Conflictos Ambientales en Áreas Protegidas de Bolivia

Confictos ambientales en áreas protegidas de Bolivia

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Conceptos y metodología de investigación sobre manejo de confictos ambientales

Esta publicación orma parte del Programa de Conservación del Gran Paisaje Madidi de Wildlie Conservation Society y ue posible gracias al generoso apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Fundación Gordon y Betty Moore. Los contenidos son responsabilidad de los autores y no necesariamente reejan las opiniones de USAID, la Fundación Moore o el Gobierno de los Estados Unidos.


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Índice ............................................ ............................................... ............................................... .................................. .......... 7 Presentación .................... Capítulo 1. Conceptos y metodología de investigación sobre manejo de conictos ambientales.................................. ambientales.......................................................... ...................................... .............. 9 Aproximación a los conictos ambientales desde la perspectiva del cambio y las demandas sociales .................... ........................................... ............................................... .............................................. ...................... 9 Reexiones en torno al concepto de conicto ambiental ...................... .......................................... .................... 15 .......... ......... 19 Enoque metodológico de investigación del manejo de conictos ambientales .....

Capítulo 2. Manejo de conictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Áreas Protegidas Protegidas (SNAP) ..................... ............................................ ............................................... ................................ ........ 25

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ÍNDICE

Conictos ambientales vinculados con la gestión de las áreas protegidas de Madidi, Apolobamba y Pilón Lajas, y la demanda territorial ............................................. ............................................... ............................................... ........................... ... 95 de la TCO Tacana Tacana .....................

Capítulo 4. Conclusiones sobre los conictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Protegidas (SNAP) ............................. ....................................... .......... 139 Bibliograía................................................................ ........................................................................................ ..................................... ............. 151 Anexos ........................ ............................................... .............................................. ............................................... ..................................... ............. 159

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Participación en las investigaciones investigaciones sobre sob re manejo ma nejo de con flictos lictos en el SN SN AP

Tanto el trabajo de diseño de la metodología de estudio del análisis de manejo de conflictos en el SNAP, como la recopilación de información e investigación de los casos de conflictos ambientales seleccionados en el norte de La Paz, fueron realizados en colaboración con las siguientes personas: Carola Hurtado Juan Pablo Ramos Lilian Painter Zulema Lehm Natacha Oyola Cecilia Miranda Jorge Calvet Teddy Siles Sergio Valdivia

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Presentación

Es un agrado presentar el estudio Conictos ambientales en áreas protegidas de Bolivia, ruto del trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), y llevado adelante gracias al apoyo fnanciero brindado por USAID y la Fundación Gordon y Betty Moore en el marco del programa de Conservación del Gran Paisaje Madidi. En él se demuestra la posición p osición central de la temática de recursos naturales en los conictos en Bolivia, debido a la dependencia del desarrollo económico en el país respecto a su utilización y a los cambios demográfcos asociados a la apertura

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PRESENTACIÓN

nas. Los impactos culturales y organizacionales asociados a grandes proyectos de desarrollo también pueden ser importantes cuando los mecanismos para la toma de decisiones democráticas no están claramente establecidos. Debido a todos estos aspectos, esperamos que esta publicación resulte útil tanto para organizaciones ambientalistas como para aquellas personas e instituciones que trabajan en temas de desarrollo, democracia y gobernabilidad, y que promueva la inclusión de la temática de áreas protegidas y medio ambiente dentro de planteamientos integrales de desarrollo y manejo de conictos.

Lilian Painter Directora Programaa Bolivia Program Wildlie Conservation Society


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Capítulo 1 Conceptos y metodología de investigación sobre manejo de conictos ambientales

Aproximación a los conictos ambientales desde la perspectiva del Aproximación cambio y las demandas sociales Los conictos sociales constituyen uno de los temas de importancia central

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limitó su propia capacidad de desarrollo autónomo. Las exportaciones expor taciones continuaron creciendo y se concentraron sobre todo en las l as materias primas (petróleo, minerales, madera), produciendo altos costos sociales y ambientales. En este contexto, los conictos de fnales del siglo XX en Latinoamérica estuvieron relacionados con la aparición de movimientos sociales que se organizaron en contra de las políticas de desarrollo de los Estados y del proceso de globalización de la economía, percibidos como las principales causas de la desigualdad social, la dependencia económica y la pérdida de biodiversidad, y en torno a la reivindicación de los derechos sociales, entre los que recibieron especial énasis los culturales, laborales y ambientales. Es así como los conictos se constituyeron en medios de expresión de demandas sociales y de deensa de los derechos universales y particulares, y ueron parte integrante de los cambios sociales y de los proyectos de construcción de democracia. El surgimiento en el ámbito mundial de los movimientos ambientalistas en deensa de la seguridad del mundo, la diversidad de la vida y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus espacios territoriales contribuyó a introducir un principio ético


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que aectan sus sistemas de valores, estructuras socioeconómicas e interrelaciones, generando inestabilidad e incertidumbre que pueden derivar en conrontaciones, retrocesos o avances en el ortalecimiento de la democracia, especialmente cuando éstas se expresan en su conrontación con el Estado. En este sentido, los conictos ambientales en Bolivia han estado estrechamente vinculados con la deensa y el reconocimiento de derechos de posesión y uso de la l a tierra y los recursos naturales, así como con los problemas derivados de la l a explotación intensiva de recursos naturales altamente competitivos en el mercado. Históricamente el país arontó conictos ambientales relacionados con la recuperación de las tierras de comunidades. Las movilizaciones indígenas de los siglos XIX y XX se dieron en momentos de mayor presión, cuando la vida de las comunidades era puesta en riesgo por la expoliación de sus tierras y la explotación del trabajo indígena. Sin embargo, la construcción de una agenda política se ue dando a través de los procesos de movilización en torno a la tierra, la deensa de derechos humanos y la recuperación del papel de los indígenas como actores centrales. Estos

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explotación se inicia en el departamento de Santa Cruz y más tarde (con el agotamiento de especies valiosas de sus bosques de producción y la apertura de las carreteras) se extiende a otros departamentos del país. La actividad orestal ha sido una de las principales causas para el desarrollo de conictos sociales entre empresarios madereros, poblaciones indígenas y campesinas y sectores urbanos de las regiones productoras del país. En los últimos quince años, los conictos ambientales que alcanzaron mayor repercusión a nivel nacional estuvieron relacionados principalmente con la demanda de tierras y territorios indígenas en el oriente boliviano, así como con las movilizaciones sociales en torno al tema del agua, la contaminación minera y la nacionalización del gas para revertir la capitalización de los hidrocarburos de 1997. A fnales de los años ochenta, la mayor parte de las tierras bajas se encontraba en manos de los hacendados y solamente un pequeño porcentaje de campesinos e indígenas había logrado la titulación de sus tierras. Estos problemas, sumados a la superposición de derechos de propiedad y tenencia de tierras (concesiones oresta-


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cimiento legal de los territorios demandados, sino la creación de organizaciones supracomunales para articular las demandas de las comunidades y el desarrollo de estrategias de lucha basadas en la negociación y en la construcción de lazos de solidaridad entre las comunidades y otros sectores de la sociedad. Asimismo, este hecho histórico contribuyó a que el Estado boliviano ratifcara el Convenio 169 de la OIT, OIT, mediante Ley N° 1257 (1991), e introdujera en dierentes normas legales y en la propia Constitución Política Política del Estado 2 los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Con la intervención del Consejo Nacional de Reorma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización (1992) y la promulgación de la Ley INRA (1996) se dio inicio al proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras fscales, permitiendo a los pueblos indígenas la titulación de sus espacios tradicionales como tierras comunitarias de origen (TCO). De este modo, las TCO son espacios territoriales indígenas legalmente reconocido por el Estado boliviano. El surgimiento de un nuevo grupo denominado Movimiento Sin Tierra Tierra (MST), con demandas de

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rias comunidades del lago Titicaca Titicaca se movilizaron, bloqueando el camino de acceso a La Paz, con demandas al Poder Ejecutivo para la descontaminación minera del lago en la bahía de Ocaña, adonde vierten sus aguas los ríos Suchis, Susajahuira, Jilakata y Pallina, y la ejecución de proyectos para la dotación de servicios ser vicios básicos y el desarrollo productivo (La Razón, 13 y 14 de julio de 2006). Sin embargo, gran parte de los conictos ambientales en Bolivia no se produjeron por la acción de los actores sociales en deensa de su medio ambiente, sino que estuvieron asociados a conrontaciones entre sectores sociales por la tenencia de la tierra y el acceso y uso de los recursos naturales. En este contexto, el papel del Estado ha sido particularmente importante, ya que varios de los conictos se originaron a partir de las políticas y acciones estatales relacionadas con el saneamiento de tierras, la colonización, la exportación de recursos naturales y la promoción de programas de conservación, como es el caso de la creación y puesta en uncionamiento de las áreas protegidas. Un ejemplo que ilustra la confguración de conictos sin que intervengan


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de la región han demostrado una visión y capacidades distintas para enrentar los problemas de desarrollo y las relaciones con otros actores sociales, más orientadas a la cooperación y la acción colectiva, cuestionando –si bien aún débilmente– el desarrollo centrado en los aspectos económicos de corto plazo, p lazo, y apostando más bien por el manejo sostenible de los recursos y por las normas que regulan su uso .

Reexioness en torno al concepto de conicto ambiental Reexione La consideración del conicto como un motor de cambio o como un eecto de los cambios sociales, así como su uerte gravitación en los asuntos de interés público y en las relaciones de poder entre actores sociales, ha dado lugar a que las ciencias sociales presten especial interés a este tema y a que se desarrollen teorías y metodologías de estudio y de manejo de los conictos. El concepto de conicto ha evolucionado desde una comprensión del enó-

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El reconocimiento de que los conictos sociales son parte integrante del desarrollo de la democracia, como afrma Alain Touraine Touraine6, implica a su vez la aceptación de que la sociedad está conormada por una diversidad cultural y de intereses sociales. La democracia está atravesada de tensiones sociales debido a la pluralidad de visiones, valores y proyectos colectivos que coexisten, y estas tensiones solamente pueden resolverse en el ámbito de los espacios institucionales de la democracia y mediante el diálogo y la cooperación. Sin embargo, la utilización del conicto como estrategia para solucionar los problemas o para lograr que el Estado atienda las demandas sociales, a través de la presión, la conrontación y la violencia, tiende a inhibir la voluntad de los actores para analizar las causas y alcance de los conictos y para encontrar soluciones que los benefcien. Los conictos ambientales tienen características particulares, responden a problemas vinculados con el acceso y uso de los recursos naturales, que a su vez tienen uertes repercusiones en dierentes ámbitos del desarrollo y que pueden aectar la calidad de vida de la población. En sí mismos, los conictos ambientales


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• Involucra acciones acciones colectivas • Es el resultado de dierentes valores, percepciones y signifcados que los actores otorgan a acciones o circunstancias que aectan el medio ambiente • Es una dinámica de oposición, controversia, controversia, disputa o protesta El estudio realizado por Isabel Carvalho y Gabriela Scotto (1995) sobre los conictos ambientales en Brasil8 introduce el concepto de conicto socioambiental y analiza los elementos que lo confguran: • La lucha ambiental es el resultado de la relación de uerzas entre grupos que se manifestan en el espacio público y de la percepción social y acción política de los actores colectivos, incluidos los medios de comunicación. • La oposición entre intereses privados e intereses públicos es la causa de los conictos socioambientales. Los actores sociales entran en disputa cuando las modalidades de acceso y gestión de los bienes de interés público aectan la permanencia y disponibilidad de recursos que son esenciales para la supervivencia y calidad de vida de la colectividad.

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trapuestos, reclamos y planteamiento de demandas en relación con el acceso y uso de los recursos naturales y los impactos ambientales de las actividades económicas. Difere de un problema ambiental en tanto éste hace reerencia a aquellos actores que inciden negativamente en la calidad ambiental, sin que la población aectada reaccione o proteste, ya sea por alta de conciencia ambiental o de capacidad de organización, o bien porque un problema ambiental no llega a repercutir en otros aspectos de la actividad económica o cultural. Precisando Preci sando la noción de conicto ambiental, desde una perspectiva sociopolítica y cultural, podemos identifcar algunos aspectos que lo caracterizan: • Dimensión social y política que adquiere un problema problema ambiental por su capacidad de aectar un conjunto de aspectos (culturales, económicos, territoriales y ecológicos) relacionados con el bienestar y desarrollo de la población o con determinados intereses de los actores sociales. • Expresión de oposición de sectores de la sociedad rente a las políticas del Estado, algunas relacionadas con políticas de conservación que son con-


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• Nivel de conciencia conciencia colectiva y percepción social de los problemas ambienambientales y capacidad de participación y deliberación de los actores sociales en los espacios públicos, a fn de analizar su visión sobre la problemática del desarrollo y los valores culturales y democráticos que intervienen en la confguración de los conictos.

Enoque metodológico de investigación del manejo de conictos ambientales La presente investigación sobre conictos ambientales se dirige al análisis de las experiencias de manejo de conictos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y en tierras comunitarias de origen (TCO) vinculadas con el sistema, ya que constituyen unidades de gestión territorial que están generando procesos de planifcación y manejo de recursos naturales y que han enrentado conictos

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o totalmente con áreas protegidas y 30 se ubican en su zona de amortiguación externa. Su gestión ha generado oportunidades para el desarrollo de iniciativas locales de manejo de recursos naturales y capacidades técnicas y administrativas en las organizaciones de base que participan en la coadministración y gestión de las áreas protegidas, como es el caso de la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI), que coadministra con el SERNAP el Parque Nacional Kaa Iya. En ambos procesos ha sido undamental el rol de los gobiernos municipales, considerando asimismo que estas instancias estatales se encuentran aún en proceso de consolidación y ortalecimiento de su papel político y técnico. La Ley de Participación Participac ión Popular (1994), que otorga competencias a los municipios en la planifcación del desarrollo en su jurisdicción territorial, ha sido uno de los cambios más proundos que se han producido con las reormas institucionales del Estado durante la década de los noventa, y aunque los gobiernos municipales no han logrado generar las sufcientes capacidades de gestión y una adecuada interacción con los dierentes actores sociales, constituyen el eje de los procesos de planifcación y


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En este contexto, el manejo de conictos ambientales puede ser defnido como la capacidad de los actores sociales e institucionales para conducir situaciones complejas, resolver discrepancias vinculadas con el acceso y uso de los recursos naturales y generar oportunidades que contribuyan al ortalecimiento de las relaciones sociales y a la conservación de la diversidad biológica y cultural, reconociendo la existencia de una pluralidad de intereses, valores y visiones culturales. Implica asimismo la comprensión de los problemas en su contexto y complejidad, el desarrollo de valores democráticos y el planteamiento de estrategias para la solución de los conictos en el marco del diálogo, la comunicación y la colaboración. En términos metodológicos, el manejo de conictos ambientales plantea la necesidad de abordar esta temática desde una perspectiva multidimensional, analizando los dierentes actores que intervienen en los conictos (históricos, políticos, socioeconómicos, culturales y ambientales), para dar cuenta de la dinámica y cambios sociales y de las relaciones de cooperación y conficto existentes entre grupos sociales:

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Confguración y proceso de evolución de los conictos , identifcando demandas sociales en conicto, recursos naturales y culturales implicados, causas que originaron los conictos, repercusiones e impactos sobre la biodiversidad y la gestión ambiental, eectos culturales y socioeconómicos y oportunidades generadas para p ara el ortalecimiento de la democracia. Estrategias Estrat egias de manejo de conictos en relación con el acceso y manejo de la inormación técnica y espacial, las metodologías desarrolladas para el manejo de los conictos, las estrategias de acción política de los l os actores sociales, la solución de los conictos en el marco de las relaciones democráticas y los actores que limitaron el establecimiento de acuerdos y la resolución de los conictos. El objetivo principal de la investigación de los conictos ambientales vinculados con las áreas protegidas p rotegidas del SNAP se dirigió al registro y sistematización de los conictos, centrando el análisis en el complejo de áreas protegidas y TCO del norte de La Paz, para analizar la incidencia de los conictos en los procesos de gestión de las áreas, los aportes generados de las experiencias de manejo de conictos y las


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• Patrimonio cultural y natural único (destrucción de sitios arqueológicos, monumentos histórico-culturales y muestras geológicas, sustracción de la cultura material y de documentos históricos, extracción de recursos paleontológicos). Se desarrollaron instrumentos de investigación para la recopilación, sistematización y análisis de la inormación, desde una perspectiva técnica y espacial, involucrando a las direcciones de las áreas protegidas y organizaciones de base en el proceso de análisis: cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, creación de una base de datos vinculada, elaboración de estadísticas y mapas temáticos.

Creación de una base de conictos ambientales en el SNAP La creación de una base de datos de manejo de conictos tuvo como objetivo la integración y sistematización de la inormación recopilada en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación y su vinculación con el Sistema de Inormación

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Recopilación, sistematización y análisis de las experiencias de manejo de conictos Para el registro de la inormación de los conictos en el SNAP se diseñaron y aplicaron cuestionarios a los directores de las áreas protegidas. La inormación obtenida ue registrada en la base de datos, cuyo diseño ísico se realizó en el programa Access, estableciendo un código específco para cada área protegida y para cada caso de conicto. La realización del estudio de caso de manejo de conictos en Madidi, Pilón Lajas y la TCO Tacana requirió, además de la recopilación de inormación mediante los cuestionarios, la revisión de documentación (estudios técnicos y jurídicos, correspondencia, resoluciones, votos resolutivos, actas de reuniones, notas de prensa y otros) y el desarrollo de entrevistas a proundidad con dierentes actores locales relacionados con la gestión de las áreas protegidas y las l as TCO TCO Tacana Tacana y San José de Uchupiamonas. En total se realizaron 23 entrevistas a directores y guardaparques de las áreas protegidas, autoridades municipales, dirigentes y líderes de las organi-


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Capítulo 2 Manejo de conictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

Los esuerzos de conservación que se llevaron adelante a partir de la década de los noventa se centraron undamentalmente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cuya gestión se encuentra actualmente bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 11, entidad estatal desconcentrada

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Manejo de confictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Mapa 1. Regiones ecológicas y áreas á reas protegidas de Bolivia


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Las áreas protegidas del país y sus zonas de inuencia cuentan con una importante población humana, con dierentes orígenes étnicos y con distintas características históricas y económicas, dando lugar a la confguración de espacios socioeconómicos particulares y a una compleja realidad social. La población que habita dentro de las áreas es de aproximadamente 120.000 habitantes y la que se encuentra en la zona de amortiguación externa supera los 450.000 habitantes. 70 municipios tienen jurisdicción sobre las áreas protegidas del sistema (con una población de 2.863.104 habitantes, incluyendo a las secciones capitales de La Paz, Cochabambaa y Tarija) Cochabamb Tarija) 13, y 44 tierras comunitarias de origen (tituladas y demandadas) están relacionadas con su gestión: 5 superpuestas totalmente, 9 parcialmente y 30 en la zona de amortiguamiento 14. Los hogares pobres de los municipios vinculados son 67%, lo que muestra que una mayoría importante de la población no ha logrado satisacer sus necesidades básicas: disponibilidad de agua potable, servicios sanitarios, energía eléctrica, acceso a la educación y a los servicios de salud15

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tración compartida de áreas protegidas, comités de gestión integrados por actores locales relevantes), a generar alternativas económicas (aunque todavía de manera incipiente) y a comunicar conocimientos y experiencias valiosas de planifcación y gestión territorial, éstos han sido insufcientes para consolidar el sistema, dada su dimensión en términos espaciales y la complejidad social de las áreas protegidas, los niveles de pobreza y la alta de oportunidades económicas. Los conictos ambientales han sido parte integrante de estos procesos; la puesta en uncionamiento de la administración de las áreas protegidas, el control y vigilancia de las actividades humanas y el saneamiento de tierras, dieron lugar a uertes tensiones que involucraron a diversos actores sociales (comunidades campesinas e indígenas, colonizadores, hacendados, empresarios, ONG), así como a otras entidades del Estado. Los cambios actuales por los que está atravesando el país plantean la necesidad de proundizar la participación social en las áreas protegidas, considerando su importancia para el desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas (mantenimiento de cuencas, provisión de auna, conservación de áreas para la reco-

Tabla 1. Áreas protegidas de carácter nacional del SNAP ÁREA PR PROTEGIDA

CREACIÓN

DEPARTAMENTO EXTENSIÓN (h (ha)

ECORREGIÓN

POBLACIÓN ÁR ÁREA PR PROTEGIDA

POBLACIÓN ZONA DE AMORTIGUACIÓN EXTERNA

TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN VINCULADAS CON ÁREAS PROTEGIDAS Multiétnico II (ZA).

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

D. S. 11252 de 1973

Pando

747.000 Bosques amazónicos de Pando y de inundación.

1.813 habitantes en 13 comunidades campesinas y asentamientos y 522 habitantes de barracas.

4.108 en comunidades indígenas (esse ejja, tacana y cavineño) y campesinas, barracas y centros poblados: Filadelfa y Puerto Rico.

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi

D. S. 24123 de 1995

La Paz

3.714 habitantes en 31 comunidades de amilias tacana, leco, quechua y aymara.

11.265 habitantes en 70 comunidades indígenas de TCO, 24.588 habitantes en comunidades campesinas y centros poblados: Pelechuco, Apolo, Guanay, Ixiamas, San Buenaventura.

San José de Uchupiamonas (AP), Tacana I, Lecos Apolo, Lecos Larecaja (AP y ZA) y Tacana II y Araona (ZA).

Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba

D. S. 10072 de 1972

La Paz

1.895.750 1.895.7 50 Yungas, Yungas, bosques amazónicos subandinos, preandinos y secos interandinos, cerrado paceño y altoandina de la Cordilera Oriental. 483.744 Yungas, bosques secos interandinos y altoandina de la Cordillera Oriental.

2.851 habitantes en 13 comunidades y en el centro poblado de Santa Rosa de Mapiri (sin considerar la zona colindante, que se encuentra en el Parque Madidi).

Marca Qamata, Lecos Larecaja y Lecos de Apolo (ZA)

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Cotapata

D. S. 23547 de 1993

La Paz

18.601 en 78 comunidades, algunas cooperativas mineras y centros poblados: Amarete, Pelechuco, Curva y Charazani de origen kallawaya, quechua y aymara. 1.514 habitantes en 17 comunidades y asentamientos menores de origen aymara y mestizo.

Reserva de la Biosera Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas

D. S. 23110 de 1992

La Paz y el Beni

400.000 Yungas, bosques amazónicos subandinos y preandinos.

1.175 habitantes en 14 comunidades chimane, mosetén y tacana.

Pilón Lajas (AP), Mosetén I (ZA).

Reserva de la Biosera Estación Biológica del Beni

D. S. 19191 de 1982

Beni

1.008 habitantes en 8 comunidades chimane. 12 estancias ganaderas.

Parque Nacional Territ Territorio orio Indígena Isiboro Sécure

D . S . 7 40 40 1 de 19 19 65 65

Be ni ni y Co Co ch ch ab ab am amb a

15.000 habitantes en comunidades de colonizadores andinos en el límite s ur. 3.650 habitantes en comunidades yuracaré, yuqui y mosetén.

Isiboro Sécure (AP), Chimane, Multiétnico, Mosetén II, Yuqui y Yuracaré (ZA).

Parq Pa rque ue Na Naci cion onal al Car Carra rasc scoo

D. S. S. 22940 22940 de 1991

Cochabamba

Parque Nacional Tunari

D.S. 6045 de 1962

Cochabamba

135.000 Bosques amazónicos preandinos y de inundación y sabana de los Llanos de Moxos. 1 .2 36 36 .2 96 96 B os os qu qu es es am ama zó zó ni ni co co s subandinos, preandinos y de inundación, sabanas inundables de los Llanos de Moxos. 622.600 Yungas, bo bosques amazónicos subandinos, preandinos, secos interandinos y tucumanoboliviano y puna semihúmeda. 309.091 Yungas, bosques secos interandinos y puna semihúmeda

219 habitantes en 12 comunidades indígenas chimane y mosetén. 3.198 habitantes en 27 comunidades de colonizadores. 8.460 habitantes en Rurrenabaque y 3.090 en Yucumo. 3.113 habitantes en 11 comunidades campesinas de origen camba y 19.363 habitantes en la ciudad de San Borja.

61.000 Yungas y altoandina de la Cordillera Oriental.

5.154 habitantes en 61 comunidades moxeña, chimane y yuracaré 13.159 habitantes en 47 sindicatos de colonizadores de la zona sur. 20 estancias ganaderas. 800 habitantes en comunidades quechuas al Sur (provenientes del Valle Alto de Cochabamba) y de colonizadores al Norte (inmigrantes de las tierras altas). 21.740 habitantes en 43 comunidades y población dispersa de origen quechua y varias urbanizaciones y barrios populares cercanos a la ciudad de Cochabamba.

