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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho NOTA: INDICE AL FINAL DEL DOCUMENTO I. TEORÍA DEL DERECHO

1. El concepto de derecho El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida gregaria; y

es el conjunto de normas jurídicas impero-atributivas (ordena y concede facultades) que rigen la conducta externa de los hombres en la sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado. 1.1. Acepciones de la palabra derecho

a) Derecho Objetivo.- Es un conjunto de normas imperativo-atributivas que imponen deberes y conceden facultades. Es el conjunto de normas que integran los códigos; y que necesariamente se dirige a los valores u objetos tutelados por la Ley. b) Derecho Subjetivo.- Es la facultad que tiene el sujeto activo para exigir el cumplimiento de las normas jurídicas. c) Derecho Vigente.- Está constituido por el conjunto de normas que en un país determinado y en determinada época el Estado considera obligatorios. d) Derecho Positivo.- Es el conjunto de reglas jurídicas que efectivamente se observan en una

época determinada, aunque hayan dejado de estar vigentes o todavía no hayan sido elevadas a tal categoría. e) Derecho Válido.- Es aquel que por sí mismo es aceptado y reconocido por la generalidad de los hombres en virtud de que comprendía ciertos ideales universales como el valor justicia, seguridad, moralidad, etc. f) Derecho Natural.- Es el que logra realizar o plasmar ciertos valores filosóficos que la misma naturaleza humana reclama como imperecederos universalmente. 1.2. El problema de la definición del derecho

Existen múltiples definiciones que si bien es cierto que varía en cuanto a la forma, en esencia son semejantes. Sin pretender una nueva definición, diremos que el Derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta social de los individuos, susceptibles de recibir una sanción política, y que, inspirados en la idea de justicia, tienden a realizar el orden social. Y que; · Regula conducta externa, estudia hechos o fenómenos humanos (fenómeno social) (hecho). · Contiene normas jurídicas que regulan conductas externas (norma). · Toda norma trae intrínsicamente un valor; proteger la vida, la familia, el patrimonio (valor).

· Al decir que el derecho es un conjunto de normas, queremos significar que se trata de un agrupamiento de órdenes o mandatos. · Al afirmar que regulan la conducta social, nos referimos al hecho de que las reglas jurídicas se han creado no para la conducta privada de los individuos, sino para condicionar su vida dentro de la colectividad. · Decimos que las reglas de Derecho son susceptibles de ser sancionadas políticamente, porque el poder público interviene para hacerlas cumplir mediante el empleo de la fuerza si fuere necesario, llegando hasta la imposición de un castigo, en el casi de que la norma jurídica sea violada.

· Señalamos, por último que las reglas de Derecho inspiradas en la idea de justicia tienden a realizar el orden social. 1.3. El derecho y otros órdenes normativos El derecho: Son aquellas disposiciones que el Poder Público por medio de los órganos legislativos,

señala obligatorias a la obediencia general y en caso de inobservancia las hace cumplir de acuerdo con los órganos judiciales. Las normas constituyen el derecho y tienen como meta el encauzamiento de la vida social para asegurar la paz y respeto de los unos con los otros y de éstos con aquellos que exige el estado de sociedad.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho

Otros ordenes normativos: Las normas morales, las normas religiosas y las normas de trato

social. Las Normas Sociales: el hombre es libre interiormente, esto es, está investido de ser él mismo, la causa primera de sus acciones. A pesar de esa independencia, está sometido por su naturaleza a ciertos deberes, es decir, a la necesidad moral de hacer o no hacer tal o cual cosa. La moral está formada por el conjunto de principios rectores internos de la conducta humana que indican cuales son las acciones buenas o malas para hacerlas o evitarlas. Las Normas Religiosas: Las religiones cualquiera que sea, establecen una serie de disposiciones para que sus fieles alcancen una meta determinada. Reglas que estiman se originan de un Ser Superior; consideran además de la conducta de los hombres con sus semejantes, la conducta de éstos para con Dios. Las normas de Trato Social: Estas responden también a la denominación de usos sociales, reglas de trato externo o la de los convencionalismos sociales. Estas reglas pueden presentarse en forma consuetudinaria, como mandatos de la colectividad, como comportamientos necesarios en algunos grupos. Son ciertas prácticas admitidas en la sociedad. 1.4. El iusnaturalismo Es aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Es la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. 1.5. El positivismo jurídico

Doctrina que reconoce como única manifestación del derecho, al conjunto de las normas que integran el sistema jurídico estatal, es decir, de aquel complejo de normas cuyo cumplimiento puede

ser exigido por medio de la actividad de los órganos establecidos al efecto, en el caso de que no sean cumplidas de manera voluntaria. De acuerdo con esta posición filosófico-jurídica, no existe más derecho que el derecho del Estado. 1.6. El realismo jurídico Más que una escuela, el realismo jurídico es una multiplicidad de orientaciones método-lógicas que comprende a la concepción inglesa, la fenomenología, la de la escuela de Hupsala, la jurisprudencia de los sentidos y las restantes concepciones anticonceptualistas y antiformalistas.

2. La norma jurídica 2.1. Concepto de la norma jurídica Conjunto de preceptos que constituyen el objeto de estudio y consideración de la ciencia jurídica y que quedan sistematizados dentro de la proposición o regla de derecho. Todas las sociedades se rigen por conjuntos de leyes, éstas reciben el nombre genérico de normas, debido a ello se dice que la sociedad en que vivimos tiene una vida normativa.

En derecho la palabra norma suele usarse en 2 sentidos diferentes, uno en sentido amplio, lo que se conoce como latu sensu que debe entenderse como toda norma de comportamiento obligatoria o no; y en un sentido estricto o estrictu sensu que es aquella que impone derechos, obligaciones y deberes correlativos. Las normas también se entienden como: - lmperativos hipotéticos, los cuales se encuentran generalmente en todas las artes y constituyen

las reglas técnicas. Si estas no se incluyen fracasaran en el sentido del derecho, pero no son obligatorias.

Las reglas técnicas son reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo o voluntario, y que prescriben determinados medios con vista en la realización de ciertos fines. Los preceptos de orden

técnico no imponen deberes, simplemente muestran los medios que son necesarios para poner en practica el logro de determinado fin.

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- Imperativos categóricos, son un mandato que no admite condición, es una regla que hay que observar se quiera o no se quiera. Son las normas, las cuales son reglas de carácter obligatorio

que imponen deberes o conceden derechos. Las normas consignan un deber condicionado, cuando la existencia de este deber se desprende de

ciertos supuestos. 2.2. La estructura de las normas Las normas jurídicas encierran siempre una o varias hipótesis o supuestos, de cuya realización depende el nacimiento de las obligaciones y de los derechos que las propias normas imponen u otorgan. Por cuya razón se ha dicho que las reglas que integran el derecho positivo son imperativos hipotéticos.

Al realizarse una norma, implica que encierra una hipótesis y supone el hecho que produce consecuencias jurídicas. Entre el supuesto y su realización se establece un nexo, que algunos autores señalan como causa y efecto. Al realizarse la hipótesis establecida en la norma se producen las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma, es decir nacen las obligaciones o los derechos que la norma impone u otorga, estableciendo relaciones jurídicas de los particulares entre si, de los particulares con el estado, o entre los órganos estatales. Por lo que estas consecuencias serán tanto de derecho público como de derecho privado. La Clasificación de la Norma

-Nacionales: las que pertenecen al ordenamiento jurídico de un Estado determinado.

1 ra. -Extranjeras: las que pertenecen al ordenamiento jurídico de un país distinto. Por el sistema al -Derecho uniforme: son aquellas que varios países mediante un tratado convienen que pertenecen en observar para la regulación de determinada situación jurídica.

-Derecho escrito: son aquellas que han sido formuladas por órganos especiales en

cada estado y época. 2 da. -Derecho no escrito o consuetudinario: son aquellas que provienen de la repetición De acuerdo a su reiterada de cierta manera de obrar. fuente -Derecho jurisprudencial: las que provienen de las actividades de los tribunales. 3 ra. Por el ámbito espacial de validez 4 ta. Por el ámbito temporal de

validez 5 ta. Por el ámbito material de

-Generales: son aquellas que tienen aplicación en todo el territorio del Estado. - Locales: son las que solo tienen aplicación en una parte del territorio.

-Vigencia determinada: son aquellas cuya vigencia se encuentra establecida de antemano. -Vigencia indeterminada: son aquellas que no tienen determinado el término durante el cual estarán en vigor. -Público: son las del derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional, agrario y laboral. -Privado: son las del derecho mercantil y civil.

validez 6 ta. Por el ámbito

-Generales o abstractas: son aquellas que obligan a un número indefinido de personas. -Individualizadas: son las que obligan a uno o varios sujetos individualmente determinados, así mismo son “privadas, cuando derivan de la voluntad de los

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personal de validez

particulares” y “publicas, cuando resultan de la actividad de las autoridades”.

-Coordinación: son aquellas que dentro de un orden jerárquico tienen la misma categoría. 7 ma. -Subordinación: son aquellas que se encuentran entre si en un orden jerárquico Por la jerarquía diferente. -Leges perfectae: son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que la vulneran. -Leges plus quam perfectae: son aquellas que ante la posibilidad de reponer las 8 va. cosas al estado que antes guardaban, se sancionan con un castigo y una pena pecuniaria. Por su sanción -Leges minus quam perfectae: son aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hacen al sujeto acreedor al castigo. -Leges imperfectae: son aquellas que carecen de sanción. -Preceptivas: también llamadas “positivas” ordenan una determinada acción. 9 na. Por su cualidad -Prohibitivas: también llamadas “negativas” imponen una omisión. -Primarias: cuando tienen por si misma un sentido pleno.

-Secundarias: cuando solo tienen un sentido si se les relaciona con una norma primaria. Las normas secundarias se subdividen en: a) Iniciación, que señalan su inicio.

10 ma. Por sus relaciones de complementación

Duración, que señalan su vigencia. Extinción de la vigencia, que señala su término. b) Declarativas o explicativas, que dan mas amplitud al concepto.

c) Permisivas, que permiten o establecen excepciones a los principios que consagran otras normas. d) Interpretativas, esta interpretación puede ser hecha por los legisladores a través de otra norma o ley.

e) Sancionadoras, que se aplican el momento que los deberes impuestos no son cumplidos.

11 va.

-Taxativas: son las que obligan en todo caso a los particulares en contar de su voluntad. -Dispositivas: son las que cuando obligan en un caso concreto pueden dejarse de

Por su relación aplicar por la voluntad de las partes. con la voluntad Las dispositivas se subdividen en: a) Interpretativas, cuando sirven para interpretar la voluntad de las personas que de los particulares

han intervenido en un negocio jurídico.

b) Supletativas, cuando se aplican en ausencia de una regulación especial establecida por los contratantes.

La imperatividad de la norma: La característica de la norma es que impone un orden y que se puede sancionar. Otra categorización de la norma: · Normas jurídicas.- Establecidas para regir y coordinar la conducta social del individuo. Son de carácter heterónomo, bilateral, externo y coercible.

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· Normas morales.- Consisten en la realización de los mejores sentimientos y costumbres del grupo social. Son aquellas de carácter autónomo, unilateral, interno e incoercible. · Normas religiosas.- Preceptos dictados por dios y las iglesias. Son de carácter heterónomo, unilateral, interno e incoercible.

· Normas técnicas.- Previenen la forma más adecuada para hacer bien una cosa. · Normas de etiqueta y sociales.- Son impuestas por el decoro para no hacer el ridículo: risa o burla. Son de carácter heterónomo, unilateral o bilateral, externo e incoercible. 2.3. Los predicados de las normas jurídicas a) Validez Espacial.- Es la porción de espacio en que un precepto es aplicable. b) Validez Material.- Está constituido por la materia que regula. c) Validez Personal.- Está constituido por los sujetos a quienes obliga. 2.4. Norma y proposición jurídica (lenguaje prescriptivo y lenguaje descriptivo) Lenguaje Prescriptito: Las órdenes van dirigidas a influir en la conducta de otra persona, el hecho de que logren o no su propósito no les quita tal carácter (por ejemplo cuando una norma ordena que el deudor deba pagar intereses moratorios).

Es el enunciado que expresa un mandato o una orden. Toma siempre una forma del tipo “debe hacerse algo”. En realidad, un imperativo es una forma especial de enunciado prescriptivo, que indica la necesidad de hacer algo o de llevar a cabo determinada acción. Lenguaje Descriptivo: Es el enunciado que en los ordenamientos jurídicos, señala por medio de significaciones y referencias el como hacer. En el lenguaje descriptivo refiere los procedimientos de

la norma para llevarla a cabo. 3. El ordenamiento jurídico 3.1. Características de los órdenes jurídicos Para analizar la aplicación del derecho y los problemas que le acompañan, resulta esclarecedor hacerlo a través del enfoque del Derecho en tanto ordenamiento jurídico, esto es, como una clase de sistema normativo. Los beneficios que ello reporta son varios. 1° Nos muestra que el proceso de aplicación se halla articulado en un todo, el propio ordenamiento jurídico, lo cual impone diversas exigencias lógicas y jurídicas.

2° Nos ayuda a comprender que la aplicación del Derecho no se produce en el mundo como un fenómeno aislado y atemporal, en virtud de que los ordenamientos jurídicos conviven con otros

sistemas jurídicos que le son contemporáneos, lo cual genera relaciones e influencias mutuas insoslayables que deben analizarse. 3° Que al analizar los caracteres y defectos de los ordenamientos jurídicos, se podrá entender mejor las dificultades del juez o autoridad administrativa al aplicar el derecho. 3.2. Pertenencia e individualización de los órdenes jurídicos El carácter abierto del ordenamiento jurídico es relevante en la medida que éste no se encuentra ni solo ni aislado.

La vida y el desenvolvimiento del ordenamiento jurídico como sistema se da en un espacio y un tiempo histórico determinados, lo cual significa que en otros espacios o en el mismo y contemporáneamente, existen otros ordenamientos con los cuales, necesariamente, convive. Tal convivencia es relevante tanto en lo que toca a la creación del Derecho, según se analizó, como en

su aplicación. 3.3. Validez y existencia del derecho Los sistemas jurídicos determinan la validez de sus normas jurídicas por un proceso de formulaciónincorporación, a este viene a sumarse la exigencia de compatibilidad. De tal suerte, que si por error del legislador al sistema llegaran a incorporase normas incompatibles, éstas deberán ser eliminadas por el juez para hacer posible una correcta aplicación del derecho. 3.4. Coherencia y plenitud de los órdenes jurídicos

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El que un ordenamiento jurídico satisfaga las características de unidad y coherencia es, sumamente

importante para la aplicación del derecho. Sin embargo, quizá la característica de la plenitud del ordenamiento jurídico sea más importante aún, por su mayor vinculación con la labor jurisdiccional.

Ésta predica que los sistemas jurídicos cuentan siempre con una norma para resolver cualquier problema. 3.5. Las funciones del derecho Para la aplicación del derecho resulta de fundamental importancia que el ordenamiento jurídico cumpla con la regla de la coherencia que se deriva del principio de compatibilidad del orden jurídico, no por el hecho de que las normas contradictorias no sean válidas, sino porque un sistema jurídico incoherente dificulta el establecimiento del orden y la seguridad que, se supone, son valores que el

derecho debe aportar. 4. Fuentes del derecho 4.1. Concepto Lugar de donde nace o emana la ley. Son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho. 4.2. Las fuentes en el ordenamiento mexicano Son tres tipos de fuentes del derecho: formales, reales e históricas. a) Formales.- Son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifica a las normas jurídicas dotándolas de juridicidad (validez). b) Reales o materiales.- Son todos aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como lo son: valores o principios morales, principios sociales, costumbre, criterios, etc. c) Históricas.- Son aquellos documentos o textos de Derecho Positivo no vigente que funge como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. En las fuentes formales encontramos fuentes directas o indirectas: Fuentes directas: - Legislación.- En los sistemas jurídicos de derecho escrito: Es la norma jurídica que, con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto. Encontramos el Proceso Legislativo: Iniciativa, discusión aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia.

- Costumbre.- Es la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada su reiteración, aceptación y permanencia van adquiriendo fuerza normativa, como obligación. - Tratados internacionales.- Es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que los llevan a cabo. Los sujetos de los son Estados

y las organizaciones internacionales, son personas jurídicas colectivas actúan a través de personas físicas que las represente, estos acuerdos son bilaterales y multilaterales; dependiendo el número que lo contraten. Fuentes indirectas:

- Jurisprudencia.Es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones legales que realizan los Tribunales judiciales o administrativos facultados por la ley, mediante la reiteración o solución de contradicción de tesis, y que son de observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la tesis jurisprudencial. - Principios generales del derecho.- Es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o

tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador y suplir las deficiencias o ausencias de la Ley u otras fuentes formales. Estos principios son: igualdad, libertad y justicia. - Doctrina.-Son los estudios, análisis y crítica que los juristas realizan con carácter científico no sólo de los sistemas de Derecho Positivo, sino del Derecho en General.

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5. Algunos conceptos jurídicos fundamentales 5.1. El concepto de sanción Es pena o castigo que con carácter coercitivo establece un sistema jurídico, para el supuesto de que

incumplió con lo dispuesto en una norma. - La sanción impuesta por el Derecho es coactiva. - La coacción es un elemento de la sanción, pero no es la sanción misma. 5.2. El concepto de acto jurídico Es aquel hecho jurídico que tiene su origen en la voluntad humana, es decir es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Elementos esenciales del acto jurídico son: - Manifestación de la voluntad (expresa o tácita). - Un objeto física y jurídicamente que reconozca los efectos deseados. 5.3. El concepto de responsabilidad Se da en el ámbito nacional e internacional; es la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. También se relaciona con el ámbito

moral. 5.4. El concepto de deber jurídico Es abstenerse del acto antijurídico, es decir las normas jurídicas contienen prohibiciones autorizaciones y permisos de que los seres humanos quieren ser efectivamente sujetos para dar relevancia jurídica a sus actos. 5.5. El concepto de derecho subjetivo Es la facultad que dimana de la norma objetiva, es decir, es el derecho del sujeto, puede considerarse como un privilegio, potestad e inmunidad. Ejemplo: El Derecho Subjetivo de propiedad. 5.6. Capacidad jurídica y competencia Capacidad jurídica.- Se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Cuando el derecho otorga personalidad jurídica automáticamente reconoce la capacidad jurídica, es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones.

Tenemos dos tipos de capacidades: 1) Capacidad de goce.- Es la aptitud de la persona jurídica para adquirir un derecho o una obligación. 2) Capacidad de ejercicio.- Aptitud de la persona jurídica para ejercer y cumplir por sí mismo sus derechos públicos. Competencia Jurídica.- Es el ámbito, esfera o campo, dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Es el poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional. 5.7. El concepto de persona jurídica Es un sujeto colectivo de derechos y obligaciones, es una figura creada por el derecho. Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual, física, como las asociaciones, corporaciones, sociedades y fundaciones.

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II. FILOSOFÍA DEL DERECHO

El derecho como ciencia La ciencia jurídica o ciencia del derecho

1) Es la disciplina que estudia las dimensiones jurídicas con un método apropiado (fenómenos jurídicos).

2) Sistematiza, interpreta e interroga las dimensiones fácticas(los hechos), conductas reales, normativa, (las reglas) y valorativa (directrices y fines como la justicia). Para su aplicación en la

realidad concreta. 3) Utiliza, como cualquier otra ciencia, definiciones, clasificaciones y sistemas, que son precisamente instrumentos lógicos para la construcción científica. 4) Es metódica, por que tiene que seguir un método para prever, investigar, adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos jurídicos. 1.1. Concepto y características de la ciencia

Es un conjunto de conocimientos racionales, metódicos y sistematizados, ciertos, comprobables corregibles, contextuales, sobre un determinado campo de la realidad y desde un determinado aspecto. - Su objeto material es el campo de la realidad objetiva. - Su objeto formal es el aspecto relativo u óptico desde el cual se estudia la realidad. Es el punto de

vista, el enfoque. - Es útil para los conocimientos que aporta por informarnos de los diferentes aspectos del mundo. - Está sujeta a límites no sólo desarrollo sino también de carácter metodológico. Características de la ciencia: Racional.- Utiliza la razón para poder captar la realidad.

Cierta o comprobable.- sus aportaciones son provisionales, nuevos datos que contradiga los conocimientos existentes imponen la rectificación. Método.- Se adquiere mediante procesos lógicos adecuados. Prueba.- Todo hay que verificarlo y demostrarlo. Sistema.- Quiere decir que los conocimientos deben estar relacionados y ordenados. Contextual.- Significa que según cada disciplina, así será su terminología. 1.2. Los modelos más importantes de ciencia jurídica Modelo.- Es una muestra, un ejemplo, una abstracción, que se realiza de la realidad que se investiga, sirve para facilitar su examen. Es una representación de la realidad para auxiliarnos hacia un conocimiento más seguro y preciso. Actualmente el modelo más importante de la ciencia jurídica es la concepción tridimensional del Derecho que enfoca a este como hecho, como norma y como valor. Como hecho: realidad jurídica se percibe viendo las conductas de los seres humanos.

Como norma: aquí el enfoque son las reglas de comportamiento necesarias para lograr la justicia, la seguridad jurídica a, la equidad, el bien común, etc. Como valor: quiere decir que el Derecho debe de estar sujeto a valores y fines como la justicia, si no los ordenamientos jurídicos no se justifican.

2. Lógica y argumentación jurídica Concepto de lógica Se refiere a lo que es congruente ordenando, bien estructurado. La lógica es la parte de la filosofía que trata de saber como desarrollar las ideas correctamente. Tiene dos niveles: a.) La lógica natural.- consiste en pensar con orden, ilación, coherencia. b.) La lógica científica. - que es una teoría y una técnica para perfeccionar la lógica natural. Raúl Gutiérrez Sáenz define la lógica: como la ciencia del pensamiento y de la razón correcta.

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La lógica jurídica: tiene por objeto dirigir el razonamiento expresándose correctamente en el campo

del Derecho. Lógica y argumentación jurídica La Lógica Jurídica: esta constituida por la lógica del Derecho, donde las normas deben de tener

una estructura y ordenamiento; también esta constituida por la lógica de los juristas, las cuales deben actuar con base a reflexiones, razonamientos, argumentaciones y prudencia. La argumentación jurídica: abarca más que la lógica jurídica por que los aspectos del Derecho son estudiados desde una perspectiva no solo formal, sino también psicológica, sicológica, política, filosófica, etc. 2.1. Lenguaje, definición, deducción e inducción Lenguaje: En el aspecto jurídico, es la expresión del juicio. El juicio es una conexión coherente de

conceptos. Definición: Definir es señalar los límites de una cosa. La definición es la explicación clara y precisa

de un concepto. - Proporciona el significado y las características de un objeto. - Se expresa mediante un juicio donde hay un sujeto y un predicado. - Explica el sentido o significado de una expresión.

- Elimina ambigüedades vaguedades. - Ayuda a comprender una idea distinguiéndola de las demás.

- Señala las notas esenciales del concepto. Deducción: Es el procedimiento que parte de lo general a lo particular para obtener consecuencias lógicas. Inducción: Es partir de lo peculiar a lo general de los hechos a las conclusiones universales. 2.2. Reglas de uso de la lógica para componer argumentos El argumento es la expresión del raciocino. Se dirige siempre a otro u otros con el fin de convencer, o al menos para reflexionar. Se utiliza en la teoría, en él dialogo en la discusión, en el debate. Reglas de la lógica para componer argumentos

• • • • • •

La deducción. La inducción.

El análisis. La síntesis.

La dialéctica. La mayéutica: conocer a partir de interrogantes. Instrumentos para componer argumentos • La definición. • La división: separa las partes de un todo. • El sistema: hacer que un conjunto este ordenado con sus componentes • Coherentes y solidarios entre sí. • El argumento es la expresión del raciocino. • Se dirige siempre a otro u otros con el fin de convencer o al menos para reflexionar. • Se utiliza en la teoría, en él dialogo en la discusión, en el debate. 2.3. Contextos de argumentación jurídica y la decisión judicial Contexto de descubrimiento: Descubrir, enunciar, mostrar el punto de Interés. Contexto de justificación: Es validar y confrontar los conceptos y argumentos a fin de mostrar su

validez. La argumentación jurídica y la decisión jurídica: La decisión de Tribunal o del Juez puede obedecer a móviles sicológicos, realidad social, circunstancias ideológicas, creencias religiosas, etc. Todo es una razón explicativa. [email protected]


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El Juez o el Tribunal pueden decidir con base al artículo 15 de la Constitución. Aquí ya se trata de una razón justificatoria, fundándose en determinado artículo 2.4. Las principales teorías de la argumentación Proceder únicamente con la deducción esto no da cuenta de todos los aspectos necesarios en la argumentación jurídica. Hacia 1950 aparecen las teorías de la argumentación jurídica que se dividen en dos grupos: 1) VIEHWEG, PERELNMA Y TOUMIN precursores de la actual argumentación jurídica. 2)) MACCORMICK Y ALEXY, con la teoría estándar. El primer grupo es llamado el de la “información integrada”: - Para tomar una decisión primero hay que aportar pruebas.

- Se evalúan las pruebas. - Se da un peso a cada prueba. - Se emite un juicio. - Hay que tomar en cuenta los prejuicios La teoría estándar toma en cuanto tanto una situación descriptiva (las circunstancias), como

perspectiva (las normas). Ambas corrientes actualmente son criticadas de deficientes, por que una de ellas se limita a solo

respetar la Ley. Por lo cual la argumentación además de la Ley hay que tomar en cuenta otras perspectivas por que actualmente en el mundo es muy complejo y se requiere que no cuente solo lo respectivo sino también lo descriptivo incluir lo de iure y lo de facto. Iure (el derecho) del factor (los

hechos). 2.5. Análisis y aplicaciones de los tipos de argumentos 1) Identificar el problema.- Su relación, su interpretación, las pruebas, la calificación de las pruebas. 2) ¿Hay suficiencia de información o insuficiencia? 3) Construir la o las hipótesis de solución.- Construir nuevas premisas para nuevos informes o propuestas, reformular argumentos.

4) Justificar la hipótesis.- Con argumentos suficientes a favor. En un proceso complejo de argumentación: corrigiendo, discutiendo por una solución correcta, a abordando aspectos como la equidad, la razonabilidad y la discreción 5) No solo a la luz de la forma, sino también lo político y lo moral.

3. Relación entre derecho y moral 3.1. Análisis de algunas controversias contemporáneas Las relaciones entre Derecho y Moral implican una serie de problemas.

Los iusnaturalistas o partidarios del Derecho Natural sostienen la preeminencia de un orden ideal, intemporal y objetivamente obligatorio como condición de validez v del Derecho positivo, dudan de

la juricidad de aquellas normas que sean portadoras de mandatos inmorales o injustos. Por el contrario el iuspositivismo no admite la distinción entre Derecho Natural y Derecho positivo, afirma que sólo existe este último.

El Derecho Natural surge de la necesidad de producir un contrapeso a la idea de un derecho Positivo inmoral o injusto. Sus orígenes se hallan en la idea griega de “Phycis” (naturaleza), que significa la concepción de un orden estable y permanente al cual lo contingente y pasajero, como el

poder político y el Derecho positivo, por ejemplo, deben ceñirse. En suma, el Derecho Natural es una doctrina que pretende establecer principios ideales de justicia como parámetro permanente, fuente de inspiración y guía del Derecho Positivo.

El iusnaturalismo ha sido producto de una larga evolución histórica que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad, a la de uno deducido de la naturaleza humana y cuyos postulados pueden aprehenderse por métodos racionales.

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3.2. La tesis de la vinculación y de la separación La vinculación del derecho con la moral: las dos son normas de conducta, la moral es un sistema de normas unilaterales, porque es el individuo quién decide hacer o no hacer tal o cual norma; y de hacerlo es espontáneo, no puede compelerse al obligado a que cumpla el precepto ético por la fuerza; mientras que el derecho es bilateral porque se encuentra frente al Estado con su acción coactiva de hacer cumplir la norma, el derecho es obligatorio y coercible, impone deberes y

concede derechos, es decir que frente a las personas que se encuentran jurídicamente obligada, existe otra con el derecho correlativo de exigirle el cumplimiento de la obligación. 3.3. Paternalismo y perfeccionismo jurídico El paternalismo, obedece a que el ordenamiento jurídico ha sido acogido por disposición expresa

de las leyes por el Estado, con la finalidad de que exista un órgano u órganos que se encarguen de proteger el bien común de una sociedad. El perfeccionismo, se refiere a que el orden jurídico, cada vez se está actualizando y modificando, a través de las legislaciones con la finalidad de llegar al bienestar de toda la sociedad.

4. Valores jurídicos y teoría de la justicia El tema de la justicia como el valor o exigencia ético-jurídica por excelencia implica el cuestionamiento o análisis ético del Derecho y nos introduce a su tercera dimensión, la axiología. Por ello, la justicia o injusticia de un ordenamiento jurídico o de una norma jurídica no nos da cuenta de su eficacia sino de su validez o fuerza obligatoria.

El derecho posee un doble estándar valorativo. Esto significa que, además del valor que tiene la sola presencia del derecho en sociedad al ordenar las conductas sociales y propiciar seguridad e igualdad jurídicas, el Derecho es portador y garantizador de otros valores superiores en función de

los cuales, precisamente, ordena, asegura e iguala. 4.1. Justicia y libertad Del orden jurídico se deriva la justicia, al aplicar éste por igual para todos los individuos y la libertad está implícita en la norma ya que de respetar a ésta voluntariamente, tiene la libertad de aplicarla o

no, pero de no hacerlo estaría el individuo frente al Estado, para que éste, en su facultad de coaccionar cuando la norma jurídica ha sido vulnerada con justicia. 4.2. Justicia y seguridad

El orden jurídico propicia seguridad, porque otorga certidumbre a los destinatarios de la norma, dado que estos conocen previamente cuáles serán las consecuencias jurídicas de un probable hacer u omitir. En la medida en que un sistema jurídico sea más coherente, preciso y pleno otorgará mayor seguridad jurídica.

La existencia en los ordenamientos jurídicos de normas contradictorias o antinómicas (de una norma que prohíbe y otra que autoriza la misma conducta), de normas imprecisas (de normas ambiguas u oscuras) y de lagunas (falta de una norma jurídica que regule un hecho) daña la seguridad que los sistemas de Derecho en principio deben propiciar. La seguridad generada por el orden jurídico establece normativamente los límites específicos a los

que ha de sujetarse la conducta social, con ello se está determinando, a su vez, un ámbito de libertad. La libertad propiciada por el Derecho implica el reconocimiento expreso y la protección de ciertas facultades de hacer, (casarse, contratar, comprar, vender) y la prohibición de otras (interferir

la propiedad de otro, matar, robar). Pero además, la regulación jurídica tiene una jurisdicción material definida y se abstiene de intervenir en ámbitos de la vida de las personas en las que, por lo

regular, los sistemas jurídicos carecen de competencia (hábitos sexuales, el perfeccionamiento moral de cada uno, el credo religioso a seguir, etc). 4.3. Justicia e igualdad La igualdad tiene una función instrumental. Supónganse que un ordenamiento jurídico contiene las siguientes dos normas antinómicas contemporáneas de idéntica jerarquía:

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a) Todas las personas de raza negra deberán obtener un salvoconducto para transitar por las áreas residenciales de la ciudad; b) Ninguna persona deberá obtener salvoconducto o permiso alguno para transitar por las áreas residenciales de la ciudad. ¿Cuál de las dos normas resulta igualitaria?

Desde el punto de vista formal, ambas normas tienen la misma validez pues otorgan el mismo tratamiento a las personas ubicadas en su hipótesis normativa. Sin embargo, su carácter general y

su validez formal de nada sirven para determinar cuál ha de subsistir o preferirse, pues las normas son lógicamente contradictorias al autorizar y prohibir lo mismo.

5. Principales debates y problemas actuales en la filosofía jurídica 5.1. La obligación de obedecer al derecho, objeción de conciencia y desobediencia civil El Derecho es coercible porque existe la posibilidad de de obligar al cumplimiento de la obligación

de manera no espontánea, aún en contra de la voluntad de quién la ha violado. La objeción de la conciencia la marca la moral que tiene normas unilaterales que no son coercibles en su cumplimiento. 5.2. Derechos sociales y multiculturalismo

Los derechos sociales son aquellas normas de conducta, ante estas normas el hombre es libre interiormente, está investido de ser él mismo la causa primera de sus acciones, todas las normas de carácter social se han ido dando a través de los tiempos, con los usos u costumbres que los hombres han adoptado y a éste desarrollo le denominamos desarrollo cultural, que también ha servido de base para la creación de las normas jurídicas. 5.3. Deontología jurídica: responsabilidad de los profesionales del derecho (abogados, jueces, notarios) La deontología respecto al derecho es el enfoque filosófico que indaga cómo debe ser lo jurídico o cómo debería ser una parte de la deontología jurídica armoniza como debe ser con el prototipo del licenciado en derecho. Por ejemplo un abogado nunca debe representar intereses opuestos, no ser

defensor de dos partes en pugna. Eso es penado, se sanciona, la misma comunidad lo condena. En el mundo de los juzgadores se requieren jueces, secretarios, proyectistas que, debe, entre otras

características, tener deontología judicial: guiarse por principios éticos y valores axiológicos superiores. Resulta que aplicar el derecho así nada más, no basta, porque “SUMMA LEX, SUMMA INJURIA”. Por tanto, el juzgador debe tomar en cuenta no sólo la legalidad, pues la justicia abreva también en otros valores ejes de la VITA COMUNIS, de la vida comunitaria. Principios de la judicatura: Autonomía de criterio.- Imparcial, no dejarse manejar de las autoridades responsables rechazar lo ilícito de los otros poderes y del mismo poder judicial, y abstenerse de recomendaciones. Benevolencia en el trato.- Es decir, tener bondad en tres frentes: 1.) Los litigantes.- Que estos vean en el juez un ser humano. 2.) Los colegas.- Ser tolerante con ellos.

3.) Los jueces, magistrados, secretarios, proyectistas, oficiales e intendentes.- Deben estar dispuestos a aprender de todo con todos, cambiar impresiones, analizar sus conceptos, no ser hiriente, ni despectivo; a diario todos más respeto merecen. Conducta correcta.- Casi intachable, “persona bien”, actuar probo, con buena voluntad. Decir derecho, “juris dicere”. Estudiarlo, revisarlo, no ser superficiales, no indolentes, buscar la justicia, decidir con expeditez, con tesón y trabajo. Excelencia técnica.- Es un ideal, estudiar la legislación, la jurisprudencia, la costumbre jurídica, la

doctrina de los ilustrados y los principios generales del derecho. Hay que usar el sentido común fundado en el derecho y en lo que está arriba de él, la axiología. Fidelidad a la justicia.- Esto es, apego a los valores, no a los desvalores; buscar el bien común, la paz, la verdad, la seguridad jurídica, el orden y la justicia. ULPIANO lo define. “justitia est contstans

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et perpetua voluntas ius suum quique tribuiré”: JUSTICIA es la constante y perpetua voluntad de

dar a cada quien lo que merece. 5.4. Valores éticos consagrados en los artículos 100, 113, 122 fracción VII y el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 100: - Recomienda la independencia técnica de gestión y para emitir las resoluciones. - Capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad; con reconocimiento en el ámbito judicial. - Independencia, imparcialidad; formación y actualización; excelencia, objetividad y profesionalismo. Artículo 113: Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Artículo 122:

- En el apartado A fracción IV se aconseja el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes. - En la Base Primera fracción V inciso I recomienda: La protección civil; justicia cívica, servicios de seguridad, prevención y readaptación social, salud y asistencia social, previsión social. - En la Base IV fracción I exige: Distinción en el ejercicio profesional o en el ramo judicial. Artículo 134:

Ordena que los recursos económicos del gobierno se administren con eficiencia (es lograr todo objetivo con el mínimo de recursos posibles), eficacia (es ser productivo y lograr los objetivos) y honradez.

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III. DERECHO ROMANO

1. Introducción al estudio del derecho romano Se liga la fundación de Roma con la destrucción de Troya. Los sucesores descendientes de Eneas, uno de ellos Numitor fue destronado por su hermano Amulio, posteriormente, una hija de éste tuvo dos gemelos Rómulo y Remo que destronaron al usurpador y reinstalaron en el trono a Numitor, que

era su abuelo y éste en premio les otorgó el derecho a fundar una ciudad y fue así como se fundó Roma el 21 de abril del año de 753 antes de Cristo y su primer gobernante fue Rómulo y de ahí tomó su nombre Roma. 1.1. Los sistemas jurídicos contemporáneos

El sistema jurídico, es el orden de comportamiento social que rige la vida social del pueblo y la aplicación del derecho. · Sistema neoromanista: Se promulga ley para regir hechos con posterioridad a su expedición.

· Sistema anglosajón: No toma en cuenta el sistema romanista. La norma se acomoda a la situación (nace conforme a las necesidades). · Sistema musulmán: Predominan las cuestiones religiosas; es severo y rígido para las mujeres. a) EL anglosajón (Inglaterra y USA) b) El de los países socialistas (U.R.S.S. y Polonia) c) El romanista (España, Francia y México) d) El de extradición filosófico religiosa (musulmán, e hinduista). 1.2. Importancia y utilidad del estudio de derecho romano

Conjunto de normas jurídicas que rigieron a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde la fundación de Roma (21 de abril del 753) antes Cristo hasta la muerte del emperador Justiniano. Su importancia es trascendental, ya que a través del derecho romano conocemos nuestro propio derecho y es útil porque independientemente de que el origen de nuestras instituciones civiles derive del derecho romano, nuestros códigos también surgen de ahí. En la casi totalidad de América Latina se aplicó por medio de la jurisprudencia Española.

En México la influencia del Derecho Romano se ha hecho sentir claramente en la legislación positiva, especialmente en el Derecho Civil. Conductos mediante los cuales ha llegado a México el derecho Romano:

a) Derecho Español b) Derecho Francés c) La corpus juris civilis Para los países de ascendencia latina no nos resulta extranjero este derecho, porque somos Greco Romanos modificados por el sentido étnico y evolución cultural de los tiempos.

2. Periodización de Roma y su derecho 2.1. Diversos criterios de periodización El derecho romano tiene diferentes criterios de periodización los cuales son clasificados con criterios de aspecto geográfico histórico, económico, religiosos y formas de gobierno. Dos son las clasificaciones de criterios de Periodización más importantes: La primera es la que realizan los juristas Beatriz Bernal y José Ledesma que es una clasificación Histórico – Jurídicos y se dividen en: a) Etapa del Derecho Romano arcaico.- Desde la fundación de roma hasta la promulgación de las

XII tablas. b) Etapa del derecho romano preclásico.- Desde las XII tablas hasta el fin de la república. c) Etapa del derecho romano clásico.- Desde el fin de la República hasta el imperio de Alejandro

Severo. d) Etapa del derecho romano postclásico.- Hasta Justiniano

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e) Etapa del derecho romano Justiniano La segunda clasificación de periodización es conforme un criterio Histórico Político: - Monarquía - República - Imperio 2.2. Orígenes de Roma: fundación y leyenda El estudio de la fundación de Roma tiene un origen histórico y otro legendario. Fundación histórica de Roma ¿Cuándo se fundó Roma?: Se funda en la era Neolítica, el 21 de abril del 753 a.c.

¿Antes de que Roma existiera que pobladores habitaban la Península Itálica?: En el norte estaba poblada por los Ligures y en el sur los suclos, posteriormente fue poblada por pueblos arios; indoeuropeos, ilirios, venetos y por último los griegos, los latinos, etruscos, umbríos, sabinos. ¿Cuáles son los 3 grupos de población de donde surgen los romanos?: 1.- Los latinos (romanenses) 2.- Los sabinos (ticienses) 3.- Los etruscos (lúceres) Fundación legendaria de Roma La leyenda relata que Eneas, hijo del rey Príamo de Troya escapó de la destruida de Troya y después de diversos viajes llega a la península itálica donde se casa con Lavinia, hija del rey Lacio. Su hijo Ascario funda la ciudad de Alba longa, Ascario tiene un descendiente Numitor. El hermano

de este de nombre Amulio lo derroca, y mata a sus hijos y manda a su hija Rhea Silvia a servir como sacerdotisa obligándola a la virginidad perpetua.

El dios Marte se enamora de Rhea Silvia y se filtra un rayo de luz en el templo fecundándola y el producto de esa unión son los gemelos Rómulo y Remo. Amulio manda que sean arrojados al rió Tiber pero el sirviente se conduele de ellos y los abandona en una canasta en la orilla del río.

El dios Marte para ayudar a sus hijos, los entrega a una loba para que los amamante, posteriormente son educados por un pastor llamado Faustulo y al crecer los gemelos se distinguen

por su fortaleza y porte real, cuando les contaron las historia se lanzaron a derrocar a Amulio y reponen a Numitor en el trono, decidiendo que en compañía de sus amigos, fundaron una ciudad la cual se llamaría ROMA. 2.3. La monarquía

¿En los comienzos de la época monárquica de Roma quien la formaba?: Estaba formada por mercaderes comerciantes, pequeños granjeros, agricultores. ¿Conque rey surge el régimen monárquico de Roma?: Con Rómulo el cual se le atribuye la creación del senado y publicación de leyes como la del matrimonio. Primeros Reyes de Roma Preetruscos 1° Rey Rómulo 2° Rey Numa Pompilio: Organiza la religión, construye templos. 3° Rey Tulio Hostilio: Se distinguió por sus conquistas 4° Rey Anco Marcio: Extendió la ciudad de Roma

Reyes de Roma Etruscos 1° Rey Tarquino Prisco: Fue un rey guerrero y constructor construyó el sistema de cloacas y desagüe de la ciudad. 2° Rey Etrusco Servio Tulio: Divide la población en 4 tribus, establece censos con fines económicos.

3° Rey Tarquino el Soberbio: Déspota y opresor del pueblo, enemigo del senado. En esta época roma se caracteriza por estar organizada en forma monárquica y la sociedad dividida en dos clases patricios y plebeyos, la jurisprudencia está en manos de los pontífices, el derecho público se vincula con el privado, la fuente del derecho es la costumbre.

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¿Cómo se repartía el régimen político u organización política de roma?: Entre el Rey, Senado y los comicios. ¿Quién era el rey?: Era el Jefe único y vitalicio de la comunidad.

¿Quién integra el Senado?: Se integra por un grupo de ancianos (Padres) eran los de mayor criterio experiencia y responsabilidad. ¿Qué eran los Comicios?: Asambleas en las que se el pueblo ejercitaba sus derechos.

¿Cuáles eran las clases sociales?: Eran dos: 1) Las plebeyas.-Eran la clase excluida de los derechos fundamentales 2) Los patricios.-Los hombre privilegiados 2.4. La república

En esta época encontramos una organización en forma de magistraturas, fusión de las clases sociales, nace la primera ley escrita, la ley de los XII Tablas y surge el derecho honorario, se seculariza el derecho. La política internacional y la administración del estado estaban en las manos de los senadores. ¿Cómo se caracteriza la historia política de este periodo?: Por el conflicto Patricios-Plebeyos. La

causa de este conflicto es que los Patricios tenían el derecho de participar en asignaciones de territorio conquistado y los Plebeyos no tenían derechos.

¿Cómo se clasificaba la organización de esa época?: Se clasificaba en Senado, Comicios y Magistraturas. ¿Qué son las Magistraturas?: Era el conjunto de órganos o personas a las que asignaban funciones publicas que antes ejercían exclusivamente le monarca. Estos cargos eran de carácter gratuito de elección popular y se llamaban honores. 2.5. El imperio

¿De cuantas fases consta esta etapa?: El principado y el Imperio absoluto El principado, primera fase ¿Cuándo empieza este periodo?: Empieza en el año 27 A. de C. Con Octavio, hijo adoptivo de Julio Cesar, el cual adopta la imagen de restaurador, pero sucesivamente fue reemplazado por el Imperio. Un Imperio en donde el Emperador ejercía poderes Públicos los que compartían teóricamente por lo que esta fase se llama Época de la Diarquía. (Gobierno de dos). ¿Cómo era la Organización territorial?: El principado se divide en dos: -En Imperiales: Eran ciudades fronterizas administradas por un lugarteniente. -Senatoriales: Administrada por los Proconsuladores

¿Qué pasa en el primer siglo de Principado?: Surge un florecimiento económico, creando industria y el comercio y se desarrollan las ciudades en Italia y aparece la escuela Clásica y las figuras de los cristianos. ¿Qué pasa en el segundo Siglo del Principado?: Se consolida la figura del emperador. ¿Qué pasa en él ultimo siglo del Principado?: Existen crisis sociales y económicas, descenso de

natalidad, desmoramiento cultural, esto propicia el surgimiento de una nueva fase política llamada Imperio Absoluto. ¿Cuál era la Organización Política del Imperio el Principado?: -Magistraturas

-Senado -Comicios

¿Cuál es la característica del Derecho en el Principado?: El derecho era el deporte favorito Intelectual de los Romanos, todo hijo de buena familia debía tener conocimientos Jurídicos, el derecho en esta época deja de ser oral para ser escrito. El imperio absoluto (autocracia), segunda fase Los Primeros años

En esta época Roma atravesaba por una aguda crisis económica, social y política, bandas de forajidos asolaban su territorio, devastando sus campos y ciudades. A la muerte de Alejandro [email protected]


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Severo inicio el gobierno de Diocesano, 50 años más tarde, Roma vive una época de anarquía total

pero a finales del siglo tercero el Emperador Diocesano elegido por las tropas, logra someter al ejército al poder imperial, reformando administrativa y constitucionalmente el territorio. Persuadido de la gran extensión del Imperio, comparte sus funciones gubernamentales entregando

en el año 286 a Maximiliano la parte occidental del Imperio con capital en Milán, reservándose la parte oriental con capital en Nicomedia. A los dos hijos del emperador se les otorgo el titulo de Augustos y se les designo un sucesor al que se le dio el titulo de Cesar, Galerio en el Oriente y Constancio Cloro en el occidente por lo que del gobierno del Imperio queda en manos de cuatro

Jefes (Tetrarquía). ¿Qué trajo como consecuencia la caída del Imperio?: Dio fin la llamada Edad antigua y da inicio

la Edad media. ¿Cuáles son una de las causas de la decadencia Romana?: -Desapareció la Aristocracia. -Empobrecimiento de la Agricultura

-No dejo de devaluarse la madera Romana -Desapareció el Oro -Influencia Disolvente del Cristianismo ¿Cuáles son las características del Derecho en el Imperio Absoluto?:

- En esta época el derecho entra en decadencia - El lenguaje clásico decae, él vulgarizándose el latín de la época - Carencia total de producción jurídica. - El cristianismo y el socialismo de estado influyeron en el abandono del estudio del derecho. - La anarquía política se refleja en un desorden jurídico ¿Mencione algunas complicaciones anteriores a Justiniano?: - Código gregoriano: Elaborado por jurisconsultos Gregorio - Código Hermogeriano: Elaborado por el jurisconsulto Hermógenes - Código Teodosiano: Obra de Tedosio II Gobernador de oriente - Colecciones Mixtas de leyes. - La obra jurídica de Justiniano. Este emperador nace en Iliria en 482 d.C. estaba casado con Teodora. Ascendió al trono en 527 y gobernó hasta el 565. Con su muerte se considera finalizada la

historia y evolución del Derecho Romano. Reconstruyó el sistema de Derecho. ¿Cuáles son las obras jurídicas de Justiniano?: -Código antiguo

-Novelas -Digesto o pandectas -Institutos

-Código nuevo 3. Derecho romano en Oriente, después de Justiniano y en Occidente 3.1. El derecho romano de la Edad Media en Oriente ¿Cuáles son las obras que destacan en la edad Media?: -Paráfrasis de Teófilo

-La égloga -Los basisilicos -Hexabiblos o promptuarium 3.2. El derecho romano de la Edad Media en Occidente En esta época a partir del siglo XII y por obra de la escuela de Bolonia, se activa el estudio del derecho romano en la península Itálica tal fenómeno se llamó “La segunda vida del derecho romano” El fundador de esta escuela fue el monje Irnerio.

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Al ser reconquistada Italia y al vencer a los bárbaros renace la supremacía del derecho romano, entrando en vigor la compilación de Justiniano. 3.3. El derecho romano en la Edad Moderna: Renacimiento A inicio del siglo XVI el derecho romano cobra renovados bríos debido al retorno del estado de los grandes clásicos griegos y romanos. La corriente renacentista influye en el contexto jurídico por la inevitable atracción del estudio del Derecho romano. a) El humanismo jurídico: el humanismo en el derecho esta representado principalmente por los juristas franceses y tienen como finalidad el retorno a las fuentes originales del derecho romano. b) Escuela del derecho natural: Sobresalen en esta escuela Juan Oldendorp y Samuel Pfendor. Es una escuela que se dice partidaria del romanismo aunque algunos casos incompatible con el. 3.4. El derecho romano a fines de la Edad Moderna: siglos XVII y XVIII En este periodo hay una decadencia del estudio del derecho romano pues se trata de sustituirlo por ordenamientos jurídicos modernos. 3.5. El derecho romano en la Edad Contemporánea

¿Qué evento marca el inicio de la edad contemporánea?: La revolución francesa de 1789. En este periodo inicia la codificación en el centro de Europa, esto produce como resultado un nuevo florecimiento del derecho romano.

¿Cuáles son las escuelas alemanas que dan un impulso al derecho romano?: La escuela histórica nacida en Alemania y la escuela pandectistica Alemana. Estas dos escuelas desarrollan conceptos basados en el derecho romano. ¿Cuáles son algunas de las codificaciones de esta época?: -Código de Prusia -Código de Napoleón -Código Alemán

-Hábeas juris. 4. Fuentes del derecho en Roma 4.1. Concepto y clases de fuente ¿Qué entendemos por fuente?: Lugar donde procede o se origina el derecho, el sitio donde emana. 4.2. Fuentes del derecho romano ¿Cómo se clasifican las fuentes?: - Fuentes formales: La costumbre, ley, jurisprudencia, etc...

- Fuentes reales: son los elementos, factores y acontecimientos sociológicos que determinan el contenido de la norma. - Fuentes históricas: documentos, libros, papiros. 4.3. En la monarquía

¿Cuál es la principal fuente de derecho en este periodo?: Es la costumbre (llamada fuente consuetudinaria) ¿Qué es la costumbre según Ulpiano?: Son los usos arraigados por el tiempo con la conformidad

tácita del pueblo. El derecho nació de las necesidades del pueblo romano consagrado por la costumbre (hechos repetidos en el tiempo) ¿De acuerdo a la teoría Romano – canónica mencione dos elementos de la costumbre? -Elemento objetivo: Es la repetición constante y prolongada de una determinada conducta. -Elemento subjetivo: la convicción que tiene un grupo social de que esa conducta es jurídicamente obligatoria por lo tanto debe aplicarse.

4.4.

En la república El derecho durante la república es un tránsito del derecho consuetudinario al derecho escrito. ¿Cuáles fueron las fuentes del derecho escrito en esta fase?:

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Las fuentes formales fueron: - Las leyes comiciales (eran leyes obligatorias porque emanaba del pueblo) - Los plebiscitos - Los senadoconsultos (emitidos por el senado) - Los edictos realizados por magistrados - La costumbre - Constituciones imperiales 4.5. En el principado Constituciones Imperiales: En esta época aparece por primera vez esta fuente del derecho producto de la voluntad del emperador. Estas eran las resoluciones de tipo legislativo dictadas por el

emperador con carácter obligatorio o fuerza de ley. ¿Cuáles son las 4 clases de constitución imperial?: - Edicto: Disposiciones de carácter emitidos por el emperador - Decreta: Resoluciones judiciales o sentencias dictados por el príncipe. - Rescripta: respuestas dadas por el príncipe o consultas - Mandato: Ordenes giradas por el emperador. 4.6. En el imperio absoluto En esta época el emperador es el que interpreta en su totalidad la norma jurídica e impide la actividad jurisprudencial.

¿Cuáles son los factores del derecho en esta época?: Las constituciones imperiales: Son las fuentes del derecho en esta época y se les denomina leges. 5. Conceptos generales 5.1. El jus y el fas ¿Qué significa el término Jus?: El término se utiliza como sinónimo al de nuestra palabra derecho. Jus = derecho. ¿Cómo utilizaban los romanos este término?: Los romanos utilizaban el término jus para denominar tanto al derecho objetivo como al derecho subjetivo. ¿Qué debemos entender por Fas?: Por Fas debemos entender como la norma religiosa, el

derecho divino que regula las relaciones de los seres humanos con los dioses. Fas = Norma religiosa

5.2. La equidad, la justicia y la jurisprudencia ¿Qué entendían los romanos por equidad?: El conjunto de principios superiores de lo que es justo, atribuidos a un caso concreto al que si se le aplicara el derecho, se ocasionaría una evidente injusticia. Equidad proviene del latín aequitas o aequus. ¿Qué entendían los romanos por justicia (justitia)?: La justicia es la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno su derecho. ¿Qué era la jurisprudencia para los romanos?: Jurisprudencia – juris prudentia, significa conocimiento del derecho. Era una fuente del derecho dictado por los senadoconsultos o jurisconsultos. 5.3. Los preceptos del derecho ¿Qué significa la palabra precepto?: Significa regla o instrucción que se establece para regular un

arte o facultad. ¿Qué debemos de entender por precepto del derecho?: Aquellas reglas prácticas dictadas para

la convivencia social que, sin llegar a tener el carácter de normas jurídicas, son el fundamento de todos los deberes jurídicos del hombre tanto en sus relaciones individuales como sociales. ¿De acuerdo al texto de Ulpiano cuales son los preceptos del derecho? - No hacer daño a otro - Dar a cada uno lo suyo - Vivir honestamente 5.4. Derecho público y derecho privado ¿Cuál es el concepto que proporciona Ulpiano de derecho público y derecho privado?:

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-Derecho público: Regula las relaciones políticas y los fines que el estado debe alcanzar, se refiere

a la estructura del derecho romano. -El Derecho Privado: Regulaba las relaciones entre los particulares. ¿De acuerdo a Ulpiano cuales son las partes en que se divide el derecho privado?: - Derecho natural (Jus naturale): Aquel que la razón natural establece entre los hombres. - Derecho de gentes (Jus Gentium) Es un derecho observado por todos los pueblos y establecido por la razón natural entre todos los hombres, porque todas las naciones se sirven de este derecho. - Derecho Civil (Jus Civile) El derecho de los ciudadanos que procede de la voluntad del pueblo y que ha sido establecido especialmente para sus individuos, era el derecho propio de cada ciudad. 5.5. Dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario

Esta división fue verdaderamente fundamental en toda la edad clásica pues el derecho civil era el sistema más antiguo, fundado sobre la costumbre y la interpretación de los juristas. En su formación

el jus civile se contrapone a la lex, sin embargo su concepto poco a poco se amplia hasta comprender las normas creadas por la lex y por todas las otras fuentes excepto las emanadas del pretor. Este dualismo termina en el derecho Justiniano en el cual se fusionan las normas civiles y pretorianas. 5.6. Derecho escrito, derecho no escrito, derecho común y derecho singular ¿Esta división atribuida Ulpiano del derecho que significa?: -Derecho Escrito: (jus scriptum): Es el formulado y promulgado por una autoridad, el que se manifiesta en forma escrita. Ejemplo ley, plebiscitos, los senadoconsultos, edictos, etc... -Derecho no escrito: (jus non scriptum): Es aquel que esta formado por el uso, por la tradición, es el derecho que se manifiesta en la conducta de los ciudadanos, es el derecho consuetudinario.

¿Cuál es derecho común?: También llamado derecho general, comprende reglas y deberes para todos los ciudadanos sin excepción. ¿Cuál es el Derecho singular?: Establece disposiciones referidas solo a algunos individuos. 5.7. Interpretación de la ley Interpretación significa desentrañar el sentido, alcance y significado de la norma. ¿Como puede ser la interpretación?: -Interpretación gramatical (o literal) -Interpretación lógica 5.8. Vigencia del derecho objetivo en el tiempo y en el espacio Toda ley tiene un ámbito de vigencia temporal y espacial esto es que solo es obligatorio por cierto tiempo y en determinada porción de espacio.

La vigencia del derecho objetivo en el tiempo, como vemos en Roma, es el principio de la irretroactividad, que fue solamente conocido hasta el derecho clásico. Es decir una ley no se aplica a actos nacidos con anterioridad a la publicación de la norma. Como señalamos al principio en el derecho objetivo en el espacio, es la aplicación del derecho en determinada porción de espacio. 5.9. Concurso, colisión y algunas reglas en relación con los derechos subjetivos Hay concurso: Cuando las diferentes personas tienen derechos sobre el mismo objeto.

Existe colisión: Cuando dos derechos subjetivos concurren sobre un mismo objeto, sean incompatibles entre si y solo uno de ellos pueda ejercitarse.

Reglas más comunes de derecho subjetivo: 1.- Primero en tiempo, primero en derecho 2.- Nadie puede transferir mas derechos de los que tiene

3.- El que puede lo más, puede menos 4.- Nadie está obligado a lo imposible 5.- Los derechos reales preceden a los personales

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho 6. Personas 6.1.

Su concepto y clasificación

La palabra persona etimológicamente significa personare que significa: sonar fuerte, resonar. Persona à per. – sonare à sonar fuerte, resonar Concepto jurídico de persona: Todo ser susceptible de adquirir derechos y contener obligaciones.

Concepto de persona en roma: Estaba referido al hombre libre, en virtud de que el esclavo era considerado como una cosa y a diferencia del derecho actual, no bastaba el nacimiento del ser

humano para ser considerado como persona. ¿Cómo puede ser la clasificación de las personas?:

- Personas físicas: Las que requieren de algún requisito indispensable, como el de presentar signos que los caractericen como ser humano.

- Personas morales: A estas la ley les reconoce la capacidad de derecho, pero por carecer de individualidad física requieren de representantes para actuar.

6.2.

Las personas físicas

¿Cuándo inicia la existencia de las personas físicas?: Se inicia con el nacimiento.

¿Cuáles eran algunas de las condiciones que requería el recién nacido para poder adquirir derechos?: Que el producto naciera con vida, con signos vitales. Y los proculeyanos sostenían que el niño llorara al nacer.

De la capacidad de las personas físicas: Entendemos por capacidad, la aptitud o facultad de una persona para ser titular de derechos, ejercerlos y contraer obligaciones. La capacidad jurídica: Las personas físicas requerían además de la existencia con características de ser humano, la capacidad jurídica denominada Caput. ¿Qué se requería para tener Caput o capacidad jurídica?: Requería de los elementos que deben concurrir en la persona con el objeto de gozar de sus derechos denominados estados o status. ¿La capacidad de derecho requería de los siguientes elementos?: - Estado de libertad (status libertatis).- Significaba ser libre, no esclavo.

Este estado se adquiría por: 1.- Nacimiento 2.- Manumisión: Medio por el cual se otorga la libertad a los esclavos - Estado de ciudadanía (status civitatis): Consistía en ser ciudadano romano y no extranjero. - Estado de familia (status familiale): Todos aquellos derechos que tenían los independientes de la

paria potestad. Capacidad de obrar o de hecho: Se requería previamente de la capacidad jurídica ya que para ejercer un derecho se requiere ser titular del mismo

Eran incapaces de hecho: a) Los dementes b) Los impúberes c) Los pródigos

d) Las mujeres Disminución o pérdida de capacidad jurídica (De la capitis deminutio): Disminución o perdida de la capacidad jurídica según los estados que afectase, podían clasificarse en: 1.- Capitis diminutio máxima: Perdida del estado de libertad

2.- Capitis diminutio media: Perdida de la ciudadanía romana 3.- Capitis diminutio mínima: Perdida del estado de familia. ¿Qué era la infamia (ignominia)?: Era lo que privaba al ciudadano del ejercicio de los derechos políticos, cuando cometían actos contra la moral y a las buenas costumbres. Era una sanción. ¿Causas que originan la infamia?:

1.- Robo. Rapiña 2-. Bigamia 3.- Usura

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4.- Inestabilidad Extinción de la persona física: Tres causas

a) Por muerte b) Esclavitud c) Cualquier otra de la capitis diminutio 6.3. Del estado de libertad

El estado de libertad es el estado normal del hombre que permite actuar con libre albedrío de acuerdo a su inteligencia y voluntad. ¿Concepto de esclavitud?: Es cuando alguien es sometido, contra lo que la naturaleza dicto, al dominio de otra, era la condición de las personas bajo el dominio de su amo. “Es esclavo llamado

servi” ¿Cuál era la condición jurídica del esclavo?: El esclavo era considerado como una cosa, como un objeto por lo que carecía de capacidad jurídica.

¿Cuáles son las fuentes de la esclavitud?: Puede ser en el nacimiento de causas posteriores a este. ¿Cómo se extinguía la esclavitud?: Por manumisión o por imperio de la ley

¿Qué es manumisión?: Es el acto voluntario del amo por medio del cual otorga libertad a su siervo. Etimológicamente significa: Salida de las manos. 6.4. El colonato

Entre el hombre libre y esclavo encontramos en roma a una categoría de individuos denominados colonos. La palabra colonus significaba la condición del hombre libre atado a perpetuidad a la tierra de otro para cultivarla y protegerla a cambio de pago en dinero o especie. En Roma, el colonato surge por la escasez de esclavos derivada del exceso de manumisiones.

6.5. Estado de ciudadanía El segundo estado para ser considerado persona física consistía en ser ciudadano romano, estos gozaban de los privilegios y derechos públicos y privados. Entre estos y los ciudadanos existió una categoría intermedia, la de los latinos. 6.6. Estado de familia

Si se pertenecía a una familia libre, esta característica le determinaba que en caso de escapar, su situación seria la que tenía antes de su cautiverio, y si era jefe de familia su situación permanecería como si nunca se hubiesen interrumpido sus derechos

6.7. De las personas morales Eran las personas que carecían de existencia material y que tenían cierta capacidad de derecho, en una rama eran las agrupaciones o asociaciones de individuos. Los cuales debían de tener representantes. 7. La familia 7.1. Concepto El termino familia tiene diversas acepciones, la definición se refiere a las personas, a las cosas o al patrimonio. 1.- Concepto de familia por lo que se refiere a las personas se utiliza en 2 sentidos: a) En forma restringida es el grupo de personas unidas entre si bajo la autoridad del jefe de familia.

b) En el ámbito de derecho civil es el conjunto de personas unidas por un mismo vínculo, llamado agnotio 2.- Por lo que se refiere a las cosas y al patrimonio. El término familia se utilizaba para designar el conjunto de bienes pertenecientes al paters familia.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho 7.2.

Fundamento y estructura de la familia romana

El fundamento de la familia romana era el poder detentado por una sola persona denominada paters

familia, la familia romana se caracterizaba por un régimen de tipo patriarcal donde existía una sola persona, el paters familia era el único titular de derechos sobre los miembros de la familia. La familia

romana se considera como un pequeño estado. ¿Cómo estaba compuesta la familia (estructura)?:

- Patertes en línea recta, ascendientes y descendientes. - En línea lateral, hermanos propios o hermanas de ascendientes o de descendientes. 7.3. La patria potestad En Roma la patria potestad consistía en el poder que tenía el jefe de familia sobre sus hijos. Características: a) Se ejercía solo por los ciudadanos romanos sobre sus descendientes. b) Tenía por objeto el interés del jefe de la familia. c) Le correspondía la patria potestad al ascendiente de sexo masculino de más edad. d) No podía ser ejercida por la madre. Fuentes de la patria potestad: - Por matrimonio -Por adopción - Por legitimación Formas de extinción de la patria potestad: 1. Muerte del pater familia 2. Por la muerte del hijo 3. Por designación del hijo para funciones publicas de importancia 4. La elevación del hijo a sacerdote 5. Por disposición judicial 6. Por emancipación 7.4. El matrimonio En roma existían 2 formas de unión matrimonial: - Unión monogámica: De un hombre con una mujer - El concubinato: era la unión de un hombre y una mujer sin que los una un vínculo jurídico, sino filial.

¿Concepto de Justas nupcias?: En la unión del hombre y la mujer con el propósito de vivir en comunidad indisoluble. ¿Cuáles eran las formas de matrimonio?:

-Justas nupcias cum manu: Era aquel matrimonio donde la mujer ingresaba a la potestad de la familia del esposo.

-Justas nupcias sine manu: En esta forma el marido no tenía poder alguno sobre la mujer ya que esta seguía perteneciendo a paters familia natural. ¿Cuáles eran los requisitos para contraer justas nupcias?:

a) Capacidad jurídica b) Capacidad sexual c) Consentimiento de los contrayentes d) Consentimiento de los padres familia ¿Cuáles eran las formas de comprobar el matrimonio?: a) Por testimonios de amigos y vecinas b) Por documento redactado que prueba la entrega del dote c) Por acta firmada por tres testigos ¿Cómo era la disolución del matrimonio?:

a) Por la parte de uno de los cónyuges b) Por pérdida de la libertad

c) Pérdida de la ciudadanía romana d) Por divorcio

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Las segundas nupcias fueron mal vistas por los romanos pero se podían llevar a cabo.

7.5. Los esponsales Los esponsales consistían en una promesa hecha por los novios a sus respectivos pater familia para la celebración de un futuro matrimonio. 7.6. El concubinato

Los romanos la consideraban como una forma de matrimonio. Era la unión de orden inferior, duradera y estable entre el hombre y la mujer. Para ser considerado concubinato se requerían ciertas condiciones:

a) Que se celebren con personas con capacidad sexual. b) Que solo tuvieran una concubina. c) No se permitía cuando existiera esposa legítima. 7.7. Matrimonio sine connubio Este matrimonio es el que podía contraer todos aquellos que no tuvieran el jus connubium, ejemplo:

entre un ciudadano romano y una peregrina o una latina. Efectos del matrimonio sine connubio: -El marido no podía obtener un rango social. -El marido no podía obtener patria potestad sobre los hijos -Los hijos tenían la calidad de peregrinos 7.8. El contubernio Consistía en la unión entre una persona libre y una esclava. 7.9. Tutela y curatela Tutela, significa protección o defensa. La tutela: Es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que esta proteja

a otra incapaz por razones de edad o de sexo. La curatela: Es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de esta represente y proteja aquella persona incapaz de obrar ya sea por causa particular o accidental. Clases de tutela:

-Tutela a impúberes -Tutela a infantes -Tutela testamentaria: Donde el paters familia nombraba a un tutor para su hijo en el testamento. -Tutela legítima: Era determinada por la ley a falta de tutela testamentaria. -Tutela dativa: La designación era hecha por el magistrado. Forma de Extinción de la tutela:

a) Cuando llegaba el pupilo a la pubertad b) Por muerte del pupilo c) Por muerte del tutor d) La distinción del tutor e) Por la llegada de un término ¿Quien designa a los curadores?: Los magistrados. ¿A quienes se les nombraba curador?: - A los furiosi: Los enfermos de sus facultades mentales. -Del prodigio: Aquellas personas que dilapidaban bienes recibidos por testamento. -Del menor púber de 25 años 8. Derecho Procesal civil 8.1 Protección de los Derechos

Toda rama jurídica para tener eficacia debe contener disposiciones que procuren su vivencia y contribuyan a su defensa. Es por tanto indispensable que exista una adecuada protección de los derechos que se logran mediante la creación de órganos competentes a quienes incumbe reconocer y sancionar por medio de una sola decisión llamada sentencia.

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Los primeros años ante la Ausencia de organismos especiales por parte del Estado para administrar

Justicia el Jefe de Familia era el encargado de resolver conflictos.

8.2 El Proceso y sus Clases Podemos considerar el proceso como el camino que va desde la sentencia hasta la ejecución.

Los romanos no distinguieron el derecho privado del derecho procesal, ya que en sus fuentes aparecen entremezclados. Sin embargo encontramos una diferencia marcada entre Proceso Publico y Proceso Privado. Proceso Público: Era iniciado por el magistrado o por cualquier ciudadano en representación de la

comunidad. Proceso Privado: Se iniciaba por acto de la parte demandante en donde un juez privado designado por las partes resolverlo. 8.3 El procedimiento y sus Clases Procedimiento: Es el conjunto de formalidades que se deben observa durante el transcurso del

proceso. ¿Cuáles eran las dos clases de Proceso en Roma? A) Procedimiento Penal: Era un proceso público promovido a iniciativa del Magistrado o por cualquier ciudadano. (Victima, familia o cualquier otro). B) Procedimiento Civil: Comprendía las controversias entre los particulares entre si. 8.4. Organización Judicial Las funciones Judiciales en el sistema de orden de los juicios privados estaban encomendadas a los

Magistrados y a los Jueces. Los Magistrados

Intervenían en la primera fase de Proceso y eran aquellas personas que coordinaban el desarrollo de esta primer instancia y precisaban el objeto de los debates. Los diferentes magistrados: a) Con jurisdicción en Roma b) Con Jurisdicción en Italia c) Con Jurisdicción en las Provincias.

Los Jueces Encontramos dos clases de Jueces a) Los jueces particulares; designados para cada asunto y su actuación terminaba al dictar sentencia. b) Los jueces que Componen los Tribunales Permanentes Las Partes en el Proceso son 2: El Actor y el Demandado o Reo. Las partes Auxiliares Eran los testigos, Oradores y fiadores. 8.5. Procedimiento de las Acciones de la Ley.

Las Leyes Acciones. Consistían en el procedimiento llevado a cabo por los ciudadanos Romanos ante los Magistrados con el objeto de hacer valer los derechos subjetivos. Tramitación del Proceso

- El proceso se iniciaba por parte del demandante quien ordenaba al demandado comparecer ante el magistrado. - Las partes debían presentarse ante el Magistrado. 8.6. El procedimiento Formulario

Se llamaba así por el empleo de una formula escrita redactada por el Magistrado que contiene las pretensiones de las partes y que sirve de base para que el Juez resuelva. La Formula:

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Es la redacción por escrito de un conjunto de frases técnicas mediante la cual se fija el contenido de

proceso. La Litis Contestación: Es redactada por el Magistrado y entregada al actor (es la sentencia) La instancia Apud Judidum:

En esta etapa las partes iniciaban sus debates y ofrecían las pruebas para que finalmente se pronunciara sentencia. 8.7. Los Procedimientos Especiales Los procedimientos especiales eran procedimientos sumarios para resolver los litigios, el Magistrado en virtud de su imperlum conoce de asuntos que no requerían de un verdadero Judidum, adoptando medidas extraprocesales para situaciones especiales. 8.8. Procedimiento Extraordinario.

Era un procedimiento para determinadas materias como alimentos, fideicomisos, cobro de honorarios etc. Desarrollo del procedimiento El procedimiento se iniciaba con la estación o notificación del demandado transformándose de un

acto privado a un acto publico, realizada la petición del actor por un oficial publico, el demandado podía contestar la demanda, presentando una fianza para garantizar su presencia en el proceso, ya que de no presentarla podría ser encarcelado todo el tiempo durante el proceso.

Después de contestar la demanda se presentaba las pruebas (testimonial, juramento, documental presunciones y confesional). Después concluida esta etapa seguía la sentencia.

8.9. Las acciones El derecho romano la palabra acción (actio) tuvo diferentes aceptaciones, originalmente significaba acto. La palabra Acción podemos emplearla en 2 sentidos -Acto formal: Es el acto que inicia el proceso. -Acto material: Es la reclamación de un derecho. 9.- Derecho patrimonial romano 9.1 Concepto y clasificación de las cosas Concepto de la palabra cosa: Comprende todo lo que puede procurar a las personas una utilidad. El estudio de las cosas consiste en el análisis de estos derechos sobre una cosa. Clasificación de las cosas: 1. Las cosas en el patrimonio: Las cosas que se pueden apropiar.

2. Las cosas fuera del patrimonio: Son las cosas que no se pueden apropiar porque pertenecen a la nación. 3. Las cosas divini juris: Las cosas pertenecientes a los Dioses, ningún humano podía apropiarse de ellas. 4. Las cosas humani juris: Las cosas en las que si se podía apropiar el humano. 5. Las cosas corporales e incorporales. 9.2. Noción y clasificación de los derechos reales Concepto de derecho real Son los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa. Clasificación de los derechos reales

1. La propiedad 2. Las servidumbres: Servidumbre personales, Servidumbres reales 3. La posesión. 9.3. La posesión Es el hecho de tener en su poder una cosa corporal reteniéndola materialmente, con la voluntad de poseerle y disponer de ella como lo haría el propietario.

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9.4.- La propiedad Concepto de propiedad

Es el derecho mas completo que se puede tener sobre una cosa corporal. Estos beneficios se resumen en el uso, disfrute de la cosa.

9.5. Derechos reales de goce sobre las cosa ajena Son las servidumbres como el usufructo 9.6. Derechos reales de garantía.

El deudor s un tercero, en su nombre trasmite una cosa al acreedor para garantizar el pago de una deuda, la transmisión iba acompañada de un convenio denominado fiducia. 10. Derecho patrimonial romano Era el patrimonio de toda la familia que estaba en manos del paters familia. 10.1. Teoría de las obligaciones Era los deberes que tenían que cumplir frente a terceros 10.1.1 Concepto y génesis de las obligaciones romanas Concepto de obligaciones En roma el derecho de crédito o también llamado obligaciones, una relación entre dos personas de las cuales una, el acreedor, puede exigir a la otra el deudor un hecho determinado. 10.1.2 Clases u Obligaciones Las obligaciones se dividen en: 1. Obligaciones civiles 2. Obligaciones honorarias 10.1.3.- Fuentes de la obligación Las fuentes de la obligación: contrato, delito, cuasicontrato y cuasidelito y pactos Vestigos 10.1.4 Elementos de las obligaciones De la definición de la obligación surgen 3 elementos: a) Un sujeto activo el acreedor b) Un sujeto pasivo el deudor c) Un objeto: Un acto que el deudor debe realizar. 10.1.5 Transmisión de las obligaciones Es la transmisión de un deber de hacer y de cumplir, como la transmisión de un derecho de crédito que tiene el acreedor, y por otro la transmisión de una deuda, y tener que pagarla 10.1.6 Extinción de las obligaciones a) El pago b) La novación c) El mutuo desistimiento d) La confusión e) La muerte del

deudor. 11. Contratos y cuasicontratos 11.1 Concepto de contrato y sus elementos Concepto de contrato Es aquel acuerdo entre dos o mas personas respecto a un objeto determinado se dice que hay entre ellas convención o pacto. Cuales son los elementos de contrato: 1. El consentimiento de las partes

2. su Capacidad 3. Un objeto válido 11.2 Clasificación de los contratos Tiene varias clasificaciones

1. Contratos verbales 2. Contratos literales 3. Contratos consensuales [email protected]


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4. Contratos reales. También pueden ser: 1. Contratos de derecho estricto 2. Contrato de buena fe Otra clasificación: 1. Contratos unilaterales 2. Contratos sinolagmoticos Otra clasificación: 1. contratos según el uso del cual se destina. 11.3 Los contratos verbales

Se forman por la pronunciación de palabras solemnes que hacen más preciso y mas cierto el consentimiento de las partes. 11.4 Los contratos literales Se realizan con la ayuda de menciones especiales escritos por el acreedor en un registro doméstico. 11.5 Los contratos reales Los contratos re o reales no están perfectos si no cuando el acuerdo de las partes va seguido de la tradición de ciertas cosas, entregados por el que se hace acreedor al que se obliga. Los contratos reales se clasifican en:

-Comodato - Depósito

- La prenda 11.6 Los contratos consensuales Se forman por el solo acuerdo de las partes y son cuatro:

- La venta - Arrendamiento

- La sociedad - El mandato 11.7 Contratos innominados Los contratos innominados es pues una convención sinalagmática no clasificada entre los contratos nominados y que ha sido ejecutada por una de las partes en vista de una representación recíproca. 11.8 El pacto (constituido)

El pacto constituido es aquel en que una persona conviene con otra que le pagará a día fijo una deuda preexistente. 11.9 La donación

Es un traslado de propiedad hecho a titulo de dadiva. 11.10 Cuasi contrato

Cuando una obligación es generada por un hecho lícito o una manifestación de la voluntad unilateral, pero de tal suerte que no haya ni contrato ni delito, los romanos decían que nacía el cuasi contrato o cuasi delito. 12.- Fuentes de las obligaciones Según Gayo las obligaciones derivan de las fuentes, el contrato y el délito, ominis enim oligatio vel ex contratum nascitur vel ex delicto, y eso significa que toda obligación que nace del contrato, nace del delito, pero en la res cotidiane, nace una obligación tripartita de la causa de las obligaciones,. Las obligaciones nacen del contrato o del delito, o por un cierto derecho peculiar de varias especies

de causas. Según Justiniano, la tripartición de las fuentes de las obligaciones, se transformo en cuatripartición,

que puede considerarse como el concepto de contrato, como un acuerdo de voluntades productivo

de obligación, aunque el cuasicontrato se parece al contrato por su licitud vemos que es [email protected]


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inadecuado, sin embargo carece del consentimiento entre las partes como elemento constitutivo del

mismo. Son los hechos jurídicos que dan origen a ellas. 12.1 Delitos y cuasidelitos El delito: Es un hecho ilícito, una infracción castigada por la ley. Cuasidelito: Una realización de hechos con consecuencias generadas por un hecho lícito. 12.1.2. Delitos públicos y delitos privados

Publicos ponían en peligro evidente a toda la comunidad se perseguían de oficio por las autoridades o a petición de cualquier ciudadano, y se sancionaban con penas públicas. Privados del ius civile: el furtum, apoderamiento ilícito de una cosa mueble ajena, sus elementos

eran: * Aprovechamiento ilegal. * La intención dolosa y; * El afán de lucro.

Privados de daño en propiedad ajena: era el daño injustamente causado en el detrimento o perdida de una cosa que sufre una persona en su patrimonio, causado por otra, sin que haya existido alguna relación jurídica entre ellas, y sin afán de lucro de la que cometió el delito. Privados de injurias y lesiones: todo lo que lesionara la integridad física o moral de una persona. 12.1.3. Otros actos ilícitos generadores de obligaciones. a) La ley en forma directa. b) La pollicitatio ye l votum.

c) La sentencia. 13.- Derecho sucesorio 13.1 Fundamento y concepto de la sucesión hereditaria

Concepto de sucesión: Es la transmisión de bienes y deudas a otra persona llamada heredero por parte del de cujus. Cuales eran los tipos de sucesión: · Sucesión universal mortis causa

· Sucesión intestada · Sucesión testamentaria · Sucesión singular mortis causa. 13.2. Adquisición de la herencia. • Si el heredero era un HERES SUUS adquiría de acuerdo con el ius civile la herencia la mera apertura del testamento y no podía rechazarla.. • Si el heredero era esclavo del test se calificaba de heredero necesario, no tenía ninguna posibilidad de sustraerse a la herencia aunque esta se compusiera de más deudas que bienes y créditos

•

Si el heredero instituido era un extraño necesitaba su aceptación expresa o tácita para que adquiriera la herencia.

13.3. Sucesión universal mortis causa. En dos sentidos se toma la palabra sucesión significaba la trasmisión el hecho de traspasar la universalidad de los bienes y de los derechos del difunto o la misma universalidad en cuyo caso comprenda al patrimonio del difunto

13.4. Sucesión intestada.

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13.5. Sucesión testamentaria. Testamento: es un acto solemne por el cual una persona instituye a su heredero(s). Es una manifestación de última voluntad, es decir, un acto esencialmente revocable, esta ultima circunstancia no causa graves problemas jurídicos, ya que es un acto unilateral.

Tipos de testamento: a) El testamentum militare. Podía hacerse con sangre dentro del espudo y con la espada en la arena, un solo testigo bastaba (tiempos de guerra).

b) El testamento del padre a favor de sus hijos. Verbal y entonces bastaban dos testigos. Al ser escrito, era suficiente una declaración ológrafa sin testigos.

c) El testamento hecho en el campo. Por la dificultad de encontrar ciudadanos libres que pudieran ser testigos, bastaban en este caso 5 testigos. d) El testamento hecho en época de peste. Para disminuir el peligro de contagio los testigos podían venir a firmar en visitas sucesivas, de manera de que este testamento no se hace en un solo acto. e) El testamento tripartitum. f) Testamento común y corriente. El que testador guardaba entre sus papeles. g) Testamento principi oblatum. El depositado en poder del emperador, para ser guardado en el archivo del palacio.

13.6. Sucesión singular mortis causa. Tenía por objeto crear nuevas situaciones jurídicas, a tales negocios podían añadirse cláusulas especiales que suspendían el nacimiento de la nueva situación (términos o condiciones suspensivos), se extinguía reestableciendo la antigua (términos o condiciones resolutorios), oque

imponía prescripciones al beneficio que la nueva situación ofrecía a determinadas personas o cargas.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho IV. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO

1. INTRODUCCIÓN 1.1 CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA DISCIPLINA

Es la disciplina que estudia de manera sistemática, crítica e interpretativa los fenómenos jurídicos del pasado que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad. 1.2 HISTORIOGRAFÍA JURÍDICA MEXICANA

Una manera sencilla de definirlo es la siguiente: “historia de la historia”, es el estudio del modo como

se ha hecho la ciencia de la historia o a través del tiempo, de manera individual o por corrientes o escuelas. 2. NUESTRAS RAICES 2.1 INDÍGENAS 2.1.1 MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO MESOAMERICANO.

Esta región comprende el espacio que va del Trópico de Cáncer, en la República Mexicana hasta Nicaragua en Centroamérica. En la cultura mesoamericana han sido señaladas tres grandes etapas: la preclásica, la clásica y la posclásica. 2.1.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS MEXICAS.

La base de toda organización política y social era el calpulli, en cuanto a la organización social descansaba sobre las bases de una división entre dos clases: la dirigente “pipillin” y una gran masa trabajadora “macehualtin”. 2.1.3 PRINCIPALES INSTITUCIONES MEXICAS Y LO JURIDICAMENTE VALORABLE.

Un conjunto de calpullis integraba una unidad política denominada aotocayotl mismo que era gobernado por el tlatoani, que era un gobernante vitalicio con poder judicial, político y militar. El tlatoani escogía una especie de adjunto suplente que se llamaba “cihuacoatl” quien lo auxiliaba en el gobierno, además presidía el tribunal supremo “teopilcali”, otros tribunales eran el “tlaexitlan” y el “tecalli”. 2.2 ESPAÑOLAS 2.2.1 MARCO HISTÓRICO DE REFERENCIA

En el aspecto jurídico el sistema romano-canónico se impondría en nuestro país a través del derecho castellano, no solamente porque así se estableció desde un principio, sino también porque

las autoridades llamadas a gobernar la Nueva España estaban formadas en la tradición jurídica castellana y por lo mismo ese era el régimen de aplicar. 2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DISPERSIÓN LEGISLATIVA EN LA EDAD MEDIA

Se conocían dos etapas: la alta edad media y la baja edad media. En la alta edad media se identificaba por la multitud de entidades políticas, muchos de los cuales respondían al mismo tiempo a diversos núcleos de poder (rey, señor, etc.), con esferas de influencias muy mal diferenciadas, ello

fue la causa de infinidad de sistemas jurídicos de lo mas dispar que florecieron, cada núcleo de población pretendía tener su propio ordenamiento jurídico a los cuales en términos generales se les conocía como “fueros municipales”. 2.2.3 BUSCANDO LA UNIFICACIÓN LEGISLATIVA EN CASTILLA

Esto corresponde a la baja edad media en donde se inicia la unificación política, sería iniciado por Fernando III, el “santo” pero sobre todo su hijo Alfonso X el “sabio”, fue quien realmente llevó al derecho castellano a los primeros plenos de la Europa medieval , aunque no logró la unificación pero sentó las bases para ello. Alfonso X mandó traducir del latín al castellano, con algunas modificaciones por lo que no era exactamente igual, el “Liber Judiciorum” con lo que se llamó “Fuero Juzgo” mismo que se otorgó como fuero municipal o varias localidades. Mandó también preparar una clase de “código tipo” o “modelo” para otorgarlo a todas aquellas poblaciones que no tenían fuero propio a este cuerpo

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legislativo se le llamó “fuero real” aunque no fue muy bien aceptado. Después se dictaron también el

ordenamiento de Alcalá o “Leyes de Alcalá”. 2.2.4 LA FORMACIÓN DEL DERECHO COMÚN

Durante el siglo XV varias cortes pidieron a los soberanos hicieran una recopilación de las diversas disposiciones legislativas entonces dispersas, la cual no se logro hasta 1480 a petición de las cortes se reunieron el Toledo encargando los reyes católicos la misión al doctor Alfonso Días de Montalvo quien lo concluyó e imprimió en 1484 con el nombre de “Ordenanzas Reales de Castilla”. Finalmente quien logro recopilar de manera oficial el disperso derecho castellano fue Felipe II en

1567 con la recopilación de leyes de estos reinos popularmente conocida como la nueva recopilación que junta con los siete partidos se aplicarían en México colonial.

En 1865 se hace otra recopilación por Juan de la Reguera Valderrama llamada “Novísima Recopilación de Leyes de la Nueva España”. 3. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 3.1 MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA COLOMBINA

Dentro de las principales instituciones jurídicas que los castellanos utilizaron para sus empresas colonizadoras en las indias, mencionaremos la capitulación, la hueste y la instrucción. Capitulaciones.- Es una forma de convenio de origen medieval mediante la cual los soberanos de castilla acordaban con los particulares una serie de concesiones a cambio de especiales servicios a

la corona. Hueste.- Era una institución de origen medieval, de naturaleza castrense, mediante la cual un señor o un consejo municipal, con sus propios medios formaba un ejército para realizar, a nombre del rey un hecho de armas a cambio de ciertos privilegios, particularmente sobre el territorio que se ganase. Instrucción.- Documento en el que la autoridad indígena daba las reglas a las que se debería someter la expedición tales como la forma en que debería realizarse la hazaña, el comportamiento de los expedicionarios, etc. ¿Cuál fue el marco jurídico de la empresa colombina?

Encontramos el documento conocido como las capitulaciones de Santa Fé, que no es más que un acuerdo al que llegan los reyes Católicos y Cristóbal Colon en 1492. ¿Qué contenía dicho documento?

Ciertos principios en los que se establecía que las tierras que encontrase en su camino a la india quedarían incorporada a la Corona de Castilla. ¿Cuáles fueron las principales instituciones jurídicas que utilizaron los castellanos?

- En la capitulación, el objetivo principal fueron los descubrimientos y conquistas; eran permisos, licencias. - La Hueste, era una institución de naturaleza castrense, mediante el cuál un señor o un consejero municipal, con sus propios medios, formalizaban un ejército para realizar a nombre del rey, un hecho de armas; también iban autoridades fiscales para cobrar impuesto.

- La instrucción, era un documento en el que la autoridad indiana, daba las reglas a las que se debería someter la expedición. Se delegaba el mandato o poder en los caudillos la facultad coactiva y la jurisdicción militar, civil y criminal, pero su valor principal fue el político. 3.2 EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACIÓN.

Fue creada para dirigir desde el punto de vista político a las colonias, cuidando no fuesen afectados los interese reales. 3.3 REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS CONQUISTAS

I.- Los descubrimientos tenían que ser probados en cristiandad y buena conciencia, celosos de la honra de Dios y servicio nuestro, amadores de la paz. II.- Procuraran entender la tierra que se hallasen. El 13 de julio de 1573 el rey Felipe II promulgó las “Ordenanzas de los Nuevos Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y pacificación de los Indios”.

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3.4 EL HUMANISMO JURÍDICO. LA SEGUNDA ESCOLÁSTICA SU INFLUENCIA EN AMÉRICA

¿Cuál fue la influencia en América de la segunda escolástica? La Europa Medieval alcanzó una unidad espiritual, en el mundo de las ideas y su máxima expresión

en el siglo XIII, encontramos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y muchas veces se identifica la Escolasta con lo mismo. 4. DERECHO NOVOHISPANO

4.1. Sistema de fuentes Legislativas ¿Cómo surge el Derecho Novo hispano? Debido a la influencia de Madrid era tan preponderante. ¿Cuál fue el sistema de fuentes Legislativas?

Una de las principales fuentes del derecho es la legislación, de ella emanan, ordenanzas reglamentos, decretos, cabe aclarar que algunas normas del derecho indiano valían solo en algunos territorios ultramarinos. ¿Cuál fue el fomento de toda legislación de la nueva España?

Era la corona y su ratificación era necesaria para que tuviera validez, y encontramos a los virreyes gobernadores. 4.2. Fuentes Formales ¿Cuáles son las fuentes formales en la Nueva España? - Primera Legislación.

- La doctrina; uno de los principales autores es Juan Solórzano Pereira, Juan de Matienzo (1567), etc. - La Costumbre; Autorizada por las autoridades - La Jurisprudencia; El papel creador de la jurisprudencia ha sido reconocido. 5. Derecho Indiano 5.1. Primeros Proyectos de Recopilación ¿Cuáles fueron los primeros proyectos de recopilación? Encontramos a López Velasco y Ovando a Diego de Encinas reforma la labor recopilatoria indiana se limitó a transcribir y ordenar literalmente las disposiciones indianas. El consejo de indias encargó en 1602 a Diego de Zorrilla, la formación del necesario proyecto de recopilación de leyes indias, después de más de 100 años de recopilación se llega al feliz término de la recopilación indiana. 5.2 Recopilación de Leyes de las Reinas de Indias

En la recopilación de 1680 da una unidad a la dispersión colonial; por ello esta recopilación representa la base y principio del que debe partir cualquier trabajo histórico-judicial indiano, se confirma de haber sido el único, cuerpo legal general que cedió para indias durante los 300 años.

Posteriormente encontramos como ultimo esfuerzo recopilador indiano, el “Nuevo código de las Leyes de india”; se proyecto en la segunda mitad del siglo XVIII, no se trataba de un código sino más bien de una recopilación. 5.3 Literatura Jurídica Indiana Las leyes de indias, la legislación española, legislación adicional en distintas materias, civil, penal y

de trabajo, que se fue integrando con las Reales Cédulas que para casos concretos expedía el monarca español y que en rigor constituyeron moldes a seguir en casos similares. 5.4 Reformas borbónicas.

A partir de los años cuarenta del XVIII, comienzan a darse algunas de estas reformas en la Nueva España. La legislación así lo sugiere; por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, la Corona redujo el poder del Arzobispado de México y limitó las funciones de los obispos (por pragmática real, 1748), prohibió la intervención del clero en la redacción de testamentos civiles (1754), ordenó la expulsión de los

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jesuitas (1767), dispuso que la doctrina se enseñase en español (1772), estableció leyes desamortizadoras para enajenar bienes raíces de hospitales y otras obras benéficas (cédula real, 1798). En otro orden de cosas, se contrarrestó el poder del virrey y el de la Real Audiencia. Algo muy importante fue la modificación del aparato burocrático desplazándose a peninsulares residentes así

como a criollos, para dar cargos a profesionales inmigrantes. De estos cambios ha quedado una vasta y reveladora legislación sobre las diferentes formas y normas establecidas por los Borbones.

El proyecto borbónico se impulsó en la metrópoli y sus dominios bajo el reinado de Carlos III; deseoso de conocer lo que tenía en la Nueva España, envió al conde José de Gálvez hacia 1765. A pocos años de su llegada, éste reorganizó la educación, el ejército y el sistema aduanal; creó el estanco del tabaco y nuevos impuestos, y estableció lo más importante de las reformas borbónicas:

el sistema de intendencias, cuya ordenanza fue promulgada en 1786. Esta real ordenanza, de carácter general y de observancia obligatoria, reunió una serie de disposiciones, destinadas a regular u ordenar homogénea y sistemáticamente las instituciones novohispanas. Su aplicación fue

decisiva para la organización integral, y vino a ser una especie de constitución en la época, aunque la ejecución de sus disposiciones tropezaría con problemas.

Gracias al sistema de intendencias, se implantó precisamente una nueva organización territorial y administrativa. Las intendencias abarcaron los factores político, económico y militar de sus jurisdicciones, y quedaron bajo la autoridad de los intendentes nombrados por el monarca, con funciones de justicia, hacienda, guerra y policía de provincia, quienes sustituyeron a los

gobernadores provinciales. La división territorial tomó como base las provincias existentes para formar doce intendencias, cuyos nombres fueron los de las ciudades capitales: México (sede de la

Intendencia General o Superintendencia), Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Arizpe. La capital de la Nueva España adquirió otra fisonomía al surgir edificios palaciegos, tránsito de carruajes, billares y cafés, así como una serie de obras públicas: instalación de alumbrado público,

saneamiento de calles, reparación y ampliación del acueducto de Chapultepec, establecimiento de hospitales. Durante los siglos XVII y XVIII, la sociedad se hizo más compleja por la mezcla racial. El proceso del

mestizaje fue creciente e incluyó no sólo al elemento blanco unido al indígena, sino también a las múltiples castas cuyo origen se fue alejando cada vez más del tronco común. 6. Principales instituciones del gobierno indiano 6.1 Metropolitanas ¿Qué es el Derecho Metropolitano? Se refiere a la expresión legislativa del derecho indiano y encontramos.

- La ley - La real pragmática - La real provisión

- La real cedula - La real carta - La real ordenanza - Y la real instrucción Explica cada una de ellas La ley: Eran cuerpos protocolarios, cuya única misión era intervenir en la transmisión hereditaria de

la corona. La real pragmática: Era emitida por el rey, constituyo la más relevante forma de creación del

derecho indiano. La real provisión: Precepto dado por el rey de contenido especifico, ejemplo: Un nombramiento.

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La real cedula: Fue la manera más usada para legislar por los monarcas castellanos. La real carta: Es un escrito en el que el soberano contesta cuestiones que los súbditos lo plantean. 6.2 El Virrey y el Superior Gobierno El Virrey era la única autoridad absoluta quién a su cargo unía el del Presidente de la Real

Audiencia; Gobernador General, Capitán General, Intendente de la Real Hacienda y Administrador del Regio Patronato de Indias. 6.3 Locales y Municipales Monarca y alcaldes y corregidores. 6.4 Judiciales - El tribunal de la Santa Fe, conocido comúnmente como Tribunal de Inquisición, que se ventilaban asuntos contra la religión católica. - El Tribunal de Minería. Se creó para dirimir cuestiones únicamente de ésta índole. - Tribunal Militar de la Acordada, que castigaba delitos graves contra la disciplina militar, así como

a maleantes y salteadores de caminos. 7. La independencia y el Derecho

7.1. La Revolución Francesa. Aspectos Jurídicos, Constitución Revolucionaria y Códigos Napoleónicos ¿Durante la Revolución Francesa que aspectos jurídicos podemos señalar?

En Francia, el clero y la nobleza, eran las clases dominantes. El resto de la población vivía en condiciones muy desfavorables y tenia que pagar tributos cada vez mayores.

¿Qué sucede con estos abusos? En 1789 se unen representantes de los grupos sociales descontentos y acordaron elaborar una nueva constitución, sus objetivos eran suprimir los privilegios al clero y a la nobleza, y a garantizar la

libertad e igualdad de los ciudadanos, situación que no fue aceptada por el rey; ante tal negativo se levantan en armas; y finalmente cedió al rey Luís XVI. ¿Qué expidieron dicho grupo y qué personaje sobresalió? La famosa Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. Sus principales artículos son: 1. Los hombres nacen libres e iguales en sus derechos

2. Los derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión 3. La soberanía reside esencialmente nación 4. Todo hombre es inocente mientras no sea declarado culpable El personaje que sobresale es el general Napoleón Bonaparte. ¿En que influyo la Revolución Francesa? - Permitió sentar las bases de las instituciones políticas actuales de la mayoría se las naciones. - Con la Revolución Francesa decretó el fin de la monarquía y el principio de la Republica Francesa. ¿Cuáles fueron los Códigos Napoleónicos? - El primer gran código de derecho privado fue el de los franceses o Código de Napoleón de 1810

después del Código de Procedimientos Civil, el Código de Comercio, el Código de Instrucción Criminal y finalmente el Código Penal de 1810. - Fue Francia el primer país en tener Código en sentido moderno. 7.2 El pensamiento jurídico y los movimientos libertadores en América

En el periodo Independiente, Morelos elaboró un documento titulado “Sentimientos de la Nación”, y con el cual se inauguraron, los trabajos del Congreso de Chilpancingo. El 14 de septiembre de 1813 se dio a conocer por primera vez en nuestro país, las ideas de soberanía, de representación popular, de división de poderes y algunos derechos del hombre en torno al concepto

de libertad. La Constitución de Apatzingan, históricamente conocida como “Decreto Constitucional para la América Mexicana”

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7.3 Antecedentes de Cádiz Fue la respuesta de los insurgentes a la promulgación de ésta Constitución que con plenitud de principios liberales pretendió detener el ansia libertadora de las colonias americanas. ¿Explica los antecedentes de Cádiz? Fue la primera constitución formal que rigió México y estuvo en vigor hasta 1814. ¿En que año se promulgó la Constitución de Cádiz? El 30 de Septiembre en 1812 ¿Qué papel ocupó esta constitución en nuestra independencia? Porque repercutió en el comienzo del movimiento independista mexicano, representó el triunfo de la

burguesía en el imperio español. 7.4 La Constitución de Apatzingan ¿De una breve reseña anterior a la constitución de Apatzingan?

