Temario: Este cuadernillo fue realizado por la Centeno Derecho con el fin de ayudar a sistematizar los diferentes temas que se plantearon desde la Procuración General de la Nación como relevantes.
Sistema Constitucional: Constitucional: Unidad 1: Preámbulo Unidad 2: Funciones y atribuciones de cada poder poder del Estado. Estado. Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Ministerio Público (composición, atribuciones, formas de elección, condiciones para ser nombrado, cantidades) (ver anexo CN selección de artículos)
EL Ministerio Público Fiscal: Unidad 1: Procedimiento penal Unidad 2: funciones, como se elige al Procurador. Unidad 3: Las nuevas procuradurías creadas por la LMPF en virtud del sistema acusatorio. Fiscalías especiales, procuradurías, etc. El Ministerio Público Fiscal y la Cuestión de Género. Unidad 1: conocimiento de las leyes y convenciones relacionadas con la materia. Unidad 2:. Funcionamiento Funcionamiento de la UFEM
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Unidad 1: Preámbulo de la Constitución de la República Argentina Los temas en este este punto poseen una profundidad más amplia amplia que el nivel nivel requerido. Sin embargo nos parece la mejor forma forma de encararlo para evitar evitar posibilidades de error. error. En el anexo de este cuadernillo adjuntamos una selección de artículos de la CN para un estudio completo pero menos preciso.
“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.”
Análisis del texto: El Preámbulo refleja, en primer lugar, una manifestación de fe en el pueblo como fuente de poder, ya que extrae la legitimidad de la representación de los constituyentes del pueblo de la Nación Argentina. En segundo lugar, reconoce la preexistencia histórica de las provincias, sin cuya voluntad no hubiera sido posible organizar el Estado. En tercero, plasma las ideas dominantes del orden constitucional. En cuarto, expresa las finalidades fundamentales del Estado. Sus partes constitutivas: A) Nos, los representantes representantes del pueblo de la Nación Argentina. La unión de las provincias constituyó la Nación y el conjunto del pueblo de aquéllas formó el pueblo soberano, cuyos representantes sancionaron la Constitución. Son los representantes del Pueblo de la Nación quienes ordenan, decretan y establecen la Constitución. En 1853 sólo faltó la voluntad del pueblo de Buenos Aires. B) Reunidos en Congreso General Constituyente. Constituyente. El Congreso de Santa Fe fue general, porque a excepción de los delegados de Buenos Aires, estaban reunidos los representantes de las demás provincias argentinas. Fue constituyente porque en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se convino que el Congreso se reuniría con el objeto de sancionar la Constitución en ejercicio del poder constituyente. constituyente. C) Por voluntad y elección de las provincias que la componen. El Congreso se reunió por voluntad de las provincias. Sin esa voluntad, no hubiera sido posible organizar el Estado, como lo que ocurrió en los fallidos intentos de 1819 y 1826. D) En cumplimiento de pactos preexistentes. A través de esos pactos, las provincias reconocían que eran entidades autónomas integrantes de la Nación, regulaban sus relaciones y resolvían problemas comunes. Además, muchos pactos ratificaron la voluntad de llegar a la Constitución y sentaron las estructuras básicas del futuro constitucionali cons titucionalismo. smo.
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E) Con el objeto de... El enunciado abarca seis fines, bienes o valores, condensando la ideología de la Constitución y el proyecto político que ella estructura, los mismo son: 1) Constituir la unión nacional. Hasta 1853, la unidad nacional sólo existía como sentimiento; no se había constituido la República en Estado. La Constitución forma la unidad federativa con las provincias históricamente preexistentes. Esta cláusula tiene permanente vigencia en nuestro país, cuya sociedad precisa reconciliarse, después de profundas divisiones y escisiones, derivadas de hondos enfrentamientos, disturbios, desasosiegos, desajustes y pujas. 2) Afianzar la justicia. Significa asegurar la justicia como valor supremo del mundo jurídico-político y consolidar su administración como función del poder, a cargo de un órgano especial (el Poder Judicial). La finalidad de alcanzar la justicia integra la ideología política de nuestra Constitución. Por eso, la realización de ella en el campo de la realidad se convierte en obligación insoslayable de todo gobernante. En cuanto a la justicia como función del poder, está a cargo de un órgano especial (el Poder Judicial). Por ello, la Constitución no sólo crea el Poder Judicial federal, sino que también exige a las provincias que aseguren la administración de justicia, prohíbe al presidente de la República el ejercicio de funciones judiciales y proscribe las facultades extraordinarias (arts. 5, 29 y 109). 3) Consolidar la paz interior. Significa evitar y suprimir la violencia y las luchas civiles, a fin de crear un orden pacífico interno. Esta cláusula se endereza también a terminar con irreconciliables antinomias que suelen separar a los argentinos y que crean, dentro del pluralismo democrático, enemigos en lugar de adversarios, apartándolos, así, del destino común. La paz es un valor permanente, para asegurar la libertad, la justicia, el desarrollo y el progreso. 4) Proveer a la defensa común. Es un objetivo fundamental del Estado. Se propone otorgar al poder federal las fuerzas suficientes para la defensa del propio Estado, de las provincias y de la población. Significa también la defensa de la Constitución, de la comunidad y, con ella, de la persona humana. La defensa común que debe proveerse está por encima de intereses individuales y grupales, de banderías o sectores. 5) Promover el bienestar general. Es impulsar el bien común de todos, de la sociedad; es decir, el bienestar de los hombres y grupos que conviven en nuestro Estado. Este propósito tiene en cuenta no sólo el aspecto material o económico, sino también todos los elementos necesarios para el bienestar de la comunidad, permitiendo al hombre, a través de la participación en el bien común, el pleno desarrollo de su personalidad. Por ello, el Estado debe crear las condiciones necesarias que posibiliten esa realización del hombre. La plenitud de la persona sólo se concreta si la sociedad proporciona las bases y las condiciones fácticas para que se realice. Esta finalidad debe ser perseguida por el Estado federal y por las provincias, en forma concurrente, en virtud de lo dispuesto por los arts. 75, inc. 18, y 125. 4
6) Asegurar los beneficios de la libertad. Esta libertad, no sólo para nosotros sino también para todos los hombres del mundo que habiten nuestro suelo, necesita de la concurrencia simultánea de otros valores como orden, seguridad, igualdad, justicia y bienestar general. Es la libertad que encierra el concepto de la dignidad de la persona humana, y que obliga a la sociedad y al Estado a crear la posibilidad cierta y real para que el individuo desarrolle en plenitud su personalidad y sus derechos. Pero no es la libertad anárquica, sin obligaciones, abusiva de los derechos de los demás, contraria a la justicia y a la paz social e impeditiva del bienestar general. F) Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Asegura los propósitos y objetivos del Preámbulo para todos los individuos que deseen integrar la población de nuestro Estado, en un principio humanitario de apertura. Trata, además, de estimular la inmigración bajo el signo alberdiano de que “gobernar es poblar”, en rasgo de generosidad que el extranjero debe corresponder
con el respeto a nuestras instituciones y el trabajo fecundo (arts. 20, 21 y 25). G) Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Coloca al Estado y a sus instituciones bajo el amparo de Dios, sin que con ello importe negar la libertad de cultos (art. 14), que asegura la misma Constitución. Ese Dios a que se refiere esta cláusula es el Dios del catolicismo, en una indiscutible invocación de lo sobrenatural. Por otra parte, evidencia la convicción religiosa de los constituyentes, responde a la tradición de la República y al sentimiento de la mayoría del pueblo argentino (arts. 2 y 14). H) Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Es la fórmula final dispositiva que revela las facultades de que estaba investido el Congreso, su carácter soberano y el título definitivo de la Constitución, aprobada en el seno de la Convención Constituyente.
Unidad 2: Funciones y atribuciones de cada Poder del Estado.
1. El Poder Legislativo Nuestra constitución formal comienza el articulado dedicado a la parte orgánica o derecho constitucional del poder con las normas sobre el congreso, encabezando la sección primera del título primero (Gobierno Federal) de la segunda parte (Autoridades de la Nación) con el rótulo "Del Poder Legislativo" (arts. 44/86). La constitución ha querido denominar al congreso "poder legislativo", con lo que la palabra "poder" aquí y así empleada, más que sugerir una "función" del poder está referido a un "órgano". El poder legislativo es, por definición, el poder que hace las leyes, facultad que implica la posibilidad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. Para ejercer dicha facultad 5
está investida de una incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad popular. Este poder es derivado, porque constituye un desmembramiento de una única y primitiva autoridad, que concentró todas las funciones en un órgano ejecutivo. Es político en cuanto, junto con el poder ejecutivo y en el marco de sus respectivas competencias constitucionales, tiene a su cargo la dirección política del Estado. Es colegiado por naturaleza, puesto que su forma de organización no admite otra posibilidad que una integración plural y pluripersonal (dos cámaras o salas), o dicho de otra forma, se compone de varios individuos (diputados y senadores). El Congreso tiene independencia funcional en relación con los otros poderes, y sólo mantiene una "relación de interdependencia por coordinación" (K. Loewenstein) con el Poder Ejecutivo, es decir, ambos órganos políticos preservan su independencia, pero están obligados a cooperar en materias determinadas por la Constitución.
Funciones actuales del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está desempeñado en nuestro país por dos Cámaras: la de Senadores y la de Diputados. Los Senadores representan, en forma igualitaria, a las provincias como entidades políticas autónomas, y los Diputados representan al pueblo de la Nación. Las facultades del Congreso están determinadas en forma expresa y se las llama "facultades delegadas" en el artículo 75 en sus 32 incisos, a lo que debe agregarse las llamadas "facultades implícitas" para poner en ejercicio los poderes delegados (inciso 32) y las competencias concurrentes que surgen de los artículos 4, 7, 9, 14, 14 bis, 17, 18, 20, 21, 85, entre otros. Es decir, de la sistemática de la Ley fundamental se puede extraer que las competencias del Congreso no se agotan en la tarea de hacer la ley y contabiliza otras funciones, que son: a) Función legislativa, elaboración y sanción de las leyes; b) Función preconstituyente, declaración de la necesidad de reforma de la Constitución; c) Función jurisdiccional, en cuanto a órgano habilitado a realizar el juicio político; d) Función de control sobre los restantes poderes del Estado federal para evitar la ilimitación del poder (art. 29, de la Constitución Nacional), en las actividades administrativas y financieras del Ejecutivo, y sobre las provincias para asegurar la forma republicana de gobierno (art.6 de la Constitución Nacional); e) Función de colaboración y gobierno, con la fijación de la dirección política y formación de otros órganos de gobierno. f) Función ejecutiva, por disponer de medidas concretas para casos o situaciones no recurrentes. g) Función semiconstituyente, cuando a tenor del especial procedimiento del artículo 75, inciso 22, párrafo 3º de la Constitución Nacional, otorga jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos no incluido en la enumeración del artículo 75, inciso 22, párrafo 2º.
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h) Función de investigación, en cuanto se lo autoriza a hacer todo lo conducente "para poner en ejercicio los poderes antecedentes" (artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional), fundamento implícito de dicha función, que se canaliza a través de cada Cámara por medio de las denominadas "comisiones investigadoras" uni o bicamerales (de duración temporaria y creadas con un objeto determinado). Esta actividad consiste en una potestad instructora de averiguación que abarca tanto al ámbito público como al privado.
EFECTIVIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA. El tema de la representación política, o de la forma representativa, ha sido abordado por la Constitución que alude en la norma de su artículo 44 a los "diputados de la nación", es decir del "pueblo", como reza el artículo 45. El artículo 1º de la Constitución define la forma de gobierno como representativa. El artículo 22, por su parte, dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Quiere decir que en las normas de la Constitución, la representación del pueblo por el gobierno queda enfáticamente afirmada. En la Cámara de Diputados, especialmente, se efectiviza la representación política del país, dado el sistema electoral de la proporcionalidad que nos rige, que da una mayor participación a las distintas corrientes que se manifiestan en el país. Con la reforma de 1994, en el Senado, si bien se mantiene la representación igualitaria de las provincias, al haberse dispuesto su elección en forma directa por el pueblo y no por medio de las legislaturas provinciales, como lo establecía el sistema anterior, prevalece también la representación político-partidaria más que la de la provincia como tal.
LA FUNCIÓN DE DECISIÓN. Desde el punto de vista formal, el órgano legislativo tiene la función esencial de sancionar las leyes. Mediante esta atribución realiza actos de contenido social, político, económico, financiero, administrativo, militar, etc., ya que el Congreso es rico en facultades. Si bien su carácter de órgano legislativo destaca la atribución más importante, ello no importa en manera alguna excluir la pesada carga de competencia que tiene asignado el Congreso, de modo inherente a la vida misma del Estado. Cabe recordar que, conforme a la estructura federal de nuestro régimen, hay actos parlamentarios que deben ser cumplidos con consentimiento o participación de las legislaturas provinciales, así por ejemplo: la fijación de la sede del gobierno nacional (art. 3), o la admisión de nuevas provincias en el territorio de una u otras (art. 13) como la atribución de fijar límites provinciales. Además, las provincias pueden celebrar tratados parciales e internacionales, con conocimiento del Congreso y dentro de las limitaciones establecidas por la Constitución.
