control de constitucionalidad

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONALIDAD EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO LATINOAMERICANO

Por CLAUDIA STORINI / JHOEL ESCUDERO SOLIZ Profesora Titular de Derecho Constitucional / Asesor Universidad Pública de Navarra / Corte Constitucional de Ecuador [email protected] / [email protected] Revista General de Derecho Público Comparado 9 (2011)

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA NATURALEZA DEL ÓRGANO CONSTITUCIONAL. III. CONTROL CONSTITUCIONAL DIFUSO. IV. CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO. V. LA CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL TIPO DE NORMAS SUJETAS AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. VI. EL MOMENTO DE EJERCIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. VII. LA LEGITIMACIÓN  ACTIVA. VIII. EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES. CONSTITUCIONALES. IX. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

El constitucionalismo que ha venido configurándose en algunos países de América latina ha tenido la capacidad de revisar e innovar instituciones que se configuran hoy como un desafío a las ideas establecidas -y tradicionalmente incuestionada- en varios ámbitos del Derecho constitucional y, en especial, en relación con la justicia ordinaria y constitucional. En este sentido en materia de control de constitucionalidad este trabajo estudiará la configuración constitucional del control de constitucionalidad, sus diferencias pero también rasgos comunes en Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. El constitucionalismo enmarcado en el nuevo modelo de Estado que estas constituciones configuran ha derivado en una nueva cultura jurídica que expresa la que puede ser definida como una objeción democrática o de supremacía del legislador  en la que a más Constitución y a mayores garantías judiciales se reducen inevitablemente las esferas de influencia de las mayorías parlamentarias 1. Es así que el objetivo de este trabajo es i) estudiar los diseños normativos para ilustrar como están conformados los 1

 L. Prieto Sanchis, La Justicia Constitucional y los Derechos Fundamentales , Madrid, Segunda edición, 2009, p. 101.

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órganos de control constitucional; ii) verificar cuantas garantías constitucionales abarcan y soportan cada unos de los sistemas constitucionales que se analizan. Lo que servirá para determinar si los diseños orgánicos son o no efectivos frente a las exigencias de protección de derechos, y, iii) identificar el momento del control de constitucionalidad en todos aquellos actos que requieren de un examen de constitucionalidad para determinar su validez. Además se tratará el ensanchamiento de la legitimación activa en materia constitucional, que no es otra cosa que garantizar el acceso a la justicia y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político así como los efectos en el tiempo de las sentencias constitucionales. II. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA NATURALEZA N ATURALEZA DEL ÓRGANO CONSTITUCIONAL

La justificación de la institución del control de las leyes y de otras normas jurídicas, por parte de los jueces, surge como una cuestión de grave complejidad. Los argumentos a su favor, parten de una derivación lógica de supremacía constitucional, de modo que si se admite tal supremacía no se requiere de ninguna situación fáctica que impida a los jueces realizar el mencionado control de las normas. 2 En este sentido Kelsen y Hart, en relación con el rol de la Constitución en la determinación de la validez de las normas jurídicas y de su pertenencia a un ordenamiento jurídico, afirman que la Constitución es una regla de reconocimiento o validez dependiente de una norma supuesta -norma básica-. Lo cierto es que la Constitución determina la validez de todas las demás normas y estas mismas normas pertenecen a un determinado sistema jurídico gracias a su posición en la pirámide  jurídica. Otro argumento a favor del control de leyes es aquel que considera a la Constitución como una norma jurídica -ley suprema-, facultando a los jueces la posibilidad de no aplicar normas que contradicen las exigencias de la Constitución, contrario sensu  de   de la afirmación sobre la Constitución como una declaración de intenciones. Como es conocido, las tesis sobre el control de normas, por parte de los jueces, se derivan en dos sistemas generales: el control difuso y el concentrado. Las jurisdicciones constitucionales en los países del denominado nuevo constitucionalismo se dividen en control difuso y concentrado. Sus órganos y competencias -de forma general- están configurados de la siguiente forma: a) En Venezuela existe un sistema mixto difuso-concentrado; el difuso, como 2

 C. S. Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional , Buenos Aires, Astrea, Segunda reimpresión, 2002, p. 674.

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órganos de control constitucional; ii) verificar cuantas garantías constitucionales abarcan y soportan cada unos de los sistemas constitucionales que se analizan. Lo que servirá para determinar si los diseños orgánicos son o no efectivos frente a las exigencias de protección de derechos, y, iii) identificar el momento del control de constitucionalidad en todos aquellos actos que requieren de un examen de constitucionalidad para determinar su validez. Además se tratará el ensanchamiento de la legitimación activa en materia constitucional, que no es otra cosa que garantizar el acceso a la justicia y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político así como los efectos en el tiempo de las sentencias constitucionales. II. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA NATURALEZA N ATURALEZA DEL ÓRGANO CONSTITUCIONAL

La justificación de la institución del control de las leyes y de otras normas jurídicas, por parte de los jueces, surge como una cuestión de grave complejidad. Los argumentos a su favor, parten de una derivación lógica de supremacía constitucional, de modo que si se admite tal supremacía no se requiere de ninguna situación fáctica que impida a los jueces realizar el mencionado control de las normas. 2 En este sentido Kelsen y Hart, en relación con el rol de la Constitución en la determinación de la validez de las normas jurídicas y de su pertenencia a un ordenamiento jurídico, afirman que la Constitución es una regla de reconocimiento o validez dependiente de una norma supuesta -norma básica-. Lo cierto es que la Constitución determina la validez de todas las demás normas y estas mismas normas pertenecen a un determinado sistema jurídico gracias a su posición en la pirámide  jurídica. Otro argumento a favor del control de leyes es aquel que considera a la Constitución como una norma jurídica -ley suprema-, facultando a los jueces la posibilidad de no aplicar normas que contradicen las exigencias de la Constitución, contrario sensu  de   de la afirmación sobre la Constitución como una declaración de intenciones. Como es conocido, las tesis sobre el control de normas, por parte de los jueces, se derivan en dos sistemas generales: el control difuso y el concentrado. Las jurisdicciones constitucionales en los países del denominado nuevo constitucionalismo se dividen en control difuso y concentrado. Sus órganos y competencias -de forma general- están configurados de la siguiente forma: a) En Venezuela existe un sistema mixto difuso-concentrado; el difuso, como 2

 C. S. Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional , Buenos Aires, Astrea, Segunda reimpresión, 2002, p. 674.

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constitucionalidad en el nuevo constitucionalismo latinoamericano  latinoamericano  Storini y Escudero Soliz   El control de constitucionalidad

ocurre en el derecho comparado, también llamado desconcentrado, autoriza a todo juez de la república a no aplicar normas de rango legal contrarias a la Constitución -como veremos más adelante-. Al mismo tiempo, coexiste un órgano concentrado en el Tribunal Supremo de Justicia, esto es la Sala de lo Constitucional. En resumen se inserta un órgano especializado dentro de la función judicial clásica, así el artículo 4 de su Ley Orgánica, dice: El Tribunal Supremo Garantizará la supremacía y la efectividad de las normas y principios constitucionales. Será máximo y último intérprete de la Constitución de la República y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia Just icia y los demás tribunales de la República. Esta Sala, está integrada por siete magistradas y magistrados, y las demás salas especializadas se encuentran conformadas por cinco-ocho de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-. La diferencia en el número de integrantes de la Sala Constitucional, es evidente, debido a su competencia y los efectos que producen sus fallos para todo el sistema jurídico. Lo que a decir de Néstor Sagüés, la Sala Constitucional tiende a perfilarse como una súper sala con atribuciones en lo constitucional, como intérprete final y exclusivo de la Constitución, con acceso exclusivo a lo que se le podría llamar derecho con supremacía, ya que en algunos casos sus decisiones superan los alcances de las sentencias expedidas, inclusive, por el Pleno del Tribunal Supremo. b) En el control concentrado o extrajudicial, se crea un órgano específico encargado de sostener la Supremacía de la Constitución, denominado Tribunal o Corte Constitucional creado fuera de la función judicial, con pretensiones de controlar monopólicamente la constitucionalidad de las leyes, con la expedición de sentencias con efectos generales o erga omnes . b.1.) En Colombia, la jurisdicción constitucional está encargada a la Corte Constitucional, a la cual la Constitución le confiere la función de mantener su integridad y Supremacía. Entre las atribuciones de este órgano -que más adelante se explicarán con mayor detalle-, se destaca el control constitucional de las leyes, de los decretos con fuerza de ley y la revisión de las sentencias de tutela. No obstante del monopolio de la Corte en asuntos Constitucionales, el Consejo de Estado -máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo- y todos los jueces de distintas jurisdicciones gozan de algunas competencias en la materia.  Así el Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por