Al iniciarse el movimiento de independencia de lo que posteriormente seria México aparecen los primeros esfuerzos para lograr una organización propia y autónoma que salvara a quienes habían sido explotados, tanto económicamente como socialmente, durante los años de la colonia.

¿Qué documento sirvió de antecedente a la constitución de Apatzingan y por quien fue escrito? “Sentimientos de la Nación” que recoge su pensamiento socio-liberal contenía principios políticos que posteriormente darían forma al Estado mexicano; fue escrito por José Maria Morelos y Pavón en Chilpancingo en 1813. ¿Cuál fue el nombre con el que se decretó la Constitución de Apatzingan? Como “Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana”. ¿En cuantas partes se dividía la constitución?

En 2, una dogmática y otra orgánica. ¿Menciona cada una? - Relativa a la organización del país y sus puntos esenciales encontramos que la religión católica era la única a progresar una Soberanía Nacional, el Sufragio Universal consagraba las Garantías de seguridad jurídica propiedad, igualdad y libertad de los ciudadanos. - Fijaba las provincias de la América Mexicana y la forma de gobierno ya se dividía en tres: a) Legislativo.- Radicaba en el Congreso Nacional b) Ejecutivo.- Se depositaba en tres personas c) Judicial.- Depositado en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuáles eran las tendencias marcadas de esta constitución? Los principios democráticos para el principio de la independencia. ¿Esta constitución se llevó a la práctica? No porque las circunstancias no lo permitieron. ¿Qué reacción provocó la Constitución de Cádiz? El descontento de los criollos (españoles nacidos en América o nueva España). 7.5 Plan de Iguala y Tratados de Córdova ¿Con que otro nombre se le conoce al Plan de Iguala?

Las 3 Garantías ¿Por qué las 3 Garantías? Porque eran tres motivos que los unían: religión única católica, unión de todos lo grupos sociales e independencia de México.

Cada garantía se representó con un color y se hizo con ellos una bandera, símbolo de la nueva nación. ¿Entre que personajes se da este plan? Entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. ¿Qué intereses representa cada uno?

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Vicente Guerrero era el continuador del movimiento iniciado por Hidalgo y Morelos. Iturbide representaba los intereses de los criollos ricos y los españoles que Vivian en América y no querían

depender de España. ¿En que año se firmó ese plan y que contenía?

El 24 de Febrero de 1821, se invitaba a todos los habitantes de la Nueva España a olvidar sus divisiones y a unirse para alcanzar la independencia. ¿Quiénes firmaron los tratados de Córdova? Juan O´Donojú y Agustín de Iturbide en el cuál se reconoció la independencia de México. ¿Quién era Juan O´Dunojú?

Fue el último español enviado para gobernar a la Nueva España; en 1821, pero se da cuenta de que los mexicanos querían la independencia y convención de que no podría gobernar firmó el tratado. ¿Con la firma del tratado que sucede?

La consumación de la independencia; la nueva nación comenzaba su propia vida. 8. Derecho de transición a la independencia 8.1 El constitucionalismo ¿Cómo explicas el constitucionalismo? Son los primeros documentos constitucionales del México Independiente y encontramos: 1) Acta Constitutiva 2) Constitución de 1824

Se buscaba que prevalecieran los principios más adelantados; y principalmente inspirado en las ideas del estado de naturaleza y del pacto social de Rousseau. 8.2. Constituyentes 1822-1824 ¿Quiénes son los constituyentes de 1822-1824 más sobresalientes? - Encontramos a Miguel Ramos Arizpe y el dominico Mier fueron el dúo más ilustre del “24”. - Agustín de Iturbide se proclama Emperador. 8.3 La constitución de 1824; Surgimiento del federalismo ¿Cuál es el nombre de la Constitución de 1824? Llamada Constitución de los Estados unidos Mexicanos. ¿Qué contenía dicha constitución? - Se decidió que México fuera una republica federal y que se llamara Estados Unidos Mexicanos. - Declaraba que todos los mexicanos eran iguales y que la única religión seria la católica y concedía

la libertad de imprenta; que la soberanía reside esencialmente en la nación, se constituye una Republica representativa, popular y federal; también establecía la división de poderes. (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). ¿A que da inicio la constitución del 24? - Al federalismo; que es un principio fundado en la autonomía de los miembros; principio que sigue

hasta nuestros días. - Dicho de otra manera es la unión de los Estados y pierden su soberanía exterior, pero permanecen libres en su régimen interior y ligados entre si por un pacto a raíz de su dependencia. 9. Conservadurismo mexicano. La reacción Santa Anista. Constitución 1835- 1836 9.1 Fundamentos Teóricos ¿Cuáles fueron los fundamentos teóricos con la reacción Santa Anista? El periodo que siguió, casi siempre presidido por Antonio López de Santa Ana, era de violencia caos

y anarquía. ¿Cuál fue uno de los principales motivos del desorden? - Fue la forma de elegir al presidente y vicepresidente - Santa Ana asumió 11 veces el Ejecutivo de la Nación.

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¿Quién fue el presidente y vicepresidente de esa época? Antonio López de Santa Ana (presidente) Valentín Gómez Farias (vicepresidente) ¿Quién fue el primero que expidió disposiciones para evitar la intromisión de la iglesia en

asuntos del gobierno civil? Valentín Gómez Farias, en una de sus múltiples ausencias del Presidente. 9.2. Elementos del Estado conservador mexicano en 1836”Las siete leyes Constitucionales” ¿Cuáles fueron los elementos del estado conservador en México en 1836? La Constitución fue expedida en 1836. -Se le permite a los conservadores tomar el poder y conducir el destino de México. -Restituyeron los privilegios y riquezas quienes se vieron afectados en sus intereses durante la época reformista. - Con la constitución centralista en vigor, se pensó que se resolverían los problemas internos de la

joven nación; según sus simpatizantes. ¿Por qué Constitución de las Siete Leyes? Fue de corte conservador y porque se dividió en 7 estatutos y se menciona como obligación del mexicano profesar la religión católica se le da nuevamente privilegios a la iglesia y al ejército, se vuelve al centralismo. 9.3 Bases orgánicas de 1843

¿Por qué bases Orgánicas? Porque centralizaban todavía más en el Ejecutivo la administración de las provincias. ¿Con que otro nombre se le conoció a las bases Orgánicas? Bases Constitucionales. ¿De cuantos artículos estaba integrada? Por 202 artículos. ¿Qué establecía dicha Constitución?

Reiteraba la independencia de la nación y la organización en Republica centralista, suprimió al Supremo poder conservador y declaró que el país profesaba y protegía la religión católica. ¿Qué contenía dicha Constitución?

- Se concedía el derecho de iniciar leyes al Ejecutivo, a los diputados, a las asambleas departamentales y a la suprema corte. - El despacio de negocios estaba a cargo de 4 ministros: de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía de Justicia y Negocios Eclesiásticos, instrucción publica. - Se estableció la corte integrada por generales y letrados. - En materia electoral se dividió la población de México en secciones de 500 habitantes, cada censo

se renovaría cada 6 años. - Respecto de las garantías de Igualdad, Libertad y de Seguridad Publica, señalaba que los detenidos tenían derecho de que los jueces, dentro del 3er día, recabaran su declaración preparatoria. - En cuanto a las reformas Constitucionales, se estableció que en cualquier tiempo podían hacerse

alteraciones a las bases. ¿Con esta Constitución el País alcanza su estabilidad? No fue suficiente para el país, conocer la estabilidad. Las bases Orgánicas fueron calificadas como “un producto militar” que provocó un “Despotismo Constitucional”.

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10. Liberalismo Mexicano 10.1 Acta de Reformas de 1847: hacia una nueva Constitución ¿Cómo explicas el acta de reforma de 1847?

Como es sabido, Antonio López de Santa Ana, siempre fue conservador, pues posteriormente se declara liberal demócrata federalista y en contra de toda monarquía, posteriormente a esta declaración se convocó un gran congreso el cuál se integró por Espinosa de los monteros, Manuel Crecencio Rejón, Mariano Otero entre otros. ¿Quién fue el creador del acta de Reformas y que proponía de ella? Por el gran Jurisconsulto Mariano Otero que en su “voto particular” proponía, en síntesis: 1. La conservación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales y filosóficos,

inspirándose en las constituciones de Francia, las instituciones inglesas y la constitución norteamericana 2. Establecer las garantías individuales para todos los habitantes del territorio de la Republica, y sin distinción de nacionales y extranjeros.

3. La organización de los poderes federales proponía la Cámara de Diputados debiera ser más numerosa. (1 diputado por cada 50 mil habitantes) y en el Senado 69. 4. Para la formación de leyes se requería el voto de 2 tercios de la Cámara iniciadora y un poco más de un tercio la revisora. 5. El Ejecutivo, debería suprimirse el cargo de Vicepresidente que establecía la Constitución del 24.

6. Facultad del congreso de la Unión declarar nulas las Leyes de los estados que implica una violación al pacto federal. 7. La mayor aportación de Otero: el amparo, los tribunales de la federación ampararían a cualquier

habitante de la Republica en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos por la constitución. ¿Qué más se puede mencionar del Acta de Reforma? Fue aprobada casi en su totalidad, fue sancionada el 18 de Mayo 1847. 10.2 La Constitución de 1857 Para hablara de la Constitución de 1857; es necesario remontarnos como en el segundo periodo del siglo XIX, vemos al liberalismo como alternativa política al conservadurismo, siendo el liberalismo en

el que encontramos a un mora, aún Gómez Farías, aun Lerdo de Tejada, a Benito Juárez y a toda una brillante generación de hombres públicos. Con el tiempo de la revolución de Ayutla llegó al poder una nueva generación de liberales. El 5 de febrero de 1857, el congreso promulgó la nueva constitución con 128 artículos. En ella se declaraba la libertad de enseñanza de imprenta, industria, comercio, de trabajo y asociación.

Con esta constitución volvía a organizar el país como una república federal. Incluía un capitulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos, conocido como amparo, también apoyaba la autonomía de los municipios. -Se formula claramente los derechos del hombre en 29 artículos.

-Se hace presente la soberanía nacional que se hizo residir esencial y originalmente en el pueblo. Esta constitución prevaleció hasta la aprobación también un 5 de febrero de 1917. 10.3 Leyes de Reforma ¿Qué puedes señalar de las leyes de reforma?

Que una vez que el partido conservador decide nombrar presidente a Zuluoaga y tomo a la ciudad de México y obligó a los liberales a instalar su gobierno en Guanajuato. Durante ese tiempo los dos gobiernos pugnaron por controlar el país. ¿Cuál de los 2 gobiernos fue el legítimo?

El de Benito Juárez, pus tenía como fundamento la constitución de 1857, en cambio el grupo conservador no tenía la base legal para nombrar presidente de la república. ¿Este conflicto propició una guerra que se llamó?

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Guerra de los 3 años (1858 – 1861) o guerra de reforma entre liberales y conservadores. Recordemos que Benito Juárez fue liberalista. ¿En cuantas etapas se desarrolló dicha guerra?

En 3 etapas: 1. La primera de 1858 –1859. Se caracterizó por el triunfo de los conservadores y obligaron al gobierno de Juárez a desplazarse por diferentes lugares de la república. 2. Fue 1860 registro triunfos alternativos de los 2 bandos y una división en los conservadores. 3. En 1861 dominó el grupo liberal y derrota a los conservadores. ¿En que año radicó Juárez las leyes de reforma? En julio de 1859. ¿Cuál fue el objetivo central de las Leyes de Reforma?

Fue organizar políticamente al estado mexicano. Para ello era necesario destruir el poder económico del clero e impedir su intervención en los asuntos civiles.

¿Qué decretaron estas leyes? -La nacionalización de los bienes eclesiásticos y comunales. -Los bienes de la iglesia y de algunas comunidades indígenas fueron puestos en venta por el estado

para producir más. -Se prescribió la separación de la iglesia y del estado -Se promulgó la libertad de culto. -Se estableció el matrimonio como contrato civil. ¿En que influyeron las leyes de reforma?

Transformó radicalmente la estructura social económica y política de México. Aún y cuando se suprimió los derechos especiales o fueron de las clases privilegiadas, se desarrolló un latifundismo

laico, es decir el campesino pobre no pudo comprar las tierras puestas a la venta, mientras las clases adineradas acapararon esas propiedades. ¿A raíz de esto que tipos de clases sociales surgieron? Dos clases sociales claramente diferenciadas: 1. El campesino obligado a trabajar como peón en las haciendas. 2. por otro los propietarios convertidos en poderosos y adinerados terratenientes, esto propició el desarrollo capitalista de México y posteriormente, durante el Porfiriato, originaría nuevos problemas sociales que desembocarían en el estallido de la Revolución mexicana. 10.4 El Imperio

En manos de Santa Ana, quedaron sin efecto las siete leyes Constitucionales, sancionando nuevas bases de Organización Política de la República Mexicana. Mismas que fueron rebatidas con el pronunciamiento de la Ciudadela, se reestableció la Constitución exiliando a Santa Ana a Cuba. 10.5 La legislación Porfiriana ¿Cuáles fueron las legislaciones porfirianas más importantes? Hubo una abundante legislación de esta época y encontramos:

1) La prohibición de la reelección desapareció por etapa: 1878 se prohíbe para presidente y gobernador, y en 1890 toda reelección fue autorizada. 2) En materia fiscal, se suprime las alcabalas 3) En los códigos civiles; no se permitía la disolución del vínculo matrimonial por divorcio; solo la

separación de los cónyuges. 4) En 1889 México recibió un nuevo código en materia de comercio. 5) La legislación minera, fue revisada y modernizada en varias ocasiones, entre otras.

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11. Codificación. 11.1 Concepto moderno de código Nombre dado a un conjunto de disposiciones legislativas reunidas en un solo cuerpo y destinadas a regir las materias que constituyen el objeto de rama del derecho. 11.2 Primeros códigos mexicanos civiles, penales y mercantiles ¿Dónde encontramos los primeros códigos mexicanos? En la constitución de Cádiz, se estableció la codificación como modo de formulación del derecho, en

el articulo 258 de la ley suprema se establecía “El código civil y criminal y el de comercio, los cuales serian un mismo para toda la monarquía” con la cual se excluía la materia procesal. ¿Qué sucedió cuando México alcanzó su independencia en cuanto a la codificación?

Nadie dudaba de la necesidad de codificar el derecho y desde un principio se lo propusieron pero dada la inestabilidad política y las constantes guerras tanto internas como externas; impidieron que se realizara este propósito. ¿Cuándo se adopta el federalismo, que sucede con la codificación?

Quedó encomendada a las entidades federativas. ¿Cuál fue el primer código de nuestra patria? Fue el código civil de Oaxaca promulgado entre 1827 y 1828. ¿Cómo surge el código de derecho penal?

En 1853, el general López de Santa Ana, expide “Las reglas que deben observarse en la administración de justicia, que después daría lugar al código de derecho penal.” ¿Cuándo surge el código mercantil? El congreso de la unión facultó al presidente Manuel González en 1883, para expedir un código de comercio lo cual hizo en 1884, bajo la denominación de código de comercio de los estados unidos

mexicanos. Pero fue sustituido por el de 1889 que entró en vigor en 1890 y que continúa en vigencia hoy día pero reformado que prácticamente no queda casi nada de lo que fue. 11.3 Principios juristas mexicanos del siglo XIX ¿Cuáles fueron los principales juristas mexicanos del siglo XIX?

-Justo Sierra -Pedro Escudero -Luís Méndez -Isidro Montiel

-Mariano Yánez -Lucas Alemán -Teodosio Lares 12 Derecho mexicano en el siglo XX 12.1 Crisis del liberalismo y nacimiento del positivismo en México, acción social y política de los católicos. ¿Cómo explicas la acción social?

El liberalismo trae consigo las desigualdades sociales se creó un profundo estado de injusticia, ahora llamada social, porque afecta a grandes masas de desheredados, el proletariado al carecer de las oportunidades y de los medios que contaban los capitalistas. Para 1910 el modelo liberal positivista había fracasado. El surgimiento de los conflictos sociales, las cuestiones obreras y agrarias; de tal suerte que Carranza y su gente tuvieron el tino de convertir una revolución política en social. ¿Qué puedes explicar de la política de los católicos? Como es sabido Comte fue el creador del positivismo proponía una “religión laica, los ministros de esta nueva religión deberían ser los filósofos positivistas los cuales constituían el poder espiritual.

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12.2 Las constitución de 1917 ¿Qué puedes explicarte de la constitución de 1917? En 1916 los revolucionarios se reunieron en Querétaro para retomar la constitución de 1857, y es

hasta el 5 de febrero de 1917 que se promulgó la constitución política de los estados unidos mexicanos. ¿Qué impacto produjo la nueva constitución?

Fue el primer documento jurídico que recogió las demandas obreras y campesinas, grupos populares mayoritarios. ¿En que radica la importancia de dicha constitución? En que garantiza los derechos sociales, los derechos individuales (Libertad, igualdad, etc.) - Las garantías individuales: Salvaguardan al individuo frente al Estado. - Las garantías sociales: Preservan los derechos de las clases sociales débiles de la sociedad como lo son los trabajadores y los campesinos frente a las clases económicamente poderosas. ¿Cuáles fueron las demandas más populares e importantes? El derecho a la educación, al trabajo y a la tierra. ¿Qué facultades confiere la Constitución al Estado?

Le confiere la facultad al Estado para intervenir en la vida económica del país, y la obligación de proteger a obreros y campesinos frente a las clases propietarias. ¿Qué otros puntos relevantes contiene esta Constitución? -La expropiación y nacionalización; solo en los casos de utilidad publica.

-La expropiación.- Significa desposeer de una propiedad a su dueño a cambio de una indemnización. -La Nacionalización.- Es el acto por el cuál el Estado como representante de la Nación, se convierte en propietario de empresas, bienes o servicios que estaban en manos de particulares (extranjeros o

nacionales). ¿Qué sucede el 1° de Mayo de 1917 una vez promulgada la Constitución? Venustiano Carranza asume la presidencia, y su gobierno busca consolidar el poder político-militar del Estado Mexicano. 12.3 La Legislación posrevolucionaria: Surgimiento de un derecho Social (idearios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas) El Derecho Social, surge a raíz de los movimientos que se suscitan con la Constitución de 1917. ¿Qué puedes explicar de Emiliano Zapata?

Fue un dirigente campesino que durante el Porfiriato había estado luchando para evitar el injusto despojo de tierras por parte de los hacendados latifundistas. Organizó el Ejercito Libertador del Sur. Cuando Madero llega a la Presidencia; Zapata desconoce su gobierno y proclama el Plan de Ayala.

Reclamaba la devolución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados de ellas. Su lema era “La tierra es de quien la trabaja”, pues la Republica debía satisfacer, antes que nada, las demandas agrarias. Fue considerado el Padre del Agrarismo Mexicano. ¿Venustiano Carranza?

Nace en familia de hacendados norteños en cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1917, instala en la ciudad de Querétaro un congreso Constituyente; en el cuál dicta la Nueva Constitución Política, dando a la Revolución un carácter legal.

- Liquidó los bancos nacionales, para crear el Banco de México. Único autorizado para emitir el papel moneda. - Inició la protección de las riquezas naturales especialmente el petróleo.

- Obliga a los extranjeros a sujetarse a las leyes mexicanas, cuando establecieran negocios o residencia en México; renunciando a sus derechos del país de origen. - Gobernó del 1° de Mayo de 1917-1920; pero no logró pacificar totalmente al país.

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- Al tratar de designar al sucesor para la Presidencia del país se desató una rebelión armada, encabezada por Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, que querían para sí el poder. ¿Quién fue Plutarco Elías Calles? Fue Presidente de México de 1924 a 1928. Durante su gobierno se multiplicaron las organizaciones

Obreras y Campesinas. - En 1925 creó el Banco Central, el Banco de México, reguló las actividades financieras y la emisión

de la moneda. - Inició la construcción de la red de carreteras y de las primeras grandes presas para regar la tierra. - Propició la fundación del Partido Nacional Revolucionario (Hoy PRI).

- Enfrentó la “rebelión cristera”, que fue un movimiento utilizado por el clero para protestar con relación a las disposiciones constitucionales relativas a la educación y culto. (Porque no se le reconocía personalidad jurídica a la iglesia, y se prohibía el culto).

- Calles estableció castigos para quienes no las respetaran (las leyes). Los católicos se levantaban en armas, el ejército intenta detenerlos y el conflicto se hizo más intenso.

- Empezó la rebelión cristera llamada así por el grito de combate que era “¡Viva Cristo Rey!”, la rebelión duró 3 años, hasta que se llegó a un arreglo entre Estado e Iglesia. 12.4 Consolidación del sistema presidencial en México El sistema presidencial, la ha permitido a nuestro país un desarrollo paulatino hacia el desarrollo; ya

que nos permite elegir libremente a nuestros representantes y presidente de la republica, y el cuál es en un periodo de 6 años y volvemos ha elegir nuestros siguientes representantes.

Aunque todavía existen muchos problemas graves, pero sin duda la vida ha mejorado, a través del tiempo. El México del hoy, el país en que vivimos, es el resultado de las luchas y los esfuerzos de nuestros antepasados, que se arriesgaron y otros muchos que perdieron su vida, por sus ideales para una mejor forma de vida, para las generaciones posteriores. ¿Qué puedes explicar de Lázaro Cárdenas? El 1° de Diciembre de 1934 asume a la presidencia.

- Los ideales revolucionarios alcanzaron su máxima expresión, ya que las demandas obreras y campesinas fueron satisfechas. - En 1935 logra expulsar del país a Calles y terminó así con el “Maximato”. - En 1937 nacionalizó las compañías ferroviarias y entregó a su administración al sindicato obrero. - En 1938 decretó la expropiación petrolera. - Incorporó a los trabajadores y a los campesinos al crear la CTM y CNC. - Se empeño en resolver los problemas agrarios, se fundaron ejidos. - Se preocupó por multiplicar escuelas, sobre todo rurales y la enseñanza técnica.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho V. DERECHO CONSTITUCIONAL

I. TEORÍA DEL ESTADO 1. EL ESTADO MODERNO

1.1.- CONCEPTO DE ESTADO

Es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. 1.2 ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESTADO · TERRITORIO:

Asiento geográfico donde reside la población (elemento material)

· POBLACIÓN: Elemento personal del estado. · GOBIERNO: Elemento político, es el guía, orientador y conductor de un pueblo.

· ORDEN JURÍDICO: Es el conjunto de leyes y disposiciones jurídicas vigentes en un país determinado (elemento legal). 1.3 FINES DEL ESTADO

·

EL BIEN PÚBLICO TEMPORAL:

1. Orden y paz 2. Coordinación

3. Necesidad de ayuda. · BIEN COMÚN, fin de toda sociedad. · BIEN PÚBLICO, fin específico de la sociedad estatal. 1.4 ESTADO, PODER Y DERECHO

ESTADO: Es un ente complejo que presenta diversos aspectos, entre ellos se encuentra un conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo un orden jurídico.

En consecuencia, el estado y derecho se encuentran en una relación de todo a parte. El derecho es una de las partes substanciales del estado, porque no se concibe a éste sin el derecho, ni al derecho como realidad positiva separándolo del estado.

El papel del derecho es encauzar al estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El derecho limita al estado por cuanto regula las instituciones de éste y el funcionamiento de las mismas, esto es una autolimitación del estado, pues ya sabemos que el estado crea el derecho, y que el derecho es el estado como actividad normada. PODER: El poder político es un concepto equívoco, abarca 2 relaciones radicalmente distintas, por una parte el control de la naturaleza y por otra parte en contra del hombre, el poder de la naturaleza,

consiste en la comprensión humana de la legalidad de la naturaleza exterior a las necesidades del hombre. DERECHO: Conjunto de normas jurídicas dictadas por el órgano del estado (poder legislativo) que

rigen dentro de una sociedad. 2. FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO

2.1 FORMAS DE ESTADO

Se entiende globalmente a un ordenamiento referido particularmente a finalidades planteadas con objetivos de acción de los órganos constitucionales. 2.1.1 ESTADO FEDERAL

La palabra federación implica alianza o pacto de unión y proviene del vocablo latín foedus. Un estado federal es una entidad que se crea a través de la composición de entidades o estados que antes estaban separadas, sin ninguna vinculación de dependencia entre ellos. El estado federal concentra los poderes recibidos de las partes estatales que lo componen, cuyos poderes constituyen su soberanía, reservándose aquellas que no le hubiesen transmitido. CARACTERISTICAS:

1. AUTONOMÍA DEMOCRÁTICA, designación de órganos de gobierno.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho 2. AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL, organización jurídica y política, sin transgredir la constitución

nacional. 3. AUTONOMÍA LEGISLATIVA, administrativa y judicial en lo que concierne a las materias estatales. 4. PARTICIPACIÓN, en la expresión de la voluntad nacional. 2.1.2 ESTADO CONFEDERADO

Esta modalidad surge generalmente por acuerdo entre varios estados, que convienen su unión pero

sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay en esta fusión estatal un súper estado, con soberanía que se imponga a los poderes de los estados miembros.

Solamente quedan unidos los estados por los términos del pacto de confederación en todo lo restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a su arbitrio, tanto en el plano interno como en el internacional. Únicamente sufren restricciones en aquello que se encuentre previsto en el pacto. 2.1.3 ESTADO UNITARIO

Es aquel en el que la organización política es única porque consta de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. También el ordenamiento constitucional es único, la

organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente, sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas, las decisiones obligan a todos los nacionales por igual (homogeneidad del poder), la organización política cubre todo el territorio estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre los distintas entidades locales. 2.2.1.- MONARQUÍA

Esta forma de gobierno se funda en el carácter de la persona que encarna al órgano supremo de un estado encargado del poder ejecutivo o administrativo y se distingue porque dicha persona llamada rey o emperador permanece en dicho puesto vitaliciamente o se transmite por muerte o abdicación. 2.2.2 REPÚBLICA

Res-pública = cosa pública. Es una forma de gobierno cuyas características están dominadas por los principios electivos de sus gobernantes y de representación de la soberanía que reside en la nación. II. TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN 1. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL

La constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del estado, porque contiene la esencia del orden político y jurídico, por lo tanto la fuente de lo que van a emanar todas las normas de la conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del estado. 1.1 TRATADISTAS MEXICANOS 1.1.1 MARIO DE LA CUEVA

Dice que la constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del estado, porque contiene la esencia del

orden político y jurídico, por lo tanto, la fuente de la que van a emanar todas las normas de la conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del estado. 1.1.2. FELIPE TENA RAMIREZ

Los organismos de poder que reciben su envestidura y sus facultades de una fuente superior a ellas, como es la constitución. El autor de la constitución debe ser distinto y estar por encima de la

voluntad política de los órganos. La doctrina designa al primero con el nombre de “poder constituyente”, y a los segundos “poderes constituidos”. 1.1.3.- IGNACIO BURGOA

La idea de constitución puede subsumirse en dos tipos genéricos que son: La constitución real, ontológica social por una parte y la jurídica coercitiva, por la otra,… el primer

tipo se implica en el ser y modo de ser de un pueblo, en su existencia social dentro del de vivir

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histórico, lo cual a su vez presenta diversos aspectos reales, tales como el económico, el político y

el cultural, primordialmente (elemento ontológico), así como el desideratum con tendencia para mantener mejorar o cambiar dichos aspectos (elementos deontológicos) o querer ser. 1.1.4 JORGE CARPIZO La constitución de un país de constitución escrita no es la realidad ni la hoja de papel, sino el punto

en el cual la realidad jurídica valorada y el folleto se interfieren… Así, la constitución de un país es un eterno duelo entre el ser y el deber ser, ser entre la realidad y la norma. La constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida. .2. TRATADISTAS EXTRANJEROS 1.2.1. CARLOS SCHMITT.

Si se quiere llegar a la inteligencia hay que imitar la palabra constitución ó constitución del Estado (la unidad política de un pueblo) se puede designar al Estado, al Estado particular y concreto como

una unidad política. Constitución: sistema cerrado de normas, y designa una unidad, pero no una unidad completa, sino

pensada, ideal. La constitución es absoluta porque ofrece un todo (verdadero o pensado), se entiende por constitución una serie de leyes de cierto tipo.

Constitución y ley constituida, reciben el mismo trato, cada ley constitucional, aparece como constitución el concepto se hace relativo, ya no afecta a un todo, a una ordenación y a una unidad, sino a muchas, varias, o muchas prescripciones legales de cierto tipo. 1.2.3. HANS KELSEN. Constitución, es la primera norma susceptible de sustentar validez jurídica de todo el sistema, y de posibilitarse a través de códigos, leyes, reglamentos, decretos, laudos y sentencias. Por respuesta a

¿Por qué? Esas reglas rigen la producción normativa, que implica reconocer dos atributos. En primer termino crean órganos como la federación, los Estados, el DF, el poder legislativo federal, el

poder ejecutivo federal, el poder judicial federal, en los Estados órganos correspondientes. En segundo lugar delimitan la competencia de cada órgano, asignándole atribuciones, esto es, deberes

jurídicos (facultades y obligaciones) que posibilitan el desarrollo de la producción normativa. En sentido de constitución dos tipos: formal y material. 1.2.4 FERANDO LASALLE.

Constitución es la suma de los factores reales de poder. Constitución social: relación de fuerzas reales de poder. Constitución jurídica: la hoja de papel

¿Qué es la constitución? Consigue acumular a su servicio la cantidad suficiente de poder para aplstar poder del desafuero y de la arbitrariedad. Una constitución debe tener fuerza de ley, debe ser una ley, pero una simple ley, debe ser algo más

que una simple ley. La constitución es fundamental, porque se ubica a un nivel más profundo que cualquier ley, porque

actúa y se prolonga de las leyes ordinarias de la que es fundamento, no puede aparecer de manera diferente de lo que es. 1.2.5. KARL LOEWEINSTEIN.

Las constituciones se clasifican en normativas:

a) Nominales y semánticas, según sea observada o inobservada. b) Derivadas y originales, si consagran principios de otras constituciones o no lo hacen. c) Ideológico-programáticas y utilitarias, por lo que se requiere diferencias aquellos contenidos

constituidos acentuadamente, ideológicos de otros de naturaleza técnica que diseñan programas gubernamentales a desarrollar.

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2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES

De acuerdo al procedimiento para su modificación:

A) Rígidas B) Flexibles De acuerdo a su forma: A) Escritas B) Consuetudinarias 3. EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS PODERES CONSTITUIDOS 3.1 EL PODER CONSTITUYENTE

Es una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica fundamental de contenido diverso y mutable, dentro de la que se organice un pueblo o nación, se

encauce su vida misma y se normen las múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen de su propio desarrollo. 3.2 EL CONSTITUYENTE ORIGINARIO

Es aquel órgano que crea la norma fundamental de un sistema jurídico y por medio de la misma da lugar a la fundación de un estado. 3.3 EL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN

La modificabilidad de los principios esenciales que se contienen en una constitución, o sea, de los

que implican la constancia o contextura misma del ser ontológico y teleológico del pueblo y la facultad de sustituir dicho ordenamiento son inherentes al poder constituyente, al poder soberano. Por lo tanto, sólo el pueblo puede modificar tales principios o darse una nueva constitución.

3.4 DIFERENCIA ENTRE EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS PODERES CONSTITUIDOS

El poder constituyente es aquel que tiene un pueblo de establecer una constitución y los poderes constituidos son los órganos constituidos del gobierno del estado, con las funciones esenciales del mismo, se clasifican según su función en: Ejecutivo, legislativo y judicial. 4. SOBERANÍA: CONCEPTO, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

SOBERANÍA, es

la autoridad suprema; poder supremo que posee el estado; soberanía nacional, la

que corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del estado. EVOLUCIÓN:

La soberanía aparece a fines del año 1500, junto con el estado para indicar

plenamente el poder estatal, único y exclusivo sujeto de la política.

Hegel, sostiene que consiste ésta en la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social territorial, en caso necesario, incluso, con el derecho positivo y además, de imponer la decisión a todos los habitantes del territorio. CARACTERÍSTICAS: Un soberano, que sea el pueblo; un monarca, una fracción revolucionaria, una asamblea constituyente o una carta fundamental, es aquel que conforme a derecho es supremo

en lo interior e independiente en lo exterior, es el caso nuestro. 5. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Este principio implica que la constitución es la máxima de las leyes, por lo que no existe ninguna otra por encima de ella. En el derecho positivo mexicano este principio se encuentra consagrado en el artículo 133 constitucional.

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6. LAS PARTES DE LA CONSTITUCIÓN

6.1 PARTE ORGÁNICA

Contiene la creación y organización de estado (órgano de gobierno) y de sus competencias y atribuciones, se encuentran en diversos artículos de la constitución del 49 al 122; otros, lo establecen en los artículos 21, 49, 129, 132, 134 y 135 de la constitución. 6.2 PARTE DOGMÁTICA

Contiene una serie de derechos propios de los gobernados que implican espacios mínimos de libertad, protegidos de la afectación y la función autoritaria (arts. 21-29). 7. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 7.1 PROCEDIMIENTO VIGENTE

Es el procedimiento rígido, contemplado en el artículo 135 que establece: “…La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas, lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 7.2 OTROS PROCEDIMIENTOS

En contraposición a constituciones rígidas, las flexibles son reformables por procedimientos tan simples como los previstos para reformar o modificaciones de una ley secundaria. 8. MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

Democracia significa pueblo, es decir, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía (arts. 39 y 40

const.). 8.1 PLEBISCITO

Ley establecida por la plebe de Roma, reunida por tribus. Resolución tomada por todos los habitantes de un país o pluralidad de votos. Consulta al voto popular directo. Forma de legitimar una resolución política, gravemente y someterla a la voluntad de la ciudadanía en plebiscitos. 8.2 REFERÉNDUM

Voto directo de los ciudadanos de un país para ratificar leyes o constituciones. En términos generales se entiende por referéndum la acción de someter algún acto importante de gobierno para

aprobación pública por medio de una votación. En su acepción jurídica es: Consulta al cuerpo electoral en relación con materias de índole legislativa. Manuel García Pelayo define el término como el derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias. 8.3 INICIATIVA POPULAR

En su acepción utilizada es según García Pelayo el derecho de una fracción del cuerpo electoral a exigir la consulta popular sobre una determinada función legislativa. 9. LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Significa que no existe ningún acto que pueda desconocer o descalificar la imperatividad constitucional (artículo 136 constitucional). 10. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Es una parte de la interpretación jurídica. El concepto interpretación constitucional siempre es una acción referida a una especie de ley y ésta, como todo cuerpo normativo, ordene, prohíba, permite;

se caracteriza entre otras cosas y por ser fundamental, suprema, rígida, prescrita, emitida en un momento cierto y en virtud de un acto deliberado, al que se denomina constitución, Carta Magna, o

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pacto federal que contiene derechos, que prevé la existencia de poderes y órganos de autoridad, sus facultades, atribuciones y limitaciones. Interpretar la constitución es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo, en los términos en que ésta redactado y en todo su contexto. III.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MEXICANO 1. CAPÍTULO GEOGRÁFICO

Esta trata sobre las especificaciones del territorio mexicano y se encuentra en los preceptos de los artículos 42 al 48 de nuestra constitución. El territorio es el espacio en que el gobierno ejerce control público y por lo mismo, es el espacio de validez del orden jurídico nacional. 2. CAPÍTULO ECONÓMICO

Encierra el plan integral del desarrollo sobre el que se sostiene todas las actividades productivas del país y se localizan en los artículos 25, 26, 27, 28 y 123. 2.1 BANCO DE MÉXICO

El artículo 28 constitucional establece que el estado tendrá un banco central que será autónomo en

el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 3. NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA 3.1 PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS NACIONALES Y CIUDADANOS

La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. POR NACIMIENTO:

a. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. b. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio mexicano.

c. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización. d. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. POR NATURALIZACIÓN:

a. Los extranjeros que obtengan de la secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización. b. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos

que establecen las leyes. LA CIUDADANÍA:

Son ciudadanos de la república, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además, los siguientes requisitos: b. Haber cumplido 18 años. c. Tener un modo honesto de vivir. PRERROGATIVAS:

a. Votar en las elecciones populares. b. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniéndolas cualidades que establezca la ley. c. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del

país.

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d. Tomar las armas del ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes. e. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 4. DIVISIÓN DE PODERES, CONCEPTO Y TEORÍAS

El Estado tiene necesariamente algunos fines o metas que alcanzar para lo cual está compuesto por una serie de órganos con funciones específicas. El principio de la División de Poderes constituye uno de los fundamentos de todo régimen democrático, en cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los otros poderes, están limitados por el derecho, quedando obligados a realizar estrictamente las funciones que a cada uno

le corresponde. Los poderes de la Unión están divididos en tres, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; el primero crea las leyes, el segundo las ejecuta y el tercero asume la facultad discrecional de proteger los intereses privados y particulares, además realiza la función jurisdiccional. El artículo 49 de la Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación 4.1 EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE PODERES. LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

El texto del artículo 29 Constitucional, habla que en caso de perturbación grave de la paz pública o

cualquier otro que ponga a la sociedad en gran peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso, y en

los recesos de éste, por la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo, para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación. 4.2 PODER LEGISLATIVO

4.2.1 CONGRESO DE LA UNIÓN:

El artículo 50 de la Constitución establece que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 4.2.2 CÁMARA DE DIPUTADOS:

Se compone de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario, se elegirá un suplente. La cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos

electorales uninominales y hasta 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será para la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados por mayoría. Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el

País.

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Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

a. Expedir el Bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del Presidente electo que hubiere hecho el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

b. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la

ley. c. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. 4.2.3 CÁMARA DE SENADORES

Se integra por 128 Senadores, de los cuales en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos los partidos políticos deberán registrar una lista con dos formulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignado a la formula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 Senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y formulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: a. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes que el

Presidente de la República y el Secretario del despacho rindan al Congreso; además, aprobará los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

b. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. c. Autorizarlo, también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del

país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes en aguas nacionales. d. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria.

e. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso, de nombrarle un gobernador provisional, quién convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el senado,

a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. f. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, cuando alguno de ellos ocurra ante el Senado con ese fin, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediante un conflicto de armas

g. Designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

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4.2.4 COMISIÓN PERMANENTE

Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión Permanente, compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas

Cámaras. La Comisión Permanente, además de las que le confiere la propia Constitución tendrá las siguientes obligaciones:

a. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 Fracción IV. b. Recibir en su caso, la protesta del Presidente de la República. c. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas por dictamen a las Comisiones

de la Cámara a la que vayan dirigidas d. Acordar por sí o por propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, la convocatoria señalará el objeto y objetos de las sesiones extraordinarias e. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules

generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. 4.2.5 PROCESO LEGISLATIVO

El derecho de iniciar leyes o decretos compete: a. Al Presidente de la República; b. A los Diputados y senadores, al Congreso de la Unión; c. A las legislaturas de los Estados.

Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. - Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados

o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los Diputados o los Senadores, se sujetarán a las bases que exige el reglamento de debates. - Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al ejecutivo, quién si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Es decir, las Cámaras deliberan acerca de las iniciativas, para determinar si son o no aprobadas. - Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, haciéndese primero en lo general, o sea en su conjunto, y después en lo particular cada uno de sus artículos - A la Cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama Cámara de Origen. - Aprobación: es el acto por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de ley.

- Cuando se aprueba un proyecto en la Cámara de Origen, se envía para que se discuta a la otra, la cual, si está de acuerdo, lo envía al Ejecutivo.

- Sanción: Es la aprobación de un proyecto hecho por el Poder Ejecutivo. Desde luego, éste acto debe ser posterior a la aprobación que hacen las Cámaras. - Derecho de veto: Puede suceder que el Presidente de la República, no esté de acuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso, entonces puede hacer las observaciones que estime necesarias para que el Congreso lo discuta nuevamente. El proyecto de ley o decreto desechado todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con observaciones a la

Cámara de Origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número toral de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Sí por ésta fuere sancionada por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y devolverá al Ejecutivo para su promulgación.

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- Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los 10 días útiles; a no ser que corriendo éste término haya Congreso cerrado o

suspendido por sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido - Publicación: las leyes para que surtan sus efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes

deben cumplirlas; para tal efecto las disposiciones del Congreso, para que se conviertan en obligatorias es necesario que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, llamado Diario Oficial de la Federación. Además de éste órgano de difusión legislativa, existen en los Estados los diarios o Gacetas Oficiales. - Iniciación de la vigencia: Es cuando entra en vigor una ley con toda la fuerza obligatoria. 4.2.6 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Este órgano del la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

Tendrá a su cargo: a. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos; el manejo y la custodia y la aplicación de fondos y recurso de los Poderes de la Unión de los entes públicos, así como el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. b. También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

c. Podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos

y términos señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. d. Entregar el informe del resultado de la cuenta pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que corresponderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.

e. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia y aplicación de fondos y recurso federales, efectuar visitas domiciliarias para investigar lo correspondiente. f. Determinar los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones

que corresponda. 4.3. PODER EJECUTIVO

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. 4.3.1 NATURALEZA JURÍDICA

Será por elección popular y ésta será directa. Individual, secreta y universal. 4.3.2 REQUISITOS

a. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, e hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. b. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. c. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. d. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. e. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejercito, seis meses antes de la elección f. No ser Secretario, Subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento Administrativo, Procurador General de Justicia.

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4.3.3 ATRIBUCIONES

a. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. b. Proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. c. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Nación. d. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. e. Nombrar con aprobación del senado a los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, de la Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda. f. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, de la Armada y Fuerza Área Nacionales con arreglo en

las leyes. g. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del ejercito terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. h. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la unión. i. Designar con ratificación del Senado, al Procurador General de la República. j. Dirigir la Política Exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacifica de controversias; etc. 4.4 PODER JUDICIAL

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 4.4.1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se compone de 11 Ministros y funcionará en Pleno o en salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas, serán publicas, y por excepción secretas en los casos de que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte de Justicia, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder

Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases Constitucionales. 4.4.2 EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. - Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas. - Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. - La Sala Superior se integrará por 7 Magistrados Electorales. - El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior de entre sus miembros, para ejercer el

cargo por 4 años. - Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y lo que disponga la ley, sobre: a. Las Impugnaciones de las Elecciones federales de diputados y senadores.

b. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de la República que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

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- La Sala Superior hará el computo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la del Presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. - Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal. 4.4.3 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Se componen de 3 Magistrados, de un Secretario de Acuerdos y del número de secretarios Actuarios, y empleados que determine el presupuesto. 4.4.4 TRIBUNALES UNITARIOS

Se compone de un solo Magistrado y el número de secretarios, Actuarios y empleados que determine el presupuesto 4.4.5 JUZGADOS DE DISTRITO.

Se componen de un Juez y del número de empleados que determine el presupuesto, los nombra la SCJN actuando en Pleno y duraran en su cargo 4 años. 4.4.6 EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. - El consejo se integrará por 7 miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte

de Justicia, quien también lo será del consejo; 3 Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 2 Consejeros designados por el senado y 1 por el Presidente de la República.

- El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la asignación, adscripción, ratificación o remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 5. RELACIONES ESTADO-IGLESIA

La Constitución consigna que todos los mexicanos somos libres de profesar la religión que

mejor le parezca, así mismo en la misma ley fundamental en el Artículo 130 expone las reglas en que se someterá la iglesia. IV. BASES CONSTITUCIONALES DE DERECHO POLÍTICO-ELECTORA

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por lo de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, los que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases establecidas en la misma Constitución. Están establecidas en los artículos: Art. 51. Que habla de los Diputados Federales, de su elección Art. 61. Se refiere a las elecciones de los Senadores. 1. PARTIDOS POLÍTICOS

· Los Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

· Los partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. · Los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional

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· Y como organizadores de los ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

· La Ley les proporcionará a los partidos políticos nacionales, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. 2. ÓRGANO ELECTORAL-ADMINISTRATIVO (INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL)

· La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomodenominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que establece la ley.

· En el ejercicio de esa Función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. · El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. · Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

· El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 1 Consejero Presidente y 8 Consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los Consejeros del Poder Legislativo, los Representantes de los partidos políticos y 1 Secretario Ejecutivo. · El Consejo Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión.

· El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. · Tendrá a su cargo el IFE en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geográfica electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón electoral y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral , los cómputos, en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamientos de constancias de en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.

· Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 3. BASES CONSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA ELECTORAL

Art. 20. Constitución Política para el Estado de Tamaulipas La Soberanía del Estado reside en el pueblo, y éste la ejerce a través del Poder Público del modo y los términos que establecen la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. El Estado

no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con Nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo en los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. · La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado depersonalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que establece la ley.

· En el ejercicio de esa Función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

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· El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. · Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El organismo Público Autónomo encargado de la organización de los procesos electorales, en el ejercicio de su función estatal electoral:

· Declarará la validez de las elecciones y expedirá las constancias de mayoría de Gobernador del Estado, de Diputados según el principio de mayoría relativa y de los Ayuntamientos.

· Declarará la validez de le elección y expedirá las constancias de asignación de las diputaciones según el principio de representación proporcional;

· Expedirá las constancias de asignación de Regidurías según el principio de representación proporcional y; · Declarará Gobernador electo al ciudadano que hubiese obtenido el mayor número de votos. V. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

Art. 39: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Art. 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática,

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de ésta ley fundamental. 1.1 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Las competencias de funciones entre la Federación y los Estados están establecidas en los artículos 117, 118 y 124 de la Constitución mexicana. Tanto en los artículos 117 y 118, encontramos prohibiciones para los Estados, pudiendo ser absolutas y relativas, las primeras son las que disponen actividades que los Estados en ningún caso

podrán realizar, las segundas son aquellas que impiden a los Estados realizar ciertos actos si no han obtenido la autorización del Congreso de la Unión. Y en el artículo 124, establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por ésta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 2. ENTIDADES FEDERATIVAS

Art. 16. El Poder Público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en una sola persona.

Los estados son autónomos, es decir, tienen facultades para dictarse sus propias leyes, aunque éstas no podrán en ningún caso contravenir con el Pacto Federal.

Los Estados deben adoptar para su régimen interior, la forma de Gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. En consecuencia, ningún Estado puede establecer en su régimen local, otra forma de gobierno que la que expresamente ha quedado consignada. 2.1 PODER EJECUTIVO

El titular del Poder Ejecutivo de los Estados es el Gobernador, cuya elección y facultades están reguladas por la Constitución del estado.

El Gobernador es electo por voto mayoritario de los ciudadanos de la entidad, desempeñará su cargo durante 6 años, no pudiendo ocupar de nuevo ese puesto ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

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2.2 PODER LEGISLATIVO

El poder legislativo Estatal radica en una sola Cámara: la de Diputados. Como facultad tiene la de legislar en todo aquello que no esté reservado para el Congreso de la Unión, es decir, puede dictar

leyes para su entidad federativa. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al número de habitantes de cada entidad. Pero en todos los casos no podrá ser un número menos de 7 Diputados 2.3 PODER JUDICIAL

Corresponde al Poder Judicial del estado de Tamaulipas, el ejercicio de la función jurisdiccional en los asuntos del fuero común, en los términos que le confiere la Constitución Política del Estado de

Tamaulipas y demás ordenamientos legales; y en los asuntos del orden federal, en los casos que las leyes de este fuero le asigne jurisdicción. La función jurisdiccional se ejerce por: I. El Supremo Tribunal de Justicia; II. Los Jueces de Primera Instancia; III. Los

Jueces menores;

IV. Los Árbitros; V. Los Presidentes de Debates; y, VI. El Jurado Popular. El supremo Tribunal de Justicia ejerce jurisdicción en todo el Estado, como tribunal Pleno, en salas

o representado por su Presidente. Los Jueces de Primera Instancia, los Menores y el Jurado Popular, la ejercerán en sus respectivas circunscripciones territoriales, en el grado y términos asignados por la ley y los ordenamientos legales aplicables. 3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO FEDERAL

Art. 44: La Ciudad de México, es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene..... Art. 122: Su Gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local.

· Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 3.1 JEFE DE GOBIERNO

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, tendrá a su cargo el Poder Ejecutivo y la administración

pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre directa y secreta. 3.2 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Se integrará con el número de diputados electos según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señale la Constitución y el estatuto de Gobierno. 3.3 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. 3.4 DELEGACIONES POLÍTICAS

Son los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. Le corresponde al Jefe de Gobierno fijar los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político administrativas correspondientes, la forma

de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del distrito federal.

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Los titulares de las delegaciones políticas serán elegidos en forma universal, libre, secreta y

directa según lo determine la ley. 4. RÉGIMEN MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado

por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución le otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las bandos de policía y gobierno, los

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. VI. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Se reputarán servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, así como de los Servidores del Instituto Federal

Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 1. RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Se deriva de la responsabilidad de cumplir tanto con lo establecido en la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, como también de cumplir con los compromisos establecidos en campaña

como candidatos. 2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Se deriva de la obligación que tienen de guardar la constitución y la leyes que de ella emanan antes

de tomar posesión de su cargo generalmente se hacen efectivas mediante sanciones pecuniarias establecidas en los diferentes ordenamiento legales que rigen la actividad de los órganos del estado que los funcionarios personifican o encarnan incumbiendo su imposición a las distintas autoridades que tales ordenamientos determinen. 3. RESPONSABILIDAD PENAL

Se procede penalmente contra todos los servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL Es la que asume todo funcionario público en el desempeño de los actos inherentes a sus funciones

o con motivo de su cargo frente al estado y los particulares, con la obligación indemnizatoria o preparatoria correspondiente. Puede provenir de hecho ilícito civil o de delito o falta oficiales. VII. JUSTICIA CONSTITUCIONAL 1. FACULTAD INDAGATORIA DE LA SUPREMA CORTE

Art. 97. Segundo y tercer párrafos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar uno

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o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de un Estado, únicamente para

que averigüe un hecho o hechos que constituyan un agrave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de un hecho o hechos que constituyan la violación del voto público. Pero sólo en los casos que a su juicio, pudiera

ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Federación. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. 2. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: a. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales;

b. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan al soberanía de los Estados y la esfera de competencia del Distrito Federal;

c. Por leyes o actos de autoridad de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 3. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Suprema Corte de Justicia conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: a. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

b. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. 4. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL CONSTITUCIONAL

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales, se establece un sistema de medios de impugnación en los términos que señale la Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del Artículo 99 de la Constitución.

En materia electoral la interposición de medios de impugnación, constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado. VIII. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS: 1. DISTINCIÓN ENTRE GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS

·

GARANTÍAS INDIVIDUALES:

Las garantías protegen a todos los habitantes que se encuentren en el territorio nacional, mediante éstas, la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado frente a los particulares.

·

DERECHOS HUMANOS:

Son aquellos derechos naturales del hombre. 2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Es la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad. Las Garantía Individuales reconocidas en México están contenidas en el Título Primero, Capitulo I de la Constitución Federal, en los 29 primeros artículos.

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Las Garantías Constitucionales, pueden clasificarse:

a. Igualdad. b. Libertad.

c. Propiedad. d. Seguridad Pública a) IGUALDAD

Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones y se consigna el los siguientes artículos:

Art. 1° Establece textualmente “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga ésta Constitución, los cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece” Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que barca a todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes. Art. 2° Se refiere a la prohibición de la esclavitud, esta garantía descansa en que todos los hombres deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social. Art. 4° Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas.

Art. 12° Dispone que en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social.

Art. 13° establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de

servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad como son; el que nadie pude ser juzgado por leyes privativas; la de que nadie pude ser juzgados por Tribunales especiales; la de que ninguna persona o corporación pude tener fuero, etc. b. LIBERTAD

Art. 4°. En éste precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer, siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica la garantía de decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener. Art. 5°. Libertad del trabajo., es una contribución a al superación de los hombres, pues mediante ésta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa. Art. 6°. Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Art. 7°. La Libertad de Imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Art. 9° Derecho de asociación y reunión, todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero para tal efecto, deben hacerlo pacíficamente. Además la reunión deberá reunir un objeto lícito, que

no ataquen la moral, las buenas costumbres. Art. 10° Libertad de Posesión y Portación de armas: La posesión equivale a cierto poder de hecho que los individuos tienen sobre las armas. La Portación se refiere a la tenencia concreta circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a defender su persona, su familia, sus bienes, etc. Art. 11° Libertad de tránsito: Se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo

que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional. Art. 24° Libertad religiosa: El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por

eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la libertad de creencia y la practica religiosa que más satisfaga al individuo. Art. 25° Libertad de Circulación de Correspondencia: Toda la correspondencia que circule por el correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada.

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Art. 28. Libre Concurrencia: Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase; así como la

exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos. c. PROPIEDAD Art. 27° Primer párrafo “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro el territorio de la nacional corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el

dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. d. SEGURIDAD PÚBLICA

La vida pública mexicana, está sucedida de infinidad de actos que se relacionan el estado y los individuos; para que no arrastre con su conducta el Estado al individuo, es necesario que se ajuste a

una serie de normas, requisitos o circunstancias preestablecidas. Toda acción del Estado que no observe exactamente lo que la ley ha ordenado, no será válida. El individuo, goza de seguridad frente a la actividad del Estado, misma que se encuentra consagrada en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, y 26 de la Constitución. 2.1 INDIVIDUALES

Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones y se consigna en los siguientes artículos: Art. 4° Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y

la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas. En éste precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer, siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica la garantía de decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener. Art. 6° Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Art. 7°. La Libertad de Imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

Art. 10° Libertad de Posesión y Portación de armas: La posesión equivale a cierto poder de hecho que los individuos tienen sobre las armas. La Portación se refiere a la tenencia concreta circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a defender su persona, su familia, sus bienes, etc. Art. 11° Libertad de tránsito: Se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo

que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional. Art. 25° Libertad de Circulación de Correspondencia: Toda la correspondencia que circule por el correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada.

El individuo goza de seguridad frente a la actividad del Estado, tal como lo establecen los artículos Constitucionales 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, y 26. 2.2 SOCIALES

Art. 1° Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que abarca a todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes. Art. 2° Se refiere a la prohibición de la esclavitud, esta garantía descansa en que todos los hombres deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social. Art. 5°. Libertad del trabajo., es una contribución a al superación de los hombres, pues mediante ésta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa. Art. 9° Derecho de asociación y Reunión, todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero para tal efecto, deben hacer pacíficamente. Además la reunión deberá reunir un objeto lícito, que no

ataquen la moral, las buenas costumbres.

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Art. 12° Dispone que en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni

prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social.

Art. 13° establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de

servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad como son; el que nadie pude ser juzgado por leyes privativas; la de que nadie pude ser juzgados por Tribunales especiales; la de que ninguna persona o corporación pude tener fuero etc. Art. 24° Libertad religiosa: El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por

eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la libertad de creencia y la practica religiosa que más satisfaga al individuo. Art. 28. Libre Concurrencia: Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase; así como la

exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos.

4.

LA INCERSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO.

El reconocimiento de los derechos esenciales del hombre fueron plasmados en las primeras constituciones y en la Constitución de 1857 aparece un apartado denominado "Los Derechos Humanos". Los Consituyentes de Queretaro de 1917 los llamaron Garantías Individuales y en el Derecho Público se entiende por Garantías, los límites y prohibiciones que le Poder Público o Autoridad se

ha impuesto con el fin de hacer posible de su libertad, sin menoscabo del orden y paz social que deven ser mantenidos por aquel, en beneficio de todos los habitantes del país. Otro concepto es: Las Garantías Individuales son las Instituciones y Condiciones establecidas en la Constitución de un Estado a través de las cuales, el mismo, asegura a los individuos el uso pacífico y el respeto a los derechos que la propia Constitución prevé.

Son Derechos Subjetivos Públicos contenidos en la Constitución en sus primeros veintiocho artículos. 5.

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos

Humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. I. Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos. II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos

en los siguientes casos:

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a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia

de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las

autoridades respectivas. IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que presenten respecto de las Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas. V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los Organismos Estatales de Derechos Humanos. VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado. VII. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país.

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su competencia, que promuevan cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.

IX. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos. X. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia

de Derechos Humanos. XI. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional. XII. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos.

XIII. Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país. Cabe hacer mención que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas por la CNDH no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes; por lo tanto, no suspenden ni interrumpen sus plazos preclusivos. Asuntos de no competencia de la CNDH 1. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 2. Resoluciones de carácter jurisdiccional. 3. Conflictos de carácter laboral.

4. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 5. Por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 6. Conflictos entre particulares.

6.

PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

El Derecho Político regula las relaciones entre gobernados y gobernantes, con el fin de realizar la justicia y seguridad jurídica.

El Derecho Electoral es la parte del Derecho Político que regulan y armonizan las relaciones humanas con motivo de la elección, designación y remoción de los conductores, representantes y servidores de la organización política en todos sus niveles y modalidades con el fin de realizar la justicia y seguridad jurídica.

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VI. DERECHO CIVIL I. INTRODUCCIÓN, PERSONAS Y PERSONALIDAD

1.- La teoría de la ley en las disposiciones preliminares del Código Civil 1.1. Contenido de la ley El código contiene disposiciones del orden común para el D.F. y asuntos de orden federal para toda

la República. 1.2. Obligatoriedad Las leyes deben ser obligatorias y sancionadas por la fuerza administrativa del Estado. Como la sanción hace obligatoria la norma legal, éste no puede existir sin aquella. 1.3. Generalidad Deben ser disposiciones aplicables no a determinado persona o actos en particular, sino a un número indeterminado o indefinido de actos y personas. 1.4. Abstracción La ley debe expresarse en términos abstractos para aplicarse a casos concretos, cuyo número el legislador no puede prever lo cual lo obliga a hacer abstracción de ellos. 1.5. Vigencia de la ley Las leyes por regla general y de acuerdo con el artículo 3° del Código Civil vigente, comienzan a ser obligatorias tres días después de su publicación en el D.O.F. (sistemas sincronizado o simultáneo);

para los que habiten en lugar distinto las leyes serán obligatorias dentro del mismo término, pero contando un día más por cada 40 km de distancia o fracción que exceda de la mitad (sistema sucesivo o progresivo).

1.6. Concepto Se entiende por ley, la normas de conducta social directamente emanada del Poder Legislativo, con la aprobación y sanción del Poder Ejecutivo, mediante la promulgación respectiva. Más información

en 1.7. Sistemas de iniciación de vigencia

La ley está vigente desde su publicación hasta su derogación o abrogación o aun cuando la ley lo disponga. 1.8. Inobservancia de la ley por ignorancia La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (art. 21 Código Civil Federal). Es decir, que la

obligatoriedad de la ley exige que sea conocida, de ahí que siempre se haya requerido su publicación.

El Código Civil no desconoce esta realidad, por lo que en el precepto antes citado establece la posibilidad de conceder un plazo y eximir sanciones a los que por circunstancias adversas hayan dejado de cumplir alguna disposición por ignorarla, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. El orden y la seguridad jurídicos dependen directamente de que la

ley sea cumplida para que éstos no se vean afectados. 1.9. Pacto entre particulares Para efectos legales el pacto o convenio celebrado entre particulares es ley.

1.10. Desuso Puede ocurrir que durante mucho tiempo una ley no es usada debido a la poca vida jurídica, cuando

se aplica aunque se hayan presentado casos concretos, se dice que ha caído en desuso. 1.11. Costumbre o práctica en contrario En nuestro régimen de derecho escrito no puede tolerarse la desobediencia indebida de la ley y así

nos dice: “contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o practica en contrario”. 1.12. Abrogación y derogación ABROGACIÓN: Es quitarle su vigencia en todas sus partes a una ley. DEROGAR: Es suprimir solamente algunos de los preceptos de la ley.

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1.13. Vigencia de la ley en relación con el tiempo Se refiere a la duración de la vigencia de una disposición legal, esto es, al tiempo que se entiende entre el momento de su publicación y el de su derogación o abrogación. 1.14. El principio de irretroactividad El artículo 5° del Código Civil Federal, dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en

perjuicio de persona alguna. 1.15. Derecho aplicable

La aplicación del derecho debe ser conforme a la ley y no debe ir más allá de lo pedido por las partes. El derecho aplicable es el correspondiente a cada entidad federativa o territorio nacional. 1.16. Aplicación del derecho extranjero Debe ser acorde a las leyes locales y no contradecirlas y sólo es aplicable cuando hay reciprocidad internacional. 1.17. La lesión En términos generales, lesión significa cualquier daño, perjuicio o detrimento. Desde el ámbito civil

es inherente a la lesión la desaprobación de las prestaciones que se hacen las partes en la celebración de un acto jurídico. 1.18. Interpretación de la ley

Jurídicamente hablando interpretar una ley es investigar y explicar su sentido. Algunas interpretaciones son: • • •

•

Interpretación gramatical: Según este sistema se atiende al significado literal de cada palabra que entra en los textos legales. Interpretación lógica: Con apego al método anterior debe suponerse que el legislador expresó su pensamiento con propiedad de lenguaje. Interpretación sistemática: Cuando la institución jurídica tiene paralelo con otra legislación de país extraño es posible relacionar las figuras jurídicas entre sí, comparando los sistemas

en su totalidad. Interpretación extensiva: Cuando la obscuridad de las palabras debe ser a que han tomado en sentido distinto del común, precisa ampliar o restringir el sentido para que corresponda con lo que el autor de la ley quiso decir y no logró expresar correctamente.

•

Interpretación restrictiva: Del mismo modo como es necesario extender el sentido de las palabras para comprender el alcance de la ley, en ocasiones se precisa restringirlo. La interpretación restrictiva es el recurso de la interpretación extensiva.

•

Interpretación analógica: Se da cuando el caso concreto que se ha presentado tiene semejanzas con el supuesto jurídico previsto en la ley. Se permite resolverlo por analogía

porque existe la misma razón. Interpretación auténtica: Es la interpretación que hace el poder legislativo. 1.19. Silencio, oscuridad o insuficiencia SILENCIO = Es una manifestación de la voluntad de aceptación tácita. •

OSCURIDAD = Es cuando una ley es ambigua, cuando no se puede describir con precisión la voluntad del legislador. INSUFICIENCIA = Cuando la ley no es suficiente para resolver un caso concreto. 1.20. Resolución de controversias II. DERECHO DE LAS PERSONAS

1.- Persona 1.1. Concepto Es el ente al que el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias establecidas por la norma, los que se traducen en derecho subjetivo y deber jurídico 1.2. Clasificación

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Personas físicas o personas morales. 1.3. Atributos -Personas físicas = Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad.

-Personas morales = 1.4. Personalidad Conjunto de facultades, derechos y deberes que la norma jurídica reconoce aun sujeto o persona. 1.4.1. Características

El concepto de personalidad jurídica es tan sólo una abstracción jurídica del concepto de persona que, además, es un concepto distinto y previo al de capacidad jurídica, aunque al respecto es frecuente en la doctrina general y, por supuesto, en la española, identificar los conceptos de personalidad jurídica y capacidad jurídica. Sin embargo, la distinción se impone, baste pensar que la personalidad es un quid simple, mientras la capacidad es un quantum y, por tanto, es susceptible de

ser medida en grados. Se puede ser, como persona, más o menos capaz, pero no se puede ser más o menos persona. Persona se es o no se es: total, radicalmente. Los atributos de la personalidad, generalmente son aceptados, los cuales son: El nombreLa nacionalidad El domicilio

La residencia Estado civil

La capacidad Patrimonio A continuación se explicara cada atributo: El nombre

Es la propiedad que se da a una persona para distinguirla de los demás; está se divide en dos: Nombre de pila: Es el cual colocan los padres cuando van a registrar al hijo ante una notaria, se le denomino como nombre de pila ya que anteriormente era el nombre que se colocada ante el bautismo (católico) del hijo pero con la libre religión actualmente muchos niños no se bautizan por una misma religión. El nombre de pila se puede cambiar ya que el Art. 62 enciso 12 del decreto 999 de 1988 lo facilita pero por solo una vez, mediante una escritura publica este se debe inscribirse en el correspondiente registro civil del interesado; para realizarlo debe llevar los siguientes requisitos al registro civil (notaria) en la cual lo registraron:

Si es mayor de edad Llevar la fotocopia de la cédula de ciudadanía Llevar la fotocopia del registro civil Llevar una carta autorizando y explicando los motivos del cambio de nombre

Si es menor de edad Llevar la fotocopia de la cedula de ciudadanía Llevar la fotocopia del registro civil Llevar una carta autorizando y explicando los motivos del cambio de nombre Llevar una carta anexa de los padres del individuo permitiendo que él se cambie el nombre. Nombre patronitico

El nombre patronitico es el mismo apellido el cual es el nombre de la familia que distingue a la persona; es decir son los apellidos de los padres del individuo, este posee un carácter de fijeza. Este se puede cambiar o variar si se presenta alguno de los siguientes casos:

Si la persona va ser aboptada, se estable el cambio de apellido que usaban por el del padre adoptivo o de la madre adoptante. Cuando un hijo extramatrimonial lleva el apellido de la madre en caso de legitimación por contraer

nupcias de sus padres, cambia el apellido por el de sus padres. Cuando un hijo extramatronial va ser reconocida por uno de sus padres.

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Si anteriormente en el registro civil escribieron mal apellido o los apellidos y hay que cambiarlos por corrección ortográfica. Este cambia se debe diligenciar ante un juzgado familiar La nacionalidad Es la capacidad del individuo propio de pertenecer o tener origen por nacimiento o naturalización en

una nación. La nacionalidad puede ser por nacimiento o por adopción; las características fundamentales o primordiales que debe tener una persona para obtener la nacionalidad de una nación, deben cumplir dos de las siguientes tres características:

Obtener la nacionalidad que poseen los padres Obtener la nacionalidad del país donde nació Obtener la nacionalidad donde posee su domicilio actual

Los casos especiales se presentan por adopción una es cuando los niños poseen padres con diferentes nacionalidades y entre otra son los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. El domicilio Identificar a la persona del lugar donde habitualmente vive, la cual se divide en : El domicilio

El domicilio es donde la persona ejerce su profesión u oficio. La persona puede tener varios domicilios.

La residencia La residencia es estrictamente la vivienda; esta hace de domicilio civil con las personas que no tuvieran domicilio en otra parte. La residencia es única.

Cuando una persona presenta ausencia es cuando el individuo presenta una separación de su domicilio y su residencia es decir es que ya no se encuentra en ninguno de los dos lugares; son los casos de desaparición del individuo. Estado civil Condición de cada individuo en relación con los derechos y obligaciones civiles; es una cualidad de calificación de la persona el cual es único y excluyente. El estado civil es asignado por la ley, de ahí que un individuo no lo pueda cambiar sin su

intervención. Las personas pueden realizar actos que lo afectan como el matrimonio. Estos actos deben ser asignados en el registro civil por una autoridad competente, quienes son los notarios, los registradores municipales, o en caso extremo los alcaldes municipales dentro del territorio nacional.

La ley 153 en el art. 20 argumenta sobre el estado civil; que este permanecerá vigente aun cuando aquella ley fuera abolida. Pero los derechos y obligaciones derivadas de dicho estado estarán sujetos a la nueva ley. El actual sistema de registro del estado civil de las personas esta estipulado por el titulo 20 del libro1 del código civil, por la ley 92 de 1938 y el decreto ejecutivo 1003 de1939. Características del Estado Civil

Toda persona tiene un estado civil, pues toda persona afirmase si es hombre o mujer, si es hijo legitimo o natural, si es mayor o menor de edad, si vive aún o ha muerto, si es soltero o casada, etc.

Esta calidades no pueden permanecer en suspenso. El estado civil es uno o invisible. Una persona no puede tener dos estados civiles.

Las calidades de estado civil se encuentra fuera del comercio, en el sentido de que el establecimiento, modificación o extinción de una de tales calidades, no depende de la voluntad de los interesados. La capacidad Es la aptitud legal para gozar un derecho, es decir, es la capacidad de obrar, en capaces e incapaces, según tengan la capacidad de derecho (jurídica) o la capacidad de obrar o sólo la de [email protected]


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derecho. En pocas palabras es la capacidad natural para tener derechos y obligaciones, es decir, para ser sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas determinadas. La capacidad de las personas puede ser modificada por las llamadas circunstancias modificadas de

capacidad que, de una parte las modificaciones que obedecen a causas personales del sujeto tales como la edad, sexo y entre otras; y las que tienen lugar por la relación de la persona con un lugar determinado (residencia y ausencia; son circunstancias que limitan el ejercicio de los derechos a los seres dotados de personalidad jurídica, o bien están incapacitados para su ejercicio Capacidad Jurídica También denominada capacidad de derecho o de goce, es la aptitud de ser titular de sus derechos, por el simple hecho de ser persona natural o jurídica. Capacidad de Obra

Es la capacidad del ejercicio la cual está sujeta a una determinada madurez de la persona. Es necesario que el individuo sea normal síquicamente y pueda reflexionar de modo que sea capaz de cuidar de sí mismo y de sus intereses. Patrimonio El patrimonio es el conjunto de valores pecuniarios (es decir pertenecientes al dinero en efectivo)

positivo o negativo, perteneciente a la misma persona. Económicamente el patrimonio es la diferencia entre el pasivo y el activo. El patrimonio es un concepto principalmente monetario, por lo tanto puede ser objeto de negociaciones jurídicas. Toda persona posee patrimonio, incluso cuando no posee bienes, de acuerdo al principio de unidad

patrimonial, se tiene un solo patrimonio. Así el patrimonio es una noción intelectual y intangible. Como la universidad jurídica, cuando una persona muere, su patrimonio pasa a sus herederos. También es posible decir que una persona no posee bienes pero tiene patrimonio. 1.4.2. Derecho de la persona Son aquellos derechos inherentes a toda persona y que son irrenunciables, como son: El derecho a la vida, a la alimentación, educación, etc. 2.- Capacidad

2.1. Goce Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujetos de obligaciones. 2.2. Ejercicio

Es la capacidad que tiene una persona para actuar dentro de un juicio. 2.3. Representación

Todos tenemos la posibilidad de ser representados de acuerdo a las disposiciones es la ley como son los mandatos. 3.- Nombre 3.1. Concepto Palabra o conjunto de éstas que ordenadas individualizan a la persona en un grupo social o en una colectividad. Algunos autores dicen que es el bien jurídico constituido por la proyección psíquica del

ser humano de tener para sí una identificación exclusiva, respecto de todas las manifestaciones de su vida social. Se divide en dos partes fundamentales, el nombre propio que sirve para distinguir los miembros de una familia y el patronímico que lo que se conoce como apellidos y sirve para distinguir a una familia

de otra. 3.2. Derecho al nombre Todo ser humano por razón al parentesco tiene derecho a que se le ponga un nombre. 3.3. Protección del nombre Persona física enfocada al que se tiene que registrar para tener derecho dentro del estatus familiar.

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Persona moral = No puede existir dos personas morales con el mismo nombre sin que exista un

vínculo que les una, puesto que éste está respaldado por la ley. 4.- Domicilio 4.1. Concepto Es el lugar en que habitualmente se reside con el propósito de establecerse en él. 4.2. Clases de domicilio • DOMICILIO REAL = Es la casa donde vive o tiene el principal asiento de sus bienes o negocios, esto es, el sitio donde efectivamente radica. • DOMICILIO LEGAL = Es el que fija la ley para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. • DOMICILIO CONVENCIONAL = Es aquel que señala o adopta voluntariamente una persona para asuntos específicos y determinados y no en general.

5.- Estado civil 5.1. Concepto Es la situación que tiene el individuo dentro de la familia y la sociedad, situación que engendra efectos jurídicos. 5.2. Estado civil y capacidad Es la situación jurídica que contrae una persona al unirse en matrimonio con otra del sexo opuesto y la capacidad es la de un contrato civil que impone deberes y derechos. 5.3. Registro Civil Es una institución creada para comprobar el estado civil y capacidad jurídica de las personas físicas y para controlar de un modo auténtico y veras los actos que modifiquen dicho estado jurídico.

5.3.1. Actas Son documentos públicos que expide el estado sobre la situación jurídica de las personas. 5.3.2. Rectificación, modificación y aclaración de actas

Procedimiento administrativo a través del cual, se pueden corregir errores ortográficos, mecanográfios y estereográficos.

La rectificación o modificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el poder judicial y en virtud de sentencia de éste, se sujetará a las prescripciones del Código Civil Federal.

La aclaración de las actas del estado civil, procede cuando en el Registro exista errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten los datos esenciales de aquellos y deberán tramitarse ante la Oficina Central del Registro Civil.

6.- Ausencia 6.1. Concepto Es el estado de una persona que ha desaparecido del lugar de su residencia, de quien no se tiene noticias y por consiguiente cuya existencia es dudosa.

6.2. Etapas Se distinguen 3 períodos: • • •

La presunción de ausencia La declaración de ausencia (transcurridos 2 años) La presunción de muerte (transcurridos 6 años)

6.3. Efectos • Se aseguraran los bienes • Se nombrara un depositario • Se nombrara un representante •

Declarara la ausencia, si hubiere testamento púbico o ológrafo la persona en cuyo poder se

encuentre lo presentará al juez. [email protected]


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• • •

El testamento se abrirá en presencia del representante del ausente. Los herederos podrán administrar la posesión provisional de los bienes. Si el ausente se presentara o se prueba su existencia antes de que sea declarada la presunción de muerte recobraran sus bienes.

7.- Familia 7.1. Matrimonio 7.1.1. Derechos y obligaciones •

Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio

y a socorrerse mutuamente. •

• •

Tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espacimiento de sus hijos Los cónyuges vivirán económicamente al sostenimiento del hogar.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges.

7.1.2. Impedimentos (Art. 156) • • • • •

La falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada.

El parentesco de consanguineidad legítimo o natural El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna El adulterio La impotencia incurable para la cópula 7.1.3. Inexistencia y nulidad (Arts. 235-265)

Son causas de nulidad de un matrimonio. • •

El error acerca de la persona con quien se contrae

Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos

enumerados en el artículo 156 • Que se haya celebrado con contravención a lo dispuesto en los arts. 97, 98, 100 y 103. Es ilícito pero no nulo, el matrimonio: • •

Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 159 y cuando se

celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en los artículos 158 y 159 7.1.4. Efectos del matrimonio

Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a

falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio. Algunos de los efectos del matrimonio que entrarían bajo este supuesto:

a) Todas las relaciones matrimoniales sin contenido patrimonial alguno: respeto y ayuda mutua, fidelidad y socorro, pactos sobre derechos y deberes de los cónyuges puramente personales, etc.

b) Sector de las relaciones conyugales incluido en el «estatuto general de los casados»: de contenido básicamente patrimonial, se diferencia del régimen de bienes del matrimonio en: c) su generalidad: es aplicable a todos los matrimonios, cualquiera que sea su régimen económico. d) su imperatividad, no pudiendo ser derogado por capitulaciones.

Recoge el mínimo de solidaridad e igualdad económica que debe existir en el matrimonio. La naturaleza protectora de este estatuto conducirá a que la invocación a la excepción de orden público

sea frecuente

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7.1.4.1. Regímenes patrimoniales

-Sociedad conyugal: Comprende no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formularla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.

-Sociedad de la separación de bienes: La separación puede comprender no sólo los bienes que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después.

7.1.4.2. Donaciones Los consortes pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes al recibir alimentos.

Las donaciones entre consortes pueden ser revocados por los donantes, mientras subsista el matrimonio. Estas donaciones no se anularán por la supervivencia de los hijos.

8.- Divorcio Es la disolución del vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 8.1. Clasificación -Divorcio voluntario -Divorcio necesario 8.2. Causales (Artículo 1267) 1. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. 2. El hecho que la mujer de a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. 3. El mutuo consentimiento

4. La separación de los cónyuges por más de 2 años. 8.3. Efectos 1. Disolución del vínculo matrimonial 2. Los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 3. La obligación alimenticia 9.- Concubinato

9.1. Concepto La unión de un hombre y una mujer que cohabitan como si estuvieran casados.

9.2. Efectos Si la vida en común se a prolongado por lo menos cinco años, los concubinos tienen derecho reciproco a heredarse y a recibir alimentods. No se requiere en ese lapso si ha habido hijo entre ambos, si a existido concubinato nttre l padre y la madre se presume hijos de los concubinos, los que nascan después de ciento ochenta dias contados desde el comienzo del concubinato, y dentro de los 300 dias después de que ceso este. 9.2.1. Concubinos 1. Ambos deben de estar libres de matrimonio 2. Debe ser duradera la unión (por lo menos 5 años) 9.2.2. Hijos Respecto a éstos se establece la presunción de paternidad del concubino en los mismos plazos que

la de la madre. 9.2.3. Bienes Recibir alimentos y participar dentro de la sucesión.

10.- Parentesco 10.1. Concepto Estado jurídico de las personas físicas y como tal de carácter general, permanente y abstracto, pues crea vínculos jurídicos no sólo entre los miembros de la relación sino respecto a terceros.

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10.2. Efectos 1. Obligación alimenticia 2. Sucesión hereditaria legítima 3. El parentesco por afinidad tiene el único efecto de ser impedimento matrimonial entre parientes en línea recta. 10.3. Alimentos Los parientes tienen la obligación de brindar alimentos, en línea recta sin limitaciones de grado y en

línea colateral hasta el cuarto grado. 10.4. Filiación Vínculo jurídico establecido por el hecho del nacimiento entre el hijo y sus progenitores. La filiación produce efectos legales que se concretan en el derecho del hijo a llevar los apellidos de sus padres,

a ser alimentado, a la herencia legitima, así como a la tutela legal. 10.5. Patria Potestad

Se da el nombre de patria potestad al poder que tienen los ascendientes sobre la persona y bienes del menor, en tanto alcanza la edad y discernimiento para conducirse y administrar sus derechos.

11.- Adopción 11.1. Concepto y clases Vínculo jurídico creador del parentesco civil, entre adoptante y adoptado y que confiere los derechos y deberes establecidos entre padres e hijos.

CLASES: 1. Adopción simple. 2. Adopción plena. Se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales. 3. Adopción internacional: Es promovida por ciudadanos de otro país, y tiene por objeto incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país

de origen. 11.2. Efectos 1. Es impedimento para contraer matrimonio entre el adoptante y el adoptado. 2. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo 3. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. 12. Tutela

12.1 Concepto y clases Institución para familiar que tiene por objeto el cuidado de la persona de los menores de edad no sujetos a patria potestad y de los mayores incapacitados, la administración de sus bienes y su representación en sus negocios jurídicos y actuaciones judiciales.

CLASES: 1. Tutela testamentaria.- Es aquella que se establece por testamento. 2. Tutela legítima.- Se confiere a falta de tutela testamentaria y recae en los parientes y cónyuges del incapaz o del menor cuando no hay quien desempeñe la patria potestad.

3. Tutela dativa.- Disernida por el juez dentro de las personas señaladas por la ley como tutores. 12.2 Efectos Se concretan en el derecho de cuidado de un menor o un incapaz que no esté sujeto a la patria potestad. 12.3 Curatela

Al tutor se le nombra un vigilante llamado curador debiendo ambos dar fianza suficiente para asegurar sus buenos manejos aun a pesar de que periódicamente tienen que rendir cuentas a los [email protected]


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jueces pupilares o a los consejos locales de tutela, así como hacer una inventario y balance de los bienes del menor. III. BIENES Y DERECHOS REALES

1.- Bien 1.1. Concepto de bien y cosa BIEN : La ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. COSA : Se entiende por cosa todo lo que existe en el universo, sea material o inmaterial, creación

de la naturaleza o abstracción de ingenio humano; toda cosa es algo que ocupa la atención del hombre y que puede serle útil o perjudicial, pero que siempre es susceptible de entrar en sus concepciones. 1.2. Clasificación de los bienes • Bienes muebles e inmuebles • Bienes corpóreos o incorpóreos • Bienes del dominio público y bienes propiedad de los particulares.

2.- Derechos reales 2.1. Concepto Es el poder directo e inmediato sobre una cosa frente a cualquiera que está obligado a respetar y no estorbar su ejercicio. 2.2. Clasificación 2.2.1. Principales y accesorios PRINCIPALES: Son aquellos cuya existencia no dependen de otros bienes. ACCESORIOS: Son aquellos cuya existencia y función deriva de un bien principal. 2.2.2. Mobiliarios e inmobiliarios

-BIENES MUEBLES: Por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro o se mueven por sí mismos, o también por efectos de una fuerza exterior.

-BIENES INMUEBLES: A su vez han sido divididos en inmuebles por su naturaleza (la tierra, las construcciones, los árboles) por su destino, cuando un mueble está incorporado aun inmueble formado parte de él (los aparatos electrónicos o hidráulicos, de los edificios). Por el objeto al cual se

aplican los abonos, semillas, tractores, bombas etc., se trata de muebles cuyo objeto es su incorporación o aprovechamiento en un inmueble, por disposición de la ley son inmuebles los derechos reales sobre inmuebles. 2.2.3. Perpetuos y temporales Perpetuos: los que duran por siempre. Temporales: los que con el tiempo caducan.

3.- Patrimonio 3.1. Concepto El conjunto de derechos subjetivos de una persona susceptible de valoración pecuniaria que constituyen una universalidad jurídica. 3.2. Activo y pasivo del patrimonio

Se consideran puramente términos contables, pues quien tiene más deudas que bienes en realidad carece de patrimonio. 3.3. Teorías del patrimonio 3.3.1. Patrimonio personalidad • El patrimonio es un atributo inhernte a la personalidd del individuo. • El patrimonioes inalinble e intransmisible. • Es indivisible. • No solo se integra por los bienes presentes, sino tambien por los futuros.

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3.3.2. Patrimonio afectación Es el conjunto de bienes de contenido económico pertenecientes a una o varias personas dedicadas

o afectación a un fin que puede ser científico, cultural o puramente económico independiente y separado de los patrimonios personales.

4.- Propiedad 4.1. Concepto Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla en su totalidad. 4.2. Características

La característica de perpetua significa que el no uso o abandono de la cosa no termina con el derecho de la propiedad y que el dueño puede recuperarla o reivindicarla de tercero mientras no se opere la prescripción positiva, esto es, no hay a otro dueño por usucapión. 4.3. Modalidades y limitaciones

Son modalidades las formas de aprovechamiento de determinados bienes, son limitaciones las prohibiciones que en cada caso se establezcan tanto en su uso, como en su disposición, llegándose incluso a la prohibición de alienar o enajenarlos. 4.4. Modos de adquisición

4.4.1. Accesión 4.4.1.1. Concepto Es el derecho que tiene el propietario de un bien a adquirir todo lo que el bien produce, se le une o incorpora natural o artificialmente. 4.4.1.2. Formas

Puede ser en forma natural, de inmueble a mueble, aluvión, avulsión, mutuación de cauce y nacimiento de isla, de mueble a inmueble en forma artificial, edificación, plantación.

4.4.2. Posesión 4.4.2.1. Concepto Es el acto de tener o poseer una cosa material con el ánimo de propietario.

4.4.2.2. Usucapión Para que proceda se requiere que se posea a título de dueño, esto es, que se tenga la posesión originaria, por título traslativo de dominio o por un hecho que puede incluso ser delictivo con animus

domini o intención de actuar como propietario de la cosa poseída, además, la posesión debe ser pacífica y si hubiera mediado violencia. Pero posteriormente, continúo sin necesidad de actos violentos, se considera de mala fe, debe la posesión ser continua pues si es interrumpida el tiempo

se contará a partir de la nueva adquisición. 5.- La copropiedad 5.1. Concepto Es el derecho que tienen dos o más personas a una misma cosa que pertenece a varias personas que la poseen en común, recibiendo dichas personas el nombre de copropietarios. Existe copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenezca proindiviso a varias personas.

5.2. Efectos Todo acto de dominio, es decir, de disposición tanto jurídica como material, solo es valido si se lleva a cabo con el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Los actos de administración de

la cosa objeto de copropiedad se llevarán a cabo por la mayoría de personas y de intereses, y comprenden todos aquellos actos de conservación y de uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino.

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6.- El condominio 6.1. Concepto Es una forma de propiedad la establece la ley dentro de la copropiedad. En el artículo 951 del Código Civil y en una ley específica sobre la materia congruente con el régimen que establece (ley de condominios).

El artículo 951 nos expresa “cuando los diferentes departamentos, viviendas o locales de un inmueble, construido en forma vertical, horizontal o mixta susceptibles de aprovechamiento independiente, por tener salida propia a un elemento común del condominio o a la vida pública y perteneciera a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento o vivienda, casa o local, además de un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble para su uso o disfrute. 6.2. Naturaleza jurídica El artículo 951 del Código Civil y la ley de Condominios.

7.- Usufructo, uso y habitación 7.1. Concepto USUFRUCTO: Es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos.

USO: Es el derecho que tiene una persona para percibir los frutos de una cosa ajena, los que basten a las necesidades del usuario y de su familia. HABITACIÓN: Es la facultad que tiene una persona de ocupar gratuitamente una casa ajena, pudiendo usar las piezas que basten para su familia aunque ésta vaya aumentando. 7.2. Características • • •

Son temporales Inembargables, no se pueden gravar, enajenar, hipotecar, ni arrendarse Son gratuitos.

8.- Servidumbre 8.1. Concepto La servidumbre es una carga o gravamen impuesto sobre una finca, en provecho o para servicio de otra, perteneciente a distinto dueño. 8.2. Características • Requisito indispensable la existencia de dos predios pertenecientes a distintos dueños. • •

Es un derecho real

• • •

Aparentes y no aparentes

Nadie puede ser sujeto activo y pasivo al mismo tiempo. 8.3. Clasificación • Continuas y discontinuas Voluntarias y legales.

9. Registro Público de la Propiedad. Es la Institución dedicada a hacer constar por medio de la inscripción, los títulos por los cuales se

adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión y demás derechos reales y personales sobre bienes inmuebles y actos de comercio, que requieren de inscripción para su oportuna publicidad. El objetivo principal del Registro Público es dar publicidad a los actos que precisan de ese requisito

para surtir sus efectos frente a terceros, otorgando así seguridad jurídica sobre las propiedades y derechos registrados. 9.1. Principios • Principio de Publicidad. • Principio de legitimación

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• • • • • • • •

Principio de rogación. Principio de consentimiento. Principio de prelación o prioridad. Principio de calificación. Principio de inscripción. Principio de especialidad. Principio de tracto sucesivo. El tracto breve

IV. SUCESIONES

1.- La sucesión 1.1. Concepto Es todo cambio de sujeto entre una relación jurídica. Puede ser entre vivos o a causa de muerte del sujeto, al que se le llama sucesión HEREDITARIA, puede ser a título particular o a título universal, el

primero se transmite un derecho o una obligación en particular y en el segundo, se da o transmite todos los derechos y obligaciones, sólo se da en casos de muerte. 1.2. Heredero Es un sucesor a causa de la muerte (mortis causa) por toda la herencia o parte alícuota de ella.

Puede ser: Universal: Cuando es único heredero Parte alícuota: Si son varios herederos

1.3. Legado Son los bienes, casos o derechos que el testador otorga a título particular, el legado lo constituyen

siempre cosas concretas y determinadas, susceptibles de ser individualizadas. Legados puros y simples y sujetos a las modalidades de plazo, condición y modo o carga. LEGADOS ALTERNATIVOS: En que a falta de designación del testador, corresponde la facultad de

elegir la cosa legada al deudor. REMUNERATIVOS: Cuando el testador lo establece, para compensar algún servicios del legatario.

1.4. Albacea Es una institución caracterizada por el derecho sucesorio, encargado de la Administración de loe

bienes, es el encargado de la administración y liquidación del patrimonio del difunto según la voluntad del testador, los herederos o la ley. Actúa como administrador, depositario, representante y auxiliar de la administración de justicia. 1.5. Formas • Testamentario: Nombrado en el testamento • Legítimo o electo: Designado por él o los herederos o por la ley. • Dativo: Cuando es encargado de todo el procedimientos sucesorio. • Unico: Es el universal, puede ser testamentario, legítimo o dativo • Sucesiones: Varios que se sustituyen • Mancomunados: Actúan conjuntamente. • Definitivo: Nombrado para la total tramitación de la sucesión testamentario o intestado. •

Provisional: El nombrado por el juez mientras se presenta el testamentario o se elige el

legitimo. 1.5.1. Testamentaria

1.5.1.1. Concepto Es un acto jurídico unilateral, solemne, personalísimo, revocable y libre, por el cual el testador dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. 1.5.1.2. Tipos • Testamento público abierto: Es el que se otorga ante Notario Público y dos testigos. El testador expresa su voluntad ante dos testigos y el notario reducta.

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•

Testamento público cerrado: Es el testamento redactado por escrito, ya sea por el auto u otra persona a su ruego. Debe presentarse en pliego cerrado ante notario y tres testigos.

•

Testamento ológrafo: Es el testamento escrito de puño y letra del testador hecho por duplicado, contendrá su huella digital y se guardará en sobres cerrados, uno se depositará en archivos de notarios del D.F. y otro se devolverá al autor.

•

Testamento privado: Como todos los testamentos especiales, sólo se permite en casos de apremio, urgencia o peligro en que no es posible el otorgamiento de un testamento ordinario. Vale únicamente 1 mes si fallece el testador (casos de enfermedad grave, accidentes).

•

Testamento militar: Es el otorgado por un militar o asimilado al tiempo de entrar en batalla o estando herido por acción de la guerra.

•

Testamento marítimo: Cuando uno desee hacer el testamento en altamar a bordo de un buque de la marina nacional, podrá hacerlo ante el capitán de navío y 2 testigos, con las

formalidades del testamento público abierto. Testamento hecho en país extranjero: Puede otorgarse siguiendo las leyes del lugar o ante agentes consulares que tienen función notarial. • Testamentos prohibidos: El contractual y los simultáneos. CONTRACTUAL= Pacto entre testados y otra persona SIMULTANEO= Hecho por varias personas. •

•

Testamento inoficioso: Es aquel que no respeta los derechos reservados a los herederos legítimos.

•

Testamento simplificado: Tiene que ver con casas-habitación en que se designan legatarios.

1.5.2. Sucesión legítima

1.5.2.1. Concepto Lo regula la transmisión de los bienes hereditarios, cuando el autor de la sucesión no otorgó testamento, este se declara nulo, o no comprende la totalidad de los bienes del difunto. 1.5.2.2. Naturaleza V. OBLIGACIONES

1.- Obligaciones y hechos jurídicos 1.1. Concepto de obligación

Es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra, llamada acreedor, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. 1.2. Elementos de la obligación

LOS SUJETOS.- Son las personas aptas para ser titulares de derechos y resultar obligadas. Los sujetos de las obligaciones pueden ser personas físicas o personas morales, también llamadas personas jurídicas colectivas.

Para una obligación bastan dos sujetos. 1) El que ostenta el derecho subjetivo, el que tiene la facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo, y 2) El que soporta la deuda, el que tiene el deber correlativo: esta obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. EL OBJETO.- Así como los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre lo que son ejercidos, así los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor.

La clasificación de las obligaciones por su objeto, desde Roma se condensa en un dare (obligaciones de dar), facere (obligaciones de hacer), non facere (obligaciones de no hacer o abstenciones). LA RELACIÓN JURÍDICA.- Es el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor . 1.3. Hecho y acto jurídico HECHO JURÍDICO: Acontecimiento o circunstancia, positivo o negativo, a los que la ley atribuye consecuencias jurídicas.

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ACTO JURÍDICO: Los hechos jurídicos en las que interviene la voluntad (voluntarios), pueden a su

vez, dividirse en dos especies: los intencionados y los no intencionados. En los primeros a la voluntad de realizar el acto se une la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones

de derecho; cuando esto ocurre, los hechos jurídicos toman el nombre de actos jurídicos. 1.4. Inexistencia y nulidad del acto jurídico De acuerdo con nuestra ley, un acto jurídico es inexistente, cuando al realizarlo falta la voluntad o el

objeto y, en algunos casos, la solemnidades. Es decir, cuando falta alguno de los elementos de existencia del acto.

La nulidad puede ser absoluta y relativa, llamándose en este ultimo caso anulabilidad. La nulidad absoluta o de pleno derecho es aquella que se produce cuando el acto realizado es contrario a una ley prohibitiva, en otras palabras, contrario al orden público o a las buenas costumbres. Nuestra ley dice que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad. La nulidad debe considerarse como una imperfección menos grave, dicha imperfección consiste en un vicio de la voluntad, en falta de capacidad de quien realice el acto (minoría de edad, interdicción), o en la inobservancia de las formalidades previstas por la ley.

2.- Fuentes de las obligaciones Toda obligación nace de un hecho, natural o del hombre, que la ley toma en cuenta para atribuirle el

efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho (hecho jurídico), son la fuente de todas las obligaciones. Cabe hacer una especificación en el seno de esa fuente general, distinción que a consagrado el Código Civil en vigor, el legislador mexicano ha considerado especialmente algunos tipos de hechos

jurídicos y los reglamenta por separado. Éstas son las llamadas fuentes particulares de las obligaciones: • El Contrato (art. 1792-1859 del CC) • La Declaración Unilateral de Voluntad (art. 1860-1881 del CC) • El Enriquecimiento Ilegitimo (art. 1882-1895 del CC) • La Gestión de Negocios (art. 1896-1909 del CC) • Los Hechos Ilícitos (art. 1910-1932, y 2104-2118 del CC) • El Riesgo Creado (art. 1913 del CC) 2.1. El contrato Es la fuente principal de las obligaciones. El contrato es una especie de convenio; es el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 2.1.1. Elementos esenciales del contrato El acto jurídico más común del derecho privado, el contrato, caracterizado como el acuerdo de dos o

más voluntades para crear o trasmitir derechos y obligaciones, debe cumplir o reunir ciertas condiciones para formarse, que son presupuestos de su existencia y de su eficacia.

La diferenciación de los elementos de existencia de los de validez es un progreso de la técnica jurídica, que permite explicar y sistematizar las diversas consecuencias producidas por la ausencia

de alguno de ellos. Si falta un elemento esencial, el acto no existe como tal. Si está ausente un requisito de validez, el acto existe, pero puede ser invalidado. El acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley.

Como todo ser, real o conceptual, para su formación precisa ciertos elementos esenciales, sin los cuales no existe: • • •

I. Consentimiento o voluntad. II. Objeto posible hacia el cual se dirige esa voluntad. III. Una manera solemne que exteriorice esa voluntad.

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La falta de voluntad exteriorizada, del objeto posible o de la solemnidad, en su caso, provoca la

inexistencia del acto. El acto jurídico no se forma, no nace y consecuentemente, no produce sus efectos esperados. 2.1.1.1. Consentimiento Es el elemento esencial, de definición, del acto jurídico. Nadie podría pretender la existencia de una

tutela, una adopción, de un arrendamiento o de una promesa de recompensa, sin la voluntad exteriorizada de las partes o del actor de dichos actos. Cualquier acto jurídico en el que no esté presente la decisión voluntaria de celebrarlo, no se podrá formar, nunca podrá existir.

La voluntad de celebrar el acto, es el motor principal, en los contratos, esa voluntad se lama consentimiento y es un elemento complejo, formado por la integración de dos voluntades que se conciertan. Es un acuerdo de voluntades: dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común. Se requieren dos emisiones de voluntad sucesivas, dos declaraciones unilaterales: la oferta y la aceptación. El consentimiento (y por ende, el contrato), no es la oferta sola, ni es la aceptación sola. El acuerdo de voluntades se forma cuando una oferta vigente es aceptada lisa y llanamente. Determinar el momento en que se llega el acuerdo, es de sumo interés, ya que apartir de entonces,

surge el consentimiento, nace el contrato y empieza a producir sus efectos legales, pues antes de su formación no hay contrato ni obligaciones.

