CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA MINERIA EN EL PERU
EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL
Generalmente la minería minería se desarrolla en áreas de extrema pobreza pobreza con capital social débil. Zonas económicamente deprimidas y sin oportunidades de empleo. Con escasa capacidad de negociación/grandes expectativas por empleo, servicios básicos y beneficios netos Reducida presencia del Estado.
LA MINERIA: ¿UNA BENDICIÓN O UNA MALDICIÓN? Los impactos sociales de la actividad minera generalmente son asociados con impactos negativos derivados de:
La propia operación, que inciden en lo social. Derivados del relacionamiento población – empresa minera.
CONSECUENCIAS SOCIALES POSITIVAS DE LA MINERÍA EN EL PERÚ Actualmente, en el Perú, vemos vemo s que la minería, miner ía, así como ha traído consecuenc ias positivas para la economía de nuestro país, a través de diferentes programas de ayuda voluntaria o por ley que ofrecen las empresas mineras, el cual se resume en el siguiente esquema.
LA MINERIA COMO UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO, bajo un esquema de GESTION SOCIAL. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN SOCIAL? Es un proceso que promueve el desarrollo sostenible de las poblaciones involucradas en las actividades mineras, en el marco de la participación, equidad e inclusión, mediante la formulación de políticas de responsabilidad social y la promoción de las relaciones armoniosas entre los actores .
PRINCIPIOS RECTORES EN LA GESTIÓN SOCIAL Transparencia. Inclusión Social como instrumento para la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Respeto de Derechos y Deberes. Diálogo Continuo. Participación y Vigilancia Ciudadana. Gobernabilidad e Institucionalidad. Interculturalidad.
CONSECUENCIAS SOCIALES NEGATIVAS DE LA MINERIA EN EL PERU Muchos de los territorios mineros, han aumentado su nivel de pobreza desde la llegada de las empresas mineras. Elementos como los conflictos generados por el acceso al agua, el desempleo, la disputa de las tierras, la delincuencia, el comercio sexual, la informalidad y la elevación del costo de vida, generaron que la pobreza y la mala calidad de vida aumenten en los territorios donde se instalaron algunas de las principales mineras en nuestro país. Las consecuencias sociales no son menos alarmantes. Los proyectos de inversión minera ofrecen fomentar el desarrollo para las ciudades cercanas; sin embargo, muchos de los empleos ofrecidos son absorbidos por personal foráneo a la región. Por su naturaleza la actividad minera emplea un pequeño número de trabajadores, los mismos que deben tener un elevado nivel de capacitación.
Impactos en la salud de la población No podemos dejar de mencionar los nefastos “impactos” en la salud de la población que se generaron por los descuidos de algunas empresas. Los mineros están atravesando serios problemas en su salud, ya que muchos trabajadores adolescentes mueren o se hospitalizan todos los años, debido a lesiones sufridas en el trabajo. De esta manera, la población reacciona ante estos problemas generando protestas y huelgas en las cuales manifiestan que no sólo maltratan a las comunidades campesinas, sino también a sus trabajadores. Como olvidar que en junio del año 2000, en las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa, en Cajamarca, a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros, se produjo un derrame de cerca de 11 litros, equivalente a 151 kilogramos de mercurio elemental, el
mismo que generó la intoxicación masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y niños. ¿Y la Oroya? Considero que nadie en el país es ajeno a la crítica realidad de la salud de la población infantil en La Oroya, originada por intoxicación por plomo. Según el monitoreo de plomo en sangre, realizado en 346 niños de tres zonas de la ciudad de La Oroya, solo por efecto del plomo, “el 18.3% de los niños debieron
ser remitidos urgentemente a un hospital para atención médica. Por su parte un 67% de los niños debieron ser sometidos a evaluación médica y seguimiento, y dos niños tenían ni veles tan altos (mayores que 70 g/dl) que requerían el tratamiento de quelación de manera in mediata.” Estos son algunos de los ejemplos de los pasivos sociales que trajo consigo la antigua minera, la minería desordenada, egoísta, desinteresada y oportunista.