8.209 habitantes en 56 comunidades campesinas y 2 centros poblados: Coroico y Zongo.

19.000 habitantes en comunidades y 47.646 habitantes en centros poblados: al Norte (Villa Tunari, Chimoré, Ivirgarzama, Colomi, Puerto Villarroel, Shinahota, Entre Ríos, Bulo Bulo) y al sur ( Tiraque, Totora, Totora, Pocona, Sehuencas, Pojo). 80.000 habitantes de aproximadamente 100 comunidades campesinas.

Chimane (AP y ZA) y Movima II (ZA).

ÁREA P RO ROTEGIDA Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Amboró

CREACIÓN

DEPARTAMENTO

EXTENSIÓN (ha)

ECOR EC ORRE REGI GIÓN ÓN


POBL PO BLAC ACIÓ IÓN N ÁRE ÁREA A PROT PROTEG EGID IDA A

D. S. 11254 de 1973

Santa Cruz

Parque Nacional Noel Kemp D. S. 16646 de Mercado 1979

Santa Cr Cruz

Área Natural de Manejo Integrado San Matías

D. S. 24124 de 1995

Santa Cr Cruz

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Otuquis

D. S. 24762 de 1995

Santa Cr Cruz

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya

D. S. 24122 de 1995

Santa Cr Cruz

Reserva Nacional de Flora y FaunaTariquía

D. S. 22277 de 1989

Tarija

Parque Nacional Aguaragüe

Ley 2083 de 2000

Tarija

Reserva Nacional de Flora y Fauna Cordillera de Sama

D. S. 22721 de 1991

Tarija

Área Natural de Manejo Integrado El Palmar

D. S. 24623 de 1997

Chuquisaca

59.484 Bosques secos interandinos y chaco serrano.

3.325 habitantes en 9 comunidades de origen yampara y en centros poblados: Posopopaya y Rodeo.

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao Parqu Pa rquee Naci Nacional onalToro Toro

Ley 2727 de 2004

Chuquisaca

D. S. S. 22269 22269 de de 1989

Potosí

263.900 Bosque tucumanoboliviano, Chaco serrano y Gran Chaco. 16.570 Bosques secos interandinos y puna semihúmeda.

6.758 habitantes en 32 comunidades de origen mayormente quechua y guaraní. 2.140 habitantes en 11 comunidades de origen charca y en el centro poblado de Toro Toro.

TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN VINCULADAS CON ÁREAS PROTEGIDAS

637.600 Yungas, bosques amazónicos subandinos, preandinos, secos interandinos y tucumanoboliviano y chaco serrano. 1.523.446 Bosques am amazónicos del Beni y Santa Cruz, de inundación y seco chiquitano, cerrado chiquitano y sabans inundables de los Llanos de Moxos. 2.918.500 Bosque se seco ch chiquitano, sabanas inundables del Patanal y cerrado chiquitano. 1.005.950 Bosque se seco ch chiquitano, sabanas inundables del Patanal y cerrado chaqueño.

18.419 habitantes en 97 comunidades de origen camba, aymara y quechua (ANMI).

65.065 habitantes en centros poblados: El Torno, Porongo, Buena Vista, San Carlos, Yapacaní, Samaipata, Pampa Grande, Mairana y Comarapa.

95 habitantes en 2 comunidades de origen chiquitano: Esperancita de la Frontera y Bella Vista.(en esta comunidad conviven amilias de origen guarasug´we).

1.952 habitantes en 4 comunidades de origen chiquitano de la TCO Bajo Paraguá y 2 comunidades del Municipio de Baures (Beni).

2.659 habitantes en 23 comunidades y centros poblados: Rincón del Tigre (Guaye) y Santo Corazón, de origen chiquitano, ayoreo y camba mestizo. 1 8 e stst an an cici as as ga ga na na de de ra ra s.s.

7.028 habitantes en 21comunidades y 24.500 Guaye Rincón del Tigre (AP), Pantanal y en ciudades y centros poblados: San Matías, Otuquis I (AP y ZA), Tobite II (ZA). Roboré, San José de Chiquitos, Ascensión, Las Petas, El Tuna, Santiago de Chiquitos. 4 .1 88 88 ha ha bi bi tata nt nte s e n 1 0 c om om un un id ida de de s Otuquis II y Yambiguasú (AP y ZA). de origen ayoreo y chiquitano y 29.586 habitantes en Puerto Suárez, Puerto Guijarro y El Carmen.

3.441.115 Gran Ch Chaco y ce cerrado chaqueño.

El área área no cuen cuenta ta con con poblac población. ión.

8.464 habita 8.464 habitante ntess en 28 comu comunid nidade adess (25 isoseñas, 2 chiquitanas y 1 ayorea). 2.737 habitantes en el centro poblado de Charagua. 19.130 hab. en los centros poblados de San José de Chiquitos y Roboré. 6.723 habitantes en 37 comunidades campesinas.

Santa Teresita, Yambiguasu, Isoso, Takovo, Charagua Norte, Charagua Sur, Kaaguasu, Katipependi Karovaichu, Guaraníi Kaami (ZA)

Guaraní Yacuiba (AP), Weenhayek, Macharetí, Carandaití Ñancorinz, Tapietí Samayhuate, Itika Guasú Guaraní y Avatiri Huacareta Guaraní (ZA).

246.870 Bosques tucumanobolivianos y secos interandinos, chaco serrano y Gran Chaco. 108.307 Bosque tucumanoboliviano, Chaco serrano y Gran Chaco.

Cerca de 2.927 habitantes en 20 comunidades campesinas migrantes de los valles y del Chaco de Tarija. 4.996 habitantes en 10 comunidades de origen guaraní y weenhayek.

4.418 habitantes en 14 comunidades de origen guaraní y weenhayek.

108.500 Bosques tucumanobolivianos y secos interandinos, puna semihúmeda.

5.824 habitantes en 28 comunidades de origen chaqueño, quechua y aymara.

13.589 habitantes en 45 comunidades de origen chaqueño, quechua, aymara, y en centros poblados: Tolomosa Grande, Guerra Huayco, Turumayo, Iscayachi, Tomatas Grande y Canasmoro. 8.892 habitantes en el Municipio de Presto. 710 en Mojocoya, Seripona, La Joya y Caraparí. s /d

2.282 habitantes en 12 comunidades campesinas en el límite del área.

Bajo Paraguá (ZA).

Itikaraparirenda, Iupaguasú, Kaaguasú (ZA).

ÁREA P RO ROTEGIDA

CREACIÓN

DEPARTAMENTO

EXTENSIÓN (ha)

ECOR EC ORRE REGI GIÓN ÓN

POBL PO BLAC ACIÓ IÓN N ÁRE ÁREA A PRO PROTE TEGI GIDA DA


TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN VINCULADAS CON ÁREAS PROTEGIDAS

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa

D. S. 11239 de 1973

Potosí

714.745 Puna desértica con pisos nivales y subnivales de la Cordillera Occidental.

621 habitantes en 2 comunidades de origen quechua: Quetena Chico y Quetena Grande.

2.415 habitantes en comunidades y centros poblados: San Pablo de Lípez, Mojinete, San Antonio de Esmoruco y Alota

Parque Nacional Sajama

D. S. /sn de de1939

Oruro

100.517 Puna desértica co con pi pisos nivales y subnivales de la Cordillera Occidental.

988 habitantes de origen aymara en los ayllus Jila Uta Qollana y Jila Uta Manasaya (Sajama), Jila Uta Taypi Uta Qollana y Suni Papelpampa (Lagunas) y Suni Uta Choquemarca (Caripe).

6.000 habitantes en 9 ayllus del Municipio Jacha Carangas (AP y ZA) y Jacha Suyo de Curahuara de Carangas, 2 cantones de Pacajaqui (ZA). Turco, un cantón de Sabaya y 2 cantones de Calacoto (La Paz).

117.952 habitantes

442.309 habitantes

TOTAL

17.035.985

Nor Lípez y Baldivieso (ZA).

44 TCO tituladas o demandadas: 5 superpuestas totalmente, 9 parcialmente y 30 en la zona de amortiguamiento.

Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, 2007; Censo de Población y Vivienda 2001, INE, 2002; Estrategia de Gestión de Tierras, Programa BIAP, SERNAP, 2006; Centro de Planifcación Territorial Indígena, CIDOB, 2007; Plan de Manejo PNANMI Madidi (2003); Plan de Manejo RBTCO Pilón Lajas (2006); Plan de Manejo RBEBB (2006); Plan de Manejo del PNANMI Cotapata (2007); Ibisch y Mérida, 2003.




Confguración y desarrollo de conictos ambientales en el SNAP En la base de datos del SNAP se registraron en total 58 conictos ambientales enrentados en las áreas protegidas desde 1993, momento en que se establece el sistema –y en algunos casos, ya en años anteriores– hasta 2003, cuando se realiza el presente estudio; posteriormente se integraron otros conictos que se produjeron en 2004 y 2005 16 (ver mapa 2). La mayor parte de éstos (50%) se desarrollaron en las áreas protegidas que circundan el anco oriental de la cordillera andina –Madidi, Pilón Lajas, Isiboro Sécure, Carrasco y Amboró– región caracterizada por su alto valor biológico y diversidad cultural y que, en dierentes momentos históricos, se constituyó en un objetivo importante de las políticas de colonización del oriente boliviano. El 63,1% de los conictos en áreas protegidas se produjeron por problemas relacionados con el acceso y uso de los recursos naturales, debido principalmente a la extracción ilegal de madera y la caza y pesca indebidas, y con la demanda, sanea-



a i v i l o B e d s a d i g e t o r P s a e r Á e d l a n o i c a N a





a la apropiación de recursos naturales por cooperativas y comunidades en áreas protegidas y tierras comunitarias de origen, para su aprovechamiento y comercialización (extracción de madera, pesca, caza de vicuña, lagarto y otras especies). Por Por otra parte, los conictos por el acceso y uso de la tierra, la construcción de caminos y la ejecución de proyectos de ecoturismo generaron impactos ambientales y, en algunos casos, culturales. Sin embargo, los bosques (particularmente tropicales) se constituyeron en el principal recurso natural en torno al cual se confguraron los conictos (42,3%), lo que muestra que el tema orestal tuvo implicaciones socioeconómicas y políticas que aectaron no solamente a las regiones productoras sino también a la gestión de las áreas protegidas, inuyendo en las disputas por el acceso a la tierra y los recursos maderables. La práctica del “cuartoneo” –muy extendida a partir de mediados de los ochenta hasta la promulgación p romulgación de la Ley Forestal de 1996– se convirtió en una actividad lucrativa realizada por pobladores del lugar o por colonizadores que extraían madera de áreas de desmonte para la producción agropecuaria o de bosques de

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territorio estaba incluido en el ANMI San Matías17, pretendió dar dos concesiones orestales dentro del área, sin tomar en cuenta que la norma (tanto la Ley Forestal como el Reglamento General de Áreas Protegidas) lo prohíbe expresamente. Esto produjo discrepancias y conictos entre la dirección de San Matías, el municipio, las agrupaciones sociales del lugar y comunidades. Por su parte, las alcaldías de San Buenaventura e Ixiamas, en el norte de La Paz, presionaron a las comunidades de la TCO Tacana I para que cedieran parte de su territorio en avor de las agrupaciones sociales del lugar. La superposición de derechos sobre la tierra ocasionó inseguridad jurídica, impactos culturales y económicos en las comunidades indígenas que dependen del bosque para su subsistencia, así como deterioro de los ecosistemas boscosos. Con la promulgación de la Ley INRA (1996), se dio inicio al saneamiento de tierras en las áreas protegidas para resolver los problemas de acceso y uso de la tierra y los recursos naturales; este proceso empezó en Apolobamba. Hasta el año 2005, 16 áreas protegidas de las 22 que conorman el sistema se encontraban en proceso




Por otra parte, los conictos por el saneamiento de tierras en las áreas protegidas y en sus zonas de inuencia incrementaron la presión sobre la tierra y las conrontaciones entre dierentes sectores sociales, comunidades indígenas, colonizadores, estancias ganaderas y haciendas agropecuarias. En algunos casos se produ jeron divisiones internas, conictos de límites entre comunidades y separación de algunas de ellas de sus organizaciones matrices, como ocurrió en las TCO Lecos Apolo y Tacana I (relacionadas con Madidi) y en el TIPN Isiboro Sécure. El Parque Nacional Carrasco ha sido una de las áreas protegidas del sistema que ha enrentado mayores conictos con las comunidades de colonizadores y las organizaciones sindicales, desde la creación del Parque, en 1991, hasta el momento, debido a problemas relacionados con la delimitación del área, la extracción ilegal de madera, la ocupación de tierras y los planes de erradicación de coca (recientemente se produjeron enrentamientos violentos entre la Fuerza de Tareas Tareas Conjuntas y los cocaleros, en que perdieron la vida dos de sus afliados). A pesar de los esuerzos que se realizaron con la conormación de mesas de negociación,

0


la realización de talleres inormativos previnieron el surgimiento de conictos sociales en la etapa de pericias de campo, reduciendo asimismo los costos presupuestados para estas actividades. De igual modo, los planes de ordenamiento territorial pueden constituirse en instrumentos útiles para la gestión territorial y la prevención de conictos internos entre comunidades, adecuándolos a las experiencias y tradiciones culturales de las comunidades en el uso de la tierra y los recursos naturales, como ha sido el caso del proceso de microzonifc microzonifcación ación en la TCO Tacana I. Las principales causas que dieron origen a los conictos estuvieron relacionadas con las difcultades de aplicación de las políticas estatales (47,1%): alta de capacidad técnica y fnanciera de las instituciones estatales, escasa coordinación institucional entre los ámbitos nacional, departamental y municipal, insufciente inormación de la población local y oposición de sectores sociales a las políticas de Estado. Los directores de áreas protegidas coincidieron en señalar que para una adecuada aplicación de las políticas de conservación y desarrollo en áreas protegidas, TCO TCO y municipios, se requiere de un verdadero esuerzo de articulación entre




Categorías y subcategorías de los conictos 18,0%

Creación del área protegida Establecimiento de límites

16,0%

Categorización

14,0% 12,0%

Coadministración Participación social

10,0%

Derechos sobrepuestos de uso de la tierra y RR/NN

8,0%

Conflicto entre la actividad humana y la vida silvestre Extracción ilegal de madera

6,0%

Caza y pesca indebida

4,0%

Producción agropecuaria insostenible CAT SAN SAN SIM

2,0% 0,0% Gestión del área protegida 15,8 %

Uso de la tierra y recursos naturales

Distribución, demanda y saneamiento de tierras

33,3 %

29,8 %

Obras y proyectos de desarrollo 21,1%

S AN AN T CO CO Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria Ocupación y asentamientos ilegales de tierras Turismo Concesiones de hidrocarburos Concesiones forestales Caminos Electrificación




presenta vacíos de procedimientos, difculta una adecuada ejecución de los procesos de gestión de las áreas protegidas. Se precisan normas específcas que regulen las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas, para orientar las acciones de manejo y evitar conictos con las comunidades. Los directores de áreas protegidas señalan que esta normatividad debería enmarcarse en la realidad socioeconómica (capacidades técnicas, fnancieras, organizativas, empresariales) de las comunidades, a fn de asegurar su adecuada aplicación y el éxito de las iniciativas de aprovechamiento de recursos naturales que se desarrollen. En el caso del manejo de la vicuña en Apolobamba, se establecieron regulaciones para el aprovechamiento de la especie, se realizaron censos periódicos, esquilas experimentales y acciones de capacitación de miembros de las comunidades, y se promovió la conormación de una organización social para el manejo y la comercialización de la fbra de lana. Las complejas condiciones socioeconómicas y los problemas ambientales de las regiones donde se encuentran las áreas protegidas ueron actores que contribuyeron al desarrollo de conictos por las limitaciones existentes en los procesos




y la identifcación de nuevos productos atractivos para el mercado. Se requiere desarrollar mayores esuerzos para la generación de alternativas económicas que disminuyan la presión sobre los recursos naturales. El establecimiento de normas que restrinjan el uso de los recursos naturales, sin generar alternativas de desarrollo local, no asegurará la conservación de la vida silvestre si la población tiene necesidades económicas.

Causas que dieron lugar a los conictos 16,0%

Vacíos legales

14,0%

Insuficiencia de procedimientos normativos para el uso de recursos naturales Falta de claridad en las competencias institucionales

12,0%

Falta de capacidad técnica y financiera para la aplicación de políticas Escasa coordinación estatal

10,0%

Desinformación de la población sobre políticas estatales

8,0%

Oposición de sectores sociales a políticas estatales Problemas limítrofes

6,0%

Incumplimiento por falta de información de las leyes




traban los intereses económicos en juego y la inuencia política que ejercieron algunos sectores sociales para lograr ventajas y obtener benefcios, sin considerar los posibles impactos de sus acciones en la conservación y desarrollo de la región. La alta de diálogo y de voluntad de los actores sociales para debatir problemas y lograr acuerdos condicionó igualmente el establecimiento de compromisos y el reconocimiento de la existencia de intereses comunes. En varios casos de conictos, la insufciente capacidad de las direcciones de las áreas protegidas para manejarlos adecuadamente, la alta de seguimiento y la lentitud en el cumplimiento de los acuerdos, los problemas de coordinación entre las instituciones del Estado y la ausencia de normas específcas y procedimientos de uso de recursos naturales limitaron la solución de los problemas y el planteamiento de propuestas técnicas y políticas para la resolución de los l os conictos. En general, los conictos tuvieron repercusiones en el conjunto de la gestión de las áreas protegidas, ya que generaron impactos ambientales e inuyeron en el desarrollo de la programación de actividades, con la suspensión o postergación de




Formas For mas de solución de los conictos 2,2% Convenios y acuerdos entre las partes en conflicto

26,7% 42,2%

Cumplimiento de los procedimientos normativos Reconocimiento de derechos Administración de justicia Restauración de daños ambientales

22,2%

6,7%

Razones que difcultaron la solución de los conictos 4,9% 15,5% 2,9%

1,9%

12,6% 12,6%

Insuficiente coordinaci n interinstitucional Influencia pol tica en la toma de decisiones Ausencia de normatividad espec fica Normativa inadecuada o de dif cil cumplimiento




No obstante estos impactos, el manejo de conictos en el sistema contribuyó a que se generasen oportunidades para el desarrollo de las áreas protegidas, ortaleciendo las relaciones de trabajo y el establecimiento de alianzas entre las direcciones de áreas y las organizaciones sociales y otros actores institucionales. El manejo alternativo de conictos, orientado a promover el diálogo y a generar respuestas prácticas, permitió el desarrollo de una mayor capacidad de comunicación de las áreas protegidas con su entorno, una mejor comprensión de la realidad y problemática sociales y la creación de instrumentos de mayor eectividad para el análisis y seguimiento de los conictos. Avances importantes en este sentido han sido la inclusión del tema de conictos ambientales como un área específca dentro de la estrategia de monitoreo integral del SERNAP y la creación de una base de datos y la elaboración de un sistema de manejo de conictos para el SNAP, aunque su aplicación no ha sido aún puesta en marcha en el conjunto del sistema. Los procesos de negociación y establecimiento de acuerdos permitieron igualmente ortalecer la capacidad de acción política de las organizaciones de base y su




un centro de acopio en Apolobamba, se conormó el Comité de Comercialización de Fibra de Vicuña de Bolivia y se defnió una política de distribución de benefcios entre las comunidades. Actualmente las asociaciones de productores de camélidos se encuentran preparando la primera venta de fbra esquilada en vivo, después de un largo proceso de capacitación promovido por el SERNAP y de la l a realización de una licitación a nivel internacional, lo que representará el primer ingreso económico después de 30 años de protección de la especie. Otras experiencias valiosas estuvieron vinculadas con las conciliaciones realizadas durante el proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen. El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de Iturralde (FESPAI), después de enrentar uertes tensiones durante el saneamiento de la TCO Tacana I, lograron establecer acuerdos respecto a los deslindes de las parcelas de las colonias y de las tierras de las comunidades tacanas, utilizando cartograía e imágenes satelitales. Estos acuerdos contribuyeron a ortalecer los lazos de cooperación entre ambos sectores y a que las colonias con-




Oportunidades generadas del manejo de conictos Predisposición al diálogo y concertación

4,2%

Fortalecimiento de las relaciones entre actores sociales

11,9%

4,9%

1,4%

Mayor capacidad de acción política

11,9%

Identificación y complementación de vacíos jurídicos

5,6% 0,7%

12,6%

Compromiso con la defensa de los intereses colectivos Agendas de trabajo conjunto con el área protegida Capacidad de prevención y manejo de conflictos

7,0%

Acceso a la información por parte de actores sociales

6,3% 11,2%

13,3%

9,1%

Creación de nuevas áreas protegidas Fortalecimiento de la organización social Planteamiento de propuestas alternativas Mayor control a la extracción ilegal de recursos Coordinación interinstitucional

Actores sociales involucrados involucrados en los conictos Los conictos ambientales en el SNAP involucraron a diversos actores socia-




se dirigieron a la emisión de votos resolutivos para hacer conocer sus denuncias, plantear solicitudes de petición, exigir a las instituciones del Estado la atención a sus demandas y comunicar sus decisiones. En general, los votos resolutivos se constituyeron en el instrumento más utilizado por la mayoría de los actores sociales (y también por algunos gobiernos municipales) en el desarrollo de los conictos, llegando éstos a tener en determinadas ocasiones mayor uerza en las negociaciones que cualquier argumento legal por la presión social ejercida. Otras medidas que adoptaron las organizaciones indígenas ueron el establecimiento de alianzas estratégicas, la diusión de inormación sobre sus derechos, reclamos y demandas, y la negociación de acuerdos, involucrándose en la realización de estudios y en el planteamiento de propuestas. En las entrevistas realizadas durante el estudio de caso de conictos ambientales en el norte de La Paz, dirigendirigentes indígenas y campesinos, autoridades municipales y uncionarios de las áreas protegidas y otras entidades del Estado coincidieron en señalar que los indígenas tienden a actuar en el marco de la ley y plantean opciones para la solución de los

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nes, lo que ha dado lugar a que en algunos momentos se cuestione su legitimidad y representatividad. En relación con la actuación de las organizaciones empresariales, orestales, de turismo, agropecuarias e hidrocarburíeras en los conictos ambientales, la mayor parte de ellas intentaron deender sus intereses empresariales dentro de las áreas protegidas, a pesar de que sus actividades se contradecían con las políticas de conservación del Estado. Sus estrategias de acción se centraron principalmente en la denuncia, en la negociación y en la realización de acciones judiciales, contando generalmente con el apoyo de las preecturas, municipios y algunas organizaciones sindicales con las que tenían coincidencia de intereses. En varias oportunidades participaron, junto a otros actores sociales, en la emisión de votos resolutivos e incluso en el allanamiento de instalaciones de las áreas. En el caso del área de Otuquis, las organizaciones empresariales se opusieron a su creación por las restricciones ambientales para la promoción de un polo de desarrollo en la región y la construcción de inraestructura caminera, portuaria y erroviaria.

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la desconfanza existente para encarar procesos de negociación que contribuyeran a generar condiciones para resolver los problemas y encontrar alternativas que benefciaran a las partes en conicto. Las tensiones y la desconfanza entre actores locales tendieron a proundizarse en los procesos de conicto, reduciendo las posibilidades de conciliar visiones e intereses y de generar agendas conjuntas de trabajo.