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inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional   -art. 237.2 Constitución Política de Colombia, en adelante CP-. Asimismo, ante cualquier juez del país independiente de la jurisdicción a la que pertenezca -con excepción de la  jurisdicción constitucional-, se puede interponer acción de tutela, sus sentencias son susceptibles de revisión por parte de la Corte Constitucional. Finalmente, la Constitución de Colombia en su artículo 4, prevé la posibilidad de que cualquier juez pueda directamente inaplicar la ley que a su juicio sea incompatible con la Constitución, esta norma implante el sistema difuso dentro del control de constitucionalidad en Colombia. La Corte Constitucional de Colombia está integrada por nueve magistrados Ley 5ª de 1992, art. 317-. Los magistrados son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años. La designación se la realiza en base a un sistema de ternas que a consideración del Senado presenta el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado art. 239 de la CP-. No se permite la reelección, y al gobierno se le prohíbe otorgarles un empleo diferente durante su gestión y posterior a ella, para garantizar su imparcialidad. Los magistrados gozan de fuero especial. Correspondiendo al Congreso conocer las actuaciones que contra los magistrados formule la Cámara de representantes, en razón de acciones u omisiones ocurridos durante sus funciones -juicio político-. Cuando son acusados de un delito común, si el Senado decide que es procedente que se siga la causa, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia -arts. 174 y 175 CP-, en los demás casos la única pena imponible por el Senado será la destitución del cargo, o la pérdida absoluta de sus derechos políticos. b.2.) En Ecuador, la Constitución de 2008 creó una Corte Constitucional, en remplazo del ex Tribunal Constitucional, siendo el máximo organismo de interpretación, control y administración de justicia constitucional -art. 429 de la Constitución de la República del Ecuador, en adelante CRE-; el control concretando que se extiende a leyes, decretos ley, decretos y en general de todo acto normativo o administrativo con efectos generales que vulneren la Constitución -art. 436 CRE-. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela y Colombia, que delegan el control de ciertos actos normativos al Consejo de Estado o a la Sala de lo Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en Ecuador la Corte Constitucional conoce todas las demandas de inconstitucionalidad contra todo acto normativo.

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Todos los jueces del país en todas las materias, de encontrarse ante normas que podrían vulnerar la Constitución, deberán suspender los procesos judiciales para enviar en consulta a la Corte Constitucional, para que se pronuncie sobre las normas que se presumen inconstitucionales con efectos generales -art. 428 de la CRE- no autorizando, en principio, al juez ordinario a inaplicar la norma con efectos para el caso concreto. En materia de protección de derechos constitucionales, esto es, medidas cautelares, acción de protección, el habeas corpus, habeas data y acceso a la información pública, que no involucre una inconstitucionalidad de norma; todos los  jueces tiene competencia para conocer y resolver las mencionadas acciones tendientes a garantizar los derechos. Respecto de los fallos que se expidan en esta materia, la Corte Constitucional tiene competencia para revisar y expedir, precedentes constitucionales con efectos obligatorios para todos los jueces -de la misma forma que en Colombia-.  Asimismo, puede conocer acciones extraordinarias d e protección frente a autos o sentencias expedidos por los jueces y que por acción u omisión hubieran vulnerado derechos constitucionales. La Corte Constitucional está integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas, como las de admisión, revisión y selección. Todas las salas se integran por tres jueces que ejercen sus funciones de forma rotativa. La designación de los jueces de la Corte Constitucional la realiza una comisión calificadora integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social -seis en total-. 3 La candidatura de los miembros se realiza de entre las presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y la posibilidad de impugnación ciudadana. En la elección debe procurarse la paridad entre hombres y mujeres. Si bien el sistema de designación no es el clásico, las condiciones de selección buscan garantizar la imparcialidad e independencia, porque además por el ejercicio de sus funciones no están sujetos a juicio político o posibilidad de remoción por parte de quienes lo nombran 4; quedando en manos de la Corte Nacional de Justicia en caso de delitos comunes o responsabilidad civil y 3

  La Función de Transparencia y Control Social o denominado quinto poder -art. 207 CRE-, posee dos funciones especificas: a) transparentar lo procesos a través de veedurías ciudadanas; y, b) la designación de cargos -como a los jueces de la Corte Constitucional- que anteriormente estaba encargada esta función al parlamento. 4

 A. Grijalva, Perspectivas y Desafíos de la Corte Constitucional , en Desafíos Constitucionales, serie Neconstitucionalismo y Sociedad , Quito, primera edición, 2008, p. 278.

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administrativa. Una vez nombrados los jueces de la Corte Constitucional, serán renovados por tercios, duraran un periodo de nueve años, sin reelección. b.3.) En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce la jurisdicción constitucional -art. 179.III de la Constitución, en adelante CPB- encargada de velar por la Supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplica como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Tiene competencia para conocer en única instancia, los asuntos de inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. A igual que en Ecuador la dimensión del control es amplia. Tiene competencia para resolver consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas  jurídicas en casos concretos. Un rasgo distinto en cuanto a la composición del órgano el Tribunal Plurinacional de Bolivia, es que las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se eligen mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia -art. 198 CPB-. La Constitución requiere que responda a su nombre art. 197. I CPB-. Este Tribunal, estará conformado de la siguiente manera: 1. Siete Magistradas y Magistrados titulares y siete Magistradas y Magistrados suplentes. 2. Al menos dos Magistradas y Magistrados provendrán del sistema indígena    -art. 13 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional-. A

efectos de legitimación, la minoría de dos entre siete puede ser suficiente no sólo porque se le declare un mínimo y pueda ser así de hecho hasta mayoría, sino también y sobre todo porque un órgano jurisdiccional no funciona por decisión expedita de agregación de votos, sino por resolución motivada mediante deliberación colegiada. Las jurisdicciones constitucionales en el nuevo constitucionalismo otorgan amplias competencias a los órganos de control constitucional -concentrado y difuso-. Todas reafirman la condición de norma Suprema de la Constitución; así como decididamente presentan una serie de mecanismos para su protección, que a más de ser un deber para todas las funciones del Estado, en caso de distanciamiento o vulneración de los derechos reconocidos encarga esta importante función a la Sala de lo Constitucional del Tribunal de Justica Supremo

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en Venezuela, a la Corte Constitucional en Ecuador y Colombia y con rasgos particulares -no menos interesantes- al Tribunal Plurinacional de Bolivia. III. CONTROL CONSTITUCIONAL DIFUSO

El control difuso de constitucionalidad, de origen estadounidense, se fundamenta en la sentencia expedida por el Juez John Marshall en el caso Marbury vs. Madison, 5 en la que se afirma que ante una ley contraria a la Constitución se aplica ésta última. En este tipo de control los jueces de todos los niveles y en todas las materias, pueden hacer control constitucional respecto de leyes que afecten a la Constitución. Las sentencias que efectúan el control de constitucionalidad de la norma en relación a un caso concreto, no tiene efectos generales o erga omnes , sino que surte efectos para el caso concreto ya que prevalece la doctrina jurídica que desarrolla la sentencia, la misma se impone, sobre la norma que resulta ser contraria a la Constitución. La garantía de este tipo de control radica en encargar el control constitucional a la función judicial, entendido como un órgano independiente e imparcial. En el contexto del nuevo constitucionalismo, Venezuela con la Constitución de 1999 6  ha incorporado este sistema con modificaciones locales que le dan una fisonomía distinta. De hecho esta constitución además de encargar el control a todos los jueces también lo atribuye a la Sala de la Corte Suprema especializada en lo Constitucional, 7 así el artículo 334 de la Constitución, establece que: Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiente a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente , por otra parte, a la Sala de lo Constitucional se le asigno el papel que tiene

cualquier Tribunal o Corte constitucional, es decir la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas por vía de demanda de inconstitucionalidad. En ese

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 Corte Suprema de Estados Unidos, 1803, Marbury vs. Madison, sobre el perfeccionamiento de los nombramientos de los jueces de paz, en: http://www.cacheirofrias.com.ar/marbury_vs_madison.htm 6

  C. Ayala Carao, La justicia Constitucional en Venezuela , http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/8/AIB_001_379.pdf  . El origen de la jurisdicción constitucional en Venezuela data desde la primera constitución 1811, (art. 227) estableciendo que las leyes que se dictaran en contra de constitución no tendrán ningún valor. En 1858 se instauró el control judicial atribuyéndole a la Corte Suprema competencia para declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales a petición de cualquier ciudadano cuando sean contrarios a la constitución  (art. 133 ordinal 8). A partir de 1893 se incorporo las materias sobre las cuales se realiza el control. 7

 N. Pedro Sagüez, La Justicia Constitucional y el Control de la Ley en América Latina, en La  justicia Constitucional en la actualidad , Quito, Corporación Nacional Editora, 2002, p. 171.

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sentido, el sistema de justicia constitucional comprende los métodos difuso y concentrado de control de constitucionalidad. En el control difuso, encargado a todos los jueces, opera la inaplicabilidad de las normas que resulten ser contrarias a Constitución. Conforme el artículo 20 del Código Civil de Venezuela, este tipo de control es un poder-deber   a favor de los jueces.  Asimismo, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en sus artículos 3 y 4, señala que los jueces están autorizados a inaplicar la norma en el caso concreto y pueden suspender los efectos de actos administrativos lesivos a los derechos constitucionales. Por su parte la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, sobre ejercicio del control difuso de constitucionalidad, en la sentencia 833/2001, señaló:              

conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sub-legal) es incompatible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que ésta conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría. Por tanto, el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma constitucional que la contraría, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicar en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución. El control difuso de constitucionalidad en Venezuela, abarca las siguientes normas: a) Las leyes y otras normas jurídicas de rango legal, los decretos leyes, leyes estatales y ordenanzas municipales, la declaratoria de inconstitucionalidad de actos generales expedidos por las cámaras legislativas nacionales, de los Estados miembros de la Federación y de los Municipios, así como de los reglamentos y de los actos promulgados del por el Ejecutivo, conforme lo prevé el artículo 336 de la Constitución; y revisar las sentencias de amparo de constitucionalidad y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República; b) Las leyes derogadas también pueden ser objeto de control difuso de constitucionalidad si ha de resolverse una causa que, a pesar de la derogación de la ley, está sometida a sus preceptos, en virtud de la ultra actividad de la ley. 8; c) Las normas anteriores a la Constitución, la Sala de lo Constitucional ha considerado que sea objeto de control difuso, así las leyes pre 8

  C. Ayala Carao, La justicia constitucional en Venezuela , cita a C. Jesús Mar, Constitución y  justicia Constituciona l, Caracas, Segunda Edición, Universidad Católica Andrés Bello, 2004, p. 161.