La comunicación de las partes puede establecerse de manera expresa o tacita. La expresa consiste en manifestarse por la palabra, por la escritura o por signos inequívos. La tácita se exterioriza por una conducta que autorice a inferir de ella la voluntad negocial, la intención de contratar. El consentimiento tácito es el que proviene no de una declaración por medio del leguaje o de un signo inequívoco, sino de una actitud o conducta que revela la intención de contratar. 2.1.1.2. Objeto

Segundo elemento esencial del acto jurídico. Al referirse al más común de los actos jurídicos (el contrato), los juristas indican tres acepciones para la palabra objeto: • I. El objeto directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos y obligaciones; • II. El objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por el, y

que puede consistir en dar, hacer o no hacer, y III. La cosa misma que se da. La mas correcta es la segunda, pues la primera es inexacta –todos los contratos tendrían el mismo objeto- y la tercera solo comprende una especie de objeto: la de dar. Por tanto, el objeto de todo contrato es el objeto de la obligación creada por el. De ahí que el contrato tendrá tantos objetos •

como obligaciones haya engendrado: cada obligación tiene su propio objeto, el cual consistirá en el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que se comprometió o que debe de efectuar. El objeto puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacerlo.

Se ha agregado el tolerar (permitir que otro haga), pero ello se traduce también en un no hacer del obligado; supone también una abstención del deudor, su conducta consiste en ello. El Código Civil Federal señala en el Art. 1824, que son objeto de los contratos: • •

La cosa que el obligado debe dar. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

2.1.1.3. La Solemnidad.- Tercer elemento de existencia del acto jurídico. La importancia social o económica de ciertos actos, impone la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son condición de su existencia.

La manera de realizar el acto, es un elemento constitutivo del mismo; si esa forma ritual de celebración falta, el acto no llega a existir, es inexistente. Es así una verdadera solemnidad que complementa al acto; es un elemento necesario para su creación.

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2.1.2. Elementos de validez del contrato

El acto jurídico, una vez constituido con todos sus elementos de existencia, debe reunir, además, los requisitos de validez necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos plenos. Tales requisitos de validez han sido enumerados por el legislador en el artículo 1795 del Código Civil Federal y son: • • • •

I. La voluntad debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley. II. La voluntad debe estar exenta de vicios; III. El objeto del acto y el motivo o fin de su celebración deben ser lícitos y

IV. Los autores o partes deben ser capaces.

Hay algunos actos jurídicos que valen con solo exteriorizar la voluntad de cualquier manera (se les llama consensuales), y otros que valen solamente si se manifiestan con determinada forma legal.

En estos, la forma es un requisito de validez (contratos formales). La forma tiende a presentar un medio de prueba de la realización del acto (ad probationem causa). 2.1.2.1. Forma del consentimiento La forma es únicamente requisito de validez del acto: su falta no impide que éste sea creado, constituido, pero es causa de nulidad. No es forzosamente nulo, porque puede convalidarse dándole

la forma legal, pues se trata de una nulidad relativa que puede compurgarse con la ratificación formal del acto. El Código Civil en vigor, consagra un régimen equilibrado entre el consensualismo y el formalismo,

exigiendo la forma solo como un medio de prueba del acto, la cual, por otra parte no es imprescindible si por otros elementos de convicción se puede demostrar su celebración. Dicha celebración puede acreditarse por otros elementos, aun siendo diferentes de los que señala la ley o, por el hecho de cumplimiento voluntario del contrato, el cual implica una confirmación del acto. 2.1.2.2. Licitud en el motivo o fin La ley exige que el objeto y el motivo o fin del acto sea lícito (Art. 1795 del Código Civil).

Recuérdese que el objeto del contrato es el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que se obliga; y el motivo o fin es el propósito que le induce a su celebración, el porqué se obliga.

Por tanto, para descubrir el objeto del contrato bastara inquirir ¿a qué se obligó el deudor?, y para averiguar el motivo o fin preguntar: ¿porqué se obligó el deudor?. Pues bien, para que el contrato sea válido, es indispensable que tanto a lo que se obligó el deudor, como el porqué de su proceder sean lícitos. Un contrato contradictorio de lo establecido en las leyes no habrá de tener validez, será

nulo. 2.1.2.3. Ausencia de vicios del consentimiento La voluntad del autor o de las partes que celebren el acto, debe estar exenta de defectos o vicios. La voluntad, elemento fundamental del acto jurídico, debe ser cierta y libre: debe ser el resultado de

una determinación real y espontáneamente decidida, si la decisión proviene de una creencia equivocada (error), a sido obtenida o mantenida por engaños (dolo) o ha sido arrancada con amenazas (violencia o temor), entonces es una voluntad viciada que anula el contrato. (Art. 1812 del Código Civil). El error. En lenguaje común es un concepto falso de la realidad, es una creencia no conforme con la

verdad. El dolo y la mala fe. El artículo 1815 del Código Civil señala: “se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error, o mantener en él a alguno de los contratantes; y, por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido”. La violencia. El Código Civil en su artículo 1819 establece: “hay violencia cuando se emplea fuerza

física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado”. La violencia se divide en física (vis absoluta) y moral (vis compulsiva). Ambas producen el temor, elemento psicológico que realmente vicia la voluntad al suprimir la libertad de decisión que debe presidir a todo acto volitivo

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2.1.2.4. Capacidad Para que el acto jurídico se perfecciones, es necesario que el agente (autor o partes) sean capaces.

La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos. En principio, todo sujeto tiene capacidad y solo determinados grupos de personas, a titulo excepcional,

son incapaces. Hay dos clases de capacidad: a) la de goce (aptitud de ser titular de derechos y obligaciones), y b) la de ejercicio (aptitud para ejercitar o hacer valer por sí sus derechos). La capacidad de goce, es un atributo de la personalidad, y la poseen todos los hombres.

La capacidad de ejercicio no debe confundirse con la capacidad para obrar, pues para ejercitar ciertos derechos no basta tener capacidad de actuar, sino debe tenerse también la facultad para disponer de esos derechos, tener la legitima disposición de los mismos. 2.1.3. Representación

Es una figura jurídica que consiste en permitir que los actos celebrados por una persona (llamada representante) repercutan y surtan efectos de derecho en la esfera jurídica de otro sujeto (llamado

representado), como si este ultimo los hubiese realizado, y no afectan para nada la del representante, el cual queda ajeno a la relación de derecho engendrada por su acción.

Uno efectúa el acto, pero la consecuencia se produce para otro. La representación es una institución insustituible de enorme utilidad en el comercio jurídico. Así, pensemos en la necesidad

que tienen los menores, los enajenados mentales y otros sujetos privados de capacidad de ejercicio,

de contar con un representante para hacer valer sus derechos, pues si se carecieran de el no podrían hacer efectivas sus facultades. Gracias a la representación, las personas morales disponen de un medio para actualizar su voluntad colectiva y consumar sus actividades. El Estado mismo solo

puede realizar sus funciones y lograr sus fines a través de la acción y de la voluntad comunes expresadas por sus representantes. Por su origen, la representación puede ser voluntaria (procede de la voluntad del autor o de las

partes) y legal (se genera en la ley). (Art. 1801 del C.C.F.), la primera se crea por la autónoma decisión de la voluntad, expresado ya en un contrato llamado mandato, ya en un testamento (el nombramiento de un albacea testamentario, es la constitución de la representación voluntaria de los sucesores, sean herederos o legatarios, y de otros con intereses sobre el causal hereditario).

La segunda es instituida por la ley, sea para los menores o demás incapaces, sea para ciertos organismos colectivos de derecho público (la representación por las autoridades estatales tienen un origen legal). Una tercera especie de representación, la judicial, en los casos en que el juez la decide y determina, como cuando nombran un interventor o un albacea provisional en las sucesiones, o un tutor dativo a

los incapacitados. 2.1.4. Interpretación de los contratos CONCEPTO: Interpretar significa “desentrañar el sentido de una expresión de voluntad”.

Los contratos necesitan ser interpretados para establecer el alcance preciso de la voluntad contenida. Interpretar un contrato es declarar cual sea la virtualidad (valor jurídico) de las palabras en las que se ha expresado la voluntad de las partes. Toda declaración de voluntad expresada mediante palabras precisa interpretación que, en unos casos, se limitará en señalar la coincidencia entre el sentido aparente y el real; en otros, descubrirá un sentido real distinto del aparente; y en algunos casos, completará la expresión insuficientemente desarrollada en su tenor literal o la hará

valer frente a situaciones nuevas o no previstas en el. En cualquier supuesto hay “actividad hermenéutica” la cual no consiste en reformular el contrato, sino en discernir y explicar de modo ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que produce la declaración según la voluntad de las partes y los otros factores por tener en cuenta.

Cuando las formulas utilizadas por las partes contratantes son claras y congruentes, no hay en realidad problema de interpretación; éste surge cuando la expresión de voluntad es ambigua, incierta o contradictoria.

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Por tanto, el problema de la interpretación del contrato se plantea cuando la voluntad de las partes no ha sido expresada en forma precisa, o cuando hay una discrepancia entre la expresión de la voluntad que ha sido manifestada y la verdadera voluntad de las partes que no fue transmitida con propiedad. (Art. 1851 C.C.F.) 2.1.5. Efectos de los contratos El acto jurídico que reúne los elementos esenciales y cumple además los requisitos de validez, surte plenos efectos de derecho. Los efectos fundamentales producidos por el acto jurídico son varios y consisten en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. O bien,

en la constitución de una situación jurídica general y permanente (un estado) que implica el nacimiento de una serie de derechos y obligaciones. Cada contrato produce un conjunto de derechos y obligaciones que varían según el tipo de actos, y

conforme a las estipulaciones introducidas por las partes en uso de su libertad contractual, de su voluntad autónoma. Los actos jurídicos hacen nacer obligaciones; por eso se dice que son fuentes de obligaciones. El principio “res inter alios acta” significa que los actos jurídicos solo producen obligaciones para su

autor o para las partes, no para los terceros. El artículo 1796 del Código Civil prescribe: “Los contratos obligan a quienes los celebran...”, es un

hecho que aquel que carezca de nuestra representación, no puede obligarnos a prestación alguna que no hayamos consentido voluntariamente. “res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest” significa “lo hecho entre unos no puede perjudicar ni producir efectos para otros”. Así el contrato, solo podía obligar y crear derechos para las partes, no para los terceros.

El derecho moderno suavizó el principio y limitó su alcance, pues ahora el contrato sí puede favorecer a los terceros, concediéndoles derechos, aun cuando no puede obligarlos. Mediante un contrato celebrado se pueden crear derechos en beneficios de un tercero, como en la figura jurídica llamada “estipulación por otro” o “estipulación a favor de terceros”. 2.1.5.1. Obligatoriedad

El código civil francés contiene una disposición que señala con rigor el alcance de la fuerza obligatoria del contrato, y postula que el contrato tiene fuerza de ley para las partes. El Código Civil mexicano establece en los artículos 1796 y 1797, el primero señala que los contratos

“obliga a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley”.

El segundo establece que: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno de los contratantes”, lo cual significa que el contrato obliga a quienes lo celebran, y que ninguno de ellos puede privarlo de efectos unilateralmente o dejar de cumplirlo. El alcance de la fuerza obligatoria del contrato no se limita exclusivamente a lo dispuesto dentro de las cláusulas que integran dicho acto, las partes deben respetar sus propias estipulaciones, y

además de ello: Tienen el deber de observar los principios legales concernientes al acto que han celebrado. De cumplir las reglas emergentes del uso, de observar el contrato conforme a la buena fe. 2.1.5.2. Teoría de la imprevisión • •

El contrato obliga a los contratantes y debe ser cumplido sin excusa ni pretexto, lo que se resume en el principio latino: “pacta sunt servanada”. Pero, ese cumplimiento ineludible del contrato ¿Debe

darse en todo evento, aun cuando produzca un resultado económico inequitativo e inesperado debido al cambio imprevisto de las circunstancias que prevalecían cuando se concertó el acto?. La teoría de la imprevisión postula que la fuerza obligatoria del contrato debe ceder y debe hacerse un ajuste de las cláusulas del mismo cuando el acto se tornó inequitativo por el cambio imprevisto

de las circunstancias. Ese ajuste o revisión del contrato debe ser efectuado por los jueces, quienes tendrán así el poder de pasar sobre los términos del contrato, para adaptarlo a las nuevas condiciones económicas y

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equilibrar las prestaciones, impidiendo que sea sumamente oneroso para alguna de las partes y notoriamente favorable para la otra. 2.2. Declaración unilateral de la voluntad Constituye la segunda fuente particular de obligaciones. Se encuentra reglamentada en el Código Civil en los artículos 1860 al 1881, que consagra la fuerza obligatoria de la manifestación de voluntad de una sola persona, rompiendo con la tradición de proclamar que la voluntad del hombre

solo era apta para engendrar obligaciones mediante el convenio, el acuerdo entre aquel que se comprometía (deudor) y el que adquiría el derecho (acreedor).

La doctrina mexicana asegura que la declaración unilateral, solo crea obligaciones en los casos especiales señalados por la ley. Rojina Villegas afirma que la declaración unilateral es una fuente general de obligaciones, lo mismo que el contrato; él dice: “si las partes son libres para crear los contratos que deseen conforme al principio de la autonomía de la voluntad, pues ““en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse (Art. 1832 del

C. Civil) ””, y las reglas de los contratos se aplican a los demás actos jurídicos ““entre ellos a las declaraciones unilaterales””.”.

Las personas son libres para crear también las declaraciones unilaterales de voluntad que deseen. Por eso, la misma fuerza obligatoria que tiene una oferta de venta, posee una oferta de arrendamiento o de permuta. Casos Típicos de Declaración Unilateral: Ofertas al público: • • •

Oferta de venta, Promesa de recompensa, Concurso con promesa de recompensa.

2.3. Enriquecimiento sin causa El artículo 1882 del Código Civil establece: “El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido”. Todo enriquecimiento experimentado a costa del sacrificio de otra persona, debe tener una causa o razón jurídica que lo justifique o explique, pues nadie se empobrece sin motivo en beneficio ajeno; de ahí que cuando ello ocurre, se supone que el perjudicado no ha tenido el propósito de beneficiar

a otro en detrimento suyo, y no seria equitativo infligirle esa pérdida. Por tal razón el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento, hasta el monto del empobrecimiento ajeno. Características del Enriquecimiento Sin Causa • El hecho debe producir el enriquecimiento de una persona; • El empobrecimiento de otra; • Debe haber una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; • Que no exista causa que justifique ni el enriquecimiento ni el empobrecimiento. 2.4. Gestión de negocios El artículo 1896 del Código Civil dispone: “El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga

de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio”. El gestor de negocios que actúa gratuitamente, se ocupa de asuntos ajenos cuando su dueño está imposibilitado de hacerlo, para obrar conforme a los intereses de éste, ya sea con el fin de producirle un beneficio

o evitarle un daño. Características: • • • •

La intromisión debe ser intencional.

La intromisión es espontánea, pues ni procede por mandato de ley, ni por solicitud del dueño del negocio. Debe estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. No debe ser emprendida contra la expresa o presunta voluntad del dueño del negocio, pues

la invasión autorizada es excepcional y debe ser salvaguardado el derecho de cada quien a [email protected]


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decidir lo que le conviene en lo relativo a sus intereses personales, salvo que se tratare de una gestión por utilidad pública. 2.5. Teorías de la responsabilidad Responsabilidad civil es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otro por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo. La responsabilidad civil es el nombre que se da a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito, o por un riesgo creado. Su contenido es la indemnización. Indemnizar

es dejar sin daño. Hay dos maneras de indemnizar: la reparación en naturaleza y la reparación por un equivalente. 2.5.1. Hechos ilícitos El artículo 1830 del Código Civil señala que es un hecho ilícito todo aquel contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. El artículo 1910 del Código Civil: “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo”.

La obligación de reparar daño, la llamada responsabilidad civil, surge a cargo de quien incurre en una conducta antijurídica y dañosa. Tenemos aquí dos de los elementos conceptuales del hecho ilícito generador de obligaciones: la antijuricidad y el daño. El artículo 1914 del Código Civil, contenido en el mismo capitulo de los hechos ilícitos, prescribe:

“Cuando... sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada uno los soportará sin derecho a indemnización”.

Aparece así un nuevo elemento del hecho ilícito: la culpa; porque para responsabilizar a alguien necesitamos demostrar que estuvo a su alcance evitar el daño y no lo hizo, que cometió una falta o

culpa, o que produjo el daño en forma intencional. De todo ello se concluye que los elementos característicos del hecho ilícito son, por consiguiente, la antijuricidad, la culpa y el daño. El hecho ilícito, es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación

de reparar los daños, esto es la responsabilidad civil. Dicho de otra manera: hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente. 2.5.2. Responsabilidad objetiva

Si los daños provienen de una conducta licita, jurídica e inculpable, consistente en aprovechar un objeto peligroso que crea riesgos de daños, responsabilidad fincada de dicho riesgo y que por consiguiente se llama responsabilidad objetiva, por tener su apoyo en un elemento externo como es el riesgo creado. De ello se sigue que en nuestro derecho positivo, la responsabilidad civil tiene dos posibles causas: el hecho ilícito y el riesgo creado. 2.5.3. Responsabilidad subjetiva

Cuando los daños han sido causados por una conducta culpable, antijurídica y dañosa, que tiene por fuente el hecho ilícito y por soporte esa noción subjetiva de la culpa. 2.5.4. El daño

Bejaranos Sánchez dice: “Daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en su patrimonio, en su integridad física, o en sus sentimientos o afecciones, por un hecho ilícito, culpable o por un riesgo creado”. 2.5.4.1. Patrimonial

El artículo 2108 del Código Civil lo define como una pérdida o menoscabo económico: es la que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 2.5.4.2. Moral El daño no solo es una pérdida pecuniaria, sino también todo menoscabo sufrido por la persona en su salud, en su integridad física y la lesión espiritual de sus sentimientos, creencias o afecciones. La definición debería comprender los daños en la integridad personal y los daños morales.

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Es la lesión que una persona sufre en sus sentimientos, afecciones, creencias, honor o reputación,

o el menoscabo en su autoestima, como consecuencia de un hecho de tercero, antijurídico y culpable, o por un riesgo creado. 3.- Modalidades de las obligaciones 3.1. Condición

La eficacia de la obligación también puede ser afectada por la condición, la cual consiste en un acontecimiento futuro e incierto, pues no se sabe si se habrá de producirse o no.

La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. La condición es resolutoria cuando, cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenia, como si esa obligación no hubiera existido. 3.2. Plazo o término

La eficacia de la obligación está sujeta al término o plazo, si la iniciación de sus efectos, o su extinción, depende de la llegada de un acontecimiento futuro necesario; es decir, si la producción de los efectos del acto o la resolución de éstos queda sometida al advenimiento de un suceso cierto y

futuro. Se llama suspensivo el término del que depende la iniciación de la eficacia obligatoria, y resolutorio el que resuelve o extingue dicha eficacia. El plazo puede ser convencional, legal o judicial. 3.3. Modo o carga

Llámese modo a la obligación excepcional creada a cargo del adquirente de un derecho a titulo gratuito. El modo es una forma de ser de las obligaciones, se impone al adquirente favorecido por el

acto alguna prestación a su cargo, o mejor dicho, una contraprestación; que viene a ser el modo o carga. 4.- Cumplimiento de las obligaciones •

Hay consecuencias comunes a toda obligación: el pago o cumplimiento y sus efectos

extintivos de la deuda; el derecho del deudor a pagar mediante la consignación o depósito en pago; el derecho del acreedor a obtener un cumplimiento coactivo; la ejecución forzada, •

•

•

Como el acreedor quirografario es sumamente vulnerable a las maniobras de un deudor recalcitrante a pagar, hay efectos protectores que se le conceden, como la acción pauliana, la acción contra la simulación y la acción oblicua y la acción de la retención. Como las obligaciones recíprocas producen algunas consecuencias que le son particulares, mas adelante trataremos sobre la resolución por imposibilidad de cumplimiento (teoría de los riesgos); la resolución por incumplimiento culpable (teoría de la rescisión), la excepción de contrato no cumplido.

Otro de los efectos especiales de las obligaciones traslativas de cosa, el saneamiento por

evicción y el saneamiento por vicios ocultos. La consecuencia general de todas las obligaciones es el pago o cumplimiento: este puede ocurrir: • • •

Si es realizado voluntariamente por el deudor y recibido voluntariamente por el acreedor, con lo cual existe propiamente un pago. Si es efectuado contra la voluntad del acreedor, se presenta la consignación en pago, y

Se lleva a cabo contra la voluntad del deudor, entonces nos encontramos frente a la ejecución forzada.

4.1. El pago Es el cumplimiento de la obligación cualquiera que sea el objeto de ésta, se paga dando una cosa, prestando un servicio u observando la abstención objeto de una obligación, trátese de obligaciones

de dar, de hacer o de no hacer.

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El pago es el efecto normal de toda obligación, además la forma natural de extinguirla; la relación jurídica fenece y se agota con su cumplimiento: el vocablo pagar proviene del verbo latino pacare, que significa “aplacar”: el pago aplaca al acreedor al satisfacerle su interés. 4.2. Ofrecimiento del pago y consignación

Hay ocasiones en que el deudor no puede pagar o cuando menos no puede hacerlo de manera segura y liberatoria ante un acreedor; • • • • •

Que se niega a recibir la cosa o servicio debidos, que se resiste a entregar un justificante del pago; Que es desconocido; Que se encuentra fuera de la localidad; Que tiene un derecho dudoso o incierto; Que es incapaz y el deudor no quiere correr los riesgos de un pago anulable.

El artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles dice: “Si el acreedor rehusare recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Es potestativo para el deudor el ofrecimiento de pago y consignación, como se sostiene en una tesis

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “OFRECIMIENTO DE PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN, NO ES OBLIGATORIO PARA NO INCURRIR EN MORA”.

5.- Incumplimiento de las obligaciones Si el deudor cumple voluntariamente su obligación, esta se extingue por pago; pero cuando no se aviene a respetar su compromiso, el acreedor puede lograr que sea forzado a ello contando con el auxilio de la fuerza público, esta es la ejecución forzada. Una de las características de la norma y de la relación jurídica es la coercibilidad, el poder que tiene

el titular de un derecho de lograr coactivamente el cumplimiento y la satisfacción del mismo, esa posibilidad eventual de poner en movimiento a la autoridad jurisdiccional, para lograr con su auxilio

el respeto de la norma de derecho, su acatamiento forzado, es una medida eficaz para lograr ordinariamente su observancia. Pero en los casos en que el deudor se resiste a cumplir, pese a la amenaza de una coacción posible, el cumplimiento forzado puede ser obtenido a solicitud del acreedor. 5.1. La responsabilidad contractual

Los actos jurídicos creadores de obligaciones reciprocas (contratos bilaterales), tienen algunos efectos característicos que se explican por el enlace y la interdependencia de las obligaciones que

asumen ambas partes. Las obligaciones de un contrato bilateral deben estar equilibradas una por la otra. En efecto, si una de las partes no cumple, la otra tampoco deberá cumplir, y este principio elemental fundamenta: la teoría general de la teoría de los riesgos; la teoría de la resolución por incumplimiento culpable, y la excepción de contrato no cumplido.

Si una de las partes no puede cumplir con su obligación, porque se lo impide un caso fortuito o de causa mayor, la otra parte también será dispensada de cumplir la suya (teoría de los riesgos).

Si una de las partes no quiere cumplir con su obligación o deja de hacerlo culpablemente, la otra podrá desligarse de la suya y obtener la rescisión del contrato (resolución por incumplimiento culpable). Por ultimo, si una de las partes reclama judicialmente el cumplimiento de la otra, sin haber

pagado su propia prestación, ésta ultima tendrá la facultad de aplazar su pago hasta que el demandante cumpla con el suyo (excepción de contrato no cumplido). 5.2. La resolución o rescisión del contrato La rescisión es la resolución de un contrato bilateral plenamente válido a causa del incumplimiento

culpable de una de las partes. El cumplimiento del contrato motivado por un caso fortuito no responsabiliza al deudor, pero el que proviene de su culpa constituye, un hecho ilícito, fuente de obligaciones. Lo compromete a reparar

los daños que causen (responsabilidad civil), además da derecho a la victima a desligarse de su [email protected]


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propia obligación, resolviendo el contrato (rescisión), por tanto, si en el contrato bilateral una de las

partes no cumple por su culpa, la otra parte contratante puede exigir: la ejecución forzada o la rescisión del contrato. El acreedor puede optar libremente por una u otra medida. El artículo 1949 del Código Civil que contiene el principio de la rescisión establece: “La facultad de

resolver las obligaciones se entiende implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento

o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultara imposible. 5.3. El saneamiento

Puede decirse que saneamiento es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados al adquirente de una cosa a titulo oneroso, por causa de evicción o de vicios ocultos.

5.3.1. Saneamiento en caso de evicción El artículo 2119 del Código Civil establece: “Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición”. El adquirente de la cosa no obtuvo una posesión pacifica de ella, pues un tercero ejerce su derecho

de persecución alegando derechos anteriores sobre el bien, demanda y vence en juicio al adquirente, que resulta así privado del objeto. Ese vencimiento en juicio constituye la llamada evicción del latín “e-vin-cere” vocablo que significa “vencer en juicio”. Elementos de la evicción. El artículo anteriormente citado nos señala que son tres: • Privación total o parcial que sufre el adquirente de una cosa. • Por sentencia que cause ejecutoria.

Fundada en un derecho anterior a la adquisición. Si el adquirente sufre la evicción, deberá ser “saneado” o indemnizado por el enajenante, quien deviene obligado a reparar los daños y puede ser constreñido a hacerlo por el juicio de saneamiento. •

5.3.2. Saneamiento por vicios ocultos

El que transmite una cosa tiene el deber de conceder una posesión útil de ella, pues todos los bienes conceden a sus poseedores ciertas ventajas o provechos, y el adquirente de una cosa espera que ésta sea para el fin de su destino. Si el bien transferido tiene defectos o imperfecciones indetectables de inmediato y que disminuyen o eliminan su utilidad, se dice que tiene vicios ocultos. El adquirente de una cosa inservible, que no satisfaga por ello el propósito de su adquisición, tiene derecho a ser indemnizado (saneamiento). Ese saneamiento puede consistir: •

Ya en la resolución del contrato, con sus efectos de restitución de la cosa y del precio,

mediante la acción redhibitoria (de rehdivere, devolver). • O bien, en una reducción del precio mediante la acción estimatoria. El resultado que persiguen las acciones redhibitoria y quanti more corresponden a las dos formas de indemnizar: en restablecimiento de la situación anterior al hecho dañoso, por la acción redhibitoria, y la reparación del daño con una prestación pecuniaria, mediante la acción quanti more. Requisitos de los vicios ocultos: • • •

Transmisión de la cosa ya viciada, Que esos vicios se eliminen o disminuyan la utilidad de la cosa, y Que tales vicios no sean ostensibles.

5.4. Actos en fraude de acreedores El acreedor, se enfrenta a menudo con serias dificultades para hacer valer sus derechos ante un deudor que se resista a cumplir con sus obligaciones y que maniobre para evitar la ejecución forzada. La garantía de pago que posee el acreedor es el patrimonio del deudor, la llamada prenda general sobre el patrimonio del deudor (artículo 2964 del Código Civil “El deudor responde del [email protected]


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cumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes”), esto se traduce en la posibilidad de trabar embargo sobre cualquiera de los bienes afectables del deudor que existan en el momento de

la ejecución. Mientras que el acreedor con garantía real (una prenda o una hipoteca), provisto de los derechos de

persecución y de preferencia inherentes al derecho real, puede obtener el pago seguro de la deuda

con cargo al valor de los bienes dados en garantía, los que puede perseguir en manos de quien se encuentren, rematar y cobrar preferentemente del precio que por ello se obtenga. 5.4.1. Acción pauliana

El deudor que tiene el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones, se produce un estado de insolvencia, o bien, la aparenta, sustituyendo bienes de fácil embargo (como los inmuebles), por otros que sean ocultables a la persecución de los acreedores, mediante actos reales de enajenación o de gravamen (ventas, donaciones, hipotecas, prendas, etc.), o de renuncia de derechos (repudiación de herencia, rechazo a una recompensa, etc.).

Para ser inoponibles tales maniobras del deudor y conservar la garantía de pago, el acreedor dispone de la acción pauliana. Artículo 2163 del Código Civil: “Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor,

pueden anularse a petición de éste, si esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito, en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos”. Artículo 2164 del Código Civil: “Si el acto fuese oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior cuando halla mala fe, tanto por parte del deudor como del tercero que contrató con él. 5.4.2. Acción oblicua Esta acción constituye otra institución protectora del acreedor quirografario al permitirle apremiar a

un deudor indolente para que atienda sus propios negocios jurídicos, ejerza sus acciones y haga valer sus derechos, en vías de que mejore su fortuna y adquiera nuevos bienes que acrecienten su patrimonio, que es la garantía del acreedor. Se llama acción oblicua, por oposición a la acción directa que el acreedor tiene contra su deudor: en la oblicua alcanza al deudor de su deudor; “el acreedor solo llega a alcanzar al tercero por intermedio del deudor”. También se le conoce como acción subrogatoria porque produce el efecto de subrogar (sustituir), al deudor por el acreedor, que va a ejercitar los derechos de éste frente a un tercero. 5.4.3. Simulación Hay simulación cuando se declara una cosa distinta de la que se quiere, en forma consiente y con el acuerdo de la persona a quien esta dirigida esa declaración (COVIELLO). En toda simulación hay dos acuerdos, el primero, secreto confidencial y verdadero (que puede ser verbal, pero que se formaliza en un escrito privado), tiene por objeto concertarse para fingir un acto

posterior, y declarar que éste carece de existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la aparente, por lo que no producirá los efectos jurídicos correspondientes, y que podrá ser destruido a

petición de cualquiera de las partes. El documento donde se consigna se conoce como contradocumento o contraescritura. El segundo es el acto público y aparente, que a sido simulado por los actores de tal representación y que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza diversa de la que ostenta. Es el disfraz destinado a engañar a los terceros. Causas de Simulación: Absoluta y relativa. • Es absoluta cuando detrás del acto ficticio no existe ningún acto jurídico en realidad. • Es relativa cuando el acto simulado encubre a otro acto jurídico que las partes quisieron ocultar

bajo el ropaje de aquel. 5.5. Actos simulados en fraude de acreedores A fin de figurar su insolvencia, los deudores dolosos han ideado múltiples procedimientos. Negocios que tienden a una disminución del patrimonio y negocios que implican un aumento del pasivo. Entre

los actos que aparentan una reducción del activo patrimonial se pueden mencionar los contratos [email protected]


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ficticios de venta, cesión de derechos, donación, aportación de bienes a sociedades con sucesiva enajenación de las acciones, la dación en pago, etcétera. La simulación por incremento del pasivo, puede realizarse a través de reconocimiento de adeudo ya notariales, ya por aceptación o suscripción de títulos de crédito antedatados (con letras de cambio,

pagares), la constitución de gravámenes por deudas inexistentes, etcétera; entre los cuales el más común en nuestro medio es el embargo, que el mismo propietario (deudor) gestiona sobre sus bienes a través de un tercer cómplice que figura como supuesto acreedor (autoembargo) y que afecta para su fingida garantía el patrimonio, sobre el que produce un efecto reductor inmediato que

ante los verdaderos acreedores aparece, así, afectado en su totalidad por sumas muy cuantiosas que les convencen de la inutilidad de intentar un reembargo. 5.5.1. La acción de simulación

En vez de celebrar un acto real, el deudor puede aparentar que efectúa ciertos actos jurídicos que disminuyen su activo patrimonial o aumentan su pasivo, a fin de dar una imagen de insolvencia que le permita rehuir en cumplimiento de sus obligaciones. Contra tales maniobras el acreedor, puede echar mano de la acción declarativa de simulación, para

privar de efectos al acto ficticio, y traer de nuevo al patrimonio del deudor, los bienes que habían salido de él a consecuencia del acto aparente. 5.6. La teoría de los riesgos Si una de las partes no puede cumplir su obligación, porque se lo impide un caso fortuito o de fuerza mayor, la otra parte también será dispensada de cumplir la suya.

6.- Transmisión de las obligaciones 6.1. Cesión de derechos Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente), lo transmite a otra persona (cesionario), gratuita u onerosamente, sin alterar la relación jurídica.

6.2. Subrogación Otra manera de transmitir el crédito y sustituir al acreedor es la subrogación por pago. Subrogar significa “sustituir”. Hay subrogación real cuando se sustituyen unos bienes por otros, y subrogación

personal por pago, cuando el acreedor es sustituido por un tercero interesado que paga la deuda o presta dinero para tal fin. En nuestro derecho la subrogación puede ser legal o convencional. La primera está constituida en la

ley y produce sus efectos por el mismo derecho, sin necesidad de que las partes la declaren; la segunda es útil en los casos en los cuales el tercero no tiene interés jurídico en el pago y que proviene por un acuerdo de voluntades, resulta de un contrato que éste celebra con el acreedor y con el deudor. 6.3. Cesión de deudas Es un contrato celebrado por el acreedor, el deudor y un tercero, en el cual aquél consiente que el tercero asuma la deuda y el deudor original queda desligado a la obligación.

7.- Extinción de las obligaciones 7.1. Novación Artículo 2213 del Código Civil, establece: “hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteren sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua”

7.2. Dación en pago Artículo 2095 dice: “la obligación queda extinguida cuando el acreedor decide en pago una cosa distinta en lugar de la debida”.

7.3. Compensación Artículo 2185 dice: “tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho”.

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7.4. Confusión Artículo 2206 dice: “la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona”. 7.5. Remisión

La remisión es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor, con la conformidad de éste”. 7.6. Prescripción

Artículo 1135 que regula conjunta a la prescripción negativa o liberatoria o a la adquisitiva o usucapión, que es una forma de adquirir derechos reales. “Prescripción es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas en la ley... la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa”.

7.7. Caducidad Proviene del verbo latín cadere, que significa “caer”, y que consiste en la decadencia o pérdida de un derecho porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo. La anterior definición significa que la caducidad: • Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derecho; • Puede extinguir derechos sustantivos o adjetivos; • Puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo; y Puede ser de origen legal, judicial o convencional.

8.- Obligaciones complejas A la obligación pura y simple, consistente en una sola prestación de dar, de hacer o de no hacer, se

opone la obligación compleja, en la cual el deudor no se liberta entregando una sola cosa o prestando un único servicio, sino que tiene que aportar varias prestaciones a la vez; esto es, varias cosas, hechos o abstenciones; o en fin, una prestación entre varias determinadas, y entonces estamos en presencia de una obligación compleja. 8.1. Pluralidad de sujetos

Los sujetos en una obligación pueden ser o manifestarse en una forma simple (un acreedor que exige el pago a un deudor), o compleja (uno o varios acreedores frente a varios deudores, o a la inversa varios acreedores frente a uno o varios deudores); a estas obligaciones complejas se les ha

llamado mancomunadas. 8.1.1. Obligaciones mancomunadas

La simple mancomunidad de deudores o de acreedores, no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas

partes como deudores y acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos uno de otros. 8.1.2. Obligaciones solidarias

La solidaridad es una modalidad de las obligaciones, caracterizada por la existencia de sujetos múltiples que pueden exigir o deben cumplir la prestación en su integridad, sea por haberlo convenido así o porque la ley lo imponga. 8.1.3. Obligaciones

Es el vinculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está constreñida (obligada) a dar a otra, llamada acreedor, una cosa, o a realizar un hecho positivo o negativo. Tres son los elementos de una obligación: los sujetos, el objeto y el vinculo. 8.2. Pluralidad de objetos Por la complicación del objeto, las obligaciones pueden ser conjuntivas, alternativas y facultativas.

Es conjuntiva la obligación en la cual está obligado el deudor a prestar varios hechos o a entregar [email protected]


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varias cosas a la vez y se liberta de su compromiso mientras no cumpla todas las conductas requeridas. El Código Civil señala en el artículo 1961: “El que se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos”. 8.2.1. Obligaciones conjuntivas Las obligaciones conjuntivas pueden ser de contenido homogéneo o heterogéneo. Las primeras son

aquellas en las cuales todas las prestaciones por cumplir son de la misma naturaleza: lo serán la entrega de varias cosas o la prestación de varios hechos, o la observancia de varias abstenciones. Son heterogéneas cuando el contenido de las diversas prestaciones sea de distinta cualidad. El deudor se niega a entregan una cosa y a prestar un hecho, o a observar una abstención y entregar una cosa a la vez. 8.2.2. Obligaciones alternativas

Son obligaciones con varios objetos, lo mismo que las conjuntivas, pero, a diferencia de éstas, el deudor no tiene que pagarlos todos, sino sólo uno de ellos. 8.2.3. Obligaciones facultativas

En la dación en pago, el acreedor acepta el pago de una cosa distinta en pago de la obligación. En la obligación facultativa, autoriza al deudor a que en el futuro le entregue una cosa distinta si él lo desea. La dación en pago es un pago con cosa diversa, que el acreedor acepta en el momento de la entrega; en la obligación facultativa, la autorización para pagar con cosa diversa se concede desde antes de que el pago se efectué. No hay pago aún, sino una obligación con una excepcional facultad del deudor de pagar con determinada cosa diversa. VI. CONTRATOS

1. Contratos preparatorios 1.1. Concepto y naturaleza

La promesa de contrato: Es aquel en virtud del cual, una o ambas partes se comprometen a celebrar dentro de cierto tiempo, un determinado contrato, que no pueden o no deseen celebrar por el momento

1.2. Efectos El beneficiario puede exigir al promitente el cumplimiento del contrato de promesa, o sea, la celebración del contrato definitivo y se rehusa a firmar, un juez lo hará por él en su rebeldía. 2. Compraventa 2.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato, en virtud del cual, uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. 2.2. Modalidades TRANSLATIVO DE DOMINIO:

PRINCIPAL: Puesto que existe y subsiste por sí mismo.

ONEROSO: Ya que otorga provechos y gravámenes. 3. Permuta 3.1. Concepto y naturaleza Es un contrato, por virtud del cual, una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa,

a cambio de otra que a su vez recibe en propiedad, dicho de otra manera, el cambio de cosa por cosa. 3.2. Efectos El cambio [email protected]


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NATURALEZA= Es la forma natural de realizar el cambio

4. Donación 4.1. Concepto y naturaleza Es un contrato, en virtud del cual, una persona llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente

el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario que acepta dicha transmisión en vida del donante. Y NATURALEZA: Es un contrato traslativo de dominio, la transmisión de la propiedad.

4.2. Clases de donación •

PURA: Aquella que se otorga en términos absolutos, sus efectos no están sujetos a

modalidad alguna. • • • • • • • • • • •

CONDICIONAL: Dependen de un acontecimiento futuro o incierto. ONEROSA: Aquellas en que se imponen algunas cargas al donatario.

REMUNERATORIA: La que se hace en atención a los servicios prestados por el donante, siempre y cuando no constituya una deuda exigible ANTENUPCIALES:

ENTRE CONSORTES: ENTRE VIVOS POR CAUSA DE MUERTE

REALES SIMULADAS PARTICULARES UNIVERSALES

4.3. Efectos La transmisión de dominio. 5. Mutuo 5.1. Concepto y naturaleza Es el contrato, en virtud del cual, una persona llamada mutuante, se obliga a transferir la propiedad

de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuataria, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. NATURALEZA: Es una transmisión de dominio.

5.2. Efectos El mututuario se obliga a devolver el dinero de la misma especie y calidad 6. Arrendamiento 6.1. Concepto y naturaleza Es un contrato en virtud del cual, una parte llamada arrendador se obliga a transferir temporalmente

el uso o goce de una cosa a otra parte llamada arrendatario quien a su vez, se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. NATURALEZA: Es un contrato traslativos de uso y

disfrute. 6.2. Efectos Es un contrato temporal, concesión temporal.

7. Comodato 7.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato en virtud del cual, una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra llamada comodatario, quien a su vez, se obliga a restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada. NATURALEZA: Es un contrato

traslativo de uso. [email protected]


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7.2. Efectos El goce temporal de la cosa.

8. Depósito 8.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato en virtud del cual, una parte llamada depositario, se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble que otra parte llamada depositante le confía y a restituirla cuando éste se lo pida. NATURALEZA: Es un contrato de prestación de servicios.

8.2. Efectos La recepción, guarda, conservación y restitución de la cosa

8.3. El secuestro Se define legalmente como el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se decida a quién debe entregarse. 9. Mandato 9.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato en virtud del cual, una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. NATURALEZA: Es un contrato.

9.2. Poder Documento en el que se otorgan facultades para ejecutar un acto jurídico. 10. Prestación de servicios profesionales 10.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato en virtud del cual, una parte a la que se designa con el nombre de profesionista o profesor, se obliga a realizar un trabajo que requiere preparación técnica, artística y en ocasiones Título profesional para llevarl9 a cabo, a favor de otra persona llamada cliente a cambio de una remuneración que recibe el nombre de honorarios. NATURALEZA: Es un contrato de prestación de servicios profesionales (notario público).

10.2. Efectos La prestación de los servicios profesionales. 11. Asociación civil 11.1. Concepto y naturaleza

Se constituye mediante un acto jurídico, en el que 2 o más personas se reúnen para un fin lícito, posible y común, que no tenga carácter preponderantemente económico. 11.2. Órganos sociales

La asamblea de socios, direcciones, vocalías… 12. Sociedad civil 12.1. Concepto y naturaleza. La sociedad civil es un conjunto de personas que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, sin que constituya especulación comercial.

13. Fianza 13.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato accesorio por el cual una persona se obliga a pagar o cumplir por el deudor, si éste no lo hace. NATURALEZA: Es un contrato.

13.2. Efectos Garantiza el cumplimiento de una obligación por el deudor.

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14. Prenda 14.1. Concepto y naturaleza

Es un contrato accesorio, por el cual el deudor o una persona distinta de éste, constituyen un derecho real sobre un bien mueble, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. NATURALEZA: Es un contrato.

14.2. Efectos Garantiza el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 15. Hipoteca 15.1. Concepto y naturaleza

Es un derecho real que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Se constituye sobre muebles o derechos reales.

15.2. Efectos Garantiza el cumplimiento de una obligación.

16. Transacción 16.1. Concepto y naturaleza

Es el acuerdo de voluntades, por el cual las partes haciéndose mutuas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura. Está prohibida en materia de alimentos. NATURALEZA: Es un acuerdo de voluntades

16.2. Efectos Previenen una controversia o culminan una. 17. Contratos innominados o atípicos 17.1. Concepto y naturaleza Son aquellos que no se encuentran regulados expresamente por la ley. NATURALEZA: Es un contrato, o son (contratos, acuerdo de voluntades).

17.2. Efectos Crean o transmiten derechos y obligaciones.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho PROCESAL

I. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

La teoría general de proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del

estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas especiales. 1.- Litigio y medios de solución 1.1. Litigio Es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del

otro. 1.1.1. Autotutela

Consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Es la manera más primitiva de zanjar las dificultades entre los hombres, se trata de una manifestación reiterada a lo largo de los siglos de que las pugnas de intereses se resuelvan con la victoria del más fuerte. 1.1.2. Autocomposición

Consiste en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de la contraparte, es decir, el resultado de una negociación equilibrada que satisfaga así sea parcialmente los intereses de las dos partes en conflicto. Las especies de autocomposición son el Desistimiento, el Perdón del Ofendido, el Allanamiento y la Transacción. DESISTIMIENTO.-

Es la renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante y en caso

de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda

o por el demandado en su reconvención. PERDÓN DEL OFENDIDO- Es

la institución conocida como perdón del ofendido en los delitos que

se persiguen por querella. En si, es la actuación judicial en donde el ofendido o su representante manifiesto eximen de la sanción al procesado que merece en virtud del hecho ilícito punible que realizó. ALLANAMIENTO.- Designa la actitud autocompositiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar o en someterse a la pretensión de la parte actora, de la parte atacante, no opone ninguna resistencia frente a aquella por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. TRANSACCIÓN.- Es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura. 1.2. Heterocomposición

Aquí la solución al conflicto es calificada de imparcial porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno a litigio, un tercero sin interés propio en la controversia. 1.2.1. Mediación Tercero que se limita a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar de que

llegue a un acuerdo. 1.2.2. Conciliación

Tercero que se encarga de proponer a las partes alternativas concretas para que resuelvan de común acuerdo sus diferencias. Es desempeñada normalmente por organismos o instituciones a través de procedimientos formalizados en las leyes. 1.2.3. Negociación 1.2.4. Arbitraje Tercero que se encarga de la solución de las partes en conflicto, a la que se le conoce como laudo, para que funcione el arbitraje se necesita que las partes hayan aceptado someterse a este medio de solución.

1.2.5. Proceso Es la serie de actos realizados por el órgano regulador, las partes y los terceros relacionados entre sí por el fin que se persigue que e satisfacer las pretensiones de las partes.

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2.- Jurisdicción y competencia 2.1. Concepto y sus características JURISDICCIÓN. Función que ejercen órganos del estado independientes o autónomos a través del proceso para conocer de los litigios o controversias que les planteen las partes y emitir su decisión

sobre ellos. CARACTERÍSTICAS. Es abstracto, general, impersonal e innovador o creativo, además: • Necesita excitarse o provocarse por el gobernado. • Da nacimiento a una relación triangular entre las partes y los litigantes. • Esta destinado siempre a dirimir o resolver un litigio. COMPETENCIA.- Es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en

determinado tipo de litigios o conflictos. CARACTERÍSTICAS. •

Los interesados pueden objetar la competencia de un órgano por medio de la inhibitoria o la

declinatoria. •

Toda demanda debe plantearse ante juez competente.

2.1.1. Distinción entre jurisdicción, administración y legislación En la función jurisdiccional intervienen tres sujetos principales, el juzgador y las dos partes y una condición indispensable para que se ponga en movimiento la función jurisdiccional. En la función administrativa en cambio, los sujetos pueden limitarse a dos personas: el administrado

que solicita y el agente de la administración. El objeto de la Jurisdicción es un litigio o conflicto entre partes de trascendencia jurídica y en la función administrativa presupone la inexistencia de conflicto entre partes. 2.1.2. Órganos jurisdiccionales independientes del Poder Judicial La jurisdicción es, en primer término, una función que desempeñan los órganos del Estado; un a función pública, la jurisdicción es una potestad o un poder o una facultad, y también impone a los órganos que la ejercen un conjunto de deberes.

Para que los órganos del Estado puedan desempeñar la función jurisdiccional, es indispensable que posean independencia o al menos autonomía funcional, en los casos de los tribunales no judiciales. Como lo son los tribunales administrativos del trabajo, y agrarios, como se ubican formalmente fuera del Poder Judicial. 2.1.3. La competencia

El principio de la división de poderes ha sido acogido formalmente por las Constituciones mexicanas, desde 1814 hasta la vigente. El artículo 9° del Acta Constitutiva de la federación señaló el contenido fundamental de éste principio, de acuerdo a su interpretación histórica éste precepto dispuso lo siguiente ” El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; Jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una sola corporación” .

La Jurisdicción, en tanto función pública de impartir justicia, no es susceptible de ser dividida ni clasificada. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejercer lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplica a través de dicha función 2.1.3.1. Contenciosa y voluntaria

No todas las actividades que desarrolla el Poder Judicial implican el ejercicio de función jurisdiccional, como ocurre en los llamados procedimientos de “ jurisdicción voluntaria”, en los cuales el juzgador no decide sobre un conflicto o litigio, por lo que en dichos procedimientos no ejerce, en sentido estricto, su función jurisdiccional, pese al nombre de aquellos que todavía conservan. CONTENCIOSO: La finalidad de la jurisdicción es la resolución de litigios, mediante la aplicación del

derecho, de criterios de justicia, y que el elemento objetivo de la función jurisdiccional consiste precisamente en el litigio sobre el que se ejerce dicha función.

VOLUNTARIO: ésta no tiene, en modo alguno naturaleza jurisdiccional, ya que carece de la finalidad y del elemento objetivos propios de ésta función pública

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2.1.3.2. Federal, local, concurrente o alternativa y auxiliar FUNCIÓN FEDERAL.- Supone la existencia de dos clases de juzgadores, los federales y los locales cuya función se dirige regularmente a la aplicación de las leyes y disposiciones jurídicas expedidas por el órgano legislativo de la entidad federativa correspondiente. LOCAL.- Se designa tanto al conjunto de legisladores de cada entidad federativa, como a su

competencia para conocer de los litigios sobre la aplicación de leyes o disposiciones de carácter local CONCURRENTE.- Es la alternativa que se le da a la parte demandante de promover el proceso ante tribunales federales o locales. AUXILIAR.-

Es aquella que prestan los tribunales de los estados y del D. F. A los órganos del Poder

Judicial de la Federación cuando colaboran en el desempeño de las funciones de éstos. FORZOSA Y PRORROGABLE.- Es aquella competencia de los órganos jurisdiccionales que no puede ser alterada ni modificada por acuerdo expreso ni por sumisión tácita de las partes. RETENIDA Y DELEGADA.- Los tribunales de justicia retenida son aquellos que carecen de autonomía respecto de la administración y se limitan a formular proyectos de decisión que someten a la aprobación de la propia administración.

Los tribunales de justicia delegada son aquellos que poseen autonomía respecto de la administración y se encuentran facultados para pronunciar sus propias sentencias. 2.1.3.3. Ordinaria, especial y extraordinaria ORDINARIA.

Es la que ejercen los juzgadores que tienen competencia para conocer de la

generalidad de los litigios. ESPECIAL. Es la que compete a los juzgadores para conocer de cierta clase de litigios. EXTRAORDINARIA.

Es la que se atribuye a órganos creados ex profeso para conocer de uno o

más litigios concretos y determinados. 2.1.4. . Criterios para determinar la competencia 2.1.4.1. Materia Este tipo de competencia surge por la especialización del trabajo jurisdiccional. Este criterio se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio o conflicto sometido al proceso. 2.1.4.2. Cuantía El criterio de la cuantía o del valor toma en cuenta la cantidad en la que se puede estimar el valor del litigio. 2.1.4.3. Grado Es un criterio para determinar la competencia, según que un litigio determinado haya sido sometido o no al conocimiento de un juez. 2.1.4.4. Territorio Es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. 2.1.4.5. Atracción

Consiste en la acumulación que debe realizarse de los juicios singulares que se sigan contra una persona. 2.1.4.6. Conexidad

Se presenta cuando dos o más litigios distintos sometidos a procesos diferentes se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva. 2.1.4.7. Prevención Es un criterio complementario y subsidiario para determinar la competencia, pues se suele recurrir a

él cuando varios jueces son competentes para conocer del mismo asunto, entonces se afirma que será competente el que haya prevenido en la causa, es decir, el juez que haya conocido primero. 2.1.4.8. Turno

Orden o modo de distribución interno de las demandas o las consignaciones que ingresan cuando en un lugar determinado existen dos o más juzgadores con la misma competencia.

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2.2. Conflictos competenciales de tipo objetivo Las partes tienen derecho de impugnar, de objetar, de cuestionar la competencia de aquél. La forma

de impugnar son de dos vías: declinatoria y de inhibitoria. DECLINATORIA: Es una vía de impugnación directa, ya que se promueve ante el juez que está conociendo del litigio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y remita el

expediente al juzgador que se estima competente. INHIBITORIA:

Es una vía indirecta, en virtud de que se promueve ante el juzgador que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que está conociendo del litigio y se considera

incompetente, para que se inhiba y remita el expediente al primero

Si el conflicto de incompetencia se plantea ante dos juzgadores que tengan como superior jerárquico al mismo tribunal será este el competente para resolverlo. 2.3. Competencia subjetiva Es la que se refiere a la persona física titular del órgano, persona que debe de tener la característica de ser imparcial para poder ser competente subjetivamente en el conocimiento del juicio. 2.4. CUESTIONES DE COMPETENCIA SUBJETIVA

Esta incompetencia subjetiva da lugar a tres figuras que son los impedimentos, la excusa y la recusación con causa. Los impedimentos son aquellas cuestiones de carácter personal que pueden influir en el ánimo del juzgador para que deje de ser imparcial y en consecuencia le impiden dictar una sentencia justa. LA EXCUSA: Al conocer el titular de un órgano jurisdiccional de la existencia de un impedimento para conocer de un negocio deberá excusarse inmediatamente. LA RECUSACIÓN CON CAUSA, El juez que no se percate del impedimento o que percatándose no

se excuse puede ser recusado con causa por el litigante afectado mediante un tramite que establece la ley procesal.

3.- Acción y excepción 3.1. Acción Es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión jurídica postulando una decisión sobre su fundamento y en su caso la ejecución de lo resuelto. 3.1.1. Naturaleza jurídica LA ACCIÓN COMO DERECHO MATERIAL.-

No es otra cosa la acción que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe. POLÉMICA DE WINDSCHEID-MUTHER.-

Afirmaba que el derecho romano la actio no era el derecho a la tutela judicial nacido de la lesión de un derecho, en la concepción romana, la actio ocupaba el lugar del derecho. En el derecho romano la actio no era sino la pretensión perseguible en juicio. LA ACCIÓN COMO DERECHO A LA TUTELA CONCRETA.-

Tiene como característica el concebirla como un derecho a una sentencia concretamente favorable

a la parte actora. LA ACCIÓN COMO DERECHO ABSTRACTO.-

Señala que ésta es un derecho que corresponde no solo a quien tiene un derecho subjetivo material

sino a cualquiera que se dirija al juez para obtener una sentencia sobre su pretensión, sea esta fundada o infundada. OTRAS TEORÍAS: • En primer lugar, se utiliza como sinónimo del derecho subjetivo material que trata de hacer

valer en juicio. •

Suele ser usada también para designar la pretensión o reclamación que la parte actora o acusadora formula en la demanda o en su acusación.

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•

Es entendida también como la facultad que las personas tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que, que una vez realizados los actos procésales correspondientes, emita una sentencia sobre una pretensión litigiosa.

3.1.2. Concepto Es procesal es el poder de presentar y mantener ante órgano jurisdiccional una pretensión jurídica, postulando una decisión sobre su fundamento y en su caso la ejecución de lo resuelto. 3.1.3. Condiciones de la acción La legitimación de actuar o legitimación ad processum debe de ser excluida de dichas condiciones , pues no concierne directamente a la acción en sí, sino que es una condición que debe satisfacer la

parte que acciona. La legitimación de actuar constituye un presupuesto procesal relativo a las partes, es decir, una condición mínima que aquellas deben de satisfacer para que pueda iniciar y desarrollar válidamente el proceso • Que haya un interés jurídico. • Que exista tal acción •

La pretensión

3.1.3.1. Interés jurídico Es un requisito de la acción Siendo un interés un requisito esencial para el ejercicio de la acción, si

aquel falta esta no puede ejercitarse y el juzgador puede , aun de oficio, abstenerse de estudiarla por ser de orden publico el cumplimiento de los requisitos referidos. 3.1.3.1.1. Concepto

Es la relación de utilidad existente entre la lesión de un derecho, que ha sido afirmada, y el proveimiento de tutela jurisdiccional que viene demandando. 3.1.3.1.2. Elementos • Requisito para que proceda el ejercicio de la acción. • Relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a derecho. • El Estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora • •

La necesidad de la sentencia demandada

La aptitud de la demanda para poner fin a dicha situación o estado. 3.1.3.2. Pretensión Es la exigencia de subordinación del interés ajeno al interés propio.. Es al afirmación de un sujeto

de derecho de merecer la tutela jurídica y por supuesto la aspiración concreta de que esta se haga efectiva. 3.1.3.2.1. Concepto Es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer tutela jurídica, y por supuesto, la aspiración de

que ésta se haga efectiva. Es la exigencia de subordinación del interés ajeno al interés propio.

Es la petición o reclamación que formula la parte actora o acusadora, ante el juez, contra la parte demandada , en relación con un bien jurídico. 3.1.3.2.2. Elementos • Se formula en ejercicio de la acción. • Señala en fundamento de su petición. De hecho y de derecho. • La prueba de estos hechos y la demostración de la aplicabilidad del derecho • Los hechos normalmente constituyen en una relación jurídica sustantiva • Que sea posible de ser acogida conforme al ordenamiento jurídico vigente.

3.2. Excepción Es un medio de combatir las pretensiones del actor, dilatando o destruyendo su procedencia.

3.2.1. Concepto Es un medio de defensa del demandado. Es el derecho subjetivo que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la acción o a la pretensión hechas valer por la parte actora.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho Son las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la acción o a la pretensión del

actor. 3.2.2. Derecho de defensa La defensa es la negación del derecho en que se fundan Las prestaciones reclamadas. 3.2.3. Clasificación de las excepciones DILATORIAS. Atacan al derecho y no el derecho en que se basa la acción, tienden a dilatar la procedencia de las prestaciones reclamadas dentro del proceso. PERENTORIAS. No atacan el proceso, sino el derecho en que se basa el ejercicio de la acción, no

aparecen en los códigos como las dilatorias.

MIXTAS. Funcionan procesalmente como dilatorias, porque atacan el proceso, pero al ser declaradas procedentes tienen los efectos de las perentorias al poner fin al conflicto.

4.- Proceso Es la serie de actos realizados por el órgano regulador, las partes y los terceros relacionados entre si por le fin que se persigue, que es satisfacer las pretensiones de las partes. Conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que ser

establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen y que tiene como finalidad dar solución al litigio. 4.1. El proceso jurisdiccional. Significado •

Como secuencia de actos ( o procedimiento) a través de los cuales se tramita o se lleva acabo la sustanciación de todo un proceso.

•

Como etapa final del proceso penal que comprende las conclusiones de las partes y la sentencia del juzgador.

• •

Como la sentencia propiamente dicha.

La SCJN lo ha entendido como “el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva.”

TEORIAS SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA:

El proceso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Si se examina como se desarrolla,

se estará contemplando su o sus procedimientos. Si se estudia para que sirve el proceso, se estará enfocando su finalidad ( como medio de solución al litigio). Pero si se reflexiona sobre qué es el

proceso, se estará analizando su naturaleza jurídica. Couture: Advierte que el estudio de la naturaleza jurídica del proceso “consiste ante todo, en determinar si este fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial”.

En términos generales, las teorías privatistas han tratado de explicar la naturaleza del proceso, ubicándolo dentro de figuras conocidas del derecho privado, como el contrato o el cuasicontrato; las teorías publicistas, en cambio, han considerado que el proceso constituye por sí solo una categoría

especial dentro del derecho público, ya que se trate de una relación jurídica o bien de una serie de situaciones jurídicas. EL PROCESO COMO CONTRATO.

Litis contestatio, parece que el actor, cuando había recibido del

magistrado la formula, la consignaba al demandado y este la aceptaba, mediaba así una especie de contrato entre las partes, el demandado al aceptar la formula que se había dado contra el, consentida evidentemente en someterse al juicio en los términos fijados en las formula misma. EL PROCESO COMO CUASICONTRATO. A esta formulación se formula dos criticas. La primera es que al recurrir a las fuentes de las obligaciones, toma en cuenta solo cuatro y olvida la quinta ley,

los que así argumentaban. Pasaron por ellos las primeras y mas importantes de las fuentes de las obligaciones según la concepción clásica de la ley.

La segunda objeción consiste en que la figura del cuasicontrato es mas ambigua, y por tanto mas vulnerable que la del contrato, si el proceso no es un contrato menos es algo como un cuasicontrato. [email protected]


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EL PROCESO COMO RELACION JURÍDICA.

La relación jurídica procesal se desarrolla a través

de las diversas etapas que integran el proceso, dicha relación tiene un proceso final que consiste en

su terminación, la cual se da normalmente por medio de la sentencia, o bien a través de algún otro

medio anormal o extraordinario, (desistimiento, allanamiento, transacción, caducidad, sobreseimiento etc).

EL PROCESO COMO SITUACIÓN JURÍDICA. Actualmente se suele atender a la carga procesal como la situación jurídica en que se colocan las partes cuando, por una disposición jurídica o por una resolución judicial, tiene que llevar a cabo una determinada actividad procesal, cuya realización las ubica en una expectativa de sentencia favorable y cuya omisión por el contrario, las deja en un a

perspectiva de sentencia desfavorable. 4.2. Los presupuestos procesales. Concepto 4.2.2. Las excepciones procesales La excepción es un derecho subjetivo procesal que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la acción o a al pretensión hecha valer por la parte actora.

Es el poder Jurídico de que se haya investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida por el actor. 4.3. Los principios procesales 4.3.1. De la preclusión

Se le conoce también con el nombre de principio de eventualidad, las partes son libres de hacer valer su derechos, pero si no lo hacen valer en el momento procesal oportuno, se pierde ese derecho y opera la preclusión. 4.3.2. De la eventualidad

Impone a las partes el deber de presentar en forma simultanea y no sucesiva, todas las excepciones y acciones, las alegaciones y pruebas que correspondan a un acto o una etapa procesal, independientemente de que sean o no compatibles y aun cuando si se estima fundado alguno de las partes se haga innecesario el estudio de las partes. 4.3.3. De economía procesal El proceso ha de desarrollarse con el mayor ahorro posible de tiempo de energías y costo. 4.3.4. De la lealtad y probidad

Las partes deben conducirse con apego a la verdad en los actos procésales en que intervengan y aporten todos los medios de prueba que puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. 5.- El juzgador

5.1. Concepto y clases Tercero imparcial instituido por el Estado para deducir jurisdiccionalmente y por consiguiente, debe resolver con imperatividad un litigio entre partes. JUEZ: Proviene del latin iudex, que significa, el que indica o dice el derecho.

Actualmente la palabra juez se designa al titular de un órgano jurisdiccional universal, y al órgano en si se denomina juzgado. CLASES: • Unipersonales o monocráticos, a los cuales se les denomina juzgados y cuyo titular es un Juez. •

Pluripersonales o colegiados los que reciben regularmente el nombre de tribunales. Y cuyos integrantes son varios magistrados, cuando menos 3.

Los magistrados que integran los tribunales, así como los jueces que tienen a su cargo los juzgados, normalmente desempeñan sus puestos de manera permanente o, al menos, durante un periodo determinado, que incluye varios años; y cuentan con una preparación especializada en el derecho,. Son magistrados y jueces profesionales .

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5.2. Preparación, selección y designación SISTEMA ANGLOAMERICANO.

En Inglaterra la designación de los jueces es hecha formalmente por la corona. A propuesta del Lord Canciller, cuando se trata de la higt Court, o del primer ministro, en los demás casos, los jueces son

designados por el poder ejecutivo. Los jueces son seleccionados entre los barristas que son los abogados que ejercen su profesión ante los tribunales superiores. SISTEMA ROMANO GERMANICO.

En los países de la Europa accidental, cuyos ordenamientos jurídicos integran el sistema de tradición romano-germánico, predomina la selección de los jueces por medio de concursos públicos

de oposición, así mismo el ingreso a la judicatura suele darse en una edad relativamente joven, normalmente antes de los 30 años. ORDENAMIENTO MEXICANO.

Se exige el titulo de licenciado en derecho, no requieren de experiencia profesional, sino que se limitan a señalar una antigüedad mínima de tres a cinco años, entre la expedición del titulo y el nombramiento, como si el simple transcurso del tiempo proporcionara por si solo la experiencia profesional. 5.3. Garantías del juzgador

Conjunto de disposiciones previstas en la constitución con el fin de asegurar, en la mayor medida posible el desempeño efectivo y justo de la función jurisdiccional 5.4. Poder Judicial Federal 5.4.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Se compone de 11 ministros numerarios y funciona en pleno y en 2 salas, también se puede nombrar hasta 5 ministros supernumerarios que suplen a los ministros numerarios en sus faltas temporales y pueden constituirse en sala auxiliar, cuando lo determine el pleno. En el pleno se tomaran decisiones por mayoría de votos requiriéndose un mínimo de 7 asistentes y

en casos excepcionales se requerirá de 8. Cada 4 años el Pleno elige, de entre sus ministros, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación. • El Presidente de la Suprema Corte, no integra ninguna de las salas, tiene entre otras atribuciones, las de dirigir los debates del Pleno; representar a la Suprema Corte de Justicia

en los actos oficiales, llevar la correspondencia oficial y tramitar todos los asuntos de la • •

•

competencia del Pleno. El Pleno se compone de 11 Ministros, pero basta la presencia de 7 de ellos para que pueda

funcionar. Actualmente le corresponde al Pleno emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuad distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer al SCJN., la mayor prontitud en su despacho. El Pleno está facultado para dictar acuerdos generales a fin de remitir a las salas, para su resolución, los asuntos de su competencia.

•

Dentro de las funciones jurisdiccionales del Pleno se encuentra la de conocer y resolver

•

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Conoce y resuelve de los recurso de revisión que se interpongan contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito, en los juicios de amparo indirecto.

•

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia que se enumeran progresivamente, se componen de 5 Ministros cada una; pero basta la presencia de 4 para puedan funcionar.

•

Tiene función en los juicios de amparo indirecto, pero en relación exclusivamente con la constitucionalidad de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal o por los ejecutivos de los Estados.

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5.4.2. Consejo de la Judicatura Federal La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJ estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se integra por siete consejeros que

durarán en su encargo 5 años, que actuarán en Pleno o por Comisiones. 5.4.3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Es el órgano especializado y con excepción de la fracción II del art, 105 constitucional la máxima

autoridad jurisdiccional en materia electoral. Funciona con a sala superior y con cinco salas regionales, sus sesiones de resolución jurisdiccional. 5.4.4. Tribunales Colegiados de Circuito •

Se integran por 3 magistrados. Son competentes para conocer tanto delos juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas o laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio; como de los recurso de revisión que se interpongan contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito, en los juicios de amparo indirecto, con exclusión de las hipótesis del s SCJN.

•

Los Tribunales Colegiados pueden tener competencia especializada por materia ( penal, administrativa, civil, o labora) como sucede en el Primer, Segundo, Tercer y Séptimo Circuitos. Pero también pueden tener competencia para conocer de todas esas materias

como ocurre en los demás circuitos. Conocen de otros recursos que hacen valer en el juicio de amparo ( queja, reclamación), los cuales deben ser objeto de estudio del curso dedicado a dicho juicio. 5.4.5. Tribunales Unitarios de Circuito •

Se integra por un solo magistrado, no tiene competencia para conocer de ningún tipo de juicio de amparo, sino que conocen de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de distrito, en los juicios civiles, mercantiles y penales de carácter federal. 5.4.6. Juzgados de Distrito

Tiene como titular a un juez, la competencia de los juzgados de Distrito es muy amplia ya que incluye por un lado el conocimiento y resolución de todos los juicios de amparo indirecto y por el

otro, el de los juicios penales, civiles y mercantiles de carácter federal. También pueden tener competencia especializada por materia (penal, administrativa, de trabajo, civil y agrario). 5.5. Poderes judiciales locales 5.5.1. Tribunal Superior de Justicia Esta integrado por 43 Magistrados Numerarios y 6 Supernumerarios y funciona en Pleno, en Salas Numerarias y en sala Auxiliar. 5.5.2. Juzgados de primera instancia

Son los Juzgados ordinarios de los asuntos de mayor cuantía o importancia y que pueden tener competencia especializada en asuntos penales, civiles o familiares. 5.5.3. Juzgados de cuantía menor

Los Juzgados de Paz, sólo pueden conocer de asuntos civiles, sólo de asuntos penales o bien de ambos tipos, en éste último caso se les denomina juzgados mixtos. COLABORADORES DEL JUZGADOR

Clases de secretarios judiciales:

1.- El secretario de acuerdos.- principal colaborador. Autoriza las actuaciones judiciales con su firma, bajo pena de nulidad; documenta los actos procésales y lleva el control de los expedientes; da conocer al juzgador los escritos de las partes, con el proyecto de resolución o acuerdo. En titular de la fe pública judicial.

2.- El Secretario proyectista.- elabora los proyectos de las sentencias para poder someterlos a consideración del juez o magistrado, cuando se trate de un órgano jurisdiccional colegiado.

3. El Secretario actuario.- l eva a cabo los actos de común y ejecución procesal que deben realizarse fuera del local donde tenga sus oficinas el juzgador.

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4. Conciliadores.- están presentes en la audiencia de conciliación y propone soluciones en el Distrito Federal civil y arrendamiento. 5.6. Auxiliares de la administración de justicia

Son aquéllas personas que fungen como administradores o vigilantes de la administración en los juicios universales, los síndicos e interventores en los juicios de concurso, de quiebra y suspensión

de pagos y los Albaceas de Interventores en los juicios sucesorios, así como los depositarios e interventores en los embargos de bienes o de empresas, Ejemplos Reg. Civil, Reg. Público, Policía,

etc. 5.7. Oficinas auxiliares del Poder Judicial • Archivo Judicial • Oficina de los Anales de la Jurisprudencia • Centro de Estudios Judiciales • Oficina Central de Consignaciones • Oficina Central de Notificadores y Ejecutores 6.- Intervención del Ministerio público en el proceso civil El Agente del Ministerio Público; puede actuar de alguno de los dos modos siguientes: • Como parte en sustitución o en defensa de los intereses de otra u otras personas, y • Como sujeto interviniente, sin carácter de parte con la finalidad de formular conclusiones u opiniones jurídicas. 6.1. Representante de ausentes, menores, incapacitados e ignorados Puede actuar el Agente del Ministerio Público; en el proceso civil como parte, la representación de

juicio de las personas ausentes, menores o incapaces, cuando carezcan de representante legítimo, el ejercicio de la acción de nulidad de matrimonio cuando aquella se funde en el parentesco por consanguinidad o por afinidad, el adulterio previo de los cónyuges declarado judicialmente, el atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre (vivo), la existencia de otro matrimonio al tiempo de contraerse el segundo o la falta de formalidades esenciales, el ejercicio de la acción de la declaración de minoridad o de incapacidad de una persona. 6.2. Contralor de la legalidad Es quién salvaguarda los intereses jurídicos del Estado y de la Sociedad, por lo que tiene que cuidar la legalidad del procedimiento de quien representa.

7.- Partes y otros participantes 7.1. Concepto de parte Son los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso

se debate. Es parte el que demanda en nombre propio una actuación de la voluntad de la ley y aquel frente al cual esta es demandado. 7.2. Capacidad para ser parte y capacidad procesal

La capacidad para ser parte consiste en la idoneidad de una persona para figurar como parte en un proceso. La regla de que todas las personas pueden ser parte tiene algunas excepciones. Por ejemplo en el proceso penal solo se puede ser parte acusadora el MP.

Por otra parte no pueden ser parte acusada los menores de edad. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Consiste en la idoneidad de una persona para figurar como parte

en un proceso para ser parte actora o acosadora o para ser parte demandada o acusada. CAPACIDAD PROCESAL. Es la aptitud para comparecer en juicio y realizar válidamente los actos procésales que corresponden a las partes.

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7.3. Legitimación procesal LEGITIMACION AD PROCESSUM (DE PROCESO).

Es la capacidad procesal o capacidad para

comparecer en juicio, pero también comprende la aptitud que tienen las personas que actúan en

representación de quienes carecen de capacidad procesal. LEGITIMACION AD CAUSAM (DE CAUSA).

Consiste en la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculación especifica con el litigio. 7.4. Sustitución de partes

Se trata de un fenómeno procesal que consiste en el cambio de una persona que ocupa una de las posiciones de parte, por otra que ha adquirido la titularidad de los derechos litigiosos sobre el bien

objeto del proceso. Para que surta efectos en el proceso la sustitución de una de las partes, es preciso que la parte sustituta acredite el titulo por el cual adquirió los derechos litigiosos, así como que el juzgador, previa audiencia de la contraparte apruebe la sustitución. 7.5. Litisconsorcio Es el fenómeno que se presenta cuando dos o mas personas ocupan la posición de la parte actora (litis consorcio activo) , la posición de la parte demandada (litis consorcio pasivo) o las posiciones de ambas partes (litis consorcio mixto).

La pluralidad de personas en una posición de parte procesal, puede obedecer a la decisión espontánea de las propias personas de comparecer unidas en el proceso a lo cual se le denomina LITISCONSORCIO VOLUNTARIO. Pero la comparecencia conjunta puede venir impuesta por la propia naturaleza del derecho controvertido en el proceso, en este caso es un litis consorcio NECESARIO. 7.6. La representación procesal 7.6.1. Voluntaria

Supone el otorgamiento de un mandato o un poder dado a una persona para que lo represente en el juicio. Y éste es aceptado de conformidad. 7.6.2. Necesaria Las personas que no tienen capacidad procesal por no estar en pleno uso de sus derechos( como

los menores de edad y las personas declaradas en estado de interdicción) deben compadecer a juicio a través de sus representantes legales ( quienes ejercen la patria potestad o los tutores) 7.7. La gestión judicial CONCEPTO:

Está a cargo de personas que carecen de representación pero que deben garantizar su desempeño en defensa de los intereses de la persona por cuya cuenta actúan. REQUISITOS: • Aceptar el mandamiento dado ya por el actor o por el demandado. • Actuar con honestidad hacia su representado

7.8. Terceros y terceristas TERCERO es todo aquel que no es parte en un proceso, pero que como quiera actúa en el proceso, pero no como parte, ejemplo: testigos, peritos etc. TERCERISTAS:

Son todas aquellas personas que en un principio fueron terceros pero que al

comparecer se convierten en verdaderas partes procésales. Los Terceristas se clasifican en: • Espontáneos: Son los que comparecen por decisión propia al juicio. Estos se dividen en: • Coadyuvantes: Cuando el interés del tercerista coincide con el de algunas de las partes • Excluyentes: Cuando es adverso. Los Excluyentes se dividen en: 1)- De Dominio: Si el tercerista reclama la propiedad del bien. 2)- De Preferencia: Cuando el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto de

la enajenación de los bienes embargados Provocados: Es cuando es llamado a juicio, normalmente a petición de alguna de las partes iniciales

los cuales pueden ser: [email protected]


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• • •

1)- El codeudor de la obligación indivisible 2)- La persona obligada a la evicción 3)- El deudor principal, cuando se trate de fianza

7.9. Abogacía La constitución otorga al Procurador General de la republica y al MP Federal dos funciones: el de ser consejero jurídico del gobierno federal y el de ser representante en los juicios en los que aquel

sea parte. Las funciones de la abogacía del estado han sido atribuidas también a otros órganos del estado, por ejemplo, la accesoria jurídica y la representación de la SHCP y sus dependencias en los juicios de

carácter fiscal ha sido asignada a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por otra parte para dar accesoria jurídica al Presidente se creo la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la Republica, es decir, la abogacía del Estado es la accesoria de este en casos jurídicos.

8.- Hechos y actos procesales 8.1. Concepto Son aquellos acaecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. Otro concepto se define como acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción a un terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procésales. 8.2. Condiciones del acto procesal 8.2.1. Forma

Los actos del juzgador como los actos de las partes y demás participantes deben expresarse en castellano. Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

Los actos procésales deben expresarse en forma oral, pero previniendo que deberá levantarse acta en la que se hagan constar aquellos. Los escritos de las partes deben estar firmados por estas o por sus representantes. La PUBLICIDAD de los actos procésales, que consiste substancialmente en el acceso libre del publico a las audiencias, con algunas salvedades. 8.2.2. Tiempo

En el proceso civil y en general en todos los procesos no penales, la regla general es que las actuaciones judiciales solo se practicaran en días y horas hábiles. Se considera días hábiles todos los del año menos sábados y domingos y aquellos que la ley declare festivos.

En cambio en el proceso penal, las actuaciones podrán practicarse a toda hora y aun en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación.

El PLAZO: Es un periodo de tiempo a todo lo largo del cual, desde el momento inicial y hasta el final, se pude realizar validamente un acto procesal. El TERMINO es el momento (día y hora) señalado para el comienzo de un acto procesal.

El plazo es COMUN cuando es señalado para que dentro del mismo las dos partes realicen determinado acto procesal. El plazo es PARTICULAR cuando dentro del periodo correspondiente

solo una de las partes pues de llevar acabo un acto procesal. Los plazos son PRORROGABLES sobre la distancia que existe entre el lugar del juicio y el lugar

donde se encuentre la persona que deba realizar el acto procesal. Por ejemplo si las personas se encuentran lejos del lugar del juicio, se debe fijar un termino para aumentar el tiempo señalado por la ley. Un día mas por cada 200 Km. de distancia. De acuerdo con sus efectos en el proceso los plazos se clasifican en: PERENTORIOS O FATALES: Es cuando su mero transcurso produce la preclusión o extinción del

derecho que aquella tuvo para llevarla acabo, sin necesidad de actividad alguna de la contraparte o del juzgador. Por ejemplo, el periodo que tiene una persona para presentar pruebas o su favor en un juicio.

NO PERENTORIOS O NO FATALES: Es cuando su mero transcurso no extingue por si mismo el derecho de la parte a realizar el acto procesal si no que se requiere además de un acto de la contraparte , al que se le denomina “acuse de rebeldía” y que consiste en la denuncia que aquella [email protected]


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hace ante el juzgador de la omisión (rebeldía) en que ha incurrido la otra parte. El derecho de esta

se extingue hasta que se presenta el acuse de rebeldía. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, el juicio seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse. La inactividad de una o de ambas partes durante el plazo que se les señaló para realizar determinado acto procesal, trae como consecuencia la preclusión o perdida del derecho que tuvieron para llevar acabo dicho acto, la inactividad procesal

de ambas partes durante un periodo de tiempo prolongado, tiene como consecuencia la caducidad de la instancia, de tal modo que quedan sin efecto legal todos los actos procésales realizados en la

instancia se que se trate. REGLAS PARA EL COMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos se empiezan a contar a partir del día

siguiente al que se haya hecho la notificación, o al día siguiente en que haya surtido efecto la notificación. No se incluyen en los plazos los días inhábiles y estos se entenderán de 24 horas

naturales. 8.2.3. Lugar Es el espacio normal donde se desarrollo las actos procésales es la sede del órgano jurisdiccional.

En ocasiones determinados actos procésales deben realizarse fuera de la sede del juzgado como notificaciones, diligencias etc. CLASIFICACION DE LOS ACTOS PROCESALES*****

Los actos procésales pueden ser clasificados en simples y complejos. A. SIMPLES

Son en los que se lleva acabo con la intervención de un solo sujeto procesal como la demanda que formula la parte actora, la sentencia que dicta el juez etc. B. COMPLEJOS

Son en los que intervienen en su realización varios sujetos procésales como la diligencia de declaración preparatoria del inculpado o la audiencia de pruebas (a la que comparece, ante el juzgador las partes, testigo, los peritos etc.). Los actos procésales tanto simples como compuestos se les clasifica por el sujeto procesal que los realiza. En este sentido, se distinguen los actos procésales de las partes, los actos procésales del órgano jurisdiccional y los actos procésales de los

terceros. 8.3. Actos procesales de las partes ACTOS DE PETICIÓN.-

Los actos de petición son aquellos en los que las partes expresan al juzgador su pretensión o reclamación, solicitándole que una vez agotados los actos procésales necesarios dicte sentencia en

la que declare fundada dicha pretensión. ACTOS DE PRUEBA.-

Estos actos de las partes se dirige a obtener la certeza del juzgador sobre los fundamentos de hechos de la pretensión del actor o del acusador, o sobre los fundamentos de hecho de la excepción o la defensa del demandado o del inculpado. ACTOS DE ALEGACIÓN.-

A través de estos actos las partes manifiestan al juzgador sus argumentaciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión, la excepción o la defensa, con el fin de que aquel dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria según el caso. ACTOS DE IMPUGNACIÓN.-

Por medio de estos las partes combaten la validez o la legalidad de los actos u omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la nulidad, revocación o modificación de los actos impugnados o se ordene la realizan de los actos omitidos. ACTOS DE DISPOSICIÓN.-

Forman esta clase los actos por medio de los cuales las partes disponen en el proceso, de sus derechos materiales controvertidos. El desistimiento de la acción, el allanamiento y la transacción.

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8.4. Actos procesales del órgano jurisdiccional

8.4.1. Audiencias La expresión audiencia tiene numerosos significados entre los que podemos destacar los siguientes:

1.- Es el nombre que se ha dado al derecho que toda persona tiene a ser escuchada u oída en aquellos juicios cuyo resultado pueda afectar sus intereses.

2.- AsÍ se denomina al acto procesal complejo y público que se desarrolla en la sede y bajo la dirección del órgano jurisdiccional y en el que intervienen las partes, sus abogados y los terceros cuya presencia sea necesaria por la celebración del acto.

Las audiencias mas comunes con las que se realizan para que se practiquen las pruebas y se exprese los alegatos o conclusiones. 8.4.2. Resoluciones judiciales. Clasificación Las resoluciones judiciales son los actos procésales por medio el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y los otros participantes. Las resoluciones judiciales

son sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal y autos en cualquier otro caso. 8.4.2.1. Decretos

8.4.2.2. Autos 8.4.2.3. Sentencias Gramaticalmente significa “Declaración del juicio y resolución de juez” Es el acto procesal en el que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso, resuelve finalmente sobre el asunto principal del juicio

Clases de sentencia: • •

Sentencia definitiva:

Alude al acto culminante dentro dl proceso, cuando el juzgador, después de haber conocido de los hechos controvertidos, de las pruebas aportadas por las partes y de las conclusiones o alegatos que ellas han formulado se forma un criterio y produce el fallo en el

que decide en su concepto. Conforme a su sentido: • Absoluta o condenatoria • Desestimatorias o estimatorias

Según la controversia que se resuelva Principal o incidental Definitivas o interlocutorias Desde la perspectiva del sentido del fallo: • • •

Declaratorias: Son declaratorias porque sólo se concretan a expresar la existencia o inexistencia de los derechos o de las obligaciones. El objetivo de éstas sentencias es determinar con certeza jurisdiccional la existencia o inexistencia de derechos y obligaciones.

•

Constitutivas: Son aquellas que alteran la esfera jurídica de una persona física o moral, Creando, Modificando o Extinguiendo un derecho o una obligación

•

De condena: Son las que concluyen con la imposición a la parte demandada y aún a la actora, cuando hay contrademanda, el pago de prestaciones principales o accesorias. El

juzgador, impone una conducta o un comportamiento de hacer o de no hacer. 8.4.2.4. Requisitos formales • •

Forma escrita: Es una exigencia al acto de autoridad que la sentencia sea por escrito de parte del juzgador. Idioma Utilizado: será en el idioma oficial, es decir el Español y los escritos que sean en otro idioma deberán tener traducción al castellano.

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•

Certidumbre en la redacción: la sentencia requiere de certidumbre para mantener la estabilidad social.

1. Las fechas y los números se deben de escribir con letra, para evitar errores en la escritura, de interpretación de lo establecido en una actuación judicial.

2. No se emplearán abreviaturas, ni se rasparan las frases equivocadas. •

• •

Ubicación cronológica: mediante la fecha de la sentencia, se observará si el juez ha cumplido con el término establecido en la ley para dictar la sentencia. El lugar en que se dicta: Sirve para saber si fue dictada dentro de su jurisdicción. Mención del juez o tribunal que dictó la sentencia.: Es Esencial en un acto procesal mencionar el nombre del juez y el tribunal, para darle validez al proceso, además la sentencia deberá estar firmada por el juez.

•

Nombre de las partes y el carácter con que litigan: Es preciso que se indique quienes fueron

•

las partes en el juicio, así como la identificación del asunto que se ventiló. Objeto del litigio: Las controversias giran alrededor de derechos y obligaciones que constituyen el objeto del pleito y sobre su objeto se pronuncia el fallo

•

Firma Entera: Todas las resoluciones de primera y segunda instancia serán autorizadas por jueces, Secretarios y Magistrados y estas ostentarán la firma completa del funcionario que

la dictó. 8.4.2.5. Requisitos materiales • La idoneidad del juzgador: el juez que dicta una sentencia, debe de tener aptitud legal para hacerlo, debe de ser autoridad competente. • Estudio acucioso de las sentencias de autos: Las partes en el proceso someten cuestiones

de gran importancia y trascendencia familiar o patrimonial a los jueces y respecto de la controversia planteada prevalecerá la voluntad del juzgador, en consecuencia, se le pide es que profundice el asunto, para conocer a detalle todos los datos e instrumentos aportados •

por las partes para dar su fallo. Fundamentación de la sentencia: El juez debe de sujetarse a las disposiciones legales de fondo y de forma que se establecen para motivar y fundamentar su fallo,

•

Motivación de la sentencia: Son las razones por las cuales el juzgador falló en determinado sentido.

•

Obligación de resolver. Se deriva del Art. 17 Constitucional que dispone que todas las

•

personas tienen derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y su servicio será gratuito. Ejecutorización de la sentencia: Es el trámite en que la sentencia adquiere calidad de cosa

juzgada. 8.4.2.6. Cosa juzgada Se da cuando la sentencia fue declarada ejecutoriada y ya no es susceptible de impugnación, es decir cuando la sentencia causa ejecutoria. CONCEPTO:

Es la verdad legal; es la autoridad y eficacia de una sentencia cundo no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. SUS LÍMITES: OBJETIVO Y SUBJETIVO.

Límites Objetivos: Son los límites del fallo de cosa juzgada , que ya no puede ser impugnable ni mediante el juicio de amparo. Y par que tenga carácter de cosa juzgada es necesario que haya resuelto el fondo del asunto motivo del litigio.

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Límites subjetivos: La sentencia produce normalmente efectos a las partes y a los terceros , pero con intensidad menor que a las partes , porque para estás se hacen inmutables por la autoridad de cosa juzgada , mientras que tratándose de los terceros , los efectos pueden ser combatidos con la demostración de la injusticia de la sentencia. ASPECTOS: FORMAL Y MATERIAL

Formal: la imposibilidad de impugnarla como acto procesal. Material: la imposibilidad de discutir el objeto del proceso decidido en la sentencia. 8.4.3. El laudo arbitral

Concepto: es la decisión o fallo que dictan los árbitros o los amigables componedores en los asuntos que someten a su conocimiento, lo cual equivale en materia civil a la sentencia. Características y presupuestos: debe ser pronu7ncido por un árbitro, es la solución a un problema

planteado entre árbitros, debe ser homologado por un juez estatal (para que cause ejecutoria), es ejecutado por éste Juez estatal cualquier recurso contra algún laudo que admite el juez. Ejecución: para que un laudo sea ejecutoriado, debe ser primero homologado por un juez, es decir que éste le de el visto bueno, y es esta autoridad quien ejecuta el laudo.

8.4.4. Actos de ejecución Los actos de ejecución son aquellos a través de los cuales el órgano jurisdiccional hace cumplir sus propias resoluciones. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones anteriores a la sentencia, el juzgador puede aplicar los medios de apremio los cuales normalmente son los siguientes. MULTA: Que se cuantifica regularmente en términos de días de salario mínimo. AUXULIO DE LA FUERZA PUBLICA: Incluyendo la fractura de cerraduras de ser necesario

ARRESTO: La gran mayoría de las sentencias penales de condena imponen como sanción la prisión, la cual recae sobre la libertad de la persona del sentenciado. En los procesos civiles el deudor no responde de sus deudas civiles con su persona o con su libertad, si no solo con sus bienes o con su patrimonio. 8.4.3.1. En materia civil

La ejecución sólo puede recaer en los bienes del demandado , con exclusión de aquellos que las leyes señalen como bienes inembargables. 8.4.3.2. En materia mercantil De igual forma que en la ejecución del orden civil, tienen como partida un título ejecutorio, con base a ese título se procede a la vía de apremio el cual se traduce en el embargo de bienes. 8.4.3.3. Diversas formas de ej,ecución

En materia penal , la ejecución es mediante la imposición de una pena que ésta puede recaer en multa o en la privación de la libertad. 8.5. Nulidad de los actos procesales 8.5.1. Inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa

INEXISTENCIA. Se utiliza para denotar algo que carece de aquellos elementos que son de la esencia y de la vida misma del acto. NULIDAD ABSOLUTA. Tiene una especie de vida artificial hasta el día de su efectiva invalidación, pero la gravedad de su defecto impide que sobre él se eleve un acto válido. NULIDAD RELATIVA. Son aquellos que además de tener una existencia jurídica, pueden ser convalidados “el acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado. 8.5.2. Principios que rigen la nulidad procesal El principio de Especificidad, Trascendencia, Protección y de Convalidación

Especificidad: No hay nulidad sin ley específica que la establezca Las actuaciones serán nulas en cualquiera de las dos hipótesis siguientes: •

Cuando le falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes.

•

Cuando la ley expresamente lo determine

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Trascendencia: Procede decretar la nulidad de un acto cuando la infracción cometida afecte realmente un derecho esencial de las partes del juicio . la falta de alguna de las formalidades en las actuaciones judiciales, sólo invalidará a éstas cuando deje en estado de indefensión a cualquiera de

las partes. Protección: La nulidad sólo puede ser reclamada por la parte afectada por aquella, y no por la parte

que dio lugar a la misma. Convalidación: Las actuaciones judiciales que no se reclame la nulidad en lo subsecuente, se convalidan por el consentimiento tácito de la parte afectada.

9.- Medios de impugnación Son los medios a través de los cuales se combate la validez o legalidad de los actos u omisiones del órgano jurisdiccional.

El concepto de medios de impugnación alude, precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, de combatir jurídicamente su validez o legalidad. Es la pretensión de resistir la existencia, producción o efectos de cierta clase de actos jurídicos.

9.1. Concepto Los medios de impugnación son los procedeimentos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados, combaten la validez o la legalidad de os actos procésales o las omisiones del

órgano jurisdiccional, y solicitan una resolución a que anule, revoque o modifique el acto impugnado. Los medios de impugnación son procedimientos que regularmente se desarrollan dentro del mismo proceso en el que se emitió el acto impugnado en el que se incurrió en la conducta omisiva.

Admisión y Efectos: Una ve interpuesto los medios de impugnación, normalmente el propio juez debe resolver si admite o desecha el medio de impugnación. Esta resolución debe tomar en cuenta exclusivamente si el medio de impugnación cumple o no los requisitos formales: • Sí el acto es impugnable por el medio interpuesto. • Sí este se hizo valer en las condiciones de tiempo, lugar y forma, etc. Ésta resolución inicial no puede decidir si la impugnación es o no fundada, sólo si se debe tramitar o

no. También el propio juez debe resolver en qué efectos admite el medio de impugnación , de acuerdo a lo que dicten las leyes.

1. En el efecto devolutivo o en un solo efecto, éste no impide la actuación del proceso o la ejecución de la sentencia.

2. En ambos efectos: O en el efecto suspensivo: Éste impide el curso del proceso o la ejecución de la sentencia.

Cuando el medio de impugnación debe de ser conocido y resuelto por un juzgador distinto, éste debe decir en definitiva sobre la admisión y los efectos de aquél.

Una vez determinados la admisión y los efectos del medio de impugnación, continuará la sustanciación de éste, en la que normalmente se dará oportunidad a la contraparte para expresar sus argumentos sobre los motivos de su inconformidad ( agravios) aducidos por el impugnador; y eventualmente, se podrán practicar pruebas y formular alegatos. La sustanciación varía de acuerdo con el medio de impugnación de que se trate. Concluida la sustanciación, el juzgador deberá proceder a dictar su resolución

Resolución: El procedimiento termina con la resolución que pronuncia el órgano jurisdiccional competente sobre si resultaron fundados o no los motivos de inconformidad( o agravio) expresados

por el impugnador; y se declara la validez o la nulidad del acto impugnado o determina su confirmación, revocación o modificación 9.2. Clasificación Para clasificar los medios de impugnación se van a tomar dos criterios : 1. La generalidad o especificidad de los supuestos que pueden combatir

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2. La identidad o diversidad entre el órgano que emitió el acto impugnado y el que decidirá la

impugnación 3. Los poderes atributivos al juzgador que debe resolver la impugnación. A. Por la generalidad o especificidad de los supuestos: Los medios de impugnación pueden ser ordinarios, especiales o excepcionales Los ordinarios: Son los que se ocupan para combatir la generalidad de las resoluciones judiciales.( recurso de apelación, revocación y reposición)

Especiales: Son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales , señaladas en concreto por la ley. El recurso de queja

Excepcionales: Son aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. B. La identidad o diversidad: los medios de impugnación se clasifican en:

Verticales: Son verticales cuando el tribunal debe de resolver la impugnación, es diferente del juzgador que emitió el acto impugnado. A éstos medios también se les llama devolutivos, ya que se considera que por la interposición y la admisión de estos medios de impugnación, el juez, devolvía la jurisdicción al tribunal

Horizontales: son así cuando quien los resuelve es el mismo juzgador que emitió el acto impugnado. A ésta clase de medios de impugnación, en los que no se le da la diversidad entre el órgano responsable del acto impugnado y el órgano que resuelve. También se les llama no devolutivos o remedios, ya que permiten al juzgador que llevó a cabo el acto impugnado, enmendar o corregir por sí mismo, los errores que haya cometido C. Los poderes atributivos al juzgador: los medios de impugnación se pueden clasificar en :

Medios de anulación: A través de éste medio de impugnación, el juzgador que conoce de la impugnación solo puede decidir sobre la nulidad o validez del acto impugnado. Si declara la nulidad,

el acto o el procedimiento impugnados perderán su eficacia jurídica; pero los nuevos actos sólo podrán ser realizados por el propio juzgador que emitió los anulados. Medios impugnativos de sustitución: El juzgador que conoce y resuelve la impugnación l se coloca

en la misma situación del juzgador que emitió el acto impugnado, lo viene a sustituir; por lo que puede confirmar, revocar o modificar dicho acto.

Medios de control: Que normalmente son verticales. El tribunal no invalida ni convalida el acto impugnado , ni lo confirma, revoca o modifica, sino que se limita a resolver si dicho acto debe o no aplicarse; o si la omisión debe o no subsanarse.

9.3. Presupuestos De las diversas clases de resoluciones judiciales, decreto, son por regla apelables en cualquiera de

los recursos que la ley prevé para cada caso en particular como los son los que resuelven autos que pudieran causar un gravamen irreparable AGRAVIOS:

Concepto: El agravio, se constituye por la manifestación de los motivos de inconformidad, en forma

concreta, sobre las cuestiones debatidas. Son los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso jurídico tiendan a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley.

Elementos: • • •

La identificación de la resolución impugnada. La narración de los hechos que procesalmente generaron dicha resolución.

Los preceptos legales que la parte apelante estima que fueron violados, bien sea por haberlos aplicado indebidamente, bien sea porque se dejaron de aplicar.

•

Los razonamientos jurídicos que tiendan a demostrar al tribunal de segunda instancia que verdaderamente el juzgador que conoció de asunto y falló , violó en su resolución los preceptos invocados por el apelante.

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•

Los puntos petitorios, en los que se solicita al tribunal de alzada que revoque o modifique la

resolución impugnada. La SCJN ha considerado que no es necesario que se cite el precepto violado, ya que es suficiente que se expresen punto por punto, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la

sentencia, y por otra parte la misma SCJN ha sostenido que no es necesario que el apelante

solicite literalmente, en los puntos petitorios, que el fallo de primera instancia sea revocado o modificado, bastando que con que el escrito de agravios señale los hechos que constituyen la violación alegada. INTERPOSICIÓN:

La apelación debe de interponerse por escrito, y los deberá de interponer en un término cuando se trate de sentencias definitivas 9 días y 6 días cuando se combaten sentencias interlocutorias y

autos. Estos plazos se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución apelada. ADMISIÓN Y EFECTOS:

El propio juez a quo, ante quien se presenta el escrito de interposición de recurso, es el que debe de resolver provisionalmente sobre su admisión o desecamiento, para tomar ésta decisión el juez debe

considerar: • •

Si la resolución impugnada es apelable. Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido, incluyendo la

expresión de agravios •

Si el recurrente está legitimado a apelar , es decir, si tiene interés jurídico de interponer un

recurso. De acuerdo a lo establecido en el Código, en el artículo 689, pueden apelar la parte que creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial . • Si el juez considera que el recurso no reúne las condiciones señaladas, debe desecharla. •

Si el Juez estima que el recurso sí reúne las condiciones, entonces debe admitir el recurso y señalar en qué efecto lo admite, “ Si es en un solo efecto o en ambos efectos”.