Actores sociales involucrados en los conictos 30,0% Organización indígena

25,5%

Organización campesina

25,0%

Organización de colonizadores Organización sindical

20,0% 15,3% 15,0%

13,6% 11,9%

6,4% 5,0%

14,5%

Comité cívico Organización empresarial

8,9%

10,0%

Cooperativa

Partido político ONG Entidad académica




Rol de las instituciones del Estado en la dinámica de los conictos En general, las instituciones del Estado jugaron un rol undamental en el desarrollo de los conictos ambientales, no solamente porque la mayoría de éstos se confguraron en torno a las políticas e intervenciones del Estado, sino también porque en las conrontaciones entre actores sociales para hacer prevalecer sus derechos sobre la tierra y el uso de los recursos naturales las instituciones estatales actuaron como fscalizadoras y mediadoras y, y, en muchos casos, como generadoras de los conictos, particularmente los municipios y las preecturas, inuyendo en las relaciones entre actores sociales. Aunque ueron varias las instituciones estatales que se vieron involucradas en los conictos ambientales del SNAP, SNAP, dependiendo del tipo de conicto y de su dimensión política, los municipios (40%) y las preecturas (20%) se constituyeron en los actores institucionales más involucrados en los conictos, además del SERNAP




tos normativos y técnicos que evitaran incoherencias y orientaciones distintas en la ejecución de las políticas estatales. Las instituciones públicas tendieron a realizar sus actividades sin la necesaria coordinación y seguimiento. Otro aspecto que destaca en la administración de los conictos es la escasa importancia que las instituciones del Estado han dado a la diusión de inormación como una herramienta que contribuye a dar a conocer los derechos de las personas y comunidades y a acilitar el análisis, el diálogo y el establecimiento de acuerdos. La inormación brindada a la población local en la aplicación de las políticas agrarias, de conservación y manejo orestal ue insufciente y, y, muchas veces, la labor de diusión no se realizó oportunamente para comunicar el alcance de las normas y los procesos que se estaban desarrollando. En los casos de conictos vinculados con las áreas protegidas y las tierras comunitarias de origen, los problemas de inormación ueron identifcados no solamente como causa de las conrontaciones sino como un elemento que difcultó su adecuado tratamiento y resolución. A pesar de que el INRA realizó campañas y exposiciones públicas para dar




de gestión de las áreas protegidas y se parcializaron con los actores generadores de los conictos; inclusive en algunos casos los propios municipios generaron varios conictos, dando lugar a que las decisiones respondieran a intereses de tipo político y económico y no a criterios legales y de justicia social. Esta diversidad de criterios y respuestas de los gobiernos municipales en los conictos sociales en áreas protegidas tiene su explicación en los problemas institucionales que enrentan para el adecuado ejercicio de sus unciones y responsabilidades. La alta de conocimientos de las normas que rigen el uncionamiento del Estado, y específcamente de la gestión de las l as áreas protegidas, así como las debilidades que arontan en términos técnicos, políticos y fnancieros, ha limitado su rol como gobierno local y su interlocución con los actores sociales. En opinión de los directores de las áreas protegidas (y de algunos uncionarios municipales entrevistados), es undamental el establecimiento de estrategias de desarrollo económico en los municipios en cuyas jurisdicciones se encuentran las áreas protegidas, para generar nuevas opciones de desarrollo vinculadas a la conservación de la biodiver-


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en sus dierentes niveles, y de su capacidad de resolver los problemas mediante el diálogo y el planteamiento de propuestas. Los actores sociales tendieron en la práctica a canalizar sus demandas mediante la presión, para que éstas ueran atendidas muchas veces al margen de las normas y sin tomar en cuenta los derechos de otros sectores sociales. En este sentido, la actuación del INRA ha sido undamental para asegurar que en general los procesos p rocesos de saneamiento y titulación de tierras se realizaran de acuerdo a lo dispuesto en la legislación agraria y ambiental. Los registros de los conictos sobre el tema de saneamiento y titulación de tierras en el norte de La Paz indican que las principales unciones asumidas por el INRA durante estos procesos se dirigieron a la acilitación de inormación y a la realización de conciliaciones sobre derechos propietarios, manteniendo en general una posición neutral y procurando la frma de acuerdos entre actores sociales para proseguir con el saneamiento. Las direcciones de las áreas protegidas se constituyeron en actores centrales de los conictos, y sus medidas se dirigieron al cumplimiento de la l a legislación –lo que




Entidades estatales involucradas involucradas en los conictos c onictos 45,0% INRA 40,0% 35,0%

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Ministerio de la Presidencia Ministerio de Gobierno

30,0% 25,0%

Viceministerio de Turismo Ministerio de Hidrocarburos Ministerio del Agua

20,0% 15,0%

Servicio Nacional de Caminos Superintendencia Forestal Fuerzas Armadas

10,0% 5,0%

Policía Nacional Prefectura Municipio

0,0%




Rol del SERNAP en el manejo de conictos 45,0%

40,0%

Oficina central Direcciones de las áreas protegidas

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 18,7%

20,0% 15,0%

12,0%

10,0% 5,0%

13,3% 5,3%

5,3%

2,7%

1,3%

1,3%

0,0%

0,0% Confrontado

Fiscalizador

Mediador

Neutral

Participante




Rol del Comité de Gestión de las áreas protegidas en el desarrollo de los conictos El Comité de Gestión es un instrumento de participación social que, desde 1994 (año en que se inició el proceso de conormación de comités de gestión), ha ido adquiriendo una creciente importancia en la gestión de las áreas protegidas, particularmente de aquellas donde ha sido posible lograr una mayor representatividad de los actores sociales y donde se han desarrollado actividades de inormación y procesos de planifcación. Actualmente se encuentran en uncionamiento 17 comités de gestión que se reúnen periódicamente para recibir inormación sobre las actividades y avances de la gestión de las áreas protegidas y para analizar los problemas que se presentan, contribuyendo a los esuerzos de comunicación del área. Participan en la elaboración y aprobación de los planes de manejo y planes operativos anuales, en la fscalización de la gestión técnica y fnanciera de las áreas




Sin embargo, en algunos casos de conictos, la participación del Comité de Gestión no contribuyó a su resolución debido a discrepancias entre sus miembros y a posiciones divergentes sobre temas que aectaban los intereses de los sectores que representaban. Esto limitó las posibilidades de adoptar medidas oportunas y dar respuestas técnicas a los problemas, debilitando en el proceso la acción de las áreas protegidas y el rol del Comité de Gestión. Esto ue evidente en los conictos que se produjeron por la construcción de caminos dentro del Parque Madidi; el Comité de Gestión del área prefrió no intervenir ni acordar una resolución conjunta, ya que varios de sus miembros eran impulsores o apoyaban la apertura de los caminos. Las recomendaciones de los estudios técnicos (que alertaban sobre los impactos ambientales y planteaban alternativas para la inraestructura vial de la región) no ueron consideradas como una base para el análisis y la toma de decisiones. En el caso del conicto relacionado con la construcción de albergues turísticos por la comunidad de Quetena Chico, en las proximidades de la laguna Colorada, uno de los sitios relevantes para la conservación de las especies de amencos andinos en la

0

Estudio de caso sobre experiencias de manejo de confictos en el Gran Paisaje Madidi

Medidas adoptadas por los Comités de Gestión según rol desempeñado 30,0% Visitas de inspección 25,0% Resoluciones de apoyo al área 20,0% Difusión de información 15,0%

Promociónn del diálogo Promoció

10,0%

Facilitaciónn de espacios de neg ociación Facilitació

5,0%

Organización de comisiones

0,0% Mediador

Participante

Neutral

50,0%

43,3%

6,7%

Posiciones Posicio nes divergentes Denuncias

Estrategias de manejo de conictos en áreas protegidas


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comunales y la defnición de la zonifcación, contribuyendo a establecer deslindes de propiedades y a identifcar áreas para la ampliación de sectores del radio urbano y el aprovechamiento orestal. Asimismo, el SIG se constituyó en un instrumento de gran eectividad para los diagnósticos ambientales y la representación espacial de la inormación en los procesos de zonifcación, que involucraron a técnicos especialistas y a comunidades locales. Sin embargo, el manejo de conictos en las áreas protegidas se centró principalmente en los procesos administrativos y judiciales dirigidos al cumplimiento de la normatividad, lo que dio lugar, en muchas ocasiones, a una relación conictiva con la población local. Los procesos administrativos que se llevaron adelante dieron lugar a la emisión de resoluciones administrativas y a la defnición de sanciones con decomiso, multa o desalojo. Su cumplimiento no estuvo exento de conictos con los inractores; sin embargo, contribuyeron a un mayor control de la extracción de recursos. También También se enrentaron varios procesos judiciales, especialmente con empresas madereras, que condujeron a la presentación de demandas y querellas y re-




con la fnalidad de promover el diálogo y la concertación y el apoyo a la gestión de las áreas. Asimismo, en algunos casos de conictos, se conormaron comités comunales e interinstitucionales para acilitar el establecimiento de acuerdos, y se realizaron actividades para el rescate de tradiciones colectivas de manejo de conictos e instalación de mesas de negociación. De acuerdo a los directores de áreas, la educación y comunicación son undamentales para que los conictos se administren y solucionen en el marco de la l a ley, ley, precautelando los derechos ciudadanos y buscando la unión y el diálogo entre actores sociales. La inormación que se genere sobre las áreas protegidas (estado de conservación de la biodiversidad, valoración económica de los recursos, experiencias de gestión territorial y de manejo de recursos, procesos de gestión compartida de áreas protegidas) debería ser diundida a las organizaciones de base e instituciones, a fn de acilitar la consulta, el intercambio de inormación, la toma de decisiones y el establecimiento de acuerdos. Respecto a la opinión de las organizaciones indígenas CIPTA y CRTM, la




Instrumentos de recopilación, sistematización y análisis de la inormación 20,0%

Información emitida por medios de comunicación

18,0%

Patrullaje de guardaparques Informe técnico

16,0%

Informe de actividades

14,0%

Acuerdos y convenios Correspondencia

12,0%

Memoriales

10,0%

Base de datos Registros

8,0%

Resoluciones 6,0%

Votos resolutivos

4,0%

Actas Estudios técnicos

2,0%

Análisis espacial Estudios de impacto ambiental

0,0%

Auditorías técnicas y financieras Monitoreo de conflictos 65,9%

Estudios técnicos y espaciales 34,1%

Evaluaciones Evaluacion es e informes jurídicos




Estrategias alternativas de manejo de conictos 25,0%

Reuniones de trabajo entre las partes en conflicto Organización de debates de análisis Establecimiento de alianzas estratégicas entre actores

20,0%

Rescate de tradiciones colectivas de manejo de conflictos Talleres informativos Cursos de capacitación

15,0%

Asesoramiento técnico y legal Difusión de información

10,0%

Organización de mesas de negociación Organización de comités comunales Organización de comités interinstitucionales

5,0%

Reuniones interinstitucionales Propuesta normativa Planes de manejo

0,0%

Proyectos

Promoción del diálogo y

Capacitación y

Facilitación de

Planteamiento de propuesta

Zonificación Modificación de categoría de manejo del área protegida




Capítulo 3 Estudio de caso sobre experiencias de manejo de conictos en el Gran Paisaje Madidi

Situación ambiental del norte de La Paz El norte de La Paz, por su ubicación en la vertiente oriental de los Andes tropicales centrales, presenta características fsiográfcas y condiciones climáticas

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mares, árboles emergentes)22, muchas de ellas con un importante potencial para el uso medicinal, alimenticio, ornamental, artesanal y orestal. Los bosques montano y de piedemonte son sobresalientes en biodiversidad y un centro importante de endemismo en Bolivia y en el mundo, y el bosque seco del valle central del río Tuichi es el más abundante en especies de ora de los 18 bosques secos existentes en Bolivia –registrándose 13 especies endémicas– y el más extenso a nivel continental23. De igual manera, la diversidad de aves y mamíeros de esta región destaca por su extraordinaria riqueza. Remsen y Parker (1995) afrman que a medida que aumente la inormación científca sobre esta región, ésta será considerada como la de mayor diversidad de aves del mundo, con más de 1.100 especies de las 9.000 existentes en nuestro planeta24. La importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad de la vertiente oriental andina dio lugar a la creación de áreas protegidas de interés nacional: ANMI Apolobamba, PNANMI Madidi y RBTCO Pilón Lajas, para asegurar la protección del hábitat, de comunidades y especies de importancia para la conser-


Mapa 3. Paisaje del Norte de La Paz

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el cóndor (Vultur gryphus ),), la vicuña (Vicugna vicugna), el oso andino ( Tremarctos ornatus ),), el jaguar (Panthera onca), el chancho de tropa ( Tayassu pecari ) y la londra (Pteronur conser vación más Pteronuraa brasiliensis ),), sino que también representa el espacio de conservación extenso con la mayor concentración de especies a nivel mundial, un porcentaje importante de las cuales son endémicas. Se calcula que en la región de los Andes tropicales existe un 30% de endemismo en plantas, aves, pequeños roedores y herpetos25. Aunque el estado de conservación de los ecosistemas de la vertiente andina es en general bueno, se pueden identifcar algunos ecosistemas que han sido aectados y degradados por la actividad humana, particularmente la vegetación de las cabeceras de valle y el páramo yungueño, y varias especies de la auna y ora se encuentran amenazadas o en peligro de extinción por modifcaciones del hábitat natural y la explotación comercial, tal es el caso de los bosquecillos de Polylepis y la aviauna asociada. Gran parte de los problemas ambientales que caracterizan a esta región están


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montano y húmedo de llanura, los procesos de deorestación para la ampliación de la rontera agropecuaria han generado la pérdida de la capacidad productiva y el potencial de los ecosistemas boscosos 26. Sobrepastoreo, especialmente en la zona de puna. La excesiva carga animal y el mal manejo de los pastizales p astizales y boedales han provocado el deterioro de las áreas de pastoreo y la reducción o eliminación de las plantas orrajeras de buena calidad, con la consecuente disminución de la producción ganadera y la pérdida de capital económico. Las comunidades más aectadas por este problema son Ulla Ulla, Ucha Ucha, Huacuchani, Huacuchani, Hichocollo, Antaquilla, Suches, Keara, Puina27. Extracción intensiva y no sostenible de la madera, lo que ha ocasionado la disminución de las poblaciones de especies orestales de importancia ecológica y económica, como la mara ( Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), consideradas prioritarias para la conservación por su estado de vulnerabilidad 28. Esta actividad –que se inició a fnales de los años setenta con la presencia de empresas madereras– continúa realizándose de manera inormal y sin un control adecuado

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ciones sobre el estado de conservación de las especies de auna muestran que varias de ellas presentan algún grado de amenaza, como es el caso del marimono ( Ateles chamek ),), el tapir (Tapirus terrestris ),), el venado de cola blanca ( Odocoileus peruvianus ) y la peta de río (Podoc Podocnemis nemis uniflis ),), la taruka (Hippocamelus Hippocamelus antisensis antisensis ) y el oso andino (Tremarctos Tremarctos ornatus ornatus )29. Situación de amenaza de los recursos ictiológicos. A pesar de la importancia económica de la pesca, ésta se realiza sin un sistema de manejo adecuado. La pesca comercial con fnes alimenticios se practica de manera intensiva en los ríos y lagunas de la región, utilizando barbasco y dinamita. En el diagnóstico sobre las principales características naturales del PNANMI Madidi se registraron 13 especies amenazadas, dos de las cuales son consideradas vulnerables. La propagación del paiche ( Arapaima gigas Arapaima gigas ) en el río Beni, a través del río Madre de Dios, puede tener eectos signifcativos sobre las poblaciones de peces nativos al tratarse de una especie predadora en el tope de la cadena trófca. Contaminación minera de los cuerpos de agua por uso del mercurio


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Presencia de concesiones de hidrocarburos que se sobreponen con las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas , que representan una uerte amenaza para la conservación de la biodiversidad por sus potenciales impactos socio-ambientales y culturales. La exploración de los bloques Tuichi (Madidi) de 1.000.000 de hectáreas y río Hondo (Pilón Lajas) de 805.000 hectáreas, producirían impactos sobre la ora y la auna debido a la ubicación de las l as líneas de exploración sísmica. En el Parque Madidi, Madidi, las tres líneas sísmicas del norte atraviesan una zona de bosque montano bajo y el bosque húmedo de llanura del valle del Tuichi 31. Este bosque húmedo es un corredor de hábitat que conecta a las poblaciones de animales (como chanchos de tropa) del Madidi con las que habitan en la llanura aluvial del Beni, en la TCO TCO Tacana. Tacana. Dentro de este bosque se protegen 12 especies de aves que no están resguardadas en ninguna otra área protegida de Bolivia. En el caso de la Reserva de Pilón Lajas, las líneas sísmicas atraviesan las serranías del Bala y de Pilón; esta última serranía alberga la aviauna más diversa de la reserva. Por otra parte, las líneas sísmicas propuestas representan también líneas de acceso, desde

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Impactos ambientales de la actividad turística por la alta de políticas municipales y de un ordenamiento de esta actividad en la región. Las numerosas n umerosas agencias de turismo que operan en la región no están organizadas y muy pocas de ellas brindan servicios turísticos de calidad; la mayoría desarrolla sus actividades sin considerar las normas ambientales y sin un control adecuado por parte de los municipios. El turismo ha sido identifcado como una alternativa de desarrollo económico, dado el potencial turístico de la región; varias comunidades indígenas están interesadas en constituir empresas turísticas y existen otras iniciativas empresariales en las zonas urbanas de la región. La gestión de las áreas protegidas p rotegidas de Apolobamba, Madidi y Pilón Lajas, iniciada a mediados de la década de los noventa, permitió reducir la realización de actividades ilegales –extracción de madera, caza urtiva, asentamientos ilegales– y generar cambios signifcativos en la visión de la planifcación del desarrollo local y en el manejo de recursos. Estos procesos de conservación y desarrollo involucran asimismo a las tierras comunitarias de origen (TCO) ( TCO) que se encuentran vinculadas


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de establecida la reserva, se produjo un incremento de 1.139 individuos; en los siguientes censos el aumento ue signifcativo: en 1996 se registraron 6.536; en 1999, 7.522; en 2002, 8.556, y en 2005, 10.350 33. Los proyectos de ecoturismo de Chalalán y San Miguel del Bala, en el PNANMI Madidi, y Mapajo Ecoturismo y Turismo Turismo Ecológico Ecológ ico Social, en la RBTCO Pilón Lajas, administrados por comunidades indígenas y de colonizadores, y apoyados por WCS, Conservación Internacional, PRAIA y PNUD, constituyen actividades económicas que están generando generan do un nuevo enoque en el aprovechamiento aprovechamiento de los recursos naturales y capacidades capacidade s empresariales y recursos económicos para las comunidades, contribuyendo a regular la cacería en sus espacios territoriales y a sensibilizar a la población local sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.

Contexto histórico de la región de los Andes Orientales

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interétnicas, aunque también existieron rupturas entre los sectores de la puna y los de los valles y llanos. Estos espacios pueden ser dierenciados en cuatro grandes zonas ecológicas y socioeconómicas: Zona altoandina (3.500-5.200 msnm), que incluye los glaciares, las praderas de puna y el páramo yungueño. Esta zona ormó parte del antiguo territorio del señorío Callahuaya y ue separada con la creación de la provincia Bautista Saavedra (actualmente la puna de Ulla Ulla pertenece al Municipio de Pelechuco, en la provincia Franz Tamayo). Tamayo). Se encuentran asentadas varias comunidades, entre ellas ell as Ulla Ulla, Suches, Hichocollo, Cañuma. Esta zona es el principal centro de origen y diversifcación de cultivos andinos: Oxalis tuberosa (oca) y Chenopodiun quinoa (quinua)34. Zona de ceja de montaña (2.500-3.500 msnm.) que corresponde a las cabeceras de valle y al bosque nublado de ceja de monte, exhibiendo una topograía de quebradas y valles proundos. En la zona de cabeceras de valle se establecieron los pueblos de Charazani, Amarete, Kaata, Curva y otros pertenecientes al señorío


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Ameno que surgieron durante la época de las misiones de Apolobamba con la reducción de diversos grupos étnicos, entre ellos los lecos, aguachiles, ipamainos y araonas. En el siglo XIX Apolo se convirtió en el centro de comercialización más importante de la región de Apolobamba37. Zona de piedemonte y llanura ll anura amazónica (200-1.500 msnm), que comprenden serranías y colinas ubicadas en los últimos contrauertes de los Andes Orientales y un amplio territorio de relieve plano, con áreas permanentemente inundables y estacionales, donde se desarrollan el bosque húmedo montano inerior, el bosque amazónico y la sabana de llanura. Esta región ha sido ocupada tradicionalmente por grupos étnicos de la amilia lingüística tacana (tacana, ese-ejja, araona, toromona, reyesano) y ha estado vinculada con la región occidental del Beni. Los pueblos de San José de Uchupiamonas, Uchupiamon as, Tumupasa Tumupasa e Ixiamas Ix iamas se ormaron orma ron durante durant e el período misional y, y, junto con San Buenaventura, ormaron parte del circuito comercial que unía Apolo con las poblaciones de Reyes, Rurrenabaque y San Borja.

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promulgó en octubre de 1833 y la de colonización e inmigración, en noviembre del mismo año; asimismo, el decreto de 1829 ue la primera norma en omentar la libre penetración a los territorios de Caupolicán 38 (actualmente provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde), la extracción de la cascarilla, cacao, vainilla, resinas y goma, y la comercialización con los habitantes de estas regiones. En décadas posteriores se aprobaron leyes, diseñaron planes y desarrollaron acciones para el establecimiento de colonias militares en las ronteras y la creación de nuevas misiones, el patrocinio de exploraciones científcas, la venta y concesión de tierras y el estímulo a la explotación de los recursos naturales. Hasta 1832, momento en que la región del norte de La Paz ingresa en la actividad económica de la quina, la población era mayoritariamente indígena (quechuas, apolistas, tacanas, araonas, lecos, toromonas, “guar “guarayos ayos”) ”) y económicamente autosufciente. Los intercambios comerciales con las regiones uera del territorio misional eran más bien reducidos39, y solamente existían unas pocas haciendas en la zona de Pelechuco y Pata. Pata. La extracción de la cascarilla en Apolo, Atén, Santa Cruz


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pactos sociales que aectaron principalmente a las comunidades indígenas, ya que un número importante de pobladores tacanas de Atén, Tumupasa e Ixiamas se vieron obligados a trasladarse a la zona del Madre de Dios para trabajar la goma 41. El establecimiento de centros industriales gomeros en el norte amazónico generó nuevas olas de migración hacia la región. Entre 1907 y 1910 se adjudicaron tierras a 124 peticionarios en Atén, Apolo, Santa Cruz del Valle Ameno, Ixiamas y Tumupasa, por un total de 1.387.365 ha, con extensiones de entre 25 y 80.000 ha (la mayoría de 20.000 ha), para la producción ganadera y agrícola y la explotación de la goma42. Estas peticiones de grandes extensiones de tierra ueron omentadas por el Estado, que tenía interés de incrementar su presencia en la región del noroeste amazónico y abrirla a la colonización. No existió una política de Estado que salvaguardara las tierras de las comunidades indígenas. El concepto de “tierra baldía” baldía” implicaba que vastas regiones del territorio nacional se encontraban despobladas, habitadas por tribus selváticas nómadas que no practicaban p racticaban la agricultura. La visión del Estado y su praxis política se dirigió a transormar a los indígenas de “salvajes

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mosetén y tacana, aunque las áreas de concentración poblacional de estos grupos se encontraban en regiones aledañas: los chimán sobre la cuenca del río Maniquí, los mosetén sobre la cuenca del río Alto Beni y los tacana en las misiones de San José de Uchupiamonas, Tumupasa Tumupasa e Ixiamas y en el sector medio y bajo del río Beni. A partir de la década de 1940, se produce el auge de la ganadería beniana y las zonas comprendidas entre San Borja, Rurrenabaque y Reyes comienzan a cobrar un gran interés para la producción y comercialización del ganado hacia las zonas mineras y la ciudad de La Paz 43.