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constitucionales que adolezcan de inconstitucionalidad sobre venida en virtud de lo establecido en la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, según la cual se derogó la Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico, mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga la nueva Constitución (S. 1225-200 ratificada por la S. 2588-2001), con lo que procede la inconstitucionalidad de normas anteriores a la Constitución; y, d) Correspondiendo el control de reglamentos y otros actos normativos de rango sub-legal, a la Sala de lo Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en la misma línea la Sala de lo Constitucional ha señalado que no pueden ser objeto del control difuso los actos singulares del poder político por carecer de naturaleza normativa (S. 883-2001). Existe una clara separación entre las normas que son sujetas al control de constitucionalidad y aquellas que recaen bajo un control administrativo. Las normas incluidas en las literales a), b) y c), son parte del control de constitucionalidad, es así todos los jueces en los casos de su conocimiento, a petición de parte o de oficio, pueden y deben hacer control de constitucionalidad de una o varias normas contrarias a la Constitución, entonces para el caso concreto prevalecerá la Constitución. Mientras que el literal d), versa sobre el control de constitucionalidad de los reglamentos y actos normativos de rango infra-legal , de competencia de la Sala Administrativa del Tribunal Supremo.  Asimismo, la Constitución de Venezuela en su artículo 336 numeral 7 reconoce la inconstitucionalidad por omisión como una facultad de la Sala Constitucional, que podrá Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional,

estatal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección . Esta norma reafirma la fuerza normativa de la Constitución, entendida como una norma en acción por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia, ante la inacción del legislador, que tenga como consecuencia perturbar la efectividad de la Constitución. Esa suerte de legislador moroso es salvada de forma subsidiaria y temporal por parte del órgano constitucional. Otro argumento a favor de la omisión constitucional es la vigencia de los derechos constitucionales, a fin de que no queden a mereced del órgano legislativo sancionar leyes necesarias para implementar la Constitución. El margen de discrecionalidad del legislador para tratar temas fundamentales que implican el desarrollo de la Constitución, se ve limitado en el tiempo y por la Sala Constitucional, porque ante la mora legislativa este Tribunal determinará el plazo con los lineamientos de la norma o de corrección.

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Es de resaltar que el control de constitucionalidad prevé un sistema de revisión de las sentencias dictadas por los jueces desaplicando una norma vigente, en virtud de su inconstitucionalidad, mediante recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el sistema procesal -ej. Apelación, invalidación, casación u otros-. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la facultad discrecional para revisar los casos en los cuales se ha inaplicado la ley por inconstitucional -art. 336.10 CV-; ya que es deber de esta Sala, generar un sistema coherente de interpretación de la constitución en relación al control de constitucionalidad de la ley. Es así que simultáneamente al control difuso, en Venezuela, coexiste un control concentrado de constitucionalidad, centralizado en el Tribunal Supremo de Justicia. Conforme el diseño normativo para el control constitucional, común en el nuevo constitucionalismo, existen tres momentos: posterior, automático o de oficio y control previo -como explicaremos más adelante-. En el primer caso, el control posterior se refiere a la competencia clásica de las Cortes Constitucionales, en este caso de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, de realizar un examen de constitucionalidad abstracto de las normas legales que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado. La Constitución de Venezuela, reconoce la acción de inconstitucionalidad en los artículos 336 numerales 1, 2, y 7. La segunda forma de control constitucional es el control automático o de oficio, que opera, para los tratados internacionales9  suscritos por la república antes de su ratificación, y de los estados de excepción exp edidos por la función ejecutiva. En el tercer momento, control previo de control constitucional se ejerce sobre la objeción de ley por considerarla inconstitucional, parte del Presidente de la República, porque esencialmente requiere de un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, respecto del proyecto de ley, antes de su existencia. Sobre la legitimación activa para acceder a las acciones constitucionales y en particular a la de inconstitucional, esta constituye una actio popularis   y es característico de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus poderes de control concentrado de la constitucionalidad, es que la petición de inconstitucionalidad puede ser requerida por cualquier persona que cualquier ciudadano, es amplia ya que otorgando a todo habitante de Venezuela la posibilidad de ejercer la acción. Es decir, la Constitución prevé un control judicial concentrado de la constitucionalidad.

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 Infra, control constitucional de oficio, en virtud del cual las Cortes y Tribunales constitucionales pueden, en casos excepcionales, revisar la constitucionalidad de ciertos actos jurídicos sin impugnación de parte, un ejemplo de este tipo de control es el realizado a tratados internacionales y estados de excepción. Así la Constitución Venezolana prevé que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, verifique la Constitucionalidad de los estados de excepción y de los tratados internacionales.

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Los efectos de las decisiones de control difuso de constitucionalidad, como señalamos anteriormente, son inter partes. Sin embargo, la sentencia mediante la cual la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo ejerce el control difuso podría tener efectos más allá del caso concreto, ya que sus fallos son con efectos vinculantes para el propio Tribunal Supremo y todos los jueces de la república, porque interpreta el alcance de las normas constitucionales. La Constitución de 1999, marco un sistema mixto de constitucionalidad y a la vez integral, con el sistema difuso y el concentrado, Por consiguiente, puede afirmarse que el sistema venezolano de control de constitucionalidad y de los actos del Estado, es uno de los más amplios y abiertos, sistemas conocidos actualmente, en su modalidad combinada difusa y concentrada.  Ahora bien, de lo antes expuesto resulta que el sistema de justicia constitucional en Venezuela permite el ejercicio del control de la constitucionalidad de los actos estatales mediante los siguientes mecanismos: el método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos; la protección de los derechos constitucionales mediante las acciones de amparo; el control por contrariedad al derecho de los actos administrativos por motivos de inconstitucionalidad mediante las acciones contencioso administrativas de anulación; y el control de la constitucionalidad de ciertos actos estatales que corresponde a la Jurisdicción Constitucional. Como lo ha resumido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 194 de 15-02-2001, respecto a lo que constituye la Jurisdicción Constitucional atribuida a la misma: dentro de las competencias atribuidas por el Texto Fundamental a la Sala Constitucional, enmarcadas dentro del ejercicio de la Jurisdicción Constitucional, se encuentran las enumeradas en su artículo 336, relativas al control a posteriori de la constitucionalidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, leyes estatales, ordenanzas, actos de rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, los dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, los decretos que declaren estados de excepción y sentencias definitivamente firmes dictadas por cualquier órgano jurisdiccional que colidan con algún precepto constitucional o doctrina sentada por la Sala Constitucional o que hayan ejercido el control difuso de la constitucionalidad de determinados actos. Pero el constituyente no se limitó a un control a posteriori de la constitucionalidad de los actos antes mencionados, sino que consagró un sistema amplio de protección de los derechos constitucionales, a la par de la más modernas tendencias de la Jurisdicción Constitucional a nivel mundial, dentro de los cuales se encuentra el control de omisiones legislativas, la posibilidad de resolver colisiones de leyes con preceptos constitucionales y de resolver conflictos de autoridades. Adicionalmente, la Sala Constitucional tiene dentro de sus competencias el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados

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internacionales, la cual es ejercida a instancia del Presidente de la República o de la  Asamblea Nacional; las de control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de leyes nacionales, también a instancia del Presidente de la República; y el control preventivo en cuanto al pronunciamiento de la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes calificadas como tales por la Asamblea Nacional. IV. CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO

El Control Concentrado de Constitucionalidad, fortalece la idea de que exista un órgano de justicia protector de la Constitución. Así, su característica general es la de crear un Tribunal Constitucional, encargado defender la Constitución, conocer acciones de inconstitucionalidad y que actúa como legislador negativo -no crea normas- en un sentido clásico. Por defensor de la Constitución se comprende a un órgano cuya función es la de defender la constitución contra las violaciones, como toda norma, también la Constitución puede ser violada por aquellos que deben cumplirla.  Siendo que los jueces ordinarios no tienen competencias para declarar la inconstitucionalidad de las leyes se debe crear un órgano concentrado para que realice aquella función.10 Partiendo de estas premisas generales el control concentrado de constitucionalidad, ha modificado su rol dando un paso adelante hacia un comportamiento activo y garantistas, volviéndose, en algunos casos, legislador positivo -creador derecho-. En ese sentido es necesario revisar el control constitucional en el nuevo constitucionalismo al tipo de control que abarca, al momento de control constitucional, la legitimación activa y los efectos de las sentencias. V. LA CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL TIPO DE NORMAS SUJETAS AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El constitucionalismo como tal recoge grandes proyectos de una nación. Las constituciones de Colombia, Ecuador y Bolivia, tienen un rasgo característico del nuevo constitucionalismo, reconoce un sistema democrático y progresista de derechos, así se hace énfasis en los mecanismos de participación ciudadana directa que no cuestiona el sistema representativo sino que se complementa. Lo que constituye un avance significativo para el proceso democrático pero no como una sustitución definitiva de la

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 H. Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, reimpresión 2002, p. XIX.  Así el primer Tribunal Constitucional fue c reado por Asamblea Nacional de Austria el 13 de jul io de 1921, en la Ley Federal sobre organización y Procedimiento del Tribunal Constitucional.