Expectativas de las comunidades locales A pesar de los beneficios económicos que pudieran recibir las comunidades locales, pueden surgir conflictos sociales si las expectativas son muy altas o no se han satisfecho. Las exigencias irrealistas son usualmente resultado de la falta de información y comunicación entre gobiernos, compañías mineras y comunidades locales. En ocasiones surgen conflictos cuando los miembros de la comunidad desconocen todos los beneficios que aportan los proyectos mineros. Es frecuente que las comunidades carezcan de información sobre los ingresos que reciben los gobiernos centrales o sobre su uso y redistribución en el país. También puede que no tengan conocimiento de los beneficios sociales y económicos de proyectos gubernamentales que dependen de los ingresos por actividades mineras (p. ej., educación y servicios de salud, infraestructura energética, agua potable, alcantarillado, escuelas, etc).
Relacionados con la adquisición y uso de tierras La adquisición y compra de tierras para la minería constituye una causa común de conflictos entre las compañías mineras y las comunidades de la región. En ocasiones pasan varios años antes de que surjan algunos de los problemas asociados con el reasentamiento voluntario de comunidades. Por ejemplo, los miembros de la comunidad tal vez carezcan de las habilidades necesarias para dar mantenimiento a las viviendas construidas con materiales permanentes que reemplazaron sus casas tradicionales, o quizá no tengan acceso
suficiente a los recursos naturales (p. ej., zonas pesqueras, tierras productivas para la agricultura) en los nuevos lugares de asentamiento. La reubicación involuntaria trae consigo más riesgos que el reasentamiento voluntario porque puede generar problemas de falta de hogar, inseguridad alimentaria, pérdida de acceso a servicios públicos y descomposición social. Las poblaciones indígenas (aborígenes) son particularmente vulnerables porque tienen firmes conexiones culturales y espirituales con la tierra que habitan.
Disponibilidad de agua y otras inquietudes ambientales La industria minera puede necesitar cantidades significativas de agua, un recurso crítico en muchas zonas rurales. A pesar de que la minería y la agricultura pueden coexistir, las disminuciones en la disponibilidad y/o en la calidad del agua constituyen un motivo de preocupación social bien fundado. Para prevenir conflictos, las compañías mineras están usando tecnologías diseñadas para reciclar el agua al máximo y evitar sustancias inorgánicas. También podrían reducir la posibilidad de conflictos poniendo el agua potable a disposición de las comunidades.
Disturbios sociales ocasionados por la afluencia de inmigrantes La llegada de trabajadores en busca de empleo a las regiones mineras también puede crear o incrementar las tensiones sociales. Su llegada puede ocasionar mayor demanda de servicios de salud u otros servicios públicos en las comunidades locales. Los costos de alimentación y vivienda podrían aumentar debido al fortalecimiento de la actividad económica y por la mayor demanda de estos productos. A medida que cambia la dinámica de poder en las comunidades, también pueden cambiar y romperse las relaciones socio-económicas tradicionales entre residentes y dentro de grupos familiares. Podría incrementarse la rivalidad entre aldeas afectadas directamente por la operación de la mina y aquellas en zonas cercanas que no reciben los beneficios sociales y económicos de la industria y de los programas de RSE. La afluencia de inmigrantes también se asocia con un aumento en los robos, el consumo de alcohol, la adicción al juego, la prostitución.
Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y conflicto
Existen tensiones naturales entre quienes practican la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la minería de gran escala (MGE) porque podrían competir por los mismos recursos o áreas. La minería artesanal es una actividad informal y que utiliza poca maquinaria y tecnología, frecuentemente de manera ilegal, y sin tomar precauciones ambientales o de seguridad. La MAPE muchas veces provoca daños al medio ambiente y puede ocasionar contaminación por mercurio, contaminación del agua, daño a los ríos y dejar fosos y pozos de mina abandonados. En general, las confrontaciones entre estos dos grupos ocurren cuando los mineros artesanales entran ilegalmente y extraen minerales dentro de las concesiones mineras formales. Otra fuente de conflicto puede ser la concesión de licencias de extracción a las empresas de MGE en tierras donde antes se llevaban a cabo actividades ilegales de minería artesanal y de pequeña escala.