La política de colonización de la revolución nacional y su impacto en el norte de La Paz y la zona de inuencia de Rurrenabaque La Revolución de 1952 planteó un nuevo escenario para la colonización y el desarrollo del oriente boliviano. El modelo económico consideró que la colonización era una herramienta undamental para la integración y el desarrollo del orien-


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berales y republicanos. En ambos momentos históricos se buscó abrir el oriente a la colonización para el impulso de una vigorosa actividad agrícola e industrial que ortaleciera al Estado nacional a través de la colonización de tierras baldías, la reducción de grupos étnicos marginales y la promoción de la agropecuaria y extracción de recursos naturales. Las dierencias de ondo entre ambas concepciones residieron en la implantación por parte del Estado del 52 de un nuevo patrón de ocupación del espacio, con los campesinos de las tierras altas como protagonistas de los procesos de colonización, y que tras la Reorma Agraria lograrían una enorme signifcación social y política que no tuvieron en el pasado; y con el impulso al desarrollo de la región cruceña como eje central de la diversifcación económica, para la vertebración del oriente con el occidente. La situación del norte de La Paz durante los años que precedieron a la Revolución Nacional se caracterizó por su estancamiento económico y desarticulación del resto del país. La elite local dejó de ser un grupo de poder económico, aunque mantenía sus privilegios como sector inuyente en los centros urbanos de la región;

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sobre la base de que esta región (las zonas de yungas, piedemonte y llanura amazónica), poseía importantes riquezas naturales y se encontraba despoblada. Aunque el proyecto no llegó a ejecutarse como estaba planteado, por alta de fnanciamiento y decisión política del gobierno central, las acciones promovidas por CORDEPAZ CORDEPAZ dotaron de grandes extensiones tierra a empresas y personas individuales, dando lugar al latiundio, reducción de los espacios territoriales de los pueblos indígenas, producción agrícola reducida en parcelas pequeñas por colonizadores de las tierras altas y extracción desordenada e insostenible de especies orestales y de recursos de la auna silvestre. La “marcha “marcha hacia el Norte Norte”” se basó en dos proyectos: el Complejo Industrial de Azúcar, Azúcar, Alimentos Balanceados y Alcohol y el Plan de Asentamientos Humanos, bajo un modelo agrícola de tenencia de la tierra46, que incluían la construcción de una central hidroeléctrica en el Bala y la producción petrolera. Cuatro aspectos resaltan de la acción de CORDEPAZ y su política de desarrollo del norte de La Paz, por sus eectos socioeconómicos y políticos:


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Dotación de tierras que originaron el latiundio. Entre 1966 y 1986 el Consejo Nacional de Reorma Agraria (CNRA) distribuyó 938.343 hectáreas a 697 propietarios en las provincias Iturralde y Franz Tamayo, dando lugar a que el 15% del norte paceño se encontrara en poder del latiundio, con dotaciones que alcanzaban a alrededor de 88 ha, muy por encima de lo permitido en la Ley de Reorma Agraria de 195349, en avor de cooperativas, sociedades agrícolas y ganaderas. Estas dotaciones no cumplieron con la unción social para la que ueron destinadas de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Reorma Agraria de 1953, y muchas de ellas se realizaron contraviniendo las normas establecidas, como la titulación de tierras sin constatación en terreno50. En contraste, solamente algunas comunidades tacana contaban con títulos de propiedad individual y ningún asentamiento de pequeños propietarios p ropietarios colonizadores había logrado en estos años obtener títulos de propiedad de la tierra 51. Actividades productivas en predios obtenidos por CORDEPAZ . El proyecto agroindustrial comenzó a ejecutarse en 1979, con la obtención por parte de CORDEPAZ de dos concesiones de tierra por un total de 100.000 ha, de las cuales se

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plazo. La extracción de madera se realizaba sin una planifcación que permitiera determinar los volúmenes de extracción acorde con el potencial reproductivo de cada especie, las prácticas silviculturales y la reposición orestal, lo que dio lugar a una tala selectiva de las especies de mayor demanda en el mercado, desperdicio de la madera y deterioro de los bosques54. El proceso de colonización en la zona de Rurrenabaque, en cuya jurisdicción se encuentra parte del área de la Reserva de Pilón Lajas, enrentaría a partir de los años sesenta importantes transormaciones sociales como resultado de la política de colonización promovida por el Instituto Nacional de Colonización (INC), a través del Proyecto Yucumo-Rurrenabaque 55. Este proceso se daría de manera independiente al desarrollado por CORDEPAZ en la zona de San Buenaventura. La colonización en esta región del Beni se inició en los años sesenta cuando se abrió una brecha del tramo caminero entre Yucumo y Rurrenabaque. En 1980 el INC organizó el ingreso de un primer grupo de colonizadores compuesto de 100 amilias. En 1982 llegaron al área nuevos contingentes de colonizadores


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Entre los elementos de análisis que resaltan de la experiencia de la colonización del Pro Proyecto yecto Yucumo-Rurr Yucumo-Rurrenabaque, enabaque, y que permiten comprender los cambios sociales que se originaron y los conictos que se arontaron por la tenencia de la tierra y uso de los recursos naturales, se encuentran los siguientes: La colonización no respondió a una política de desarrollo regional y de planifProyecto yecto Yucumo-Rurr Yucumo-Rurrenabaque enabaque ue planteado cación del uso del espacio. Si bien el Pro para generar un polo de desarrollo, integrar a los departamentos y omentar la agropecuaria por colonos, en la práctica la ocupación de tierras se realizó de manera caótica, respondiendo a la necesidad de liberar las presiones económicas y sociales provocadas por la crisis económica del país en los ochenta. Esto dio lugar a la superposición de derechos entre los nuevos colonizadores y los antiguos, a la alta de seguridad en la tenencia de la tierra –ya que las dotaciones no iban acompañadas de los títulos respectivos– y a las defcientes condiciones de vida por la alta de inraestructura básica. Desconocimiento Desconocimi ento de los sistemas tradicionales tradicionales de uso del espacio y los recursos natura-

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adecuado para insertarse en el mercado, procedieron a la siembra de pasturas para la cría del ganado en zonas de bosque y a la explotación de maderas preciosas. Este proceso a su vez generó deorestación, transormación del paisaje (de bosques a pastizales) y expansión de la ocupación de la tierra, aectando las áreas de ocupación tradicional de los pueblos indígenas y limitando las posibilidades de desarrollo sostenible60.

Las reormas del Estado en la década de los noventa y los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas y la importancia creciente de la gestión ambiental El retorno a la democracia de mediados de la década del ochenta da inicio a un proceso de cambios sociales y económicos que modifcarán la concepción del Estado del 52 y que tendrán como eje la liberación de la economía, exigiéndole una mayor capacidad normativa y de fscalización. Esta nueva concepción del Es-


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Con la promulgación de la Ley de Medio Ambiente (1992) y las reormas del Estado, que se llevaron a cabo entre 1993 y 1997, se abre la posibilidad de que la gestión ambiental pueda ser asumida como parte integrante del desarrollo nacional. La creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la promulgación de los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente y las leyes sectoriales (INRA, Forestal, de Participación Popular), así como la ratifcación de los Convenios sobre Biodiversidad, Desertifcación y Cambio Climático, establecen un marco institucional y normativo para la conservación y manejo de los recursos naturales y el ordenamiento del acceso y uso de la tierra y los recursos naturales. Asimismo, en estas disposiciones legales se establecen regulaciones que reconocen los derechos indígenas y su protagonismo en el desarrollo (creación de distritos indígenas, educación intercultural y bilingüe, consolidación de tierras y territorios, manejo orestal exclusivo en tierras comunitarias de origen, participación en la gestión de las áreas protegidas). El proceso de municipalización constituye el hecho más signifcativo de la

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sarrollo de alternativas de manejo de recursos naturales y de tecnologías para la producción más limpia en la industria. Sin embargo, la gestión ambiental aún no es considerada un tema esencial y transversal del desarrollo, los procesos de conservación en el SNAP no están consolidados, no se cuenta con sufcientes experiencias de manejo de recursos que aseguren sistemas de producción sostenibles y no se ha logrado resolver la problemática de la tenencia de la tierra. En el caso del norte de La Paz, las reormas generaron cambios signifcativos en el escenario político y social de la región. La presencia del Estado se vio ortalecida con el nuevo papel de los gobiernos municipales en el desarrollo local y con el establecimiento de las áreas protegidas de Apolobamba, Madidi y Pilón Lajas, contribuyendo a la canalización de inversiones para la conservación conser vación y el desarrollo (mejoramiento de servicios básicos, microriego, producción orestal comunitaria, ecoturismo, manejo de vida silvestre, capacitación, investigación científca). Asimismo la demanda de tierras comunitarias de origen en avor de los pueblos indígenas tacana, araona, leco, chimán y mosetén, puso en marcha el saneamiento de


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enmarcadas en las políticas y normas que regulan estas unciones, y protegiendo muchas veces privilegios de determinados sectores sociales en desmedro de otros. Los cambios que actualmente está arontando el país plantean un nuevo escenario político, económico y social, y orientaciones distintas a las desarrolladas hasta el momento, con el desaío de resolver los problemas estructurales que caracterizaron históricamente al país (exclusión social, dependencia económica, pobreza crónica, bajos niveles educativos). Los conictos sociales de principios de la década de 2000 generaron una prounda crisis política y social con el progresivo debilitamiento del sistema político, su pérdida de legitimidad y representación de las demandas de la mayoría de la población. Con las elecciones de diciembre de 2005 y la llegada al poder del Movimiento al Socialismo, principal oponente de las reormas institucionales de los años noventa, encabezado por el líder de los cocaleros y primer Presidente indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales, se plantea una nueva orientación del Estado hacia h acia la recuperación de su unción rectora en la conducción de la política económica, con medidas que proundizan el Reeréndum

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La estructura institucional del sector ambiental ha sido modifcada con la desaparición del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Los temas de tierra y biodiversidad han sido asumidos por el actual Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuaria; la planifcación territorial y el control y calidad ambiental se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Planifcación y Desarrollo y se ha creado el Ministerio del Agua para conducir la política del agua y el manejo de cuencas. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo no hace una reerencia específca a la política de tierras, se espera que éste será uno de los temas prioritarios que abordará la actual administración del Estado, lo que tendrá, a su vez, eectos en la gestión ambiental.

Característicass socioeconómicas Característica Demograía

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Tabla 3. Población de los municipios vinculados con Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas y la TCO Tacana, e índices de pobreza Municipio

Población Total 86.745 5.625 6.203 13.271 5.115 9.262 2.213 28.365 16.691

Norte de La Paz Ixiamas San Buenaventura Apolo Pelechuco Charazani Curva Guanay Palos Blancos Municipios del Beni vinculados 48.031 con la RBTCO Pilón Lajas Rurrenabaque 13 668

Índice de pobreza (%) Urbana 13.799 –2.264 2.123 –––6.451 2.961

Rural 72.946 5.625 3.939 11.148 5.115 9.262 2.213 21.914 13.730

80,3 70,4 75,1 90,2 89,0 89,5 91,9 66,0 70,2

27.823

20.208

71,9

8 460

5 208

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Tabla 4. Tasas de crecimiento de los municipios vinculados con Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas y la TCO Tacana Municipio

Censo 1992

Censo 2001

Tasa de crecimiento intercensal

Ixiamas

3.618

5.625

55%

S. Buenaventura

4.608

6.203

35%

12.877

13.271

3%

Pelechuco

4.742

5.115

8%

Guanay

27.319

28.365

4%

San Borja

24.251

34.363

42%

Rurrenabaque

9.065

13.668

51%

Palos Blancos

12.643

16.691

32%

Apolo

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Tabla 5. Población provincial vinculada con Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas y TCO Tacana Tacana Provincia Franz Tamayo Abel Iturralde Larecaja Ballivián (Beni) Sud Yungas Bautista Saavedra

Censo 1950

Censo 1976

Censo 1992

Censo 2001

13.666 3.076 30.684 11.041 24.606 10.310

16.437 5.132 46.269 24.739 45.497 10.119

17.619 8.226 68.762 47.420 51.930 9.995

18.386 11.828 68.026 68.174 57.859 11.475

Fuente: Juan Pablo Ramos con base a datos de los censos de 1950 al 2001, INE.

En la tabla 6 se muestra el incremento de la densidad poblacional en la región

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Problemática socioeconómica Los municipios del norte de La Paz se encuentran entre los que presentan un mayor nivel de pobreza en el país (ver tabla 3); un alto porcentaje de la población (80,3%) no ha satisecho sus necesidades básicas. En similar situación se hallan los municipios de Rurrenabaque y San Borja, aunque presentan condiciones de vida relativamente mejores (71,9%). De acuerdo a los diagnósticos (DRP) realizados en las comunidades vinculadas con el PNANMI Madidi y la l a TCO TCO Tacana Tacana 66, la mayoría de éstas no cuenta con agua potable ni con sistemas de saneamiento ambiental. El agua que la población consume proviene de los ríos, lagunas y arroyos, sin recibir un tratamiento previo. Las viviendas están construidas de manera precaria y muy pocas amilias utilizan energía eléctrica o gas licuado. Los servicios de salud son casi inexistentes, no se cuenta con postas sanitarias ni con promotores capacitados en atención primaria en salud. Si bien la mayoría de las escuelas de las comunidades se encuentran dentro del proceso de transor-


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sistemas agropecuarios. Los problemas de la organización social están relacionados con la alta de liderazgo, desunión entre sus miembros y tensiones internas dentro de las organizaciones matrices, dando lugar a divisiones, alta de coordinación y difcultades para estructurar propuestas que permitan arontar los problemas que aectan a las comunidades. Con relación a los problemas de desarrollo económico y manejo de recursos naturales, existen coincidencias entre comunidades al señalar que los actores que inciden en la baja producción agropecuaria se deben al defciente defcie nte manejo de suelos, la pérdida de los conocimientos y prácticas culturales, la utilización de tecnologías inadecuadas para los ecosistemas agrícolas tropicales, las difcultades de intercambio comercial y acceso a nuevos mercados y la escasa disponibilidad de capitales de inversión, lo que da lugar a una oerta reducida de productos en el mercado, a la pérdida de cosechas y al deterioro de la biodiversidad de la región. Mencionan como otro actor limitante del desarrollo económico la alta de estudios técnicos que permitan identifcar alternativas de uso de recursos naturales para el desarrollo del potencial de la región, como

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dierencias en su enoque de trabajo y en las estrategias utilizadas para el logro de resultados. Los comités cívicos se movilizan en unción de los intereses de la población urbana y en el mejoramiento de la inraestructura caminera y servicios básicos, utilizando la presión como medio para lograr resultados. Las organizaciones sindicales centran sus esuerzos en el desarrollo agropecuario y canalización sus demandas mediante la presión a las instituciones estatales. En relación con las organizaciones indígenas, sus objetivos se dirigen a la consolidación de sus tierras comunitarias de origen y a la promoción de proyectos de manejo de recursos naturales para el mejoramiento de la economía amiliar. Sus estrategias de trabajo se basan en la negociación y establecimiento de alianzas con otros sectores para la consecución de sus objetivos. El análisis realizado sobre las relaciones interinstitucionales de los actores sociales vinculados con el PNANMI Madidi 67, muestra que éstas son complejas y dinámicas y que están mediadas por los problemas que enrentan, las alianzas coyunturales que establecen para el logro de determinados fnes y las relaciones interpersonales entre sus líderes.


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terminada por prácticas que avorecen el clientelismo, el manejo discrecional de lo público y el interés político68, dando lugar a la exclusión de sectores sociales de las decisiones y benefcios de la gestión municipal e incrementando los niveles de desconfanza en las relaciones entre actores sociales.

Conictos ambientales vinculados con la gestión de las áreas protegidas de Madidi, Apolobamba y Pilón Lajas, y la demanda territorial de la TCO Tacana La noticia más antigua que tenemos de conictos ambientales en el norte de La Paz data de principios del siglo XX, en plena época de la goma. Las peticiones de tierras baldías y la llegada de inmigrantes a los pueblos de la región generaron conictos de tenencia de la tierra t ierra con los pueblos indígenas. Existen casos documentados de comunidades que hicieron llegar recursos y oposiciones a los juzgados y or-

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y orestales de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, sumadas a los problemas de superposición de derechos de propiedad y uso de la tierra y los recursos, generaron conictos que adquirieron una mayor dimensión política y social por la recuencia con que éstos se dieron y por el carácter violento que tuvieron algunos de ellos. En la zona de colonización Quiquibey-Rurrenabaque se originaron conictos por la adjudicación de parcelas de tierra a nuevos colonizadores superpuestas a las adjudicadas a los más antiguos y a cooperativas agroindustriales. Esta situación condujo a un proceso de deorestación para la siembra de pastos a fn de justifcar una adjudicación que en la práctica no era eectiva, dando lugar a la especulación de tierras y a acciones violentas entre colonizadores. Este ue el caso de la cooperativa Wara Wara Wara Wara (constituida principalmente por mineros relocalizados), que en 1986 obtuvo del INC tierras para la producción agrícola en el mismo núcleo que años antes había sido adjudicado a una cooperativa de colonos de Challapata. A pocos meses de iniciadas las actividades de habilitación de tierras, éstos se presentaron para reclamar sus tierras abandonadas, produciéndose enrentamientos violentos,


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cumplidos por los madereros, por lo que se produjeron querellas judiciales, toma de instalaciones por parte de las ederaciones y otro tipo de acciones 72. En el norte de La Paz, la presencia maderera ue también motivo de conictos. En 1986 se organizó el Comité Cívico Provincial Provincial para protestar contra las l as empresas madereras, y en 1990, a raíz de los problemas del pago de regalías, el Comité Cívico tomó varias dependencias de CORDEPAZ para presionar al gobierno 73. A partir de 1988 las l as autoridades de Tumupasa Tumupasa denunciaron el saqueo de recursos naturales por empresas madereras y “cuartoneros”. Por su parte, los pobladores de Ixiamas denunciaron que las empresas tenían en concesión la mitad del territorio de esta provincia (un millón de ha), explotando mara, cedro y roble, y que las regalías madereras llegaban como “cuenta gotas” a través del Fondo Provincial de Desarrollo (Presencia, 5 de abril de 1994). Deendiéndose de estas acusaciones, la Cámara Forestal Distrital de La Paz denunció el saqueo de madera por “cuartoneros” que ingresaban a las áreas de las empresas y que no pagaban derechos de monte ni regalías (La Razón, 8 de julio de 1995) 74. El reconocimiento de los territorios indígenas,

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desarrollaron entre 1995 y 2005 (ver mapas 4, 5 y 6). Éstos estuvieron relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales, principalmente maderables, el saneamiento de tierras, el establecimiento de asentamientos ilegales y la realización de obras y proyectos de desarrollo en las áreas protegidas. Los conictos por la demanda y saneamiento de las TCO Tacana I, San José de Uchupiamonas y Lecos Apolo, condujo a disputas entre organizaciones sociales por la creación de nuevas instancias organizativas indígenas, y a la oposición de sectores sociales y municipios a su titulación, arguyendo que las TCO se constituirían en un reno para el desarrollo municipal, el acceso a la tierra y los recursos naturales y la ampliación del radio urbano de centros poblados de la región.

Conictos por la extracción de madera en áreas protegidas Desde el inicio de la gestión de Apolobamba, Madidi y Pilón Lajas se arontaron diversos conictos por la extracción de madera. Esta actividad ha signifcado


a b m l e a n b o l o c o s p o A d a l a l n u o c i n i c a

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I D I D A M l a o s d o a r d a g l e t u c I n n i o v j e s e l n a



s a j a L n ó a l i l n P o e c n g s i o r d a O l e u d c a n i i v r a s i e t n

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cuencas, entre las serranías del Bala, Muchane y Chepite, están relacionados con la actividad maderera de colonizadores de los núcleos ubicados a lo largo de la carretera y, en menor grado, con la de algunos comunarios indígenas. Si bien los decomisos de madera han generado tensiones entre los colonos y la Dirección de Pilón Lajas, no se han producido propiamente conictos con las comunidades, salvo en casos excepcionales. Uno de estos casos ha sido el conicto con la l a comunidad de El Sillar, ubicada en la zona sur de la reserva, en el Municipio de Palos Blancos. Las tensiones con esta comunidad se dieron en varias oportunidades, desde 1996, con el ingreso de colonos al área para extraer madera y establecer asentamientos, intensifcándose los problemas a partir de 2001 con el inicio del saneamiento de tierras76. En el Parque Madidi, los conictos por la extracción de madera se dieron con mayor recuencia durante los primeros años de su gestión. Grupos de cuartoneros, que en 1997 alcanzaban un número de aproximadamente 40, cada uno integrado por un promedio de 30 personas, extraían madera de la zona del río Tuichi. Los


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actividades rutinarias de control y vigilancia. Los procesos administrativos seguidos a comunarios de El Sillar ahondaron aún más el conicto. En relación a este tema, la Dirección de Pilón Lajas considera que la actividad del cuartoneo no ha sido realizada con el fn de perjudicar p erjudicar a la reserva, sino porque existen necesidades económicas y un mercado que estimula la tala de árboles, y que en la medida en que la gestión del área brinde alternativas reales y apoye las iniciativas de las comunidades, esta práctica tenderá a desaparecer desaparecer..

Conictos con empresas por la revocación de concesiones orestales en Pilón Lajas En 1996, cuando se inició la gestión de Pilón Lajas, existían tres empresas orestales: Berna Sucesores S.R.L, Monte Redondo y Selva Negra, que obtuvieron sus áreas de corte a partir de los años ochenta y contratos de aprovechamiento aprovechamiento de 20 años desde 1991. Además otras empresas, como Bella Vista y El Pino, operaban con contratos que habían sido frmados después de la creación de la reserva, la primera

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anulación de derechos de aprovechamiento orestal que habían sido contraídos de manera irregular o que se pretendía mantener sin cumplir las disposiciones transitorias de la nueva Ley Forestal de 1996. El análisis de la documentación legal de las empresas El Pino y Bella Vista demostró que los contratos de ambas empresas vulneraban las normas legales y que, por tanto, la actividad orestal que desarrollaban en el área era ilegal. En el caso de la empresa El Pino, el contrato de aprovechamiento orestal con el CDF CDF,, suscrito en 1995, tres años después de la creación de la reserva, violaba el DS 23110, que establece la prohibición de nuevas concesiones orestales dentro del área, y transgredía el DS 22884 de la Pausa Ecológica. Asimismo, se identifcó una serie de irregularidades en la ubicación del área de aprovechamiento orestal, cuyas coordenadas se localizaban uera de la reserva, en la provincia Ballivián del departamento del Beni, y otras anomalías en el proceso de constitución de la empresa. Por su parte, la empresa Bella Vista operaba en base a dos contratos de aprovechamiento orestal único, suscritos con el CDF y las cooperativas agropecuarias Quiquibey, Chico


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que habían sido otorgados a las empresas El Pino y Bella Vista y la realización de un estudio para evaluar los daños ambientales. El inorme de este estudio permitió determinar los volúmenes de madera extraída y el daño ambiental causado, así como los montos económicos para la reparación de estos daños y la indemnización por los árboles tumbados. En base a los estudios periciales y al acta del Comité de Gestión de la Reserva78, la Superintendencia Forestal emitió, en agosto de 1996, dos resoluciones fjando las multas a las empresas. Éstas no impugnaron las resoluciones y aceptaron la sanción pecuniaria a través de memoriales de respuesta. Sin embargo, con el cambio de administración en la Superintendencia Forestal no se dio continuidad a la ejecución de las resoluciones, debilitando los procesos judiciales en curso. El Viceministerio de Medio Ambiente y la Preectura del Departamento de La Paz desistieron de los procesos penales, previa frma de un acuerdo transaccional, que impuso multas menores a las empresas y que no guardó los recaudos necesarios para asegurar el pago de las mismas. El conicto legal con la empresa Berna Sucesores tuvo características distin-

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deensa de la reserva para evitar que se le concediese a la empresa la conversión de su contrato de aprovechamiento orestal a largo plazo en concesión orestal, sosteniendo, entre otras razones, que el contrato otorgado a Berna adolecía de irregularidades en su constitución y aplicación 80, que la ubicación de gran parte del área de corte, en zonas de pendiente superiores a 45%, la imposibilitaba realizar legalmente un aprovechamiento orestal81, y que la extensión solicitada coincidía con la zona núcleo del área, hábitat de numerosas especies de auna silvestre, varias de ellas amenazadas, endémicas y de distribución restringida. Inicialmente la Superintendencia tuvo una posición a avor de la reserva, rechazando la solicitud de la empresa para la conversión de su contrato en concesión y resolviendo la reversión al Estado de la superfcie otorgada en el contrato de aprovechamiento orestal. Fundamentaba su decisión en las disposiciones de la Ley INRA, que prohíbe el otorgamiento de concesiones orestales en áreas protegidas y que privilegia el derecho de aprovechamiento orestal de las comunidades indígenas en las tierras comunitarias de origen sobre las concesiones, contratos o


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que debía sujetarse al artículo 6° de la Ley Forestal, que dispone que la revocatoria de derechos de utilización orestal otorgados a particulares deberá hacerse cuando sobrevenga causa de utilidad pública, previo pago de justa indemnización del daño emergente. A pesar de que el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) 82 intervino en el conicto, anulando las resoluciones dictadas por la Superintendencia Forestal (en las que defende la posición de BERNA) e instruyéndole que se pronunciara sobre la solicitud original de la empresa para la obtención de la concesión parcial sobre 80.000 ha, la Superintendencia en dierentes resoluciones reiteró su decisión de mantener la vigencia del contrato de aprovechamiento orestal a largo plazo, en contra de los dispuesto expresamente por SIRESE, sin considerar los argumentos técnicos y jurídicos de la Dirección de Pilón Lajas y sin demostrar la legalidad de la obtención del derecho orestal por Berna y los resultados de la auditoría orestal correspondiente. La empresa Berna Sucesores realizó acciones administrativas para que se le

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que se le exigían para la conversión. Casi al fnal del proceso, la empresa interpuso ante la Corte Suprema de Justicia Justicia un recurso contencioso administrativo contra el SIRENARE, para la devolución de las 105 mil ha que el SIRESE había instruido se restituyesen al Estado. Simultáneamente al desarrollo de las acciones judiciales, Conservación Internacional, una de las instituciones de apoyo a la gestión de Pilón Lajas, entró en contacto con la empresa Berna Sucesores con la fnalidad de negociar una solución defnitiva al conicto. Estas negociaciones concluyeron con la frma de un convenio el 30 de noviembre de 2001, mediante el cual Berna Sucesores se comprometió, a cambió de una compensación económica de $US 170.000.00, a renunciar a los derechos orestales otorgados por la Superintendencia Forestal sobre 78.050 ha y al retiro de las acciones ante la l a Corte Suprema de Justicia. El SERNAP aceptó la colaboración de Conservación Internacional para precautelar de la orma más rápida la integridad de la reserva, ya que el proceso p roceso administrativo podía extenderse por un tiempo indefnido.