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representación, fortaleciendo la acción directa del pueblo. 11  En la misma línea, Las Cortes Constitucionales y el Tribunal Plurinacional de Bolivia, han incrementado sus competencias de control constitucional, respecto del constitucionalismo clásico que se restringía únicamente a las acciones de constitucionalidad -que no era una acción popular- o como órgano que ciertas las acciones a través de apelación o selección de causas, como se verá a continuación. Bien podríamos decir que ha existido en ensanchamiento de competencias constitucionales de a favor de los órganos controladores. En Colombia el control constitucional de normas comprende: a) actos reformatorios de la Constitución, por vicios de procedimiento en su formación, b) leyes; c) proyecto de leyes estatutarias; d) decretos con fuerza de ley dictados por la función ejecutiva con fundamento en los artículos 150.10 -facultades extraordinarias-, y 341 de la Constitución Política -plan nacional de inversiones públicas que se adopta por decreto si el Congreso no adopta el respectivo proyecto en el término de tres meses después de presentado-, el control opera en los contenidos materiales y por vicios de procedimiento, d) Decretos legislativos dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 212 -estado de guerra exterior-, 213 -estado de conmoción interior- y 215 -Estado de emergencia- de la Constitución; e) Proyectos de objetadas por inconstitucional; f) tratados internacionales y leyes que los aprueben; f) la acción de tutela que garantiza los derechos de las personas ante cualquier acto u omisión que afecte los derechos constitucionales. Este conjunto de normas están sometidas a la competencia de la Corte Constitucional colombiana para que mediante sentencia establezca si son o no contrarias a la Constitución. De otro lado, las normas sometidas al control constitucional de la jurisdicción contenciosa administrativa son: a) los decretos con fuerza de ley, legislativos; b) las ordenanzas de las Asambleas Departamentales; Acuerdos de los Consejos Municipales y Distritales; y, c) decretos administrativos departam entales, distritales y municipales. Respecto de la inconstitucionalidad por omisión, la Corte colombiana ha defendido que: Si el control constitucional versa sobre normas, y las omisiones legislativas absolutas tienen efectos normativos, se concluye que puede haber en el constitucionalismo colombiano un cierto control sobre omisiones legislativas absolutas, el cual recae sobre la norma derivada de la omisión legislativa, la cual puede ser contraria a la Carta. Esta corporación se pronuncia sobre los contenidos materiales de las leyes, esto es, sobre las normas legales, más que sobre los textos mínimos, y una omisión legislativa no genera un vacío de regulación sino una norma específica. Por ello creemos

11

 R. Viciano Pastor y R. Martínez Dalmau,  Aspectos Generales del Nuevo Constitucionalismo latinoamericano, en El nuevo Constitucionalismo en América Latina , Quito, Corte Constitucional, 2010, p. 35.

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que no es válida la afirmación esencial, según la cual la Constitución sólo prevé control sobre las actuaciones del legislador y no sobre las omisiones absolutas pues, en determinados casos, estas pueden implicar una violación a la Carta, que no podría esta corporación dejar de controlar, pues le corresponde la guarda de la integridad y supremacía constitucional.12  Así la Corte Constitucional, en relación con la inconstitucionalidad por omisión considera que no procede cuando la misma es absoluta, mientras que si un texto legislativo resulta insuficiente o incompleto para la consecución del fin que propone una norma constitucional interpretada, de tal modo que la inconstitucionalidad provenga de la falta de un complemento en la legislación, procede la omisión parcial de inconstitucionalidad, todo ello a diferencia de la norma constitucional de Venezuela que aun no diferenciando entre omisión total o parcial, ha sido interpretada de manera extensiva es decir en el sentido de que procede en los dos casos. La peculiaridad del control concentrado de constitucionalidad en Colombia es el que el sistema también permite la inaplicación de normas en el caso concreto, según el artículo 4 de la Constitución de la República, La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.   En virtud de ésta disposición todas las autoridades judiciales sin necesidad de remitir en consulta para la revisión de la Corte Constitucional, pero si tienen el deber de inaplicar una ley contraria a la Constitución. Sin embrago, hay que poner de relieve que frente a esta previsión constitucional existe una norma que obliga a los jueces a someterse al imperio de la Ley -art. 230 CP- esta contradicción se ha reconducido entendido que el vocablo ley, en virtud del valor normativo de la Constitución, comprende también a esta última que por su naturaleza prevalece sobre las restantes fuentes del ordenamiento jurídico.13 En Ecuador el aspecto más relevante de la nueva constitución es el amplio reconocimiento de los derechos entre los que se incluyen además de los derechos civiles y políticos, los derechos del buen vivir -Suman Kawsay- dentro de los cuales se encuentran los derechos económicos sociales y culturales, los derechos de la naturaleza y todos los que reconozcan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Para su ejercicio e implementación existen varias garantías jurisdiccionales, que buscan la efectividad de los derechos y la imposición de límites al poder, con un amplio sistema de acceso a la justicia -art. 86 CRE todos las personas tienen derecho a acceder a las acciones constitucionales-. A diferencia del constitucionalismo clásico en el que era 12

 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No.- 543/96.

13

La   E. Cifuentes Muñoz, justicia Constitucional http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/8/AIB_001_379.pdf 

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en

Colombia,

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usual reconocer derechos únicamente a los individuos, el nuevo constitucionalismo los reconoce además a grupos de personas y a colectivos. El órgano encargado de controlar la real puesta en práctica de la carta de derechos y garantizar la supremacía de la Constitución -como ya se señaló- es la Corte Constitucional a la la norma fundamental otorga un gran número de competencias tendentes a materializar la Constitución. Así la Corte Constitucional ejerce, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante; 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado; 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución; 4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo; 5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias; 6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión; 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución; 8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales; 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales; y, 10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley -art. 436

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de la CRE-; la acción extraordinaria de protección y la extraordinaria de protección contra disecciones de justicia indígena. La acción de inconstitucionalidad, comprende un control integral de constitucionalidad a posteriori -formal y material- respecto de todos los actos normativos de carácter general, a saber: a) las leyes ordinarias y orgánicas; b) el decreto ley; c) decretos; e) las ordenanzas; f) todo acto normativo y administrativo con efectos generales expedidos por una autoridad pública. En el sistema ecuatoriano es extremadamente amplio y concentra, en la Corte Constitucional, el control de todos los actos normativos que pueden violar la Constitución; sin diferenciar el tipo de control en el caso de decretos, ordenanzas u actos administrativos con efectos generales, que comúnmente son de competencia de los Tribunal de los Contencioso de lo Administrativo, -Consejo de Estado- como ocurre en Colombia y Venezuela, pues en el Ecuador los actos normativos no parlamentarios incluye a todo acto de administración pública que tenga carácter general -Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional arts. 135-214, en adelante LOGJCC-.  Así por ejemplo sobre los pronunciamientos del Procurador General del Estado, calificados como actos indeterminados que interpretan o informan acerca de cómo deben aplicarse las leyes, la Corte Constitucional, en la sentencia No.- 003-2009-AN, consideró que

cabe

acción

de

inconstitucionalidad,

pues

acepto

una

demanda

de

inconstitucionalidad parcial por el fondo, propuesta por la Contraloría General del Estado, sobre los pronunciamientos del Procurador General del Estado contenidos en los oficios No.- 5569 del 05 de enero del 2009 y 5929 del 23 de febrero del 2009, los mismos que en la parte pertinente dicen: ¿los recursos que recibe Quiport S.A., por concepto de tasas como se denomina en el contrato, son públicos o privados? . La respuesta a esta pregunta es de la que se demandó la inconstitucionalidad, en la parte que señala:  se concluye que en el caso de contratos de concesión vigente con Quiport S.A., estamos                             

recaudados por la Municipalidad concedente por la prestación de un servicio concesionado, que al ser recaudados e ingresados al activo corriente del concesionario, conforme el contrato de concesión, no pueden ser considerados públicos sino privados de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sobre la base de este razonamiento la Corte Constitucional utilizó, en el presente caso, las denominadas referencias internas o precedente horizontal, en las que se equiparan puntos esenciales de un pronunciamiento anterior estableciendo respecto de

