGP”. En David Stoll, op. cit., cap. 4. 32 “Lo que cuestiono es su relación con el resto de la población, es decir, la presunción (…) de que el movimiento guerrillero representó al ‘pueblo’”. En David Stoll, op. cit., cap. 4.

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poco por qué el ejército utilizó un tipo de violencia específica para esa población indígena. El trabajo de Ricardo Falla, en cambio, arriesgó algunas hipótesis sobre el carácter subversivo –independientemente de su relación con la guerrilla– que puede haber tenido esta multiétnica población del Ixcán a los ojos del ejército. Estas investigaciones se inscribieron en el debate y lucha por la constitución de una comisión de verdad.

Las comisiones de verdad (1998-1999) Tras un intenso debate a nivel nacional en el que agentes del gobierno y militares denunciaban que la creación de una comisión de verdad sólo traía confrontación y consistía en un acto de venganza, se logró llegar a un acuerdo que otorgó finalmente su creación y mandato. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue creada luego de la firma del último de los acuerdos de paz, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y con una serie de limitaciones establecidas en el mandato: una duración de seis meses prorrogables a seis meses más para esclarecer e investigar el período que va desde el inicio del enfrentamiento armado hasta la suscripción del último acuerdo, es decir más de treinta años, y no individualizaría responsabilidades, ni tendría “propósitos o efectos judiciales”. El primero de los miembros fue designado por el Secretario General de la ONU, el que junto a las partes de la negociación y sectores civiles nombró a los otros dos Comisionados. La Oficina de Apoyo estuvo conformada por 273 profesionales de 131 nacionalidades. La CEH fue instalada formalmente e inició el período de trabajo el 31 de julio de 1997, y para el 1 de septiembre inició su trabajo territorial a través de sus quince oficinas de campo en todo el país, fase que se extendió hasta abril de 1998. Los investigadores visitaron cerca de dos mil comunidades, recogieron cerca de quinientos testimonios colectivos y registraron cerca de 7338 testimonios en total. Luego del 15 de abril de 1998, los investigadores se reunieron en la sede central y comenzaron el trabajo de análisis, de coherencia, formulación y edición del informe. Pocos días después, el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) concluyó su informe final 85


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llamado Guatemala: Nunca Más en cuatro tomos que entregó a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Los orígenes del proyecto interdiocesano REMHI datan de octubre de 1994 como consecuencia de las brechas que dejaría la CEH. El Coordinador General de la ODHAG y del proyecto REMHI, Juan Gerardi33, apostó a buscar la conciliación entre todos los guatemaltecos. La carta de los obispos de 1995 enfatizó públicamente esta apelación. El trabajo por el esclarecimiento histórico de la verdad de la violencia política sería realizado para “que el pasado de dolor no se repita”, para “buscar la paz interior, la salud física y mental de los que en silencio tuvieron que llorar a sus muertos y reprimir emociones y sentimientos tan duros” y para “animar a los victimarios a pedir perdón para reparar su conciencia”. Por ello, la interpelación a brindar testimonios se orientó especialmente hacia “todos aquellos guatemaltecos que, por una u otra razón, cometieron hechos de violencia en contra de sus propios hermanos” y hacia “las víctimas civiles que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte, provenientes tanto de uno como de otro bando”. Además, para lograr tan importante empresa, creaban un espacio de reconciliación donde los mismos receptores de testimonios fueron denominados “Animadores de la Reconciliación” y fueron exhortados a “que trabajen con suma discreción, con respeto, y hasta con veneración.”34 Utilizando la extensa red de la iglesia católica entre las comunidades rurales, el proyecto REMHI logró una recolección de cinco mil testimonios que representaron cincuenta y cinco mil víctimas y evidenció más de trescientos cementerios clandestinos. Su primer tomo analiza el impacto de la violencia y las explicaciones que dieron de ella los mismos sobrevivientes: la mayoría explica que fueron acusados de ser subversivos (18,5%).35 El segundo tomo analiza la tipología de 33

Juan Gerardi era obispo de la diócesis del Quiché y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala cuando decidió retirarse del departamento en 1980 porque párrocos y catequistas estaban siendo asesinados por el ejército. Tras su visita y denuncia al Papa Juan Pablo II fue expulsado del país. Bajo su orden se cerró la diócesis y todas las iglesias del departamento. Muchos sacerdotes se unieron a la guerrilla o se exiliaron en otros países. Otros formaron la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, a la que el obispo no reconoció para no asociarse al movimiento revolucionario. Tras el golpe de Estado de Ríos Montt regresó a Guatemala. 34 Reproducido en Gabriel Aguilera Peralta; Rosalinda Bran; Claudinne Ogaldes, Buscando la Paz. El bienio 1994-1995, Guatemala, FLACSO, 1996, p. 414. 35 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala: Nunca Más, Guatemala, 1998, Tomo I, pp. 239-240.

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la violencia a partir de los testimonios de víctimas y victimarios procurando dar razones de lo que para muchos es inexplicable:36 “Las características de la violencia masiva ponen de manifiesto que los efectos descritos no sólo han formado parte de una dinámica de enfrentamiento armado entre dos bandos, sino que se derivan de una estrategia de guerra en la que la gente se convirtió en el objetivo central. En su afán de destruir a la guerrilla y cualquier apoyo que pudiera tener, el ejército desarrolló planes de campaña y acciones específicas contra la población civil orientadas por la lógica de tener control de la población y del territorio.”37

El tercer tomo se dirigió a construir el entorno histórico. Este discurso de la iglesia católica parte de la premisa de que no puede haber reconciliación y paz si se olvida el pasado, si se desconoce la verdad y la búsqueda de justicia. De este modo asume el papel reiterado hasta el presente de “mantener viva la memoria” para contribuir a la “eliminación de los sistemas e ideologías que convierten la obediencia en virtud y el horror en un medio para conquistar sus fines sociales.”38 Su informe, no obstante, no pretende constituirse en la Historia de Guatemala, sino en construir una historia más integral, más cercana a las comunidades, a la realidad que vivieron las víctimas del conflicto armado, los oprimidos. Si bien anima a la reconciliación, la organización del relato está muy cerca de lo que David Stoll critica. De hecho manifiesta que: “El origen del Conflicto Armado Interno ocurrido en Guatemala no puede explicarse de manera simple, diciendo que se trató de un enfrentamiento que ocurrió espontáneamente entre el Ejército y la guerrilla. Más bien, es a través de la historia como se puede ver cuál era la situación económica, política, social y cultural en principios del siglo XX que favoreció las condiciones que dieron origen al conflicto. De esta forma, el enfrentamiento armado sólo se puede analizar si se toman en cuenta las causas que nacen de las condiciones históricas y estructurales que vienen desde la invasión española y que se relacionan con la exclusión, el racismo, el autoritarismo y el centralismo de la economía, la sociedad y el Estado guatemalteco.”39 36

En este sentido, se convierte en una respuesta a la violencia que Le Bot consideraba “irracional”. ODHAG, Guatemala…, op. cit., Tomo II, p. VII. 38 Ibid, Tomo II, p. VIII. 39 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Conociendo nuestra historia construimos la paz, Guatemala, 2006, Fascículo I, p. 6. 37

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El REMHI no se plantea buscar o explicar las causas del conflicto, sino entender las relaciones de poder (y las lógicas de guerra) “para complementar la discusión sobre los impactos y las técnicas de la violencia.”40 De este modo introduce una narrativa histórica que se inicia con los gobiernos liberales y hace foco en sus conflictos con la civilización indígena-campesina. Le sucede el período político de los años cincuenta, la polaridad de la guerra fría, “la revolución y la contrarrevolución” y el gobierno de Ydígoras Fuentes41. Los conflictos de tierras y los laborales en dependencias públicas y en el campo, el estado de sitio y la corrupción fueron “factores que alimentaron los primeros movimientos, que luego se convertirían en los grupos insurgentes de guerrilla, a partir de 1960.”42 El inicio del conflicto armado interno, entonces, responde a una serie de acontecimientos internos y externos que muestran el cierre de filas de aquellos “temerosos del cambio social”43 y como consecuencia, la primera sublevación y organización guerrillera. Se destaca y describe extensamente el papel del movimiento estudiantil, del obrero y sindical, del campesino e indígena y del popular, que alcanza un auge considerable tras el terremoto de 1976 y se agrupa en más de setenta organizaciones por el año 1979. Sin embargo, considera que a inicios de la década de los ochenta el mismo fue desarticulado por la represión, lo cual tuvo como consecuencia la rápida radicalización de los movimientos populares y las comunidades indígenas.44 Posteriormente estudia el proyecto militar de los años setenta, su agotamiento, la exacerbación de la violencia, el caos social y el punto culminante de la guerra interna entre junio de 1980 y julio de 1982 para posteriormente indagar sobre el proyecto contrainsurgente de Ríos Montt y los modos de control social. Su análisis continúa hasta la firma de la paz en diciembre de 1996. El informe, en su último tomo, tras el listado de víctimas de masacres, muertes, desaparecidos y torturados, analiza según los testimonios quienes fueron las víctimas, las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entiende que la definición de genocidio estable40

ODHAG, Guatemala…, op. cit., Tomo III, p. VII. ODHAG, Conociendo…, op. cit., Fascículo I, p. 9. 42 Ibid, Fascículo I, p. 10. 43 Ibid, Fascículo I, p. 11. 44 El informe ODHAG, Guatemala…, op. cit., Tomo III, p. 128, presenta las “otras lecturas” acerca del fenómeno como las de Yvon Le Bot y David Stoll. 41

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cida en la Convención es limitada puesto que deja fuera las diferencias ideológicas como una de las causas para que se produzcan actos de este tipo. Sin embargo, la considera útil para analizar lo sucedido en Guatemala durante la primera mitad de los años 80: “... los graves hechos de violencia ocurridos en Guatemala no fueron casuales, dado que respondieron a planes diseñados según los intereses y las necesidades de sus responsables. La violencia contrainsurgente se generalizó contra comunidades enteras, incluyendo población civil no combatiente e incluso contra niños, siguiendo un patrón de actuación frecuente y con características comunes en distintas regiones del país. En otras ocasiones, la violencia se desarrolló contra la población civil, afectando grupos enteros (en unos casos por su consideración religiosa (…), en algunas regiones con implicaciones étnicas, etc.). Todas esas formas de violencia que han sido analizadas a lo largo del Informe REMHI, tienen ciertas características genocidas. El análisis de la intencionalidad y de las decisiones que llevaron a cabo esas acciones debería corresponder a un trabajo posterior que no ha podido llevarse a cabo solamente con la investigación basada en los testimonios de las víctimas.”45

Dicho trabajo corresponderá en parte a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, por ello me limitaré aquí al mismo. El informe Guatemala: Memoria del silencio fue presentado y entregado a las partes que habían firmado el Acuerdo de Oslo el 25 de febrero de 1999.46 Las conclusiones indican que fueron registradas 626 masacres y más de 42.000 víctimas de violaciones, de las cuales más de 29.000 fueron ejecutadas o desaparecidas, número que asciende 200.000 muertes y desapariciones al combinarlos con otros estudios realizados, sobre todo el Informe de la ODHAG. Además, establece que las fuerzas de Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas, mientras que las fuerzas insurgentes fueron responsables del 3%, concluyendo sin embargo, que estos resultados no pueden explicarse como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes, sino por la estructura y la natu45

ODHAG, Guatemala…, op. cit., Tomo IV, p. 490. Cabe señalar que el entonces presidente de Guatemala Álvaro Arzú se negó a recibir el Informe, no pidió perdón en nombre del Estado de Guatemala, como sí lo hizo la guerrilla y hasta el gobierno de los Estados Unidos, rechazó las recomendaciones específicas y por último la conclusión de la CEH de que había habido genocidio. Véase Susanne Jonas, op. cit., pp. 300-301. 46

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raleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala, así como el racismo, el cierre de los espacios de participación y la renuencia a impulsar reformas sustantivas del Estado. En resumen, el discurso de Tomuschat concluye que: “... entre 1978 y 1983, en varias regiones del país el Ejército identificó a grupos del pueblo maya, como aliados naturales de la guerrilla. Esta falsa convicción incrementó y agravó las violaciones de los derechos humanos que se perpetraron contra el pueblo maya, evidenciando agresivos componentes racistas y de extrema crueldad. Se llegó al exterminio masivo de comunidades mayas inermes, a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado (…) la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya...”

La definición de genocidio adoptada deviene del derecho internacional que en principio diferencia de los crímenes aislados o individuales (crímenes de guerra o infracciones a la legislación penal nacional), los cometidos sistemática y generalizadamente contra cualquier colectividad de la “población civil” (crímenes de lesa humanidad). Pero, específicamente lo que diferencia los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de genocidio es que estos actos perpetrados se ejecutan con la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. La CEH acuña para la definición de grupo étnico, una parte de la propuesta por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda: “un grupo cuyos miembros comparten un mismo idioma o cultura.”47 47

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, Memoria del Silencio, UNOPS, 1999, Tomo II, p. 315. Según Matthias Bjørnlund, Eric Markusen y Martin Mennecke la definición del Tribunal fue más compleja puesto que los hutu como los tutsi compartían la cultura, la religión y la lengua. Las diferencias entre estos dos grupos, en verdad, habían sido construcciones generadas en torno a percepciones colonialistas. Tras enormes debates, el Tribunal no se basó solamente en supuestas características objetivas (estables y permanentes) para identificar al grupo atacado sino en las percepciones subjetivas de los perpetradores hacia el grupo víctima. Véase “¿Qué es el genocidio? En la búsqueda de un denominador común entre definiciones jurídicas y no jurídicas”, en Daniel Feierstein (comp.), Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2005, p. 36.

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Respecto de la definición de la “intención”, la CEH considera que por ser el elemento subjetivo de la Convención la misma podía inferirse a partir de un cierto número de hechos y de la doctrina política general, tal como lo estipula la jurisprudencia. A su vez diferencia entre intención y motivación: “Para que se configure el tipo genocida, basta la intención de destruir al grupo, cualquiera sea el motivo. Por ejemplo, si el motivo por el cual se intenta destruir a un grupo étnico no es de carácter racista, sino sólo militar, igualmente se configura el delito de genocidio.”48 Por último, distingue entre “política genocida” y “actos de genocidio”: “existe una política genocida cuando el fin de las acciones es el exterminio de un grupo en todo o en parte. Existen actos genocidas cuando el fin es político, económico, militar, o de cualquier otra índole, pero los medios que se utilizan para alcanzar estos fines son el exterminio total o parcial del grupo.”49 Bajo esta interpretación de la definición de la Convención de genocidio la CEH identifica en cuatro regiones “actos de genocidio” que se cometieron contra grupos de población maya en una determinada etapa del conflicto armado interno, específicamente durante los años 1981 y 1982. En su análisis por región afirma para cada una de ellas que el objetivo de los actos de genocidio fue la destrucción parcial del grupo étnico, porque se consideró que de esta manera se lograba vencer al enemigo, porque era considerado un requisito necesario “para mantener absoluto control sobre un área militarmente estratégica y separar a la guerrilla de su supuesta base social”50, porque fue considerado base social del movimiento insurgente, y porque fue identificado enemigo del Estado de Guatemala. De este modo, para la Comisión los motivos no son racistas sino de carácter político militar.51 El informe construye un relato de la historia reciente de Guatemala que recupera algunas interpretaciones previas al dicotomizar el conflicto en dos actores principales –la guerrilla y el ejército–, al destacar un rol pasivo en la población indígena frente al conflicto nacional, al abordar treinta y seis años de conflicto armado interno diluyendo la articulación de factores estructurales y coyunturales que permitiría explicar la enorme concentración de vio48

CEH, op. cit., Tomo III, p. 316. Ibid, Tomo II, p. 315. 50 Ibid, Tomo III, p. 376. 51 Ibid, Tomo III, p. 416. 49

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laciones a los derechos humanos en unos pocos meses e iluminar los rasgos del régimen dictatorial, el proceso genocida y los responsables. Sin pretender soslayar la importancia que tiene un dictamen de esta índole, la narrativa de la CEH deja abiertos algunos problemas. En primer lugar, la entidad macrosociológica y política que implicarían estos actos de genocidio locales. Si éstos han sido un medio, no conexos entre sí, la visibilidad del proyecto final del genocidio entendido no como restauración o mantenimiento, sino como fundación de un nuevo orden social52 queda opacado en la narrativa del enfrentamiento armado. En tal sentido, las nuevas formas de control social, como la organización de las PAC, las aldeas modelo, los polos de desarrollo y aún en parte la difusión de las congregaciones evangelistas53, se comprenden más como estrategias contra la guerrilla y menos como formas de regeneración. En segundo lugar, no le concede a la caracterización y definición del grupo víctima –los acusados de subversivos según los testimonios de la ODHAG– por parte de los perpetradores el peso necesario. En tal sentido, han sido víctimas de genocidio sólo los grupos Ixil, Achi, K’iche’, Chuj y Q’anjob’al.54 En tercer lugar, desecha que haya habido 52

Según Waldo Ansaldi las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas se autopresentaron como “instauradoras de un nuevo orden político y social, es decir, con un carácter fundacional”. Véase, por ejemplo, “La democracia en América Latina, un barco a la deriva, tocando en la línea de flotación y con piratas a estribor. Una explicación de larga duración” en Waldo Ansaldi (director), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 90. Esta afirmación que es enteramente válida para el caso de Guatemala, cobra aún mayor relevancia en el caso de analizar el proceso genocida en los términos que lo hace Daniel Feierstein en El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007 o bien como lo ha realizado el Juez Baltasar Garzón en el Sumario 19/97-L s/ Terrorismo y Genocidio, Auto de procesamiento a militares argentinos, Madrid, Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Audiencia Nacional, 2 de noviembre de 1999. 53 Según David Stoll la relación entre el “boom evangélico y la guerra” es ineludible. Hacia 1981 el 20% del área se consideraba evangélica. Un año más tarde, hasta el 95% de la cabecera de Nebaj se proclamaba evangélica. La razón más obvia era la cólera del ejército contra el clero católico. Los oficiales del ejército se referían a la salida de los sacerdotes como una prueba de que efectivamente eran subversivos. “Afortunadamente para los evangélicos, el ejército no ocupó sus templos como lo hizo en las instalaciones católicas más céntricas”. David Stoll, op. cit., cap. 6. 54 Una lectura diferente surgiría si se considerara, por ejemplo, al tercio de víctimas totales que pertenecía a algún grupo organizado no armado -cuyo 51,53% pertenecía a un grupo religioso- que de alguna u otra manera estaba participando de un proceso de cambio social. Véase ODHAG, Guatemala…, op. cit., Tomo IV, p. 486. La proporción no sería menor si se reflexionara al genocidio como un posible proyecto fundacional de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Véase Daniel Feierstein, op.cit., p. 83.

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una motivación racista en los actos de genocidio que estudia desligando su componente político. Así ignora la lógica degenerativa que presenta: por qué el ejército, para vencer o separar a la guerrilla elige, entre todas las opciones, destruir al grupo étnico. Fenómenos como la “ladinización” –tendencia creciente que por ejemplo observa David Stoll en los ixiles a fines de los ochenta como una estrategia para desafiar al poder ladino55– podrían ser, vistos de otro modo, consecuencia de ello. También su contraparte en la década de los noventa, el surgimiento del movimiento de autoafirmación “Maya” y la reacción: el discurso del racismo al revés56 o el fantasma de la guerra de castas.57

Alcances de la democracia en tiempos de paz y memoria colectiva Hacer un balance del proceso de democratización en Guatemala tras la finalización del proceso de paz no es un problema menor. Más aún si éste depende en gran medida de la actuación de la justicia. El informe de la CEH, de acuerdo al mandato, no individualiza responsabilidades ni tiene efectos ni propósitos judiciales. De esta forma, se excluye la posibilidad de utilizar el informe para la realización de enjuiciamientos. Según Richard Wilson: “... la ausencia de nombres de los violadores a los derechos humanos en el informe de la CEH perpetúa un silencio oficial sostenido por los regímenes militares del pasado y por los gobiernos civiles del presente. Evitar la responsabilidad bajo una filosofía corporativa militar ha sido una estrategia clásica del ejército para mantener la impunidad.”58 55

David Stoll, op. cit., cap. 7. Cuyo intelectual más representativo es Mario Roberto Morales. Véase de este autor “Esencialismo ‘Maya’, mestizaje ladino y nación intercultural: los discursos en debate”, en Clara Arenas Bianchi, Charles Hale y Gustavo Palma Murga, ¿Racismo en Guatemala? Abriendo el debate sobre un tema tabú, Guatemala, AVANCSO, 1999. 57 Claramente se activó por medio de la campaña empresarial por el “no” en el referéndum de 1999, cuando la población debía votar por las reformas constitucionales que darían implementación a los acuerdos de paz, en especial, al Acuerdo sobre Identidad y Asuntos de los Pueblos Indígenas. 58 Richard Wilson, “Verdades violentas: las políticas de recordar el pasado en Guatemala”, en Jeremie Armon, Rachel Sieder, Richard Wilson, Gustavo Palma Murga y Tania Palencia, Guatemala 1983 - 1997 ¿Hacia dónde va la transición?, Guatemala, FLACSO Guatemala, 1997, p. 58. 56

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En efecto, Efraín Ríos Montt no duda en admitir que “hubo guerra y no genocidio” agregando que “durante mi gobierno el Ejército cumplió órdenes, pero cuando no se dieron órdenes se cometió desmanes, pero yo nunca estuve enterado.”59 La nula fuerza legal del informe se acrecienta con la cláusula que desliga de obligación a los gobiernos de turno de hacer caso a sus recomendaciones. Pese a estos problemas, la concreción del informe de la CEH fue por sí mismo un gran avance en la reconstrucción de la memoria colectiva. Las puertas que dejó listas para el debate, sin embargo, aún no se han abierto.60 Fue una comisión extensamente presionada por miembros o representantes del Ejército para que utilizase “narrativas simétricas” para ambos bandos, en un contexto, vale aclararlo nuevamente, de democracia protegida. Y esto, a mi consideración, es lo que más claramente se observa en la memoria colectiva: poco o nada se escucha hablar de genocidio y mucho de guerra civil. Representación del pasado que se refuerza en cada conmemoración de la firma de la paz, a través, por ejemplo, de una simple moneda de uso corriente. La desilusión generalizada por la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz se ha manifestado en una ausencia de la participación social en las conmemoraciones oficiales organizadas por los diez años de la firma de la paz. Sin embargo, no se ha trasladado a debates sociales críticos, a reflexiones políticas, o a nuevas narrativas. Este silencio social representa la hegemonía que aún tiene el discurso de la reconciliación y del consenso. Éste va más de acuerdo con la lógica que vio David Stoll en la región ixil que con la de la Iglesia Católica. Aún se mantiene

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Prensa Libre, Guatemala, 13 de junio de 2006. Salvo en dos ocasiones. Me refiero en primer lugar a la investigación colectiva de Rosalinda Hernández Alarcón, Andrea Carrillo Samayoa, Jacqueline Torres Urízar, Ana López Molina y Ligia Peláez Aldana, Memorias Rebeldes contra el Olvido, Guatemala, Magna Terra, 2008, que recupera las experiencias de 28 mujeres ex combatientes del área Ixil y su lucha por la justicia en el presente. En segundo lugar, en los años 2000 y 2001, la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR) acusó formalmente en cortes internas al Estado de Guatemala de haber llevado a cabo un genocidio contra la población indígena a pesar de la Ley de Amnistía de 1996. Roddy Brett participó como investigador en calidad de perito especial. En Una guerra sin batallas: del odio, la violencia y el miedo en el Ixcán y el Ixil (1972-1983), Guatemala, FyG, 2007, Brett hace foco en el genocidio de la región Ixcán e Ixil sin por ello dejar de considerar las coacciones de la guerrilla sobre la población indígena. Si bien es un trabajo que fue acusado de seguir la línea de Stoll por dicha consideración, en rigor y por lo demás, se distancia bastante. 60

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el recuerdo de la lógica confrontativa de esta última y de la radicalización de muchos de sus miembros, imagen que se refuerza por el proyecto REMHI, por el asesinato de Juan Gerardi y el “por algo habrá sido”, por la difusión que tuvo el juicio, por el trabajo actual de búsqueda de cementerios clandestinos y exhumaciones, de búsqueda de niñez desaparecida, de difusión y reedición del informe en versión popular y para niños, entre otros. La primera lógica, en cambio, refuerza un lenguaje neutral, la tarea de la autosalvación personal, con un correlato en la comunidad local en la que todos se dan la mano. Se trata de una reconciliación de facto donde la política se invisibiliza, o mejor aún se la deshecha por considerarla asociada, y en este caso Tomás Moulián no ha sido más lúcido, a la corrupción. Este cuadro sin matices es el que muestra David Stoll en los ixiles a fines de los ochenta y se reproduce hasta hoy día. A su vez explica los sucesivos apoyos electorales a Efraín Ríos Montt. En 1999 ganó las elecciones el Frente Republicano Guatemalteco, partido fundado por él mismo. Estas elecciones consagraron a Alfonso Portillo como presidente de la Nación y a Ríos Montt como presidente del Congreso. Aquí se vio un retroceso en el desmantelamiento de los “enclaves autoritarios”. Los actos de corrupción, la impunidad creciente, el aumento de las violaciones a los derechos humanos, la rearticulación de los aparatos clandestinos y los cuerpos de seguridad ilegales y la no desarticulación de Estado Mayor Presidencial, implicaron el sostenimiento del sector más conservador y responsable de las violaciones a los derechos humanos en la vida pública guatemalteca. Durante esta gestión, se vio la reaparición de las ex - Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que teóricamente habían sido disueltas. A partir de junio de 2002 no dejaron de presionar al gobierno para el resarcimiento económico por sus servicios prestados durante la década de 1980. Al parecer, estas acciones fueron parte de la estrategia de reclutamiento de votos del FRG para las próximas elecciones. Efraín Ríos Montt quería presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2003, pero como la Constitución prohibía la candidatura de ex-militares golpistas, presionó a la Corte de Constitucionalidad para que le otorgue la posibilidad de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. La modalidad que adoptó la presión fue la del “jueves negro” donde legisladores del FRG, ex PAC, cuadros medios, miembros de pandillas y del estado Mayor Presidencial, cubiertos con pasamontañas, palos y armas de fuego provocaron miedo y terror en la población. El 30 de 95


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julio logró su inscripción, y en noviembre perdió con el 19.21% de los votos. Sin embargo, el FRG ha obtenido la mayor cantidad de escaños en el Congreso y ha triunfado en la mayoría de las alcaldías. Mientras tanto, el espacio generado por la aplicación del principio de jurisdicción universal por la Audiencia Nacional de España para el procesamiento de militares argentinos y chilenos motivó que en 1999 Rigoberta Menchú presentara a la misma una denuncia por el delito de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal contra los ocho más altos responsables. Su relevancia recae en que la imputación se asienta “en su calidad de responsables directos, como integrados en el aparato estatal, de las acciones militares y de las paramilitares cuyo objetivo, fuera de lo propiamente bélico, era la comisión de los hechos denunciados, de finalidad genocida esencialmente.”61 Dentro de la justicia española se planteó una serie de conflictos para su tratamiento ligados a la idea de “conflicto armado interno” y la ratificación de la Ley de Reconciliación Nacional (18/12/1996); al problema de la prueba de la intención de genocidio y al grupo de exterminio; y al principio de persecución y jurisdicción universal. Tras una serie de apelaciones, logró resolverse no hacer lugar a la amnistía pues “tal pretendido conflicto armado puede enmascarar el genocidio” e inferir: “... con total claridad que los hechos pretendidamente ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social, en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor –y aún de originador– de la insurgencia o revolución en Guatemala, así como a la eliminación de todo obstáculo ideológico –encarnado en sujetos individuales o colectivos– que pudieren representar un riesgo de fracaso de la prevalente finalidad genocida…”62

El debate más extenso giró en torno al principio penal universal, el cual finalmente fue reconocido por el Tribunal Constitucional Español que avaló, el 5 de octubre de 2005, que España investigue el delito de genocidio en Gua61

Guillermo Ruiz Polanco, Diligencias Previas 331/99, Auto con relación al Caso Guatemala por genocidio, Madrid, Juzgado Central de Instrucción Nº 1, Audiencia Nacional, 27 de marzo de 2000. 62 Ibid.

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temala aun cuando las víctimas no han sido españolas.63 Tan es así que el 12 de julio de 2006 el Juez Santiago Pedraz solicitó orden de captura internacional, embargo de bienes y bloqueo de cuentas de los imputados.64 La Corte de Constitucionalidad guatemalteca el 12 de diciembre de 2007 dictó una resolución que entiende que España no tiene competencia para la instrucción de los delitos anteriormente citados, dejando sin efecto la solicitud de extradición de los imputados, ignorando la obligación internacional cristalizada en el Derecho Internacional y en el Derecho Penal Internacional y violando el Tratado de Cooperación judicial firmado entre España y Guatemala. Según el Juez Pedraz, el estado de Guatemala con ello se coloca entre “los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos”. Frente a ello, el Juez Pedraz anuló todas y cada una de las comisiones rogatorias libradas en Guatemala y difundió en todos los medios de comunicación una nota solicitando información relevante a toda persona que pueda prestarla para el desarrollo de la causa.65 En la actualidad, numerosos testigos y peritos están declarando para la causa sobre Guatemala abierta en España, al tiempo que Efraín Ríos Montt ocupa un escaño en el Congreso, estrategia que según mis datos, le otorgaría inmunidad. En Guatemala, la justicia no es una medida de reparación. Durante la presidencia de Berger, se legalizó el pago a las 500.000 ex - PAC por haber colaborado con el ejército durante el conflicto armado, involucrando aún a los que fueron señalados de cometer violaciones a los derechos humanos. No obstante, esto fue prohibido gracias a la Corte de Constitucionalidad. En su reemplazo se efectivizó el Programa Bosques y Agua para la Concordia que consta de trabajos, por ejemplo, de reforestación como contraparte del pago. Estas disposiciones no hubieran sido tan controvertidas si el Programa Nacional de Resarcimiento hubiera actuado rápidamente con las victimas del con63

Tribunal Constitucional, Nota informativa Nº 61/2005 por la que se avala que España investigue el delito de genocidio en Guatemala, aún cuando las víctimas no sean españolas, Madrid, 5 de octubre de 2005. 64 Santiago Pedraz, Diligencias Previas 331/99, Auto por el que se decreta prisión provisional, detención y extradición a militares guatemaltecos, Madrid, Juzgado Central de Instrucción Nº 1, Audiencia Nacional, 12 de julio de 2006. 65 Santiago Pedraz, Diligencias Previas 331/99, Auto que responde al rechazo de la competencia española por parte de la Corte Constitucional guatemalteca, Madrid, Juzgado Central de Instrucción Nº 1, Audiencia Nacional, 16 de enero de 2008.

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flicto armado: “¿Si en dos meses hicieron el listado de todos los ex patrulleros, por qué en cuatro años no está terminado el de víctimas?, cuestionó Miguel Sanic.”66 Este consistía en el primer esfuerzo desde el Estado en crear un Registro Nacional de Víctimas. Pese a los grandes inconvenientes que tuvo, logró registrar 35.000 casos, cuyo 40% son nuevos, no constan en los informes de las comisiones de verdad e incluyen desde masacres hasta violaciones sexuales. El PNR ha compensado entre 2003 y 2008 a un total de 21.000 víctimas. Bien interesante de observar es la narrativa que se construye en torno a la reparación. Isabel Piper denomina a ésta la “retórica de la marca”: accidente, quiebre, trauma, reparación.67 El conflicto violento es considerado como una contingencia que ha producido un quiebre en la línea del devenir histórico de la sociedad, cuyos efectos traumáticos psicosociales continúan actuando más allá de la situación traumática, y dejando marcas y cicatrices que explican y justifican el estado actual, que finalmente requiere formas de corrección y de reparación que permitan regresar a los individuos y a la sociedad a una especie de estado “normal”. Sin embargo, ¿hasta que punto la retórica de la marca no es también un producto de aquellas experiencias violentas y una de sus formas de realización simbólica? Piper entiende que una de las consecuencias que acarrea es la inmovilización de las prácticas sociales en la búsqueda de formas de reparación. Pero si la búsqueda de la normalización y uniformidad fue característica de las experiencias violentas que se rechazan, la idea de la “reparación” para la vuelta a una “normalidad” no deja de ser una aproximación “esencialista” similar, en vez de apuntar a la construcción creativa, crítica y permanente de lo social. En buena medida, el debate en Guatemala sobre la compensación a las PAC y el resarcimiento a las víctimas puede leerse como un juego de suma cero. Sin embargo hay dos hechos que a mi consideración son un gran avance de cara a los altos niveles de impunidad.68 En julio de 2005 fue hallado el Ar66

Prensa Libre, Guatemala, 26 de mayo de 2006. Isabel Piper, Obstinaciones De La Memoria: La Dictadura Militar Chilena en las tramas del recuerdo, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2005. 68 Según la Procuraduría de Derechos Humanos algunos datos son elocuentes: existen un millón de armas sin registrar; ocurren un promedio de 17 asesinatos diarios; de los 190 mil delitos anuales se investiga solamente el 0,05%. En 2008 se cuentan 6292 víctimas de homicidio, de las cuales 640 son mujeres y 480 son niños. Además, se hallaron 400 cadáveres con señales de tortura. 67

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chivo de la Policía Nacional por la Procuraduría de Derechos Humanos, el archivo de la represión más grande de América Latina, hecho que brinda importantes herramientas y datos para avanzar en la investigación del paradero de las víctimas, la identificación de los responsables y la construcción de nuevas narrativas. Por los avances logrados hasta el momento, sin duda es esperanzador. El otro hecho de gran envergadura es la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno el 12 de diciembre de 2006. Ésta se encarga de determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y colaborar con el Estado en su desarticulación. En un año de trabajo han recibido cincuenta y cuatro denuncias, quince de ellas de alto impacto. Sin embargo, ya han sido asesinados ocho oficiales públicos en temas de seguridad y justicia que llevaban o tenían información sobre dichos casos. Estos asesinos nos vuelven a recordar la tragedia que el discurso de la reconciliación y la paz nos dicta que debemos olvidar.

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Genocidio reorganizador en Colombia (a propósito de una Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos) Marcelo Ferreira

El Tribunal Permanente de los Pueblos –en adelante TPP–, en su sesión deliberante sobre “Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia”, celebrada entre los días 21 y 23 de julio de 2008 en Bogotá, condenó al gobierno colombiano por la comisión de prácticas genocidas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.1 La sentencia, de carácter ético, alcanza también –en distintos grados– a un grupo de empresas transnacionales2 a los Estados cuya nacionalidad tienen las casas matrices de las empresas, y al gobierno de los EEUU. El TPP fue establecido en el año 1979 como sucesor de losTribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y las dictaduras de América Latina (1974-1976).3 Es un tribunal “de opinión”, por lo que sus dictámenes no son imperativos para 1 El Jurado fue integrado por Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Phillipe Texier (Francia), Franco Ippólito (Italia), Francois Houtart (Bélgica), Lorenzo Muelas Hurtado (Colombia), Dalmo de Abreu Dallari (Brasil), Antoni Pigrau Solé (España), Bruno Rütsche (Suiza), Vilma Nuñez de Escorcia (Nicaragua), Juana Manquecura Aillapán (Chile), Marcelo Ferreira (Argentina), y el Secretario General del Tribunal, Gianni Tognoni (Italia). La sentencia se puede leer en www.internazionaleleliobasso.it . 2 Las empresas examinadas en este juicio fueron: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – cobre y oro de Colombia S.A. 3 El Tribunal Russell fue fundado por el filósofo inglés Bertrand Russell con el propósito de juzgar éticamente los crímenes cometidos por los Estados Unidos en Vietnam y el Sudeste Asiático. Fue llamado “Tribunal contra el Crimen de Silencio”, y su presidente ejecutivo fue el filósofo Jean Paul Sartre.

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los gobiernos, y solo puede ejercer influencia sobre la opinión pública. Por ello, sus decisiones no están condicionadas por ninguna razón de Estado. La sentencia se desarrolla en cinco tramos, a través del siguiente modelo de análisis: 1) derechos civiles y políticos, 2) derechos económicos, sociales y culturales, 3) derecho al medio ambiente, 4) derechos colectivos de los pueblos indígenas, 5) situación de impunidad. En este trabajo, como se advierte en el título, se pretende demostrar que en Colombia se ha cometido un genocidio, y que este crimen encuadra en la categoría de “genocidio reorganizador”, conforme a la tipología de Daniel Feierstein.4 Esta conclusión excede los alcances de la sentencia del tribunal mencionado, por lo que en todo caso se hará la debida distinción entre nuestro planteo y los términos del dictamen.

1. El contexto histórico y la génesis del conflicto Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una marcada dualidad social: monopolio del poder por una minoría urbana en contraste con grandes masas rurales viviendo a nivel de subsistencia. La historia colombiana está signada por la violencia y el monopolio elitista con imposibilidad de alternativas reales. La bandera colombiana tiene tres colores: dos franjas: azul y roja en su mitad inferior, y una franja amarilla en su mitad superior. En la primera y más famosa interpretación que se hizo sobre su disposición cromática, el color amarillo representa al pueblo.5 A su vez, los colores rojo y azul son usados como símbolos por los partidos liberal y conservador, respectivamente.6 El enfrentamiento entre los proyectos liberal y conservador se inicia con la Gue4

Feierstein, Daniel. El Genocidio como Práctica Social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. 5 Los colores fueron elegidos por el general Francisco de Miranda, quien los usó por primera vez para enfrentar al bergantín Leandro cuando intentó invadir Coro en Venezuela, el 12 de marzo de 1806. La versión referida arriba pertenece a Francisco Antonio Zea, en el Congreso de Angostura de 1819. 6 Las primeras sociedades democráticas organizadas por intelectuales, obreros y la juventud romántica, se reunían bajo el lema “viva la ruana” -pues teñían las ruanas de rojo- y “abajo las casacas azules”. Las sociedades que dieron origen al partido conservador toman el color azul del emblema mariano de la iglesia católica.

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rra de los Mil Días en 1899, con la consecuencia de la pérdida de Panamá en 1903. Esos dos partidos hegemónicos se han alternado en el poder y han impedido toda otra expresión política. Los líderes que generaron esperanzas de cambio fueron asesinados: Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongomez y Bernardo Jaramillo, entre muchos otros. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 7 de abril de 1948 da inicio al período de “La Violencia”, y arroja un saldo de 300.000 muertos.7 Este período concluye en el “Frente Nacional”, a partir de agosto de 1958, caracterizado por la transición del poder cada cuatro años entre los partidos liberal y conservador, en un pacto oficial de alternancia presidencial y paridad en los cargos públicos, lo que vació a los partidos de identidad ideológica, y privó a la democracia de verdadero sentido político.8 El conflicto social y político que azota a Colombia se remonta, por lo menos, a mediados del siglo pasado. Si bien la violencia armada atraviesa toda la historia del país –entre 1824 y 1908 se registraron ocho guerras civiles generales, dos internacionales y tres cuartelazos–, los términos del conflicto actual difieren sustancialmente de los antecedentes históricos.

7

Jorge Eliécer Gaitán nació en Bogotá el 23 de enero de 1898 y murió trágicamente el 9 de abril de 1948. Se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional con la tesis Las ideas socialistas en Colombia, y obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma con la tesis sobre El criterio positivo de la premeditación. El gran tratadista Enrico Ferri reconoció públicamente que Gaitán fue el mejor alumno de aquella época en la especialización jurídicocriminal, y en tal virtud fue el primer latinoamericano admitido como miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Penal, a su regreso al país, se dedicó a la política y alcanzó la jefatura del partido liberal. Fue asesinado el 9 de abril de 1948 por Juan Roa Sierra, un joven esquizofrénico que fue ultimado por la muchedumbre, ocultándose de este modo para siempre la verdad sobre la autoría intelectual del crimen, que provocó una gran revuelta en todo el país, conocida como “El Bogotazo”. 8 El pensador colombiano Estanislao Zuleta describe el proceso con las siguientes palabras: “Las artificiosas instituciones de la alternancia presidencial y de la paridad en los cargos públicos y en los cuerpos colegiados, hicieron perder el sentido propiamente político a los procesos electorales, que habían restaurado. Los partidos perdieron su identidad ideológica y programática. Ya no podían servir para canalizar la opinión, ni representar los intereses de sectores y clases, ni simbolizar matices ideológicos atávicamente conservados. ¿A cambio de qué podían entonces llamar a la población a votar por ellos? Evidentemente a cambio de beneficios inmediatos, de cargos políticos, de ofertas por parte de los candidatos de interponer sus buenos oficios, para que ciertas regiones accedieran a los servicios del estado, o simplemente de dinero. El resultado fue, como no podía dejar de ser, abstención y clientelismo” (Zuleta, Estanislao. “Violencia y Derechos Humanos en Colombia”, Revista de la Universidad de Antioquia, Volumen LIX, Nº 219, pág.7).

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En la década del 50, el primer momento de gran expansión de la inversión extranjera impuso un cambio de las reglas sociales. En ese entonces, en el marco de una misión enviada por el gobierno de los EEUU, el asesor técnico Lauchlin Currie propuso como objetivo la despoblación del campo y urbanización intensiva, mediante la técnica de la guerra: “la guerra debe tomar el lugar de un programa de movilidad acelerada”. Este modelo de desarrollo se impuso entonces en un contexto de extrema violencia. A partir de la década del 50 se formaron entonces movimientos guerrilleros como una respuesta campesina a las persecuciones oficiales contra el Partido Liberal en el campo,9 y a los destierros llevados a cabo en pro de la expansión de la agricultura capitalista. El conflicto estaba en marcha. Desde mediados de la década del 60 se crearon varios grupos guerrilleros con diferentes enfoques ideológicos, organizativos y estratégicos, pero cuyo denominador común era que luchaban contra el sistema en una perspectiva revolucionaria y no contra el gobierno o en defensa de líderes locales como los guerrilleros de la década del 50.10 A partir de los años 70 se introdujo un nuevo factor que transformó todos los términos de las relaciones políticas, económicas y sociales: el narcotráfico. Las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción, y en casi todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno. Una oportunidad histórica de formación de un partido político independiente culminó en genocidio político. En efecto, el Partido UP –Unión Patriótica–, fundado en 1984 por guerrilleros de las FARC en el marco del primer cese del fuego bilateral acordado con el presidente Belisario Betancur, fue aniquilado mediante el asesinato de tres mil activistas. A partir de 1988 la injerencia militar norteamericana en el conflicto armado tomó el nombre de “Plan Colombia”, que aportó enormes recursos 9 El líder de las FARC Manuel Marulanda Vélez -“Tirofijo”- se inició como guerrillero liberal, quizás por herencia familiar: “toda la familia de nosotros era liberal y los que iban naciendo, pues también eran liberales, porque mi papá, mi mamá, mis tíos y una interminable cadena de la cual nadie escapa, era liberal. Era como un nudo de pura tradición. Era como la señal de la cruz que siempre se lleva en la frente. La familia de nosotros era gaitanista”. 10 Ver Zuleta, Estanislao; Ob. Cit., pág.11.

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para combatir a la guerrilla con el argumento oficial de “guerra contra las drogas”. Al respecto, Noam Chomsky afirma que “los objetivos del Plan Colombia son las fuerzas de la guerrilla de base campesina que reivindican cambios sociales internos, lo que interferiría con la integración de Colombia en el sistema global en los términos exigidos por EEUU: dominio de las elites vinculadas a los intereses de poder estadounidenses que están garantizando el acceso privilegiado a los valiosos recursos de Colombia”.11 Con la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 el conflicto se extendió a la totalidad de la población civil, a través de las políticas de “Seguridad Democrática” y “Estado Comunitario”, y la formación de redes de informantes y soldados campesinos.

2. Los actores armados Son cuatro los actores armados en Colombia: grupos insurgentes, narcotráfico, paramilitarismo, y el propio Estado Colombiano. Si bien los EEUU no adquieren el rango de combatiente oficial, su presencia militar es decisiva, por medio de los recursos económicos del Plan Colombia, adiestramiento de tropas, apoyo logístico, y provisión de servicios de mercenariato. Los trataremos por separado.

2.1. Grupos Insurgentes Varios movimientos guerrilleros operan en Colombia a partir de la década del 60. De estos grupos, es sin duda las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas –FARC– el que tiene más larga tradición de lucha, ya que reconoce raíces no sólo en las guerrillas de los años 50, sino incluso antes, en las luchas campesinas de los años 30 y 40, cuando se fundaron las primeras ligas y sindicatos. Las FARC fueron oficialmente fundadas por el Partido Comunista, con un claro propósito insurreccional, pero inmediatamente el partido afirmó su 11

Chomsky, Noam. Estados Canallas: el imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Paidós, Buenos Aires, 2002, pág.96.

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autonomía, de la misma manera en que las FARC declararon su completa independencia respecto del partido, ya que de otra manera éste no hubiera podido continuar su acción legal. A partir de la declaración de ilegalidad del Partido Comunista en el año 1955, los guerrilleros iniciaron una larga migración armada hacia zonas inaccesibles, que en sus inicios se llamó la “Columna de Marcha”, y emprendieron un nuevo tipo de poblamiento: la colonización armada. Estanislao Zubieta sostiene que “estos orígenes explican porqué [sic] las FARC son el único grupo guerrillero que tiene una sólida base campesina, tanto en sus militantes como en sus dirigentes, y que tiene más estrechos vínculos con la población de las regiones en que se va asentando”.12 La guerrilla colonizadora era difícil de combatir, dado los sitios remotos en que se situaba, pero no era demasiado peligrosa, por esa misma razón. Es por ello que los combatientes comenzaron a crear frentes de lucha en distintas partes, independientemente de que allí hubiera colonización, aunque siempre conservando el vínculo con el campesinado de la región, lo que era un principio rector. La siguiente etapa fue la formación de redes de apoyo urbano, aprovechando el vínculo con el Partido Comunista establecido en las ciudades. A partir de 1977 la introducción de la coca opera como un nuevo factor que en principio fortalece a las FARC, ya que engrosa su sistema de recaudación tributaria por medio de aportes. A pesar de que los líderes de las FARC han expresado repetidamente sus esperanzas de que se planteen alternativas para que los campesinos no se vean obligados a cultivar coca para sobrevivir,13 la connivencia con el narcotráfico termina por minar la gesta guerrillera. En efecto, y tal como sostiene la sentencia del TPP “gran parte de la insurgencia se benefició también del narcotráfico, empezando por una tolerancia hacia los narcotraficantes, pasando luego por un período de beneficios indirectos y terminando por ser productores. A lo largo de un conflicto de más de cuarenta años, los métodos de los grupos insurgentes, y en particular de las FARC se han degradado considerablemente: desde el cobro del impuesto al narcotráfico, hasta el secuestro político o puramente económico, reclutamiento de niños y niñas menores, ejecuciones sumarias” (pág.10). 12 13

Zubieta, Estanislao; ob.cit., pág.11. Ver Chomsky, Noam; ob.cit.pág.101

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Como se señaló más arriba, las FARC intentaron reinsertarse en el sistema político con la formación del Partido Unión Patriótica, en el año 1986, lo que fue saludado como una avanzada democrática por comentaristas políticos norteamericanos. Pero la iniciativa fue rápidamente frustrada mediante el asesinato de tres mil miembros, entre ellos candidatos presidenciales, alcaldes y legisladores. En abril de 2000 las FARC anunciaron la formación de un nuevo partido político, el “Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia”, llamando a un “nuevo entorno político, social y económico, que haga innecesario el uso de las armas”. Pero el 30 de abril el nuevo partido anunció que “por el momento permanecerá, sin embargo, en la clandestinidad, para impedir que sus líderes sean asesinados”. El anuncio del “Plan Colombia” provocó contramedidas por parte de las FARC, en particular la petición de que todos los que tuvieran ingresos superiores a un millón de dólares pagaran un “impuesto revolucionario” o se enfrentaran a la amenaza del secuestro. El Financial Times de Londres explicó que “a ojos de las FARC, la financiación se necesita para combatir el fuego contra el fuego. El gobierno está intentando obtener 1300 millones de dólares en ayuda militar de EEUU, en apariencia para operaciones antidroga; las FARC creen que las nuevas armas se ensayarán sobre ellas, y están dispuestas a armarse para la batalla”.14 Es así que la práctica del secuestro, ampliamente repudiada por la sociedad colombiana, fue de algún modo propiciada por el propio Estado, que en el contexto de negociaciones de paz inicia el fuego, que requiere también de fuego para combatirlo. En la actualidad la imagen de las FARC se encuentra seriamente deteriorada en la opinión pública, especialmente por la práctica de secuestros de personas civiles. El TPP, luego de destacar los casos de secuestros, detenciones masivas y arbitrarias y reclutamientos forzados practicados por el ejército colombiano, no deja de advertir que “como es mucho más notorio, por ser mucho más ampliamente difundido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, la guerrilla también ha desarrollado una práctica de secuestros de personas civiles por razones económicas o políticas, una práctica que ha sido rechazada de manera clara por el propio movimiento de víctimas de los crímenes de Estado, que ha llamado a la guerrilla a reconsiderar estos métodos. Tales actos contra la población civil son contrarios al derecho internacional humanitario” (pág.19). 14

Cit por Chomsky, pág.93.

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El ejército de Liberación Nacional –ELN– se formó en 1965, y fue un intento de repetir el proceso que condujo a la revolución cubana, de la que tomó la teoría del foco insurreccional. Hasta la consigna del ELN “Hasta la Muerte Venceremos”, se inspira en los ideales del Che, expresados en la carta que dirigió a sus padres en el momento de partir hacia Bolivia: “Voy a dar testimonio de mi verdad con mi sangre”. El testimonio de la sangre quizás explique también el hecho de que el ELN haya reclutado tantos sacerdotes. El padre Camilo Torres y el padre Laín murieron luchando en sus filas, y fue dirigido por el sacerdote Manuel Pérez. A diferencia de las FARC, este movimiento nunca logró inserción ni apoyo en el campesinado, porque sus miembros no eran campesinos, sino estudiantes universitarios y gente de las clases medias de las ciudades. El Ejército Popular de Liberación –EPL– se formó como brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista, línea Mao. En 1980 intentó crear un movimiento político, pero el 20 de noviembre de 1985 fue asesinado su dirigente William Calvo, que se había acogido a la amnistía, por lo que regresó a la guerrilla. El M-19 –movimiento 19 de abril–, surgió en 1973, y su nombre se refiere a la fecha de las elecciones de 1970 en la que su candidato Rojas Pinilla derrotó al candidato de los partidos tradicionales, lo que fue desconocido. Con el camino electoral cerrado, se volcó a la clandestinidad y la lucha armada. Por su origen electoral, su vocación es lograr el mayor contacto posible con las masas urbanas, y no tiene inserción en el campesinado.