SUSTANCIACIÓN:

Es el análisis que el juez superior al que dictó la sentencia, valora, los agravios presentados, así como la sustanciación del recurso y contra qué se interpone. RESOLUCIÓN.

Es el fallo que se le da al recurso, una vez analizados los agravios de hecho y derecho, que puede ser favorable para el que lo interpuso o en negativo.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho II. DERECHO PROCESAL CIVIL

1.- Actos prejudiciales en materia civil Etapa Preliminar: En primer término, puede haber eventualmente una etapa preliminar o previa a la

iniciación del proceso civil. El contenido de ésta etapa preliminar puede ser la realización de 1. Medios preparatorios del proceso, cuando se pretenda despejar alguna duda remover un obstáculo

o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso 2. medidas cautelares , cuando se trate de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. o 3. Medios probatorios Cuando loa actos preliminares tiendan precisamente, a provocar

la demanda. 1.1. Medios preparatorios del juicio en general, del juicio ejecutivo y preparación del juicio arbitral En Juicio en general: Ésta fase puede promoverse con la finalidad de lograr: la confesión del futuro

demandado acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su profesión o tenencia, la exhibición de alguna cosa mueble o algún documento, o el examen anticipado de los testigos Al promoverse la medida preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de plantear o que se teme. Cerciorado el juez de estos extremos, debe decretar con audiencia de la contraparte. Una vez iniciado el proceso principal, el juez, a instancia de parte, ordenará agregar a aquél “las diligencias

practicadas para que surtan sus efectos” En el Juicio Ejecutivo: Puede preparase promoviendo la confesión judicial de deuda líquida y exigible, el reconocimiento judicial o notarial de documento privado que contenga deuda líquida y exigible o la liquidación, por medio de in incidente previo, de la cantidad- hasta entonces líquida- de una deuda contenida en instrumento público o privado reconocido judicialmente. Del juicio Arbitral: Inicia fundamentalmente a través de la designación del árbitro en los casos en que, existiendo el acuerdo de someter un litigio al arbitraje, no esté nombrada la persona que vaya

a fungir como árbitro o la que lo haya sido renuncie a serlo. En estos dos supuestos, el nombramiento se lleva a cabo en una junta, en la que el juez exhorta a las partes a nombrar de común acuerdo a la persona que deba desempeñar el cargo de árbitro y, a falta de dicho acuerdo, el juez hace el nombramiento de entre las personas que anualmente son listas por el Tribunal Superior con ese objeto.

1.2. Separación de personas Son medidas cautelares o providencias precautorias personales. Se da cuando una persona intenta demandar a presentar denuncia o querella contra su cónyuge, las medidas relativas a los menores e incapacitados, así como en la hipótesis de divorcio voluntario, de malos tratos o ejemplos perniciosos. 1.3. Diligencias preliminares de consignación

Por medio de ésta medida, el deudor puede entregar al juzgador el bien adecuado, cuando su acreedor rehúse a recibirlo y otorgarle el documento justificativo de pago. Si el acreedor se sigue rehusando a recibir el bien en consignación, el deudor puede promover un juicio de reconocimiento

de pago. 1.4. Providencias precautorias: arraigo y embargo precautorio

Arraigo: Se ordena a una persona que va hacer demandada en un proceso futuro y que es demandada en un proceso que se inicia, y de quién se tiene temor fundado de que se ausente u oculte, para que no abandone el lugar donde se va llevar a cabo el proceso. “ sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expresado para responder a las resultas del juicio” Embargo Precautorio: Se decreta el secuestro provisional, que es un embargo de bienes del futuro demandado , se decreta cuando hay temor fundado de que éste los oculte o dilapide.

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Quien solicite alguna de las medidas cautelares o “ providencias precautorias” debe acreditar el derecho o la apariencia de su existencia , así como el peligro de perderlo en caso de demora. Cuando la providencia ha sido solicitada antes de iniciarse el proceso, el interesado debe presentar la demanda a más tardar más tardar tres días después de que la medida haya sido ejecutada. , si

no se presenta la demanda dentro del plazo establecido, el juez debe decretar la revocación de la providencia, a petición del afectado.

2.- Demanda La demanda es el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Es un acto procesal , porque precisamente en ella se va a iniciar la constitución de la relación jurídica procesal.

Elementos: • Es un acto procesal. • • •

Inicia la relación jurídica procesal. Da inicio al ejercicio de la acción La parte actora formula su pretensión.

En la demanda la parte actora formula su pretensión, es decir, su reclamación concreta frente a la parte demandada, que puede consistir en dar, hacer o no hacer, en relación con un determinado bien jurídico.

La pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. La pretensión procesal, por su estructura es una declaración de voluntad por la cual una persona reclama de otra, ante un tercero subordinado a ambas, un bien de la vida, formulando en torno a la misma una petición fundada. El acto procesal de la demanda puede ser presentado por escrito o por comparecencia, ante el órgano jurisdiccional. En materia civil distrital, la demanda puede presentarse por escrito o por comparecencia, tratándose de juicios de mínima cuantía ante los juzgados mixtos de paz, o bien de juicios sobre algunas controversias familiares ante los juzgados de la familiar. En todos los demás casos, la demanda sólo podrá presentarse por escrito y bajo ciertos requisitos. Requisitos de la Demanda:

Se expresará en Tribunal ante el que se promueve: Aquí debe recordarse que toda demanda debe de hacerse ante un juez competente. Para precisar cual es el juez competente, deben tenerse en cuenta los diversos criterios que determinan la competencia—Materia, Cuantía, grado; Territorio, Prevención, Turno, etc. Este requisito se cumple aludiendo al órgano jurisdiccional competente, sin referirse al nombre de la

persona que ocupe ese cargo Nombre del actor y casa que señale para oír y recibir notificaciones:

La persona que asuma la posición de parte actora o demandante y comparezca, por su propio derecho, debe de tener capacidad procesal, de no tenerlo comparecerá en juicio con un representante, en éste caso deberá acreditar su representación, en cuanto a la casa que señale para oír y recibir notificaciones debe de estar ubicada en el lugar del juicio. En caso de que el autor no designe casa para oír notificaciones, estas se harán por boletín judicial. Nombre del demandado y su domicilio:

La acción es una instancia que se dirige al juzgador y se proyecta a un tercero, que es el demandado, por lo que se hace necesario exigir que el actor, en la demanda precise el nombre del

demandado y su domicilio, con el objeto de que se le haga saber de la existencia de la demanda y pueda contestarla. En virtud del principio de contradicción, el demandado debe necesariamente ser

oído. [email protected]


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En caso de que el actor no señale domicilio del demandado no se hará notificación alguna, hasta que la omisión se subsane. Objetos u objetos que se reclamen con sus accesorios: Aquí se debe precisar la pretensión del actor: el dar, hacer o no hacer que reclame del demandado, así como el bien sobre el que recae la conducta pretendida.

En la demanda debe determinarse el bien que se exige del demandado, de acuerdo con su naturaleza específica , los inmuebles por su ubicación , superficie y linderos, los muebles por su naturaleza específica; los créditos, expresando el nombre del acreedor y del deudor, su cuantía, título del que procede. Es conveniente que el actor determine con precisión cada una de las prestaciones que reclame en su demanda. Hechos en que el actor funde su petición:

Estos hechos se deben de enumerar y narrar sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación a la demanda. Fundamentos de derecho y clases de acción: En la demanda se deben citar los preceptos legales o los principios jurídicos aplicables a la acción pretendida. Y en cuanto a las clases de acción: es exigible que se citen en virtud de que “ la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o cusa de la acción”.

Valor de lo demandado: Este requisito se debe expresar, si del valor de lo demandado depende la competencia del juez. Por

regla, en materia civil, por su carácter fundamentalmente patrimonial, debe considerarse esta exigencia para determinar la competencia por la cuantía.

Vía procesal: Esta concite en la indicación de la clase de juicio- ordinario, especial de desahucio, hipotecario, etcétera. Puntos petitorios:

Estos son “ la síntesis de las peticiones que se hacen al juez en relación con la admisión con la demanda y con el trámite que debe de seguirse para la prosecución del juicio. Razones lógicas y prácticas indican la necesidad de expresar en forma sintética, las peticiones concretas que se hacen

al juzgador. Protesto lo necesario: Es un uso de carácter formal, que equivale a una declaración jurada de litigar de buena fe. Documentos que deben acompañar a la demanda:

Son de cuatro clases los documentos que deben de anexar a la demanda: A. Los que fundan la demanda: Todos aquellos documentos de los cuales emana el derecho que se invoca. B. Los que justifican la demanda:

Se refiere a los hechos expuestos en la demanda. C. Los que acreditan la personalidad jurídica: De quién comparece a nombre de otro como representante legal o convencional. D. Las copias del escrito de la demanda:

Todos los documentos anexos, que servirán para el emplazamiento del demandado, y que pueden ser en papel común, fotostática y cualquier otra , siempre que sea legible.

Después de la demanda y la contestación, no se admitirán ni al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que no sean los que se hallen en alguno del los casos siguientes: • •

Ser de fecha posterior a dicho escrito.

Ser de fecha anterior pero respecto de los cuales, la parte que los presente, asevere, protestando de decir verdad, no haber tenido antes conocimiento de su existencia, y

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Aquellos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas no imputables a la parte interesada, y siempre que haya hecho, en los escritos de la demanda o contestación de la demanda, la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales. Estructura formal de la demanda: Básicamente, el escrito de la demanda tiene 4 grandes partes: a. El proemio: Contiene los datos de identificación del juicio: •

• • • • • •

Tribunal ante quién se promueve. El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones. El nombre del demandado y su domicilio.

La vía procesal en la que se promueve; El objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios;

El valor de lo demandado. b. Los hechos: Es la parte en la que se señalan los hechos, se enumeran y se narran sucintamente con claridad y precisión.

c.

El derecho:

Aquí se indican los preceptos legales o principios jurídicos que el promovente considere aplicables. d. Los puntos petitorios:

Es la parte en que se sintetizan las peticiones concretas que se hacen al juzgador en relación con la admisión de la demanda y con el trámite que se propone para la prosecución del juicio.

Estás cuatro partes integran la estructura formal de la demanda, tienen una doble relación lógica con las etapas procésales . La relación de la estructura formal de la demanda con la sentencia, se explica fácilmente si se recuerda que la demanda es una petición de sentencia, y ésta es la resolución definitiva en la que el juez decide si la pretensión expresada en la demanda resultó fundada o infundada El juez frente a la demanda:

Una vez que ha sido presentada la demanda en el juzgado, el juez puede dictar su resolución en tres sentidos: 1.- Admisión de la demanda: El juez puede, en primer término, admitir la demanda, en virtud de que considere que reúne los requisitos señalados y se ha hecho acompañar de los documentos y copias necesarios, por lo que

ordena el emplazamiento del demandado. El aceptar la demanda, no significa que el juez haya aceptado como legítimas las pretensiones del actor. Sólo ha resuelto sobre su admisibilidad y no sobre su fundamentación o eficiencia. 2.- Prevención:

En segundo término el juez también puede prevenir al demandante, cuando la demanda sea oscura o irregular, para que la aclare , corrija o complete; realizada la corrección o aclaración, el juez

deberá admitir la demanda. En la prevención que debe ser hecha una sola vez y verbalmente, el juez debe señalar en concreto los defectos de la demanda. 3.- Desechamiento:

El juez, puede desechar la demanda, cuando considere que no reúne los requisitos legales y los defectos sean insubsanables. Efectos de la presentación de la demanda: • •

•

Interrumpir la prescripción: si no lo está por otros medios.

Señalar el principio de la instancia: Con la presentación de la demanda, se inicia el la primera instancia. Aquí la palabra instancia se emplea para significar el grado de conocimiento Dentro del proceso y no como promoción o gestión ante autoridades. Determinar el valor de las pretensiones exigidas: Cuando no pueda referirse a otro tiempo.

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3.- Emplazamiento Emplazar, en términos generales, significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal. Es el acto procesal, ejecutado por el notificador ( actuario), en virtud del cual, el

juez hace del conocimiento del demandado, la existencia de una demanda en su contra y el auto que la admitió, y le concede un plazo para que la conteste. Elementos: • Una Notificación,

Por medio del cual se le hace saber al demandado que se ha presentado una demanda en su contra y que ésta ha sido admitida por el juez. •

Un emplazamiento:

En sentido estricto, el cual otorga al demandado un plazo para que conteste la demanda. El emplazamiento constituye una de las “formalidades esenciales del procedimiento” a que alude el artículo 14 Constitucional, el cual establece la llamada “garantía de audiencia” ( Art. 159, Fracción I

de la Ley de Amparo). El derecho constitucional a la defensa en juicio tiene como una manifestación fundamental del derecho al conocimiento adecuado del proceso, a través de un sistema eficaz de notificaciones.

Por ésta razón, se ha revestido al emplazamiento de una serie de formalidades que procuran garantizar el conocimiento del proceso por parte del demandado. En primer lugar, salvo en los casos en que el demandado sea persona incierta o se ignore su domicilio, en los que procede la notificación por edictos, el emplazamiento debe realizarse personalmente, en su domicilio. En caso

de que en la primera búsqueda no se encuentre al demandado en su domicilio, se le hará el emplazamiento por cédula. La Cédula, es un documento en el cual se deben hacer constar la fecha y la hora en que se entregue, el nombre y apellidos dl promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la resolución que se ordena notificar, así como el nombre y apellidos de la persona a quién se

entrega. Efectos: •

Prevenir el juicio a favor del juez que lo hace.

Éste efecto se conecta con la determinación de la competencia, cuando haya varios jueces que tengan competencia con el mismo asunto; entonces es competente el que primero haya realizado el

emplazamiento. Este efecto también se relaciona con la acumulación de expedientes por conexidad. • Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la notificación Aunque después deje de serlo en relación con el demandado porque éste cambie de domicilio o por algún otro motivo legal.

Imponer la carga de contestación de la demanda, Al demandado ante el juez que lo emplazó, dejando a salvo el derecho de promover la incompetencia. •

• Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, Si por otros medios no se hubiera constituido ya en mora el obligado ; y • Originar el interés delas obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Nulidad:

Las comunicaciones procésales realizadas en forma distinta a la prevista por la ley, serán nulas; pero si la persona a quién iba destinada la comunicación procesal irregularmente realizada, comparece en el juicio y se muestra enterada de la resolución objeto de la comunicación procesal , ésta surtirá efectos desde entonces y se convalidará. Si en el juicio no comparece; el juez, a pesar

de éste defecto, emite sentencia definitiva, la parte afectada podrá todavía reclamar la nulidad del emplazamiento irregular y de los actos procésales subsecuentes – incluyendo la propia sentencia definitiva- a través de los medios de impugnación procedentes.

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La reclamación de la nulidad del emplazamiento por defectos de forma debe tramitarse en un incidente de previo y especial pronunciamiento.

4.- Contestación de la demanda En el ordenamiento jurídico mexicano, el derecho de defensa en juicio se deriva del segundo párrafo

del artículo 14 Constitucional , que expresa, “nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos., en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.

La contestación de la demanda, es un derecho genérico de defensa en juicio, como el derecho del demandado de ser oído en juicio , para que tenga oportunidad de contradecir las pretensiones de accionante y ofrecer y practicar pruebas que respalden su defensa.

El demandado puede asumir diversas actitudes frente a la demanda, una vez que se le ha concedido la oportunidad procesal de defenderse, estas actitudes son muy variadas pero pueden resumirse en 2: En contestar o no contestar. El demandado formulará la contestación a la demanda, debiendo reunir los requisitos necesarios de acuerdo con su naturaleza. También la estructura formal del escrito de contestación de la demanda se formará de 4 partes: proemio, hechos, derecho y puntos petitorios, siendo estos los mismos que

en el escrito de la demanda. 5.- Reconvención Es la formulación de nuevas pretensiones por parte del demandado, en contra de la parte actora, es decir, contrademanda al actor, aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido.

6.- Rebeldía Es la actitud de no contestar la demanda, de no participar en el proceso, implica una inactividad procesal. Tiene determinados efectos procésales, particularmente en relación con la situación del

demandado en el proceso. 7.- Audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales Los fines que puede satisfacer la audiencia preliminar son los siguientes: • Intentar la conciliación de las pretensiones y excepciones de las partes, como una forma de solucionar la controversia sin tener que agotar todo el proceso, evitando los gastos y costas, las dilaciones y las situaciones de incertidumbre que aquel trae consigo. •

Examinar y resolver tanto las condiciones de la acción como las excepciones y presupuestos procésales, a fin de sanear el proceso de los defectos relativos a la válida constitución y desarrollo de la relación jurídica procesal.

•

•

Fijar en definitiva, tanto el objeto del proceso- las pretensiones de la parte actora y las excepciones de la parte demandada-, como el objeto de la prueba- los hechos controvertidos y, eventualmente, el derecho extranjero o consuetudinario-; y Resolver sobre la admisión de las pruebas que se hubieren ofrecido en los escritos iniciales

, ordenando las medidas conducentes a su preparación. En el Código de Procedimientos Civiles para el DF en su Artículo 272-A, se prevé que una vez contestada la demanda y, en su caso la reconvención( o declaración en rebeldía), el juez señalará d

inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los 10 días siguientes, dando vista a la parte que corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el plazo de 3 días. Si una de las partes no compareciera a la audiencia previa y de conciliación o ambas no lo hicieren, el juez las sancionará con una multa consistente en días de salario mínimo vigente. De conciliación:

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Se lleva a cabo con la asistencia de ambas partes , el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador, preparará y propondrá a las partes, alternativas de solución al litigio El convenio al que lleguen las partes en caso de conciliación, deberá sujetarse a la aprobación del

juez, y en el evento de que éste otorgue dicha aprobación, el convenio tendrá la autoridad y eficacia de una sentencia firme, por lo que si aquél es incumplido, la parte interesada podrá solicitar al juez su ejecución en la vía de apremio.

8.- Principios rectores de la prueba procesal y medios de prueba Necesidad de la prueba: Los hechos por los cuales debe fundarse la decisión judicial, necesitan ser demostrados por las pruebas aportadas por cualquiera de las partes o por el juez. Esta necesidad d la prueba tiene no sólo un fundamento jurídico, sino lógico, pues el juzgador no puede decidir sobre cuestiones cuya

prueba no se haya verificado. Prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos:

El juzgador, no puede suplir las pruebas con el conocimiento personal o privado que tenga de los hechos, porque sustraería de la discusión de las partes ese conocimiento privado y porque no se puede ser testigo y juez en un mismo proceso. Adquisición de la prueba: La actividad probatoria no pertenece a quién la realiza, sino por el contrario, se considera propia dl proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o no existencia dl hecho

a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. Contradicción de la prueba: La parte contra quién se propone una prueba “ debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar” este principio no es sino

una manifestación específica del principio de contradicción que debe regir en general toda actividad procesal”

Publicidad de la prueba: El proceso debe desarrollarse de tal manera, que sea posible a las partes y a terceras personas conocer directamente las motivaciones que determinaron la decisión judicial, particularmente a la que se refiere a la valoración de la prueba. Inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba:

El juez debe ser quien dirija, de manera personal, sin mediación de nadie, la producción de la prueba. Si la prueba está encaminada a lograr el cercioramiento del juzgador, nada más lógico que sea éste quién dirija su producción. 9.- Carga de la prueba

Es una aplicación a la materia probatoria del concepto general de carga procesal. La carga procesal, es una situación jurídica, instituida en la ley , consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. A través de la carga de la prueba se determina a cual de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y suministrar las pruebas en el proceso.; en otros términos, la carga de la prueba precisa a quién le corresponde probar. Hay dos reglas generales sobre la distribución de la carga de la prueba:

La primera: Establece el artículo 281 “las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones”. Luego entonces, de acuerdo con ésta regla, le corresponde al

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actor probar los hechos constitutivos de su pretensión y de igual forma, corresponde a la parte demandada comprobar los hechos extintivos, impeditivos o modificativos que a ella oponga. La segunda: Se halla contenida en el artículo 282, conforme al cual, contrario sensu, “sólo el que

afirma tiene la carga de probar y no así el que niega, sin embargo, ésta regla general tiene las siguientes excepciones, en las que el que niega sí tiene la carga de la prueba” •

Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.

Se refiere a la negación que envuelve a la afirmación implícita de un hecho , es posible que al negar un hecho se afirme que éste ocurrió de otra forma. • Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor la contraparte. Se refiere a las presunciones legales relativas que admiten prueba en contrario y tienen como consecuencia invertir la carga de la prueba: no corresponde probar a quién afirma un hecho que la

ley presume, sino al que lo niega. • Cuando se desconozca la capacidad de la contraparte. En realidad, esta hipótesis queda comprendida en la primera, pues quien niega la capacidad de una persona está firmando que ésta es incapaz. •

Cuando la negativa sea elemento constitutivo de la acción.

10.- Pruebas para mejor proveer

La prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos necesarios para que pueda resolver el conflicto sometido a proceso. Lo que se prueba son los hechos, o es el hecho que debe verificarse y sobre el cual vierte el juicio. Sólo los hechos están sometidos a prueba. El derecho lo está solamente cuando se funde en usos y costumbres. Son las medidas probatorias que el juez pude ordenar de oficio la practica de pruebas

que estime convenientes para el conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos, para formar su propio convencimiento.

11.- Pruebas de hechos, hechos excluídos de prueba y prueba del derecho Prueba de hechos: Una de las manifestaciones específicas del principio dispositivo que rige el proceso civil es que las partes fijan el objeto de la prueba, los hechos por probar, a través de sus afirmaciones. De ésta manera, por regla, el juzgador tiene el deber de resolver según lo alegado y probado por las partes.

El objeto de la prueba, se delimita , por los hechos afirmados por las partes. pero en el proceso civil no todos los hechos afirmados por las partes tienen que ser probados, sólo los que sean a la vez, discutidos y discutibles. Hechos excluidos de prueba:

Quedan excluidos de prueba los hechos: • Confesados: Son los que han sido admitidos en forma explícita o implícita ( no discutidos ) por las partes, son hechos probados anticipadamente por la confesión. • Los notorios:

Son aquellos son públicos y sabido de todos, cuyo conocimiento sea parte de la cultura propia de un determinado círculo social.

Los que tengan en su favor una presunción legal: Las presunciones legales solo excluyen( cuando son absolutas) o releven ( cuando son relativas) de la carga de la prueba del hecho desconocido, por tanto hay que probar el hecho del cual parte la presunción, •

•

Los irrelevantes:

Son los hechos que no corresponden a los supuestos jurídicos previstos en la norma cuya aplicación se pretende a través del proceso, o que no tengan relación con esos supuestos. • Los imposibles:

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El artículo 298 prohíbe la admisión de pruebas sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. Prueba de Derecho: También deben ser probados los hechos relativos a la vigencia de preceptos jurídicos no requieren normalmente ser probados, en virtud del principio reconocido secularmente ( l tribunal conoce el derecho), el juzgador tiene el deber de conocer el derecho nacional, general, vigente, legislado.

12.- Procedimiento probatorio 12.1. Preconstitución de pruebas y prueba preconstituyente

Es la primera fase del procedimiento probatorio, donde las partes con la asesoría legal de sus litigantes preparan las pruebas que servirán para esclarecer la verdad en un hecho concreto y controvertido. Se constituyen de acuerdo a los hechos que originaron el litigio. 12.2. Términos y plazos probatorios. Su clasificación y prórrogas

Con el plazo que se concede a las partes para ofrecer o proponer los medios probatorios que consideren adecuados a fin de probar los hechos discutidos y discutibles, se inicia la etapa probatoria. El periodo de ofrecimiento de pruebas es de 10 días, que empezarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación del auto que mande abrir el juicio a prueba. En el desahogo: 30 días siguientes al notificarse el auto de admisión Prorrogas para el ofrecimiento y para el desahogo • Fuera del territorio de donde se lleva el juicio 60 días • Fuera del territorio nacional, 90 días 12.3. Ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración Ofrecimiento:

Cada parte debe de ofrecer sus pruebas en un escrito , en el cual se especifique cada uno de los medios de prueba propuestos y se relacionen en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos. Por regla, todos los medios de prueba deben de ser ofrecidos durante éste período, con la salvedad

de los documentos que se hayan acompañado a la demanda o a su contestación- que no necesitan ser ofrecidos nuevamente- y de la prueba confesional, que puede ofrecerse desde que se abra el plazo de ofrecimiento de pruebas hasta antes de la audiencia, siempre que la prueba se ofrezca con la debida oportunidad, de manera que permita su preparación. Admisión: Al día siguiente en que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el juez debe dictar resolución

en la cual determine las pruebas que se admiten sobre cada hecho, pudiendo limitar prudencialmente el número de testigos.

Art. 298 “No se admitirán pruebas contra derecho, contra la moral o sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles”. Preparación:

Alguna de las pruebas que se van a desahogar en la audiencia respectiva deben de ser preparadas previamente, con toda oportunidad para que en ella puedan recibirse y para éste efecto deben de tomarse, entre otras, las siguientes medidas: •

Citar a las partes a absolver posiciones bajo el apercibimiento de ser declarados confesos en caso de que no asistan.

• •

Citar a los testigos y peritos , bajo el apercibimiento de multa si no acudieran.

•

Conceder todas las facilidades necesarias a los peritos para el examen de los objetos, instrumentos documentos, lugares o personas para que rindan su dictamen a la hora de la audiencia. Enviar los exhortos correspondientes para la práctica de las pruebas, como la inspección judicial y la testimonial, que en su caso tengan que efectuarse fuera del D.F .

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Ordenar traer copias, documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos por las partes, disponiendo las compulsas que fueren necesarias. Desahogo: De acuerdo al artículo 299, la recepción y desahogo de las pruebas sólo pueden llevarse a cabo en forma oral, a través de una audiencia , a la que deben citarse a las partes en el auto de admisión de pruebas el cual debe verificarse dentro de los 30 días siguientes. Valoración de las pruebas: •

El juez, tiene la facultad de valorar las pruebas ofrecidas y vistas en la audiencia de alegatos, para obtener el mejor resultado de ellas, para determinar su fallo y resolver de acuerdo a su convicción y apegado a derecho, para dictar la sentencia correspondiente.

13.- Pruebas supervinientes Son aquellas que se aportan después de haber pasado el periodo probatorio, pero que son fundamentales para la parte que las presenta, y que obviamente ésta no tenía conocimiento de su existencia. El juez tiene la facultad de aceptarlas o negarlas. 14.- Medios de prueba Los medios de prueba son los instrumentos con los cuales se pretende lograr el cercioramiento del

juzgador sobre los hechos objeto de prueba. Estos instrumentos pueden consistir en objetos materiales- documentos- fotografías, etc.

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su artículo 289, enumera los medios de prueba admitidos por el mismo ordenamiento. 14.1. Confesional

Es la declaración vinculativa de parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos.

Es una declaración vinculativa, pues generalmente contiene un reconocimiento de hechos de consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante. Es, además, una declaración de una de las partes del juicio, lo cual distingue del testimonio.

La confesión debe de referirse a hechos propios, es decir, a hechos en cuya ejecución haya participado el confesante: Clases de confesión: • Confesión judicial espontánea: Es aquella que una parte formula, ya en su demanda o en su contestación, sin que su contraparte haya requerido la prueba •

Confesión judicial Provocada: Es la que se realiza cuando una de las partes ofrece la prueba de confesión de su contraparte y se practica cumpliendo las formalidades legales.

Formalidades: • Ofrecimiento: Se puede ofrecer anexando al escrito de ofrecimiento de pruebas el pliego que contenga las posiciones, también se puede ofrecer sin el pliego de posiciones, solo que

•

la persona que las absolver tendrá que asistir a la audiencia, de no hacerlo no podrá ser será declarado confeso. Preparación: El que deba absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar el día anterior al señalado para la audiencia, con el apercibimiento de que si no compareciere,

•

será declarado confeso. Ejecución: La prueba debe realizarse por la parte absolvente ante el juez competente, en respuesta a las posiciones que la contraparte articule.

•

Nulidad de la confesión: Cuando la confesión se produzca con error o violencia, la parte afectada podrá reclamar su nulidad, mediante un trámite de incidente y se decidirá en la sentencia definitiva.

•

Confesión judicial expresa: Es la que se formula con palabras, respondiendo a las preguntas o “posiciones” que hace la contraparte al juez.

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•

Confesión judicial tácita o ficta: Es la que presume la ley cuando el que haya citado para confesar se coloque en alguno de los siguientes supuestos: • • • • •

No comparezca sin causa justa. Compareciendo, se niegue a declarar. Declarando, incisita en no responder afirmativa o negativamente. Cuando se dejan de contestar hechos de la demanda o se contestan con evasivas. O cuando simplemente, no se contesta la demanda.

14.2. Documental Es toda representación objetiva de un pensamiento. Documental técnica: Son las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos y fonógrafos. Esta prueba requiere, en términos generales , que quien la presente, suministre al tribunal los aparatos o

elementos necesarios para que se puedan apreciar. Documental literal: Son los documentos escritos, que se clasifican en públicos y privados., los públicos son expedidos

por funcionario públicos en el desempeño de sus funciones o por profesionales dotados de fe pública. Los privados, por exclusión son los expedidos por personas que no tienen ese carácter. 14.3. Pericial Es el juicio emitido por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia,

técnica o arte, con el objeto de esclarecer algún o algunos de los hechos materia de controversia. Se ofrecerá expresando los puntos sobre los que se versará. 14.4. Inspección o reconocimiento judicial

Es un examen sensorial directo realizado por el juez, en personas u objetos relacionados con la controversia., y al ser sensorial en general, no se limita al sentido de la vista, por lo que no

es correcto designar esta prueba ” inspección ocular”, el examen puede hacerse a través de los otros sentidos como el olfato, el oído, etc. 14.5. Testimonial.

Es la declaración procesal de un tercero ajeno a la controversia, acerca de los hechos que a esta concierne. 14.6. Presuncional. Es una operación lógica mediante la cual, partiendo de un hecho conocido se llega a la aceptación como existente de otro desconocido e incierto.

Elementos: • • •

Un hecho conocido Un hecho desconocido.

Una relación de causalidad entre ambos hechos.

14.7. Técnicas y científicas

15.- Audiencia de desahogo de pruebas La audiencia debe de celebrarse con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, para la cual debe señalar la fecha de continuación dela audiencia, la que debe realizarse dentro de los siguientes 15 días. Constituido el tribunal en audiencia pública el día y la hora señalados al efecto, serán llamados por

el secretario, las partes, los peritos, testigos y demás personas que deban intervenir y se determinará quienes deben permanecer en el salón y quienes en lugar separado para ser introducidos en su oportunidad. La audiencia se celebrará concurran o no las partes y estén o no presentes los abogados, los testigos y peritos. Las pruebas ya preparadas se recibirán, dejando pendientes para la continuación de la audiencia las que no lo hubieren sido.

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De esta audiencia , en al que también se formulan los alegatos, el secretario debe levantar acta

circunstanciada. El juzgador se encuentra facultado para dirigir los debates previniendo a las partes se concreten exclusivamente a los puntos controvertidos., debe respetar la igualdad de las partes.

16.- Alegatos y citación de sentencia Los alegatos son las argumentaciones que expresan las partes, una vez realizadas las fases expositiva y probatoria, para tratar de demostrar al juzgador, que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas, con la finalidad de que aquél estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones, al pronunciar la sentencia definitiva Contenido de los alegatos:

En primer término: Una relación breve y precisa de los hechos controvertidos y un análisis detallado de las pruebas aportadas para probarlos. Con esta relación de hechos y análisis de pruebas generalmente se trata de demostrar al juzgador , por un lado, que con los medios de prueba proporcionados por la parte que formula los alegatos, quedaron debidamente probados los hechos afirmados por ella en la parte expositiva y, por otro lado, que los medios de prueba promovidos por la parte contraria, resultaron inadecuados, insuficientes o carentes de fuerza probatoria para confirmar los hechos afirmados por dicha contraparte.

En segundo término: En los alegatos las partes también deben de intentar demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados a los hechos afirmados, y, en su opinión, probados. Aquí se trata de formular observaciones sobre la interpretación de la norma jurídica, para lo cual resulta conveniente citar y transcribir la jurisprudencia de la SCJN . en ocasiones, será

necesario también hacer referencia a la doctrina que se haya ocupado de la interpretación de los preceptos jurídicos en cuestión. Forma de los alegatos: Los alegatos se pueden expresar en forma oral o escrita:

Alegatos orales: Estos se formulan en la misma audiencia de pruebas, una vez concluida la recepción de éstas. Con este fin se debe de hacer uso de la palabra al actor o a su apoderado, al demandado o a su apoderado y al Ministerio Público en los casos en que él intervenga. No se podrá hacer unos de la palabra por más de un cuarto de hora en primera instancia, y de media hora en segunda. Aunque se prohíbe la practica de dictar alegatos a la hora de la audiencia, se prevé también que en el acta que se levante de ésta se deben hacer constar las conclusiones de las partes. No obstante , en la práctica se acostumbra asentar en el acta sólo que “ las partes alegaron lo que a su derecho convino” Alegatos escritos: En el artículo 394 establece que los alegatos debían ser orales , aunque también

permite que las partes presenten” sus conclusiones por escrito”, sin que especifique el momento procesal oportuno para hacerlo. Citación para sentencia:

Es el acto procesal en virtud del cual el juzgador, una ves formulados los alegatos o concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da por terminada la actividad de las partes en el juicio y les comunica que procederá a dictar sentencia. El plazo que el juzgador tiene para pronunciar el fallo y andar notificarlo por medio del Boletín Judicial, es de 15 días contados a partir de la citación para la

sentencia, el cual ampliarse hasta por 8 días más, cuando hubiese necesidad de examinar” documentos voluminosos. Efectos de la citación para sentencia: •

En primer término, tiene como efecto de dar por terminada la actividad procesal de las partes en la primera instancia, por lo que aquellas, ya no podrán promover nuevas pruebas ni formular nuevos alegatos.

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•

Si bien, las partes no podrán recusar al juzgador antes de 10 días de dar principio a la audiencia de pruebas y alegatos, sí podrán hacerlo después dela citación, en caso de que

cambie la persona física que tenga a cargo el juzgado. •

Después de la citación para la sentencia ya no podrá operar la caducidad de la instancia, ya que ésta sólo puede decretarse” desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la

audiencia”. •

El juzgador deberá pronunciar la sentencia definitiva dentro del plazo concedido por la ley.

17.- Las costas judiciales Para determinar a quién corresponde el pago de los gastos y las costas procésales originados durante la actividad procesal, se sigue el sistema objetivo que lo atribuye al vencido. De acuerdo al

artículo 528, todos loa gastos y costas que se originen, serán a cargo del que fue condenado en ella. 18.- Reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en entidades federativas y los Estados Unidos Mexicanos Como una norma básica del sistema federal mexicano, el artículo 121 de la Constitución establece la llamada “ cláusula de entera fe”, de acuerdo con el cual todos los actos realizados por

los órganos de autoridad de una entidad federativa—Estado o Distrito federal—tienen validez y eficacia jurídica en todas las demás entidades federativas . en el párrafo inicial del mencionado precepto expresa “ En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales en todos los otros.

El primer párrafo del mismo precepto constitucional de su fracción III establece “Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado, sobre derecho reales o bienes inmuebles ubicados en otro estados, sólo tendrán fuerza ejecutora en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes” Este párrafo contiene un reconocimiento implícito a la regla de competencia territorial que establece que

es juez competente para conocer de las acciones( pretensiones) reales sobre inmuebles el del lugar de la ubicación de los bienes. Por tal motivo sólo permite la ejecución de sentencias de tribunales de otros Estados ya que conciernen a derechos reales sobre inmuebles cuando las leyes

del Estado donde se encuentren tales bienes. El segundo párrafo de la fracción III del mismo artículo establece “ Las sentencias sobre derechos

personales solo serán ejecutados en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón de su domicilio, a la justicia ( juez) que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. El artículo 602 del CPCDF permite la ejecución de tales sentencias si son conformes a las leyes del lugar.} 19.- La cooperación procesal internacional

Frente a la sentencia firme dictada por un extranjero, el ordenamiento jurídico nacional puede asumir alguna de las posiciones siguientes: •

Negar enteramente eficacia a la sentencia extranjera, requiriendo en todo caso un nuevo proceso ante los tribunales nacionales, en el cual se pronuncie una nueva sentencia, completamente independiente de la extranjera ( sistema territorialista)

•

•

Condicional la eficacia de la sentencia extranjera a un examen completo—tanto de fondo como de forma—del proceso y de la sentencia extranjera, el cual culmina con una nueva sentencia que puede confirmar, revocar o modificar la sentencia extranjera (sistema de revisión.) Reconocer la eficacia de la sentencia extranjera, previo un breve procedimiento en el cual

el tribunal nacional verifique que la sentencia extranjera cumpla con determinados requisitos formales fijados en la ley o en los tratados internacionales, y que respete el orden público nacional, para, en caso afirmativo ordenar su ejecución.

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•

Negar o aceptar la ejecución de la sentencia extranjera, atendiendo exclusivamente a factores circunstanciales.

A éste respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los órganos legislativos de los Estados sí son competentes para establecer, en la leyes que expidan , las reglas

para que los tribunales locales reconozcan y ordenen la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, porque ésta materia no queda comprendida dentro de la condición jurídica de los extranjeros ( cuya regulación compete al Congreso de la Unión, según el artículo 73 Constitucional,

y no ha sido concedida de manera expresa a los poderes federales, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la propia Constitución, los órganos respectivos de las entidades federativas sí pueden legislar sobre esa materia.

20.- Recursos Son instrumentos normales de impugnación, con excepción del recurso de queja que es un medio de impugnación especial. Algunos autores consideran como un recurso: la aclaración de sentencia. De acuerdo con el artículo 84 del CPCDF, los jueces. 20.1. Contenido-agravios 20.2. Clasificación 20.2.1. Revocación o reconsideración

Es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la Modificación parcial o total de una resolución judicial por el mismo juzgador que la ha pronunciado. Es un medio de impugnación que se interpone dentro del proceso.

Características: • • •

Es un recurso ordinario: Porque procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no sólo contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. Procede contra resoluciones judiciales dictadas en primera instancia.

Es horizontal, porque se tramita ante el mismo juzgador que dictó la resolución que se impugna, y es éste quién debe resolver el recurso. En el recurso de revocación no existe la

separación entre el juez a quo y el juzgador ad quem. También se le denomina “ remedios” porque permiten al juez que dictó la resolución invocada enmendar por sí mismo los errores que haya cometido en la resolución. • Su objeto: Es la modificación parcial o total de la resolución. • Se interpone Dentro del curso del proceso. 20.2.2. Reposición Este recurso se formula contra resoluciones pronunciadas en segunda instancia.

Los recursos de revocación y de reposición tienen las mismas características y el mismo objeto, sólo que el primero se interpone contra resoluciones judiciales en primera instancia y el segundo, contra resoluciones dictadas en segunda instancia. Supuestos de la revocación y la reposición:

Dentro de las diversas clases de resoluciones judiciales que pueden ser objeto de impugnación mediante, mediante el recursos de revocación, debemos de excluir a las sentencias, tanto las definitivas o las interlocutorias, considerando la determinante disposición del Art. 683, que expresa “

Las sentencias que pueden ser revocadas por el juez que las dicta” .... la impugnación de las sentencias se hace ordinariamente, a través del recurso de apelación Resoluciones que pueden ser objeto de la revocación o reposición: • Los decretos: •

Todos los autos pronunciados en segunda instancia pueden ser objeto del recurso de reposición.

•

Los autos dictados en primera instancia que no sean apelables ni recurribles, pueden se

objeto del recurso de revocación. Requisitos y sustanciación de la revocación y reposición:

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Deben de interponerse por escrito, en dicho escrito se debe expresar: • La resolución impugnada • Los motivos de la inconformidad del recurrente o agravios • Y la petición de que la resolución impugnada sea revocada totalmente o parcialmente. • Su plazo de interponer el recurso es de 3 días Como conclusión de los dos recursos , el de revocación de reposición el juzgador puede tomar

alguna de éstas tres decisiones: • • •

Confirmar su propia resolución, en caso de que la encuentre ajustada a derecho. Modificar parcialmente Revocar totalmente su propia resolución, en caso de que no la encuentre apegada a

derecho. 20.2.3. Queja

Es un recurso especial y vertical, que tiene por objeto impugnar determinadas resoluciones judiciales denegatorias, que el recurrente encuentra injustificadas.

Es un recurso especial: Porque sólo puede ser utilizado para combatir las resoluciones específicas. En ocasiones la propia

ley le confiere a las partes el derecho de “quejarse” , ante un órgano superior jerárquico , de los actos que estimen ilegales del inferior, con el objeto de que de que aquél imponga a éste una medida disciplinaria, sin que se afecte para nada la invalidez y eficacia del acto de autoridad considerado ilegal.

También se puede se puede considerar como una simple denuncia, la queja que se interpone contra los secretarios por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones, en éste caso la queja radicaría en una conducta y no en una resolución Supuestos del recurso de queja: • • •

La resolución del juez que desecha la demanda o desconoce de oficio la capacidad de un litigante antes del emplazamiento. Las sentencias interlocutorias, dictadas para la ejecución de la sentencia.

La resolución de juez a quo que deniega, no admite el recurso de apelación. Combate la resolución del juez de primera instancia que niega la admisión del recurso de apelación o

que lo admite en un efecto que no le corresponde. Requisitos y sustanciación del recurso de queja:

Se debe presentar por escrito, debe de ser motivada, con la expresión de los agravios que cause esa determinación, indicando tanto las disposiciones legales que se dejaron de aplicar o que se aplicaron ilegalmente, como los argumentos jurídicos que demuestren la violación correspondiente.

El término para presentar el recurso de queja es de 3 días siguientes al acto reclamado, que también se deben de computar a partir de la fecha de notificación del acto reclamado 20.2.4. Apelación ordinaria

Es un recurso ordinario y vertical por el cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado un nuevo examen sobre la resolución dictada por un juzgador de primera instancia, con el objeto de que aquél la modifique o la revoque.

La apelación es el instrumento normal de impugnación de las sentencias definitivas; en virtud de ella, se inicia la segunda instancia , el segundo grado de conocimiento del litigio sometido a proceso. Supuestos: Son apelables: • •

Contra todo tipo de autos dictados en los juicios que sea apelable la sentencia.

Las sentencias, tanto las definitivas como las interlocutorias, con excepción de las sentencias con autoridad de cosa juzgada.

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Interposición:

Debe de interponerse por escrito. El plazo para interponerlo es de 9 días cuando se trate de sentencias definitivas- 6 días cuando se trate de sentencias interlocutorias y autos. Admisión y efectos El propio juez a quo, ante quien se presenta el escrito de interposición de recurso, es el que debe de resolver provisionalmente sobre su admisión o desecamiento, para tomar ésta decisión el juez debe

considerar: •

Si la resolución impugnada es apelable.

•

Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido, incluyendo la

expresión de agravios •

Si el recurrente está legitimado a apelar , es decir, si tiene interés jurídico de interponer un

recurso. De acuerdo a lo establecido en el Código, en el artículo 689, pueden apelar la parte que creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial . Si el juez considera que el recurso no reúne las condiciones señaladas, debe desecharla. Si el Juez estima que el recurso sí reúne las condiciones, entonces debe admitir e recurso y señalar en qué efecto lo admite, “ Si es en un solo efecto o en ambos efectos.” 20.2.5. Apelación adhesiva Es el recurso vertical y accesorios que puede interponer la parte vencedora, una vez que haya sido admitida la apelación principal promovida por la parte vencida, para solicitar al tribunal de segunda

instancia, la confirmación de la sentencia recurrida, cuando en ésta se le haya concedido todo lo que pidió, o bien solicitar su modificación en aquello que no hubiese obtenido. 20.2.6. Apelación extraordinaria A través de éste recurso de apelación se impugnan resoluciones que han adquirido autoridad de

cosa juzgada. Características: • Se considera un ulterior proceso, como un proceso impugnativo de la cosa juzgada. • Es un medio de impugnación de carácter excepcional.

Supuestos: Sólo procede en los siguientes procesos: 1. Cuando se haya emplazado al demandado mediante edictos y el juicio se haya seguido en rebeldía, y que el emplazamiento por edictos no se ajustó a las disposiciones legales, por tal motivo la persona que promueve este medio de impugnación no tuvo conocimiento de juicio que concluyó en sentencia firme. 2. Cuando no hayan estado representados legítimamente el actor o el demandado o no hayan tenido capacidad procesal, y las diligencias se hayan entendido con ellos. 3. Cuando no haya sido emplazado el demandado conforme a la ley 4. Cuando el juicio se haya seguido ante un juez incompetente, no siendo prorrogable la

competencia. Requisitos y sustanciación:

El escrito que se interponga constituye una verdadera demanda que debe de reunir los requisitos establecidos por la ley. La demanda se presenta ante el juez que conoció del juicio original y sólo puede desecharla en dos

casos: • •

Cuando el interesado haya contestado la demanda o Cuando se haya hecho expresamente sabedor del juicio

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21.- Ejecución de sentencia Noción de la Ejecución: La parte que ha sido vencida en juicio, puede asumir alguna de éstas dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. Con la actitud de cumplimiento voluntario se logra la satisfacción

de las pretensiones de la parte vencedora, acogidas con la sentencia y no se hace necesario ningún acto procesal más. La actividad del órgano jurisdiccional, termina cuando la parte vencida cumple voluntariamente los puntos resolutivos de la sentencia. En cambio la actitud de incumplimiento de la sentencia por la parte vencida, hace necesario que le juez dicte, a instancia de parte interesada, las medidas adecuadas para lograr la realización práctica del contenido de la sentencia, aún en contra de la voluntad de la parte vencida. Al conjunto de actos procésales que se realizan durante ésta etapa eventual del proceso, se llama ejecución forzosa o forzada. 21.1. Ejecución provisional

Son las medidas provisionales o precautorias que el juez dicta, a petición de la parte interesada, con la finalidad de mantener los hechos, objetos o cosas, motivo de la controversia en el estado en que se encuentren. Estas providencias se pueden decretar por el juez antes de que se inicie el juicio o durante su desarrollo. Si la parte demandada se opusiere a la ejecución, lo tendrá que manifestar

por la vía incidental, pero mientras tanto, el Tribunal hará uso de las medidas de apremio para llevar a cabo tal ejecución.

La ejecución provisional se lleva a cabo sobre los bienes del demandado, para garantizar cautelarmente el pago de las prestaciones reclamadas por el actor. 21.2. Ejecución definitiva

Se refiere, fundamentalmente a las sentencias de condena La ejecución de una sentencia de condena se puede llevar a cabo, por dos vías a opción de la parte vencedora: 1. la llamada vía de apremio, y 2. El juicio ejecutivo. No es una etapa procesal final, sino un verdadero proceso en el que existe la posibilidad de que se

realicen todas las etapas procésales, si bien desde la fase expositiva se puede llevar a cabo una ejecución provisional sobre los bienes del demandado, para garantizar cautelarmente el pago de las prestaciones reclamadas por el actor. 21.3. Principios que la rigen

Instancia de parte: La ejecución procesal sólo se puede iniciar a instancia de parte. Esto significa que el juzgador no puede ejecutar sus sentencias de oficio, sino sólo a petición de la parte beneficiada en la sentencia. La parte vencedora tiene hasta 10 años para solicitar al juez que lleve a cabo la ejecución, si no lo hiciera en éste término, precluirá el derecho de pedir la ejecución procesal. Competencia: La ejecución de las sentencias firmes o definitivas, apeladas en un solo efecto, corresponde al juez que haya conocido del asunto en primera instancia.

En el mismo sentido, la ejecución de las sentencias interlocutorias queda a cargo del juez que conozca del juicio principal; y la ejecución de los convenios judiciales, se encarga el juez que conozca del juicio en el que hayan celebrado . cuando los convenios judiciales se hayan celebrado en segunda instancia Impugnación de las resoluciones dictadas para la ejecución del fallo: De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja, ante el superior, de quién dictara la sentencia y el auto de ejecución. Limitaciones del derecho a oponerse a la ejecución: Como regla general es que las excepciones y

defensas deben de oponerse en el escrito de contestación de la demanda, es decir, en la etapa expositiva del proceso de conocimiento, es lógico que en la etapa ejecutiva normalmente no haya

oportunidad para un nuevo debate procesal. Sin embargo en determinadas circunstancias, se le permite al ejecutado oponer algunas excepciones y defensas ante la ejecución.

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El Art. 531 del CPCDF, permite la oposición escalonada de excepciones y defensas, según el tiempo en que se formulen.

Gastos y costas procésales: Para determinar a quién le corresponde el pago de los gastos y costas procésales originados durante la ejecución procesal, se sigue el sistema objetivo que lo atribuye al

vencido. De acuerdo al Artículo 528, todos los gastos y costas procésales que se originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue condenado en ella. 21.4. Patrimonio ejecutable

Un patrimonio ejecutable constituye un presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido de que sin él la coerción se hace difícilmente concebible. Contra el que no tiene bienes , ninguna ejecución

procesal puede tener resultado 21.5. Vía de apremio

Es el procedimiento para llevar a cabo la ejecución procesal, o ejecución forzada, constituye el procedimiento para el desarrollo de la etapa final del proceso. Supuestos de la vía de apremio:

El supuesto lógico para la vía de apremio es la sentencia de condena, sin embargo, este no es el único supuesto que pueda dar motivo a la ejecución procesal. Al lado de la sentencia existen otros

documentos que pueden dar lugar también a la vía de apremio que son: • Las sentencia firmes, es decir, aquellas que tengan la autoridad de cosa juzgada. • Las sentencias definitivas que hayan sido objeto de apelación, la cual se haya admitido en • •

un solo efecto o efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias

Los convenios y transacciones celebrados por las partes en el juicio y aprobados por el juzgador.

Los laudos arbítrales, que son las resoluciones definitivas que sobre el fondo definitivo sometido al arbitraje, pronuncien los árbitros. 21.6. Formas de ejecución

En términos generales las sentencias de condena pueden ordenar un dar, un hacer, o un no hacer a la parte vencida en juicio

Condenas de dar: • Ordena a una de las partes el pago o la entrega de una determinada suma de dinero a la otra parte. Debe de ser en una cantidad líquida, la ejecución se realiza mediante el embargo

y enajenación de bienes de la parte vencida. •

Condena a entregar una cosa, hay que distinguir si ésta es inmueble o mueble. Si el bien es inmueble, se debe proceder a poner en posesión del mismo a la persona que tenga que ser

entregado, practicando para este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. •

La que ordena la entrega de una persona, el juez debe dictar las disposiciones conducentes con el objeto de que el fallo no quede sin cumplimiento.

Condenas de hacer. En general, cuando la sentencia condene a hacer alguna cosa, el juez debe señalar al obligado un plazo prudente para el cumplimiento, tomando en cuenta las circunstancias del hecho y de las personas. Si el obligado no cumple, hay que distinguir si el hecho es de carácter personal del condenado, si puede ser realizado por otra persona y si el hecho solo consiste en la celebración de un acto jurídico.

En el supuesto de que el hecho sea de carácter personal, y no pueda ser realizado por otra persona, el juez debe compeler al obligado empleando los medios de apremio más eficaces; en caso de que aquél no cumpla, sólo queda la posibilidad de exigirle la responsabilidad civil ( pago de daños y perjuicios por el incumplimiento, mediante el embargo y enajenación de bienes).

Cuando el hecho se pueda prestar por otra persona, el juez debe nombrar a la persona que lo ejecute a costa del obligado, en el plazo que le fije. Aquí también se puede exigir al obligado, el [email protected]


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pago de la actividad ejecutada por el tercero, mediante el embargo y enajenación de bienes de

aquél. Cuando el hecho consiste en la firma de un instrumento o la celebración de un acto jurídico. El juez

deberá ejecutar por el obligado expresándose, en el documento, que se otorgo “ en rebeldía” . Si la sentencia condena a rendir cuentas, el juez debe señalar un plazo prudente al obligado para que las rinda e indicar también a quién debe hacerlo. Si la sentencia condena a dividir una cosa común y no establece las bases para ello , el juez debe convocar a los interesados a una junta para que en su presencia determinen las bases de la

partición o designen un partidor , en caso de que no se pusieran de acuerdo en ninguno de los dos puntos, el juez les designará al partidor.

Condena de no hacer: La infracción de la sentencia que condene a no hacer se resuelve “ en el pago de daños y perjuicios al actor, quien tendrá el derechos de señalarlos para que por ellos se despache ejecución. El juez

no podrá despachar ejecución con base exclusivamente en las afirmaciones d la parte vencedora; deberá en todo caso, dar oportunidad a la parte vencida para que pueda aclarar y, en su caso, probar, si ha cumplido o no la sentencia, y para que pueda objetar el monto de los daños y perjuicios señalados por el actor. El trámite para dar ésta oportunidad al condenado podrá ser el del incidente de liquidación de sentencia. 21.7. Remate de bienes muebles e inmuebles

Establece la regla que todo remate debe de ser público y celebrarse el en local del juzgado en que actúe el juez que debe conocer de la ejecución. El procedimiento para el remate de bienes

inmuebles comprende básicamente en tres etapas: • Avalúo, • Subasta o remate, •

Entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante.

Agotado el procedimiento, la sentencia debe de decidir los derechos controvertidos. De resultar aprobada la acción, la sentencia decretará que ha lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y con el producto, pago al acreedor.

22.- Juicios ejecutivos 22.1. Títulos ejecutivos La existencia de un título es el supuesto fundamental para que se pueda iniciar el juicio ejecutivo.

La demanda del juicio ejecutivo, siempre se debe de acompañar de éste documento. Dentro la clasificación de los documentos que deben acompañar a la demanda, el título ejecutivo corresponde

a la clase de documentos que la “fundan” o son “ bases de la acción” son documentos de los cuales “emana el derecho que se invoque”. El título ejecutivo “Es el instrumento que trae aparejada ejecución contra el obligado” de modo que en su virtud se pude proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso para satisfacer al acreedor. La Suprema Corte ha sostenido que los “ documentos a los que la ley concede el carácter d títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción”.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha definido al título como “el documento que constituye prueba legal del crédito para los fines de la ejecución” y ha establecido que los requisitos de fondo que dichos documentos deben reunir, son tres: Primero, que el crédito sea cierto, Segundo; que sea exigible y Tercero, que sea líquido. El crédito es cierto cuando el título da prueba plena y suficiente al juzgador, por su simple lectura,

de quién es el acreedor y quién el deudor; es líquido, si del título resulta la determinación de la especie de la deuda y d la cantidad que debe ser satisfecha. Finalmente, es exigible cuando no existe plazo ni condición pendientes.

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PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA.

La preparación para hacer efectivo la ejecución del título ejecutivo, s divide en tres fases a saber:

1. El Embargo. 2. Pago u oposición. 3. Sentencia de remate y ejecución. 22.2. Procedimiento Para que el juicio tenga lugar, se necesita como base, que el título traiga aparejada ejecución. La ejecución no puede despacharse sino por cantidad líquida, entendiéndose como tal, no solo la cierta y determinada en el título, sino también lo que puede determinarse mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el mismo título suministre. Si el título contiene obligación que sólo sea cierta y determinada en parte, por ésta se despachará la ejecución, reservándose la no determinada por el juicio correspondiente. La ejecución recae en el

embargo de bienes suficientes que garanticen la deuda consignada en el título.

Presentada la demanda . acompañada del título ejecutivo, el juez, si así lo considera admisible, debe dictar el auto de embargo provisional, de ejecución, con base en el cual debe de efectuarse el

embargar provisional sobre bienes del demandado con el objeto de garantizar el pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. Este embargo provisional se puede convertir en definitivo

si la sentencia definitiva, dictada en el juicio ejecutivo, condena al demandado al pago e las prestaciones reclamadas y ordena el remate de los bienes embargados.

Para que se pueda dictar el auto de embargo es necesario que el título ejecutivo anexado a la demanda resulte una cantidad líquida. El embargo puede evitarse si el demandado, consigna la cantidad demandada, sin perjuicio de formular oposición dentro del plazo legal.

La ejecución de la sentencia que condene al demandado al pago de las prestaciones reclamadas se lleva a cabo a través de los procedimientos de remate o enajenación de los bienes embargados. LA ACCIÓN RESCISORIA.

Es aquella que se dirige a recuperar la cosa vendida, cuando se haya estipulado en la resolución del contrato por la falta de pago del precio total o parcial.

23.- Juicios hipotecarios 23.1. Acciones que se pueden deducir a.

Título Ejecutivo Hipotecario:

Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prestación de un crédito hipotecario se siga según las reglas, es requisito indispensable que el crédito conste de escritura pública debidamente registrada y que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme a los previsto por la ley. El juicio ejecutivo hipotecario procede cuando reúna las siguientes características: •

Que el documento base d la acción tenga carácter de ejecutivo, (que traiga aparejada ejecución).

•

Que el bien se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del demandado.

•

Que no exista embargo o gravamen a favor de tercero, inscrito cuando menos 90 días antes

de la presentación de la demanda. Procedimiento:

En el desarrollo procesal del juicio especial hipotecario también es posible destacar tres fases fundamentales: • • •

Expedición y registro de la cédula hipotecaria o anotación de la demanda en el RPP. Oposición; Sentencia de remate y ejecución.

Anotación de la demanda en el RPP: Presentada la demanda con el documento base de la acción, el juez debe ordenar la expedición y registro de la cédula hipotecaria, o bien debe ordenar anotar la demanda en el RPP , para que ya [email protected]


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no se practique en la mencionada propiedad ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del juicio. Carácter del demandado después del embargo y anotación en el RPP:

Desde el día de emplazamiento, el demandado adquiere el carácter de depositario judicial de la propiedad , de sus frutos y de todos los objetos que, conforme a la escritura respectiva y al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la finca misma. Sin embargo, el deudor puede renuncia a la depositaría y entregar la tenencia material de la propiedad al actor o al depositario que éste nombre. Oposición: Al ordenar la anotación en el RPP, el juez también debe decretar el emplazamiento del demandado

para que dentro de 9 días conteste la demanda y oponga las excepciones que tenga. Sentencia de remate y ejecución:

Una vez concluido el procedimiento, el juzgador debe dictar sentencia definitiva, en la cual, si considera probada la acción hipotecaria, decrete el remate de los bienes hipotecados. El procedimiento de remate se debe ajustar a las reglas establecidas en la ley. 24.- Juicio arbitral

Es el procedimiento a través del cual se realiza el arbitraje. La primera y más importante características de éste juicio radica, en las diferencias que existen entre el proceso arbitral y el jurisdiccional. El proceso jurisdiccional y el arbitraje tienen como característica común el ser soluciones heterocompositivas del litigio, es decir, soluciones provenientes de un tercero ajeno a la relación sustancial. Pero mientras que las obligatoriedad de la solución que implica el proceso jurisdiccional deriva de la

ley y de la autoridad misma del Estado, la obligatoriedad del arbitraje sólo puede tener como fundamento el acuerdo de las partes de someter determinado litigio a la solución arbitral ( acuerdo que deberá ajustarse, en todo caso, a los términos establecidos en la ley). 24.1. Materia y régimen procesal

Se entiende por arbitraje la institución de una justicia privada gracias a la cual los litigios son sustraídos a las jurisdicciones de derecho común, para ser resueltas por individuos revestidos, circunstancialmente, de la misión de juzgarlos.

La resolución final dictada por l arbitraje, denominada laudos, no posee fuerza ejecutiva por sí misma, por lo cual su ejecución sólo podrá lograrse acudiendo a un juez que la ordene.

Los árbitros, no son órganos del Estado y sólo conocen del litigio o litigios que las personas acuerden expresamente someterles. Actualmente ha adquirido mayor importancia el arbitraje especialmente en materia mercantil y en el derecho internacional. En este último se suele utilizar con más frecuencia como uno de los medios más adecuados para solucionar pacíficamente las controversias suscitadas entre los Estados.

Preparación. El arbitraje, tiene como fundamento de obligatoriedad el acuerdo celebrado entre las partes para someter un determinado litigio a la decisión del o de los árbitros. Este acuerdo de voluntades puede asumir la forma de compromiso arbitral o la de una cláusula compromisoria. 24.2. Procedimiento Las partes y los árbitros deben seguir en el procedimiento los plazos y las formas establecidas por

los tribunales, los árbitros siempre deben recibir pruebas y oír alegatos, si alguna de las partes lo pide. Las partes pueden renunciar a la apelación y, cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en grado de apelación, el laudo que se llegue a dictar será irrecurrible. 24.3. Laudo, homologación y ejecución Es la decisión definitiva dictada por el arbitro para resolver el conflicto sometido a arbitraje. Equivale a la sentencia definitiva pronunciada por el juez en el proceso jurisdiccional. Los árbitros deben de resolver de acuerdo con las reglas del derecho vigente.

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El Laudo debe de ser firmado por el árbitro o por cada uno de los árbitros, en el caso de que sean

más de dos y la minoría se niegue a firmarlo, los otros deberán hacer constar esta circunstancia, la cual no afectará la validez de la resolución arbitrar. Ejecución:

Una vez notificado l laudo se pasarán los autos a un juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes pidieren aclaración de sentencia En la resolución judicial que ordene la ejecución del laudo, el juzgador otorga un reconocimiento a la decisión del árbitro. Los jueces, al presentárseles

un laudo arbitral para su ejecución tienen la obligación ineludible de aceptar el elemento lógico que,

con autorización de la ley procesal , les proporciona al árbitro constituido por la voluntad de las partes , pudiendo rechazar ese elemento lógico sólo cuando haya en juego, y resulten violados, preceptos que deben de observarse. 25.- Las tercerías

La expresión tercero, dentro del derecho procesal, se define por exclusión; es tercero todo aquél que no es parte en un proceso, son terceros, tanto aquellas personas que no han participado en el proceso, como aquellas que si han intervenido en el mismo pero sin tener el carácter de parte; los

testigos, los peritos, etc. La tercería es la participación del tercerista en el proceso y puede clasificarse en espontánea y provocada. 25.1. Coadyuvantes En la tercería espontánea, el tercerista comparece por decisión propia al juicio, también es llamada tercería coadyuvante, cuando el interés del tercerista coincide con el de alguna de las partes 25.2. Excluyentes de dominio

La tercería provocada, el tercerista es llamado a juicio, normalmente a petición de alguna de las partes, también se le llama tercería excluyente de dominio. Aquí el tercerista reclama la propiedad del bien o bienes afectados por el proceso 25.3. Excluyentes de preferencia

El tercerista excluyente de preferencia, cuando el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto de la enajenación de los bienes embargados, es decir, reclama el derecho de prelación en el pago. 26.- Concurso de acreedores Es un juicio universal que tiene por objeto determinar el haber activo y pasivo de un deudor no comerciante, para satisfacer, en la medida de lo posible, los créditos pendientes, con arreglo a la prelación que corresponda. Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. 26.1. Voluntario

Es cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores. Comparece por escrito, acompañando un estado de su activo ( sin incluir los bienes inembargables ) y pasivo, donde exprese el nombre y domicilio de sus deudores y acreedores, y haga una explicación de las causas que hayan motivado el concurso voluntario. 26.2. Necesario

Es necesario cuando es promovido por dos o más acreedores, de plazo cumplido, que hayan procedido judicialmente contra su deudor y no hayan encontrado bienes suficientes para cubrir el crédito y costas. En éste caso, el concursado, debe presentar al juzgado, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que lo declare en concurso, un estado detallado de su activo y pasivo, con nombres y domicilios de acreedores y deudores y, en su defecto lo hará el síndico. 26.3. Sujeto concursado y acreedores El sujeto concursado: Es la persona no comerciante cuyo patrimonio, con excepción de los bienes

inembargables, va a ser ejecutado para cubrir con su producto los créditos pendientes que sean reconocidos. La declaración del concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes , así como para cualquier otra administración que por ley le corresponda.

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Acreedores: Son las personas que tienen en su favor un crédito pendiente a cargo del concursado,

están facultados tanto para demandar al concurso necesario, como para promover la revocación de la declaración del concurso. 26.4. Síndico y Ministerio Público en el concurso 26.5. Atracción del procedimiento concursal

El proceso concursal es el que se sigue cuando hay un patrimonio que ha de responder de un conjunto de deudas, constitutivas de otros tantos créditos a favor de una pluralidad de acreedores, y

es insuficiente (al menos de momento) para satisfacer todos esos créditos en su integridad. El proceso concursal tiene funciones declarativas, cautelares y ejecutivas. A través de él se revisan

y, en su caso, se reconocen los créditos existentes contra el concursado( función declarativa); se adoptan las medidas cautelares necesarias para asegurar los bienes del deudor común ( función cautelar), y se enajenen dichos bienes para que con su producto se paguen, en el orden y la proporción establecidos en la ley. En el procedimiento concursal cabe distinguir 4 fases: 1. La declaración del concurso y aseguramiento inicial. 2. La de reconocimiento y graduación de créditos, en la que se incluye el nombramiento del síndico definitivo.

3. La enajenación. 4. La de distribución y pago. 27.- Juicios sucesorios Se les denomina así a los procedimientos universales mortis causa, que tienen por objeto la transmisión del patrimonio del autor de la sucesión, a favor de sus herederos y legatarios. 27.1. Testamentario e intestados

Testamentarías: El que promueva el juicio de testamentaría deberá presentar el testamento del difunto. El juez

ordenará que se giren los oficios respectivos al Archivo General de Notarías—Para que informe si no existe otro testamento—al Archivo Judicial y a la Secretaría de Salud— para que vigile los intereses de la Beneficencia pública--, tendrá por radicado el juicio y convocará a los interesados a

una junta para, en caso de existir un albacea nombrado en el testamento se les dé a conocer y, si no lo hubiese, procedan a elegirlo. La junta se llevará a cabo dentro de los 8 días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos residen en el lugar del juicio y si no es así, el juez señalará

plazo que crea prudente considerando las distancias. La citación se hará por cédula o correo certificado. A la junta deberán ser citados también los representantes legítimos o tutores de los menores, los representantes legítimos de los ausentes y el Ministerio Público. Si el testamento no es impugnado, ni se objeta la capacidad de los interesados, en la misma junta el juez reconocerá como herederos a los que estén nombrados en las porciones que les corresponda. La impugnación de la validez del testamento, o la capacidad legal de algún heredero, se sustanciará en el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero, respectivamente, sin suspender el juicio sucesorio sino hasta la adjudicación de los bienes en la partición.

Intestamentados: También llamados intestados, al promover un intestado, el denunciante debe probar el parentesco o lazo que lo haya unido con el autor de la herencia , e indicar los nombres y domicilios de los

parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro dl cuarto grado.

El juez ordenará que se giren los oficios indicados en el caso de las testamentarías, tendrá por radicada la sucesión y lo notificará por cédula o por correo certificado a las personas señaladas en

la denuncia del intestado, haciéndoles saber el nombre del finado, así como la fecha del fallecimiento para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea.

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Los descendientes y ascendientes, así como el cónyuge supérstite, pueden obtener el reconocimiento de sus derechos, probando, con las partidas del Registro Civil o con el medio que

sea legalmente posible, su parentesco, y con información testimonial, que son los únicos herederos . ésta información se debe practicar con citación del Ministerio Público, quien dentro de los 3 días siguientes a la diligencia debe formular su pedimento.

En el auto en el que el juez haga la declaración de herederos, debe citar a un ajunta de herederos dentro de los 8 días siguientes para que designen albacea, ano ser que se trate de heredero único o que los interesados ya hayan dado su voto por escrito o en comparecencia, pues entonces al hacerse la declaración de herederos , hará el juez la designación del albacea.

Cuando la declaración la pidan parientes colaterales dentro del cuarto grado, el juez, después de recibir las pruebas de parentesco y la información testimonial, mandará fijar los avisos en los sitios

públicos del lugar del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar, así como los nombres y el grado de parentesco de los que reclaman la herencia y llamando también a los que se crean con igual o mejor derecho para comparecer en el juzgado a reclamarlo dentro de 40 días, plazo en que el juez podrá ampliar según la circunstancias. Los edictos se insertarán además dos veces, de diez en diez días, en un periódico de información si el valor de los bienes hereditarios excede d los cinco mil pesos.

Transcurrido el plazo de los edictos sin que se haya presentado nadie, el juez hará la declaración reconociendo los derechos hereditarios de los parientes colaterales, si dentro del plazo, comparecen

otros parientes, el juez les señalará un plazo no mayor de 15 días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten las pruebas de parentesco.

Por último, cuando transcurrido un mes de iniciado el juicio sucesorio sin que se presenten descendientes, cónyuge, ascendientes, concubina o colaterales dentro del cuarto grado, el juez mandará fijar edictos en la forma prevenida por al ley; y en caso de que nos e presente ningún aspirante a la herencia o no sean reconocidos con derechos a ella ningunos de los pretendientes, se tendrá como heredero a la Beneficencia Publica.

27.2. Secciones en que se dividen En forma general, la primera sección o sección de sucesión debe contener los siguientes documentos y actuaciones: • El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del interesado. • Las citaciones de los herederos y la convocación a los aspirantes a la herencia. •

Lo relativo al nombramiento del albacea e interventores y al reconocimiento de los derechos sucesorios.

• •

Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos.

27.3. Órganos y sujetos • • • •

El Ministerio Público.

El albacea.

El Interventor. Herederos y legatarios. El juez y el tribunal de segunda instancia, en su caso. 27.4. Atracción Es el procedimiento universal mortis causa que tiene por objeto la transmisión del patrimonio del autor de la sucesión, a favor de sus herederos y legatarios. 27.5. Tramitación por notario

Cuando todos los herederos sean mayores de edad y hayan sido instruidos en un testamento público , la sucesión puede tramitarse ante notario, mientras que no haya controversia alguna. Tratándose de testamentaría, el notario debe publicar dos veces, con una diferencia de diez días y en uno de los periódicos de mayor circulación, las declaraciones de ,los herederos en que aceptan

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la herencia y se reconocen sus derechos hereditarios, así como la albacea que va a proceder a formular el inventario de bienes de la herencia. Practicando el inventario de bienes por el albacea, con el cocimiento de los herederos, el notario deberá protocolizarlo. Así mismo, también protocolizará el proyecto de partición de la herencia formado por el albacea con la aprobación de los herederos. El notario suspenderá su intervención

cuando haya oposición de alguno de los herederos. 28.- Diligencias de jurisdicción voluntaria La expresión jurisdicción voluntaria tiene sus orígenes en el derecho romano y proviene de un texto de Marciano en el que indicaba que los procónsules tenían fuera de la ciudad, jurisdicción “

pero no contenciosa”, sino voluntaria. desde entonces y a pesar de las numerosas y constantes criticas en su contra, dicha expresión se ha utilizado para designa a un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, las cuales tienen como característica en común la ausencia de conflicto entre partes.

La jurisdicción voluntaria, la integra una serie de procedimientos que sin ser jurisdiccionales, se atribuye en mayor o menor medida.... al conocimiento de funcionarios judiciales, quienes entonces no se conducen como auténticos juzgadores. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud

de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida, ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho III.- DERECHO PROCESAL MERCANTIL

1.- Juicios mercantiles. panorama general Desde el punto de vista de su significación gramatical , se entiende por juicios mercantiles aquellos que el juez conoce de una controversia entre partes sobre cuestione relativas al comercio, al sujeto comerciante, a mercancías o tratos comerciales. Son los que tienen por objeto ventilar y decidir controversias que se originen entre comerciantes o entre personas que practican o ejecutan actos de comercio

Los juicios mercantiles son: ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentran regulados por cualquier ley de índole comercial. Características de los Juicios Mercantiles: • Los juicios mercantiles tienen su regulación jurídica en la legislación mercantil, por lo que, el camino inmediato es consultar tal legislación para ceñirse de ella en cada una de las

etapas del proceso. •

•

Si en un momento dado resulta omisa la legislación procesal mercantil, cabe la aplicación supletoria de disposiciones procésales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles

local. Se excluirá la aplicación de disposiciones civiles locales en aquellos casos en que la institución relativa no existe en la materia mercantil.

•

La legislación que rige los juicios mercantiles es .federal , en virtud d que conforme a la fracción X del artículo 73 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de comercio.

•

En la materia mercantil, existe la opción que permite elegir entre someter el asunto a un juez federal o a un juzgador dl fuero común.

•

En materia mercantil no existen los juicios orales, todos los juicios mercantiles se

sustanciarán por escrito. 1.1. Determinación de una controversia mercantil

Antes de instaurar una demanda, el abogado que la redacte ha de determinar una decisión en lo que hace a elegir la vía mercantil o la vía civil. Su determinación derivará de una previa revisión al Código de Comercio en el artículo 75 con las excepciones previstas en el 76 , así por ejemplo, si ha de promover un juicio para hacer efectivo el importe de una letra de cambio, tomará en cuenta que

el artículo 75 del Código de Comercio en su fracción XIX, reputa actos de comercio las letras de cambio, entre toda clase de personas y promoverá un juicio ejecutivo mercantil. 1.2. Convencionalidad del procedimiento

La autonomía de la voluntad en el ámbito procesal mercantil, tiene gran aplicación en los juicios mercantiles , aunque con algunas limitaciones señaladas en el Código de Comercio en su artículo 1051. “El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en éste libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante los

tribunales o un procedimiento arbitral”. “ la ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a la ley, pueden ser reclamados en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.”

El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053. 1.2.1. Procedimiento convencional ante los tribunales

Art. 1052. Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubiesen pactado, siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor o

ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

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Art. 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo

anterior deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda , la contestación, las pruebas y los alegatos así como: • •

I. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido.

II. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convinieren excluir algún

•

medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales del procedimiento. III. Los términos que se deberán seguirse durante el juicio cuando se modifiquen los que la

•

ley establece. IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades

• •

esenciales del procedimiento. V. El juez debe de conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a éste código puede prorrogarse la competencia. VI. El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes , su capacidad

para obligarse, el carácter con que contraten , sus domicilios y cualquiera otros datos que definan la especialidad del procedimiento 1.2.2. Procedimiento convencional del arbitraje comercial

Se entiende por procedimiento arbitral, al procedimiento que las partes convienen someter a éste procedimiento todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas , respecto

de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en el contrato o la forma de un acuerdo independiente. Del arbitraje comercial:

Se entenderá por arbitraje: •

A cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial con independencia de que sea o no institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo.

•

Las partes tienen la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entrañará la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte la decisión de que se trate. Es un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las

•

disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo en su caso, remita; •

Cuando se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, lo anterior sin perjuicio de la decisión de los árbitros sobre la competencia para conocer de la

demanda y de la reconvención. • En materia de notificación y cómputo de plazos se estará a lo siguiente: Salvo acuerdo en contrario de las partes: • Se considerará recibida toda comunicación escrita que hay sido entregada personalmente a

su destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; el es supuesto de que no contenga después de una indagación razonable la ubicación de alguno de esos lugares , se considerará recibida toda comunicación escrita

enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia de intento de

entrega. • • •

La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado la entrega. Para los fines de cómputo de plazos establecidos en el Código de Comercio, dichos plazos empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición, de la

que las partes puedan apartase o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no se exprese su objeción a tal incumplimiento, sin demora justificada o, si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace, se entenderá renunciado a un derecho a impugnar. [email protected]


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•

Salvo disposición en contrario, en losa asuntos que se rijan por el procedimiento árbitral, no

se requerirá intervención judicial. Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el juez de primera instancia federal, o del orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje. 1.3. Regulación jurídica Es el acto de comercio la base fundamental que delimita la materia mercantil, según su artículo 1° que dice: “ Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en éste Código y las demás leyes •

aplicables. El concepto legal de Juicio Mercantil, está contenido en el artículo 1049 del Código de Comercio,

que a la letra dice: “ Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4°, 75° y 76° se deriven de los actos comerciales”. 1.4. Carácter de la materia En el Derecho vigente mexicano, las reglas procésales que rugen a los juicios mercantiles son de

carácter federal y no local, salvo las disposiciones supletorias que cubran las lagunas legales. Además tales disposiciones adjetivas están consignadas en la legislación mercantil y no en la civil. 1.5. Competencia concurrente o alternativa

Toda demanda deberá interponerse ante un juez competente. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio, hubiere dos o más jueces competentes, conocerá del negocio el que elija el actor, salvo, lo que dispongan las leyes orgánicas locales. Es juez competente aquel a quién los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente .

Cuando el negocio es conocido por dos o más jueces se dice que hay competencia concurrente, y cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro, corresponde decidir la competencia al Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 116 Constitucional y de

las leyes secundarias respectivas. 1.6. Supletoriedad Supletoriedad del derecho común: • La palabra supletorio, deriva del vocablo latino suppletorium y significa “ lo que suple una •

falta”. La materia mercantil está regulada por el Código de Comercio y por leyes especialmente mercantiles. Si una situación concreta no está prevista por éste Código, ni por leyes

especialmente mercantiles, hay una carencia que se suple conforme a las reglas contenidas en los artículos 2° y 1054 del mismo ordenamiento.

2.- El proceso mercantil 2.1. Generalidades El objeto de regulación del procedimiento mercantil, los constituyen los actos y operaciones que la ley reputa como mercantiles. En el derecho vigente mexicano es muy importante delimitar cuando

se está en presencia de juicios mercantiles pues, las reglas procésales que los conducen son de carácter federal y no local, salvo las disposiciones supletorias que cubran las lagunas legales . además tales disposiciones adjetivas están consignadas en la legislación mercantil y no en la civil. En el Código de Comercio en su artículo primero establece que la base fundamental que delimita la materia mercantil es el acto de comercio. Y el mismo código establece cuales son las actividades se re reputan como comerciales. 2.2. Clasificación de los juicios mercantiles Los juicios mercantiles, están regulados por el Código Mercantil. “ son juicios mercantiles los que tiene por objeto ventilar y decidir controversias que conforme a los artículos 75 y 76 se deriven los actos de comercio” Los juicios mercantiles son ordinarios , ejecutivos y especiales Son juicios ordinarios:

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Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilan en juicio ordinario. Son juicios ejecutivos

El procedimiento tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución Traen aparejada ejecución: • I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable. • • •

II. Los instrumentos públicos. III. La confesión judicial del deudor. IV. Los títulos de crédito: • • • •

• • • •

La letra de cambio Títulos al portador

El pagaré. El cheque.

V. Las pólizas de seguros conforme a la ley en la materia. VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro. VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.

Son Juicios Especiales los que se tramitan de una forma especial y son regulados por las leyes respectivas. 2.3. Personalidad de los litigantes

Concepto de personalidad: a). Capacidad de goce: Es la aptitud que tiene una persona física o una persona moral para ser titular de derechos y obligaciones. b). Capacidad de ejercicio: Es la facultad de ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo, o por conducto de un representante legal.

Las personas físicas mayores de edad, en pleno goce de sus facultades mentales y físicas, pueden ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. Las personas físicas menores de edad, y los sujetos a interdicción, son titulares de derechos y obligaciones pero, para

ejercitar sus derechos y cumplir obligaciones, requieren de la intervención de la representación legal; por su parte, las personas morales carentes de sustantividad psicofísica, requieren ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones por conducto de sus representantes legales.

Tanto las personas físicas con capacidad de ejercicio; como las morales, pueden otorgar poder a favor de personas físicas para que realicen actos e su representación. ésta es una representación voluntaria que se produce a través del mandato. Disposiciones legales relativas a la personalidad: En el Código de Comercio, en el libro quinto, relativo a los juicios mercantiles:

Representación del ausente: ART. 1056. Todo el que, conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no se hallen en el caso anterior, comparecerán a juicio por medio de su representante legítimo o los que deben suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados, serán representados como se previene en el Código Civil para el Distrito

Federal. ART. 1057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de éste Código.

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El gestor judicial:

ART. 1058. Por aquél que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover en el interés del actor o del demandado, y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos 1896 y 1909 del Código Civil para el Distrito federal, y gozará de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la

ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de ésta no será necesaria. ART. 1059. El gestor judicial, antes de ser admitido debe de dar fianza que garantizará que el

interesado pasará por lo que él haga, y de que pagará por lo juzgado y sentenciado. La fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad y se otorgará por el gestor judicial, comprometiéndose con el dueño del negocio a pagar los daños, los perjuicios y los gastos que se le irroguen a éste por su culpa o negligencia. Representación en caso de litisconsorcio:

ART. 1060.Existirá litisconsorcio, sea activo o sea pasivo, siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, para la cuál deberán litigar unidas y bajo una misma representación. 2.4. Forma de tramitación de los juicios mercantiles y acompañamiento de documentos Art. 1061. al primer escrito se acompañara precisamente: I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro. II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en

el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona.

III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento del que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación de la demanda o dentro de los tres días al del vencimiento del término para contestar la demanda.

IV. Todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte. V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto dl escrito de la demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria. 2.5. Formalidades judiciales En el proceso, todos los actos que lo integran, al exteriorizarse adoptan una determinada forma. Al realizar el juez, las partes y los demás sujetos que intervienen en el proceso, ciertos actos y hechos jurídicos, así como actos comerciales, le dan el aspecto externo a sus actividades. En éste aspecto externo se encuentran las formalidades judiciales. A las formas procésales se les denomina “formalidades”. 2.5.1. Importancia y regulación jurídica

Las formalidades procésales: Son los requisitos externos de realización de los actos jurídicos, hechos jurídicos y actos materiales para la validez de ellos, dentro del proceso en el que hay una controversia entre partes que el juzgador debe resolver en ejercicio de la función jurisdiccional. Y su

regulación jurídica se encuentra en el Libro Quinto, Título Primero Capitulo III artículo 1063 del Código de Comercio

Actos procésales: Son los actos jurídicos, los hechos jurídicos y los actos materiales que se realizan dentro de un proceso contencioso y dentro de un proceso no contencioso.

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Actos judiciales: Son los actos jurídicos, los hechos jurídicos y los actos materiales que se realizan

en un proceso contencioso. dentro de un proceso en el que hay una controversia entre las partes que el juzgador debe resolver en ejercicio de la función jurisdiccional. La actuación procesal: a). desde el punto de vista de los sujetos que intervienen en el proceso: • Sentido amplio: Comprende los actos jurídicos, los actos materiales y los hechos jurídicos atribuibles a cualquiera de los sujetos que intervienen en el proceso. •

Sentido estricto: Comprende sólo la actividad cuyo sujeto agente es el órgano jurisdiccional, a través de sus funcionarios, como son el juez, el actuario, el secretario. desde el punto de vista de la función que se desarrolla

b).

Función judicial: Cuando se produce en el desempeño de la función jurisdiccional, el órgano del estado aplica el derecho a situaciones concretas de antagonismo, de controversia mediante el dictado de una resolución en la que se concede o se niega, total o parcialmente, la razón a las

partes que intervienen. Función administrativa: Cuando se produce en el desempeño de la función administrativa, el órgano del estado aplica la norma general al caso concreto no controvertido. FORMALIDADES JUDICIALES EN EL PROCESO MERCANTIL.

Disposiciones del Código de Comercio relativo a las formalidades ART. 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables

conforme a éste Código, las Leyes Especiales en materia de comercio y en su defecto por a ley procesal local respectiva. ART. 1064. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, todos los días del

año, menos los domingos y aquellos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan del procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las

siete hasta las diecinueve horas. ART. 1065. El juez puede habilitar los días y horas hábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. ART. 1066. El secretario o quién haga sus veces, hará constar el día y hora en que se presente un escrito, dando cuenta con el a más tardar dentro de veinticuatro horas, bajo sanción de multa hasta por el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente.

ART. 1076. Los autos podrán ser consultados por las partes o por las personas autorizadas para ello, permaneciendo siempre dentro del local del tribunal. La frase dar o correr traslado significa que los autos quedan a disposición de los interesados y en su caso se entreguen copias. Formalidades Judiciales:

ART. 1055 • • • • • • • • •

Formalidad del idioma Formalidad de la legibilidad Formalidad de la firma Formalidad de fechas y cantidad con letra

Formalidad que prohíbe abreviaturas y raspaduras

De autorización por el secretario de acuerdos Consistente en que los expedientes sean foliados, rubricados y sellados De guarda de originales en el seguro del tribunal De cuenta por el secretario al titular del juzgado. Elementos de los escritos: La expresión “ escrito” que se utiliza en el proceso mercantil alude al documento en el que contiene

el pedimento que el interesado, parte o tercero, dirige al órgano encargado de la función jurisdiccional. A). RUBRO DEL ESCRITO:

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Es la anotación que se hace al margen superior derecho del escrito correspondiente para identificar el expediente en el cual se promueve. En los asuntos judiciales, suele ponerse al rubro, el nombre de la parte actora, que se indica con el

apellido paterno, a continuación la expresión “vs” y después se establece el nombre de la parte demandada. Enseguida suele establecerse la denominación oficial del juicio de que se trate. D). AUTORIDAD A LA QUE SE DIRGE EL OCURSO

Después del rubro, en la parte extrema izquierda debajo de la anotación del rubro, suele establecerse en nombre del órgano jurisdiccional ante quién se promueve, cuando se trata de un juez, se ha arraigado la costumbre de iniciarse la referencia al juez con la inicial “C” que corresponde a ciudadano. C). NOMBRE Y PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE:

En el renglón por debajo de la autoridad a la que se dirige la promoción se anota el nombre completo de la persona que dirige el escrito a la autoridad. A continuación se señala el carácter con que promueve. Si es en nombre propio se utiliza la frase “ por mi propio derecho”. Si se promueve a

nombre de otra persona física o moral deberá determinar la personalidad con la que formula el ocurso. D) DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES:

Para el efecto de que se puedan recibir las notificaciones personales el promovente en su primer

ocurso dirigido a la autoridad judicial, debe designar casa ubicada en el lugar del juicio para oír notificaciones y para que se practiquen las diligencias que se practiquen las diligencias que sean necesarias. E). FRASE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO: Es usual utilizar una frase tradicional antes de finalizar el primer párrafo del escrito. Esa frase es

cualquiera de las siguientes: Ante usted con el debido respeto comparezco y expongo. Ante usted con el debido respeto comparezco para exponer. Ante usted con el debido respeto comparezco y digo. Si se trata de un órgano colegiado: • Ante ustedes, con el debido respeto, • • •

• • •

Ante ese H. Tribunal Ante esa H Sala

Ante esa H Suprema Corte de Justicia F). PARTE CENTRAL DEL ESCRITO: Después del primer párrafo del escrito se establecerá el contenido del pedimento que se formula ante la autoridad judicial, con alusión al fundamento de la petición. G). PUNTOS PETITORIOS:

Después del párrafo o párrafos que integran la parte central del escrito, es costumbre, poner la siguiente leyenda, que precede a los puntos petitorios: •

“ A usted C. Juez, atentamente pido se sirva.... "

Si son varios los puntos petitorios se pueden numerar cada uno de ellos.

En los puntos petitorios, de una manera resumida ya sin invocar fundamentos legales, se puntualizan cada uno de los procedimientos que pretenden acuerdo favorable. H). ORACIÓN FINAL:

Al concluir el último punto petitorio, es costumbre, incluir una frase final, con cualquiera de los textos

que se señalan: “protesto lo necesario” “protesto a usted mis respetos” I). LUGAR Y FECHA: • •

Por último, para finalizar el escrito, con letra sin abreviaturas, deben ponerse lugar y fecha, de la siguiente manera: [email protected]


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“México, Distrito federal a diez de diciembre de dos mil cuatro.” J). FIRMA: •

La firma del solicitante no forma parte del escrito, pero será la que proporcione validez al

escrito. •

La firma será completa, es decir, llevará tanto la firma propiamente dicha como la rúbrica.

•

Para acreditar la intervención del abogado es recomendable que cada escrito lo suscriba el

abogado al lado del cliente que ha firmado. 2.5.2. Violación a las formalidades judiciales Se considera que el acto procesal es nulo cuando no reúne los requisitos legales y que por no reunirlos, la ley lo declara expresa o implícitamente ineficaz, o lo que es igual, inepto para producir los efectos jurídicos que debiera producir según su propia naturaleza.

La violación a las formalidades procésales es un típico caso de incumplimiento que amerita una sanción jurídica.

Luna actuación viciada por incumplimiento de una formalidad procesal, por regla general, es susceptible de ser afectada de ineficiencia si no se han dado los supuestos de convalidación que prevenga la legislación vigente. 2.6. Notificaciones Concepto: Desde el punto de vista gramatical la expresión notificación, en una primera acepción;

es la acción y efecto de notificar. Es el acto por el cuál se hace saber en forma legal a alguna persona una resolución judicial. Sujetos que participan en la notificación: • A) El Órgano del Estado: Que dará la comunicación oficial con sujeción a las normas que lo

rigen B) El destinatario: A quién se dirige la notificación, y que quedará legalmente enterado de la comunicación cuando se cumplen los requisitos de carácter normativo. Tipos de notificaciones: A) Notificaciones a las partes: •

Es garantía esencial, en el proceso, que las partes estén enteradas de todos y cada uno de los actos que se desarrollan y que provengan de los demás sujetos del proceso o de terceros ajenos al mismo. Las notificaciones a las partes pueden ser: • • • • •

Personales. Por estrados. Por lista,

Por boletín judicial Por edictos B) Notificaciones a los terceros:

Hay diversas clases de terceros: • • • • •

Los autorizados por las partes para oír notificaciones, Terceros que tienen derecho propio que pueden deducir en juicio: El deudor de obligación indivisible que sea demandado por la totalidad de la prestación; Tercero que coadyuve con el demandado cuando el tercero sea codeudor solidario;

•

Tercero, que pudieran estar interesados en adquirir los bienes embargados;

Tercero, cuando el derecho de éste dependa de la substanciación del derecho del demandado;

En la etapa de pruebas, en el juicio, suele citarse a juicio a terceros, que son notificados para que ocurran en su carácter de testigos o de peritos. C) Requerimientos:

Es una orden del tribunal para que la persona o entidad requeridas, hagan algo, dejen de hacerlo, o entreguen alguna cosa. D) Apercibimiento:

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Es advertir por parte del órgano jurisdiccional determinada consecuencia jurídica perjudicial a la persona apercibida, si se resiste a un mandato del órgano jurisdiccional. Se incluye el apercibimiento como una de las formas de notificación en atención a que, al practicarse la notificación al sujeto pasivo, de ella, se le apercibe en los términos en que se preceda

legalmente. Notificaciones desde el punto de vista de practicarlas; éstas pueden ser:

A) Personales: Es la notificación que se le hace al demandado para que éste ocurra dentro del plazo que para ese efecto de le concede, ante el órgano jurisdiccional a contestar la demanda de la que se le corre traslado, y que ha sido admitida. 1. Citatorio: En el caso de que el demandado no se encontrare en su domicilio en la primera

búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija hábil dentro de las seis y las veinticuatro horas posteriores.

El citatorio se le deja al demandado lo esperarse, con la indicación de que si no lo espera, hará la notificación por cédula. 2. Cédula: La cédula tiene como fundamento la hipótesis de que no se encuentre el demandado. Las personas a las que se puede entregar la cédula de notificación o emplazamiento al demandado

son: • • •

Los parientes; Empleados domésticos; Cualquier persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser citada.

3. Traslado: Consiste en la entrega a la persona con la que se entiende la diligencia de emplazamiento, de la cedula, de la copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más copias simples de los documentos que se anexaron al escrito inicial. Estas copias simples

también irán selladas y cotejadas. Será notificado personalmente en el domicilio por los litigantes: • I. El emplazamiento del demandado y siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento, de diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria, en que se deba

hacer saber de las mismas, a la otra parte; • •

II: El auto que ordena la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos;

• •

III: La primera resolución que se dicte o cuando se dejare de actuar por más de seis meses; IV: Cuando se estime que se trate de un caso urgente, y así se ordene; V: El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

•

VI: La sentencia que condene al inquilino de casa habitación a desocuparla, y la resolución que decrete su ejecución y; VII: En los demás casos que la ley disponga.

Notificación personal al actor o demandado en la casa designada: Todas las notificaciones que por disposición expresa de la ley o del tribunal, deberán hacerse personalmente , se entenderán con el interesado, su representante legal, mandatario procurador o autorizado en autos; entregando cédula en la que hará constar la fecha y la hora en la que se entregue; la clase de procedimiento el nombre y apellidos de las partes, el juez o el tribunal que manda practicar la diligencia. Notificación personal al actor o demandado si ocurren al juzgado o tribunal: La primera notificación al promovente se le hará por boletín judicial, salvo que se disponga otra cosa por la ley o el tribunal; en toda caso, el tribunal tendrá la obligación de notificar personalmente; si éstas ocurren al tribunal o juzgado respectivo, el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse.

Notificación que debe hacerse en el domicilio, pero que se hace en el propio tribunal por concurrencia del interesado, de la persona autorizada o el tercero. Si la persona a notificar se [email protected]


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hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus

efectos como si estuviere legítimamente hecha. Notificación personal a peritos, testigos o terceros: Cuando se trate de citar a peritos y testigos, la

citación se hará por conducto de la parte que haya ofrecido dichas pruebas, y será en su perjuicio la falta de comparecencia de tales citados a quienes no se les volverá a buscar. 1. A). Por estrados: Son las que consisten en la fijación de cédulas en las puertas del juzgado.

2. B) Por cedula: El notificador, al realizar la notificación personal entrega la cédula al notificado o a la persona que encuentra, y en ese momento asienta el nombre y apellido de la persona a quién entrega la cédula. 3. C) Por boletín judicial: Si las partes, sus autorizados o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el tribunal los mandará publicar en el boletín judicial. La notificación por éste medio se dará y surtirá sus efectos al día siguiente al de su publicación.

4. D) Por edictos: Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva por tres veces

consecutivas en el periódico del Estado o del Distrito Federal en el que el comerciante debe de ser demandado. 5. E) Por correo: Los testigos, peritos o terceros que no constituyan parte, podrán ser citados por correo certificado o telégrafo en ambos casos a costa del actor dejando constancia en

autos. 6. F) Por telégrafo: Cuando se haga la notificación por telégrafo se enviará por duplicado a la oficina que haya de transmitirlo la cuál devolverá, con el correspondiente recibo, uno de

los ejemplares se agregará al expediente. 7. G) Por teléfono: Por razón de cuantía le puede caber competencia en los juzgados de paz los cuales podrían conocer de juicios mercantiles. Los testigos , peritos y, en general, terceros que no constituyan parte puedan ser citados por correo, telégrafo, y aun teléfono cerciorándose el secretario previamente de la exactitud de la dirección de la persona citada

8. H) Por radio, televisión, o mediante distribución de volantes: La materia de ejecución forzosa esta regulada precariamente en el Código de Comercio, por lo que cabe la frecuente aplicación supletoria de la legislación civil . Así, la convocatoria de postores en

caso de remate de bienes embargados, es posible hacerla mediante los medios modernos de publicidad. 9. I) Por anotación marginal: Al ocurrir la variación del personal de un tribunal, no se proveerá decreto haciendo saber el cambio, sino que al margen del primer proveído que se dictare,

después se ocurrido, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios.

10. J) exhortos: El exhorto, es la petición escrita de auxilio judicial que dirige un órgano jurisdiccional a otro para solicitarle el desempeño de una acto procesal dentro de la jurisdicción del órgano jurisdiccional exhortado • Exhorto en sentido estricto: Suele denominarse así sólo al que se dirige de un órgano jurisdiccional a otro de igual categoría o equivalente. • Suplicatorio: Suele denominarse así a la petición de ayuda judicial dirigida por un inferior o un superior. •

Requisitoria: Es la comunicación dirigida por un órgano jurisdiccional superior a un inferior, encomendándole la realización de un acto procesal

dentro de la jurisdicción del requerido. A éste tipo de comunicación también suele llamarse despacho. •

Exhorto en cuanto a la jerarquía del juez: •

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Pueden ser ambos órganos jurisdiccionales de la misma categoría. Guía de Estudio Resuelta

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•

El órgano jurisdiccional exhortante, juez o arbitro, puede

•

El órgano jurisdiccional exhortado sea superior a la del exhortante.

ser de categoría superior al exhortado.

•

Exhorto en cuanto a radicación •

Nacional: Cuando son enviados de uno a otro órgano jurisdiccional del mismo país.