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la naturaleza jurídica de los pronunciamientos del Procurador General del Estado, y citando la sentencia No.- 002-09-SA-CC, en la parte que señala que: Los pronunciamientos del PGE son:          la cual se fundamenta que del comportamiento de los sujetos, bajo un supuesto de              

 jurídica suficiente para engarzar con un determinado supuesto de hecho determinados derecho y deberes que nacen, perduran o desaparecen con este. El derecho objetivo es el único que fundamenta y crea derecho subjetivos y deberes. Bajo este fundamento consideró que los dictámenes del Procurador General del Estado, son derecho objetivo principalmente por su carácter vinculante, es decir, porque los efectos de los pronunciamientos son reales -en el sentido de que obligan a hacer o no algo- y forma parte de la actividad de interpretación de normas infra-constitucionales realizada por el Procurador General del Estado, siempre y cuando una norma, ley y reglamento sea obscuro o ambiguo. Con estos argumentos, la Corte Constitucional estableció que los dictámenes emitidos por la Procuraduría General del Estado, son actos normativos y por tanto sujetos a la acción pública de inconstitucionalidad -art. 436.2 CRE- extendido, aun más, su ámbito de control. La Corte Constitucional, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 436 de la Constitución de la República, también ha declarado la inconstitucionalidad de normas conexas, en la sentencia No.- 0003-2009-SIN-CC; dichas declaraciones, como es sabido, posibilitan frente a la inconstitucionalidad de la norma recurrida, la declaración de inconstitucionalidad de todas aquellas disposiciones sistemáticamente conectados a la norma principal que igualmente resulten ser inconstitucionales, con independencia de que hayan sido o no impugnadas en la demanda de inconstitucionalidad. 14 La inconstitucionalidad por omisión legislativa es parte del control abstracto de constitucionalidad, comprende las omisiones relativas y absolutas -a igual que Venezuela y a deferencia de Colombia-, frente al incumplimiento de desarrollos normativos necesarios para implementar preceptos constitucionales -art. 128 LOGJCC-. La inconstitucionalidad por omisión tiene los siguientes efectos: para el caso de las omisiones legislativas absolutas, se concederá al órgano competente un plazo determinado por la Corte Constitucional para la respectiva subsanación. En el caso de que no expida la norma en el plazo concedido, la Corte esta en la obligación de formular, en su jurisprudencia, reglas básicas indispensables para garantizar la debida aplicación 14

 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No.- 0003-09-SIN-CC. En el presente examen de constitucionalidad de norma conexa se verificará si es constitucional por el fondo la Ordenanza Municipal N.º 0154 publicada en el Registro Oficial No. 154 del 28 de noviembre del 2005, a la luz del nuevo marco constitucional.

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de la Constitución; por supuesto que se trata de normas temporales hasta que el órgano competente desarrolle los preceptos normativo -art. 129 LOGJCC-. Las omisiones constituciones relativas operan ante la existencia de regulaciones que prescinden de desarrollar elementos normativo constitucionales relevantes, éstas omisiones serán subsanadas directamente por la Corte Constitucional, a través de sentencias de constitucionalidad condicionada, sin que se conceda al órgano competente la posibilidad previa de subsanar dicha omisión; y, cuando la declaratoria de inconstitucionalidad provoca una omisión normativa que sea fuente potencial de vulneración de derechos o produzca graves daños, se podrá postergar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad -art. 130 LOGJCC-. La Constitución Plurinacional de Bolivia vigente desde el 2009 , ha mantenido el sistema de control concentrado de constitucionalidad o modelo europeo -vigente desde la reforma constitucional de 1994-, si bien con ciertas características traídas del modelo americano, introduciendo algunas modificaciones importantes en relación a la estructura institucional, el estatuto jurídico del juez constitucional y las garantías constitucionales. 15 En ese sentido, el máximo guardián de la CPB es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales -art. 196.1 CPB-. A decir del profesor Bartolomé Clavero, lo nuevo, refiriéndose al calificativo plurinacional  de este Tribunal Constitucional son algunas de las atribuciones del mismo, a saber: 1) conocer y           

entidades territoriales autónomas y descentralizad        de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas  jurídicas aplicadas a un caso concreto -arts. 202.3 y 8 CPB-. Según la Constitución, entre las referidas entidades territoriales autónomas se encuentran las naciones y pueblos indígena originario campesinos que cuentan con el derecho a la libre determinación y territorialidad  -art. 30.II.4 CPB -, así como otros territorios indígena originario campesinos pues éstos no se agotan en los pueblos o naciones indígenas arts. 289-296 CPB-. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP en adelante) es el competente para adecuar la institucionalidad indígena con las instituciones centrales y con las otras 15

  J. Rivera Santivañez,  Algunos Avances en el Proceso de Judicialización de los Derechos Humanos en Bolivia, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales , aportes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 33. Bolivia a lo largo de la historia ha optado por diferentes modelos de control constitucional, así: i) al nacer la República encomendó el control de constitucionalidad a la Cámara de Cenadores del órgano legislativo; ii) posteriormente, al Consejo de Estado -1825 y 1878; iii) Luego adoptó el modelo  Americano de control difuso de constitucionalidad y encomendó la labor a los jueces y tribunales de la república -1868 y 1999-; iv) Finalmente, mediante reforma constitucional de 1994, adoptó el modelo europeo kelseniano y encomendó la labor al Tribunal Constitucional.

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territorialidades autónomas. Conjugando la plurinacionalidad constitutiva de Bolivia. He ahí donde radica la novedad para una jurisdicción constitucional, una plurinacionalidad que ha de ser activa pues no consiste en una mera constatación de hecho, sino en un empeñado mandato dirigido al Estado para que emprenda políticas conducentes a la descolonización, políticas ante todo de reconstitución territorial y política de los pueblos indígenas. Es un mandato de activismo institucional que habrá de serlo también de la  justicia en general, inclusive la indígena, y del TCP en particular. El actual mandato de la Constitución en esencia lleva a la descalificación de la vieja República, por colonial, y a la calificación del nuevo Estado como plurinacional. Tales mandatos hay que relacionarlos con el artículo 3.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece: Plurinacionalidad. Es la existencia de naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas y bolivianas y bolivianos que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano ; con lo establecido en el artículo 2: Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley  y en el artículo 9 CPB:            sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales . En la nueva CPB, las llamadas acciones de defensa son las encargadas de garantizar los derechos y libertades cuya competencia se le reconoce de entrada a todo el sistema  judicial. Incluso la acción de amparo constitucional frente a actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley cabe interponerse ante cualquier autoridad judicial -arts. 128 y 129-. Respecto a otras acciones de defensa, al TCP sólo le corresponde una instancia de revisión que además no podrá suspender cautelarmente la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución judicial primaria -art. 202.6 CPB. 16 El control posterior de constitucionalidad recae sobre toda norma jurídica vigente contraria a la Constitución y opera de a través de la acción de constitucionalidad; así como de forma indirecta mediante consultas realizadas por las autoridades indígenas.

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 B. Clavero, Tribunal Constitucional entre Estado Plurinacional y Pueblos Indígenas: Un Reto Inédito en Las Américas , en: http://teleeduca.egpp.gob.bo/materiales/Mod5TribunalConstitucional-en-Estado-Plurinacional.pdf

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Este examen posterior, es de competencia en única instancia  del Tribunal Constitucional Plurinacional -arts. 132 y 202.1-. Bajo estos parámetros el órgano constitucional con mayor número de competencias es la Corte Constitucional del Ecuador, casi monopólico, abarca el control sobre todo acto normativo con efectos generales, lo cual plantea la duda de si su diseño orgánico éste o no acorde con las exigencias propias de sus extendidas competencias. El ordenamiento colombiano ha compartido el control de normas entre la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y todos los demás jueces -aunque en menor medida-, observándose una concentración en el desarrollo de la tutela y el sistema de precedentes jurisprudenciales. Por su parte él de Bolivia, configura un sistema diferente de competencias con énfasis en su particular condición de Tribunal Plurinacional. VI. EL MOMENTO DE EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Conforme a un diseño normativo común de las constituciones objeto de análisis, el control constitucional concentrado puede ocurrir en tres momentos diferentes: control sucesivo o a posteriori, control automático17 y control previo. En el primer caso, control sucesivo o a posteriori se refiere a la competencia clásica de las Cortes Constitucionales, para realizar un examen de constitucionalidad abstracto de las normas legales vigentes que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado. Es un control represivo ya que se ejerce una vez que la norma objeto de control ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico. En las constituciones objeto de este análisis este tipo de control -como ya se explicó- es muy amplio y no se limita a las normas con valor y fuerza de ley-. La segunda modalidad de control constitucional, es el control automático o de oficio, que en algunos ordenamientos como el de Ecuador, como se verá, se cruza con el control previo; en virtud del cual las Cortes y Tribunales constitucionales pueden, en casos excepcionales, revisar la constitucionalidad de ciertos actos jurídicos sin impugnación de parte, un ejemplo de este tipo de control es el realizado a estados de excepción y tratados internacionales. 17

  En relación con este tipo de control hay que evidenciar que aunque la Corte Constitucional Colombiana ha calificado como automático el control de proyectos de ley estatutaria y de tratados y sus leyes aprobatorias, la mayoría de la doctrina utiliza esta denominación para designar el control de los decretos legislativos, es decir de los que dicte el Presidente de la República, declaración de guerra exterior; declaración de estado de conmoción interior; declaración de estado de emergencia económica, social y ecológica. En el caso de Colombia su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 241 numeral 7 de la Carta Política. Estos decretos deben ser enviados a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, para que ella decida en forma definitiva sobre su constitucionalidad. Si el gobierno n o cumple con dicha obligación, la Corte aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Como se desprende de lo dicho, se trata de un control posterior a la vigencia de la norma.