2.2. Narcotráfico En lo que interesa a este trabajo, el narcotráfico es considerado como un factor más de violencia, es decir, uno de los actores armados. Sin embargo, este fenómeno, que en Colombia ha alcanzado proporciones únicas en el mundo, no puede ser cabalmente comprendido sin referencia a sus orígenes, su contexto propiciatorio, y su interrelación con otros factores ajenos a la violencia, tales como el debilitamiento del Estado o el propio juego de la oferta y la demanda. El narcotráfico nace de la violencia y a su vez engendra violencia, por lo que opera respecto del consumo como causa y efecto. En este sentido, sostiene Zubieta que “todo lo que ha habido en nuestro país de ilegalidad, arbi108


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trariedad y violencia, es incrementado por el narcotráfico. Su efecto se produce siempre en dos direcciones: aumentar todos los factores de violencia, disminuir la fuerza del estado para controlarlos.”15 El narcotráfico nace de la violencia. Como describe Chomsky, los campesinos comenzaron a colonizar la amazonia colombiana como consecuencia de los desplazamientos forzosos, y cultivaron coca ante la realidad de que era el único producto que resultaba provechoso y fácil de comercializar. Los cultivos nacen así como resultado de la violencia y la crisis del sector agrícola.16 A partir de ese parto violento, las presiones sobre el campesinado aumentaron cuando los granjeros legales crearon ejércitos privados –paramilitares–, que continuaron las expropiaciones violentas hasta el presente, con el resultado de que los traficantes controlan en la actualidad gran parte de la tierra valiosa de Colombia. Una de las primeras propuestas de la UNCTAD fue un programa de estabilización de los precios de las materias primas, algo que en los países industrializados se hace en forma rutinaria a partir de subsidios públicos. La iniciativa fue rechazada, por lo que los granjeros fueron obligados a dedicarse a cosechas para las que hay un mercado estable, porque no podían tolerar fluctuaciones en los precios, sobre todo en las condiciones precarias propias del desplazamiento a zonas inhóspitas. En términos de Chomsky “los empresarios de la droga no tuvieron dificultades para encontrar campesinos bien dispuestos a cultivar coca, cannabis u opio, productos que siempre tienen mercado en las sociedades ricas”.17 A partir de 1978 aparecen entonces en escena las élites del narcotráfico, las que rápidamente entraron en alianzas con el poder terrateniente dando lugar al fenómeno del narcoparamilitarismo, sustento del modelo de acumulación capitalista de las décadas siguientes. En efecto, el cultivo y exportación de marihuana, al tiempo que numerosos laboratorios empezaban a producir cocaína, generó una continua y creciente entrada de divisas al país. Con el fin de captar estos recursos y orientarlos a los circuitos financieros legales, el gobierno de López Michelsen (1974-1978) implementó el mecanismo denominado «ventanilla siniestra» del Banco de la República. Este es el nombre 15

Zubieta, Estanislao; ob.cit., pág.17. Chomsky, Noam; ob.cit.,pág.97. 17 Chomsky, Noam; ob.cit.,pág.99. 16

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con que se conoció el lugar donde cambiaban sus divisas las empresas e individuos del sector servicios, entre los cuales se camuflaban los nuevos empresarios clandestinos. Y durante la administración Betancur (1982-1986) se planteó una relación más abierta entre narcotráfico y Estado, ofreciéndose la posibilidad de incorporar los “dineros calientes” en la economía legal colombiana. La amnistía tributaria de 1983 (leyes 9 y 13) favoreció la integración de los dineros del narcotráfico al sector financiero legal.18 Varios grupos paramilitares se formaron inicialmente para llevar a cabo actividades de narcotráfico. La Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son sucesoras de “Muerte a Secuestradores”, y algunos importantes líderes paramilitares eran conocidos como narcotraficantes antes de ganar reputación como “paras.”19 Los paramilitares han proclamado abiertamente su dependencia del negocio de las drogas, al punto que su líder Carlos Castaño reconoció en un programa de televisión que “la droga proporcionaba el 70% de los fondos del grupo.”20 El narcotráfico engendra violencia. Por sus características delictivas y clandestinas, requiere de un ejército propio para garantizar los pagos, porque “quienes las adeudan están seguros de que ellos o sus familiares serán asesinados en caso de negarse a pagar, aunque se escondan o se vayan a vivir a otros países… La premisa del narcotráfico es pues la creación de una poderosa fuerza armada, que haga posible su funcionamiento…”21 En ese contexto, el principal objetivo de los actividades de contrainsurgencia llevadas a cabo merced al Plan Colombia no es la insurgencia, ni tampoco los grandes traficantes, sino “el eslabón de la cadena de la droga más débil y más frágil desde el punto de vista social: la producción de los campesinos, colonos e indígenas.” 22 Este último aserto se torna evidente cuando se analiza la práctica de las fumigaciones o aspersiones aéreas. 18 Sarmiento Anzola, Libardo. Control social y corrupción sistémica: el caso colombiano, inédito, con autorización del autor. 19 Tal es el caso de Diego Fernando Murillo -Don Berna., que fue jefe de seguridad de la familia Galeano, asociada a Pablo Escobar, el célebre jefe del cartel de Medellín (Pablo Escobar, ¿El Intocable”, Revista Semana, 9 de junio de 2007, http://www.semana.com.). 20 Chomsky, Noam; ob.cit. pág.96. 21 Zubieta, Estanislao; ob.cit., pág.16. 22 Chomsky, Noam; ob.cit. pág.97.

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En efecto, desde la década del setenta los EEUU presionan a Colombia para el uso del control químico aéreo de los cultivos de plantas usadas para industrias ilícitas, y en la actualidad Colombia es el único país del mundo que lo utiliza para erradicar plantaciones de coca y amapola. Las fumigaciones requieren de aviones y helicópteros artillados, sistemas de información y radares para guiar los operativos, y personal calificado en materia de respuesta a posibles ataques desde tierra. No afectan solamente a los cultivos ilícitos sino a las tierras, bosques y plantaciones regulares, por lo que provocan daños ambientales de enormes proporciones. En la actualidad el Gobierno promueve fumigaciones sobre reservas ecológicas y parques nacionales naturales, de enorme importancia para la biodiversidad del planeta.23 Las fumigaciones constituyen, además, un nuevo factor de desplazamiento. En varias regiones del país se observa un despliegue de guerra química contra comunidades que se encuentran en regiones con interés militar, con la consecuencia de que los cultivadores se desplazan selva adentro, y los campesinos tienen que abandonar sus tierras al no tener qué comer. La movilidad de los cultivos ilícitos hace que los cultivos se adentren en zonas selváticas de gran importancia ecológica, lo que a su vez también propicia nuevas fumigaciones sobre esas áreas. La estructura del narcotráfico es similar a la de las mafias en Italia, en tanto los principales carteles tienen sede en “familias”. Esta situación encuentra una protección privilegiada en la propia Constitución Política, que desde el año 1991 consagra en su artículo 33 como derecho fundamental el no estar obligado a declarar “contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. 23

En los términos de la Sentencia del TPP: “La destrucción de cultivos, de la pesca y del ganado a causa de la fumigación indiscriminada ha afectado gravemente a 105 territorios indígenas entre 2000 y 2006. La acusación de la Comunidad Awa sobre fumigaciones ha señalado que la aspersión aérea no discrimina entre cultivos lícitos e ilícitos. En efecto, según los propios datos de la página web del Ministerio de Defensa Colombiano, surge que entre los años 1999 y 2006 se fumigaron con químicos 910.049 hectáreas en Colombia. El agroquímico utilizado a esos efectos es el Round Up cuyo agente químico es el glifosato elaborado por la empresa transnacional Monsanto. Pero lo que es más significativo: la fumigación con frecuencia no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país, y prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca en un 20% en 2007” (págs.27/28).

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2.3. Paramilitares Los grupos paramilitares surgieron en Colombia aún antes de las guerrillas, como principales ejecutores de la estrategia de desplazamiento forzado. La Sentencia del TPP establece que “desde los años 60, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los EEUU obligó a los gobiernos colombianos a adoptar una estrategia paramilitar para combatir ideologías disidentes, legalizando progresivamente su accionar…esos grupos paramilitares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión a la población civil: masacres colectivas indiscriminadas o selectivas, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras o indígenas” (pag.10). La vinculación entre paramilitares y estado colombiano es inocultable. En términos de la Sentencia: “El Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de vinculación entre la estructura del estado de Colombia y la actuación de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar aquí la propia legislación que facilitó su creación, las numerosas declaraciones de miembros de dichos grupos y de miembros de las fuerzas armadas en que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones legales y actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad de sus integrantes” (pag.16). La asociación entre grupos paramilitares y estado colombiano ha cobrado estado público con el escándalo de la “parapolítica”.24 La Sentencia afirma que: “La complicidad del aparato estatal civil o militar con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la justicia que investiga actualmente decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo el propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los orga-

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Ya en el año 2002 el paramilitar Salvatore Mancuso declaró a la prensa que los paramilitares ganarían el 35% de las bancas en las elecciones de ese año, y después de las elecciones declaró que “la meta original del 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC” (“Congreso, En la mira Para”, El Tiempo, 17 de marzo de 2002). Tres años más tarde, en junio de 2005, Vicente Castaño declaró a la Revista Semana que “tenemos más del 35% de amigos en el congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos” (“Habla Vicente Castaño”, Semana, 5 de junio de 2005, http://www.semana.com).

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nismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel, entre ellos el hermano de la antigua Ministra de Relaciones Exteriores” (pág.11). La colaboración entre fuerzas militares y paramilitares cobra evidencia en operaciones conjuntas tales como la operación “Génesis” en 1996 y “Tormenta del Atrato” en el año 2002, y en ofensivas llevadas a cabo de manera coordinada y sistemática: los combates directos son mantenidos por el ejército y los grupos paramilitares hacen el “trabajo sucio”. En palabras de testigos que depusieron ante el TPP: “atrás nuestro vienen los cortamochos”. En Colombia se han cometido numerosas masacres de conocimiento público,25 en un despliegue de increíble brutalidad y sevicia.26 Por su significado institucional, merece destacarse el caso de la “Masacre de La Rochela”. El 18 de enero de 1989, cuarenta miembros del grupo paramilitar conocido como “Los Masetos” detuvieron a un grupo de personas en la comunidad conocida como “La Rochela”, Departamento de Santander. Se trataba de una comisión judicial especializada que había viajado a la región para investigar la masacre perpetrada en 1987 a diecinueve comerciantes a manos de paramilitares con la colaboración de fuerzas militares. La llamada “Unidad Móvil de Investigación” estaba compuesta por dos jueces de investigación criminal, dos secretarios de juzgado, y once miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTPJ). Los llevaron a un área rural desierta y les dispararon a mansalva, a pesar de lo cual hubo tres sobrevivientes, que fueron to25

Además de las grandes operaciones como las mencionadas “Génesis”, “Tormenta del Atrato” y “Borrasca 1”, se cometieron las masacres de Honduras, La Negra, Ariari, Trujillo, Campo Hermoso, Río Sucio, Mapiripán, Pueblo Bello, la Rochela, Bahía Portete, Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas Flor Amarillo, Piñalito y Clavo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, Mulatos y la Resbalosa en San José de Apartadó, la Unión, El Aro y la Granja, o el Tigre. 26 El Tribunal Permanente de los Pueblos constató el caso de Marino López Mena, degollado frente a los ojos de la comunidad de Cacarica por efectivos paramilitares, quienes luego jugaron fútbol con su cabeza. La Audiencia sobre Biodiversidad se desarrolló en el lugar de los hechos, entre los días 25 y 26 de febrero de 2007, en el décimo aniversario del crimen. Es práctica común el reclutamiento de niños y niñas para el combate: la estimación de Human Rights Watch indica la presencia de once mil niños combatientes en Colombia. Niños reclutados por paramilitares declararon que durante su entrenamiento fueron obligados a mutilar guerrilleros capturados, o mirar como se tiraba ácido al rostro de los cautivos o eran mutilados con motosierras (Human Right Watch, Aprenderás a No llorar: Niños Combatientes en Colombia, Nueva York, setiembre de 2003). En la Masacre de “El Salado”, cuatrocientos paramilitares uniformados llegaron a la población el 18 de febrero de 2000 y cometieron un brutal exterminio, sacando a los pobladores de sus viviendas y llevándolos al campo de fútbol para torturarlos y matarlos. Más de cien personas fueron asesinadas, y 280 fueron desplazadas por la fuerza (entrevista de Human Rights Watch con

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mados por muertos. La Corte Interamericana constató que el objetivo del crimen fue destruir los expedientes que llevaba la comisión.27 A partir de 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que significaron una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad. El proceso se inicia con la denominada “Ley de Justicia y Paz”, y concluye con la extradición de los principales jefes paramilitares a los EEUU. La ley 975 del 25 de julio de 2005 denominada de “Justicia y Paz”, establece penas reducidas de entre cinco y ocho años para desmovilizados. En su versión original otorgaba a los fiscales un exiguo plazo de sesenta días para formular la acusación, y la sentencia era irrevocable aunque luego se demostrara que los paramilitares habían mentido. Asimismo, los paramilitares podían computar como tiempo efectivamente cumplido a los efectos de la pena el transcurrido durante las negociaciones con el gobierno en áreas denominadas “zonas de concentración”, de las cuales podían salir y entrar sin restricciones. A mediados de 2006 la Corte Constitucional Colombiana revisó la ley y le introdujo modificaciones: deroga el plazo límite para investigaciones, establece la revocabilidad de las sentencias cuando se demostraba mendacidad, y elimina las disposiciones que permitían el cumplimiento de penas sin prisión efectiva, y el descuento del cómputo del período de negociaciones. Sin embargo, después de la sentencia de la Corte, el gobierno de Uribe dictó el decreto 3391 del 29 de setiembre de 2006, que estableció que las penas reducidas podrían cumplirse en zonas agrícolas o mediante arresto una sobreviviente de la Masacre de El Salado, Sincelejo, 24 de febrero de 2008). Está probada la colaboración del ejército regular. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso describió la masacre como “una operación militar antisubversiva”. En la “Masache de Chengue”, llevada a cabo el 17 de enero de 2001, cincuenta paramilitares expulsaron a decenas de pobladores. “La masacre hizo que todos debieran desplazarse, a la mañana siguiente, ya no quedaba nadie en el pueblo” (entrevista de Human Rights Watch con una víctima de Chengue, Sincelejo, 24 de febrero de 2008). Según informó el Washington Post, “los reunieron en dos grupos en la plaza principal y frente al rudimentario centro de salud…luego, uno por uno, mataron a los hombres aplastándoles las cabezas con piedras pesadas y un mazo. Cuando todo terminó, 24 hombres yacían muertos en charcos de sangre. Dos más fueron encontrados más tarde en fosas poco profundas. Cuando las tropas se alejaron, incendiaron el pueblo” (Scott Wilson, Chronicle of a Massacre foretold, Washington Post, 28 de enero de 2001). 27 Caso de la Masacre de La Rochela, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 11 de mayo de 2007, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ser C. Nº 163, párr.74.

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domiciliario (art.13), y que los paramilitares que hubieran ingresado al programa de desmovilización antes de la sentencia de la Corte –la mayoría– podrían beneficiarse del cómputo del tiempo de negociación en Santa Fe de Ralito a los fines de la pena (art.20). Si bien el proceso de desmovilización propició confesiones públicas, éstas se vieron abruptamente interrumpidas el 13 de mayo de 2008 por la decisión del Presidente Álvaro Uribe Vélez de extraditar a los EEUU a catorce de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En efecto, los paramilitares extraditados ya no tienen motivo alguno para continuar las conversaciones con las autoridades colombianas, y sus abogados les recomiendan que permanezcan en silencio hasta que puedan llegar a un acuerdo en los EEUU. La extradición no solo permite a los paramilitares eludir las penas por gravísimos delitos de lesa humanidad, sino que propicia asimismo la aplicación de penas leves. En efecto, se les imputó el delito de conspiración para la fabricación y distribución de cocaína con la intención o a sabiendas de que iba a ser importada ilegalmente en los EEUU, lo que según la ley federal norteamericana conlleva una pena de diez años de prisión. Sin embargo, los jueces pueden aplicar una pena por debajo del mínimo obligatorio si consideran que el acusado ha proporcionado colaboración sustancial en otras investigaciones.28

2.4. Estado Colombiano El más importante de los actores armados es el propio estado colombiano, en su asociación con los EEUU por medio del Plan Colombia. El presupuesto militar alcanzó en el 2008 el 6,5% del PBI, y está prevista una inversión militar de 57,9 billones de pesos hasta el año 2010. La suma de ejército y policía asciende a 430.000 personas, además de otras 600.000 en el ámbito de la seguridad privada. Además, se han elaborado programas de “redes de informantes” y “soldados campesinos” que involucran a la población civil.

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“¿Solo ocho años de cárcel?”, Semana, 21 de junio de 2008, http://www.semana.com.

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En los últimos diez años se cuentan 300.000 muertos,29 según el registro oficial, pero si nos remontamos en el tiempo a décadas anteriores, el resultado es incalculable. Libardo Sarmiento afirma que: “en la última fase de la violencia (1970-2008), durante la implantación y consolidación del modelo económico neoliberal y el régimen político terrateniente financiero transnacional, suma el número de asesinatos una macabra cifra cercana a los dos millones, los desterrados llegan a cuatro millones y otros cinco millones han tenido que abandonar el país.”30 La militarización de la sociedad está prevista en el propio programa de gobierno –Plan de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario–, donde el Capítulo I promete brindar seguridad democrática como el primer objetivo del gobierno, y acercar el estado al ciudadano. Esto no significa otra cosa que involucrar a la población civil en el conflicto, mediante una simbiosis entre estado y ciudadanos sustentada en la tesis de los deberes ciudadanos en relación a la seguridad pública. Los ciudadanos que se niegan a colaborar con las actividades militares entran en la categoría de sospechosos y presuntos auxiliadores de la guerrilla.31 En este marco, resulta fundamental la influencia de los Estados Unidos por medio del “Plan Colombia.”32 En efecto, este plan fue adoptado en 1998 29 El TPP estableció que “entre junio y julio de 2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas al margen de los combates. Esto significa un promedio de 7.8 muertes cada día. El 75.1% de estas muertes se atribuyen a responsabilidad del Estado por perpetración directa (14.1%, 908 víctimas), por tolerancia o apoyo a violaciones cometidas por grupos paramilitares (60.9%, 3.907 víctimas). A la guerrilla se le atribuyen el 24.8 % (1.591 víctimas). En total, si se incluyen muertes en combate la cifra se eleva a 20.102 personas, lo que supone 14 personas diarias. El promedio anual de violaciones al derecho a la vida (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) atribuibles directamente a agentes estatales aumentó en un 73% pasando de 131 a 227, en el mismo período” (pág.15). 30 Sarmiento Anzola, Libardo; prólogo al libro Catatumbo, un reto por la verdad, Gearòid Ò. Loingsigh, Corporación SEMBRAR, Bogotá, 2007. 31 En términos del TPP “la llamada política de seguridad democrática que promueve la implicación de los particulares en las tareas de seguridad ha servido de caldo de cultivo a esta dinámica, diluyendo la distinción entre combatientes y población civil esencial en el marco del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado (Artículo 214.2 de la Constitución Política de Colombia; Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo Adicional II de 1977)”. 32 En un país caracterizado por la sempiterna violencia, el Plan Colombia fue antecedido por otros proyectos de alcance local. Así, el “Plan Lazo” diseñado en 1964 para alcanzar la “pacificación” del país, el “Plan Andes” que en 1968 contemplaba tres etapas en la guerra contraguerrillera, el “Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional” (1974), y la “Estrategia Nacional contra la Violencia” de Cesar Gaviria (1991).

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durante las presidencias de Bill Clinton y Andrés Pastrana, y representa ayuda militar y económica de los EEUU, El FMI, el Banco Mundial, y la Comunidad Europea. Su primer borrador fue redactado en inglés, y fue presentado como “estrategia antinarcóticos”, aunque en realidad se trata de un operativo de contrainsurgencia. Al momento de su adopción, las autoridades norteamericanas tenían pleno conocimiento de la situación de los derechos humanos en Colombia. El informe del año 1999 del Departamento de Estado Norteamericano indica que: “las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de grupos paramilitares”, y que “las fuerzas del gobierno siguieron cometiendo numerosas e importantes violaciones contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, a un nivel similar al de 1998”, año en el que el informe atribuyó el 80% de las atrocidades a militares y paramilitares.33 El TPP constató que el Plan Colombia permitió el incremento de la ingerencia del control militar y político de los Estados Unidos en Colombia, que incluso se ha servido de empresas militares privadas basadas en un esquema de mercenariato internacional (pag.13). En este sentido, es emblemático el caso de la empresa Dyncorp, que opera suministrando servicios de aspersión química aérea. Se trata de una compañía de seguridad privada norteamericana que brinda servicios de mercenariato y capacitación de personal policial y militar en el país que lo requiera. Los agentes de la Dyncorp son ex combatientes en escenarios como Irak o Afganistán, y gozan de absoluta impunidad, al punto que ninguna autoridad sabe concretamente de las actividades que realizan sus aeronaves, y nadie está autorizado a revisarlas. Su actuación en Colombia fue institucionalizada en 1974 en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una misión del Ejército, una misión naval y una misión aérea de las fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia”, que establece que las misiones militares norteamericanas estarán integradas no sólo por personal militar sino también por “personal no acreditado”. La diferencia con el personal acreditado es que los hombres de la Dyncorp no tienen órdenes de evitar combates. 33

Departamento de Estado, Informes por países sobre la práctica en Derechos Humanos, 1998 y 1999; cit. por Chomsky, Noam, ob.cit.pág.86.

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3. El contexto económico y el rol de las empresas transnacionales Desde el punto de vista económico, la historia colombiana del siglo XX puede describirse del siguiente modo: 1) Hegemonía conservadora (19001930), caracterizada por un régimen terrateniente minero comercial, 2) Hegemonía liberal (1930-1974), merced a un régimen terrateniente industrial con modelo sustitutivo de importaciones que combinaba protección industrial con agro-exportación, 3) Hegemonía neoliberal (1975 hasta el presente), que impone un régimen terrateniente financiero transnacional caracterizado por la reprimarización de la economía en los ámbitos energético, minero y agrícola-ganadero, y la producción de biocombustibles como modo de integración al mundo global.34 La injusticia social imperante desde la colonia se profundizó durante el período neoliberal. Según el informe del PNUD del año 2007, diecisiete millones de colombianos viven en la pobreza, y seis millones subsisten en la indigencia con menos de un dólar por día. Este cuadro coincide con grandes proyectos de expansión de cultivos para la producción de agrocombustibles, al punto que Colombia aspira a encabezar la producción mundial en esa área. En los años 90 se instauró un régimen cambiario que equiparó el tratamiento de la inversión extranjera a la nacional, permitiendo el acceso a líneas de crédito y subsidios del Estado. Esa inversión, en su mayor parte proveniente de paraísos fiscales, se concentró en las finanzas, los servicios públicos, industria, minería e hidrocarburos. Asimismo, se dictaron la Ley 9 de 1991 que eliminó el control de capitales y liberó la inversión extranjera, las reformas laborales (leyes 50/1990 y 789/2002) que flexibilizaron la contratación laboral y eliminaron derechos históricos de los trabajadores, las leyes 100 de 1993 y 142 de 1994 que abrieron el sector social al control y beneficio del capital privado (salud y servicios públicos domiciliarios), la ley forestal (ley 1021/2006) que abrió el territorio y la biodiversidad a los intereses de las empresas transnacionales, y el Código Minero (ley 685 del 2001) que entregó a perpetuidad y costo cero los recursos del subsuelo colombiano a empresas multinacionales. Esta última ley fue íntegramente proyectada y reglamentada 34 Sarmiento Anzola Libardo; “Economía Política del Holocausto”; Revista CEPA (Centro Estrategico de Pensamiento estrategico) Nº 5 (Bogotá, Octubre-Diciembre de 2007).

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por los abogados de las compañías Cementeras Holcim, Cemex, y Ladrillera Santafe, y contempla la posibilidad de explorar en lugares definidos como de especial interés arqueológico, histórico o cultural. Es en ese contexto en el que debe comprenderse la actuación de las empresas transnacionales (ETN), que no constituyen en sí mismas actores armados, pero que se encuentran articuladas a todas las redes de violencia local. El TPP ha constatado la simbiosis existente entre la estructura del Estado de Colombia y las empresas transnacionales analizadas, reflejada de manera muy visible en los flujos de dirigentes y empresarios que se dan en ambos sentidos. Esta simbiosis se traduce en la práctica en una subordinación del Estado a las peticiones, necesidades o conveniencias de las ETN y se materializa en todos los poderes del Estado. La sentencia describió el modus operandi de esas grandes empresas y los mecanismos técnicos que camuflan su irresponsabilidad, sus secuelas desastrosas en el medio ambiente, la adulteración de sus productos con grandes perjuicios en la salud de los consumidores, la persecución y exterminio de sus sindicatos, la puesta a su servicio de la fuerza pública del Estado, y la contratación clandestina de grupos paramilitares con la consecuencia de ejecuciones extrajudiciales de sus sindicalistas insumisos (pág.11). El rol de las ETN en la dinámica de desplazamientos forzosos es especialmente visible en el caso de la política agropecuaria y la producción de biocombustibles. En Colombia el 0,3 % de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas, y la concentración de la propiedad rural es alarmante. En efecto, en el último cuarto de siglo la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47% a 68% de la superficie catastrada, entre tanto, la pequeña propiedad cayó del 15% a 9%.35 La adopción masiva de cultivos transgénicos provoca el desplazamiento de poblaciones rurales, en función de un modelo asiático de grandes extensiones de monocultivo en el que todos los procesos están integrados, desde la plantación hasta el producto refinado. Este modelo empresarial vertical requiere de mucho terreno y muchos fertilizantes químicos, pero poca mano de obra, por lo que el resultado a la postre es una agricultura sin campesinos. 35 Sarmiento Anzola, Libardo; prólogo al libro Catatumbo, un reto por la verdad, de Gearòid Ò. Loingsigh, Op. cit.

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En este contexto, y bajo el pretexto del combate a las guerrillas, se han ocupado por la fuerza grandes extensiones de territorio para la introducción masiva de palma africana, planta de la que se obtiene el aceite básico para el agrocombustible, en una violenta contrarreforma agraria que aparejó la destrucción de cultivos tradicionales y ecosistemas diversos. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que “el 93% de la siembra de palma africana realizada por las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas SA y otras se encuentra sembrada de manera ilegal”. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos verificó “el incumplimiento por el Estado de la obligación de protección a las personas que han denunciado el cultivo ilegal de palma africana”, y “reiteró su postura respecto de la relación existente entre la siembra de la palma en el territorio colectivo de los beneficiarios y los actos de amenaza, hostigamiento y violencia por ellos padecidos” (Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia, 7 de febrero de 2006). Las ETN juegan también un papel predominante en la militarización del territorio, que está siempre asociada a la implementación de grandes proyectos de explotación minera, petrolífera o agroindustrial, en estrategia coordinada para obtener el control de territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. La presencia militar apareja limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y problemas de abastecimiento de bienes y servicios, lo que configura situaciones de confinamiento forzado. Así, se han creado “zonas de exclusión” alrededor de grandes explotaciones petroleras o mineras, en las que rige un virtual estado de guerra bajo el control directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada. Esta situación se agrava por la arbitrariedad de los controles militares sobre las vías de paso y las restricciones de circulación de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad. Militares colombianos controlan las vías férreas e instalaciones mineras (Compañía Drummond, Inc. y/o Drummond Ltd.), y las empresas “Anglo American”, “BHP Billiton” y “Glencore AG” han reconocido expresamente que escogían al comandante del batallón encargado de la seguridad en la mina del Cerrejón. La Brigada XVI fue creada con la exclusiva tarea de proteger la infraestructura petrolera. Como contrapartida, las ETN han aportado significativos recursos para la financiación del aparato represivo del Estado, a través del impuesto de gue120


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rra establecido por el gobierno colombiano en 1992. Las empresas petrolíferas Oxy, Repsol y otras de esa rama industrial contribuyeron con un aporte de un dólar por barril. Algunas empresas transnacionales son protagonistas principales de la violencia en Colombia. La “Occidental Corporation”, que opera a través de sus filiales “Occidental de Colombia” y “Occidental Andina” y es conocida como OXY, fue promotora del “Plan Colombia” y beneficiaria directa de asistencia militar en el marco de dicho plan. En tal virtud, integra el “Centro de Coordinación de Acción Integral”, junto con el gobierno de Colombia, la embajada de los Estados Unidos, y el comando sur del ejército de los EEUU, y posee pistas de aterrizaje que son utilizadas en los operativos militares. La empresa “Chiquita Brands” entregó a grupos paramilitares tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles el día 21 de noviembre de 2001, a bordo del barco “Oterloo”. El propio Departamento de Justicia de EEUU le aplicó en el año 2007 una multa de veinticinco millones de dólares, por haberse declarado culpable de realizar más de cien pagos millonarios en dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 1997 y 2004, a través de su subsidiaria Banadex.36 La empresa “Unión Fenosa” permitió el ingreso de paramilitares en puestos clave de la administración de sus empresas filiales Electrocosta, Energía Social y Electricaribe. En efecto, la confesión de un dirigente de las AUC en carta pública dirigida a la Fiscalía General de la Nación describió un acuerdo en dos fases entre Unión FENOSA y el Bloque Norte de las AUC: la primera preveía la provisión de un mejor servicio de energía en zonas de influencia paramilitar, y la segunda disponía el ingreso de paramilitares a la empresa para controlar a los dirigentes sindicales. En general, la sincronización entre las necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares se manifiesta cuando a la convocatoria a una huelga siguen las amenazas de los paramilitares, y cuando los directivos de las empresas señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como colaboradores de la guerrilla. 36

Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EEUU, “Chiquita Brands internacional pleads guilty to making payments to a designated terrorist organization an agrees to pay $25 million fine”, 19 de marzo de 2007 http://www.semana.com .

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En el caso de “Multifruits SA y Cia Ltda.” la relación con el paramilitarismo parece clara por razones de parentesco, en la medida en que uno de sus socios es hermano de la persona que da nombre a uno de los bloques paramilitares. El TPP concluyó que la vinculación entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares cobra evidencia en un dato que no puede ser casual: la coincidencia entre el mapa de los recursos valiosos de Colombia, el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales, y el mapa de las zonas controladas por los grupos paramilitares.

4. Los rasgos de un genocidio Al comienzo de este escrito dijimos que en Colombia se está cometiendo un genocidio. Esa afirmación no parece evidente, por lo que es necesario hacer algunas precisiones. La Convención sobre Genocidio de 1948 caracteriza al crimen por la intención de destrucción total o parcial de un grupo de personas, que delimita en cuatro categorías: nacional, étnico, racial y religioso. Como advierte Daniel Feierstein “el hecho de haber definido la práctica genocida de modo restrictivo, centrando dicha tipificación en el carácter de las víctimas, implicó la sanción de una figura jurídica que tiende a vulnerar principios elementales del derecho”,37 y destaca el principio de igualdad ante la ley, vinculado a la imposibilidad de jerarquización de la vida humana. En sus términos, la letra de la ley parece consagrar desigualdad ante la muerte, porque “nunca un delito es definido por la víctima que lo padece y, si bien algunos agravantes o atenuantes sí se vinculan a las características de la víctima, esta vinculación se hace de modo de no alterar el principio de igualdad ante la ley.”38 La principal omisión de la Convención es la de los grupos políticos, que fueron expresamente excluidos de su texto. En efecto, en el primer proyecto de la ONU los grupos políticos estaban incluidos (art.2), pero no figuran en 37

Feierstein, Daniel; El Genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pág.43. 38 Ob.cit.; pág.45.

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el texto final aprobado, precisamente por razones políticas, para no poner en riesgo la ratificación de la Convención por gran cantidad de Estados. Como destaca también Feierstein, con este alcance la resolución resultaba suficientemente inocua como para transformarse apenas en un instrumento que operara sobre el pasado pero nunca en una herramienta para prevenir el futuro.39 La Convención de 1948 ha sido objeto de muchas interpretaciones, y se discutió su virtualidad para restringir normas inderogables del derecho internacional. Así, Hernán Folgueiro sostuvo que “la definición contenida en la Convención sobre Genocidio de 1948, en tanto no menciona a los grupos políticos o a la persecución política, ha tomado un concepto más restringido que el vigente en el derecho internacional general con status de ius cogens, razón por la cual es posible sostener que existe una diferencia de alcance entre el término “genocidio” entendido como norma imperativa del derecho consuetudinario, y el que rige a los efectos de la Convención.40 Cualquiera sea el alcance que se otorgue a la letra de la ley, lo cierto es que su aplicabilidad y adecuación plena a la realidad colombiana resulta indiscutible, porque en Colombia el propio Código Penal incluyó expresamente el genocidio político. En efecto, el artículo 322 A del Código Penal define el genocidio: “El que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del margen de la Ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) años, en multa de quinientos (500) a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”. La Corte Constitucional, en su Sentencia C-177/01, declaró inexequible la frase “que actúe dentro del margen de la ley”, con argumentos que jerarquizan precisamente el principio de igualdad ante la ley, en plena consonancia con las reflexiones aquí vertidas. En efecto, la Corte concluyó que: “la garantía de la dignidad humana y de los derechos a la vida y a la integridad personal 39 Ob.cit.; pág.42. También dice Feierstein que hay que “forzar al derecho internacional a reconocer que la exclusión del genocidio político de la Convención sobre Genocidio es, como dijera Donnedieu de Vabres, la excusa por antonomasia para avalar cualquier proceso genocida que, sin duda, siempre puede encontrar -como cualquier hecho social- una fundamentación política” (pág.349). 40 Folgueiro, Hernán L., Parenti, Pablo F. y Filippini, Leonardo G. Los Crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Derecho Internacional. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, pág.146.

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no admite diferenciaciones de trato en función a la legalidad de la actividad desplegada por los sujetos destinatarios de la protección, pues ello comporta ostensible transgresión a valores superiores constitucionalmente proclamados en el Preámbulo como la dignidad humana, la vida, la integridad, la convivencia, la justicia y la igualdad, consagrados además positivamente con el carácter de derechos inalienables e inviolables en los artículos 1º., 2º., 11, 12 y 13 de la Carta Política, y a los que, conforme se proclama en el artículo 5º. Ib, “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona” lo que, en otros términos, significa que no admiten restricciones ni limitaciones, de donde resulta que la incriminación selectiva del genocidio, respecto tan sólo de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la Ley, que consagra la frase cuestionada es, a todas luces contraria a la Carta Política y, de consiguiente, inexequible” (cursivas nuestras). Como el rechazo de la incriminación selectiva del genocidio se refiere no solo a al “grupo político que actúe dentro del marco de la Ley”, sino también a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, la Corte Constitucional Colombiana consagró un criterio amplio de penalización del genocidio, coincidente con el que se postula en estas páginas. Podemos afirmar entonces, y así se demostrará en lo que sigue, que en Colombia hay genocidio político, tipificación que surge de la propia ley, sin necesidad de recurrir a la normativa gaseosa del derecho internacional consuetudinario. Hay también genocidio étnico, y nuevamente conforme a los términos de la propia ley. Las masacres de indígenas ponen en peligro de extinción a veintiocho pueblos, y constituyen en términos del TPP “una auténtica vergüenza para toda la humanidad”. Se puede argumentar también la existencia de genocidio nacional, en su variante de destrucción parcial de un grupo nacional. No se suscita aquí ninguna duda hermenéutica, como sucedió en el caso del proceso ocurrido en la Argentina, donde no se sabía concretamente como categorizar a las víctimas, y si en definitiva éstas encuadraban en alguno de los supuestos previstos en la convención.41 41

En los procesos llevados a cabo en España por el Juez Baltasar Garzon, la Audiencia Nacional Española concluyó que el factor de cohesión de las víctimas de la represión fue el elemento de no per-

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Tampoco encuentra terreno el negacionismo numérico, porque los muertos en Colombia se cuentan por millares. Las Madres de la Candelaria se organizaron en 1999 para recuperar los cuerpos de sus hijos con picos y palas. Se han hallado 1293 fosas comunes aunque, según confesiones de paramilitares, la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Cauca, para que los huesos llegaran al mar. Hay entonces, genocidio en Colombia, de acuerdo a las palabras de la ley, aún con el ceñido corset de la Convención de 1948, pero a fortiori con la interpretación amplia del Tribunal Constitucional. Pero conclusión más importante aún es que se pueden verificar en Colombia todos los rasgos del genocidio en su comprensión sociológica y en la dimensión histórica del concepto. En lo que sigue, analizaremos en primer término el genocidio en Colombia desde el punto de vista de sus víctimas, luego se describirán los modos en que se lleva a cabo –prácticas sociales genocidas–, y finalmente se describirá su significación social –genocidio reorganizador–.

4.1. Las víctimas La acción genocida en Colombia se ha focalizado sobre grupos políticos, movimientos sindicales, poblaciones indígenas, y comunidades campesinas y afrodescendientes. El exterminio de grupos políticos ha sido ejemplificado arriba con el caso de la Unión Patriótica. Pero dejamos sentado que los grupos insurgentes también están incluidos en esta categoría, y no importa en absoluto a este respecto que hayan cometido atrocidades, porque los derechos humanos son de los hombres frente al Estado, y de todos ellos, tengan o no las manos limpias.42 tenencia a la ideología occidental y cristiana, porque los represores pretendieron una “purificación de la nación argentina”, una “cruzada” contra todo aquel que no comparta esas ideas. Desde este punto de vista se trataría de un genocidio religioso. También, y quizás con mayor sustento, se argumentó sobre la base de un genocidio nacional, porque lo que en definitiva pretendía la represión era la eliminación parcial de personas que integraban el conjunto de la nación. 42 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fairen Garbi y Solis Corrales, del 16 de junio de 1987, se pronunció sobre la cuestión de si podía existir alguna relación o vínculo

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El TPP concluyó que en Colombia “se verifica una persecución sistemática de toda forma de actividad sindical, en el marco de una política de precarización del empleo y desguace de las redes de seguridad social, mediante despidos masivos, tercerización de vínculos laborales para diluir la responsabilidad de la empresa principal. En este sentido se destaca el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, incluido el asesinato de sus principales líderes sindicales ya descrito y el aniquilamiento de Sinaltrainal en Cicolac-Nestlé” (pag.20). Asimismo, constató que se han empleado “formas de violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados…el marco de terror dentro y fuera de las empresas fue complementado por la acción de los grupos paramilitares y los servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un verdadero genocidio que ha costado la vida de cerca de 4000 sindicalistas” (pag.14). El exterminio de sindicalistas obtuvo resultados visibles. En 1990 la proporción de trabajadores sindicalizados era del 12,8%, en 1997 había caído a 6,5% y en 2007 es de solo 4%, con la característica de la alta fragmentación y la cooptación de una parte de su dirigencia por parte del capital y el Estado.43 El 32% de los trabajadores carecen de todo contrato, 60% son informales, y el 44% no tiene ningún tipo de seguridad social. En el caso de los Pueblos Indígenas el TPP ha verificado el peligro inminente de extinción física y cultural de veintiocho pueblos, que en la mayoría de los casos están formados por menos de un centenar de personas, debatiéndose entre la vida y la muerte. Concluyó que “su desaparición de la faz de la tierra constituiría, en pleno siglo XXI, además de una vergüenza para el Estado colombiano y para la humanidad entera, un genocidio y un crimen de

entre la violación de los derechos humanos y la teoría de las Manos Limpias (clean hands) reconocida en el derecho internacional. El Juez Rigoberto Espinal Irías contestó: “La respuesta es obviamente no. La Comisión protege seres humanos con entera prescindencia de su ideología, su comportamiento. Hay derechos que son fundamentales de toda persona. El derecho a la vida es el más importante de ellos. Cualquiera que sea la ideología, cualquiera que sea la conducta, cualquiera que sea, si una persona no tiene “clean hands” por supuesto lo que cabe al Estado es seguir un proceso regular contra ella. Pero no cabe, bajo modo alguno, que un país pueda ejecutarlo y a través de un método tan perverso como es su desaparición. De modo alguno, bajo este respecto podría aceptarse. No hay ciudadanos de primera y segunda en la protección diplomática, Su Señoría. Nunca la Comisión ha preguntado ideología o el por qué, nunca... y nunca lo va a hacer”. 43 Sarmiento Anzola Libardo. “Economía Política del Holocausto”. Revista CEPA (Centro Estrategico de Pensamiento estrategico) Nº 5 (Bogotá, Octubre-Diciembre de 2007).

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lesa humanidad por su acción u omisión institucional de atender a estos pueblos que de manera irreversible están a punto de extinguirse. Ellos son los pueblos: NUKAK, SHIRIPU, WIPIBI, AMORÚA, GUAYABERO, TAIWANO, MACAGUAJE, PISAMIRA, MUINANE, JUDPA, YAUNA, BARA, OCAINA, DUJOS, PIAROA, CARABAYO, NONUYA, MATAPÍ, CACUA, KAWIYARÍ, TUTUYO, TARIANO, YAGUA, CARAPANÁ, CHIRICOA, ACHAGUA, CARIJONA y MASIGUARE” (pág.32). El TPP constató la estigmatización sistemática de los procesos de resistencia civil de los pueblos indígenas mediante señalamientos colectivos, incluido el pago de recompensas que fomentan las declaraciones falsas, el ingreso frecuente de los actores armados en los resguardos y ocupación de viviendas, y la profanación de los lugares sagrados. Y estableció que “existe un proceso de exterminio que no solo ha sido físico sino también cultural, espiritual, ambiental, social, político y económico, debido a que las políticas de Estado de manera directa y en otros casos también a través de las transnacionales han instaurado un régimen de expropiación territorial, violación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, desconocimiento a las formas de gobierno, autonomía y autoridad propia, así como también han roto el equilibrio y la armonía que desde sus leyes de origen debe existir entre el ser humano y la naturaleza” (pág.25).44 Finalmente, corresponde señalar la persecución de campesinos y comunidades afrodescendientes, normalmente vinculada a la implementación de megaproyectos agrícolas o industriales, por parte de empresas transnacionales. En este sentido, y a modo de ejemplo, las comunidades de Curva-

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El III Congreso del Pueblo Indígena Kankuamo declaró que: “Rechazamos la intromisión de los actores armados, la vinculación forzosa de indígenas a los diferentes grupos armados y las campañas y estrategias de reclutamiento de nuestros jóvenes, mujeres y líderes (soldados campesinos, red de cooperantes e informantes, pago de recompensas, amenazas, chantajes, etc.) Igualmente, rechazamos la utilización de nuestros niños y niñas como “colaboradores” y “mandaderos” de los actores armados. Los actores armados deben respetar nuestro territorio y a nuestra gente. Exigimos el respeto por nuestro territorio y nuestras autoridades por los actores en conflicto, demandándoles que se abstengan de ocupar y utilizar nuestras casas, teruarikas, escuelas, puestos de salud, hospitales, y demás bienes civiles, como campamentos de paso y trincheras; y nuestra gente como escudos humanos. Especialmente, cuando la Fuerza Pública requiera de traslado, movilidad y tránsito de tropas, se le insta a concertar oportuna y adecuadamente estas acciones con las autoridades indígenas tradicionales…”. Organización Indígena Kankuama. OIK. Memorias III Congreso, Pág. 167.

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radó y Jiguamiandó del departamento de Chocó fueron desplazadas en el año 1997 por paramilitares y unidades de la armada nacional, en el marco de la llamada “Operación Génesis”. Poco después del desplazamiento, las tierras fueron ocupadas por transnacionales y sembradas con palma africana para biocombustibles. Hasta aquí hemos señalado a la victimas de acuerdo a las categorías de la Convención de 1948 pero, como anticipamos, nada autoriza a restringir el alcance del crimen en función de una categorización selectiva de las víctimas, si se pretende respetar el principio de igualdad ante la ley. Y, en efecto, hay en Colombia más víctimas que las descriptas, que exceden el marco de esas categorías porque solo pueden definirse en función de las relaciones sociales que integran. Tal es el caso de los falsos positivos, delincuentes, drogadictos o simplemente, pobres de las ciudades, que son ejecutados y presentados falsamente como miembros de grupos al margen de la ley muertos en combate. Esta práctica salió a la luz merced a un informe militar que recientemente provocó la salida de treinta oficiales del ejército y la renuncia de su comandante en jefe, general Mario Montoya, quien durante muchos años había promovido la idea de usar el body count para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas. En efecto, la práctica se utiliza para inflar el número de bajas y mejorar los resultados operacionales, lo que permite acceder a beneficios en la carrera militar, porque los oficiales que no pueden demostrar trayectorias de agresividad quedan en desventaja a la hora de los ascensos (síndrome del conteo de bajas). Es llamativo al respecto que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde ya no hay guerrilla, y se encuentra próximo el “fin del fin”, pero se sigue midiendo el éxito militar por litros de sangre. Los cadáveres son presentados a centenares de kilómetros de Bogotá, camuflados con uniformes sin agujeros de bala, y con armas obsoletas pero elocuentes, por ejemplo: revólver policial calibre 38 con cacha ortopédica, granada de mano, y dos metros de mecha lenta. Eso se llama abiertamente “kit de legalizaciones” (incluye también una sofisticada radio). Además de su utilidad militar, la práctica tiene un claro objetivo de “limpieza social”.

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4.2. Las prácticas sociales genocidas Daniel Feierstein define práctica social genocida como aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación, y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios.45 Se trata de un determinado modo de destruir y reconstruir relaciones sociales eliminando a quienes encarnan un modo de construcción de identidad social, que, a diferencia de la guerra, tiene un efecto concreto en los sobrevivientes: la negación de su propia identidad.46 Se destruyen relaciones de cooperación, solidaridad, reciprocidad, autonomía –por ejemplo–, y se convierte en hegemónicas otras relaciones, tales como subordinación, delación, individualismo. La destrucción de las relaciones sociales que opera una práctica social genocida produce una notoria disminución de las posibilidades de evaluación moral, una indistinción entre el bien y el mal, lo que implica una tecnología de poder sin antecedentes, porque es más importante lo que construye que lo que destruye.47 El genocidio en sí mismo es una práctica social, cuyo desarrollo puede describirse en seis momentos: 1) construcción de una otredad negativa, 2) hostigamiento, 3) aislamiento, 4) políticas de “debilitamiento sistemático”, 5) aniquilamiento material, 6) realización simbólica de las prácticas sociales genocidas.48 De lo hasta aquí expuesto puede concluirse que Colombia se erige en un verdadero laboratorio de control social, que se despliega en prácticas genocidas que tienen precisamente los efectos indicados arriba. Como ya se señaló, las principales víctimas son determinados grupos políticos, movimientos sindicales, poblaciones indígenas, y comunidades campesinas y afrodescendientes, pero los efectos de las prácticas genocidas se extienden sobre la 45

Feierstein, Daniel. El Genocidio como Práctica Social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, 2007, pág.83. 46 Feierstein, Daniel; ob.cit.,págs.86 y 202. 47 Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.249. 48 Feierstein, Daniel; ob. cit, págs.215/239.

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sociedad en su conjunto. El denominador común es la ruptura del tejido social en las distintas comunidades, con lo que se pretende anular o eliminar todas las formas de resistencia social al proyecto dominante. La mentada tecnología de poder se desarrolla por medio de tres prácticas principales: desplazamiento forzoso, confinamiento, y política de delación. En Colombia se estima que hay alrededor de cuatro millones de desplazados internos, y cinco millones de personas que han tenido que abandonar el país por motivos políticos. Ese desplazamiento ha permitido la apropiación ilegitima de cuatro millones de hectáreas, lo que equivale a un tercio de la superficie cultivable en Colombia, que coincide con las áreas de presencia paramilitar. Los desplazamientos responden a una secuencia pautada, que permite afirmar la existencia de un plan. Así, pueden distinguirse tres etapas bien delimitadas: 1) arrasamiento: operaciones “Génesis” en 1996 y “Tormenta del Atrato” en el año 2002, 2) persecución selectiva: asesinatos específicos de líderes comunales y dirigentes sociales, 3) control territorial: con implantación de proyectos económicos y restricción a la circulación de población y bienes. Los arrasamientos se llevan a cabo con la mayor brutalidad imaginable, como modo de infundir el mensaje del terror. En las Masacres de “El Salado” y “Chenge” referidas arriba, la tortura se convirtió en espectáculo público. Las persecuciones colectivas fueron verificadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas: “numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas para descabezar y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas.”49 El control territorial final implica la ocupación de los espacios en todas las esferas de la vida, con control de los medios de comunicación y producción, y de las organizaciones políticas y sociales existentes, por parte de organizaciones paramilitares. 49

Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen. Misión a Colombia. Documento E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de noviembre de 2004. Página 9. Numeral 29.

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El cuadro se completa con la negación de la figura del desplazado y la situación del desplazamiento, merced a campañas mediáticas de deslegitimación y tergiversación de la realidad que pretenden trocar los roles y colocar a las víctimas en situación de victimarios. En efecto, los desplazados que intentan recuperar sus tierras son presentados como apropiadores ilícitos asociados con la guerrilla, y las propias organizaciones comunitarias y religiosas de las zonas de desplazamiento son tildadas de usurpadores de tierras. Estas falsas informaciones difundidas masivamente por los medios de comunicación niegan la propia identidad de los desterrados, y los colocan paradojalmente frente al escenario trágico de un segundo destierro. Los desplazamientos, finalmente, contribuyen a la dinámica de la violencia. En palabras del pensador colombiano Estanislao Zuleta “...no se trataba solamente de matar, sino de expulsar a la gente, y se emplearon los métodos más sádicos y espantosos, cuya enumeración nos ahorramos, porque su solo recuerdo produce náuseas. A veces surge la pregunta: ¿no estamos pagando ahora? ¿No es ese horror sin límites, esa voluntad de hacer que la gente huya aterrorizada, que se venga a las ciudades, no atraída por los halagos de la vida moderna, ni desalojados lentamente por la competencia de la agricultura industrial, sino expulsados por el terror, lo que creó un potencial de violencia tan extraordinario en nuestro país? En toda Latinoamérica hay pobladores urbanos que carecen de lo más esencial, que viven en favelas, en cuevas, en tugurios, pero en Colombia es necesario considerar no solamente como viven, sino también como llegaron a esa situación. La persecución de que fueron víctimas, los recuerdos que trajeron, la infamia que sufrieron, mató en ellos todos los valores y generó sin duda una patología violenta.”50 Las comunidades indígenas son también objeto de acciones sistemáticas de confinamiento, con bloqueo de alimentos, medicinas, médicos, tanques de gas, restricciones de horarios y clausura de caminos, lo que genera la imposibilidad de intercambiar productos con otros pueblos. A medida que se expande el terreno de explotación, se impide el paso de las personas de una comunidad hacia otra, o hacia los lugares que tradicionalmente servían para la caza o la pesca. Una consecuencia del confinamiento es la pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos, porque los cultivos y alimentos tradicionales son re50

Zubieta, Estanislao; ob.cit., pág.10.

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emplazados por consumos nuevos –alimentos transgénicos, por ejemplo–, y deben adquirir con dinero lo que antes obtenían del cultivo de la tierra. Además, las plantas utilizadas para la medicina tradicional, propia de la sabiduría de los pueblos originarios, son cada vez más difíciles de encontrar a consecuencia de la deforestación maderera y las fumigaciones. En la periodización de Feierstein, la etapa del aislamiento sigue a las de construcción de una otredad negativa y hostigamiento, y tiene el objetivo de delimitar el espacio (social, geográfico, político) por el que puede transitar esta fracción “diferente” y, al mismo tiempo, quebrar los lazos sociales entre la fracción negativizada y el conjunto social.51 Destacamos finalmente en la trama de las prácticas genocidas la existencia de una política de delación, que pretende involucrar a la totalidad de la población civil en el conflicto. En efecto, el TPP señaló que la llamada política de seguridad democrática promueve la implicación de los particulares en las tareas de seguridad, diluyendo la distinción entre combatientes y población civil esencial en el marco del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado (Artículo 214.2 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo Adicional II de 1977). El decreto 2002 de 2002 estableció que: “dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones (grupos criminales) se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil”. En función de ello, se instrumentó un plan de “redes de informantes” y “soldados campesinos”, que involucra al 5% de la población, es decir, más de dos millones de personas pagadas por el Estado para delatar al prójimo. El propio presidente Uribe lanzó su plan estratégico de seguridad democrática en la biblioteca pública de Valledupar el día 8 de agosto de 2002 y anunció la creación de una red de informantes de un millón de civiles, en cuya primera etapa se contemplaba contratar a taxistas y transportistas para seguridad en carreteras y calles. El mandatario dijo que habría un “diálogo pedagógico” para invitar a los ciudadanos a formar parte de esas redes, para que nadie diga que los coaccionaron, y que se tendrá cuidado de que queden a merced de “los violentos”. Explicó también que el plan de informantes se 51

Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.226.

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efectuaría por “fases y estratos sociales” para mayor efectividad, y que se ejecutaría “con total transparencia, de cara a los organismos de control, las entidades humanitarias y la comunidad nacional e internacional.”52 El viejo Derecho Humanitario es entonces inaplicable en Colombia, porque ya no hay distinción entre combatientes y civiles. Cualquiera puede ser un delator o “sapo” –como se los llama–, y los ciudadanos que se niegan a colaborar son tildados de terroristas, porque el propio presidente sentenció que esa conducta implica un apoyo tácito a los grupos al margen de la ley. La televisión muestra imágenes de personas encapuchadas recibiendo dinero por haber colaborado con el gobierno, y se han denunciado casos de acusaciones falsas con tal de percibir el pago, en un país sumido en la pobreza y el desempleo.