LA FUNCIÓN DE CONTROL. Otra importante y diversa actividad del Congreso son sus múltiples atribuciones de contralor sobre los restantes poderes del Estado federal para evitar la ilimitación del poder (art. 29, CN) y sobre las provincias para asegurar la forma republicana de gobierno (art. 6º, CN). Es una de las formas específicas de darse el subprincipio de control. Eta función es discrecional y
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exclusiva, y en ella no opera el principio de cooperación, por lo cual no cabe la intervención del Poder Ejecutivo, especialmente porque se trata de órgano controlado.
LA INTERMEDIACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO. No cabe ninguna duda acerca de la importancia que reviste el Congreso como factor de intermediación entre el pueblo o sociedad y los órganos de gobierno del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo. Si bien la última reforma constitucional ha establecido en su artículo 38 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, atribuyéndoles a ellos la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos (entre los que se encuentran diputados y senadores), no es menos cierto que los legisladores sirven de factor de enlace con los poderes instituidos, en merito de las amplias facultades no sólo para proponer leyes, sino también solicitar informes, realizar investigaciones y formular declaraciones, que sean consecuencia de las exigencias de la sociedad, ya que la opinión pública actúa como un importante factor de presión.
Organización del Poder Legislativo. El órgano legislativo del Estado federal está compuesto por dos Cámaras: la de Diputados, que expresa la forma representativa proporcionalmente a la población y manifiesta la voluntad del pueblo de la Nación, y la de Senadores, que expresa la forma federal: representa, en forma igualitaria, la autonomía de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (art. 44 de la Constitución Nacional).
El Poder Legislativo en la Constitución Argentina. La reforma de 1994 ha aumentado las atribuciones exclusivas de cada Cámara, lo cual acentúa la modalidad de bicameralismo "cuasidiferenciado" por oposición a los dos modelos puros ("diferenciado" y "perfecto"). A continuación se exponen dichas facultades de diputados y senadores, según que existieran antes de la reforma de 1994 o sean incorporadas por ella. La Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones exclusivas: Provenientes del texto anterior a 1994: 1) Es cámara de origen en materia de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 52, CN). 2) Es fiscal en el juicio político (art. 53, CN). Incorporadas en 1994: 1) Es cámara receptora de las iniciativas populares (art. 39, párrafo 1º, CN). 2) Tiene la iniciativa para someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley (art. 40, párrafo 1º, CN). El Senado tiene las siguientes atribuciones exclusivas: Provenientes del texto anterior a 1994: 1) Es cámara juzgadora en juicio político (arts. 59 y 60 CN). 8
2) Autoriza al Presidente de la Nación para declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior (arts. 61 y 99, inc. 16, CN). 3) Presta acuerdo a las siguientes designaciones efectuadas por el Presidente: a) de magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores (art. 99, inc. 4º, párrafos 1º y 2º, CN); b) para nombrar y remover a los ministros plenipotenciarios (embajadores) y encargados de negocios (art. 99, inc. 7º, parte 1º, CN); y c) de los encargados oficiales superiores de las fuerzas armadas siempre que no sea en el campo de batalla, pues en tal caso los nombra el Presidente sin acuerdo (art. 99, inc. 13, CN). Incorporados en 1994: 1) El Senado es cámara de origen en el tratamiento de materias que interesan a las entidades miembros del Estado federal: ley convenio de coparticipación (art. 75, inc. 2º, párrafo 4º, CN), y sobre promoción y desarrollo de provincias y regiones (art. 75, inc. 19, párrafo 2º, CN). 7.1. CÁMARA DE DIPUTADOS. A QUIÉN REPRESENTA. BASES DE LA REPRESENTACIÓN. FORMAS DE ELECCIÓN. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. DURACIÓN DEL MANDATO. RENOVACIÓN DE LA CÁMARA. ELECCIÓN EN CASO DE VACANCIA. PRIVILEGIO DE INICIATIVA. ARTS. 39, 40 Y 52 C.N.
CÁMARA DE DIPUTADOS: La reforma de 1994 mantuvo el régimen anterior con una sutil modificación. A QUIÉN REPRESENTA: Los diputados son, de acuerdo con la letra y el espíritu de la constitución formal, representantes de la "nación" (art. 44) o del "pueblo" (art. 45). BASES DE LA REPRESENTACIÓN: Se mantiene el clásico sistema de no establecer un número fijo de miembros: éste es indeterminado pero determinable en proporción a los habitantes de cada distrito electoral. Adviértase que el hoy artículo 46, subsistente erróneamente en la letra constitucional por su carácter transitorio, optó por fijar un número determinado sólo "para la primera Legislatura" para las catorce provincias originarias (incluida Buenos Aires). Las cifras de habitantes fijadas por el actual artículo 45, parte 2º de la Constitución Nacional introducidas por la reforma constitucional de 1898, constituye una base mínima, un "piso", que puede el Congreso "aumentar pero no disminuir" a tenor del final del artículo 45. La competencia de cambiar hacia arriba aquélla base poblacional se efectúa en función del "censo general" que "sólo podrá renovarse cada diez años" (artículo 47 in fine, CN). Así, distintas leyes fueron fijando indirectamente el número de diputados que correspondía a cada distrito al fijar la cantidad de habitantes por diputado conforme a los sucesivos censos, y en varias ocasiones fijando un número mínimo de diputados por distrito. La ley de facto 22.847/83, además de convocar a elecciones por restablecimiento del gobierno democrático, fijó la base de un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no inferior a 80.500 pero creado tres bancas más por cada distrito, y aclarado que en ningún caso la representación podrá ser inferior a 5 diputados por distrito.
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La permanencia de 257 diputados, determinados desde la provincialización de Tierra del Fuego, no parece ajustarse a nuestra realidad poblacional finisecular. FORMAS DE ELECCIÓN: La elección de los diputados se efectúa de modo directo y a simple pluralidad de sufragios, considerándose a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires y a la capital federal como distritos electorales de un solo estado. El artículo 45, parte 1ª de la Constitución Nacional señala que son "elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado […] a simple pluralidad de sufragios". Se mantiene la técnica tradicional del ex artículo 37 de
no establecer el régimen electoral y dejar librada esta cuestión a la discrecionalidad del Congreso mediante una "ley general" (art. 49). También se mantiene la división del país en distritos electorales coincidentes con las entidades miembros del Estado federal a los exclusivos fines de la elección (no de la representación). La novedad introducida en 1994 es la de distinguir entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Capital Federal como "distritos electorales" diferentes, lo que solo cobrará sustancia en caso de que efectivamente se produzca el traslado capitalino fuera del distrito porteño. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: Artículo 48: "Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella". Este artículo establece una serie de recaudos asertivos (que se deben tener o poseer) a la época de la incorporación de los diputados a la Cámara a tenor del propio texto: Edad de veinticinco años: se ha adoptado por fijar una edad mínima fija, por encima de la mayoría de edad. Cuatro años de ciudadanía en ejercicio: dicho término se comienza a contar desde el día en que los nativos cumplen 18 años, pues a partir de ese momento pueden ejercer la ciudadanía y desde el día en que los extranjeros obtienen la carta de ciudadanía, por sentencia firme de la justicia federal. Ser natural de la provincia que lo elija o tener dos años de residencia inmediata en ella: los nacidos en la provincia no precisan residir en forma inmediata a la elección durante ningún período de tiempo para ser elegido diputado. El servicio federal, civil o militar no da residencia en la provincia en que se lo ejerza cuando no sea la del domicilio habitual del empleado (art. 34, CN). DURACIÓN DEL MANDATO Y RENOVACIÓN DE LA CÁMARA: Los diputados duran cuatro años, y son reelegibles indefinidamente, pero la cámara se renueva por mitad cada bienio (a cuyo efecto, los nombrados para la primera legislatura debían sortear, luego que se reunieran, los que habrían de salir en el primer período; el primer sorteo tuvo lugar el trece de julio de 1855). Esta norma del artículo 50 sufrió fractura en el orden de las conductas cuando el poder ejecutivo de facto en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, disolvió las cámaras del congreso. 10
El sorteo previsto para la "primera Legislatura", necesario para posibilitar el comienzo de la renovación parcial que luego se transforma en automática, fue repetido al reinstalarse la democracia luego de cada gobierno de facto. La última vez que esto ocurrió fue el 10 de diciembre de 1983, por ello es que las renovaciones parciales se hacen a fines de cada benio y no al comienzo del año legislativo, que hoy es el 1º de marzo. A su vez, el artículo 50 dispone la simple reelegibilidad, lo cual debe entenderse, lo cual debe entenderse como indefinida. CÁMARA DE SENADORES. A QUIÉN REPRESENTA. BASES DE LA REPRESENTACIÓN. FORMAS DE ELECCIÓN. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. DURACIÓN DEL MANDATO. RENOVACIÓN. ELECCIÓN EN CASO DE VACANCIA. PRIVILEGIO DE INICIATIVA. ART. 75 INCISOS 2 Y 19 C.N. EL SENADO COMO CONSEJO DE GOBIERNO.
CÁMARA DE SENADORES: La reforma de 1994 ha sido tan profunda, indica Quiroga Lavié, que podemos hablar de un nuevo Senado tanto en su versión permanente como transitoria en relación a su histórica formulación. La Convención Constituyente de 1994 optó por esta dualidad de regímenes al introducir modificaciones sustanciales en la composición senatorial, pero, a la vez, respetando el mandato de los senadores en funciones al momento de la reforma y hasta "la extinción del mandato correspondiente a cada uno" (D. T. 4ª, párrafo 1º, CN), circunstancia que operaría en forma definitiva recién el 9 de diciembre de 2001 (D. T. 4ª, párrafo 8º y D. T. 5ª, CN). De esta forma, el senador transitorio abarca el período 1955-2001, y el senador permanente a partir de esta última fecha. A QUIÉN REPRESENTA: Las provincias son entidades políticas integrantes del Estado (Preámbulo), que contribuyeron a la organización constitucional, dice Zarini. Por esos motivos se les dio representación en el Gobierno federal, y se instituyó el Senado para que todas las provincias gozaran de igual influencia política. Se consideró que ninguna tenía derechos particulares que pudieran darle hegemonía; ésta fue pretendida más de una vez por Buenos Aires, pero fracasó ante la cerrada oposición de las demás provincias. BASES DE LA REPRESENTACIÓN: La primera parte del artículo 54 de la Constitución Nacional establece que "El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires". En la reforma de 1994 se suprimieron los senadores por la Capital Federal, que dejará de tenerlos si se traslada fuera de la ciudad de Buenos Aires. Así el Senado se integrará con senadores de cada provincia y con senadores por la ciudad de Buenos Aires (como un distrito autónomo). El número de tres senadores por provincia y por la ciudad de Buenos Aires obedece al propósito de organizar una Cámara poco numerosa, que sirva de contrapeso y de equilibrio al otro cuerpo legislativo, con muchas más integrantes en virtud del sistema establecido para su organización. FORMAS DE ELECCIÓN:
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Continúa el artículo 54 disponiendo que serán "elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto". Antes, los senadores eran elegidos en forma indirecta, por medio de las legislaturas en las provincias y, en Capital Federal, en elección indirecta por el colegio electoral. Con el sistema adoptado ahora por este artículo, la elección de los senadores será directa y estará a cargo del pueblo de cada provincia y, en su caso, de la ciudad de Buenos Aires. El adjetivo "conjunta" debe entenderse como simultáneo de los tres representantes de cada distrito (para hacer posible la distribución de bancas). Corresponden "dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos". Este fragmento del artículo encuentra su fuente en el "fundamento" de la Comisión Asesora para el Estudio de la Reforma Institucional (mayo de 1971) que expresa: "El aumento cuantitativo persigue el objetivo de acentuar una composición que, numéricamente, confiera más importancia a la representación provincial y a la propia función del Senado, y fundamentalmente al propósito de asegurar la participación de las minorías". La Ley 24.444 de modificación del Código Nacional Electoral dispone que "cada elector votará por una lista oficializada con dos candidatos titulares y dos suplentes" (art. 156), resultado electos "los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el primero de la lista siguiente en cantidad de votos" (art. 157). Quiroga Lavié objeta a esta reglamentación legal que ha omitido el respeto al denominado "cupo femenino" que impone el artículo 37, párrafo 2º de la Constitución Nacional y que por la disposición transitoria 2ª de la Constitución exige armonizar lo normado por la Ley 24.012 también a la hora de elegir senadores. Esta situación subsanada por el Decreto 1246 (art. 2: El TREINTA POR CIENTO (30%) de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescripto por la Ley N° 24.012, es una cantidad mínima […]; y art 3: se aplicará a la
totalidad de los candidatos de la lista respectiva que cada Partido Político). CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: Artículo 55: "Son requisitos para ser elegidos senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella". Quiroga Lavié expresa que, si bien la Constitución dice que estos requisitos son exigidos "para ser elegidos senador" y no para su incorporación (como sí lo hace para los diputados), ello no significa que los mismos deban ser elegidos a la época de la elección de los senadores. Dice Zarini, por otro lado, que un ciudadano es elegido senador cuando la mayoría del pueblo de la provincia respectiva, o de la ciudad de Buenos Aires, le otorga sus sufragios; pero no es senador hasta que esa Cámara (el Senado) aprueba su diploma (art. 64), si bien goza de dichos privilegios desde el momento de la elección (art. 69). En consecuencia, es preciso reunir los requisitos de este artículo al tiempo de la elección: 1. Treinta años de edad: al igual que para los diputados, se optó por fijar una edad mínima superior a la mayoría de edad, con la diferencia de que aquí es mayor. Dice Zarini que el constituyente determinó esta edad con la finalidad de formar una Cámara con representantes reposados, con madurez y experiencia. 12
2. Haber sido seis años ciudadano de la Nación: se requieren dos años más que para ser diputado. Zarini, por un lado, señala que se esta diferencia se da en virtud de las importantes atribuciones políticas, diplomáticas y judiciales del Senado que exigen un indiscutible patriotismo, mientras que Quiroga Lavié, afirma que esta ampliación del pazo se por el aumento mínimo de edad. Esta exigencia se impone a los argentinos legales (por opción o por naturalización) y se empieza a contar desde el día en que los extranjeros obtienen la ciudadanía argentina por sentencia firme de la justicia federal. 3. Disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de entrada equivalente: este requisito no está de acuerdo con un régimen democrático y republicano ni responde a los antecedentes del país, en el que existieron grandes patriotas carentes de fortuna. Hoy esta cláusula carece de significación por su exiguo (pequeño, insignificante) monto y la desvalorización monetaria, es decir, ello ha motivado que se la considere derogada por desuetudo. Bidegain, por su lado, ha señalado que la renta exigida rondaría mensualmente los US$ 3.000. 4. Ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella: al igual que los diputados, los nacidos en la provincia no precisan residir en forma inmediata a la elección durante ningún período de tiempo para ser elegido senador. El servicio federal, civil o militar no da residencia en la provincia en que se lo ejerza cuando no sea la del domicilio habitual del empleado (art. 34, CN). DURACIÓN DEL MANDATO. RENOVACIÓN: El nuevo artículo 54 de la Constitución introduce tres novedades respecto al sistema anterior: 1. Reduce el mandato de nueve años de los senadores a sólo seis. 2. La renovación parcial de la Cámara se efectúa cada benio por tercios en lugar de hacerla cada tres años. 3. Dicha renovación se hará "por distritos electorales" (se renuevan conjuntamente los tres senadores del mismo) en sustitución del anterior sistema que imponía la renovación con independencia del distrito representado. Para posibilitar el comienzo de la renovación parcial, también se recurre a la suerte: por ejemplo en el 2001 se determinaron qué distritos renovarían senadores en el 2003 y en el 2005 (disposición transitoria 5ª, CN).