La minería artesanal-ilegal alienta la explotación, y en algunos casos hasta la esclavitud de miles de personas (mujeres y niños), que son captadas por organizaciones para las cuales no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica. El problema económico, es que las actividades ilegales en la minería informal, son causa de informalidad laboral, indeseable trabajo infantil y daños económicos cuando evaden el pago de impuestos. Otro impacto socioeconómico es el involucramiento de toda la familia en las distintas etapas del proceso productivo, según el Estudio de la Minería ilegal. El trabajo infantil se inicia a edades muy tempranas y a modo de quehacer familiar no remunerado. Los menores de edad realizan actividades de acarreo, procesamiento en Quimbaletes (especie de batan formado por dos piedras grandes) del mineral con mercurio para su amalgama, y el pallaqueo o búsqueda selectiva de los materiales no valiosos de las minas. Las mafias dedicadas a la explotación informal de oro, además de destruir la naturaleza peruana, han generado otros problemas sociales como son: Pobreza extrema en asentamientos rurales de la zona.
Prostitución clandestina (inclusive de menores de edad). Informalidad laboral y abandono del trabajador (empleo por enganche). Mercados negros de armas, explosivos y narcotráfico. Trabajo y explotación infantil
En la zona de Delta Uno, ubicada en la provincia del Manu, en el departamento de Madre de Dios, donde se realiza extracción ilegal aurífera, “se explotan niños en
los lavaderos; mientras que las niñas, muchas de las cuales tienen 12 y 13 años de edad, son obligadas a ejercer la prostitución”. Los adolescentes participan en la fase de extracción movilizando el mineral del socavón hacia la parte externa de la bocamina. Los riesgos por las condiciones precarias de seguridad existente, se asocian a derrumbes y deslizamientos, inhalaciones de gases y polvo, también lesiones musculares y cortes por la manipulación de las rocas que contienen el mineral económico.
POSIBLES SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ En el Perú, la mayoría de problemas que provoca la minería son de tipo ambiental y social. En cuanto al primero, se encuentra la contaminación y, en el segundo, la salud de los ciudadanos y el rol del Estado. Con respecto a las posibles soluciones para el bienestar de la salud pública de la población en áreas de influencia de la actividad minera, es necesaria la promulgación de una ley que cree el "Seguro Ambiental" para cubrir desastres, accidentes y pasivos ambientales producidos por las empresas mineras. En conclusión, la minería no es perjudicial en sí misma, ya que esta puede y debe ser una actividad que nos ayude crecer y desarrollarnos, pero para ello es necesario desarrollar una gestión local y capacitar a las autoridades y poblaciones locales para que esos beneficios sean más productivos.
POR PARTE DEL ESTADO Permitir que el Ministerio del Ambiente regule la actividad minera La decisión de colocar la actividad minera fuera de la competencia del recientemente creado Ministerio del Ambiente, fue una medida política que socavó
la credibilidad del Ministerio. El Ministerio de Energía y Minas no debe seguir siendo “juez y parte” de es a industria. Deben aplicarse las regulaciones sociales y ambientales para recuperar la confianza en el sector. Para tal fin, el gobierno debe fortalecer la independencia del Ministerio del Ambiente y asegurar que éste pueda operar sin una influencia política indebida.
Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Las comunidades locales tienen el derecho a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros. Éste es un derecho de los pueblos indígenas que se encuentra firmemente establecido dentro de la legislación internacional. El gobierno peruano y las compañías mineras deben respetar tal derecho. Hacerlo ayudará a que las compañías traten de evitar operar en áreas donde haya amplia oposición a su presencia.