4.3. Un genocidio reorganizador El art.7 de la Constitución Colombiana establece que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y el art.8 dice que: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Por sus condiciones culturales, geográficas y ecológicas, Colombia se caracteriza por su diversidad. Es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta, y posee el 10% de la escala mundial. Tiene todos los climas, está bañada por los dos grandes océanos, y es uno de los países con mayores fuentes de recursos hídricos del mundo. Tiene 45.000 especies vegetales y año tras año se descubren nuevas especies animales. Es el país de los colores, representados en sus frutas tropicales, en las 24.000 variedades de orquídeas silvestres que crecen en sus selvas, en los colores azul y rojo que visten a los asesinos en los cuadros de Fernando Botero, y en el color amarillo que distingue a su pueblo. A la diversidad ecológica se suma la diversidad cultural, porque Colombia tiene población mestiza, negra, blanca y campesina, y 84 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas. En efecto, es un país predominantemente mestizo (58% de la población), seguido de la población blanca (20%), los 52

La Jornada, México D.F., viernes 9 de agosto de 2002 www.jornada.unam.mex

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mulatos (14%), los negros (4%), los indígenas (1%) y otros (3%).53 Es también el país de los contrastes, donde a los colores se añaden las alturas y profundidades de la topografía: todo es demasiado alto o demasiado bajo. La población también muestra un marcado contraste, porque la integración interétnica es mínima, lo que incrementa la diversidad reinante. Es la mentada diversidad la clave del genocidio en Colombia, que pretende reorganizar la sociedad sobre bases nuevas. Genocidio reorganizadores aquel que tiene como objetivo la transformación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un estado nación preexistente.54 El genocidio reorganizador “logra actuar específicamente sobre las relaciones sociales en el contexto de una sociedad existente, con el objetivo de clausurar aquellas relaciones que generan fricción o mediaciones al ejercicio del poder –contestatarias, críticas, solidarias–y reemplazarlas por una relación unidireccional con el poder, a través del procedimiento de la delación y la desconfianza. La ruptura de las ‘relaciones de reciprocidad’ entre los seres humanos, constituye el objetivo central de esta modalidad genocida que opera ‘reorganizando’ la sociedad, estructurando otro tipo de vínculos hegemónicos…”55 En este sentido, cobra importancia la difusión deliberada de la delación como práctica social. La delación opera a través de una lógica de la deconstucción de la confianza en el otro, y genera una relación unidireccional con el poder. Daniel Feierstein afirma que: “el otro es el que produce desconfianza, ése que podría ser el par recíproco es quien en realidad puede estar denunciando la acción propia y, por lo tanto, la forma de defensa pasa a ser la de convertirse en delator antes que ser delatado (…). La reciprocidad queda de este modo totalmente quebrada. El par pasa a ser el enemigo y el poder institucional el aliado. El mecanismo de delación logra esta inversión en las relaciones sociales a través de la naturalización del poder y la cosificación del par como enemigo, lo que lleva la lógica de la competencia mercantil al plano de las relaciones morales, en donde cada individuo compite por una aprobación más clara de su conducta por parte del poder, al modo de competencia por una mejor posición económica en el mercado.”56 53 Sarmiento Anzola, Libardo. Control Social y corrupción sistémica: el caso colombiano; inédito, con autorización del autor. 54 Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.100. 55 Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.104. 56 Feierstein, Daniel; ob.cit., págs.129/134.

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El poder hegemónico en Colombia no tolera la condición diversa de su cultura, en especial, la de su campesinado y población indígena y afrodescendiente. Es justamente la persecución al campesino lo que desata el conflicto, a mediados del siglo pasado, y la principal reivindicación exigida por la guerrilla es la reparación del daño causado al campesinado.57 Pero los campesinos en Colombia son un obstáculo para el proyecto de desarrollo, porque la agricultura tradicional no tiene lugar en ese modelo. Lo mismo ocurre con la cultura indígena y su relación con la naturaleza. La cosmovisión panteísta de los pueblos solo representa un desecho arcaico para el proyecto dominante, un obstáculo que es necesario remover para imponer el orden nuevo. En la agenda de los megaproyectos agroindustriales, petroleros y mineros no está contemplada la relación de la naturaleza con Dios, y se impone en cambio barrer selvas, talar bosques, secar ríos y dinamitar montañas sagradas. Para remover esos obstáculos al progreso es necesario un cambio de paradigma social que requiere de una rápida operación de limpieza, una toillette quirúrgica para eliminar los males e imponer el nuevo modelo. El criminólogo Michael Tonry dice que en Colombia “los planificadores de la guerra sabían exactamente lo que estaban haciendo”, esto es, librarse de la “población superflua”, la “gente eliminable”, los “desechables”, que es así precisamente como se los llama en Colombia, donde se los elimina mediante la “limpieza social”, y aterrorizando a todos los demás, una tarea muy importante cuando se está imponiendo un “ajuste estructural”, con costes significativos para la mayoría de la población.58 Y Estanislao Zuleta describe que “en algunas capas altas y medias de la sociedad, se ha creado una verdadera mentalidad fascista, una mentalidad “de limpieza”, que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los males que aquejan a nuestras ciudades: miseria, descomposición moral, drogas, pérdida de los valores tradicionales, consiste en liquidar a alguien”.59 En el país de los colores, sobra el color amarillo. 57

Pedro Antonio Marín -también llamado Manuel Marulanda Velez o “Tirofijo”-, justificó su decisión de tomar las armas en 1964 en un sencillo hecho: “El Ejército entró a mi finca y mató las vacas que había comprado con mucho esfuerzo”. Y en el famoso discurso que escribió para el acto de creación de los diálogos de paz el 7 de enero de 1999, volvió a reclamar por “las vacas, las gallinas, los marranos” que el Estado les había arrebatado a los campesinos en Marquetalia y Casa Verde. 58 Tonry, Michael. Malign Neglet: Race, Crime and Punishment in America, Oxford University Press, New York, 1995. 59 Zuleta, Estanislao, ob.cit., pág.10.

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Para instalar el nuevo orden es necesario entonces desarticular las relaciones sociales viejas, destruir los lazos sociales preexistentes, mediante la eliminación de enemigos públicos, que son presentados como suficientemente atroces para provocar el rechazo colectivo y el clamor de la vindicta pública, pero resultan siempre lo suficientemente indefensos y vulnerables para ser vencidos en todos los casos. El brazo genocida golpea entonces a las sociedades en sus propias bases, para desmoronar a los subconjuntos, y provocar a la vez el terror de los demás y extender de ese modo el efecto al conjunto total. Resulta emblemático al respecto el caso del genocidio del pueblo Wayuú. Karmen Ramírez Boscán –llamada tradicionalmente Wayunkerra–, relata que los Wayuú son un pueblo indómito que no pudo ser derrotado militarmente ni siquiera por los españoles. Se trata de una sociedad de organización matriarcal, en donde las mujeres ostentan elevado rango social. El brazo genocida colombiano logró lo que no había conseguido el imperio español. El golpe al pueblo Wayuú fue brutal y certero: mataron a sus mujeres. Y se derrumbó el grupo.60 La dinámica genocida es a la vez destructiva y creadora: destruye relaciones sociales y crea otras nuevas. El genocidio reorganizador excede el mero aniquilamiento y no concluye sino que se inicia con las muertes que produce.61 Opera mediante la descomposición del tejido social para generar un clima de desconfianza entre los ciudadanos, y como ya no es posible confiar en los otros sólo queda la salida de la salvación individual y egoísta.62 Tampoco es posible confrontar con el poder, porque no se puede construir una política crítica y contestataria desde la desconfianza, y la solución entonces será resignarse al estado de cosas y acogerse a sus beneficios, también individuales y egoístas. La cultura de la solidaridad propia de los pueblos indígenas y campesinos deja paso a la “cultura traqueta”, al consumismo desaforado, y el dinero fácil de las “pirámides”.63 La violencia opera entonces como mecanismo de regu60

Ramírez Boscán, Karmen -Wayunkerra-. Desde el Desierto: notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayuú de la Media Guajira, editado por el Cabildo Wayuú Nóüna de Campamento, setiembre de 2007; pág.24. 61 Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.389. 62 Feierstein, Daniel; ob.cit., pág.341. 63 El negocio de las “pirámides” consistió en cuantiosos préstamos de dinero a la gente, cuyos inte-

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lación funcional a los regímenes de acumulación, y medio eficaz para gestionar cambios estructurales y construir poder político y económico.64 Las prácticas genocidas no culminan con su realización material –el aniquilamiento– sino que requieren también de su realización simbólica, en los modos de representar y narrar dicha experiencia traumática. No basta con aniquilar los cuerpos, sino que es necesario también clausurar las relaciones sociales que esos cuerpos encarnaban, para generar otros modos de articulación entre los hombres, reorganizando las relaciones sociales. Colombia está atravesando el sexto momento de las prácticas sociales genocidas: su realización simbólica. En este sentido, es sintomático el show del horror cotidiano a que está expuesta la opinión pública, con profusión de imágenes espantosas, cadáveres por doquier, desenterramiento de fosas comunes, llanto de madres desgarradas, exhibición de torturas, mutilaciones, y exaltación impúdica de los rasgos más repugnantes y morbosos del exterminio. Esta hemorragia mediática es funcional a la efectividad de las prácticas genocidas, y persigue un efecto pedagógico sobre la población, que debería aprender a vivir en el orden nuevo y enterrar para siempre la imagen de los desechables, y los símbolos que ellos encarnaban. Entre los mecanismos de realización simbólica, se destaca lo que llamaremos “apropiación simbólica del lenguaje”, desplegada como técnica destinada a redefinir valoraciones sociales. En efecto, así como en las guerras se verifica históricamente la apropiación de los símbolos del enemigo (escudo, estandarte, bastón de mando, bandera), así también el régimen colombiano se apodera de un lenguaje ajeno y prestigioso, definitorio de valores universales. En éste sentido, la doctrina de la seguridad nacional se redefine como “seguridad democrática”, los rescates a sangre y fuego son “rescates humanitarios”, el acercamiento autoritario del Estado al ciudadano pasa a ser “Estado reses se iban solventando con el aporte de los nuevos inversionistas que ingresaban al sistema. La operatoria estaba destinada al derrumbe desde un principio, porque nunca es posible cubrir el capital inicial. Y efectivamente las pirámides se derrumbaron, en el marco de un escándalo público que puso en jaque al gobierno y causó la ruina de muchas familias. El dinero invertido en las pirámides provenía de los circuitos económicos ilegales -lavado- y la economía mafiosa. Se trata de fondos que nunca pasan por la banca y no pagan impuestos 64 Sarmiento Anzola, Libardo. Control Social y corrupción sistémica: el caso colombiano.

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Comunitario”, y la labor artera del delator se realiza “con total transparencia… de cara a la comunidad internacional”, y como tal es premiada públicamente con dineros públicos. La página web del Ministerio de Defensa Colombiano, www.mindefensa.gov.co, da cuenta del “enorme aparato de promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que existe en la fuerza pública”, en virtud de “nuestra política de cero tolerancia con violaciones a los DDHH e infracciones al DIH”, porque “asegurar el respeto de los DDHH y el DIH es una tarea diaria de nunca acabar”. En efecto, “todos los soldados de tierra, mar y aire deben comportarse de manera ejemplar, siguiendo los más altos estándares en materia del respeto a los DDHH y el DIH”, por lo que “prestarán atención particular a los grupos especiales como los niños y niñas víctimas de la violencia, las comunidades indígenas y afrodescendientes”. El Ministerio de Defensa “ha instaurado un sistema sin duda único en el mundo de capacitación en DDHH y DIH”, garantizando “la transversalidad de la enseñanza de los DDHH y el DIH en la práctica operativa a través del uso de casos tácticos y juegos de policía”. Destaca como dato positivo el “significativo descenso del índice de masacres”, y vaticina que “seremos acaso, el primer ejército en la historia que gane una guerra con la preocupación fundamental del respecto al Derecho Internacional Humanitario”. La apropiación simbólica del lenguaje suministra la receta lingüística adecuada para modificar la realidad mediante el uso de palabras de prestigio universal que actúan como certa et sollemnia verba, al modo del espiritista que dice el nombre de la persona para aparecerla o el alquimista que pronuncia el sortilegio para convertir el hierro en oro. Se verifica entonces el efecto social que Karl Olivecrona atribuye a la “función de signo de las palabras huecas”, que no está determinada por el significado de las palabras, sino por los efectos psicológicos que producen, merced al hábito adquirido por la sociedad de oírlas en un contexto determinado.65 La refundación de la sociedad que pretende el genocidio reorganizador raramente brinda constancia escrita de sus inconfesables propósitos. En Colombia, curiosamente, se puede señalar un documento que otorga principio de prueba por escrito. El 23 de julio de 2001 se firmó el “Pacto de Ralito”, en 65

Olivecrona, Kart. Lenguaje Jurídico y Realidad, Distribuciones Fontanera, México, 1998, traducción de Ernesto Garzón Valdez, pág.11.

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una finca situada en Santa Fe de Ralito. Un grupo de treinta y dos personas, integrado por jefes paramilitares, gobernadores, senadores, concejales, alcaldes, y una mujer, custodiados por tres anillos de seguridad, selló un compromiso que se presenta precisamente como una refundación de la patria. El pacto clandestino, también conocido como “Plan Birmania”, en referencia al país asiático productor de amapola, opio y heroína (hoy Myanmar), enuncia en su preámbulo que “el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios (...) hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social”. Y seguidamente expone el propósito de “construir esta nueva Colombia, en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto de la comunidad”. Y el proyecto genocida también ha dejado expresión escrita sobre el plazo requerido para cumplir sus propósitos. En el documento oficial de la Presidencia de la República (Departamento Nacional de Planeación - Visión Colombia II Centenario: Bogotá, 2005), consta que para que el modelo se consolide se requiere continuidad en las políticas y permanencia en el poder hasta el año 2019. Mucho tiempo antes del Pacto de Ralito (y de los Convenios de Ginebra y La Haya sobre Derecho Humanitario), Simón Bolívar firmó con el General Morillo un “Tratado de Regulación de la Guerra” con el fin de “economizar la sangre cuanto sea posible”. El día 25 de abril de 1821, Bolívar envió una proclama a sus soldados, por medio de la cual les ordenaba respetar los artículos de la regularización de la guerra: “aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre”.66 Sucesivos mandatarios colombianos desoyeron la voz del Libertador. Y derramaron la sangre de su propio pueblo.

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Simón Bolívar. Obras Completas, Lex, La Habana, 1947, Tomo II, pág. 1173.

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A modo de presentación Uruguay asistió a un acentuado proceso de crisis desde mediados de los años ’50 del siglo pasado, que gradualmente fue abarcando distintos planos de la realidad nacional hasta su desenlace final, el 27 de junio de 1973, día del golpe de Estado e imposición de la dictadura en el país. La emergencia y radicalización de la violencia política, la estatal en particular, está vinculada a dicho proceso de crisis y sus etapas, particularmente a partir del año 1968, así como al contexto regional e internacional de profundos cambios políticos, sociales y culturales experimentados particularmente en los países del Cono Sur de América Latina. El fenómeno de la “brutalización de la política” precedió cronológicamente al fenómeno del “terrorismo de Estado” aunque, en ciertos aspectos, se adelantó al mismo, dado que, aún bajo la vigencia de un sistema democrático, antes del golpe, se fue diseñando un campo criminal y un Estado de Policía que justificaron el gobierno bajo decreto y medidas de excepción, los cambios en la legislación en sentido cada vez más punitivo, la injerencia mayor de la justicia militar en el juzgamiento de civiles y, sobre todo, transformaron la subjetividad social a partir de convertir la relación vida-muerte como objeto de la política con la consiguiente pérdida de valor de la vida humana, la transgresión de los límites civilizatorios y los umbrales de tolerancia de la sociedad así como la aceptación de los castigos del Leviatán hasta el límite de la desaparición forzada de personas. En este artículo se actualizan los datos de la violencia estatal bajo la dictadura a partir de una síntesis de las investigaciones históricas recientemente 141


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llevadas a cabo por la Presidencia de la República sobre detenidos desaparecidos (2007) y por la Universidad de la República sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (2008), principalmente, sobre las formas de la desaparición forzada de personas, el asesinato político y la prisión política así como también se aportan cifras globales sobre la cantidad de víctimas de la violencia institucional y las circunstancias de sus padecimientos. Tales datos seguramente posibilitarán una reflexión más profunda acerca de los cambios y rasgos de la sociedad uruguaya post dictadura, desde 1985 al presente, y en qué medida el reciente pasado dictatorial sigue produciendo efectos de realidad en el presente democrático.

1. El delito de desaparición forzada de personas La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas considera la desaparición forzada como: La privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (Artículo 2). De dicho texto de ley se desprende, entre otros considerandos, que el sujeto del delito es exclusivamente el Estado a través de las acciones criminales cometidas por “agentes estatales” o por personas que cuentan con la “autorización” o el “apoyo” o la “aquiescencia del Estado” (agentes encubiertos, grupos paramilitares), que actúan en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales. Por lo tanto, el delito de la desaparición forzada de personas tiene directa relación con la configuración de un “Estado criminal”: el “Estado como sujeto de infracción” que provoca, en este caso particular, una ofensa más radical al género humano, ulterior a la muerte misma de sus conciudadanos: la desaparición de los cuerpos y el olvido de su existencia. Recordemos a Hannah Arendt cuando analizaba la importancia que tiene para la configuración de un aparato de “dominación total” esa “completa desaparición de sus víctimas”, y cómo dicho fenómeno resultaba una 142


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“novísima invención” respecto al anticuado medio del asesinato político o común donde el asesino deja tras de sí “los rastros ordinarios de la antigua existencia como un cuerpo y una tumba”. Ahora, la operación trata de que la víctima “nunca haya existido”. Sin ser datos definitivos, hasta el momento, las investigaciones realizadas en Uruguay permiten determinar un universo de personas de nacionalidad uruguaya o argentina, detenidas y/o desaparecidas tanto en territorio nacional como en otros seis países de la región, de 172 personas (169 adultos y tres menores de edad). De ellos, 32 desaparecidos son detenidos en Uruguay (entre ellos, seis son de nacionalidad argentina presumiblemente trasladados ilegalmente y desaparecidas en su país de nacimiento); 129 en la República Argentina (entre ellos, tres menores de edad); nueve en Chile; uno en Bolivia; uno en Colombia. En Paraguay son detenidos dos uruguayos que fueron luego trasladados y finalmente desaparecidos en la Argentina y en Brasil es detenido un uruguayo, posiblemente trasladado a Paraguay y luego a la Argentina donde desaparece. En la trágica experiencia del terrorismo de Estado en el Uruguay, el fenómeno de la desaparición forzada de personas se presenta bajo diferentes modalidades. La figura del detenido desaparecido ilustra el caso prototípico de personas privadas de su libertad (detenidas o secuestradas) por funcionarios del Estado y que fueron recluidas en centros clandestinos, torturadas y posteriormente desaparecidas, individual o grupalmente, hasta el presente. Pero también existen los casos de asesinados desaparecidos, personas que nunca fueron detenidas sino directamente asesinadas tras enfrentamientos armados (algunos simulados) o encontradas abandonadas en la vía pública con heridas de bala o lesiones mortales provocadas por golpes recibidos. Los cuerpos de estas personas fueron desaparecidos posteriormente a su deceso, enterrados como NN en cementerios de la República Argentina o Chile y sus restos reducidos y depositados en osarios comunes o tumbas colectivas (como en el “Patio 29” del Cementerio General de Santiago o en varios cementerios municipales en la Argentina). En estos casos, existe certeza del homicidio al encontrarse el parte policial correspondiente así como el certificado de defunción, la autopsia y registro de huellas dactilares. Debemos mencionar también los casos de los desaparecidos temporarios como otra modalidad aplicada desde muy temprano en el Uruguay, incluso bajo la vigencia del Estado de derecho. Se trata de personas o grupos de per143


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sonas detenidas formalmente pero luego incomunicadas por varios meses y trasladadas a lugares desconocidos con el objetivo de prolongar así el tiempo de los interrogatorios y torturas, sin remisión a la justicia, y/o de personas secuestradas para ocultar el acto de la detención, la fecha y la identidad de las fuerzas captoras. El lapso temporal de la desaparición variaba y era interrumpido cuando la persona reaparecía con vida y su situación “legalizada” mediante su presentación ante la Justicia Militar y condena por años en establecimientos penales oficiales. Junto a las anteriores modalidades de la desaparición forzada de personas existen otros dos casos de difícil tipificación. Se trata de los cuerpos NN aparecidos en las costas uruguayas y de los niños y adolescentes desaparecidos. Los cuerpos NN aparecidos en las costas son un total de treinta y un cuerpos sin vida de personas que probablemente fueron detenidas y asesinadas en las torturas recibidas previamente a ser arrojadas al mar en los “vuelos de la muerte” y/o como consecuencia de ser lanzadas al vacío e impactar contra la superficie del mar y permanecer largo tiempo sumergidas (en el Océano Pacífico, costas de San Antonio, Chile y en el Río de la Plata, costas de la Argentina y Uruguay). Sus cuerpos fueron arrastrados por las aguas y emergieron completamente mutilados en las playas de cuatro departamentos del Uruguay (Montevideo, Colonia, Maldonado y Rocha) entre 1976 y 1979 para ser finalmente inhumados como NN en cementerios municipales. El elemento diferenciador en esta modalidad es la elección por los verdugos del mar –y no la tierra– como superficie de “enterramiento” y medio de desaparición de las personas así como las enormes dificultades que se encontraron para determinar las circunstancias concretas de la detención y muerte y para encontrar los antecedentes e identificación de las personas debido al estado de los cuerpos. El otro caso es el de los niños y adolescentes secuestrados en forma temporaria y/o desaparecidos hasta el presente. En este caso, el elemento diferenciador es la circunstancia del secuestro y desaparición por la edad de la víctima ya que se trata de bebés nacidos en cautiverio de padres detenidos y finalmente desaparecidos o de menores raptados en el momento de la detención y desaparición o asesinato de sus padres adultos, ellos mismos secuestrados, cambiadas sus identidades y entregados ilegalmente en adopción. La mayoría de estos menores desaparecidos (salvo tres casos), fueron muchos años después localizados y restituidas sus identidades. También se debe considerar la situación 144


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de madres embarazadas, o posiblemente embarazadas al momento de su detención (no existe total confirmación), luego desaparecidas sin que exista información alguna o testigos sobrevivientes sobre el posible alumbramiento en cautiverio de sus bebés y el destino final de ellos. El fenómeno de la desaparición forzada de personas resultó ser una práctica sistemática del terrorismo de Estado en el Uruguay, aunque la misma empieza a constatarse antes del golpe y la instauración de la dictadura en el país, el 27 de junio de 1973 (se verifican dos casos en 1971 y uno en marzo de 1973). En los doce años que transcurren entre 1971 y 1982, salvo en dos años (1972 y 1980), se constataron casos de desaparición forzada de personas de nacionalidad uruguaya, tanto en su país de nacimiento como en otros países del Cono Sur de América Latina. En Chile, por ejemplo, la totalidad de los ciudadanos uruguayos desparecidos lo fueron inmediatamente de consumado el golpe de Estado contra el gobierno del Dr. Salvador Allende, entre el 11 de setiembre y diciembre de 1973. La mayor cantidad de detenidos desaparecidos en Uruguay y en la Argentina se verifica entre los años 1976 y 1978: 136 personas. Parte de la explicación de ello, seguramente reside en la consumación del golpe de Estado en la República Argentina (24 de marzo de 1976) y en el mayor despliegue de la coordinación represiva regional entre las fuerzas armadas de la región, tras su formalización como “Operación Cóndor” en Santiago de Chile (a partir de noviembre de 1975). En la experiencia uruguaya, uno de los rasgos centrales del fenómeno de la desaparición forzada es la definición política de las víctimas. En ese sentido, la mayoría de los adultos son desaparecidos por pertenecer o estar vinculados a las organizaciones políticas de izquierda y la mayoría de ellos desaparecen no en forma aislada sino en el marco de operativos represivos desplegados a gran escala contra esas mismas organizaciones, entre setiembre-diciembre de 1973 y setiembre-enero de 1981-1982. Así, por un lado, entre 133 y 136 detenidos desaparecidos tenían militancia confirmada mientras que un total de ocho partidos y grupos de la izquierda uruguaya (y Montoneros de la Argentina) son las organizaciones con militantes desaparecidos en operativos conjuntos: Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros (42 personas), Partido por la Victoria del Pueblo (35 personas), Partido Comunista del Uruguay (23 personas), Grupos de Acción Unificadora (18 personas), Partido Comunista Revolucionario (nueve 145


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personas), Montoneros (cinco personas), Grupos Anarquistas (tres personas), Agrupación de Militantes Socialistas (una persona). Uno de los rasgos que demuestra el carácter institucional de las dictaduras y del delito de desaparición forzada de personas lo constituye el hecho de que los 32 sitios de detención de ciudadanos uruguayos que fueron relevados hasta el momento eran dependencias militares y/o policiales o estaban bajo dicha jurisdicción: ocho sitios clandestinos y siete sitios oficiales de detención en Uruguay; trece sitios clandestinos en la Argentina; cuatro centros oficiales en Chile. A ellos debe agregarse otro centro oficial de reclusión temporaria en Paraguay. Los organismos militares y policiales identificados que participaron en operaciones conjuntas de detención de ciudadanos uruguayos luego desaparecidos en la Argentina, así como en el traslado de ciudadanos argentinos detenidos en Uruguay son, principalmente: el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA-Uruguay), el Servicio de Información de Defensa (SID-Uruguay) y la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDEArgentina) así como las Armadas de Uruguay y la Argentina, el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA-Uruguay) y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA-Argentina). El intercambio de prisioneros entre los organismos represivos de la región y los traslados de los mismos entre países se constatan en varias situaciones y medios de transporte (incluidos los “vuelos de la muerte”) así como en distintos momentos, incluso antes de formalizarse la “Operación Cóndor”. En el caso de los ciudadanos uruguayos los traslados se realizan, principalmente, desde la República Argentina a Uruguay y desde Paraguay a la Argentina (dos personas). Existen también seis casos de ciudadanos argentinos exiliados en Uruguay que fueron secuestrados y trasladados ilegalmente a la Argentina. En total, esos traslados pueden haber abarcado a un total de 72 personas detenidas desaparecidas: 44 de los mismos se mencionan expresamente en los informes personales de las víctimas entregados a sus familiares por la Comisión para la Paz (COMIPAZ); los 28 casos restantes pueden inferirse del contexto represivo ya que su detención y desaparición forman parte del mismo operativo represivo y son casos conexos a los anteriores, es decir, se ejecutan simultáneamente o con escasa diferencia de horas y por los mismos organismos de seguridad. 146


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En términos de traslados grupales de detenidos desaparecidos pueden confirmarse, al menos, tres fechas importantes: 24 de junio de 1976 (operativo con base en “Automotores Orletti” contra el Partido por la Victoria del Pueblo; traslado a Uruguay de 24 personas conocido como el “primer vuelo”, sin desaparecidos finales); 5 de octubre de 1976 (operativo con base en “Orletti” contra el PVP; traslado probable a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” de 24 personas que desaparecen definitivamente); 16 de mayo de 1978 (es parte de una oleada represiva que incluye distintos operativos simultáneos o escalonados desplegados en Buenos Aires en los que son detenidos 41 militantes, principalmente de los Grupos de Acción Unificadora y del Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupos de anarquistas y militantes escindidos del MLN e integrados al Partido Socialista de los Trabajadores argentino. La mayoría de los detenidos fueron concentrados en los “Pozos de Banfield y Quilmes” y trasladados ilegalmente en el llamado “tercer vuelo”; probablemente desaparecidos en Uruguay). Respecto al tema de la identificación de restos óseos y/o localización de los lugares de enterramiento debe señalarse que, hasta el presente, del universo de 172 uruguayos detenidos desaparecidos se ha logrado identificar sólo 20 casos: tres en Uruguay, 15 en Argentina, uno en Bolivia y otro en Chile. Finalmente, debemos indicar que, a poco de recuperada la democracia en el país, el 22 de diciembre de 1986, el Parlamento aprobó la llamada Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado Respecto de los Delitos Cometidos hasta el 1º de Marzo de 1985. La misma fue impugnada por sectores importantes de la ciudadanía que finalmente no lograron alcanzar la mayoría (43% de los votos) en el referéndum realizado el 16 de abril de 1989. Así, la ley Nº 15848 quedó ratificada por la ciudadanía (57% de los votos). El resultado de este proceso es que durante más de veinte años ningún responsable de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura fue citado por la justicia ordinaria ni en calidad de testigo, acusado o penado. Con el triunfo de las fuerzas de izquierda agrupadas en el Frente Amplio en las elecciones nacionales de noviembre del año 2004 y bajo la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, una nueva interpretación de la ley permitió, sin derogarla o anularla hasta el momento, resquebrajar el mecanismo de impunidad instalado en el país por dos décadas. Así, desde el año 2006, han sido procesados en el Uruguay como responsables de la desaparición forzada de personas: ocho militares, dos policías y un civil . 147


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2. El crimen político durante la dictadura Según los resultados de la Investigación histórica de la Universidad de la República sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay, luego del golpe y hasta la recuperación de la democracia en el país, es decir, desde mediados de 1973 hasta principios de 1985, se produjeron 116 muertes por responsabilidad del Estado. De ellas, 23 víctimas son mujeres. Si bien todas estas cifras nunca deben tomarse como definitivas, igualmente proporcionan, en base a la documentación obtenida hasta el momento, un universo bastante posible de las víctimas de la dictadura. Recordemos que el mismo golpe de Estado cívico-militar en el Uruguay –a diferencia, por ejemplo del de Chile–, se caracterizó por una economía de la violencia institucional que ocasionó un escaso número de muertos en los días siguientes al quiebre de la democracia (sólo dos militantes asesinados), máxime si se tiene en cuenta el amplio movimiento de resistencia obrero y popular que declaró la huelga general contra la dictadura y que se extendió por quince días en todo el territorio nacional. Si bien el Parlamento fue clausurado y por decreto se adoptaron medidas que atentaron contra la libertad de expresión y de reunión, así como se ilegalizó a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y se detuvo a cientos de sindicalistas y estudiantes, es recién el 28 de octubre que el Poder Ejecutivo interviene a la Universidad de la República con detención del Rector y decanos (decreto Nº 921/973) y el 28 de noviembre que ilegaliza a un conjunto de partidos de izquierda (decreto Nº 1026/973) y a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Esta nueva situación provocó serias dificultades en el accionar de las organizaciones antidictatoriales en el interior del país, principalmente de los partidos y grupos políticos de izquierda ilegalizados, que deberán así reorganizarse y emprender el movimiento de resistencia al régimen en condiciones de clandestinidad. Asimismo, otro dato a tener en cuenta consiste en el reconocimiento de que las organizaciones de la izquierda armada, particularmente el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), tenía su capacidad operativa fuertemente debilitada en el interior del país luego del proceso por el cual las Fuerzas Armadas asumieron directamente la “lucha contra la subversión” en todo el territorio nacional (1971) y fuera declarado el “estado de 148


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guerra interno” (1972), proceso que culmina con cientos de detenciones, la caída de sucesivas direcciones de la organización y, finalmente, de su máximo dirigente y fundador, Raúl Sendic (setiembre 1972). Por otra parte, la Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales” (OPR “33”), representativa de la línea de “acción directa” de grupos anarquistas, principalmente de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), en los meses previos al golpe de Estado (1973) adoptó la decisión de replegar sus cuadros militares a la República Argentina para reagruparse en ese país. En ese contexto defensivo, los núcleos de dirigentes y militantes representativos de varias organizaciones de la izquierda uruguaya en el exilio no sólo comenzarán a desarrollar actividades de solidaridad y a coordinar acciones conjuntas sino que buscarán también la oportunidad de reingresar al país. Otros se integrarán a militar en las organizaciones revolucionarias argentinas (sobre todo en el PRT-ERP, Montoneros y el Partido Socialista de los Trabajadores) o coordinarán determinado tipo de acciones dentro de la llamada Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), situaciones éstas que justificarán para las dictaduras regionales montar la “Operación Cóndor” y desplegar la ofensiva represiva conjunta contra el exilio uruguayo en la Argentina, sobre todo a partir de 1976, luego del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla contra la Presidenta Isabel Martínez de Perón. De allí que, volviendo al Uruguay, la situación descrita líneas arriba también determina la casi inexistencia de enfrentamientos armados contra el régimen luego de producido el golpe de Estado. Dicho de otra manera, según las circunstancias de muerte, los caídos como resultado de operativos de las Fuerzas Armadas desplegados bajo la dictadura son 22 personas en total (doce en Uruguay, nueve en Argentina y una en Chile). De ellos, los que mueren como consecuencia directa de enfrentamientos armados –reales o figurados– contra las fuerzas de seguridad en el interior del país son sólo alrededor de diez personas. Por otra parte, los soldados, oficiales o policías muertos o asesinados en actos de servicio en el período 1973-1985 ascienden a ocho personas. Los casos conexos de ciudadanos uruguayos secuestrados y asesinados en la Argentina en operativos de coordinación represiva regional fueron un total de trece personas. Uno de esos operativos implicó la detención y traslado clandestino desde Buenos Aires a Montevideo de cinco personas que luego de estar secuestradas por más de cuarenta días fueron finalmente asesinadas y sus cuerpos con múltiples heridas de bala arrojados en una carre149


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tera cercana a la localidad de Soca. Otro de esos operativos implicó el secuestro en Buenos Aires del ex senador del Frente Amplio y periodista Zelmar Michelini, del ex Presidente de la Cámara de Representantes y dirigente del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, y del matrimonio formado por William Whitelaw y Rosario Barredo, ex militantes del MLN. Los cuerpos de los cuatro aparecieron días después en el interior de un automóvil abandonado. Las circunstancias del asesinato de la mayoría de las personas durante la dictadura se vincula a la situación carcelaria: 68 personas. Aunque las versiones oficiales y los testimonios de los familiares en muchos casos varían, podría sostenerse que las muertes se producen por: torturas, omisión de asistencia médica, enfermedades terminales contraídas y/o agudizadas ante los rigores de la reclusión y por autoeliminación, algunas luego de permanecer la persona en celdas de castigo en total aislamiento (“La Isla” en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 del Penal de Libertad (varones) y “La Casita” en el Establecimiento militar de Reclusión Nº 2 en Punta de Rieles (mujeres). Finalmente, cabe agregar que siete personas mueren por responsabilidad del Estado en otras circunstancias diferentes a las señaladas más arriba (por ejemplo, por ingesta de pastilla de cianuro antes de ser detenido, disparo accidental de arma de fuego por un soldado, atentado mortal con veneno, etc.); hasta el presente tampoco se conoce cómo murieron otras seis víctimas de la dictadura. Desde el punto de vista cronológico, en cada uno de los años de duración de la dictadura, entre 1973 y 1984, siempre se constata la existencia de personas asesinadas por el régimen y más de la mitad de los casos (73), acontecen entre 1974 y 1977, los años donde se concentra la mayor represión en todos los planos de la realidad nacional.

3. Prisioneros políticos y torturas Abordamos aquí, por último, la dimensión represiva principal del régimen dictatorial uruguayo: la reclusión masiva y prolongada. La documentación oficial a la que se tuvo acceso hasta el momento nos ha permitido reconstruir –aunque seguramente de manera aún incompleta–, un universo de 5.925 presos políticos entre 1973 y 1984. En ese total se incluyen 739 150


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mujeres presas (total parcial). Uruguay fue así el país con la mayor proporción de presos políticos por habitante en el mundo considerando su población de entonces, alrededor de tres millones de personas. El método carcelario se relacionó directamente con la aplicación generalizada y sistemática de torturas a los detenidos, tanto físicas como psíquicas. Las formas más comunes fueron: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, colgamiento, submarino, golpizas, simulacro de fusilamiento, violaciones, estaqueamiento, caballete, utilización de drogas. Sin intentar ensayar ahora una explicación teórica profunda, digamos que el fenómeno carcelario seguramente se vincula a las lógicas represivas desplegadas por el Estado uruguayo en la etapa pre-dictadura, particularmente entre 1967 y 1973, bajo la vigencia aún del Estado de derecho. En esa etapa, dichas lógicas combinaron, por un lado, la represión masiva a conjuntos organizados de la población del país (sindicatos, movimiento estudiantil, partidos y grupos políticos) y, por otro lado, formas “pastorales” de vigilancia y control (datos personales recogidos por los servicios de inteligencia, seguimientos individuales, localización e interrogatorio de sospechosos). Estas prácticas represivas estatales que interrelacionaron masividad e individuación se continuaron y profundizaron luego bajo la dictadura combinando así los objetivos seleccionados por la represión con la vigilancia y el miedo generalizados entre la población, el verdadero objetivo del sistema de control dictatorial. Seguramente, la impronta carcelaria tiene también que ver con el carácter de la dictadura uruguaya, más de tipo policial que militar. De allí que el fenómeno de la prisión prolongada hay que contextualizarlo dentro de la construcción de una “sociedad criminal” y la “policialización” de las funciones del Estado, proceso iniciado antes de la imposición del régimen autoritario. Esto quiere decir que, aún declarada la “guerra interna” o “antisubversiva” por el Estado (desde 1972), las tecnologías de poder de la dictadura uruguaya –a diferencia de la argentina y chilena–, parecen haberse orientado más hacia la dominación de la voluntad del enemigo, (derrotar su “predisposición conocida hacia la guerra”, según Hobbes), que a su exterminio físico inmediato (objetivo de la guerra). La masividad que asumió el sistema carcelario en la época y los métodos aplicados a los prisioneros durante años parecen ir en dirección a cumplir ese objetivo de dominar la voluntad de resistencia. En ese marco general, el conjunto de reglamentos, situaciones y castigos carcelarios se proyectó como un modelo de disciplinamiento del conjunto 151


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de la sociedad. En cuanto a los presos en particular, los mismos no sólo fueron privados de su libertad sino también de su dignidad, sin olvidarnos de lo ya señalado: que el porcentaje mayor de asesinatos políticos por responsabilidad del Estado bajo la dictadura es de presos políticos (por torturas, omisión de asistencia, etc.). Respecto a los reglamentos, en el Manual de disciplina para reclusos que era entregado a la llegada al Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, se comenzaba afirmando que: No hay sustituto para la moral y la disciplina de un Instituto. La disciplina no es un sistema de castigo sino de adiestramiento, guía y conducta ordenada. Si no existe disciplina es difícil mantener ordenado un instituto, establecer normas de sanidad, de orden y limpieza. A partir de esos considerandos se reglamentaba todo en la vida del prisionero: estricto cumplimiento del horario establecido para levantarse, formas de realizar la higiene personal, tender la cama, acondicionar la celda, retirar los baldes de residuos, limpiar y colgar la ropa en la celda, bañarse, cortarse el pelo, útiles de higiene permitidos, recreos, visitas, desplazamientos, vestimenta autorizada, tenencia de libros y fotos familiares, realización de manualidades, recepción y envío de correspondencia, etc. Las prohibiciones, por su parte, eran de todo tipo, incluso, del uso y tenencia de objetos que simbólicamente podrían insinuar algún mensaje de libertad y esperanza, a modo de ejemplo: No serán autorizadas a salir como manualidades, trabajos con los siguientes diseños: la rosa, la rosa ensangrentada, el sol azteca, la estrella de cinco puntas, la paloma, el puño, las manos unidas formando palomas (…). No podrán confeccionarse manualidades estandarizadas que se identifiquen como realizadas en el Establecimiento. Y las sanciones establecidas eran tan variadas como arbitrarias. También a modo de ejemplo, será causa de incomunicación poseer literatura tendenciosa oculta. La tenencia de literatura ideológica marxista será siempre motivo de incomunicación, como asimismo manuscritos de esa índole. Los Reclusos que pasen incomunicados a Sala de Disciplina o piso 5 deberán dejar su celda correctamente arreglada. Las causales de sanción más frecuentes en la conducta de los reclusos eran, entre otras: contestar en forma incorrecta a personal Militar; llevar las manos en los bolsillos en formación; no pararse al mandar ATENCIÓN a un Sr. Oficial; andar con el mameluco desprendido; tener ropa u otros objetos en la ventana; pretender hablar con un Vigilante sin causa justificada; demorar en obedecer órdenes recibidas; pretender hacer indicaciones fuera de lugar; reírse en formación; 152


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tener la cama distendida; tener la canilla abierta sin causa justificada; encontrarse acostado sin causa justificada; pretender familiarizarse con el personal; tener bigote que excede las comisuras. Por extensión, la vigilancia abarcaba también a los familiares y amigos del preso: control y escucha de las visitas; recopilación de los antecedentes personales de familiares sospechosos, sobre todo de quienes eran funcionarios públicos; revisación corporal estricta, sobre todo de las mujeres a la entrada y salida del penal; lectura secreta de la correspondencia y otras medidas. Uno de los factores que documenta el carácter institucional de la dictadura refiere a la cantidad de sitios públicos utilizados como centros de reclusión, infraestructura, presupuesto y burocracia estatal afectada al control de la numerosa población carcelaria en todo el territorio del país. Esta situación se va configurando a partir de los años 1967 y 1968, bajo la aplicación de Medidas Prontas de Seguridad, cuando numerosos sindicalistas y estudiantes son detenidos por el Poder Ejecutivo y alojados en cuarteles al amparo de la normativa de excepción, sin pasar por la justicia ordinaria. En julio de 1972 se establece mediante la Ley Nº 14.068 que: el lugar de reclusión de los imputados estará bajo la inmediata dependencia de las autoridades militares, debiendo el Poder Ejecutivo fijar el régimen carcelario correspondiente. Esta situación carcelaria se generalizó bajo la dictadura, ya sin ningún tipo de legalidad, garantías ni controles para los presos políticos, sujetos así a las decisiones discrecionales de las autoridades. Precisamente, en 1972, antes del golpe de Estado, se crea y habilita mediante decreto el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (Penal de Libertad para varones) dependiente del Comando General del Ejército. Dicho decreto del Poder Ejecutivo Nº 567 en su primer artículo decía: La Colonia Educativa de Trabajo servirá de local de reclusión de los imputados, procesados y condenados por actividades subversivas y funcionará bajo la inmediata dependencia del Ministerio de defensa Nacional. Así, también, mediante otro decreto Nº 502, en julio de 1973 se aprueba el Reglamento para el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 (Penal de Punta de Rieles para mujeres). Ambos, junto al Cuartel del Batallón de Ingenieros Nº 3 ubicado en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó –utilizado de hecho como Establecimiento militar de Reclusión Nº 3 para alojar a las personas detenidas en el norte del país–, fueron los tres sitios principales de reclusión masiva. 153


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Las investigaciones recientes han podido localizar un total de cincuenta sitios públicos de reclusión de presos políticos. Junto a los penales nombrados, otras treinta y cuatro dependencias del Ejército fueron utilizadas en el período dictatorial como cárceles. Entre ellas se cuentan: cuarteles de los Batallones de Infantería, Batallones de Ingenieros, Grupos de Artillería y Regimientos de Caballería. Además, se cuentan dos dependencias de la Armada, una dependencia de la Fuerza Aérea y el Hospital Central de las FF.AA., lugar donde finalmente fallecían la mayoría de los presos trasladados por secuelas de torturas o enfermedades crónicas no atendidas. Otros tres sitios de reclusión dependieron del Ministerio del Interior y otros tantos del Consejo del Niño donde se albergaba a menores de edad detenidos por activismo político. A los anteriores lugares públicos deben sumarse nueve sitios clandestinos de detención y desaparición de personas en Uruguay y dos lugares de enterramiento clandestino de detenidos desaparecidos localizados hasta el presente (un cuartel militar y una chacra bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea). El castigo a los presos políticos no sólo se relacionaba con la pérdida de la libertad y las torturas recibidas. Luego de que su situación se “estabilizaba”, en el cumplimiento de las largas penas establecidas por la justicia militar (un promedio de siete años) los presos debían soportar distintas situaciones cotidianas impuestas por las autoridades con el objetivo de generar su permanente inseguridad, incluso, luego de cumplir la sentencia, al permanecer en “régimen de libertad vigilada” con obligación de reportarse quincenalmente en una dependencia militar, con limitaciones a la libertad de movimientos dentro del propio país y bajo la incertidumbre permanente de quedar nuevamente detenido y reprocesado en cualquier presentación de rutina. Por tanto, las situaciones vividas por los miles de presos políticos durante la dictadura fueron de distinto tipo. Una de ellas, fue la existencia de presos “rehenes”. Efectivamente, entre 17 y/o 19 dirigentes y militantes tupamaros (hombres y mujeres) fueron sometidos a un trato inhumano durante años y trasladados permanentemente de sitio de reclusión; otra de esas situaciones involucró a personas procesadas que eran nuevamente solicitadas por parte de servicios de inteligencia para ser reinterrogadas bajo tortura y transportados de un lugar a otro sin conocerse su situación y destino final; personas “en depósito”, es decir, que eran retenidas sin requisitoria ni pruebas en dependencias policiales y militares y liberadas tiempos después según la orden del jefe militar o policial de turno; presos incomunicados en celdas de castigo 154


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por muchos meses; pago de “expensas carcelarias” (los gastos generados por la estadía en la cárcel) como condición para ser liberado; bienes personales incautados por las autoridades; presos que eran luego expulsados del país. Es necesario tener en cuenta la dimensión de género y las formas sexuadas de la represión por cuanto el terrorismo de Estado se ejerció en el marco de dichas relaciones de poder implantando un trato diferencial para varones y mujeres en la cárcel y la tortura, así como diferentes códigos, incluida la negación de esa presencia protagónica de las mujeres en la política. El nacimiento en cautiverio y la apropiación ilegal de los hijos de madres posteriormente desaparecidas resulta el ejemplo por excelencia de la política represiva de género del régimen dictatorial. Otro de los hechos relevantes del trato diferencial de la represión es el tema de la maternidad en prisión o la prisión compartida con hijos menores de edad. Las mujeres detenidas embarazadas, luego de su periplo por cuarteles del interior del país y la capital fueron finalmente concentradas en dos establecimientos militares: el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y el cuartel de Blandengues. Posteriormente, en setiembre de 1974, todas las detenidas fueron trasladadas al EMR 2 (Punta de Rieles) sector “A”, previo a haber sido separadas bruscamente de sus hijos pequeños. Otro rasgo diferenciador de la represión de género se relaciona con las visitas familiares y de los hijos así como la utilización, por parte de las autoridades del penal, de esta instancia de reencuentro como momento de castigo de las reclusas madres (sanción con prohibición de visitas, incomunicación, etc.). A propósito de los hijos de los presos políticos, las nuevas investigaciones históricas de la Presidencia y la Universidad de la República han permitido documentar esta dimensión invisibilizada de las prácticas represivas del Estado uruguayo. Al respecto se puede establecer, por ejemplo, que 96 uruguayos detenidos desaparecidos tenían hijos y que el total de hijos de los detenidos desaparecidos suman alrededor de 155. Asimismo, que la familia fue un objeto directo de la represión dictatorial dado que son 36 los núcleos familiares con más de un integrante en esa situación. Las distintas situaciones por las que atravesaron los menores de edad como víctimas directas del terrorismo de Estado son: menores de edad detenidos desaparecidos hasta el presente: tres casos; bebés nacidos en cautiverio de padres desaparecidos; secuestrados y cambiadas sus identidades, recuperados posteriormente: cuatro casos; niños y adolescentes hijos de pa155


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dres desaparecidos y/o posteriormente asesinados; desaparecidos temporarios, posteriormente localizados y recuperada su identidad: doce casos; bebé nacido en prisión de padre desaparecido y madre detenida, entregado a su familia biológica: un caso; bebés cuyo nacimiento no ha podido ser confirmado hasta la fecha, de padres desaparecidos y madre embarazada al momento de la detención: cuatro casos; bebés probablemente nacidos en cautiverio de padres desaparecidos, madre posiblemente embarazada al momento de ser detenida: dos casos; niños abandonados de manera forzada al momento del secuestro de sus padres detenidos desaparecidos, recuperados por sus familias biológicas: ocho casos; niños de padre detenido desaparecido en Argentina; trasladados ilegalmente con sus madres y liberados con vida en Uruguay: cinco casos; bebés en proceso de gestación con madres detenidas y sometidas a torturas; nacidos en prisión compartida con sus progenitoras, liberados y entregados luego a sus familias biológicas: 67 casos (cifra incompleta).

4.Los efectos de la dictadura en el presente democrático. A modo de conclusión El intento por reconstruir aquellos crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura uruguaya, principalmente la desaparición forzada de personas y los asesinatos políticos, así como la tortura generalizada y la prisión masiva, no puede hacernos olvidar de otras dimensiones represivas instrumentadas por el Estado-dictadura ni de sus víctimas. Son, precisamente, el conjunto de esas dimensiones entrelazadas lo que va permitiendo definir no sólo el carácter del régimen dictatorial uruguayo sino también las etapas por las que transitó. En este último sentido, es posible afirmar la existencia de una etapa totalitaria del régimen –no sólo comisarial o autoritaria tradicional–, entre fines de 1975 y 1978. Precisamente, en la investigación histórica de la Universidad de la República sobre la dictadura y el terrorismo de Estado ya mencionada, se aportan datos y documentos referidos a ese período, en particular, a las dimensiones cotidianas del terrorismo de Estado. Por ejemplo, la vigilancia en el interior del país (el “insilio”) a través de la censura y prohibición de libros, películas, espectáculos, oficios religiosos, medios de prensa; control a organizaciones de la sociedad civil como clubes sociales, deportivos o de profesionales; seguimiento 156


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a intelectuales y personalidades artísticas, culturales y religiosas; control de los movimientos en el exterior del país (el exilio) y a los extranjeros residentes; intervención de la Universidad de la República y de las demás ramas de la enseñanza pública; persecución de la actividad sindical e ilegalización de la central obrera; vigilancia y represión a los partidos tradicionales y sus dirigentes. Numerosas personas fueron víctimas de la dictadura al suspendérseles los derechos políticos a cerca de 15.000 ciudadanos o al establecer la obligatoriedad de la “Declaración de Fe democrática” y la categorización de la ciudadanía en “A”, “B” y “C”, según el “grado de peligrosidad” de cerca de 300.000 uruguayos. Por lo tanto, a partir de las formas totalizadoras del control dictatorial y la generalización de las sanciones reales y simbólicas, el ser despedido, sumariado, no renovado el contrato de empleo o la imposibilidad de continuar una carrera universitaria por “malos antecedentes” o el abandono de la familia, amigos y bienes para marcharse precipitadamente al exilio, pueden contarse entre las tantas situaciones cotidianas que trastocaron las formas rutinarias de relacionamiento entre los uruguayos y entre éstos y sus instituciones políticas. Por eso mismo, en función de tales transformaciones estructurales, sociopolíticas, culturales y subjetivas, las dictaduras de “nuevo tipo” perduran más allá de su temporalidad como régimen político-Estatal. Incluso, si bien su duración histórica fue relativamente breve (casi doce años en Uruguay), no pudiendo asegurar finalmente su legitimidad y continuidad institucional, sus transformaciones desestructuradoras y contrarrevolucionarias igualmente continúan produciendo “efectos de realidad” en el presente democrático, en las formas institucionales del Estado de derecho recuperado, en las relaciones sociales y de convivencia, en la forma en que los uruguayos perciben “al otro” connacional. Por eso mismo, la reconstrucción histórica de nuestro pasado reciente no sólo es importante en sí misma, para romper las políticas de impunidad y mentira asentadas institucionalmente y aportar nuevo conocimiento de la realidad sino, sobre todo, porque resaltan una dimensión de análisis ineludible para la explicación de la actualidad. Reconstruida desde las interrogantes que demandan la explicación compleja del presente, se trata no sólo de responder a la pregunta “¿por qué?” las dictaduras en el Cono Sur de América Latina sino “¿para qué?” las dictaduras a más de treinta años de los golpes de Estado, encontrando más respuestas a esta última pregunta en el presente de la historia que en su pasado mismo. 157


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En este último sentido, hoy asistimos a situaciones que “reinstalan” en forma degradada y diseminada, fenómenos autoritarios precedentes. A modo de ejemplo: -La violación de los derechos humanos bajo dictadura sedimenta en democracia como fenómeno de la impunidad institucional. Se trata no sólo de la falta de verdad y castigo penal a quienes violentaron los derechos más elementales bajo el autoritarismo sino de la consolidación de un fenómeno social y moral más generalizado en el Uruguay posdictadura, que determina una forma de relacionamiento entre los uruguayos y de éstos con sus instituciones caracterizado por la no asunción de responsabilidades ante los hechos consumados y la ineficacia de cualquier mecanismo para exigir responsabilidades públicas; -Los efectos del terrorismo de Estado y de la tortura sistemática sedimentan en democracia a través de la repetición de las violencias y como acostumbramiento social a la desvalorización de la vida e integridad física de las personas: desde el crimen común a las prácticas abortivas ilegales o los accidentes de tránsito pasando por la violencia doméstica, el suicidio y otras formas de expresión microsocial y privadas que casi siempre afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. -La “guerra interna” declarada por el Estado y la imposición de la relación política amigo-enemigo bajo dictadura prolonga simbólicamente la enemistad en democracia a través del discurso de la criminalización de la sociedad y de la seguridad ciudadana entendida en un estricto sentido policial. Estos fenómenos tienden a construir una relación de ajenidad de la comunidad con un “otro” o “extranjero” (ayer los subversivos, hoy los delincuentes comunes) y a justificar la necesidad de generalizar las formas de vigilancia a la “sociedad sospechosa” y los castigos estatales. En definitiva, un endurecimiento de la ley penal que comprueba el debilitamiento de la ley que nos religa como comunidad nacional. -El sentido absolutizador del discurso totalitario tuvo su correlato en democracia a través de la imposición de un sentido único de la palabra pública, el reduccionismo explicativo de las lógicas instrumentales tecnoburocráticas contenidas en el discurso neoliberal, a la vez que su capacidad de estigmatización de toda propuesta alternativa al sentido común dominante. -La escisión entre el Estado y la sociedad consumada en el golpe de Estado sedimenta por medio de distintas fracturas sociales en el presente, la segmen158


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tación del cuerpo social y la segregación espacial de sus partes a través de fenómenos como el pauperismo, la indigencia y distintas formas de marginación que expresan los efectos desestructuradores-estructuradores de viejas y nuevas relaciones que consumen definitivamente el imaginario social tradicional del Uruguay como “Suiza de América”. -Finalmente, los usos políticos de la historia reciente por el discurso del Estado han operado como un mecanismo de aseguramiento del orden político institucional en el Uruguay posdictadura. En ese sentido, decíamos en otro trabajo que la clase gobernante tradicional, entre los años 1985 y 2005 trabajó sobre el golpe de Estado y la dictadura no como hechos históricos en sí sino sobre sus representaciones y símbolos para transformarlos en argumentos de autoridad política y disciplinamiento de la sociedad. Se trató, en definitiva, de “construir orden con palabras”, absolutizando la dimensión significante de la política para reinterpretar el pasado en clave conservadora. Así, el miedo a la dictadura en el pasado debía sustituirse por el temor a repetir la historia (sesentista) y el castigo del Gran Leviatán (el golpe) en el presente democrático. Total, “esa película ya la vimos, y sabemos cómo termina…”

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La Ley de Caducidad en Uruguay: dimensiones y tensiones de las leyes de impunidad y olvido en las democracias pos-dictatoriales del Cono Sur Pamela Morales “En un Estado moderno de derecho, hasta ahora, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos, el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto. Mientras esto sea así, la condena judicial con su castigo correspondiente, o también la falta de condena, tienen un valor de orientación imprescindible. Un crimen sin castigo tarde o temprano perderá su carácter de crimen”.1

Introducción Hace más de treinta años de aquel 11 de septiembre de 1973 en Chile, del 24 de marzo de 1976 en la Argentina y del 27 de junio de 1973 en Uruguay. Todas estas fechas se encuentran grabadas en la memoria de las sociedades latinoamericanas como el comienzo de días de oscuridad y terror en la política de cada uno de estos países. Sin embargo, por ahora siguen siendo solamente fechas, días en el calendario, feriados en un año. Para indagar sobre las modalidades o formas en que se construye la memoria colectiva,una posibilidad es analizar las conmemoraciones de esas fechas.2 Otra –que es la elegida en este trabajo–es encarar un recorrido histórico-político que tenga como protagonistas las normas y los discursos jurídicos que resumen las pautas, principios y valores de una sociedad plasmados en una ley y en un acto 1 Extracto del discurso introductorio sobre las implicancias judiciales y los posibles impactos regionales de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina. Olivera, R. (2006). La impunidad uruguaya no es perfecta ni inexpugnable. COMCOSUR / MONTEVIDEO. 2 Véase Marchesi, A. (2002). “¿Guerra o Terrorismo de Estado? Recuerdos enfrentados sobre el pasado reciente uruguayo” en Jelin, Elizabeth (comp.). Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”. Madrid: Siglo Veintiuno.