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EL PODER EJECUTIVO EN LA CONSTITUCION ARGENTINA El artículo 87 dispone que El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina" En la constitución formal a este órgano-institución se lo denomina Poder Ejecutivo y se individualiza en el presidente de la Nación Argentina. La misma no deberá llevar una interpretación tan literal porque no sugiere que las mujeres están inhabilitadas por la constitución. ¿Quién lo ejerce? Se ha entendido que la adjudicación de tan alta magistratura debía diferirse a sus nativos; admitiendo una excepción en su ley fundamental para los hijos de argentinos nacidos en el extranjero. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE El actual artículo 94 de la constitución establece la elección directa por el pueblo, a cuyo fin todo el territorio nacional conforma un distrito único. El mismo artículo señala que se hará por sistema de doble vuelta, pero a esa segunda vuelta solamente se recurre cuando ninguna de las formulas obtenga el 45% de los votos validos afirmativos, conforme a lo que establece el artículo 97. Si supera tal porcentaje, la más votada será proclamada como presidente y vicepresidente de la Nación. LAS CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las cualidades exigidas para ser elegido senador, conforme lo establece el art.89 CN. La reforma de 1994 eliminó el requisito anterior de pertenencia a la religión católica apostólica romana porque se afirma el pluralismo. En cuanto a las demás condiciones para ser elegido senador, se remite al nuevo art.55 (ex 47) donde establece como requisitos: la edad de treinta años (para ser elegido), haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente (en desuso), y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. PERÍODO PRESIDENCIAL. El nuevo artículo 90, dispone: "El presidente y vicepresidente duran en sus funciones él termino de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período". TÉRMINO Finalizado el lapso de cuatro años el presidente termina su mandato. De ello trata el artículo 91 cuando expresa que "El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete mas tarde". REELECCIÓN 14
El Pacto de Olivos, entre el presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín abrió las puertas de una reforma constitucional buscada por el oficialismo con el indisimulado propósito de obtener la reelección del presidente y vicepresidente. Está fundado en aquel principio natural a la condición humana de tratar permanecer en el poder durante el mayor tiempo posible, descripto con maestría por Maquiavelo diciendo que al poder político no se lo reclama, sino que se lo ejerce. Y que el primer objetivo una vez alcanzado el poder consiste en permanecer en el mismo durante todo el tiempo que sea posible. El ejemplo extranjero más traído para fundamentar la idea de reelección presidencial fue, una vez más la Constitución de los Estados Unidos: se dijo así que un mandato de cuatro años ponía a prueba las cualidades del presidente y que si ese presidente ratificaba la confianza del electorado en una nueva elección, al fin y al cabo elevar el mandato a ocho años en lugar de seis como el plazo de la Constitución de 1853 no significaba agravar tanto las cosas. SUELDO Durante el ejercicio de su mandato El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación ni de provincia alguna (artículo 92). Su monto no puede alterarse en el periodo de sus nombramientos, o sea, ni aumentarse ni disminuirse. La Constitución ha querido evitar que el Congreso sea quien la fije para no utilizarla facultad como instrumento de presión. EL JURAMENTO El art. 93 de la Constitución Nacional establece que al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. El juramento es un requisito sustancial e indispensable para el desempeño del cargo. El presidente lo presta una sola vez durante el ejercicio de su mandato. Esto quiere decir que si por ausencia, enfermedad o cualquier causa delegara sus funciones en el vicepresidente u otro sustituto legal, no deberá prestar nuevo juramento al recuperar el ejercicio de su función. En cuanto al vicepresidente, presta el juramento al solo efecto del ejercicio de su función de tal; si asumiera definitivamente el poder ejecutivo en reemplazo del presidente, deberá prestar nuevo juramento es parte del protocolo que el nuevo presidente reciba los símbolos del mando que son el bastón y la banda presidencial. SISTEMA DE ELECCIÓN. EN QUE CASOS PROCEDE LA SEGUNDA VUELTA El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional conformará un distrito único. La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. 15
La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los treinta días de celebrada la anterior. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. La doble vuelta no se realiza cuando: a) en el primer acto electoral la fórmula las votada supera el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos; b) en ese primer acto electoral la fórmula más votada alcanza el 40% al menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además hay una diferencia mayor del 10% respecto del total de votos afirmativos emitidos válidamente a favor de la fórmula que le sigue en número de votos. Cundo no ocurre ninguna de estas dos hipótesis, se debe realizar un segundo acto electoral para que el electorado activo elija entre las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta. La segunda tiene lugar dentro de los treinta días de realizada la anterior. Con respecto, a la doble vuelta es viable que alguna vez ocurra una de las siguientes hipótesis: a) Que el partido que ha postulado la fórmula que debe competir en la segunda vuelta, decida retirarse y abstenerse; b) que sean los candidatos de la fórmula, los que adoptan similar decisión, lo que abre alternativas: que el partido no acepte la declinación personal de los candidatos o que la admita; c) que un candidato fallezca; d) que un candidato incurra en una causal de inhabilitación. Cualquiera de tales situaciones bloquea la segunda vuelta, y parece necesario que tal bloqueo encuentre la vía de superación. Según la ley 24444 del Código Nacional Electoral en sus artículos 151 a 155 afirma: Artículo 151: En la segunda vuelta participarán las dos fórmulas mas votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos. Artículo 152: Dentro del quinto día de proclamadas las dos fórmulas más votadas, éstas deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal, su decisión de presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será proclamada la otra. Artículo 153: En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula que haya sido proclamada electa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 88 de la constitución nacional. Artículo 154: En caso de muerte de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral y antes de producirse la segunda, se convocará a una nueva elección. En caso de muerte de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, el partido político o alianza electoral que represente, deberá cubrir la vacancia en el término de siete días corridos a los efectos de concurrir a la segunda vuelta.
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Artículo 155: En caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas mas votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra. En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá cubrirse la vacante producida. Para el caso que la renuncia sea del candidato a Presidente ocupará su lugar el candidato a Vicepresidente. ACEFALIA Acefalía del poder ejecutivo quiere decir que el poder ejecutivo queda sin cabeza, o sea, sin titular; siendo el ejecutivo unipersonal, eso ocurre cuando falta el único titular que tiene, es decir, el presidente. El poder ejecutivo está acéfalo cuando por cualquier causa no hay presidente, o si lo hay no puede ejercer sus funciones. CASOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES Existen cuatro causales de acefalía: a) enfermedad o inhabilidad: si el presidente no reconoce su inhabilidad, la doctrina puede pensar tres soluciones para dar por comprobada y configurada la causal de acefalía, y para declarar que se ha producido a fin de abrir el reemplazo. 1) Que el vicepresidente llamado a suceder al presidente declare que hay acefalía y acceda a la presidencia por su propia decisión; 2) que el congreso declare que hay acefalía; 3) que el presidente sea destituido por juicio político. La primera solución nos parece improcedente. La tercera solución nos permite comentar que el juicio político puede ser una vía apta, si la inhabilidad configura mal desempeño; pero no resulta imprescindible. Nos queda, pues, la competencia del congreso para declarar, sin necesidad de juicio político, que se ha configurado la causal de acefalía llamada inhabilidad o enfermedad. b) ausencia: Esta causal ha de entenderse actualmente como ausencia del país. Por un lado, si el constituyente configuró como causal de acefalía a la ausencia de la capital con más razón quiso prever dentro de ella a la ausencia del país. La ausencia presidencial es importante cuando se trata de salidas al exterior. Allí debe concurrir el permiso del congreso, por imperio del art. 99, inc. 18, que no admite esquivamiento de su aplicación para viajar al extranjero. c) muerte y renuncia: la muerte y la renuncia son situaciones tan objetivas que no ofrecen duda. Pero la renuncia debe ser aceptada por el congreso. El art. 75 inc. 21 se refiere a admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente, lo que también revela que la renuncia debe ser fundada. d) destitución: la constitución prevé el juicio político para el presidente y el vicepresidente, con el resultado de que, si prospera, el fallo del senado importa por lo menos destituir al acusado. La constitución no conoce otro mecanismo destitutorio. TEXTO CONSTITUCIONAL El art. 88 enfoca dos supuestos: a) que una causal de acefalía afecte únicamente al presidente de la república, en cuyo caso el poder ejecutivo es ejercido por el vicepresidente (es lo que llamamos la sucesión del vicepresidente); b) que tanto el presidente como el vicepresidente estén afectados por una causal de acefalía, en cuyo caso le cabe al congreso determinar el funcionario público que ha de desempeñar la presidencia. COMPETENCIA DEL CONGRESO 17
El art. 88 dice expresamente: En caso de destitución, renuncia, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el congreso determinará que funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. El artículo autoriza, a nuestro juicio, dos interpretaciones igualmente válidas. La determinación puede hacerla el congreso: a) en forma anticipada y general, mediante una ley que para los casos futuros ordene la sucesión al poder (y así se hizo dictando las leyes de acefalía 252 y 20972); b) en cada caso particular, una vez producida la acefalía presidencial e impedida la sucesión del vicepresidente. EL JEFE DE GABINETE La jefatura de gabinete es un órgano dependiente del poder ejecutivo, y su titular el jefe de gabinete es uno de los ministros del Poder Ejecutivo, que tiene como tal, las atribuciones que la Constitución le otorga en su art. 100. Con la reforma de 1994 ha aparecido el jefe de gabinete de ministros que, sin ser un primer ministro, ha recibido competencias especiales y diferentes a las genéricas ministeriales. DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN El jefe de gabinete es nombrado por el presidente de la nación. Por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras el jefe de gabinete puede ser removido de su cargo; aquí hace falta la coincidencia de las dos cámaras en la remoción, con el quórum de votos indicado. Para tratar una moción de censura como etapa previa a la remoción del jefe de gabinete es menester que cualquiera de las cámaras alcance favorablemente la interpelación ante sí, con el voto de la mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de miembros que la c omponen. Si una sola cámara logra, con ese quórum de votos, interpelar al jefe de gabinete y censurarlo, su voto de censura no surte efecto destitutorio, porque la remoción precisa decisión concordante de las dos cámaras. En cambio, si la interpelación y el recíproco voto de censura se producen en las dos cámaras, la remoción se opera cuando amas así lo resuelven por mayoría absoluta de sus miembros. En síntesis, la remoción solo es viable cuando la ha precedido un voto de censura conjunto de ambas cámaras, y cuando a continuación también las dos coinciden en la sanción destitutoria. ATRIBUCIONES Procurando reagrupar sus competencias podemos intentar una rápida clasificación: 1) Expedición de actos y reglamentos necesarios para ejercer las facultades que le acuerda el art. 100 y las que le delegue el presidente; todo ello conforme al inc. 2. 2) Ejercicio directo de las funciones y atribuciones que le delegue el presidente, según el inc. 4. 3) Resolución, en acuerdo de gabinete, sobre materias que le indique el poder ejecutivo, y resolución por decisión propia en las materias que estime necesario por su importancia en el ámbito de su competencia; todo ello conforme al inc. 4.