• •

•

Internacional: Cuando se envía un exhorto de un órgano

jurisdiccional de un País a otro País diferente. Exhorto según la materia: • • •

Civiles Familiares

• •

Federales Locales

Mercantiles Exhorto según el ámbito

2.7. Términos judiciales ELEMENTOS DEL CONCEPTO: A). EL TIEMPO El tiempo se puede medir por: • • • • •

Años Meses Días Horas

Minutos En el término procesal ha de ubicarse un sujeto para actuar dentro del proceso, dentro del tiempo que, por ley, o por determinación judicial o administrativa se haya fijado para ello.

El factor tiempo está limitado en cuanto a que, hay un señalamiento, en la ley o en la determinación gubernamental o arbitral, del tiempo que se dispone para que la parte , el órgano jurisdiccional o el tercero pueda actuar;

El tiempo está a disposición de la parte y ha de aprovecharlo si no quiere resentir las consecuencias de su inactividad , en el sentido que esa inactividad puede favorecer a la contra parte. La disponibilidad del tiempo que se adecua al sujeto de que se trate, tiene como objetivo que dentro del tiempo asignado, se ejerciten derechos o se cumplan obligaciones;

La expresión oportunidad alude al hecho de que si la actuación del interesado se hace fuera del término o plazo señalado, será inoportuna o extemporánea y se producirán las consecuencias previstas en la ley Todo el proceso, en sus etapas de conocimiento, de prueba, de alegatos, de sentencia, de ejecución o de cumplimiento de sentencia, está encausada por el factor tiempo a través de los términos que operan en todas las etapas del proceso. COMPUTO DE LOS TÉRMINOS: La palabra cómputo hace referencia a la manera de contar o calcular los términos , es decir para

precisar el tiempo que corresponde un término que comprende un término es menester señalar cuando se inicia, como transcurre y cuando concluye cierto término. •

A) POR AÑOS: La acción cambiaria prescribe entres años, a partir del día de vencimiento de la letra.

•

B) POR MESES: La acción cambiaria del obligado en vía de regreso de los tres meses que sigan a la fecha en que hubiere pagado la letra.

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•

C) POR DÍAS: Hecho el embargo, acto continuo se le notificará al deudor para que dentro

•

del término de cinco días comparezca a contestar la demanda. D) POR HORAS: El citatorio, se deja para espera en horas hábiles de seis a veinticuatro.

Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, sin perjuicio de que las actuaciones judiciales se sujeten al horario que establece el artículo 64 del Código de Comercio. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación y se contará en ellos el día de su vencimiento. DEFINICIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA.

Definición: Literalmente el vocablo “ término” que deriva del latín terminus alude al último punto hasta donde llega o se extiende una cosa, “al último momento de la duración o existencia de una cosa”.

El término o plazo procesal es el tiempo de que dispone una parte, un órgano jurisdiccional o un tercero, para ejercitar derechos o cumplir obligaciones con oportunidad, dentro de cualquiera de las

etapas en que se derive el proceso. Regulación jurídica: Está regulado en el artículo1069 del capítulo IV del Título Primero del Quinto Libro del Código de Comercio. 2.8. Competencia

La competencia es un atributo del órgano del Estado, no es una calidad de la persona Física que encarna al órgano. Es la aptitud legal de un órgano del Estado para cumplir obligaciones y para ejercitar derechos de la competencia, en el ejercicio de las funciones de la persona física que lo representa. CLASES DE COMPETENCIA: •

A) OBJETIVA: Es aquélla que se distribuye al órgano del Estado que desempeña la función jurisdiccional.

•

•

B) SUBJETIVA: Se examina si el titular del órgano jurisdiccional del estado ha de desempeñar la función jurisdiccional en representación del Estado, está legitimado para actuar. C) PRORROGABLE: Cuando el derecho objetivo, permite la prórroga (prolongar) de competencia; en ésta hipótesis el órgano jurisdiccional tiene competencia prorrogada.

•

D) IMPRORROGABLE: Si el derecho objetivo no permite que se pueda extender la competencia más allá de lo específicamente limitado para un órgano estatal jurisdiccional.

•

E) RENUNCIABLE: Será cuando un órgano jurisdiccional, con competencia derivada del derecho objetivo, carezca de competencia por renuncia al fuero del domicilio de las partes

•

o de una de ellas. F) IRRENUNCIABLE: Lo que no está legalmente permitido es que renuncie a una competencia expresa tácitamente para no quedar sometido a ninguna.

•

G) TERRITORIAL: Es la aptitud jurídica de conocimiento de controversias que se distribuye entre los diversos juzgadores mediante el señalamiento • o

De una circunscripción geográfica perfectamente delimitada o El caso controvertido tendrá un elemento de sujeción o de conexión. •

H) POR CUANTÍA: De acuerdo a la importancia pecuniaria de los intereses que se debaten en controversia judicial servirá para determinar si un juez es o no competente.

•

I) POR MATERIA: Puede ser mercantil, civil, familiar, dado que al Juez de lo Civil suele concedérsele competencia para conocer asuntos mercantiles, civiles y familiares.

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• •

J) POR GRADO: Es la que se refiere a la distribución de la facultad de conocimiento de los órganos jurisdiccionales en una primera o segunda instancia. K) POR TURNO: Consiste en atribuirle aptitud para el conocimiento del asunto según la

distribución implantada legalmente, a efecto de que se siga un orden riguroso, para que los órganos jurisdiccionales, con competencia en el mismo territorio tengan repartidos entre ellos los asuntos nuevos. •

L) POR ELECCIÓN DE PARTES: El actor que presente la demanda ante un juez elegido por él, ya está sujeto a la jurisdicción y competencia de ese juzgador.

•

M) POR RECURSACIÓN O EXCUSA: En el supuesto de que opere la recusación o excusa conforme a las reglas del Código de Comercio, el juez deja de conocer y envía el expediente a otro juzgador que continuará el conocimiento del juicio ya iniciado.

JUEZ COMPETENTE. Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente. 2.- El proceso mercantil 2.8.1. Sumisión expresa Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes los del domicilio

de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. 2.8.2. Sumisión tácita Es sometido tácitamente cuando: •

I. El demandante por el hecho de ocurrir con el juez entablando su demanda , no sólo para

• •

ejercer su acción , sino también para contestar la revocación que se le oponga. II. El demandado, por contestar la demandado por reconvenir al actor. III. El demandado por no interponer dentro del término correspondiente las excepciones de

competencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose en este caso que • •

hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó; IV. El que habiendo promovido una competencia, se desista de ella; V. El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia , el que tendrá calidad

de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos, sin que se oponga dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna.

Ni por sumisión expresa ni por tácita se puede prorrogar jurisdicción, sino a juez que la tenga dl mismo género que la que se prorroga. 2.8.3. Incompetencia por declinatoria

REGLAS COMPETENTES PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA A FALTA DE LAS ANTERIORES.

Salvo lo dispuesto en el artículo 1093 referido a la competencia expresa, sea cual fuere la naturaleza del juicio serán preferidos a cualquier otro juez: • I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. • II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Art. 1105. Si no ha hecho la designación que autoriza el artículo 1093, será competente el juez del domicilio del deudor sea cual fuere la acción que se ejercite. Art. 1106. Si el deudor tuviere varios domicilios será preferido el que elija el acreedor. Art. 1107. A falta de domicilio fijo, será competente el juez del lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal, y el de la ubicación de la cosa, cuando la acción sea real. Art. 1108. Si las cosas objeto de la acción real fueren varias y estuvieren ubicadas en distintos

lugares, será juez competente el del lugar de ubicación de cualquiera de ellas, a donde primero [email protected]


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hubiere ocurrido el demandante; lo mismo se observará cuando la cosa estuviere ubicada en territorio de diversas jurisdicciones. FORMAS DE HACER VALER LA COMPETENCIA:

Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. Cualquiera de

las dos que se elija por el que la haga valer, debe proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda en el juicio en que se intente, cuyos plazos se iniciarán a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento. Cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la Federación,

entre otros y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro, corresponde decidirla al Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 106 Constitucional y de las leyes secundarias respectivas. PROCEDIMIENTO DE DECLINATORIA.

La declinatoria se propondrá ante el juez que se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo actuado al superior para que éste decida la cuestión de competencia

El que promueva la declinatoria deberá hacerlo dentro del término señalado para contentar la demanda que se contará a partir del día siguiente del emplazamiento. La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el juez pidiéndole se abstenga del conocimiento

del negocio. El juez al admitirla , ordenará que dentro del término de 3 días remita a su superior testimonio de las actuaciones respectivas haciéndolo saber a los interesados, para que en su caso comparezcan ante aquel. Recibido por el superior el testimonio de constancias las pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro del término de 3 días ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga.

Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal mandando prepararlas y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes, en las que se desahogarán las pruebas y alegatos y dictará en la misma resolución que corresponda. Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará al juez ante quién se promovió la declinatoria, y

en su caso al que se declare competente. 2.8.4. Competencia por inhibitoria La inhibitoria se intentará ante el juez a quien considere competente, pidiéndole que dirija oficio al

que estima no serlo, para que remita testimonio de las actuaciones respectivas al Superior, y el requirente también remita lo actuado por él al mismo tribunal de alzada para que éste decida la cuestión de competencia.

Las cuestiones de competencia no se promoverán de oficio; pero el juez, que se estime incompetente puede inhibirse del conocimiento del negocio en los términos de la ley.

Los Tribunales quedan impedidos para declarar de oficio las cuestiones de incompetencia, y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia, y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía.

El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro del término señalado para contestar la demanda que se contará al día siguiente del emplazamiento. Si el juez al que le haga la solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su competencia , y mandará librar oficio requiriendo al juez que estime incompetente, para que dentro del término de 3 días, remita testimonio de las actuaciones respectivas al Superior, y el requirente remitirá los autos originales al mismo Superior. 2.9. Reglas generales sobre la prueba

Los medios de prueba son todos aquellos elementos que pueden producir convicción en el ánimo del juzgador a cerca de los hechos controvertidos o dudosos. El Código de Comercio se fija como regla general que sólo los hechos están sujetos a prueba y que

el derecho sólo lo estará cuando se funde en leyes extranjeras, así mismo establece que las [email protected]


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pruebas pueden ser cualquiera , que éste tasada por él mismos, y requisito principal es que no se opongan a las reglas de moral y buenas costumbres. Reglas generales sobre la prueba: Art. 1194. El que afirma ésta obligado a probar, en consecuencia, el actor debe probar su acción, y

el reo sus excepciones. Art. 1195. En que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Art. 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. Art. 1197. Sólo los hechos están sujetos a prueba, el derecho lo estará únicamente cuando s funde

en leyes extranjeras; el que las invoca debe probar la existencia de ellas y que son aplicables al caso. QUÉ SE PRUEBA.

Alude a lo que debe probarse, a lo que será materia de prueba. Sólo los hechos están sujetos a prueba y el derecho sólo lo estará cuando se funde en leyes extranjeras QUIÉN PRUEBA.

Como ocurre en toda prueba procesal no es una obligación jurídica para las partes probar los hechos que ellas han aducido. La prueba no es una obligación jurídica sino una Carga Procesal

La carga de la prueba es para quién pretende acreditar las acciones o las excepciones ( es el actor o el demandado). El juez no tiene carga de la prueba.

La carga de la prueba representa el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio necesario al juez para formar su convicción sobre los hechos alegados por las mismas. 2.9.1. Elementos Son todos aquellos que pueden producir convicción en el ánimo del juzgador a cerca de los hechos

controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, de los terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías,

facsímiles, cintas cinematográficas, de videos de sonido, mensaje de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otro similar u objetos que sirva para averiguar la verdad. 2.9.2. Términos probatorios

El desarrollo del proceso mercantil existe un periodo en que las partes pueden aportar los elementos de conocimiento que convenga a sus intereses; a este lapso se le denomina Término de Prueba. • •

Es el elemento de convicción que se le otorga al juzgador.

Es el período en el que las partes pueden aportar los elementos de conocimiento que convenga a sus intereses. Es de relevancia tomar en cuenta el término probatorio ya que existe el deber jurídico de que las pruebas deberán practicarse dentro del término probatorio. Sin embargo, ésta regla no es absoluta,

ya que de conformidad con el Artículo 1201 del Código de Comercio, se previene que el juez puede permitir el desahogo de diligencias de prueba fuera del término, pero su resolución debe de

ser fundada. Ello significa que debe invocarse el precepto que le permita tal desahogo extemporáneo de pruebas. CLASIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS.

•

A). ORDINARIO: Es el término que se concede para producir probanzas dentro de la

•

entidad federativa en que se sigue el litigio. B). EXTRAORDINARIO: Es el término que se otorga para que se reciban pruebas fuera de la entidad federativa donde radica el juez.

PRÓRROGA

El término ordinario procede, conforme al artículo 1199 del Código de Comercio, y es susceptible

de prórroga cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas y la parte contraria, [email protected]


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manifieste su conformidad, o se abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término de tres días dicho término únicamente podrá prorrogarse en los juicios ordinarios hasta por veinte días y en los juicios ejecutivos o especiales hasta por diez días. 2.9.3. Ofrecimiento

Art. 1198. Las pruebas pueden ofrecerse expresando claramente el hecho que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente considera que demostrarán

sus afirmaciones; si el juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 103. en ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho. 2.9.4. Su valor

Generalidades: Las pruebas se han establecido para producir convicción en el juzgador, quién deberá resolver la controversia que ante él se ha planteado. Concluida la admisión de las pruebas y su respectivo desahogo se pasa al periodo de alegatos, rebasado éste periodo, el juez debe de dictar la sentencia definitiva, y en ésta, el Juez, ha de concederle determinado valor a las pruebas que las partes hayan allegado al Juicio, de la apreciación que haga de las pruebas, determinará el sentido de la sentencia. A). CONFESIONAL:

Art. 1287 Código de Comercio; la Confesión hace prueba plena cuando concurren en ella, las circunstancias siguientes: • • •

Que sea hecho por persona capaz de obligarse ( capacidad),

•

Cuando sin justa razón o causa no comparezca a absolver posiciones, cuando fue citado y

Que sea hecha con pleno conocimiento y sin convicción de violencia, Que conozca del negocio. CONFESIÓN FICTA: Art. 1232; Código de Comercio; el que deba absolver posiciones será: DECLARADO CONFESO: apercibido de ser declarado CONFESO; • •

Cuando se niegue a declarar;

Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente; Art. 1229. en el caso de que el declarante se negase a contestar, el Juez le apercibirá en el acto, de

tenerle por CONFESO, si persiste su negativa en declarar; sin el previo apercibimiento, NO HABRA CONFESIÓN FICTA. CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL:

Art. 1291. LA CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL, será prueba PLENA si el Juez incompetente ante

quien se hizo era reputado competente por las dos partes en el acto de la confesión, en tales circunstancias, esa confesión extrajudicial es equivalente a la confesión judicial. INSTRUMENTAL PÚBLICA:

Art. 1292. Los INSTRUMENTOS PÚBLICOS hacen prueba plena aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos . En caso de inconformidad con el protocolado o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio. ACTUACIONES JUDICIALES:

Es el conjunto de actividades de un órgano jurisdiccional desarrolladas en el curso de un proceso,

comprenden las actuaciones judiciales y de las partes que deben de ser: escritas y que pueden ser firmadas, rubricándose sin firmar, que pueden contener actos, o simples hechos con importancia para el proceso. LIBROS COMERCIALES:

Art. 1295. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: [email protected]


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Los libros de los comerciantes probarán contra ellos sin admitirles prueba en contrario. • Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales y fueran contradictorios, el Juez o Tribunal juzgará por las demás probanzas. • Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, harán fe contra el de su adversario. • Cuando aparecen dos o más libros del comerciante requerirá una valoración comparativa. • Los libros de los comerciantes pertenecen al género documental. DOCUMENTOS PRIVADOS: Art. 1296. Los documentos privados y la correspondencia, , de los interesados presentados en juicio por vía de prueba y no objetados, por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. •

Puede exigirse expreso si el que los presenta así lo pidiere, con éste objeto se manifestarán los originales a quién deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento. La no-objeción de documentos se equipara al reconocimiento expreso DOCUMENTOS SIMPLES PRESENTADOS POR TESTIGOS:

Art. 1297.

los documentos simples comprobados por testigos tendrán el valor que merezcan sus

testimoniales recibidos. El testimonio de los testigos que comprobaren un documento privado, ha de ofrecerse, admitirse y desahogarse como corresponde a la prueba testimonial DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS TITULARES: Existe en el Código de Comercio una regla valorativa específicamente referida a los documentos que una de las partes presenta en el juicio mercantil.

Art. 1298. el documento que un litigante presenta , prueba plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca. RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL.

Art. 1299. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena cuando se haya practicado con el objeto que no requieran conocimientos especiales o específicos.

Así el juzgador le constará directamente a través de sus sentidos, la veracidad de los hechos que corrobora. El juzgador se basará en el acta que se haya levantado al desahogarse la prueba de inspección judicial, en la que constarán sus observaciones, la de los interesados y demás circunstancias en que se haya llevado el acto. AVALÚOS:

Art. 1300. Señala que los avalúos serán prueba plena, Se debe de entender que no se trata de un avalúo, sino de varios avalúos, ya que el precepto trascrito utiliza el plural; esto significa que intervienen varios peritos valuadores y que cada uno hace

su avalúo, si hay un solo avalúo no se reúnen los requisitos para que haga prueba plena. El precepto está sujeto al requisito de que los avalúos sean coincidentes, pues en caso de discrepancia no pueden tener ambos valor probatorio pleno. En tal situación deben procederse en

los términos del Artículo 1256 del Código de Comercio, es decir, el Juez les puede pedir las aclaraciones que estime conducente y exigirle la práctica de nuevas diligencias, debe sustituir las discrepancias entre los peritos . Deberá designarse UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA. PERICIAL: Sobre la apreciación de la prueba pericial, señala el artículo 1301 del Código de Comercio: La fe de

los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, será clasificada por el Juez según las características. TESTIMONIAL:

Alrededor de la apreciación de la prueba testimonial, establece el artículo 1302 del Código de Comercio: El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales se ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes ocúrranlas siguientes condiciones:

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• • • •

Que los testigos sean mayores de edad. Que sus declaraciones sean uniformes. Que declaren de ciencia cierta.

Que den fundada razón de su dicho.

Art. 1304. Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes personalmente, y siendo

mayores de edad, convengan en pasar por su dicho. PRESUNCIONAL: Art. 1305. Las presunciones legales hacen prueba plena. Art. 1306. Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos , el enlace natural más

o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca y la aplicación más o menos exacta que se puede hacer de los principios consignados en el Artículo 1286, apreciaran en justicia el valor de las presunciones humanas.

No todas las presunciones legales hacen prueba plena, sólo las que no admiten prueba en contrario. Para que la presunción humana, haga prueba plena, el juzgador, analizará los indicios que son los datos probatorios en autos, de los que desprenderán la prueba de los datos no probados por otros

medios probatorios; Para ello deberá haber un enlace más o menos necesario para los indicios probados y los hechos que se pretenden que se han probado presuncionalmente. IMPEDIMENTOS: El vocablo impedimento deriva de la voz latina “impedimentum” y significa obstáculo, embarazo, estorbo para una cosa. En su acepción forense, alude el obstáculo que evita a una persona física que funja como juzgador, que ejerza la función jurisdiccional respecto de un litigio concreto. La competencia es una cualidad del órgano jurisdiccional para conocer y fallar de un juicio

determinado. Las personas físicas que fungen como titulares de un órgano jurisdiccional unitario o colegiado, de

carácter jurisdiccional, han de estar adornados de una aptitud personal; que es la imparcialidad frente a las partes, en la controversia. Tal imparcialidad consiste en una situación de desvinculación personal del juzgador respecto de los intereses en contradicción.

El impedimento está constituido por los factores, circunstancias o elementos que obstaculizan al juzgador para que imparcialmente conozca y falle la controversia que se le plantea. EXCUSA: Es la acción y efecto de excusar o excusarse. A su vez, excusar es rehusar a hacer

alguna cosa. Es la conducta del juzgador la que, en acatamiento a un deber de abstención, se estima impedido para conocer de un asunto concreto, por estar afectada su imparcialidad. CAUSA DE IMPEDIMENTO:

ART. 1132. DEL CÓDIGO DE COMERCIO:

Todo Magistrado, Juez o Secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer de los casos siguientes: • •

I. En los negocios en que tenga interés directo o indirecto; II. En los que intereses de la misma forma a sus parientes consanguíneos en línea recta, sin

limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los fines dentro del segundo, uno y otro inclusive; •

III. Cuando tengan pendiente el Juez o sus expresados parientes un pleito semejante al que se trate;

•

IV. Siempre que entre el juez y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto religioso o civil; V. Ser el Juez actualmente socio, arrendatario o dependiente de alguna de las partes; VI. Haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador actualmente e

• •

sus bienes; • •

VII. Ser heredero, legatario o donatario de alguna de las partes; VIII. Haber sido Juez, abogado o procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate.

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RECUSACIÓN SIN CAUSA:

Cuando exista la recusación sin causa, el sujeto del proceso; que hará valer la recusación, no requerirá invocar, ni necesitará probar, causa alguna del impedimento o de recusación RECUSACIÓN. Es una expresión que deriva de la palabra latina “recusatio”, “ recusationis”; Y es la acción y efecto

de recusar. Recusa, a su vez, es notar a una persona de las partes del derecho de rechazar la intervención de un juzgador por estar afectada su imparcialidad con un impedimento

CAUSAS: •

•

Cuando exista la recusación sin causa, el sujeto del proceso; que hará valer la recusación, no requerirá invocar, ni necesitará probar, causa alguna del RECUSACIÓN SIN CAUSA:

impedimento o de recusación RECUSACIÓN CON CAUSA: En la recusación con causa, la parte afectada por la

existencia presunta del impedimento ha de invocar alguno de los impedimentos previstos por la ley y ha de demostrar la existencia de tal impedimento. IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN:

Fuera de los casos limitados de impedimento y de los casos de recusación más casos análogos no es procedente la recusación PROCEDIMIENTOS: Art. 1134. Toda recusación se impondrá ante el juez o tribunal que conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde, quién remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas a la autoridad competente para resolver sobre

la recusación. La recusación debe decirse sin audiencia de la parte contraria, y se tratita en forma de incidente. Art., 1135, segundo párrafo. En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos en éste Código. CAUSAS EN QUE NO ES RECUSABLE EL JUEZ: ART. 1141 DEL CÓDIGO DE COMERCIO:

No son recusables los jueces: •

I. En las diligencias de reconocimiento de documentos y en las relativas a declaraciones

que deban servir para preparar el juicio; • II. Al cumplimiento del exhorto; • III. En las demás diligencias que les encomienden otros jueces o tribunales; • IV. En las diligencias de mera ejecución más si lo serán en las de ejecución mixta; • V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento de causa; 2.10. Incidentes 2.10.1. Generalidades Es una típica significación forense, el incidente es la cuestión distinta del principal asunto del juicio,

pero con él relacionada , que se ventila y decide por separado, a veces sin suspender el curso de aquél; y otras suspendiéndolo; caso éste que se denomina el previo y especial pronunciamiento. Es la cuestión o contestación que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal. 2.10.2. Tramitación

Reglas para su tramitación: • •

Los incidentes surgen dentro del juicio. Los incidentes son accesorios a un juicio principal, con lo que deben de estar relacionados

•

inmediatamente. Si no guardan esa relación inmediata se desecharan de plano. En la misma pieza de autos deben sustanciarse los incidentes. Esto significa que no se tramitan por cuerda separada.

•

•

Ningún incidente puede suspender el trámite del juicio en lo principal. Esta denegación a la suspensión cumple exigencias de economía procesal y de expedición en la administración

de justicia. Los incidentes se tramitan verbalmente en las audiencias. Cuando en el desarrollo de audiencias se interponga un incidente en forma verbal, relacionado con los actos sucedidos

en la audiencia, manifestará oralmente lo que a su derecho convenga . acto seguido, se [email protected]


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•

resolverá por el juez, el fondo del planteamiento. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de 15 minutos, tanto al interponen como al contestar tales incidentes. Los incidentes verbales, no se admitirán como pruebas más que la documental que exhiba en el acto de interposición y desahogo de la contraria la instrumental de actuaciones y la

Presuncional. •

Cualquier otro incidente diferentes de los verbales precisados, se harán valer por escrito y al promoverse en incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales

escritos, las pruebas, fijando los puntos sobre lo que versarán las pruebas. •

En la audiencia incidental, después de los alegatos se citan a las partes para dictar la interlocutoria que proceda. Esta interlocutoria se notificará a las partes dentro de los 8 días

siguientes. 2.10.3. Artículos relativos a incidentes dispersos en el Código de Comercio Art. 1349, 1350, 1351, 1352, , 1353, 11354, 1355, 1356, 1357, 414

2.11. Costas En su acepción genérica el vocablo costa alude a “ la cantidad que se da o se paga por una cosa., en plural, alude a los gastos judiciales Son todos los gastos causados u ocasionados en forma directa por la sustanciación del proceso y que deben recaer en los sujetos”.

Rafael de Pina: gatos ocasionados en el proceso, derivados directamente de él, sobre cuyo pago está obligado el juez a resolver ordenando a cual de las partes corresponde abonarlas o declarando que no procede, en el caso especial, condenación de costas. 2.12. Acuse de rebeldía

En las diligencias preparatorias , es necesaria la citación de la parte contraria, a quién se correrá traslado de la solicitud por el término de 3 días , esto quiere decir, que el ordenamiento jurídico le da

oportunidad a la parte demandada para que conteste lo que a su derecho proceda. Sin embargo, si la parte contraria no comparece a los medios preparatorios , no se hará nueva búsqueda y el procedimiento continuará en su rebeldía Art. 1159 C:C. 2.14. Caducidad PRECLUSIÓN:

La palabra preclusión es un vocablo típicamente jurídico y alude a la sanción que se aplica al interesado que no aprovecha el término disponible para que ejercite sus derechos. La regla es que si el interesado no ejercita el derecho que tiene dentro del término legal que rige, se extingue el derecho que en tiempo pudo haber ejercitado. PRESCRIPCIÓN:

La expresión oportunidad alude al hecho de que si la actuación del interesado se hace fuera del término o plazo señalado, será inoportuna o extemporánea y se producirán las consecuencias previstas en la ley; es decir prescribe su derecho de ejercitar su acción CADUCIDAD:

El tiempo está a disposición de la parte y ha de aprovecharlo si no quiere resentir las consecuencias de su inactividad , en el sentido que esa inactividad puede favorecer a la contra parte. 2.15. Resoluciones judiciales 2.15.1. Decretos

2.15.2. Autos 2.15.3. Sentencias La palabra SENTENCIA procede del vocablo latino SENTENTIA y gramaticalmente significa” DECLARACIÓN DEL JUICIO Y RESOLUCIÓN DEL JUEZ” , suele llamarse SENTENCIA DEFINITIVA ; en su acepción forense, SENTENCIA es aquella en que el JUZGADOR , CONCLUIDO EL JUICIO, RESUELVE FINALMENTE SOBRE EL ASUNTO PRINCIPAL , DECLARANDO, CONDENANDO O ABSOLVIENDO.

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La sentencia definitiva alude al acto culminante dentro del proceso, cuando el juzgador, después

de haber conocido de los hechos controvertidos, de las pruebas aportadas por las partes y de las conclusiones o alegatos que ellas han formulado se forma un criterio y produce un fallo en el que

decide en su concepto y conforme a derecho es procedente. Es un concepto breve pero que enuncia varios elementos de la sentencia: • Es un acto del Juzgador. • Se produce al final del proceso. • Resuelve el punto controvertido. SENTENCIA DEFINITIVA:

Es la resolución judicial, en virtud de la cual el órgano jurisdiccional competente aplicando las normas al caso concreto decide la cuestión planteada por las partes. CLASES DE SENTENCIA : A) CONFORME A SU SENTIDO: ABSOLUTA O CONDENATORIA • DESESTIMATORIAS O ESTIMATORIAS.

B) SEGÚN LA CONTROVERSIA QUE RESUELVA PRINCIPAL O INCIDENTAL • DEFINITIVAS O INTERLOCUTORIAS. C). SI SE DICTA EN PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA • LAS SENTENCIAS TENDRÁN UNA REGULACIÓN JURÍDICA DIFERENTE D) POR LA NACIONALIDAD DEL TRIBUNAL:

•

NACIONAL O EXTRANJERA

E) DESDE EL PUNTO EN QUE LA SENTENCIA PUEDA SER RECURRIDA: •

IMPUGNABLES O NO IMPUGNABLES

F) DESDE LA PERSPECTIVA DEL SENTIDO DEL FALLO: • DECLARATORIAS • CONSTITUTIVAS • DE CONDENA. CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS: A). SENTENCIA DECLARATIVAS:

Son declarativas porque sólo se concretan a expresar la existencia o inexistencia de los derechos o de las obligaciones. El OBJETIVO de estas sentencias es determinar con certeza jurisdiccional la existencia o inexistencia de derechos u obligaciones. B). SENTENCIAS CONSTITUTIVAS:

Son aquellas que alteran la esfera jurídica de una persona física o moral, CREANDO, MODIFICANDO O EXTINGUIENDO un derecho o una obligación. C). SENTENCIAS CONDENATORIAS:

Son aquellas que concluyen con la imposición a la parte demandada y aún a la actora cuando hay contra demanda , el pago de prestaciones principales o accesorias. El juzgador, impone una conducta o un comportamiento DE HACER O DE NO HACER. EN EL ARTÍCULO 1321 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SE CLASIFICAN LAS SENTENCIAS EN:

D). SENTENCIA DEFINITIVA : Es la que decide el negocio principal E). SENTENCIA INTERLOCUTORIA: Es la que decide un incidente , un artículo, sobre excepciones dilatorias o una competencia. FUNDAMENTO DE LAS SENTENCIAS:

El juzgador, ha de ajustarse a las deposiciones legales d fondo y forma que le obligan, pero, además, tiene el deber de invocar, de citar las disposiciones legales que rigen su conducta como órgano que dirime controversias.

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FORMAS DE LA SENTENCIA:

A). FORMA ESCRITA: Es una exigencia al acto de autoridad señalado en el primer párrafo del Artículo 16 Constitucional que señala: •

“ NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES

O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE UN MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.

B). IDIOMA UTILIZADO: Será el idioma oficial, es decir el español y los escritos que sean en otro idioma deberán tener su correspondiente traducción al castellano. C). CERTIDUMBRE DE LA REDACCIÓN: La sentencia requiere de certidumbre para mantener la estabilidad social. •

Las fechas y números se escribirán con letra, la razón de ésta exigencia de forma está en que no se vayan a cometer errores de escritura, de interpretación de lo establecido en una actuación judicial.

•

No se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas.

D). UBICACIÓN CRONOLÓGICA: Mediante la fecha de la sentencia, con la cuál se observará si el Juez ha cumplido o no con el término que se establece para dictar sentencia. E). EL LUGAR EN QUE SE DICTA: Para saber si fue dictada dentro de su jurisdicción. F). MENCIÓN DL JUEZ O TRIBUNAL QUE DICTÓ LA SENTENCIA: Es un requisito esencial para la

validez de lo actuado en un proceso, que éste haya llevado ante un Juez. G). NOMBRE DE LAS PARTES Y CARÁCTER CON QUE LITIGAN: Al dictarse la sentencia se resuelve en desempeño de la función jurisdiccional, un asunto concreto, perfectamente determinado. Por lo tanto es preciso que se indique la identificación del asunto del que se trata. Ello

se logra con la mención de cada una de las partes. H). OBJETO DEL PLEITO: Las controversias giran alrededor de derechos y obligaciones que constituyen el objeto del pleito y sobre ese objeto se pronuncia el fallo.

I). FIRMA ENTERA: Todas las resoluciones de primera y de segunda instancia serán autorizadas por Jueces, Secretarios y Magistrados con la firma entera. No podrán los jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas. CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS:

A). LA IDONEIDAD DEL JUZGADOR: El juez que dicta una sentencia debe de tener aptitud legal

para hacerlo, debe de ser autoridad competente. B). ESTUDIO ACUCIOSO DE LAS SENTENCIAS DE AUTOS: Las partes en el proceso someten cuestiones de gran trascendencia familiar o patrimonial a los jueces y respecto de la controversia

planteada prevalecerá la voluntad del juez. En consecuencia, lo menos que se puede pedir al juzgador es que profundice en el asunto para conocer en detalle aquello sobre que emitirá una opinión obligatoria para las partes. Por tanto es requisito esencial de fondo, impuesto por la lógica y por el derecho legislado, que el juzgador tenga pleno conocimiento de todo lo actuado. C). FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA: El juez ha de sujetarse a las disposiciones legales de fondo y forma que se establecen. D). MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA: Las razones por las cuales el juzgador falló determinado

sentido. E). OBLIGACIÓN DE RESOLVER: Se deriva del artículo 17 Constitucional toda persona tiene derecho a que se administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y su servicio será gratuito. 2.15.3.1. Ejecución

Al tramite mediante el cuál la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada o de sentencia ejecutoriada se le denomina EJECUTORIZACIÓN DE LA SENTENCIA y ya no es susceptible de impugnación. Art. 26 hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Existen dos formas mediante las cuales las sentencias definitivas pueden causar ejecutoria:

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POR MINISTERIO DE LEY: Cuando no requiere trámite alguno para que cause ejecutoria la

sentencia. DECLARACIÓN JUDICIAL: Las sentencias consentidas expresamente, Las sentencias en que se interponen recursos en el término señalado. 2.16. Acumulación de autos

Consiste en la “ reunión de unos autos o procesos en otros, para que continúen en esa forma y se decida en una misma sentencia.” Es una institución jurídica procesal en cuya virtud el juzgador, fundado en una disposición legal que lo autorice para ello, de oficio, o a petición de parte, determina que se reúnan expedientes diversos para evitar decisiones contradictorias . se requerirá en ocasiones, la resolución concordante del juez al que se le pide el envío del expediente que ante

él se tramita. Procede la acumulación de autos cuando: • Acumulación en el caso de providencias precautorias. •

Acumulación en casos de quiebra.

2.18. Suspensión del procedimiento •

•

Se concede la suspensión del procedimiento, previa fianza , contra la resolución de segunda instancia que revoca la primera, que promueve un convenio judicial sobre suspensión o tregua del procedimiento. Puede detenerse cuando hay ilegalidad en el procedimiento.

3.- Medios preparatorios 3.1. Medios preparatorios a juicio ejecutivo general Sólo se podrán promover los medios preparatorios a juicios previstos por la legislación mercantil. No

cabrá la aplicación supletoria dl Código de Procedimientos Civiles del Estado de que se trate para pretender la preparación de un juicio en forma distinta a la prevenida en la materia procesal mercantil en el código de comercio. 3.2. Medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil

La procedencia de los medios preparatorios está sujeta a los supuestos previstos en el Código de Comercio en el artículo 1151 •

Pidiendo declaración bajo protesta te decir verdad el que pretenda demandar , de aquel contra quién se propone dirigir la demanda acerca de un hecho relativo a su personalidad o

• • • • •

la calidad de su posesión o tenencia. Pidiendo la exhibición de cualquier cosa mueble, que en su caso, haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar Pidiendo el comprador, al vendedor, o el vendedor al comprador en el caso de evicción , la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción.

Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes , salud de

las personas, variaciones de las condiciones, estado del tiempo, o situaciones parecidas hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo. INTRODUCCIÓN.

Son medios preparatorios aquellos procedimientos , anteriores al juicio, que tienden a proporcional a quien los promueve , elementos de conocimiento o de prueba que le permitirán promover un juicio mercantil. Son accesorios del juicio, son previos al juicio para que cumplan el objetivo de sus propia

existencia PROCEDIMIENTO.

El promovente, se presentará ante el juez que estime competente y le solicita la competencia del órgano jurisdiccional para llevar los medios preparatorios, ya que requiere presentar una demanda

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de juicio mercantil contra tal o cual persona. El juez valora la petición y emplaza para la audiencia

de presentación de los medios preparatorios. MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO MERCANTIL EN GENERAL

Los medios preparatorios a juicios mercantiles se desarrollan con anterioridad al inicio de algún juicio mercantil, sea éste ordinario ejecutivo o especial.

No es obligatorio para quién ha iniciado medios preparatorios concluir éstos. Por tanto, pudiera dejar pendiente la tramitación de los medios preparatorios, cuando convenga así a sus intereses. Tampoco constituye un deber jurídico para quién ha promovido medios probatorios a juicio, intentar éste. Con base en los resultados de los medios preparatorios puede adquirir la convicción de que no es conveniente para quien los ha promovido intentar el juicio posterior.

4.- Providencias precautorias 4.1. Generalidades

La expresión providencia significa “Disposición anticipada o prevención que conduce al logro de un fin.” La providencia es una significación forense, atiende a la resolución tomada por el juez de manera anticipada. En consecuencia, procesalmente, alude a la determinación tomada por el juzgador frente a alguna gestión de los particulares o frente a una situación en la que está facultado

para operar oficiosamente. Es precautoria la providencia, cuando se hace con precaución , para evitar algún daño o peligro. 4.2. Procedencia y trámite

Procede: • Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte una persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. • •

Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejecutase una acción.

Cuando la acción se personal, siempre que el deudor no tuviera otros bienes que aquellos en que se ha de realizar la diligencia y se tema que los oculte o los enajene.

Trámite: Son todo un cúmulo de actos procésales que van desde la solicitud del interesado, las probanzas

ofrecidas, admitidas y desahogadas para satisfacer las exigencias legales , el otorgamiento de la garantía correspondiente, la determinación del órgano jurisdiccional , que puede ser o no favorable y la ejecución de la medida respectiva, con la oportunidad posterior del afectado de defenderse en

contra de la medida precautoria, que tiene como finalidad común de garantizar los resultados materiales del juicio para que el cumplimiento o la ejecución del fallo no sea adverso. 4.2.1. Arraigo de personas

Es la providencia precautoria en cuya virtud se limita el desplazamiento de la persona física ya que no debe ausentarse del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio.

Cuando la petición de arraigo se formula al mismo tiempo en que se entabla la demanda, es suficiente la petición para que se otorgue el arraigo pero deberá otorgar fianza el solicitante.

La determinación del juez se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio.

4.2.2. Secuestro de bienes No lo contempla el Código de Comercio sólo habla de la quebrantación del a la orden de arraigo que será con la pena respectiva de acuerdo al Código Penal respectivo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública 4.3. Competencia

Es el juez que conozca del asunto . RECURSOS CONTRA LAS PROVIDENCIAS: Procede el recurso de reclamación y revocación .

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REVOCACIÓN DE PROVIDENCIAS:

Procede de oficio aun que no lo solicite el demandado, cuando el actor no entabla la demanda dentro de los 3 días siguientes , si el juicio hubiere de llevarse a cabo en el lugar donde se ejecutó la providencia y de 3 días más si debiere seguirse en

otro lugar. RECLAMACIÓN DE PROVIDENCIAS:

El derecho de reclamación se otorga a la persona física o

moral contra quién se ha dictado la providencia. Puede reclamarlo en cualquier momento pero, de

que cause ejecutoria la sentencia. A través del recurso de reclamación se garantiza el derecho de audiencia del afectado por la providencia precautoria. 5.- Juicio ordinario mercantil 5.1. Procedencia y demanda Procedencia: Si no hay una procedimiento especialmente regulado en el Código de Comercio o en la legislación especial mercantil, la tramitación ha de seguirse en juicio ordinario mercantil.

Demanda: En el escrito de la demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda , así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea y acreditar haber solicitado los que no tengan, de igual manera proporcionará los nombres y apellidos, de los testigos que hayan presenciado dichos hechos contenidos en la demanda y las copias simples de ellos. 5.2. Contestación de demanda y oposición de excepciones Aspectos generales del trámite: •

Una vez admitida la demanda, se turnan los autos al C. Actuario adscrito al juzgado deque se trate para que proceda a realizar el emplazamiento en el domicilio del demandado.

Al hacerse el emplazamiento, se le corre traslado con las copias simples de los documentos. Término para contestar la demanda: Es de nueve días y las oposiciones o posiciones se harán valer simultáneamente en la contestación de la demanda y nunca después. 5.3. Reconvención •

En la contestación de la demanda, en los juicios ordinarios, deberá proponerse la reconvención en

los casos en que proceda. De la reconvención se le dará traslado a la parte actora para que la conteste dentro del término de 9 días y con dicha contestación se le dará vista al reconveniente para los mismos fines del artículo 1378, relacionado a lo que debe de exhibir la parte actora en la

demanda. 5.4. Falta de contestación

Rebeldía: Es la actitud de no contestar la demanda, de no participar en el proceso, implica una inactividad procesal. Tiene determinados efectos procésales, particularmente en relación con la situación del demandado en el proceso. 5.5. Dilación probatoria

Es de 40 días art. 1383 C.C. 5.5.1. Término de prueba Según la naturaleza y calidad del negocio, el juez fijará de oficio o a petición de parte que se abra

el mismo a prueba, no pudiendo exceder de 40 días , de los cuales: Los 10 primeros serán para ofrecimiento y Los 30 siguientes para el desahoga de las pruebas.

Si el juez señala un término inferior al máximo que se autoriza, deberá precisar cuantos días completos se destinan para el ofrecimiento y cuantos días completos para el desahogo.

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5.5.2. Prórroga del término ordinario de prueba Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar del juicio, se recibirán a petición de parte dentro de términos hasta de 60 días y 90 días naturales , si se tratare de pruebas a desahogarse dentro de la República mexicana, o fuera de ella, respectivamente. 5.5.3. Solicitud del término extraordinario de prueba Dentro del término concedido para ofrecer pruebas, la parte que pretenda su prórroga pedirá que se

le conceda la misma , y el juez dará vista a la contraria por el término de 3 días, y de acuerdo a lo que aleguen las partes se concederá o denegará. Si ambas partes estuvieran conformes en la prórroga, la misa se les concederá por todo el plazo en que convengan, no pudiendo exceder del

término de 90 días. 5.5.4. Excepciones al término para rendir pruebas Las pruebas se de presentar en el término establecido para el ofrecimiento de pruebas, la parte que

pretenda su prórroga, la solicitará al juez que se le conceda la misma, para que pueda concederse la prueba es necesario que esté dentro del término que el juez haya concedido para ese efecto, si ya concluyó el término de prueba no cabe solicitar su prórroga.

La prórroga del término de prueba sólo opera a petición de parte, de cualquiera de ellas, la prórroga de término de prueba no puede producirse oficiosamente.

5.6. Alegatos Es una expresión de origen latino que alude al “ escrito por el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario”

Los alegatos son los argumentos lógicos- jurídicos, orales o escritos hechos valer por alguna de las partes ante el juzgador , en virtud de los cuales se trata de demostrar que los hechos aducidos por la parte han quedado acreditados en los medios de prueba aportados en el juicio y que las normas jurídicas invocadas son aplicables en sentido favorable a la parte que alega, con impugnación de la posición procesal que corresponde a la contraria en lo que hace a hechos , prueba y derechos. 5.7. Sentencia El término para dictar sentencia en el juicio ordinario mercantil está previsto en el Artículo 1390 del Código de Comercio. Establece que: será dentro de los quince días siguientes a la citación Es obligación del juzgador examinar en el proceso si se probó o no la acción independientemente

de las pruebas y los alegatos de las partes. el Código de Comercio dispone que si el actor no probare su acción el juez dejará absuelto al demandado, de donde se infiere que es obligación del juez de aplicar el derecho.

6.- Juicio ejecutivo mercantil 6.1. Procedencia y demanda

Procedencia: La procedencia del juicio ejecutivo mercantil tiene como fundamento el hecho de que el actor disponga de un documento que traiga aparejada ejecución. Para saber si el documento trae o no aparejada ejecución, deberá examinarse si está en alguno de los supuestos que enuncia detalladamente el artículo 1391 del Código de Comercio. Los títulos ejecutivos son prueba plena constituida en la acción.

Demanda: El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución. En la presentación de la demanda debe de anexar el documento en el cual se funda su acción, a parte de todos los demás documentos que puedan servir de convicción al juez, que la demanda que se entabla sí pertenece al tipo de juicio ejecutivo mercantil. 6.2. Requerimiento, embargo y emplazamiento

Requerimiento: Presentada la demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le

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embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolo bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Al dar cumplimiento al auto de exequendo , el expediente formado al juicio ,s e turna al actuario adscrito al juzgado de que se trate para que éste en compañía del actor o de la persona que lo

represente legalmente a éste, se trasladen al domicilio del deudor para el requerimiento de pago y embargo en su caso. La notificación del requerimiento de pago o embargo, es la primera notificación que se le hace al

demandado, por lo que ésta tendrá que ser personalmente , para conservar la eficacia del auto en el proceso Embargo: Ante el requerimiento de pago, el deudor puede adoptar una de dos actitudes: • •

Realizar el pago;

Abstenerse de verificar el pago. Si el deudor realiza el pago en el momento del requerimiento; no se originaran las costas judiciales

Si el deudor no realiza el pago, se le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda y las costas. • •

El emplazamiento: En el juicio ejecutivo mercantil, después del embargo de bienes, se procede a emplazar al

deudor o demandado para que dentro de 5 días improrrogables, se presente hacer el pago o a oponerse a le ejecución. La oposición se hará por escrito en la contestación de la demanda , en la cual presentará las excepciones que considere pertinentes. 6.2.1. Reserva de derecho de embargo La admisión de la demanda ejecutiva mercantil y el dictado previo del auto de exequendo no obligan al juez a declarar procedente la vía ejecutiva mercantil. Ello significa que deberá volver a examinar, en el momento de la sentencia, la procedencia de la vía. De oficio, en los juicios ejecutivos mercantiles, seguidos en rebeldía al momento de dictar sentencia,

volverá a examinar la procedencia de la vía y de ese examen derivará si procede o no la vía ejecutiva mercantil intentada. En los juicios en los que haya habido contestación, se pueden presentar varias hipótesis: •

La parte demandada se haya opuesto a la procedencia de la vía , el juez examinará sí son atendibles o no las razones que esgrime la parte demandada respecto de la no procedencia de la vía e independientemente de que sea por esas razones o por otras que él mismo aduzca, podrá declarar o no la procedencia de la vía.

•

Que la parte demandada no se haya opuesto a la procedencia de la vía pero, el propio juzgador, al dictar sentencia, advierta que la vía no es procedente. En éste supuesto, no hay inconveniente que se declare que la vía es improcedente, pues la procedencia de la vía ejecutiva mercantil es un presupuesto procesal.

Si el juez ha decidido que la vía ejecutiva mercantil no es procedente, ha de reservar al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda, esto quiere decir, que no puede

volver a intentar por la vía ejecutiva mercantil, pero si en otra que puede ser la vía ordinaria mercantil o la vía ejecutiva civil.

Habrá cosa juzgada en cuanto a la vía ejecutiva mercantil pero, no se habrá entrado al estudio del valor de las pruebas aportadas al fondo del asunto y tampoco habrá resolución sobre los argumentos relativos al fondo del asunto si el problema es de tipo jurídico. 6.3. Embargo DESIGNACIÓN DE LOS BIENES SOBRE LOS QUE SE TRABARÁ EL EMBARGO.

La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante legal

o persona con quien se entienda la diligencia , de no hacerse el pago, se requerirá al deudor, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo de que de no hacerlo , el derecho para señalar bienes pasará al actor. [email protected]


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BIENES OBJETO DE EMBARGO.

• • • • • • • •

Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama.

Dinero, Créditos realizables en el acto.

Alhajas. Frutos y rentas de toda especie; Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.

Bienes raíces. Derechos y créditos realizables en el acto

ORDEN EN LA DESIGNACIÓN DE BIENES OBJETO DE EMBARGO.

• • • • •

II. Las mercancías. III. Los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del acreedor. IV. Los demás muebles del deudor. V. Los inmuebles.

VI. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

DESIGNACIÓN DE DEPOSITARIO.

Después de trabado el embargo, han de ponerse los bienes embargados en depósito de persona nombrada por el acreedor, bajo la responsabilidad de éste. Esto significa no sólo la manifestación

formal que en tal sentido haga el actuario, sino que será necesario que el actuario, ponga en posesión material de los bienes al depositario. El depositario tiene carácter de simple custodio y los bienes debe conservarlos a disposición del juez respectivo. OPOSICIÓN AL EMBARGO.

Cualquier dificultad suscitada en el orden que deba asignarse, no impedirá el embargo. El ejecutor

lo allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el

juez. 6.4. Término para oponerse a la ejecución y para oponer excepciones 5 días siguientes de haber surtido efectos el emplazamiento Son admisibles las siguientes excepciones: • Falsedad del título o del contrato contenido en él. • • • • • • • •

Fuerza o miedo. Prescripción o caducidad del título.

Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento es necesario. Incompetencia del juez.

Pago o compensación; Remisión o quita;

Oferta de no cobrar o espera; Novación en el contrato.

RECONVENCIÓN.

El demandado, fundado en derecho, contrademanda al actor presentando en el documento de contestación de la demanda, exponiendo sus acciones, y excepciones. 6.5. Dilación probatoria Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos correspondientes fijando los puntos en los que verse y se citará para audiencia , indiferible dentro del término de 8 días. 6.6. Alegatos y citación para sentencia

Concluido el periodo probatorio pasará al período de alegatos, el que será de dos días comunes para las partes., presentados los alegatos o transcurrido el término para hacerlos, previa citación y dentro del término de 8 días, se pronunciará la sentencia

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6.7. Remate Si en la sentencia se declara haber lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. 6.8. Mejora o reducción del embargo. Los bienes embargados deben ser suficientes para cubrir la deuda. Aunque deberás tomarse en cuenta que los bienes sufren demérito y que además deben de venderse en pública almoneda, por lo que su valor será menor al que realmente tienen, y todo ello deberá apreciarse para cumplir con

lo establecido en el artículo 1392 del C.C. 6.9. Incidentes y cuestiones en el juicio ejecutivo. Ver artículo 1414 en relación con los artículos 1349 al 1358, todos del Código de Comercio

7.- Recursos 7.1. Concepto GENERALIDADES

El recurso es una instancia jurídica procesal en atención a que hay conjunto de relaciones jurídicas

unificadas con vista a una finalidad común. El órgano decisor respecto de los medios de impugnación que se hacer valer puede ser el mismo que dictó la resolución impugnada o bien, se trata de un órgano jurisdiccional diferente, superior al primero. Se apunta como objetivo esencial de todo recurso la revisión de una resolución judicial dictada. CONCEPTO.

La expresión “ recurso “, es una acepción forense, gramaticalmente se refiere a la acción que se reserva al sentenciado para acudir a otro juzgador que tenga facultades para revisar lo realizado por el juez anterior.

El recurso en es una institución jurídica procesal que permite alguna de las partes acudir a un órgano jurisdiccional para que examine alguna resolución judicial para el efecto de que la confirme, la revoque o la modifique 7.2. Clasificación CUESTIONES APLICABLES A TODOS LO RECURSOS

Quien revisa la resolución dictada, concluye con una nueva recaída al recurso interpuesto en la que determina su criterio en una triple posibilidad que es la de revocar, modificar o confirmar. RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL.

Aclaración de sentencia, revocación. Y apelación 7.3. Aclaración de sentencia Se presenta como un recurso solamente de aclaración y no como una posibilidad oficiosa de que el juzgador corrija algún error que él advierta en la sentencia ya firmada y notificada a las partes, es

por lo tanto un recurso cuyo objetivo es aclarar la sentencia o sea, quitar lo que resulte confuso, obscuro o contradictorio en la sentencia. En la hipótesis de aclaración: • • • •

Se puede aclarar una cláusula o una palabra. Procede cuando la sentencia resulta contradictoria. La aclaración cundo la sentencia resulta ambigua.

Procede cuando la sentencia resulta obscura

QUIÉN PUEDE INTERPONERLA.

Cualquiera de las partes que le resulte dudas sobre su contenido, regularmente la interpone la parte afectada. CONTRA CUALES RESOLUCIONES PROCEDE.

• • •

Sólo procede respecto de sentencias definitivas. Sólo procede en las sentencias dictadas en primera instancia

No puede variar la sustancia de la sentencia.

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ANTE QUIÉN DEBE INTERPONERSE

Se interpone ante el mismo juez que dicto la sentencia COMO SE TRAMITA.

Al dictar la sentencia y tener las partes el fallo del juez, el Código de Comercio, establece un término de 6 días para solicitar la aclaración de la sentencia, al admitir el juez, el recurso de aclaración de sentencia, , optará por dar vista a la parte contraria para en un término de 3 días que exponga lo que a su derecho convenga y concluidos estos, habrá un término de 3 días para dictar la correspondiente resolución. EFECTOS No se puede variar la substancia de la sentencia mediante la aclaración a la misma. Esto significa que, mediante la aclaración de la sentencia se puede cambiar el texto de la sentencia pero no variar el sentido de la misma.

7.4. Revocación GENERALIDADES Y DEFINICIÓN

Es una expresión que deriva del vocablo latino Revocatio-revocationis y es la acción y efecto de revocar. A su vez, REVOCAR deriva del verbo REVOCARE y significa DEJAR SIN EFECTOS UNA CONCESIÓN, UN MANDATO O UNA RESOLUCIÓN.

LA REVOCACIÓN

En cuanto a su significado forense, LA REVOCACIÓN, es la denominación que se da a un recurso

mediante el cuál se pueden impugnar los autos no apelables y los decretos, ante el propio juez o tribunal que los dictó para el efecto de que se REVOQUEN, se MODIFIQUEN o se CONFIRMEN ELEMENTOS DEL CONCEPTO:

Es un recurso que se interpone ante en propio juez o tribunal que dictó la resolución impugnada; Mediante éste recurso son impugnables: • • •

Los autos que no fueren apelables Los decretos,

Simples determinaciones de trámite. El procedimiento es más rápido y más sencillo que el que corresponde al recurso de apelación. El fallo que en definitiva se dicta decide si procede o no la revocación de la resolución impugnada,

misma que puede ser: • Revocada • •

Modificada

Confirmada

QUIÉN PUEDE INTERPONERLA

La presenta la parte que haya sido vencida en el juicio, o el actor cuando en la sentenciado se le hubieren concedido todas las peticiones hechas valer es acción CONTRA CUANTAS RESOLUCIONES PROCEDE.

1. “Los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio.”

2. De los decretos y autos de los Tribunales superiores, aún aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la Reposición.”

Art. 1335. “ tanto la Revocación en primera instancia como la Reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a

impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el Tribunal debe de resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes” ANTE QUIÉN DEBE INTERPONERSE

Ante el propio juez o tribunal que dictó la resolución impugnada; éste órgano jurisdiccional puede

ser el juez de primera instancia o puede ser el tribunal si el asunto está radicado en segunda instancia

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COMO SE TRAMITA.

Tanto el recurso de revocación en primera instancia como el de reposición en segunda instancia deberán tramitarse por escrito , dentro de los 3 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación sentencia, dando vista a la contraria por un término igual para que manifieste lo que su

derecho procede y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los 3 días siguientes. EFECTOS. “ De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición NO HABRÁ NINGÚN RECURSO.” Diferencia entre la revocación y la reposición:

Se llama así cuando el recurso es contra autos y decretos de primera instancia, o de un Juez Menor. REPOSICIÓN: En segunda instancia REVOCACIÓN:

7.5. Apelación

Es un recurso concedido por el Legislador a las partes, a los terceros y a los demás interesados, para impugnar, ante el superior, las resoluciones jurisdiccionales del inferior, que el propio legislador fije como impugnables con tal recurso. OBJETO DEL RECURSO:

Es de permitir a la persona afectada por una resolución, tener la posibilidad de que la resolución

afectante se revise al tenor de los motivos de inconformidad para que se determine si ha de subsistir en esos términos CONFIRMACIÓN, si ha de sufrir alteraciones MODIFICACIÓN, o si debe extinguirse REVOCACIÓN. QUIÉN PUEDE INTERPONERLA.

• • •

El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido algún agravio.

El vencedor que, aun que haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de los y perjuicios o el pago de las costas. La parte que venció, puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta o dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

CONTRA CUALES RESOLUCIONES PROCEDE.

Se combaten: • • •

Sentencias definitivas, Sentencias interlocutorias

Autos impugnables.

ANTE QUIÉN DEBE INTERPONERSE.

Ante el Tribunal superior al juez que dictó la sentencia que se invoca. COMO SE TRAMITA.

La apelación debe de interponerse por escrito, dentro del término establecido para tal efecto, en el mismo escrito en el que se interponga el recurso de apelación se expresarán por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule.

El Juez, en el auto que dicte sobre el escrito de interposición del recurso, expresará si admite el recurso y el efecto en que se admite. Dará vista a la contraria para que en un término de TRES DÍAS conteste lo que a su derecho convenga y ordenará se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente al superior,

dentro de un término de TRES DÍAS, si fueren autos originales y de CINCO si se tratare de testimonio. EFECTOS.

Art. 1338: “ La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero”. •

EFECTO DEVOLUTIVO:

También llamado EN UN SOLO EFECTO permite que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia o del auto.

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•

EFECTO SUSPENSIVO: También llamado EN AMBOS EFECTOS, es aquél en que se

suspende la ejecución de la sentencia o la tramitación del procedimiento, mientras se decide sobre la apelación interpuesta. PROCEDENCIA DEL GRADO:

Art. 1339: “En los juicios mercantiles , tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en

AMBOS EFCTOS: II. Respecto de sentencias definitivas. III. Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio,

cualquiera que sea la naturaleza de éste.” “ En cualquiera otra resolución que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en efecto devolutivo.”

8.- Procedimientos especiales 8.1. Procedimientos de ejecución de prenda 8.1.1. Generalidades Se tramitará de cuerdo a éste procedimiento todo juicio que tenga por objeto el pago de un crédito

cierto, líquido y exigible y la obtención de la posesión material de los bienes que lo garanticen, siempre que la garantía se haya otorgado mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía. 8.1.2. Procedencia Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones legales, es exquisito indispensable que

el mencionado crédito conste en documento público o escrito privado, según corresponda, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que sea exigible en los términos pactados o con forme con las disquisiciones legales . 8.1.3. Tramitación Presentado el escrito de demanda acompañado del contrato respectivo y la determinación del saldo

que formule el acreedor, y cuando el acreedor sea una institución de crédito , anexando la certificación del saldo que corresponda. El juez bajo su más estricta responsabilidad, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados , en un plazo no mayor de 2 días , admitirá la misma y dictará

auto de con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago y de no hacerlo haga entrega fe la posesión material al actor, de los bienes objeto de garantía indicados en

el contrato. En éste último caso, el acreedor tendrá el carácter de depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendidos. 8.1.4. Procedimientos especiales de prenda 8.1.4.1. Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

La presente Ley regulará la organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares del crédito y se aplicará al ejercicio de las actividades que se reputen en la misma como auxiliares del

crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de esta Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Las organizaciones auxiliares nacionales del crédito se regirán por sus leyes orgánicas y, a falta de

éstas o cuanto en ellas no esté previsto, por lo que establece la presente Ley. Competerá exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la instrumentación de las medidas relativas tanto a la organización como al funcionamiento de las organizaciones auxiliares nacionales del crédito. Se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes:

I. II. III. IV.

Almacenes generales de depósito; Arrendadoras financieras;

Se deroga; Uniones de crédito;

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V. VI.

Empresas de factoraje financiero, y VI. Las demás que otras leyes consideren como tales. 8.1.4.2. Ley Federal de Instituciones de Finanzas. La presente ley es de interés publico y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las instituciones de fianzas; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; así como

las de los agentes de fianzas y demás personas relacionadas con la actividad afianzadora, en protección de los intereses del publico usuario de los servicios correspondientes. Esta ley se aplicara a las instituciones de fianzas, cuyo objeto será otorgar fianzas a titulo oneroso, así como a las instituciones que sean autorizadas para practicar operaciones de reafianzamiento.

Competerá exclusivamente a la secretaria de hacienda y crédito publico, la adopción de todas las medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las instituciones nacionales de fianzas, las

que se regirán por sus leyes especiales y, a falta de estas o cuanto en ellas no este previsto, por lo que estatuye la presente. La secretaria de hacienda y crédito publico, será el órgano competente para interpretar, aplicar y resolver para efectos administrativos lo relacionado con los preceptos de esta ley y en general para todo cuanto se refiere a las instituciones de fianzas.

La propia secretaria podrá solicitar cuando así lo estime conveniente, la opinión de la comisión nacional de seguros y fianzas, del banco de México o de algún otro organismo o dependencia en razón de la naturaleza de los casos que lo ameriten. En la aplicación de esta ley, la mencionada secretaria con la intervención que, en su caso, corresponda a la comisión nacional de seguros y fianzas, deberá procurar un desarrollo equilibrado del sistema afianzador, y una competencia sana entre las instituciones de fianzas que lo integran. 8.2. Extravío o robo de títulos nominativos. 8.2.1. Generalidades. Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona, cuyo nombre se consigna en el testo mismo del documento, en caso de títulos nominativos que llevan adheridos cupones se consideran que son cupones nominativos, cuando los mismos estén identificados y vinculados por su número, serie y demás datos con el título correspondiente. 8.2.2. Procedencia. El que sufre el extravió o el robo de un título nominativo puede revindicarlo o pedir su cancelación, y

en éste último caso su pago, reposición o restitución, también tiene derecho si se opta por la cancelación a garantizar la reparación de los daños y perjuicios correspondientes a solicitar a que se suspenda el procedimiento, el cumplimiento de las obligaciones consignadas en él, mientras queda definitivamente cancelado o se resuelven las posiciones que se hagan a su cancelación. 8.2.3. Tramitación. 8.2.3.1. Cancelación. Debe pedirse ante el juez del lugar en el que el principal obligado habrá de cubrir las prestaciones a que el título da derecho. Arts. 44 al 53 C.C. 8.2.3.2 Reposición.

En caso de destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o reposición, con arreglo al procedimiento previsto para los títulos extraviados o robados. Si la destrucción, mutilación o deterioro se refiere a alguna de las firmas, sin

afectar las menciones y requisitos esenciales del documento, no será necesaria la cancelación de éste para que el juez lo suscriba por los que se nieguen a hacerlo, dentro del procedimiento fijado art. 57 C.C. 8.3. Procedimientos ante la PROFECO 8.3.1. Competencia.

Es de orden público e interés social, y de observancia en toda la republica, sus disposiciones son irrenunciables, y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, practicas o estipulaciones en contrario. Falta de competencia específica de determinada dependencia, [email protected]


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corresponde a la Sría., de Comercio y Fomento Industrial, expedir las normas especiales mexicanas previstas por la ley y a la procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en dicha ley y sancionar su

incumplimiento. 8.3.2. Conciliación. La Procuraduría señalará día y hora para celebrar una audiencia de conciliación, la cual procurara avenir los intereses de las partes, la cual debe tener lugar cuando menos 4 días después de la fecha de notificación de l reclamación al proveedor, la conciliación, puede ser por teléfono o por otro

medio. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda su informe se le

impondrá una medida de apremio y se citara a una 2ª audiencia en un plazo no mayor de 10 días, de no asistir se le tendrá por confeso. En caso de que el reclamante no se presente justificación de

su inasistencia se tendrá por desistida dicha reclamación. El conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe exhortándolos para llegar a un arreglo. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias. El conciliador podrá suspender a su juicio la audiencia

hasta en dos ocasiones debiendo señalar día y hora para la reanudación dentro de los 10 días siguientes, en caso de no haber conciliación las partes podrán designar como arbitro a la procuraduría. 8.3.3. Arbitraje.

La procuraduría podrá actuar como árbitro cuando los interesados así la designen y sin necesidad de procedimiento conciliatorio previo.

Se designara árbitro por acta ante la procuraduría en la que se señalarán los puntos esenciales de la controversia.

El laudo arbitral emitido por la procuraduría o árbitro designado por las partes deberá complementarse e iniciar dentro de los 15 días a la fecha de su notificación.

8.3.4. Recursos. En contra de las resoluciones de la procuraduría se interpondrá el recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surge efecto la notificación, este se interpondrá ante la

autoridad que emitió la misma y será resuelto por el órgano superior jerárquico que determine el procurador, mediante acuerdo publicado en diario oficial de la federación. Se podrán ofrecer toda clase de pruebas a excepción de la confesional, siempre que tengan relación con la resolución recurrida. Se desahogarán pruebas en un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días, concluido el período probatorio la autoridad resolverá dentro de los 15 días siguientes, no procede el recurso de revisión contra laudos arbitrales. 8.4. Procedimiento especial de la fianza. 8.4.1. Generalidades.

La fianza constituye un importante papel en la vida de los negocios, por ser uno de los soportes jurídico-económicos de comercio y de la industria, la fianza es un contrato de empresa que se manifiesta en una póliza. Fianza mercantil: por el contrato de fianza de empresa la fiadora (institución afianzadora que se desempeña por una sociedad anónima) se obliga por escrito, solidariamente con el fiador (p. física o

moral) a pagar una deuda a cargo del mismo a cambio de la primera que se obliga a pagar el tomador o contratante (solicitante puede serlo cualquier perdona f ó m)

8.4.2. Antecedentes. 8.4.3. Procedimiento de reclamación.

Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos ú obligaciones que consten en la póliza respectiva ante la institución de fianza, en caso de que no conteste dentro de 5 días o que exista inconformidad, podrá su elección hacer valer sus derechos ante la comisión nacional de seguros y fianzas, ó ante los tribunales competentes. 8.4.4. Procedimiento especial de la fianza.

Se emplazara a la institución y se le correrá traslado de la demanda para que conteste en un plazo de 5 días hábiles, se concederá un término ordinario de prueba, por 10 diez día hábiles, [email protected]


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transcurriendo en término el actor y el demandado gozarán de un plazo de 3 días hábiles para alegar por escrito. El juez dictará sentencia en un plazo de 5 días hábiles. 8.4.5. Procedimiento convencional. Las instituciones de fianza podrán convenir libremente con el solicitante fiado, obligado solidario o

contrafiador, procedimientos convencionales ante tribunales o árbitros para resolver sus controversias y la forma de hacer efectiva las garantías de recuperación a favor de la afianzadora.

8.4.6. Excepciones. 8.4.7. Recursos. Contra las sentencias dictadas en los juicios contra las instituciones de fianza, procederá el recurso de apelación en ambos efectos, contra las demás resoluciones los recursos que establece el Código de Comercio. 8.4.8. Ejecución

Las sentencias y mandamientos de embargo dictados en contra de las instituciones de fianza, se ejecutarán exclusivamente por conducto de la comisión nacional de seguros y fianzas. 8.5. Procedimiento de arrendamiento financiero.

8.5.1. Cuándo procede. La arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose a esta a pagar como

contraprestación, que se liquidará en pagos parciales según se convenga, una cantidad en dinero determinada que cubra el valor de la adquisición de los bienes, cargas financieras y demás accesorios, y adoptar al vencimiento de contrato alguna de las opciones terminales como: compra

de bien, mediante el pago de una suma reducida 8.5.2. Posesión de los bienes. La arrendataria queda obligada a conservar los bienes en el estado que permita el uso normal que les corresponda, a mantenerlos para ese propósito y hacer por su cuenta reparaciones que se requieran, así como adquirir refacciones e incrementos necesarios, según se convenga en el

contrato. La arrendataria debe servirse de los bienes, solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de estos, siendo responsable de los daños que los bienes sufran por darles

otros usos. 8.6. Ejecución fiduciaria

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho DERECHO PENAL

I.- PARTE GENERAL

1.- Cuestiones generales 1.1. Conceptos básicos y funciones del derecho penal

Las raíces del derecho penal se encuentran en representaciones ético-sociales de valor de la comunidad jurídica: constituyen el fundamento para que surjan bienes jurídicos, normas jurídicas y

tipos penales. CONCEPTO: El derecho penal, es aquel conjunto de normas jurídicas que une ciertas y determinadas consecuencias jurídicas, en su mayoría reservadas a esta rama del derecho, a una conducta humana determinada, la cual es el delito, y la consecuencia jurídica de éste es la pena; y en todos los casos, ella afecta al autor de un delito que ha efectuado culpablemente. 1.1.1. Dogmática y política criminal. Las ciencias penales CIENCIA:

Las ciencias penales son un conjunto sistemático de conocimientos relativos al delito, al delincuente, a la delincuencia, a la pena y a los demás medios de defensa social contra la criminalidad. Gracias a éstas ciencias podemos descubrir, como, cuando, donde y con que se produjo el delito. DOGMÁTICA:

Desde un punto de vista funcional, en el contexto general de la obtención de las normas jurídicas, la

dogmática debe garantizar una aplicación igualitaria y previsible del derecho, no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr una garantía del poder punitivo estatal, desde el punto de vista del

estado de derecho. Con ella se persigue una aplicación del derecho, la más igualitaria posible, y la obtención de las finalidades político- criminales preestablecidas dentro del ordenamiento jurídico. POLÍTICA CRIMINAL:

Se fija en las causas del delito, intenta comprobar la eficacia de las sanciones empleadas por el derecho penal, pondera los límites hasta donde puede el legislador extender el derecho penal, para coartar lo menos posible el ámbito de libertad de los ciudadanos, discute como pueden configurarse

los elementos de los tipos penales para corresponder a la realidad del delito. Es un conjunto sistematizado de principios conforme a los cuales el Estado debe de organizar la lucha contra la criminalidad, debe fundamentarse sobre el estudio científico del delincuente y de la delincuencia, de la pena y de las medidas de defensa social contra el delito. 1.1.2. La protección de bienes jurídicos como función del derecho penal Los bienes jurídicos pueden proteger intereses o valores individuales , sociales, del estado o en su

caso de los sistemas federales de las entidades federativas y de personas morales. La protección de los bienes jurídicos se lleva a cabo por medio de las normas penales; en el sistema jurídico

mexicano estas se encuentran contenidas en el Código Penal Federal, y en el Código Penal del Estado, y en las leyes penales que tipifican conductas delictivas y que tienen como objeto Mantener el orden político social de una comunidad mediante penas y medidas adecuadas de seguridad. 1.1.3. Otras funciones

Establecer las categorías de los delitos y sus respectivas definiciones. Señalar las penas que les corresponden y la consiguiente medida de seguridad. La reparación del daño y la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 1.2. El concepto de derecho penal Rama del derecho público interno, que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables cuyo objeto es mantener el orden político social de una comunidad.

Mediante penas y otras medidas adecuadas de seguridad, combate las conductas que ponen en peligro a la sociedad. 1.2.1. El derecho penal objetivo (ius poenale) y derecho penal subjetivo (ius puniendi) EL DERECHO PENAL OBJETIVO (IUS POENALE):

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Es el conjunto de normas jurídicas que asocian el delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica. Son normas jurídicas establecidas por el estado, que determinan delitos, las

penas y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. DERECHO PENAL SUBJETIVO (IUS PUNIEND):

Facultad del Estado para crear los delitos, las penas y mediadas de seguridad aplicables a quienes los cometen o a los sujetos peligrosos que pueden delinquir. Con la finalidad de luchar contra la criminalidad.

1.3. Escuelas y doctrinas penales Escuela Clásica: Tiene caracteres comunes como son: • Método lógico-abstracto. • Imputabilidad basada sobre el libre albedrío y la culpabilidad moral. • El delito como ente jurídico. • La pena se concibe como un mal y un medio de tutela jurídica. Escuela Positiva: Su sistema penal es duro, y su concepción del delito es como delito natural y con la temibilidad que pudo y debió ser, un criterio positivo del derecho penal. Escuelas Intermedias: tenía una teoría: • Correlacionista. • Positivo crítico • Neoclasismo • Teoría penal humanista. 1.4. Principios-límite al poder punitivo estatal en el marco del Estado constitucional de

derecho en los ámbitos sustantivo, procesal y ejecutivo • Principio de División de Poderes. • Principio de legalidad y legitimidad • Principio de igualdad ante la ley. • Principio de intervención mínima • Principio de jurisdiccionalidad. • Principio del bien jurídico. • Principio de acto de conducta • Principio de tipicidad • Principio de culpabilidad. • Principio de inocencia.

2.- La ley penal 2.1. Delimitación conceptual El concepto se basa en el tipo de conducta antijurídica que está establecido en un Código. 2.2. Estructura de la norma penal La norma penal tiene su estructura en la propia ley penal ya que ésta define los delitos, es decir, la conducta antisocial y antijurídica, los tipos así como las sanciones aplicables según el caso. 2.3. Ámbitos de validez de la norma penal 2.3.1. Material 2.3.2. Temporal Es el derecho aplicado conforme a la ley vigente. 2.3.3. Espacial Este código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio. 2.3.4. Personal

Este código se aplicará a todas las personas sin distinción alguna, con excepción de los inimputables [email protected]


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2.4. Interpretación e integración de la norma penal INTERPRETACIÓN:

tiene por objeto la aclaración del sentido legal y dado el caso, la adaptación de

la ley a las exigencias y nuevos criterios del sentido legal. Clases de interpretación: 1. Por su origen o por los sujetos que la realizan: • Privativa o doctrinal • Judicial o Jurisdiccional. • Auténtica o legislativa 2. Por los medios o métodos empleados. • •

Gramatical.

• • • •

Declarativa. Extensiva.

Lógico. 3. Por los resultados

Restrictiva

Progresiva.

3.- Teoría del delito 3.1. Concepto, objeto, función e importancia de la teoría del delito CONCEPTO: Es una parte de la ciencia del derecho penal, comprende el estudio de los elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. OBJETO: Atiende al cumplimiento de un cometido, consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito de cada caso concreto.

FUNCIÓN: Se encarga de estudiar las partes comunes de todo hecho delictivo, con el fin de determinar si existe o no un hecho delictivo. IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DEL DELITO: El origen de la estructura del delito inició con Hegel,

filósofo que dio una explicación del mundo, misma que basaba en la razón. Todo movimiento correspondía a la razón. Delito = Razón. Juristas Hegelianos como Berner, Enrico, Giovanni Hellmuth Mayer, tomaron los principios de éste para estudiar el delito. Ellos confundían el delito con la acción. Delito--->Mundo objetivo----->Conducta (único elemento) = Acción “inervación muscular” 3.1.1. Los distintos sistemas de la teoría del delito (causalismo, finalismo, funcionalismo)

Teoría Causalista: Para ésta teoría, la acción es un comportamiento humano dependiente de la voluntad que produce una determinada consecuencia en el mundo exterior. Trata a la acción como factor causal del resultado, sin tomar en cuenta la intención que llevó al sujeto a cometerla. Las causalistas, explican la existencia de la acción delictiva, cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla, sin tomar en cuenta la finalidad que se proponía al hacerlo.

Teoría Finalista: para los finalistas la acción es conducida desde que el sujeto piensa su objetivo, eligiendo los medios para lograrlo, finalmente concluye su objetivo con la realización de la acción manifiesta al mundo externo, es decir, primero piensa el ilícito y luego realiza el hecho. 3.2. Elementos del delito (análisis sistemático de sus elementos positivos y negativos) El delito tiene diversos elementos que conforman un todo. El delito es la acción típica , antijurídica,

culpable y punible, sometida a una adecuada sanción penal. ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO:

•

Conducta: la conducta puede ser de acción ( movimiento que se realiza o de omisión (

• • •

dejar de hacer lo que se obligado hacer). Tipicidad: Es la adecuación de la conducta al tipo penal. Antijuridicidad: Lo contrario a la norma. Imputabilidad: Que el sujeto sea responsable del hecho.

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•

Condicionalidad Objetiva de punibilidad: Cuando al definir la infracción punible, aparecen

variables de acuerdo a cada tipo penal. •

Punibilidad: es la sanción o castigo.

ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO

Ausencia de Conducta: realiza una acción sin estar consciente ( sueño, hipnotismo, etc).

Causas de Justificación: Cuando tienen un permiso de actuar (estado de necesidad,( el médico) legítima defensa, en el ejercicio de una función ( el Policía), en el ejercicio de un deporte.

Elementos: • • • •

Atipicidad: Falta de adecuación en la conducta con el tipo penal.

Inimputabilidad: Cuando no es responsable de los hechos ( menor de edad, falto de facultades mentales, etc.). Inculpabilidad: Cuando la conducta se dio sin dolo, con error de hecho y error de derecho.

Falta de condiciones objetivas de la punibilidad: Cuando no aparecen la variables del tipo penal.

Excusas absolutorias: No hay castigo. 3.2.1. La conducta. Concepto, elementos y especies Es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito. Sólo los •

seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad. • La conducta: Para que exista un delito es necesario que se produzca una conducta. Por lo tanto, la conducta es el elemento básico del delito. Es la materia prima de donde se deducen los demás. La conducta puede ser de acción ( movimiento que se realiza) u omisión (dejar de hacer lo que se está obligado a hacer) • •

Conducta.- (acción-comportamiento) Consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo que produce un resultado. Acción.- Se entiende como la conducta humana voluntaria, manifestada por medio de un acto u omisión.

El aspecto positivo de la conducta o acto: Consistirá en un movimiento corporal, voluntario, productor de un resultado. El aspecto negativo u omisión: Consistirá en la ausencia voluntaria de movimiento corporal. Es un no hacer voluntario, teniendo el deber legal y moral de hacerlo y esto también produce un resultado.

Hay dos tipos de conducta que son: 1. De acción : es aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el mundo jurídico.

Elementos: • •

Movimiento: es la actividad voluntaria que realiza un sujeto.

Resultado: Es la consecuencia de la acción, que la ley considera decisiva para la realización de un delito.

•

Relación de causalidad: Debe de existir la relación causal en el nexo, entre el

comportamiento humano, la consecuencia de éste y el resultado material. 2. De omisión: Es la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar. Los delitos de

omisión consisten en la abstención del sujeto, cuando la ley ordena la realización de un acto determinado. Elementos: • • • •

Manifestación de la voluntad.

Una conducta pasiva.

Deber jurídico de obrar. Resultado típico jurídico. 3. Clases de delitos: • Delitos de omisión simple o propios. • Delitos por Comisión por omisión ( Culposos).

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3.2.1.1. Causas de exclusión de la conducta AUSENCIA DE CONDUCTA: Es el elemento negativo de la conducta, abarca la ausencia de acción

o de omisión de la misma, en la realización de un acto ilícito.

La ausencia de conducta se presenta por: • • • • • •

Vis absoluta o fuerza física superior irresistible. Vis mayor o fuerza mayor. Movimientos reflejos

El sueño.

El hipnotismo. El sonambulismo. Vis absoluta o fuerza física superior irresistible: Se entiende que el sujeto actúo en virtud de una fuerza física exterior irresistible. Cuando sobre el se ejerce directamente una fuerza superior a las propias a la cual se ve sometido, por cuya circunstancia su acto es voluntario. Fuerza física exterior

irresistible es la violencia hecha al cuerpo del agente, da por resultado que éste ejecute inmediatamente lo que no ha querido hacer.

Vis mayor o fuerza mayor: Cuando el sujeto realiza un a acción u omisión, coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. No hay voluntad del sujeto. Movimientos reflejos: Son actos corporales involuntarios, no funcionan como factores negativos d la conducta, si se pueden controlar o retardar o cuando el sujeto haya previsto el resultado.

El sueño: Es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales y del movimiento, acompañado de relajación de músculos y disminución de varias funciones orgánicas y nerviosas. En éste caso, tampoco se daría la voluntad del sujeto por estar dormido, no tiene dominio de sí mismo. El hipnotismo: Es un procedimiento para producir el llamado sueño magnético, pueden presentarse

los siguientes casos: •

Que se hipnotice al sujeto sin su consentimiento y realice una conducta o hechos tipificados

por la ley, o Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento con fines delictuosos. Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento sin fines delictuosos por parte de éste. El sonambulismo: Es el estado psíquico inconsciente mediante el cual la persona que padece sueño • •

anormal tiene cierta aptitud para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas, sin que al despertar recuerda algo de lo que hizo. 3.2.2. El tipo penal y la tipicidad LA TIPICIDAD: Es el encuadramiento o adecuación de una conducta con la descripción realizada en la ley. Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo de la tipicidad, llamado: atipicidad. CONCEPTO y ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.

Para que una conducta sea punible conforme al derecho positivo, es preciso que la acción sea típica, antijurídica y culpable. La tipicidad es fundamental ya que si no hay una actuación de la conducta al tipo penal, podemos afirmar que no hay delito. CONCEPTO: Creación legislativa; descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. La conducta es configurada hipotéticamente por el precepto legal, tal hipótesis constituye el tipo. Coincidencia del comportamiento del activo con lo descrito por el legislador. CARACTERÍSTICAS:

• • • •

Es una figura elaborada por el legislador. Es una descripción de una determinada clase de eventos antisociales. Tiene una función d garantía de uno o más bienes jurídicos. Contiene elementos necesarios y suficientes para asegurar la tutela de dichos bienes.

ELEMENTOS DEL TIPO:

•

La conducta típica antijurídica y culpable.

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•

El sujeto activo.

• • • • •

El sujeto pasivo. El objeto jurídico. El objeto material. Elementos normativos. Elementos subjetivos del injusto.

3.2.2.1. Concepto y causas de exclusión 3.2.2.2. Clasificación de los tipos penales Los delitos por orden del tipo se clasifican de acuerdo a : Su composición. Pueden ser: • Normales: Aquellos en los que el tipo estará conformado de elementos objetivos. •

Anormales : Los tipos penales que además de contener elementos objetivos, también se

conforman de elementos subjetivos o normativos. Su Ordenación metodológica: •

Fundamentales o básicos: Los tipos con plena independencia, formados con una conducta

• •

ilícita sobre un bien jurídicamente tutelado. Especiales: Los que contienen en su descripción algún tipo de características. Complementarios: Los que dentro de su descripción legislativa requieren de la realización

previa de un tipo básico. Su Anatomía o independencia: • Autónomos; los tipos penales con vida propia, no n necesitan de la realización de algún otro. Subordinados: requieren de la existencia de algún otro tipo. Su formulación: • Casuísticos: El legislador plantea varias formas de realizar el delito y no una sola y pueden ser alternativos y acumulativos. •

•

Amplios: Contiene en su descripción una hipótesis única, en donde caben todos los modos

de ejecución. Por el daño que causan: • De lesión: requieren un resultado, es decir, un daño inminente al bien jurídicamente tutelado. • De peligro: No se aprecia el resultado, sino basta con el simple riesgo en que se pone al bien jurídico tutelado. 3.2.2.3. La atipicidad: concepto y causas de exclusión LA ATIPICIDAD: Ausencia de adecuación de la conducta al tipo, cuando no concurren en un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en el código penal. SUPUESTOS O CAUSAS DE ATIPICIDAD: • Ausencia de la calidad o de número que exige la ley en cuanto a sujetos (activo y pasivo). Ejem. Peculado “servidor público”. • Ausencia del objeto material y el objeto jurídico. Ej. (homicidio) cuando se pretenda privar

•

de la vida a quien ya no la tiene. Cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas (asalto) “en despoblado”… Al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados. Ej.

•

(violación) “por medio de violencia física y moral”. Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos (parricidio) refieren a la

•

voluntad del activo. Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial. Ej. (allanamiento de morada) “sin motivo justificado” luego, si obra justificadamente no se da el tipo. 3.2.3. La antijuridicidad •

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3.2.3.1. Concepto y estructura

Para que la conducta sea delictiva, debe contravenir las normas penales. Violación del valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. La Antijuridicidad es lo contrario a derecho Es

toda conducta definida por la ley, no protegida por causas de justificación, establecidas en la misma. “El que actúa antijurídicamente contradice un mandato de poder”. 3.2.3.2. Las causas de justificación o de licitud en el Código Penal Federal

Cuando en un hecho presumiblemente delictuoso, falta la Antijuridicidad, podemos decir, no hay delito, por la existencia de una causa de justificación. Dentro de las causas de justificación, el agente obra con voluntad conciente, en condiciones normales de imputabilidad, pero su conducta no será delictiva por ser justa conforme a derecho. •

Legítima defensa: Necesaria para rechazar o repeler una agresión actual o inminente e injusta, mediante un acto que lesione bienes jurídicos del agresor.

•

• • • • • • • • •

Estado de necesidad (aborto terapéutico): Peligro actual o inmediato para los bienes jurídicamente protegidos, el que sólo puede evitarse por la lesión de los bienes también jurídicamente protegidos o tutelados que pertenecen a otra persona. Para Von Lislt: Situación de peligro actual para los intereses protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente protegidos”. El hecho que se realice sin la intervención de la voluntad del agente.

Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción del tipo penal. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Se realice una acción u omisión bajo un error invencible. El resultado típico se produce por caso fortuito. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.

Robo de indigente.

Aborto terapéutico. El impedimento legítimo. 3.2.4. La culpabilidad 3.2.4.1. Concepto y estructura CONCEPTO: Es el nexo psicológico que une al sujeto con la conducta o el resultado material reprochable. Es un

elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo. Único elemento subjetivo nexo psíquico, da origen a la relación psíquica de causalidad entre el actor

y el resultado. ESTRUCTURA

DOLO: Esencia de la culpabilidad y conciencia de la antijuricidad; valorativo; d. malo; subjetivo. Elementos: previsión del resultado y la voluntad de causación. TIPO DE DOLO:

GENERICO: Intención de hacer un daño a alguien ESPECIFICO: Intención conjugada con la voluntad de dañar. DETERMINADO: Intención directa de producir el resultado previsto. INDETERMINADO: Intención indirecta… EVENTUAL: La representación de un resultado ilícito (no depende del activo si se obtiene o no el resultado). 3.2.4.2. Función e importancia de la culpabilidad La culpabilidad es el fenómeno que se da entre dos entes; es la relación entre el sujeto y el delito. • • • • •

ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD:

• •

La exigibilidad de una conducta conforme a la ley La imputabilidad.

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La posibilidad concreta de reconocer el carácter ilícito del hecho realizado. ESPECIES O FORMAS DE CULPABILIDAD: Dolo o culpa. •

Art. 9 Párrafo II del Código Penal Federal: “ Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previo, confiado en que no se produciría, en virtud de la violación

a un deber de cuidado, que debía y que podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Obrar sin diligencia necesaria causando un resultado dañoso previsto y penado. ELEMENTOS: • Falta de precaución; • De previsión; • De sentido de significación del acto. CULPA CONSCIENTE: Prevén consecuencias del resultado, esperando que no ocurran. CULPA INCONSCIENTE:

No se prevén tales consecuencias.

PRETERINTENSION:

Nexo psíquico mixto; grado mínimo culpabilidad; “se despliega conducta no delictiva y se obtiene resultado delictivo.” 3.2.4.3. Inculpabilidad. Concepto y causas de exclusión

La inculpabilidad se va a dar cuando concurran determinadas causa o circunstancias extrañas a la capacidad de conocer y querer en la ejecución de un hecho realizado por un sujeto imputable. Opera cuando falte alguno de los elementos esenciales de la culpabilidad, ya sea el cocimiento o la voluntad. es el error del tipo. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD:

•

Error de hecho: Cuando el sujeto realiza una conducta antijurídica, pensando que es

•

jurídica, es decir, hay desconocimiento de la Antijuridicidad. Error de derecho: Cuando un sujeto en la realización de un hecho, alega ignorancia o error

de la ley. •

Error en el golpe: Cuando hay una desviación del mismo en el hecho ilícito provocando un daño equivalente , menor o mayor al presupuesto por el sujeto.

•

Tema fundado: Son circunstancias que obligan al sujeto a actuar de determinada manera

incitando al agente a rehusar ciertas cosas por considerarlas dañosas o riesgosas. 3.3. Itercriminis y grados de ejecución del delito 3.3.1. Fases del itercriminis 3.3.2. Actos preparatorios Son los hechos o actos que el agente prepara dolosamente para llevar a cabo la conducta delictiva. 3.3.3. Tentativa

Es aquella conducta impulsada por una voluntad dirigida a la comisión dolosa del delito consumado. Finalidad y dolo coinciden aquí, de manera indudable. Es la voluntad de consumación objetivamente no realizada lo que caracteriza a la tentativa.

Art. 12 C P F: “ existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían de producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causa ajenas a la voluntad del agente.” 3.3.4. Delito consumado

El delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. 3.4. Formas de autoría y de participación •

Autoría inmediata: este es el punto de partida de la ley, el cual se adecua la redacción de los tipos particulares.

•

Autoría mediata: este es un caso en el cual el autor actúa mediante la incorporación d un

•

instrumento humano un cuanto mediador en el hecho. Coautoría: regula la realización consiente y querida del tipo por varias personas, por la vía de una división consentida del trabajo.

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Autoría accesoria dolosa: Este es un caso de colaboración accidental e inconsciente de diversos sujetos que actúan dolosamente y con el fin de obtener el mismo resultado típico, cuyo tratamiento ha sido dejado a la costumbre. 3.5. Formas de realización del delito 3.5.1. Delito instantáneo 3.5.2. Delito permanente o continuo 3.5.3. Delito continuado Es cuando con unidad de propósito delictivo y repetición de una misma conducta se viola el mismo •

precepto legal. 3.6. Concurso de delitos

Cuando en una conducta se cometen varios delitos. Por ejemplo: Violación en menor, ocasionándole muerte. 3.6.1. Concurso real y concurso ideal El concurso existe cuando a una misma acción son aplicables dos o más preceptos penales que se excluyen entre sí recíprocamente. Tipos de concursos: • Concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. • Concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. No hay concurso cuando las conductas constituyen delitos continuados. 4.- Teoría de la pena y de las medidas de seguridad

4.1. Concepto de la pena La penología está estrictamente ligada al problema de la pena y las medidas de seguridad. La penología, es el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito. Tanto el de las penas propiamente dichas como el de las medidas de seguridad.

La pena es esencialmente un mal, es la privación a la persona de algo de lo cual el goza y éste mal es impuesto por el estado. Es la prisión que tiene como naturaleza alternativa la privación de la libertad corporal del sentenciado. 4.2. Fundamento y fines de la pena

La pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades que, para su aplicación se establece en este código y la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una acción readaptadora. El Fin de la pena es que no se vuelva a delinquir y esto se logra con la readaptación social del delincuente, conforme a lo establecido por la ley penitenciaria. 4.2.1. Teorías sobre los fines de la pena Las penas sustitutivas de prisión tienen por objeto la aplicación de medidas temporales privativas y

restrictivas de la libertad, laborales, educativas y curativas autorizadas por la ley, conducentes a la readaptación social del condenado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. • Absoluta: Consideran a la persona como una consecuencia necesaria e ineludible del delito, ya sea porque debe de ser reparado el daño o porque deba restituirlo. • Relativa: Encuentra la razón de la pena en el fin de impedir delitos. •

Mixtas: reconoce que la pena es consecuencia del delito cometido, sin embargo, le

asignan el fin de impedir futuros delitos. 4.3. Clasificación de las penas

Por su duración: • Perpetuas • Temporales Teniendo en cuenta el bien por el que resulta privado el delincuente: •

Capitales.

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•

Aflictivas.

• •

Infamantes. Pecuniarias.

Teniendo en cuenta el resultado que con ellas se busca producir. • Correctivas o se simple advertencia Teniendo en cuenta la importancia de la pena en relación con otras: • Principales •

Accesorias

Según el bien jurídico que priva al delincuente: • • • •

Corporales. Privativas de la libertad,

Pecuniarias. Privativa de derecho.

4.4. Las medidas de seguridad: concepto, función y fundamento

Son mediadas de seguridad: Reclusión de locos. Internación y educación de sordomudos. Internación y curación de toxicómanos, alcohólicos. Medidas y vigilancia en la forma y términos que señale la ley. 4.5. Penas y medidas de seguridad en la legislación vigente • I.- Prisión • II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad • III.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. • IV.- Confinamiento • V.- Prohibición de ir a lugar determinado • VI.- Sanción pecuniaria • VII.- Derogado • VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito • IX.- Amonestación • X.- Apercibimiento • XI.- Caución de no ofender • XII.- Suspensión o privación de derechos. • XIII.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos • XIV.- Publicación especial de sentencia. • XV.- Vigilancia de la autoridad. • XVI.- Suspensión o disolución de sociedades. • XVII.- Medidas tutelares para menores. • XVIII.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. 4.6. Determinación e individualización Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, tomando en cuenta: • • • •

•

La naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados para ejecutarlas y la extensión

del daño causado y del peligro corrido •

La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto,

•

los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y

los demás antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las

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personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad. 4.7. Sustitución, conmutación de sanciones y condena condicional

4.7.1. Sustitución de sanciones La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador en los siguientes términos: •

Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de 4 años de prisión.

• •

Por tratamiento de libertad, si la pena impuesta no excede de 3 años de prisión. Por multa, si la pena impuesta no excede de 22 años de prisión.

La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por el delito que se persiga de oficio. 4.7.2. Tratamiento en libertad (Imputables) Consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 4.7.3. Semilibertad

Implica alteración de períodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta; o salida diurna, con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 4.7.4. Trabajo en favor de la comunidad

Consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas

dentro de períodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. 4.7.5. Conmutación de sanciones

Facultad de los jueces para perdonar en una sentencia la pena de prisión, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las circunstancias del

hecho y que ésta no exceda de dos años, por la multa que no podrá ser menor de veinte ni mayor de doscientos días de salario. El Ejecutivo, tratándose de delitos políticos, podrá hacer la conmutación de sanciones, después de impuestas en sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas: •

Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, se conmutará en confinamiento por un

•

término igual al de dos tercios de que debía pagar en prisión, y Si fuera la de confinamiento, se conmutará por multa, a razón de un día de aquel por un día

de multa. Para la procedencia d la sustitución y la conmutación, se exigirá al condenado la reparación del daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, en el plazo que se fije. 4.7.6. Condena condicional El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes

normas: El Juez o Tribunal, al dictar sentencia de condena suspenderán motivadamente la ejecución delas penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estás condiciones: • •

Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de 4 años. Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta

antes y después del hecho punible. [email protected]


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•

Que pos sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como la naturaleza,

modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. Para gozar de la condena condicional, el sentenciado deberá: • • • •

Otorgar a garantía de sujetarse a las medidas que se fijan. A obligarse a residir en determinado lugar. Desempeñar en el plazo que se fije, profesión u oficio lícito.

Abstenerse de bebidas embriagantes.

II.- PARTE ESPECIAL DELITO EN PARTICULAR

Es la conducta típica, antijurídica y culpable, a la que se atribuye una o varias sanciones penales, atendiendo a la forma puede ser por acción u omisión; atendiendo al tiempo puede ser instantáneo, permanente o continuo y continuado. Atendiendo al lugar, el delito se considera realizado donde se desarrolló total o parcialmente la conducta o donde se produjo o debió producirse el efecto. Atendiendo a la culpabilidad, los delitos pueden ser: • Dolosos: cuando se quiere o acepta el resultado • Culposos: cuando se realiza con imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de

cuidado • Preteritencionales: cuando el resultado excede la intención del agente. Atendiendo a las condiciones es delito puede ser: •

Instantáneo: Cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han

realizado todos sus elementos. • Permanente o continuo: Cuando la consumación se prolonga en el tiempo. • Continuado: Cuando con unidad de propósitos delictivos, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. 1.- Delitos contra la vida y la integridad de las personas

A. LESIONES Bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por causa externa.

Categoría de las lesiones : • Externas. • Internas. Neurológicas Clasificación de las lesiones: • • • •

Leves. Levísimas graves. Gravísimas.

B. HOMICIDIO: Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Elementos del Homicidio: • • •

La existencia de una vida La privación de la vida Aspecto moral; dolo, culpa.

C. HOMICIDIO EN RAZÓN DEL PARENTESCO O RELACIÓN: Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. D. HOMIDIO EN RAZÓN DEL PARENTESCO O RELACIÓN: Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o

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concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de

diez a cuarenta años. E. INDUCCIÓN Y AUXILIO AL SUICIDIO: Al que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide

hasta legar a su consumación, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión; si el auxilio se prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la sanción será de cuatro a doce años de prisión. F. PARRICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, sabiendo el responsable el parentesco. G. FILICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier descendiente consanguíneo en línea recta, sabiendo el responsable el parentesco. H. ABORTO: Es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

I. ABANDONO DE PERSONAS: El que teniendo obligación de cuidarlos, abandone a un menor, a una persona enferma o a un anciano, incapaces de cuidarse a sí mismos. J. VIOLENCIA FAMILIAR: Se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia, por otro integrante

de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que puedan producir o no lesiones. Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario,

pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la victima. 2.- Delitos contra la libertad personal • •

Cuando una persona prive a otra de su libertad. Cuando una persona, de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y

•

garantías establecidas en la Constitución, a favor de las personas. Cuando obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida,

ya sea empleando la violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio. •

Cuando celebre con otro un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que ésta celebre dicho contrato.