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municipal de Rurrenabaque y organizaciones de base y cívicas) demostraron su compromiso con la reserva, asumiendo un papel de deensores en contra de la empresa, lo que era comprensible dados los problemas que en el pasado arontaron los colonizadores e indígenas con las empresas madereras. Las acciones legales que la Dirección del área llevó a cabo ueron respaldadas por el Consejo Regional Chimane y Mosetén (CRTM), el Comité Cívico de Rurrenabaque y la Feder Federación ación Especial de Comunidades Agroecológicas de Rurrenabaque (FECAR), así como por el gobierno municipal y el corregimiento de Rurrenabaque, a través de notas y votos resolutivos dirigidos al Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Superintendencia Forestal84. En el contenido de las notas se expresa preocupación por la posibilidad de que Berna Sucesores obtenga la concesión parcial solicitada, advirtiendo que la actividad orestal de la empresa produciría impactos ambientales en la reserva y ningún benefcio para los pobladores locales, como había ocurrido en el pasado. En algunas notas incluso se anunciaban medidas de presión en caso de que se concretara el otorgamiento de la concesión. En una reunión realizada en agosto de 2000

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Confguración de Conictos en torno al Turismo Turismo La actividad turística en el norte de La Paz comienza a desarrollarse en los años setenta con la empresa turística TAWA, que construye un albergue, senderos turísticos y dos pistas de aterrizaje a orillas de la laguna Santa Rosa, cerca de la parte baja del río Tuichi. Durante la década de los ochenta se produce un importante ujo de turistas a Rurrenabaque, desde donde se organizan excursiones a áreas aledañas y se establecen campamentos rústicos a lo largo de la parte baja del río Tuichi, Tuichi, que actualmente orma parte del Parque Madidi 86. En los años noventa esta actividad se incrementa y amplía a otras zonas de la región (sabanas de Santa Rosa, hacia el norte de Rurrenabaque, y visitas a comunidades indígenas a lo largo del río Quiquibey,, en Pilón Lajas). Este crecimiento del turismo se da de orma espontánea y quibey con muy poca planifcación por parte de los gobiernos municipales y las agencias de turismo. La presencia de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas crea nuevas condiciones para el desarrollo del ecoturismo en la región: acrecienta su valor al


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A estas denuncias se suman otras88 en las que las organizaciones de base e instituciones locales la acusan por su alta de transparencia en el manejo de ondos y escasos benefcios de los proyectos de desarrollo y apoyo a la demanda territorial de las comunidades tacanas. Por otra parte, la construcción de inraestructura y el desarrollo de actividades de operación turística por parte de la undación en el Parque Madidi, en el sector de Caquiahuara, próximo a las comunidades tacanas de San Miguel y Villa Alcira, y en el sector de Charque, dentro de Pilón Lajas, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Gestión de Áreas Protegidas (1996), dieron lugar a conrontaciones entre la undación y el SERNAP que duraron más de seis años y que involucraron a otras instituciones, organizaciones de base y comunidades de la región. A fnes de 1997, el SERNAP conormó una comisión evaluadora para analizar la situación de las actividades de Eco Bolivia, concluyendo que éstas se realizaban sin licencia ambiental y recomendando la paralización de sus operaciones turísticas, así como la realización de una investigación sobre el destino

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Al mismo tiempo que Eco Bolivia mantenía una conrontación legal con el SERNAP y las direcciones de Madidi y Pilón Lajas, se encontraba enrentada a las organizaciones e instituciones locales (autoridades municipales, comités cívicos, comités de vigilancia), que en varias oportunidades habían solicitado a las autoridades nacionales su expulsión de la provincia Iturralde90. El 6 de septiembre de 2001, la “Mancomunidad de Comunidades del Río Beni”, integrada por las comunidades de San Miguel, Torewa, Torewa, Carmen Florida, Real Beni, San Antonio, Asunción del Quiquibey, y respalda por las organizaciones de base e instituciones de la región, inicia un bloqueo en el río Beni para la expulsión de Eco Bolivia de la región. Sobre la base del procedimiento de queja, establecido en el DS Nº 26140, la Conederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el SERNAP, atendiendo las demandas de las comunidades e instituciones locales, presentaron ante el Comité de Seguimiento y Supervisión de ONG/IPDS, solicitudes de suspensión de la undación del registro de ONG sobre la base de las denuncias, votos resolutivos y quejas presentadas por la población indígena, colonizadores, municipios,


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Nº 040/01-SSA 1, de echa 26 de septiembre de 2001), declara improcedente el recurso. La Resolución es elevada a conocimiento del Tribunal Tribunal Constitucional, que mediante Sentencia Constitucional Nº 1244/01-R de echa 20-11-01 determina que: “…las autoridades recurridas al aplicar las disposiciones que rigen la materia no cometieron acto ilegal alguno... al contrario actuaron conorme a derecho, no pudiendo el Amparo Constitucional, trastocar como pretende la recurrente su única y exclusiva fnalidad que es la protección de los derechos humanos conculcados”. El 30 de octubre de 2001, el Cuerpo de Protección del Parque Madidi inicia un proceso administrativo91 en contra de la Fundación Eco Bolivia por una serie de inracciones cometidas contra el área protegida: construcción de inraestructura dentro del área protegida sin autorización ni licencia ambiental, incumplimiento de instrucciones y tenencia de animales de auna silvestre. En respuesta, Eco Bolivia presenta un recurso de apelación ante el director del SERNAP y un recurso indirecto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Tribunal Constitucional en contra del Regla-

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procede al desmantelamiento de las cabañas. Frente a estas acciones, Eco Bolivia inicia una agresiva campaña de diusión en contra de la Dirección del Parque Parque Madidi y presenta nuevamente ante el Tribunal Tribunal Constitucional un recurso directo de nulidad contra la Resolución Administrativa Nº 010/2002 (emitida por el director del SERNAP en contra de la apelación de Eco Bolivia). Bol ivia). El Tribunal Tribunal Constitucional declara inundado el recurso mediante Sentencia Constitucional Nº 63/2002. Durante el desarrollo del conicto, la Dirección del PNANMI Madidi asumió medidas administrativas y judiciales –denuncias, procesos administrativos, recursos constitucionales, audiencias públicas y juicios– en contra de Eco Bolivia por el establecimiento de inraestructura turística dentro del parque y la tenencia de animales en cautiverio. Estas acciones ueron llevadas adelante con la asesoría de la Dirección Jurídica del SERNAP y con el apoyo de otras instituciones estatales, como el INRA y los municipios de Apolo y Rurrenabaque, en alianza con el CIPTA y las comunidades indígenas aectadas. Asimismo, las direcciones de las áreas protegidas desarrollaron actividades de inormación hacia la opinión pública (notas


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Conictos por la apertura de caminos a través del Parque Nacional Nacional Madidi Aunque la construcción de caminos no constituye un tema nuevo en la planifcación del desarrollo de La Paz, ya que anteriores gestiones de la Preectura y los municipios lo consideraron también como una de sus prioridades, las acciones emprendidas por la Preectura en 2003 para la apertura de caminos dentro del Par Parque que Nacional Madidi, sin tomar en cuenta la normatividad ambiental ni los impactos a la biodiversidad, provocaron discrepancias entre instituciones estatales y uertes reacciones en la región y a nivel de la opinión pública nacional. Los dierentes planes de desarrollo elaborados en los últimos años 92 establecieron como uno de los pilares del desarrollo departamental la complementación caminera del norte paceño, su integración con los departamentos depar tamentos de Beni y Pando y su inserción internacional. La política de integración vial del norte de La Paz planteó las siguientes prioridades: • En relación con la red undamental, mejoramiento y mantenimiento del

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nejo; sin embargo su tratamiento no incluyó un análisis adecuado ni propuestas acordes con su importancia para la conservación y desarrollo sostenible del departamento. A pesar de estos avances y de otros vinculados al ortalecimiento de la gestión municipal y la participación social, las políticas de desarrollo e integración del norte de La Paz no han variado sustancialmente de la visión y política de CORDEPAZ CORDEP AZ de los años setenta y ochenta, ya que se plantean los mismos rubros de producción y la inraestructura caminera como medio de integración, sin un concepto claro de desarrollo que considere la interdependencia de los aspectos económicos, sociales y ambientales. Durante la gestión de la Preectura de 1997 a 2002, se construyeron tres tramos camineros dentro del PNANMI Madidi: Apolo-Asariamas, Apolo-Pata y Tumupasa-San José de Uchupiamonas, vulnerando el Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente (1995) que, en sus artículos 25 y 26, dispone la obligatoriedad de la licencia ambiental para la construcción de obras de inraestructura, así como prohibiciones –al igual que el Decreto Supremo de creación del parque– para


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construcción y de los benefcios para la región) y los problemas existentes en el incumplimiento de las normas ambientales. Subrayaba que la construcción de estos caminos no contribuiría a mejorar la comunicación interna y externa de la zona, y que darían lugar al establecimiento de nuevos asentamientos humanos, la explotación de los recursos orestales por terceros e impactos ambientales irreparables en un área bien conservada y con potencial turístico. Recomendaba que las inversiones se orientaran al mejoramiento y construcción de caminos (Charazani-Apolo), para vincular a las comunidades entre sí y permitirles una conexión adecuada con la ciudad de La Paz. El conicto se inicia en mayo de 2003, cuando el Plan de Manejo del área estaba prácticamente concluido después de un largo proceso de análisis, consulta y planifcación participativa con los distintos actores vinculados con su gestión. La preectura y el Municipio de Apolo, que contaban con el apoyo de comunidades y organizaciones de la zona, hicieron conocer públicamente el inicio de las obras de construcción de caminos en la zona, sin contar para ello con la correspondiente

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cívicos, dieron inicio a acciones de presión emitiendo votos resolutivos y amenazando con medidas radicales, incluido el bloqueo de caminos. Los guardaparques del área tuvieron que ser retirados por las amenazas y agresiones que sobre ellos ejercieron las autoridades y vecinos de Apolo. Un consejero provincial de Franz Tamayo llegó incluso a advertir que si el gobierno se negaba a abrir los caminos, los apoleños recurrirían a los madereros, que se habían h abían orecido para apoyar la apertura de una ruta. Paralelamente surgieron una serie de expresiones de apoyo al Parque Madidi por parte de las instituciones ambientalistas (LIDEMA, WCS, CI) y de grupos de estudiantes universitarios que se maniestaron pacífcamente en contra de los caminos por el Parque Nacional Madidi, lo que ue un hecho signifcativo ya que era la primera vez que en Bolivia se producía una movilización urbana a avor de un área protegida. El Centro de Estudiantes de Biología de la UMSA organizó una campaña de recolección de frmas para solicitar la realización de un estudio de impacto ambiental de las rutas impulsadas por municipios del norte y la preectura.


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de Madidi y un equipo de especialistas del SERNAP, SERNAP, conormado por un biólogo, un botánico y un ingeniero civil, apoyados por WCS y el Herbario Nacional de Bolivia. La comisión inició su recorrido el 1 de agosto de 2003. El equipo técnico del SERNAP se retiró de la comisión cuando se dio cuenta de que la denominada “ruta de consenso” no tenía un trazo defnido y que se estaba aprovechando la ocasión para defnir in situ una posible alternativa, aspecto que no estaba contemplado en el acta frmada. El resto de la comisión concluyó su recorrido el 16 de agosto de 2003, inormando que existían posibilidades para la construcción de un camino entre Asariamas e Ixiamas, sin presentar una justifcación técnica. El inorme 94, que consta de pocas páginas, en las que se describe someramente el trayecto recorrido, ue realizado sin el apoyo de un mapa o GPS. Menciona que se trata de un bosque seco, pobre en ora y auna, donde no se observaron animales ni árboles de mara que pudieran ser aectados por la apertura aper tura de un camino. Concluye señalando que este proyecto caminero benefciará a 73 comunidades de la zona.

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20 comunidades y al pueblo de Apolo) y Apolo-Asariama (que benefciará nueve comunidades) y la apertura de caminos vecinales que benefciarán a 25 comunidades dentro del parque y a 35 comunidades uera del área. A fnales del mes de agosto de 2003, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Sostenible, el SERNAP y la Preectura del Departamento de La Paz analizaron los resultados de ambos inormes y decidieron que no se construiría constr uiría un camino dentro del Parque Nacional Madidi porque no se justifcaba y porque su categoría de manejo no lo permitía, recomendando que se buscara otra alternativa para el camino Apolo-Ixiamas por el área natural de manejo integrado de Madidi. Estas contradicciones en la presentación de los resultados de los inormes, así como la imposibilidad de que se lograse constituir un equipo que presentara un único inorme técnico, muestran las difcultades del Estado para coordinar en la aplicación de políticas, lo que ha dado lugar a que en sus reparticiones se produzcan orientaciones distintas y, en algunos casos, contradicciones, inuidas por intereses políticos. El SERNAP demostró, en varias oportunidades, que los caminos


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zar los resultados del estudio técnico sobre los impactos ambientales de los tramos propuestos. El Comité de Gestión se limitó a afrmar que éstos eran undamentales para el desarrollo de la región y que, por tanto, el parque no debía oponerse a su ejecución. Las tensiones en el Comité de Gestión se incrementaron cuando este tema ue tratado nuevamente durante la aprobación del Plan de Manejo del área. El Municipio y el Comité Cívico de Apolo hicieron observaciones a la zonifcación del área con la fnalidad de modifcarla para posibilitar la construcción del camino por ellos propuesta, aunque éste no contaba con un trazo técnicamente defnido y con una justifcación que demostrara su viabilidad económica, social y ambiental. Por alta de consenso, el Comité de Gestión decidió postergar indefnidamente la aprobación del Plan de Manejo. En general, los actores locales no estuvieron de acuerdo con la construcción de caminos dentro del parque, por los posibles impactos a la biodiversidad del área y sus eectos en el desarrollo del ecoturismo. Sin embargo, existió coincidencia en

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constituye una de las principales amenazas a la conservación conser vación de la biodiversidad. La Cámara de Turismo Turismo de San Buenaventura coincidió igualmente en la importancia de construir el camino Ixiamas-Puerto Heath, evitando que éste atravesara el área del parque, para no aectar el desarrollo del turismo. En opinión de la Alcaldía de Rurrenabaque, la apertura de caminos para vincular a Ixiamas con La Paz, a través de Apolo, implicaría un gran esuerzo económico que no se justifcaba, considerando que el Estado había ya realizado importantes inversiones con la construcción de la carretera Cotapata-Rurrenabaque. Recomendaba que se consolidara esta carretera para tener un buen camino hacia el norte en vez de construir otro paralelo a esta ruta. Por el contrario, la Alcaldía de Ixiamas creía que un camino desde Apolo a Ixiamas permitiría a los turistas ingresar directamente a la región desde La Paz, sin tener que pasar por Rurrenabaque, lo que evitaría que el Beni se benefciara de las riquezas y potencialidades del norte n orte de La Paz. El conicto por la apertura de caminos dentro del Parque Madidi aún no ha


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de los recursos naturales. Sin embargo, a partir de los años setenta, con la llegada de los colonizadores y el ingreso de las empresas madereras, es cuando se produce para las comunidades tacanas la mayor pérdida de sus tierras dedicadas a la caza, pesca y recolección, y de sus áreas de reserva para la agricultura, poniendo en peligro el sistema productivo tacana y su permanencia como pueblo indígena 97. En 1992 se conorma el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y en 1996 obtiene su personalidad jurídica como organización indígena. Actualmente representa a 30 comunidades tacanas de la provincia Iturralde de La Paz. Durante los primeros años de trabajo, los esuerzos del CIPTA CIPTA se dirigieron a la recopilación de inormación sobre la situación de la tierra y los servicios básicos en las comunidades tacanas, y a la realización de gestiones para la presentación de su demanda territorial. Las conictivas relaciones entre las empresas madereras y las comunidades tacanas se agudizaron a partir de 1995, a raíz de las denuncias presentadas por el CIPTA y las comunidades de Tumupasa y Napashi ante la Preectura del De-

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bajo la modalidad de CAT CAT SAN. Ante la solicitud del CIPT CIPTA, A, el 26 de septiembre de 2000 el INRA emitió un auto por el cual el área de 769.890 ue convertida a la modalidad de saneamiento SAN TCO TCO99, quedando 188.580 ha bajo modalidad de CAT SAN (zona ubicada en su mayoría dentro del Parque Madidi). La demanda de TCO ue realizada por el CIPTA a nombre de 20 comunidades tacanas, cuya población ascendía, en 2002, a 2.849 habitantes (621 amilias)100. Las comunidades tacanas de Tahua Tahua y Caigene, aunque inicialmente estaban incluidas en la demanda, se retiraron posteriormente por diversas razones: Caijene para convertirse en un barrio urbano de San Buenaventura y Tahua Tahua para solicitar la distribución de sus tierras en orma de parcela como propiedad individual. Paralelamente al saneamiento de tierras, el CIPTA dio inicio en 2000 a la planifcación de la TCO, con el apoyo técnico de WCS, a través de la realización de diagnósticos rurales participativos (DRP) y de planes de desarrollo comunal en las 20 comunidades demandantes de la TCO Tacana. Este proceso concluyó con la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para la TCO Tacana, que


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naturales, constituyéndose en un instrumento útil para p ara la resolución conictos por linderos entre comunidades de la TCO TCO Tacana Tacana y entre en tre éstas y las comunidades de colonizadores, así como para la defnición de las áreas de aprovechamiento orestal municipal. En junio de 2001 la CIDOB presentó al Ministerio de Desarrollo Sostenible una propuesta de decreto supremo para la consideración de esta metodología de zonifcación como alternativa a la utilizada en los estudios de necesidades espaciales, suscribiéndose un acta de compromiso para analizar la propuesta, que hasta el momento no se ha realizado. El saneamiento de la TCO Tacana generó varios conictos en la región, en dierentes etapas del proceso hasta su titulación, en el que se vieron involucrados el conjunto de los actores locales de la región: gobiernos municipales de Ixiamas y San Buenaventura, comités cívicos, agrupaciones y empresas orestales y organizaciones y comunidades de colonizadores e indígenas, organizaciones no gubernamentales con presencia en la región, además de la Preectura del Departamento de La Paz y las instituciones nacionales involucradas en el saneamiento, como el INRA y el

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naventura se encontraba en proceso de saneamiento (CAT SAN), no contaba con la inormación necesaria para destinar áreas de aprovechamiento orestal en tierras fscales y otorgar concesiones a las agrupaciones sociales del lugar (ASL) 102. A pesar de ello, el municipio decidió proceder con la identifcación de tierras orestales en la TCO Tacana, exigiéndole al CIPTA destinar a la municipalidad un 20% de las tierras demandadas por el pueblo tacana. En noviembre de 2002, el CIPTA suscribió un convenio con el gobierno de San Buenaventura para establecer un área orestal municipal de 7.900 ha (que signifca más del 20% de las tierras fscales existentes en el municipio), a fn de benefciar a las dos ASL: El Roble y Cachichira, que se encontraban con demandas pendientes de áreas para el aprovechamiento orestal. En esta oportunidad, el CIPTA utilizó la zonifcación de la TCO para la identifcación de las áreas de aprovechamiento orestal dentro de la TCO y para la resolución de este conicto con el Munici Municipio pio de San Buenaventura. Otro conicto que el CIPTA enrentó con el Gobierno Municipal de San Buenaventura estuvo reerido a la ampliación del radio urbano de su centro pobla-


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negociaciones, el CIPTA CIPTA suscribió un convenio con el gobierno municipal de San Buenaventura por el cual renunciaba a una parte de su demanda de TCO para solucionar el conicto suscitado por la ampliación del radio urbano. Sin embargo, los conictos que durante el saneamiento de la TCO Tacana alcanzaron una mayor dimensión política y social estuvieron relacionados con los problemas de tenencia de la tierra en la zona de colonización, la demanda de tierras por otros grupos en el área de la TCO TCO Tacana Tacana y la oposición de los gobiernos municipales y sectores sociales a la titulación de la TCO. Estos conictos ueron producto de la conuencia de diversos intereses económicos y de las difcultades que se presentaron en la aplicación de las leyes: problemas de coordinación entre las instituciones públicas, alta de inormación oportuna a la población local respecto a las políticas de Estado e incumplimiento de normas por parte de sectores sociales.

Conicto por la tenencia de la tierra en la zona de colonización

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Según algunos dirigentes de la Federación Sindical de Productores Productores Agropecuarios de Iturralde (FESPAI), los colonizadores establecieron sus parcelas en lugares en que los indígenas no trabajaban la tierra ni realizaban actividades productivas, añadiendo que, en general, los colonos nunca ueron bien vistos por las comunidades indígenas de la zona. Indicaron que cuando empezó el proceso de saneamiento CAT CA T SAN, se produjeron los l os conictos con el CIPTA debido a que los colonos de origen andino deseaban conservar sus tierras y asegurarlas para las uturas generaciones, de acuerdo a su tradición cultural que asigna un valor importante a la tierra y a su transmisión de padres a hijos. Entre el 19 y 22 de noviembre de 2000, mientras se realizaba la 3° exposición pública sobre los resultados del saneamiento en Tumupasa, un grupo de colonizadores –en reacción a los recortes eectuados a sus lotes por el INRA durante el saneamiento, debido a que varios de ellos tenían una superfcie mayor a la pequeña propiedad y a que sus parcelas no estaban cumpliendo la unción económica y social– realizaron actos de violencia en Tumupasa en contra del CIPTA y del


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Ixiamas, del Comité Cívico de San Buenaventura y de la Federación de Campesinos. En esta reunión se acordó que la Comisión Agraria Departamental (sin tener competencia, porque el saneamiento se había iniciado en la instancia nacional del INRA) realizara una auditoría técnico-jurídica sobre el saneamiento de tierras eectuado por la empresa INYPSA y el INRA nacional. La presidenta del Comité Cívico y el alcalde de San Buenaventura solicitaron la anulación del proceso de CAT CAT SAN y SAN TCO. Por Por su parte, el CIPTA CIPTA envió un memorial al ministro de Desarrollo Sostenible en que solicitaba se dejase sin eecto legal el acuerdo conciliatorio del 23 de noviembre y que se otorgasen las garantías necesarias para continuar con el saneamiento de la TCO Tacana. Tacana. El INRA, mediante Resolución N° 002/2000, exhortaba al preecto de La Paz, al alcalde de San Buenaventura y a otros actores involucrados, a guardar respeto a la institucionalidad del Estado establecida por ley.. En diciembre de 2000 el ministro de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas ley y Originarios envío una carta al preecto de La Paz, comunicándole la invalidez del acta de conciliación debido a la ausencia del CIPTA en ésta, y señalándole la

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conciliación entre el CIPTA y la FESPAI, dando lugar al análisis de cada uno de los predios y a la renuncia del CIPTA CIPTA a espacios que se encontraban entre las propiedades de los colonos; asimismo se aseguró que las colonias tuvieran áreas de uso común. Los instrumentos que acilitaron este proceso de análisis y acuerdos ueron undamentalmente la zonifcación preliminar de la TCO Tacana Tacana y el uso del Sistema de Inormación Geográfco (SIG). El 3 de ebrero de 2002 se ratifcaron estos acuerdos mediante la frma de un convenio entre el CIPTA y la FESPAI. Actualmente, la mayor parte de las colonias tienen título de propiedad comunal, a excepción de dos comunidades que prefrieron titular sus tierras en orma individual. A partir de estos acuerdos, las relaciones entre el CIPT CIPTA A y la FESPAI han sido en general buenas. Si bien se han presentado algunos problemas de linderos y por el acceso a los recursos naturales en la TCO Tacana, Tacana, existe confanza en ambas organizaciones de que éstos se podrán ir resolviendo mediante el diálogo y el desarrollo de trabajos conjuntos. En los conictos que el CIPTA CIPTA enrentó con Ixiamas y San Buenaventura por la oposición de estos municipios a la resolución de titulación 106


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abril y mayo de 2003 en contra del CIPTA y de las tierras comunitarias de origen. Los conictos con Ixiamas se produjeron a raíz del intento del gobierno municipal de defnir áreas de aprovechamiento orestal en sectores de la demanda de la TCO Tacana, que correspondían a las comunidades de San Pedro y Carmen del Emero, y de la creación del Consejo Indígena de las Comunidades Tacanas Tacanas de Ixiamas (CICOTI) 107, organización paralela al CIPTA y promovida por el municipio con el argumento de que esta organización representaba a un sector importante de la población indígena tacana. En opinión de los dirigentes del CIPTA, CICOTI ue creado para que ésta respondiera a los intereses políticos y económicos de un grupo de vecinos de Ixiamas 108. Después de titularse la TCO Tacana, esta organización dejó de tener respaldo de las autoridades municipales y perdió importancia al no representar legítimamente a las comunidades tacanas de Ixiamas. El 22 de octubre de 2001, la Alcaldía Municipal de Ixiamas presentó una oposición a la emisión del título ejecutorial de la TCO Tacana, Tacana, argumentando que

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el proceso del conicto con Ixiamas, las autoridades de este municipio no actuaron en cumplimiento de la ley y no ejercieron adecuadamente sus responsabilidades como gobierno local, garantizando los derechos ciudadanos de las personas y organizaciones sociales. En abril de ese mismo año, técnicos del Proyecto BOLFOR y representantes de la comunidad de San Pedro denunciaron la presencia de cuatro personas que se encontraban quemando una cuarta parte de hectárea y construyendo una choza en las proximidades de la laguna Espejo, con la intención de tomar posesión de tierras dentro de la TCO Tacana para la creación de una nueva comunidad (Ayni), acción que era apoyada por el Concejo Municipal de Ixiamas y CICOTI. La comunidad de Santa Fe, a su vez, responsabilizó a miembros de este concejo de promover no solamente la creación de la comunidad Ayni sino la tala ilegal de madera en las áreas de manejo orestal de la comunidad. Con la fnalidad de buscar ayuda para enrentar los conictos de Ixiamas, en


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de Tahu Tahuaa110 de la demanda de la TCO, TCO, cuando esta comunidad estuvo inicialmente incluida en dicha demanda y voluntariamente solicitó la distribución de sus tierras en orma de parcela.