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4) Nombramiento de empleados de la administración, con excepción de los que corresponden al presidente 5) Coordinación, preparación y convocatoria de las reuniones de gabinete de ministros y presidencia de las mismas en ausencia del presidente; todo ello conforme al inc. 5. 6) Remisión al congreso de los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto, una vez que se han tratado en acuerdo de gabinete y han sido aprobados por el poder ejecutivo; todo ello conforme al inc. 6. 7) Concurrir a las sesiones del congreso y participar, sin voto, en sus debates, según el inc. 9, y producir los informes y explicaciones verbales o escritos que sean solicitados por cualquiera de las cámaras al poder ejecutivo según el inc. 11; presentar junto a los demás ministros, al iniciarse las sesiones ordinarias del congreso, una memoria detallada del estado de la nación en cuanto a los negocios de los respectivos departamentos, según el inc. 10; concurrir como mínimo una vez por mes al congreso, alternativamente a cada cámara, para informar sobre la marcha del gobierno, conforme al art. 101. 8) Tomar intervención en el procedimiento inmediato al dictado de decretos de necesidad y urgencia para someterlos a la Comisión Bicameral Permanente, conforme al inciso 13 en relación con el art. 99 inc. 3 y en el correspondiente a decretos de promulgación parcial de leyes, conforme al inc. 13 en relación con el art. 80 y en el correspondiente a decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas por el congreso, al poder ejecutivo, conforme al inc. 12 en relación con el art. 76, para control de la Comisión Bicameral Permanente. 9) Refrendar los decretos del poder ejecutivo: que prorrogan las sesiones ordinarias del congreso y que convocan a sesiones extraordinarias, todo ello conforme al inc. 3; que reglamenten leyes, según el inc. 8; que ejerzan facultades delegadas por el congreso al poder ejecutivo, según el inc. 12; que se dictan por razones de necesidad y urgencia, según el inc. 13; que promulgan parcialmente una ley, según el inc. 13. 10) Refrendar los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa, según el inc. 8.
ATRIBUCIONES 1.1 DE CARÁCTER EJECUTIVO. i. NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES El inciso 4to del art. 99 sobre competencias presidenciales estipula: "Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. 19
Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite". La facultad del Presidente- con acuerdo del Senado- se ha limitado en varios aspectos con respecto al anterior art. 86 en su inc. 5°: porque necesita ahora un quórum favorable agravado, que se fija en los dos tercios de los miembros presentes de la cámara, debiendo la sesión ser pública y convocarse a ese efecto; para los demás jueces de los tribunales inferiores el procedimiento de designación con acuerdo del Senado viene precedido por la intervención del Consejo de la Magistratura(art. 114), que propone una terna vinculante; la norma añade –con carácter obligatorio- que se tendrá en cuenta la idoneidad del candidato y esta indicación imperativa alcanza tanto al Senado para prestar el acuerdo como al Presidente para seleccionar dicho candidato entre los tres propuestos por el Consejo de la Magistratura. Una vez efectuado el nombramiento, los jueces de la Corte solo pueden ser removidos por juicio político y los demás por un jurado de enjuiciamiento. O sea, la voluntad de los órganos designantes no puede revocarles el nombramiento Respecto de la caducidad de la inamovilidad por edad se plantea un serio problema, el funcionario público que accede a un cargo adquiere un derecho de función que se rige por la normativa vigente al momento de la designación y no es susceptible de alterarse durante el tiempo de desempeño. Una norma que reduce el periodo es inconstitucional si ha de aplicarse a quien por derecho de función tenía asignado un período mayor. Por lo tanto para aquellos jueces que tenían antes de entrar en vigencia la reforma de 1994 garantizada la inamovilidad vitalicia por el anterior artículo 96 de la constitución, la reforma resulta inconstitucional en la medida en la que les amputa al desempeño al alcanzar los 75 años. En cambio, para aquellos jueces que fueron designados luego de la entrada en vigor de la reforma, esta no plantea problemas de inconstitucionalidad. (Caso Fayt). ii. NOMBRAMIENTO DE EMBAJADORES Y MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS El Poder Ejecutivo nombra y remueve con acuerdo del Senado a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios. Para el personal diplomático, observamos que el acuerdo senatorial es requisito de designación y de remoción conforme al inc. 7° del art. 99, debiendo determinar concretamente cual es el estado donde el diplomático va a desempeñar su función. iii. NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE TRATADOS INTERNACIONALES El articulo 99 en su inc. 11 dispone que el Presidente concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Según el art.75 inc. 22 el congreso los aprueba o los desecha. Cuando el congreso los aprueba, el poder ejecutivo tiene competencia para ratificarlos en sede internacional. iv. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO POR ATAQUE EXTERIOR El inciso 16 del art. 99 prevé la declaración del estado de sitio por el presidente de la república, con acuerdo del Senado, en caso de ataque exterior y por un término limitado. En
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caso de conmoción interior, solo tiene la facultad de declarar el estado de sitio cuando el congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. v. DECLARACIÓN DE GUERRA El inciso 15 del art. 99 reconoce la prerrogativa del Presidente de declarar la guerra y ordenar represalias con autorización y aprobación del Congreso, sin someterse a condicionamientos ni requisitos de situación. Ello implica poner en vigor el estado de guerra como instituto de emergencia (por causa de ataque exterior, la Constitución también admite la declaración del estado de sitio). Pero ese estado de guerra no es ley marcial como transferencia plena de la jurisdicción civil a la jurisdicción militar para toda la población. vi. NOMBRAMIENTO Y ASCENSO DE LOS OFICIALES DEL EJÉRCITO El Poder Ejecutivo, a tenor del inc. 13 del art. 99 provee con acuerdo del Senado los empleos militares en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas. Por si solo y sin acuerdo del Senado ni refrendo de un ministro, lo puede hacer en campo de batalla, sin especificar que la presencia sea del favorecido, del presidente o ambos. Bidart Campos cree que actualmente, con la rapidez de las informaciones, si el presidente no está en el campo de batalla pero toma conocimiento fehacientemente de un acto de arrojo o mérito equivalente puede conferir grado superior por si solo desde la sede de su cargo en cualquier en que se encuentre.
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PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL. En los estados democráticos más desarrollados, el poder judicial, a través de sus resoluciones de constitucionalidad y de su acción jurisdiccional ordinaria, ha generado un complejo entramado que condiciona y orienta las acciones de gobierno y legislativa, de modo que cada vez se habla más de la necesidad de coordinación de los distintos poderes del Estado que de su separación. Para el desempeño de las funciones que actualmente, tiene asignadas el poder judicial ha sido necesario que una serie de principios lo configuren. Estos principios básicos configuradores son: A. sumisión del juez a la Constitución y a la ley, con absoluto respeto al principio de jerarquía normativa. B. Independencia judicial, ante los otros poderes del Estado y como independencia frente a los demás órganos jurisdiccionales y frente a sus propios órganos de gobierno. C. Responsabilidad judicial: tratan de fijar en qué condiciones los jueces son responsables penal, civil o disciplinariamente en algunas de las funciones que les son propias. D. Exclusividad y unidad de la jurisdicción: se entiende que ningún otro poder del Estado, ni ninguna otra institución, puede ejercer funciones jurisdiccionales y, por ello, la potestad jurisdiccional reside en un único cuerpo de jueces y magistrados. FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Consiste en que: a) L a administración de justicia está exclusivamente, y para todos los justiciables, de los órganos (tribunales) del poder judicial; b) Hay una jurisdicción judicial única para todos; c) Por ello, existe simultáneamente la igualdad de todos los justiciables ante la jurisdicción. (única y la misma para todos); d) Esa jurisdicción judicial "única" es ejercida por tribunales que deben revestir el carácter de jueces naturales. También existen jurisdicciones especiales fuera del poder judicial que parecerían desmentir el principio de unidad de jurisdicción y que su competencia se aplica a determinadas materiaspor ejemplo fiscal, administrativa, militar, etcétera. Sin embargo, la unidad de jurisdicción no se altera porque deben contar con posibilidad de revisión judicial suficiente, lo que en definitiva lo reenvía a la jurisdicción judicial. FUNCIÓN DE CONTROL El Poder Judicial federal al ejercer su función jurisdiccional es el órgano de control por antonomasia pues está encargado de aplicar –antes que cualquier otra norma- la Constitución Nacional. Así, tanto los jueces locales como los federales y particularmente la Corte Suprema de Justicia, ponen en funcionamiento el subprincipio de control en la estructura constitucional
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a fin de asegurar la supremacía federal. La función de control lo ejercen los jueces, fundamentalmente a través de actos de establecimiento. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD La supremacía de la Constitución y los tratados internacionales que comparten con ella ese rango, sobre los demás tratados, leyes, decretos, sentencias y actos emanados de la autoridad o de los particulares, tiene que ser garantizada mediante algún sistema de fiscalización dirigido a asegurar que las normas superiores prevalezcan sobre las normas inferiores del ordenamiento jurídico, y que sea capaz de evitar lesiones que éstas pudieran ocasionarle. Si no hay control, la supremacía es un simple enunciado y la Constitución dejaría de ser RÍGIDA, pues podría ser modificada por los poderes ordinarios del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) al dictar normas o actos que se opusieran a ella. Por ello, para los supuestos en que exista violación a la supremacía constitucional, existe el denominado control de constitucionalidad. Este es un mecanismo constitucional que se realiza para hacer garantizar y respetar ese principio de supremacía constitucional. Por lo tanto significa: a) La posibilidad de interponer recurso ante los jueces del poder judicial; b) La negación de la competencia administrativa para dictar pronunciamientos finales y definitivos de carácter irrevisable. Este debe ser un control "suficiente", que quiere decir que la revisión abarque no sólo derecho aplicable, sino también los "hechos y la prueba" del caso al que ese derecho se aplica. Según Sagúes un sistema completo de control requiere de los siguientes ingredientes: Una constitución rígida; Un órgano de control independiente del órgano controlado; Facultades decisorias del órgano de control; Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control; Sometimiento de todo el mundo jurídico al control. En el derecho Argentino el control de constitucionalidad es judicial. En el artículo 116 CN se hace reposar en la Corte y demás tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras. Sus características son: Judicial: llevado a cabo por integrantes del Poder Judicial federal y provinciales. Difuso: a cargo de cualquier juez sea nacional o provincial de cualquier fuero o instancia. Sin embargo, el control se concreta, en última instancia, cuando lo ejerce en forma exclusiva, cuando lo ejerce en forma exclusiva la CSJN con motivos de recurso extraordinario.