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Los decretos ejecutivos sobre estados de excepción son enviados a la Corte Constitucional para que realice el respectivo control de constitucionalidad integral -formal y material. En Colombia, si el Ejecutivo omite enviarlos la Corte los conocerá de oficio art. 214.6 CPC-. En Ecuador, el control de constitucionalidad de los estados de excepción lo realiza la Corte Constitucional, previa remisión a la Asamblea Nacional que es el único órgano que puede suspenderlo bajo la recomendación de la Corte, de hallar que éste fuera desproporcional o presentara vicios de forma -art. 116 CRE-. En Bolivia, la vigencia de la declaratoria de estado de excepción depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional -art. 138 CPB-, es así que no se prevé un control de constitucionalidad de oficio para que el Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda realizar el control de constitucionalidad, en todo caso sería un control posterior vía demanda de inconstitucionalidad. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales en Colombia -art. 241.10- opera sobre las leyes que lo aprueban y debe seguir el siguiente trámite, dentro de seis días posteriores a la aprobación de ley de aprobación del tratado internacional, el gobierno lo remitirá a la Corte. Si la sentencia de la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley el tratado no será ratificado. Si la sentencia confirma la constitucionalidad el gobierno podrá realizar el canje y el depósito del tratado internacional. Si la constitucionalidad es parcial obliga al presidente a presentar la correspondiente reserva. La Constitución que más facultades de control constitucional automático o de oficio ha encargado a la Corte Constitucional sin duda es la de Ecuador, en ella se prevé: a) El control de constitucionalidad previo y vinculante, sobre los Convenios y Tratados Internacionales, esto es, posterior a su suscripción y anterior a su ratificación. El trámite es el siguiente, una vez que la Presidencia de la República ha suscrito un Tratado o Convenio Internacional envía a la Corte Constitucional, para que determine si el instrumento internacional requiere ser ratificado por la  Asamblea Nacional o más exactamente si se trata de aquellos casos previstos en el artículo 419 de la Constitución, esto es: 1. Se refieran a materia territorial o de límites; 2. Establezcan alianzas políticas o militares; 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio; 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional; 8. Comprometan el patrimonio natural y

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en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Cuando el ámbito de aplicación de los instrumentos internacionales cubre los temas aquí mencionados, la Corte Constitucional realiza un control constitucional de oficio, formal y material. De encontrar que no existe contradicción del Convenio o Tratado Internacional con la Constitución, devuelve al Ejecutivo para que a su vez, éste, envíe a la Asamblea Nacional para su pronunciamiento y resolución que autorice la ratificación; en caso de que el Tratado o Convenio Internacional no supere el test   de constitucionalidad o resulte ser incompatible con la Constitución, la Corte, devuelve al Ejecutivo recomendado la modificación del mismo. Finalmente, si el instrumento internacional que examina la Corte no se enmarca dentro de los numerales del citado artículo 419 de la Constitución, no realiza el control de constitucionalidad y devuelve al Ejecutivo para que lo ratifique, sin autorización de la Asamblea Nacional. b) Las consultas populares que versen sobre temas generales, enmiendas y reformas a la Constitución, pueden ser solicitadas directamente por el Presidente de la República -art. 147.14 CRE- así como, por la ciudadanía que de impulsar una consulta con carácter nacional requerirá contar con un respaldo de firmas del 5% de las personas inscritas en el padrón electoral nacional y en caso de ser local requerirá del 10% del padrón electoral correspondiente a la circunscripción territorial de la Consulta -art. 104 CRE-. Respecto de las Consultas populares la Corte Constitucional realiza un control de constitucionalidad automático o de oficio -art. 127 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional-, anterior a la convocatoria del mismo, el control de constitucionalidad es únicamente formal, garantizando los derechos de participación del electorado. c) En relación a las solicitudes de reforma o enmienda constitucional, que realice el Presidente de la República o la ciudadanía, la Corte Constitucional debe expedir un dictamen de procedimiento, que debe seguir la intención de cambio de la Constitución; pronunciamiento que determinará: 1) si se trata de una enmienda, una vez realizado el control de constitucionalidad, se autoriza la convocatoria a votaciones; 2) en caso de tratarse de una reforma a la Constitución, se autorizará enviar a la Asamblea Nacional para que con los votos de la mayoría absoluta ratifique la intención de reforma; y, 3) en caso de tratarse de elementos constitutivos del Estado, restricción de derechos constitucionales o del proceso de reforma a la Constitución, se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente -arts. 441-444 de la Constitución-. En el dictamen de procedimiento la Corte señalará el proceso que debe seguirse. Posteriormente, la Corte

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Constitucional realizará un control de constitucionalidad formal, sobre el decreto o la ley de la enmienda, reforma o para la instalación de una Asamblea Constituyente, que convoque a votaciones. La tercera forma de control constitucional que prevé el ordenamiento constitucional es el control previo, que a diferencia de los dos anteriores, es un examen realizado antes de que la norma adquiera eficacia jurídica. Como ha señalado la jurisprudencia comparada en diferentes ocasiones, el control previo es la excepción que en la mayoría de los ordenamientos constitucionales se aplica en relación con los Tratados Internacionales ya que, en términos generales, lo que existe es el control del acto ya formado. 18 En Venezuela la Constitución establece tres formas de control previo. En primer lugar, el Control Preventivo de la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales artículo 336.5 Constitución según el cual es competencia de la Sala constitucional «Verificar a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación». De esta forma tanto el Presidente de la República como el Presidente de la Asamblea Nacional gozan de legitimación activa para solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales que aún no han sido ratificados por la República. En segundo lugar, el control Preventivo de las leyes nacionales (art. 214) que se realiza cuando el Presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional, en este caso solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. La legitimación activa para este tipo de Control Preventivo es exclusiva del Presidente de la República, de tal forma que no podrá un particular acudir ante la Sala Constitucional para que ésta ejerza. No obstante, cuando un particular alegue que un acto legislativo, aún no promulgado, signifique una amenaza inminente o actual, puede perfectamente acudir por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que la misma pondere la conveniencia de dictar medidas cautelares al respecto, como podría ser por ejemplo el ordenar a la Asamblea Nacional que levante informe de las discusiones que se han llevado a cabo o exhortar a la misma sobre la eventual inconstitucionalidad de una determinada norma contenida en el anteproyecto de ley. Por último la Constitución de Venezuela prevé un control previo de la constitucionalidad sobre el carácter orgánico de las leyes (art. 203) en este sentido una vez que la Asamblea Nacional haya aprobado una ley orgánica, antes de su 18

 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No.-001-11-CP.

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promulgación, la misma deberá ser remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que dictamine si la denominación de orgánica de la ley es o no constitucional. En Bolivia se prevé un control previo de constitucionalidad para los tratados internacionales una vez que la Asamblea Plurinacional con resolución expresa realizara una consulta al Tribunal Constitucional antes de su ratificación. Una vez recibida la consulta, el Tribunal comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que emita su opinión y luego de 30 días emitirá su declaración constitucional -art. 149 de la Ley TCP-. Si el Tribunal declara que el instrumento internacional es contrario a la Constitución el mismo no podrá ser ratificado.  Asimismo, a través de consulta se prevé un control pre vio de constitucionalidad en los trámites de reforma a la Constitución, que pueden ser planteadas únicamente por el Presidente de la República o un representante de la Asamblea Nacional -art. 154 Ley TPB-. Finalmente, cabe control anterior de constitucionalidad sobre las consultas de los proyectos de ley, que pueden ser formuladas por el Presidente de la República, la  Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Justicia, previa aprobación de la sala plena -art. 134 de la Ley TCP-. En Colombia, el control previo opera también como parte del perfeccionamiento del trámite de creación de leyes estatutarias 19  ya que estas se aprueban con la mayoría absoluta de los miembros del Congreso pero luego de la aprobación y antes de la sanción de la ley el proyecto respectivo deberá someterse al control de la Corte Constitucional. La utilización de estas leyes está reservada para disciplinar las siguientes materias: a) derechos y deberes fundamentales de las personas así como los procedimientos y recursos para su protección; b) administración de justicia; c) organización y régimen de partidos políticos; d) instituciones; e) mecanismos de participación ciudadana; f) estados de excepción -art. 152 CP-. La Corte colombiana también se encarga del examen de constitucionalidad por objeciones presidenciales a los proyectos de ley por motivo de inconstitucionalidad. Según lo establecido en artículo 166 el Presidente de la República puede objetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República, antes de impartirles su sanción, en este supuesto debe, en primer lugar, devolverlos a las Cámaras para su reexamen. En el caso de que las Cámaras insistieren, el proyecto se tramita a la Corte Constitucional, para que en los seis días siguientes decida sobre su asequibilidad, lo que 19

 Según el artículo 153 CPC: La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad.