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judicial. Son estos elementos los que permiten elaborar una historia sobre los hechos ocurridos y crear un discurso de verdad y una práctica jurídica, política y social que instale la justicia y la memoria, en vez del olvido y el perdón. Es así como los países que soportaron las dictaduras organizadas en torno al Plan Cóndor, luego o antes de la finalización de esos regímenes pretendieron asegurarse la impunidad sobre sus crímenes. En ese marco, Pinochet promulgó una auto-amnistía que aún está vigente. En la Argentina, los militares se sublevaron para obligar al gobierno de Raúl Alfonsín a que pusiera fin a los juicios que amenazaban con llevarlos ante los tribunales, aprobando las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”. Y cuando eso no fue suficiente, se apeló a los indultos presidenciales durante el primer gobierno de Carlos Menem. En Uruguay, en cambio, sin necesidad de sublevarse abierta y públicamente, los militares lograron que se promulgara una ley de impunidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, en el presente trabajo se intentará abordar el actual estado normativo en torno a la legislación existente sobre Derechos Humanos en Uruguay. En el caso uruguayo, los conflictos por la memoria no se pueden reducir, como muchos teóricos hacen en otros casos latinoamericanos, solamente a los sectores partidarios del olvido frente a los defensores de la memoria, sino que se trata de una diversidad de actores que construyen su propia versión del pasado.3 De esa versión del pasado surgió la ley 16.848 de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, popularmente conocida como la “Ley de Caducidad”. El estudio que aquí presentamos se centrará específicamente en el análisis de dicha ley que se encuentra aún en vigencia y por la cual “se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” en relación a los delitos cometidos por militares y policías durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Ahora bien, paralelamente a la instauración de una política del olvido, desde la década del ochenta se ha establecido a nivel internacional el castigo por crímenes de lesa humanidad y genocidio que ha sido confirmado por la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el presente trabajo no se abarcará particularmente la discusión sobre las diferencias entre ambos tipos de crímenes, que quedará pendiente para un próximo estudio, pero en cambio se retomará la perspectiva esgrimida por el Dr. 3

Marchesi, A., Ob. Cit. p.101.

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Oscar Lopéz Goldaracena en su libro Derecho internacional y Crímenes contra la humanidad. Durante estos últimos años, y luego del plebiscito que permitió la continuidad de la Ley de Caducidad, Uruguay intenta poner en cuestión y revisar el actual Estado de Derecho para juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura. A la luz de la compleja discusión sobre la actual campaña para plebiscitar la anulación de la ley, se llevará adelante un análisis exploratorio y descriptivo sobre las condiciones históricas, políticas y sociales sobre las cuales se aprobó dicha norma. Además, se pensará cuáles son las posibilidades para su derogación y las consecuencias político- jurídicas que ello implicaría tales como la negación de la cosa juzgada. Por último, se establecerán puntos de contacto y de divergencia con las respuestas jurídicas de los gobiernos democráticos pos-dictatoriales de la Argentina y de Chile.

La Ley de Caducidad en la democracia posdictatorial Para dar comienzo a este trabajo ilustraremos, brevemente, cómo se estableció la Ley de Caducidad, ya que dichos acontecimientos nos permitirán comprender con mayor profundidad las particularidades de dicha norma, sus implicancias políticas, jurídicas y sociales en Uruguay. En 1980, en un plebiscito convocado por el gobierno militar para la aprobación de una nueva constitución redactada por éste, el pueblo rechaza esa propuesta, con lo que comienza un camino de recuperación de la democracia. El llamado Pacto del Club Naval fue la negociación secreta realizada entre los dictadores y los representantes del Frente Amplio y los partidos Colorado y Unión Cívica que posibilitó y a su vez condicionó el retorno a la democracia. En dichas conversaciones se afirma que se pactó implícitamente que las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquellos años no iban a ser juzgadas. El sábado 3 de agosto de 1984 se aprobó y se firmó el acta donde quedaban redactadas las llamadas “Bases para la transición,” que luego se recordaría como “El Pacto del Club Naval.” En 1985 se instituye la democracia con el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y se concede una amnistía general e irrestricta a los presos políticos detenidos aún en las cárceles uruguayas. Presentada como la contracara de la anterior amnistía, la “ley de caducidad de la pretensión pu163


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nitiva del Estado”, también denominada ley de impunidad, fue sancionada por el Parlamento (ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986). La misma manifiesta la renuncia expresa a investigar y juzgar los excesos que durante la dictadura se pudieran haber efectuado por parte de los militares y la policía, dejando en manos del Poder Ejecutivo decidir qué denuncia queda excluida de la norma. Ahora bien, ¿qué implicó para la sociedad uruguaya el establecimiento de dicha ley? En un primer lugar, se podría afirmar que la Ley de Caducidad fue presentada como la “salida política” a una situación clara: la negativa de los militares a habilitar una investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A nivel jurídico-político, la ley debilitó el principio del derecho como factor que compone una comunidad “de iguales, al instalar el fenómeno de la impunidad en la convivencia entre los uruguayos y confirmar la existencia de un conjunto de ciudadanos, que por razones políticas, se rigen por un estatuto jurídico particular, diferente al común.”4 En este sentido, se podría afirmar que la democracia y el pasado autoritario y dictatorial mantienen un vínculo complejo. En palabras de Álvaro Rico, es necesario pensar “las consecuencias del fenómeno del autoritarismo como causas de algunas de las características de la democracia actual, sobre todo luego de la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad”.5 Por ejemplo: la violación de los derechos humanos en el régimen autoritario (1968-1973) y dictatorial (1973-1985), persiste en democracia como fenómeno de la impunidad institucional. Por ello, “La Ley de Caducidad es un acto de violencia legalizada”6 que implica la consolidación de un fenómeno político, social y ético generalizado en el Uruguay posdictatorial, que plasma una relación particular entre los uruguayos entre sí y entre ellos con sus instituciones. Siguiendo la línea de pensamiento de Rico, la restauración de la democracia implicó no sólo la lucha por la palabra pública y la interpretación del pasado reciente, sino también, “por los silencios sobre lo importante: la falta de respuestas públicas, los secretos de Estado o el “no tengo conocimiento” de los gobernantes.”7 4

Rico, A. (2005). Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay (1985-2005). Montevideo: Trilce, p.12. 5 Rico, A. Ob. Cit., p. 123. 6 Ibid. 7 Rico, A. Ob.Cit. p. 76.

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También, se ha insistido con la idea de que dicha ley clausuraba el período de transición de la dictadura a la democracia, principalmente por lo que afirma parte del artículo 1º: “a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional.”8 Sin embargo, la democracia se instaló y la ley de caducidad aún sigue vigente, luego de que en 1989 fuera ratificada por plebiscito. Es así como las tensiones y conflictos que giran en torno a la ley de caducidad cobran un nuevo sentido al haber sido sostenida por el apoyo popular. La sociedad uruguaya dirimió un conflicto confirmando la ley 18.548 y dando así por cerrada una etapa, vinculada a la salida institucional de la dictadura. El triunfo del voto amarillo, así denominado por el color de la boleta, fue en primer lugar el de los militares y policías, quienes lograron que la ciudadanía ratificara la anhelada amnistía votada por el Parlamento; y en segundo término el del Partido Colorado, que apoyó la confirmación de la ley casi en su totalidad. A casi veinte años de esa ratificación, la situación jurídica, política y social de Uruguay es muy diferente. La Ley de Caducidad nació anclada en una situación política de la dictadura y generó la cultura de la impunidad, de ocultamiento y silencio por la forma en que fue aplicada. Pero además porque en sí misma renuncia a juzgar los crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2005, el inicio de la gestión del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez abrió un camino a la discusión sobre las investigaciones en torno a las desapariciones forzadas en Uruguay. En 2006 comienza una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos que tendrá como eje la información y localización de los desaparecidos, en particular los niños. Fue en septiembre de ese año cuando se realizaron los primeros procesamientos a ex represores que recayeron sobre ocho militares y policías retirados acusados de delitos de lesa humanidad. Uno de los procesamientos más importantes llevados a cabo fue el del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976) en 2007 ya que por primera vez se aplicó el crimen de “desaparición forzada de personas”9, tipificado en el artículo 21 de la ley 18.026 que había sido in8

Véase CÁMARA DE REPRESENTANTES/URUGUAY (1985). Ley 15.848. http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor 9 En consonancia con la normativa de la Corte Penal Internacional se prevé una pena de dos a 25 años de penitenciaría por tratarse de un delito considerado permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.

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corporada en 2006 a las normas penales nacionales, acorde a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay, lo cual significó un avance sustancial en la cultura jurídica de la sociedad uruguaya, al permitir la incorporación en su código Penal del delito de desaparición forzada. También, se logró el procesamiento y prisión del general retirado Gregorio Álvarez, actor clave del golpe de Estado cívico-militar de junio de 1973 y cabeza del último tramo de la dictadura que se prolongó hasta 1985. Una de las particularidades del juicio a Álvarez fue la aplicación de la figura de desaparición forzada. Según el fallo del tribunal, “La noción de crimen contra la humanidad no quedó congelada en el Estatuto de Nüremberg, sino que evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía, definió sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) y se materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de esos delitos devino un imperativo universal.”10 También, se promulgó la ley N° 18.026 que estableció las normas de cooperación con la Corte Penal Internacional y tipificó en el derecho uruguayo el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, homicidio político, agresión sexual a la persona detenida, etc.) y los crímenes de guerra. En definitiva, se ha logrado imponer un nuevo lenguaje y discurso sobre lo ocurrido en aquellos años no tan lejanos. Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas, delitos de lesa humanidad, sino que también hay un reconocimiento oficial al respecto. Sin embargo, hubo algunos acontecimientos que opacaron esta tendencia: se ordenó suspender las excavaciones en predios militares. La clausura quedó condicionada a la eventualidad de que surgieran nuevas informaciones. Se afirma que las razones de tal decisión estaban íntimamente vinculadas con el fracaso de los esfuerzos por obtener, en el seno de las Fuerzas Armadas, la información directa sobre la ubicación exacta de las tumbas clandestinas. La resistencia de los oficiales implicados en los hechos a proporcionar la información, con el compromiso de que ésta se manejaría en reserva, sin identificación de las fuentes; la actitud obstructiva de esos oficiales que promovieron expectativas con datos falsos; la conducta cómplice de los mandos, en espe10

Montero, D. (2007). Último dictador tras las rejas, en http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=86944.

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cial del entonces comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti, que secundó la maniobra, enfrentaron al gobierno a la disyuntiva de ejercer la autoridad para obligar a las fuentes a decir la verdad. La opción por la abstención derivó, necesariamente, en la “clausura de la etapa”. Es así como Vázquez decidió finalmente clausurar la etapa de búsqueda y anunció el “nunca más”, que preanunciaba su proyecto de ley sobre reparaciones a los familiares de las víctimas de la subversión. También, la interpretación de la ley por parte de jueces y fiscales provocó el archivo de varias causas y una decena de casos fueron excluidos de la norma. Todos estos acontecimientos representan el déficit de la democracia uruguaya, que a veinticuatro años de su recuperación institucional, no ha logrado la completa subordinación de los militares. “Toda vez que desde el sistema político, la sociedad civil o incluso desde los propios poderes del estado se buscó avanzar en el camino de la verdad, los militares han mostrado resistencia en colaborar y (…) brindar información para avanzar en el conocimiento de lo sucedido.”11 De esta manera, la situación actual de Uruguay en relación a los derechos humanos muestra una profunda tensión entre la vigencia de la Ley de Caducidad, que marcó un quiebre significativo en la historia institucional y democrática del país y la reivindicación de justicia por parte de algunos sectores de la sociedad, organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales y fuerzas políticas,que intentan dar pelea a la impunidad otorgada a los represores. Un ejemplo de esta situación es el pronunciamiento del Parlamento sobre la inconstitucionalidad de la Ley, en febrero de 2009. El dictamen del Poder Ejecutivo que aceptó el planteo de excepción de inconstitucionalidad con respecto a los artículos 1, 3 y 4, sobre la investigación en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray permitió delinear un camino hacia la nulidad de dicha ley. Sin embargo, es la Corte Suprema de justicia quien decide al dictar su sentencia. Durante más de cuatro años, la causa intentó dar pelea judicial para lograr un dictamen favorable. En 2005, se realizó una consulta al Ejecutivo que determinó que el caso estaba comprendido en la ley, ya que al haber militares involucrados, éstos se encontraban amparados por la norma. 11

Yaffé, J. (2003). “Memoria y olvido en la relación de la izquierda con el pasado reciente”, en Marchesi, A., Markarian, V., Rico, A., Yaffé, J. (comp.) El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay, Montevideo: Trilce.

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Sin embargo, se insistió porque existía la posibilidad de que civiles hayan intervenido en la detención de Nibia Sabalsagaray. Así, la fiscalía realizó el pedido de excepción de inconstitucionalidad teniendo en cuenta que la vigencia de la ley impedía tener avances sobre esta hipótesis porque la norma prohíbe que los militares sean interrogados como indagados y realizar eventualmente careos entre ellos. Si la Corte resolviera la inconstitucionalidad de la ley, significaría la posibilidad efectiva de la apertura de causas para el juzgamiento sobre las violaciones de derechos humanos. De lo contrario, seguiría reinando la impunidad sobre estos crímenes. Para avanzar en la comprensión de este conflicto que yace de forma permanente y punzante en la democracia uruguaya, es necesario analizar el desarrollo normativo y jurídico a nivel mundial, regional y nacional en materia de Derechos Humanos, ya que allí encontraremos los argumentos que permiten afirmar la necesidad de anulación de la Ley de Caducidad.

Derecho Internacional, normas de jus cogens y delitos contra la humanidad La Organización de las Naciones Unidas adoptó en 1968 la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.12 En dicho documento se destaca que el principio de imprescriptibilidad constituye una norma de derecho internacional consuetudinario, o sea de jus cogens13 y que, aunque no haya sido escrita, la misma ha existido desde los principios de la humanidad. En este sentido, las normas jus-cogens no se encuentran afectadas por ninguna limitación de índole geográfica o humana y “obligan a los Estados y a los nacionales de dichos países, en razón de que ninguna disposición interna puede contradecirles válidamente.”.14 12

Dicho documento entró en vigor en 1970. Véase NACIONES UNIDAS (1970), Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, http://www.unhchr.ch. 13 Véase López Goldaracena, O. (2006), Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad, Montevideo: Trilce. Las normas de carácter jus cogens tienen una importancia fundamental para la comunidad internacional, lo que permite que se le asigne las características de imperatividad y universalidad que garantizan su efectivo cumplimiento. 14 Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 24.

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Este tipo de normas fueron consagradas en la convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en 1969. El artículo 53 de dicho documento estableció que: “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, no admite acuerdo en contrario y sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”15 El desarrollo de normas jus cogens se vincula directamente con la evolución histórica de la comunidad internacional, de sus intereses y principios comunes. Por ello, cabe destacar las particularidades históricas, reales y dinámicas que nutren la formación de reglas jus cogens. En relación al reconocimiento de los derechos humanos, se fue elaborando a nivel mundial diferentes criterios de protección internacional de la persona humana que se amparaban en la existencia de derechos inherentes al hombre. Así, en el marco del fenómeno de ampliación del Derecho Internacional y luego de los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, se redactó la Declaración de los Derechos Humanos (1948). Dicho documento implicó una toma de conciencia de la valoración positiva de la vida y una supuesta dignidad inherente16 al ser humano, que se tradujo en la elaboración de Tratados, Convenciones y Acuerdos que impulsaban el respeto por estos derechos. De esta manera, se estableció un original vínculo entre el Estado, los individuos y, ahora, la comunidad internacional. “El Estado asume obligaciones en materia de derechos humanos frente a todas las personas sometidas a su jurisdicción (independientemente de su estatus político-jurídico), vale decir frente a la “humanidad”, es decir, se compromete a obligaciones erga omnes.”17 En consecuencia, el Estado debe garantizar y proteger estos derechos a todos los hombres, independientemente de su condición de nacionales y extranjeros. 15 NACIONES UNIDAS, Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, en http://www.cajpe.org.pe/rij/BASES/Sinternacional/convencionviena.htm. 16 Raffin, M., (2006), La experiencia del Horror. Subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y posdictaduras del Cono Sur, Buenos Aires: Editores del Puerto, p. 24. 17 Ibíd., p. 25. El concepto jurídico latino erga omnes implica que las obligaciones de los Estados se contraen ante toda la comunidad internacional y que dicho compromiso se basa en valores fundamentales (protección de los derechos esenciales) siendo esta característica la que justifica que todos los Estados tengan un interés jurídico en su cumplimiento.

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Asimismo, la comunidad de naciones creó diferentes tribunales especiales (por ejemplo, el Tribunal de Nüremberg18 y el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia19) como respuesta a las violaciones de los derechos humanos, para juzgar a los responsables por crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, se establecieron “Los principios de Cooperación Internacional en la Identificación, detención, extradición y Castigo de Crímenes de Guerra y de Crímenes de Lesa Humanidad” (1973) y se adoptaron importantes Tratados como la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas (1994). Además, la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su resolución 51/210 del 16 de enero de 1996, definió como crímenes de lesa humanidad: “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas”20, destacando que tales actos “son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”21. Resulta claro, que este desarrollo normativo en materia de derechos humanos, implica la existencia de normas del Derecho Internacional que limitan la voluntad de los Estados, la definición de los delitos internacionales que violan los derechos humanos y lesionan los principios establecidos, la tipificación de los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad cuyo castigo se sitúa a nivel supranacional y resulta fundamental para todas las naciones. Esta normativa se destaca por su carácter imperativo universal que la inspiró. En este sentido, “su imperatividad, universalidad y generalidad, le otorgan las notas determinantes del ‘jus cogens’ (…) y por lo tanto imponen el castigo a quienes desde el gobierno de un Estado cometan actos inhumanos contra los individuos bajo su jurisdicción.”22 Por ende, las actividades 18

El tribunal Militar Internacional constituyó el primer ensayo de justicia penal internacional, juzgando delitos universales por encima de la competencia interna de cada uno de los Estados. 19 El Estatuto de dicho tribunal fue aprobado en 1993 por el Consejo de Seguridad de Naciones unidas, Resolución 827. 20 Véase NACIONES UNIDAS (1996). Resolución 51/210. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/68/PDF/N9776168.pdf?OpenElement. 21 Ibíd. 22 Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 39.

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consideradas como delitos por el Derecho Internacional guardan una estrecha vinculación con los derechos fundamentales de las personas. Así, el delito de lesa humanidad23 (o contra la humanidad) es imprescriptible y prohíbe la adopción de medidas que nieguen su enjuiciamiento, como sería el caso de una amnistía. Por su parte, el artículo 72 de la Carta Magna de Uruguay establece que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana...”, permitiendo así incluir a los derechos humanos consagrados en las Convenciones o Pactos Internacionales. Es decir, el gobierno uruguayo de acuerdo a su constitución debe establecer políticas de respeto a los derechos humanos teniendo en cuenta las normas de derechos consagrados entre otros por la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) –ratificada por Ley 16.724 (1995)–, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (1966) y la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de guerra y Lesa Humanidad –por la cual se aprobó la Ley 17.347 en 2001. Sin embargo, uno de los avances más importantes a nivel internacional fue la creación del Estatuto de Roma, que estableció una Corte Penal internacional con jurisdicción universal para juzgar y condenar a personas físicas responsables de estos crímenes. Uruguay suscribió a dicho Estatuto y en rela23

En el artículo 7 del Estatuto de Roma se define como crimen de lesa humanidad: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio (imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población); c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Véase, NACIONES UNIDAS, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

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ción, aprobó la Ley 15.710 en 2002. En 2005, el Sub-Secretario de Educación y Cultura Dr. Felipe Michelini, encomendó al Dr. Oscar López Goldaracena la elaboración de un proyecto de ley para implementar en la legislación uruguaya las disposiciones del Estatuto de Roma. El anteproyecto de López Goldaracena fue presentado al Senado en noviembre de ese año y se convirtió en la Ley N° 18.02624 al año siguiente. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y siguiendo la línea de trabajo de Lopéz Goldaracena, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura uruguaya (1973-1985) calificarían como crímenes contra la humanidad y por lo tanto, deberían ser de juzgamiento obligatorio. Pero en el contexto posdictatorial se establecen dos argumentos de índole jurídica que ponen en cuestión la aplicación efectiva de estas normas. El primero se relaciona con la retroactividad de la norma penal y el principio de legalidad. Dicho argumento plantea que los tratados internacionales de derechos humanos han sido sancionados con posterioridad a los delitos cometidos en Uruguay en los años 70. El segundo gira en torno a la vigencia de la Ley de Caducidad, ya que dicha norma promovió la amnistía de los militares partícipes en las violaciones a los derechos humanos, impidiendo llevar adelante las investigaciones judiciales correspondientes. Sin embargo, ambos obstáculos poseen cierta debilidad. Como bien afirma López Goldaracena, “no se trata de aplicar las normas sobre crímenes de lesa humanidad (…) hacia el pasado, sino entender que las convenciones internacionales no han hecho más que ratificar normas de jus-cogens que ya

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El proyecto se titula: “Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)” y establece como principio general el derecho y deber del Estado de juzgar los crímenes internacionales tipificados por el derecho internacional y, especialmente, los enumerados en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). También, propone adecuar el derecho uruguayo a las normas internacionales de derechos humanos, tipifica el crimen de genocido incluyendo al genocidio cultural. Considera como “grupos protegidos”, además de los comprendidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en el Estatuto de Roma, a los grupos políticos, sindicales, sociales o grupos con identidad propia fundada en razones de género, orientación sexual, culturales, edad, discapacidad o salud, incorpora como crímenes de lesa humanidad aquellos actos aislados ejecutados al amparo del poder estatal como sería el caso del Homicidio Político, la Desaparición Forzada de Personas, la Tortura, la Privación Grave de Libertad y la Agresión sexual contra persona privada de libertad, aunque estos hechos no se realicen en el marco de un plan sistemático o ataque generalizado contra la población civil.

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eran obligatorias para el Uruguay por encontrarse vigentes al momento en que sucedieron los hechos.”25 En relación a las leyes que impiden el juzgamiento de dichos crímenes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que en los casos de desapariciones forzadas y torturas son inadmisibles las amnistías, careciendo de todo efecto jurídico. Es decir, “las leyes de amnistía no son verdaderamente leyes.”26 Con este argumento y siguiendo los lineamientos establecidos tiempo atrás por la misma Corte en el caso “Barrios Altos”27, la Corte Suprema de Justicia argentina anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final al establecer que ellas eran contrarias a las normas internacionales. En Uruguay, a diferencia de Argentina, el debate sobre la anulación de las normas de impunidad de la ley de caducidad se encuentra vigente y deja en evidencia la contradicción jurídica o, mejor dicho, el error jurídico y político que implica dejar en la impunidad a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, algunos estudios señalan que la Ley de Caducidad fue aprobada bajo amenaza militar. Muchos de los legisladores del parlamento uruguayo han expresado públicamente haber votado dicha ley empujados por una presión externa.28 Esta situación implica que la sanción de dicha norma posee un grado de violencia institucional que se manifiesta en el proceso de formación de la voluntad legislativa. También se argumenta que la Ley de Caducidad violó el principio de separación de poderes, ya que “el artículo 3 de la ley 15.848 asignó al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales”29, es decir, el Poder Ejecutivo es quien decide sobre los casos que se encuentran incluidos/excluidos en la caducidad. Claramente, el Poder Ejecutivo no puede ejercer esa función porque

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Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 13. Ibíd. 27 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C, N 75. Fundamento de Voto del Juez A.A. Cancado Trindade. En este fallo, la Corte sostiene que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares, ya que los mismos no son susceptibles de ser amnistiados. 28 Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 67. Recordemos que los militares habían establecido en el Pacto del Club Naval que las violaciones de derechos humanos no debían ser juzgadas. 29 Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 69. 26

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según lo establece la Constitución de Uruguay, son la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales correspondientes quienes pueden ejercer el Poder Judicial, quedando excluidos tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo. De esta manera, la sanción de la Ley de Caducidad implicó la violación a la Constitución Nacional. Centrándonos en los argumentos que apelan a las normas del derecho internacional, cabe destacar que éstos muestran claramente la fuerza de la decisión política contra los límites jurídicos que el derecho internacional impone a la voluntad soberana del Estado. Según lo analizado hasta el momento, el derecho internacional prohíbe la adopción de cualquier tipo de medida que impida el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, la ley de Caducidad –como en la Argentina fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos– implicó la solución política por fuera del Derecho, se constituyó como instrumento de ocultamiento de las violaciones de derechos humanos, violando normas de jus-cogens que consagran derechos humanos fundamentales. A pesar de la contradicción instalada en el seno del Estado de Derecho, dicha ley alcanzó legitimidad popular al ser ratificada por el plebiscito de 1989.30 Este hecho pone a la luz la complejidad de la vigencia y aplicación de la norma. ¿Cómo saldar entonces el vacío político que instituyó la ley de caducidad en relación a la memoria y a una política verdaderamente democrática en materia de derechos humanos? Una de las principales respuestas es el reordenamiento jurídico interno en base al Derecho Internacional de los Derechos Humanos mediante la declaración de la nulidad de la Ley de Caducidad. Según López Goldaracena, jurista y referente en materia de derechos humanos, “la declaración de nulidad implica declarar la inexistencia de la norma”31, revirtiendo el contexto de impunidad. Cabe aclarar que la nulidad de una ley únicamente se puede establecer si posee un vicio tal –como contradecir las normas de carácter jus cogens– que puede ser considerada absolutamente nula por el Derecho. Éste es el caso de la Ley de Caducidad. 30

El referéndum popular se llevó a cabo el 16 de abril de 1989. Dicha consulta otorgó a la ley un respaldo mayoritario pero no le quitó su antijuridicidad. Para más desarrollo véase: Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 73-84. 31 Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 74.

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Analicemos las consecuencias que traería aparejada la nulidad de la ley. En primer lugar, los derechos que habían sido concedidos en dicha norma no podrían reclamarse. Tampoco se podría apelar a los argumentos de prescripción ya que, como lo estudiamos anteriormente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos declara a los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Finalmente, quedaría descalificada la apelación al principio de legalidad, es decir, a la explicación que establece que los delitos de lesa humanidad no se encontraban definidos en el ordenamiento jurídico nacional cuando ocurrieron los hechos, porque estos delitos dependen únicamente de los principios jus cogens del derecho internacional. Esta demanda no sería posible porque la obligatoriedad del juzgamiento de los crímenes contra la humanidad radica únicamente en los tratados internacionales y el derecho internacional consuetudinario32, y no en el derecho penal ordinario. Es por eso que no se podría argumentar que los delitos de lesa humanidad no se encontraban tipificados como tales en el derecho interno uruguayo al momento en que ocurrieron los hechos. Así, la existencia de una norma jurídica de carácter consuetudinario, convencional o mixta, es la fuente válida (de legalidad) para establecer una norma obligatoria de comportamiento prohibitivo: abstenerse de cometer, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, so pena de ser juzgado. El principio de legalidad en el derecho internacional penal debe ser respetado al establecerse el carácter criminal de la conducta. Sin embargo, existen otras dos opciones para saldar la situación de impunidad: la interpretación y la derogación. Por la primera opción se inclina el gobierno. El proyecto de una ley interpretativa “procura establecer la interpretación auténtica de diversos extremos contemplados” en la ley de caducidad sobre los cuales se suscitaron “dudas” respecto a su “verdadero alcance”. Si bien una ley interpretativa significa validar la que interpreta, tiene la ventaja de que es aplicable desde el mismo momento en que la ley interpretada entró en vigencia, (es una ventaja sobre la derogación, que rige sólo hacia el futuro, ventaja que también tiene la anulación). Por último, la derogación definiría la supresión de una ley hacia el futuro, dejando intactos los efectos producidos durante el período de su vigencia, es decir, determinaría que todo lo hecho en veinte años a la sombra de la caducidad, siguiera vigente. 32

Véase Mattarollo, R. “La jurisprudencia Argentina reciente y los crímenes de lesa humanidad”, en www.abogarte.com.ar/mattarollo2.htm.

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En consecuencia, la consolidación del Estado de Derecho y la institucionalización de la democracia33 en Uruguay implicarían que tanto a nivel político como jurídico y social se lleve adelante una verdadera discusión sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívicomilitar. En este sentido, la tradición en materia de derechos humanos de la región y el desarrollo normativo de los derechos humanos sirven como antecedentes históricos y políticos para establecer el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

Leyes de impunidad: Argentina y Chile en el derecho comparado Observemos el contexto regional en el cual se encuentra vigente la ley de impunidad uruguaya. Ésta, a diferencia de la chilena o las argentinas, establece un mecanismo en su artículo tercero por el que se le sustrae a un juez o a un fiscal la posibilidad de que aplique la legislación internacional a la hora de considerar las violaciones a los derechos humanos del pasado. Es decir, la ley de caducidad concede –como hemos señalado– al Poder Ejecutivo la capacidad de determinar si un delito puede ser investigado y juzgado o goza de impunidad. Un buen ejemplo de esta situación fue el caso Gelman, en el cual el gobierno presidido por Batlle determinó la impunidad de los militares y un tiempo después, ya con Tabaré Vazquez como presidente, se resolvió lo contrario. En este sentido, no sólo es grave que la ley –en contraposición a lo que establece la Constitución– otorgue funciones jurisdiccionales al Poder Ejecutivo, sino que deja al descubierto la discrecionalidad y arbitrariedad con la que dicha función es ejercida. En la Argentina y Chile las leyes de impunidad, una vez aprobadas, quedaron en manos del sistema judicial. Así fue posible que algunos jueces y fiscales abrieran causas y de a poco fueran desmantelando el umbral de impunidad. El caso argentino es uno de los antecedentes más importantes en la región en relación a la nulidad de las leyes del perdón. Luego de haberse sancionado 33

Véase O’Donnell, G., Iazetta O., Vargas Cullell, J. (comps.), (2003) Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina. Rosario: Homo Sapiens.

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la ley de Punto Final34 en 1986 y un año después, tras el levantamiento militar de Semana Santa, la ley de Obediencia Debida35, la Corte Suprema de justicia declaró la constitucionalidad de ambas leyes, instaurando la impunidad en el país. El gobierno del ex presidente Carlos Menem acentuó esta tendencia declarando los indultos a los militares y ex guerrilleros de los años 70. También, en 1990, se indultó a los dictadores Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Roberto Viola junto al ex jefe montonero Mario Firmenich. En ese contexto, la reivindicación por los derechos humanos encontraba su máxima limitación en la política de impunidad llevada adelante por el menemismo. Sin embargo, en 1996, el juez español Baltasar Garzón inició el juicio por genocidio contra represores argentinos en los cuales sería condenado, más tarde, Adolfo Scilingo. Pero, no fue sino hasta 2001 que el juez federal Gabriel Cavallo dictó la “inconstitucionalidad y nulidad insanable” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en la causa que investigó la apropiación de la menor Claudia Poblete, ocurrida durante la última dictadura militar. Luego, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso anuló directamente las leyes del perdón en 2003, a través de la Ley 25.779 y finalmente, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes. El fallo histórico, que se consagró con siete votos a favor, uno en contra y una abstención36, 34

La Ley 23.492 fue sancionada el 23 de diciembre de 1986 y promulgada un día después debido a la presión ejercida por los militares al gobierno del ex presidente argentino Raúl Alfonsín. Dicha norma ponía un plazo de 60 días para definir procesamientos a involucrados en los crímenes perpetruados por la dictadura que vencía en marzo de 1987. Véase texto completo en http://www.nuncamas.org/document/nacional/ley23492.htm 35 La Ley 23.521 fue sancionada el 4 de junio de 1987. La limitación temporal a los procesamientos no fue suficiente para los militares y el 15 de abril de 1987, cuando el mayor Ernesto Barreiro, torturador en el centro clandestino de detención conocido como “La Perla”, debía presentarse ante los tribunales, una parte del Ejército se levantó para exigir al gobierno de Alfonsín el olvido definitivo de los acontecimientos de la dictadura militar. Tras las negociaciones entre el Presidente y el ex Teniente Coronel Aldo Rico, se envía al Congreso el proyecto de ley de Obediencia Debida, que terminaba con la posibilidad de enjuiciar y condenar a militares que se encontraban por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura. Véase texto completo en http://www.nuncamas.org/document/nacional/ley23521.htm. 36 Los siete jueces que votaron a favor de la inconstitucionalidad fueron: Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti –actual Presidente de la Corte- Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. El juez Augusto Belluscio se abstuvo y Carlos Fayt se pronunció en forma contundente a favor de la validez de esas leyes. A diferencia de otros fallos, todos los jueces elaboraron sus argumentos. El caso elegido fue uno de los más emblemáticos, la desaparición de Gertrudis Hlaczik y José Poblete, secuestrados en 1978 junto a su hija Claudia, quien fue apropiada por militares y recuperó su identidad recién en 2000.

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establece que las leyes del perdón son inconstitucionales porque violan tratados internacionales sobre derechos humanos e impiden el esclarecimiento y castigo de los autores de crímenes de lesa humanidad. A su vez, la Corte también avaló la ley 25.779 que permitió la reapertura de decenas de causas en todo el país. Por su parte, Chile –al igual que Uruguay– todavía no declaró la nulidad de la “Ley de Amnistía”37 dictada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978. Tanto Amnistía Internacional en sus visitas al país, como diferentes órganos de Naciones Unidas han señalado que la “ley de impunidad es incompatible con la obligación internacional del Estado chileno de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, poner a los responsables a disposición judicial y castigar a los perpetradores de esos crímenes.”38 En este sentido y conforme al derecho internacional, los actos sistemáticos y generalizados de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura que tuvieron lugar durante la dictadura constituyen crímenes contra la humanidad. De esta manera, los gobiernos chileno y uruguayo, respectivamente, deben establecer una discusión política y jurídica sobre la posibilidad efectiva de declarar la nulidad de sus leyes del perdón. Aunque desde 1990 y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet en 1998, algunos acontecimientos muestran un avance en materia de derechos humanos39, se ha acumulado un extenso legado de impunidad, arraigado en las leyes y la cultura institucional que obstaculiza el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Este sentido, Chile debe dar una respuesta a su historia de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, solucionando las incompatibilidades que existen entre su marco jurídico y el derecho internacional. Algunas muestras de esta situación son la ausencia de una institución nacional de derechos humanos, que 37 El decreto No 2191, conocido como “Ley de amnistía”, impide las investigaciones judiciales de todos los casos de violaciones de Derechos humanos cometidas entre 1973 y 1978, con la excepción del asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, quien murió en un atentado con bomba ocurrido en los Estados Unidos en 1976. 38 Véase Informe de Amnistía Internacional del 16 de octubre de 2006 y las recomendaciones de este mismo organismo entregadas en 2008 a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 39 Chile ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a las reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, ha respaldado el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo de examen periódico. También, cabe mencionar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech).

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cumpla con los “Criterios de París”, la no ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la no ratificación ni aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas y la no tipificación en la legislación chilena de los delitos de derecho internacional, como el de genocidio y lesa humanidad. Por su parte, Uruguay también recibió recomendaciones que intentó seguir en estos últimos años. A principios de 2009, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay dispuso un plazo de diez días para que todos los jueces penales informen respecto de los casos excluidos de la Ley de Caducidad. Dicha disposición intentará cumplir el informe 32/08 y el 29/9440 realizados por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pedido de la CIDH procura determinar el actual desarrollo de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, dentro del marco de vigencia de la Ley de Caducidad. Teniendo en cuenta este contexto regional, la situación de los derechos humanos en el Cono Sur tiene muchas asignaturas pendientes. Tanto la sociedad uruguaya como la chilena conviven con la impunidad otorgada a los represores de las últimas dictaduras militares. Para romper con esta situación, es necesario construir política, jurídica y socialmente una cultura integral de los derechos humanos.

Reflexiones finales En Uruguay, las fuerzas armadas fueron el principal grupo que ejerció la represión y la violación de los derechos fundamentales. Muchos ciudadanos fueron víctimas directas de un proceso que intentó establecer un nuevo orden y Estado de Derecho apelando al terror y a la violencia más cruel. Pero fue la sociedad uruguaya en su totalidad la que sufrió las consecuencias políticas, sociales, culturales y económicas de la dictadura. Hoy, en democracia, todavía quedan resabios de una cultura violenta y de impunidad que no permite juzgar los delitos perpetrados durante aquellos años. 40

Dicha resolución establece que la Ley de Caducidad “viola los artículos 1,8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos humanos y el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. Véase Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit, p. 14.

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Los acontecimientos que se desarrollaron en las dictaduras del Cono Sur se enmarcan dentro de los delitos internacionales definidos en los últimos veinte años, específicamente dentro de las categorías de crimen contra la humanidad y genocidio. Aunque en el presente estudio no se trató particularmente la discusión sobre las diferencias entre los conceptos de crímenes contra la humanidad y de genocidio, y por ende las consecuencias políticas y jurídicas de determinar si en América latina se llevó adelante un genocidio41 o no, se puede afirmar que ninguna de las dos categorías puede ser incluida en amnistías, de acuerdo con el Derecho Internacional. La ley de Caducidad, aunque no es una amnistía42, instituyó el ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos imposibilitando su investigación y castigo. Es por ello que la vigencia de dicha norma representa una asignatura pendiente para poder consolidar una cultura de derechos humanos en el país. En este sentido, es fundamental que Uruguay logre remover la Ley de Caducidad de su ordenamiento jurídico y al mismo tiempo avance en aquellas causas que escaparon a la ley. También, se encuentra pendiente la propuesta de una Ley de Archivos, donde toda la documentación relacionada con el Terrorismo de Estado esté recopilada fuera de la órbita del Poder Ejecutivo en un archivo autónomo en cuya gestión participen los colectivos de víctimas y que sea de libre acceso para la población. Así, un mecanismo de impunidad como el uruguayo, que estuvo pensado para que funcionara con efectividad a partir de la existencia de gobiernos consustanciados con ella, corre un alto riesgo de dejar de ser eficaz cuando los ciudadanos reclaman cambios y a partir de ello eligen gobiernos que encaren verdaderamente el problema de la impunidad y de los derechos humanos como una política de Estado. 41

Siendo la figura de crímenes contra la humanidad más amplia que la de genocidio e incluyendo la misma a la persecución de grupos políticos, algunos juristas han optado por la comprensión del conjunto de las dictaduras militares del Cono Sur como “crímenes contra la humanidad”. Según Daniel Feierstein, la no percepción del carácter genocida de algunas de las experiencias vividas en América Latina, dificulta la elaboración de otros niveles de responsabilidad. La diferencia principal entre estas dos figuras legales es el carácter “indiscriminado” de los crímenes contra la humanidad – violaciones cometidas por el Estado frente a los ciudadanos – frente al carácter “discriminado” del genocidio – intento de destrucción parcial o total del grupo. Véase Feierstein, D. (2007). Genocidio como práctica social, Buenos Aires: FCE. 42 Véase Lopez Goldaracena, O., Ob. Cit., p.65.

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Mientras tanto, la Ley de Caducidad continúa representando una cultura del perdón y el olvido que subyace a la reinstitucionalización democrática: la promesa de verdad y justicia respecto de la violación de derechos humanos en la dictadura transformada en impunidad bajo la Ley en democracia.

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Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte Michel Foucault1

1. Introducción El presente trabajo se propone analizar algunas de las características más relevantes de las prácticas sociales genocidas en Chile en el período 19731990, a través de dos corpus discursivos: uno proveniente del Informe oficial, elaborado por una comisión especialmente designada por el nuevo gobierno electo democráticamente; un segundo corpus documental resultado de trabajos de investigación de organismos de derechos humanos. Ambas tramas discursivas tratan de narrar lo acontecido, sus causas, contexto histórico, luchas sociales, políticas y metodologías represivas desde distintos puntos de vista, formulando discursos de verdad acerca de los acontecimientos históricos.

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Foucault, M., (1977), “Derecho de muerte y poder sobre la vida” en Historia de la Sexualidad, Vol. I, México, Siglo XXI, 2000, p. 167.

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Uno de estos documentos es el “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”2 más conocido como “Informe Rettig”, por Raúl Rettig Guissen quien la presidiera durante el año 1990, texto publicado en 1991. La Comisión fue el órgano de trabajo e investigación sobre las “violaciones a los derechos humanos y la violencia política”, formó parte de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que en la actualidad resguarda legalmente sus archivos y realiza tareas de “reparación histórica” de las víctimas del terrorismo de Estado. Fue creada por Decreto Supremo (DS) Nº 355 (este decreto define a los miembros de la misma: como “personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país”) del Poder Ejecutivo el 25 de Abril de 1990, siendo Presidente de la Nación Patricio Aylwin Azocar. No posee las atribuciones de un tribunal, y todo aquello que se desprenda de sus investigaciones y, pueda derivar en procesos penales debe remitirlo a los fueros competentes. En el Art. 9º encontramos dos distinciones fundamentales en lo tocante tanto a la investigación llevada a cabo, como en la estructuración de su discurso sobre las violaciones a los derechos humanos: 1º- La Comisión excluye de su competencia todas aquellas violaciones “que no tuviesen por resultado la muerte de la víctima, desentendiéndose de graves, masivas y sistemáticas violaciones a otros derechos”3 como los referidos a la integridad física y psíquica, derechos violados (entre otras modalidades represivas instrumentadas) mediante la aplicación sistemática de la 2

La mayoría de los documentos citados en este trabajo se encuentran en páginas Web de organismos de derechos humanos u oficiales del Estado chileno, es muy poca la bibliografía impresa que puede encontrarse sobre el caso, y aquellas publicaciones que han llegado a nuestro país están agotadas o no son accesibles. El “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” está en la página del Ministerio del Interior de Chile, junto a estadísticas oficiales de desaparecidos y otros documentos que dan cuenta desde la perspectiva oficial de la tarea de la Comisión, y del trabajo por parte del Estado hasta la fecha en materia de derechos humanos: http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html. Otros páginas Web a las que hemos recurrido son: http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros, http://www.analitica.com/blioteca/chile; http://www.adnmundo.com/contenidos/politica/chile, http://www.memoriaviva.com/testimonios.html http://www.purochile.org 3 Coordinadora de ex-presas y presos políticos de Santiago, Dic., 2004, “Por un mañana con Verdad, Justicia y Reparación Integral”, p. 28. En http://www.purochile.org

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tortura, lo cual excluye de iure del trabajo de investigación a todos los ex-detenidos desaparecidos, y sobrevivientes del proceso genocida. 2º- El Informe calificados tipos de violaciones a los derechos humanos: I) Aquellas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, organismos de inteligencia o Policía Política del régimen: DINA – Dirección de Inteligencia Nacional –o la CNI– Central Nacional de Informacioneso fuerzas paramilitares que actuaban clandestinamente durante el gobierno de la Unidad Popular, y que acontecido el golpe se sumaron orgánicamente a los aparatos represivos, participando en los secuestros de opositores políticos. II) Las actividades de resistencia política armada al régimen, que fueron intensificándose durante la década del 80 y a las que califica de: “secuestros y atentados contra la vida de las personas ejecutados por particulares bajo pretextos políticos”. Teniendo en cuenta que el Informe sólo toma para su análisis los casos de ciudadanos víctimas de la metodología represiva estatal4 de secuestro - tortura - desaparición - muerte, proceso que considera violatorio de los derechos humanos y, que por otra parte, incluye en la tipificación todas las acciones de particulares efectuadas contra las fuerzas represivas, encontramos una forma de análisis que sin nombrarla, da cuenta del proceso histórico y de las acciones de sus agentes, en términos similares a los de la teoría de los dos demonios, implícita en el estudio del caso argentino, presente en el prólogo del Nunca Más.5 4

Las cifras oficiales de víctimas del terrorismo de Estado: 1973-1990: 1) Muertos: 2008 el 63%; Detenidos Desaparecidos: 1183, el 37%; 4 no natos muertos, lo que da un total de 3195 (100%) asesinatos; presentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior: http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html Estos datos dan sólo una idea aproximada de los efectos de este proceso social, ya que el total de “denuncias recibidas” por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación es de 3550 casos; y por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación es de 1200 casos, lo que da un total de denuncias de 4750, conformándose el número de “casos calificados” en 3195. De hecho existen importantes discrepancias con los datos ponderados por los organismos de derechos humanos. 5 En su “Prólogo” puede leerse: “Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. (...). Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror (...). Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia”. Informe de la CONADEP, Nunca más, Buenos Aires, EUDEBA, 1º ed., 1984, pp. 7 y 11.

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Si bien no le es posible igualar las prácticas de resistencia política con las actividades represivas del régimen, en lo que hace a sus efectos en el conflicto social desatado tras el golpe, este discurso produce una homología a nivel de las categorías de clasificación jurídica al subsumirlas bajo una misma tipificación: violaciones a los derechos humanos. La única distinción que establece es la de haber sido cometidas por agentes del Estado o a su servicio –como los miembros del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad: organización paramilitar de corte fascista–, o por particulares bajo pretextos políticos. Cabría preguntarse: ¿por qué no considerar para su tratamiento legal las prácticas de las organizaciones armadas de izquierda contra el régimen golpista como delitos comunes? Lo que permitiría tratarlas con las categorías del Código Penal aplicables a cualquier delito común, reservando la categoría de violaciones a los derechos humanos exclusivamente para las acciones resultantes de directivas y órdenes emanadas del aparato estatal y realizadas por sus agentes o ciudadanos a su servicio. Trataremos de dar cuenta de estos problemas al analizar situaciones que le son inseparables a lo largo del trabajo. Otros documentos a analizar pertenecen a organismos defensores de los derechos humanos que fueron constituyéndose en el largo Proceso de Reorganización Nacional6 chileno, algunos ligados a agrupaciones políticas, o producto de la reestructuración de las fuerzas sociales más comprometidas que acompañaron al gobierno de Salvador Allende: agrupaciones de familiares de desaparecidos o ex-detenidos desaparecidos, algunos de ellos trabajos que durante el régimen dieron cuenta del sistemático y organizado plan de exterminio de opositores políticos.

6 Denomino de esta forma el proceso llevado adelante en Chile entre 1973-1990 por la dictadura militar encabezada por el General Augusto Pinochet Ugarte, no sólo por la letra escrita de sus declaraciones y bandos oficiales, sino principalmente por las profundas transformaciones a nivel político, económico, social y cultural, las cuales implicaron una profunda transformación de las relaciones sociales existentes hasta el momento del golpe de Estado, llegando a su término sólo formalmente en el año 1990, puesto que sus efectos materiales y simbólicos a nivel de la estructura de relaciones sociales en la sociedad chilena continúa mostrando sus efectos en la actualidad. Al respecto ver: Feierstein Daniel, (2007), El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 26.