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Reparador: el control se ejerce sobre normas o actos vigentes, y es importante que, al momento de resolverse la cuestión de derechos constitucionales afectados sigan estándolos, para reparar ese daño causado. Efectos inter partes: la sentencia tiene validez, resultados y consecuencias para las partes. A pedido de partes: los jueces no pueden declarar por propia iniciativa, de oficio, la inconstitucionalidad de ninguna norma o acto; procediendo sólo a pedido de la parte afectada por la presunta inconstitucionalidad en un pleito. Via incidental: los jueces sólo podrán juzgar la constitucionalidad de las normas cuando esta sea necesario para resolver un caso concreto. EL PODER JUDICIAL COMO GARANTE DE LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. El poder judicial es el garante y protector del sistema constitucional, por lo tanto está obligado a salvaguardar la constitución, para la cual las estructuras deberán repensarse, y también deberá adecuarse a los tiempos actuales. Esto se basa en la idea de eficiencia judicial, debiendo responder a lo que la sociedad le exige y le reclama, como ser mayor rapidez, transparencia, inmediatez, etc; dependiendo de la función judicial y el rol que dentro de ella juegan los jueces, los funcionarios judiciales y los litigantes. 1.4 LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. IMPORTANCIA Ello no es consagrado en un precepto supremo y solemne; empero, surge del genérico artículo 11CN ya que es una característica inherente a la República. La reforma de 1994 lo recepta al final del artículo 114, inciso 6° CN al encomendarl e al Consejo de la Magistratura "… asegurar la independencia de los jueces…". Sin perjuicio de ellos, la verdadera independencia se
asegura por mecanismos y salvaguardas específicas que, en forma dispersa, si aparecen en el texto constitucional: además de los sistemas de nombramiento y remoción de los jueces, cumplen esa función la tajante prohibición al Presidente de ejercer funciones judiciales (artículo 109 CN) y la prohibición de ejercicios simultáneo de otros cargos estatales dirigida a los propios jueces federales (artículo 34 CN), y especialmente, las cláusulas de la inamovilidad (artículos 100 y 99, inciso 4° párrafo 3 CN) y de la intangibilidad de su remuneración (artículo 110 CN). En todos los casos se procura preservar a los jueces de toda injerencia o presión de los poderes políticos. INTANGIBILIDAD DE LA REMUNERACIÓN Los jueces de la Nación gozan de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser disminuido "de manera alguna" ( artículo 110 in fine CN). El énfasis de la prohibición constitucional permite denominar a esta cláusula como de incolumidad o intangibilidad por la cual se fulmina la rebaja salarial para los jueces, nada más y nada menos. Así no se impone la nivelación remuneratoria judicial con los ingresos de los otros órganos, sin perjuicio de que una abismal diferencia comparativa, pueden afectar la independencia de éste. Tampoco se prohíbe el aumento de aquellas, no sólo para mantenerlas actualizadas en relación con la desvalorización monetaria (ello, en rigor, no es aumento) sino también para incrementarlas. INAMOVILIDAD DE LOS JUECES 24
La reforma de 1994 mantuvo básicamente el clásico sistema de duración ilimitada o de estabilidad absoluta, que se erige a partir de la expresión "mientras dure su buena conducta" según el ex art. 96 CN (actual art. 110). La importante novedad del tope de 75 años de edad (límite objetivo condicionado) del magistrado, es que –sin afectar la inamovilidad- deja de lado el carácter vitalicio del cargo. Además, a fin de aventar cualquier duda sobre el carácter objetivo de esta nueva cláusula, la D. T. 11ª CN postergó su vigencia hasta después de cinco años de la reforma constitucional. De acuerdo al nuevo sistema, el juez federal mantiene su cargo mientras dure su buena conducta con la previsión de que a partir de los 75 años se produce la siguiente situación: o recibe un nuevo nombramiento de duración limitada (por otros cinco años) o, en caso contrario, deja de ser juez. Si el juez es nombrado cuando tiene más de 75 años, su mandato dura 5 años con posibilidad de renovarse con un nuevo nombramiento. En suma, luego de la reforma de 1994, la "buena conducta" queda limitada por las tres causales clásicas previstas en el art. 53 CN y por el nuevo tope de edad sumado a si no obtiene un nuevo nombramiento. Sin embargo, la Corte federal en 1999 siguió un criterio diferente. Especialmente en el caso "Fayt" del 19 de agosto de 1999, donde -por vez primera- en la historia de la jurisprudencia suprema se declara la nulidad de una cláusula constitucional federal (el tope de 75 años del art. 99, inc. 4º, párr. 3º y la D. T. 11ª, CN). El Dr. Fayt, invocando su calidad de ministro de la Corte desde fines de 1983 y haber superado la edad de 75 años ya al momento de la reforma de 1994, interpone una acción declarativa a fin de obtener se declare la nulidad en los términos del art. 6º, Ley 24.309 de la reforma introducida en 1994 por el art. 99, inc. 4º, párr. 3º CN al viejo texto constitucional por restringir la garantía de la inamovilidad consagrada en el actual art. 110 CN. En síntesis argumenta dos tipos de vicio: de procedimiento, pues lo impugnado no se encontraba entre los temas habilitados por la Ley 24.309 ni en su "núcleo de coincidencias básicas" y, por tanto, sostiene que la Convención se extralimitó en sus facultades, y de fondo, por cuanto la garantía afectada hace a la independencia del Poder Judicial y esto, a su vez, es esencial a la forma republicana. CARRERA JUDICIAL La "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación" y el "Decreto de Justicia Nacional" regulan la organización del Poder Judicial de la Nación. La carrera judicial está regida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y las diferentes Cámaras de Apelaciones. La carrera judicial no está completamente regulada dentro del Poder Judicial. Se extiende desde el ingreso en el sistema hasta el rango de prosecretario. Los ascensos son desarrollados por las diferentes Cámaras de Apelaciones, siendo los nominados elegidos por los jueces. Las nominaciones son hechas de acuerdo con un "ranking" preparado por las Cámaras de Apelaciones tomando en cuenta a las calificaciones y los años de servicio. Los secretarios son designados por las Cámaras de Apelaciones, y el nominado, que debe cumplir con ciertos requisitos, es propuesto por el juez que tiene la vacante. Los jueces no tienen carrera judicial, siendo el proceso de selección desarrollado por el Consejo de la Magistratura por medio de un análisis de antecedentes y prueba de oposición. Este procedimiento se aplica a jueces de 1ª instancia y a jueces de cámara. Una vez confirmados por el Senado, los jueces adquieren el cargo mientras dure su buena conducta. De esta manera, la carrera judicial solo se aplica a oficiales, secretarios y empleados de rango inferior.
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EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. En nuestro sistema constitucional, que adopta el modo de control de constitucionalidad norteamericano, el Poder Judicial es un verdadero poder del Estado y no un simple órgano encargado de aplicar y crear el derecho. En virtud de la forma federal de Estado, el Poder Judicial federal, junto al de las provincias, ejerce la función jurisdicción o de juzgar. Es un poder independiente de los restantes órganos políticos, que se distingue plenamente de ellos por carecer de legitimación democrática inmediata. Por aplicación del principio de funcionalidad, dicha independencia es relativa y no absoluta. Nuestra Constitución se ocupa especialmente del Poder Judicial de la Nación en la Sección Tercera (arts. 108/119) del Título Primero de la Segunda Parte. Allí, siempre a partir de pautas generales, se regula la organización, garantías de independencia y luego determina su competencia. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL El también denominado "Poder Judicial de la Nación" (art. 108, CN) es "ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio de la Nación". Esta distinción genérica en grados o niveles de la justicia federal fue tomado por la reforma de 1994 para diferenciar los modos de selección y remoción de los jueces federales, modificando así en forma parcial el sistema tradicional que comprendía a todos ellos. La justicia federal es determinada por la Constitución cuando organiza el poder judicial de la Nación para administrar justicia en los casos sobre personas y en los lugares especiales determinados por la Constitución. El orden jurídico federal esta representado por la Constitución Nacional, los tratados con potencias extranjeras y las leyes que dicta el Congreso. El poder judicial federal se distingue del poder legislativo y ejecutivo en que no existe exclusivamente en la Capital Federal, sino en todo el país. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ¿TRIBUNAL O PODER? La Corte Suprema es una creación novedosa de la constitución, de la nueva y gloriosa Nación que al adoptar la organización nacional tomó el modelo estadounidense para el diseño de sus instituciones, aunque con algunas adaptaciones que contemplaban nuestra realidad, como bien se encargaría de defender Alberdi frente a las críticas. Es un tribunal de justicia pero también es cabeza de un poder del Estado. En la primera condición no es el tribunal más antiguo, lo preceden en la historia y tradición la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ambos tribunales se disputan la herencia de la Real Audiencia que funcionara durante el virreinato. COMPOSICION De los arts. 59 y 112 CN se infiere que está encabezada por un "presidente", resultando evidente su carácter colegiado aunque sin determinar el número de sus miembros. La reforma de 1860, al derogar el originario art. 91 de 1853 que fijaba que la Corte estaba compuesta "por 26
nueve jueces y dos fiscales", deja librada esta cuestión al Congreso. Desde su instalación en 1963 su número fue de 5 hasta que en 1990 se lo eleva a nueve (art. 1º, Ley 23.774) REQUISITOS Como consecuencia de ser el único órgano judicial nominado por el texto constitucional, éste se limita a fijar las condiciones para acceder al cargo de juez de la Corte federal, omitiendo toda referencia al resto de los magistrados. En efecto, el artículo 111 CN exige un solo recaudo específico: "ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio" (sea como abogado o como magistrado: en la práctica sólo se verifica la antigüedad del título y no el ejercicio efectivo), y hace un reenvío al artículo 55 CN al exigir "tener las calidades requeridas para ser senador". Estos requisitos del artículo 111 no pueden ser ampliados – pero tampoco restringidos- por ley. FORMA DE DESIGNACIÓN La reforma de 1994 mantiene sustancialmente el sistema clásico de nombramiento de los miembros de la Corte a través de la designación por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Empero, el art. 99, inc. 4º, párr. 1º CN innova doblemente respecto a la voluntad senatorial al requerir que ésta se exprese por una mayoría especial ("dos tercios de miembros presentes") y "en sesión pública convocada al efecto". DECRETO NACIONAL 222/03 Es un procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Por lo tanto es el marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes. El ejercicio de esta facultad será reglamentada estableciendo parámetros a tener en cuenta para mejor selección del candidato propuesto de modo que su designación contribuya de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional. Resultará necesario tener presente las circunstancias atinentes a la composición general del Alto Cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal. A ello deben sumarse los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir, acreditando también los aspectos relativos a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley de Ética de la Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas. JUICIO POLÍTICO El juicio político constituye una institución del sistema de gobierno republicano y democrático que expresa de modo práctico una de las aristas más relevantes de la doctrina de la división o separación de poderes. 27
El actual art. 53 CN solo incluye a los ministros de la Corte, ya que con el nuevo artículo 115, se dispuso la creación del Jurado de Enjuiciamiento, con la misión de juzgar por las causales del mismo art. 53 a los jueces de los tribunales inferiores. En la historia argentina ha habido varios casos de juicio político a magistrados judiciales. El más conocido sucedió en el año 1947, contra los ministros de la Corte Suprema, Roberto Reppeto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía y contra el procurador general de la Nación, Dr. Juan Álvarez. Esta corte era la que había legitimado al gobierno de facto surgido del golpe militar de 1943, por la acordada del 7 de junio de 1943. El Dr. Repetto, renunció a la Corte, antes que se iniciará el juicio político. Según Ekmekdjian, Bidart Campos y Badeni, este juicio estuvo plagado de irregularidades ya que no se había podido probar ningún cargo de los previstos en el entonces Art. 45, sino que los cargos se basaron en la incompatibilidad de los ministros con la política desarrollada por el gobierno peronista. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Este nuevo órgano es introducido por la reforma de 1994 en el art. 114 CN dentro de la sección III relativa al Poder Judicial junto con el Jurado de Enjuiciamiento (art. 115, CN). En cuanto a las tareas del nuevo órgano, aunque el art. 114, párr.. 1º empieza reduciéndolas a dos ("tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial"), de la lectura de sus atribuciones particulares y concretas, surge claramente que además tiene otra importantes tareas, entre las que se destaca la de intervenir en el procedimiento de remoción de los magistrados de los tribunales inferiores. COMPETENCIA EN RAZÓN DEL LUGAR. Con prescindencia de la materia del litigio y de las personas intervinientes en él, la justicia federal conoce en toda las causas producidas en los lugares sujetos a jurisdicción federal. Es decir, en los territorios nacionales (art. 75, inc. 15, CN), en la Capital Federal y en los establecimientos de utilidad nacional ubicados en las provincias en lo relativo al fin específico de ellos (art. 75, inc. 30 CN) COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA. Causas especialmente regidas por la Constitución Nacional: la regulación constitucional del caso debe ser específica, directa e inmediata, no bastando que el derecho invocado esté garantizado en la Constitución Nacional. Tampoco procede la competencia federal cuando la invocación constitucional la efectúa el demandado como defensa, frente a la pretensión del actor. Causas especialmente regidas por leyes federales: aquellas leyes sancionadas en ejercicio de los poderes que le asigna el art. 75 CN al Congreso, con la salvedad del inc. 12 del mismo, es decir los códigos de fondo. Sin embargo, si los códigos poseen normas que reglamentan materias específicamente constitucionales en los términos del art. 116 CN. Causas especialmente regidas por los tratados con las naciones extranjeras: su inclusión se comprende en razón de que los tratados son un típico acto complejo federal. 28