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obligaría al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, el proyecto se archivará sin producir efecto alguno. Puede ocurrir, sin embargo, que el proyecto sea sólo parcialmente inconstitucional, en cuyo caso se introducirán al proyecto los ajustes necesarios en conformidad con el dictamen de la Corte y a ésta se remitirá el proyecto para su fallo definitivo.  Asimismo en Ecuador, se prevé un control previo ante la objeción de inconstitucionalidad de las leyes por parte del Presidente de la República. Una vez presentada la objeción, la Asamblea Nacional deberá enviar a la Corte Constitucional el proyecto de ley, las objeciones presidenciales; y, el escrito en el que se expongan las razones por las cuales se considera infundada la objeción presidencial, cuando a ello hubiere lugar. Sobre esta base la Corte Constitucional emitirá su dictamen en el plazo de treinta días contados desde la remisión de la documentación -arts. 131 y 132 LOGJCC- su resolución tendrá los siguientes efectos: cuando se declare la constitucionalidad del proyecto, la Asamblea Nacional deberá promulgarlo y ordenar su publicación. No se podrá demandar la constitucionalidad de la ley promulgada mientras permanezcan los fundamentos de hecho y de derecho de la declaratoria. Cuando se declare la inconstitucionalidad parcial, la Asamblea Nacional deberá reformular el proyecto de ley para adecuarlo a los términos del dictamen y, cuando se declare la inconstitucionalidad total, el proyecto deberá ser archivado hasta tanto desaparezca el fundamento de hecho o derecho de la sentencia. La Constitución ecuatoriana, prevé la posibilidad de que el Presidente de la República, pueda disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna -art. 148 CPE-. Después del control de constitucionalidad, de confirmarse la validez de la intención de disolver la Asamblea Nacional, se deberá convocar inmediatamente a elecciones, y hasta que se instale la nueva asamblea, el Ejecutivo podrá expedir, previo dictamen favorable de constitucionalidad, decretos ley de urgencia económica, que en lo posterior podrán ser abrogados o derogados por la nueva Asamblea Nacional. El ordenamiento de Ecuador también prevé un control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, según tres modalidades, es previo en el caso de los proyectos de estatutos autonómicos elaborados por los gobiernos cantonales y provinciales, según el caso; la Corte Constitucional realizará un control de oficio o automático en el caso en que el pueblo deba aprobar por consulta popular los estatutos autonómicos; y, por último, realiza un control de constitucionalidad posterior de las leyes orgánicas de

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conformación de las regiones autónomas y distritos metropolitanos autónomos -art. 133 LOGJCC-. Como puede comprobarse los diferentes momentos en los cuales se realiza el control de constitucionalidad en los ordenamientos de los estados objeto de este estudio son variables en lo relacionado con los instrumentos normativos que se controlan; es evidente que existen coincidencias entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, pero a su vez profundas diferencias. Así por ejemplo, los tratados internacionales requieren un control constitucional, de diferentes formas, así en Colombia la Corte controla la ley que ratifica el tratado expedida por el congreso; en Ecuador el control se ejerce automáticamente antes de que el Presidente lo envíe a la Asamblea Nacional; y, en Bolivia como en Venezuela el Tribunal controla únicamente cuando existe consulta, de lo que se deduce que si bien es un control previo, no es automático porque se activa a petición de parte. VII. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA

Una

vez

analizadas

las

características

más

relevantes

del

control

de

constitucionalidad en Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia cabe referirse a un aspecto procesal que influye profundamente en la misma naturaleza jurídica de éste control es decir, a la amplia legitimación activa reconocida por estos ordenamientos en el control de constitucionalidad. En ese sentido, en principio, muchas de las acciones constitucionales pueden ser instauradas por cualquier ciudadano. De esta manera los ciudadanos pueden participar en un proceso constitucional con el objeto de impugnar o defender las normas sobre las que se ejerce el control reservándose de esta manera una oportunidad de participación ciudadana denominada también amicus curiae . En el control abstracto de constitucionalidad cada Constitución prevé, aunque sea de diferente manera, una actio popularis   lo cual sin duda fortalece la idea de que todos los ciudadanos son defensores de la Constitución. En este sentido es ejemplificativo el artículo 40 de la Constitución colombiana según el cual Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este              de la ley. Esta misma Constitución en el artículo 242 establece que cualquier ciudadano puede interponer ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad para requerir la anulación de los siguientes actos estatales: actos de reforma de la constitución por vicios de procedimiento, convocatoria de referéndum o de asamblea constituyente referente a una reforma de la Constitución por vicios de procedimiento, los referéndum referentes a leyes, consultas populares y plebiscitos nacionales por vicios de

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procedimiento en su convocatoria o en su realización, leyes tanto por su contenido material como por vicios formales, decretos que tengan fuerza de ley dictados por el gobierno, decretos legislativos gubernamentales, tratados internacionales y leyes de ratificación de tratados. Además todo ciudadano podrá intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública. El carácter popular de la acción de inconstitucionalidad viene dado por el hecho de que puede ser ejercitada por todo los ciudadanos, incluso sin tener ningún interés particular por lo que el procedimiento que se desarrolla frente a la Corte Constitucional es de carácter objetivo. Como consecuencia del carácter popular de la acción, en principio no estaba previsto ningún plazo de caducidad para su ejercicio, sin embargo debe señalarse que con la reforma constitucional de 1997 se preveía que cuando la acción se basa en vicios formales la misma está sometida a un lapso de caducidad de un año contado desde la publicación del respectivo acto. También en Ecuador un cambio fundamental es el amplio reconocimiento de la legitimación activa para acceder a todas las garantías jurisdiccionales al contrario de lo que ocurría en la Constitución de 1998, en la cual la legitimación activa estaba diseñada conforme la doctrina de la división clásica de derechos subjetivos, intereses legítimos e intereses simples -estos últimos abarcan de los colectivos y difusos-. En este modelo, el interés difuso no constituye una categoría jurídica específica, el interés simple consiste en un interés vago, impreciso o perteneciente a cualquier proceso integrante del pueblo quivis ex populo - no constituyendo un interés personal, particular o directo, de terminante

de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, únicas prerrogativas individuales idóneas para legitimar el ejercicio de una acción ante una autoridad jurisdiccional. En ese sentido bien se podría afirmar todo aquello que se encuentra fuera de la órbita del derecho subjetivo debe, por ser reivindicado incluir el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) debe probarse la existencia de un perjuicio efectivo que afecte un derecho constitucional subjetivo sufrido por el impugnante; y, 2) el perjuicio debe ser alegado por el titular del derecho o por su representante. Es claro que en este modelo -constitución de 1998- sólo eran exigibles los derechos civiles y políticos, dejando de lado los derechos sociales y colectivos. Asimismo, sobre la legitimación activa para presentar la acción de inconstitucionalidad, la Constitución de 1988, sólo permitía que sea presentada por: 1) El Presidente de la República; 2) El ex Congreso Nacional, previa resolución de la mayoría de sus miembros; 3) La ex Corte Suprema de justicia, previa resolución del Pleno; 4) los Consejos Provinciales o los Consejos Municipales; 5) Mil ciudadanos , en goce de los derechos políticos, o cualquier persona previo informe

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favorable del Defensor del Pueblo sobre su procedencia -art. 277 CP/98-. Evidentemente se trata de un sistema restringido de acceso a la acción de inconstitucionalidad. La Constitución del 2008, se produce lo que se denomina un ensanchamiento de vía en la legitimación activa, respecto de las acciones de inconstitucionalidad y de todas las garantías jurisdiccionales. Así en la Sentencia No.- 009-09-EP, la Corte estableció que: El principio de acceso a la justicia identificado en el artículo 86.1 de la Constitución de la

República, es claro: cualquier persona, grupos de personas, comunidad, pueblo nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.   Las acciones constitucionales en general garantizan la protección de derechos, la inconstitucionalidad de las leyes, el incumplimiento de normas y sentencias constitucionales, la revisión de sentencias y autos que afecten al debido proceso o derechos constitucionales, de personas naturales o jurídicas. De la misma manera el artículo 133 de la Constitución boliviana establece que toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Sin embargo, hay que poner de relieve que en el caso boliviano la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley 027 (6-Julio-2010), en clara oposición al mandato del constituyente ha, en primer lugar, diferenciado entre una supuesta acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto y una acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto (incidental) vinculada a un proceso judicial o administrativo y en segundo lugar reservado, en el caso de la acción de carácter abstracto la legitimación al Presidente del Estado Plurinacional, a cualquier Senador o Diputado, a los legisladores de las entidades territoriales autónomas, a las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas y al Defensor del Pueblo. De esta manera la ley del Tribunal Constitucional no solo restringe ilegítimamente la legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad sino que cambia la misma naturaleza jurídica de la acción que vuelve al modelo de recurso de inconstitucionalidad previsto en la Constitución de 1994. El proceso constitucional que se desarrolla ante la Jurisdicción Constitucional, y que ha sido históricamente el que ha caracterizado al sistema venezolano, es el que tiene por objeto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo juzgue con poderes anulatorios y a instancia de cualquier persona mediante acción popular la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales de igual rango o valor que las leyes. En efecto, de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución, y respetando en este caso una tradición que se remonta a 1858, corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional    jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos

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que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.  Ahora bien, lo más importante que debe destacarse también en el sistema venezolano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es que la legitimación activa para plantear las acciones que originan el proceso constitucional corresponde a cualquier persona, configurándose la acción como una actio popularis . Por ello, el artículo 21.9 de la Ley Orgánica de 2004 ha establecido que la legitimación activa para ejercer la acción de inconstitucionalidad, corresponde a: toda persona natural o jurídica, que sea afectada en sus derechos o intereses por una ley, reglamento,            Público Nacional, Estatal o

Municipal. Conforme a esta norma, por tanto, todo habitante de la República con capacidad jurídica puede intentar la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, sin distingo alguno, sean emanadas de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los Estados de la federación o de los Concejos Municipales (Ordenanzas). Por tanto, a nivel nacional, la acción popular procede incluso contra las leyes aprobatorias de tratados20. Lo que merece poner de relieve es que la Ley Orgánica legitima para intentar el recurso no sólo a los ciudadanos sino a toda persona natural o jurídica   es decir también a los extranjeros extendiendo al máximo el sentido de la acción popular en tanto que derecho de todas las personas al respeto de la Constitución.  Ahora bien el alcance de esta legitimación debe matizarse en relación con la exigencia prevista por la Ley Orgánica, de que el acto impugnado en alguna forma afecte los derechos o intereses  del recurrente. Esta precisión del artículo 21.9 podría considerarse, en cierta forma, como una reducción de la legitimación a límites razonables, es decir, se exige la lesión de los derechos o intereses del recurrente, pero puede, por supuesto tratarse de un simple interés, aun cuando específico. Por ejemplo, si se tratase de una ley de un determinado Estado, se podría exigir ser residente de dicho Estado o tener bienes o intereses en el mismo, de manera que la ley impugnada pueda de alguna manera lesionar los intereses del recurrente, y éste pueda tener un simple interés en la constitucionalidad de la ley. En estos casos, por supuesto, no se perdería el carácter popular de la acción. Si se tratara de una ley nacional en cambio, en principio, cualquier habitante del país con capacidad jurídica podría impugnar la ley ya que su interés simple en la constitucionalidad estaría lesionado por la ley inconstitucional. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 1077 de 22-08-01, ha establecido lo siguiente: existe en nuestro

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 Véase A. R. Brewer-Carías, El control de la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de Tratados Internacionales y la cuestión constitucional de la integración latinoamericana, Revista de Derecho Público , nº 44, Caracas, 1990, pp. 225-229.