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2. Las causas del Golpe, metodologías represivas y reformulación de relaciones sociales a. Violaciones a los Derechos humanos: actores y responsabilidades Uno de los problemas centrales que plantea el Informe, acerca del carácter de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período 1973-1990, es el problema mismo del alcance de esta tipificación, la Comisión se plantea “la necesidad de fortalecer la memoria colectiva nacional”7 con el fin de lograr la reconciliación de todos los chilenos8, al elaborar y dar cuenta de los hechos, en la trama discursiva construye la idea de que hubo enfrentamientos, lo que la llevará a postular dos tipos de violaciones de los derechos humanos: a) las cometidas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y b) las llevadas a cabo por particulares con pretextos políticos. Dentro de este último grupo incluye: a los grupos de ultraizquierda... (por los que) retornaron al país contingentes preparados para la acción subversiva9. De esta forma, no sólo retoma las categorías discursivas del gobierno militar en su modo de construcción de un enemigo interno en la figura de los grupos políticos y sociales opositores,sino que también naturaliza las categorías discursivas de la doctrina de Seguridad Nacional10 asumiendo la lógica del enfrentamiento armado interno11: conflicto entre bandos; otorga de esta forma legitimidad a las políticas represivas, y a la necesidad de restablecer el orden político interno. Partiendo de esta idea, y de la necesidad de dar cuenta no sólo de los hechos del terrorismo de Estado, sino de lo que denomina violencia política, intenta definir la forma en que cabría a las acciones de los bandos en guerra el carácter de violación a los derechos humanos. 7

“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, p. XIII. “la Comisión entendió desde un comienzo, que la verdad que debía establecer tenía un fin preciso y determinado: colaborar a la reconciliación de todos los chilenos”, op. cit., p. 10. 9 Op. cit., p. XVI. 10 Izaguirre, Inés, “La Ideología de la Seguridad Nacional: Ayer y Hoy”, en Feierstein, Daniel y Levy, Guillermo (Comp.), Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, La Plata, Al Margen, 2004. 11 “En los primeros días posteriores al 11 de septiembre de 1973 se registraron caídos en enfrentamientos y víctimas de la violencia de ambos bandos”. Informe, p. XVI. 8

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En relación con la justificación de guerra entre Estados, señala que las posiciones más sólidas en la doctrina del Derecho Internacional sólo la justifican tratándose de legítima defensa de la nación o de aliados. Pero nada dice este argumento, sobre el carácter de legitimidad y legalidad de la guerra interna, pues las referencias jurídicas se encuentran estipuladas sólo para relaciones internacionales interestatales, regulando situaciones bélicas; podemos inferir, entonces, que es la necesidad estructural del discurso político del Informe, al intentar establecer la existencia de un enemigo interno o subversivo, lo que justifica esta conceptualización. El texto prosigue analizando las circunstancias sociopolíticas y jurídicas en las que una rebelión armada es legítima, las que justamente concuerdan con las condiciones históricas existentes en Chile con posterioridad a la caída del gobierno democráticamente elegido, y vigentes durante el gobierno de facto del general Pinochet. Definiendo el uso de la violencia12 legitima por parte del Estado como su uso a través de instituciones y aparatos, constituidos e investidos de tal función por la Constitución, queda en discusión si durante el período, el accionar del Estado se ha movido dentro de los marcos de la legalidad, planteo que no abre juicio alguno sobre la legalidad del gobierno instituido en los hechos tras el golpe, ni sobre los marcos jurídicos que dictase, convergentes en la nueva Constitución de 1980, y que establece los caminos hacia la democracia blindada que las fuerzas conservadoras buscan. Lo tratado es si el Estado actuó de modo racional y justificado o no en el uso de la fuerza. Si un funcionario, en cumplimiento de la ley, secuestra, tortura y mata, comete un delito, no sólo tipificado en el Código Penal, sino también por las Convenciones Internacionales, sus acciones violan los derechos humanos de la víctima: éste sería el caso de las desapariciones forzadas. Pero, ¿qué pasa cuando un particular en guerra de guerrillas contra un gobierno realiza las mismas prácticas?, no sólo es un delito para el derecho penal: ¿puede calificarse también de violación a los derechos humanos? Se abre así una discusión sobre las responsabilidades legales: una corriente clásica adscribiría la posibilidad de violación de los mismos sólo a los Estados, que son quienes los han formulado y ratificado, y en tanto marcos 12

Op. cit., p. 13.

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El Genocidio en Chile: a construcción sociodiscursiva de la verdad

jurídicos, regulan las relaciones entre Estado y ciudadanos; los últimos pueden cometer actos contra los valores que protegen tales derechos, pero los mismos pueden ser calificados de delitos, y tratados por los cuerpos jurídicos nacionales. La segunda corriente teórica, que denominamos revisionista, se hace eco de la opinión pública, en su reclamo para que los derechos de los delincuentes no valgan más que los del resto de los ciudadanos. Pudiendo resumirse en la frase: “hubo violaciones a los derechos humanos desde los dos lados”. En torno a esta matriz discursiva se estructura el discurso oficial, vale la pena citarlo: (... )limitar la expresión “violaciones a los derechos humanos” a los actos del Estado es interpretado por la opinión pública... como un intento de condonar o justificar los abusos o atrocidades que puedan cometer ciertos grupos políticos de oposición.13

No sólo se sostiene que ha habido enfrentamientos armados entre dos bandos, o un estado de guerra interno, cuando la realidad de lo acontecido a partir a partir del 11 de septiembre de 1973 es el secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada; la reclusión masiva en campos de concentración de opositores políticos, detenidos en sus casas, lugares de trabajo o en la vía pública. Sino que esta situación es equiparada discursivamente toda forma de resistencia armada frente a los usurpadores del poder político, cualquier acto de resistencia al golpe y a su institucionalización, que haya producido muertes en las fuerzas políticas golpistas –ilegales e ilegítimas– como prácticas violatorias de los derechos humanos. Por otra parte, la opinión pública que condena los abusos de los ciudadanos, interpretando la asignación de responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos con exclusividad al Estado como un intento de no castigar los actos de particulares, es una producción discursiva de los regímenes de verdad, articulados por mediación de los organismos de inteligencia estatal y los medios masivos de comunicación. Parte importante de los cuales estaba en manos del gobierno, sólo algunos organismos relacionados con instituciones religiosas o de derechos hu-

13

Op. cit., p. 14.

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manos cumplieron una función crítica con los crímenes perpetrados por el Estado terrorista.14 Otro nudo problemático a dilucidar en el discurso del Informe, es la cuestión de los tipos de responsabilidad por los crímenes: la responsabilidad individual y la responsabilidad institucional que puede derivarse de los actos cometidos por las Fuerzas Armadas y de Orden. Frente a aquellos que sostienen que las responsabilidades por estos hechos son siempre individuales, el Informe explica que, como puede hablarse de responsabilidad moral e histórica en relación al Estado, también cabe hacerlo con las fuerzas represivas, pero sin cuestionar el valor histórico de las Fuerzas Armadas en la vida institucional de la Nación: Así como hemos hablado de responsabilidad moral del Estado, que sería inconcebible si los actos de sus funcionarios no pudieran jamás afectarlo, así se puede hablar también con propiedad de la responsabilidad moral o histórica de partidos políticos, de otras instituciones o sectores de la vida nacional y de la sociedad toda. Las Fuerzas Armadas y de Orden no son una excepción. Son los hombres los que forjan y hacen grandes a las instituciones y son también los hombres quienes pueden afectarlas negativamente.15

Si bien resulta ponderable la asunción de las responsabilidades históricas y morales, pensar a los hombres, a los agentes como los productores exclusivos de los efectos negativos o positivos que afectan a las instituciones, deslinda gran parte de lo que llamaríamos responsabilidad estructural del Estado en el funcionamiento de las instituciones, y que va más lejos que los efectos que sus agentes tienen sobre ellas.

14

Entre las organizaciones de derechos humanos vinculadas a instituciones religiosas podemos mencionar: el Comité Pro Paz (distintas congregaciones religiosas lo conformaron: católicos, protestantes, judíos y ortodoxos), la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias (FASIC), la Pastoral de Derechos Humanos de la Octava Región, el Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ–. Otras organizaciones: la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, –CODEPU– (de este organismo puede verse el interesante trabajo sobre los falsos enfrentamientos, texto que tempranamente analiza el fenómeno de la represión encubierta en un texto de 1985: Sobarzo Núñez, Patricio, (colec.), (1985), Los asesinados por la dictadura y los muertos en falsos enfrentamientos, Santiago de Chile, CODEPU. Registra un total de 70 casos entre 1981 y 1984, el autor fue víctima de esta metodología represiva durante la elaboración su investigación). 15 Informe, p. 17.

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Omite inscribir plenamente a los actores en juego, sean individuales o institucionales en los marcos políticos e ideológicos de la doctrina de la Seguridad Nacional, en tanto marco conformador de la mentalidad castrense, pudiendo llevar a concebir el proceso, no como producto de una organización planificada y racional, con eje en las teorías de la contrainsurgencia16, sino como producto de excesos de los gobernantes de turno. Esto no supone separar a los sujetos de los efectos de sus acciones, de sus responsabilidades éticas y políticas en el desarrollo de los acontecimientos históricos, sino por el contrario, anclarlos en el entramado de relaciones sociales en y por las cuales son constituidos; sobre las cuales se vuelven reproduciéndolas y transformándolas con su agencia. La dialéctica entre lo social y la construcción social de lo subjetivo.

b. Las Causas del golpe Los fundamentos y causas que originan el golpe de Estado de 1973 son abordados por el Informe en el Cap. 1: Marco Político; luego de señalar que no compete a la Comisión juzgar los hechos, ni si ellos fueron o no justificados ni sobre si existía o no otra salida para el conflicto que los originó, caracteriza la situación: (...) el estado del país a esa fecha, (...) de aguda crisis en la vida nacional, representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política.

La situación no justifica el golpe de Estado –aclara–, pero por otra parte es indispensable para la comprensión del proceso, el conflicto encontrará su punto culminante en razones de orden político-ideológico. La profunda transformación y destrucción de relaciones sociales que siguió al 11 de septiembre queda de manifiesto al decir: los acontecimientos (...) significaron un profundo cambio en el régimen político de país –principios, estruc-

16

Al respecto ver: Armony, Ariel, (1999), La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central, 1977-1984, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

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turas e instituciones; ideologías oficialistas y opositoras– y en sus actores individuales y colectivos.”17 Manteniéndose en la idea de los dos bandos en lucha, postula una polarización social fundada en la Guerra Fría: la insurgencia cubano-soviética y la contrainsurgencia norteamericana (las dos vías del gobierno de Estados Unidos: track one: impedir la llegada de la Unidad Popular al gobierno; y, track two: de desestabilización económica). A esto debemos agregar la crisis económica: inflación, quiebre productivo, desabastecimiento, paralización del comercio y crédito exterior, etc.; es interesante remarcar que no se pone suficiente énfasis en subrayar la acción coordinada de las clases y sectores de clase dominantes de la burguesía chilena con los intereses e intervención estadounidense en la crisis sistémica de la economía chilena, por el contrario, coloca en segundo plano esta relación de fuerzas, ponderando en primer lugar como causas las políticas económicas y sociales del gobierno socialista. Sería el gobierno de la Unidad Popular el que habría hecho eclosionar la caja de Pandora con sus reformas económicas, sociales y culturales, quien rompería con la legalidad institucional democrática, al no respetar los derechos de los ciudadanos, ni su defensa ante las instituciones constituidas: (...) la violencia no fue exclusiva de ningún bando, y era avivada porque –efecto propio de la polarización aguda– cada cual se veía a sí mismo rebasando la legalidad sólo porque el otro lo había hecho antes y para defenderse.18

Este desorden generalizado se habría trasladado a las Fuerzas Armadas, en las que los sectores castrenses adeptos a la doctrina de la Seguridad Nacional serían hegemónicos. Ahora bien, a posteriori es fácil –señala el Informe– exigirles que se hubiesen mantenido firmes a la Constitución, pero si las Fuerzas Armadas se escindían, por mantenerse fieles a la legalidad, ello implicaba una división entre los altos mandos y, sectores medios y bajos de la oficialidad, que podrían pasar a engrosar las filas ya militarizadas de los distintos bandos de la polari17 18

Informe, Op. cit, p. 27. Op. cit., p. 28 – 30.

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zación social; es decir, no- actuar trajera un mal mayor: la guerra civil, mediante su propia división.19 Es importante tener presente la conceptualización hecha en el discurso de guerra interior: (...) esta última división era lo único que podía transformar el “clima” de guerra civil, en guerra efectiva. Es sabido que no hay guerra civil si se enfrentan sólo civiles, pues estos carecen de los elementos bélicos necesarios para elevar el simple choque armado a la categoría de guerra. Ésta exige la presencia, en cada bando, de cuerpos considerables de las Fuerzas Armadas y de Orden, vale decir, de soldados profesionales. Lo que exige que tales Fuerzas se dividan.20

Las contradicciones en los intentos de definir guerra y guerra civil son claras, por un lado sólo existía un “clima” de guerra civil, sin lugar a dudas provocado por las fuerzas sociales y políticas que intentaban desestabilizar y derrocar al gobierno de la Unidad Popular, pero resulta que no había guerra civil, ya que ésta no es tal si sólo se enfrentan civiles, que carecen del poder bélico necesario, para transformar acciones de violencia particulares en guerra. Entonces, ¿qué es guerra civil? Puede hablarse de guerra civil cuando las contradicciones sociales atraviesan a las instituciones más normalizadas y disciplinadas de la sociedad capitalista: las Fuerzas Armadas y del Orden. Lo que alimentaría la polarización social con agentes militarizados. Ocurre que tal escisión y polarización armada nunca se produjo, pero sí las Fuerzas Armadas sirvieron como reaseguro último del orden social constituido, ante las transformaciones que el gobierno democrático de Salvador Allende llevaba adelante. Cuando los sectores sociales dominantes vieron peligrar sus posiciones por el conjunto de relaciones sociales autónomas que estaban instituyéndose: de solidaridad, cooperación, igualdad, implementaron un conjunto de metodologías que cerrarían este proceso de cambio social, a través del exterminio material y simbólico de aquellos actores que encarnaban estas nuevas relaciones sociales. 19 20

Op. cit., p. 33. Op. cit., p. 33.

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Son estos cambios en la subjetividad y en el entramado intersubjetivo, no sólo en el sentido de sujetos individuales, sino como la posibilidad de prácticas autónomas de un colectivo en tanto grupo social21 los que se están desarrollando e instituyendo en el orden político, social, económico y cultural, entre los años 1970 y 1973, producto de las fuerzas sociales populares que cristalizan en el gobierno. Estas relaciones sociales son las que se intenta cancelar mediante la eliminación de los actores sociales que las encarnan, que colectivamente se han reapropiado de sus prácticas, e intentan conscientemente cambiar un orden social desigual, excluyente y opresivo, y el Informe da cuenta de esto al indicar que: (...) no puede olvidarse que aún en la oposición más moderada, y en personeros de ella de larga y distinguida tradición democrática, fue común la idea de necesitarse un “interregno” militar, breve pero autoritario, para reordenar la política del país.22

Cabe preguntarse qué cabría esperar de los sectores más conservadores, si esto pensaban los representantes de la larga y distinguida tradición democrática. En relación a la participación dada por Allende en ministerios a representantes de las Fuerzas Armadas en agosto de 1973, entre los que se encontraba el General Carlos Prats, Jefe del Ejército, quien renunciará producto de las presiones políticas de la derecha, el Informe, lo presenta como una tendencia compartida por el Presidente con los sectores democráticos que pedían un golpe de Estado para disciplinar la sociedad. Lo cierto es que el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, a menos de un mes del golpe de Estado, y a casi dos meses del levantamiento militar del 29 de junio del mismo año, pide la renuncia de esos ministros, ante las supuestas violaciones constitucionales del gobierno –léase, las políticas de cambio social desarrolladas– es un claro anticipo de lo que vendrá.

21 Feierstein, Daniel (2007),El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 124. 22 Informe, p. 34.

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El pronunciamiento lleva por título: Grave quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, en el art. Quinto, dice:23 Que es un hecho que el actual Presidente de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.

En el Décimo, se acusa al Gobierno de haber violado el principio de igualdad ante la ley, al no impedir las tomas de tierras y fábricas; atentar contra la libertad de expresión, al permitir que movimientos sociales y políticos llegasen a controlar radios; violado la autonomía universitaria; reprimido la libertad de reunión – posiblemente por medidas judiciales contra los grupos sediciosos de derecha–; contra la libertad de enseñanza, por el Decreto de Democratización de la Enseñanza, motejado de concientización marxista; violando el derecho de propiedad, al permitir 1.500 tomas; etc. Termina pidiendo a los representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el gobierno que: (...) les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.24

El golpe estaba dado.

c. Los efectos de las metodologías represivas El régimen militar planteaba la tarea de reorganizar la sociedad, para ello no había un plazo definido, había metas y no plazos, asume el Poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan. 23

“Grave quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República”. En: http://www.-analitica.com/biblioteca/chile/acuerdo_diputados.asp 24 Op. cit., p. 2.

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Su núcleo políticamente más cohesionado estaba constituido por oficiales formados en la doctrina de la Seguridad Nacional, conocidos como el “Comité de los Coroneles”, funcionó en la Escuela Militar durante septiembre de 1973, habiendo participado en el diseño del organismo de inteligencia del régimen la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), creada formalmente en 1974. El gobierno fue acompañado por fuerzas civiles, jóvenes de extracción católica conservadora e ideológicamente neoliberales en lo económico, que le sirvieron de cuadros técnicos, con lo que puede decirse que se conformó un movimiento cívico-militar, sumándose a las fuerzas represivas grupos de extrema derecha que colaboraron activamente en las tareas de desaparición forzada y asesinado de opositores. En la Declaración de Principios del Gobierno de Chile25, la Junta de Gobierno se presenta con un carácter fundacional, ya que viene tanto a reconstruir las instituciones, como a producir cambios en lo económico, social y político; en ella se formula un concepto de democracia formal, tutelada por las Fuerzas Armadas, y una de las finalidades del gobierno estriba en cambiar por medio de una acción profunda y prolongada la mentalidad de los chilenos. El propósito de vertebrar el ordenamiento político, institucional y social, en torno de las concepciones político doctrinarias de la Seguridad Nacional, es expresado claramente en la Declaración, resumiendo los postulados básicos de las doctrinas contrainsurgentes en conjunción con marcos ideológicos del integrismo católico; seguridad y recuperación del ser nacional conforman una unidad de significación que remite a la hispanidad de cuño falangista católico, en un intento por desplazar y negativizar cualquier formación identitaria cultural y política, que dispute la cosmovisión hegemónica de los sectores integrantes del régimen político conservador: La seguridad nacional es de responsabilidad de cada uno y de todos los chilenos; por tanto debe inculcarse este concepto en todos los niveles socio-económicos, a través del conocimiento concreto de las obligaciones cívicas generales y específicas en relación con el área del Interior; por el estímulo de la escala de los valores patrios; por la difusión de los alcances culturales propios en la variada gama del arte autóctono y por la orientación y comentarios permanentes de las tradiciones históricas y de los símbolos que representan a la 25

Informe, p. 42.

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Patria. (...). El hombre goza de derechos naturales anteriores y superiores al Estado. Son los derechos que proceden de la naturaleza misma del ser humano, porque tienen sus orígenes en el Creador. El Estado debe reconocerlos y reglamentar su ejercicio.26

A esta Declaración de 1974, se sumarán otros instrumentos jurídicos con la finalidad de constituir un nuevo orden legal: las Actas Constitucionales de 1976 y la Constitución de 1980, que establecía la salida tutelada hacia una democracia blindada. En el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, la Junta Militar declara asumir: (...) el Mando Supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas (...) por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo.27

El 24 de marzo de 1976, al otro lado de la cordillera, podemos leer en una nueva Acta de Constitución de una Junta de Gobierno: Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de la moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión (...).28

26

Mattelart, Armand, (1978) Ideología, información y Estado militar, en Mattelart, Armand y Mattelart, Michel, (1978) Comunicación e idelogías de la seguridad, Barcelona, Anagrama, p.61. Sobre el “catolicismo integrista” de los generales chilenos y sus relaciones ideológicas con el franquismo: pp. 60-63. Artículo fundamental en la comprensión de las relaciones teóricas e ideológicas de los corpus discursivos de la doctrina de la seguridad nacional, las conceptualizaciones geopolíticas y, los marcos teórico políticos de la guerra de contrainsurgencia. Con relación a la influencia del nazismo en el pensamiento del general Pinochet: “Fue Adolfo Hitler quien primero comprendió la extraordinaria importancia de la acción psicológica, expresando en Mein Kampf: la propaganda revolucionaria desempeñará en el futuro el papel que desempeña la cortina de fuego de la artillería para preparar el ataque de la infantería. Ella tendrá por misión destruir psicológicamente al enemigo antes de que los ejércitos entren en acción” en Pinochet, Augusto, (1968) Geopolítica, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1974; citado en Mattelart M., (1978), pp. 66-67. 27 Informe, p., 46. 28 “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”, en Verbitsky, Horacio, (1988) Medio siglo de proclamas militares, Buenos Aires, Página/12, p. 145.

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Las dos Actas muestran la idéntica necesidad de reorganizar la sociedad, recuperar los valores y tradiciones subvertidos por un enemigo interno, poner en el centro de la escena la chilenidad, la argentinidad, en definitiva, la esencia de la nación que es el ser nacional, posicionando la nación en el orden global capitalista, de modo eficiente, es decir, reorganizar la nación. En la Declaración de Principiosel gobierno “entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado, y rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales”, para ello “ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina y anarquía.”29 La Junta de Gobierno en Chile disuelve los partidos políticos de izquierda30, declara cesantes los demás, aunque más tarde también serán disueltos; asume el poder constituyente; hace caducar e incinera los registros electorales; interviene las Universidades; pone en situación de interinato al personal de la Administración Pública; establece el estado de sitio de modo casi permanente a lo largo de diecisiete años; controla la actividad sindical; y práctica una férrea censura sobre los medios de comunicación. Si bien el gobierno tuvo aparatos específicos de policía política, dedicados a actividades de inteligencia que abarcaban todas las áreas de la vida social chilena, en las tareas represivas y de inteligencia participaron el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.31

c.1. La DINA y la CNI La DINA funcionó entre 1974 y 1977, su disolución estuvo ligada a las presiones del gobierno de Carter por el asesinato de Orlando Letelier en Was-

29

“Informe”, p. 53. Decreto Ley Nº 77 del 13 de octubre del ’73, disuelve, prohíbe y declara asociaciones ilícitas las agrupaciones: que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines o por la conducta de sus adherentes sean sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina y que tiendan a destruir o desvirtuar los propósitos y postulados fundamentales que se consignan en el Acta de Constitución de esta Junta, op. cit., p. 50. 31 Rojas, María Eugenia, (1986) La represión política en Chile, Santiago de Chile, IEPALA, nota 1, Prefacio, p. 6. Es uno de los primeros trabajos de investigación sobre la represión realizado por FASIC, puede encontrarse en: http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros 30

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hington; aquel que sería su director, el Coronel del Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, presentó a la Junta en noviembre de 1973 el plan de su estructura, su dotación inicial fue de unos 500 efectivos, pero se calcula que llegó a ser de varios miles. La definición de sus funciones fue clave en la instrumentación del proceso de reorganización nacional; creada por Decreto Ley Nº 521 de junio de 1974, se establece que se trata de un: (...) organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país.32

Su creación respondía a la necesidad de formalizar, centralizar y sistematizar en un organismo de seguridad e inteligencia autónomo la represión política33, y se constituyó con personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de miembros provenientes de grupos ultranacionalistas. Si bien dependía de la Junta, en los hechos estaba subordinada directamente al general Pinochet. Fue un poderoso y especializado aparato de represión selectiva y racional, que extendió sus actividades fuera de la frontera chilena: (...) las atribuciones de la DINA fueron secretas (...). Dotada de abundante personal, dispuso además de recursos cuantiosos y una fuerte infraestructura de locales, medios de comunicación y transporte, y jugó un papel de primera importancia en la represión; sus actividades se extendieron hasta el extranjero, según evidencia producida en la investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington. Sus métodos incluyeron el secuestro, la eliminación física de los detenidos, el asesinato y la aplicación de torturas.34

32

Op. cit , p. 55. Coordinadora de ex-presas y presos políticos de Santiago, Dic., (2004), Por un mañana con Verdad, Justicia y Reparación Integral, p. 15. En http://www.purochile.org 34 Rojas, Ma. E., (1986), p. 2. 33

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Para el cumplimiento de sus tareas represivas desarrolló diversas actividades: control de los registros públicos; establecimiento de una red de colaboradores o informantes en servicios públicos, reparticiones, empresas del Estado y empresas privadas35, lo que en los hechos facilitó la delación y la ruptura de los lazos de confianza y solidaridad social; la supervisión, aprobación y veto de funcionarios estatales; la coordinación de relaciones con otros servicios de inteligencia en el extranjero36; realizó distintas actividades encaminadas a obtener fondos –además del saqueo de los bienes de los detenidos desaparecidos– en asociación con particulares o recibía directamente fondos de empresas, también organizó empresas propias. Su estructura de mando estaba compuesta por un Comando General o Comandancia al mando de un Director Nacional, quien contaba con subdirectores, departamentos, brigadas y agrupaciones. El Informe enumera algunas de las características de las víctimas del período DINA: las que lo fueron por uso indebido de la fuerza o abusos de poder; mapuches y campesinos muertos o desaparecidos; delincuentes comunes; agentes de las fuerzas represivas asesinados por “traidores”; militantes políticos de izquierda: Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), del Partido Socialista y Partido Comunista. Si bien no subvalora las responsabilidades de los principales actores del régimen, subyace en su discurso una intención, que de un modo u otro, atribuye el funcionamiento de estos organismos represivos a excesos ideológicos, de planificación y, ejecución en la lucha contra los opositores políticos. Por ejemplo, al relatar los orígenes castrenses de la DINA:

35 Registro Civil, empresas del área de transportes y telecomunicaciones (LANCHILE, Ferrocarriles, Empresa Naviera del Estado, ENTEL): Informe, p. 724. 36 Desde los inicios del golpe de 1973, los servicios de inteligencia del Estado chileno mantuvieron estrechas relaciones con la SIDE, la Policía Federal, y la Triple A –Alianza Anticomunista Argentina– (ver: Informe: p. 726), y servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas argentinas, relación que se profundizó con el golpe de Estado en Argentina en 1976, extendiéndose con el Plan Cóndor, que coordinó las fuerzas represivas en el Cono Sur del continente. La DINA tuvo en su estructura un Departamento Exterior, entre sus víctimas figura el General (R) Carlos Prats, ex - Comandante en Jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende.

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(...) existía al interior de las Fuerzas Armadas y del Orden una corriente ideológica, caracterizada (quizás) por algunas nociones más bien vagas y simples sobre lo que debía ser la organización, política social y económica del país, pero sobre todo por un concepto extremo y extraviado de la guerra antisubversiva en relación con la seguridad nacional.37

No es fácil creer que un proceso social que se extendió por casi dos décadas, desenvolviéndose a lo largo de ese tiempo sin demasiados contratiempos internos desde la cúpula gobernante, que aplicaba un sistemático plan de eliminación física y simbólica de las distintas formas de oposición política, llevó adelante uno de los primeros experimentos neoliberales en lo económico de América Latina, cuyo fin consistía en cambiar de raíz las formas sociales y culturales de la sociedad chilena, contando para ello con la colaboración de equipos técnicos e intelectuales civiles altamente calificados y, con cuadros de las Fuerzas Amadas entrenados y formados38, en la doctrina de la Seguridad Nacional como en la lucha contrainsurgente, pudiera guiarse por nociones ideológicas vagas y simples sobre lo social, o cometer excesos en su accionar represivo; pero menos aún, que el conjunto doctrinario vertebrador del proceso de exterminio social fuese un concepto extremo y extraviado. Pensar de este modo los fines, objetivos, planes, instrumentos y políticas con los cuales los sectores sociales hegemónicos se propusieron terminar con cualquier forma de autonomía política que pusiera en peligro sus posiciones dominantes, supondría decir que lo ocurrido no fue más que obra de la irracionalidad, y no un proceso social organizado, racional y sistemático de reorganización social.

37

Informe, p.35. Al respecto es interesante lo que en 1962 declara el Secretario de Defensa Robert S. Mc Namara: Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y especialistas clave en escuelas de adiestramiento (...) Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirán a sus fuerzas armadas. No es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el disponer en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos actúan y piensan. En D’Andrea Mohr, José Luis, (1999) Memoria debida, Buenos Aires, Colihue, base de datos CD-ROM; pp. 39.

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Hacia mediados de 1977 las presiones sobre el gobierno por los actos terroristas de la DINA llevan a su disolución, la que se efectiviza por Decreto Ley Nº 1876 del 13 de agosto de 1977. Las funciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI) sucesora de la DINA, son muy similares, su diferencia esencial radica en la formalización legal de su dependencia directa del poder Ejecutivo, que en la situación jurídica previa sólo lo era de hecho; el nuevo organismo depende directamente del Ministerio del Interior. Nueva policía política que como su antecesora, atraviesa en su operatoria micropolítica todos los campos de la sociedad, regula sus relaciones sociales por medio de una metodología represiva de todas aquellas formas de existencia subjetiva social, en lo individual y en lo colectivo, que puedan desviarse del modelo de sociedad disciplinada y silenciada que el régimen intenta construir: La adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales, y la mantención de la institucionalidad constituida.39

La CNI contó con todos los medios de su antecesora, incluyendo personal y técnicas represivas; desarrolló parte de sus operaciones a través de organismos como el Comando 11 de Septiembre y el ACHA, los cuales públicamente se adjudicaban atentados y asesinatos, siendo en realidad operaciones encubiertas de la CNI; sus tareas de inteligencia política abarcaban: partidos políticos, organizaciones religiosas, sindicatos, relaciones internacionales; reunía antecedentes políticos de la ciudadanía, que eran puestos a disposición de los organismos del Estado y de empresas privadas, con la finalidad de evaluarlos a la hora de contratar personal40; participó en el intento de crear organizaciones políticas y sindicales de apoyo al gobierno.

39

Informe: Decreto Ley Nº 1876 y Decreto Ley Nº 1878: p. 979. En relación con las prácticas sociales de delación que tratamos anteriormente, con la CNI se institucionalizan en la forma del “soplonaje”, este organismo llegaría a contar con una red de 40.000 informantes, no en vano Pinochet decía: en Chile no se mueve una hoja sin que yo sepa: Coordinadora de ex-presas y ex-presos políticos de Santiago, Dic., 2004, Por un mañana con Verdad, Justicia y Reparación Integral, p. 17.

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La existencia de estos organismos centralizados de inteligencia y represión política, no implica que los demás servicios de inteligencia estatales no siguiesen operando, ni que tampoco actuasen grupos paramilitares que encubrían operaciones de los mismos organismos, así durante la década del 80 aparecen en respuesta a las acciones de resistencia el Comando Vengadores de Mártires (Covema) y el Comando Antisubversivo (CAS).41

d. Reformulación de relaciones sociales No daremos cuenta en este trabajo (no es nuestro objetivo), de las técnicas represivas específicas, tampoco de las distintas formas de tortura ni de las modalidades de desaparición de cadáveres (que por lo demás presentan una gran semejanza con las utilizadas en otros procesos sociales genocidas llevados adelante en América Latina), ni de los innumerables campos de concentración que cubrieron el territorio nacional – de los cuales los más emblemáticos son el Estadio Nacional, Estadio de Chile, una amplia gama de bases militares, comisarías, dependencias de la DINA y CNI, inmuebles apropiados a partidos, sindicatos, universidades, Colonia Dignidad, naves de la Armada, salitreras abandonadas–,42 pero sí de sus efectos en el entramado de relaciones sociales. El golpe de Estado no significó solamente la intención realizada de derrocar un gobierno socialista democráticamente electo, fue la condición necesaria para terminar con un movimiento social y político que conllevaba transformaciones profundas en la estructura de dominación social. Significó un profundo cambio social, cultural, económico y político, justificado y legitimado por medio de la producción de un enemigo interno, que encuentra

41

Entre los años 1978-1983 la represión mantiene su accionar constante; la existencia permanente de las medidas de excepción (Estado de Sitio, Estado de Emergencia, suspensión de las garantías constitucionales entre otros) ejercen un control absoluto sobre la sociedad, los medios de comunicación, y de todo tipo de organización social como eran los sindicatos y organizaciones estudiantiles existentes. Op. cit., p. 17. 42 Información sobre esta temática pueden encontrarse en el “Informe”, tomo 1: pp. 94 y sigs.; tomo 2: pp. 732 y sigs.; Rojas, Ma. E., (1986): Caps. II, III y IV; y en: Coordinadora de ex-presas y ex-presos políticos de Santiago, Dic., 2004, Por un mañana con Verdad, Justicia y Reparación Integral; Sobarzo Núñez, Patricio, (colec.), (1985) Los asesinados por la dictadura y los muertos en falsos enfrentamientos, Santiago de Chile, CODEPU, entre otros documentos.

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su fundamento en la doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo instrumento concreto de realización es la guerra contrainsurgente. Siguiendo la conceptualización de Rojas (1985), se puede establecer un triple quiebre en el entramado de relaciones sociales, producto de las metodologías genocidas en la sociedad chilena: 1) Rompió bruscamente una larga tradición democrática –sin considerar las convulsiones de 1891, y de los años 1924 a 1932–; la imposición de políticas represivas conjuntamente con el patrón de relaciones sociales neoliberales implicaron un cambio radical en el modo de vida de los chilenos, que condujo de relaciones de cooperación y solidaridad social, en desarrollo creciente desde mediados de los años 60, hacia un modelo dominante caracterizado por el individualismo extremo y la desconfianza mutua en las relaciones hacia el otro. 2) Impuso como criterio ordenador del mundo social los fundamentos de la doctrina de la Seguridad Nacional, con la consecuente constitución simbólica y material de un enemigo interno, ubicuo, lugar político y social que cualquiera podía encarnar en la medida que se apartaba del modelo a imponer. 3) Entronizó la violencia política y el asesinato como modalidad hegemónica de zanjar diferencias políticas y, como metodología biopolítica de disciplinamiento social.43 El proceso de reorganización nacional chileno puede esquematizarse en cuatro etapas: 1) 1973-1977: Corresponde a la definición e instrumentalización, por parte de las fuerzas políticas y sectores de clase dominantes, del estado de guerra interno, el golpe, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, los primeros asesinatos masivos (Caravana de la Muerte), y la creación de la DINA. Institucionalización de modelo político y económico –política de shock–. 2) Desde julio de 1977 delineamiento de los elementos centrales que habrá de contener el nuevo orden Constitucional. Decreto Ley 2.191: Ley de Amnistía. Disolución de la DINA, reemplazo por la CNI. Concluye con el plebiscito de marzo de 1980, que aprueba la Constitución del régimen, la cual rige desde 1981.

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Rojas, Ma. E., (1986), Prefacio, p. 1.

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3) 1981-1986: Crisis del modelo económico, comienzan las movilizaciones populares, primeros movimientos de rearticulación de la oposición política y social. El gobierno pierde iniciativa política, comienza a administrar la crisis. 4) 1987-1990: Preparación de las llamadas leyes políticas, intención de una salida institucionalizada del régimen hacia una democracia blindada. Pinochet intenta hacerse elegir por un plebiscito y prolongar su ejercicio del poder por lo menos hasta 1997. Salida hacia una democracia institucionalizada sobre la Constitución de 1980.44 La decisión de destruir la trama social urdida a lo largo de decenios45, por parte del régimen, es de capital importancia para tener un concepto más claro del grado de organización social, lazos de solidaridad, horizontalidad e igualdad entre actores sociales, alcanzado en el período 1970-1973, y con ello el nivel de puesta en cuestión de las relaciones sociales dominantes por parte de los sectores subalternizados: La UP y Allende nunca pensaron en movilizar a las masas populares en la dirección de la toma total del poder. Las movilizaron sí, pero para mantenerlas dentro del marco del programa de la Unidad Popular resumido en las 40 medidas. Cuando el movimiento popular desbordaba el marco establecido (...), se acusaba a los dirigentes populares de caer en el “extremismo” o más comúnmente el “ultra izquierdismo.46

Un ejemplo de los modos en que las relaciones sociales de autonomía política, económica, social y cultural transgredían los límites institucionales, incluso de un gobierno progresista, lo tenemos con el movimiento campesino, sobre todo mapuche –duramente reprimido durante la dictadura– que en la zona de Cautín operaba un proceso de transformación social de mayor profundidad que lo previsto en los planes del programa de gobierno, pues en 44

Op. cit., p. 3; también: Mero, Roberto (1987) Pinochet, penúltimo round, Buenos Aires, Legasa, 2º y 3º parte. 45 Rojas, (1986), p. 4. 46 Coordinadora de ex-presas y presos políticos de Santiago, Dic., 2004, Por un mañana con Verdad, Justicia y Reparación Integral, p. 12. Al respecto: ¿Cuál será nuestra vía, nuestro camino chileno de acción para triunfar sobre el subdesarrollo? Nuestro camino será aquel construido a lo largo de nuestra experiencia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el Programa de la Unidad Popular: El camino al socialismo en democracia. Pluralismo y libertad. Salvador Allende, “Discurso en el Estadio Nacional, 5 de noviembre de 1970”, en Salvador Allende, La revolución chilena, Buenos Aires, EUDEBA, 1973, p. 23.

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esa área no estaba planificada la reforma agraria; Allende traslada su gobierno a la región de Temuco, dándose cuenta sobre el terreno que los mapuches con sus corridas de cerco respondían a los latifundistas con la misma estrategia de apropiación que éstos venían utilizando durante décadas. Lo cierto es que los mapuches reconocían en el gobierno de la UP su gobierno, en tanto encarnación en el aparato político estatal de un conjunto de relaciones sociales que trascendía los marcos partidarios. Ésta es la significación discursiva y teórica, que hemos querido darle al proceso histórico en cuestión, al llamarlo proceso de reorganización nacional47; es decir, un conjunto de prácticas sociales, que buscaba reorganizar las relaciones sociales y de poder a nivel nacional: desarticulando y destruyendo la red de relaciones político sociales contrahegemónicas que estaba en proceso de institucionalización; pero también eliminando física y simbólicamente a sus agentes. Porque lo ocurrido en la sociedad chilena no fue una guerra contra el “terrorismo subversivo”, sino un proceso social de aniquilamiento48 de una parte substancial de su población49, de aquella que encarnaba relaciones sociales ajenas al modelo de dominación imperante, como a su versión readecuada a las transformaciones que las relaciones sociales capitalistas estaban sufriendo en la década del 70. Población que portaba y representaba relaciones de igualdad, solidaridad, horizontalidad democrática y, autonomía sociopolítica50, de los sectores sociales marginalizados por el sistema social. De este modo, las clases dominantes, en conjunción con los intereses concentrados de los grupos de poder extranjeros, sobre todo de EE.UU., con 47

Feierstein, Daniel (2007), El genocidio como práctica social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p.26. 48 “Los modos en que el aniquilamiento puede funcionar como una modalidad específica de destrucción y reorganización de relaciones sociales”. Feierstein, Op. cit., p. 26. 49 “La destrucción de los partidos significó la eliminación física de los militantes que hacían posible la existencia de la organización”, Informe, p. 746. La atribución restringida del Informe, nos sirve para comprender que no sólo fueron aniquilados los militantes políticos, cuyo conjunto de relaciones sociales y entramados simbólicos constituía los partidos en tanto organizaciones estables e institucionalizadas, sino también todas aquellas fracciones del grupo nacional chileno, que conformaban por sus relaciones, imaginario y formas de organización social un “bloque contrahegemónico” a la matriz social de dominación capitalista dependiente chilena. 50 Feierstein, Op. cit., 1º Parte, Cap. III: “Las contradicciones de la modernidad y su resolución: igualdad, soberanía y prácticas sociales genocidas”, pp. 111 y sigs.

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amplia experiencia en la lucha contrainsurgente, concibieron una estrategia de reformulación social, en la que eliminar las relaciones sociales de autonomía conllevaba necesariamente eliminar los cuerpos, los sujetos sociales que las encarnaban. Este tipo particular de tecnología de poder51, –y realizo esta particularización porque no toda tecnología de poder se agota ni identifica con la que estamos analizando–, esta forma que asumen las relaciones de poder, las podemos llamar prácticas sociales genocidas, no pensándolas como un proceso natural, ni como una catástrofe que nadie sabe de dónde emerge, ni tampoco como un hecho acabado, sino como un proceso social, como una práctica social. Utilizamos el concepto de práctica social genocida en lugar de genocidio, porque el primero nos permite abordar con mayor profundidad social y comparativa este tipo de tecnologías de poder en procesos histórico sociales concretos, reservando el concepto de genocidio para consideraciones jurídicas. Demás está decir que las prácticas sociales genocidas conllevan la realización de un genocidio.52 Pensar en términos de prácticas sociales nos remite a su permanente incompletud, producto de su ser constructivo; pero también a su carácter performativo de la realidad social; es decir, en la medida en que se desarrollan y construyen el entramado de las relaciones sociales, las prácticas sociales producen realidad, producen objetos sociales: instituciones, valores, leyes, reglamentaciones, saberes, formaciones discursivas, ideologías, “otredad”, significaciones, modalidades de aniquilamiento social, relaciones de poder. Al respecto, Foucault nos dice sobre el carácter productivo de las prácticas de poder, que son una de las formas asumidas por las prácticas sociales:

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Por “tecnología de poder” entendemos: “una forma peculiar de estructurar –sea a través de la creación, destrucción o reorganización– relaciones sociales en una sociedad determinada, los modos en que los grupos se vinculan entre sí y consigo mismos, y aquellos a través de los cuales construyen su propia identidad, la identidad de sus semejantes y la alteridad de sus ‘otros’”. Feierstein, Op. cit.p. 26. 52 Op. cit., p. 35. Acerca de la conceptualización jurídica del crimen de genocidio: Folgueiro, Hernán L.: “El crimen de genocidio en el derecho internacional”, en Feierstein, Daniel y Levy, Guillermo, (Comp.), (2004) Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina; La Plata, Al Margen, pp. 19-60. En la misma obra: Feierstein, D., “Una discusión abierta: la violencia política en Argentina y su peculiaridad genocida”, pp. 61-89.

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De hecho, el poder produce; produce realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad.53

La finalidad de esta tecnología de poder, que busca la reorganización de las relaciones sociales, es transformar a los sujetos sociales, individuales o colectivos, privándolos de su capacidad de apropiarse de su misma experiencia y práctica54, a través de esta operatoria, su ser y el trabajo de re-apropiación de su práctica en la vida cotidiana, queda escindido a nivel ontológico, lucha que se desarrolla en cada cuerpo. No sólo de los que han sido víctimas directas de los aparatos represivos del Estado55, sino del conjunto social que sufre las consecuencias y, los efectos materiales y simbólicos del proceso de aniquilamiento social de una parte de la población, pero que ve transformada la red de relaciones y prácticas sociales en que se encuentran inscriptos: despojados de su capacidad de autodeterminación. Las consecuencias psicológicas y sociales de las políticas represivas se manifiestan en las víctimas en la pérdida de la autoestima, de la valoración de sí mismo, de la relación intrasubjetiva que se establece con los propios esquemas de lectura, valoración y apreciación del mundo social; pero también, en las relaciones con los otros. Efectos directos de las metodologías (estigmatización, delación, quiebre psíquico) encaminadas a destruir la asunción de la autonomía del sujeto, y la construcción de lazos sociales cooperativos y horizontales con los otros: angustia, miedo, desconfianza son sólo algunos de los síntomas detectados en el documento Crímenes e Impunidad de CODEPU:

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Foucault, Michel, (1975) Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 198. Feierstein (2007), op. cit., p. 211. 55 Para la distinción teórica entre “aparatos represivos” y “aparatos ideológicos” del Estado, como la forma asumida en cada uno por la función dominante: en los aparatos represivos la función subordinada es la ideológica, siendo la dominante la represiva; y en los aparatos ideológicos, es función dominante la ideológica, y subordinada la represiva; véase: Althusser, Louis, (1970), “Los aparatos ideológicos del Estado”, en Althusser, Louis, (1977) Posiciones, Barcelona, Anagrama, pp. 69 y sigs. 54

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En la génesis de la desconfianza, al parecer, existía un doble mecanismo: por un lado, la pérdida de la autoestima por el sufrimiento y conducta tenida ante la agresión y, por otro, la destrucción de la confianza humana producida por la interacción con los responsables.56

Tecnología de poder que opera en un doble nivel, por un lado, afecta a cada cuerpo; por otro, trabaja sobre la población en su conjunto. La primera modalidad la denominamos anatomopolítica. La segunda modalidad, tiene por objeto la población como problema biológico: sus formas de existencia, sus movimientos demográficos, tomándola en tanto organismo vivo a depurar: de individuos indeseables, enfermos, degenerados, en fin, de todas aquellas partes y fracciones del cuerpo social que puedan subvertir su normal funcionamiento. A esta denominamos biopolítica.57

3. La construcción social de la “otredad negativizada” La otredad será el objeto sobre el cual se produzca el anclaje de la tecnología de poder genocida, desplazándola de su status de un sí mismo exterior al sujeto, al rango de un otro inasimilable, de un en sí, una cosa, entidad no humana o que ha renunciado al carácter de tal: unradicalmente otro. Un otro no normalizado58, discursivamente puesto fuera de la comunidad de valores del ser nacional, de la chileneidad que se dice proteger, construcción imaginaria de los sectores de la derecha conservadora, que establece unnosotros frente al enemigo interno o subversivo, que intenta destruir el modo de vida normal. 56

“De este modo, el traumatismo psíquico producido por los crímenes, con la negación y ocultamiento de los responsables, se había transformado en un sufrimiento continuo. Si bien se había iniciado en un día y en un espacio determinado, a causa de la impunidad este sufrimiento discurría por siempre y en todos los ámbitos de la persona y muy especialmente en la vida de relación con el otro y en su vinculación social”: CODEPU, (1996), Crímenes e Impunidad. La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho a la Vida Chile 1973 -1996, VII Región del Maule - IX Región de la Araucanía, X Región de los Lagos. Serie Verdad y Justicia, Volumen 6 CODEPU DIT-T, pp. 1 y sigs. http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros 57 Foucault, M. (1975), “Del poder de soberanía al poder sobre la vida” en Foucault, M., Genealogía del racismo,Montevideo, Altamira, 1996, p. 199. 58 Feierstein (2007), op. cit. 217.

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Así, la lucha antisubversiva, la guerra sucia, el estado de guerra interno representan las estrategias discursivas que vienen a dar cuenta de la lucha contra todos los que osaron cuestionar el status quo de relaciones de poder establecidas, y la intención de su aniquilamiento social. Ya en 1972, se forman en Chile distintas organizaciones de profesionales, nucleadas en el Frente Nacional de Profesionales, representante de sectores de la alta y mediana burguesía; en los momentos más críticos de presión y boicot al gobierno de la Unidad Popular, se colocaron bajo una comandancia única: Comando de Acción Gremial; uno de sus dirigentes, miembro de la Orden de Abogados, explica los motivos de la lucha: La necesidad de estos organismos profesionales surge con el gobierno de la Unidad Popular, que ha obligado a crear este tipo de organismos que son organismos de guerra, de guerra antimarxista. Estamos en un estado de guerra interna, y estamos siendo agredidos por el régimen marxista.59

Un nosotros que se autodefine definiendo a su enemigo, sin necesidad de recurrir al paradigma biologizante del racismo, categoriza de modo abiertamente político, que debe ser buscado en todos los espacios de la vida social, porque su accionar disolvente afecta el conjunto de la nación. En un mensaje de la esposa del Presidente de la Junta Militar, dirigido a las madres de Chile, apelando a su lugar de género desde una perspectiva conservadora, interpela a las mujeres exclusivamente en su rol de madres, allí puede encontrarse este recurso a la vigilancia y la delación en el ámbito familiar, así como la reducción de los sujetos antinormales a entes de odio puro capaces de trasmutar a los niños o jóvenes en fieras: El llanto de vuestros corazones será redención para todos. Madres, no permitáis que vuestros hijos que acunáis o secáis el llanto con ternura y sacrificio, os lo arrebate el odio que convierte en fieras a los seres, destruyendo a sus semejantes.60

59 Mattelart, Armand, (1973) “Notas sobre el “Gremialismo” y la Línea de Masas de la Burguesía”, en Mattelart, Armand y Michele, (1977) Frentes culturales y movilización de masas, Barcelona, Anagrama, p. 169. Subrayado mío. 60 Mattelart, Michelle, (1974) “El Golpe de Estado en Femenino o Cuando las Mujeres de la Burguesía salen a la Calle” en Mattelart, Armand y Michele, op. cit., p.199: mensaje publicado en La Tercera de la Hora, Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1973.

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En la Constitución de 1980, se legalizala represión a los opositores políticos a través de la noción de terrorismo: la cuestión era crear una imagen tan deformada de ciertos opositores políticos que apareciesen como totalmente deshumanizados ante la opinión pública nacional e internacional.61 El art. 9º de la Constitución establece: El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Resulta muy particular esta definición negativa de los derechos humanos, pues no se definen ni enumeran de forma positiva. Su reconocimiento adopta una modalidad enunciativa negativa, tipificando lo que es contrario a ellos en una nueva fórmula del enemigo interno, para este período: terrorismo. Terroristas serán los opositores al gobierno, no cualquier tipo de oposición, sino aquella más radicalizada en sus exigencias de renuncia de Pinochet y finalización del régimen, que intente organizar social y políticamente a los sectores populares víctimas del aniquilamiento, estructurando formas de autodefensa. Vemos como la otredad negativizada a través de diversas estrategias sociodiscursivas, comprende a la fracción del grupo nacional a exterminar: “hay un sector de personas que no pueden invocar los derechos humanos, ya que ellos, por esencia “los contradicen”: a saber, los terroristas.”62 Grupo que no está protegido por ninguna garantía legal, la intención formulada en el discurso es dejar fuera de su propia estrategia discursiva y política a los que ha constituido en enemigos políticos internos, intentando borrar los motivos políticos de la persecución y, constitución del otro en tanto grupo a ser aniquilado, definiendo los supuestos delitos como no-políticos.63 El terrorista, en esta concepción abandona voluntariamente sus derechos humanos, en la medida en que se opone al régimen social y político, se coloca en una situación irreversible, que ocasiona la pérdida de su esencia humana, y si muere en un pseudo-enfrentamiento, los medios y las declaraciones oficiales muestran que no hay de que preocuparse: murió en su misma ley. 61

Sobarzo Núñez, Patricio, (colec.) (1985) Los asesinados por la dictadura y los muertos en falsos enfrentamientos, Santiago de Chile, CODEPU, p. 16. En http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros 62 Op. cit. p., 16. 63 “(...) la definición de esta otredad deja claro tanto el carácter político de la diferencia negativa como su traslado al ámbito de la moral, las costumbres, la familia”, subrayado mío. En Feierstein, Daniel, (2007) op. cit., p. 309.

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Así las formulaciones legales del texto constitucional acerca de los derechos humanos abandonan su carácter universal y privan a una parte de la población del derecho a la vida. Como dijese el general Pinochet, en un discurso conmemorativo del golpe: No pueden invocar los derechos humanos quienes atentan contra ellos. La Constitución del 80, como los discursos mediáticos que legitiman el exterminio, sellan en una unidad la identidad entre los significantes: subversivo, terrorista, violentista que por medio de la construcción social de la opinión pública, naturalizan la producción semiótica y el aniquilamiento de un otro inasimilable. En línea con el pensamiento de Foucault, podemos afirmar la profunda imbricación entre los discursos jurídicos y las relaciones de poder: No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcione en, a partir de y a través de esta cupla: estamos sometidos a la producción de la verdad del poder y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de la verdad.64

El poder no actúa sólo, ni exclusivamente de modo reactivo, negativo, represivo ni siquiera en el tipo de regímenes políticos totalitarios que estamos analizando, por el contrario, el poder en su operatoria produce verdad, y se ejerce en la producción de la verdad, producción realizada y ejercida en este caso por el discurso jurídico –lo es también por otros registros discursivos– para la conformación de la verdad social y política asumida como legítima.65 El Informe retoma estas caracterizaciones de los opositores políticos, proclamando que deben ser sometidas a un análisis crítico, con el fin de evitar efectos estigmatizantes, pero termina convalidando los rituales discursivos de verdad en funcionamiento: “cuando estas operaciones se quieren usar para crear hechos como una“toma del poder por las masas”, ya se podría hablar fundadamente de subversión.”66 64

Foucault, Michel, (Curso: 1975-1976), “Poder, Derecho, Verdad”, en Genealogía del racismo, La Plata, Altamira, p. 28. 65 “El poder retoma símbolos y características existentes en el imaginario colectivo, construye nuevos símbolos y mitos, refuerza los prejuicios latentes a fin de construir un sujeto social como negativamente diferente. Intenta delimitar dos campos: los iguales, los sujetos cotidianos, mayoritarios, como distintos cualitativamente de los otros, de aquellos que no quieren ser como todos y, por lo tanto, que no deben ser”, subrayado mío. En Feierstein, Daniel, (2007), p. 218 66 Informe, p. 875.

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Sólo los Organismos de Derechos Humanos reconocerán la finalidad de legitimación del exterminio que las nociones de subversivo o terrorista, aplicadas a los grupos sociales opositores significan. Declaran que no puede haber justicia, reconciliación ni reparación (uno de los objetivos del Informe es la rehabilitación pública de los desaparecidos y de sus familias) sin un verdadero proceso social y político que reconozca lo ocurrido, juzgando a los perpetradores, pero también a los grupos civiles que apoyaron y trabajaron activamente en la realización del golpe, y posterior institucionalización. Reivindican la lucha social y política de las víctimas, su compromiso político en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y autónoma.