Causas que tengan por origen actos administrativos del gobierno nacional: aunque no lo mencione el art. 116 CN, por tratarse de actos federales interviene la justicia de excepción cuando el pleito es entre particulares, y también si la Nación fuera parte, aunque aquí la competencia federal está determinada también en razón de las personas. Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: estas expresiones del art. 116 CN son materias federales por su íntima conexión con la navegación, delegada por las provincias al gobierno federal. Lo de "jurisdicción marítima" impide cualquier interpretación restrictiva del vocablo "almirantazgo" comprendiendo todo pleito de carácter público o privado atinente a la navegación en general, marítima en todos los casos y fluvial en la medida en que sea interjurisdiccional. La navegación debe ser por medio de buques y no a través de embarcaciones menores, salvo que esté en juego la aplicación de un contrato de fletamento. Se ha extendido la jurisdicción federal a los procesos por accidentes de trabajo producidos en la carga o descarga de buques; a los que versan sobre seguros marítimos y a los provenientes de pretensiones emergentes de la navegación o del comercio marítimo. Causas regidas por el Derecho Aeronáutico: tiene dicho la Corte que las causas que versan sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y sobre los delitos que puedan afectar dicho tráfico, caen bajo la jurisdicción federal por razón de la materia, agregando que el Código Aeronáutico no ha sido incluido entre la legislación común que corresponde dictar al Congreso. COMPETENCIA EN RAZÓN DE LAS PERSONAS. Causas en que la Nación sea parte: se extiende a sus entidades descentralizadas o autárquicas, ya sea como actora o como demandada, cualquiera sea la naturaleza del litigio. Causas en que sean parte vecinos de distintas provincias: se trata no sólo de causas civiles y no administrativas o penales (en cuyo caso conocen los jueces locales). Sólo procede el fuero federal por distinta vecindad cuando ambos litigantes son argentinos. Para ser considerado vecino se requieren 2 años de residencia continua en la provincia, o tener propiedad inmobiliaria o estar establecido con el ánimo de permanecer en el lugar. Causas en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero: como lo ha sostenido la Corte, el sentido de la norma es evitar que la responsabilidad de la Nación sea comprometida por los jueces provinciales. Causas en que sea parte un Estado extranjero: si quien litiga con un particular argentino es un Estado extranjero también corresponde la jurisdicción federal. Causas que versen sobre negocios particulares de un cónsul y de todos los negocios de los vicecónsules: esto significa que se excluye de esta jurisdicción a las causas de los cónsules vinculadas con el ejercicio de sus funciones propias. Por negocios particulares deben entenderse los vinculados a cuestiones de derecho privado. Como estos funcionarios no gozan de exención de jurisdicción no precisan de la autorización de sus gobiernos para ser sometidos a los tribunales del país. 4. COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ART 117 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Una de las clases de instancias que se prevén para la Corte: es la originaria y exclusiva, en la que conoce como tribunal de instancia única. En los casos de jurisdicción federal que, de modo 29
genérico, enuncia el art. 116, la Corte tendrá competencia por apelación según lo que establezca el congreso, aumentándola o restringiéndola. Pero entre esos mismos casos, hay dos en que la Corte ejercerá competencia a título originario y exclusivo: a) asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros; b) asuntos en los que sea parte una provincia. Si se lee detenidamente el art. 117 se comprende que la fórmula asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte no hace alusión de ninguna naturaleza a la materia de la causa (o al derecho que la rige); excluida la competencia por razón de materia estamos ante competencia por razón de personas (o partes). Causas en que es parte una provincia: Hay cuatro causas que se mencionen en el art. 116 cuando interviene una provincia: 1) provincia con provincia; 2) provincia con vecinos de otra provincia; 3) provincia con ciudadano extranjero; 4) provincia con estado extranjero. En el art. 116 no aparecen causas como provincia con el estado federal y provincia con sus propios vecinos. Para que una provincia pueda ser tenida por parte en la forma prevista por el art. 117, la provincia debe ser parte nominal y sustancial: es parte nominal cuando la provincia figura expresamente como tal en juicio y que es parte sustancial cuando en el mismo juicio tiene un interés directo que surge manifiestamente de la realidad jurídica, más allá de las expresiones formales que puedan utilizar las partes. El derecho judicial emergente de la jurisprudencia de la Corte ha ampliado y disminuido su competencia originaria y exclusiva. La ha ampliado cuando se trata de causas entre una provincia y sus propios vecinos, si la materia es federal y cuando se trata de causas entre una provincia y el estado federal, si la materia es federal en iguales condiciones. La ha disminuido cuando, pese a ser parte una provincia en alguna de las cuatro causas que provocarían su competencia originaria y exclusiva, la materia de esas causas versa sobre cuestiones regidas por el derecho provincial. Causas concernientes a embajadores ministros y cónsules extranjeros. Ese privilegio de inmunidad frente a la jurisdicción del estado en que actúan como representantes del propio, los exime de la jurisdicción de los tribunales de justicia del estado ante el cual ejercen su función. La violación del privilegio origina responsabilidad internacional del estado que lo ha infringido. La inmunidad diplomática dura mientras el agente ejerce las funciones correlativas. Ello puede dar lugar a situaciones varias: a) cuando el agente diplomático se ve afectado en una causa que le concierne por un hecho anterior a su desempeño, la inmunidad lo cubre. b) si el hecho que origina la causa se produce mientras ejerce su función, pero el juzgamiento es posterior a su cese, ya no hay inmunidad. c) si la Corte está conociendo de una causa concerniente al agente diplomático y mientras pende el proceso cesa en su función, la Corte se ha de desprender de la causa. d) una ausencia transitoria de nuestro país no hace decaer la competencia de la Corte. Las causas y asuntos concernientes a embajadores, etc., no son únicamente aquellos en que procesalmente y formalmente es parte uno de los agentes mentados en el art. 117. Concernir equivale a afectar. Una causa concierne a un diplomático o un cónsul en la medida en que lo afecta, interesa y compromete, sin distinguir entre las causas referidas a actividad propia de 30
su función oficial y las ajenas a ésta (o totalmente referidas a actividad privada). No interesa tampoco la materia de la causa (civil, penal, administrativa, etc.) Con respecto a los cónsules extranjeros debemos comenzar recordando que: a) los arts. 116 y 117 los colocan en paridad de condiciones con los embajadores y ministros públicos a efectos de hacer surtir la competencia originaria y exclusiva de la Corte en causas o asuntos que les concierne; b) pero según el derecho internacional público, no ostentan carácter de agentes diplomáticos. Los cónsules no gozan en el derecho internacional de una inmunidad de jurisdicción que tenga alcance que la de los diplomáticos. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR APELACIÓN Otra de las instancias para la Corte es la apelación, en la que conoce causas que le llegan de un tribunal inferior, donde han sido juzgadas (a veces en más de una instancia, e inclusive por tribunales provinciales, o por tribunales ajenos al poder judicial, como los militares y los administrativos). En instancia de apelación, la Corte ejerce actualmente su competencia de acuerdo con una subdivisión: a) por vía ordinaria y b) por vía extraordinaria. Esta última es la que encauza el recurso extraordinario. POR APELACIÓN ORDINARIA. Las causas en que resulta competente la Corte en jurisdicción apelada dependen de lo que establezca la ley que dicta el congreso reglamentando esa jurisdicción de forma que: a) no es imposición constitucional que todas las causas del art. 116 puedan acceder en apelación a la Corte; pero que estando previsto en la constitución que debe existir la jurisdicción apelada de la Corte, algunas de esas causas han de poder llegar a tal jurisdicción, a criterio de la ley del congreso; b) que por lo dicho, la jurisdicción apelada de la Corte puede ser mayor o menor, según lo disponga la ley del congreso con reglas y excepciones; c) que esa jurisdicción no es totalmente suprimible, de forma que sería inconstitucional su inexistencia y la ley del congreso que eliminara en forma absoluta la jurisdicción apelada de la Corte; d) que la primera parte del art. 116, en cuanto prescribe que son de jurisdicción federal todas las causas que versan sobre puntos regidos por la constitución, las leyes del congreso, excepto las de derecho común, y los tratados internacionales, obliga a que tales causas puedan llegar por lo menos una vez en última instancia a jurisdicción federal apelada, pero de ninguna manera significa que necesariamente esa jurisdicción federal apelada deba abrirse ante la Corte, pudiendo la ley del congreso optar porque se abra ante la Corte o se abra ante un tribunal federal inferior a ella. POR APELACIÓN EXTRAORDINARIA: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL La ley ha regulado, dentro de su margen elástico, los diversos supuestos de acceso a la Corte entre los que citamos las vías recursivas en: a) causas en que el estado es parte; b) causas de extradición de criminales; c) causas de jurisdicción marítima; d) supuestos de revisión, aclaratoria, y queja (por retardo de justicia); e) las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos; f) casos en que debe decidir sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia; g) la vía extraordinaria de apelación consistente en el clásico recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, que se llama también remedio federal. 31
El recurso extraordinario es un recurso, o sea una vía de acceso a la Corte que no es originaria, sino posterior a una instancia previa o anterior. En ese sentido, responde a la previsión constitucional de que haya una jurisdicción no originaria (apelada) de la Corte. De todos modos, sus características son especiales. Por algo se lo llama extraordinario, o sea, no ordinario. Esa naturaleza extraordinaria consiste en que no es un recurso de apelación común, sino excepcional, restringido y de materia federal, puede decirse que es parcial porque recae sobre la parte federal y exclusivamente. El objeto del recurso extraordinario consiste en asegurar en última instancia ante la Corte el control de la supremacía constitucional. Puede desglosarse este control en dos: a) interpretación constitucional; b) conflicto de constitucionalidad. La revisión constitucional en instancia extraordinaria en torno del objeto propio del recurso ante la Corte, confiere primordial importancia a lo que en él se llama cuestión constitucional (o caso federal), requisito imprescindible sin cuya concurrencia el mismo recurso pierde su meollo. En instancia extraordinaria se recurre contra una sentencia que se sitúa dentro del marco de un juicio; la misma debe provenir de tribunales del poder judicial sean federales o provinciales. Con respecto a los requisitos pueden agruparse en tres grupos: 1) Requisitos comunes: a) previa intervención de un tribunal judicial federal o provincial que haya tenido lugar en un juicio y concluido con una sentencia. b) decisión en la sentencia de una cuestión que sea judiciable. c) gravamen o agravio para quien deduce el recurso, con interés personal en la cuestión. d) subsistencia actual de los requisitos anteriores en el momento en que la Corte va a sentenciar la causa. 2) Requisitos propios: a) existencia en la causa de una cuestión (o caso) constitucional (o federal) b) relación directa entre esa cuestión constitucional y la solución que la sentencia recurrida ha dado al juicio. c) que la sentencia recurrida haya sido contraria (y no favorable) al derecho federal invocado por el proponente, d) existencia de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal componente de la causa 3) Requisitos formales: a) introducción oportuna y clara de la cuestión constitucional en el juicio, por parte de quien luego interpone el recurso. b) mantenimiento sucesivo de dicha cuestión en todas las instancias del juicio
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c) interposición por escrito del recurso, contra la sentencia definitiva, con debido fundamento y con relación completa de las circunstancias del juicio que se vinculan a la cuestión constitucional planteada. cual se ve remozada por el standard de la trascendencia. EL PER SALTUM Es la creación pretoriana de la Corte a partir de 1990, llamada "per saltum" (salto de instancia) o "by pass" (sin cumplir con la exigencia del articulo 117 parte 1° CN, que dispone que será el congreso el que determinará la jurisdicción por apelación de la Corte). Se permite al justiciable acceder a la Corte sin cumplir el requisito propio del Superior Tribunal de la causa, empalmando así una instancia anterior directamente con el Alto Tribunal, quien correlativamente pasa a intervenir en ese asunto. La interposición del escrito recursivo ya no se realiza ante el Superior Tribunal de la causa, sino derechamente ante la propia Corte. La razón de estas excepciones es la gravedad institucional/trascendencia involucrada en la causa.
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Ministerio Público Fiscal. CN:
Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.
El Ministerio Público Fiscal es parte fundamental en la administración de justicia, compuesta por el Poder Judicial (integrado por jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas) y los Ministerios Públicos: Fiscal y de la Defensa. En su conjunto, conforman las tres partes fundamentales en un proceso judicial. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia. Se encuentra a cargo del Procurador o de la Procuradora General, que es propuesto o propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación. Es independiente incluso del Poder Judicial (encabezado por la Corte Suprema de Justicia). Esa independencia tiene sus orígenes en la Reforma Constitucional de 1994, que estableció la autonomía del Ministerio Público. El rol que le corresponde a los y las fiscales que conforman el MPF tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, está determinado en nuestra Constitución, en el artículo 120. Pero además, porque al Estado y a la sociedad le interesa particularmente que se persigan todos los delitos. Por otra parte, en las cuestiones no penales, el interés general reviste en la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos. En relación con la parte penal, el Procurador o la Procuradora a cargo del Ministerio tienen la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la vida, contra la humanidad, los vinculados al narcotráfico, a la violencia institucional, o al lavado de dinero, por mencionar algunos. Por eso es que en la estructura del MPF se conformaron unidades especializadas, que tienen como fin mejorar el desempeño en el trabajo. Ello requiere sí o sí un Ministerio ágil y abierto a los cambios que la realidad va demandando de modo constante. A su vez, los y las fiscales, en los procesos penales, son quienes llevan adelante la investigación de los delitos. Esa dinámica (fiscal que investiga y juez que decide) se corresponde con un sistema llamado “acusatorio”, donde es el fiscal quien debe realizar la acusación dur ante todo el proceso. Esto garantiza un juez imparcial que, a la hora de tomar decisiones, simplemente deberá valorar aquello que le presentan las partes. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, ese sistema se ve limitado. A los fiscales les corresponde la iniciativa en la investigación en determinados casos; por ejemplo, cuando no hay un autor del delito identificado o cuando el juez le “delega” la causa para que la investigue.