Reacción violenta en San Buenaventura en contra de la TCO Tacana Inicialmente este conicto se originó en torno a la demanda de la TCO de San José de Uchupiamonas, Uchupiamonas, la que se presentó en julio de 2002, cuando el proceso de saneamiento CAT SAN, que titularía en 23.034 ha sus tierras como comunidad campesina111, se encontraba prácticamente concluido. La superfcie demandada como TCO por San José era de 300.000 ha, superpuesta en un 65% al área CAT SAN, y que incluía la zona histórico-cultural 112 de la TCO Tacana y la zona de uso turístico del Parque Madidi. Esta zona (que abarca un área de 80,473 ha) estaba considerada en la propuesta de zonifcación de la TCO Tacana, y había sido consensuada con la Dirección del Parque Madidi para la protección conjunta de

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La reacción del CIPTA a la demanda de San José ue de rechazo, puesto que ésta se superponía completamente con la zona histórico-cultural, lo que signifcaba que se limitarían las posibilidades del pueblo tacana de conservar parte de su territorio ancestral, realizar las prácticas tradicionales de cacería y promover proyectos de ecoturismo. Para evitar que el INRA aceptara la demanda y prosiguiera con el saneamiento y titulación de la TCO Uchupiamonas, el CIPTA interpuso varios recursos legales ante el INRA –que ueron sistemáticamente rechazados– argumentando que la demanda de San José se superponía con la zona histórico-cultural de la TCO Tacana y que su reciente identifcación como pueblo indígena, cuando dentro del proceso de CAT SAN se había identifcado como comunidad campesina113, respondía únicamente a su interés por demandar una TCO de gran extensión territorial. Frente a la oposición del CIPTA, CIPTA, San José redujo su solicitud de 300.000,0000 ha a 225.832,0000 ha, sin resolver el problema de superposición con la zona histórico-cultural. En base a esta nueva solicitud, y a la presentación de la personalidad jurídica de San José como pueblo indígena 114 y la certifcación


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los intereses de varios sectores sociales de San Buenaventura e Ixiamas: comités cívicos, gobiernos municipales y otros sectores sociales (Cámara de Turismo, comunarios de Caijene y Tahua, Tahua, propietarios agrícolas, madereros, grupo de personas autodenominadas “Sin Tierra”), en contra de la Resolución de Titulación de la TCO Tacana emitida por el INRA, después de dos sentencias del Tribunal Agrario Nacional. En abril de 2003 el Comité Cívico de San Buenaventura emitió un voto resolutivo en el que plateaba nueve puntos, entre ellos su rechazo a las demandas de las tierras comunitarias de origen Tacana y San José de Uchupiamonas y la demanda al municipio para que destinase un área de turismo y al INRA para que crease nuevos asentamientos humanos: “…que inviten a otros campesinos sin tierra y desocupados de Bolivia a asentarse en las eraces tierras de San Buenaventura”. Amenazaba con que, en caso de persistir la resolución de titulación de la TCO, TCO, se inmovilizaría la provincia y se exigiría el pago de mil dólares por habitante. Para acilitar las negociaciones, el INRA comunicó, a través de la Preectura

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de la población maniestaron, a través de un voto resolutivo, su desacuerdo con la continuidad del bloqueo. Ante estos hechos, las comunidades tacanas ueron convocadas por el CIPTA CIPTA para concentrarse en la localidad de Tumupasa, desde donde emitieron un voto resolutivo pidiendo que la Comisión de Gobierno se trasladase a esta población. Ese mismo día llegó a Rurrenabaque la Comisión de Gobierno, compuesta por el preecto de La Paz, el viceministro de Tierras, Tierras, el viceministro de Asuntos A suntos Indígenas, la viceministra de Justicia, el director del INRA y un representante de la Deensoría del Pueblo, planteando que la reunión se realizaría en esa ciudad en base a una agenda específca, y que los representantes para la negociación debían estar debidamente acreditados. Sin embargo, la Comisión de Gobierno ue obligada a desplazarse a San Buenaventura, donde se reunió con algunos miembros del Comité Cívico, que le presentaron un nuevo voto resolutivo. Mientras una parte de la comisión analizaba una respuesta al voto resolutivo, la otra (viceministros de Asuntos Indígenas y de Justici Justiciaa y Derechos Humanos y representante del Deensor del Pueblo)


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Cívico de San Buenaventura –en reacción a esta medida– intentó nuevamente movilizar a la población en contra del PNANMI Madidi, invitando a la toma de tierras, al corte de madera y a la caza de animales dentro del área, sin lograr la convocatoria esperada por parte de la población. Los conictos que se enrentaron en el proceso de saneamiento de la TCO no ueron ajenos a otros que q ue se desarrollaron en el territorio nacional. La temática de la tierra ha sido (y continúa siendo) uno de los temas críticos de Bolivia por los problemas que se ueron acumulando a lo largo de décadas en la dotación, distribución y titulación de tierras. El proceso de saneamiento, que empezó a realizarse a partir de la promulgación de la Ley INRA, ha sido lento, con avances insufcientes en la regularización de la tenencia y en la l a reversión y distribución de tierras, debido a limitaciones fnancieras y a la complejidad de la problemática agraria. Una razón que explica la posición de varios sectores sociales en contra de la titulación de la TCO Tacana está relacionada con la alta de comprensión de la población sobre los alcances de las políticas del Estado respecto al reconocimiento de

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Existió temor entre las autoridades municipales, los comités cívicos y los actores sociales de que, tal como sucedía en las áreas protegidas, la TCO reduciría las posibilidades de desarrollo municipal, ya que al perder la alcaldía el control sobre una parte de su territorio, se limitarían las oportunidades de acceso y uso de los recursos naturales, demostrando así la existencia de una conusión en los conceptos de jurisdicción municipal, propiedad de la tierra y objetivos de conservación y desarrollo sostenible en tierras comunitarias de origen y áreas protegidas. El municipio está de mediador, aplicando las leyes. Prácticamente nosotros habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ver que se nos respete el área urbana y las 9.000 hectáreas para las agrupaciones sociales del lugar, para que puedan trabajar. Nosotros no teníamos otra opción porque el gobierno municipal no tramita para propiedades privadas, no era nuestra unción ir y pedir terreno, eran ellos los que tenían que hacerlo. (Luís Alberto Alípaz, Alcalde de San Buenaventura, San Buenaventura, Buenaventura, 28/07/2003.)


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Capítulo 4 Conclusiones sobre los conictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

Los conictos que se enrentaron en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) tienen su origen en las políticas agrarias que se promovieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que dieron lugar a la expropiación de tierras de comunidades del Altiplano y valles y a la desestructuración del espacio comunitario,

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Conclusiones sobre los confictos ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

En el caso particular del norte de la Paz, a lo largo de su historia republicana se produjeron varios momentos de colonización vinculados a auges económicos y a proyectos de desarrollo promovidos desde el Estado: economías de la quina y la goma, la marcha hacia el norte y la producción p roducción orestal empresarial, que generaron la explotación del territorio y el reparto de tierras (casi gratuito) a los nuevos inmigrantes a la región. Esto signifcó la enajenación de tierras a los pueblos indígenas y cambios en los sistemas tradicionales de uso de los recursos naturales y de organización social, que se vieron especialmente aectados a partir de la década de los setenta con la parcelación de la tierra, el surgimiento de cooperativas agrícolas y la orientación de la producción hacia el mercado. Recién en la década de los noventa, con las reormas del Estado, esta visión de la realidad indígena y de integración del territorio nacional comenzó a modifcarse con el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad boliviana y con la aplicación de políticas dirigidas al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas (especialmente en lo relativo a sus


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problemas de pobreza y exclusión social (que las reormas de los últimos quince años no pudieron resolver), de la pérdida de legitimidad del sistema político y del progresivo debilitamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, difcultando el diálogo y la canalización de las demandas sociales. La puesta en uncionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se realiza en un momento en que el Estado lleva adelante las reormas y asume el desarrollo sostenible como concepto orientador de su gestión, aunque en la práctica la gestión ambiental no logra integrarse en el conjunto de las políticas y acciones del Estado y no permite modifcar sustantivamente la situación ambiental del país, caracterizada por una creciente degradación de los ecosistemas naturales y productivos. Si bien en los últimos 12 años se ha avanzado de manera signifcativa en el desarrollo del SNAP y en la gestión de las áreas protegidas, aún no se cuenta con experiencias sólidas de gestión que aseguren la sostenibilidad social, fnanciera y ecológica del sistema a largo plazo. Se requieren mayores esuerzos para una participación social más activa y comprometida con la gestión de las áreas protegidas y

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por la distribución de benefcios, la apropiación de tierras y el acceso a recursos naturales. Hasta el momento, los proyectos de conservación y desarrollo que se están promoviendo en las áreas protegidas han tenido un limitado impacto y, con algunas excepciones, no han permitido identifcar alternativas económicas viables y mejorar la calidad de vida de la población local. La mayor parte de las experiencias de manejo se encuentran en una ase experimental, por lo que aún no se cuenta con sufcientes ejemplos que demuestren en la práctica que son sostenibles económica y ambientalmente. ambientalment e. Esto se debe, en gran medida, a que en una primera etapa de gestión de las áreas protegidas los esuerzos se centraron en el desarrollo institucional, institucional, la participación social y la protección de los ecosistemas y la vida silvestre, sentando las bases para una gestión integral y participativa. Recién en los últimos años, las acciones de manejo de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguaci amortiguación ón externa se han enocado a la canalización de inversiones y asesoramiento técnico en el diseño y ejecución de proyectos de ecoturismo comunal, producción artesanal, manejo orestal y aprove-


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nales de uso del espacio provocaron pugnas entre los indígenas y los recién llegados e impactos negativos en los ecosistemas y recursos naturales, generando situaciones de riesgo ambiental y social. El estudio de caso de conictos ambientales en el norte de La Paz muestra que la visión de desarrollo e integración que ha prevalecido en la región ha estado orientada a la extracción de los recursos naturales, apertura de caminos y colonización, lo cual ha limitado las posibilidades de evaluar las potencialidades económicas existentes y de mejorar las condiciones de vida de la población. Los temas de integración y crecimiento económico no han sido resueltos mediante un análisis de las oportunidades de la región, procediéndose a la apertura de caminos y a la ocupación de tierras sin una planifcación integral del desarrollo. Esta ausencia se constituye en una de las amenazas más importantes para la conservación y el desarrollo sostenible de la región y en una de las causas principales de los conictos. Si se prosigue con la planifcación de nuevos asentamientos humanos en las tierras fscales (para resolver los problemas de otras regiones del país y los conictos en el

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potencialmente críticos y seguimiento a los l os conictos y cumplimiento de acuerdos. Sin embargo, la actuación de las instituciones del Estado, especialmente en el nivel de los gobiernos locales, ha demostrado que en muchos casos no existe una cultura institucional que garantice el cumplimiento de las normas y los derechos de los ciudadanos. Los gobiernos municipales tuvieron un rol central en los conictos, principalmente como mediadores y también como generadores de varios de ellos. En ocasiones asumieron el papel de líderes sociales, adoptando decisiones contrarias a las normas legales y a los intereses colectivos. Igualmente, los concejos municipales han tendido a responder a las demandas de los sectores más inuyentes de la región, llegando incluso a tomar una posición activa en acciones perjudiciales a los intereses de otros sectores sociales. Esto se debe a que las alcaldías no siempre han logrado asumirse como parte del Estado y cumplir un rol protagónico en el ortalecimiento de la democracia, convirtiendo al municipio en un espacio genuino de participación en el desarrollo local y en un articulador ar ticulador de las relaciones entre


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demandas han estado basadas en la presión y la conrontación, limitando su capacidad de deliberación y de solución eectiva de los problemas. En general, las acciones desarrolladas por los actores sociales se caracterizaron por presión social, emisión de votos resolutivos, bloqueos, denuncias, allanamientos y, y, en algunos casos, agresiones ísicas. Antes de dar inicio a movilizaciones y acciones de hecho, los actores involucrados en los conictos no buscaron el diálogo y la negociación para la solución de los problemas. Esto responde también a la situación general de crisis política, social y económica por la que atraviesa Bolivia, lo que ha debilitado las relaciones entre el Estado y la sociedad, y que es undamental recomponer para que los ciudadanos participen en la construcción de una democracia que les permita un auténtico ejercicio de la ciudadanía. Entre las razones que determinaron que la sociedad se estructure y uncione sin un sentido real de comunidad, de respeto al otro y de justicia y equidad, y que explican el débil ejercicio de la ciudadanía, se encuentran la alta de conocimiento de las leyes, sus alcances y oportunidades para el desarrollo, la escasa inormación

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tro país hay muchos sectores sociales que pelean por conquistar derechos, y mi derecho usted no lo puede anular simplemente porque se reunió con su comunidad que decidió anular el derecho de otra comunidad. Nosotros respondemos, al igual que ustedes, a una estructura orgánica, a un movimiento organizado. (Rober Cartagena y Germán Soto, Consejo Regional Chimán y Mosetén, Rurrenabaque, 28/07/2003.) Pienso que hace alta aprender más acerca del manejo político y el relacionamiento entre actores en la zona, y también respecto a la orma de abordar los problemas y conictos. Creo que solucionarlos por la uerza no es la mejora manera. Los conictos deber ser resueltos a través de la discusión, en el marco del entendimiento y de la búsqueda de soluciones viables. (Zenón Limaco, San José de Uchupiamonas, Rurrenabaque, Rurrenabaque, 28/07/2003.)

Las difcultades existentes en la sociedad boliviana para la construcción de una cultura democrática están relacionadas con la alta de reconocimiento de la


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basada en el reconocimiento de la pluralidad cultural y de intereses continúa siendo un desaío para el uturo y una labor que involucra tanto a actores sociales como a actores políticos. En los últimos años se ha creado un mayor control de las acciones de los gobiernos municipales por parte de la población; las organizaciones indígenas, campesinas y de colonizadores están más ortalecidas, más concientes de sus responsabilidades de orientar a sus bases y de promover una cultura democrática. Cada vez hay mayor conciencia en las comunidades y dirigentes que conocen las leyes. Ellos tienen mucha responsabilidad en orientar a las comunidades, incentivando a que la gente participe de las decisiones y evitando que los acuerdos se asuman sin la discusión necesaria, como ocurre normalmente. (Moisés Guarachi, Secretario Ejecutivo de la FESPAI, Ixiamas, 30/07/2003.) La conciencia ciudadana en la región se ha ido incrementando porque

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de una adecuada normatividad de uso y aprovechamiento de recursos naturales (reglamentos y procedimientos específcos) y de comunicación entre las instituciones públicas (ministerios, preecturas y municipios) y las organizaciones de la sociedad civil, fguraron entre los principales problemas que contribuyeron al surgimiento y desarrollo de conictos. En general, las direcciones de las áreas protegidas no cuentan con un adecuado conocimiento de la realidad institucional, socioeconómica y cultural de las regiones en las que se encuentran, y no se ha considerado importante conservar una historia institucional que contribuya a entender los procesos de relacionamiento del área con la población y el origen de los conictos. Sin embargo, en el desarrollo de los conictos en el sistema se generaron algunas experiencias valiosas que han contribuido a una mejor comprensión de la problemática social y de la complejidad y dinámica de las relaciones entre actores sociales, generando capacidades para encarar las demandas y los cambios sociales. Las estrategias de manejo de conictos se orientaron a la promoción del diálogo y la concertación, al planteamiento de propuestas normativas y de alternativas de uso


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ciliación de límites y superfcies con los colonizadores y otros propietarios, posibilitando al CIPTA y a las comunidades ir consolidando sus derechos territoriales, a la vez que benefciaba a otros sectores sociales con el reconocimiento de sus derechos propietarios y el acceso a los l os recursos naturales. Si bien inicialmente, los esuerzos del CIPTA CIPTA se centraron en la consolidación legal de la TCO Tacana, en el proceso de zonifcación, planifcación del desarrollo y promoción de proyectos de manejo de recursos naturales por comunidades y agrupaciones productivas tacanas se ue construyendo una visión propia de conservación y gestión territorial. El CIPTA llevó adelante una política de acceso y uso de los recursos naturales, que establece como directriz el concepto de sostenibilidad y equidad intergeneracional y entre comunidades, y defne como instrumentos de aplicación un marco de normas y criterios de sostenibilidad y la microzonifcaci microzonifcación ón en cada comunidad. Aunque se ha avanzado en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos naturales, se requiere ortalecer la capacidad de las comunidades en el cumplimiento de las normas y en la administración de conictos

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diálogo y la concertación para el análisis y solución de los problemas comunes y los l os conictos sociales. Lo que permitirá avanzar en la construcción de las relaciones democráticas entre actores sociales es el reconocimiento de su pertenencia a un mismo espacio vital, donde se comparten problemas comunes y se acuerdan las decisiones en el marco del diálogo y la comunicación. Las reexiones de algunos dirigentes indígenas (entrevistados en el norte de La Paz) apuntaban a la necesidad de promover espacios de diálogo para que los distintos actores sociales pudieran sentarse en una misma mesa a analizar y consensuar posiciones sobre los temas ambientales que aectan al conjunto de la sociedad, a pesar de las difcultades que pudieran presentarse por las dierencias de visiones culturales, lingüísticas y de intereses particulares. La confanza, el respeto a los valores y opinión del otro y la buena e para tratar los temas son los principios que garantizarán el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos. La inormación y la educación se constituyen en herramientas undamentales




Bibliograía consultada Aisenson, Aída Resolución de conictos: un enoque psicosociológico . Sección de 1994 Obras de Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis. México: Fondo de Cultura Económica. Brockmann C. E. (editor) Perfl Ambiental de Bolivia. La Paz: Agencia de los Estados Unidos 1986 para el Desarrollo Internacional e Instituto Internacional para el Desarrollo y Medio Ambiente. Beck, Stephan G., Emilia García E.; Fred Freddy dy Zenteno Diagnóstico de ora y vegetación del Parque Nacional Área Na“ Diagnóstico



CERES 2000

BIBLIOGRAFÍA

Los conictos siocioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Carrasco. Cochabamba: CERES.

Chiovoloni, Moreno 1996 “Caracterización y evaluación de las estrategias de manejo de recursos naturales del pueblo tacana. Manejo de Recursos Naturales en Áreas Indígenas”. Pro Proyecto yecto Piloto para el Desarrollo Sostenible del Pueblo Tacana de la provincia Iturralde del Departamento de La Paz (Bolivia) (proyecto RLA/92/G33). La Paz: PNUD-SAE. (documento inédito). CIDDEBENI 1994 “Estudio socioeconómico del Territorio Indígena Reserva de la Biosera Pilón Lajas”. Trinidad: Veterinarios Sin Frontera. Docu-




Hissink, K. y A. Hahn. 2000 Los Tacana Tacana II. Datos sobre la historia de su civilización. La Paz: APCOB. Ibisch P.L.y G. Mérida (ed.) 2003 Biodiversidad: la riqueza de Bolivia. Santa Cruz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y FAN. Instituto Nacional de Estadística -INE 2005 Atlas estadístico de municipios de Bolivia. La Paz: INE y PNUD. 2002a

Censo Nacional de Población y Vivienda. Distribución de la población por municipios . La Paz: INE.

2002b

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Beni: Resultados de-



Lehm, Z. 1993

BIBLIOGRAFÍA

“El bosque de Chimán: un escenario de conictos sociales (19861993).” Trinidad. Documento inédito.

Mancilla, R. “Programa Nacional de Uso Sostenible de los Bosques e Incremento a las Exportaciones”. Inorme consultoría sobre recursos orestales. Santa Cruz: PAFB/FAO. PAFB/FAO. Documento inédito. Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios. “Inorme de necesidades espaciales para la demanda de TCO del 2001 Pueblo Leco de Apolo”. 2001. La Paz. Documento inédito. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifcación y Viceministerio de Planifcación y Ordenamiento territorial.




Preectura del Departamento de La Paz 2000 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social . La Paz: Preectura del Departamento de La Paz. Quiroga, María Soledad y Elvira Salinas 2000 “Diagnóstico de las actividades de educación ambiental y capacitación”. La Paz: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), GRAMA, SERNAP. Documento inédito 1996

Minerales y madera. Temas para el debate ambiental . La Paz: GRAMA-Fundación GRAMA-Fundaci ón Heinrich Boll.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 1995 Mapa Forestal de Bolivia. Memoria Explicativa. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible.



BIBLIOGRAFÍA

2002

Memoria 1998-2002. Áreas protegidas de Bolivia. Conservando la biodiversidad La Paz: SERNAP, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifcación.

SERNAP y Programa BIAP “Estrategia “Estrat egia de gestión de tierras”. tier ras”. Tomos Tomos I y II. La Paz: KFW. KFW. Do2006 cumento inédito. SERNAP y VSF

1997

“Descripción de la Reserva y su área de inuencia. Plan de Mane jo RBTCO Pilón Lajas.” Documento inédito.

SERNAP, WCS y CARE “Plan de Manejo PNANMI Madidi”. SERNAP, CARE Y WCS. 2004 Documento inédito.




con Ixiamas”, en el Parque Nacional Madidi, La Paz: SERNAP, WCS y Herbario Nacional de Bolivia. Documento inédito. WCS-Bolivia 2002

2002

“Inorme técnico sobre la situación actual de las concesiones orestales y las ASL ubicadas dentro de la TCO Tacana”, La Paz: WCS-Bolivia. Documento inédito.

Prioridades y acciones para la conservación a nivel paisaje . La Paz: WCS y USAID. Wentzel, Sondra 1991 1991 “Los Tacana” (Contribución para la segunda edición de En busca de la Loma Santa). Alemania Federal: Mettmann. Documento inédito.

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ANEXOS

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CONFLICTOS AMBIENTALES AMBIENTALES REGISTRADOS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) ACTORES SOCIALES IMPLICADOS

ENTIDADES ESTAT ESTATALES ALES INVOLUCRADAS

IMPACTOS SOBRE LA GESTIÓN DEL ÁREA

ESTRATEGIAS DE MANE JO DE CONFLICTOS

ESTADO ACTUAL

s /d

s/ d

s/d

Pérdida de valores naturales por el corte de madera en manchones de mara.

Control de la extracción de madera en el área, apoyo de actores sociales para el ordenamiento de la extracción ilegal de madera.

Procesos administrativos (sanciones con decomisos de madera), diusión de inormación, alianzas con actores sociales.

Solucionado

SERNAP, INRA, MDSMA, municipios de Apolo, Ixiamas, San Buenaventura y Rurrenabaque y subpreecturas de Abel Iturralde y Franz Tamayo.

Repercusiones en la gestión del área y en la del SNAP SNAP,, ya que Eco Bolivia interpuso un recurso inconstitucional al Reglamento General de Áreas Protegidas.

Agendas de trabajo conjunto con el área, compromiso de actores locales con su gestión, mayor capacidad de acción política, resoluciones de apoyo del Comité de Gestión.

Procesos administrativos y judiciales, organización de comités interinstitucionales (WCS-CI, CARE), diusión de inormación sobre el área.

Solucionado

Centra Cent rall Indí Indíge gena na de de Pueb Pueblo loss Leco Lecoss de Apolo (CIPLA), Federación de Campesinos de Franz Tamayo, CIDOB.

Dirección Madidi, INRA, municipio de Apolo y Subpreectura Franz Tamayo.

Divisiones internas en organizaciones sociales, surgimiento de nuevos confictos, oposición de sectores a la gestión del área.

Acceso a inormación sobre el saneamiento de tierras y la gestión del área, reconocimiento de derechos indígenas.

Reuniones de trabajo entre las partes en conficto, talleres de concertación y establecimiento de acuerdos.

Latente

CPILAB, CIPTA, agrupaciones orestales: APIAT y AGROFOR, El Roble y Cachichira, Comité Cívico de San Buenaventura.