4. La construcción discursiva de la memoria Hemos analizado distintos discursos sobre las prácticas sociales genocidasen Chile en el período 1973-1990, centrados principalmente en aquellos provenientes de Organismos de Derechos Humanos, y en el Informe oficial del gobierno electo, también es necesario recordar los marcos jurídicos: Constitución de 1980 y un conjunto de Leyes dictadas por el régimen continúan regulando el ordenamiento legal de la sociedad chilena, y en este sentido indica claramente la correlación de fuerzas políticas y sociales, en que los discursos analizados se inscriben. Muestra del grado de compromiso político de la clase dirigente en el mantenimiento de la impunidad de los crímenes perpetrados, y de las luchas que aún deben llevar adelante las organizaciones sociales. Si bien en los últimos años, luego de la destitución de Pinochet como Senador vitalicio por la Corte Suprema, y del pedido de extradición por parte de España realizado por el juez Baltazar Garzón Real67 acusándolo de los crí67

“Auto de detención dictado a Augusto Pinochet. Juez Baltazar Garzón Real. Procedimiento: Sumario 19/97 P.S., “Terrorismo y Genocidio”. Juzgado Central de Instrucción, NÚMERO CINCO, Audiencia Nacional, Madrid”. En los “Hechos”, Fallo, Apartado Segundo, para el proceso social 1973-1990, se establecen algunas de sus las características centrales: la planificación, organización y sistematicidad en la eliminación física: “(...) la creación de una organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas”, subrayado mío.

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menes de terrorismo y genocidio, se han sucedido infinidad de denuncias contra ex-funcionarios públicos, pertenecientes a distintas instituciones estatales, se ha condenado a perpetradores y el Estado ha formado otras comisiones de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos, la investigación histórico social sobre el genocidio se encuentra lejos de ser un proceso concluso o carente de efectos políticos para los pueblos latinoamericanos. Pero lo cierto es que sus políticas de verdad, reparación, y reconciliación han sido cuestionadas duramente por las organizaciones de derechos humanos, pues las consideran intentos de dar por clausurada la investigación y el develamiento de las metodologías, políticas, complicidades, y el conocimiento del destino final de las víctimas. En los documentos analizados, pertenecientes a distintas organizaciones sociales, tenemos acceso a la urdimbre de relaciones de poder en juego en las luchas por la construcción social de la verdad, la denuncia de la complicidad y del trabajo conjunto, no se agota en el señalamiento del funcionamiento coordinado de los distintos aparatos represivos estatales y paraestatales, aparece en ellos uno de los nudos problemáticos del entramado histórico: la complicidad del Poder Judicial con los crímenes de la dictadura: La justicia chilena, con desidia, obsecuencia, engaños y sometimiento al poder militar, cerró las puertas definitivamente a todas las instancias legales solicitadas para conocer la verdad sobre lo que pasó con ellas y con sus hijos y, lo que es más grave, aún en pleno período de transición a la democracia no sólo no ha tomado ninguna iniciativa sino que sigue negando la posibilidad de investigar.68

En los “Razonamientos Jurídicos”, Apartado Segundo, encontramos precisiones que hacen a la tipificación penal de los hechos según las normas Internacionales como “genocidio”: “Tal como queda acreditado, se crea una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países, en particular Argentina”. “Ampliar la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte por los hechos descritos (...) que integran los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas”. Subrayado mío. En http://www.analitica.com/biblioteca/pinochet/auto.asp 68 CODEPU, (s/f), Todas ibamos a ser reinas, Serie Verdad y Justicia, Vol. 1, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, p. 1. Trabajo en el que se investiga el secuestro y desaparición de nueve mujeres embarazadas, relaciones y vinculaciones del caso que se extienden hasta la Argentina del Proceso. En: http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/reinas/index.html

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En el documento se critica a quienes piensan que hay que dar vuelta la hoja y mirar sólo al futuro, ya que sólo a través de la búsqueda y construcción de formas sociales de memoria, verdad y justicia, que rompan las relaciones de impunidad y ocultamiento institucionalizadas por los sectores hegemónicos, podrá llegarse a la consolidación de una sociedad más democrática, autónoma y reflexiva sobre su propia historia colectiva. La falsedad, el ocultamiento de la realidad y los pedidos de reconciliación no conducen a la existencia de concordancia y transparencia en las relaciones sociales y sólo perpetúan la impunidad de los perpetradores.69 Uno de los Informes de la Coordinadora, del año 2004, entrega una nómina de los responsables de los crímenes cometidos, analizando importante documentación y testimonios, con el objetivo de lograr la toma de conciencia pública y la realización de acciones judiciales en contra de los responsables. En él es duramente cuestionada la falta de políticas estatales de fondo que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, a la toma de conciencia colectiva sobre el golpe y sus consecuencias sociales y políticas para el conjunto de la sociedad: “nuestros compañeros y compañeras necesitan ser honrados y para ello es necesario establecer la VERDAD, identificar, enjuiciar y castigar a los criminales”. El trabajo avanza en la necesidad de reconocimiento social del compromiso y la lucha de compañeras/os por una democracia que no fuese expresión de un orden social opresivo. Resalta la recuperación que las nuevas generacioneshan hecho de los valores sociales de libertad, cooperación, autonomía y lucha contra las diferentes formas de relaciones que sustentan la desigualdad y la opresión sociales y políticas. Vemos cómo los efectos de las prácticas genocidas no se agotan en la destrucción física de las víctimas, sino que extiende sus efectos a las generaciones futuras, en su intento de clausurar aquellas relaciones sociales contrahegemónicas: En el Chile de hoy, aún no se ha tomado conciencia del valor que representan todos nuestros compañeros y compañeras caídos a lo largo de estos años de lucha por la democracia en nuestro país. Hubo que esperar 30 años para que las nuevas generaciones pudieran reconocer el valor y la consecuencia del presidente Allende.70 69

Op. cit., p. 1. Coordinadora de ex-presas y ex-presos Políticos de Santiago, Nosotros, los sobrevivientes acusamos, diciembre de 2004, p. 3 -4. En http://www.purochile.org 70

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Esto nos da una idea de las luchas políticas y de las relaciones de poder que invisten los discursos de verdad, cómo a través de ellos se construye la memoria colectiva, que puede quedar entrampada en las redes discursivas hegemónicas de los sectores políticos y sociales comprometidos en el proceso social genocida; pero también de las luchas sociales, político éticas y semánticas de los sobrevivientes y de los sectores de la sociedad, que en su momento encarnaron en sus prácticas sociales y discursivas, los valores y concepciones del mundo con los que se buscaba organizar una sociedad más justa, y que por medio de su aniquilamiento físico y simbólico, los actores socio-políticos dominantes intentaron clausurar. Nos posiciona frente a la construcción social significante, que las generaciones post-genocidio han podido elaborar, por medio de su compromiso social y político enfrentando las distintas estrategias de cierre histórico implementadas, y en lucha contra las políticas y efectos de realización simbólica71 de las prácticas sociales genocidas. Una de estas formas de realización simbólica la encontramos en el Informe: consiste en el borramiento de la identidad política y social de las víctimas. El texto retoma un conjunto de testimonios de familiares de desaparecidos, los agrupa en distintas categorías (la muerte como castigo, la muerte que no encuentra explicación hasta sentimientos actuales) y los expone como muestras de las vivencias sufridas, pero el problema principal se encuentra en el borramiento sistemático de los índices que darían cuenta de las historias de vida de los desaparecidos, de sus valores y creencias, como del compromiso político que asumieron. Así se reduce a la víctima, en el relato de sus familiares –también víctimas– a víctimas abstractas, pues al leer estos fragmentos, que representan no más de una oración o un párrafo, se percibe una sensación de vacío, de carencia de sig71 Entendemos por “realización simbólica” de las prácticas sociales genocidas los distintos modos de realización y actualización sociosemiótica, es decir de producción social a través de los discursos y las prácticas sociales de significaciones sociales, que se insertan y construyen el imaginario social. Al respecto: “El aniquilamiento material –efectuado en el campo de producción, aquí, el de la ‘producción de muerte colectiva o muerte seriada’– debe obligatoriamente realizarse, para lograr sus objetivos, en el campo de las producciones simbólicas, a través de determinados modos de narrar –y, por lo tanto, de representar– la experiencia de aniquilamiento”, en Feierstein, Daniel, (2007), op. cit., pp. 237 y sigs. También sobre los procesos sociales de significación: Verón, Eliseo, (1987) La semiosis social, Buenos Aires, Gedisa.

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nificación, producto de una estrategia discursiva descontextualizante que vacía de significaciones políticas, vitales, sociales y culturales a las víctimas. La segunda modalidad de realización simbólica –se podrían enumerar más– toca a la relación de continuidad en la cual coloca el Informe a los grupos sociales víctimas de las acciones estatales de exterminio, y a aquellos agentes de las fuerzas represivas –DINA, CNI, Carabineros, etc.– que han muerto como consecuencia de distintas formas de lucha social defensiva contra el régimen político. En una misma página encontramos testimonios, agrupados bajo la categoría de la muerte como castigo: la muerte de un cabo de carabineros y de un obrero militante de izquierda.72 La equiparación de las víctimas del régimen, aquellas fracciones de la población asesinadas sistemática y planificadamente por el Estado, con los ejecutores materiales del aniquilamiento social, resulta de una operación político discursiva que iguala –bajo formas eufemísticas que intentan borrar esta realidad– simbólicamente a víctimas y perpetradores. Extendiendo el concepto de violaciones a los derechos humanos (desde su definición clásica en el derecho Internacional, aplicable a las prácticas cometidas por el Estado, sus aparatos y los grupos políticos militarizados que se mueven en su órbita y bajo su protección) a las prácticas sociales de autodefensa y resistencia de sectores populares, y de grupos políticos que tratan de organizar la resistencia al régimen, se borran las diferencias y confunden las identidades políticas, sociales como las responsabilidades de los distintos actores, a través de un discurso que dice venir a investigar las violaciones cometidas a dichos derechos. Muy distinta es la forma de abordaje de los testimonios en los trabajos de los organismos de derechos humanos, comprenden diversas formas, desde aquellos que intentan dar cuenta del secuestro, campos y modalidades de tortura73, hasta los que narran de forma orgánica quién fue la víctima por medio de su historia de vida: militancia, compromiso social, valores sociales y políticos. Encontramos este tipo de relatos, por ejemplo, en el texto posterior al asesinato en un falso enfrentamiento, que CODEPU edita sobre la vida de Patri72 73

Informe, pp. 1141 y sigs. Rojas, Ma. E., (1986).

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cio Sobarzo Núñez con relatos de familiares –compañera74, padre–, compañeros de militancia en la lucha por los derechos humanos, incluyendo fragmentos de cartas y poesías, así como la investigación que el autor estaba realizando, conjuntamente con la denuncia presentada ante los tribunales por su muerte.75 Lo mismo ocurre con el relato de los periodistas desaparecidos durante la dictadura: Morir es la noticia76, en el que 62 autores que conocieron a las víctimas narran vivencias personales, sus ideas, valores y concepciones sobre el cambio social.77 Discursos restituyentes de la dimensión humana de las víctimas, expropiada a través del proceso social de negativización, los distintos mecanismos de producción simbólica de la otredad negativizada expropian a los sujetos al aniquilar sus características humanas, los ajenizan de sus historias de vida, de sus proyectos, ideales y valores por los cuales lucharon presentándolos como no humanos, capaces de cualquier atrocidad, siendo los medios masivos de comunicación, una de las herramientas en este proceso de construcción de una alteridad inasimilable, por medio de la difusión de falsos enfrentamientos en los que son presentados como seres descarnados que mueren en su ley; también operan en esta instancia los comunicados oficiales, y las leyes que legitiman privando de derechos a las víctimas.

74

Testimonio de su pareja y compañera de militancia: “Todo podría resumirse en su ilimitada capacidad de amar: amaba la tetera como reflejo del hogar, los niños; amaba el hierro como manifestación de la mano del trabajo; amaba el ser chileno, como instancia de una lucha mayor; amaba a su Partido y sus convicciones como muestra del mañana; amaba a los hombres por lo que podemos llegar a ser como promesa; amaba la poesía como una forma de vivir y hacer; amaba la lucha como instrumento y realidad, amaba estos tiempos por la oportunidad de comenzar a repartir el pan de la fraternidad”, en Sobarzo Núñez, Patricio, (1985), p. 5. 75 Sobarzo Núñez, Patricio (colec.), (1985) Los asesinados por la dictadura y los muertos en falsos enfrentamientos, Santiago de Chile, CODEPU. En http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros 76 AA.VV., (1997) Morir es la noticia. Los periodistas relatan la historia de sus compañeros asesinados y/o desaparecidos, Chile, Colectivo de la Escuela de Periodismo de la Universidad ARCIS. En http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros 77 La psicóloga Livia Sepúlveda, su amiga entrañable, lo evocó así: “Entre los valores fundamentales que tenía el Pelao estaban la lealtad y la consecuencia humana, unidos a su concepción de la amistad, del compromiso y la incondicionalidad. Otro rasgo básico era su apasionamiento, la intensidad de sus pasiones amorosas, literarias o políticas. Y también su romanticismo, el amor a los ideales, el estar dispuesto a vivir la vida de una manera íntegra”. AA. UU., (1997); Monres la noticia... Op. cit., Cap. 5.

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Frente a discursos oficiales que trabajan en la construcción de la verdad histórica borrando, confundiendo y obturando la memoria sobre la identidad y existencia de estos actores, la recuperación de sus historias de vida, de sus vivencias de cautiverio, de las luchas sociales que encarnaron, es una apuesta político simbólica en el establecimiento y construcción social de la verdad y la memoria como camino hacia la justicia. Finalmente, uno de los factores fundamentales, no sólo en la construcción social y colectiva de la verdad y la memoria histórica, es la deconstrucción de aquellas formas de subjetivación y conformación de identidades sociales, que son las condiciones de posibilidad de las prácticas sociales genocidas, y esto remite a la implementación por parte del Estado de políticas coherentes de desmantelamiento de esquemas simbólicos, institucionales y políticos que niegan la diversidad y, obturan la construcción de relaciones sociales igualitarias, horizontales y autónomas. O para decirlo con otras palabras: En este contexto creemos que el Estado tiene que dar cuenta a la ciudadanía de cuáles son las modificaciones en su estructura que aseguren que sus integrantes no van a ser los torturados de mañana, porque el Chile que queremos debe estar construido en base a la democracia, participación, pluralidad ideológica y diversidad cultural.78

78

Coordinadora de ex-presas y ex-presos Políticos de Santiago, “Nosotros, los sobrevivientes acusamos”, diciembre de 2004, p. 9. En http://www.purochile.org

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Designaremos bajo la expresión doctrina militar, un discurso interno propio de la institución que corresponde a características estructurales. Comprende un corpus de textos codificados, de valor reglamentario y administrativo que organiza la profesión de las armas dentro del ordenamiento general de las normas estatales: incluye tanto la manera de uniformarse, como las reglas de alistamiento de las fuerzas en la defensa del orden interno e internacional, pasando por los reglamentos que definen la organización y la gestión del conjunto de las estructuras operacionales, decisionales y logísticas necesarias para la realización de sus misiones. La doctrina determina de esa forma los aspectos prácticos del empleo efectivo de la violencia estatal. Considerada bajo el ángulo socio-histórico, una doctrina militar adopta también formas de circulación transnacionales dentro del marco de las coaliciones de Estados. Éstas articulan saberes prácticos y teóricos de los profesionales de la gestión de la violencia frente a un enemigo común, también definido doctrinalmente. Durante la Guerra fría, estos intercambios pueden ocurrir en el marco de tratados entre Estados, de acuerdos internacionales técnicos de asistencia recíproca entre Fuerzas Armadas, e incluso entre servicios. Sin embargo, a menudo ocurre que varios de estos acuerdos pueden cerrarse totalmente fuera del control o la información directa de las instituciones representativas. Dicho esto, indagaremos en forma comparativa la interacción que tienen las doctrinas militares contrainsurgentes (en adelante DCI), en el plano normativo, con la excepcionalidad, dentro de los espacios militares argentinos y franceses durante la Guerra Fría, cuando se trata de defender el orden in221


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terno en casos de crisis. Trataremos de determinar cómo estas doctrinas representan figuras especificas de la excepcionalidad, significadas por las expresiones jurídicas de poder de facto o –de fait– que no solo expresan una autonomización de la autoridad militar en sus relaciones con el poder político-civil en crisis, sino también un papel de intérprete y reformador de las pautas jurídicas que fijan la realidad normativa de la violencia de Estado, apareciendo de ese modo el militar como una de las fuentes indirectas del Derecho de la excepcionalidad. Dentro de este desarrollo analizaremos en una tercera parte cómo, las DCI tanto francesas como argentinas, en su interacción socio-histórica efectiva durante el Operativo Independencia en Tucumán bajo la conducción del general Acdel Vilas (febrero 1975- marzo 1976), no solamente llegaron a constituir una expresión arquetípica del estado de excepción, sino también, que este régimen específico de origen constitucional-legal interpretado de manera autónoma por el militar encargado de implementar el dispositivo represivo, abre el campo a una violencia exterminadora fundamentando de facto la excepcionalidad permanente propia al Estado terrorista.

1. Del Estado de excepción a la doctrina del Estado de sitio de fait en el espacio doctrinario francés. Tras la Segunda Guerra Mundial, la IV República (1946-1958) define los criterios jurídicos de la excepcionalidad apoyándose en dos disposiciones constitucionales: el art. 7, que determina que “la guerra no puede ser declarada sin el voto de la Asamblea nacional y el aviso del Consejo de la República”. Debemos destacar que la última frase fue agregada por un acto legislativo del 7 de diciembre de 1954, promulgado poco menos de un mes después de la ola de atentados de “la Toussaint sanglante”, que debía marcar el inicio de los operativos de “mantenimiento del orden” en Argelia; y el art. 36 de la misma Constitución que contempla, a propósito de las circunstancias excepcionales, que “El Presidente de la República promulga las leyes en los diez días que siguen a la transmisión al gobierno de la ley definitivamente adoptada. Este plazo es reducido a cinco días en caso de emergencia declarada por la Asamblea nacional”. En apariencia, la Constitución actual de la V República es todavía más clara en lo que se refiere a las circunstancias excep222


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cionales que implican la promulgación del estado de sitio: en su art. 16 determina la centralización de la decisión solo en manos del poder ejecutivo.1 Algunos comentarios calificaron tales disposiciones como dictatoriales, si bien solo fueron aplicadas una sola vez entre el 23 de abril y el 29 de septiembre de 1961, en el contexto del golpe de Argelia y de sus ramificaciones con la crisis de la OAS (Organisation de l’Armée Secrète2). Hay que considerar también que el general De Gaulle usó esta norma constitucional para legitimar un poder fuerte en Francia más allá de la crisis iniciada durante el “putsch d’Alger”, hasta el mes de septiembre de 1961, aún siendo inoperante y sofocado el 25 de abril de ese mismo año.

La guerra subversiva como operador doctrinal de un estado de sitio de hecho Dentro de este marco legislativo e histórico, ¿cómo se interpretó militarmente el estado de excepción? ¿Y particularmente en la Escuela Superior de Guerra de Paris (en adelante ESG), bajo la IV República, durante las guerras de Argelia (1954-1962) y de Camerún (1954-1964)? Debemos referirnos a los cursos sobre la Guerra subversiva y a la documentación que fuera repartida sobre el tema, tanto a los auditores franceses como extranjeros, de la 69° promoción de la ESG (1956-1957)3, y al Servicio de Mando y de Formación asegurado por los oficiales y suboficiales especializados. Entre sus fojas hay dos – las N° 2 y N° 5 - que mencionan las “circunstancias excepcionales”. La N° 2 fija, a través de un comentario técnico que se remonta hasta las leyes del período del Terror revolucionario de 1791, la distinción entre el estado de sitio y el de emergencia:

1

Para la difusión del art. 16 en los Estados africanos y sus consecuencias ver: Périès, G, “La doctrine française de la ‘guerre révolutionnaires’: Indochine, Algérie, Argentine, Rwanda. Trajets d’une hypothése”. En Coquio (dir.) Des crimes contre l’humanité en République Française (1990-2002). Paris, L’Harmattan, 2006, p. 211. 2 Ver infra. su legitimación por el Gral. Acdel Vilas durante el Operativo Independencia. 3 ESG, Guerre subversive, Dossier Technique, Etudes Opérations, 2ème Cycle, 69ème Promotion, 1956-1957.

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“2-/…/ La diferencia fundamental entre los estados de sitio y de emergencia reside en el hecho de que la autoridad civil no esté despojada de ningún poder y guarde intactas todas sus competencias.4 3- Los estados de sitio y de emergencia son ambos estados de excepción que solo pueden ser declarados por ley. Ésta ha de precisar sus límites tanto en el espacio como en el tiempo. Una nueva ley puede prolongar sus efectos. 4- El estado de sitio es normalmente declarado en caso de peligro inminente, resultando de una guerra extranjera o de una insurrección a mano armada. El Estado5 de emergencia puede ser declarado tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. En este último caso, corresponde a disturbios interiores no necesariamente ligados a una situación de tensión exterior. 5- El estado de emergencia puede ser declarado sobre todo o parte del territorio metropolitano, de Argelia o de los departamentos de ultramar. El Estado de sitio puede ser declarado en todos los territorios de la Unión Francesa.” 6 Y concluye, tras la presentación de las diferentes etapas específicas de la delegación de autoridad propias al estado de emergencia, que: “hay que temer que la existencia del estado de emergencia atrase de hecho el momento en el cual se declare el Estado de sitio, y que la responsabilidad de la policía, del mantenimiento del orden y de la defensa en superficie sea transferida a la autoridad militar.” 7 Los términos utilizados en el apartado 5, corresponden en gran medida a la primera frase del art. 1 de la Ley de 1955 que establece el estado de emergencia en Argelia. Se puede decir que el documento fue distribuido “en caliente”, dentro del contexto de los operativos de “mantenimiento del orden” en los departamentos franceses de Argelia. La foja N° 5, titulada “El mantenimiento del orden”, establece la conexión con otro bloque de normatividad 4

El texto original no es preciso. El texto original utiliza de manera muy ambigua la mayúscula en la palabra “estado” produciendo un efecto semántico, o de desemantización específica de la palabra. Puede ser atribuido a un juego de palabras sobre la etimología latina de Estado (status) como estructura normativa o como status es decir como situación histórica de status quo que necesita ser reequilibrada por el recurso – excepcional (sic) – a la fuerza. 6 ESG, Guerre subversive, Dossier Technique, Etudes Opérations, 2ème Cycle, 69ème Promotion, Dossier n°2, pp. 1-2. 7 ESG, Guerre subversive, Dossier Technique, Etudes Opérations, 2ème Cycle, 69ème Promotion, Idem, p.6 5

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que concierne al estado de excepción, pero con una particularidad. Su introducción propone un modo de lectura específico, sobre el que volveremos más adelante: Ya hace mucho tiempo /…/ que la misión capital atribuida a las Fuerzas Armadas es la destrucción de las fuerzas armadas adversas. Ahora bien, en la guerra revolucionaria, si bien este objetivo es importante, a su vez está dominado por una misión permanente que consiste en establecer, mantener o restablecer un dominio inalterable sobre el medio ambiente humano, formando a su vez el marco con la infraestructura del conflicto. “La solidez de la retaguardia –escribe uno de los teóricos de esta guerra particulares el primero y el más importante de los factores constantemente activos. 8

Y agrega: Todo territorio, siendo vulnerable en toda su extensión, tanto a las agresiones de forma clásica, apoyadas o no por armas novedosas, como a las actividades de fuerzas revolucionarias, requiere que las instituciones militares del futuro sean capacitadas para enfrentar este doble peligro.

Su primera tarea consistirá en asegurar el mantenimiento del orden y en oponerse para destruir o capturar a los elementos lanzados en paracaídas, infiltrados o desembarcados que tratarían de nuclear a su alrededor aquellas facciones de las poblaciones permeables a propagandas perniciosas. Esto constituye el tema de la Defensa Interna del Territorio” 9 (en adelante DIT). Y en la presentación del marco jurídico de las “Missions de maintien de l’ordre”, se cita como referente una directiva interministerial del 17 de mayo de 1956, sobre el empleo táctico de las Fuerzas terrestres que determina: La guerra subversiva o guerra revolucionaria plantea varios problemas donde se combinan estrechamente factores políticos y operacionales y, La guerra subversiva es de origen político y parte de la acción, sobre las masas populares, de elementos activos apoyados de varias maneras por el extranjero, con el objetivo de destruir el régimen político y la autoridad establecida.10 8

Citado por. Bourges-Maunory, Ministro de Defensa Nacional, “Principes de l’Armée Future”. ESG, Guerre subversive, Dossier Technique, op. cit. página de presentación. Sin nº de página. 10 ESG, Guerre subversive, Dossier Technique, op. cit, Dossier n° 5 : “Les operations de maintien de l’ordre”, p. 2. 9

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El lector es orientado hacia textos normativos específicos –reglamentos e instrucciones- para los aspectos operacionales no tratados en la foja N° 5. El conjunto de la legislación referida al mantenimiento del orden, se encuentra tratada en una lista de textos que conciernen precisamente a “la acción policial en caso de amotinamientos”, “las relaciones entre poder civil y militar”, “la fuerza pública”, o “el estado de sitio”, que vienen desde la Revolución Francesa. Es interesante constatar que esta lista se encuentra totalmente descontextualizada; los autores de la documentación precisan así que: “(…) los textos citados más arriba, despojados de las disposiciones únicamente válidas en el momento de su elaboración, nunca fueron suspendidos. Lo único que se necesitó fue adaptarlos a las condiciones del momento. Tal fue el tema de las instrucciones interministeriales sucesivas (1903, 1907, 1929, 1934 y 1947)”. Surgen de la instrucción del 15 de diciembre de 1947, que “agrupa en un texto único, los elementos legales diseminados en el conjunto de la legislación. Y las modalidades de aplicación indispensables, tanto para las autoridades civiles como para las autoridades militares”. Con valor de ordenanza, este texto está reproducido en el anexo de la foja N° 5 y sirve de base jurídica para la interpretación que sucede a la presentación del bloque normativo mencionado. El documento presenta, además, otros decretos e instrucciones relativos al mantenimiento del orden, editados desde principios del siglo XX hasta marzo de 1956, cuando: “un decreto capacitó al Gobierno para tomar medidas excepcionales con el objetivo de restablecer el orden, proteger a las personas y los bienes para la salvaguardia de ARGELIA”. Esta última mención es importante –hasta el uso de las mayúsculas para el nombre propio que potencializan el contenido del texto– ; y en efecto, este decreto con fecha del 17 de marzo de 1956, se corresponde con la Ley N° 56.258 promulgada el 12 del mismo mes. Titulada por el gobierno de Guy Mollet “Autorización del Gobierno para llevar a cabo en Argelia un programa de expansión económica, de progreso social y de reforma administrativa”, se apoya sobre el artículo 5 mencionado en el cual se puede leer que “el gobierno dispondrá de los poderes más extensos para lograr el restablecimiento del orden”. Se trata de la ley subrepticia de “los plenos poderes” sobre la cual se apoyará el General Massu para llevar a cabo la pacificación de la X° Región Militar que agrupa los tres departamentos franceses de Argelia donde se va aplicar, pues, el dispositivo de la DIT. 226


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El elemento más sorprendente de la foja N°5, consagrada al comentario de la Instrucción de 1947, es el uso de la expresión pseudo-jurídica de “estado de excepción de hecho”, que merece ahora un análisis, recortando primero las condiciones textuales de uso, con sus ocurrencias específicas o afines (que subrayaremos), antes de emprender el comentario. Extractos: [1]- “Pero, en caso de fracaso de esta fase que podríamos calificar de ‘clásica’, el desarrollo de las acciones subversivas a través de la población conducirá progresivamente a situaciones de hechocada vez más graves desembocando sobre la insurrección. Es entonces que la Fuerza Pública emprenderá la lucha anti-subversiva en el interior del territorio dentro del marco de una legislación de excepción que proveerá el empleo máximo de los medios idóneos.”11 [2]- “Su autoridad (la de la parte civil12) no tiene sólo como límites el Estado de sitio o de hecho. En esos dos casos la iniciativa de las operaciones y su responsabilidad incumben a los Comandantes militares; (ver más abajo la definición del estado de sitio de hecho).”13 [3]- “ (...) además, situaciones del mantenimiento del orden –de hecho14 – muy diferentes, podrán presentarse frente a las fuerzas armadas, desde las acciones previstas por la Instrucción de 1947, hasta la guerra callejera o los operativos de monte contra formaciones que organizan la guerra insurreccional.”15 [4]- “(...) los contactos entre las autoridades civiles y militares son particularmente importantes en el momento “de la transferencia de las responsabilidades en las fases de crisis”: –Estado de sitio de derecho– Estado de sitio de hecho, en la eventualidad de una insurrección brutal y organizada y si la autoridad responsable se encuentra en la imposibilidad material de proceder regularmente a las requisiciones de la autoridad militar. Esta última debe tomar de inmediato la responsabilidad de aplicar las medidas necesarias para restablecer el orden y hacerlo de tal manera que el restablecimiento del funcionamiento normal se haga lo más rápido posible (Instrucción interministerial del 15 de diciembre 1947).”16 11

Dossier Nº 5, op. cit, p. 2 La precisión es nuestra. 13 Dossier Nº 5, op. cit, p. 10 14 Subrayado en el texto original. 15 Dossier Nº 5, op. cit. p. 13 16 Dossier Nº 5, op. cit. p. 29 12

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[5]- “Una articulación particular del Mando cuando la autoridad militar, conservando todos los poderes atribuidos por el Estado de sitio, tiene bajo sus órdenes la totalidad de los medios de la fuerza pública.”17 [6]- “(...) la participación rápida y oportuna del Ejército en el mantenimiento del orden está organizada: (...) en los casos de impedimento de la autoridad civil gracias a precisiones sobre las modalidades precisas relativas a la substitución de la autoridad civil por la autoridad militar y sobre los elementos de evaluación que permiten al Mando militar determinar el momento donde tiene el deber de actuar sin ser requerido.”18 [7]- “La activación por la iniciativa de la autoridad militar se efectúa cuando la autoridad civil está en la imposibilidad material de proceder regularmente a las requisiciones (insurrección brutal y organizada = Estado de Sitio de hecho).”19 [8]- “Secretaría general del gobierno N° 10.823 del 15 de dic. 1947. Instrucción Interministerial relativa a la participación de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden en Francia y en la Unión Francesa (renovada por las modificaciones del 17 de febrero 1949). (...) “Art. 9 §4 En el caso de una insurrección brutal y organizada y si la autoridad civil responsable se encontrase en la imposibilidad material de proceder regularmente a la requisición de la autoridad militar, los Jefes militares susceptibles de ser requeridos y orientados por instrucciones permanentes elaboradas con ese objetivo por el gobierno, deben tomar la responsabilidad de aplicar las medidas indispensables para restablecer el orden por todos los medios civiles y militares cuyo plan de protección prevé la puesta a su disposición. La autoridad militar debe rendir cuenta de sus iniciativas.”20 Podemos constatar que el empleo del concepto militar de mantenimiento del orden hace al objeto de una discusión doctrinal, lo que indefectiblemente resalta sobre el contenido mismo de la foja “Mantenimiento del orden” y la expresión Situaciones de hecho utilizada más arriba en el documento distribuido se encuentra reforzada. 17

Idem. Dossier Nº 5, op. cit, p. 39 19 Dossier Nº 5, op. cit, p. 40 20 Dossier Nº 5, op. cit, Annexe 1. 18

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En la citación [4] este sintagma está colocado en plena explicitación normativa en relación con la transferencia de las responsabilidades en situación de crisis que postula que la autoridad político-civil se ve despojada de sus competencias en una situación de crisis. La expresión de hecho se hace normativa y sirve para transferir un contenido real destacado de la expresión legal de Estado de sitio de derecho a la de Estado de sitio de hecho, ésta se ve “juridizada” por un uso contrapuesto de las dos expresiones de derecho y de hecho. Este deslizamiento está reforzado por la referencia abusiva a un texto jurídico: la Instrucción de 1947 no menciona esta expresión de Estado de sitio de hecho. Toma pues una dimensión realmente doctrinaria: la referencia al texto de 1947 permite legitimar normativamente la transferencia efectiva del poder, a través de la existencia de un estado de sitio no autorizado por la autoridad civil sobrepasada por la/ las situación/es. El comentario militar de la noción se hace fuente indirecta del derecho, una doctrina jurídica, un acto de autoridad normativa. El pasaje [5] encara las consecuencias organizacionales en la estructura misma del Mando en el momento del traspaso de una autoridad a otra, conservando el Ejército los medios del Estado de sitio en lo que se transformó implícitamente en el Estado de sitio de hecho. La existencia de un plan de protección preestablecido que hace de una situación de hecho un acto operativo, está entonces determinada. Lo que significa, en función de la lógica argumentativa de las fojas N° 2 y 5, que este plan ya está normalizado, más allá de lo que está previsto en la DIT, pero es legítimo.21 No hay que olvidar que este enunciado tiene como contexto tanto la elaboración, como la aplicación de la ley del 12 de marzo 1956 y/o del decreto del 17 de marzo citado más arriba. Es entonces en esta situación, que la documentación distribuida en la ESG explicita, hasta la sustitución de la autoridad política en estado de crisis. Desde luego, lo que está inducido es la toma del poder por el militar.22 A fines de 1956, el general Massu y el coronel Trinquier23 organizan la maniobra. 21

Para la adaptación de la DIT francesa en la Argentina : G. Périès, Un modèle d’échange doctrinal franco-argentin : le plan CONINTES, 1951-1966, en R. Fregosi (dir.), Armées et pouvoir en Amérique latine, Hommage à H. Gourdon, CREDAL/IHEAL edit., France, 2004, p. 19. 22 Sobre este tema, ver Christophe Nick, Résurrection. Naissance de la Ve République, Un Coup d’Etat Démocratique, Paris, Fayard, 1998 ; y Gral. Roger Miquel, Opération Résurrection, Le 13 mai en Métropole, Paris, Editions France –Empire, 1975. 23 Gabriel Périès, capítulo Trinquier, en Fabrice Fanet et Jean-Christophe Romer, Les militaires qui ont changé la France, Paris, Le Cherche midi, 2008, p. 291.

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En el pasaje [7], se trata de afirmar una ecuación sinonímica basada sobre una igualdad matemática (el signo =) entre la situación pseudo-legal de Estado de sitio de hecho y la situación insurreccional determinada en el texto de 1947 abordando el tema de la requisición, pero que no figura como tal en la Instrucción, que por su lado trata de una situación jurídicamente calificada de “insurrección a mano armada”. Así el término requisición plantea retóricamente el cuadro jurídico dentro del cual se expresa el locutor institucional, con el objetivo de legitimar el actuar autónomo del militar respecto a la autoridad civil legal y constitucional entrada en crisis. Para terminar, el pasaje [8] legitima jurídicamente esta autonomía de la decisión marcial, cerrando el enunciado sobre la situación de “toma de responsabilidad” de la autoridad militar gracias a la cita del texto de 1947, que contempla una cierta autonomía en la aplicación del plan pre-establecido de recuperación del orden público. Sin embargo, no está dicho que en 1947 este plan estaría elaborado dentro del marco jurídico que prevería la posibilidad de un estado de sitio de hecho. Si en toda lógica jurídica la concepción de este plan se inscribe también en el contexto constitucional-legal de la excepcionalidad, está claro en 1947-1948, que la autoridad militar tiene que “rendir cuentas de su actividad a una autoridad”, entendida como superior; salvo si se trata como en el caso presente de 1956, en la situación, de un poder político ya desplazado y de facto ya ocupado…

2. Desde la normatividad de la noción de poder de facto al estado de sitio de hecho en la Argentina La presencia de esta noción en la DCI francesa puede resultar sorprendente, y solo puede evocar la terminología jurídica argentina de la doctrina del poder de facto. ¿Podrá atribuirse, dentro una documentación de uso interno de la ESG francesa, al aporte de oficiales argentinos en sus comisiones de trabajo? Pensamos que desde un punto de vista epistemológico relativo a la circulación de la doctrina de la “guerra revolucionaria” (DGR) como fuente de interpretación de los textos constitutivos de la DIT (Plan de Defensa Interna del Territorio) en Francia o del Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) en la Argentina. Recordaremos aquí que, como bloque doctrinal, la DGR fue implementada en la Argentina a favor de la presencia en la 230


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ESGA (Escuela Superior de Guerra Argentina) de misiones militares francesas entre 1956 y 1983, que numerosos auditores argentinos cursaron en la ESG (F), durante la elaboración de las doctrinas, tanto la de la DGR como la de la DIT, y que se volvieron a la Argentina para ocupar puestos de responsabilidad o de influencia.24 En función de la presencia de los militares en el poder desde 1930 en la Argentina, esta noción de poder de facto sirvió de base jurídica a las diferentes dictaduras entre 1930 y 1983. Entonces, ¿cómo explicar la circulación de estas expresiones? ¿Coincidencia? ¿Interacciones profesionales dentro del marco castrense? ¿Homología estructural resultante de la dinámica propia de las DCI? ¿A qué estructura normativo-militar corresponde un “estado de sitio de hecho” en la situación de un poder de facto?

Del poder de facto de la Corte Suprema argentina a la transformación del art. 23 de la Constitución ¿Cuáles son los lineamientos de la doctrina jurídica del poder de facto? Se trata de la aceptación por la Corte Suprema de Justicia argentina (CSJ) de cualificar, y lógicamente de legitimar a posteriori, el reconocimiento de una toma del poder por los militares y de las actas del gobierno militar-civil contra legem.25La decisión de la CSJ después del derrocamiento de la Presidente María Estela Martínez de Perón es particularmente importante dentro del marco de su propia doctrina. Como en 1955 ó en 1966, el pronunciamiento destituyó a los miembros de la Suprema Corte para nombrar otros, considerados como más favorables a las nuevas autoridades; es entonces después de 1976, que la Corte afirma los principios del reconocimiento del poder de las Juntas reiterando los principios de eficacia o de efectividad : “de tal modo, se instituyó un gobierno efectivo, cuya autoridad fue acatada en toda la nación, a cuya disposición se pusieron los medios necesarios para asegurar el orden 24 Roberto Diego Llumá, Influence de la Mission d’assesseurs militaires français spécialistes en guerre contre-révolutionnaire dans la formation des officiers argentins pendant la période 1957-1970, Mémoire de DEA, sous la direction de Hubert Gourdon, Paris, Université de Paris III - IHEAL, 2003. 25 Inspirándonos en Germán J. Bidart Campos, Tratado elemental de Derecho constitucional argentino, T. II: El Derecho constitucional del Poder, Buenos Aires, EDIART, 1986, p. 505.

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y cumplir las funciones del estado, y que contuvo su autoridad dentro de los límites de un ordenamiento legal preestablecido.”26 ¿Qué se puede entender por este último segmento de la frase? ¿Se trata del orden constitucional o de otro ordenamiento? Pensamos que se puede referir también al plan de defensa, es decir, al sistema normativo y clandestino de guerra anti-subversiva que a partir de 1972 se está implementando en la Argentina, y que institucionaliza una verdadera normatividad paralela relativa al accionar militar y que hasta 1983 va estructurar el Poder de facto. Desde el principio del Proceso de Reorganización Nacional (PRN), a través del cual los militares designan su propio poderío, el sistema de las Juntas se dota de una normatividad supra-constitucional27, tras la promulgación en el Boletín Oficial –mantenido pese a la disolución del Congreso– de una serie de textos que van a sobreponerse al orden constitucional, notablemente al derecho de “fuga” previsto en el art, 23 de la Constitución, derecho limitado por los imperativos regionales del Plan Cóndor:28 Constitución Nacional, Suspensión parcial de la vigencia del artículo 23, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976. VISTO lo dispuesto por la Junta Militar en el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional, y CONSIDERANDO: Que constituye una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la República; Que el estado de sitio implica la suspensión de las garantías constitucionales con la finalidad de proteger tan vitales objetivos de la Nación; Que la circunstancia histórica presente y las particularidades de las actividades subversivas hacen, en la actualidad, inocuas las facultades que al respecto confiere el artículo 23 de la Constitución Nacional, por la desnaturalización del ejercicio de la facultad de opción para salir del país por parte de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo; Que ello hace imprescindible adecuar a esa realidad la norma fundamental a fin de proveer a la salvaguarda de los intereses esenciales del Estado. 26

Ídem, p. 510 et s. Las citaciones de la CS son del autor y no tienen referencia propia. Ver Emilio F. Mignone y Augusto Conte Mc Donnell, Estrategia represiva de la dictadura militar: la doctrina del « paralelismo global, Buenos Aires, COLIHUE, 2006. 28 Marie Monique Robin, Escadrons de la Mort : l’Ecole Française, Paris, La Découverte, 2004. 27

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Por ello, la Junta Militar ESTATUYE: Artículo1° — Suspéndase la vigencia de la parte del último párrafo del artículo 23 de la Constitución Nacional que dice “... si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. (…) Videla.– Massera.– Agosti.29 Las fronteras se cerrarán, el exilio político será dificultado y el ejercicio del derecho de asilo reducido a la clandestinidad en el conjunto del Cono Sur, en función de los imperativos de una represión regional.30

La doctrina militar de las circunstancias excepcionales en el marco del poder de facto como fuente del Derecho ¿Qué ocurre con la normatividad específica de la excepcionalidad dentro de un sistema que pretende ya ser la expresión de un excepcionalismo31, al emerger de una situación calificada como de facto? El corpus al cual nos vamos a referir como documento presenta su enunciado bajo una forma muy específica: sus dos tomos forman un conjunto de 951 páginas que conllevan un tejido apretado de correlaciones estructuradas alrededor de 460 reglas interconectadas. Este tejido constituye un verdadero sub-discurso transversal que impone una lectura exegética del tratado en su conjunto, encerrado a su vez en una red de referencias filosóficas, ideológicas, teológicas, sociológicas y la totalidad engarzada en una jerga jurídica con el objetivo de “determinar las normas jurídicas necesarias a la inscripción más adecuada de la Guerra Revolucionaria en las estructuras del Derecho occidental.”32 Está argumentado más adelante, en lo que concierne las instituciones sometidas a los imperativos del PRN, que: 29

Boletín Oficial del 26 de marzo de 1976. John Dinges, Les années Condor, Comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme sur trois continents, Paris, La Découverte, 2004. 31 Nos referiremos aquí al trabajo erudito del Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, Auditor en la ESGA, jurista, y redactor de un tratado de derecho: La Nueva Guerra y el nuevo Derecho, Ensayo para una estrategia jurídica contra subversiva, T I y T II, Circulo Militar, Buenos Aires, 1980. Que esta obra esté publicada bajo la autoridad del Círculo Militar hace de esta publicación un texto plenamente doctrinal. 32 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 789. 30

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“Respecto al plan de gobierno, las instituciones jurídicas involucradas se relacionan con la adaptación general de su estructura defensiva al concepto de los conflictos modernos y de la guerra revolucionaria comunista, al de una seguridad nacional más real y flexible, a una clara determinación de las emergencias posibles y consiguiente discrecionalidad del poder frente a las libertades individuales (estado de sitio, ley marcial, gobierno militar), al Proyecto Nacional, a una tolerancia selectiva y esclarecida, a la representación popular, a la idoneidad profesional de los mandatarios, a la institucionalización de las Fuerzas Armadas, de la familia y de otros grupos legítimos, a la justicia distributiva (social), y una política inmigratoria deseable.”33

Estado de sitio En lo que concierne al estado de sitio, el locutor rechaza las interpretaciones de los juristas demócratas que afirman, según él, que “la tradición constitucional argentina es contraria a toda limitación de la libertad, cuando la limitación se funda en causas políticas que, por su vaguedad e incertidumbre dan pábulo a los actos arbitrarios del poder público”, bajo el argumento de que “no pueden referirse en modo alguno a una clara situación de Guerra revolucionaria comunista.”34 El autor fundamenta su reflexión sobre el binomio libertad-seguridad y recuerda las cuatro posiciones existentes en este caso en relación con la jurisprudencia y la doctrina sacadas de las decisiones de la CS: 1) queda establecido que el estado de sitio suspende todas las garantías individuales en materia de “inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de la propiedad, hábeas corpus, derechos de petición, reunión, asociación, libertad de imprenta, locomoción, etc.”35 Tal razonamiento se fundamenta sobre las decisiones principales en la materia, de la CSJ: las del 11 de marzo de 1930, el 3 de marzo de 1933, el 5 de octubre de 1955, etc., y se refiere entonces a los razonamientos de los grandes juristas argentinos que trataron esta materia. 2) Después el autor indica, basándose sobre otros fallos de la CSJ y el voto de la misma del 22 de mayo de 1959, donde dice: “que si bien el estado de 33

Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 773. Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 546. 35 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 547. 34

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sitio suspende todas las garantías y derechos constitucionales, el Poder Judicial mantiene el control de razonabilidad al respecto.”36 3) Una tercera posición será recordada: la que consiste en pensar “que el estado de sitio no suspende por sí todos los derechos y todas las garantías constitucionales, sino únicamente aquellos cuyo ejercicio puede resultar incompatible con la preservación del orden constitucional y la paz social.”37 Admite también, como en el caso anterior, el control por el Poder Judicial del criterio de razonabilidad de la decisión refiriéndose a la doctrina publicada en La Ley de abril de 1957. 4) Por último, el oficial y especialista del Derecho comenta de manera lapidaria una cuarta corriente, liberal, señalando que para esta corriente, “el estado de sitio sólo limita la garantía de la libertad física (…)”38, es decir que se mantienen la libertad de expresión y las garantías jurídicas como los derechos fundamentales que las aseguran. El autor comenta la existencia de una pluralidad de definiciones del estado de sitio subrayando que “en mayor o menor medida se mantenían en los cauces clásicos de la dogmática jurídica, sin mención específica al fenómeno actual revolucionario marxista” 39; para salir de este desorden, propone una fuente nueva de la doctrina: la de la Asesoría Jurídica del Ejército, que plantea en uno de sus textos que existe una “falsa disyuntiva entre la libertad individual y el poder. Esa polaridad debe ser superada por la conciliación de ambos términos, ya que los dos son legítimos y esenciales no sólo para la vida jurídicamente organizada, sino también para la defensa del hombre y sus instituciones”40 ; agrega que: “si bien esto es importante, no lo es menos preservar la aptitud del Estado en orden a la seguridad nacional frente a peligros concretos”41, determina con fuerza que: “lo inédito de la situación actual frente al nuevo fenómeno de la delincuencia subversiva nos impone otras pautas de valoración y análisis en un plano no ya exclusivamente político jurídico como en el supuesto de la clásica conmoción interior, sino de estrategia político–militar.”42 36

Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op cit p. 547 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 548 38 Ídem. 39 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit, p. 548 40 ídem 41 ídem 42 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 549 37

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En esta presentación de las fuentes jurídicas, de la jurisprudencia y de las doctrinas jurídicas, el locutor posiciona como fuente del Derecho una palabra producida por juristas del Ejército, lo que ubica ipso facto a la Institución militar como una fuente suplementaria del Derecho, en vez de estarle sometida. Y más aún: son preceptos estratégicos militares que son ascendidos al nivel de fuentes de norma jurídica, de tal manera que pueda emerger un nuevo Derecho articulado a una decisión de la CSJ tomada dentro de las pautas organizativas del PRN en 1979 y que consagra el principio según el cual: “no corresponde hacer lugar al hábeas corpus promovido por una persona detenida durante el estado de sitio a la orden del Poder Ejecutivo, si es categórica la afirmación suministrada por dicho Poder en el sentido de que la medida se funda en la vinculación del arresto con la actividad de organizaciones subversivas, lo que obliga al tribunal a respetar la esfera de reserva que es propia del poder político.”43 Lo cierto es que no se pueden esperar mejores argumentos para legitimar una integración jurídica de pautas doctrinales militares y atribuirle entonces el estatuto de fuente de Derecho, de tal manera de descartar los criterios de razonabilidad de las medidas del estado de sitio. La justicia se pone, en función de las circunstancias, “a las órdenes”, el coronel-jurista, afirmando en una nota al pie de página, que el control judicial de este criterio debe ser, a su vez, “razonable” es decir ejercido “con plena conciencia doctrinaria y responsabilidad personal, en orden a los caracteres de la guerra en curso”44, siendo el juez, engarzado en el estado de excepción, el responsable intuitu personae de sus decisiones durante el conflicto.

La ley marcial En el espacio jurídico del PRN, aparentemente una noción para nuestro autor presenta una dificultad: la de Ley marcial. Según él, no existiría en el derecho constitucional argentino. Pero para esquivar esta supuesta extrañeza y para elaborar su arsenal jurídico, se trata de orientar la argumentación en dos tiempos, subrayando primero que: “el estado actual de las objeciones a la ley marcial en el derecho positivo argentino radican en que por su inter43 Jurisprudencia de la CS, caso Garribotto, Estela, 4\01\1979. Citado por C. H. Domínguez, op. cit, p. 548 44 Nota n° 627, Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit, p.549

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medio se ponen en acción institutos de emergencia ajenos a la Constitución, en cuanto ésta no sólo habla de estado de sitio, también quedan a cargo de la justicia militar causas por delitos comunes del Código penal, etc., sacando a las partes del accionar de sus jueces naturales garantizados por el art. 18 de la Constitución; y que: “subordina las policías provinciales a la autoridad militar alterando las autonomías locales; somete a la jurisdicción militar a civiles que no han sido previamente movilizados en forma expresa y personal; y que resultan así autorizadas requisiciones prohibidas constitucionalmente.”45 Este enunciado resulta ser muy sorprendente porque está construido totalmente a contrario. En efecto, como si fuera a propósito, no hace la menor mención a la ley 13.234, base del Plan CONINTES46, que establece que las jurisdicciones militares se imponen en caso de crisis interna del Estado en la zona de guerra. Los argumentos realmente jurídicos están rechazados por el locutor que pone de relieve que son los juristas opositores (demócratas y liberales) a la aplicación de la ley marcial, los que se “olvidan de considerar las urgencias de la ley marcial que no tolera plazos involucrados en esas reformas legislativas, e ignoran la necesaria flexibilidad militar en la construcción y calificación de las figuras delictivas.” 47 Afirmando esto, integran así las pautas del dispositivo específico de las Reglas que sintetizan la normatividad específica existente y que sirven para llenar el supuesto vacío jurídico constitucional: Regla N° 299: La ley marcial como otro de los aspectos particulares del poder y en orden al Derecho positivo, conlleva objeciones todavía mayores que las formuladas en relación con el instituto del estado de sitio. Lo primero es la ausencia de toda normativa constitucional al respecto, no obstante ser ella la expresión más extrema y elocuente del poder de policía del Estado. Si bien alguna doctrina la considera implícita en los poderes de guerra del Presidente, en general se rechaza por ajena a la orgánica y al espíritu de la Constitución, salvo en supuestos de guerra internacional y más como hecho48 que como derecho. 49 45

Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 553 Gabriel Périès, Un modèle d’échange doctrinal franco-argentin : le plan CONINTES (19511966), op. cit. p. 19. 47 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 555. ¿Es necesario recordar que dentro de este contexto toda actitud política violenta o crítica es considerada como una forma de delincuencia o criminalidad, de subversión pues, del orden establecido? 48 Subrayamos con bastardillas 49 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit, p. 559. 46

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Y le agrega una regla suplementaria, con sus correlaciones específicas: “Regla N° 300: Respecto a la ley marcial, rige la necesidad de captarla convenientemente a nivel de la guerra moderna50, para normar su mérito y funcionamiento como técnica operativa de la defensa nacional.”51

De la ausencia de la ley marcial al gobierno militar Esta falsa dificultad o supuesta falla jurídica, está superada. Permite finalmente significar la existencia de un espacio a-jurídico pero no sin normas, de facto pues, que legitima la aplicación efectiva del plan previsto dentro de una supuesta crisis. Se trata entonces de integrar ahí el último aspecto de la “justificación del poder del Estado.”52 Lo que magnifica, esencializándolo, al poder del militar: “Destinado a defender la soberanía del Estado y los intereses de la Nación comprometidos por un ataque del enemigo internacional, o para mantener o restablecer el orden interno, el Imperio de la Constitución y las autoridades constituidas frente a un enemigo rebelde. Consiste en la absorción o el reemplazo de la autoridad civil o gobierno civil, por el Comando Militar en el Teatro de Operaciones. Para ello es necesario que el Comando Militar cuente con todos los poderes que la necesidad militar imponga o reclame.”53

Es decir, para responder a una “densa nebulosa de dudas y errores básicamente perjudiciales para una institución que es el verdadero cimiento del orden social” 54 – se refiere a las FF. AA. –, cuya verdadera misión es colmar este “vacío legislativo” considerado como “funesto” e imponer el gobierno militar que explicita la Regla N° 301:

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Para este concepto de guerra moderna ver su origen en el pensamiento del coronel galo Trinquier, La guerre moderne, La table Ronde, 1961. Para la edición argentina, Cnel. R. Trinquier, La guerra moderna, Cuatro Espadas, Buenos Aires, 1976. 51 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit, p. 559. 52 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op cit, p. 555. 53 El Gobierno militar en la Zona de Operaciones, Oscar R. Sacheri, Citado por C. H. Domínguez, op. cit., p. 556. 54 Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit, p. 556.