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Como representante de los intereses de la sociedad, a quienes les compete la tarea de trabajar en nombre del MPF, también les corresponde emitir dictámenes en algunas causas. Los dictámenes son una parte esencial del proceso que elabora el o la fiscal para que el juez o jueza decida la cuestión que están tratando. En este sentido, un dictamen es mucho más que una simple opinión fundamentada: en ese documento, el fiscal representa el interés general de perseguir delitos -en materia penal- o de tutelar los intereses generales -en los fueros no represivos- sobre el punto del conflicto que se esté discutiendo. ¿Cuáles son las áreas en las que interviene el MPF? Lo que se conoce como fueros, son aquellas áreas del derecho sobre las que se trabaja en la administración de justicia. Estas son: penal, civil, comercial, administrativo, del trabajo, de la seguridad social y de menores. Pero surge otra pregunta: ¿el Ministerio Público Fiscal de la Nación interviene siempre, en cualquier causa, en cualquier lugar del país? La respuesta es no. El MPF tiene a su cargo las causas federales en t odo el país y, además, las “locales” de la Capital Federal. Es por eso que los fiscales federales sólo se ocupan de determinadas causas: aquellas que versan sobre cuestiones tratadas en nuestra Constitución y en leyes federales. En suma, el Ministerio Público Fiscal interviene siempre que el ordenamiento jurídico estime que es necesario que una parte del Estado actúe en favor de los intereses de la sociedad. A eso se dedican quienes trabajan en el organismo. Para eso es necesario contar con mujeres y hombres que se comprometan con la función y una sociedad activa a la hora de participar en los procesos de defensa de sus derechos.
Unidad 1: Procedimiento penal El MPF toma especial relevancia en el fuero penal, en donde, como ya vimos, cumple un rol fundamental toda vez que es quien impulsa la acción penal. En este sentido hay diferentes modos en los que inicia una causa penal. Según lo estipulado por el Código Procesal Penal, existen tres formas de denunciar un hecho penal: 1) Denuncia ante el juez Art. 180. - El juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de instrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la investigación conforme a las reglas establecidas en el título II, del libro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción. La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o
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su remisión a otra jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser tenido por parte querellante. Art. 196. - El juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título. En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión de un delito de acción pública sea receptada directamente por el agente fiscal, o promovida por él la acción penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de instrucción, practicará las medidas de investigación ineludibles, cuando corresponda, solicitará al juez de instrucción que recepte la declaración del imputado, conforme las reglas establecidas en la sección II de este título, luego de lo cual el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a su cargo la investigación, o si continuará en ella el agente fiscal. 2) Denuncia ante el agente fiscal Art. 181. - Cuando la denuncia sea presentada ante el agente fiscal, éste procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 o requerirá la desestimación o remisión a otra jurisdicción. Art. 196 bis. - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los sumarios por hechos ilícitos de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado, la dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones delegada al Ministerio Público Fiscal, con noticia al juez competente en turno. En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, aun cuando tengan autores individualizados, la dirección de la investigación quedará a cargo del MINISTERIO PUBLICO FISCAL desde el inicio de las actuaciones hasta la conclusión del sumario, con noticia al Juez competente en turno. Nuevo trámite del Artículo 353bis.Con la sanción de la ley N°27272 se modificó el régimen del Artículo 353bis. Esta ley instruye el modo en que deben ser llevadas a cabo las investigaciones sobre delitos ocurridos en “Flagrancia”. Se entiende que un delito es cometido en flagrancia cuando su resultad o se frustra por la acción de otra persona, ya sea por ocasionales transeúntes, la víctima o personal policial. El término “flagrancia” proviene de “flagar”, que remite a la idea de despedir mucha
luz, de arder. Es decir, que al momento de la aprehensión del encausado hay pruebas evidentes de su autoría, se lo agarró “con las manos en la masa”.
La modificación incorpora un mecanismo oral con un trámite rápido que tiene como objeto tener condenas en cortos plazos de tiempo. Predomina el sistema acusatorio en el que existe contradicción entre las partes. El gobierno alegó que el motivo de dicha reforma era “cortar con la puerta giratoria”, lo cierto es que su aplicación causó una grave crisis en las fiscalías de
instrucción por la sobrecarga de tareas. A continuación referimos los artículos que explican el funcionamiento del proceso: Artículo 353 bis: El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este título es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 285 y cuya pena máxima no supere los quince (15) años de prisión o veinte (20) años 36
de prisión en los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal, o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo. Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la que será grabada en forma total mediante soporte de audio y, en la medida de las posibilidades del tribunal, video. Las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del presente título. Artículo 353 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite establecido en este título. El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro (24) horas desde la detención, prorrogable por otras veinticuatro (24) horas, cuando no hubiere podido realizarse por motivos de organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el imputado lo solicitare para designar un defensor particular. A esa audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor. La víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante. La víctima, con el control de la defensa, podrá solicitar declarar sin la presencia del imputado. En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado. La decisión será notificada a las partes oralmente en la misma audiencia. Artículo 353 quáter: Carácter multipropósito de la audiencia. Todas las audiencias en el marco del procedimiento establecido en el presente título, tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a las que pudieran haber motivado su designación. Practicado por el juez el interrogatorio de identificación previsto en el artículo 297, el fiscal informará al imputado el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes en su contra. El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para casos de flagrancia cuando consideren que no se verifican los presupuestos del artículo 37
285 o que la complejidad de la investigación no hará posible la aplicación del procedimiento previsto en la presente. Dichas objeciones deberán ser resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme la reglamentación interna que se dicte al respecto y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha de recibido el expediente por dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá carácter de definitiva y será irrecurrible. Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos de la correcta identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del informe ambiental, el examen mental previsto en el artículo 78 del presente Código —en caso de corresponder—, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la instrucción y que aún no se hubieren producido. Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si se resolviere mantener la detención u otorgar la libertad al imputado, respectivamente. Para los casos en que fuera indispensable para el correcto ejercicio del derecho de defensa, el plazo de producción de prueba para el imputado detenido podrá extenderse por veinte (20) días. La audiencia de clausura deberá ser fijada en este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior. La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes. Rigen las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común en todo lo que no se contradigan con lo dispuesto en el presente título. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez resolverá en la misma audiencia. Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas por el juez en forma oral, inmediata y de manera fundada. La verificación de un caso de conexidad con otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad, no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y cuando sea posible la investigación separada de los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del juzgamiento bajo este régimen. De todo lo actuado labrará acta sucinta el secretario.
Artículo 353 quinquies: Audiencia de clausura del procedimiento para casos de flagrancia. El juez otorgará la palabra a la querella y al agente fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción del hecho y su calificación legal.
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En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los términos del artículo 349. El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 y, en el mismo acto, decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días. Las apelaciones que se hubieren presentado desde el inicio del proceso hasta la finalización de esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma conjunta en este acto, con excepción de aquellos planteos vinculados con la libertad del imputado. Artículo 353 sexies: Desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de juicio abreviado. En esos casos, si mediara conformidad del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, se requerirá su opinión, la que no será vinculante. Deberán introducirse también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones que se consideren pertinentes, que serán resueltos en la misma audiencia. Artículo 353 septies: Constitución del tribunal. Ofrecimiento de prueba. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes la constitución del tribunal y en el mismo acto se las citará a una audiencia oral en un plazo que no podrá ser superior a cinco (5) días para ofrecer la prueba para el debate. En dicha audiencia se resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además podrán introducirse las nulidades y excepciones que no hubieren sido planteadas con anterioridad. Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá exceder de veinte (20) días desde la radicación. En todos los casos sometidos al procedimiento para casos de flagrancia, cuya pena máxima prevista no sea mayor a quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
Artículo 285: Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.
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Unidad 2: funciones, como se elige al Procurador, cuánto dura, cómo se remueve (ver LOMPF) Unidad 3: Las nuevas procuradurías creadas por la LMPF en virtud del sistema acusatorio. Fiscalías especiales, procuradurías, fiscalías de distrito. etc. (ver LOMPF y http://www.mpf.gob.ar/blog/organigrama/procuracion-general-de-la-nacion)
El Ministerio Público Fiscal y la Cuestión de Género. Unidad 1: conocimiento de las leyes y convenciones relacionadas con la materia. Leyes que hay que manejar Ley 26485 y su decreto reglamentario 1011/2010 (ver anexo) LEY NACIONAL 24.417 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (ver anexo) CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" (ver anexo) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ver anexo)
Unidad 2:. Funcionamiento de la UFEM UFEM Acerca de Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres La UFEM es la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) del MPF. Fue creada por la Procuradora General de la Nación el 29 de junio de 2015, mediante la Resolución PGN n° 1960/15, y reglamentada mediante la Resolución PGN n° 427/16 luego del período de diagnóstico y proyección desarrollado por una Comisión de Expertos y Expertas del MPF. Tiene la misión de reforzar la actuación del MPF en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género, a través del diseño de una política criminal específica, el desarrollo de herramientas de intervención fiscal y el litigio estratégico. Para ello, cuenta con una Coordinación General y tres áreas operativas: Análisis Criminal y Planificación, Política Criminal y Litigio Estratégico.
Objetivos generales: Los objetivos generales de la UFEM son: Asegurar que la actuación del MPF se ajuste a los estándares de debida diligencia reforzada exigibles en casos de violencia de género. Visibilizar el carácter estructural del fenómeno de la violencia de género con miras a contribuir a su prevención y erradicación.
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Mejorar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficiencia del MPF frente al fenómeno de la violencia de género. Para cumplir esos objetivos, la UFEM se ocupa de diseñar la política criminal específica del organismo en materia de violencia de género y de elaborar herramientas para la actuación fiscal (protocolos, instrucciones generales, etc.), a partir del análisis de información sobre las características características del fenómeno criminal y la actuación del sistema de justicia. La Unidad también interviene en el litigio estratégico de casos en todos los fueros e instancias del sistema de justicia nacional y federal.
Ámbito de actuación: actuación: La UFEM puede actuar ante cualquier manifestación de violencia de género perpetrada contra: Mujeres. Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI). Niños, niñas y adolescentes, cuando se trate de hechos vinculados al objeto de actuación de la Unidad, ocurridos en contextos de violencia intrafamiliar. intrafamiliar. Del marco de actuación de la UFEM quedan excluidos los casos de violencia sexual contra personas menores de 13 años, puesto que corresponden a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual (UFISEX).
Modos de intervención UFEM tiene tres modos de intervención: Diseño de la política criminal específica Reúne y analiza información sobre el fenómeno de la violencia de género y la actuación del sistema de justicia. A partir de ese análisis, diseña las estrategias de intervención y la política criminal del MPF en la materia. b) Elaboración de herramientas de actuación fiscal Elabora guías de actuación, protocolos de investigación, recomendaciones y proyectos de instrucciones generales aplicables a casos de violencia de género en los que interviene el MPF. c) Intervención en casos Puede intervenir en casos en todos los fueros e instancias del sistema de justicia Nacional y Federal, bajo las siguientes modalidades: Investigaciones preliminares preliminares y genéricas. Actuación autónoma por delegación de las fiscalías. Actuación conjunta por pedido de colaboración de los/las fiscales. Colaboración y asistencia técnica en cuestiones específicas de los casos por pedido de los/las fiscales. Monitoreo de casos relevantes.
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La Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) tiene la misión de reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género. La UFEM fue creada por la Procuradora General de la Nación el 29 de junio de 2015, mediante la Resolución PGN 1960/15. Sus funciones y estructura interna fueron reglamentadas reglamentadas por la Resolución PGN 427/16 el 2 de marzo de 2016, luego del período de diagnóstico y proyección desarrollado por la Comisión de Expertos y Expertas del MPF. La Unidad Fiscal interviene en casos de violencia contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), a partir del diseño de una política criminal específica, del desarrollo de herramientas herramientas de intervención fiscal y del litigio estratégico. EL TRABAJO DE LA UFEM SE ORIENTA EN FUNCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS GENERALES �
Asegurar que la actuación del MPF se ajuste a los estándares de debida diligencia en la prevención, investigación investigación y sanción exigibles para los casos de violencia de género. �
Visibilizar el carácter estructural del fenómeno de la violencia de género con miras a contribuir co ntribuir a su prevención y erradicación. �
Mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia del MPF frente al fenómeno de la violencia de género. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? La violencia de género constituye una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta gravemente a mujeres y personas LGBTI de todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, edad o religión, y que limita seriamente el goce y ejercicio de esos derechos y libertades. La violencia de género se produce en los distintos contextos en los que las personas desarrollan sus relaciones tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, social, educativo y público en general. A los efectos del trabajo de la UFEM, se entiende por violencia de género toda acción u omisión dirigida contra las mujeres y las personas LGBTI, en el ámbito público o en el privado, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. La violencia de género es una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Su expresión más extrema son los femicidios y los crímenes por odio de género. Según datos de organismos nacionales e internacionales, internacionales, en la República Argentina, muere una una mujer cada 30 horas víctima de violencia de género.