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ordenamiento la acción popular de inconstitucionalidad, donde cualquier persona capaz procesalmente tiene interés procesal y jurídico para proponerla, sin necesidad de un hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica privada del accionante. Es el actor un tutor de la constitucionalidad y esa tutela le da el interés para actuar, haya sufrido o no un daño proveniente de la inconstitucionalidad de una ley. Todo ello, sin duda, demuestra que el cambio más radical o donde más se evidencia la transformación que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido capaz de aportar al concepto de control de constitucionalidad es exactamente en la legitimación activa proponiendo que toda persona o ciudadano sea guardián de la Constitución a través, claro esta, del goce de los derechos y del ejercicio de los mecanismos  jurisdiccionales puestos a su disposición por parte de cada uno de los ordenamientos. VIII. EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Dentro de los efectos de las sentencias declaratorias de nulidad por inconstitucionalidad el problema fundamental que se plantea se refiere al momento en que comienzan a producirse, es decir, si el acto declarado nulo se considera que surtió sus efectos hasta que se lo anuló, o al contrario, se estima como si nunca hubiera surtido efectos. Acerca de los efectos ex tunc  o ex nunc   de los fallos de los tribunales constitucionales no hay una sola posición y los diferentes ordenamientos jurídicos deciden en concreto por darle mayor fuerza a la supremacía constitucionalidad o a la seguridad jurídica, tratando de buscar un cierto equilibrio entre ambos principios. En el derecho comparado, los efectos de las sentencias son, por regla general, ex nunc , En el ámbito objeto de este estudio, existe, sin embargo, una heterogeneidad de criterios en la materia como lo muestran las respectivas legislaciones que encuadran la actividad de los tribunales constitucionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Según la Constitución Colombiana las sentencias constitucionales hacen transito de cosa juzgada constitucional, además el mismo artículo 243 de la Constitución, establece que: ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto declarado inexequible

por razones de fondo, mientras subsisten en la Carta disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Esta norma permite que la Corte Constitucional realice un examen de constitucionalidad integral -la ley frente a toda la Constitución-. También hay que apuntar que, según lo establecido en el artículo 21 del decreto ejecutivo No.- 2067/1991, los fallos constitucionales de la Corte sólo tenían efectos para el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materia penal. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el referido artículo (Sentencia No.- C-113 de1993). Y de hecho, si bien es cierto que la Corte ha concebido sus fallos con efectos sólo para el futuro, en algunos casos, en vista de la

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materia propia del fallo y con el fin de evitar que se consoliden actos arbitrarios, ha preferido establecer efectos retroactivos 21. En palabras de éste mismo órgano es regla general que las sentencias que la Corte Constitucional expide en desarrollo de las atribuciones consagradas en el artículo 241 C.P., sólo producen efectos hacia el futuro, a menos que la propia Corte resuelva darle efectos retroactivos. En este último caso, el  juez constitucional debe señalar, en forma expresa e inequívoca, tal circunstancia, es decir, que la decisión adoptada se aplica a situaciones ocurridas con anterioridad a su pronunciamiento22. Lo mismo ocurre también en Ecuador 23 y Bolivia24 en los que se han incorporado los efectos retroactivos, para caso excepcionales, tanto en la legislación como en la  jurisprudencia de sus Altos Tribunales. En el caso de Venezuela la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 no resolvió expresamente dichas cuestiones, sino que se limitó a señalar que la Sala Constitucional debe determinar expresamente sus efectos en el tiempo (art. 5, párrafo 1º, numerales 6 y 7).

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 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana hay diversas sentencias que han determinado efectos ex tunc , así ocurrió con el fallo C-149 de 1993, en que la Ley 6 de 1992, había establecido un impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la devolución inmediata de las sumas canceladas en los bonos de guerra, ya citados. Asimismo, en la sentencia C-619 de 2003, se determinó que el efecto del fallo que resolvió la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 900 de 2003, que había sido dictado por el gobierno en virtud de un estado de excepción constitucional prorrogado declarado inconstitucional por el propio Tribunal en sentencia C-327 de 29 de abril de 2003, tenía el carácter de determinar la pérdida de vigencia del mismo desde el momento de su expedición. Véase también, más recientemente, Sentencia C- 461/10, C- 333/10. 22

 Sentencia C-270/00.

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 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de Ecuador, artículo 95: Las sentencias que se dicten en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad surten efectos de cosa juzgada y producen efectos generales hacia el futuro. De forma excepcional           24

  Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencias No.-SC 0082/2000-RII, de 14 de noviembre 2000 Las sentencias de constitucionalidad y el precedente en Bolivia tienen efectos generales, así como se prevén efectos modulativos de las sentencias, cabe citar el siguiente precedente constitucional obligatorio, respecto de un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, promovido a instancia de parte, que impugnó de inconstitucional la Ordenanza Municipal Nº 1678 y el Decreto Ley Nº 18412 de 16 de junio de 1981; arguyendo fue dictada en un gobierno dictatorial y              interpretación como la previsora  la que al ser realizada requiere que, el contralor de

constitucionalidad como máximo intérprete de la Constitución, adopte previsiones sobre los efectos y consecuencias de las decisiones asumidas a partir de la interpretación. Implica que el intérprete, a tiempo de desarrollar su labor, deberá prever las consecuencias emergentes de su interpretación en el orden político, económico y social, lo que significa que el intérprete operador, detecta, aclara, adapta, la norma constitucional con la que decide el caso y luego confronta su producto interpretativo con la dimensión existencial o fáctica del Derecho, a fin de verificar las consecuencias, o medir los resultados. Que, en el caso de autos corresponde a este Tribunal adoptar este tipo de interpretación, partiendo de la constatación de dos hechos: el primero, que las disposiciones legales impugnadas en su contenido no son incompatibles con las normas de la Constitución y, el segundo, que en cuanto a su origen si lo son.

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 Ahora bien, existiendo en Venezuela un sistema mixto de justicia constitucional, que implica el funcionamiento en paralelo, de los dos métodos básicos de control de constitucionalidad que muestra el derecho comparado: por una parte el sistema difuso, que se ejerce por todos los jueces, y por la otra el sistema concentrado que se ejerce por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo; (y respecto de los actos administrativos por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa); no ha sido infrecuente la confusión sobre los efectos de las decisiones en materia de control de la constitucionalidad, lo que ha llevado en muchos casos a la aplicación de la garantía de la nulidad del acto inconstitucional al sistema de control concentrado, ignorando las diferencias fundamentales entre los dos sistemas de justicia constitucional. En este sentido parece relevante citar la sentencia de la Sala Constitucional No. 359 de 15 de mayo de 2000 en la que según dicha Sala: de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se debe determinar los efectos en el tiempo de las decisiones anulatorias de normas. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en tales casos, debe entenderse que produce sus efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Así, en reciente sentencia con ocasión de decidir la solicitud de ejecución de un fallo que no había fijado los efectos en el tiempo de una sentencia anulatoria, se indicó: Ha sido señalado precedentemente que la sentencia anulatoria extinguió la norma por considerarla viciada, sin limitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de 14 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los efectos de la anulación en el tiempo, en razón de lo cual, este efecto es ex tunc , es decir hacia el pasado; opera desde el momento mismo en que la norma fue

dictada (Sentencia de la Sala Político Administrativa del 11 de noviembre de 1999, caso Policarpo Rodríguez). En el caso antes citado, si bien se dio efecto ex tunc   al fallo anulatorio, la sentencia fijó los términos de la ejecución, es decir, los parámetros y el tiempo mediante los cuales los afectados por la norma anulada podían ejercer sus derechos. En el caso de autos, esta Sala por razones de seguridad jurídica, para evitar un desequilibrio en la estructura de la administración pública estatal y la preservación de los intereses generales, así como en resguardo de los derechos de los beneficiados por la ley Estadal, fija los efectos ex nunc, es decir, a partir de la publicación de este fallo por la Secretaria de esta Sala Constitucional . IX. CONCLUSIONES

Según Roberto Gargarella prestar atención a la Constitución es un modo de reconocer que parte de nuestra desdichas, y parte de las soluciones a nuestras penas, se relacionan con los modos en que diseñamos nuestras estructura institucional básica               

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