INRA, Viceministerios de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Municipio de San Buenaventura.

Tensiones y desconanza entre actores locales, surgimiento de nuevos confictos, reducción del área de titulación de la TCO en 7.900 ha.

Predisposición al diálogo y conEvaluación técnica y certación, capacidad de CIPTA jurídica, conormación de para la prevención y manejo de agrupacio-nes orestales de conficto, acceso a la inormación, la TCO Tacana, alianzas planteamiento de propuestas. estratégicas con el Programa BOLFOR, zonicación de la TCO.

Solucionado

Límite este de 2000Madidi, Ixiamas y 2001 San Buenaventura.

18 colonias, FESPAI, CIPTA, comités cívicos de San Buenaventura e Ixiamas, agrupaciones El Roble y Cachichira.

Dirección de Madidi, INRA, MACPIO, Preectura de La Paz, municipios de San Buenaventura e Ixiamas.

Tensiones y desconanza, conficto entre entidades del Estado (Preectura, INRA, MACPIO, Municipio San Buenaventura).

Mayor capacidad de acción Analisis espacial (uso del política de CIPTA, ortalecimien- SIG) y conciliación de to de su organización social, orta- linderos entre comunidades lecimiento de las relaciones entre tacanas y colonos, procesos CIPTA y FESPAI, planteamiento judiciales, establecimiento de propuestas. de alianzas estratégicas: WCS.

Solucionado

Límite este de Madidi, San Buenaventura.

CIPTA, Comunidad tacana de Caijene, Comité Cívico de San Buenaventura.

INRA, Municipio de San Buenaventura.

Tensiones y desconanza, separación de Caigene de la TCO Tacana, reducción del área de titulación, surgimiento de nuevos confictos.

Mayor capacidad de acción política de CIPTA, acceso a la inormación, Asesoramiento de CIPTA en la delimitación del área urbana de San Buenaventura.

Solucionado

ÁREA ÁR EA PRO PROTEGI TEGIDA DA

TEMA TEM A DE CONF CONFLIC LICTO TO

LOCALIZACIÓN

FECHA

RNVS Amazónica Manuripi

s/d

s/ d

s/d

s /d

s/d

s/d

PNAN PN ANMI MI Mad Madid idii

Extr Ex trac acci ción ón ile ilega gall de mad mader eraa por grupos de cuartoneros en las riberas del río Tuichi. Se decomisaron 3.600 troncas de madera (1.8000.000 p2).

Río Tuichi, San Buenaventura y Apolo.

19971998

Comunidades de Azariamas y San José de Uchupiamonas, grupos de cuartoneros.

SERNAP (ocina central), Dirección Madidi, Municipio de San Buenaventura y Fuerzas Armadas.

PNAN PN ANMI MI Madi Madidi di

Acti Ac tivi vida dadd turís turísti tica ca ileg ilegal al de la Fundación Eco Bolivia, sin licencia ambiental y título de propiedad de la tierra, en un área demanda por la TCO Tacana.

Caquiahuara, zona sureste del área, San Buenaventura.

19972002

Eco Bolivia, comunidades tacanas, Central Indígena Tacana (CIPTA), CICOTI, Federación Abel Iturralde (FESPAI), Comité Cívico San Buenaventura.

P NA NA NM NM I M ad ad id id i

D em em an an da da de de la la TC TC O Lecos Apolo, que generó la división de la Federación Franz Tamayo y su oposición al saneamiento de la TCO.

Comunidades de la zona sur del área, Apolo.

1998 19 98

P NA NA NM NM I M ad ad id id i

C on on fi fi ct ct os os en en l a T CO CO Tacana I por la denición de áreas de aprovechamiento orestal municipal para agrupaciones sociales del lugar en San Buenaventura.

Límite este de Madidi, San Buenaventura.

19982002

PNAN PN ANMI MI Ma Madi didi di

Conf Co nfic icto toss por por la tene tenenc ncia ia de la tierra en la zona de colonización durante el saneamiento, dando lugar a una uerte oposición de los colonos a la titulación de la TCO Tacana.


Conf Co nfic icto toss por por la amp ampli liac ació iónn del radio urbano en San Buenaventura, dando lugar a divisiones internas en CIPTA y a la oposición de otros sectores a la titulación de la TCO Tacana.

20002001

OPORTUNIDADES GENERADAS

Análisis espacial (uso SIG), reuniones de trabajo, acuerdos con San Buenaventura, alianzas con WCS y Dirección Madidi.

ACTORES SOCIALES IMPLICADOS




ESTADO ACTUAL

Mayor capacidad de acción política de CIPTA, logrando alianzas con FESPAI, WCS, y el apoyo del Deensor del Pueblo.

Procesos judiciales (impugnaciones a la TCO), reuniones de trabajo.

Desvanecido

Oposición de sectores sociales a la gestión del área, tensiones y desconanza entre organizaciones sociales, surgimiento de nuevos confictos.

Fortalecimiento de las relaciones entre CIPTA y San José de Uchupiamonas, predisposición al diálogo y concertación, mediación del Comité de Gestión.

Procesos judiciales, evaluaciones jurídicas, reuniones de trabajo entre las partes en conficto y promoción al diálogo y concertación.

Solucionado

Comité Comi téss cívi cívico coss de Apo Apolo lo,, Ixia Ixiama mass SERNAP (ocina central), MDSM, y San Buenaventura, Federación de Preectura de La Paz, municipios de Campesinos de Apolo y Cámara de Apolo e Ixiamas y Mancomunidad TurismoRegional. de Municipios del norte de La Paz.

Pérdida de valores naturales, confictos entre entidades del Estado, repercusiones en la gestión del área (divergen-cias en Comité de Gestión y no aprobación del Plan de Manejo).

Agendas de trabajo conjunto con el área, propuestas técnicas alternativas de vinculación caminera, acceso a la inormación por parte de actores locales.

Estudios técnicos, reuniones Activo de trabajo entre las partes creciendo en conficto, generación y diusión inormaciión, organización de comités interinstitucionales (WCS, CI), apoyo de estudiantes de UMSA.

2 00 00 3

C om om itit é C ív ív icic o y Cá Cá ma ma ra ra de de Turismo de San Buenaventura y Asoc. pescadores multiétnicos, CIPTA, San José y CIDOB.

SERNAP, Dirección Madidi, SERNAP, INRA, MDSMA, Preectura de La Paz, Municipio de San Buenaventura y Deensoría del Pueblo.

Conrontación del área con actores regionales y locales, locales, tensiones y desconanza entre actores locales, surgimiento de nuevos confictos.

Compromiso de actores sociales con la gestión del área y las TCO, reconocimiento de derechos indígenas. Mediación del área y del Comité de Gestión.

Administración de justicia, reuniones de trabajo entre las partes en conficto, alianzas estratégicas con ONG (WCS, CARE), diusión de inormación.

Desvanecido

Zona central de Madidi, Municipio de Apolo.

2005 20 05

Comuni Comu nida dade dess camp campes esin inas as (Si (Sipi pia, a, Nogal, Raviana, Asariamas) y Federación Franz Tamayo.

Dirección del Parque Madidi, Ministerio de Gobierno y Preectura de La Paz.

Pérdida de valores naturales por el Agendas de trabajo conjunto con corte de madera, tensiones y desconel área, planteamiento de alternaanza, repercusiones en la gestión del tivas de uso orestal, mediación área, surgimiento de nuevos confictos. del Comité de Gestión de Apolo para el diálogo.

Procesos administrativos y judiciales, planteamiento de propuestas técnicas para el manejo orestal con nes domésticos.

Latente

Alia Al ianz nzaa entr entree auto autori rida dade dess locales y comités cívicos en contra de Madidi y de las TCO vinculadas, para la extracción de recursos naturales.

San Buenaventura e Ixiamas.

2005 20 05

Comité Comi téss cív cívic icos os de Sa Sann Bue Bue-naventura e Ixiamas, empresas madereras, CIPTA

Preectura de La Paz, municipios, Ministerio de Gobierno.

Périda de valores naturales por corte de madera, tensiones y desconanza, confictos entre el área y municipios.

Mayor capacidad de manejo de Procesos administrativos y confictos, aunque ésta se debilitó judiciales. con los cambios de autoridades en el SERNAP.

Desvanecido

ANMI AN MI Apol Apolobamba o bamba

Confict Conf ictoo en torn tornoo al mane manejo de la vicuña, en dierentes momentos de la gestión del área, por alta de una adecuada normatividad y de alternativas económicas.

Municipios de Pelechuco, Charazani y Curva.

19951998

Comunidades Ulla Ulla, Ucha Ucha, Huacuchani, Hichocollo, Antaquilla.

SERNAP, Dirección Apolobamba y SERNAP, Dirección General de Biodiversidad.

Oposición de sectores a la gestión del área, modicación de la catergoría de manejo.

Agendas de trabajo conjunto con el área, identicación y complementación de vacíos jurídicos, planteamiento de propuestas, resoluciones de apoyo del Comité de Gestión.

Talleres inormativos, reTalleres uniones de trabajo entre las partes en conficto, diusión de inormación, plan de manejo de la vicuña, propuesta normativa para la venta de bra.

Solucionado

ANMI AN MI Apol Apolobamba o bamba

Extrac Ext racció ciónn ilega ilegall de madera por comunidades de Apolobamba, dando lugar a conrontaciones con el área.

Sotopata y 2000Paujeyuyo, Chara- 2002 zani.

Comunidades de Sotopata y Paujeyuyo.

Dirección de Apolobamba, Municipio de Charazani y Subrpeectura de La Paz.

Oposición de comunidades a la gestión del área, repercusiones en la gestión del área, debilitamiento del Comité de Gestión al no intervenir por conficto de intereses.

Acceso a la inormación por parte de actores locales, acuerdos con las comunidades, coordinación interinstitucional de apoyo al área.

Promoción al diálogo, talleres inormativos, reuniones de trabajo entre las partes en conficto.

Solucionado

ÁREA ÁR EA PROTE PROTEGID GIDA A


LOCALIZACIÓN

FECHA


Impu Im pugn gnac ació iónn a la la dota dotaci ción ón de la TCO Tacana por el municipio de Ixiamas, arguyendo el crecimiento urbano y promoviendo divisiones internas en CIPTA.

Límite este de Madidi, Ixiamas.

20012003

CIPTA, Consejo Indígena de las Comunidades Tacanas de Ixiamas (CICOTI), Comunidad de Tahua, Comité Cívico de Ixiamas.

INRA, Municipio de Ixiamas, Subpreectura de Abel Iturralde, Deensor del Pueblo.

Tensiones y desconanza, división en CIPTA, conronta-ción con Ixiamas, surgimiento de nuevos confictos.


Dema De mand ndaa de de la TC TCO O San San José de Uchupiamonas en un área superpuesta con la zona histórico-cultural de la TCO Tacana y de interés turístico.

Zona sureste del área quiahuara)San Buenaventura.

20012003

Comunidad San José de Uchupiamonas, CIPTA, CIPLA, Federación Campesinos Franz Tamayo y Comité Cívico de Apolo.

Dirección Madidi, INRA, Subpreectura Franz Tamayo, municipios de Apolo y San Buenaventura.


Const Co nstru rucc cció iónn de de cam camin inos os Apolo y San (Pelechuco-Apolo, AzariaBuenaventura. mas-Ixiamas, Ixiamas-Puerto Heath) dentro del área de Madidi y de Apolobamba, sin contar con licencia ambiental ni aprobación técnica por parte del MDSM.

2003 20 03


Reac Re acci ción ón vio viole lent ntaa en Sa Sann Buenaventura (Comité Cívico, Cámara de Turismo) en contra de las TCOs Tacana y San José de Uchupiamonas.

Comunidades de la TCO Tacana. San Buenaventura.


Extr Ex trac acci ción ón ile ilega gall de mad mader eraa por comunidades campesinas, impidiendo el ingreso de guardaparques.






ESTADO ACTUAL

Federa Fede raci ción ón de pro produ duct ctor ores es de de hoja hoja de coca.

Dirección Dire cción de Cotapat Cotapata, a, FELCN. FELCN.

Repercusi Repe rcusiones ones en la gestión gestión del área (modicación de límites), surgimiento de nuevos confictos.

Establecimiento de acuerdos, mayor compromiso de los actores sociales con la gestión de Cotapata.

Diusión de inormación y reuniones para el establecimiento de acuerdos.

Desvanecido

2003 20 03

Comuni Comu nida dadd de de Pong Pongoo y ot otra rass est estaablecidas en el área, hacendados.

Direcc Dir ección ión de de Cotapa Cotapata, ta, INRA INRA..

Tensi ensione oness y descon desconanz anzaa entre entre actor actores es sociales, repercusiones en la gestión del área.

Coordinación interinstitucional, acceso a inormación por parte de la población local, mediación del Comité de Gestión.

Talleres inormativos y Talleres asesoramiento técnico y legal a las comunidades en temas agrarios, con apoyo del Comité de Gestión.

Latente

Huarinilla y Yavicucho, Municipio de Pacallo.

2003 20 03

Comuni Comu nida dade dess ca camp mpes esin inas as de Huarinilla y Yavicucho.

Direcc Dir ección ión de de Cotapa Cotapata, ta, INRA INRA..

Repercus Reper cusion iones es en la gestió gestiónn del área área (dicultad de avanzar en la planicación y manejo del área), tensiones y desconanza.

Promoción del diálogo, establecimiento de acuerdos.

Talleres inormativos y Talleres asesoramiento técnico y legal a las comunidades en temas agrarios.

Latente

Conron Con rontac tación ión ent entre re la comunidad de Siñari y la hacienda Sagrado Corazón por el derecho propietario de la tierra.

Siña Si ñari ri,, Cota Cotapa pata ta..

2003 20 03

Comuni Comu nida dadd de de Siñ Siñar ari, i, pr prop opie ieta tari rioo de la hacienda Sagrado Corazón.

Direcc Dir ección ión de Cota Cotapat pata, a, INRA INRA..

Reper Re percus cusion iones es en en la ges gestió tiónn del del área. área.

Promoció Promo ciónn al diá diálog logo, o, deni denició ciónn de derechos propietarios.

Procesos juduiciales, reuniones entre las partes en conficto.

Solucionado

RBTCO RBT CO Pilón Pilón Laja Lajass

Presió Pre siónn de colon coloniza izador dores es en la zona sur del área para establecer asentamientos. Las tensiones se agudizaron en 2002 durante el inicio del saneamiento.

Sillar, Palmar, Cascada, Quiquibey, 6 de Agosto (Palos Blancos, San Borja).

1 99 99 6

C on on se se jo R eg eg io io na na l Ch Ch im im án án Mosetén (CRTM), Federación de Colonizadores de Yucumo (FECY), Federación de Colonizadores del Alto Beni (FAECAB).

SERNAP (ocina central), Dirección área Pilón Lajas, INRA, MACPIO.

Impactos ambientales (corte de madera, caza, apertura de chacos), tensiones y desconanza entre indígenas y colonos, oposición de éstos a la gestión del área.

Fortalecimiento organizativo del CRTM y mayor capacidad de acción política, establecimiento de acuerdos entre colonos, indígenas y dirección del área.

Procesos administrativos, reuniones de trabajo y talleres inormativos.

Activo creciendo

RBTCO RBT CO Pilón Pilón Lajas Lajas

Extrac Ext racció ciónn ilegal ilegal de made madera ra por colonos en la zona Sur de la Reserva, proundizando las tensiones entre indígenas y colonos.

Sillar, Palmar, Cascada, Quiquibey, 6 de Agosto (Palos Blancos, San Borja).

1996 19 96

Fede Fe dera raci ción ón de de Colo Coloni nizad zador ores es de de Yucumo (FECY), Federación Colonizadores del Alto Beni (FAECAB), Consejo Regional Chimán Mosetén (CRTM).

SERNAP (ocina central) Dirección del área.

Pérdida de valores naturales (degradación de bosques), tensiones y desconanza, surgimiento de nuevos confictos.

Mayor capacidad de control a la extración de madera, promoción al diálogo y agendas de trabajo conjuntas, mediación del Comité de Gestión.

Administración de justicica, evaluaciones técnicas y legales, reuniones de trabajo.

Latente

RBTCO RBT CO Piló Pilónn Lajas Lajas

Confict Conf ictos os con con empr empresa esass madereras por la suspensión de sus actividades dentro de la Reserva, dando lugar a un largo proceso judicial.

San Borja, Palos Blancos.

19962001

Veterinarios Sin Frontera (Coadministradora), empresas madereras (Berna, El Pino, Bella Vista), FECAR, Comité Cívico de Rurrenabaque, CI.

SERNAP, Dirección de Pilón Lajas, SERNAP, MDSM, Superintendencia Forestal, Preectura de La Paz, Municipio de Rurrenabaque.

Pérdida de valores naturales del área (corte de árboles, impacto en la auna), confictos entre entidades del Estado (SERNAP y Superintendencia Forestal).

Apoyo de actores locales a la Reserva, renuncia de las empresas a sus áreas de corte, respaldo del Comité de Gestión (resoluciones, visitas inspección, espacios negociación).

Procesos administrativos y judiciales, reuniones de trabajo entre las partes en conficto, compensación económica a la empresa Berna.

Solucionado

RBTCO RBT CO Pilón ó n Lajas Lajas

Confict Conf ictoo entre entre Veter Veterina inario rioss Sin Frontera (entidad coadministradora de la Reserva) y los colonizadores que se oponían a su presencia en la zona.

San Borja, Palos Blancos.

19971999

Veterinarios Sin Frontera (coadministradora), Federaciones de colonizadores de Yucumo, Rurrenabaque y Alto Beni, Blancos, CRTM.

SERNAP (ocina central), Dirección de Pilón Lajas, Ministerio de Gobierno.

Modicación del convenio de coadministración entre el SERNAP y VSF,, oposición de sectores a la gestión VSF del área, debilitamiento del Comité de Gestión.

Fortalecimiento de proyectos productivos en las comunidades, mejor denición de roles de las entidades de apoyo a la gestión del área.

Reuniones de trabajo entre las partes en conficto para el establecimiento de acuerdos, conciliaciones.

Solucionado

RBTCO RBT CO Pilón Pilón Lajas

Activi Act ividad dades es turíst turística icass ilegales ilegales Zona de Charque, de la Fundación Eco Bolivia municipio de en la Reserva, sin contar con Apolo, La Paz. licencia ambiental y título de propiedad de la tierra.

19972002

Fundación Eco Bolivia, comunidades indígenas

SERNAP (ocina central), Dirección Pilón Lajas, INRA, Preectura La Paz y Alcaldía de Rurrenabaque.

Impa Im pact ctos os en la vi vida da si silv lves estr tre. e.

Mayorr cap Mayo capac acid idad ad de co cont ntro roll de las actividades ilegales dentro del área, resoluciones de apoyo del Comité de Gestión.

Procesos administrativos, evaluaciones jurídicas y técnicas, diusión de inormación a las comunidades.

Desvanecido



LOCALIZACIÓN

FECHA

PNANMI PNA NMI Cot Cotapa apata ta

Increm Inc rement entoo del del culti cultivo vo de de hoja de coca en sectores de valle del área de Cotapata, por comunarios de Chorobamba, Santa Rosa y Chinchita.

Valle del río Huarinilla, Coroico y Coripata

2003 20 03


Confict Conf ictos os con las com comuunidades en el proceso de saneamiento de tierras en el Parque Cotapata, acentuado por la alta de inormación de la población.

Zong Zo ngoo y Pa Paca call llo. o.


Confict Conf ictoo de lím límite itess entr entree comunidades, acrecentado por el saneamiento de tierras y la desconanza en el trabajo del INRA.







D irir ec ec cici ón ón P ilil ón ón L aj aj as as .

D iviv isis io io ne ne s i nt nt er er na na s y d eb eb ilil itit am am ieie nt nt o de la organización indígena, tensiones y desconanza, surgimiento de nuevos confictos.

Planteamiento de propuestas para el manejo orestal sostenible, agendas de trabajo conjuntas con las organizaciones chimanes.

Procesos administrativos (sanción con decomiso), reuniones de trabajo entre las partes en conficto.

Consejo Conse jo Re Regi giona onall Chi Chimá mánn Mos Mosté ténn (CRTM), comunidades indígenas, ederaciones de colonizadores de Yucumo y Alto Beni, Movimiento Sin Tierra (MST).

SERNAP (ocina central), Dirección Pilón Lajas, INRA.

Impactos ambientales (caza, apertura de chacos), tensiones y desconanza entre colonos e indígenas, lentitud en el proceso de saneamiento.

Reconocimiento de derechos, agendas de trabajo conjunto con el área, ortalecimiento del CRTM y mayor capacidad de acción política, acuerdos entre colonos e indígenas.

Evaluaciones técnicas y jurídicas, análisis espacial, procesos administrativos, conciliaciones, talleres inormativos, asesoramiento organizaciones.

Latente

20055 200

Comuni Com unidad dades es ind indíge ígenas nas chi chiman manes. es.

Dirección Direcc ión Pilón ó n Laj Lajas, as, Dir Direcc ección ión General de Biodiversidad.

Impactos en los bosques (corte de madera), surgimiento de nuevos confictos.

Establecimiento de acuerdos, planteamiento de propuestas para el manejo orestal en el Plan de Manejo (actualizado).

Proc Pr oces esos os ad admi mini nist stra rati tivo vos. s.

Laten Lat ente te

Yaa cu Y cu ma ma , B en en i

1 99 99 7

E stst an an cici as as g an an ad ad er er as as , c om om un un id id ad ad es es chimanes Remanso y Chaco Brasil, Gran Consejo chimán.

SERNAP (ocina central), Dirección EBB, INRA.

Pérdida de valores naturales por mal manejo de praderas, lentitud en el desalojo por parte del INRA, surgimiento de nuevos confictos.

Apoyo de las comunidades tsimanes a la Reserva, apoyo del Comité de Gestión a través de denuncias.

Evaluaciones técnicas y jurídicas, procesos administrativos.

Latente

San Ignacio y Villa Tunari, zona sur (área de coloniza-ción)

1997 19 97

Subcen Subc entr tral al del del TI TIPNI PNIS, S, Con Conse sejo jo Indígena del Sur (CONISUR).

SERNAP (ocina central), Dirección TIPNIS, preecturas de Cochabamba y del Beni.

Divisiones internas y debilitamiento de la organización indígena, tensiones y descon-anza, confictos entre preecturas, surgimiento de nuevos confictos.

Reuniones entre las partes en conficto: Subcentral TIPNIS y CONISUR, establecimiento de alianzas estratégicas entre comunidades indígenas.

Activo creciendo

PNTII Isibor PNT Isiboroo Sécure Sécure

Confictos Confict os intern internos os en la Asunta (cordillera Subcentral del TIPNIS por de Mosetenes), el remate de madera extraída Moxos. y comercializada ilegalmente (239 troncas) por comunarios del río Sécure.

1997 19 97

Subcen Subc entr tral al de dell TIP TIPNI NIS, S, Sec Secto torr indígena del río Sécure (Subcentral del Sécure).

SERNAP (ocina central), Dirección TIPNIS, Preectura del Beni.

Pérdida de valores naturales (extracción de mara), división interna en la organización indígena, tensiones y descon-anza, oposición a la gestión del área.

Estudios técnicos, procesos administrativos (sanciones con decomisos de madera), reuniones de trabajo, establecimiento de alianzas con EPARU (Vicariato del Beni) en apoyo al área.

Latente

PNTII Isibor PNT Isiboroo Sécure Sécure

Disputas Disput as intern internas as por por el intento de separación de la comunidad de Santa Rosa del TIPNIS y de creación de otro territorio indígena.

Santa Rosa, zona sur del TIPNIS.

1999 19 99

Comuni Comu nida dadd moj mojeñ eñaa de de Sant Santaa Ros Rosa, a, SERNAP (ocina central), Subcentral del TIPNIS. Dirección TIPNIS, preecturas de Cochabamba y del Beni.

Divisiones internas de la organización indígena, repercusiones en la gestión del área (demanda de modicación de límites).

Análisis espacial, reuniones Activo entre las partes en conficto, creciendo talleres inormativos.

PNTII Isiboro PNT Isiboro Sécur Sécuree

Presiónn por la constru Presió construcci cción ón de un camino carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría el área y aectaría la zona núcleo (colonización, extracción de madera, caza).

Municipios de Moxos y Villa Tunari.

Subcentral del TIPNIS, CONISUR, empresarios madereros del Beni, Federación de Ganaderos del Beni.

SERNAP (ocina central), Dirección TIPNIS, preecturas y comités cívicos de Cochabamba y del Beni, Servicio de Caminos.

Confictos entre entidades del Estado (SERNAP,, preecturas, servicio de (SERNAP caminos), oposición a la gestión del área, surgimiento de nuevos confictos.

Reuniones de trabajo, diusión de inormación.