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“El gobierno militar, junto con el estado de sitio y la ley marcial, constituye el tercer aspecto particular del poder estatal orientado a la justificación del mismo en ciertas circunstancias. Importa un gobierno discrecional sustitutivo de los poderes civiles, ante la necesidad de sobrellevar con éxito las operaciones tendientes a superar emergencias graves. Implica por ello el ejercicio de una responsabilidad social de orden superior.”55

¿Dónde está pues el vacío jurídico? Si las tres formas del estado de excepción están – o siguen estando – aún previstas dentro del poder de facto, ¿por qué afirmar una pretensión a la novedad doctrinaria, cuando la observación del contenido de la ley 13.234 elaborada por el general Perón en 1948 y que determina “la organización de la Nación en tiempo de guerra” revela que estos supuestos vacíos jurídicos simplemente no existen? Por cierto, este texto prevé el despliegue de un dispositivo específico para regir “el estado de guerra interno” 56 que desencadena la intervención de las FF. AA. en determinadas zonas o sobre el conjunto del territorio, para la aplicación de dos ejes: 1- La evaluación de las circunstancias: se trata de evaluar los riesgos de guerra inminentes; 2- Favorecer la adopción de medidas preventivas (subrayamos) durante el tiempo de paz, dichas de “defensa nacional”, en las cuales una de las más importantes es el sometimiento de los civiles a las jurisdicciones militares (art. 36) y la posibilidad de la aplicación de las leyes y de las penas de manera retroactiva. En lo que concierne a la parte operacional del dispositivo, esta ley prevé la división del país en zonas de jurisdicción militares e instaura un Consejo Nacional de Defensa dirigido por el Presidente de la Nación, sobre el modelo norteamericano impuesto a la casi totalidad de los países latinoamericanos durante la Guerra Fría. En estas jurisdicciones militares están reagrupadas las zonas de operaciones en tiempo de guerra con las estructuras jurídicas, como lo menciona el art. 15 de la ley que contempla que la autoridad militar ejerce la “autoridad total”, tanto en el campo militar, como en el civil o administrativo. 55

Teniente Coronel C. Horacio Domínguez, op. cit., p. 559. Para un ejemplo de aplicación de esta ley bajo el Primer gobierno de J. D. Perón: R. Almaraz, M. Corchon, R. Zemborain, ¡Aquí Fuba! Las luchas estudiantiles en tiempo de Perón. Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 151.

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Este artículo agrega además, que “los comandantes que ejercen la autoridad total tienen competencia para implantar la ley marcial en sus respectivas zonas operativas, dictando para ello los decretos y disposiciones con fuerza de ley que impongan los imperativos de la guerra. En virtud de lo expuesto, estos comandantes ejercen su total autoridad sobre aquellas autoridades civiles que deseen mantener en sus funciones. Los magistrados que ejerzan funciones de justicia y que sean designados o confirmados en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán la independencia de sus actos y la plenitud de sus atribuciones oficiales”. La substitución de la autoridad judicial por la autoridad militar está prevista e inscripta en la ley. Está claramente afirmada desde entonces la autonomía de decisión dentro de este proceso substitutivo, base efectiva y estructural del poder de facto. La situación será clara: el poder civil será removido en ciertas zonas del territorio nacional. De facto. Es lo que va a ocurrir en Tucumán durante el Operativo Independencia contra las guerrillas del ERP-PRT.

3. Legalidad del dispositivo del poder militar dentro del marco de las DCI en Tucumán: de la excepcionalidad al exterminio normativo. El caso del Operativo Independencia. Es seguramente dentro del marco del Operativo Independencia, dirigido por el Gral. A. Vilas en la provincia de Tucumán en 1975, que convergen las pautas de la excepcionalidad propias del poder civil central argentino, la normatividad de la DCI francesa y las interpretaciones específicas del mando militar favoreciendo la emergencia de un poder autónomo local y legalmente exterminador de las FF. AA.; forma de poder que prefigura estructuralmente las relaciones militares del periodo del PRN con la ciudadanía.57

57

Ver sobre este tema, Emilio Crenzel, “Tucumán 1975: la primera fase del ‘Operativo independencia’. Un análisis de las reflexiones de su conducción acerca del mismo”, en Irma Antognazzi y Rosa Ferrer (comp.), Argentina, Raíces históricas del presente, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad de Rosario, 1996, p.167.

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La legalidad del Operativo Independencia o la legitimación de la erradicación y de la aniquilación del enemigo Así si uno consulta el cuaderno privado del Gral. Acdel Vilas58 en lo que se refiere a su participación en el Operativo Independencia, a partir del 5 de febrero de 1975 y hasta mediados de marzo de 1976, encontramos esta convergencia normativa en su complementariedad operacional: El sábado 10, en Punta Mogotes, donde estaba pasando breves días de descanso -aún cuando, [según las informaciones ambientes], pudo descansar bien poco- la Presidente Dña. María Estela Martínez de Perón, firmó el decreto nombrándome Comandante de la Vta. Brigada de Infantería en Tucumán. [Nota al pie de página (1)] (1) PODER EJECUTIVO NACIONAL - Decreto 265 - Buenos Aires. Visto que las actividades que elementos subversivos desarrollan en la Provincia de Tucumán y las necesidades de adoptar medidas adecuadas para la erradicación: la Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de Ministros, DECRETA: Artículo1º.) El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones Militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos Subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán.Artículo 2º.) El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando General del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las Operaciones a que se hace referencia en el artículo1º.Artículo 3º.) El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán que proporcione y coloque bajo Control Operacional el personal y los medios Policiales que le sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para su empleo en las Operaciones precitadas.Artículo 4º.) El Ministerio de Defensa adoptará las medidas pertinentes a efectos de que los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea presten, al requerimiento del Comando general del Ejército, el apoyo necesario de empleo de medios para las Operaciones.-

58 Todas las citas que siguen son extraídas del documento del Gral. Acdel Vilas, “Diario de Campaña. Tucumán. Enero a Diciembre de 1975”. Que nos fue mandado por vía electrónica por E. Crenzel, a quien agradecemos aquí.

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Artículo 5º.) El Ministerio de Bienestar Social desarrollará en coordinación con el Ministerio de Defensa (Comando general del Ejército), las operaciones y la acción cívica que sean necesarias sobre la población afectada por las Operaciones Militares.Artículo 6º.) La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación desarrollará a indicación del Ministerio de Defensa (Comando general del Ejército), las Operaciones de acción Psicológicas concurrentes que le sean requeridas.Artículo 7º.) El gasto que demande el cumplimiento de la misión encomendada por el presente Decreto hasta la suma de pesos Cuarenta Millones ($ 40.000.000), será incorporado a la Jurisdicción 46, Comando General del Ejército, correspondiente al presupuesto del año 1975.Artículo 8º.) La disposición del presente Decreto rige a partir de la fecha.Artículo 9º.) Comuníquese, pase a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.El Decreto es Número Secreto (261) del 5 de Febrero de 197559 Sigue entonces en el documento una presentación específica del plan de defensa previsto por ley en su dimensión territorial y que actualiza el decreto donde uno puede reconocer los conceptos básicos del Plan CONINTES y de la seguridad nacional.

Zona de emergencia o zona de operaciones Aunque resulte fatigoso es necesario puntualizar la diferencia predicha. En la Ley de Defensa Nacional –Ley 16.970– se establece que “en caso de conmoción interior –y vaya si existía– ... originada por personas, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden”. “Para ello aquellas zonas o lugares especialmente afectados podrán declararse zonas de emergencia a órdenes de autoridad militar, a los efectos de lograr la imprescindible coordinación de todos los esfuerzos. La ley entiende por “conmoción interior originada por la acción de personas”, una “situación de hecho, de carácter interno, provocada por el empleo de la violencia, que ponga en peligro la vida y bienes de la población”, afectando, también, el 59

Gral. Acdel Vilas, op. cit, p.8.

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orden, el ejercicio de las autoridades normales de una zona del país y la seguridad nacional, siendo de una magnitud tal que las fuerzas provinciales, efectivos de la policía y distintos medios sanitarios, educacionales, jurídicos, etc., que en su conjunto constituyen el poder provincial, resulten impotentes para dominarla”. Si la circunstancia se presenta así, entonces la ley contempla la intervención de las autoridades y los medios nacionales para devolver a esa zona su perdido quicio. En el artículo 39 de la referida ley se lee: “La zona de emergencia se declara por decreto, el cual contendrá: 1) los límites de la zona. 2) La autoridad militar superior de la zona. 3) Las fuerzas asignadas, y 4) si la gravedad de la situación lo aconsejara, la atribución de dictar bandos”. Finalmente, en el artículo 40, se afirma que la autoridad militar de la zona de emergencia dependerá siempre del Presidente de la Nación, a través de la Junta de Comandantes en Jefe. Por su parte, el Reglamento Reservado RC-2-3 en su Nº 1006 define que la zona de emergencia es la parte del territorio nacional que el Presidente de la República coloca, en caso de conmoción interior, a órdenes de una autoridad castrense para el ejercicio del gobierno militar. En sus características básicas puede ser considerado, por analogía, como un teatro de operaciones. La zona de emergencia tendrá por misión el rápido restablecimiento de la normalidad en un área determinada, eliminando, mediante un eficiente gobierno militar, las causas y/o efectos que la alteraron.60 Las dimensiones de la citada zona, según los manuales y códigos militares, pueden oscilar desde una fracción pequeña del territorio nacional hasta un par de provincias o más, si las circunstancias lo exigiesen y la gravedad de los acontecimientos –que no tienen por qué ser de índole subversiva, como se comprenderá– lo hiciesen imprescindible. Por regla general, la zona referida deberá coincidir con divisiones políticas o administrativas, a fin de facilitar la tarea del Jefe militar, el cual tendrá a su cargo los efectivos que requiera la misión. Teniendo en cuenta que las fuerzas dependerían del grado de conmoción, de su magnitud y, asimismo, de las características geográficas, el número exacto de tropas es imposible de determinar a priori. Lo que queda claro es la transitoriedad de toda zona de emergencia, pues aun cuando el decreto pertinente no establezca un límite de tiempo –hacerlo sería imposible– se so-

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Gral. Acdel Vilas, op. cit, p. 6-7.

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breentiende que deberá prolongarse el tiempo estrictamente necesario como para resolver la anomalía que haya motivado su vigencia.61 Como podemos darnos cuenta, la excepcionalidad está saturada por los textos y los reglamentos. Las fuentes son múltiples pero presentadas de un modo jerárquico en la escala normativa que va del decreto presidencial a los manuales y códigos militares que fijan el uso de la violencia de Estado sobre el territorio, aún siguiendo el espacio territorial administrativo sobre el cual se despliega, respetándolo y atribuyéndole su función de racionalización de la escala espacial de la violencia. Violencia que sirve entonces de vínculo activo entre la legalidad y el territorio con el objetivo de instaurar la normalidad y suprimir la “anomalía”. Lo que necesita entonces el oficial es la doctrina como sistema interpretativo específico extraído de las experiencias. Más aún, cuando se sabe que la DCI argentina radica en la DCI francesa desde 1957…

Del estado de excepción a la substitución de facto del poder constitucional: la convergencia operativa exterminadora de las DCI francesas y argentina “Mientras volaba, acercándome, cada vez más, al que sería por espacio de casi un año mi trinchera de combate, repensaba las palabras que un especialista Cnel. Roger Trinquier del glorioso ejército francés en Argelia escribió en su libro –que fuera el mío de cabecera durante mi andatura tucumana–“Subversión y Revolución”62: “Esclavo de sus tradiciones y de su formación, el Ejército se adapta mal a una guerra que las escuelas militares se niegan a enseñarle. Contra un adversario fluido, inatrapable, que se obstina, por lo general, en montar sus operativos según esquemas clásicos. Como una masa gigantesca que quisiera aplastar a una mosca, golpea, casi siempre, en el vacío, derrochando medios considerables. Un acrecentamiento, incluso considerable, de sus recursos no tendría ningún efecto si antes no adaptara su organización y su táctica a la guerra revolucionaria. El Ejército deberá abordar los problemas complejos que plantea la guerra revolucionaria con un espíritu nuevo, desprendido de todo prejuicio y con la firme voluntad de resolverlo”. 61

Ídem, p.10. El título exacto del libro de Trinquier es, en su edición argentina: Guerra, Subversión, revolución, Editorial Rioplatense, 1975. Edición francesa Col. Roger Trinquier (CR), Guerre, Révolution, Subversión, Robert Laffont, 1968. 62

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“En las medulosas consideraciones del oficial galo se encontraban resumidas mis propias ideas y preocupaciones respecto de las operaciones que a corto plazo, y luego de un siglo de paz, iniciaría la brigada contra el más peligroso y mortal de los enemigos del país: el marxismo.”63

Y en otra ocasión el general Acdel Vilas al referirse al savoir-faire francés en materia contrainsurgente, aún ilegal, cuando evoca los grupos de la OAS (Organisation de l’Armée Secrète) que servirán de modelo a la organización de la Triple A, que Acdel Vilas menciona de manera indirecta cuando evoca sus contactos con López Rega y el Ministerio de Bienestar Social previsto en el Artículo 5 del decreto mencionado: “Por tanto, debía yo reunir al cuerpo de jefes, oficiales e, incluso en determinadas oportunidades, de suboficiales, para plantearles el panorama de la guerra subversiva tal cual se me aparecía. Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia -y traducidos en la Argentina o España- debidos a oficiales de la OAS y el ejército francés que luchó en Indochina y Argelia. En base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema y el análisis de la situación Argentina, comencé a impartir órdenes, tratando, siempre, de preparar a mis subordinados. Porque, claro está, muchas veces, las órdenes recibidas no se correspondían con lo que durante años habíamos aprendido en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra.”64

La naturaleza interpretativa de la doctrina, en lo que se refiere a la gestión efectiva de la violencia está de esta forma establecida. Este nexo pasa a su vez por las modalidades de despliegue del dispositivo. Es ahí donde la doctrina toma su dimensión experimental y profesional. Si Acdel Vilas convoca pues la doctrina francesa, bajo su figura metonímica de la obra del Coronel Trinquier, especialista del control de la población durante la Batalla de Argel y creador de los Grupos de Tarea que en ese periodo integraba un cierto Comandante Aussaresses, que durante el Operativo Independencia, está en la base de Manaos en Brasil asesorando oficiales argentinos, brasileños, chilenos65… dentro del 63

Gral. Acdel Vilas, op. cit., p.8. Gral. Acdel Vilas, op. cit., p.15-16. 65 Gral. Aussaresses, Je n’ai pas tout dit, Ultimes révélations au service de la France, Entretiens avec Jean-Charles Deniau, Editions du Rocher, Paris, 2008, y del mismo autor, Services Spéciaux, Algérie, 1955-1957, Editions Perrin, 2002. 64

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cuadro general del Plan Cóndor y, posiblemente en contacto con el tenientecoronel Servent, de la Misión francesa en Buenos Aires, especialista de Inteligencia durante la guerra de Argelia, radicado entonces en el Libertador.66 Y el general Acdel Vilas determina, desde un plano metodológico, la substitución de facto de los poderes políticos y sociales: “Mi intención, de allí en más, fue la de suplantar, aún utilizando métodos que me estuvieron vedados, a la autoridad política de la provincia de Tucumán, tratando de superar, aunando los esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias. Si bien mi tarea no era reemplazar a las autoridades, pronto me di cuenta que, de atenerme al reglamento manteniéndome en el mismo plano que el gobernador, el operativo concluiría en un desastre. La naturaleza de la guerra subversiva, que abarcaba todos los sectores de la sociedad, exigía un mando único y coherente, posibilidad que era remota dada la diferente formación y opuesto criterio de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. “Si yo me limitaba a ordenar, entrenar y comandar mis tropas, descuidando esferas que en el papel no me correspondía atender (…) –la esfera gremial, empresaria, universitaria, social, etc.– el enemigo seguiría teniendo los ‘santuarios’ de que disponía hasta el momento. Limitarme a la resolución de los problemas estrictamente castrenses, sin aspirar, siquiera en forma indirecta, a resolver materias críticas que no se hallasen estrechamente vinculadas a la esfera militar, hubiese constituido un sinsentido, ya que, a los efectos de establecer y asegurar la continuidad y permanencia en los planos ejecutivos del ‘Operativo Independencia’, se hacía imprescindible invadir campos de acción reservados al gobierno provincial (…)”67

Es ahí donde se abre la dimensión hermenéutica de la doctrina militar. Por un lado integra totalmente el funcionamiento del aparatus coercitivo normativo y práctico del “quehacer” operativo; pero fundamentalmente legitima las prácticas “vedadas”, es decir ilegales, por la experiencia profesional anterior, abriendo campo a una toma del poder socio-político de facto. ¿Qué legitima este paso fuera de la legalidad? La legitimidad del orden y de su corolario la violencia exterminadora teleológicamente determinada por el éxito 66

Marie Monique Robin, Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa, Sudamericana, Buenos Aires, 2005; La Découverte, Paris, 2004. 67 Gral. Acdel Vilas, op. cit. , p. 11.

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de las medidas contra-insurreccionales. Y porque la sustancia del poder, antes de basarse sobre una violencia simbólica, tiene que ser efectiva. Grabada sobre los cuerpos, como en la Colonia penitenciaria de Kafka. Para concluir este trabajo se puede decir que la puesta en discusión doctrinaria del estado de emergencia por el militar, dentro del contexto del ejercicio del poder de facto, lo posiciona en una postura totalmente dominante respecto a la autoridad cívico-política legal. Se observará que dentro del marco doctrinario jurídico-militar, ya sea en Francia o en la Argentina, la presentación del tríptico estado de sitio/ ley Marcial/ Gobierno militar, sirve fundamentalmente para descalificar la vertiente crítica liberal y democrática de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica civil destacada del bloque constitucional-legal entrado supuestamente en crisis. La mayor parte de los discursos, en Buenos Aires o en París, estructuran de esa manera una nueva jerarquía normativa propia de las circunstancias excepcionales que prevé la autonomía de las FF. AA. Autonomía que se apoya sobre el savoir-faire histórico de las luchas para el mantenimiento del orden y sobre la normatividad incluida en las doctrinas militares contra-insurgentes que circulan en la profesión militar durante la Guerra Fría y en las crisis de los imperios coloniales.68 A través de la excepcionalidad, el militar puede lograr un posicionamiento de único intérprete de las circunstancias que lo autoriza a desplegar el dispositivo represivo y asegurar la legitimidad de una violencia normativa exterminadora, que a su vez le permite acceder de facto al poder de Estado.

68

Gabriel Périès, Normativité de l’ “état d’exception” dans la période postcoloniale, dans C. Coquio dir. Retours du colonial?, L’Atalante, 2008, p. 79.

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Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del terrorismo de Estado (1955-1976) Mario Ranalletti1

1. Introducción Al final de la vida política y biológica de Juan Domingo Perón, desde el Estado argentino comenzaron a implementarse prácticas e ideas destinadas a reprimir el accionar de la guerrilla y la agitación social que se vivía en el mundo del trabajo, en el ámbito estudiantil y en el seno del catolicismo. Además de una respuesta a esta situación social, económica y política, se trataba de la puesta en práctica de lo asimilado en un largo proceso de adoctrinamiento del personal implicado –directa e indirectamente– en las tareas represivas llevado adelante por “formadores” pertenecientes al catolicismo intransigente y a la extrema derecha. De este adoctrinamiento nació la caracterización del período previo al golpe militar de 1976 como “guerra”. Dicha conflagración era más que un enfrentamiento militar convencional y era planteado por los adoctrinadores como un apocalíptico “choque de civilizaciones” donde estaba en juego el carácter “occidental y cristiano” de la Argentina. Toda forma de protesta y toda manifestación de descontento eran caracterizadas como batallas en esta guerra. Los adoctrinadores enseñaban que, en última instancia, esta “guerra” se libraba no contra un sistema polí-

1

Agradezco los comentarios a una presentación preliminar de este trabajo realizados por mis colegas del Centro Daniel Feierstein, Perla Sneh, Jorge Wozniak, Pamela Morales, Guillermo Levy y Emmanuel Taub. Todos ellos han enriquecido este texto.

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tico, social o económico, sino contra un orden de carácter “natural”, necesariamente jerárquico y acorde a la voluntad de Dios. Esto se explicó así a los futuros perpetradores del terrorismo de Estado durante décadas en las aulas de las escuelas militares, en las arengas de los jefes, en retiros espirituales, en reuniones sociales y en misas. La profundización de la fractura social producida en 1955 y el aumento de la protesta social y armada2 fueron manipuladas de tal manera que los adoctrinadores pudieron fundamentar en hechos concretos su maniquea interpretación de la realidad argentina. Todos aquellos que se implicaban, directa o indirectamente, en la protesta y la agitación, cometían el crimen más aberrante contra Dios y la religión católica y, por ende, merecían un castigo acorde, según se dijo a los futuros perpetradores del terrorismo de Estado. Por vía de este adoctrinamiento, la comisión de crímenes contra la humanidad como resultado de las acciones represivas y de inteligencia fueron definidos como actos de servicio en beneficio de la Nación “amenazada”. Hacia mediados de los años cincuenta, este adoctrinamiento se fortalecerá gracias al aporte de una congregación religiosa y una obra laica –ambas de origen francés– que ya tenían una amplia experiencia en el trabajo con militares: se trata, respectivamente, de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, y de “La Ciudad católica”. Ambas obras tenían vinculación con algunos referentes del catolicismo intransigente local y contaban con buenos contactos en el seno de la importante colectividad francesa residente, en especial, en el sector simpatizante del gobierno colaboracionista de Vichy. Pero lo más relevante para su implantación exitosa es el entusiasmo que ambas obras van a generar en ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica argentina. Este adoctrinamiento coincidió con el viraje a nivel doctrinario hecho por las Fuerzas Armadas argentinas en materia de hipótesis de conflicto con la adopción de la “doctrina de la guerra revolucionaria” de origen francés.3 En este trabajo se intenta mostrar cómo se llevó a cabo este adoctrinamiento, por qué canales circularon estas interpretaciones, quiénes fueron sus principales “difusores” y cómo fueron configurándose ciertos elementos de 2

Moyano, María José, Argentina’s Lost Patrol. Armed Struggle, 1969-1979, New Haven and London, Yale University Press, 1995. 3 Ranalletti, Mario, Du Mékong au Río de la Plata. La doctrine de la guerre révolutionnaire, “La Cité catholique” et leurs influences en Argentine, 1954-1976, Fondation Nationale de Sciences Politiques, Institut d’Études Politiques de Paris, 2006.

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Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenesdel terrorismo de Estado (1955-1976)

la justificación del terrorismo de Estado. Este capítulo se compone de tres partes. En la primera, se abordan algunos aspectos de la temprana vinculación entre el catolicismo intransigente, la extrema derecha y el mundo militar argentino, tomando como ejemplo a dos figuras emblemáticas del catolicismo intransigente y de la extrema derecha locales como el sacerdote Julio Meinvielle y el profesor Jordán Bruno Genta. A continuación, se muestra cómo se dio la instalación y cómo fue la expansión en el ámbito castrense de las dos obras francesas mencionadas. Finalmente, se aborda la cuestión de la “importación” y la adaptación de la “doctrina de la guerra revolucionaria” al contexto local por parte de las Fuerzas Armadas, tomando como estudio de caso al Ejército argentino. La intensidad de este adoctrinamiento, la perseverancia de los “formadores” implicados en él y la ausencia de un contradiscurso y de una formación que atenuaran los efectos del mismo, permitieron que estas influencias perduraran en la mentalidad y en la socialización del militar argentino. Conocer esta parte de la historia militar argentina permite adentrarse en lo que podría denominarse una “arqueología” del terrorismo de Estado.4

2. Catolicismo intransigente y extrema derecha en el ámbito castrense argentino. La formación militar como adoctrinamiento Ligar Fuerzas Armadas e Iglesia católica y extremismo de derecha en un estudio de historia argentina del siglo XX puede parecer una innecesaria reiteración.5 Una abundante bibliografía sobre esta cuestión da por sentada esta

4 Ranalletti, Mario, Catolicismo, extremismo de derecha y “doctrina de la guerra revolucionaria”: hacia una arqueología del terrorismo de Estado en Argentina (1955-1976), en prensa. 5 La prehistoria de este tema ya ha sido abordada in extenso por Loris Zanatta y por Sandra McGee, y poco o nada se agrega aquí a su gran aporte a la historiografía argentina. Véase McGee Deutsch, Sandra, Counterrevolution in Argentine, 1900-1932. The Argentine Patriotic League, Lincoln & London, University of Nebraska Press, 1986; McGee Deutsch, Sandra, Las Derechas. The Extreme Right in Argentine, Chile and Brazil, 1890-1939, Stanford University Press, 1999; Zanatta, Loris, Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1943-1946, Buenos Aires, Sudamericana, 1999; Zanatta, Loris, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Estado en los orígenes del peronismo, 1930-1943, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

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relación, aunque, normalmente, careciendo de puntualizaciones en cuanto a fechas y actores. Siempre minoritarios pero muy activos, elementos provenientes de estas dos corrientes han cumplido un rol de suma importancia en diferentes gobiernos militares al encontrarse prohibida toda actividad de los partidos políticos, encargándose de la elaboración de planes, proyectos, hipótesis de conflicto y plataformas de gobierno.6 Ciertos elementos del catolicismo intransigente y de la extrema derecha lograron construir una trama de relaciones personales a través de la cual pusieron en práctica un adoctrinamiento antiliberal y reaccionario, como lo definió el coronel Prudencio García.7 Básicamente, el adoctrinamiento se concretaba en discusiones sobre el presente, el pasado y el futuro, que servían como preparación para la acción. Se celebraba grupalmente a los referentes ideológicos, a las viejas glorias de la contra-revolución, a los “mártires” cristianos, o a las “victorias” sobre la “revolución”, para crear un clima de misticismo. Todo esto funcionaba como marco identitario para los adoctrinados, que fueron una especie de mercado cautivo para los adoctrinadores en lo que respecta a orientación espiritual y política. Este adoctrinamiento se benefició de la escasa formación intelectual de los adoctrinados y de la crónica endogamia del ámbito castrense. El clima de complot permanente y beligerancia política que dominó al mundo militar argentino durante el período 1955-1976 ayudó a cohesionar a adoctrinadores y adoctrinados. Este adoctrinamiento tuvo como principal sostén ideológico a un tipo de catolicismo fuertemente politizado, elitista, antisemita y anti-izquierdista denominado por Poulat y Fouilloux “intransigente.”8 Los adoctrinadores alimentaron en los adoctrinados un miedo amorfo y volátil, designado con los vocablos “revolución”, “subversión” y/o “comunismo”. Estos términos representaban una entidad variable en el tiempo que podía adquirir ropajes y forma6

Rouquié, Alain, “La tentación del catolicismo nacionalista en la República Argentina”, en Rouquié, Alain, Autoritarismos y democracia. Estudios de política argentina, Buenos Aires, Hachette, 1994, p. 112. 7 García, Prudencio, El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las Juntas Militares, Madrid, Alianza, 1995, p. 12. 8 Fouilloux, Étienne, Les chrétiens français entre crise et libération, 1937-1947, París, Seuil, 1997; Poulat, Émile, “L’antisémitisme catholique contre-révolutionnaire”, Politica hermetica, París, Nº 2, 1988, pp. 34-38; Poulat, Émile, “Extrémismes, intégrismes, fondamentalismes catholiques”, Poulat, Émile, Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste, la “Sapinière” (1909-1921), París-Tournai, Casterman, 1969.

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tos muy diversos: inmigrantes judíos, anarquistas, docentes e intelectuales, sindicalistas combativos, guerrilleros y también simples personas con ideas consideradas “peligrosas”. Así definido, este “enemigo” era una argamasa tan maleable y cambiante que, en última instancia, servía para representar y reunir en un único modelo a los peores temores de una parte de la burguesía argentina. Los adoctrinadores le asignaban a este enemigo un objetivo permanente e irrenunciable: acabar con el carácter pretendidamente católico de la Argentina. Así planteada la cuestión, la “revolución” amenazaba los fundamentos de la identidad nacional9 tal como la concebían los hombres del catolicismo intransigente y de la extrema derecha que se acercaron a los cuarteles. Los adoctrinadores transmitieron una interpretación de la coyuntura política, económica y social que atravesó la Argentina a partir de 1955 anclada en una particular visión del pasado. La línea de tiempo que elaboraban para los adoctrinados se apoya en la tesis del complot “judeo-masónico” en pos de la dominación mundial. Se trataba de una confabulación secular que había arrancado con la reforma luterana, había sido profundizada con la Revolución francesa de 1789 y el triunfo del liberalismo, para entrar en una fase final con la Revolución bolchevique de 1917. Inscripta en el bando católico, la Argentina estaba expuesta al peligro de la “bolchevización” del país, sostenían. Estas interpretaciones se instalaron como visiones de la realidad social y política y convirtieron lo que era una invención10, en la manera correcta y “católica” de interpretar el presente.

2. 1. Dos pilares en la formación militar argentina: el padre Julio Ramón Meinvielle (1905-1973) y Jordán Bruno Genta (1909-1974) Uno de los propagandistas antisemitas más importantes del catolicismo argentino, Meinvielle, inició su vinculación con el mundo militar en los “Cursos de cultura católica”, germen de una importante universidad confe9 Loris Zanatta señaló claramente la relación entre ciudadanía y religión; véase Zanatta, Loris, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Estado en los orígenes del peronismo, 1930-1943, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 1996. 10 En el sentido que Hobsbawm utiliza este concepto. Véase Hobsbawm, Eric, Introduction: Inventing Tradition, en Hobsbawm, Eric, RANGER, Terence (Eds.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-14.

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sional y espacio de sociabilidad para oficiales y sectores de la alta burguesía católica argentina. Allí se le asignó la cátedra “Dogma” y en sus clases reconfortaba a los oficiales asistentes sosteniendo que la vía iniciada en septiembre de 1930 con el golpe de Estado había salvado a la Nación de los “excesos” cometidos por el pueblo durante la primera experiencia democrática.11 De estas clases nacerá uno de los clásicos del pensamiento contra-revolucionario argentino, que recorrerá las aulas y las salas de lectura de las bibliotecas castrenses: Concepción católica de la política.12 En ese trabajo, Meinvielle dejaba en claro que no había ni distancia ni diferencia entre política y religión. Se esforzó por mostrar que, contra Rousseau y también contra Hegel y el materialismo dialéctico, los atributos del ser y de la inteligencia humana derivaban de lo sobrenatural. Según Meinvielle: El hombre católico no es hombre y, además, católico, como si lo católico fuese algo separado de su cualidad de hombre o de padre de familia, artista, economista, político. El hombre católico es una unidad. Cuanto de hombre y de actividad hay en él, debe ser católico; esto es, adaptado a las exigencias de su fe y caridad cristianas. […] La política es una actividad moral que nace naturalmente de las exigencias humanas en su vida terrestre. De ahí que, tanto la ciencia política que legisla las condiciones esenciales de la ciudad terrestre, como la prudencia política que determina las acciones que convienen a ciertas circunstancias concretas, para el logro de determinados fines políticos, deban ajustarse a la vida sobrenatural.13

De no mediar un acontecimiento inesperado que interrumpiera la “dialéctica” de la historia que se manifestaba desde la Reforma protestante hasta la Revolución comunista de 1917, no quedaba “otro destino para los pueblos que el de sucumbir bajo el satanismo del caos comunista” pensaba Meinvielle.14 Hay indicios que muestran que la formación militar recogió y asumió 11

Zanatta, Loris, Del Estado liberal a la nación católica, op. cit., 1996, p. 53. La primera edición fue realizada por la editorial de los Cursos de Cultura Católica (Buenos Aires, 1932). En varias entrevistas, incluidos oficiales en activo y que revistan en situación de retiro, el apellido Meinvielle fue uno de los más citados en el momento de hablar sobre los libros que se leían para interpretar la situación política y social de la Argentina entre 1955 y 1976. Véase la lista de entrevistas realizadas en el Anexo. 13 Meinvielle, Julio, Concepción católica de la política, Buenos Aires, Dictio, 1974, p. 4. 14 Meinvielle, Julio, Qué saldrá de la España que sangra, Buenos Aires, Jóvenes de la Acción Católica argentina, 1937, p. 38. 12

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como propio este análisis. Por ejemplo, en un cuadernillo destinado a los reclutas incorporados al servicio militar obligatorio en 1938 se indicaba que la “misión” de las Fuerzas Armadas consistía en la defensa de la Patria tanto contra los enemigos internos como contra los externos, que podían agruparse bajo la denominación de “comunistas.”15 La década peronista alteraría la vida y el pensamiento del padre Meinvielle. En Perón y el peronismo Meinvielle identificó a un nuevo enemigo, que se sumaba al liberalismo, los judíos y el comunismo.16 Este religioso fue uno de los pioneros en incluir al peronismo entre los agentes locales que jugaban, consciente o inconscientemente, a favor de la “revolución”. Éste no es un dato anecdótico, pues constituye uno de los pasos fundamentales en la configuración de los elementos constitutivos de la legitimación del terrorismo de Estado. Con su análisis del peronismo, Meinvielle hace la transición desde su irreductible antiliberalismo decimonónico a la situación de la Guerra Fría. Sostenía que los cambios introducidos por el peronismo en la distribución de la riqueza y en el modelo de acumulación de capital, en realidad, encubrían un “colectivismo” teñido de falsos eslóganes nacionalistas y católicos.17 Decía que el peronismo había desencadenado fuerzas y procesos que inexorablemente conducían al fin del capitalismo y a la instauración del comunismo en la Argentina. Perón, tal como lo enseñaban los textos de “Marx, Engels, Lenin y Trotsky” había comenzado una “obra antiimperialista” cuyo objetivo era la “sovietización” de la Argentina, según el presbítero del barrio de Balvanera. La prueba concluyente era el conflicto con la Iglesia católica de 1954-1955 y el mantenimiento en vigencia del sistema democrático durante los gobiernos peronistas. Esto revelaba, según el padre Meinvielle, la coincidencia de objetivos entre Perón y los comunistas, además de la afinidad del “Primer trabajador” con el materialismo dialéctico.18 La incorporación del peronismo al campo de los enemigos del catolicismo potenció el mensaje de Meinvielle y se acopló perfectamente al estado 15

Rodríguez Molas, Ricardo, Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, p. 151. 16 Meinvielle, Julio, “La situación política argentina”, en Meinvielle, Julio, Política argentina, 19491956, Buenos Aires, Trafac, 1956, pp. 298-299. 17 Meinvielle, Julio, “Sobre un complot de la masonería”, en Idem, pp. 68-69. 18 Meinvielle, Julio, “Populismo”, Meinvielle, Julio, en Política argentina, 1949-1956, op. cit., pp. 122-123.

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de ánimo reinante en las Fuerzas Armadas post-1955. Uno de sus discípulos comienza a destacarse por sus posturas radicalizadas, su antiperonismo furioso y sus denuncias cada vez más audaces. Se trata de Jordán Bruno Genta, un converso que profesaba tanto antisemitismo ordinario, tanto antiliberalismo19 y tanto antiperonismo como el padre Meinvielle. Genta había sido uno de los colaboradores civiles de Perón en la logia militar que motorizó la deposición del presidente Ramón S. Castillo el 4 de junio de 1943. Fue nombrado por el ministro de Justicia y Educación del gobierno de facto surgido del golpe militar de 1943, Gustavo Martínez Zuviría, como interventor en la Universidad Nacional del Litoral. La purga de profesores y estudiantes que intentó llevar adelante –por “judíos” y “comunistas”– significó no sólo su temprana remoción del cargo, sino que fue la última vez que pudo desempeñarse en la educación nacional.20 Este profesor de filosofía venía trajinando los cuarteles y los espacios de sociabilidad castrense21 y, al igual que Meinvielle, iba a encontrar en el peronismo la clave para insertar su pensamiento conservador en la lógica de la Guerra Fría. Este rechazo era tan visceral que llegaba a excluir al peronismo de la categoría de “movimiento nacional.”22 Genta despreciaba la democracia, pues pensaba que en tanto hubiera comicios limpios se favorecía a dos de sus enemigos mortales: la masonería y el liberalismo.23 Para Genta, nada es19

“[...] En nuestra República, los dos gobiernos de base popular, libremente elegidos por la mayoría, democráticos en su origen y en su trámite, Irigoyen y Perón, acabaron por ser un atentado contra el bien común y por precipitar un proceso de descomposición moral y material. Tuvieron que ser destituidos por alzamientos militares, a pesar del fervor popular que los acompañó en todo momento, incluso después de la caída”. Véase Genta, Jordán Bruno, El nacionalismo argentino, Buenos Aires, Ediciones Cultura Argentina, 1972, p. 32. 20 Véase Díaz Araujo, Enrique, El G.O.U. en la revolución de 1943: una experiencia militarista en la Argentina, Mendoza, Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, 1970; Potash, Robert A., Perón y el G.O.U. Los documentos de una logia secreta, Buenos Aires, Sudamericana, 1984; Caponnetto, Antonio, Jordán Bruno Genta. Semblanza, Buenos Aires, Santiago Apóstol, 2004. 21 Dos de los primeros textos que Genta consagra a temas militares corresponden a sendas conferencias dictadas en el Círculo Militar para oficiales en activo y en situación de retiro: “La formación de la inteligencia ético-política del militar argentino” (1941) y “La función militar en la existencia de la libertad” (1943). 22 Dos ex alumnos secundarios de Genta (primeros años de la década de 1970) me señalaron que durante sus clases de filosofía se refería al peronismo como un “engendro satánico”, único motivo que explicaba la continuidad del favor popular hacia este movimiento y hacia su líder. Véase Genta, Jordán Bruno, “Lo nacional no es lo popular”, Combate, Buenos Aires, N° 54, 1958, p. 1. 23 “La democracia nos lleva al comunismo”, Combate, Buenos Aires, N° 79, 1960, p. 2.

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capaba a la influencia del judaísmo, el mayor enemigo de la sociedad “occidental y cristiana.24 Genta fue el creador y director del periódico Combate (1955-1967), una publicación exclusivamente destinada a militares y católicos intransigentes25, cuyo primer número trae una clara definición de su ideario y de su propuesta: “conscientes de la descomposición masónica y comunista que ya amenaza la existencia misma de la Patria, nosotros, católicos, nacionalistas y jerárquicos, emprendemos la lucha por Cristo y por la restauración de la Patria en Cristo.”26 A través de esta publicación, Genta vehiculizó una de sus consignas más radicales: fue un pionero en señalar el camino que las Fuerzas Armadas tomarían en 1976. Entre los adoctrinadores que se estudian en este trabajo, fue el que más enfáticamente bregó por la “necesidad” de una refundación del Estado para convertirlo en confesional a través de una “dictadura militar católica” sin plazos ni límites. Si por las entrevistas realizadas y la consulta a diferentes bibliotecas castrenses se sabe que Genta está presente en las lecturas militares del período bajo estudio, a partir de estas fuentes queda claro que el mayor impacto lo logró en la más joven de las fuerzas armadas, la Aeronáutica. Su vinculación con los hombres de la Fuerza Aérea argentina se basaba en su amistad con oficiales superiores27 y en su recurrente presencia como conferencista, donde solía estar acompañado por monseñor Bonamín y/o el padre Roque Manuel Puyelli28, uno de los sacerdotes vinculados orgánicamente a la Aeronáutica.29 24

Combate defendía la “veracidad” de Los Protocolos de los Sabios de Sión; véase “Actualidad de Los Protocolos”, Combate, Buenos Aires, N° 65, 1959, p. 4. También se asumía la defensa de los criminales de guerra nazi residentes en la Argentina; véase Caponnetto, Mario, “¿Quiénes son los refugiados?, Combate, Buenos Aires, N° 86, 1960, p. 2. 25 Caponnetto, Mario, “Estudio preliminar”, en INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO “ANTONIO ZINNY”, Combate (1955-1967). Estudio e Índice, Buenos Aires, Instituto Bibliográfico “Antonio Zinny”, 1999, pp. 11-14. 26 Genta, Jordán Bruno, “Nuestra definición”, Combate, Buenos Aires, N° 1, 8 de diciembre de 1955, p. 2. 27 Como el brigadier Gilberto Hildalgo Oliva (Nº 2 de la fuerza entre 1962 y 1964) o el comodoro Agustín de la Vega, líder de la “Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria”, un grupúsculo de extrema derecha. 28 Monseñor Puyelli se desempeña actualmente como Director de Estudios Mariológicos de la Universidad del Salvador. 29 Según el testimonio del ex cadete (1960-1962) de la Escuela de Aviación, José Vicente Pando. Véase http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2007/03/28/nacio-para-el-vuelo%E2%80%A6/.

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El mejor ejemplo del ascendiente de Genta sobre los aviadores es su libro Guerra contrarrevolucionaria. Doctrina política.30 En 1961, la Aeronáutica le encargó a Genta la redacción de los materiales destinados a los cursos de Oficial de Estado Mayor de la fuerza. La Comandancia de la fuerza quedó tan satisfecha con los materiales presentados por Genta que determinó que los mismos servirían como “precisión doctrinaria” para el resto del personal de la Aeronáutica. Desde 1962, los textos aparecieron por entregas en Combate, y más tarde serían reunidos en el libro mencionado, que se convertiría en otro de los clásicos del pensamiento contra-revolucionario vernáculo. Este texto se vio favorecido por el otorgamiento del nihil obstat del Arzobispado de Buenos Aires, por entonces bajo la responsabilidad de monseñor Antonio Caggiano.31 Guerra contrarrevolucionaria es una mezcla de historia y filosofía banalizadas para “facilitar” la comprensión del lector castrense. Escrito en tono de catequesis, este libro se proponía poner en evidencia la “realidad” de la “guerra revolucionaria” y constituirse en referencia doctrinal para elaborar la “respuesta” de las Fuerzas Armadas en dicha contienda. Después de presentar la línea histórica típica del catolicismo intransigente e introducir a la historia latinoamericana en ella, Genta dedica la mayor parte del libro a definir el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad, considerando como definitiva y terminal la crisis que aqueja a la Argentina. Ante esta situación, los militares estaban obligados moralmente a asumir la responsabilidad de “salvar” a la sociedad por medio de una dictadura.32 Al darse a conocer a la prensa el contenido de los materiales elaborados por Genta y distribuidos a todo el personal, los responsables de la formación superior de la Fuerza Aérea debieron retirarlos de circulación a causa de las denuncias publicadas en distintos medios de comunicación, donde se resaltaba el carácter “totalitario” y “antidemocrático” de los mismos. Anticipándose a 1976, Genta no reclamaba un gobierno de facto como los conocidos hasta 1964, sino una “dictadura católica”, el cenit de las formas de gobierno en la cosmovisión gentiana.

30

Buenos Aires, Nuevo Orden, 1964. Se trata de la aprobación del censor diocesano, en tanto el texto trataba cuestiones relativas a la fe y/o la moral. 32 El texto de Genta cuenta con algunos tramos insólitos –como el de la “sumisión voluntaria” de la mujer en el matrimonio– y su estructura se asemeja mucho a Pour qu’Il règne, de Jean Ousset. 31

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2. 2. El “aporte” francés en la tarea de adoctrinamiento Tras el derrocamiento de Perón, el catolicismo había reforzado su funcionalidad como herramienta para la lucha política en un clima de efervescencia social y cultural disfrazada de reivindicación religiosa. En este contexto, muchos católicos se lanzaban a la militancia política crucifijo en mano, exigiendo resarcimiento después de haber soportado la experiencia peronista de gobierno. Hacia mediados de los cincuenta, Meinvielle y Genta recibieron refuerzos valiosos para el trabajo de convencer a los militares de la realidad de la “guerra” en curso de parte de religiosos y laicos franceses. Este “aporte”se inscribe, también, en una tradición de más largo alcance como la de la presencia de sacerdotes extranjeros en el catolicismo local.33 Ambos grupos tenían un buen conocimiento del medio militar, dado el compromiso que tenían con la causa del mantenimiento de la presencia colonial francesa en África del norte34 y el trabajo realizado por religiosos en el adoctrinamiento de militares en la España franquista.35

2. 2. 1. La Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en el “combate” contra el “comunismo” Siguiendo un orden cronológico, corresponde mencionar a esta congregación religiosa nacida en Francia en 1934. El padre Meinvielle está en con33

Históricamente, los religiosos extranjeros instalados en el país han servido como “correa de transmisión” del pensamiento reaccionario europeo en varias ocasiones, como lo señalaron claramente Roberto Di Stéfano y Loris Zanatta; véase Di Stefano, Roberto, Zanatta, Loris, Historia de la Iglesia argentina. De la Conquista hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo Mondadori, 2000, pp. 327329. 34 Véase Fouilloux, Étienne, “Ordre social chrétien et Algérie française”, Les Cahiers de l’ITHP, nº 9, octubre de 1988, pp. 63-87; Perrin, Luc, “La torture ? Un moindre mal contre la subversion”, Histoire du Christianisme Magazine, Angers, nº 6, marzo de 2001, pp. 72-79; OUSSET, Jean, Le Blond, R.P. JeanMarie, “Pour et contre Cornélius”, Études, París, Tomo 300, nº 2, febrero de 1959, pp. 238-250; Robin, Marie-Monique, Escadrons de la mort, l’école française, París, Éditions La Découverte, 2004; Ranalletti, Mario, Du Mékong au Río de la Plata, op. cit., 2006, Primera parte. 35 Para más detalles sobre esta cuestión, puede consultarse Ranalletti, Mario, La guerre d’Algérie et l’Argentine.Les influences du traditionalisme catholique et des militaires français dans l’Armée argentine (19551965), París, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Memoria de D.E.A. (“Diplôme d’études approfondies”, equivalente al master), director: profesor Gérard Noiriel, 2000-2001.

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tacto con algunos de sus miembros, al menos, desde 195436 y él es de los primeros en acogerlos y proporcionarles un espacio para la predicación de retiros espirituales cuando aún no disponían de una sede propia.37 El primer sacerdote de la Congregación en establecerse en nuestro país fue el padre Georges Vinson, quien llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 1950. Algunos obispos reparan en estos sacerdotes franceses, en su mensaje pastoral y en la forma de espiritualidad que proponen para difundirlos: los retiros espirituales según el método de San Ignacio de Loyola. Se trata de un tipo de espiritualidad fruto de una experiencia mística de su creador y fue concebida como el camino hacia un ideal: buscar la mayor gloria de Dios sirviendo a la Iglesia y a los hombres. Los ejercicios ignacianos se desarrollan a partir del encierro por cinco días de los ejercitantes, con una rutina de misas, plegarias, penitencias, confesiones, reflexiones y conferencias sobre temas religiosos, respetando una rigurosa metodología que apunta al refuerzo de la disciplina, la fe y la internalización de consignas a aplicar en la práctica cotidiana. Los sacerdotes responsables de la predicación del retiro parten de la premisa de que es imposible entender el mundo moderno si no se lo considera como una conspiración contra toda forma de vida espiritual. Los temas abordados por los predicadores giran en torno al pecado, el infierno, el castigo, el calvario de Cristo. Esta selección temática responde al objetivo de generar “odio” a todo lo que se presenta en la predicación como maligno y demoníaco para elegir el campo opuesto: es una preparación para un combate “a muerte” contra el demonio y sus manifestaciones.38 A medida que avanza la predicación, el tratamiento del mal y del pecado se deslizan desde el plano místico hacia cuestiones relativas a la vida cotidiana y la política. Las nociones de pecado, dolor e infierno son sacadas de su contexto bíblico y litúrgico para ser asociadas a la más clara manifestación del “mal” en la sociedad contemporánea: el “satánico” comunismo que busca el aniquilamiento del catolicismo. Un ejemplo de ello es el Catecismo popular 36

La revista española de la Congregación publicó una reseña de un trabajo de Meinvielle; véase “Libros excelentes”, Avanzar, Madrid, Cooperación Parroquial de Cristo Rey, año X, Nº 103, marzo de 1954, p. 64. 37 “La obra en Argentina. Tanda en Buenos Aires (Del 4 al 9 de julio)”, ¡Valor! Órgano de la Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey, Rosario, N° 100, agosto de 1958, p. 12. 38 Grasset, Georges padre, Minidirectoire pour les exercices de saint Ignace, París, Éditions du Cèdre, 1981, p. 85.

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anticomunista, uno de los textos que los padres Cooperadores utilizaban en sus retiros y cuyo autor es el arzobispo de Jacarezinho (Paraná, Brasil), monseñor Geraldo de Proença Sigaud. Según este prelado brasileño: El comunismo es una secta internacional que sigue la doctrina de Karl Marx y trabaja para destruir a la sociedad humana basada en la ley de Dios y en el Evangelio, así como para instaurar el reino de Satanás en este mundo, implantando un Estado impío y revolucionario, y organizando la vida de los hombres de modo que se olviden de Dios y de la eternidad. […] El que inventó este régimen fue Satanás, quien sabe que el mejor medio de conducir a los hombres hacia la perdición eterna es hacerlos rebelarse contra el orden constituido por Dios.39

Siguiendo un modelo que había conocido épocas de esplendor en Francia y en España, esta congregación procuró tener una fuerte presencia en el ámbito castrense por medio de la realización de retiros espirituales. Los padres Cooperadores progresan rápidamente en el medio local. La espiritualidad ignaciana se presentaba como particularmente adecuada para el clima casi bélico y el espíritu de nueva cruzada en el que vive buena parte del catolicismo argentino post-1955. En marzo de 1952, ya pueden celebrar el primer millar de ejercitantes en la Argentina, cifra nada despreciable en función de los medios de los cuales disponen.40 Reflejo de su exitosa implantación local es la fundación de su sede argentina en las afueras de Rosario, bajo los auspicios de las autoridades eclesiásticas de esa importante diócesis: monseñor Antonio Caggiano y monseñor Silvino Martínez. La buena recepción que encuentran en el Episcopado argentino quizás explique que la Congregación haya dejado de lado la discreción en materia de política local que había observado de manera bastante estricta en Francia y en España. En la Argentina esta costumbre parece haberse relajado. Esto puede apreciarse en los escritos del padre Victor Sarat, un sacerdote que llegó a la más alta responsabilidad de la Congregación a nivel sudamericano y que fue uno de los más activos predicadores y conferencistas durante su estadía en la Argentina. Sarat se destacó entre sus colegas por su insistencia en los llamados de

39

Sigaud, Geraldo de Proença, Catecismo anticomunista, São Paulo, Vera Cruz, 1963, pp. 5; 26. “En América”, Avanzar, Madrid, Cooperación Parroquial de Cristo Rey, año IX, Nº 94, junio de 1953, p. 137. 40

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atención sobre la “infiltración comunista”. Organizaba plegarias y rosarios para pedir por “América latina, terriblemente amenazada por el Comunismo.”41 Este pedido encontraba fácilmente eco en distintos representantes de la jerarquía eclesiástica local en ese momento: “ayer fue Cuba, mañana será Paraguay y pasado mañana, el turno de la Argentina. En siete años la Argentina será un país comunista”, declaraba el obispo de Bahía Blanca en 1961 en la clausura de un retiro predicado por el padre Sarat.42 A pesar de todo, Sarat conservaba una pequeña esperanza basada en su valoración del “pueblo argentino”, al cual consideraba “lleno de buenos sentimientos”. Pero era muy pesimista a mediano plazo, pues, decía, “el Comunismo trabaja y todo el país se hace comunista sin saberlo. Veo al continente perdido en poco tiempo.”43 Esta idea de la existencia de procesos sociales o políticos ocultos o que la gente común no podía percibir tuvo un alto impacto en el medio castrense argentino. Por las reseñas e informaciones publicadas en sus revistas, resulta evidente que los padres Cooperadores habían asumido un fuerte compromiso con la “re-cristianización” de la Argentina y estaban decididos a tener éxito en este objetivo aún a riesgo de caer en interpretaciones dudosas. Según el padre Sarat, en un informe a sus pares franceses: Recientemente en Buenos Aires, un comunista se convertía en un retiro, solamente porque su médico le había recomendado los Ejercicios Espirituales como remedio para su enfermedad del hígado: la causa de su dolor es espiritual, Usted sufre del hígado porque vive afligido, en la amargura y el odio. Vaya a hacer los cinco días… El hombre se había opuesto, pero el médico después de varias visitas había conseguido convencerlo… Un espiritista abjuraba en otro retiro… En Rosario, [pasó lo mismo con] varios protestantes… En América como en Francia, como en Suiza, como en España, como en Canadá, como en Costa de Marfil, como en todas partes, los Ejercicios cambian a los hombres…44

Por la rigurosidad en la predicación, la dureza de los ejemplos utilizados durante la predicación y por el carácter cerrado del retiro (exige la permanencia, 41

Sarat, R.P. Víctor, “Uruguay. Noces d’argent sacerdotales du R.P. Paul Brun”, Marchons !, SaintBonnet-de-Valclérieux (Drôme), N° 301, noviembre de 1961, p. 279. 42 Sarat, R.P. Víctor, “En Amérique… le Communisme…”, Marchons !, Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), N° 302, diciembre de 1961, p. 294. 43 “Une lettre du P. Sarat”, Marchons !, Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), N° 305, marzo de 1962, p. 83. 44 Sarat, R.P. Víctor, “Un rêve d’or…”, Marchons !, Saint-Bonnet-de-Valclerieux (Drôme), Nº 316, abril de 1963, p. 103.