Ordenamiento territorial y Zonificación Económica y Ecológica. No todas las áreas del país resultan adecuadas para la minería, aunque contengan depósitos minerales económicamente viables. El gobierno debe designar áreas donde la minería pueda ser aceptable, y zonas donde claramente no lo sea por razones sociales, económicas, ambientales o de otro tipo. La zonificación del país ayudará a las compañías a evitar áreas donde es probable que aparezcan conflictos y/o donde otra actividad como la agricultura sea más rentable económicamente.
b. POR LAS COMPANIAS MINERAS Respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Las compañías deben operar únicamente en áreas donde puedan obtener el consentimiento de las poblaciones potencialmente afectadas. Tratar de forzar operaciones en áreas que presentan oposición de la comunidad es una receta para el desastre. Las compañías deben respetar el derecho de las comunidades a dar su consentimiento a los proyectos, y considerarlas como socias en el proceso de desarrollo del proyecto. Como socias, las comunidades locales deben recibir información adecuada e independiente sobre los potenciales costos y beneficios de un proyecto, y contar con suficiente tiempo para decidir si apoyan un proyecto propuesto. Respetar el derecho de consentimiento de la comunidad también significa que las compañías no deben tratar de revocar ordenanzas, declaraciones u otras expresiones de la comunidad o gobierno local sobre potenciales proyectos.
Participación, diálogo e información continúa en la comunidad
La participación de la comunidad, incluyendo el diálogo e intercambio de información continuos, son factores a los que debe darse continuidad durante todas las fases de los proyectos mineros, incluso después del cierre de las minas y de los trabajos de rehabilitación. No hacerlo puede generar desconfianza de las compañías mineras, especialmente en aquellos países que tienen una historia o percepción de abuso generalizado, injusticia social y expropiación. La desconfianza muchas veces alimenta o exacerba los conflictos sociales. También dificulta enormemente la resolución de conflictos sociales una vez que éstos ya han iniciado. La falta de diálogo e información precisa también podría crear conflictos sociales debidos a percepciones sociales incorrectas. En el Perú, por ejemplo, la oposición a las actividades mineras a menudo se basa en reclamos de que éstas han provocado daños ambientales considerables. Sin embargo, según las investigaciones del Banco Mundial, “las reclamaciones por daños al medio
ambiente aparentemente surgen de la falta de comunicación adecuada de las compañías y, en algunos casos, de la manipulación de los políticos y comunidades locales”.
La participación de la comunidad no sólo significa escuchar sus inquietudes una vez. Se trata de un proceso continuo entre las empresas mineras y las comunidades que implica tener una actitud abierta y receptiva ante las inquietudes, considerando y evaluando seriamente todas las preocupaciones expresadas, actuar para resolver las inquietudes relevantes y ser responsable ante las comunidades. Parte de este proceso incluye informar a las comunidades la forma en que se están abordando los problemas. No es suficiente, por ejemplo, analizar y controlar la calidad y disponibilidad del agua; es necesario comunicar estos resultados a la comunidad en un lenguaje de fácil comprensión. La información que debe compartirse con el público incluye: impuestos e ingresos recaudados por los gobiernos, impuestos que se espera recaudar en el futuro, la forma en que se distribuyen los impuestos e ingresos entre los gobiernos [3], proyectos de los gobiernos locales que beneficiarán a las comunidades locales (planeados y ejecutados), riesgos ambientales (p. ej., disponibilidad y calidad del agua, gestión de riesgos), manejo de posibles accidentes y puesta en marcha de programas de RSE.
Condenar todo acto de intimidación y amenaza contra organizaciones de la sociedad civil. Las compañías mineras deben condenar públicamente cualquier acto de intimidación, amenaza u otra forma de acoso contra organizaciones de la sociedad civil que buscan proteger los derechos de las comunidades locales y cuidar del
medio ambiente de manera pacífica. Las compañías deben asimismo distanciarse públicamente de medios de prensa que lanzan acusaciones injustificadas contra líderes y organizaciones de la sociedad civil .
LINKOGRAFIA http://miguelgomez143b.blogspot.com/ http://blog.pucp.edu.pe/item/5761/consecuencias-socioambientales-de-la-mineriaen-el-peru http://www.ipe.org.pe/documentos/informe-de-la-situacion-perspectivas-e-impactoeconomico-y-social-de-la-mineria-en-el http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2012/11/Informe-Mineria-yConflictos.pdf http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/mineria-y-conflicto-social.pdf http://www.miningfacts.org/Comunidades/Ocasiona-la-mineria-conflictos-sociales/