PN Ca Carrasco

C on on fi fictos de de lílímites en en el el Parque Nacional Carrasco, intesicados por el establecimiento de la línea roja al norte del área.

Perímetro del área del Parque.

Subcen Subc entr tral ales es y comu comuni nida da-d -des es de de colonizadores (zona norte) y de campesinos (zona sur).

SERNAP (ocina central), Dirección Carrasco, INRA, mancomunidad de municipios.

Oposición de sectores sociales a la gestión del área, tensiones y desconanza, surgimiento de nuevos confictos.



LOCALIZACIÓN

FECHA


Extrac Ext racció ciónn ilegal ilegal de made madera ra por comunarios chimanes de Alto Colorado para su comercialización.

Alto Colorado, municipio de Rurrenabaque, Beni.

19982002

Comunidad Alto Colorado, CRTM, Consejo Tsimane.

RBTCO RBT CO Pilón Pilón Laja Lajass

Increm Inc rement entoo de tensi tensione oness con Zonas carretera y los colonos (especialmente sur de la Reserva. de la zona sur) durante el saneamiento de Pilón Lajas. Se incre-menta en 2004 con el ingreso de personas del MST.

2002 20 02


Extrac Ext racció ciónn ilegal ilegal de made madera ra por comunarios chimanes para su comercialización.

Rurrenabaque, Beni

RB EBB

Saneamiento de estancias ganaderas dentro del área, lo que generó confictos con sus dueños al desalojarlos el INRA.

PNTI Isibo Isiboro ro Sécur Sécuree

Conficto organi Conficto organizativo zativo entre la Subcentral del TIPNIS y el Consejo Indígena del Sur, relacionado con los problemas de límites entre el Beni y Cochabamba.

1991 19 91


Fortalecimiento del rol político de la Subcentral del TIPNIS.

Acceso a la inormación, ortalecimiento espacios de diálogo.


ESTADO ACTUAL

Activo creciendo

Talleres inormativos, reTalleres Activo uniones de trabajo, creación creciendo de comisiones.

ÁREA ÁR EA PROTE PROTEGID GIDA A PN Ca Carrasco

TEMA TEM A DE CONF CONFLIC LICTO TO C on on fi fictos pe permanentes con sindicatos campesinos por nuevas tierras dentro del Parque (en zonas de Yungas), para la extracción de recursos y la plantación de coca.

LOCALIZACIÓN

FECHA

Pojo, Totora, Pocona, Tiraque, Colomi, Villa Tunari, Puerto Villaroel, Chimoré.

2000 20 00

ACTORES SOCIALES IMPLICADOS Federa Fede raci cione oness y co comu munid nidad ades es campesinas de la zona sur y de colonizadores de la zona norte.

s/d

ENTIDADES ESTAT ESTATALES ALES INVOLUCRADAS SERNAP (ocina central), Dirección Carrasco, INRA, Mancomunidad de Municipios, Policía Nacional, FFAA.

IMPACTOS SOBRE LA GESTIÓN DEL ÁREA Impactos ambientales (des-monte, caza, pesca con dinamita), tensiones y des-conanza, repercusiones en la gestión del área, surgimien-to de nuevos confictos, conrontación armada con pérdida de vidas humanas.

OPORTUNIDADES GENERADAS Inicio del saneamiento tierras, planteamiento de propuestas de delimitación, comunicación y creación de mecanismos de participación social (comité insterinstitucional, asamblea y directorio del Parque).


ESTADO ACTUAL

Evaluaciones jurídicas, Activo procesos administrativos, creciendo diusión de inormación, reuniones con municipios y sindicatos.

PN Tunari

s /d

s/d

s/d

s /d

s /d

s/ d

PNANMI PNA NMI Amb Amboró oró

Establecim Estable cimien iento to de ase asenta nta-mientos ilegales de colonizadores en la zona sur de Amboró, incrementados en 2003, algunos relacionados con cultivos de coca.

Mairana, Comarapa y Pampa Grande.

1984 19 84

40 com comun unid idad ades es del del límit í mitee sur sur del del área, ederaciones de colonizadores, comités cívicos, ONG (PROBIOMA, CEJIS, ALAS, ASEO, FAN).

Dirección de Amboró, INRA, municipios Comarapa, Mairana, Pampa Grande, Preectura de Santa Cruz.

Pérdida de valores naturales del área, tensiones y desconanza (posiciones divergentes entre ONG), surgimiento de nuevos confictos.

Mayor capacidad del área en el manejo de confictos (desalojo del área, coordinación del área con los municipios), avances en el saneamiento de tierras.

Realización de estudios sobre el impacto de asentamientos humanos, diusión de inormación, establecimiento de alianzas estratégicas.

Activo creciendo

PNANMI PNA NMI Amb Amboró oró

Confictos Confict os por la ext extrac racció ciónn ilegal de madera en dierentes sectores del área, dando lugar a decomisos de troncas de árboles cortados.

Zonas ubicadas al norte y al sur del área

2004 20 04

Subcen Subc entr tral ales es y co comu muni nida dade dess del del área.

Dirección de Amboró, Superintendencia Forestal, Preectura de Santa Cruz, municipios de Mairana, Comarapa, Pampa Grande y Samaipata.

Pérdida de valores naturales (extracción de mara, tajibo, pino negro), oposición de sectores sociales a la gestión del área, surgimiento de nuevos confictos.

Identicación de vacíos normativos en aprovechamiento orestal en áreas protegidas, coordinación entre Amboró y los municipios, planteamiento propuestas, apoyo del Comité de Gestión.

Procesos administrativos, evaluaciones jurídicas y técnicas, diusión de inormación, elaboración plan de manejo orestal.

Activo creciendo

PNAN PN ANMI MI Am Ambo boró ró

Confict Confi ctos os en en torn tornoo al turismo en Amboró, especialmente en la zona norte, por la alta de ordenamiento de las actividades de las comunidades y operadoras de turismo.

Comunidades ubicadas al norte y sur del área.

1998 19 98

Comuni Comu nida dade dess de de Mat Matar arac acú, ú, Ca Carrbones, Villa Amboró, Volcanes y La Yunga, Cámara Hotelera, ONG (PROBIOMA, FAN, COBIMI).

Dirección de Amboró, Preectura de Santa Cruz, municipios de Buenavista, Samaipata, San Carlos.

Oposición de sectores a la gestión del área, surgimiento de nuevos confictos.

Identicación y complementación de vacíos jurídicos, planteamiento de propuestas, agendas de trabajo conjuntas con el área (ordenanzas municipales a avor de las comunidades).

Planteamiento de propuestas (Plan de Uso Turístico, pro-puesta de SISCO), organización de reuniones, conormación de comisión de turismo en Comité de Gestión.

Activo creciendo

PN Noel Kemp Mercado

Demanda de la TCO Bajo Paraguá y confictos con concesiones orestales por superposición territorial en la zona de amortiguación.

Límite este del Parque (San Ignacio de Velasco)

1998 19 98

Centra Cent rall Indí Indíge gena na del del Baj Bajoo Para Paragu guáá (CIBAPA), concesiones orestales Tarumá y Paraguá, FAN (coadministradora).

Dirección de Noel Kemp Mercado, INRA, Superintendencia Forestal, municipio de San Ignacio de Velasco.

Reprecusiones en la gestión del área, surgimiento de nuevos confictos, amenaza de nuevos asentamientos en el área.

Mayor capacidad de acción política de la organización CIBAPA, Apoyo del Comité de Gestión a la demanda de la TCO Bajo Paraguá.

Reuniones entre las partes Activo en conficto, conormación creciendo de comisión de seguimiento a la demanda de TCO en Comité de Gestión.

ANM A NMII San San Mat Matía íass

Confict Confi ctos os en en torn tornoo a la denición de áreas de aprovechamiento orestal municipal para el otorgamiento de concesiones a ASL dentro de San Matías.

Zona norte de San Matías, cantón Las Petas.

2001 20 01

Comuni Comu nida dade dess Ca Cand ndel elar aria ia,, NaNatividad y Villazón, Agrupaciones Sociales del Lugar: Asención, Petas, San Vicente y San Matías.

Dirección de San Matías, Superintendencia Forestal, Viceministerio de Recursos Naturales, Municipio de San Matías.

Oposición de sectores económicos a la gestión del área, surgimiento de nuevos confictos.

Capacidad de prevención y mane jo de confictos, planteamiento de propuestas (manejo orestal sostenible).

Reuniones de trabajo, conormación de una comisión de trabajo interinstitucional, análisis espacial.

Latente

ANMI AN MI San Mat Matías ías

Extrac Ext racció ciónn ileg ilegal al de mad madera era por propietario de una estancia, dando lugar a confictos entre sectores sociales que lo apoyaban en contra de la dirección del área.

Zona de Curaves, al este del área. Cantón Santo Corazón.

2002 20 02

Comité Comi téss cív cívic icos os El Ca Carm rmen en y Rincón del Tigre, Federación de Campesinos, comunidad de Santo Corazón, Estancia Santa Isabel.

SERNAP (ocina central) Dirección de San Matías, Municipio Carmen Rivero Torres.

Impactos ambientales (corte de madera), oposición de sectores a la gestión del área, repercusiones en la gestión del área (solicitud de modicación de límites).

Alianza estratégica con la comunidad de Santo Corazón, Elaboración de Plan de Ordenamiento Predial (POP) por la estancia en conficto.

Procesos administrativos (sanciones con decomiso de madera), acuerdos internos con varias estancias.

Latente






ESTADO ACTUAL

Agendas de trabajo conjunto, mayor capacidad de manejo de confictos del área, identicación de vacíos normativos, planteamiento de alternativas de manejo de recursos.

Inormación y capacitación a través de cursos y talleres, planteamiento de propuestas (plan pesquero, censos de lagarto).

En proceso de solución

Compromiso con la deensa de los intereses colectivos.

Inormación y promoción al diálogo, alianzas estratégicas con WWF.

Latente



LOCALIZACIÓN

FECHA

PNAN PN ANMI MI Otu Otuqu quis is

Confi Co nfict ctos os en en torn tornoo a la la actividad pesquera (pintao, surubí, pacú) y caza de lagartos, con nes comerciales, por cooperativas y comunarios.

Lagunas en el Gran Pantanal, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

19972002

Cooperativas de pescadores de Puerto Suárez, pescadores de la comunidad de Arroyo Concepción.

Dirección de Otuquis, Municipio Puerto Suárez.

Pérdida de valores naturales por pesca y caza indebidas, conrontación con actores locales.

PNANMI PNA NMI Otu Otuqui quiss

Oposic Opo sición ión de act actore oress loca locales les a la creación del Parque Otuquis por posibles restricciones a grandes obras de inraestructura y desarrollo en Puerto Busch.

Punta Man Cesped, Zona Gran Pantanal, Puerto Suárez.

2002 20 02

Organi Orga niza zaci cion ones es empr empres esar aria iale les: s: CADEX, CAINCO y Red de Ferrocarril Oriental, ONG: WWF WWF..

SERNAP (ocina central), Dirección de Otuquis, Municipio Puerto Suárez.

Conrontación con actores regionales, confictos entre el SERNAP y el municipio, repercusiones en la gestión del área (modicación límites), surgimiento nuevos confictos.

PNAN PN ANMI MI Otu Otuqu quis is

Confi Co nfict ctos os por por la tene tenenc ncia ia de la tierra y la demanda de TCO (Otuquis y Yambiguasú).

Zona Gran Pantanal, Puerto Suárez.

2002 20 02

Estancia Estanc iass ga ganad nader eras as,, Cent Centra rall Indígena Chiquitana, Central de Campesinos.

Direcc Dir ección ión de Otuq Otuquis uis,, INR INRA. A.

Tensi ensione oness y desc descona onanza nza ent entre re acto actores res Agendas de trabajo conjunto con Estudios técnicos y sociales, repercusiones en la gestión el área, mayor capacidad de acción jurídicos. del área (modicación límites). política del área.

PNAN PN ANMI MI Kaa Kaa Iya Iya

Cacer Cac ería ía ur urti tiva va por por caz cazad ador ores es Límite oeste de haciendas que ingresan (TCO Izozog), al área a través de la TCO Charagua, Pailón. Isoso y de brechas antiguas.

1995 19 95

CABI (coa CABI (coadm dmin insi sitr trad ador ora) a),, Hacie Hacienndas ganaderas y agroindustriales.

Dirección de Kaa Iya, Preectura de Santa Cruz, municipios de Charagua y Pailón.

Pérdida de valores naturales por caza ilegal de animales (jaguar, anta, chancho de monte).

Identicación de vacíos jurídicos, mayor control y vigilancia del área, concientización a la población local.

Inormación a las comunidades, coordinación interinstitucional con la Preectura.

Latente


Const Co nstru rucc cció iónn del del gaso gasodu duct ctoo a Brasil (555 km) que atraviesa el área, que dio lugar a divergencias en las negociaciones entre los municipios y la CABI.

Sector norte del área, Charagua.

1997 19 97

CABI (coa CABI (coadm dmin insi sitr trad ador ora) a),, empr empreesas PETROBRAS y Gas Transboliviano, ONG (WCS, PROBIOMA, FOBOMADE).

Dirección de Kaa Iya, Ministerio de Hidrocarburos, municipios de Charagua, San José de Chiquitos y Puerto Quijarro.

Tensiones y desconanza entre actores locales y regionales.

Mayor capacidad de acción política de CABI, planteamiento de alternativas para el control de impactos socioambientales.

Estudio de Impacto Ambiental, análisis espacial, planteamientos técnicos para el monitoreo y restauración ambiental, establecimiento ondo duciario.

Solucionado


Sane Sa neam amie ient ntoo y tit titul ulac ació iónn de tierras indígenas y de haciendas, lo que dio lugar a impugnaciones de la demanda de TCO Isoso y a reclamos de hacendados y FFAA.

Límite noroeste, Charagua, Pailón.

19952003

CABI (coadminsitradora), comunidades indígenas, empresas agropecuarias y asociación de ganaderos.

Dirección de Kaa Iya, INRA, Preectura de Santa Cruz, municipios de Charagua y Pailón, FFAA.

Conrontación con sectores empresariales y FFAA, pérdida de valores naturales con el avance de la rontera agrícola.

Fortalecimiento de las relaciones entre actores sociales (CABI y comunidades indígenas), mayor capacidad de manejo de confictos.

Análisis espacial (utilización SIG) para la resolución de confictos, reuniones y diusión inormación.

Solucionado

R NF NF F Ta riri qu qu íaía

A va va nc nc e d e l a  ro ro nt nt er er a a gr gr oopecuaria por campesinos que ingresan anualmente 2.000 cabezas de ganado vacuno en el área provenientes del valle central.

Cantones Tariquía,Tipas, Salinas y Chiquiacá.

1989 19 89

Sindic Sind icat atos os de de camp campes esino inoss dent dentro ro del área y en la zona de infuencia, PROMETA (coadministradora).

Dirección de Tariquía, Preectura de Tarija, municipios de Avilés, Arce y O´Connor.

Impactos ambientales en el bosque por Agendas de trabajo conjunto con sobrecarga animal. el área, identicación de vacíos jurídicos.

Estudios técnicos de sobre- Activo carga animal y transhuman- creciendo cia, censo ganadero, talleres inormativos.


I ns ns eg eg ur ur id id ad ad ju ju rírí di di ca ca de de la la tenencia de tierras, dicultando el ordenamiento del uso de los recursos naturales.

Municipios Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Concepción.

1989 19 89

20 co comu muni nida dade dess del del áre área, a, com comuunidades colonas de Río Canchas y Planchada, campesinos ganaderos, Federación de campesinos.

Dirección de Tariquía, INRA, municipios Caraparí y Padcaya.

Repercusiones en la gestión del área Agendas de trabajo conjunto para (modicación de límites), surgimiento el saneamiento, ortalecimiento de de nuevos confictos. la organización social, creación de nuevas áreas protegidas, resoluciones Comité de Gestión.

Conormación de comités de saneamiento por comunidad, creación de la cartera de Tierra, Territorio Territorio y RRNN en sindicatos, diusión inormación.

Latente






ESTADO ACTUAL



LOCALIZACIÓN

FECHA


C on on fi fi ct ct os os co co n l os os po po bl bl aadores por la extracción ilegal de madera, que se realiza desde la década del setenta sin control alguno.

Noroeste del área, cantón Tariquía.

2 00 00 0


C on on fi fi ct ct os os co co n p ob ob la do do re re s por la caza y pesca sin control ni planicación que asegure la conservación de los recursos.

Cantón Pampa Grande

PN Aguaragüe

s /d

s/d

s/d

s/d

RNFFCordillera de Sama

Oposición de las comunidades a la gestión de Sama por temor a que sus derechos propietarios y su desarrollo se vean aectados.

Zona de valles del área, en el límite sureste, Cercado

2 00 00 2

C om om un un id id ad ad es es d e Pi Pi no no s Su Su d y Pinos Norte.

RNFFCordillera de Sama

Conficto en torno al proyecto de electricación que atraviesa el oeste del área, sin cumplir normas ambientales, y que conrontó al área con la Preectura y comunidades.

Sector oeste del área, Yanchará

2002 20 02

Comuni Comu nida dade dess de Ch Chor orco coya ya Avi Avilé léss y Méndez, Subcentral Copacabana, Federación Sud UTC Tarija.

Dirección de Sama, Viceministerio de Recursos Naturales, Preectura de Tarija.

Oposición de sectores a la gestión del área, debilitamiento del Comité de Gestión (posiciones divergentes y contrarias al área), confictos entre la Preectura y el área.

ANM A NMII El El Pa Palm lmar ar

Constru Const rucc cció iónn del del ca cami mino no Rodeo - Mulani-La Joya que atraviesa la zona central del área, sin cumplir con la normativa ambiental, en un área económicamente deprimida.

Presto

2002

Comunidades Rodeo, Mulani y La Joya.

SERNAP (ocina central), Dirección de El Palmar, Dirección General de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales, Municipio de Presto.

Pérdida de valores naturales en una zona de bosque de palmeras, conrontación con actores locales, surgimiento de nuevos confictos.

ANM A NMII El Pa Palm lmar ar

Prohib Proh ibic ició iónn a los los yer yerba baje jero ross de introducir ganado vacuno al bosque, sin tomar en cuenta sus necesidades y las tradicionales culturales.

Sector sur del área, Presto

2002 20 02

Comuni Comu nida dade dess yam yampa para raes es de la zona alta (área de infuencia), subcentrales de campesinos de Rodeo El Palmar y Pasopaya.

Dirección de El Palmar y Municipio de Presto.

Pérdida de valores naturales, conficto entre comunidades de campesinos y yerbajeros, tensiones y desconanza.

PNANMI Serranía del Iñao

s /d

s /d

s /d

s /d

s/d

s/d

P N To ro ro To ro ro

C on on fi fi ct cto s c on on lala s c om omu nidades por la creación del área sin su participación y que se vieron aectadas por restricciones en el uso de los recursos.

Toro Toro

2002

10 co comunidades de del ár área, Ce Central Campesina de Toro Toro, Comité Cívico, Asociación Conservacionista de Toro Toro Toro (ACT).

Dirección de Torot Torotoro, oro, Municipio de Toro Toro.

Tensiones y desconanza, repercusiones en la gestión del área (la categoría de parque no es coherente con la realidad socioeconómica).

C om om un un id id ad ad es es c a mp mp es es in in as as (Volcán, San José), Federación de Campesinos, Cooperativa de Carpinteros de Orozas, propietarios ganaderos, PROMETA.

Dirección de Tariquía, Superintendencia Forestal.

Pérdida de valores naturales (extración de cedro, cedrillo, nogal, amarillo), surgimiento de nuevos confictos, tensiones y desconanza.

Agendas de trabajo conjunto para la regulación del aprovechamiento orestal, identicación y complementación de vacíos normativos (reglamento de aprovechamiento orestal), resoluciones del Comité Comité de Gestión

Estudios técnicos, procesos administrativos (sanciones con decomisos de madera), planteamiento de propuestas normativas.

Latente

9 comunidades campesinas del cantón Tariquía.

D irir ec ec cici ón ón de de Ta riri qu qu íaía .

I mp mp ac ac to to s a mb mb ieie nt nt alal es es po po r l a p es es ca ca co co n dinamita.

Identicación de vacíos normativos y de alta de políticas y estrategias de manejo de recursos.

Reuniones y talleres inormativos.

Latente

s /d

s /d

s/ d

Dirección de de Sa Sama.

Oposición de de se sectores so sociales a la gestión del área, tensiones y desconanza.

s/d

s /d

Diusión de inormación, reuniones de trabajo.

Latente

Estudio de Impacto Ambiental, reuniones de trabajo entre las partes en conficto.

Desvanecido

Segu Se guim imie ient ntoo al co confi nfict cto. o.

Activo Acti vo creciendo

Estudio técnico sobre normas comunales, asesoramiento técnico de la Fundación Tierra a yerbajeros, el Comité de Gestión emite una resolución en contra de éstos.

Latente

s/d

s /d

s/d

Planteamiento de la recategorización del área, a n de que su manejo sea compatible con las necesidades de las comunidades.

Reuniones de trabajo, diusión de inormación, análisis de la realidad socioeconómica de la población local.

Mayor capacidad del área en el manejo de confictos, logrando el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Agendas de trabajo conjunto con el área para regular la introducción de ganado en el área.

Activo creciendo




10 co comunidades de del ár área, Ce Central Campesina de Toro-toro, Comité Cívico, operadores de turismo, turismo, Asociación Conservacionista de Toro Toro (ACT).

Dirección de Toro Toro, Toro, Municipio de Toro Toro.

Pérdida de valores naturales (paleontológicos, geológicos) y de oportunidades económicas, tensiones y desconan-za entre actores locales, confictos entre el área y el municipio.

Planteamiento de alternativas de ordenamiento del turismo, mayor capacidad de control de las actividades turísticas, respaldo de las comunidades al Parque, resolución del Comité de Gestión en apoyo al área.

Estudios técnicos (tesis Activo sobre el turismo) talleres in- creciendo ormativos, Plan de Manejo del Turismo.

20022005

Comunidad Comuni dad de Quete Quetena na Chico. Chico.

Dirección Eduar Dirección Eduardo do Avar Avaroa, oa, Vice Vicemiministerio de Turismo, Preectura de Potosí y Municipio de San Pablo.

Repercusiones en la gestión del área, debilitamiento del Comité de Gestión que se mantuvo neutro (posiciones divergentes entre sus miembros), surgimiento de nuevos confictos.

Agendas de trabajo conjunto con el área, ortalecimiento de la organización social, identicación y complementación de normas, planteamiento de propuestas alternativas.

Reuniones de trabajo, diusión de inormación, propuestas normativas (reglamento de turismo), maniesto ambiental y proyectos turísticos con la comunidad.

Solucionado

Área de infuencia de la Reserva, Uyuni

2003 20 03

Comité Comi té Cí Cívi vico co de Uy Uyun unii y Cám Cámar araa Hotelera de Uyuni

Dirección Eduardo Avaroa, Subpreectura de Uyuni.

Conrontación del área con actores regionales, oposición de sectores de Uyuni a su gestión, repercusiones en las actividades, amenaza de nuevos confictos.

Fortalecimiento de las relaciones del área con actores sociales, compromiso de éstos con su gestión.

Reuniones de trabajo con los actores en conficto, establecimiento de acuerdos. El Comité de Gestión mantuvo una posición neutral.

Latente

Cantones Sajama, Lagunas y Caripe.

19982003

Ayllus de Jacha Carangas, comunidades de Sajama, Lagunas y Caripe.

SERNAP (ocina central), Dirección de Sajama, DGB y Municipio de Curahuara de Carangas.

Impactos en la vida silvestre (caza de Acceso a inormación, apoyo Estudios técnicos, talleres pumas y zorros) y en la economía de de las comunidades al área, de análisis, asesoramiento las comunidades, oposición de sectores propuestas alternativas de manejo técnico, elaboración planes a la gestión del área. del ganado camélido, recuperando de manejo ganadero, metradiciones culturales, resoluciones joramiento de insraestrucde apoyo del Comité de Gestión. tura (corralones).

Latente



LOCALIZACIÓN

FECHA

PN Toro Toro

Turismo de desordenado en Toro Toro por incumplimiento de las normas y alta de coordinación entre entidades del Estado.

Toro Toro

1989

RNFA Eduardo Avaroa

Conficto por la construcción de albergues comunales para la realización de actividades turísticas, sin la planicación requerida en la zona núcleo del área.

Laguna Colorada, San Pablo de Lípez

RNFA Eduardo Avaroa

Disputa por la apertura de una ocina regional de la Reserva en Tupiza por temor a que ésta cerrara la de Uyuni.

PN Sajama

Confictos entre la vida silvestre (pumas y zorros) y la producción ganadera en Sajama (camélidos y ovejas), con pérdidas anuales de cerca de $us. 40.000.



ESTADO ACTUAL

Conflictos Ambientales en Áreas Protegidas de Bolivia

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