3.- Delitos contra la familia, la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, incesto y adulterio. A. HOSTIGAMIENTO: Artículo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona

de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. • Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. • Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. B. ABUSO SEXUAL: Artículo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de

seis meses a cuatro años de prisión. • Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. C. ESTUPRO:

Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual

en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le

aplicará una pena de dos a cinco años de prisión. [email protected]


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•

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad.

D. VIOLACIÓN: Artículo 265. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años. • Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. • Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años,

al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. E. INCESTO: Cuando los ascendientes tienen relaciones sexuales con susu descendientes.

F. ADULTERIO: Se aplicará prisión hasta de 2 años y privación de derechos civiles hasta por 6 años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal.

4.- Delitos contra el honor A. INJURIAS Y DIFAMACIÓN: La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o persona moral, que pueda causarles deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de a alguien. B. CALUMNIA: Delito imputado a otra persona, sabiendo que ésta es inocente.

Se sancionará como calumnia al que: • Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si éste hecho es falso, o si es inocente a la persona que se le imputa. •

Presente denuncia o querellas calumniosas ( cuando su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que el delito no ha sido cometido.

5.- Delitos contra el patrimonio

A. ROBO: El que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

B. ABUSO DE CONFIANZA: Al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario, cuando el monto del abuso

no exceda de doscientas veces el salario. C. FRAUDE: El que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. D. EXTORSION: Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.

E. DELITOS COMETIDOS POR LOS COMERCIANTES SUJETOS A CONCURSO: Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.

F. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS: Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca. G. DAÑO EN PROPIEDAD AJENA: Comete en delito de daño el cause incendio, inundación o explosión con daño o peligro a un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona. 6.- Delitos contra el erario y el servicio público • Falsificación, alteración y destrucción de la moneda. • Falsificación y utilización indebida de títulos. • Falsificación de documentos de crédito. • Falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas. • Falsificación de documentos.

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7.- Delitos contra la procuración y administración de justicia Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes . •

Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de

los que le corresponda, sin tener impedimento legal para ello. •

Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba.

• • •

Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohibe el ejercicio de su profesión. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente,

sin causa fundada para ello. 8.- Delitos contra el equilibrio ecológico y la protección al ambiente Comete el delito contra la protección del medio ambiente al que ocasione daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. Comete delitos contra el equilibrio ecológico el que descargue, deposite, infiltre o autorice o ordene,

agua residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna a la calidad del agua de las cuencas o a los ecosistemas. 9.- Delitos contra la política estatal en materia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes (Delitos contra la salud.) De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos

Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la ley general de salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales. •

El que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba

•

alguno de los narcóticos. El que introduzca o extraiga del país algún narcótico aunque fuere en forma momentánea o

•

en tránsito. El que realice actos de publicidad o propaganda, para que consuma cualesquiera de las sustancias.

10.- Delitos contra la protección de los derechos políticos (delitos electorales y en materia de Registro Nacional Ciudadano.) Comete delitos electorales, la persona que: • Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. • Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas. • Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones •

Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos.

• • • •

solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero. Vote o pretenda votar con una credencial de la que no es el titular. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Impida en forma violenta la instalación de una casilla.

Se impondrá de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien cometa los delitos electorales anteriormente descritos.

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11.- Delitos contra la protección del derecho de autor Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos tres mil días multa: • Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública. • Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho del Autor, que los autorizados por el titular de los derechos. •

A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

•

A quien produzca o reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte o venda copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la ley.

12.- Delitos especiales DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

• •

Elaboración ilegal de productos amparados por una patente o certificados de inversión.

• • •

Reproducción ilegal dibujos o modelos industriales.

Empleo ilegal de métodos y procedimientos amparados por una patente o certificado de inversión. Uso indebido de marcas registradas. Alteración de marca y ofrecimiento en venta o puesta en circulación de los productos protegidos por la marca, patente o certificado de inversión.

• Uso indebido de nombre comercial ya utilizado en la misma zona geográfica. DELITOS FISCALES • Contrabando equiparado. • Defraudación fiscal. • Defraudación fiscal equiparada. • Omisión de solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes . • Omisión de informes veraces al R.F.C. • Duplicidad de claves al R.F.C. • Omisión de declaración. • Determinación de pérdidas con falsedad. DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA:

• •

ASOCIACIÓN DELICTUOSA: Banda de tres o más personas organizadas para delinquir.

PANDILLERISMO: Es la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.

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III.- PROCESAL PENAL

1.- Definición del derecho procesal penal CONCEPTO: Es el conjunto de normas internas y públicas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que deben de observarse para hacer factible la aplicación del derecho penal

sustantivo. Es el conjunto de normas jurídicas relativas al Proceso Judicial, esto es, el de reglas destinadas a la

aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el propósito de qué los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación, y en caso necesario, ordene que se haga efectiva. CARÁCTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL:

Se considera el instrumento

de la ley penal, para llevar a cabo el juicio en la materia, con la finalidad de descubrir la verdad del

derecho tutelado. El proceso puede considerase como un medio o instrumento para la elaboración de la verdad con la justa aplicación del derecho al caso concreto.

2.- Ámbitos de validez de las normas procesales penales Las fuentes del derecho penal son: • La ley en sentido estricto. • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Las leyes federales y tratados internacionales. • Las leyes locales referentes a la materia.

Su ámbito de validez: • Validez espacial de la ley: la ley procesal es esencialmente territorial, es decir, se aplica únicamente a los procedimiento seguidos dentro del territorio en que actúa el órgano. •

Validez temporal de la ley: La aplicabilidad de la ley se extiende únicamente al tiempo de su vigencia, de suerte que aquella que se excluye cuando el hecho sucede en época anterior a su nacimiento o posterior a su extinción.

•

Validez personal: se rige por el principio de igualdad, la ley penal es igual para todos los que estén en la misma situación de hecho, en que puedan ser supuestos para la aplicación de la ley.

•

Validez material: Regula los procedimientos constitucionales federales, militares y locales.

4.- Modelos de derecho procesal penal 4.1. Acusatorio Tiene las siguientes características: •

•

En relación con la acusación: el acusado es distinto del juez y el defensor, y no está representado por un órgano especial, la acusación no es oficiosa y el acusador pude ser representado por cualquiera. En relación con la defensa: La defensa no está entregada al juez y existe libertad de defensa.

• En relación con la decisión: El juez exclusivamente tiene funciones decisorias. 4.2. Inquisitivo clásico e inquisitivo moderno o mixto Tiene las siguientes características: •

En relación con la acusación: El acusador se identifica con el juez y la acusación es oficiosa.

• •

En relación con la defensa: La defensa no está entregada al juez y existe libertad de defensa. En relación con la decisión: La defensa, la acusación y la decisión se concentran en el juez, el cual tiene un amplia discreción en lo tocante a los medios probatorios aceptables.

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5.- El derecho procesal penal mexicano La administración de justicia en el Estado moderno no pude ser arbitraria, sino que debe someterse

en su actuación a una serie de normas jurídicas. Estas normas constituyen el Proceso Judicial. El fin normal del proceso es la obtención de una sentencia que en forma vinculativa resuelve entre

partes una controversia sobre derechos substanciales. Con el proceso se hecha a caminar la maquinaria judicial, produciéndose un complejo de fenómenos que se suceden unos a otros, pero mantienen entre sí una solidaridad constante.

5.1. Antecedentes En el transcurso del tiempo han existido dos tipos de jurisdicción, la secular y la eclesiástica, ésta

última desaparecida en la actualidad; pero si miramos hacia el pasado nos encontramos con que exitían tribunales religiosos tales como: • El fuero eclesiástico. • • • •

Fuero de la bula de la Santa Cruzada. Fuero de Diezmos y Primicias.

Fuero de la Santa Hermandad.

Fuero de la inquisición. Teniendo cada uno funciones y atribuciones propias. 5.2. Sistema vigente El procedimiento penal mexicano aparece como una sucesión ininterrumpida de actuaciones que empiezan con la intervención de la policía ministerial y termina con la sentencia. Tiene una característica que le permite enfrentarse como sistema autónomo, y que ésta reside en que la

acusación está reservada para un órgano del Estado. En nuestro país el procedimiento puede ser local o federal, según el delito que se haya cometido esté regulado por una ley local o bien federal; esto es, la naturaleza del delito nos dará la pauta para

conocer la calidad del mismo. Características de éste sistema: La acusación está reservada a un órgano del Estado, la instrucción se acerca a la del sistema inquisitivo, prevaleciendo como forma de expresión; la escrita y secreta y el debate es oral. 5.3. Principios que rigen el derecho procesal penal • Principio Oficial: Si se promueve por el Estado. • Principio Dispositivo: Si se ejercita por los particulares. •

Principio de legalidad: se basa en la necesidad del ejercicio de la acción, y que esta esté apegado a derecho.

• •

Principio de Oportunidad: Se funda en la convivencia del ejercicio de la acción penal. Principio de la Indisponibilidad: Ninguna de las partes tienen facultad para desviar el curso del proceso, ni para imponer al órgano jurisdiccional la decisión. Principio de inmutabilidad: Que la relación jurídica llevada al proceso no puede tener otro solución que la que le de en la sentencia.

•

6.- Los sujetos de la relación procesal y otros intervinientes 6.1. Órgano jurisdiccional (juzgador penal) El Juez: Proviene de la palabra jus que quiere decir declarar derechos y es aplicar el derecho en el caso concreto, determinar en una caso especial la norma de derecho aplicable. 6.1.1. Cuestiones de competencia de los órganos. Acumulación y separación de procesos.

Sustanciación de las competencias. • •

Ordinaria: Es la competencia común entre los jueces. Extraordinaria: Cuando se formula un tribunal especial para juzgar exclusivamente un caso

prohibido por la Constitución. Art. 6° Código de Procedimientos Penales Federal: es tribunal competente para conocer de un delito , el del lugar en que se competente. Si el [email protected]


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delito produce efectos en 2 o más Estados, será competente de cualquiera de estos o el que hubiere prevenido. En caso de concurso de delitos, El Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos de fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán así mismo competencia para juzgarlos.

6.1.2. Cuestiones de capacidad en concreto de los juzgadores. Sustanciación de los impedimentos, excusas y recusaciones Los Magistrados y los Jueces deben de excusarse en los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimentos que señale la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las causa de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes.

Cuando un Juez o Magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento procederá la recusación. La recusación puede interponerse en cualquier tiempo, pero no después de que se haya citado para sentencia de primera instancia o para la vista en los Tribunales Superiores y la promovida no suspenderá la instrucción ni la tramitación del recurso pendiente. 6.1.3. Funciones del juez penal: fijación de los hechos, calificación jurídica e imposición de la

pena • •

Fijación de los hechos: Consiste en decir los hechos sobre los cuales decidirá el juez.

Calificación jurídica: Determina en qué casilleros se opera el caso concreto, si es o no

delito, y si el juez puede encuadrar la ley en el delito dicho. • Imposición de la pena: Señalar la consecuencia o pena que merece el acto. 6.2. Las partes, otros sujetos y auxiliares del proceso • • • • • • • • •

El acusador. El imputado. El Ministerio Público.

El Juez. El abogado. Testigos. Peritos. Interpretes. Representante de un incapaz.

6.2.1. Ministerio Público

Es una institución independiente del Estado, que actúa en representación de la sociedad para el ejercicio de la acción penal y la tutela de la sociedad en todos aquellos casos que le asignen las leyes. Características de Agente del Ministerio Público: • Indivisible. • •

Independiente. Irrecusable.

6.2.2. El sujeto pasivo del delito: víctima u ofendido. Coadyuvancia

Es el ofendido, el acusador del delito, puede ser público, particular y privado. Es el que aporta las pruebas y pone los hechos ante una denuncia o querella y pide la reparación del daño. 6.2.3. Sujeto pasivo del proceso

Es el sujeto contra el cual se dirige la pretensión del acusador. Se le conoce como arrestado, detenido, querellado, denunciado, imputado, acusado, enjuiciado, reo, culpable, convicto, criminal, indiciado, sospechoso, probable responsable.

6.2.4. Defensa Uno de los derechos del iniciado, es el derecho de defensa, el cual se le hará saber al momento de

la declaración preparatoria y le serán facilitados todos los datos conducentes a su defensa y si el indiciado no nombrare un defensor, se le nombrará a un defensor de oficio, el cual es un órgano del

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Estado creado para los casos en que el sujeto activo, no tiene quién lo asista y para garantizar el

buen desempeño de su garantía de defensa consagrada en la Constitución. 6.2.5. Auxiliares de la justicia penal: la policía y los servicios periciales La Policía Judicial: La policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y mando inmediato del Agente del Ministerio Público Federal, quien está obligada a: • Recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito del orden federal, sólo cuando debido a las circunstancias del caso, de aquellas que no puedan ser formuladas directamente ante el M.P. •

Practicar las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación previa.

•

Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el Agente del Ministerio Público ordene.

Los Servicios Periciales: Siempre que para el examen de persona, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos . Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte que se refiere el punto sobre el cual debe dictaminarse.

Administración Penitenciaria: Es la que se lleva a cabo por el Agente del Ministerio Público y la policía judicial para procurar que se lleve a cabo la ejecución de la sanción. 7.- Estructura de la averiguación previa 7.1. Estructura y objeto

La averiguación previa establece las diligencias para que el M.P. pueda resolver si ejercita o no la acción penal. Necesariamente debe existir un delito, ya sea perseguido de oficio o por querella, por lo que es al Ministerio Público a quien compete la detención del procesado, por un lapso de 48 horas, dentro de

las cuales determinará éste último si consigna al Juez con detenido, consecuentemente, el juez debe confirmar la detención o decretar libertad, y asimismo, integrar averiguación previa, para así seguir el procedimiento.

El objeto fundamental de la averiguación previa es la seguir proceso al delincuente, para hacer justicia. El objeto del proceso está constituido por el tema que la jurisdicción tiene que decidir y que vienen

a ser: • • •

El cuerpo del delito.

La responsabilidad La absolución o condena.

El objeto del proceso lo dividen en: • Principal. • Accesorio. 7.2. Noticia criminis. Denuncia y querella Denuncia: Es la relación de hechos constitutivos de delito, formulada ante el Agente del Ministerio

Público. El período de averiguación previa solamente puede iniciarse previa presentación ante el M.P. de denuncia o Querella: es la relación de hechos constitutivos de delito, formulada ante el M.P. por el ofendido o

por su representante, pero expresando su voluntad de que se persiga. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito. Se contraerán a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente y se harán en los términos que establece el Código de Procedimientos Penales Federal. Art. 118, para el ejercicio del derecho de petición.

7.3. Supuestos de flagrancia y caso urgente Se entiende que hay flagrancia cuando: •

El inculpado es detenido en el momento en el momento de estar cometiendo el delito.

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•

Inmediatamente después de ser ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente.

•

El inculpado es señalado por la victima, algún testigo o quién hubiere participado con él en la comisión de un delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del

delito. 7.4. Medidas de apremio

En casos urgentes el Agente del Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten: • Que el indiciado haya intervenido en la comisión de un delito señalado como grave. • Que exista riesgo profundo de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y •

Que por razón de la hora, lugar o cualquier circunstancia no pueda ocurrir ante autoridad

judicial para solicitar la orden de aprehensión. 7.5. Retención ministerial

En cuanto aparezca de la averiguación previa que se ha acreditado, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Agente del Ministerio Público, ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta , los elementos subjetivos específicos, así como de las demás circunstancias que la ley

prevea. Al recibir el Ministerio Publico Federal, diligencias de averiguación previa, si hubiere detenido y la detención fuere justificada, hará inmediatamente la consignación a los tribunales y podrá retenerlo, Art. 194 Bis C.P.P.F. 7.7. Consignación con detenido y consignación sin detenido

Con detenido: si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto y se entenderá que el inculpado queda a disposición

del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el M. P. Lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El juez que reciba la

consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada a la Constitución o no.

Sin detenido: Cuando se trate de la aprehensión de alguna persona cuyo paradero se ignore, el tribunal que dicte la orden, la comunicará al M.P. adscrito, para que éste la transcriba a la Procuraduría General de la República a fin de que la policía federal o los auxiliares de ésta localicen y aprehendan a diva persona. 7.8. Libertad provisional

Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o en el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, sí reúne los siguientes requisitos: • •

Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón

del proceso. •

Que no se trate de algún delito señalado como grave.

8.- Estructura del proceso penal 8.1. Preinstrucción PREPARACIÓN DEL PROCESO

En el procedimiento de preinstrucción se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia de proceso, la clasificación de éstos, conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar. La preinstrucción empieza en el término de 72 horas se inicia con un auto de radicación.

Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto dentro del término de 2 días, abriendo expediente en el que se resolverá lo que

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legalmente corresponda y practicará sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan las partes. Tratándose de delitos graves la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el M.P. dentro de las 24 horas contadas a partir del momento en

que se haya acordado la radicación. La preinstrucción se cierra con: • Auto de Formal Prisión. • Auto de sujeción a proceso. • Auto de libertad por falta de elementos para proceder. 8.1.1. Auto de radicación

Es el acuerdo que hace el Juez después de ejercida la acción penal del inculpado. Este auto sujeta a las partes y a los terceros al órgano jurisdiccional e inicia el periodo de preparación del proceso. En éste auto se da inicio a la preinstrucción. Efectos del auto de radicación: • Fija la jurisdicción del juez. • Vincula a las partes a un órgano jurisdiccional. • Sujeta a los terceros a un órgano jurisdiccional. • Abre el periodo de preparación del proceso. 8.1.2. Órdenes de aprehensión y de comparecencia

Se dictan por el Juez y se entregan al M.P. para su debido cumplimiento. Igualmente se procederá cuando el juez autorice medios de apremio para ejecutar una orden de comparecencia. De Aprehensión: es la orden que dicta el M.P. para ir a aprehender al que cometió el delito.

De Comparecencia: Cuando el M.P. dicta la orden para que el inculpado se presente a comparecer a declarar los hechos 8.1.3. Audiencia de declaración preparatoria

Se recibirá en el local al que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación a los hechos que se averigüen. Se hace 48 hrs. después de que la autoridad judicial tenga conocimiento de que un detenido ha quedado a su disposición. 8.1.4. Resoluciones sobre la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional Auto de formal Prisión: Dentro de las 72 horas al momento en que el inculpado quede a disposición

del juez. Auto de sujeción al proceso: Cuando el delito no merezca pena corporal o esté sancionado.

Auto de libertad por falta de elementos: Si dentro de las 72 horas no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción al proceso. 8.2. Instrucción Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan las pruebas con sujeción a las normas procésales, se prepara el material indispensable para la apertura del juicio, proporcionando

al juez las pruebas que han de servirle para dictar su fallo; y al M.P. y a la defensa, los elementos necesarios para fundar sus conclusiones. La instrucción se abre cuando se dicta el auto de formal prisión o el auto de sujeción al proceso y se cierra con el auto de cerrar la instrucción.

Es una etapa del proceso que dura aproximadamente 3 meses y sirve para que el tribunal que conozca del proceso observe las peculiares del inculpado, los datos para conocer su edad, educación e ilustración, costumbres y conductas anteriores, motivos que lo impulsaron a delinquir, condiciones económicas (la etapa instrucción dura aproximadamente 3 meses). 8.2.1. Ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas

Podrán ofrecerse, ordenarse su admisión y desahogo, de todo medio de prueba necesario, que a juicio del funcionario que practique la averiguación o la instrucción, pueda constituirla. Ofrecimiento: El procesado presenta la pruebas necesarias para que el juez dicte su fallo.

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Admisión: se admite como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no sea contra el derecho, a juicio del juez o tribunal.

Desahogo: Consiste en desarrollar las pruebas, es decir, es mostrarle al Juez el contenido de la información de los hechos del proceso. Hay pruebas que no necesitan desahogarse como es la documental. 8.2.2. Auto que declara agotada la instrucción

Transcurrido el plazo ya sea de 3 a 10 meses, o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo determinará así, mediante resolución que se notificará personalmente a las partes; y

mandará poner el proceso a la vista de las partes y mandará poner el proceso a la vista de éstas por 10 días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los 15 días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud

de la prueba. 8.2.3. Auto que declara cerrada la instrucción

Se declara así cuando habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado hubiesen transcurridos los plazos o las partes hubiesen renunciado a ellos. 8.3. Juicio: conclusiones y audiencia de vista

Conclusiones : Cuando se declara cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del M.P. , por 10 días, para que formule conclusiones por escrito. Si dentro del plazo señalado el M.P.

no formula conclusiones, el juez informará al Procurador General de República a cerca de esta omisión y para que formule conclusiones en 10 días. Si transcurridos los 10 días el Procurador no

formula conclusiones, el juez las tendrá por formuladas las conclusiones de no acusación , y el inculpado será puesto en libertad. Si el M.P. formula conclusiones deberá precisar si hay o no lugar

a acusación. Audiencia final: El mismo día en que el inculpado o su defensor presenten sus conclusiones en el

momento en que se haga la declaración de inculpabilidad, se citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Juicio: En caso de competencia del jurado popular federal formuladas las conclusiones del M.P. y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso, señalará día y hora para la celebración del juicio, dentro de los 15 días siguientes y ordenará la insaculación y sorteo de los jurados. 8.4. Sobreseimiento Procederá en los casos siguientes: • Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias. • Cuando el M.P. lo solicite . •

Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida.

•

Cuando esté plenamente comprobado que a favor del inculpado existe una causa que lo exime de la responsabilidad. Cuando existen pruebas que acrediten fehacientemente inocencia del inculpado.

•

8.5. Sentencia Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan en la instancia resolviendo el asunto en lo principal. Toda resolución deberá ser fundada y motivada, expresará la fecha en que se pronuncie y

se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine. Las resoluciones judiciales se dictarán por los respectivos Ministros de la SCJN, magistrados o jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario de Acuerdos que corresponda o a falta de éste, por testigos de asistencia. 8.5.1. Clasificación • Sentencia Absolutoria. • Sentencia definitiva. • Sentencia Condenatoria. • Sentencia Irrevocable. SANCIONES PENALES

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• • • • • • • • • • • • • • • • • •

I.- Prisión. II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad. III.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. IV.- Confinamiento. V.- Prohibición de ir a lugar determinado. VI.- Sanción pecuniaria. VII.- Derogado. VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito IX.- Amonestación X.- Apercibimiento XI.- Caución de no ofender XII.- Suspensión o privación de derechos. XIII.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos XIV.- Publicación especial de sentencia. XV.- Vigilancia de la autoridad. XVI.- Suspensión o disolución de sociedades. XVII.- Medidas tutelares para menores. XVIII.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Se extingue la responsabilidad por: • Muerte del delincuente. • • • • • • • •

Amnistía. Indulto y reconocimiento de inocencia. Perdón del ofendido. Perdón Judicial.

Excusa Pública. Rehabilitación. Principio de oportunidad. Prescripción.

9.- Medios de prueba en el proceso penal 9.1. Declaración del imputado y confesión La confesión es la declaración voluntaria hecha por una persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, recibida ante el M.P. , el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios

constitutivos del tipo penal delictivo, materia de la imputación. 9.2. Declaración de testigos Toda persona que sea testigo está obligada a declarar respecto a los hechos investigados. Los

testigos pueden ser presénciales o de oídas. 9.3. Careo constitucional y procesal Constitucional: sólo se celebran si el abogado defensor lo solicita.

Procesal: se practicará cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de 2 personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime conveniente. O cuando surjan puntos de contradicción. 9.4. Reconocimiento de personas, cosas y lugares Personas: Debe recaer sobre todas las personas relacionadas con el delito, ( sujeto activo y pasivo) y es necesario para la comprobación del cuerpo del delito, de lesiones externas o internas. Cosas: Debe recaer sobre las relacionadas con el delito, en las que debe describirse sus estado y las circunstancias conexas y específicamente sobre los documentos tachados de falsos.

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Lugares: Debe practicarse, en términos generales , cuando tuviere importancia para la

comprobación del delito, de sus elementos o de sus circunstancias. Debe de ir acompañado de las cosas descubiertas en él, relacionadas con el delito y de las huellas producidas por él o por el delincuente. 9.5. Reconstrucción de hechos Su objeto será apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se

hayan formulado. Se podrá llevar a cabo siempre que la naturaleza y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto, aún durante la vista del proceso, si el tribunal lo estima necesario, no obstante que sea practicado con anterioridad. 9.6. Peritación

Siempre que para un examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales , se procederá con la intervención de peritos.

Los peritos que dictaminen serán 2 o más, pero uno, cuando solamente éste pueda ser habido o cuando el caso sea urgente. 9.7. Documentales El tribunal recibirá las pruebas documentales que le presenten las partes, hasta un día antes de la citación de la audiencia de vista, y las agregará al expediente, asentando razón en autos. 9.8. Presuncionales Todos los demás medios de prueba o de investigación constituyen meros indicios . los tribunales,

según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. 9.9. Valoración de las pruebas

La autoridad judicial valorará el valor de la confesional. Los documentos públicos harán prueba plena. La inspección, así como el resultado de los cateos , serán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales. Los tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aún los de los peritos científicos según las circunstancias del caso. Los tribunales en sus resoluciones, expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba. 10.- Medios de impugnación penales

10.1. Revocación Solamente los autos contra los cuales no se proceda, por éste código el Recurso de apelación serán revocables por el tribunal que dictó.

El plazo para interponer será de 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación de la éste recurso y ofrecer pruebas resolución que se imponga. 10.2. Apelación. Sustanciación de la apelación

El recurso de apelación tiene por objeto examinar sí en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplico inexactamente, si se violaron los principios regulares de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos, o no se fundó o motivó correctamente.

Tienen derecho de apelar: El Ministerio Público. El inculpado y su defensor. El ofendido o sus legítimos representantes. 10.3. Denegada apelación • • •

El recurso de denegada la apelación procede cuando ésta se haya negado, o cuando se conceda sólo en el efecto devolutivo siendo procedente en ambos, aún cuando el motivo de la denegación sea que no se considera como parte al que intente el recurso. Se interpondrá verbalmente o por escrito dentro de los 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución.

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10.4. Queja El recuso de queja procede contra conductas omisivas de los jueces de distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos o término que señale la ley o que no cumplan las formalidades o no desempeñen los asuntos según lo establecido. 10.5. Reposición del procedimiento Deberá solicitarse a petición de parte, expresando el agravio en que se apoya la petición, no pudiendo alegarse aquel con el que parte agraviada se hubiese conformado, habiendo lugar a la reposición por el algunas de las siguientes formas:

a) Por haber precedido el juez durante la instrucción y después de esta hasta la sentencia, acompañado de su secretario. b) Por no haberse hecho saber al acusado, durante la instrucción, ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento y el nombre de su acusador si lo hubiere. c) Por no haberse permitido al acusado nombrar defensor, en los términos que establece la ley. c) Por no haberse practicado las diligencias pedidas por alguna de las partes. 10.6. Reconocimiento de inocencia

Procede cuando después de haberse dictado sentencia ejecutoriada, aparecen pruebas aportadas indubitables de su inocencia, ya sea por la nuevas pruebas aportadas o porque se acredita que las pruebas en que se apoyó el fallo eran falsas. 11.- Medidas cautelares 11.1. Prisión preventiva y régimen de libertad provisional Prisión preventiva: Algunos reclusos que aún no han sido sentenciados deben tratarse con medidas menos restrictivas, como es el caso de permitirles ingresar al centro sus propios alimentos por conducto de familiares o amigos; portar sus propias ropas, o en su defecto, uniformes distintos a

los de los sentenciados; permitiéndoles introducir periódicos, revistas, libros e instrumentos para escribir, es decir, que no debe recibir el trato de un sentenciado. Esto es lo que se llama prisión preventiva. Libertad provisional: se refiere a las 3 formas de libertad provisional que se plantean en la secuela del procedimiento criminal, sea durante el período administrativo que procede al proceso en riguroso

sentido, sea el curso de proceso mismo: libertad bajo caución, libertad bajo protesta y libertad previa. 11.2. Arraigo

Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podría sustraerse a la acción de la justicia, el M.P. Podrá solicitar al juez fundada y motivadamente, o éste disponer de oficio, con audiencia del

inculpado el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador señale, no debiendo de exceder de 60 días naturales. 11.3. Aseguramiento de bienes El ofendido o sus legítimos representantes, solicitarán al juez y éste dispondrá con la audiencia del inculpado, el embargo precautorio de bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación de daños

y perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuantía de estos según los datos de las constancias procésales. 12.- Procedimientos incidentales en el procedimiento penal 12.1. Incidentes de libertad INCIDENTES DE LIBERTAD: • Libertad Provisional bajo Caución: ( Art. 399 CPPF) • Libertad Provisional bajo Protesta: ( Art, 418) • Libertad por desvanecimiento de datos ( Art. 422.) 12.2. Incidentes de nulidad

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12.3. Incidentes de reparación del daño exigible a terceros La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, debe ejercitarse por

quien tenga derecho a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal, pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del orden común en el juicio que corresponda. 12.4. Incidentes diversos • Substanciación de las competencias Art. 427 • Impedimentos, excusas y recusaciones Art. 444. • Suspensión del procedimiento. Art. 468. • Acumulación de autos. Art. 473 • Separación de Autos. Art. 483. 12.5. Incidentes no especificados Articulo 494.- del CFPP.- Los incidentes cuya tramitación no se detalle en este Código y que, a juicio del tribunal, no puedan resolverse de plano y sean de aquéllos que no deban suspender el curso del

procedimiento, se substanciarán por separado y del modo siguiente: se dará vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si el tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá

un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres siguientes. Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente. 13.- Procedimientos especiales en materia penal 13.1. Procedimiento sumario ARTICULO 152.- El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos:

a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción

dentro de quince días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307;

b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en

el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos: • I.- Que se trate de delito flagrante; • II.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o

III.- Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa. Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el •

artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes;

c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307. El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. 13.2. Procedimiento para inimputables

El juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o libertad, previo el procedimiento correspondiente, si se trata de internamiento será en la institución correspondiente.

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En caso de que el sentenciado tenga hábito a los superpacientes el juez ordenara el tratamiento por parte de la autoridad sanitaria competente, quedando bajo su supervisión.

Los inimputables pueden ser entregados por autoridad judicial o ejecutora; la ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, en forma provisional o definitiva, en ningún

caso la medida de tratamiento impuesta por el juez penal excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito, si concluido éste tiempo la autoridad ejecutora considera

que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplicables. 13.3. Procedimientos para menores infractores LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL

ARTICULO 7o.- El procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las siguientes etapas: • I.- Integración de la investigación de infracciones; • II.- Resolución inicial; • III.- Instrucción y diagnóstico; • IV.- Dictamen técnico; • V.- Resolución definitiva; • VI.- Aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento; •

VII.- Evaluación de la aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento;

VIII.- Conclusión del tratamiento; y IX.- Seguimiento técnico ulterior. Procedimiento ante jurado. Procedimiento relativo al jurado popular: • •

Articulo 308.- En los casos de la competencia del jurado popular federal, formuladas las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso señalará día

y hora para la celebración del juicio, dentro de los quince siguientes, y ordenará la insaculación y sorteo de los jurados.

En el mismo auto se mandará citar a todos los testigos y peritos no científicos que hubiesen sido examinados durante la instrucción.

Los peritos científicos sólo podrán ser citados cuando lo solicite alguna de las partes, o cuando a juicio del tribunal sea necesaria su presencia para el solo efecto de fijar hechos o esclarecerlos. Articulo 309.- La insaculación y sorteo de jurados se hará en público el día anterior al en que deba celebrarse el juicio, debiendo estar presente el juez, su secretario, el Ministerio Público, el acusado y su defensor. Estos dos últimos podrán dejar de asistir si así les conviniere. Articulo 310.- Reunidas las personas a que se refiere el artículo anterior, el juez introducirá en una ánfora los nombres de cien jurados inscritos en los padrones respectivos y de ellos sacará treinta. 13.4. Procedimiento federal para la delincuencia organizada.

Tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada.

Cuando tres o más personas se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin cometer algunos de los siguientes delitos: • Terrorismo: Delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita. • Acopio y tráfico de armas. • Tráfico de indocumentados. • Tráfico de órganos. • Asalto: tráfico de menores y robo de vehículos.

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IV. DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL

1. Cuestiones generales 1.1. Concepto, función y características. Concepto: conjunto de normas jurídicas que regula la ejecución de las penas privativas de libertad.

Función: definir los deberes de los detenidos, procesando las semanas, medidas de tratamiento y los recursos para hacer respetar dichos derechos; determinar minuciosamente las condiciones de vida material y moral de los detenidos; disciplinar los aspectos referentes a la realización del programa del tratamiento reductivo de los detenidos.

Características: es un derecho autónomo, se rige a través de las distintas instituciones a su cargo como lo son: • Los consejos tutelares para mayores y menores infractores. • Ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de libertad. • Centro penitenciario de México. • Sistema de tratamiento preliberal. • Sistema de remisión parcial en función del trabajo. • Establecimiento penal abierto. •

Patronato para liberados.

1.2. Fuentes del derecho de ejecución penal. Constitución política 1917

Constitución política 1931; el art. 633 crea la dirección general de readaptación social dependiente de la Sría. de Gobernación, que es el órgano del poder Ejecutivo encargado de

la vigilancia, aplicación de las penas y prevención de los delitos, además de ser un órgano de mediación entre el poder ejecutivo, y aquellos locales para la celebración de convenios,

cuyo objeto es de que ciertos detenidos considerados como peligrosos, descuento en las penas en establecimientos dependientes de la federación; esta dirección gral., esta dividida en tres subdirecciones: de prevención y readaptación social de mayores, y para menores.

Ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados: toma en consideración los surgimientos propuestos por el congreso de la ONU sobre el penitencialismo del crimen y sobre el tratamiento de los delincuentes. Ley de los consejos tutelares para los menores infractores 1974: su creación se sustrae de

la acción del derecho penal común y administrativo, que va a tener por objeto la readaptación de menores de 18 años y mayores de 6. Ley orgánica de la administración pública federal: señala la competencia que el incumbe al gobierno respecto de la creación y manejo de cárceles y establecimientos penitenciarios en su jurisdicción. El reglamento interno del DF. Reglamento de los reclusorios del DF 1979. 2. Ejecución de la pena de prisión. 2.1. Cumplimiento de la ejecución.

La pena y la medida de seguridad se extinguen con todos los efectos en su cumplimiento de aquellas o de las sanciones por las que hubieran o hubiesen sido sustituidas o conmutadas. La ejecución de penas corresponde al ejecutivo del Edo. 2.2. Administración penitenciaria.

Debe ser administrado como unidad independiente, la cabeza del centro de readaptación no estará bajo las ordenes del director de la institución. El cuerpo de empleados debe ser completamente independiente, indagando al personal administrativo, clínico y celadores 2.3. Establecimientos penitenciarios.

Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica

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contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de los internos. De allí la importancia de las ideas de Howard, Beccaria, Montesinos,

Maconichie, Crofton, etc. y de una necesaria planificación para terminar con el caos descrito en algunas obras de los autores mencionados. Así mismo, muchas de sus ideas se comenzaron a plasmar en las nuevas colonias de América del Norte. Luego son trasladadas al viejo continente donde se perfeccionaron aún más, para después tratar de implantarse en todos los países del mundo. Distintos Sistemas Los sistemas conocidos son: a) Celular o pensilvánico

b) c) d) e) f)

Auburniano Progresivo (Crofton, Montesinos, Reformatorio Borstal y de clasificación)

AII 'aperto,

Prisión abierta Otras formas en libertad 2.4. Régimen de ejecución de la pena de prisión.

Sistema celular. Reformatorios. De clasificación de reos. Instituciones abiertas. Sistema progresivo técnico. Arquitectura penitenciaria.

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AMPARO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL JUICIO DE AMPARO

Los antecedentes se encuentran en los principios de legalidad que se sustentaron en la revolución francesa el 26 de agosto de 1789, dando origen al recurso de casación y en 1847 fue posible instalar un tribunal de casación que penetró muchos países; en nuestro país el recurso de casación (anulación de la sentencia injusta) se encontraba en el artículo 1344 y siguiente del Código de Comercio, derogados por el artículo 3° del decreto publicado en el D.O.F. de fecha 4 de enero de 1989, para su tramitación existía la ley reglamentaria. Tales compilaciones se filtraron hasta el juicio de amparo directo, llamado amparoide. El juicio toma características perfectamente delineadas en la Ley Orgánica de 1919, misma que se reformó el 19 de febrero de 1951, perfeccionándose aun más la administración de justicia federal, dividiendo la caga de trabajo mediante la creación de órganos

como juzgados de distrito, tribunales colegiados de distrito, porque en ese entonces la SCJN era la

única de conocía de dicho juicio. Nuevamente se modificó la competencia constitucional de la SCJN en el año de 1967, dando competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, consistente en que resolvieran juicios de amparo directo, contra sentencias definitivas cuya pena no excediera

de cinco años de prisión. Finalmente, en 1988, la última reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme al artículo 44, fracción I, inciso a de la LOPJF en materia penal. CONSTITUCIÓN DE YUCATÁN DE 1840:

MANUEL CRECENCIO REJÓN –Autor material de dicho proyecto- fue el precursor directo de la fórmula fundamental que se desarrolló posteriormente en el JUICIO DE AMPARO; sin embargo, han

surgido al respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas de nuestro derecho constitucional : unos, defienden a REJÓN como el creador del Juicio de Amparo, otros exigen para MARIANO OTERO esta consideración.

Según el artículo 53 del mencionado proyecto, correspondía a la Suprema Corte de Justicia de Yucatán: Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de

la Legislatura que sean contrarios a la Constitución, o contra las providencias del gobernador o ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiere infringido el Código fundamental o las leyes limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que éstas o la Constitución, hubiesen sido violadas. Rejón explica, respecto a esta facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la legislación, que las leyes así censuradas no quedarían destruidas, sólo se disminuiría su fuerza moral “con los golpes redoblados de la jurisprudencia”, En los artículos 63 y 64, respectivamente, se establecía: -Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de sus derechos garantizados por el artículo 62, a los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden

judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. ACTA DE REFORMAS DE 1847

MARIANO OTERO, discutida y brillante figura del derecho constitucional mexicano, es su redactor principal. Este documento enlazado históricamente con los intentos que le precedieron, organizaba el control constitucional también a través de un sistema mixto semejante al del Proyecto de Minoría de 1842: defendía al individuo en contra de las violaciones cometidas por cualquiera de los poderes

federales o estatales, exceptuando al judicial (art. 25). Facultaba al Congreso para declarar nulas las leyes de los Estados que atacaran a la Constitución o leyes generales(art. 22) y establecía el procedimiento para que una ley del Congreso, reclamada ante la Suprema Corte como anticonstitucional, pudiera ser anulada por las legislaturas.

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CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857

El Juicio de Amparo sufrió serias vicisitudes en los debates del Congreso Constituyente de 18561857; el Art. 102 del proyecto original propugnó por un sistema de protección constitucional el cual

eliminaba el órgano político y adoptaba la formula OTERO, pero daba intervención tanto a los tribunales federales como locales y requería, “La garantía de un jurado compuesto de vecinos del Distrito respectivo. CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1917

A pesar de las experiencias y los debates acumulados en el lapso comprendido de 1857 a 1917, la Constitución vigente mantiene la línea general trazada por el texto de 1857 y la legislación derivada

de éste; reafirma entonces el control de la legalidad, al mismo tiempo que el control de la constitucionalidad en el mismo juicio, aunado a la defensa constitucional una tercera instancia,

especie de casación o apelación. Situación que fue justificada por CARRANZA en su mensaje y Proyecto de Constitución. El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo de los juicios civiles (...) que el gobierno a

mi cargo ha creído que sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo. El constituyente de 1916- 1917 reproduce en el Art. 103 exactamente los mismos términos del Art.

101, de 1857, e introduce en el Art. 107 el texto del Art. 102 de 1857, pero agregando diversas bases fundamentales a las que debe sujetarse el juicio de amparo. Los principales lineamientos del Art. 107 original, algunos de los cuales todavía se conservan a pesar de las sucesivas reformas que ha sufrido. • •

Ratifica la fórmula Otero;

• •

Establece las reglas generales del amparo ante los jueces de Distrito. Determina un régimen de responsabilidades.

Crea y regula, con algún detalle, el amparo directo y sus suspensión, en materia civil y penal.

I.- PRINCIPIOS DEL JUICIO DE AMPARO

Está regido por reglas y principios que lo estructuran, los más fundamentales, son: legitimación, legalidad, constitucionalidad, imparcialidad, relatividad, definitividad. 1.- Instancia de parte agraviada El juicio no procede oficiosamente. Es indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí mismo o por interpósita persona (art. 107 Constitucional y 73, fracciones V y VI de la Ley de Amparo).

2.- Agravio personal y directo Agravio es todo menoscabo u ofensa a la persona, sea ésta física o moral. Es personal porqué debe

concretarse específicamente en alguien, no ser abstracto. Y es directo porque debe haberse producido, estarse ejecutando o ser de realización inminente.

3.- Prosecución judicial El juicio de amparo se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente; los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados “especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por parte de las autoridades, de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación”, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, y no podrá archivarse ningún juicio de

amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o sin que apareciere que ya no hay materia para la ejecución (artículos 113 y 157 de la Ley de Amparo). 4.- Relatividad de la sentencia de amparo

Es la llamada formula otero: las sentencias sólo surten efectos en relación con las personas que promovieron el juicio (quejoso), jamás respecto de otros. El ppio. Puede extenderse a las autoridades: Las sentencias contraen sus efectos a las que fueron partes como responsables (art. [email protected]


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107 const., fracción II y 76 de la L. de Amparo). Las autoridades por virtud de sus funciones tienen

que intervenir en la ejecución del acto reclamado, están obligadas a acatar la sentencia de amparo, aunque no hayan sido partes en el juicio en que tal sentencia se pronunció. 5.- Definitividad del juicio de amparo y excepciones

Como el amparo es un juicio extraordinario, no un recurso, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado.

Excepciones: • En materia penal actos que importen peligro de perder la vida de aportación, destierro o • • • • •

alguno de los prohibidos por el artículo constitucional. No es necesario agotar la apelación contra auto de formal prisión. Si el quejoso no es emplazado a juicio. Si el quejoso es extraño al procedimiento El acto reclamado carece de fundamentación

En materia administrativa si el recurso no prevé la suspensión o la prevé exigiendo más requisitos de los que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo.

Si reclama una ley. 6.- Estricto derecho El juzgador del juicio de amparo tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación, exclusivamente. Y si se trata de un recurso, •

concretarse a examinar la resolución recurrida, con base en los agravios.

Excepciones: • Si el quejoso se equívoca al citar el número de precepto constitucional o legal que estima violado, se le ampara por lo que realmente aparezcan violados (76 bis ley de amparo). • • • • • •

En materia penal la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo (76 bis, fracción III de la Ley de Amparo). En materia obrera si es el trabajador (76 bis, fracción IV L.A.)

En materia agraria si promueve un núcleo de población ejidal o comunal; o ejidatarios o comuneros en particular (76 bis, fracción III L.A.) Si se promueve a favor de menores incapaces (arts. 76 bis, fracción V, L.A.)

Si el acto reclamado se funda en ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la SCJN, art. 76 bis, fracción I de la L.A. En materia civil y administrativas, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo.

7.- Suplencia de la queja Este principio constituye una excepción al anterior, consiste en el deber que tiene el Juez o Tribunal

de Amparo de suplir la deficiencia de los conceptos de violación expuestos en la demanda por el quejoso, así como la de los agravios formulados, es decir, es un medio para hacer valer oficiosamente cualquier aspecto de inconstitucionalidad que encuentre respecto a los actos reclamados, y sólo opera en los casos previstos en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Será esencial no confundir la suplencia de la queja deficiente con la corrección del error que por equivocada citación o invocación de la garantía individual el quejoso estime violada, sin cambiar los

hechos expuestos en la demanda. En el caso de la queja deficiente, el Tribunal de Amparo podrá o deberá perfeccionar la queja o demanda haciendo valer conceptos de violación que el agraviado no incluyó. Esta facultad es perfectamente aplicable a la materia agraria si los quejosos o terceros perjudicados en su caso, son núcleos de población ejidal o comunal, o bien, se trate de ejidatarios o comuneros en particular, de conformidad con lo que establece el Artículo 107 constitucional, 212 de la Ley de Amparo y todo el capítulo que a partir de este artículo se refiere a la materia agraria, como más adelante se expondrá.

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II.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO

La procedencia del juicio de amparo directo se prevé en los artículos 107 constitucional fracciones III inciso a) y V, y 158 de la Ley de Amparo. Este último establece que su procedencia es en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones —que pongan fin al juicio— dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario

por el que puedan ser modificados o revocados —ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a la defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del

fallo— y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados . III.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

La procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra prevista en el Artículo 107 constitucional fracciones III incisos b) y c), y VII, además de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En efecto, conforme lo dispone la Ley de Amparo en su artículo 114, el amparo se pedirá ante Juez de Distrito contra:

VII.

Leyes, tratados y reglamentos que por su sola entrada en vigor o con motivo

VIII.

Actos que no provengan de tribunales y emanen de un procedimiento seguido

del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso.

IX.

en forma de juicio. Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva.

X.

Actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que

XI. XII.

sea de imposible reparación. Actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten personas extrañas a él. Leyes o actos de la autoridad federal o de los estados.

IV.- PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO

Por parte en general, se entiende la persona que tiene intervención en un juicio, facultada para ejercitar una acción o poner una excepción o interponer un recurso. Lo que caracteriza la parte es el interés de obtener una sentencia favorable, característica que lo distingue de los demás sujetos que

intervienen en el juicio.

1.- El quejoso También llamado agraviado, es el sujeto que promueve el juicio de garantías, demandando la protección de la Justicia Federal y ejercita la acción constitucional, siendo el equivalente al actor en

un juicio ordinario. El ataca un acto de autoridad por considerar que infringe sus derechos y viola sus garantías individuales o porque proviene de autoridad federal, considere que vulnera o restringe

la soberanía de los estados; o por el contrario porque haya sido emitido por las autoridades de éstos, con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades federales. El quejoso, puede ser

toda persona física o moral, independientemente de su sexo, nacionalidad, estado civil y edad, y puede promover por sí o por interpósita persona (artículos 6° al 10 y 4° de la Ley de Amparo).

2.- Autoridad responsable Es la parte contra la cual se demanda la protección de la Justicia Federal, es el órgano del Estado de quien proviene el acto que se reclama, se impugna porque el quejoso considera que dicho acto viola sus garantías individuales. Término autoridades: Para los efectos del amparo comprende todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, que por el mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de

ser pública la fuerza de que disponen y que tales autoridades lo son, no solamente la autoridad superior que ordene el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo [email protected]


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(tesis jurisprudenciales, SCJN, págs. 75 y 76, 122 y 123 del ASJF, partte común al pleno y a las

salas). 3.- El tercero perjudicado Es quien resulta beneficiado con el acto de autoridad que el quejoso impugna en el juicio de amparo

y tiene, interés en que en el acto subsista y que no sea destruido por el juicio que se pronuncia, por ello debe ser llamado a ajuicio, para que tenga la oportunidad de probar y alegar a su favor. 4.- El Ministerio Público de la Federación

Interviene cuando a juicio de éste se afecte el interés público facultado para interponer recursos procedentes, esto se encuentra previsto en la fracción IV, del artículo 5° de la Ley de Amparo, que

se comenta, denota sin duda alguna el mencionado representante de la sociedad quien intervendrá y será llamado a juicio según estime el caso afecte o no el interés público. V.- LEGITIMACIÓN, CAPACIDAD Y PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO LEGITIMACIÓN:

Se entiende por una calidad específica de un juicio determinado, en la que quién

entabla el juicio debe de demostrar que realmente es parte en la relación que dio origen al mismo, y que la contraria forma parte del otro extremo de la relación jurídica, y por lo tanto está facultado para hacer valer sus derechos en contra de otro. CAPACIDAD:

Es la capacidad jurídica de actuar, capacidad de goce: es la aptitud de ser titular de

derechos y obligaciones y capacidad de ejercicio: Es la aptitud de participar directamente en la vida

jurídica. Aptitud que tiene el individuo para desempeñar por sí mismo los derechos de que es titular. PERSONALIDAD: Es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso , en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. VI.- COMPETENCIA EN MATERIA DE AMPARO

El Artículo 105 Constitucional , organiza la competencia, exclusiva y directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados. 2.- Competencia de la Suprema Corte de justicia de la Nación En el Artículo 103 de la Constitución, le concede a los tribunales federales la potestad exclusiva de conocer originariamente de toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que

violen las garantías individuales , o que vulneren o restrinjan o invadan las esferas federal y de los Estados; sin embargo, pueden ejercerla excepcionalmente las autoridades judiciales del orden común en los casos de jurisdicción concurrente y auxiliar.

3.- Competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito Conocer: I. De los juicios de amparo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin a un juicio, por violaciones contenidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando

se trate: • En materia penal, se sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en la responsabilidad civil pronunciadas por los

mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos , en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la

comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas. •

En materia administrativa, de sentencias y resoluciones dictadas por tribunales

•

administrativos o judiciales, sean locales o federales. En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda

el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que los rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; y

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En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales laborales federales o locales. II. De los recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito, o el superior del tribunal responsable. III. Del recurso de queja. En los siguientes casos. •

•

Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito , el tribunal que conozca o haya

•

conocido del juicio, o por los mismos tribunales colegiados del circuito. Contra las resoluciones de un juez de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.

IV. Del Recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable , y cuando

se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución.

VI. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la Fracción I-B del artículo 104 de la Constitución. VII. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno. VIII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades que se refiere el artículo 37 de la ley de amparo,( la violación a las garantías individuales de los artículos 16, en materia penal y 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución,

podrá reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido tal violación) en estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más cercano. Cuando la cuestión se suscite respecto de un solo magistrado de circuito de amparo, conocerá su propio titular. IX. De los recursos de reclamación. 4.- Competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito

Conocerán: •

De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito,

que no constituyan sentencias definitivas, en términos de los previsto en la ley de amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el juez de distrito, en estos

casos , el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que • • •

haya emitido el acto impugnado. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los jueces de distrito.

Del recurso de la denegada apelación . De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo.

•

De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo.

5.- Competencia de los Jueces de Distrito El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, establece que se pedirá amparo ante juez de Distrito: • I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el

Presidente de la República, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso.

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•

II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

6.- Competencia concurrente y jurisdicción auxiliar CONCURRENTE: En el artículo17 fracción XII, reconoce la posibilidad de que, bajo determinadas

situaciones, los jueces o tribunales locales concurran o auxilien a los jueces o tribunales federales en el conocimiento de algunos juicios de amparo. JURISDICCIÓN AUXILIAR: Los jueces locales de primera instancia tienen potestad de conocer en

forma auxiliar de la acción de amparo, cuando no exista un Juez de Distrito en el lugar en que reside la autoridad ejecutora de las violaciones. Esta jurisdicción, funciona de la siguiente manera:

En primer lugar, con el fin de evitar abusos, se ha limitado la facultad de declarar la suspensión provisional de los actos reclamados; los jueces locales queden hacerlo únicamente cuando: •

Se trate de violaciones al artículo 22 constitucional o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, etc.

•

Se señalen como actos reclamados aquellos que puedan tener por efecto privar de sus derechos agrarios a un núcleo de población quejoso o de sus derechos individuales a

ejidatarios o comuneros. En segundo lugar: la actuación de los jueces de primera instancia se concreta a lo siguiente: • • •

Recibir la demanda y proveer provisionalmente sobre la suspensión, si está en los casos permitidos por la ley. Ordenar que se rindan al Juez de Distrito los informes respectivos.

Formar por separado un expediente en el que se consigna un extracto de la demanda y se integran las resoluciones dictadas, oficios girados y demás constancias.

•

Remitir sin demora el original de la demanda con sus anexos al juez de Distrito, quien les acusa de recibo de la demanda y otros documentos que hubiesen remitido.

VII.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

Estas están previstas en el artículo 73, fracciones de la I a la XVII de la Ley de Amparo y determinan el sobreseimiento de dicho juicio de garantías.

1.- Constitucionales IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY

DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los

supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las

causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Una de ellas es, cuando existen convenios celebrados ante las juntas, que contengan renuncia de derechos, se debe promover su nulidad antes de impugnarlos en amparo.

2.- Legales Como las causas legales de improcedencia del juicio constitucional que provocan su sobreseimiento, son de orden público, en todo estado del procedimiento, en cualquier momento, pueden ser puestos de manifiesto y pronunciados por los tribunales federales, sin que la omisión de

ellos en el auto admisorio, pueda coartar la obligación de tomarlos en consideración al fallar el negocio, puesto que, como es sabido, el proveído que admite la demanda de amparo, no causa estado ni tiene efectos definitivos en cuanto a la procedencia del juicio de garantías (registro 330).

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3.- Jurisprudenciales No se puede equiparar la jurisprudencia con el uso, costumbre, o práctica en contrario de que habla el artículo 10 del CCDF en virtud de la jurisprudencia de la SC no se origina, in se funda en ellos, sino que emerge de la fuente viva, que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos sometidos a la consideración de éste alto tribunal, conforme a su competencia, y precisamente porque la jurisprudencia es fuente del Derecho, de ahí demana su obligatoriedad en los términos del artículo 193 de la LA. VIII.- SOBRESEIMIENTO Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EL SOBRESEIMIENTO:

Es un acto procesal proveniente de las autoridades jurisdiccionales que

concluye definitivamente una instancia, pero esta terminaciones efectúa sin haberse llegado al estudio del fondo del asunto. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: Es la falta de interés jurídico por parte del quejoso, en el negocio judicial, o los vicios deque está afectada la acción deducida.

1.- Por desistimiento Cuando falta el interés jurídico del gobernado para su prosecución, circunstancia ésta que se manifiesta en el desistimiento expreso de la demanda, sin que importen los motivos que el

gobernado tuvo para ello. 2.- Por muerte del quejoso cuando el acto reclamado afecta derechos personalísimos no transmisibles En ésta hipótesis, el sobreseimiento obedece a la falta de interés jurídico en la prosecución del amparo, proveniente del fallecimiento del quejoso, operando únicamente en los casos en que el acto reclamado afecte derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, pudiendo afirmarse que, además la improcedencia del juicio de garantías se origine por

ausencia superveniente de la materia de dicho acto. 3.- Por improcedencia del amparo

Como las causas legales de improcedencia del juicio constitucional que provocan su sobreseimiento, son de orden público, en todo estado del procedimiento, en cualquier momento, pueden ser puestos de manifiesto y pronunciados por los tribunales federales, sin que la omisión de

ellos en el auto admisorio, pueda coartar la obligación de tomarlos en consideración al fallar el negocio, puesto que, como es sabido, el proveído que admite la demanda de amparo, no causa estado ni tiene efectos definitivos en cuanto a la procedencia del juicio de garantías.

4.- Por inexistencia de los actos reclamados La acción ejercitada está afectada de vicios legales que no facultan su ejercicio, la autoridad judicial, que conoce de dicho juicio, lo declara sobreseído sin entrar, al fondo del asunto debatido. Ya que la

acción que se reclama no existe de parte de la autoridad. Cuando la parte quejosa no puede probar la existencia del citado acto en la audiencia de ley. 5.- Por inactividad procesal y la caducidad de la instancia

Es por falta del interés jurídico de parte del quejoso, puede expresarse en el desistimiento del quejoso, o por la muerte del mismo. 6.- Oportunidad procesal para declarar el sobreseimiento Procede el sobreseimiento tanto en los amparos directos e indirectos por cualquier motivo, puede

ser por inactividad procesal, y el tribunal correspondiente declarará mediante resolución, que se declara sobreseído el juicio enunciando los motivos que lo originaron así también en casos de amparos en revisión que ha quedado firme la sentencia. IX.- SENTENCIAS

CONCEPTO.- Sentencia deriva del vocablo latino “sentencia” y significa dictamen o parecer que uno tiene o sigue, es decir, el juzgador de amparo da su parecer sobre el problema controvertido que le

ha sido sometido. [email protected]


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Otra de sus acepciones dice que significa la decisión de cualquier controversia La sentencia definitiva de amparo: Es el acto jurisdiccional del juez de Distrito, de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación o de los Tribunal Colegiado de Circuito, por el que una vez terminada la tramitación de la controversia planteada sobre la violación de garantías individuales o sobre la invasión competencial entre Federación y Estados, se resuelve si se concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad. CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SENTIDO EN QUE SE RESUELVE: • Sentencias que conceden el amparo • Sentencias que niegan el amparo • Sentencias que sobreseen el amparo • Sentencias que conceden el amparo respecto de alguno o algunos de los actos reclamados

y que sobreseen respecto de otro y otros actos reclamados. CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONTROVERSIA

QUE SE RESUELVE: • Sobre violación de garantías individuales •

Sobre violación a los derechos del quejoso, derivados de la invasión de la competencia de la autoridad estatal por autoridad federal.

•

Sentencias de amparo que resuelven sobre violaciones de derechos del quejoso, derivados de la invasión de la competencia de la autoridad federal por autoridades estatales.

•

Sentencias que resuelven sobre violaciones o garantías individuales y sobre violaciones a derechos derivados del sistema de distribución competencial entre federación y estados.

1.- Requisitos de forma • • •

La regla general de la sentencia es que debe de hacerse por escrito La expresión del tribunal que dicta la sentencia. El lugar, fecha y firma del juez, magistrado o ministros y secretario.

2.- Tipos La sentencia de amparo, adopta una forma tradicional que se divide en cuatro partes:

A).- Encabezado de la sentencia, en el que se indica: • Fecha de la sentencia • Juzgado, Tribunal, Sala de la Corte que dicta la sentencia • • •

Amparo directo o indirecto en el que se dicta la sentencia Nombre del quejoso, señalamiento del acto reclamado y de la autoridad responsable.

Número de expediente. B).- Capítulo de resultando: En el que se hace una narración de lo actuado en el proceso, con referencia especial a la demanda, al informe justificado a las manifestaciones del tercero perjudicado y a las pruebas aportadas en el juicio. C).- Capítulo de considerando: En el que se citan las normas jurídicas aplicables, principalmente las

normas constitucionales que contienen las garantías violadas y los derechos referentes a la distribución competencial entre federación y estados, y las doctrinas aplicables y el criterio interpretativo del juzgador, con su respectivo parecer sobre el problema controvertido planteado.

D).- Puntos resolutivos: En los que se precisa si se concede, niega o sobresee el amparo y se ordena notificar la sentencia de amparo.

3.- Efectos Son distintos, según la clase de sentencia: a).- Sentencia de sobreseimiento • 1.- Le dan fin al juicio de amparo • 2.- Se abstiene de emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad

del acto reclamado. [email protected]


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•

3.- Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio

de amparo. 4.- Cesa la suspensión del acto reclamado. 5.- La autoridad responsable recupera sus posibilidades de acción, de realización del acto reclamado. b).- Sentencia denegatoria del amparo • •

• • • •

1.- Declara la constitucionalidad del acto reclamado 2.- Finaliza el juicio de amparo 3.- Le da validez jurídica al acto reclamado 4.- Cesa la suspensión del acto reclamado

•

5.- Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio

•

de amparo. 6.- Permite que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a efecto la plena

realización del acto reclamado. c).- Sentencia concesoria del amparo: • 1.- Si el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá

por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación . •

2.- Si el acto reclamado es de carácter positivo y el amparo ha tenido por objeto proteger al quejoso contra la invasión de fac. competenciales (art. 103, fracciones II y III), la sentencia

que conceda el amparo tendría por bojeto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos derivados de la distribución de competencias entre federación y estados, restituyéndose al quejoso en el goce de esos derechos. •

•

3.- Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 4.- Si el acto reclamado era inminente futuro y el quejoso logró impedir que se llevar a cabo

mediante la suspensión, el efecto de la sentencia de amparo será que la autoridad responsable quede definitivamente impedida para llevar a cabo el acto reclamado. •

5.- Si se trata de una sentencia concesoria de amparo directo, que ha concedido el amparo contra una violación de procedimiento, el efecto de la sentencia de amparo consistirá en anular la sentencia impugnada en el juicio seguido ante la autoridad responsable y anular el

acto de procedimiento violatorio, debiendo reponerse el procedimiento a partir de la violación procesal y debiendo dictarse nueva sentencia por la autoridad responsable.

4.- Procedimiento para su cumplimiento La importancia de que se llevara a efecto la sentencia de amparo, bien por cumplimiento o bien por ejecución era exaltada por Ignacio L. Vallarta. Entonces derivamos que la realización pragmática de

los efectos de una sentencia ejecutoriada de amparo engendra deberes que han de acatar la autoridad o autoridades responsables. Tales deberes han de ser cumplidos por la autoridad responsable. Si hay incumplimiento se produce la actuación coactiva del órgano jurisdiccional para

que se llevar a efecto el acatamiento o la sentencia de amparo. La observancia voluntaria de la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable, se denomina “cumplimiento de la sentencia de amparo”.- El incumplimiento de la sentencia de amparo, seguida de los actos jurídicos

y fácticos tendientes forzadamente el acatamiento a la ejecutoria, se denomina “ejecución de la sentencia de amparo”. La palabra cumplimiento, deriva del latín: "Complementum" que significa la acción y efecto de cumplir.

A su vez cumplir deriva del latín complere y significa llevar a efecto una orden, un deber, un encargo, un deseo, una promesa. Por tanto, la sentencia ejecutoriada de amparo lleva consigo, [email protected]


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respecto de la autoridad responsable, el carácter de una orden y de un deber procedente del juzgador de amparo. La autoridad responsable, al recibir la orden de cumplir, ha de acatar, ha de observar el deber a su cargo, consistente en darle eficacia práctica a lo que se ordena en la ejecutoria. X.- RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO

1.- De revisión Recurso procede del vocablo latino “recursos” y significa acción y efecto de recurrir, éste a su vez es

acudir a un juez o autoridad con una demanda o petición, puede interponerse por persona física o moral, a quien afecta la resolución que se impugna o por representante legal o voluntario de éstas. Las resoluciones impugnables son las administrativas y jurisdiccionales; el recurso culmina con resolución de la autoridad revisora de la anterior resolución, en la que confirma, modifica o revoca la resolución impugnada. Los recursos se catalogan con adjetivos calificativos y son: •

IMPROCEDENTES.- Son los interpuestos fuera de término y los que no son legalmente idóneos para impugnar la resolución combatida.

•

INFUNDADOS.- Son aquellos que siendo procedentes, después de ser tramitado se resuelve en el sentido de que no son operantes los agravios hechos valer.

•

SIN MATERIA.- Es aquel en el que el recurso ha sido legalmente procedente, pero no es necesario que se dicte resolución de fondo por haber sobrevenido alguna circunstancia

innecesaria a la solución del fondo del estudio. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION.- Se da en los casos previstos por el artículo 83 de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: •

Fracción III.- Contra autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos.

•

Fracción IV.- Contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de

•

Distrito. Fracción V.- Contra resoluciones que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad.

COMPETENCIA DEL RECURSO DE REVISION. Esta se distribuye entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Casos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , para conocer del recurso de

revisión • •

Contra resoluciones dictadas en la audiencia constitucional por el juez de Distrito.

•

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación . estime que un amparo en revisión por sus características especiales debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo de oficio o a

Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de Circuito. en materia de amparo directo

petición de parte (por el Tribunal Colegiado del Circuito. o el Procurador General de la República) PERSONAS QUE PUEDAN INTERVENIR EN EL RECURSO DE REVISIÓN.- Son las partes que

intervinieron en el juicio de amparo, con excepción del Ministerio Público Federal, quien tiene limitaciones para hacerlo, así como las autoridades responsables y los órganos del Estado.

TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.- Para interponer el recurso de revisión se da un plazo de diez días, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la sentencia. La interposición se hará ante el juez de Distrito, la

autoridad que conozca del juicio o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en los casos de amparo directo, es decir, el recurso de revisión se interpone ante el órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución que se impugna y debe ser por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios

causados.

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ADMISION O DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN.- En el acuerdo inicial que dicte el

Tribunal Colegiado de Circuito calificará la competencia del recurso de revisión y lo admitirá o desechará si admite, notificará al Ministerio Público Federal, hecho esto, se proyectará y resolverá

dentro del término de quince días. RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION.- El Tribunal Colegiado de Circuito. al resolver el

recurso de revisión: • Examinará los agravios alegados contra la resolución recurrida • Sólo tomará en consideración las pruebas rendidas ante el juez de Distrito, o ante la autoridad que conoció el juicio.

2.- De queja La queja procede en los casos siguientes: •

I.- Contra autos dictados por jueces de Distrito o por el Superior Tribunal a quien se impute

•

la violación, en que admitan demandas notoriamente improcedentes. II.- Contra autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución del auto que

concedió la suspensión. III.- Contra actuación de las autoridades responsables IV.- Contra resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio o los Tribunal Colegiado de Circuito. TÉRMINO PARA INTERPONER RECURSO DE QUEJA.- En el caso de la autoridad responsable • •

por exceso o defecto en la ejecución del acto reclamado, se puede interponer en cualquier tiempo.

En las sentencias concesorias del amparo sea directo o indirecto puede interponerse dentro del plazo de un año. En los demás casos (fracciones I, V, VI, VII y VIII, artículo 95 de la Ley de Amparo)

la queja debe interponerse dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos su notificación. En el caso de la fracción XI del citado artículo, dentro de las 24 horas siguientes al en

que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. TRAMITE DEL RECURSO DE QUEJA.- Según el tipo de queja, procede ante órgano jurisdiccional

específico a saber: •

En los casos previstos en las fracciones II, III y IV, ante el juez de Distrito o autoridad que

• •

conozca o haya conocido del juicio de amparo. En los casos de las fracciones I, VI, VII, ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX, ante el Tribunal que conoció o debió conocer

de la revisión. ESCRITO DE QUEJA Y COPIAS DEL MISMO.- Se debe presentar por escrito y debe acompañarse

de copias necesarias para cada una de las autoridades responsables y cada una de las partes en el juicio de amparo. ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE QUEJA.- Si la queja es procedente y reúne

los requisitos, se admitirá por la autoridad competente, en el auto admisorio se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto la queja, que rinda informe con justificación dentro del

término de tres días, si no reúne los requisitos mencionados se desechará y impondrá una sanción de 3 a 30 días de salario al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos. INFORME CON JUSTIFICACIÓN.- Se estipuló que la autoridad responsable deberá rendirlo dentro del término de 3 días y haya o no informe transcurrido el plazo, se dará vista al Ministerio Público

Federal por el término de tres días. La falta o deficiencia del informe mencionado, establece la presunción de ser ciertos los hechos y hará incurrir a las autoridades omisas de una multa de 3 a 30

días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja, en la misma resolución que dicte sobre ella.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA.- Transcurrido el término de tres días concedido al Ministerio Público Federal, se inicia el término de tres días en que la queja debe resolverse. Cuando

en el proceso de queja se trata de exceso o defecto de la ejecución de auto concesorio de suspensión definitiva, o exceso o defecto de la ejecución de sentencias de amparo, debiera permitir

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una dilación probatoria que permita probar ese exceso o defecto de la ejecución de sentencias de amparo, debiera permitir una dilación probatoria que permita probar ese exceso o defecto y no resolverse después de la rendición de informe justificado y vista al Ministerio Público Federal.Cuando la queja se declare infundada por haberse interpuesto sin motivo alguno, se impondrá sanción pecuniaria, prevista por el artículo 102 de la Ley de Amparo. SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- La interposición del recurso

de queja, suspende el procedimiento en el juicio de amparo, no en el incidente de suspensión, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el caso de la audiencia, si obtuviera resolución favorable en la queja. 3.- De reclamación Procede sólo en los siguientes casos: • Mediante el, sólo se impugnan los acuerdos de trámite • Sólo es procedente en el amparo directo • Tiene una regulación jurídica muy reducida. Procede contra acuerdos de trámite dictados por • Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación • Presidente de cualquier Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. • Presidente de cualquier Tribunal Colegiado de Circuito. TRAMITE DEL RECURSO DE RECLAMACION.- Se podrá interponer por cualquiera de las partes,

por escrito, en el que expresen agravios, dentro del término de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución (acuerdo impugnado). RESOLUCION DEL RECURSO DE RECLAMACION.- El órgano que conozca el fondo del asunto,

resolverá dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo. Al resolver, discrecionalmente decide si se sanciona o no la interposición del recurso de reclamación y se impondrá al recurrente o a su representante o a su abogado o a ambos, una multa de 10 a 120 días de salario. XI.- AMPARO INDIRECTO PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.

Se promueve ante los jueces de Distrito y no directamente ante los Tribunales Colegiados de Circuito, ésta es la diferencia del amparo directo, dicho juicio en una segunda instancia puede llegar al conocimiento de los T.C.C., a través de la interposición del recurso de revisión. La regla general para determinar la procedencia del amparo indirecto es de que se trate de actos reclamados que no sean sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; el amparo indirecto está previsto por los artículos 156 y 37 y su procedencia en el 114 y 115 de la Ley de Amparo.

1.- Términos para su interdisposición 15 días a partir de la fecha en que le fuera notificada la sentencia al quejoso.

2.- Requisitos de la demanda Deberá formularse por escrito y expresará: • Nombre y domicilio del quejoso y de quién promueve en su nombre • Nombre y domicilio del tercero perjudicado • Autoridad o autoridades responsables • •

Ley o acto que de cada autoridad se reclame Preceptos constitucionales

3.- Tramitación La admisión de la demanda de amparo indirecto, por el juez de Distrito, está prevista en el artículo

147 de la Ley de Amparo. El informe justificado es un acto procesal que da contestación a la [email protected]


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demanda de amparo, por la autoridad responsable y ésta al producirlo indicará si es cierto o no el acto reclamado si los antecedentes o fundamentos de los conceptos de violación son ciertos; expondrá argumentos contrarios a los del quejoso y razones que en concepto de ella funde la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado; el término para su interposición es de cinco días y podrá ampliarse por cinco días más. 3.1.- Emplazamiento 3.2.- Notificación

La notificación es el acto por virtud de cual una autoridad pone en conocimiento de las partes cualquier acuerdo recaído en el negocio que ante ella se ventila.

Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.

El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por

inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y

deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el Secretario de Estado o Jefe de

Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial. 3.3.- Informe justificado PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO.- En el juicio de amparo, el quejoso habrá de demostrar

los hechos constitutivos de la acción de amparo que ha ejercitado. La autoridad responsable el tercero perjudicado, tendrán que demostrar los hechos que constituyan excepciones o defensas a las pretensiones del acto de amparo. El Ministerio Público Federal en su carácter de parte reguladora en el juicio de amparo podrá aportar probanzas que tiendan al descubrimiento de la verdad, para que el amparo se resuelva en forma favorable a los intereses sociales que representa. En el juicio de amparo existen 3 etapas probatorias, que a saber son: • Ofrecimiento de pruebas: Las partes (quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado y Ministerio Público Federal) ofrecerán pruebas en la audiencia constitucional. • Admisión de pruebas: Es un hecho por el juez en la misma audiencia constitucional. • Recepción de pruebas: Se hará en la audiencia constitucional. 3.4.- Audiencia

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Admitida la demanda de amparo, en el auto inicial se señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días. Esta puede aplazarse en un término que no exceda de diez días y se hará públicamente. Abierta la audiencia se reciben por orden las pruebas, los alegatos por escrito y el pedimento del Ministerio Público Federal y enseguida, se dictará el fallo correspondiente. En la audiencia se realizan 3 aspectos procésales, que son: •

Periodo probatorio: Abarca ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas

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•

Periodo de alegatos: Se reciben alegatos verbales o escritos de las partes y el pedimento del Ministerio Público Federal.

•

Periodo de sentencia: El juez de Distrito, puede sentenciar en la misma audiencia la última

fase de la audiencia constitucional, está constituida por el dictado del fallo, pero de éste nos

ocuparemos en capítulo especial; en la sentencia se hace la apreciación y valorización de las pruebas y de valorización de pruebas deberá estarse a lo que determina el Código Federal de Procedimientos Penales. XII.- AMPARO DIRECTO PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Se denomina amparo directo y su procedencia legal se rige en el título 3º. de la Ley de Amparo, que se llama “De los juicios de amparo directo ante los T.C.C.”. Determina el artículo 158 de la citada ley, que el juicio es competencia de los T.C. que correspondan, en los términos de las fracciones V

y VII del artículo 107 constitucional; se reitera que el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que en seguimiento al principio de definitividad, el mencionado

artículo precisa que dichas sentencias, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya no deben ser impugnables mediante algún recurso ordinario, por lo que pueden ser modificadas o revocadas,

ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones o garantías cometidas en las sentencias, laudos o resoluciones indicados.

1.- Términos para su interdisposición TÉRMINO.- De origen latino “terminus”. En el aspecto jurídico procesal el término alude a un periodo cronológico en el que pueden ejercer derechos o cumplir obligaciones, de manera válida, respecto de un proceso jurisdiccional.

Tiempo de que dispone una parte, un órgano jurisdiccional o un tercero, para ejercitar derechos o cumplir obligaciones, con oportunidad, dentro de las etapas en que se

TÉRMINO PROCESAL.-

divide el proceso. CLASIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS:

• • •

LEGALES.- Fijados en la Ley de Amparo JUDICIALES.- Señalados por el juzgador

• • • • •

COMUNES.- Señalado para todas las partes (audiencia) PRORROGABLES.- Susceptible de ser ampliado IMPRORROGABLES.- No puede extenderse FATALES.- El transcurso del tiempo produce la pérdida del derecho que pudo ejercitarse.

INDIVIDUALES.- Señalado en forma individual para una de las partes (quejoso vs demanda)

NO FATALES.- Se requiere que la parte contraria acuse rebeldía para que el juzgador declare la pérdida del derecho que en tiempo pudo ejercitarse.

TÉRMINO PARA INTERPONER DEMANDA DE AMPARO.-

Es de quince días, contados desde el día siguiente de la notificación al quejoso del acto reclamado. De lo contrario el amparo será extemporáneo, improcedente y se sobreseerá.

2.- Requisitos de la demanda • • • • • •

Substanciación del amparo directo

Presentación de escrito de demanda Envío de autos originales o copias certificadas Escrito de tercero perjudicado Pedimento del Ministerio Público Federal Pronunciamiento de la sentencia correspondiente

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La demanda siempre ha de formularse por escrito y expresará: • Nombre y domicilio del quejoso y de quién promueva en su nombre • Nombre y domicilio del tercero perjudicado • Autoridad o autoridades responsables • Sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio • Fecha en que se haya modificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio y fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución

recurrida. • • • •

Preceptos constitucionales violados y conceptos de la misma violación.

Leyes aplicadas inexactamente Preceptos constitucionales violados (garantías individuales violadas) Conceptos de violación (argumentos lógicos jurídicos), con los que demuestre que el acto reclamado es violatorio.

3.- Tramitación • •

La demanda deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. La autoridad responsable remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio

•

Público Federal y los autos originales al T.C.C. que corresponda dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe justificado. Recibida la demanda de amparo por el T.C.C., dictará acuerdo en el que: • • • •

•

Desechará la demanda Pedirá al quejoso aclare la demanda Acuerdo presidencial

Admitirá la demanda El informe justificado es la contestación de la autoridad responsable a la demanda de amparo, controvirtiendo los hechos y argumentará en contra de los conceptos de violación,

así como de la aplicación inexacta de una ley y hará vales las causas de improcedencia o se sobreseimiento que en su concepto procedan. A falta de rendición se le impondrá una sanción de 20 a 150 días de salario. •

Intervención del Ministerio Público Federal y del tercero perjudicado, la del primero es con el fin de procurar la pronta y expedita administración de justicia en el juicio de amparo; así

como parte, podrá solicitar los autos para formular pedimento y devolverlos dentro del término de 10 días. La intervención del tercero perjudicado como parte en el juicio es la de presentar alegatos dentro de un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al del

emplazamiento que se le hizo por la autoridad responsable o por el Tribunal Colegiado de •

Circuito. Resolución del amparo directo, ésta se encomienda a un magistrado ponente del T.C.C.

competente, para la elaboración de proyecto de resolución, mismo que se someterá a discusión y votación de los dos restantes magistrados en sesión para aprobar el sentido de la resolución. •

Efectos de la sentencia de amparo.

I. Si la sentencia definitiva de la autoridad responsable se juzgó violatoria de disposiciones legales

de fondo, se concederá el amparo y la autoridad responsable deberá dictar nueva sentencia en la que ceñirá a la aplicación exacta de las leyes de fondo que le marquen los considerandos del fallo por lo que se concedió el amparo.

II. Si la sentencia concesoria del amparo determina que la autoridad responsable fue omisa y no realizó el estudio de alguna prueba aportada por el quejoso, el efecto del amparo será que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que examinará la prueba omitida con plena jurisdicción.

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XIII.- SUSPENSIÓN

1.- En amparo directo

La competencia de la suspensión en amparo directo o indirecto corresponde a los Tribunales Colegiados (170 L.A.), en los amparos uni-instaciales de orden civil y administrativo la suspensión sólo procede a petición de parte.

La suspensión de amparo uni-instanciales de orden penal se decreta oficiosamente y de plano por la autoridad responsable; los efectos de a suspensión consisten en paralizar o detener la ejecución del mismo, impidiendo que mientras no sea resuelto el amparo y el TCC o por la SCJN el quejoso compurgue como reo, las sanciones impuestas. En materia laboral la petición es por parte agraviada y sólo se suspende la ejecución cuando exceda

de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 2.- En amparo indirecto

Procede a petición de parte, es necesario que reúna los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales son: • Que la solicite el agraviado •

Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

En los casos en que proceda la suspensión de oficio, el quejoso pedirá la suspensión por escrito en

la propia demanda de amparo, en ocurso separado o después de la demanda, pero antes de causar ejecutoria, ante el juez de Distrito competente. XIV.- JURISPRUDENCIA

1.- Formación, interrupción y modificación de la jurisprudencia FORMACIÓN:

a). Uniformidad del sentido interpretativo y considerativo en la resolución que conozca la SCJN, funcionando en Pleno, se establezca en cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por los menos por 4 ministros. b). Uniformidad del sentido interpretativo y considerativo en la resolución que conozca la SCJN, se

establezca en cinco ejecutorias o sentencias acerca de una o varias cuestiones jurídicas, no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por 14 ministros.

c). La formación de la jurisprudencia de la pronunciación de 5 ejecutorias no interrumpidas por ninguna en contrario, adolece de que una sola tesis que dilucide las contradicciones de sentencias de las salas o de los Tribunales Colegiados, puede constituirla. INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA:

-La interrupción implica la cesación de urgencia de las tesis que la constituyen y equivale a la abrogación de una ley, sin que éstas sean sustituidas en una observancia jurídica por la ejecutoria o ejecutorias interruptoras. Para su interrupción basta un fallo en contrario. -La modificación revela como su enmienda o reforma, conservando en el punto o en las cuestiones

reformativas, su fuerza de obligatoriedad. Al modificarse la jurisprudencia, ésta se mantiene obligatoria en los términos de le enmienda respectiva y por tanto, se requiere que la SCJN funcionando como Tribunal Pleno o en Salas hayan pronunciado 5 ejecutorias en que se contengan los puntos reformativos de que se trate, que no hayan sido interrumpidas por otra en contrario y que sean aprobadas x 14 ministros, si los negocios dictados son competencia del pleno o x 4 ministros si

son de Salas. 2.- Obligatoriedad de la jurisprudencia

En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia es obligatoria para tribunales unitarios y colegiados de circuito y, jueces de distrito y para tribunales militares, judiciales del orden común y tribunales locales o federales administrativos y del trabajo, locales o federales.

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AMPARO EN MATERIA AGRARIA

La expresión agrario o agraria, procede del vocablo latino agrarius, que a su vez procede de ager, agri, que significa campo, se trata de un adjetivo que aludo a lo perteneciente o relativo al campo.

En consecuencia la materia agraria es aquella en la que se versan los intereses jurídicos que derivan del campo, aprovechamiento de la tierra para fines agropecuarios.

El amparo en materia agraria se refiere al juicio de amparo que se instaura por las personas dedicadas al aprovechamiento de la tierra, para fines agropecuarios y, respecto de actos de autoridad estatal presuntamente violatorios del cauce marcado por el artículo 103 constitucional. REGULACIÓN ESPECIAL DEL AMPARO AGRARIO:

• • • • •

Evitar concentración de tierras en unos cuantos poderosos económicamente Evitar la formación de latifundios Evitar despojos a los ejidos, comunidades agrarias, ejidatarios y comuneros Permitir defender sus derechos

Superar pobreza e ignorancia de los sujetos citados en el inciso c, mediante un sistema de tutela

ALCANCE DEL AMPARO AGRARIO:

• • • • •

Núcleos de población ejidal Núcleos de población comunal Ejidatarios

Comuneros Campesinos Desde el punto de vista objetivo el amparo agrario comprende la reclamación de los siguientes actos de autoridad estatal: • Actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perjudicados. •

Actos que afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos

•

antes mencionados, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados Actos cuya consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que

hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros. TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO:

En cualquier tiempo: Privan parcial, temporal o definitivamente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos. agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal. De 30 días: Cuando causan perjuicio a los derechos. individuales del ejidatario o comunero.

•

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ECONÓMICO I. BASES CONSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN DE LA ECONOMÍA

1.- Bases constitucionales del derecho económico Para Fernando Lasalle las constituciones escritas no tienen valor, y no son duraderas, más que

cuando dan expresión fiel de los factores, de poder imperantes en la realidad social. Las bases ideológicas de nuestro sistema político-económico las encontramos en el art. 3º Const. F.

Y inciso a, b y c (ver artículo) 1.1. Facultades en materia económica 1.1.1. Del ejecutivo federal 1.1.2. Del legislativo 1.1.2.1. Cámara de Diputados 1.1.2.2. Cámara de Senadores 1.1.2.3. Congreso de la Unión II. POLÍTICAS PÚBLICAS

1.- Política económica 1.1. Concepto Fomento y vigilando la iniciativa privada. El desarrollo de las empresas de economía mixta. Las empresas han adquirido una importancia enorme y según los signos de la época esta corriente

será cada vez más intensa, el desarrollo de nuestro desarrollo financiero, con su conjunto de leyes fiscales, crediticias y de organización fiduciarios federales. El apoyo al federalismo mexicano art. 22 Ley orgánica de la administración publica.

1.2. Fines * La planeación será democrática.

* Se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para ser incorporadas a los planes de desarrollo. * Deberá existir un plan nacional de desarrollo. * El ejecutivo por disposición legal establecerá los procedimientos de participación y consulta en el sistema nacional de planeación democrática.

* Así mismo el ejecutivo, establecerá los criterios para la formulación, instrumentación contra la evaluación del plan, y los planes de desarrollo. 1.3. El Sistema de planeación democrática: el Plan Nacional de Desarrollo Con la que cuenta con la participación de los sectores sociales, arts. 25, y 26 Const. 2.- Política financiera

2.1. Concepto 2.2. Ingreso y gasto público como instrumentos de la política económica INGRESO.

Ingreso es lo percibido por un individuo, o por una colectividad, en tanto agentes

económicos, coma fruto del capital a remuneración del trabajo. Equivalen al conjunto de derechos

de quien Ia percibe sobre los recursos disponibles, que le son atribuidos en un periodo dado, sin reducciones de su patrimonio. GASTO PUBLICO. Es el monto de las erogaciones efectuadas para el Estado para Ia adquisición

de los bienes y el pago de los salarios necesarios para Ia prestación de los diferentes servicios públicos, para cubrir el servicio de Ia deuda, y para realizar diversos pagos de transferencia como pensiones, jubilaciones y subsidios. 2.3. Subsidios y estímulos fiscales

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3.- Política monetaria

3.1. Concepto La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para el crecimiento económico, el desarrollo del sector privado, Ia atracción de Ia inversión nacional y extranjera, el control de Ia inflación, Ia eficiencia de las políticas sociales y Ia disminución de Ia pobreza. En otros términos, le

corresponde al gobierno proporcionar el > estable y apropiado para que las acciones sectoriales, publicas y privadas, se maximicen en pro de un desarrollo integral.

El estado tiene un nuevo papel, que implica asumir plena y eficientemente su responsabilidad, en particular en materia del desarrollo sostenible que contextualiza al crecimiento económico Ia equidad social, Ia gobernabilidad y desarrollo institucional, e indudablemente lo que significa Ia transformación productiva hacia un mejor desarrollo tecnológico. CONCEPTO DE POLITICA CREDITICIA Y POLITICA MONETARIA

Las políticas monetarias y financieras complementarían, no sustituirían, las soluciones estructurales, y conducirían hacía Ia estabilidad monetaria y Ia disminución de las tasas de interés para dinamizar

Ia inversión de los sectores productivos y los servicios, al tiempo que se requerirán medidas que incentiven Ia utilización del crédito de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias y financieras, se buscaría Ia forma de: • Disminuir el encaje legal con el objetivo de disminuir Ia tasa de interés. •

Promover y ordenar el mercado de capitales, que regule Ia emisión y comercialización de títulos de valores. El Estado seria el encargado de proveer de toda Ia normatividad jurídica

para su expansión. • •

Implementar una política de inversión productiva estimulando el ahorro interno en el país. Implementar una política de inversión extranjera, en Ia perspectiva de atraer capitales hacia Ia inversión productiva.

•

Comprar y vender Ia deuda en los mercados secundarios.

•

Emitir bonos de deuda por cuenta del Banco Central garantizados por los organismos

•

internacionales. Eliminar las distorsiones y las medidas discrirninatorias hacia las exportaciones

•

tradicionales. Flexibilizar las normas que rigen las instituciones financieras de forma tal que los sectores

productivos y Ia mediana y pequeña empresa puedan acceder a los créditos de Ia manera comercial. •

Llevar a cabo Ia reforma institucional del sector financiero que implica par un lado, el

fortalecimiento de Ia capacidad técnica de las instituciones supervisoras, para Ia eficiencia de su función de control del sistema bancario; y, por otro, Ia autonomía e independencia del Banco Central de las decisiones del Poder Ejecutivo. 3.2. Instrumentos legales de la política monetaria El art. 28 Const. El art. 73 Const. F. VII, IX, X, XII,

Pasaje legal: dinero, o efectivo existente en la caja de un banco al finalizar la jornada de servicio público. 3.3. Banco de México La banca es una actividad financiera consistente en dinero en forma de depósito regular a un cierto tipo, compra de valores, mobiliarios, a un interés. Por mandato constitucional, el Banco de México es autónomo. Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

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4.- Política fiscal

4.1. Concepto 4.2. Fines III. COMPETENCIA ECONÓMICA

1.- Ley federal de Competencia Económica 1.1. Concurrencia y competencia económica

Asistir a los mercados, conjunto de compradores y vendedores de diferentes bienes y servicios, para competir en el mismo plano de igualdad, comercio, industria y servicios, bien sea nacional a internacionalmente. 1.2. Comisión Federal de Competencia

Es un órgano administrativo desconcentrada de Ia Secretaria de economía, Ia que puede resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente Ia violación a Ia ley y denunciar ante el ministerio público las conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia. 1.2.1. Naturaleza y procedimientos

2.- Prácticas monopólicas 2.1. Absolutas 1. Los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 2. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra-vente de bienes o servicios al que

son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. 3. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia, restringidos o limitados de servicio. 4. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de

bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios, determinados o determinables, o; 5. Establecer, concretar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos o almonedas públicas. 2.2. Relativa

Actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazado indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles substancialmente su acceso o establecer ventajas en exclusivas a favor de una o varias personas. 2.3. Concentraciones y fusiones IV. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO

1.- Inversión extranjera

La falta de reglas claras, Ia burocracia estatal, Ia corrupción administrativa, están determinando un ambiente poco confiable para Ia inversión extranjera, par Io que es necesario entonces definir una política clara y precisa que estimule este tipo de inversión, por lo que se debería propugnar: Incentivar Ia inversión extranjera, mediante Ia aplicación de Ia Leyes de Inversión Extranjera y garantizar reglas claras en cuanto a los derechos y obligaciones de los inversionistas en el país.

Estimular Ia inversión extranjera asociada a Ia transferencia de tecnología, Ia diversificación de Ia producción, Ia creación de nuevas fuentes de trabajo, Ia generación de divisas, Ia expansión y diversificación del mercado y salarios adecuados en el contexto del desarrollo sostenible. Garantizar que Ia inversión extranjera sea compatible con las Leyes a reglamentos Sobre el Medio

Ambiente.

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Requerir Ia información necesaria para el usa de financiamiento externo para fines de registro, control y seguimiento, independientemente de las condiciones del mercado financiero del país en el

que se haya contratado el crédito. Evitar Ia fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento de tasas de interés ligeramente superiores a Ia tasa de interés externa nominal. Evitar Ia incertidumbre de inestabilidad macroeconómica o perspectivas de depreciación en el tipo de cambio, con una política monetaria y fiscal coherente. Evitar medidas económicas que puedan disminuir Ia tasa de retorno de sus activos financieros en el

país. Prohibir inversiones extranjeras en desechos tóxicos a sustancias radioactivas no producidas en el

país, así como en actividades que afecten Ia salud, eI agotamiento de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y, en general, del media ambiente y Ia calidad de vida. 1.1. Directa 1.2. Indirecta 1.3. De portafolios 2.- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Deberán inscribirse: Art. 32 de la Ley de Inversión Extranjera. Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera, incluso aquellas en la que esta participe a través de fideicomisos y la inversión neutra. Las personas físicas y morales extranjeras que realicen habitualmente actos de comercio en la república mexicana, y sucursales de inversionistas extranjeros establecidos en el país

y Los fideicomisos de acciones o partes sociales de bienes inmuebles y de inversión neutra por virtud de los cuales se deriven derechos a favor de la inversión extranjera. 3.- Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Art. 23 ☺ Secretario de Gobernación. ☺ De relaciones exteriores. ☺ De hacienda y crédito público. ☺ De desarrollo social. ☺ De medio ambiente, recursos naturales y pesca. ☺ De energía. ☺ De comercio y fomento industrial. ☺ De comunicaciones y transportes. ☺ De trabajo y previsión social y; ☺ De turismo. ☺ Excepcionalmente se podrá invitar a participar a aquellas autoridades de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar. V. PROPIEDAD INTELECTUAL

1.- Propiedad industrial

1.1. Patentes Documento expedido par Ia administración pública para hacer constar un derecho temporal de usar a explorar industrial y comercialmente un invento que satisfaga los requisitos que las Ieyes fijen. La patente es considerada en México coma un monopolio de explotación de Ia industria a ade a que eI invento se refiere.

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1.2. Privilegio monopólico CONCEPTOS: MONOPOLIOS. Es toda situación de un mercado en el cual Ia competencia no existe del lado de Ia oferta, dado que una empresa ó individuo produce y vende Ia producción total de un determinado bien a servicio, controla su venta, tras eliminar a todos los competidores reales o potenciales y tiene

acceso exclusivo a una patente de Ia que otros productores no disponen. OLIGOPOLIO.

Es el control de Ia oferta de un bien a servicio por un número reducido de

productores, a quienes corresponden una alta proporción de Ia producción, el empleo a las ventas. ESTANCOS. El asiento que se hace para acotar Ia yenta de las mercancías y otros géneros vendibles, poniendo tasa y precio a que fijamente se hayan de vender y embarazando que otros puedan tratar y contratar en los géneros que no toma por su cuenta y par cuyos derechos y ventas hace escritura y obligación, el estanco viene a ser el monopolio a favor del estado, ya fuera para

elaborar a vender, exclusivamente, ciertos artículos, para explorar con igual privilegio iguales servicios coma el de correos o telégrafos. 1.3. Modelo industrial Serán registrados los modelos de utilidad que sean nuevos y apliquen en la industria. 1.4. Secreto industrial

Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos a procedimientos industriales que el empresaria, par un valor competitivo para Ia empresa, desea mantener ocultos. 1.5. Marcas y nombres y comerciales 1.5.1. Franquicias

Concesiones a Iicencias, coma un acuerdo contractual mediante el cual se una compañía matriz (franquiciadora) le concede a una pequeña compañía a un individuo (franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones específicas. 1.6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Corresponde al IMPI para efectos administrativos. El objeto de esta Ley establece bases en las que las actividades industriales y comerciales del país,

tenga lugar un sistema permanente de perfección de sus procesos y productos F. II. Promueve y fomenta la actividad inventiva de aflicción industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; propicia e impulsa el mejoramiento de calidad de bienes y servicios en la industria y el comercio; favorece la creatividad para el diseño y presentación de productos nuevos y útiles; protege la propiedad industrial regulando y otorgando

paténtales de inversión; previene los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyen competencia desleal, establezca sanciones y penas.

2.- Derechos de autor Es el reconociento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley, en virtud del cual otorga su protección goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el derecho moral y los segundos el patrimonial. Autor: es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. 2.1. Instituto Nacional del Derecho de Autor

Esta ley protege las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. VI. COMERCIO EXTERIOR

1.- Concepto Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos finales,

productos intermedios necesarios para la producción de finales o materias primas o productos agrícolas. El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes

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que fabrica de forma eficiente y con menores costos. El comercio también permite a un estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía. Por ultimo, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía, y se

caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas

económicas. 2.- Regulación Los cuerpos normativos sustantivos que regulan eI comercio exterior son: Ia ley del comercio exterior y su reglamento, códigos antidumping, subsidios y derechos compensatorias, de

salvaguarda, de obstáculos técnicos al comercia internacional, Ia ley aduanera y su reglamento, tratado de libre comercio de América del norte, reglas en materia aduanera del TLC, Iey de metrología y normalización, resoluciones en materia de comercio exterior, y el decreto que aprueba Ia OMC, publicado en el DO el 4 de agosto de 1994. 3.- Libre comercio, y prácticas desleales de comercio Son acuerdos derivados de conferencias Internacionales cuyo propósito es liberar el intercambio de

bienes y servicios entre países o grupos de países, reduciendo los aranceles y otras barreras no arancelarias al comercio internacional a nivel regional o mundial. Las Partes rechazan toda práctica desleal de comercio internacional que cause ó amenace causar distorsiones al comercio. 4.- Dumping, subvenciones y medidas de salvaguarda

4.1. Conceptos CRITERIOS LEGALES:

Además del artículo 6º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Protocolo de Marrakech, par el cual se crea Ia Organización Mundial del Comercio (OMC), contiene

también el Acuerdo Relativo a Ia Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, conocido coma Código Antidumping.

CONCEPTOS Dumping. Es el termino técnico usado en el comercio internacional, para calificar Ia venta de un producto en moneda extranjera, a predios mas bajas que el mismo costa de producción, o por lo menos inferior a aquel a que es vendido dentro del mercado interno del país de origen. Esta practica introducía un elemento de competencia desleal en los mercados internacionales, por lo que muchos países adoptaron leyes autorizando Ia imposición de gravámenes especiales “antidumping”. De ahí que el “dumping” no sea empleado hay en Ia con tanta amplitud como ocurría en el pasado, a no ser

el dumping implícito que conlleva los fenómenos de subvaluación ficticia de Ia moneda nacional, porque los tipos de cambio no reflejan Ia cantidad real efectiva que Ia moneda debiera tener. Subvenciones. En el caso de las subvenciones es el gobierno a un organismo gubernamental el que actúa, bien abonado directamente las subvenciones a determinados clientes.

Pero Ia OMC es una organización de países y sus gobiernos. La OMC no trata con las empresas ni puede reglamentar sus actos, por ejemplo el dumping. Por consiguiente, el Acuerdo Antidumping Únicamente afecta a las medidas que puedan adoptar los gobiernas contra el dumping. En el caso de las subvenciones, los gobiernos actúan desde ambas ladas; otorgan subvenciones y adoptan medidas contra las subvenciones de los demás. Par consiguiente, eI Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias somete a disciplina tanto las subvenciones como las reacciones que éstas

provocan. Salvaguardas. Un miembro de Ia OMC puede restringir temporalmente las importaciones de un producto (adaptar medidas de salvaguardia) si las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad que causan a amenazan causar daño a una rama de producción nacional. El daño causado ha de ser grave. Siempre se puede recurrir a estas medidas en el marco del GAIT.