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La violencia de género no sólo supone el maltrato físico, sino que incluye también otras formas de violencia, como la psicológica, sexual, económica y simbólica. LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL ESTADO ARGENTINO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO La República Argentina Argentina asumió obligaciones obligaciones internacionales internacionales para la prevención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. En particular, la Convención de Belém do Pará garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y enumera una serie serie de deberes estatales orientados orientados a prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. Según la interpretación de los organismos internacionales internacionales de protección de derechos humanos, estas obligaciones son aplicables a la violencia que sufren las personas LGBTI por razones de género. En función de los deberes asumidos en el orden internacional, el Estado argentino se encuentra obligado a actuar con debida diligencia en la prevención, investigación investigación y sanción de la violencia de género. En el ámbito nacional, esta obligación se encuentra receptada en la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que tiene el objetivo de eliminar la discriminación entre varones y mujeres, y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En términos concretos, esta obligación implica que en casos de violencia de género el MPF tiene el deber de actuar con especial diligencia para esclarecer los hechos y someter a sus responsables a la acción del sistema de justicia. El enjuiciamiento y castigo de los responsables de este fenómeno criminal es una medida necesaria para prevenir y erradicar la violencia de género, en tanto la impunidad envía el mensaje de que esas conductas son toleradas, y esto favorece su perpetuación y aceptación social. ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DE LA UFEM La creación de la Unidad Fiscal especializada en el ámbito del MPF es consistente con los compromisos internacionales internacionales y locales asumidos por el Estado argentino argentino y es una respuesta institucional a las demandas sociales para terminar con la violencia de género. En este sentido, los lineamientos del trabajo que desarrolla la UFEM son: • Planificación de estrategias de política criminal para abordar integralmente los casos de violencia de género A tal fin, reúne y sistematiza información criminal sobre femicidios, agresiones agresiones sexuales y otros casos de violencia contra las mujeres y personas LGBTI para elaborar diagnósticos sobre las características del fenómeno y la respuesta que ofrece el sistema de justicia. A partir de esos análisis, identifica patrones y aspectos críticos para diseñar las estrategias de intervención fiscal. • Elaboración de herramientas de actuación para fiscales Para ello, desarrolla guías de actuación, protocolos de investigación, 43
recomendaciones y proyectos de instrucciones generales aplicables a casos de violencia de género, destinados a fiscales y operadoras/es de justicia. • Intervención en casos estratégicos
Colabora con las/los fiscales en la investigación y litigio de casos de violencia de género en todos los fueros e instancias del sistema de justicia nacional y federal, realiza investigaciones preliminares y genéricas, brinda asistencia técnica a fiscales y monitorea casos relevantes. CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UFEM UFEM interviene de manera prioritaria en casos de violencia de género cuando: El hecho es especialmente grave, por ejemplo, femicidios (consumados o tentados) o abusos sexuales agravados. Hay un alto riesgo para la víctima por las características del agresor o las circunstancias del hecho. Existe un interés institucional especial por las dificultades de la víctima para acceder a la justicia o el riesgo de revictimización Es representativo de un patrón sistemático de violencia de género o de una práctica institucional que deba modificarse. Otros casos que exijan la intervención de acuerdo al plan de trabajo de la Unidad.
Análisis de la reglamentación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres de Argentina 23.07.2010 - Buenos Aires - Pressenza IPA La ley 26.485 intenta detectar y eliminar las conductas que tanto en el ámbito público como privado, basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres. La normativa busca proteger no sólo de la violencia física, sino también de la psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica sufridas tanto en el ámbito familiar, como en el institucional, laboral o mediático. Su principal objetivo es combatir los “patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género”, es decir “las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y
culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres” (Artículo 2,
inciso e). En est e sentido, condena toda expresión que tienda a “perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros; Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas; Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros; Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio; Referirse a las mujeres como objetos”. 44
El acceso a la justicia a que hace referencia la ley reglamentada obliga a ofrecer gratuitamente a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del Estado Nacional, ya sean de orden administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos (Artículo 2, inciso f). En el ámbito laboral, considera discriminación hacia la mujer “cualquier omisión, acción
consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o pref erencia”, exigir requisitos inherentes a la pertenencia de género en el acceso a un contrato de trabajo y negar el derecho a “igual remuneración por igual tarea o función o (…) trabajo de igual valor” (Art. 6 inciso C).
En el ámbito de la reproducción, tipifica como violencia contra la libertad reproductiva cuando cualquier particular (incluidos cónyuges, padres, o empleadores) vulneren “el derecho
de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos”. Específicamente incurren en esta falta los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos a su disposición. También condena “el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante
ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no” (Art. 6 inciso e). En relación a los medios masivos de comunicación, el inciso f del articulo 6 contempla acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes que inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las mujeres; Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación; Estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres; Contengan prácticas injuriosas, difamatorias, discriminatorias o humillantes a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios. Resulta interesante el acento que la ley imprime a evitar situaciones de “revictimización”, es decir, “el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas
inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro” (Artículo 3, inciso k). En aquellos casos de asistencia a las mujeres que sufren violencia, la normativa obliga a prestar “especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico, racial o religioso”.
La reglamentación también contempla el lanzamiento de campañas de educación y concientización sobre la gravedad de la problemática, que informen sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza a las víctimas y el fomento de la igualdad de 45
oportunidades. Lo mismo se realizará en los establecimientos educativos públicos y privados del país. El Artículo 2 faculta al Consejo Nacional de la Mujeres –dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación- a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación. Este organismo tendrá, en tanto autoridad de aplicación, la responsabilidad por el diseño, la planificación y el monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. A su vez, deberá genera una “Guía de Servicios de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia” de todo el país. Este material contará con una base de datos en soporte electrónico y cualquier otro medio que permita la consulta en forma instantánea y ágil de acuerdo a los requerimientos y a las distintas alternativas disponibles en cada localidad. Y se implementará una línea telefónica con alcance nacional, sin costo para las/os usuarias/os y que funcionará las veinticuatro horas de todos los días del año. Los fundamentos del decreto ofrecen un panorama de la situación de la mujer en la República Argentina. Por un lado, destaca “jalones” relevantes en el camino a la igualdad entre hombres
y mujeres como la elección de un significativo número de legisladoras en ambas Cámaras del Congreso, la designación de juristas como Ministras en la Corte Suprema de Justicia, la incorporación de funcionarias en cargos de decisión en el Poder Ejecutivo Nacional y en los Poderes Ejecutivos Provinciales y Municipales y la designación de mujeres al frente de organismos históricamente dirigidos por hombres, como el Ministerio de Defensa y el Banco Central. Asimismo, menciona la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral (aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual remuneración por igual tarea). Por el otro, menciona la sanción de numerosas leyes, en un corto período que abarcó desde el año 2003 hasta la fecha, que sancionaron la vigencia de distintos derechos de las mujeres, tales como, la Ley Nº 26.130 para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la Ley Nº 26.171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley Nº 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley N º 26.472 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que contempla el supuesto de Prisión Domiciliaria para Madres con hijos menores de cinco años, entre otras normas. Sin embargo, los fundamentos del decreto aclaran “que (…) p ersisten las inequidades basadas
en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres”. En este sentido, la normativa remarca la obligación de “los Estados a impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, com promiso emanado
de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 46
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), que el Estado Argentino aprobó a través de las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente.
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Anexo: Selección Constitución:
PREÁMBULO Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina. DEL PODER LEGISLATIVO Artículo 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. De la Cámara de Diputados.
Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Artículo 46.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdoba seis: por la de Catamarca tres: por la de Corrientes cuatro: por la de Entre Ríos dos: por la de Jujuy dos: por la de Mendoza tres: por la de La Rioja dos: por la de Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de San Juan dos: por la de Santa Fe dos: por la de San Luis dos: y por la de Tucumán tres. Artículo 47.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años. Artículo 48.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. Artículo 49.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general. Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período. 48
Artículo 51 .- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. Artículo 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. Del Senado
Artículo 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. Artículo 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.
Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación. Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Artículo 61 .- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. DEL PODER JUDICIAL 49
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Artículo 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones. Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador. Artículo 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte. Artículo 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.
Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. 50
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado.
El Ministerio Público Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
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PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, HAN CONVENIDO en lo siguiente:
CAPITULO I DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
CAPITULO II DERECHOS PROTEGIDOS Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 52
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Artículo 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
CAPITULO III DEBERES DE LOS ESTADOS Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 53
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 54
refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. Artículo 9 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
CAPITULO IV MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION Artículo 10 Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. Artículo 11 Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. Artículo 12
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Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CAPITULO V DISPOSICIONES GENERALES Artículo 13 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Artículo 14 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema. Artículo 15 La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 16 La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 17 La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 18 Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. Artículo 19 56
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. Artículo 20 Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. Artículo 21 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Artículo 22 El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. Artículo 23 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. Artículo 24 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. Artículo 25
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El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º — Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente. ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947) e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
ARTICULO 3º — Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:
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a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones; b) La salud, la educación y la seguridad personal; c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; d) Que se respete su dignidad; e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; g) Recibir información y asesoramiento adecuado; h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.
ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
ARTICULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: 1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física. 2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. 3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la 60
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
ARTICULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia; b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil; c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral; d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los
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nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. TITULO II POLITICAS PUBLICAS CAPITULO I PRECEPTOS RECTORES
ARTICULO 7º — Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres; b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres; c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia; d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios; e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales; f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece; g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
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h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. CAPITULO II ORGANISMO COMPETENTE
ARTICULO 8º — Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley. ARTICULO 9º — Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá: a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia; c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia; d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia; e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación; f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia; g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención; h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley; i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
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j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres; k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia; l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —como mínimo — por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias; m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios; n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres; ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa; o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen; p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen; q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas; r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley; s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
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t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas; u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad. CAPITULO III LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES
ARTICULO 10. — Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar: 1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades: a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje; b) Grupos de ayuda mutua; c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito; d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica; e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano. 3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer. 4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer. 5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer. 6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral. 7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
ARTICULO 11. — Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y 65
municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia: 1.- Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Gabinete y Gestión Pública: a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de lo s principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público; b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales. 2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia; b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia; c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia; d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os; e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia; f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia. 3.- Ministerio de Educación de la Nación: a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos; b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres; c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar; d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;
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e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones; f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación. 4.- Ministerio de Salud de la Nación: a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer; b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud; c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios; d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación; e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales. f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de violencia; g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones; h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género; i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación: 5.1. Secretaría de Justicia: a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito; 67
b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita; c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia; d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales; e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje; f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema; g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho; h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados; i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad. 5.2. Secretaría de Seguridad: a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales; b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial; c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil; d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos; e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género. 5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):
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a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos. 6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en: 1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección; 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación; 3. La permanencia en el puesto de trabajo; 4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función. b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos; c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia; d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales. 7.- Ministerio de Defensa de la Nación: a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas; c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos; d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género. 8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación: a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;
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b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género; c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres; d) Alentar la eliminación del sexismo en la información; e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. CAPITULO IV OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ARTICULO 12. — Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. ARTICULO 13. — Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. ARTICULO 14. — Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres: a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres; b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia; c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres; d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones; e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía; f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;
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g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas; h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública; i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos; j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional; k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.
ARTICULO 15. — Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por: a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos; b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia. TITULO III PROCEDIMIENTOS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 16. — Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado; b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva; c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente; d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte; 71
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley; f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones; g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa; h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización; i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos; j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género; k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.
ARTICULO 17. — Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes. ARTICULO 18. — Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. CAPITULO II PROCEDIMIENTO
ARTICULO 19. — Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley. ARTICULO 20. — Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo. ARTICULO 21. — Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita. Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.
ARTICULO 22. — Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.
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Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.
ARTICULO 23. — Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. ARTICULO 24. — Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas: a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna; b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla; d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público. e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.
ARTICULO 25. — Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma. ARTICULO 26. — Medidas preventivas urgentes. a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley: a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia; a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;
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a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión; a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer; a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia l a mujer. b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes: b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente; b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma; b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor; b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales; b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia; b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad. b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas; b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as; b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno; b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.
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ARTICULO 27. — Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. ARTICULO 28. — Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia. El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública. En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes. Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
ARTICULO 29. — Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre. Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26. El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen. También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.
ARTICULO 30. — Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material. ARTICULO 31. — Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. ARTICULO 32. — Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras. Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones: 75
a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido; b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor; c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.
ARTICULO 33. — Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles. La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo. La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.
ARTICULO 34. — Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación. ARTICULO 35. — Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia. ARTICULO 36. — Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre: a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención; b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso; c) Cómo preservar las evidencias.
ARTICULO 37. — Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor. Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro. El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.
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