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día y noche, en la residencia donde se realiza), esta forma de espiritualidad ha recibido fuertes críticas que la equiparan a una técnica de “lavado de cerebro.”45 Auspiciados a veces por la Vicaría castrense –monseñor Caggiano asume esta función al ser designado en 1959 Cardenal Primado de la Argentina– y por el Comando en Jefe del Ejército46, los padres Cooperadores desarrollaron FUERZA Ejército

ACTIVIDAD Conferencias: Regimiento de Granaderos a Caballo (Buenos Aires)

PERÍODO 1961

Retiros espirituales: Regimiento Nº 5 de Infantería Meca- 1960-1965 nizada (Bahía Blanca); Escuela de Mecánica del Ejército “Teniente Coronel Fray Luis Beltrán” (Buenos Aires); Primer Batallón de Ingenieros Motorizado (San Nicolás); Regimiento N° 4 de Infantería (Monte Caseros, Corrientes); Regimiento N° 2 de Ingenieros (Monte Caseros); 4° Destacamento de Comunicaciones Blindado y Comando de la IV División (Curuzú-Cuatiá); Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 4 y en la Compañía de Ingenieros N° 3 (Curuzú-Cuatiá); Destacamento de Comunicaciones y Regimiento N° 6 de Caballería (Concordia); Grupo 4 de Artillería de Montaña (Campo de los Andes, Mendoza); Regimiento de Infantería de Montaña Nº 11 (Rosario); Unidades militares de Covunco, Zapala, Las Lajas y Neuquén (Neuquén, sin otra especificación) Cesión de instalaciones para retiros espirituales: Regimiento de Infantería Mecanizada de Monte Caseros

1962

Armada

Retiros espirituales: Base Naval de Puerto Belgrano (Bahía Blanca)

1962

Fuerza Aérea

Retiros espirituales: Base Villa Reynolds (San Luis, V 1962-1963 Brigada Aérea); Taller Regional de Quilmes

Fuentes: Avanzar, Madrid, Cooperación Parroquial de Cristo Rey, 1950-1963.Marchons ! Organe de l’Œuvre de Coopération Paroissiale du Christ-Roi, Saint Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), 19441970. ¡Valor! Órgano de la Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey, Rosario, 1953-1970. 45

Para un estudio más detallado de estas cuestiones, puede consultarse RANALLETTI, Mario, Du Mékong au Río de la Plata, op. cit., 2006, Primera parte. 46 Véase Secretaría de Guerra, “Disposiciones provisorias de defensa contra el Comunismo”, Boletín Reservado de la Secretaría de Guerra, Nº 3751, 16 de octubre de 1958, p. 1247; Boletín Confidencial de la Secretaría de Guerra, Nº 262, 24 de septiembre de 1959, p. 1.

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una intensa campaña de retiros espirituales en unidades militares de las tres armas, al menos, durante la década de 1960; para fechas posteriores, las fuentes consultadas no aportan informaciones sobre la continuidad o no de esta práctica. A partir de las publicaciones española, argentina y francesa de la Congregación puede apreciarse que, en especial en el Ejército, los padres Cooperadores desplegaron una intensa actividad de adoctrinamiento, con una amplia dispersión geográfica de su accionar.

2. 2. 2. “La Ciudad católica” argentina, otro refuerzo en el combate católico contra el comunismo La buena recepción que tiene el mensaje y la metodología de los padres Cooperadores en su “lucha contra el comunismo” favorecerá el surgimiento de una nueva experiencia de militancia del catolicismo intransigente, también con orígenes en Francia. Se trata de la creación, en marzo de 1959, de una filial del grupo laico La Cité catholique, fundada en Francia en 1946 por el propagandista Jean Ousset como un apéndice de los Cooperadores Parroquiales. En la Argentina se repetirá este mecanismo y por iniciativa de un sacerdote de la Congregación en misión por estas latitudes, nacerá “La Ciudad católica” argentina. El padre cooperador Georges Grasset reunirá a un criminal de guerra francés “refugiado” en la Argentina y amigo personal de Jean Ousset (Robert J. Pincemin), a uno de los militares más activos en la acción conspirativa por esos años (el coronel Juan Francisco Guevara), a un acaudalado militante católico (Mateo Roberto Gorostiaga) y a un reconocido miembro de la extrema derecha intelectual (Roberto Goyeneche) para constituir el núcleo originario de esta filial de la obra creada por Ousset. Respondiendo al modelo impuesto por Jean Ousset, esta obra laica pretendía la formación de una élite –“los mil”– para desencadenar un proceso de “re-cristianización” de la sociedad, valiéndose de las posiciones privilegiadas que los candidatos a ser formados por la “obra” ocupaban, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta élite sería cooptada por el trabajo militante de los miembros de “La Ciudad católica” y, una vez adecuadamente formados, por “capilaridad” irrigarían todo el cuerpo social con una nueva “savia católica” con el mensaje de la obra. El trabajo “de masas” se descartaba de plano y se optaba por un accionar discreto en ámbitos cuidadosamente se264


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leccionados: la justicia, la educación pública, el mundo militar y empresarial.47 La cooptación de esta élite la realizarían las “células” de “La Ciudad católica”, paradójicamente, un remedo del modelo leninista del partido en la clandestinidad, experiencia que había fascinado a Jean Ousset en su juventud.48 El vehículo privilegiado para la captación de nuevas adhesiones contemplaba dos fases: primero, el contacto personal y luego, la lectura de Verbo, publicación oficial de “La Ciudad católica”, que se encuentra disponible en todas las bibliotecas militares consultadas para esta investigación.49 El grupo estableció su sede en dos pisos del edificio de avenida Córdoba nº 679. “La Ciudad católica” argentina fue presidida inicialmente por Gorostiaga pero dirigida en los hechos por Grasset. Este sacerdote permanecerá ligado al grupo pero sin figurar en los primeros planos: su habilidad para obtener fondos favorecía este perfil discreto.50 Su órgano de difusión logró una importante inserción en el ámbito castrense, al punto de que “rebautizó” a la obra: en todas las entrevistas realizadas con militares, éstos se referían, sistemáticamente, a “La Ciudad católica” como el “grupo Verbo”. En lo que se refiere a la influencia ejercida en el mundo militar argentino, “La Ciudad católica” tenía en su contra un carácter elitista que provocaba cierto rechazo en la oficialidad ubicada en los estratos sociales menos acomodados, pero contaba a su favor con los excelentes lazos que sus miembros pudieron establecer con militares de alta graduación. Por otra parte, algunos de sus miembros consagraron su vida a hacer llegar el mensaje del grupo a los hombres de las Fuerzas Armadas. Para este poco conocido baluarte del catolicismo intransigente local había una relación directa entre la profesión militar y la religión católica en lo que concierne al lugar que “La Ciudad católica” asignaba a las Fuerzas Armadas en la sociedad contemporánea. Esto aparece

47 Recorriendo las páginas de Verbo, en especial a partir de 1967, pueden encontrarse publicidades de algunas de las más importantes empresas del momento, como Aerolíneas Argentinas, Renault, Olivetti, Pepsi, General Motors y Llavetex. 48 De Neuville, Raphaëlle, Jean Ousset et la Cité catholique, Bouère, Dominique Martin Morin, 1998. 49 Si bien ni la Hemeroteca de la Biblioteca ni la de la Biblioteca del Congreso de la Nación conservan ejemplares de esta revista, sí está disponible en las Bibliotecas de la Escuela Superior de Guerra argentina, en la Bibloteca Central del Ejército, en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Inteligencia y en la Biblioteca del Instituto Geográfico Militar. 50 En una entrevista telefónica, el padre Grasset manifestó que en lo referido a “La Ciudad católica” –tanto en Francia como en la Argentina- él prefería ser “como el agua: insípido, inodoro e incoloro”.

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en uno de los primeros textos publicados en Verbo sobre cuestiones castrenses y que, probablemente, sea uno de los escasos textos firmados por el padre Grasset en esta revista: Los suboficiales deben merecer una especial atención pues están en contacto inmediato con los hombres y deben ser los mensajeros del buen espíritu. Estos ideales serán realizados si los suboficiales tienen ardor patriótico y espíritu cristiano. Suboficiales obedientes se hacen obedecer y hacen amar a la obediencia. La tarea es pues, más que realizar actos públicos, eficaces por cierto, tales como una comunión general, el tratar con todo esfuerzo de formar las cabezas y los corazones de los oficiales y suboficiales. Tarea ingrata, tarea cotidiana, tarea constante. Hay que empezar de uno en uno. Cursos, conversaciones privadas, retiros, etc. Rece usted y sus compañeros y verán los frutos. Hay que elegir a los mejores, a los que podrán encuadrar a los otros y recuerde que los galones de la jerarquía deben ser concedidos a los mejores, a los más ardientes. Así se encuadrará a la tropa con una red de hombres, elegidos y ella responderá en todo. […] Empiecen a inculcar este espíritu en pequeños núcleos. Progresen lentamente. Hágase duro usted mismo, despójese, sea Héroe cristiano...51

2. 2. 2. 1. Carlos Alberto Sacheri (1933-1974) y la radicalización del discurso de “La Ciudad católica” Hacia 1967, “La Ciudad católica” experimentará una crisis de crecimiento. El coronel Guevara se había distanciado de Grasset por diferencias en materia de visibilidad del grupo y de acción política y Gorostiaga va a dejar el grupo tras su fugaz paso como secretario de Estado en el primer elenco ministerial del gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía.52 Todo ello provocó cambios importantes en la filial argentina: un joven intelectual, en relación directa con Jean Ousset, es “repatriado” para hacerse cargo de la presidencia del grupo. Se trata de Carlos Alberto Sacheri, por ese entonces residente en Canadá.53 Hijo del general Oscar Antonio Sacheri –Auditor del 51

G. G., padre, “Carta de un sacerdote a un militar”, Verbo, Buenos Aires, año I, N° 4, agosto de 1959, p. 30. 52 García Lupo, Rogelio, “Los cursillos de cristiandad: partido secreto de Onganía”, en García Lupo, Rogelio, Mercenarios y monopolios en la Argentina, Buenos Aires, Legasa, 1984, pp. 11-27. 53 Hernández, Héctor H., Entrevista personal, San Nicolás de los Arroyos, 22 de julio de 2004. También pueden consultarse: Hernández, Héctor H., “Sobre la vida de un mártir argentino: apuntes

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Ejército en el momento del golpe de 1955–, discípulo de Meinvielle y formado por Charles de Koninck y Jean Ousset, Sacheri fue un destacado tomista argentino y un infatigable adoctrinador. Podía disertar sobre los peligros de la “infiltración marxista”, con la misma pasión y compromiso, en un cuartel, en reuniones de la Acción Católica o de agrupaciones universitarias católicas, en casas de familia, al finalizar una misa en la aristocrática Parroquia del Pilar, en clubes y asociaciones barriales, en residencias del Opus Dei, en una escuela, acompañando en la Argentina como intérprete a Jean Ousset o en un club deportivo.54 Si bien en sus escritos se puede encontrar la misma virulencia y fanatismo que en Meinvielle o Genta, Sacheri, por el contrario, alcanzaría una sólida formación académica y una importante inserción universitaria, donde desempeñó importantes funciones, tanto en el ámbito privado como el público.55 Sacheri, valiéndose de sus lazos familiares, podía franquear las puertas de los cuarteles a piacere, e incluso, utilizar los medios de transporte militares para sus actividades como presidente de “La Ciudad católica” en relación con el ámbito castrense. La impronta que le imprimió Sacheri a la obra favoreció un salto para una biografía de Sacheri“, Cuadernos de Espiritualidad y Teología, San Luis, Centro de Estudios San Jerónimo, año IX, nº 24, p. 172; Hernández, Héctor H., Sacheri. Predicar y morir por la Argentina, Buenos Aires, Vórtice, 2007; Ousset, Jean, “L’Office et l’Hispanité”, Permanences, París, nº 175, diciembre de 1980, pp. 29-30. 54 Hernández, Héctor H., Rasgos biográficos, inédito, pp. 6-8. Otras referencias a su intensa actividad de “formación” y propaganda en VERBO, “Vida de La Ciudad Católica”, Verbo, Buenos Aires, año III, N° 26, julio de 1961, p. 43. 55 Sacheri tuvo, también, mucha gravitación en instituciones católicas, como el Instituto “J. B. Terán”, el Centro de Estudios Superiores “San Alberto Magno” y, sobre todo, en la Universidad Católica Argentina, donde fue un hombre de confianza del rector, monseñor Octavio N. Derisi. En dicha casa de altos estudios, ocupó las cátedras de Filosofía Social, de Introducción a la Investigación Social, del Seminario Filosófico-Sociológico, de Teoría Social I, II y III, de Temas de Sociología y Teología, de Sociología y Filosofía, y de Lógica y Teoría del Conocimiento, todas de la carrera de Ciencias Económicas (1967-1974). En Derecho, es Adjunto de Filosofía del Derecho y Derecho Natural, titular de Seminario Sociológico-filosófico, y titular de Filosofía. En Ciencias Fisicomatemáticas, es docente con “Funciones especiales” (cargo creado especialmente por Derisi para Sacheri). En Filosofía y Letras, se desempeña como titular de las materias Filosofía Social, Historia de la Filosofía Moderna y Doctrina Social de la Iglesia. Además, integra el claustro de profesores –algo que le repugnaría, pues consideraba a la Reforma Universitaria de 1918 una aberración- como consejero suplente por los profesores titulares ordinarios de la Carrera de Sociología. En la Universidad de Buenos Aires fue profesor de la materia Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas en el ingreso a la Facultad de Derecho, y posteriormente, con la intervención de 1973, fue designado Director del Instituto de Filosofía del Derecho. C.f. Hernández, Héctor H., Rasgos biográficos, inédito.

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cualitativo en la inserción de ésta en el mundo militar. Instaló la revista y los textos producidos por “La Ciudad católica” como material de consulta al alcance del personal militar y se posicionó como autoridad en dos cuestiones: la “infiltración marxista” en la Iglesia católica y en la Universidad pública. Sacheri “descubrió” que algunos “marxistas” estaban infiltrando al catolicismo y creando una Iglesia “clandestina” dentro de la Iglesia “oficial”. Durante 1969, al calor del auge de la protesta estudiantil y obrera y en el contexto de un catolicismo local convulsionado por el impacto del Concilio Vaticano II, Sacheri dio a conocer una serie de artículos en Verbo que en 1970 serían reunidos bajo el título de “La Iglesia clandestina.”56 El blanco elegido en su libro-denuncia es el recientemente creado “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo” (MSTM) y los señalados son los padres Miguel Ramondetti, Alberto Carbone, Jorge Vernazza y Milan Viscovich; también lanza severas acusaciones contra los jesuitas del Colegio Máximo y contra el director de la prestigiosa revista Criterio, el padre Jorge Mejía. Sacheri los catalagó como personas que emplean “métodos subversivos”, todos ellos vinculados a un “Plan Continental del marxismo maoísta” para conquistar América latina, según lo revelaba un documento de un “Comité Central Revolucionario Castrocomunista-Maoísta” publicado por el diario La Prensa el 11 de julio de 1969 y citado extensamente por Sacheri.57 El presidente de “La Ciudad católica” acompañó su prédica en Verbo con una intensa campaña en el ámbito periodístico y eclesiástico, que transformó su libro en un best seller de aquellos años.58 Junto a otra recopilación de artículos de su autoría (El orden natu56 El coronel Juan Francisco Guevara recuerda que la primera edición como libro traía una faja con una frase atribuida a Georges Bernanos: “Seremos fusilados por curas bolcheviques”; véase Hernández, Héctor H., Sacheri, op. cit., p. 304 57 A pesar de una diferencia de formación y de estilo, poco hay de diferente entre este exabrupto de Sacheri y el “Plan Andinia” de Walter Beveraggi Allende (panfleto antisemita difundido en noviembre de 1971 como una carta abierta al Secretario General de la C.G.T., José Ignacio Rucci, donde se denunciaba el proyecto de creación de un “Estado judío” en la Patagonia). Véase Sacheri, Carlos Alberto, La Iglesia clandestina, Buenos Aires, Ediciones del Cruzamante, 1977, pp. 109; 111-118. 58 Publicado por Ediciones del Cruzamante, el libro tendrá 4 ediciones entre abril de 1970 y enero de 1971; una quinta aparecerá en 1977, en el marco del boom editorial que tuvo todo el pensamiento contra-revolucionario entre 1976 y 1983. Durante 1972, estos artículos aparecerán por entregas en el diario La Mañana, de la provincia de Corrientes. Por su amistad con la familia Massot –propietarios del diario de extrema derecha La Nueva Provincia de Bahía Blanca-, Sacheri tuvo una amplia cobertura periodística de sus actividades y publicidad para sus escritos en un periódico de amplia tirada en el interior de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo tuvo un fuerte impacto en el medio local, dado el calibre de las denuncias –con nombre y apellido- hechas por Sacheri.

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ral59), este libro de Sacheri pasaría a integrar la lista de materiales de consulta ineludibles para los perpetradores del terrorismo de Estado.60 El proceso de protesta social que culiminó en el “Cordobazo” tuvo un enorme impacto en el seno de “La Ciudad católica”. La línea editorial que adopta la revista Verbo muestra que los sucesos de Corrientes, Resistencia, Rosario y Córdoba durante el primer semestre de 1969 habían marcado para Sacheri un punto de no retorno. Esto puede apreciarse en un dramático editorial publicado en Verboque había aparecido también como solicitada en los diarios La Razóny La Nación con la firma de Sacheri. En dicho texto, el presidente de “La Ciudad católica”echa por tierra toda esperanza de conciliación con los “enemigos de la Patria”. Siguiendo una estrategia argumentativa central en el catolicismo intransigente y en la extrema derecha, Sacheri liga en este texto hechos circunstanciales en una misma explicación para construir una denuncia sobre una acción planificada y concatenada. La “dirección por radio” de la violencia en Corrientes, la creación de “guerrillas urbanas en Rosario”, el corte de energía sufrido por la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969 y la participación de “activistas foráneos”en la revuelta obrero-estudiantilrespondían a un plan cuidadosamente orquestado y puesto en práctica por el “comunismo internacional.”61 Otro aspecto que caracteriza esta etapa de “La Ciudad católica” es la confluencia que se da con la interpretación del presente que vehiculiza Jordán Bruno Genta. Sacheri y sus amigos creen que –sobre todo después del secuestro y asesinato del teniente general Aramburu (mayo de 1970)– los tiempos se han agotado y ya es inviable cualquier solución que no fuera una “restauración católica” vía un gobierno militar diferente a los precedentes. Si el padre Meinvielle ha quedado recluido en la lógica y las prácticas de la extrema derecha62, para su discípulo Carlos Sacheri, en cambio, la década de 59

Existen varias ediciones, incluso una de Eudeba de 1979. Aquí se ha utilizado la de Ediciones del Cruzamante (5ta edición), 1980. 60 Una versión no confirmada totalmente dice que este libro se distribuyó gratuitamente al personal de las Fuerzas Armadas. De visita en la librería de uno de los grupos en los cuales se dividió “La Ciudad católica” argentina el autor de este capítulo pudo comprobar personalmente la pervivencia de la práctica de regalar La Iglesia clandestina. 61 Sacheri, Carlos Alberto, “A nuestros padres en la Fe”, Verbo, año XI, Buenos Aires, Nº 91, junio de 1969, pp. 3-5. 62 Entre 1963 y 1964, el padre Meinvielle ha sufrido un proceso por insania en el fuero civil y dos sanciones que lo obligan a retirarse de los cuarteles y a hacer pasar todos sus escritos por la censura eclesiástica previa. Por otra parte, se ha implicado en la orientación del grupo de extrema derecha “Tacuara”, que en su primera época lo tiene como referente.

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1970 es un momento de ascenso en las posiciones que ocupa y en el impacto de su prédica. En este contexto dominado por la emergencia de la guerrilla en tanto actor político, Sacheri comenzó a otorgarle cada vez mayor importancia a la cuestión de la respuesta “católica” que convenía frente al avance de la “infiltración comunista”. Los cambios en el léxico empleado son fuertes y evidentes. La palabra “enseñanza”, clave en la prédica de “La Ciudad católica” argentina, pierde su lugar central en los textos y es reemplazada progresivamente por el término “combate”. Este cambio lexical es acompañado por llamados a la “resistencia” de los católicos ante el progreso de sus “enemigos.”63 El lenguaje se militariza, el discurso se polariza aún más y las opciones se reducen a su mínima expresión La disyuntiva es total y no admite posturas intermedias: o bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o, por el contrario, se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano, la segunda, es la de la Revolución Anticristiana: Quien no está conmigo, está contra mí; quien no recoge conmigo, desparrama. Tal es el juicio de Nuestro Señor, tal es el único criterio auténticamente cristiano.64

La solución para los problemas argentinos sólo podía venir de un cambio profundo en todos los niveles de la sociedad. Ante la solución adoptada por el general Lanusse para poner fin a la “Revolución Argentina” que conducía al retorno del peronismo al poder, Verbo decía a sus lectores, anticipándose a los planes del gobierno militar de 1976: Ya no podemos, pues, limitarnos a conservar, a acondicionar el sistema en que vivimos, pues el sistema se identifica con la crisis. Debemos prepararnos para una honda renovación de la sociedad argentina, en su política y su cultura, en su economía y su milicia. No nos detengamos un instante en el nivel de las fórmulas tramposas con que un régimen sin gloria y sin estilo procura demorar su agonía. Preparémonos para el combate fecundo, en que la Patria deberá elegir entre ser modelo de sus hermanas o dejar de ser ella misma.65 63

Verbo, “Preparar el Congreso”, Verbo, Buenos Aires, año XII, n° 106-107, noviembre-diciembre de 1970, p. 78. 64 Sacheri, Carlos Alberto, La Iglesia clandestina, op. cit., p. 15. 65 “Superficie y entraña de nuestra coyuntura política”, Verbo. Formación para la acción, Buenos Aires, nº 119, abril de 1971, p. 4.

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Con el triunfo de Cámpora en mayo de 1973, Sacheri y “La Ciudad católica” ven más sombrío que nunca el porvenir: había llegado el momento de una militancia “heroica” de los católicos para librar a la sociedad de las garras del “marxismo” que ya se había instalado en el gobierno. En una conferencia dictada ante público universitario, Sacheri señaló que la Argentina necesitaba un “baño de sangre” en el cual “purificarse”, representación que alcanzaría cierta popularidad en boca de un obispo, años más tarde. Recurriendo a un texto bíblico –la “Carta a los hebreos” (9:14-22)– ilustró a los asistentes con la siguiente parábola: Sin sangre no hay redención. Yo no creo jugar a la fácil profecía (porque son hechos que ya se están dando en la realidad argentina), en la Argentina de 1973 correrá mucha sangre; y si nosotros, los católicos, universitarios católicos, no estamos dispuestos a dejar correr nuestra propia sangre en una militancia heroica, la Argentina será marxista y no será católica. En nuestras manos está eso. Sin sangre no hay redención, y lo que vale en el orden estrictamente sobrenatural para el cual habla San Pablo de la redención de Cristo, vale también para la redención secular de una Argentina, de una sociedad tradicionalmente cristiana que debe reencontrarse definitivamente a sí misma en el sendero del cual la apartó el liberalismo…66

Esta purificación que piden Sacheri y “La Ciudad católica” se lanzó con furia en la etapa final de la vida y del gobierno del general Perón, cuando bajo la conducción y protección del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, comenzó a operar el grupo paramilitar conocido como “Alianza Anticomunista Argentina.”67 La cacería de disidentes en pos de la “purificación” fue contestada por la guerrilla, perdida políticamente pero aún con una importante capacidad operativa, registrándose una proliferación inédita de 66 Intervención de Carlos Sacheri en la “Jornada de estudios sobre el marxismo” que organizaron Círculo de Acción Universitaria y la Agrupación Misión en la Universidad Católica Argentina, el 9 de junio de 1973. Circuló como separata y en forma póstuma apareció en la revista Verbo. Véase Sacheri, Carlos Alberto, El universitario frente a la ideología marxista, Verbo, Buenos Aires, nº 243, 1984, pp. 26-28. Según el biógrafo de Carlos Sacheri, fue la “conferencia más famosa” del presidente de la Ciudad católica argentina. La agrupación organizadora aglutinaba a ex alumnos del Colegio San Pablo y contó con el padre Luis Etcheverry Boneo y Enrique Morad, entre otros; Véase Hernández, Héctor H., Sacheri, op. cit., pp. 50-52. 67 Gasparini, Juan, La fuga del brujo. Historia criminal de José López Rega, Buenos Aires, Norma, 2005; González Janzen, Ignacio, La Triple-A, Buenos Aires, Contrapunto, 1986; Larraquy, Marcelo, López Rega. La biografía, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

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asesinatos políticos entre 1974 y 1975.68 En este contexto, Jordán Bruno Genta (27 de octubre de 1974) y Carlos Alberto Sacheri (27 de diciembre de 1974) son asesinados por dos comandos pertenecientes a organizaciones guerrilleras marxistas.

2. 2. 2. 2. “La Ciudad católica” argentina y la justificación del empleo de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas En febrero de 1975, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional para combatir a la guerrilla. Primero, restringida a la provincia de Tucumán (“Operativo Independencia”) y en octubre de ese año, ampliada a todo el territorio nacional, la presidenta María Estela Martínez de Perón ordenó a los militares aniquilar el accionar de la guerrilla. El general Acdel Edgardo Vilas fue designado como comandante en jefe de la fuerza de tareas –numéricamente equivalente al total de hombres desplegados sobre las islas Malvinas en abril-mayo de 1982– destinada a combatir a la llamada “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). Este destacamento, que llegó a contar con alrededor de cien combatientes, estaba compuesto en su mayoría por jóvenes urbanos, sin experiencia de combate ni entrenamiento en una geografía como la del monte tucumano.69 Una vez concluido con éxito el operativo a su cargo, el general Vilas preparó un informe sobre su experiencia en el mismo. El texto fue censurado y su difusión prohibida por el Comando en Jefe del Ejército argentino dado que el general Vilas comentaba abiertamente la violación de los derechos humanos de los prisioneros, los primeros ensayos de centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas producidas por las tropas bajo su mando. Lo más interesante a los fines de este trabajo es que Vilas sos68

Una reconstrucción del clima que se vivió en esos años puede consultarse en el exitoso y tendencioso libro -nutrido con informes de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE)- de un joven testigo de aquellos días; véase Yofre, Juan Bautista, “Nadie fue”. Crónica, documentos y testimonios de los últimos meses, los últimos días, las últimas horas de Isabel Perón en el poder, Buenos Aires, Edición del autor, 2006. 69 Anguita, Eduardo, La guerrilla rural en Tucumán (1966-1976), documental en video, Editado por el periódico “Miradas al sur”, Buenos Aires, 2007.

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tenía que dichas acciones eran el resultado de un mandato divino, como lo consignaba el título que le asignó al capítulo correspondiente.70 Si se tienen en cuenta estas consideraciones del general Vilas, el adoctrinamiento recibido por los militares de parte del catolicismo intransigente había, finalmente, trascendido el plano de las mentalidades y se había llevado a la práctica. En “La Ciudad católica” argentina pensaron que, quizás, era necesario hacer una última revisión de los conceptos básicos del adoctrinamiento ya comentado, ahora que las cartas parecían definitivamente echadas. Por ello, desempolvaron un viejo ensayo escrito por Jean Ousset y el capitán Gérard de Cathelineau destinado a justificar los crímenes contra la humanidad cometidos por los militares franceses contra los independentistas argelinos. La revista Verbo publicó una versión local del polémico ensayo sobre la moral y la “guerra revolucionaria” de 1958.71 Para “La Ciudad católica”, todo lo hecho por las Fuerzas Armadas en Tucumán estaba legitimado, en primera instancia, por la “justicia” de la causa que defendían los militares, y luego, en tanto respuesta a una “agresión previa”. La fiel traducción publicada homologaba al capitalismo con un pretendido “orden natural” y así, por la vía silogística, el cuestionamiento del orden vigente se transformaba en un ataque contra Dios y el catolicismo. Algunos en “La Ciudad católica” argentina se animaron a plantear la cuestión de la conflictividad social y la represión de la actividad guerrillera explícitamente en términos de una “guerra de religión.”72 70 Vilas, general Acdel Edgardo, Diario de campaña. Tucumán: De enero a diciembre 1975, Sin editorial [mimeo, reproducido de una fotocopia del original], sin fecha, Primera parte: “Dios lo quiso”, pp. 6; 14. Una copia se conserva en la Biblioteca del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) y se puede consultar en la web (www.nuncamas.org). En su testimonio, el general Vilas revelaba la comisión de actos ilegales durante la represión de la guerrilla y que la misma ya estaba vencida antes del golpe de Estado de marzo de 1976. Según el periodista Alipio Paoletti, este texto fue escrito en 1977 e inmediatamente fue vetado por las autoridades del Ejército para su difusión pública. Véase Paoletti, Alipio, Como los nazis, como en Vietnam, Buenos Aires, Ediciones Contrapunto, 1987, pp.16-17. 71 EL CENTURION, “Moral, derecho y guerra revolucionaria (I)”, Verbo. Formación para la acción, Buenos Aires, nº 157, octubre de 1975, pp. 16-30; EL CENTURION, “Moral, derecho y guerra revolucionaria (II)”, Verbo. Formación para la acción, Buenos Aires, La Ciudad católica, nº 158, noviembre de 1975, pp. 7-30; EL CENTURIÓN, “Moral, derecho y guerra revolucionaria (III)”, Verbo. Formación para la acción, Buenos Aires, La Ciudad católica, nº 159, diciembre de 1975, pp. 39-53. 72 Guinea, Félix, “Los diez errores de la lucha antisubversiva”, Verbo. Formación para la acción, Buenos Aires, nº 159, diciembre de 1975, p. 11. Es interesante señalar que en un pasaje de este artículo se prohibe taxativamente el uso de la tortura en la represión de la guerrilla. En el mismo número de Verbo se publica la tercera parte del famoso artículo escrito por Jean Ousset y Gérard de Cathelineau donde se dice lo contrario.

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Ahora que las Fuerzas Armadas se habían involucrado institucionalmente en la “guerra”, en “La Ciudad católica” argentina no dudaron en apoyarlas reafirmando que no existía ninguna atadura ni limitación en el combate contra un enemigo que quería acabar con el “modo de ser argentino”, es decir, “occidental y cristiano”. Esta violencia adquiría un inequívoco sentido “cristiano”, pues se aplicaba en lo que definían como una “guerra justa” llevada a cabo por soldados católicos.

3. La “doctrina de la guerra revolucionaria” en la Argentina Este panorama sobre el adoctrinamiento recibido por los perpetradores del terrorismo de Estado no estaría completo sin incluir en él a la denominada “doctrina de la guerra revolucionaria”, un informe conjunto de ideas de diferente procedencia cuya finalidad última era una revitalización de las tesis colonialistas del siglo XIX. Nunca sistematizada en manual o libro alguno, esta doctrina era, además de un remozado colonialismo à la française, un conglomerado de sociología vulgarizada, técnicas de marketing aplicadas a la realidad social y psicometría, todo ello presentado en un formato modernizante y pseudocientífico.73 La “doctrina de la guerra revolucionaria” había nacido como una justificación de la derrota militar francesa en la guerra de Indochina (1954). Según el análisis hecho por el alto mando, la derrota se había producido porque los independentistas vietnamitas habían recurrido –con ayuda de chinos y soviéticos– a un nuevo tipo de forma de combate, fundamentalemente ideológica y que no se decidía en el campo de batalla, sino en “las mentes y los corazones” de las poblaciones sometidas o pauperizadas. Los “agentes comunistas” las habían sometido a un “adoctrinamiento comunista” a fin de convencerlas de rebelarse contra la autoridad constituida. Esto explicaba que los franceses no hubieran podido vencer a un ejército popular y peor pertre73 Dufour, Jean-Louis, Vaïsse, Maurice, La guerre au XXe siècle, Paris, Hachette, 1993; Dubreil-Villatoux, Marie-Catherine, Villatoux, Paul, La guerre et l’action psychologiques en France (1945-1960), tesis de Doctorado, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dirección : Maurice Vaïsse, marzo de 2002, 4 Vols; Géré, François, La pensée et la politique militaire françaises sous la quatrième République, de la guerre totale à la guerre révolutionnaire : conception et emploi de l’arme psychologique, tesis de Doctorado, Université de Paris III, 5 vols., 1993; KELLY, John Armstrong, Soldats perdus. L’armée française en crise, 1947-1962, Paris, Fayard, 1965.

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chado. Llegaron a la conclusión de que este escenario bélico podía repetirse en cualquier país, pues la “guerra revolucionaria” era una herramienta al servicio de una estrategia a escala planetaria diseñada e implementada por la Unión Soviética en pos de lograr la dominación mundial.74 Así describía los procedimientos habituales en este tipo de confrontación un oficial francés, combatiente en las guerras de Indochina y Argelia, de paso por Buenos Aires: El fin de los partidarios de la subversión es una transformación más o menos completa del orden establecido. Este fin puede ser total y tender al trastorno de la sociedad a la cual se quiere sustituir con otra forma de sociedad, como en el caso de la guerra revolucionaria. Dicho objetivo puede ser también más limitado, como la obtención de un cambio en la forma del régimen social o simplemente de la caída de un gobierno, y puede perseguir finalmente, un propósito parcial como la consecución de libertades o ventajas en determinadas esferas. De todas formas, la subversión debe cumplir una etapa obligatoria: la conquista del apoyo de las poblaciones.75

¿Por qué los militares argentinos se interesaron y encontraron tan atractiva a una doctrina producida por un ejército derrotado y que respondía a una situación ajena como la colonial? Es cierto que, a pesar de todo, el pensamiento militar francés conservaba un prestigio quizás injustificado en el ámbito castrense argentino, difícil de explicar exclusivamente por razones de snobismo intelectual. La respuesta está en el componente religioso que incluía este conjunto de ideas y que se acoplaba perfectamente al adoctrinamiento que recibían de parte del catolicismo intransigente. La importación y adaptación de esta doctrina tuvo dos consecuencias, fundamentalmente. En primer término, permitió traducir al lenguaje militar el adoctrinamiento recibido de parte de católicos intransigentes y extremistas de derecha. En segundo lugar, iba a consolidar la tendencia hacia la “internacionalización” de los conflictos locales, colocando la antinomia peronismo-antiperonismo en la lógica de la Guerra fría.76

74 Lacheroy, coronel Charles, “La campagne d’Indochine ou une leçon de guerre révolutionaire”, Centre d’études asiatiques et africaines, París, 1954; Lacheroy, coronel Charles, “Scénario-type de guerre révolutionnaire”, Revue des Forces terrestres, Paris, n° 6, octubre de 1956, pp. 25-30. 75 Gran D’Esnon, teniente coronel Henri, “Guerra subversiva”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, N° 338, octubre-diciembre de 1960, p. 343. 76 Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Volumen 2, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 156-159.

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Como se dijo, Meinvielle, Genta, los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey y “La Ciudad católica” trabajaban para instalar en la mentalidad militar la idea de que el peronismo y la democracia “abrían” las puertas a la infiltración comunista. El peronismo perseguido iba a dar bien el physique du rôle en el papel de los independentistas argelinos para adaptar perfectamente la “doctrina de la guerra revolucionaria” al contexto argentino, siguiendo a Samuel Amaral.77 Coincide con esta apreciación Rosendo Fraga, para quien “el giro del peronismo hacia la resistencia armada y hacia el terrorismo en los primeros años del gobierno de Frondizi, hizo que –para la percepción militar–, el peronismo y el comunismo se asemejaran como amenazas de tipo insurreccional.”78 Para el imaginario militar argentino, éste era el tipo de prueba que no dejaba lugar a dudas sobre el ataque del “comunismo internacional” que sufría la Argentina. La presencia circunstancial de un oficial argentino en la Escuela Superior de Guerra francesa marcó el comienzo de una intensificación de los intercambios de saberes y de hombres entre ambos ejércitos que abriría la puerta para la “importación” de la “doctrina de la guerra revolucionaria.”79 La delegación diplomática francesa en Buenos Aires, en su afán por abrir el mercado de armamentos para la industria militar de su país, jugará a favor del fortalecimiento de la presencia francesa en el ámbito castrense local y se esforzará por promocionar y apoyar la difusión de esta doctrina; éste era el único interés a nivel estatal.80 77

Amaral, Samuel, Guerra revolucionaria: de Argelia a la Argentina, 1957-1962, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, Investigaciones y Ensayos 48, enero-diciembre de 1998. 78 Fraga, Rosendo, El Ejército y Frondizi (1958-1962), Buenos Aires, Emecé, 1992, p. 26. 79 García Lupo, Rogelio, “Indagaciones. Generales argentinos entre Francia y EE.UU.”, Clarín, Buenos-Aires, Suplemento “Zona”, 22 de abril de 2001, p. 7. 80 Mazzei, Daniel, “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, nº 13, 1998, pp. 105-137; Oliveira-Cézar, María, “Las raíces francesas de la guerra antisubversiva”, Todo es Historia, Buenos Aires, nº 422, septiembre de 2002, pp. 24-35; Perilli, Carina, “From Counterrevolutionary Warfare To Political Awakening: The Uruguayan and Argentine Armed Forces in the 1970’s”, Armed Forces and Society, Volumen 20, nº 1, otoño de 1993, pp. 25-49; Périès, Gabriel, De l’action militaire à l’action politique. Impulsion, codification et application de la doctrine de la “guerre révolutionnaire” au sein de l’Armée française (1944-1960), tesis de Doctorado, Université de París I, 3 tomos, 1999; Picciuolo, coronel José Luis, “La Escuela Superior de Guerra después de la revolución de 1930 y hasta mediados del siglo XX”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, nº 523, octubre de 1996, p. 34.

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La “doctrina de la guerra revolucionaria” se difundió como un verdadero reguero de pólvora y se planteó como una explicación totalizadora del contexto local y del internacional para los adoctrinados. Por ejemplo, el Ejército argentino, ya en 1958, se consideraba como una fuerza en operaciones en medio de una conflagración mundial, y para ello se preparaba, como lo muestra esta “advertencia” para su personal superior: Disposiciones provisorias de defensa contra el Comunismo. Esta Secretaría, ante la existencia real y palpable de la infiltración en el país, del movimiento “político totalitario comunista” en todos los niveles sociales, enmascarado bajo diversas formas de la dialéctica filosófica de Marx y respondiendo a U.R.S.S.; hace un deber, además de tomar las resoluciones más convenientes al caso, hacer un llamado de atención al personal del Cuadro Superior del Ejército. Toda la actividad nacional, desde la Revolución, ha sido objeto de una fría y calculada especulación por parte del movimiento “político totalitario comunista” con el propósito evidente de llegar al desmembramiento del orden jurídico en que se desenvuelve el Estado. En lo social, en lo político y en lo económico su acción clandestina ha sido sorprendentemente clara. Además, ha estructurado una “quinta columna intelectual” disfrazada de humanitarista y democrática, que paulatinamente se ha ido penetrando en el orden educacional: propaganda de prensa, radioeléctrica, televisada y cinematográfica; Escuelas, Colegios, Universidades, etc. Por lo tanto y hasta que a muy breve plazo lleguen a todos los Comandos, Organismos, Unidades y dependencias las directivas concretas para contrarrestar dicha acción, los mismos deberán extremar las medidas de seguridad, control, información y contraofensiva psicológica que determinan las Disposiciones Especiales sobre Información agregadas a las Directivas de CONINTES Nos 5 y 6 del 7-II-58 y 1-X-58.81

A través de cursos, conferencias, asesoramiento personal, traducciones de reglamentos militares franceses, publicaciones en libros y revistas especializadas, diseño y realización de ejercicios militares en “ambiente subversivo” y con una importante dosis de esnobismo, la “doctrina de la guerra revolucionaria” se abrió camino desde el ámbito castrense y logró instalarse como una interpretación correcta de la situación política y social que vivía la Argentina, en especial, durante los gobiernos de Frondizi y de Illia. Esta trans81

Secretaría de Guerra, Disposiciones provisorias de defensa contra el Comunismo, Boletín Reservado de la Secretaría de Guerra, n° 3751, 16 de octubre de 1958, p. 1247.

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misión de experiencias y conocimientos entre militares franceses y argentinos hizo evidente para los locales que el “enemigo comunista” estaba ya infiltrado en la sociedad argentina y ponía en práctica los métodos que habían conocido los franceses en Argelia e Indochina. Es interesante señalar que esta influencia francesa permaneció firme incluso cuando las Fuerzas Armadas argentinas quedaron incorporadas al esquema de defensa de los intereses estadounidenses en la región bajo los auspicios de otro marco doctrinario, conocido como “doctrina de seguridad nacional”. También la política de seguridad interna que se aplica durante el período bajo estudio es tributaria de las premisas fundamentales de esta influencia francesa.82 La reglamentación interna del Ejército argentino en materia de conducción de tropas, de inteligencia y de acción psicológica, en especial, a partir de 1968, muestra la preponderancia de la matriz francesa, además de la buena convivencia con los aportes estadounidenses en la materia. En esta normativa, las Fuerzas Armadas no contemplaban otra posibilidad que el aniquilamiento del enemigo “subversivo.”83

4. Conclusiones ¿Cuándo un nacionalista argentino se transforma en un facho irrecuperable?: cuando empieza a odiar al bandoneonista Osvaldo Pugliese porque fue comunista… (Autor anónimo).

El epígrafe que inicia sintetiza cómo fue ese proceso de adoctrinamiento llevado a cabo por elementos del catolicismo intransigente y de la extrema 82

Para un análisis general, véase Fraga, Rosendo M., La política de defensa argentina. A través de los mensajes presidenciales al Congreso, 1854-2001, Buenos Aires, Instituto de Historia Militar Argentina, 2002. Para un análisis específico de este tema durante el período 1955-1976, puede consultarse Ranalletti, Mario, Du Mékong au Río de la Plata, op. cit., tercera parte, 2006. 83 Ranalletti, Mario, La legitimación de la tortura como herramienta en tareas de inteligencia. Estudio de caso a partir de los reglamentos del Ejército argentino (1968-1976), Segundo encuentro internacional: “Análisis de las prácticas sociales genocidas. De Europa a América Latina y más allá: la continuidad de las prácticas sociales genocidas”, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 20 al 22 de noviembre de 2007.

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derecha. Definir al peronismo como un “engendro satánico” no evidencia ningún tipo de agudeza política ni de solidez intelectual. Individuos que pensaban de esa manera fueron considerados como “maestros” por una buena parte de la oficialidad que hizo su formación profesional entre 1955 y 1976.84 Cada vez que se incrementaba el descontento y la protesta social, los adoctrinadores insistían en que era la confirmación de su diagnóstico sobre la realidad de la “guerra revolucionaria” en la Argentina. No se trata, de ningún modo, de exabruptos ni de descuidos. Esta estigmatización del peronismo fue el primer paso de una vasta y prolongada operación discursiva y educativa que desembocará en la completa deshumanización de quienes serán las víctimas del terrorismo de Estado. El proceso de adoctrinamiento abordado en este trabajo tuvo su eje central en la manipulación del concepto de “subversión” y en la amalgama entre política y religión católica. “Subversión” pasó a convertirse en una especie de noción “vale todo”, pues se definía de manera tan amplia y laxa, con límites tan imprecisos, que podía incluirse en ella a todo lo que adoctrinadores y adoctrinados temían y odiaban: el liberalismo, la izquierda, la atenuación de las desigualdades sociales, los judíos, la democracia y la soberanía popular. En el marco del adoctrinamiento, “subversión” y sus derivados (delincuencia subversiva, subversión apátrida, “zurdos”, etc.) adquirieron un contenido que combinaba nociones de derecho penal con la “resucitada” teoría de la “guerra justa”. Esto fue rápida y acríticamente asimilado por los futuros perpetradores del terrorismo de Estado. Sin dudas, esta asimilación se vio favorecida por una circunstancia estructural: la experiencia “de combate” disponible se reducía a la represión del activismo obrero y estudiantil.85 No repararon en la lógica de los maníqueos planteos que les proponían sus “formadores”, absorbidos como estaban por el clima apocalíptico de la Guerra fría, la violencia 84

En la revista Combate, se llegó a denunciar la connivencia del Fondo Monetario Internacional con el comunismo internacional, o que la “Revolución Libertadora” conducía al país hacia el comunismo; c.f. “El F.M.I. al servicio del comunismo”, Combate, Buenos Aires, N° 82, 1960, p. 3; Genta, Jordán Bruno, “Normalidad soviética. La revolución liberticida conduce al país hacia el bolcheviquismo”, Combate, Buenos Aires, N° 45, 1958, p.1. 85 Pontoriero, Gustavo, Seguridad y desarrollo en las relaciones interamericanas de posguerra (con atención al caso argentino), Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Carrera de Historia, Universidad de Buenos Aires, 1988, cap. III.

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creciente del enfrentamiento peronismo-antiperonismo y debido a su pobre formación intelectual. Las consecuencias de este adoctrinamiento han sido –y son aún– graves. Confundiendo cualquier reclamo social u oposición política con las manifestaciones de un “enemigo interno” oculto y acechante –especialmente en el movimiento obrero y las agrupaciones estudiantiles–, los militares y sus aliados civiles cumplían al mismo tiempo con dos objetivos claves para los adoctrinadores: convertían a las Fuerzas Armadas en garante del orden establecido e internacionalizaban la política argentina incorporándose plenamente a la fobia anticomunista que dominaría toda la Guerra fría. Hay indicios que muestran que las nociones transmitidas por este adoctrinamiento se encuentran vigentes en los claustros castrenses.86

86

Véase Laje, Enrique J. padre, “Influencias de la cosmovisión católica que operaron en la evolución de las instituciones militares argentinas”, II Congreso internacional de historia militar argentina, Buenos Aires, Ejército argentino, Comando de Educación y Doctrina e Instituto de Historia Militar argentina, noviembre de 2005, pp. 1253-1274.

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Entrevistas realizadas BROWN, Fabián coronel, Director del Servicio Histórico del Ejército argentino, Buenos Aires, Archivo Histórico del Ejército Argentino, 8, 9 y 16 de agosto de 2004. CAMPANILE, Ernesto, (ex alumno del Liceo Militar de la Nación, 1964), Entrevista personal, Buenos Aires, 26 de marzo de 2006. COVELLO, Alejandro comandante, Entrevista personal, Buenos Aires, 25 de febrero de 2009. DÍAZ, Claudio (Responsable del Club del Libro Cívico), Buenos Aires, 6 de julio de 2004. FRAGA, Rosendo Dr., Correo electrónico, 12 de agosto de 2004. GARCÍA LUPO, Rogelio, Entrevista personal, Buenos Aires, 20 de julio de 2004. GARCÍA PIOTTI, Alejandro teniente coronel (Responsable “Licenciatura en Administración”, Instituto Universitario del Ejército Argentino), Buenos Aires, Escuela Superior de Guerra argentina, 5 de agosto de 2004. GRASSET, Georges padre, Entrevistas telefónicas, París, 21 de septiembre de 2001, Buenos Aires, 24 de julio de 2004. HERNANDEZ, Héctor H. Dr., (ex miembro de “La Ciudad católica” argentina), San Nicolás de los Arroyos, 22 de julio de 2004. M., (seudónimo de un ex ejercitante que realizó un retiro con el padre Georges Grasset), Entrevista personal, correo electrónico, París, 20 y 28 de marzo de 2005 y Buenos Aires, 21 de febrero de 2009. MORALES GORLERI, Claudio teniente coronel, Director de “Planes” de la Escuela Superior de Guerra Argentina, Buenos Aires, Escuela Superior de Guerra argentina, 5 de agosto de 2004. PEREDA BULLRICH, Hernán R.P., Superior de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, Correo electrónico, 8 de marzo de 2005; Entrevista personal, Casa de Fátima (J.J. Paso 8385, Fisherton, Rosario), 10 de marzo de 2005. ROSAS, Carlos Diego, Buenos Aires, 9 de julio de 2004. SMITH, Edgar (seudónimo, ex miembro de “Tacuara”), Entrevista personal, Correo electrónico, 20 de julio de 2005. SPERONI, José Luis coronel, Profesor de la Escuela Superior de Guerra Argentina, Buenos Aires, Escuela Superior de Guerra argentina, 4 de agosto de 2004. TRENTO, Esteban, Entrevistas personales, correo electrónico, febrero-marzo de 2006. ZAPPIETRO, Eugenio Juan Comisario Inspector (R), Museo de la Policía Federal (Buenos Aires), 26 de julio de 2004. 281


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Sobre los autores Daniel Feierstein Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y es titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Universidad de Buenos Aires. Es Vicepresidente de la International Association of Genocide Scholars. Entre sus últimos libros se cuentan Genocidio como práctica social (FCE, 2007) y Seis estudios sobre genocidio (reeditado por Del Puerto, 2008). E-mail: [email protected]

Lucrecia Molinari Lic. en Sociología (UBA) - Maestranda en Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Integra el Proyecto UBACYT “Hacia una reconstrucción de las memorias del genocidio en Argentina. Construcción de un archivo de testimonios de los ex-detenidos en campos de concentración o cárceles durante la última dictadura militar”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. E-mail: [email protected]

Esteban de Gori Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Becario Posdoctoral (CONICET). Coordinador del Grupo de Investigación sobre Centroamérica, México y el Caribe (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

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Julieta Carla Rostica Lic. en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Es becaria de CONICET. Docente de Historia Social Latinoamericana de la Carrera de Sociología (UBA) y miembro del equipo que investiga Las condiciones sociohistóricas de la democracia y la dictadura en América Latina con sede en IEALC.

Marcelo Ferreira Profesor Titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en las causas en Colombia y Guatemala.

Alvaro Rico Doctor en Filosofía. Docente de Ciencia Política y Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República Oriental del Uruguay. Coordinador de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos de la Presidencia de la República y de la Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay de la Universidad. E-mail: [email protected]

Pamela Morales Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becaria de doctorado del CONICET. Integra el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, entre otros: Tensiones y fisuras de la ciudadanía: análisis de la figura del refugiado y Refugio y soberanía. Algunas reflexiones en torno de los conceptos y las prácticas del ACNUR. 284


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Carlos José Pérez Ramos Licenciado y Profesor en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Proyecto UBACYT “Hacia una reconstrucción de las memorias del genocidio en Argentina. Construcción de un archivo de testimonios de los ex-detenidos en campos de concentración o cárceles durante la última dictadura militar”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. E-mail: [email protected]

Gabriel Périès Doctor en Ciencias políticas y en Ciencias de la Información y de la Comunicación, París-I Sorbonne. Profesor e investigador en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Evry. Licenciado en Derecho de Paris I Panthéon-Sorbonne. Desempeña como jurista la función de juez asesor representante del UNHCR en la Corte Nacional del Derecho de Asilo (CNDA) francesa. Especializado en el análisis de las doctrinas militares contrainsurgentes y en estrategia teórica, tiene numerosas publicaciones sobre estos temas. Es co-autor, con David Servenay, de Una guerra negra, publicado en el 2007 en La Découverte y de próxima aparición en español Prometeo, dentro de la presente colección.

Mario Ranalletti Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Historia por el Institut d’études politiques de París. Su tesis de doctorado trata sobre las influencias del catolicismo, de la extrema derecha y del pensamiento militar francés en los orígenes del terrorismo de Estado aplicado en Argentina. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Maestría y el Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es investigador asociado en el Centro de Estudios sobre Genocidio de dicha Universidad.

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Daniel Feierstein (ed.)-Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina.pdf

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