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4.2. Ley de Comercio Exterior

Tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incremental la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso suficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacionalidad y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Estas disposiciones son de orden público y de aplicación en toda la república

4.3. Existencia de daño Es cuando se causa a una producción nacional, una amenaza de daño importante a una producción nacional o un retrazo sensible en la creación de esta producción y dicho término deberá interpretarse de conformad con lo que establece lo siguiente. Art. 15 de la Ley de Comercio Exterior.

4.4. Subsidios y subvenciones El Acuerdo establece tres categorías de subvenciones: subvenciones prohibidas, subvenciones recurribles y subvenciones no recurribles. Es aplicable a las productos agropecuarios lo mismo que

los productos industriales, excepto cuando las subvenciones estén en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre Ia Agricultura.

Subvenciones Prohibidas. Son aquellos cuya concesión está supeditada al logro de determinados objetivos de expedición o a Ia utilización de productos nacionales en vez de productos importados.

Subvenciones recurribles. Cuando se trata de una subvención comprendida en esta categoría el país reclamante tiene que demostrar Ia subvención

Subvenciones no recurribles Pueden ser subvenciones no específicas a subvenciones específicas para actividades de investigaciones industrial y actividades de desarrollo precompetitivas.

SUBSIDIOS : Es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados y que se considera como Ia especie del género denominado subvención. 4.5. Dumping social

La importancia de mercancías a un precio menor al comparable de merecías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o procedencia. Es la importación al mercado nacional de mercancías extranjeras a un producto inferior a su valor normal. 4.6. Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El Capítulo XIX del TLCAN establece un sistema de solución de controversias muy complejo integrado por cuatro instancias, de las cuales la más importante es la prevista en el artículo 1904. Este artículo prevé un mecanismo alternativo de solución de controversias denominado "revisión ante panel binacional". Los paneles binacionales tienen como finalidad que un grupo de expertos revise que las resoluciones dictadas por las autoridades investigadoras de México, Canadá y los Estados Unidos de América en materia de cuotas antidumping y antisubvenciones a fin de constatar

que hayan sido emitidas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Este mecanismo es "alternativo" en virtud de que cada uno de los tres países miembros pueden remplazar la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y antisubvenciones con la revisión que lleve a cabo un panel binacional, por lo cual las Partes tienen la opción de seleccionar

una vía u otra, pues las mismas son excluyentes, Sin embargo, por acudir a este tipo de vía las partes no pierden el derecho de impugnar ante la OMC las resoluciones por las violaciones al GATT

de 1994 y sus acuerdos. Al momento de aplicar en interpretar la legislación en materia de las revisiones ante los paneles binacionales se debe consultar en el caso de México, la Ley de Comercio Exterior (LCE) y su Reglamento (RLCE); en el caso de los Estados Unidos, la Tariff Act de 1930 y sus reglamentos, así

como los tratados internacionales de los que los tres países formaron parte, en la medida en que sean aplicable.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho En lo que se refiere al procedimiento de revisión ante los paneles binacionales, los tres países pueden observar lo estipulado por el Capítulo XIX del TLCAN y las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del mismo.

Con el objeto de poner en práctica la operación de los paneles binacionales, las Partes adoptaron las Reglas de Procedimiento y reformaron sus leyes y reglamentos a efecto de adecuarlos a lo que establece el TLCAN. En México, la autoridad Investigadora es la Secretaría de Economía, la cual, mediante la Unidad de

Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), realiza las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y tiene a su cargo la defensa de las resoluciones definitivas impugnadas ante los paneles binacionales solicitados en México.

En los Estados Unidos de América la Internacional Trade Administration (Administración de Comercio Internacional) son las autoridades investigadoras y responsables de defender las resoluciones que emiten frente a paneles binacionales, ya que en este país, al igual que en Canadá durante el curso de la investigación se emiten dos resoluciones, una para la determinación y la otra

sobre el daño o la amenaza de daño. En lo que respecta a Canadá, las autoridades investigadoras son Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise (Viceministro de Ingresos de Aduanas) y el Canadian International

Trade Tribunal (Tribunal Canadiense de Comercio Internacional), las cuales defienden sus resoluciones frente a estos mecanismos alternativos de solución de controversias. 5.- Tratados internacionales en materia de libre comercio

PAÍS

FIRMA

17 de

TLCAN

(Estados Unidos, diciembre de 1992 Canadá y México) Costa Rica Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México) Bolivia

APROBACIÓN DEL

SENADO

Chile

Uruguay CA3 (El Salvador, Guatemala y

EN VIGOR A

PARTIR DE

22 de noviembre de 20 de diciembre de 1993 1993

1º de enero de 1994

5 de abril de 21 de junio de 1994 1994

10 de enero de 1995

1º de enero de

13 de junio de 28 de diciembre de 1994 1994

11 de enero de 1995


11 de enero de 1995


10 de 28 de diciembre de septiembre de 1994 1994 18 de

Nicaragua

PROMULGACIÓN

diciembre de

30 de abril de 1998

1995

26 de mayo de 1º de julio de 1998 1998

1997 17 de abril de 23 de noviembre de 28 de julio de 1999

1 de agosto de 1999

1998 1998 15 de noviembre de 28 de abril de 2004 14 de julio de 2004 15 de julio de 2003 2004 28 de junio de19 de enero de 2001

14 de marzo de 2000

15 de marzo de 2001 2000

Honduras)

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1 de julio de 2000

23 de marzo 20 de marzo de 2000

Unión Europea *

(Bienes) 1 de marzo de

(Acuerdo Global) 26 de junio de 2000

de 2000

2001 (Servicios e inversión)

27 de

Asociación Europea noviembre de 30 de abril de 2001 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001 de Libre Comercio **

2000 17 de

Japón

18 de noviembre de 31 de marzo de septiembre de 2004 2005 1 de abril de 2005 2004

5.1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)/ Organización Mundial de Comercio (OMC)1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT

de 1994") comprenderá: a) las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al término del segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo (excluido el Protocolo de Aplicación Provisional), rectificadas, enmendadas o modificadas por los

términos de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC;

b) las disposiciones de los instrumentos jurídicos indicados a continuación que hayan entrado en vigor en el marco del GATT de 1947 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC: i) protocolos y certificaciones relativos a las concesiones arancelarias; ii) protocolos de adhesión (excluidas las disposiciones: a) relativas a la aplicación provisional y a la cesación de la aplicación provisional; y b) por las que se establece que la Parte II del GATT de 1947

se aplicará provisionalmente en toda la medida compatible con la legislación existente en la fecha del Protocolo);

iii) decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del artículo XXV del GATT de 1947 aún vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC[1]; iv) las demás decisiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947; c) los Entendimientos indicados a continuación: i) Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; ii) Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

iii) Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos; iv) Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; v) Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

vi) Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; y d) el Protocolo de Marrakech anexo al GATT de 1994. 5.2 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)

El objetivo fundamental del TLCAN es Iiberizar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los movimientos de capital, para formar un área de Iibre comercio entre México, Estados Unidos y Cánada con los siguientes objetivos:

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho • • • • •

Eliminar las barreras al comercio, Promover las condiciones para una competencia justa, Incrementar oportunidades de inversión Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual,

Establecer procedimientos eficaces para Ia aplicación del Tratado y solucionar controversias,

Fomentar Ia cooperación trilateral, regional y multilateral. Con Ia firma del Tratado se aseguro a los exportadores mexicanos un trato arancelario preferencial •

prácticamente inmediato para Ia mayoría de los productos que envían a Cánada y Estados Unidos. Así a partir del 1 de enero de 1994 quedaron libres de aranceles las exportaciones mexicanas como

sigue: Cuadro 1 : Desgravación de aranceles de las exportaciones mexicanas. PERIODO .....................1994 .......... 1999 .......... 2004........ 2008 ....... TOTAL ESTADOS UNIDOS ..... 79.9 .......... 12.5 ............ 6.3 ........... 1.3 ...........100 CANADA ......................78.3 ........... 8.5 ............ 13.2 ......................... 100

Fuente: Bancomext. En Ia negociación se busco asegurar a Ia empresa mexicana un período suficiente para que realice ajustes a su planta industrial. Con tal fin, se limita el acceso masiva de productos mediante plazos de desgravación graduales. Por otro lado, en el TLCAN, se estableció un período de siete años durante el cual se otorga a las empresas exportadoras el beneficio del acceso preferencial a los mercados del América del Norte y se mantienen inalterados los mecanismos de libre importación temporal de insumos y maquinarias para procesos productivos.

5.3 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus estados.

Fundamento del Acuerdo. El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente

Acuerdo. Naturaleza y ámbito de aplicación. El Acuerdo tiene por finalidad fortalecer las relaciones entre las Partes sobre la base de la reciprocidad y del interés común. A tal fin, el Acuerdo institucionalizará el diálogo político, fortalecerá las relaciones comerciales y económicas a través de la liberalización del comercio, de conformidad con las normas de la OMC, y reforzará y ampliará la cooperación. VII. DERECHO DEL CONSUMIDOR

1.- Derechos del consumidor El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, protege la vida, la salud y la seguridad del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios. 1.1. Definición de consumidor Por consumidor, según Ia ley de protección aI consumidor se entiende Ia persona física a moral que adquiere, realiza a disfruta como destinatario final, bienes y servicios. 1.2. Protección jurídica del consumidor

La protección al consumidor comprende Ia de su salud y de su seguridad en el mercado, Ia de su información y Ia de su educación , así coma el fomento o creación de agrupaciones e instituciones

que Ia defiendan. Lo que en México se busca es cumplir, principalmente, a través de Ia Ley de Protección al Consumidor. Se crea Ia Procudaruría Federal del Consumidor, coma un organismo descentralizado de servicia social y con funciones de autoridad para promover y proteger los derechos e intereses de Ia

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho población consumidora y también se crea el Instituto Nacional del Consumidor que tiene coma finalidad Ia información y capacitación del consumidor en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

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I. SOCIOLOGÍA

1.- Sociología jurídica 1.1. Contenido de la sociología jurídica •

El estudio de cómo el derecho en tanto que hecho representa el producto de procesos sociales.

• El examen de los efectos que el derecho ya producido, causa en la sociedad. 1.2. Necesidades del derecho ante el ámbito social • Resolución de los conflictos de interés. • Organización del poder político. • Legitimación del poder político. • Limitación del poder político. 1.3. Factores que limitan la aplicación del derecho Económicos, religiosos y políticos. 1.4. Función social del abogado Es un intermediario entre el mundo jurídico y la sociedad. Este canaliza de manera ordenada y sistematizada las cuestiones sociales que le atañen al derecho.

2.- Teorías sociológicas contemporáneas 2.1. Doctrina social-cristiana La necesidad de la religión, porque es el poder de regular las voluntades individuales y enlazarlas. 2.2. Estructural funcionalismo

Es una orientación que acentúa los fenómenos o aportaciones hechas a la sociedad por las estructurales sociales existentes, los modelos del delito son estructuras sociales que aportan canales ilegítimos a través de los cuales mucha gente obtiene objetivos reforzados por la sociedad,

como lo es el bienestar material. Por tanto el delito como función ayudar a que la sociedad disminuya su acento sobre esos valores. Para que ocurran los cambios, deben mezclarse de alguna forma con los sistemas existentes de estratificación social las constituciones y la cultura en general 2.3. Marxismo Existen tres teorías que llaman la atención de los sociólogos y son: • La interpretación economicista (materialismo histórico): Constituye un ensayo unilateral de

explicación de todas las formas y procesos sociales y de todas las funciones y obras culturales, así como del acontecer histórico. •

Teoría de la lucha de clases: Habla de la constante contienda entre el estrato social oprimido y el estrato social dominante.

•

Teoría de la ideología: Consiste en explicar que los idearios de la clase dominante son expresión de los intereses suscitados por las relaciones económico-sociales.

3.- Instituciones sociales básicas 3.1. La familia

Constituye una institución creada y configurada por la cultura, para regular las conductas conectadas con la generación. En casi todas las culturas y civilizaciones, ha dominado la idea de que la sociedad será como sean las familias. Si las familias están bien establecidas, ordenadas y funcionan bien, ellas serán la fuente de bienestar, grandeza y prosperidad social. 3.2. Rol social

Este es el conjunto de derechos, obligaciones y expectativas culturalmente definidas que acompañan a un estatus social.

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3.3. Estatus social El estatus no es mas que la posición que ocupa el individuo en la estructura social. Se divide en: • Estatus adjudicado. Es la posición social que se asigna al individuo al nacer o en diferentes

etapas de la vida. •

Estatus adquirido. Es la posición social que se logra a través del esfuerzo personal.

3.4. Clases sociales Son los diferentes niveles en la jerarquía socioeconómica de una sociedad. En esta, siempre existirá la clase oprimida y la clase dominante.

4.- Conceptos sociológicos fundamentales 4.1. Acción, relación y procesos sociales Acción. Influencia recíproca que crea o modifica una relación interhumana. Relación. Es el aspecto estático en un determinado momento de un proceso de interacción entre los

individuos. Procesos sociales. Movimientos entre los individuos, unos respecto de otros, interacción en movimiento, que produce como resultado determinadas relaciones sociales. 4.2. Población, pueblo, sociedad, nación y Estado Población. Es el número de personas que componen un pueblo, provincia, nación, etc.

Pueblo. Es la clase social general más numerosa de una nación. Sociedad. Población autónoma cuyos miembros están sujetos a la misma autoridad política, ocupan un territorio común, y tiene una cultura y un sentido de identidad compartida. Nación. Grupo social en el que participa el hombre nacido en ese territorio. Estado. Instituciones que tiene el monopolio sobre el uso de la fuerza en un territorio determinado. 4.3. Sociedad, cultura Sociedad. Población autónoma cuyos miembros están sujetos a la misma autoridad política, ocupan un territorio común, y tiene una cultura y un sentido de identidad compartida. Cultura. Diseño completo de un pueblo, incluyendo creencias, valores normas y sanciones, tecnología símbolos e idiomas.

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II. ECONOMÍA

1.- Concepto y técnicas de la economía CONCEPTO. Es la ciencia que se encarga de estudiar la asignación más conveniente de los recursos escasos de los que dispone una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos.

2.- Microeconomía Estudia el comportamiento de las empresas y de la industria así como del o de los consumidores. Analizará si se cumplen los objetivos de ambos agentes económicos y si es posible hacer intercambios. 2.1. La oferta, la demanda y el precio

Los principales agentes económicos que interviene en un mercado son los consumidores y los productores, es decir, los demandantes y los oferentes. El comportamiento de estos agentes viene determinado por la consecución de unos objetivos distintos dependiendo del agente, así el objetivo del consumidor es de maximizar la satisfacción que el reportan sus decisiones de consumo sujeto a

las restricciones que como individuo posee. Por otra parte el objetivo del productor es el de la obtención del máximo beneficio posible a través de las ventas del producto que fabrica, también estará sujeto a restricciones de distinto tipo a las del consumidor.

Cuando ambos objetivos se alcanzan y son compatibles se produce lo que se conoce como intercambio. Estos intercambios se realizan en un mercado que es una institución social en la que los bienes y servicios así como los factores productivos se intercambian libremente.

El intercambio supone que ambos agentes, consumidores y productores, están de acuerdo en las cantidades a intercambiar y el precio al que la cantidad intercambiada hace compatible sus objetivos. El precio permite la coordinación entre los compradores y los vendedores. 2.2. La conducta del consumidor

El consumidor esta dispuesto a pagar un precio que depende de la satisfacción adicional que obtiene en términos de utilidad por el consumo de bienes adicionales:

1. Los consumidores por lo tanto preferirán consumir mayores cantidades de un bien frente a menores. 2. El consumidor ordena sus preferencias de forma cardinal, es decir, establecerá un orden de prioridades de menor a mayor para representar las preferencias que tiene por el consumo de ese bien, así un bien más preferido y por lo tanto más consumido tendrá un cardinal mayor que el que es menor preferido y por lo tanto menos consumido. 2.3. La producción y los costos

El beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo. Se busca es tomar la mejor decisión que permita producir una determinada cantidad al menor costo posible, ya que es el costo el que determina la oferta en las empresas. La elección del proceso de producción óptimo suele describirse

como una decisión técnica seguida de una decisión económica (el ingeniero y el hombre de negocios deciden conjuntamente)

La mayoría de los procesos productivos emplean unidades de todos los factores si bien en proporciones variables. Dada una cantidad fija de estos factores la cantidad que se puede obtener de producto depende de cuál es el estado de la tecnología, es decir, si la tecnología disponible es eficiente podemos obtener mayor cantidad de producto empleando la misma cantidad de factores que si la tecnología fuera menos eficiente. 2.4. La competencia imperfecta: el monopolio

Competencia imperfecta. Una empresa es de competencia imperfecta cuando las empresas oferentes influyen individualmente en el precio del producto de la industria. Las empresas concurrentes no actúan como precio-aceptantes, sino como precio-oferentes, puesto que de alguna

forma, imponen los precios que rigen en el mercado, es decir estamos hablando de un monopolio. [email protected]


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Recuérdese que la característica fundamental de la competencia perfecta es que, debido a la diversidad de empresas participantes, ninguna tiene capacidad para incidir sobre los precios, de forma que actúan como precio-aceptantes. Monopolio. La empresa tiene mayor dominio sobre el mercado en que opera. No hay competidores ni sustitutos para el producto, es inexistente un precio del mercado al cual deba subordinarse. 2.5. El oligopolio y la competencia monopolista Oligopolio. Cuando existe un número reducido de empresas que dominan el mercado, la distribución

del mismo se hace evitando que ninguna empresa actuando aisladamente obtenga resultados finales más ventajosos. Competencia monopolística. Es una estructura de mercado situada entre los extremos de la competencia perfecta y el monopolio. El número de comercios es suficientemente grande, pero el

producto es real o imaginariamente diferente, la política de precios de determinada empresa no afecta las condiciones de equilibrio de las demás.

3.- Macroeconomía Versa sobre asuntos económicos “en grande” ocupándose de la dimensiones globales de la vista económica. Considera el tamaño, la forma y el funcionamiento total y no la operación, articulación o

las dimensiones de las partes individuales. Se interesa por variables como el volumen agregado de la población de una economía. 3.1. Indicadores macroeconómicos básicos

PIB, 3.2. La oferta y la demanda agregadas

Oferta. Es la cantidad ofrecida de un bien. Es la cantidad que los productores están dispuestos a vender en un período dado a un precio en particular.

Demanda. Cantidad de productos que existen en el mercado y que los consumidores están dispuestos a comprar en un momento dado. 3.4. El problema de la inflación

Es el aumento más o menos rápido y continuo de los precios, originado por un desajuste entre la oferta y la demanda. Se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda monetaria. El exceso de demanda de bienes y servicios genera un aumento inflacionario de los precios y al estar los salarios reales vinculados con esos precios, para mantener su poder adquisitivo se hace necesario aumentar los salarios, aumento que se traduce en mayores costos, lo que trae aparejado un nuevo aumento de precios (inflación de

costos). Impide el crecimiento de la economía. Es necesario relacionar la estabilidad de los precios con el desarrollo, ya que una vez lograda los ahorros dejarán de canalizarse hacia fines especulativos y se

dirigirán a su cause natural que es la finalización de inversiones. Además esa masa de ahorros se acrecienta al no existir temor a la desvalorización de la moneda.

Es esencial el control total de la masa monetaria y de las diversas vías por las cuales el estado puede afectar la oferta monetaria haciendo necesaria la emisión, es decir, gasto público, ingresos fiscales, administración de la deuda pública. La inflación puede ser prevista o no prevista, equilibrada o desequilibrada. Inflación prevista. El hecho de que este prevista hace que sus efectos no sean nocivos. Inflación imprevista. Con efectos nocivos, al perderse poder adquisitivo. Inflación equilibrada. Se da cuando todos los precios suben, afecta a todos por igual. Inflación desequilibrada. Solo sube algún precio, por tanto no afecta a todos por igual. 3.5. El crecimiento económico Crecimiento económico. Estudia la condiciones que deben existir en la economía, de forma tal, que

con los aumentos de la producción y los ingresos, se mantenga el equilibro macroeconómico a través del tiempo. [email protected]


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3.6. El comercio internacional y la balanza de pagos Comercio internacional. Intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, para

complementar las necesidades. Se realiza por ventaja mutua. La balanza de pagos de un país es un documento contable en el que se registra el importe, en unidades monetarias de todas las operaciones comerciales y financieras de los residentes en ese país, con los residentes en el extranjero durante un año.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho DERECHO ADMINISTRATIVO

Concepto de derecho administrativo:

Parte del derecho público constituido en un conjunto de normas que regulan la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la administración pública. 1.- Estado y función administrativa 1.1. La función administrativa del Estado. Marco conceptual

Estado. Es la figura pública, como órgano rector de la administración que tiene una serie de atribuciones como la de fomentar, limitar y vigilar la administración privada. Función Administrativa: Es la que realiza el Estado fundamentalmente a través del órgano Ejecutivo bajo el orden jurídico de

derecho público, y que consisten en la creación de actos jurídicos que crean, modifican, limitan o extinguen situaciones jurídicas particulares y en la realización de actos materiales para cumplir con los fines o cometidos que se le han asignado. 1.2. Administración pública y derecho Administración Pública desde el punto de vista:

Formal: Se entiende como el organismo público que ha recibido del Poder Político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Desde éste punto de vista, la Administración Pública es parte, quizá la más importante, de uno de los Poderes en los que se haya depositado la soberanía del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo. Material:

Es la actividad de éste organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión.

Su finalidad: tiene por objeto manejar los asuntos corrientes del público en lo que atañe a la ejecución de las leyes del Derecho Público y a la satisfacción de los intereses generales. 1.2.1. Principio de legalidad de la administración Toda la actividad del Estado debe ajustarse a la ley, así los actos de los órganos del Poder

Ejecutivo han de ser producidos conforme a las disposiciones previamente emitidas por el legislador. La Administración Pública, sólo puede hacer lo que la ley le permite expresamente. El principio de legalidad, también es aplicable a los actos administrativos. 1.2.2. Los diversos regímenes jurídicos de la administración Los regímenes jurídicos también están regidos por diversos sistemas jurídicos. el incremento de las

tareas sociales ha provocado una abundante producción de normas de derecho. El derecho Administrativo, se encuentra ante una diversidad de aspectos regulados y ante una gran cantidad de normas dispersas dentro de un sinnúmero de ordenamientos jurídicos. 1.2.3. El derecho administrativo como derecho común de la administración

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad que realiza el Estado en su función administrativa. 1.2.4. Las principales etapas de su proceso constructivo 1. Movimiento de Dolores: Don Miguel Hidalgo, intentó en Guadalajara, en Diciembre de 1810, la organización de un gobierno con 2 secretarios, uno con carácter indeterminado de Estado y del Despacho y otro, el de Gracia y

Justicia, nombrando para el primero a Don Ignacio López Rayón y para el segundo a Don José María Chico, la firma del primero se encuentra en los bandos publicados por Hidalgo como Generalísimo de América, y entre ellos el 6 de diciembre de 1810, se abolió la esclavitud.

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2.

Constitución de Apatzingán:

En Octubre de 1814, fue la primera que le dio bases completas para la organización del Poder Público, y así el Gobierno Supremo compuesto de 3 individuos impuso como necesaria para la eficacia de sus determinaciones, la firma de uno de los Secretarios que estableció en el artículo 134,

y que fueron uno de Guerra, otro de Hacienda y el tercero que se llamaría especialmente de Gobierno. 3.

En la Independencia:

Al consumarse la Independencia, la Junta Soberana Provisional Gobernativa aprobó el reglamento de 8 de Noviembre de 1821 para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del despacho Universal, fijando en el, la organización y competencia de las 4 que creaba y que fueron,

la de Relaciones Exteriores e Interiores, la de Justicia y Negocios eclesiásticos, la de Hacienda Pública y la de Guerra con cargo a lo perteneciente a Marina. 4. Constituciones de 1824, 1857 y 1917:

Disponen que para el despacho de los asuntos de orden administrativo de la Federación habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley. 5. Otros regímenes:

Antes de la Constitución de 1917 también se creo la Ley de 23 de febrero 1861, del Régimen de Don Benito Juárez y al del 13 de mayo de 1891 del régimen del General Porfirio Díaz. 1.2.5. Concepto y principios rectores

Concepto: Es la actividad que realiza el Estado por medio de sus órganos del Poder ejecutivo para la satisfacción de los intereses colectivos. Tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan

los otros 2 Poderes, su acción continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con elementos personales, patrimoniales de estructura jurídica y procedimientos técnicos. Sus principios rectores: • •

Es una acto unilateral del Estado, que reside en la soberanía.

•

La Organización Administrativa, crea órganos a su mando para que realicen las tareas encomendadas al ejecutivo.

•

La delegación de funciones;

El Ejecutivo tiene la facultad de nombrar libremente a sus Secretarios de Estado, que tiene el carácter de órgano Administrativo.

El don de mando. II. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- El órgano de la administración

La administración Pública es parte, quizá la más importante, de uno de los Poderes en los que se halla depositada la soberanía del Estado, es decir el Poder Ejecutivo La amplitud de la función administrativa impone por una parte la necesidad de crear múltiples

órganos que se caracterizan por ser esferas especiales de competencia y por otra parte, por requerir de personas físicas que ejerciten su competencia.

Los órganos de la Administración que tienen el carácter de autoridad, pueden encontrar en sus facultades las de decisión y las de ejecución. 2.- La función pública

Desde el punto de vista Formal: Es el organismo público que ha recibido el poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales.

Desde el punto de vista material: Es la actividad de éste órgano considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión.

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2.1. El régimen burocrático Está consagrada en el artículo 123 apartado B, el cual reglamenta las relaciones laborales entre los trabajadores del los Poderes de la Unión; el Gobierno del Distrito Federal. 2.2. El régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos Artículo 108 Constitucional, el cual establece las responsabilidades de los servidores públicos, el

cual establece que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así

como los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales , y en su caso los miembros de los Consejos de las

Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales , así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

2.3. Valores éticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 100, 113, 122 y 134 2.3.1. Independencia

Que el órgano de Estado es autónomo, en su función. Tiene la independencia técnica de gestión y para emitir las resoluciones, con objetividad y profesionalismo. 2.3.2. Imparcialidad

Falta de prevención o designio anticipado a favor o en contra de personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder rectamente. 2.3.3. Legalidad Rectitud al cumplir con funciones encomendadas por su cargo. 2.3.4. Honradez Proceder recto, propio de un servidor público. 2.3.5. Lealtad Dar Cumplimiento con lo exigido por las leyes de la fidelidad y el honor 2.3.6. Eficiencia Es lograr los objetivos planteados, con el mínimo de los recurso 2.3.7. Excelencia Actuar con calidad en el desempeño de sus funciones. 2.3.8. Objetividad Realizar la función encomendada sin el interés personal. 2.3.9. Profesionalismo Es llevar a cabo su función encomendada con seriedad y responsabilidad 3.- Las principales formas de la organización administrativa 3.1. La centralización administrativa

Comprende aquellos órganos que dependen directamente del ejecutivo o en forma inmediata de éste. ( relación directa entre los Secretarios de Estado y el Presidente.) 3.2. La desconcentración administrativa

Son los entes que guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero que guardan cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica.

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3.3. La descentralización administrativa

Se integra por todos los órganos o dependencias con personalidad jurídica y patrimonios propios distinta del ejecutivo y relacionada con el Ejecutivo de manera indirecta, creados exclusivamente para auxiliar al Ejecutivo con alguna tarea específica y exclusiva de éste. 3.4. La empresa pública

En su formación concurre el Estado y los particulares, cuando el Estado o cualquiera de sus entidades paraestatales aporta más del 50% del capital de la empresa. 4.- La administración pública federal 4.1. La administración pública centralizada federal Está integrada por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica. 4.1.1. El principio de relación jerárquica

Es un vínculo que liga a las unidades integrantes de la organización colocando a las unas respecto de otras en una relación de dependencia. 4.1.2. Los poderes de la centralización administrativa

La centralización Administrativa existe cuando los órganos se encuentran colocados en diversos niveles pero todos en una situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a la cúspide en que se encuentra el Jefe supremo de la Administración Pública.

En el régimen centralizado existe una concentración de la fuerza pública, de tal manera que las medidas de ejecución forzada de las resoluciones administrativas no pueden llevarse a cabo por cualquier órgano de la Administración, sino por un número muy reducido de ellos, a quienes legalmente se les otorga la competencia para ello. Además la relación de jerarquía implica los siguientes poderes de los órganos superiores sobre los inferiores.

Dichos poderes, que se refieren unos a la persona de los titulares de los órganos jerarquizados, y oros a los actos que realizan, son los siguientes: Poder de nombramiento; Es la facultad que tienen las autoridades superiores para hacer por medio de nombramientos la designación de los titulares de los órganos que les están subordinados. Poder de Mando; Es la facultad de las autoridades superiores de dar órdenes e instrucciones a los

órganos inferiores, señalándoles los lineamientos que deben seguir para el ejercicio de las funciones que les están atribuidas. Poder de vigilancia; Se realiza por medio de actos de carácter puramente material que consisten en exigir rendición de cuentas, en practicar investigaciones o información sobre la tramitación de los

asuntos, y en general , en todos aquellos actos que tienden a dar conocimiento a las autoridades superiores de la regularidad con que los inferiores están desempeñando sus funciones.

Poder disciplinario; Se da con la responsabilidad de servidor público, de tener disciplina hacia sus funciones y para con su superior. Poder de revisión; Es la facultad de revisar las actuaciones de los servidores públicos inferiores. Poder para la solución de conflictos de competencia. Se da para evitar la duplicidad de funciones. 4.1.3. La Presidencia de la República Es el Poder Ejecutivo Federal se deposita en un solo individuo, que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El antecedente histórico se remonta a la Constitución de 1824, en que por primera vez se otorgó el

Supremo Poder Ejecutivo de la Unión a un solo individuo , este sistema también lo adoptó la Constitución de 1857, de la cual pasó a la actual. La elección para Presidente será directa, y en los términos que establezca la ley Electoral.

Facultades: El Presidente de la República tiene facultades constitucionales par nombrar y remover libremente a

sus colaboradores más inmediatos, denominados Secretarios de Estado, o Secretarios del [email protected]


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despacho, el número de dichos secretarios y atribuciones deben de estar expresamente consignados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual regula las facultades y obligaciones de dichos funcionarios. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, y entró en vigor a partir del 1° de enero de 1997. 4.1.4. La Secretaría de Estado y su titular En México los colaboradores más inmediatos e importantes del Presidente de la República son los

Secretarios de Estado a quienes se llama también Secretarios del Despacho o Ministros.

El Presidente de la República, con fundamento en la Constitución General, puede nombrar y remover libremente la los Secretarios del Despacho.

Al frente da cada Secretaría habrá un Secretario, un Subsecretario; el número de Subsecretarios que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación y un Oficial Mayor. 4.1.5. La estructura interna de las secretarías de Estado

La ley Orgánica de la Administración pública Federal que establece las bases de organización de la Administración Pública centralizada y paraestatal, dispone que el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de administración pública centralizada.

Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, tendrán un rango igual, y entre ellos no habrá por lo tanto preeminencia.

Los titulares de las Secretarías de Estado y de los Departamentos Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.

Cada Secretaría de Estado y Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia, dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 4.1.6. Las atribuciones de las secretarías de Estado Cada Secretaría de Estado, o Departamento Administrativo formulará respecto de los asuntos de su competencia , los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del Presidente de

la República Los Reglamentos, decretos, acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su

validez y observancia constitucionales, estar firmados por el Secretario del Despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponda, y cundo se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán serlo por todos los titulares de las mismas. En el Reglamento Interior de cada Secretaría de Estado y Departamentos Administrativos, que será

expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencia. El titular de cada Secretaría y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización,

de procedimientos y de servicios públicos necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo

administrativo interno, deberán mantenerse actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. Las Secretaría s de Estado y los Departamentos Administrativos establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativos en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

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4.1.7. El Departamento de Estado

La Ley dispone que frente a cada Departamento de Estado habrá un jefe de Departamento que se auxiliará en sus funciones por secretarios generales, oficial mayor, directores, subdirectores , jefes

y subjefes de oficina, sección y mesa y los demás funcionarios que establezcan las disposiciones legales, y que las facultades que originalmente le corresponden al Jefe de Departamento pueden ser delegadas en los funcionarios inferiores salvo aquellas que por ley o reglamento deben de ser ejercidas precisamente por el titular. 4.1.8. La Procuraduría General de la República

Art. 102 Constitucional apartado A. La ley organiza al Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la

República designado por el Titula del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o , es sus recesos, de la Comisión Permanente. Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución , ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión

contra los inculpados; buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley le determine. El Procurador General de la República, intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal, (relacionado a que conoce la SCJN). En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de diplomáticos y los cónsules generales y en los demás que deba intervenir el Ministerio Público Federal, el Procurador General

de la República lo hará por sí o por sus agentes. El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

4.1.9. Los órganos desconcentrados La desconcentración se promueve para descongestionar, agilizar procedimientos, responder con rapidez a los usuarios del Servicio Público. Es la delegación de facultades reubicación geográfica de. los recursos y transferencia de autoridad revestidos de personalidad jurídica propia 4.1.10. Las comisiones intersecretariales

La ley vigente faculta al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales, transitorias o permanentes que serán precedidas por quién disponga el Presidente (Art. 21 Constitucional) podrá formar comisiones o consejos intersecretariales para ciertos propósitos de

planeación, para apoyar a sectores específicos de la población o para impulsar el desarrollo del País, por ejemplo; los consejos de población, el Consejo de Ciencia y Tecnología. Respecto de las relaciones que existen entre las Secretarías y los Departamentos, la ley los fija en

dos de sus preceptos: 1. Establecer que dichos organismos tengan igual rango y que entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna, y 2. Al establecer que cuando alguna Secretaría o Departamento, necesite informes, además de que la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlo. 4.1.11. Los gabinetes especializados Económico: Secretarias de hacienda, de crédito público, desarrollo social, comercio, fomento industrial del trabajo, previsión social y del banco de México. Agropecuario: Titulares de la Sría. de Hacienda, de crédito público, de desarrollo social, comercio y fomento industrial, agricultura y recursos hidráulicos y de la reforma agraria. Desarrollo social: Secretarías de Hacienda, crédito público, desarrollo social, educación pública, salud y el jefe del depto., del DF.

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Política exterior: Srías., Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Comercio, Fomento Industrial y Procurador Gral., de la República.

Seguridad nacional: Srías., Gobernaición, Relaciones Exteriores, de la Defensa, de Marina, Procurador Gral., de la República.

El ejecutivo en las reuniones de los gabinetes podrá determinar que asistan los titulares de otras dependencias o entidades de la administración pública federal o aquellos servidores que considere

que deban participar.. Cada gabinete esta integrado con un secretario técnico que depende de la oficina del ejecutivo, el cual coordinara, orientara y supervisará las acciones de aquellos. 4.2. La administración pública paraestatal federal El Artículo 90 Constitucional dispone que la Administración Pública Federal, será centralizada y

paraestatal y que el Congresos definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales. Las empresas de participación estatal es una forma de organización a la que el Estado ocurre como uno de los medios directos de realizar su intervención en la vida económica del país. La Administración pública se compondrá de las siguientes entidades:

La Administración Pública Paraestatal, Organismos Descentralizados, empresas de Participación Estatal, Instituciones Nacionales de Crédito, de seguros y fianzas y Fideicomisos. 4.2.1. Los organismos descentralizados

Son aquellas instituciones creadas por disposición del Congreso de la Unión o en su caso por el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea su forma o estructura legal que “adopten”

Se asocia con los principios de legalidad y eficacia administrativa y financiera al considerar los métodos y procedimientos conforme en los cuales los órganos de la Administración Pública toman

las decisiones y llevan a cabo sus funciones, así como la productividad en el uso de los recursos que emplea. La descentralización Administrativa ha obedecido, en unos casos, a la necesidad de dar satisfacción a las ideas democráticas y a la conveniencia de dar mayor eficacia a la gestión de intereses locales, para lo cual el Estado constituye autoridades administrativas. La descentralización ha adoptado tres modalidades diferentes, que son: 1. La Descentralización por servicio; 2. Descentralización por colaboración, y 3. Descentralización por región.

Es característica esencial de la descentralización, la existencia de una personalidad jurídica especial, y de un patrimonio propio. Se vincula con la economía al examinar los sistemas diseñados por el Estado para abatir o mitigar desigualdades y desequilibrios regionales. Como por ejemplo: el ISSTE – El IMSS—INFONAVIT, etc. Ésta descentralización, obedece

simplemente a la necesidad de dar flexibilidad y facilidad a la gestión que se encarga a un organismo determinado, pero sin desligarlo de los vínculos de jerarquía respecto a los órganos superiores de la Administración central, entonces sólo se trata de una atención “personalizada” que seguirá formando parte de la Administración del Estado. 4.2.1.1. Formas de creación En decreto de fecha 18 de junio de 1984, dependencias, entidades, programas de descentralización

administrativa disponen que las dependencias y Estados elaboren un programa de descentralización. • La descentralización de la operación y funciones personales y recursos presupuéstales. • La coordinación, acciones en materias concurrentes y de interés común • La reubicación territorial, entidades paraestatales y delegación de los titulares • La descentralización al interés de la República.

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La Creación de los organismos Descentralizados constituye un acto que emana del Estado. Y se organizan de acuerdo a su objeto y fines y que éstos sean de la prestación de un servicio público o

social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y tecnológica y la obtención y aplicación de recursos par fines de asistencia y seguridad social. 4.2.1.2. Órganos internos de los organismos descentralizados

Los organismos que integran la Administración Descentralizada, tienen carácter general corresponden a aquellos que prestan servicios subordinados de la Administración Central del Estado 4.2.2. Las empresas de participación estatal mayoritaria Desde hace años la legislación mexicana ha aceptado este sistema, de la asociación del Estado con intereses particulares en la forma de sociedades mercantiles sujetas en principio a las normas del

derecho privado y así fue como se constituyó en México la antigua compañía de Ferrocarriles Nacionales d México.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública se considera a dichas empresas de participación estatal aquellas que satisfaga algunos de los siguientes requisitos: •

Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, uno o más organismos descentralizados, otra u otras empresas de participación estatal, una o más instituciones de

crédito y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, una o varias instituciones nacionales de seguros o de fianzas, o uno o más fideicomisos, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del 50% o más del capital social; •

Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial que sólo

•

puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, junta directiva u órgano de Gobierno, designar al presidente,

al director, al gerente, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos de la asamblea general de accionistas, del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de gobierno equivalente.

Las sociedades de participación mayoritaria se asimilan a las sociedades civiles, así como a asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades ya mencionadas en número 1 del párrafo anterior. 4.2.3. Los fideicomisos públicos Los Fideicomisos constituyen, de acuerdo a la legislación mexicana ( Ley de Títulos y Operaciones de Crédito) simples a operaciones de crédito en las que sólo pueden intervenir como fiduciarias las

instituciones expresamente autorizadas para ello y que con tal carácter son las que tienen la personalidad requerida para llevar adelante el fideicomiso. Si por lo tanto, tales fideicomisos son simples medios para realizar atribuciones del Poder Público, difícilmente se les puede considerar como órganos de la administración. El control de estos fideicomisos se ejerce por la Secretaría de hacienda y Crédito Publico, es la que representa al Gobierno Federal como Comitente único. 4.2.4. La sectorización de las entidades paraestatales

El artículo 90 Constitucional, establece la Administración Paraestatal, aún que no establece la forma de sectorización, menciona que el Congreso de la Unión por medio de una ley fijará las bases de su creación, sin embargo, el artículo 27 Constitucional contempla algunas disposiciones que son

base para la creación de ciertos organismos con carácter de paraestatales , al facultar a la Nación par establecer reservas minerales, para explotar en forma exclusiva el petróleo, minerales,

radioactivos y combustibles nucleares, para la generación y distribución exclusiva de la energía eléctrica como servicio público. Su sectorización de da de acuerdo al tipo de servicio que prestan. • Energía: Petróleos Mexicanos; la CFE, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; La comisión de Fomento Minero; Consejo de Recurso Minerales;

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• •

Salud: Secretaría de Salud ; IMSS, ISSTE; Asistencia Social: INFONAVIT; FOVISSTE, etc.

III. LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.- La función administrativa

Se realiza dentro de la esfera de la finalidad del Estado, que es la de dar satisfacción al interés general por medio de los órganos que comprenden las medidas necesarias para salvaguardar el orden público. 2.- La facultad reglamentaria

Son la medidas necesarias que toma el Estado para salvaguardar la tranquilidad, seguridad y salubridad publicas, por medio de leyes reglamentarias que rigen la conducta de los individuos respecto al orden social del restado. 3.- El acto administrativo

Consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. 3.1. Panorama conceptual

Los actos administrativos son todos aquellos actos que son necesarios para que el Estado pueda realizar eficientemente sus funciones de interés público y constituyen en mayor parte la exteriorización de determinadas facultades del Poder Público, que pueden llegar a afectar muy seriamente la libertad de los particulares, ( actos de ejecución) Así como también aquellos actos que le dan acceso a los particulares de los beneficios de un servicio público, etc. 3.2. La regulación del acto administrativo en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

El acto Administrativo requiere normalmente para su formación estar precedido por una serie de formalidades y otros actos intermedios que dan al autor del propio acto la ilustración e información

necesarias para guiar su decisión al mismo tiempo que constituyen una garantía de que la resolución se dicta no de un modo arbitrario, sino de acuerdo con las normas legales. 3.3. Elementos: sujetos, objeto, forma, procedimiento y fin SUJETOS; El sujeto en los actos administrativos, es el órgano de la Administración que lo realiza, en su carácter de acto jurídico, OBJETO; La existencia de un objeto, constituye otro elemento fundamental del acto administrativo. El objeto debe de ser determinado o determinable posible y lícito. La licitud supone no sólo que el objeto no esté prohibido por la ley, sino que esté expresamente autorizado por ella,

salvo el caso que la propia ley le otorgue facultad discrecional a la autoridad administrativa para elegir y determinar el objeto del acto.

Constituye un elemento externo que viene a integrar el acto administrativo. En ella, quedan comprendidos todos los requisitos de carácter extrínseco que la ley señala como necesarios para la expresión de la voluntad que genera la decisión administrativa. La forma es una garantía automáticas imaginadas por las leyes o los reglamentos para asegurar el buen funcionamiento del acto administrativo; una determinante de la forma es que cualquier acto FORMA;

administrativo debe de ser notificado, por escrito explicando en la resolución, los motivos que ha

provocado dicho acto así como el derecho del que procede, es decir, los fundamentos legales, de conformidad con el artículo 16 Constitucional.

Cuando existe un motivo para dictar un acto administrativo, y que éste, esté fundado en ley, que la autoridad administrativa , de acuerdo con la ley deberá de dictar una

PROCEDIMIENTO;

resolución que funde y motive dicha resolución derivada de un acto administrativo, la cual debe de ser legalmente puesta en conocimiento del particular sujeto del acto, dándole tiempo para ser oído y

vencido así como la oportunidad de impugnar dicho acto cuando el particular considere que se le han dejado de aplicar algunas garantías constitucionales. Y , [email protected]


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FIN. Es el motivo del acto, es el antecedente que lo provoca, es la situación legal o de hecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la actividad administrativa. 3.4. Diversas formas de producción de retiro. El acto administrativo, valido y eficaz puede ser retirado unilateralmente por un motivo superveniente, tanto la nulidad como la revocación, provocan la eliminación del acto, hay diferencias

substanciales entre una y otra, por virtud de la nulidad, se retira un acto inválido por su propia naturaleza, por la revocación, se retira por también pero siempre valido. 3.5. Legalidad, validez y eficacia LEGALIDAD;

El acto administrativo exige ser realizado por quién tiene aptitud legal, de la misma

manera que los actos jurídicos de la vida civil requieren una capacidad especial para ser realizados,

así, tratándose de actos del poder Público es necesaria la competencia del órgano que lo ejecuta.

La competencia requiere siempre un texto expreso de la ley para que pueda existir, la competencia debe de justificarse expresamente en cada caso concreto, par que tenga validez su actuación. Y EFICACIA; La eficacia en el acto administrativo, se da cuando se aplica la competencia se ejercite en todos los casos que la ley lo establezca y no en los que la persona física al cargo del VALIDEZ ;

órganos administrativo que va realizar el acto. 3.6. La facultad discrecional

La ley faculta al órgano de la Administración y le da las condiciones especiales en que debe ejercitarse, o bien le da cierta libertad de apreciación respecto a la oportunidad de su ejercicio, basta

que ocurran las situaciones de hecho previstas por la ley para que la Administración deba ejercitar los actos jurídicos cuyo cumplimiento exige la propia ley, la libertad de apreciación queda subordinada a la atención de los intereses públicos o la eficacia de los servicios que preste la Administración, sin que puedan móviles personales o motivos diferentes influir para decidir sobre el

uso de la facultad encomendada. En tal sentido la autoridad administrativa podrá elegir y determinar el objeto del acto. 3.7. Efectos del acto administrativo

Una vez que el acto administrativo se ha perfeccionado por haber llenado todos los elementos y requisitos para su formación, adquiere fuerza obligatoria y goza de una presunción de legitimidad que significa que debe tenerse por válido mientras no llegue a declararse por autoridad competente

su invalidez. 3.8. La ejecución del acto administrativo. La prerrogativa de la autotutela ejecutiva o la acción

de oficio Según la doctrina; Cuando se trata de resoluciones administrativas, la Administración está facultad

para proceder en forma directa, esto es sin intervención de los tribunales , a la ejecución de sus propias resoluciones. Esta facultad reposa sobre la presunción de legitimidad de las resoluciones dictadas por los órganos del Estado dentro de la esfera de su competencia, presunción que a su vez

se basa en la idea de que esos órganos son en realidad instrumentos desinteresados que normalmente solo persiguen la satisfacción de una necesidad colectiva dentro de los mandatos de las normas legales. La prerrogativa de la autotutela ejecutiva o la acción de oficio:

En nuestro sistema legal, la acción directa de la autoridad administrativa para ejecutar sus propias resoluciones no puede admitirse lisa y llanamente, pues a falta de una disposición constitucional que expresamente la reconozca, su procedencia dependerá de la compatibilidad que guarde con el sistema general de la Constitución y con algunos de sus preceptos especiales. Es decir, la autoridad

puede actuar de oficio siempre y cuando su actuación no esté fundada en leyes o reglamentos que contravengan lo dispuesto en la Ley Suprema de nuestra Nación. 3.9. Irregularidades invalidantes y no invalidantes del acto administrativo

Las irregularidades que invalidan un acto administrativo, son aquellas que carezcan de los elementos necesarios para que éstas sean válidas jurídicamente, en el caso de falta absoluta o [email protected]


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parcial de algunos de los elementos, la ley establece sanciones que puedan consistir desde la aplicación de una medida disciplinaria sin afectar las consecuencias propias del acto, hasta la privación absoluta de todo efecto de éste. Un acto jurídico es inexistente cuando le falta uno o más de sus elementos orgánicos, tales como 1°. Una manifestación de voluntad; 2° . Un objeto; 3° Según los casos un elemento formalista .....Símbolo de la nada, el acto inexistente, se comprende que no puede ser objeto de una confirmación, ni el beneficiario de una prescripción extintiva que haga desaparecer con el tiempo el

vicio de que está manchado... sí eventualmente el acto jurídico inexistente se invoca en juicio, el tribunal no puede sino registrar su inexistencia. En suma, al lado del acto inexistente se encuentra el acto nulo. El acto administrativo es valido jurídicamente cuando la autoridad administrativa, ha respetado todos los elementos esenciales del acto administrativo, tal es como el de la de forma. 3.10 Particularidades del régimen jurídico de los actos administrativos

El régimen jurídico de los actos administrativos se concentra en el artículo 16 de nuestra Constitución al expresar: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ese procedimiento debe ser resultado de la conciliación de dos

intereses fundamentales que juegan en la actividad administrativa estatal: por una parte, el interés público que reclama el inmediato cumplimiento de las leyes exige que el procedimiento se inicie de

oficio y que él permita dictar las resoluciones respectivas con el mínimo de formalidades indispensables par la conservación del buen orden administrativo, el pleno conocimiento del caso y el apego a la ley. Por otra parte el interés privado exige que la autoridad se limite por formalidades

que permitan al administrado conocer y defender oportunamente su situación jurídica para evitar que sea sacrificado en forma ilegal o arbitraria. El procedimiento debe de comprender la regulación de las formalidades para la formación, ejecución

y revisión dentro de la esfera administrativa de los actos de administración, así como las normas para la presentación tramitación y resolución de las impugnaciones que se dirijan contra esos actos. 3.11 La presunción de legalidad

Es la facultad que la ley expresamente le da al órgano administrativo de actuar presuntamente, cuando éste supone la existencia de una acto jurídico que contraríe o perturbe el buen desempeño de la administración pública. 3.12 La acción de oficio a su ejecutoriedad

Ese procedimiento debe ser resultado de los intereses fundamentales que juegan en la actividad administrativa estatal, el interés público, reclama el inmediato cumplimiento de las leyes exige que el procedimiento se inicie de oficio y que él permita dictar las resoluciones respectivas con el mínimo

de formalidades indispensables par la conservación del buen orden administrativo, el pleno conocimiento del caso y el apego a la ley. 3.13 La técnica del silencio administrativo

Hay casos en los cuales, aun cuando la voluntad de la administración no se exprese en ninguna forma, se presupone su existencia, nos encontramos frente al problema que tanto le preocupa a la doctrina; el silencio de la Administración, éste silencio consiste en una abstención de la autoridad

administrativa para dictar un acto previsto en la ley. Esa abstención es la facultad conferida por la misma ley de no usar el poder, por un lado, y por otro, el silencio es particularmente importante por las consecuencias puesto que constituye la falta de cumplimiento de una obligación jurídica que de existir frente al derecho de un particular, requiere una solución

3.14 El procedimiento administrativo y su regulación en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El procedimiento administrativo difiere del contencioso administrativo porque mientras que aquel fija la secuela legal para la emisión de un acto, éste pugna por controlar la legalidad del acto mismo.

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El procedimiento administrativo es el conjunto de actos concatenados y sucesivos que señalados por la ley en cuanto a su orden y forma dan como resultado una declaración administrativa (leer art.

14 Const.)

IV. SERVICIOS PÚBLICOS

1.- Marco conceptual. Características Es parte de la actividad que realiza el estado, a través del órgano titular de la administración pública,

para satisfacer las necesidades colectivas. 2.- Diversas formas de prestación 2.1. Directa Es la que realiza el Estado por medio de los actos de su administración.

2.2. Concesión Cuando el servicio se concesiona a los particulares o los autoriza para realizarlo. La concesión de un servicio público es un acto administrativo complejo, contractual y reglamentario, en virtud del cual el funcionamiento de un servicio público es confiado temporalmente a un individuo o empresa

concesionaria, que asume toda la responsabilidad del mismo y se remunera con los ingresos que percibe de los usuarios del servicio concedido. 3.- La requisa

Es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes, que implica una limitación a la propiedad privada principalmente muebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente.

Es una figura administrativa muy cercana a la expropiación, de interés público, e implica la transparencia de propiedad de las cosas que se consumen como víveres, forrajes, etc. O la sola transferencia temporal de goce, en el caso de la requisición de empresas o de inmuebles. V. LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

1.- Los contratos administrativos Son una obligación bilateral, (obligatorio para las distintas partes de un acto jurídico) en la que una de las partes es la Administración Pública con las prerrogativas inherentes a su condición jurídica, y la otra parte, en particular o una entidad pública, destinada a realizar determinados fines, entre ellos; el funcionamiento de los servicios públicos. Elementos esenciales del los contratos administrativos: Sujeto, Competencia, Capacidad, Consentimiento, forma, objeto, Causa, régimen jurídico. Elementos no esenciales de los contratos administrativos: Plazo, Conmutabilidad, licitación, garantías, sanciones. 2.- Los contratos no administrativos

Son aquellos que se llevan entre particulares y son regulados por el Derecho Civil o Mercantil, según sea su materia. 3.- Algunos tipos de contratos administrativos 3.1. Contratos de obra pública

Son los que el Gobierno celebra con particulares para la ejecución de obras públicas, se adjudican por licitación, mediante convocatorias par que se presenten interesados con propuestas de costos, tiempo y calidad, en sobre cerrado, el cual será abierto en audiencia pública.

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3.2. Contrato de arrendamiento, adquisición y servicios CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Se celebran teniendo por objeto los bienes de dominio privado de la federación; o en una situación distinta: bienes que los particulares arriendan al Estado, cuando éste necesita de inmuebles para oficinas de dependencias de la administración pública. ADQUISICIÓN:

Se recurre a ésta figura por la compra de objetos de escaso valor. Como material

para oficina, bienes muebles para oficina, etc. SERVICIOS: A ésta figura de Derecho Civil, se recurre cuando la administración pública requiere de los servicios profesionales de una persona en particular, sólo se hace un contrato por servicios, para no tener una relación laboral más formal. SUMINISTRO: Es

el contrato que celebra la administración pública con algún particular a efectos

que éste le proporcione de una forma continua, ciertos bienes o servicios que el ente administrativo

requiere para sus tareas VI. EL PODER SANCIONADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.- Marco conceptual

Es un régimen administrativo constituido por el conjunto de normas y principios, provistos de medios coactivos eficaces, para obligar a los particulares a que se subordinen a los intereses generales del Estado y a los propios agentes de la Administración, para que se mantengan el orden de legalidad imperante en el país. Las sanciones administrativas son las que se anuncian en las leyes administrativas federales bajo la denominación de infracciones o faltas. 2.- Algunas de sus principales manifestaciones 2.1. La multa

Es una pena aplicable tanto a los delitos como a las infracciones administrativas; como los reglamentos y consiste en pagar una suma de dinero al Estado, en los lugares que él mismo designa para ese efecto. 2.2. La clausura Es un acto administrativo del Estado, como sanción a una violación de un reglamento de la misma Administración Pública, regularmente se trata de clausura a los establecimientos comerciantes que son regulados por leyes reglamentarias del estado. 2.3. El decomiso

Se da esta figura cuando un particular dedicado al comercio de mercancías y ha infraccionado una ley reglamentaria, o por la comisión de un delito en materia penal, la mercancía en poder del particular, mediante esta figura pasa a poder del Estado. VII. EL PATRIMONIO DEL ESTADO


El patrimonio del Estado se haya constituido por una universalidad de derechos y acciones de que es titular y pueden valorarse pecuniariamente, sumados estos a las obligaciones que los gravan y revisten la cualidad expresada. Es el conjunto de bienes y derechos, recurso inversiones, que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y posee un título de dueño, o propietario, para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o

indirecta de los servicios públicos a su cuidado, o la realización de sus objetivos o finalidades de política social y económica.

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2.- El régimen constitucional del patrimonio estatal El dominio del estado comprende las cosas o bienes susceptibles de apropiación, que el Estado destina a la satisfacción de las necesidades públicas y a las particulares del mismo, bajo la clasificación y régimen jurídico que la Constitución y las leyes establecen. 3.- Diversos bienes que lo integran

Los bienes que comprenden el dominio Nacional quedan sometidos a la jurisdicción de las siguientes entidades, en los términos que establece la Constitución: • • • • • • •

Los bienes de la Federación; Los bienes de las Entidades Federativas;

Los bienes del Distrito Federal Los bienes del Territorio Nacional. Los bienes de los Municipios; Los bienes de las Instituciones Descentralizadas Los bienes del Estado en las empresas privadas de interés público. 3.1. Bienes del dominio público de la federación

3.1.1. Concepto El dominio público está constituido por el conjunto de propiedades administrativas afectadas a la utilidad pública, sea por el uso directo del público, sea por decisiones administrativas y que en consecuencia de ésta afectación, son inalienables, imprescriptibles y protegidas por las reglas de inspección. Elementos: • • • •

Se trata de bienes que forman parte del patrimonio nacional. Su destino y aprovechamiento es de utilidad pública o de interés general; Son bienes inalienables e imprescriptibles; El régimen jurídico que los regula es de derecho público.

3.1.2. Bienes de uso común Son una categoría de bienes que son del dominio público d la Federación, son bienes a disposición de la población, con las reservas, protección y limitaciones que imponen en algunos de ellos.

“Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común sin más restricciones que las establecidas por las propias leyes y los reglamentos administrativos.”

Son bienes de uso común: • • •

El espacio situado sobre territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional; El mar territorial;

Las aguas marítimas interiores o sean aquellas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial o de la línea que cierra las bahías;

• • • • • • • • •

Las playas marítimas. La zona marítima terrestre;

Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas esteros de propiedad nacional; Las riveras y zonas federales; Los puertos bahías radas y ensenadas; Los caminos carreteras y puentes;

Las presas diques y sus vasos y canales; Las plazas, paseos y parques públicos;

Los monumentos artísticos e históricos. 3.1.3. Bienes de dominio directo

El artículo 27 Constitucional dispone que son bienes de Dominio Directo, Todos los recursos naturales de la Plataforma Continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales

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o sustancias que en vetas, vetas, masas y yacimientos , constituyan depósitos cuya naturaleza sea

distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal, de gema y las

salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales y orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; y el espacio situado en el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional. 3.1.4. Zona económica exclusiva

La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva, se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la base desde la cual se mide el mar territorial. 3.1.5. Bienes destinados a un servicio público Los inmuebles destinados por la federación a un servicio público; los propios que de hecho utilice para ese fin; y los equiparados a éstos, conforme a la ley. 3.2. Bienes de dominio privado de la federación 3.2.1. Marco conceptual El dominio privado de la federación está formado por todos los bienes que no han sido catalogados como públicos y están sujetos a un régimen jurídico semejante al de los bienes de los particulares,

y estos son: tierras y aguas que no sean de uso común, enajenables a particulares; Bines declarados vacantes ubicados en el D.F.; Los bienes de organismos federales paraestatales que se extingan; muebles sustituidles, puestos al servicio de la federación; otros adquiridos por la federación. 3.2.2. Bienes inmuebles de dominio privado Son los bienes como los edificios donde están ubicadas las oficinas de la administración pública de

la federación. 3.2.3. Bienes muebles de dominio privado Se trata de los vehículos, los muebles de oficina que son propiedad de la federación. 4.- Formas de adquisición del dominio 4.1. Nacionalización

Por medio de la nacionalización el Estado, no adquiere bienes, solamente que sean bienes donados por otros países, como medios de transporte, norteamericanos o canadienses. Las Secretarías de Relaciones exteriores, la de Economía y la de Hacienda y Crédito público son las que regulan ésta forma de adquisición, de acuerdo a sus propios reglamentos. 4.2. Expropiación

Es el acto unilateral de la administración pública para adquirir de los particulares, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, bienes que son regularmente destinados como bines para el uso común. 4.3. Requisición

Es una figura que surge en el derecho militar; y consagrada también en la Constitución, dándose solamente ante una situación de guerra con el exterior, o conflicto en el interior, el estado adquiere temporalmente los bienes de particulares para uso del Estado, por ejemplo, el uso de terrenos para el control aéreo.

4.4. Decomiso Por medio de éste pasan a propiedad del Estado los objetos, instrumentos y el producto involucrados en la comisión de un delito.

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4.5. Esquilmos

Es un modo de adquirir bienes por parte del Estado, como por ejemplo, la captación de desechos industriales o urbanos para su reciclaje y posterior utilización. 4.6. Abandono de bienes por los particulares

Ésta figura viene consignada en el Código Fiscal de la Federación, y trata cuando un bien embargado por alguna situación en materia fiscal, regularmente cuando se trata de créditos fiscales que se han extinguido, y los bienes embargados no son reclamados por el propietario después de 2

años en poder del Estado, sin que el propietario de señales de reclamo, el Estado se apropia de ellos, llevando a cabo las formalidades establecidas en el mismo ordenamiento. VIII. JUSTICIA ADMINISTRATIVA

1.- Marco conceptual Estamos frente a la justicia administrativa cuando un órgano administrativo resuelve un conflicto que

implica un derecho subjetivo. La importancia radica en que la justicia administrativa sólo puede darse conociendo a fondo cuales son los derechos y garantías de que gozan los administrados frente a la actuación del Poder Público. 2.- La posición jurídica del administrado frente a la administración pública

Considerando la noción del derecho subjetivo subsiste en la legislación y que ese derecho está constituido esencialmente por un poder de exigir una prestación , poder que está condicionado por

3 elementos: 1. Que hay para el sujeto pasivo una obligación jurídica resultante de una regla de derecho. 2. Que esa obligación haya sido establecida para dar satisfacción a ciertos intereses individuales; 3. Que el sujeto activo del derecho sea precisamente titular de uno de esos intereses en atención a los cuales se ha establecido la obligación. La esencia del derecho subjetivo en primer lugar; está en el “poder de exigir”, al cual le da fuerza de derecho objetivo y no la voluntad. Y en segundo lugar; es necesario para que exista el derecho que hay una obligación correlativa de ceder a la exigencia que tiene el titular del “poder de exigir”.

Los derechos del hombre constituyen la esfera de la libertad que se encuentra jurídicamente protegido por la obligación que el Estado se impone de abstenerse de ejecutar cualquier acto que la

obstruya. Frente a esos derechos el estado y, consecuentemente la administración, quedan reducidas a una actividad limitada, la de mantener el orden para evitar que el derecho de uno, entre en fricción con el derecho de los otros.

Los derechos de los particulares frente a la administración quedan comprendidos en 3 grupos a decir; 1. Los derechos de los administrados al funcionamiento de la Administración y a las prestaciones de los servicios administrativos;

2. Derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la Administración; 3. Derechos de los administrados a la reparación de daños causados por el funcionamiento de la Administración. 3.- Los controles sobre la administración pública 3.1. Administrativos. Generalidades Se realiza por medio de actos de carácter puramente material que consisten en exigir rendición de

cuentas, en practicar investigaciones o información sobre la tramitación de los asuntos, y en general , en todos aquellos actos que tienden a dar conocimiento a las autoridades superiores de la regularidad con que los inferiores están desempeñando sus funciones. 3.1.1. A instancia de la administración. La revisión de oficio, el control jerárquico, etcéter

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Se da con la responsabilidad de servidor público, de tener disciplina hacia sus funciones y para con

su superior Consisten en las garantías que presta un buen régimen de organización administrativa. La regularidad de la marcha de ésta, su eficiencia, el control que las autoridades superiores tienen sobre las que están subordinadas, en una palabra, la autotutela que la administración desarrolla en su propio seno, constituyen indudablemente, elementos de protección de los derechos de los administrados. 3.1.2. A instancia del administrado. Los recursos administrativos: 3.1.2.1. Generalidades Los derechos del administrado necesitan protegerse en forma de dar a su titular los medios legales para obtener la reparación debida en caso de violación, es decir, para lograr la reforma o la nulidad del acto lesivo.

El recurso administrativo constituye un medio legal que dispone el gobernado, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar probada la ilegalidad o inoportunidad del mismo. 3.1.2.2. Recurso de revisión de la Ley Federal de procedimientos administrativos.

Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar: I. El órgano administrativo a quien se dirige;

II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones; III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;

IV. Los agravios que se le causan; V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales. 3.1.2.3. Recurso de revocación del Código Fiscal de la Federación

El recurso de revocación, es un medio de defensa que tiene el particular que ve afectados sus intereses jurídicos por algún acto o resolución emitido por una autoridad fiscal federal, a efecto que mediante los agravios hechos valer y pruebas que soporten su pretensión, la autoridad, analizando [email protected]


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los argumentos y valorando las pruebas aportadas, emita resolución, la cual puede consistir en: dejar sin efectos el acto, modificar el acto impugnado, mandar reponer el procedimiento u ordenar se emita una nueva resolución, confirmar el acto, o bien, desecharlo por ser improcedente, tenerlo por no interpuesto, o sobreseerlo en su caso. 3.2. Políticos. Aprobación presupuestal por el órgano legislativo, etcétera

Se trata de designar a un equipo de servidores públicos pertenecientes al Congreso de la Unión para que efectúen una serie de actividades encomendadas a la realización de los actos administrativos realizados por el Estafo, con la finalidad de evaluar su desempeño en materia de competencia. 3.3. Jurisdiccionales

Es el que efectúa el Poder Judicial en torno al número de controversias que se susciten en la actuación de la administración pública del Estado. 4.- La protección por vía no jurisdiccional de los derechos del administrado 4.1. Los organismos protectores de los derechos humanos: generalidades

El artículo 102 Constitucional faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados para que establezcan organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, mismos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Estos organismos que formularán recomendaciones pública, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 4.2. La regulación uniforme del procedimiento administrativo en México: generalidades Dentro del Procedimiento existen medios indirectos y medios directos para proteger los derechos

de los particulares a la legalidad administrativa. sin embargo, estos medios están destinados a garantizar la eficacia de la Administración y a satisfacer el interés privado de manera inmediata, de

tal manera que la autoridad ante la cual se hacen valer, está legalmente obligada a intervenir y a examinar nuevamente, en cuanto a su legalidad o a su oportunidad, la actuación de que el particular se queja. Estos medios directos que la ley establece para la protección de los derechos delos particulares se

pueden clasificar, según las autoridades que deben intervenir, en remedios o recursos administrativos y en recursos o acciones jurisdiccionales. 4.3. La responsabilidad del Estado: generalidades Dentro de nuestro sistema jurídico, no está aceptado francamente el principio de responsabilidad del Estado, esto se explica con lo siguiente:

Por una parte el concepto de soberanía considerada como un derecho de una voluntad jurídicamente superior de actuar sin más limites que las que el propio Estado se impone, impide considerar al Estado como responsable cuando se mantiene dentro de dichas limitaciones “ lo propio de la soberanía es imponerse a todos sin compensación”,. Por otra parte, la idea de que el Estado sólo puede actuar dentro de los limites legales, es también un motivo para excluir el principio d la responsabilidad, pues ésta se basa normalmente en la ilicitud de la actuación dañosa. Se ha considerado dentro de nuestro sistema, que si alguna actuación pública, se desarrolla fuera de los limites legales, no es ya el Estado el que actúa, sino el funcionario personalmente, y por lo tanto, sobre él debe recaer la responsabilidad. 5.- La vía jurisdiccional de protección de los derechos e intereses legítimos del administrado 5.1. La jurisdicción contencioso-administrativa en México. Generalidades

En iniciativa de ley se propone la creación de un tribunal que conociera de los asuntos jurisdiccionales en materia administrativa, entrado en vigor el1° de agosto de 1878, por lo que se crea el Tribunal Fiscal de la Federación ahora denominado Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este se encarga de recibir los recursos en materia fiscal y administrativa.

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5.1.1. La plenitud de jurisdicción

El procedimiento para la tramitación de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está de acuerdo con los principios de un verdadero juicio y no con los de un recurso, esta instancia marca el momento en que se inicia el procedimiento de lo contencioso fiscal. 5.1.2. Los tribunales de mera anulación

Artículo 197.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de este Título, sin perjuicio de lo dispuesto por los

tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece este Código. 5.2. Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

La ley orgánica del TFF declara en su art. 1º que el TFF es un Tribunal administrativo, dotado de plena autonomía con la organización que esta ley establece. 5.2.1. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Particularidades como órgano de control de legalidad en materia administrativa

El tribunal se compone de 22 magistrados (art. 2 de la Ley orgánica) que deberán ser nombrados por el presidente de la república a propuesta de la SHCP con ratificación del senado, y en sus recesos por la comisión permanente, los magistrados deberán durar en su cargo 6 años, no podrán ser removidos en los casos en que pueden hacerlo constitucionalmente los funcionarios del poder judicial de la federación. 5.2.1.1. Naturaleza jurídica Debido a que el Estado requiere los ingresos para su propia existencia y para la satisfacción de las necesidades de la colectividad, por medio de los servicios públicos,. El artículo 31 fracc. 4ª. De la Constitución dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir con los ellos.

Con base en esto, se fijan los impuestos que son "prestaciones de dinero o en especie que fija la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos". La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para recabarlos a través del Servicio de

Administración Tributaria, y el Código Fiscal de la Federación regula la imposición de sanciones para cumplir con este requisito. 5.2.1.2. Marco normativo

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se regirán por las disposiciones del artículo 6º del CFF a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. 5.2.1.3. Estructura y ámbito competencial

El art. 21 de la Ley orgánica del tribunal fiscal, previene que en éste siempre habrá 7 salas integradas por 3 magistrados cada una, por su parte el artículo 22 señala como competencia de las salas el conocimiento de los juicios que se inician en contra de las resoluciones definitivas. 5.2.2. El proceso jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Interés jurídico y diversidad de acciones. Oportunidad de ejercicio de la acción. Partes del proceso jurisdiccional.

Son partes en el juicio: demandante, los demandados, el titular de la dependencia o entidad de la administración pública federal, procuraduría gral., de republica, o procuraduría general de justicia del DF, el tercero que tenga un derecho incompatible, contra la pretensión del demandante. 5.2.2.1. Interés jurídico y diversidad de acciones

En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si no lo hicieren, el magistrado instructor designará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda.

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5.2.2.2. Oportunidad de ejercicio de la acción Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida

en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no

planteados en el recurso. 5.2.2.3. Partes del proceso jurisdiccional

I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: • •

a). La autoridad que dictó la resolución impugnada. b). El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.

III. El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Procuraduría General

de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la

autoridad mencionada en la fracción anterior. En todo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será parte en los juicios en que se controviertan actos de autoridades federativas coordinadas, emitidos con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación en ingresos federales. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los otros juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 5.2.2.4. Demanda, contestación. Requisitos de forma y fondo

En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de no hacer la designación, el magistrado instructor al admitir la demanda hará la designación. El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto.

Artículo 199.- Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.

De la Demanda Artículo 207.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el demandante tiene su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala o cuando ésta se encuentre en el Distrito Federal y el domicilio fuera de él, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida

el demandante. Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el [email protected]


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procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación

incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado.

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre

su representación. Artículo 208.- La demanda deberá indicar: • I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede de la Sala Regional competente. • II. La resolución que se impugna. •

III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.

• •

IV. Los hechos que den motivo a la demanda. V. Las pruebas que ofrezca.

5.2.2.5. Ampliación de demanda y contestación de ampliación

De la Contestación Artículo 212.- Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente. Artículo 213.- El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la

demanda, expresará: • •

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar.

•

II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda. III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de

•

manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso. IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de

impugnación. • V. Las pruebas que ofrezca. Artículo 214.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: • I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda. • II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio. •

III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado.

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•

IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el

demandante. VI. Las pruebas documentales que ofrezca. Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los •

documentos previstos en este artículo, excepto aquellos que ya se hubieran acompañado al escrito

de contestación de la demanda. Para los efectos de este artículo será aplicable, en lo conducente los tres últimos párrafos del artículo 209. Las autoridades demandadas deberán señalar, sin acompañar, la información calificada por la Ley de Comercio Exterior como gubernamental confidencial o la información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar

la instrucción. Artículo 215.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho

de la resolución impugnada. En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. Artículo 216.- Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de derecho dados en la contestación de la autoridad que dictó la resolución impugnada y la formulada por la Secretaría de

Estado, Departamento Administrativo u organismo descentralizado de que dependa aquélla, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas contradicciones, lo expuesto por éstos últimos. 5.2.2.6. Improcedencia y sobreseimiento Artículo 202.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: • I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. • II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho Tribunal. Que hayan sido materia de

sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado aunque las violaciones alegadas sean diversas. •

IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento

únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivamente o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los • •

plazos que señala este Código. V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal. VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa.

•

VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 219 de este Código.

• •

VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.

IX. Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente.

• •

X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado.

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•

XII. Que puedan impugnarse en los términos del Artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior,

cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida. •

XIII. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el Artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.

•

XIV. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código o de las Leyes fiscales especiales.

•

XV. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho

procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia •

Fiscal y Administrativa. XVI. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales

mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. La procedencia del juicio será examinada aun de oficio. Artículo 203.- Procede el sobreseimiento: • I. Por desistimiento del demandante. •

II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

• • •

III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso. IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.

V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir

resolución en cuanto al fondo. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 5.2.2.7. Pruebas: tipos, oportunidad y modalidad de ofrecimiento, desahogo y valoración

Artículo 230.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, el magistrado instructor ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. El magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier diligencia. Artículo 231.- La prueba pericial se sujetará a lo siguiente:

I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño,

apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento. II. El magistrado instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de

ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias.

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III. En los acuerdos por los que se discierna a cada perito, el magistrado instructor le concederá un

plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen, con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido.

IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor antes de vencer los plazos mencionados en este artículo, las partes podrán solicitar la sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto. V. El perito tercero será designado por la Sala Regional de entre los que tenga adscritos. En el caso

de que no hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, la Sala designará bajo su responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán

sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el nombramiento deberá recaer en una institución fiduciaria, debiendo cubrirse sus honorarios por las partes.

Artículo 232.- Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para que presente a los testigos y cuando ésta manifieste no poder presentarlos, el magistrado instructor los citará para

que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito.

Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el magistrado instructor del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto. Para diligenciar el exhorto el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá solicitar el auxilio de algún juez o magistrado del Poder Judicial de la Federación o de algún tribunal administrativo federal.

Artículo 233.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al magistrado instructor que requiera a los omisos.

Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos.

En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al trimestre, a los funcionarios omisos.

Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para hacer las diligencias

extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, el magistrado instructor podrá considerar que se está en presencia de omisión por causa justificada. Artículo 234.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas.

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II. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas quedará a la

prudente apreciación de la sala. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a

lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su

sentencia. 5.2.2.8. Incidentes Artículo 217.- En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial pronunciamiento: • I. La incompetencia en razón del territorio. • II. El de acumulación de autos. • III. El de nulidad de notificaciones. • IV. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de

ausencia. • V. La recusación por causa de impedimento. Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente se impondrá a quien lo promueva una

multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Artículo 218.- Cuando ante una de las salas regionales se promueva juicio de la que otra deba conocer por razón de territorio, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución a la

que en su concepto corresponderá ventilar el negocio, enviándole los autos. Recibido el expediente por la sala requerida, decidirá de plano dentro de las 48 horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto.

Si la sala regional requerida la acepta, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y al Presidente del Tribunal. En caso de no aceptarlo, hará saber su resolución a la sala requirente y a las partes, y remitirá los autos al Presidente del Tribunal.

Recibidos los autos, el Presidente del Tribunal los someterá a consideración del Pleno para que éste determine a cual sala regional corresponde conocer el juicio, pudiendo señalar a alguna de las

contendientes o a sala diversa, ordenando que el Presidente del Tribunal comunique la decisión adoptada, a las salas y a las partes, y remita los autos a la que sea declarada competente. Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, cualquiera de las partes podrá acudir ante el Presidente del Tribunal, exhibiendo copia certificada de la demanda y

de las constancias que estime pertinente, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno del Tribunal. Si las constancias no fueran suficientes, el Presidente del Tribunal podrá pedir

informe a la sala regional cuya competencia se denuncie, a fin de integrar debidamente las constancias que deba someterse al Pleno. Artículo 219.- Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución en los casos

en que: • •

I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto.

III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. Artículo 221.- La acumulación se tramitará ante el magistrado instructor que esté conociendo del juicio en el cual la demanda se presentó primero. Dicho magistrado, en el plazo de diez días, formulará proyecto de resolución que someterá a la sala, la cual dictará la determinación que •

proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio. Artículo 222.- Las solicitudes de acumulación notoriamente infundadas, se desecharán de plano.

Una vez decretada la acumulación, la sala que conozca del juicio más reciente, deberá enviar los autos a la que conoce el primer juicio, en un plazo que no excederá de seis días. Cuando la [email protected]


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acumulación se decrete en una misma sala, se turnarán los autos al magistrado que conoce el juicio

más antiguo. Cuando no pueda decretarse la acumulación por que en alguno de los juicios se hubiese cerrado la instrucción o por encontrarse en diversas instancias, a petición de parte o de oficio, se decretará la

suspensión del procedimiento en el juicio en trámite. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro negocio.

También se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio, a petición de parte o aún de oficio, cuando se controvierta un acto contra el cual no proceda el recurso de revocación y que por

su conexidad a otro impugnado con antelación en dicho recurso, sea necesaria hasta que se pronuncie resolución definitiva en este último. No será aplicable a este caso lo dispuesto por los artículos 124, fracción V y 202, fracción VII de este Código.

Artículo 223.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el hecho ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano.

Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones

posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el

Estado en caso de reincidencia. Artículo 224.- La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: I. Se decretará por el instructor a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este artículo.. II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal

o el tutor, el magistrado instructor acordará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la sucesión o de la liquidación, según sea el

caso. Artículo 225.- Las partes podrán recusar a los magistrados o a los peritos del Tribunal, cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el artículo 204 de este Código.

Artículo 226.- La recusación de magistrados se promoverá mediante escrito que se presente en la Sala o Sección en la que se halle adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El Presidente de la Sección o de la Sala, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Presidente del Tribunal, el escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno. A falta de informe

se presumirá cierto el impedimento. Si el Pleno del Tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la sala regional será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si se trata de magistrados de Sala Superior, el mismo deberá abstenerse de conocer del asunto. Los magistrados que conozcan de una recusación son irrecusables para ese solo efecto. La recusación del perito del Tribunal se promoverá ante el magistrado instructor, dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se le designe. El instructor pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los tres días siguientes. A falta

de informe se presumirá cierto el impedimento. Si la Sala encuentra fundada la recusación substituirá al perito. Artículo 227.- Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, ante

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el magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto o que haya conocido del mismo

en la primera instancia, acompañando copia de los documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si lo hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución. Con los mismos trámites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán

impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a la ley.

El incidente previsto en este artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia de la Sala. Mientras no se dicte la misma, la Sala podrá modificar o revocar el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

Artículo 228.- En el auto que admita el incidente a que se refiere el artículo 227, el magistrado instructor ordenará correr traslado a la autoridad a quien se impute el acto, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, se tendrán éstos por ciertos.

Dentro del plazo de cinco días a partir de que haya recibido el informe, o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala dictará resolución en la que decrete o niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o decida sobre la admisión de la garantía ofrecida.

Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la garantía, la Sala Regional declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes. Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente una suspensión, se tramitará lo conducente en los términos de este precepto.

Artículo 228 BIS.- Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el artículo 217, se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV de dicho artículo únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos del artículo 235 de este Código. Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento, continuará el trámite del proceso.

Si no está previsto algún trámite especial, los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal.

Artículo 229.- Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado instructor

hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 228 bis, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de diez días.

Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario.

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado instructor desechará el incidente. La Sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente.

5.2.2.9. Suspensión 5.2.2.10. Causales de anulación

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5.2.2.11. Sentencia: diversos sentidos y efectos Artículo 236.- La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que se cierre la instrucción en el juicio. Para este efecto el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los

cuarenta y cinco días siguientes al cierre de la instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 203 de este Código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días. Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados de la Sala, el magistrado instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular. Artículo 237.- Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en

derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por

las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar

los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará

sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.. En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. Artículo 238.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna

de las siguientes causales: • I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. •

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de

•

fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido

•

de la resolución impugnada. IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejo

de aplicar las debidas. V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. •

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Los órganos arbítrales o paneles binacionales, derivados de mecanismos alternativos de solución

de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo. Artículo 239.- La sentencia definitiva podrá: • I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. • II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. •

III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.

•

IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código.

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 238

de este Código, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. Artículo 239-A.- El Pleno o las Secciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de oficio o a petición fundada de la Sala Regional correspondiente o de las autoridades, podrán ejercer la facultad de atracción, para resolver los juicios con características especiales. I. Revisten características especiales los juicios en que: a). El valor del negocio exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión de la resolución

combatida, o b). Para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia. En este caso el Presidente del Tribunal también podrá solicitar la atracción. II. Para el ejercicio de la facultad de atracción, se estará a las siguientes reglas: • • •

a). La petición que, en su caso, formulen las Salas Regionales o las autoridades deberá presentarse hasta antes del cierre de la instrucción. b). La Presidencia del Tribunal comunicará el ejercicio de la facultad de atracción a la Sala Regional antes del cierre de la instrucción. c). Los acuerdos de la Presidencia que admitan la petición o que de oficio decidan atraer el juicio, serán notificados personalmente a las partes por el magistrado instructor. Al efectuar la notificación se les requerirá que señalen domicilio para recibir notificaciones en el Distrito

Federal, así como que designen persona autorizada para recibirlas o, en el caso de las autoridades, que señalen a su representante en el mismo. En caso de no hacerlo, la resolución y las actuaciones diversas que dicte la Sala Superior les serán notificadas en el •

domicilio que obre en autos. d). Una vez cerrada la instrucción del juicio, la Sala Regional remitirá el expediente original

a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, la que lo turnará al magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas que determine el Pleno del propio Tribunal.

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Artículo 239-B.- En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que

hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas: I. Procederá en contra de los siguientes actos: • a). La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia. •

b). Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber

•

transcurrido el plazo previsto en ley. c) Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad.

II. Se interpondrá por escrito ante el magistrado instructor o ponente, dentro de los quince días siguientes al día en que surte efectos la notificación del acto o la resolución que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción anterior, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien se expresará la omisión en el cumplimiento de la sentencia de que se trate. El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia,

que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado dará cuenta a la Sala o Sección que corresponda, la que resolverá dentro de cinco días.

III. En caso de que haya repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la resolución repetida y la notificará al funcionario responsable de la repetición, ordenándole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene el acto o lo repita, para que proceda jerárquicamente y la Sala le impondrá una multa de treinta a noventa días de su salario normal,

tomando en cuenta el nivel jerárquico, la reincidencia y la importancia del daño causado con el incumplimiento.

IV. Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, señalando la forma y términos precisados en la sentencia, conforme a los cuales deberá cumplir.

V. Si la Sala resuelve que hubo omisión total en el cumplimiento de la sentencia, concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo. En este caso, además se procederá en los términos del párrafo segundo de la fracción III de este artículo. VI. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, si se solicita ante la autoridad ejecutora y se garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 144. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga

contra actos que no constituyan resolución definitiva, se le impondrá una multa de veinte a ciento veinte días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito

Federal. Existiendo resolución definitiva, si la Sala o Sección consideran que la queja es improcedente, se ordenará instruirla como juicio.

VII. Tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, la queja se interpondrá por escrito ante el magistrado instructor, en cualquier momento..

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad en que pretenda la ejecución del acto. El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá rendir dentro del plazo de

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cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado dará cuenta a la Sala o Sección que corresponda, la

que resolverá dentro de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión decretada, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de quince días de su salario, sin exceder del equivalente a cuarenta y cinco días del mismo. Artículo 239-C.- La parte que estime contradictoria, ambigua u obscura una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación.

La instancia deberá señalar la parte de la sentencia cuya aclaración se solicita e interponerse ante la Sala o Sección que dictó la sentencia, la que deberá resolver en un plazo de cinco días siguientes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia. La aclaración no admite recurso alguno y se reputará parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el término para su impugnación. Artículo 240.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el Presidente del Tribunal, si el

magistrado responsable no formula el proyecto respectivo dentro del plazo señalado en este Código. Artículo 241.- Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, solicitará informe al magistrado responsable que corresponda, quien deberá rendirlo

en el plazo de cinco días. El Presidente dará cuenta al Pleno y si éste encuentra fundada la excitativa, otorgará un plazo que no excederá de quince días para que el magistrado formule el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha obligación, será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el proyecto del magistrado responsable, el informe a que se refiere el párrafo anterior, se pedirá al presidente de la sala o Sección respectiva, para que lo rinda en el plazo de tres días, y en el caso de que el Pleno considere fundada la excitativa, concederá un plazo de diez días a la sala o Sección para que dicte la sentencia y si ésta no lo hace, se podrá sustituir a los magistrados renuentes o cambiar de sección. Cuando un magistrado, en dos ocasiones hubiere sido sustituido conforme a este precepto, el Presidente del Tribunal podrá poner el hecho en conocimiento del Presidente de la República.

5.2.2.12. Recursos De la reclamación

Artículo 242.- El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la

Sala o Sección respectiva, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. Artículo 243.- Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, se ordenará correr traslado

a la contraparte por el término de quince días para que exprese lo que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta a la sala para que resuelva en el término de cinco días. El Magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no podrá excusarse.

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Artículo 244.- Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que sobresea el juicio

antes de que se hubiera cerrado la instrucción, en caso de desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. De la Apelación (derogado)

De la revisión Artículo 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y

las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o

sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por períodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el período que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos

de la admisión del recurso.

III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se

refiera a: • • •

a). Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b). La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.

c). Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación.

•

d). Violaciones procésales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y

• •

trasciendan al sentido del fallo. e). Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f). Las que afecten el interés fiscal de la Federación.

IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.

El recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos de atracción a que se refiere el artículo 239-A de este Código.

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 249.- Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que decida el amparo. 5.2.2.13. Cumplimiento de sentencia

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. [email protected]


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Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código.

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DERECHO FISCAL


Son las normas que regulan la actuación del estado, para la obtención de recursos, las relaciones que se generan con esa actividad. 2.- Actividad financiera del Estado Es la regulación de la actividad del Estado para la obtención, manejo y aplicación de los recursos económicos. 2.1. Concepto y naturaleza CONCEPTO DE NATURALEZA

Valdes Costa: “La actividad financiera del estado es aquella relacionada con la obtención, administración o manejo y empleo de los recursos monetarios indispensables para satisfacer las necesidades públicas.” 2.2. Como objeto de conocimiento. Multiplicidad de disciplinas Lic. Luis H. Delgadillo “Esta amplia materia también es objeto de estudio de diversas disciplinas que aportan sus principios para el manejo adecuado de los recursos..

Así tenemos que las finanzas públicas pueden ser analizadas por la economía, la sociología, la psicología, la política el derecho, etc. que vistas en particular se denominan, por comodidad técnica, economía financiera, sociología financiera, etc. 3.- El tributo

Ni en nuestra (legislación) constitución, ni en las disposiciones secundarias encontramos una definición de tributo, solamente menciona contribuciones, para dejar expuesto un concepto de lo que debemos entender por tributo; partiremos de la disposición del 31 constitucional frac. IV; que

establece la obligación de contribuir, para los gastos públicos tanto de la federación como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

3.1. Concepto Tributo viene del latín tributum que significa, ofrenda en calidad de administración o de gratitud que se le entrega por su parte del subdito al estado. 3.2. Especies de tributo: conceptos y diferencias Especies: derechos, impuesto y contribuciones de mejoras. Art 2 CFF. 4.- Los principios de la tributación 4.1. Principios de naturaleza jurídica

El estado a través de sus órganos precisa la función de cada uno de ellos para obtener el fin preestablecido, estos órganos están sometidos a el poder soberano del Estado, quien permita que ejerzan sus actividades atribuidas de sus funciones, pero siempre actuando bajo un órgano jurídico

preestablecido. 4.1.1. Bases constitucionales de la tributación Art. 13 fracción IV. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la

federación como del Distrito Federal o el estado y el municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Art. 73 fracción VII. El Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 4.1.1.1. Principio de generalidad de la tributación Emilio Marain “Significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la que la ley serñala como hecho generador del crédito fiscal.” Delgadillo “La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos por lo que

nadie puede estar exento de esta obligación, la única excepción será la falta de capacidad contributiva.”

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4.1.1.2. Principio de proporcionalidad tributaria Emana del principio teórico denominado justicia en la imposición, creado por Adama Smith; en esta

precepto se establece que los organismos fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tiene obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de proporcionales y equitativas. 4.1.1.3. Principio de igualdad en la tributación

La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma

cuota tributaria: dos personas deben de ser gravadas por igual, cuando el origen y calidad de la riqueza que da lugar a la contribución sea similar (Dra. Doricela Nabarakcerecedo) 4.1.1.4. Principio de reserva de ley

Consiste en que hay materias que solo pueden ser reguladas por una ley y normalmente es la constitución la que señala cuales son esas materias (Raúl Rdz. Lobato). 4.1.1.5. Principio de afectación a fines recaudatorios. Los fines no recaudatorios, su situación constitucional Con fines fiscales y con fines extrafiscales. Los impuestos con fines fiscales son aquellos que se

establecen para recaudar los ingresos necesarios para satisfacer el presupuesto de egresos. Los impuestos extrafiscales son aquellos que se establecen sin el ánimo de recaudarlos, ni de obtener de ellos ingresos para el presupuesto, sino con una finalidad diferente, en ocasiones de carácter social, económico etc., la constitución no prevé ni autoriza el establecimiento de impuestos con fines diferentes de la satisfacción del presupuesto de esgresos. (Raúl Rdz.) 4.1.2. Algunos principios de rango legal • Derivados del 31 Const. Fracción IV. • Principio de legalidad (31 Const.) • Principio de proporcionalidad y equidad. • Principio de certidumbre y comodidad • Principio en la economía en la recaudación (Mabaak pag. 67). 4.1.2.1. El principio de presunción de legalidad

Las contribuciones nunca se presumirán legales si no están contempladas en la ley, por lo que de otra manera violarían el 14 y 16 Constitucionales. Presunción.- debe estar en la ley. Principio de certidumbre. Elementos. Sujetos, objeto, base tabla, tarifa, tasa, para evitar actos arbitrarios de la autoridad. 5.- Principios no jurídicos de la tributación Generalidad, uniformidad, certidumbre, incertidad y economía. 6.- Las fuentes del derecho fiscal. Planteamiento general Generalmente reciben el nombre de fuentes del derecho aquéllas instituciones, formas de conducta o manifestaciones de voluntad a las que el estado les reconoce la categoría de normas jurídicas. 6.1. La ley fiscal. Su interpretación y aplicación La ley es un ordenamiento de carácter general impersonal y abstracto, que se expedido por el poder legislativo en uso de sus facultades constitucionales, que es promulgado, publicado y hecho cumplir

por el poder ejecutivo del estado, y que, con pretensiones de universalidad y validez, regula la conducta de las personas, cuando esta se manifiesta en sociedad (Mabarak). Interpretación se interpreta una ley cuando se busca y esclarece o desentraña su sentido mediante el análisis de las palabras que la expresan, idea que es plenamente aplicable no solo en el derecho penal, sino también en el fiscal o en cualquier otra rama del derecho (Fco. Pavon Vasconselos). Interpretación auténtica del propio órgano creador de la ley. Interpretación jurisdiccional deriva de los órganos jurisdiccionales y resulta de la aplicación de la ley a los casos concretos controvertidos sometidos a su decisión.

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Interpretación doctrinal deriva de la doctrina jurídica, de los estudiosos realizados por los comentaristas y estudiosos del derecho.

Interpretación administrativa, deriva de los órganos del estado, que tienen a su cargo la ejecución de las leeys en la esfera administrativa cuando deciden la manera y términos en que se ha de aplicar la ley fiscal.

Interpretación ordinaria, deriva de la aplicación que común y cotidianamente llevan a cabo los particulares, principalmente los consutores legales. (Raúl Rdz. Lobato). Aplicación estricta. En materia de impuestos, la interpretación de la ley debe ser estricta, y hay que aplicarla en sus términos y sin dar a esto más alcance que el que naturalmente tiene; y el cobro que

haga sin apegarse a estas reglas, importa una violación a los artículos 14 y 16 Const.. 5ª Epoca, Tomo XX, pag 930 Obregon Guillermo, pag. 164 Jurisprudencia de la SCJN Apéndice 1917-1965 2ª

Sala (Raúl Rdz). 6.2. Principio de jerarquía legal Constitución, tratados, leyes federales y reglamentos. 6.2.1. Aplicación de la ley respectiva

Nullum tributum sine lege = no se puede cobrar ningún tributo, si no hay una ley exactamente aplicable a la situción de que se trate, inclusive y en razón de que en derecho fiscal se abarca numerosas situaciones que se encuenran a veces reguladas en otras leyes, se permite la supletoriedad (art. 5 CFF) Mabarak. 6.2.2. Ubicación del Código Fiscal de la Federación

Así tenemos que el CFF regula el aspecto general de la tributación en México con los aspectos sustantivos, administrativos, penales y procesales relativos a los tributos y expresamente dispone en su art. 1º que las contribuciones para el gasto público se regulara por las leyes fiscales respectivas, y en su defecto por lo que se establezca en el propio Código. 6.2.3. La aplicación supletoria del derecho federal común Consultar el artículo 5º del. Código Fiscal de la Federación. 6.3. La analogía en materia tributaria

Se considera peligroso aplicar este método de interpretación, por cuanto que se elasticidad permitirá hacer extensiva una disposición a situaciones que no eran intención del legislador gravar o regular, por su sola semejanza (no igualdad) con la situación verdaderamente aplicable. 7.- La teoría jurídica del tributo 7.1. La relación jurídica tributaria: concepto y naturaleza Concepto. (Margain), la relación jurídica tributaria la contribución y el conjunto de obligaciones que

se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo y se extinguen el cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria.

Naturaleza. Al dedicarse una persona a actividades que se encuentran gravadas por una ley fiscal, surge de inmediato entre ella y el estado relaciones de carácter tributario; por lo tanto la relación tributaria impone obligación a las dos partes (Margain). 7.2. El hecho generador de la obligación tributaria: concepto y elementos

Es una conducta que al adecuarse al supuesto genérico de la norma origina la obligación tributaria en general. El hecho imponible es el derecho tributario lo que el tipo es al derecho penal, mientras que el hecho generador del derecho fiscal correspondiera a la conducta o hecho del derecho penal. 7.2.1. Crédito fiscal

Todas las cantidades en dinero determinadas en conformidad con la ley tributaria (Mabarak). Consultar art. 4º CFF. 7.2.2. Cuotas obrero patronales IMSS e INFONAVIT

7.3. Sujetos Remitirse al Art. 1º CFF.

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7.3.1. Sujeto activo de la relación tributaria El órgano del estado con facultades legales para recibir el pago o cumplimiento de la obligación fiscal (Mabarak). Son la federación, el estado y los municipios, por lo tanto podemos concluir que el sujeto activo de

la relación jurídico tributaria es el estado o municipio y el D.F. y además puede ser un ente con personalidad jurídica diferente a la del estado, como los organismos fiscales autónomos. (Delgadillo)

7.3.2. Sujetos deudores. Contribuyente y otras clases de sujetos deudores Sujetos pasivos. Persona física o moral que esta obligada a realizar una prestación determinada en favor del fisco (Mabarak) Afirmamos que son sujetos del impuesto las personas físicas y morales comprometidas al pago de

la obligación tributaria, en virtud de haber realizado el hecho generador que la ley prevé. (Delgadillo). Consultar el art. 26 del CFF. 8.- El elemento objetivo o material de la obligación tributaria Tiene como finalidad recibir cantidades necesarias para sufragar los gastos públicos, sujeto, objeto, tasa, tarifa (vinculo jurídico). 8.1. Hecho revelador de capacidad contributiva

Es cuando el individuo realiza las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en la norma fiscal, la obligación nacerá en caso de que la situación coincida en lo previsto por el legislador, la capacidad

se determina por la condición jurídica de una persona, para ejercitar sus derechos y contraer obligaciones tributarias, cuando se da el hecho generador o por haber incurrido en las hipótesis que

prevén las leyes tributarias, esto quiere decir que el legislador no toma en cuenta la capacidad de ejercicio, sólo le interesa como sujeto que puede caer en el hecho o situación de derecho que tiene contenido económico. 8.2. Naturaleza

La obligación fiscal en genere, puede emanar de cualquier disposición jurídica dictada por la autoridad competente, ya sea esta de carácter legislativo o administrativo, como un reglamento, un

derecho delegado, o un acuerdo gubernamental condición de que la haya dictado una autoridad competente, y sea general, impersonal y abstracta. 9.- La determinación y liquidación tributaria

Esta determinación la efectúa la autoridad fiscal sobre base cierta o sobre base presunta, en los términos de los artículos 55 a 64 del CFF. La determinación por parte de la autoridad, ya sea por cualquiera de las dos bases, se deberá iniciar con el último ejercicio fiscal anual. (Delgadillo). 9.1. Diferencia conceptual 9.2. Modalidades En la determinación se precisa en cuanto (es decir la cantidad que debe darse en el crédito fiscal). En la liquidación es la cantidad en dinero líquido en que se va a cubrir el tributo. 9.2.1. Autodeterminación y autoliquidación Consultar el art. 6 del CºFF. 9.2.2. La determinación y liquidación por autoridad Consultar los artículos 54 y 55 del CFF. 10.- Las principales formas de extinción de la obligación tributaria Su extinción se da con la realización de la conducta que la norma señala como consecuencia de haberse colocado dentro de la hipótesis contenida en la norma (Delgadillo).

La obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza a declarar extinguida la obligación.

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10.1. El pago: concepto, modalidades y requisitos 10.1.1. El pago de lo indebido y en demasía Es el cumplimiento de la obligación por medio del cual queda satisfecho el derecho del acreedor y,

en consecuencia, se extingue el vínculo jurídico que se había creado. (Mabarak). Requisitos. Moneda Nacional, conservación de moneda extranjera a nacional, consultar el art. 20

del CFF. Modalidades. Pago en parcialidades y en cuanto a los recargos el 21 del CFF.

10.2. La compensación Art. 23 CFF los contribuyentes obligados a pagar mediante compensación podrán optar por

compensar. Modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe

de una se encuentra comprendido en el de la otra. (Rafael De Pina). 10.3. La prescripción Art. 146 CFF. El crédito fiscal se extingue por prescripción en un término de cinco años. Artículo 22 CFF. La obligación de devolver prescribe en los términos y condiciones que el crédito

fiscal. Es la extinción del crédito fiscal por transcurso del tiempo (Delgadillo). 10.4. La condonación Art. 39 frac II CFF. Condonar o pgar a plazos las contribuciones (condonación total o parcial). Consiste en la remisión o perdón de la deuda. 10.5. La cancelación de créditos Consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o incosteabilidad en el cobro (Rafael

Rdz.) Procede de que la Hacienda Pública cancele un crédito fiscal, cuando su cobro es incobrable o

inconteable. 11.- La caducidad Marco conceptual art. 67 CFF. 11.1. Concepto, naturaleza, efectos

Concepto. Perdida de las facultades de las autoridades para cobrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar créditos fiscales e imponer sanciones.

Naturaleza y efectos. Para que opere es necesario que la autoridad fiscal haga la declaración respectiva a solicitud del particular, ya que se oficio la autoridad no la manifiesta. 11.2. Marco normativo. Art. 67 CFF 12.- El cobro coactivo de la deuda tributaria

En caso de que el contribuyente no pague dentro del plazo indicado, las autoridades fiscales ejercerán sus facultades previstas en el art. 42 CFF para determinar el monto a pagar de las contribuciones omitidas tal y como lo establece el 65 del CFF por lo que en caso de que el crédito subsista por falta de pago, la autoridad deberá aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en uso de su facultad económico-coactiva. Consultar el art. 14, 16 y 17 Constitucional. 12.1. El procedimiento administrativo de ejecución

Este procedimiento se inicia y desarrolla a partir del presupuesto de que la resolución que se va a ejecutar es ilegal y definitiva. Su legalidad se presume por disposición del art. 68 del CFF y la definitividad se deriva de que en la esfera administrativa no puede ser modificada, por no existir pendiente ningún procedimiento de revisión o por no haber intentado algún medio de defensa. (Delgadillo).

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13.- La fiscalización tributaria

La actividad fiscalizadora de la autoridad se puede realizar a través de sus facultades otorgadas en la constitución en donde permite las visitas domiciliarias a fin de comprobar si han sido acatadas las

disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas, y las formalidades descritas para los cateos, esta actividad fiscalizadora se realizar en los domicilios de los contribuyentes, así como a través de revisiones de toda clase de bienes en los lugares de producción o transito (art. 42 CFF). 13.1. Marco conceptual Es la actividad de las autoridades fiscales, que facultativamente le otorga la ley para la ejecución de la misma, a través de revisiones de toda clase de bienes para la comprobación del cumplimiento de las contribuciones. 13.2. Modalidades Visitas domiciliarías: para requerir los documentos correspondientes. Visitas o establecimientos, oficina, etc., para el mismo efecto. Requerir la presentación de documentos en la propia oficina de la autoridad (revisiones de escritorio) Practicas u ordenes de avaluó o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte (tránsito). La modalidad más usual son las visitas domiciliarias. 13.3. La visita domiciliaria

Art. 16 constitucional. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias, para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos. La orden de visita debe constar por escrito, señalar la autoridad (consultar el 38 del CFF). 13.3.1. Marco jurídico Artículo 16 Constitucional, 42 y 46 del CFF. 13.3.2. Elementos y formalidades

Elementos: Autoridad competente (SHCP)

Lugar donde se realiza Personas que atiendan la visita (sujeto pasivo) Objeto de la visita (libros, documentos, bienes)

Formalidades: Que sea por medio de una orden escrita de la autoridad competente (SHCP)

El lugar en donde debe realizarse. El objeto de la misma, documentos, libros, etc. CFF establece los requisitos que debe cubrir la orden de visita, debe ser por escrito, firmado

y motivado, por autoridad competente, señalando la autoridad que lo emite, contener la firma autografa del funcionario competente y expresar el objeto y propósito de la visita, así como el nombre de la persona a quien va dirigida y el de los visitadores, así mismo señalar el lugar o lugares donde se va a efectuar la visita, art. 38 y 43. 13.3.3. Formas de terminación Consultar el 46- A del CFF (plazos para concluir la visita). 14.- El proceso fiscal federal

Las autoridades fiscales realizan funciones en base a la ley impulsando ellos mismos los procedimientos, todo procedimiento y por ende el fiscal, se integra por actos de tramite y actos definitivos o resoluciones definitivas, cuya diferencia consiste en que el primero es un acto de impulso en el procedimiento y el segundo es el acto que pone fin al procedimiento y resuelve el asunto correspondiente. [email protected]


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1-Fase oficiosa, es responsabilidad de la administración el lograr el objetivo que se propone que no

es sino ingresar recursos al erario para la satisfacción del presupuesto.. 2- Fase contenciosa, serie de actos jurídicos conforme a los cuales se impugna un acto del fisco cuando hay oposición legítima entre el interés público y el privado y que finaliza con la resolución de

la controversia. 14.1. El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Particularidades en materia tributaria Juicio de nulidad y juicio de amparo. Consultar título VI de los capítulos I al XI del CFF. 15.- Coordinación fiscal Cuando una situación determinada, por disposiciones de las leyes aplicables, una persona tiene que

pagar contribuciones por el mismo hecho a tres autoridades fiscales diferentes, se dice que habrá concurrencia tributaria.

Actualmente esta implantado el sistema nacional de coordinación fiscal, mediante el cual, las contribuciones que se expiden y cobran son las federales, en tanto que las contribuciones estatales

y municipales, es una gran mayoría son reiteradas, y a cambio de ello esos fiscos reciben del gobierno federal una participación que se toma de la captación fiscal de la federación.

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DERECHO MERCANTIL

1.- Antecedentes del derecho mercantil en México El derecho mercantil surgió como un derecho primordialmente subjetivo, como normas aplicadas en el seno de las corporaciones y gremios mercantiles a las relaciones profesionales existentes entre

sus miembros. En clara contraposición con esta visión del derecho mercantil, se nos presenta este tal como queda

estructurado en el código de comercio de Napoleón y en todos los que en él se inspiran directa o indirectamente, como ocurre con el Código Español vigente y con el mexicano, en los que el derecho mercantil es fundamentalmente un derecho de los actos de comercio, independientemente

de las personas que los realicen. Ordenanzas del consulado de México Universidad de Mercaderes de Nueva España. Código Nacional de Comercio 1854.

2.- Concepto Rama del derecho privado que regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa mercantil.

3.- Fuentes Medio de manifestarse externamente las leyes jurídicas o sea las formas en que aparece y se exterioriza el derecho positivo, las cuales son: • Ley mercantil.- no es sinónimo del Código de Comercio, sino que el Código de Comercio y una serie de leyes mercantiles integran aquella categoría. • Costumbres mercantiles, la costumbre, como la ley, es la exteriorización de una norma

jurídica, pero, en vez de ser una creación deliberada y reflexiva de organismos •

competentes, es un producto espontáneo de las necesidades del comercio. Usos.- hay que distinguir dos clases de usos:

•

1. Usos normativos.- tienen una validez general y se aplican por encima de la voluntad de las partes contratantes. Se puede decir que es igual que la costumbre. 2. Interpretativos.- concretan o aclaran una declaración de voluntad concreta y determinada. Jurisprudencia

4.- Fundamentos constitucionales del derecho mercantil 5.- Sujetos del derecho mercantil Art. 3°. Se reputan en derecho comerciantes:

I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II. Las sociedades constituidas con arreglo á las leyes mercantiles;

III. Las sociedades extranjeras ó las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. 5.1. Comerciante individual

Comerciante individual.- Las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. El artículo 3°, fracción I, del Código de Comercio.

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5.2. Comerciante social

El papel desempeñado por las sociedades mercantiles en la economía es cada vez más importante, pudiendo apreciarse una tendencia clarísima o la substitución del empresario individual por las sociedades. 5.3. Derechos y obligaciones de los comerciantes OBLIGACIONES:

Art. 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados: •

I. A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil, con sus circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten;

•

II. A la inscripción en el Registro público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y

autenticidad deben hacerse notorios; (REFORMADA, D.O. 23 DE ENERO DE 1981) • III. A mantener un sistema de Contabilidad conforme al Artículo 33. • IV. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. DERECHOS: Art. 17. Los comerciantes tienen el deber:

I. De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho, su ubicación y objeto; si hay persona encargada de su administración, su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente ó gerentes, la razón social ó denominación

y la persona ó personas autorizadas para usar una ú otra, y la designación de las casas, sucursales ó agencias, si las hubiere; II. De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las circunstancias antes referidas. 6.- Actos de comercio

6.1. Concepto Todo acto realizado por comerciantes o señalado por el artículo 75 de C. Comercio. 6.2. Clasificación • • •

Compra ventas de mercancías que se dedican a la reventa. Actos propios de las empresas

Actos de los bancos y de las compañías de seguros y fianzas.

7.- Supletoriedad de la ley • Código Civil Federal. •

Cuando no haya disposiciones en el C. de Co., se aplican las del D.C. Art. 2º. del C. Co. = Código de comercio.

8.- Tendencias actuales del derecho mercantil Renunciar a la obtención del concepto unitario y esencial del derecho mercantil, sería tanto como reconocer la falta de fundamento científico de su construcción. Dos nuevos intentos merecen especial mención en ese orden de ideas: • El que trata de definir el derecho mercantil como el derecho de tráfico en masa y • El que lo considera como el derecho que regula los actos de las empresas.

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II. TÍTULOS DE CRÉDITO

1.- Título de crédito

1.1. Concepto Son los documentos a los que se les incorpora un derecho, de manera que es posible transferir un derecho sin transferir también el documento. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para

ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. 1.2. Rol económico • Medio para transportar dinero • Como instrumento de crédito • • • •

Como medio de pago

• •

Abstractos y causales

Como instrumento de cambio

Como garantía

Para proteger el robo 1.3. Clasificación • Títulos de crédito públicos y privados • Nominado e innominados • Unicos y con copias • Simples y complejos • Principales y accesorios • Completos e incompletos • Individuales y seriales • De crédito y de pago De crédito de participación y representativos. 1.4. Características 1.4.1. Incorporación Documento en que consta el título valor y que incorpora el derecho. El derecho está plasmado en el titulo, y se incorpora en el, si el derecho está incorporado en el documento, es necesario exhibirlo

para ejercer el derecho. 1.4.2. Autonomía Consiste en disfrutar de modo independiente del derecho incorporado en el título. Se adquiere desde el momento en que el título entra en circulación, no requiere de otro documento, es decir, es

independiente a los títulos de crédito, para estar vigente o exigible. El documento se desliga de la causa que lo originó, por eso es autónomo. Llega a tanto la autonomía que si el titulo se obtuvo de

mala fe, es intrascendente y se tendrá que pagar lo que en el se exige. 1.4.3. Literalidad El título sólo produce efectos cuando señala los requisitos que marca la ley. Las letras y los números que contiene el documento se va a plasmar, de esta forma el derecho se incorpora, de tal manera que la literalidad constituye una delimitación, es un poner limites o barreras a los derechos contenidos en el título, solo tendrá validez lo que diga él titulo. POSIBLES EFECTOS DE LA LITERALIDAD EN LOS TITULOS DE CREDITO.

• • •

El beneficiario no puede cobrar el documento antes del vencimiento consignado en el titulo.

No puede cobrar una cantidad superior a la consignada.

Solo puede cobrarlo en el domicilio señalado para ello. 1.4.4. Circulación El documento circula para facilitar las transacciones comerciales. 1.4.5. Abstracción Artículo 14, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: La omisión de

tales menciones y requisitos no afectará a la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto.

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1.5. Formas de transmisión

Título al portador, títulos a la orden; endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía. 1.5.1. Cambiaria ARTICULO 26 de la LGTOC.- Los títulos nominativos serán trasmisibles por endoso y entrega del

título mismo, sin perjuicio de que puedan trasmitirse por cualquier otro medio legal. 1.5.2. Extracambiaria Las dos acciones extracambiarias que contempla la LGTOC (causal y de enriquecimiento) son recursos de cobro subsidiarios a la pérdida de la acción cambiaria por olvido, desconocimiento o

negligencia, o por su extinción aun cuando se haya actuado con diligencia. Son las de alternativa cuando el cobro típico judicial se convierte en, o siempre fue, imposible. 1.6. Cancelación (LGTOC) ARTICULO 44.- La cancelación del título nominativo extraviado o robado, debe pedirse ante el Juez del lugar en que el principal obligado habrá de cumplir las prestaciones a que el título da derecho.

El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento, y si eso no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de éste. Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que debe hacerse la notificación prevista por la fracción III del artículo 45, y los

de los obligados en vía de regreso a quienes pretenda exigir el pago del documento, en caso de no obtenerlo del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago, conforme al artículo 42, ofrecerá

garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que aquélla pueda ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, además, al presentar la demanda de cancelación, o dentro de un término que no excederá de diez días, comprobar la posesión del título y que de ella lo privó su robo o extravío. ARTICULO 45.- Si de las pruebas aportadas resultare cuando menos una presunción grave en favor de la solicitud, el Juez:

I.- Decretará la cancelación del título, y autorizará al deudor principal, y subsidiariamente a los obligados en vía de regreso designados en la demanda, a pagar el documento al reclamante, para el caso de que nadie se presente a oponerse a la cancelación dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la publicación del decreto en los términos de la fracción III, o dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del título, según que éste sea o no exigible en los treinta días

que sigan al decreto; II.- Ordenará, si así lo pidiere el reclamante, y fuere suficiente la garantía ofrecida por él en los términos del artículo anterior, que se suspenda el cumplimiento de las prestaciones a que el título dé derecho, mientras pasa a ser definitiva la cancelación, o se decide sobre las oposiciones a ésta; III.- Mandará que se publique una vez en el "Diario Oficial" un extracto del decreto de cancelación y que dicho decreto y la orden de suspensión se notifiquen: • Al aceptante y a los domiciliatarios, si los hubiere; • Al girador, al girado y a los recomendatarios, si se trata de letras no aceptadas; • Al librador y al librado, en el caso del cheque; • Al suscriptor o emisor del documento, en los demás casos; y

A los obligados en vía de regreso designados en la demanda; IV.- Prevendrá a los suscriptores del documento indicados por el reclamante, que deben otorgar a •

éste un duplicado de aquél, si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que su cancelación

quede firme; V.- Dispondrá, siempre que el reclamante lo pidiere, que el decreto y la orden de suspensión de que

hablan las fracciones I y II se notifiquen a las Bolsas de Valores señaladas por aquél, con el fin de evitar la transferencia del documento.

ARTICULO 53.- La cancelación del título extraviado o robado no libera a los signatarios de las prestaciones que el mismo les impone. Sólo extingue las acciones y derechos que respecto de [email protected]


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éstos puedan incumbir al tenedor del documento, desde que adquieran fuerza de definitivos el decreto de cancelación o la sentencia que deseche la oposición. 1.7. Reposición La protección a la propiedad materia material de un título exige que el dueño despojado sea amparado por la ley para obtener la restitución de los títulos de los que injustamente se le despojo; la seguridad del tráfico requiere la protección del adquirente para evitar una perturbación continua en la situación de los títulos. 1.8. Prescripción

Forma de extinción de derechos que descansa en el transcurso de un cierto tiempo. Se da por el simple transcurso del tiempo.

1.9. Caducidad Abandono u omisión de hacer algo, si no se levanta el protesto o si lo hace y no ejercita la acción cambiaria en vía de regreso, caduca la acción y la sanción es que pierde la instancia. 1.10. Excepciones oponibles (Artículo 8° de la Ley General de Títulos de Crédito) ART. 8.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes

excepciones y defensas: • • • • •

I.- Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor;

II.- Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento; III.- Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en al artículo 11; IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título;

V.- Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15;

• • •

VI.- La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13; VII.- Las que se funden en que el título no es negociable;

VIII.- Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132;

•

IX.- Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago

ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; • XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor. 1.11. Solidaridad cambiaria (RESPONSABLE DEL PAGO) •

En la solidaridad cambiara cada uno responde de su propia deuda y por la de nadie más. El endoso en propiedad obliga al endosante solidariamente con los demás responsables. 2.- Desmaterialización de los títulos de crédito 3.- Letra de cambio

3.1. Concepto Es un instrumento privado por el cual ordena el librador a aquel contra quien o a cuyo cargo la dirige, que pague a “N” la suma comprendida en ella y, como todo acto que por ley o estatuto está sujeto a ciertas formalidades para ser válido, no lo es en faltando alguna de ellas. Es un título de crédito esencialmente formalista. 3.2. Clasificación (Artículo 79 de LGTOC). • •

A la vista. A cierto tiempo vista.

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A cierto tiempo fecha. • A día fijo. 3.3. Requisitos formales (Artículo 76 de la LGTOC). • La mención de ser letra de cambio • La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe • La orden incondicional al girado de pagar una suma de dinero • El nombre del girado •

• • •

El lugar y la época de pago El nombre de quien ha de hacer el pago

La firma del girador 3.4. Cláusulas esenciales, naturales y accidentales (LGTOC)

ARTICULO 88.- La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de letra de cambio, estándose a la regla del artículo 14. Si se emitiere alternativamente al portador o a favor de persona determinada, la expresión "al portador" se tendrá por no puesta.

ARTICULO 89.- La inserción de las cláusulas "documentos contra aceptación" o "documentos contra pago," o de las menciones "D/a" o "D/p", en el texto de una letra de cambio con la que se acompañen documentos representativos de mercancías, obliga al tenedor de la letra a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la letra. 3.5. Aceptación de la letra de cambio Es el acto que el librado o indicado declara con su firma que admite el mandato que le impone con

la letra. 3.5.1. Requisitos para la aceptación La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella al efecto. A falta de indicación de dirección o lugar, la presentación se hará en el domicilio o en la residencia

del girado. Cuando en la letra se señalen varios lugares para la aceptación, se entenderá que el tenedor puede presentarla en cualquiera de ellos. 3.5.2. Aceptación por representación

Cuando es un representante del girador quien acepta la letra, debe expresar tal circunstancia como ante firma, pues de otra forma parecería firmar en lo personal, no habría concordancia entre el girador y el presunto aceptante.

El tenedor que no logre que el supuesto representante señale el carácter con que firma, y sino aparece del Registro Público de Comercio las facultades de que este envestido a de presidir al protesto de la letra por falta de aceptación y esta en aptitud de demostrar que se dan las circunstancias que configuran al representante aparente 3.5.3. Aceptación parcial Los requisitos formales de la aceptación su esencia es el acatamiento liso y llano a la orden de pago

por el girador y de aquí, que no se considere validamente aceptada la letra si el girador pretende introducir modalidades, sea porque quiera sujetarla a una conexión, sea porque fije para el pago un plazo distinto de aquel que resuelva del documento. (ART. 150 Y siguientes de la LTOPC) 3.5.4. Aceptación por intervención

Consiste en que una persona puede aceptar o pagar una letra que no estaba obligado a aceptar o pagar. La letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por intervención, después del protesto. 3.6. Garantías personales 3.6.1. Naturaleza jurídica del aval

La garantía puede ser definido como la garantía total o parcial del pago de la letra, otorgada independientemente de la obligación garantizada. El aval es una garantía de carácter objetivo. Es una garantía personal. 3.6.2. Personas que pueden ser avalistas [email protected]


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De acuerdo al art. 110 de la LGTOC el aval puede prestarlo quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella. Un tercero extraño al título o por cualquiera de las personas que ya lo han suscrito con otro carácter. 3.6.3. Solidaridad en el aval

Cuando el aval solidario se comprometió a garantizar a todos los endosantes el pago del título, también es obligado solidario, es un 3° quien puede pagar el último tenedor del documento pero este mismo le cobra al subscriptor o a los endosantes obligados solidarios. El aval al firmar el título se hace deudor solidario, adquiere la responsabilidad de pagar el título.

3.7. El pago El derecho esencial del tenedor de una letra de cambio, consiste en obtener al vencimiento de la misma la prestación resolutoria de la obligación cambiaria.

El pago de letra de cambio debe hacerse precisamente contra su entrega la obtención al vencimiento de la misma la prestación resolutoria de la acción cambiaria. 3.7.1. Formas de pago • Pago normal.- El que se hace por el librado, al ser requerido por el tenedor, para ello el día del vencimiento. •

Pago anormal.- Por persona distinta del librado; el realizado por este después del

•

requerimiento, y el verificado a persona que no sea el tenedor legítimo del tenedor. Pago anormal voluntario.- Es directo cuando lo efectúa el librado, una avalista de éste o un

interventor, es regresivo cuando lo efectúa el librador, un endosante o un avalista de uno de estos, en virtud del derecho que la ley les confiere para efectuar el pago de la letra. •

Pago anormal forzoso.- Es aquel que se obtiene mediante el ejercicio de las acciones

cambiarias ante las autoridades judiciales competentes. 3.7.2. Presentación para el pago La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y dirección en ella señalados. 3.7.3. Efectos de la presentación para el pago ELEMENTOS PERSONALES.-

La letra debe ser presentada para su pago el día de su vencimiento,

la cual recae sobre el tenedor de la misma. • Quien puede exigir el pago.- el pago como hecho jurídico debe hacerse al tenedor legítimo. • Es tenedor legítimo, el tomador que recibe la letra del girador y el que lo fuere en virtud de •

una serie regular de endosos. A quien puede exigirse el pago.- el pago puede requerirse del aceptante, del girado, de los indicatarios y del avalista.

• •

Tiempo de pago.- las letras deben ser pagadas el día de su vencimiento. Objeto de pago.- Calidad de lo pagado, el art. 76, fracc. III de la LGTOC, limita el giro de las

letras a sumas determinadas de dinero. Sino se indicó la clase de dinero podrá pagarse en cualquier moneda de curso legal dentro de los limites que tenga señalados para su poder liberatorio. •

Cantidad.- pago parcial, el tenedor de la letra no podrá rechazar el pago parcial que se le haga, pero deberá conservar la letra en su poder, mientras no se le cubra íntegramente su importe, anotando en ella la cantidad cobrada, dando por separado el recibo correspondiente.

• Forma de pago.- deberá hacerse precisamente contra su entrega. 3.7.4. Tiempos de pago • Antes del vencimiento.- la letra no puede ser pagada antes de su vencimiento, porque si el

pago se efectúa, el librado queda responsable de la validez del mismo. •

Después del vencimiento.- en el caso de protesto, el notario, corredor o persona que lo haya hecho retendrá la letra en su poder durante el día del protesto y el siguiente, teniendo

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el girado durante ese tiempo el derecho de presentarse a satisfacer el importe de la letra, más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia. 3.7.5. Pago anticipado

El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. El girado que paga ante tiene la responsabilidad de dar validez al pago. 3.7.6. Pago por terceros y por intervención

Cuando la letra de cambio no es pagada por el girado puede pagarlo por intervención en el orden siguiente: a).- El aceptante por intervención b).- El recomendatario c).- Un tercero (Aquí cabe la figura del avalista.) 3.8. El protesto Es la certificación auténtica expedida por un depositario de fe pública, en la que éste hace constar el • • •

hecho de haberse presentado oportunamente la letra para su aceptación o pago. 3.8.1. Formas de protesto • El protesto por falta de aceptación de levantarse dentro de los dos días hábiles que sigan al

de la presentación. El protesto por falta de pago dentro de los dos días después del vencimiento. El protesto por falta de pago en letras a la vista debe levantarse el día de su presentación. 3.8.2. Efectos del protesto • •

La retención del acta de protesto que el notario deberá conservar por todo el día en que se hizo y por el siguiente, plazo durante el cual el girado puede presentarse a satisfacer el importe de la letra, más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia. 3.9. La acción cambiaria

3.9.1. Concepto Es la acción que asiste el tenedor legítimo de la letra de cambio, del cheque o pagaré, para cobrar su importe, intereses y ciertos gastos, de los obligados según el título. Son las acciones ejecutivas

derivadas de la letra de cambio. 3.9.2. Directo

Es aquella que corresponde al titular de una letra de cambio para obtener su cobro judicial del aceptante o de sus avalistas; se puede ejercitar en cualquier momento dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del título sin necesidad de ningún otro requisito.

3.9.3. Regreso Es de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado, puede ejercitarse antes del vencimiento o después, lo cual procede cuando: • Se hubiere denegado parcial o totalmente la aceptación. •

Cuando el librado se encuentra en suspensión de pagos, quiebra o concurso o hubiere

•

resultado infructuoso el embargo de bienes. En una letra que tenga prohibida la presentación a la aceptación, si el librador se encuentre en alguna de las situaciones antes descritas por el librado.

3.10. Acción causal Es un recurso procesal de naturaleza extracambiaria que tutela el derecho del portador de la letra a recibir su importe, pero cuyo fundamento y origen no radica en la letra misma, sino en las relaciones

o negocios jurídicos subyacentes y ejercitable únicamente contra el sujeto que en ellos haya sido parte con el tenedor. Esta acción debe intentarse restituyendo la letra al demandado y no procede sino después de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago. 3.10.1. Requisito para el ejercicio de acción causal 1. Primero.- Persistencia de la acción causal 2. Segundo.- Presentación al cobro

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3. Tercero.- Restitución de la letra 3.10.2. Caducidad y prescripción de la letra de cambio Caducidad.- Solo afecta a la acción. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo contempla la caducidad en la acción de regreso, y no en la directa. Prescripción.- Afecta básicamente a la obligación, cuando se actualiza también impacta a la acción

y prescribe si el acreedor no lo exige dentro de un cierto plazo. 3.10.3. Acción de enriquecimiento Cuando el tenedor no pueda ejercitar ninguna de las acciones citadas o causales, la ley otorga otro

remedio. Mediante esta acción, llamada de enriquecimiento, el tenedor puede obligar al girador a que le repare, en parte o totalmente la pérdida sufrida por la falta de pago de la letra. 4.- El pagaré

4.1. Concepto Es un título valor por el que el librador o suscriptor promete pagar al tenedor determinada cantidad

de dinero en la fecha del vencimiento. 4.2. Clasificación Pagaré sencillo u ordinario, pagaré bancario o domiciliado. 4.3. Requisitos (Artículo 170 de la LGTOC) • • • • •

La mención de ser pagaré La promesa incondicional de pagar

El nombre a quien ha de hacerse el pago El lugar y la época del pago

La fecha y lugar de suscripción 4.4. Semejanzas y diferencias entre el pagaré y la letra de cambio Una diferencia consiste en que en el pagaré es posible estipular intereses, mientras que en la letra de cambio no lo es. Otra, mientras la letra de cambio contienen la orden incondicional de pagar una

suma determinada de dinero dirigida por el girador al girado, en el pagaré se consigna la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, promesa hecha por el suscriptor al tomador. En el pagaré no se requiere la aceptación.

5.- El cheque 5.1. Concepto y naturaleza jurídica (instrumento de pago) 1.- Es un título de crédito nominativo o al portador, que contiene la orden incondicional de pagar a la

vista una suma determinada de dinero, expedido a cargo de una institución de crédito, por quien tiene en ella fondos de los que pueda disponer en esa forma. 2.- Entre el girador y el banco girado existe la relación que se establece entre el acreedor que requiere de su deudor el pago de cantidad debida, entre el girador y el tenedor existe la promesa de

pago que el primero hace al segundo, entre girado y tenedor no existe ninguna relación jurídica. 5.2. Requisitos formales y cláusulas esenciales • I.- La mención de ser cheque • II.- El lugar y la fecha en que se expide • III.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero • IV.- El nombre del librador • V.- El lugar del pago • VI.- La firma del librador 5.3. Presentación y lugar de pago El cheque debe presentarse al pago dentro de un plazo máximo determinado por la ley. No obstante, aunque haya transcurrido el plazo máximo que la ley determine para la presentación del cheque, el banco puede pagarlo, si tiene fondos el girador.- El cheque debe tener el lugar del pago, en caso de no contenerlo se reputa como lugar de pago el señalado junto al nombre del librado.

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5.4. Efectos de la presentación de pago • Efectos conservatorios

Obligación de pagar fundamento y naturaleza. 5.4.1. Diversos tipos de cheques y sus efectos • Cheque nominativo • Cheque al portador • Cheque cruzado • Cheque para abono de cuenta •

• • •

Cheque certificado

Cheque de caja Cheque de viajero

5.4.2. Diferencias con la letra de cambio • La primera es que la letra de cambio es un título de crédito y el cheque un instrumento de

pago. •

El cheque es siempre pagadero a la vista, mientras que la letra de cambio es pagadera a la

vista o a plazo •

La letra de cambio tiene que ser aceptada y en el cheque se presupone la existencia de

fondos El cheque puede ser nominativo o al portador y la letra de cambio siempre será nominativa El plazo de prescripción es de seis meses y en la letra de cambio 3 años. 5.4.3. Cuando proceden las acciones cambiarias en el cheque Procede cuando a).- Falta de pago o pago parcial, b).- Cuando el librador fue declarado en quiebra. 5.4.4. Responsabilidad de las personas que intervienen en el libramiento del cheque • •

El librado sólo cumple válidamente su obligación de pagar, si devuelve el depósito, o si abona el importe del crédito concedido. 6.- Cetes y otros títulos públicos

6.1. Concepto CETES.- Certificado de la Tesorería de la Federación; son títulos de crédito al portador emitidos desde 1978, en los cuales se consigna la obligación del gobierno federal a pagar una suma fija de dinero en una fecha determinada; los cuales vienen a constituir la deuda pública del Gobierno Federal. 6.2. Clasificación. 6.3 Régimen jurídico.

7.- Bonos 7.1. Concepto Son títulos de crédito que representan la participación, individual de su tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. 7.2. Clasificación • • • •

Bonos de prenda Bonos hipotecarios Bonos financieros

Bonos de fundador

7.3. Régimen jurídico Ley General de títulos y operaciones de crédito. Ley General de Sociedades Mercantiles. III. LOS CONTRATOS MERCANTILES

1.- Nociones fundamentales

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1.1. Concepto Es el acuerdo de dos o más personas que produce o transfiere obligaciones y derechos, se constituye sobre las relaciones que se originan en el ejercicio de una actividad empresarial. 1.2. Clasificación • • • • • • • • • • • • •

Compraventa. Contrato de mutuo o préstamo mercantil. Contrato estimatorio o de consignación. Contrato de suministro. Contrato de comisión y mandato mercantil. Contrato de mediación. Contrato de Depósito.

Contrato de Seguro. Contrato de Transporte mercantil.

Contrato de Garantía. Fianza. Prenda.

Contrato de Asociación en participación. 1.3. Función Regular los actos jurídicos en masa. 1.4. Contratación en masa 1.5. Contratación por medios electrónicos (Código de Comercio). Art. 89.- En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier

otra tecnología. Para efecto del presente Código, a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medios se le denominará mensaje de datos. Art. 90.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado: I.- Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas de él, o

II.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. 1.6. Contratación por adhesión.

Existe un amplia gama de actos jurídicos que aunque son producto de acuerdo de voluntades para crear obligaciones y derechos, no configuran contratos ni declaraciones unilaterales de voluntad. 1.7. Modalidades de las obligaciones mercantiles

Art. 78. del Código de Comercio.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades ó requisitos determinados. 2.- Contratos 2.1. Contrato de compraventa mercantil

2.1.1. Concepto Es aquel por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un hecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 2.1.2. Característica La cosa y el precio 2.1.3. Régimen jurídico Código de Comercio. 2.2. Compraventas especiales. Modalidades

Sobre muestras o calidades (Art. 373 del C. Co.), que dispone que las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio, se tendrán por perfeccionadas por el sólo consentimiento de las partes.

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Compraventa a ensayo o prueba.- con este nombre no está regulada en el código de comercio, ni

en el Código del Distrito Federal. En la práctica sí existe, aunque caben muy diversos supuestos bajo denominaciones aparentemente comunes: • Compraventa a prueba: (a gusto del comprador) • • • •

Compraventa con vista: Compraventa a ensayo. Compraventa con garantía Compraventa de cosas que se pesan o miden.- el régimen jurídico es el de compraventa bajo condición suspensiva: la condición es el peso, la medición o la numeración.

•

Compraventa de masa o de acervo.- Se considera como una unidad, en la que el peso o medida no tiene el carácter de condición suspensiva.

•

•

Compraventa contra documentos.- grupo de operaciones que se caracteriza porque la entrega de la mercancía y el pago del precio se hacen a continuación de la entrega de títulos representativos de las mercancías. Compraventa L.A.B.- (libre a bordo), se caracteriza porque el precio comprende los gastos

necesarios para poner la mercancía a bordo, y hasta ese momento no son los riesgos de comprador. •

Compraventa con reserva de propiedad o de dominio.- se trata de una venta bajo condición

suspensiva. 2.2.1. Compraventas sobre muestra.

Las compra ventas que se hicieren sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio se tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de la partes.

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comerciantes, nombrados por casa parte y un tercero para el caso de discordia nombrado por estos, resolverá sobre la conformidad o inconformidad de las mercancías con las muestras o calidades que sirvieron de base al contrato

2.2.2. Compra venta de especies no vistas. Si se trata de mercancías no vistas por el comprador y respecto de las cuales no hay muestras ni es

posible demostrar previamente su calidad, pues no son conocidas en el comercio, aunque haya acuerdo sobre la cosa y el precio, el contrato no se tendrá por perfeccionado miesntras el comprador no la examine y acepte. 2.2.3. Bursátiles

Por medio de este contrato el cliente confiere un mandato general para que por su cuenta, la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas a nombre de la misma casa de bolsa. 2.3. Contrato de mutuo o préstamo mercantil

2.3.1. Concepto Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al otro, el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie

y calidad 2.3.2. Características • FORMA: Se tiene la obligación de devolver un tanto de la misma especie y calidad. • PLAZO: Según lo convenido •

INTERESES: Según lo estipulan las partes

2.3.3. Régimen jurídico Código de Comercio. 2.4. Contrato estimatorio o de consignación

2.4.1. Concepto Art. 392 del Código de Comercio.- La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual, una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo.

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2.4.2. Características Se transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles. 2.4.3. Régimen jurídico Código de Comercio 2.5 Contrato de suministro

2.5.1 Concepto Aquél por el que una persona se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra, prestaciones periódicas o continuas de cosas o servicios. 2.5.2. Características

La continuidad y la periodicidad de las prestaciones, iguales en su contenido y retribuidas con un precio unitario. 2.5.3. Régimen jurídico Código de Comercio. 2.5.4. Suministro de Servicios.

Es de suministro el contrato que en México se celebra con teléfonos de México S.A., para tener derecho al aprovechamiento de sus instalaciones y equipos a través de la comunicación telefónica,

la propia empresa telefónica suele referirse a los suministros con el vocablo suscriptores.

Como de suministro, debe entenderse, aunque en la práctica se les atribuyan otros nombre o se mantengan innominados contratos como el de localización de personas mediante el empleo de apartaos de transmisión y recepción 2.6. Contratos de transporte

2.6.1. Concepto En virtud de este contrato una persona llamada porteador se obliga mediante una retribución o precio, a trasladar las cosas o personas de un lugar a otro. 2.6.2. Características • Que tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio. •

Que siendo cualesquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique

habitualmente a verificar transportes para el público. Que el transporte se realice por tierra, por más o por aire. 2.6.3. Régimen jurídico Ley de Vías Generales de Comunicación y Código de Comercio. •

2.7. Contrato de seguro

2.7.1. Concepto El seguro constituye una forma eficaz de hacer frente a los riesgos y de prever las pérdidas o daños que su realización significativa. En virtud del seguro, los riesgos a que están expuestos el patrimonio

o la persona del asegurado son asumidos por el asegurador. 2.7.2. Características Bilateral, aleatorio, oneroso.

2.7.3. Conceptos fundamentales Régimen jurídico, ley de contrato de seguro, código de comercio, S.H.C.P., comisión nacional de banca y seguros. 2.7.3.1. Prima Es el correlativo del riesgo asumido por la empresa, o en otras palabras, el costo del seguro.

2.7.3.2. Riesgo Es el elemento esencial del contrato. Es el evento futuro e incierto de cuya realización depende el nacimiento de la obligación de la empresa aseguradora. 2.7.3.3. Siniestro

Realizado el siniestro, el asegurado o el beneficiario, en su caso, tan pronto como tenga conocimiento de ello, deberá comunicarlo por escrito. Es cuando el riesgo se cumple.

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2.7.4. Régimen jurídico Ley Sobre el Contrato de Seguro.

2.7.5. Reaseguro y coaseguro Contrato en virtud del cual una institución de seguros toma a su cargo total o parcial un riesgo ya cubierta por otra o el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo. Y COASEGURO: La participación de dos o más asegurados en un mismo riesgo, en virtud

de contratos directos realizados por cada una de ellas con el asegurado. 2.8. Contrato de comisión mercantil (Artículo 273 del Código de Comercio).

2.8.1. Concepto La comisión mercantil, tiene por objeto realizar actos de comercio; el mandato mercantil, tiene por objeto realizar actos de comercio, pero se rige por las disposiciones del derecho común. 2.8.2. Característica • El comisionista actúa en nombre propio, pero por cuenta del comitente. • No necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito

o de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. 2.8.3. Régimen jurídico Código de comercio.

2.9. Fianza 2.9.1. Concepto Es un contrato por el cual una persona llamada fiador, se compromete con el acreedor a pagar por el deudor (fiado) si éste no lo hace. 2.9.2. Características • • •

No puede concebirse aisladamente. Es generalmente subsidiaria.

•

Es renunciable.

Se constituye asumiendo un tercero, el compromiso de responder del cumplimiento de una obligación sino la cumple el deudor principal.

2.9.3. Régimen jurídico

Ley Federal de Instituciones de Fianza, Código Civil, SHCP, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 2.9.4. Instituciones de fianza

Articulo 9o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. - Son organizaciones auxiliares de fianzas los consorcios formados por instituciones de fianzas autorizadas, con objeto de prestar a cierto sector de la actividad económica un servicio de fianzas de manera habitual, a nombre y por

cuenta de dichas instituciones afianzadoras, o de celebrar en representación de las mismas, los contratos de reafianzamiento o coafianzamiento necesarios para la mejor distribución de responsabilidades. 2.10. Prenda 2.10.1. Concepto Es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia. 2.10.2. Características • Recae sobre bienes muebles, privando al deudor de la posesión de los mismos, que pasa al • •

acreedor o aun tercero. Faculta al acreedor en caso de impago, para provocar la venta de la cosa dada en garantía.

Autoriza al acreedor, sino existe pacto en contrario a la compensación anticrética. 2.10.3. Régimen jurídico Código Civil, Código de Comercio, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.10.4. Pacto comisorio en la prenda

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Aquel por el que autoriza al acreedor para hacerse dueño de la prenda en caso de incumplimiento del deudor, está prohibido desde el derecho romano. 2.11. Contrato de depósito mercantil 2.11.1. Concepto Es un contrato por el cual el depositario se obliga hacía el depositante a recibir una cosa, mueble o

inmueble que esté le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. 2.11.2. Características Real o gratuito u oneroso 2.11.3. Régimen jurídico Ley de títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Código Civil, Ley de Instituciones de

Crédito. 2.12. Contrato de asociación en participación 2.12.1. Concepto La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le

aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Es una sociedad interna aplicada al tráfico mercantil, que constituye el fin común de los socios entre los que se distingue al comerciante, que contribuye a ese fin con su capital o trabajo o solo trabaja y

los cuenta partícipes que no necesitan ser comerciantes y contribuyen al fin común con la aportación de capital. 2.12.2. Características • No se forma un patrimonio común. • No gozan de la personalidad jurídica. • • •

El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. No adoptan una razón social.

El gestor dirige externamente las operaciones bajo su nombre y responsabilidad. 2.12.3. Régimen jurídico Ley General de Sociedades Mercantiles.

IV.- SOCIEDADES

1.- Concepto Asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de

una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. 1.1. Razón y denominación social

La razón social debe formarse con los nombres de uno, algunos o todos los socios. La denominación social puede formarse libremente, siempre que no originen confusiones. 2.- Clasificación (Ley General de las sociedades mercantiles). ARTICULO 1°.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: • I.- Sociedad en nombre colectivo; • II.- Sociedad en comandita simple; • III.- Sociedad de responsabilidad limitada; • • •

IV.- Sociedad anónima; V.- Sociedad en comandita por acciones, y VI.- Sociedad cooperativa.

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3.- Órganos de cada tipo de sociedad Administración y representación. 4.- Títulos societarios 4.1. Parte social Lo que le corresponde a cada uno de los socios. 4.2. Certificado de aportación

Las aportaciones de los socios quedarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor.

4.3. Acciones Puede considerarse la acción como una parte del capital social como título valor y como expresión

de la calidad de socio. 4.4. Obligaciones

Son títulos de crédito que representan la participación individual de su tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. 5.- Sociedad Anónima

5.1. Concepto Es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 5.2. Requisitos de constitución •

Que haya cinco socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una

• •

acción social. Que el capital social no sea inferior a la suma de 25000. Que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el 25% del valor de cada acción.

5.3. Órganos • • •

Asamblea General de Accionistas

Gerentes

Comisarios 5.3.1. Funcionamiento

Los derechos y poderes de los socios se determinan en función de su participación en el capital social. 6.- Formas constitutivas • Formación del contrato. • Adhesión y aportación. • Inscripción en el registro público de comercio. • Cumplimiento de ciertos trámites administrativos. 6.1. Simultánea o privada ante notario

Simultánea.- es aquélla en la que los socios solemnizan su obligación y realizan sus aportaciones, parcialmente al menos, en un solo acto por comparecencia ante notario o corredor público. 6.2. Sucesiva o por suscripción pública de una sociedad anónima El artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, caracteriza este modo de fundación por la apelación que se hace a la suscripción pública, como forma de obtener la adhesión de los futuros

socios. 7.- Las acciones de la sociedad anónima

7.1. Concepto

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El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones, representadas en títulos de crédito que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios.

7.2. Aspectos de las acciones Son indivisibles. • •

Una acción es pro indivisa a varias personas. Deberá nombrarse un representante común.

7.3. Valores de la acción • • •

Todas las acciones han de estar suscritas.

•

El primer suscriptor y todos los sucesivos tenedores de una acción no liberada, responderán

Desembolsadas cuando menos en el 20% de su valor nominal.

Todas las acciones no liberadas han de ser nominativas.

solidariamente del pago de las exhibiciones pendientes. 7.4. Clasificación de la acción Propias e impropias, las propias en liberadas y pagadoras. • Comunes y especiales y en ordinarias y preferentes. • Nominativas y al portador.

8.- Asambleas 8.1. Ordinaria

Son aquellas que se reúnen para tratar sobre cualquier asunto que no sea de la competencia de las extraordinarias. 8.2. Extraordinaria

Las que se reúnen para tratar: • • • • • •

Prórroga de la duración de la sociedad Disolución anticipada Aumento del capital Reducción del capital

Cambio de la nacionalidad

Emisión de obligaciones 8.3. Mixta

Aquéllas en las que participan accionistas que tengan derechos en las asambleas generales, especiales, ordinarias y extraordinarias. 8.4. Totalitaria Aquellas que están formadas o pueden estar formadas, por todos los accionistas.

8.5. Especial Se reúnen para tratar asuntos de los accionistas que conformen una categoría, cuando se haya pactado en la escritura constitutiva que el capital social se divide en varias clases de acciones. 9.- Las aportaciones en el capital social Es lo que el socio tiene obligación de entregar a la sociedad para la formación del capital social. 9.1. Dinero

Es decir, en moneda de curso legal, la aportación del numerario puede pagarse en todo o en parte, de acuerdo con lo previsto en los estatutos o en el boletín de suscripción, según que se trate de fundación simultanea o sucesiva. 9.2. Especie Es aquella que se paga en todo o en parte, en bienes distintos de dinero. 10.- Capital social

10.1. Concepto

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Es la suma de las aportaciones que realizan los socios de la sociedad, el cual se diferencia del patrimonio social, en virtud de que el primero es inamovible y el segundo no. 10.2. Clasificación

a) La serie “A”, será emitida por el 51% y hasta por el 100% del capital social. Sólo podrá ser adquirida conjuntamente o separadamente por personas físicas de nacionalidad mexicana, personas morales de nacionalidad mexicana con capital mayoritariamente mexicano. b) La serie “B”, podrá ser emitida hasta por el 49% del capital social de manera conjunta o indistinta con la serie “A”.

c) Podrá emitirse una parte adicional al capital social equivalente hasta por el 40% del capital ordinario, representado mediante la emisión de acciones serie “L”, de la cual se requiere autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 10.3. Régimen jurídico Ley General de Sociedades Mercantiles. 11.- Fusión

11.1. Concepto La fusión responde, por regla general a la necesidad económica de la concentración de las empresas, entendida como unión de fuerzas productivas. 11.2. Régimen jurídico Ley de Sociedades Mercantiles. 12.- Transformación

12.1. Concepto Es el fenómeno jurídico del cambio de forma de una sociedad mercantil. Esto se hace mediante la modificación de su estructura constitutiva. 12.2. Régimen jurídico Ley de Sociedades Mercantiles. 13.- Escisión

13.1. Concepto Se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad a parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas a otras sociedades de nueva creación denominada escindidas. 13.2. Clases • Cuando una sociedad escidente se extingue aporta su activo, pasivo y capital a una nueva. • Cuando una sociedad escindente sin extinguirse aporta su activo pasivo y capital a otra sociedad nueva. 13.3. Régimen jurídico Ley General de Sociedades Mercantiles. 14.- Extinción de las sociedades 14.1. Disolución La situación de la sociedad que pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que

se creó y que sólo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por éstos entre sí. 14.2. Liquidación

Las operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo de la sociedad para cobrar lo que a la misma se adeuda, para pagar lo que ella deba para vender todo el activo y transformarlo en dinero contante y para dividir entre los socios el patrimonio que así resulte.

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15.- Sociedades irregulares

15.1. Concepto La irregularidad de las sociedades mercantiles puede derivar del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de las mismas se haga constar en estructura pública o del hecho de

que aun constando en esa forma la escritura no haya sido debidamente inscrita en el RFC. Las sociedades mercantiles con esos defectos se conocen con el nombre de irregularidades. 15.2. Régimen jurídico Ley General de Sociedades Mercantiles. 16.- Sociedades extranjeras SOCIEDADES EXTRANJERAS. (Artículo 250 de la LGSM) • Es extranjera la sociedad domiciliada en el extranjero y la constituida en el extranjero. • •

Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Las sociedades extranjeras sólo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro.

16.1. Reconocimiento Con su inscripción en el Registro Público de Comercio. 16.2. Régimen legal Ley General de Sociedades Mercantiles.

17.- Sociedades especiales 17.1. Concepto (Artículo 2° de la Ley General de Sociedades Cooperativas) Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 17.2. Clasificación •

Cooperativas de consumidores.- son aquéllas que están formadas por personas que se asocian para obtener en común bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades individuales de producción.

•

Cooperativas de productores.- son las formadas por personas que se asocian para trabajar en común en la producción de mercancías o en la prestación de servicios.

• •

Cooperativas de intervención estatal.- son aquellas que han obtenido una concesión

federal, local o municipal para su explotación. Cooperativas de participación estatal.- son aquellas que explotan una unidad productora (empresa) o los bienes que el estado les entrega para tales funciones. 17.3. Régimen jurídico • Ley General de Sociedades Mercantiles. •

•

Ley General de Sociedades Cooperativas.

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V. DERECHO BANCARIO

1.- Parte general 1.1. Sistema financiero mexicano

En este sistema se encuentran bancos, grupos financieros, filiales, agencias y agentes, organizaciones auxiliares. 1.2. Sistema bancario mexicano

El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del

país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. 1.3. Concepto Es el orden jurídico para el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la promoción económica nacional, a través de las instituciones autorizadas. 1.4. Estructura El Sistema Bancario Mexicano está integrado por: El Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. 1.5. Fundamentos constitucionales del derecho bancario Artículo 28 Constitucional. 1.6. Concepto de derecho bancario

Conjunto de normas que regulan las actividades de las empresas bancarias que realizan en masa la intermediación en operaciones de crédito. Se refiere a tres aspectos distintos los sujetos, las operaciones (relaciones) y objetos bancarios; como toda actividad social supone los tres aludidos términos y que sin los cuales sería inconcebible. 1.7. Características El carácter especial o excepcional del Derecho Bancario es que tiene normas de Derecho Público y

de Derecho Privado, su falta de trabazón sistemática; Derecho Privado Bancario, indistinción legislativa y doctrinal respecto del Derecho Mercantil, su autonomía didáctica. 1.8. Fuentes del derecho bancario •

Leyes Especiales sobre instituciones y operaciones de crédito (Ley General de Títulos y

• • •

Operaciones de Crédito –artículos 1º- y 2º-, Ley General de Instituciones de Crédito). Legislación Mercantil Común (Código de Comercio) Usos Bancarios y Mercantiles (Costumbre) Derecho Común (Código Civil para el Distrito Federal).

1.9. Funciones de la banca 1.15. Distinción entre derecho bancario y derecho financiero El Derecho Bancario regula las instituciones bancarias y el Financiero, los valores y todo lo referente

a ellos. 1.16. Banca de desarrollo Los pagos de interés que pide esta clase de banca son muy diferentes a la banca de servicios. Es una de las dos modalidades de prestación de servicios de banca y crédito, es decir, es el servicio de intermediación consistente en la captación de recursos del público en el mercado nacional. 1.17. Banca múltiple Es aquel que tiene capitales mayoritarios de procedencia en México hasta un 51%.

Es una de las formas aparte de la de Desarrollo de prestar el servicio de banca y crédito que reconoce nuestro Derecho.

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1.17.1. Operaciones activas (Prestación de dinero). Son aquellas en que el banco se constituye en acreedor, derivadas de los créditos que el banco otorga a los solicitantes mediante convenio. 1.17.2. Operaciones pasivas (Captación de recursos). Depósito a la vista, depósito de dinero a plazo, emisión de obligaciones. 1.17.3. Operaciones de servicios Cajas de seguridad, servicio de caja y tesorería. 1.18. Autoridades Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. 1.19. Banco de México Tiene por objeto principal procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 2.- Operaciones de crédito

2.1. Concepto Aquél negocio jurídico por virtud del cual el acreedor transmite un valor económico actual al deudor, y éste se obliga a devolver dicho valor o su equivalente en dinero, en el término estipulado. 2.2. Distinción entre contratos bancarios y operaciones de crédito En el primero interviene el banco y en el segundo particulares. 2.3. Clasificación A) Operaciones de intermediación en el crédito (bancarias, en sentido propio). A1. PASIVAS: • Depósitos bancarios. • Emisión de obligaciones y de otros títulos. • •

Redescuentos, aceptaciones, préstamos.

• • • •

Cobros. Cartas de crédito. Cajas fuertes.

Emisión de billetes. A.2. ACTIVAS: • Aperturas de crédito simple y en cuenta. • Anticipos y créditos sobre mercancías. • Créditos de firma. • Créditos comerciales. • Créditos especiales. B) Operaciones neutrales (bancarios, por accesión). • Transferencias, giros. • Comisiones. Intervención en la emisión de obligaciones.

Fideicomiso. 2.4. El reporto

2.4.1. Concepto En virtud del reporto, el reportador adquiere una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie y contra el reembolso del mismo precio más un premio. 2.4.2. Características Es una operación bursátil, es un contrato sui generis, es un contrato real. 2.4.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

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2.5. El depósito en almacenes

La conservación de los bienes depositados en estos almacenes se cumple en los depósitos regulares por el mantenimiento de los bienes recibidos; y tratándose de irregulares, los almacenes sólo tienen la obligación de “conservar una existencia igual en calidad y cantidad”.

2.5.1. Concepto Pueden ser regulares, en cuyo caso el almacén depositario está obligado “a restituir los mismos bienes”; o irregulares que tienen por objeto bienes “genéricamente designados”, cuya entidad se establece por una “calidad tipo” y en los que la obligación de restitución se cumple con referencia a una “muestra”. (ART- 280 y 281 LGTOC) 2.5.2. Características Que el depósito puede ser regular o irregular, y aun cuando se trate de irregulares no se produce la transmisión de dominio al depositario, cuando se emiten certificados de depósito. 2.5.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.6. El descuento en libros

2.6.1. Concepto Es contrato de crédito, estrictamente bancario, en la práctica ha desaparecido y sólo existe en la ley. (LGTOC). 2.6.2. Características Es similar al descuento de títulos, con la diferencia de que el banco no le “compra al comerciante un

título de crédito”, lo que le compra “es un crédito que no está documentado sino que existe sólo registrado en sus libros de comercio”. 2.6.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.7. La apertura de crédito

2.7.1. Concepto Es un contrato en virtud del cual un sujeto (acreditante) se obliga a poner a disposición de otro (acreditado) una cantidad de dinero; y éste a su vez se obliga a restituir este dinero o a pagar la obligación contratada en el término pactado, en todo caso, pagando intereses y comisiones

estipuladas. 2.7.2. Características En el contrato se producen dos efectos: Uno inmediato.- Que consiste en la concesión del crédito por parte del acreditante al acreditado. Y otro futuro y eventual.- Que consiste en la disposición que el acreditado hace del crédito al retirar

las partidas puestas a su disposición. 2.7.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.8. Créditos documentarios Se da cuando intervienen comerciante de distintas nacionalidades.

2.8.1. Concepto Es el contrato en virtud del cual el banco se obliga por cuenta de su clientela al pago de una obligación directa de un tercero y el cliente queda obligado a hacer una obligación de fondos a la institución, que asumirá el pago, el pago con la suficiente anticipación. 2.8.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.9. Créditos de habilitación y avío

2.9.1. Concepto Es un contrato típico, en virtud del cual el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de materias primas y materiales, y en el pago de jornales salarios y

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gastos directos necesarios para los fines directos de la empresa. Así como a restituir la suma de

dinero más intereses. 2.9.3. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.10. Créditos refaccionarios 2.10.1. Concepto Es el contrato típico en virtud del cual el acreditado se obliga a invertir el importe del crédito en la

adquisición de instrumentos útiles de labranza, abonos ganaderos en la realización de plantaciones. 2.10.2. Características Debe hacerse por triplicado, con dos testigos, es un contrato típico. 2.10.3. Régimen jurídico Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2.11. La tarjeta de crédito y sus asimilables 2.11.1. Concepto

Medio de pago y disposición de efectivo representado por un plástico suscrita con la firma del acreditado que se otorga en base a un crédito previamente autorizado por el banco que lo emite. 2.11.2. Naturaleza jurídica • Es una figura jurídica mercantil atípica. • No regulada por la ley. • No es un título de crédito. • No es un contrato mercantil. 2.11.3. Elementos personales Un Banco, el Tarjetahabiente y los proveedores. 2.12. El fideicomiso 2.12.1. Concepto

Es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado encomendado a una institución fiduciaria en beneficio de una persona llamada fideicomiso. 2.12.2. Características Es un contrato, el fin debe ser lícito, afectación del patrimonio, la realización de un fin, puede o no existir fideicomisario. 2.12.3. Clasificación Público, secreto y sucesivo. 2.12.4. Régimen jurídico Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 3.- Las organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la constitución y operación de estas organizaciones. Consultar: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 3.1. La actividad auxiliar del crédito

3.1.1. Concepto Para los efectos de la ley que la rige, se considera Actividad Auxiliar del Crédito: la compra-venta habitual y profesional de divisas. 3.1.2. Organismos Se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes: • • • • •

Almacenes generales de depósito; Arrendadoras financieras; Uniones de crédito; Empresas de factoraje financiero, y Las demás que otras leyes consideren como tales.

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3.2. Almacenes generales de depósito

3.2.1. Concepto Son grandes emporios de mercancías abiertos a depósito dotados de un régimen aduanero

favorable. Su función es la guarda de mercancías. 3.2.2. Objeto de los almacenes generales de depósito La guarda y custodia de mercancías, la emisión de certificados de depósito y bonos de prenda. 3.2.3. Actividades complementarias de los almacenes La transformación de mercancías depositadas, a fin de aumentar su valor. Actuar como corresponsales de otras instituciones Art. 11 LGOAAC.

3.2.4. Clases de almacenes Los que se destinen al depósito de productos agrícolas, los que admiten productos agrícolas y nacionales y extranjeros autorizados, los que reciben productos que no cuenten con todas las autorizaciones. 3.2.5. Límite en expedición de certificados

No podrán expedir certificados en razón de mercancías que amparen sea superior a cincuenta veces el capital pagado. 3.2.6. Reserva de contingencia

Para cubrir reclamaciones en caso de faltante de mercancías en bodegas propias, arrendadoras o habilitadas. 3.2.7. Certificado de depósito y bono de prenda Solo los almacenes generales puede expedirlos representan la mercancía depositada. 3.3. Sociedades de ahorro y préstamo

3.3.1. Concepto El ahorro practicado por personas que laboran en un mismo trabajo o que de alguna manera tienen actividades comunes es unas práctica generalizada en todas las sociedades. 3.3.2. Objeto Ahorro en común y obtención de crédito. 3.3.3. Prohibiciones

Dar en garantía sus propiedades, otorgar fianza o cauciones, operar sobre los títulos representativos de su sociedad. 3.3.4. Supletoriedad de la ley Ley General de Sociedades Mercantiles. 3.4. Uniones de crédito

3.4.1. Concepto Se dedican a operaciones de ahorro y préstamo sin tener como fin el lucro encaminadas a satisfacer

las necesidades de un grupo determinado de personas. 3.4.2. Autorización Deberán conformarse como sociedades anónimas para su autorización. 3.4.3. Actividades u objeto Facilitar el uso de crédito, recibir prestamos a sus socios, emitir títulos de crédito. 3.4.4. Prohibiciones Realizar operaciones de descuento, prestamos a personas que no sean socias, emitir valores. 3.5. Empresas de factoraje financiero

3.5.1. Concepto La empresa de factoraje financiero conviene con un cliente en adquirir derechos de crédito que este tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera. 3.5.2. Operaciones que pueden realizar

Celebrar contratos de factoraje financiero, obtener prestamos y créditos, constituir depósitos a la vista o a plazo, contrato de promesa de factoraje, se celebra previamente a los contratos de factoraje. [email protected]


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3.5.3. Concepto de contrato de factoraje 3.5.4. Contrato de promesa de factoraje 3.5.5. Objeto de contrato de factoraje La adquisición de derechos de crédito no vencidos. 3.5.7. Prohibiciones de las empresas de factoraje Operar con sus propias acciones, recibir depósitos bancarios de dinero, otorgar fianzas o cauciones,

realizar operaciones con oro plata y divisas. 3.6. Arrendadoras financieras 3.6.1. Operaciones que pueden realizar

Celebrar contratos de arrendamiento, adquirir bienes para darle en arrendamiento, emitir obligaciones subordinadas, obtener prestamos y créditos. 3.6.2. Concepto de arrendamiento

Contrato por virtud del cual cede a la otra el uso y disfrute de una cosa o derecho, mediante un precio cierto, que recibe la denominación de renta.

Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso y goce temporal a plazo forzoso, a una persona física o social, obligándose esta a pagar como contraprestación, que se liquidara en pagos parciales. 3.6.4. Objeto del contrato de arrendamiento El uso o goce de bienes a un plazo forzoso. 3.6.5. Obligaciones de los arrendadores

Celebrar contratos de arrendamiento, obtener préstamos y créditos, descontar, dar en prenda o negociar los títulos de crédito. 3.6.6. Prohibiciones Operar con sus propios acciones, recibir depósitos bancarios, otorgar fianzas o cauciones. 3.7. De las filiales de instituciones financieras del exterior Las establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Artículos 7º. Y 27-A). INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR. Es la entidad financiera constituida en un país con el

que México haya celebrado un tratado o acuerdo internacional en virtud del cual se permita el establecimiento en territorio nacional de filiales.

SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL. La sociedad mexicana autorizada para constituirse y funcionar como sociedad controladora de un grupo financiero en los términos de ley, y en cuyo capital participe una Institución Financiera del Exterior en términos de la Ley de Agrupaciones Financieras. 3.7.1. ¿Qué se entiende por filial?

FILIAL.- La Sociedad mexicana autorizada para organizarse y operar conforme a la Ley correspondiente, como cualquiera de las entidades financieras que se mencionan en el primer párrafo del artículo 7º. de la Ley de Agrupaciones Financieras (que enseguida se detallan). • • • • • • • • • •

Almacenes generales de depósito, Arrendadoras financieras, Empresas de factoraje financiero,

Casas de cambio, Instituciones de fianzas, Instituciones de seguros, Sociedades financieras de objeto limitado,

Casas de Bolsa, Instituciones de Banca múltiple;

Así como sociedades operadoras de sociedades de inversión y administradoras de fondos para el retiro.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho VI. DERECHO BURSÁTIL

1.- Introducción

1.1. Antecedentes 1.2. Concepto Conjunto de normas jurídicas relativas a los valores a las operaciones que con ellos se realizan en bolsas de valores o en el mercado fuera de bolsa a los agentes así como a las autoridades y a los servicios sobre los mismos.

2.- Conceptos fundamentales 2.1. Valores

Son las acciones obligaciones y demás títulos de crédito que representan una parte social de una sociedad. 2.2. Oferta pública

Se entenderá que existe oferta pública cuando se haga llamamiento para suscribir, enajenar o adquirir valores por algún medio de comunicación. 2.3. Intermediación

Se entiende la operaciones de corredurías, de comisión y otras tendientes a poner en contacto la oferta y la demanda de valores incluyendo las necesarias para colocar valores entre el público inversionista. 2.5. Información Toda difusión de información con fines de promoción y publicidad sobre valores, dirigida al público,

estará sujeta a la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 3.- Organismos bursátiles 3.1. Registro Nacional de Valores e Intermediarios

Será público y se formará con tres secciones: la de valores, la de intermediarios, así como la especial. *Reforma 2001. Se integrará con dos Secciones: la de Valores y la Especial; y estará a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual lo organizará conforme a la dicha Ley y las reglas

que dicte la propia Comisión. 3.2. Bolsa de Valores

Sociedad anónima de capital variable cuya finalidad es facilitar las transacciones de valores y procurar el desarrollo del mercado bursátil. 3.3. Instituto para el Depósito de Valores Deben constituirse como sociedades anónimas de capital variable, con sujeción a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las reglas de aplicación especial de la Ley de Mercado de Valores.

Realizan la prestación del servicio destinado a satisfacer necesidades de interés general relacionadas con la guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores. Dicha prestación del servicio es de interés público. 4.- Intermediarios bursátiles Son intermediarios del mercado de valores (bursátiles): • • •

1) Las casas de bolsa; 2) Los especialistas bursátiles, y

3) Las demás entidades financieras autorizadas por otras leyes para operar con valores en el mercado de éstos, las cuales, en el desarrollo de tales actividades, deberán ajustarse a la

presente Ley y a sus respectivas leyes. *Ley del Mercado de Valores.

4.1. Casas de bolsa

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Deben constituirse como sociedades anónimas. Para ello se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores. Autorización que será intransmisible y no implicará certificación sobre la solvencia del intermediario

de que se trate. Entre otras actividades, actúan como intermediarios en el mercado de valores; reciben fondos por concepto de las operaciones con valores que se les encomienden. Y a la prestación de los servicios

a que se refieren los artículos 22 y 22 Bis de esta Ley, aplicables a casas de bolsa o especialistas bursátiles, respectivamente, así como las demás que ésta u otras leyes expresamente les autoricen; 4.2. Especialistas bursátiles Deben constituirse como sociedades anónimas. Para ello se requiere la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Autorización que será intransmisible y no implicará certificación sobre la solvencia del intermediario

de que se trate. Entre otras actividades, actúan como intermediarios por cuenta propia o ajena, respecto de los valores en que se encuentren registrados como especialistas en la bolsa de valores en la que operen; pueden celebrar operaciones directamente con el público inversionista. 5.- Valores bursátiles

Las acciones, obligaciones, bonos, certificados y demás títulos de crédito y documentos que se emitan en serie o en masa en los términos de las leyes que los rijan, destinados a circular en el mercado de valores, incluyendo las letras de cambio, pagarés y títulos opcionales. 6.- Autoridades bursátiles y organismos de promoción

Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 6.1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Controla las actividades de las instituciones de crédito y de las organizaciones auxiliares de crédito.

*Dicta disposiciones de carácter general relativas al establecimiento de índices que relacionen la estructura administrativa y patrimonial de las casas de bolsa y especialistas bursátiles, con su capacidad máxima para realizar las operaciones en términos de Ley, tomando en cuenta el volumen

y riesgo de dichas operaciones, los intereses del público inversionista y las condiciones prevalecientes en el mercado. 6.2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dicta las reglas de carácter general que deberán sujetarse los comisionistas o intermediarios. 6.3. Banco de México. Es una persona de derecho público con características autónomas en el ejercicio de sus funciones y

en su administración se regula por la Ley del Banco de México, su finalidad es proveer a la economía de país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de negociación. 7.- Contratación en el mercado de valores 7.1. Perfeccionamiento del contrato

Las operaciones que las casas de bolsa celebren con su clientela inversionista y por cuenta de la misma, se regirán por las previsiones contenidas en los contratos de intermediación bursátil que al efecto celebren por escrito, salvo que, como consecuencia de lo dispuesto en ésta u otras leyes, se establezca una forma de contratación distinta. 7.2. Formalidad en los contratos Debe ser por escrito.

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La falta de la forma escrita exigida por la ley o por convenio de las partes, respecto de los actos o las operaciones que sean contratadas entre las casas de bolsa y su clientela inversionista, produce la nulidad relativa de dichos actos u operaciones. 7.3. Contratos bursátiles Por medio del contrato de intermediación bursátil, el cliente conferirá un mandato general para que,

por su cuenta, la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas en términos legales, a nombre de la misma casa de bolsa, salvo que, por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a

nombre y representación del cliente, sin que en ambos casos sea necesario que el poder correspondiente se otorgue en escritura pública. Como consecuencia del contrato de intermediación bursátil, entre otras cuestiones, la casa de bolsa

en el desempeño de su encargo actuará conforme a las instrucciones del cliente que reciba el apoderado para celebrar operaciones con el público designado por la propia casa de bolsa, o el que

en su ausencia temporal la misma casa de bolsa designe, excepto que en el contrato se pacte el manejo discrecional de la cuenta, sin que sea necesaria, salvo que expresamente se pacte lo contrario, la ratificación de las instrucciones correspondientes. 8.- Sociedades de inversión

8.1. Concepto “Es una sociedad anónima en la que sus socios suscriben y pagan el capital que como mínimo se les exija y los incrementos que deseen, con el ánimo de obtener futuras ganancias que puedan corresponderles al momento de vender parte o el total de sus acciones, provenientes de la compra venta de valores y documentos que con el capital conjunto realice la sociedad por cuenta de ellos”. * La primer Sociedad de Inversión operó en el Mercando Financiero Mexicano en 1956.

8.2. Clases Son de 3 tipos: • Sociedades de Inversión comunes.- Estas operan con valores y documentos preferentemente de renta variable, pero pueden incluir mezclas de instrumentos de renta variable, de renta fija y de deuda. • Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda.- Se entiende por instrumentos de Deuda, a los valores que emiten las empresas como pueden ser las obligaciones, los pagarés bancarios, los pagarés bursátiles, los pagarés empresariales que también cotizan a través de la bolsa; pero pocas veces de los instrumentos de los denominados de renta fija, por lo que la tasa de interés que se genere será variable, determinada por el promedio de tasas de valores adquiridos. Sociedades de Inversión de Capitales.- Cuya finalidad específica es invertir en acciones que emiten las Sociedades Anónimas, promocionando con ello actividades productivas. 8.3. Régimen legal • Ley General de Sociedades Mercantiles. •

•

Ley de Sociedades de Inversión.

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CENEVAL: Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho VII. DERECHO CONCURSAL

1.- Marco histórico-jurídico del concurso mercantil

2.- Concepto Conjunto de disposiciones jurídicas de interés público, tiene por objeto conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad

de dichas empresas. 3.- Fuentes (La ley y la Costumbre). (Supletorios) • El Código de Comercio; • La legislación mercantil; • Los usos mercantiles especiales y generales; • El Código Federal de Procedimientos Civiles, y • El Código Civil en materia federal. 4.- Disposiciones generales y declaración del concurso mercantil Es la Ley de Concursos Mercantiles la que tiene por objeto regular el Concurso Mercantil; ley que es

de interés público. Es de interés público el conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Declaración del concurso Mercantil: Es declarado en concurso mercantil, el Comerciante que incumple generalizadamente el pago de sus obligaciones. * Pueden demandar la declaración de concurso mercantil cualquier Acreedor del Comerciante o el Ministerio Público. 4.1. Etapas del concurso mercantil Conciliación y Quiebra. CONCILIACIÓN.- Su finalidad es lograr la conservación de la empresa del Comerciante mediante el convenio que suscriba con sus Acreedores Reconocidos.

QUIEBRA.- Su finalidad es la venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos. 4.2. Supuestos del concurso mercantil (ART- 9º- LCM)

Es declarado en concurso mercantil el Comerciante que incumple generalizadamente el pago de sus obligaciones, y se entiende que éste ha incurrido en ello, cuando se den los siguientes supuestos: • • • •

•

El comerciante solicite su declaración en concurso mercantil y se ubique en los supuestos (fracciones I o II A-10 LCM). Cualquier acreedor o el Ministerio Público demanden la declaración de concurso mercantil del comerciante y se ubiquen en los supuestos (fracciones I o II A-10 LCM). Y cuando se presenten las siguientes condiciones:

Que de las obligaciones vencidas que tengan por lo menos 30 días de vencidas representen el 35 % o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se presente la demanda o solicitud de concurso. Cuando el comerciante no tiene activos (párrafo siguiente) para hacer frente a por lo menos

el 80% de sus obligaciones vencidas a la fecha de la demanda. • • •

Activos que se deben considerar (a que se refiere el punto anterior), son: El efectivo en caja y los depósitos a la vista Los depósitos en inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de la admisión.

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•

Clientes y cuentas por cobrar cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de la admisión.

•

Los títulos valores para los que se registren operaciones de compra venta que pueden ser vendidos en un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios.

* El dictamen del visitador y las opiniones de expertos que ofrezcan las partes deben referirse expresamente a los anteriores supuestos . 4.3. Sentencia del concurso mercantil Es aquella determinación en la que el juez Declara el Concurso Mercantil o la Quiebra. Sin necesidad de citación, el juez dicta la sentencia que corresponda dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo para la formulación de alegatos. Para dictar la sentencia el juez considera

lo que expresaron las partes; razona las pruebas aportadas, incluyendo el dictamen del visitador. (10 días comunes a las partes. Art. 41 LCM). CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- (Art. 42 LCM). • Nombre, denominación o razón social y domicilio del comerciante. • Fecha en que sea dictada. • Fundamentación legal (Art. 10 LCM). • Orden al Instituto para que designe conciliador • Declaración de apertura de etapa de conciliación. • Orden al comerciante para que ponga disposición del conciliador los

libros, registros y

demás documentos. 5.- Sujetos del concurso mercantil El Comerciante y Los Acreedores. 6.- Órganos del concurso mercantil Visitador, Conciliador y Síndico, así como los interventores. 7.- Efectos de la sentencia del concurso mercantil

Tiende a suspender los procedimientos de ejecución. Desde su dictado y hasta el término de la etapa de conciliación, no puede ejecutarse ningún mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del Comerciante. * Cuando el mandamiento de embargo o ejecución sea de carácter laboral: La suspensión no surtirá efectos respecto a lo señalado en (fracción XXIII, del apartado A, del Art.

123 Constitucional y disposiciones reglamentarias), considerando los salarios de los dos años anteriores al concurso mercantil. * Cuando sea de carácter fiscal:

Se está a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley concursal, que dice: “A partir de la sentencia de concurso mercantil, los créditos fiscales continuarán causando las actualizaciones, multas y accesorios que corresponda conforme a las disposiciones aplicables”. 8.- Reconocimiento de créditos 8.1. Operaciones para el reconocimiento ARTS- 120-122 LCM.

Dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador presenta al juez una lista provisional de créditos a cargo del Comerciante; la que se elabora con base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan determinar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán obligados a proporcionar al conciliador, y la información que se

desprenda del dictamen del visitador y de las solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten. [email protected]


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Los acreedores podrán solicitar el reconocimiento de sus créditos: •

Dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de la última publicación de la sentencia

de concurso mercantil. • Dentro del plazo para formular objeciones a la lista provisional. • Dentro del plazo para la interposición del recurso de apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. * Transcurrido el plazo en el segundo caso, no puede exigirse reconocimiento de crédito alguno. 9.- La conciliación La etapa de conciliación tiene una duración de 185 días naturales, contados a partir del día en que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil. 10.- La declaración de quiebra El Comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra, cuando: • El propio Comerciante así lo solicite. •

Transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas si se hubieren concedido, sin que

se someta al juez, para su aprobación un convenio en términos de ley. • El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los términos previstos en el artículo 150 de la LCM. 10.1. Efectos particulares de la sentencia de quiebra Las disposiciones sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la sentencia de quiebra, sujeto a lo que se establece respecto a esta última. La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción de plano, sin necesidad de mandamiento

judicial adicional, del Comerciante en la administración de su empresa, en la que será sustituido por

el síndico; para ello, éste contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho procedan. 11.- Enajenación del activo, graduación de créditos y del pago a los acreedores Enajenación del Activo. Una vez declarada la quiebra, aun cuando no se hubiere concluido el reconocimiento de créditos, el

síndico procederá a la enajenación de los bienes y derechos que integran la Masa, procurando obtener el mayor producto posible por su enajenación. Cuando la enajenación de la totalidad de los bienes y derechos de la Masa como unidad productiva,

permita maximizar el producto de la enajenación, el síndico deberá considerar la conveniencia de mantener la empresa en operación. La enajenación de los bienes se realiza a través del procedimiento de subasta pública, previsto en la Ley de Concursos Mercantiles. Graduación de Créditos. Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, según la naturaleza de sus créditos: • Acreedores singularmente privilegiados; • • •

Acreedores con garantía real; Acreedores con privilegio especial, y

Acreedores comunes. *Son acreedores singularmente privilegiados, cuya prelación se determinará por el orden de enumeración, los siguientes: • Los gastos de entierro del Comerciante, en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento, y;

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•

Los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del Comerciante en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento.

*Son acreedores con garantía real, siempre que sus garantías estén debidamente constituidas conforme a las disposiciones que resulten aplicables, los siguientes: • Los hipotecarios, y •

Los provistos de garantía prendaria.

*Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el Código de Comercio o leyes de su

materia, tengan un privilegio especial o un derecho de retención. Éstos cobrarán en los mismos términos que los acreedores con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, si no estuviere sujeto a inscripción, a no ser que varios de ellos concurrieren sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario. Pago a Acreedores Reconocidos. *A partir de la fecha de la sentencia de quiebra, por lo menos cada dos meses, el síndico presentará

al juez un reporte de las enajenaciones realizadas y de la situación de activo remanente, y una lista de los acreedores que serán pagados, así como la cuota concursal que les corresponda.

El juez pondrá a la vista de los Acreedores Reconocidos y del Comerciante el reporte y la lista correspondiente, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su derecho corresponda. Transcurrido ese término, el juez resolverá sobre la manera y términos en que se procederá a los repartos de los efectivos disponibles. Los repartos concursales se continuarán haciendo mientras existan en el activo bienes susceptibles de realización.

12.- Concursos especiales De Comerciantes que prestan servicios públicos concesionados. *El Comerciante que, en virtud de un título de concesión, preste un servicio público federal, estatal o •

municipal, podrá ser declarado en concurso mercantil; estarán sujetos a las leyes, reglamentos, títulos de concesión y demás disposiciones que regulen la concesión y el servicio público de que se

trate, aplicándose las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, sólo en lo que no se les oponga. De las instituciones de crédito. *Sólo podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una institución de crédito el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. • Del concurso mercantil de las instituciones auxiliares del crédito. *Este concurso mercantil se rige por la Ley de Concursos Mercantiles (en lo que no se oponga a las disposiciones especiales que les sean aplicables). *Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de la materia, también podrá demandar la •

declaración de concurso mercantil de este tipo de institución la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 13.- Terminación del concurso mercantil *El juez declarará concluido el concurso mercantil en los siguientes casos: • Cuando se apruebe el convenio (En términos del Título Quinto de la LCM). • Si se hubiere efectuado el pago íntegro a los Acreedores Reconocidos. •

Si se hubiere efectuado pago a los Acreedores Reconocidos mediante cuota concursal de las obligaciones del Comerciante, y no quedaran más bienes por realizarse.

•

Si se demuestra que la Masa es insuficiente, aun para cubrir los créditos establecidos en

•

(Art. 224 de la ley de la materia). o, En cualquier momento en que lo soliciten el Comerciante y la totalidad de los Acreedores

Reconocidos. [email protected]


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Pueden solicitar al juez la terminación del concurso mercantil por las causales a que se refieren los

supuestos tercero y cuarto, el conciliador, el síndico, cualquier Acreedor Reconocido o cualquier interventor. El concurso mercantil se continuará en el punto en que se hubiere interrumpido. La sentencia de terminación del concurso mercantil se notificará a través del Boletín Judicial o por

los estrados del juzgado. La sentencia de terminación del concurso mercantil será apelable por el Comerciante, cualquier Acreedor Reconocido, y el Ministerio Público así como por el visitador, el conciliador o el síndico en los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil. 14.- Aspectos penales del concurso mercantil Existen delitos cometidos en situación de concurso mercantil. Supuestos: El Comerciante declarado, por sentencia firme, en concurso mercantil, realice conducta

dolosa que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. En este caso será sancionado con pena de 1 a 9 años de prisión. Se presume, salvo prueba en contrario, que el Comerciante ha causado o agravado dolosamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones cuando lleve su contabilidad en forma que no permita conocer su verdadera situación financiera, la altere, falsifique o destruya.

El Comerciante contra el cual se siga un procedimiento de concurso mercantil, cuando haya sido requerido por el juez del concurso mercantil, y no ponga su contabilidad, dentro del plazo concedido (salvo que demuestre que le fue imposible presentarla por causas de fuerza mayor o caso fortuito).

Sanción: 1 a 3 años de prisión. Cuando el Comerciante sea una persona moral, la responsabilidad penal recaerá sobre los miembros del consejo de administración, los administradores, directores, gerentes o liquidadores de la misma que sean autores o partícipes del delito. El que por sí o por medio de otra persona solicite en el concurso mercantil el reconocimiento de un crédito inexistente o simulado será sancionado con pena de 1 a 9 años de prisión.

*Los delitos en situación de concurso mercantil se perseguirán por querella. Tiene derecho a querellarse: El Comerciante y cada uno de sus acreedores, estos últimos aun en el caso de que algún otro acreedor hubiese desistido de su querella o hubiere concedido el perdón.

*En los delitos en situación de concurso mercantil, el juez penal no conocerá de la reparación del daño, materia que corresponde al juez del concurso mercantil. *Los delitos en situación de concurso mercantil, cometidos por el Comerciante, por personas que

hayan actuado en su nombre o por terceros, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso mercantil y sin perjuicio de la continuación de éste. *Las decisiones del juez que conoce del concurso mercantil no vinculan a la jurisdicción penal. No será necesaria calificación para perseguir estos delitos. 15.- Cooperación en los procedimientos internacionales La Ley de Concursos Mercantiles, prevé los procedimientos internacionales, el Título XII, señala las disposiciones que son aplicables a los casos en que: •

Un Tribunal Extranjero o un Representante Extranjero solicite asistencia en la República

•

Mexicana en relación con un Procedimiento Extranjero. Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a ley concursal.

•

Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo Comerciante un Procedimiento Extranjero y un procedimiento en la República Mexicana conforme a la ley

concursal.

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•

Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en participar en un procedimiento que

se esté tramitando de acuerdo a la ley concursal. PROCEDIMIENTO EXTRANJERO.- Se entiende como el procedimiento colectivo, ya sea judicial o

administrativo incluido el de índole provisional, que se siga en un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa al concurso mercantil, quiebra o insolvencia del Comerciante y en virtud del cual los

bienes y negocios del Comerciante queden sujetos al control o a la supervisión del Tribunal Extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación.

A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero estará facultado para participar en cualquier concurso mercantil que se haya abierto con arreglo a la ley que lo regula. 16.- El Instituto federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) Órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa

Finalidad: Aliviar la tarea de los órganos jurisdiccionales en los procedimientos concursales, mediante la constitución y administración de un Registro de Especialistas de Concursos Mercantiles,

el instituto busca con su intervención convertirse en apoyo significativo para las empresas que enfrentan una situación financiera adversa, sus trabajadores y acreedores, y contribuir a que la impartición de justicia concursal sea expedita y completa. Fundamento: Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles publicada en el D.O.F. del 12 de mayo de 2000. Los primeros acuerdos se dieron el 12 de junio 2000.

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DERECHO DEL TRABAJO

1.- Derecho social 1.1. Objeto del derecho social

Es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 1.2. Sujetos del derecho social

Todos los ciudadanos mexicanos. 1.3. Principios del derecho social • • • •

Seguridad. Legalidad. Imparcialidad. Certeza.

1.4. Principales corrientes teóricas

Corriente civilista: Sostiene que el derecho del trabajo es una rama especial del derecho privado, similar al derecho civil o al mercantil. Reglamenta de manera autónoma, completa y especializada fuera de las normas y principios del derecho civil, las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, como si se tratara de sujetos particulares e iguales. 1.5. Instrumentos de protección • • • • • •

Derecho a la vida. Derecho a la salud. Salud del trabajo.

• • • •

IMSS. ISSSTE. FOVISSSTE.

La familia.

La educación.

La creencia religiosa. 1.6. Organismos de derecho social

INFONAVIT.

2.- Derecho del trabajo 2.1. Ideologías preponderantes en el nacimiento del derecho del trabajo 2.1.1. Socialismo

Toda la historia de la humanidad se explica por la lucha para obtener bienes materiales. Para él el hombre vive sólo de pan. La fuerza que informa a la historia humana reside, según él, en los medios

por los cuales una sociedad produce los recursos necesarios para su existencia, y en la lucha que tienen lugar entre los diversos grupos sociales para apropiarse dichos medios y emplearlos en su provecho. 2.1.2. Anarquismo

Proudhon se decía socialista pero fue el quien primero introdujo la palabra anarquismo, el diccionario político el afirmaba que la sociedad no tenía que estar organizada para la película sino para el trabajo. De acuerdo con su pensamiento, la división del trabajo que Adam Smith considera el

principio básico de las riquezas de las naciones degrada a los obreros bajo el capitalismo, la influencia de Proudhon en el movimiento obrero ha sido considerable. 2.1.3. Liberalismo

Se refiere a una actitud del Estado y a una manera de enfocar los problemas económicos. Se contrae al ejercicio de la frase DEJAR HACER, DEJAR PASAR, que significa la autorización de la explotación del hombre por el hombre.

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2.1.4. Doctrina social cristiana El cristianismo por conducto de la iglesia católica, desde el siglo XIX intervino en forma directa con la finalidad de resolver el tremendo problema que llegó a plantear la cuestión obrera en el mundo de

ese tiempo. 2.2. Derecho colectivo del trabajo

Parte del derecho del Trabajo; cuya función es proteger y mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. 2.2.1. La asociación profesional

Art. 123 A fracc. XVI Const. La asociación refleja el derecho de los hombres para agruparse y realizar un fin común con pretensiones de permanencia. 2.2.2. Origen y evolución

Las clases sin tierra y sin riqueza tuvieron que imponer al régimen burgués y a su estado su igualación con los propietarios de la tierra y de la riqueza, antiguos dueños de esclavos, patricios, señores feudales, nobleza y burguesía, casta que en el pasado se reputaron así mismas de un rango superior al pueblo; igualación que estuvo precedida por los derechos de libre sindicación y de

huelga, instrumentos de lucha para obtener, al través de la contratación colectiva, un derecho individual del trabajo. 2.2.3. El gremio

Los sindicatos gremiales son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Los sindicatos gremiales corresponden a una etapa inicial en el movimiento sindical correlativa a estructuras simplificadas en las empresas o industrias, pero con el desarrollo de la economía y de la tecnología industrial, esas estructuras han adquirido mayor amplitud y complejidad, donde ya no se justifican los sindicatos gremiales que particularizan y minimizan en cierto modo la fuerza de la agrupación sindical, por lo que aun cuando deben respetarse en los términos legales las agrupaciones sindicales gremiales ya existentes. 2.2.4. La mutualidad

El mutualismo surgió en México en el seno de las colonias extranjeras, cuyos miembros habían traído de sus países el hábito de la previsión colectiva y de la ayuda mutua. El mutualismo no dio nítidamente un derecho a sus afiliados: les impuso más bien deberes y obligaciones, sin otorgarles

un derecho sustantivo de la seguridad social colectiva, esto hizo inoperante el mutualismo con el tiempo, razón por la cual hubo necesidad de idear una nueva especie de seguridad social colectiva. 2.2.5. La coalición

Es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. 2.3. Derechos sociales contemplados en el artículo 123, apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.4. Aspectos generales 2.4.1. Objeto de regulación del derecho del trabajo

Como ordenamiento rector de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, el derecho del trabajo tiene como objeto primordial la concertación y tutela social del interés profesional de las organizaciones sindicales. Otros autores estiman que el objeto primordial del derecho del trabajo es

la regulación técnica de los efectos jurídicos que se desprenden de las relaciones laborales y salvaguardar la integridad de los asalariados contra los numerosos riesgos que derivan de su vida productiva y que atentan contra su integridad. 2.4.2. Sujetos destinatarios del derecho del trabajo • Los trabajadores de cualquier especie, •

Los patrones, empleadores y dadores de trabajo, así como el Estado y los organismos públicos;

•

La empresa que constituye una comunidad de trabajo, y

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•

Los sindicatos, en cuanto que integran los grupos representativos de las diferentes

profesiones. 2.4.3. Principios rectores del derecho del trabajo Se orientan a rescatar la importancia y dignidad del hombre libre frente a las corrientes que denigran

o pretenden someter a la ganancia la trascendencia y respeto del trabajo humano. • Dignificación del trabajo del hombre, •

El trabajo no puede considerarse como un bien en el mercado, alienable y a merced de las

leyes del comercio. La libertad de trabajo, La libertad sindical, La libertad contractual, A trabajo igual salario igual, Estabilidad en el empleo, Progresión racional. 2.4.4. Fuentes del derecho del trabajo • La Constitución • Los tratados internacionales • La Ley Federal del Trabajo • • • • • •

• • • •

Reglamentos La Analogía

Los principios generales del derecho La costumbre y la jurisprudencia 2.5. Relaciones individuales de trabajo

Se entiende que hay una relación de trabajo cuando hay la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 2.5.1. Nacimiento de la relación de trabajo La relación nace al iniciarse la prestación consentida de trabajo. 2.5.2. Distinción entre relación del trabajo y contrato del trabajo

La relación nace al iniciarse la prestación consentida de trabajo, en cambio, el contrato nace en el momento en el que se consienta la obligación de prestar el trabajo mediante el pago de un salario. 2.5.3. Requisitos del contrato individual del trabajo El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: • I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador, del patrón; • II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado; •

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor

• • • • •

precisión posible; IV. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo; V. La duración de la jornada de trabajo; VI. La forma y el monto del salario; VII. El día y el lugar de pago de salario; VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los

•

planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la LFT. IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón.

2.5.4. Duración de las relaciones de trabajo

(Art. 35 LFT) Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. (Art.

39) Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.

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2.5.5. Estabilidad en el empleo Con la reforma de 1962, se establece que la obligación de reinstalar al obrero, no se sustituye por el

pago de los tres meses de la indemnización y la responsabilidad del conflicto, sino, solo en los casos de excepción expresamente señalados por el legislador y el ley adjetiva. Es decir, en términos

generales, se reconoce nuevamente el principio del derecho a la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo constituye un derecho inherente a la persona humana, que no puede ser substituido por “dinero”, en el caso de que un patrón quisiera prescindir arbitrariamente y sin causa justificada de los servicios de sus trabajadores. 2.5.6. Jornada de trabajo (Art. 58) Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. (Art. 59) El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda excederse los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas

de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. 2.5.7. Clasificación de la jornada de trabajo • Jornada diurna es la comprendida entre las seis y la veinte horas • Jornada nocturna, es la comprendida entre las veinte y las seis horas •

Jornada mixta, es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.

2.5.8. Duración de la jornada de trabajo (Art. 61) La duración máxima de la jornada será ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas

la media mixta. 2.5.9. Días de descanso y vacaciones (Art. 69) por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. (Art. 70) En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. (Art. 74) Son días de descanso obligatorio: • El 1° de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1° de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y; 25 de diciembre •

El que determine las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de elecciones

ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 2.5.10. Descanso semanal obligatorio

El Art. 71 establece, en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrá derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. 2.5.11. Descanso contractual Es costumbre sindical el exigir, por la vía de la contratación colectiva, un incremento en os días de descanso independientemente de los obligatorios y vacaciones

2.5.12. Pago de días de descanso (Art. 72) Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajador o sobre el que hubiese percibido de

cada patrón. 2.5.13. Prima dominical

(Art. 71 LFT) Los trabajadores que prestan su servicio en días domingo, tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

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2.5.14. Vacaciones (Art. 76) Los trabajadores que tengan más de un año de servicios, disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a doce, por cada año subsecuentes de servicios. Después del

cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio. (Art. 77) Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días trabajados en el año. (Art. 78) Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo menos. 2.5.15. Prima vacacional (Art. 80) Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25 % sobre los salarios que le

correspondan durante el periodo de vacaciones. La prima vacacional tiene por objeto dar una percepción extra con el fin de que pueda disfrutar un descanso especial que le permita reponer las energías gastadas. 2.6. Salario 2.6.1. Concepto de salario Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 2.6.2. Tipos de salario • Salarios mínimos generales: Rigen para las 111 zonas económicas en que se divide el país, en las ramas de la industria, comercio, profesiones y trabajos especiales; son fijados por las comisiones regionales correspondientes, previa ratificación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es quien los establece. •

Salarios mínimos profesionales: En 1962, se introdujo en la constitución la figura de los

llamados salarios mínimos profesionales, para ciertas actividades con una especialización. 2.6.3. Integración del salario (Art. 84) El salario se integra con los pagos realizados en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones,

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 2.6.4. Normas protectoras del salario (Art. 101) El salario en efectivo debe de pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo

permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. El pago del salario debe efectuarse en el lugar en donde los trabajadores presten sus servicios, y además, debe de efectuarse en días y horas laborables. 2.6.5. Concepto de aguinaldo

(Art. 87 LFT) Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los trabajadores que no han cumplido el año de servicios, tienen derecho a que se le pague el aguinaldo en proporción al tiempo

trabajado. 2.6.6. Monto, plazo y proporcionalidad del pago del aguinaldo MONTO. 15 días de salario por lo menos. PLAZO. Antes del 20 de diciembre. PROPORCIONALIDAD. Los trabajadores que no han cumplido el año de servicios, tienen derecho a que se le pague el aguinaldo en proporción al tiempo trabajado. 2.7. Participación de utilidades

2.7.1. Concepto Es el sistema de remuneración por el que el empleador da participación a sus trabajadores en los beneficios netos de la empresa, además de pagarles el salario normal. (Oficina Internacional del Trabajo) 2.7.2. Procedimiento El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días

siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción [email protected]


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de los trabajadores. Cuando la SHCP aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado

objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. 2.7.3. Instrumentos Artículo 123 fracc. IX del apartado “A” constitucional. 2.7.4. Organismos

La Comisión Nacional Para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. (resolución emitida en el D.O.F. 28 de febrero 1985) 2.8. Reglamento interior de trabajo 2.8.1. Objeto (Art. 423 Fracc. XI) 2.8.2. Contenido (Art. 423) 2.8.3. Elaboración (Art. 424) 2.8.4. Vigencia y depósito (Art. 425) 2.9. Prescripción

2.9.1. Concepto (Art. 516) Es la sanción impuesta por la ley al acreedor que demuestre falta de interés al no ejercitarla, y que por tal motivo la presentación de la demanda, aunque sea ante autoridad incompetente, por ser un acto demostrativos del interés del actor en el ejercicio de sus derechos, interrumpe la prescripción. 2.9.2. Modalidades y términos •

Prescriben en 1 mes: Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores; y las acciones de los trabajadores para retirarse del trabajo. (Art. 517)

•

Prescriben en 2 meses: Las acciones de los trabajadores que se han separado del trabajo. (Art. 518)

•

Prescriben en 2 años: Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de

indemnizaciones por riesgos de trabajo; y acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgo de trabajo. (Art. 519) 2.10. Derechos y obligaciones 2.10.1. De los patrones Son obligaciones de los patrones, las siguientes: •

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o

•

establecimiento. II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento

•

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo,

•

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o

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cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el •

trabajador lo solicite. V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la

naturaleza del trabajo; •

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de

palabra o de obra; • • •

•

VII. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido; VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios;

IX. Conceder a los trabajadores en el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el Art. 5° de la constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o

permanente de su sindicato o del estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del

establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compensen con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años. 2.10.2. De los trabajadores Son obligaciones de los trabajadores: • I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables •

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los

•

trabajadores III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya

•

autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo

•

y lugar convenidos. V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas

•

justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos

y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que

• • • •

origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. VII. Observar buenas costumbres durante el servicio

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo IX. Integrar los organismos que establece esta ley.

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento inferior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.

•

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas.

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•

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar

•

daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones y; XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los

productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 2.11. Derechos de preferencia, antigüedad, ascenso (Art. 157) 2.11.1. Derecho de escalafón (Art. 159) 2.11.2. Prima de antigüedad (Art. 158) 2.12. Trabajos especiales 2.12.1. Trabajo de menores

(Art. 173) El trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo.

(Art. 174) Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la inspección del trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá

utilizar sus servicios. (Art. 177) La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos. 2.12.2. Trabajo de mujeres (Art. 164) Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los

hombres. 2.12.3. Distintas modalidades de trabajos especiales •

•

TRABAJADORES DE CONFIANZA: (Art. 182) Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento.- Artículo 183.- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. TRABAJADORES DE LOS BUQUES: Artículo 187.- Las disposiciones de este capítulo se

aplican a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta denominación •

cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana. TRABAJO DE LAS TRIPULACIONES AERONÁUTICAS: Artículo 215.- Las disposiciones

de este capítulo se aplican al trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana. Tienen como finalidad, además de la prevista en el artículo 2°

garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas y son irrenunciables en la medida en que correspondan a este propósito. •

TRABAJO DE FERROCARRILERO: Art. 246.- Los trabajadores ferrocarrileros deberán ser

mexicanos. 2.13. Suspensión, rescisión y terminación de las relaciones de trabajo

2.13.1. Conceptos De acuerdo con el artículo 42 y 46 de la Ley del Trabajo 2.13.2. Causas y efectos, individuales y colectivos El mutuo consentimiento de las partes. La muerte del trabajador

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La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37, 38 de la Ley

La capacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, los casos a que se refiere el art. 434 2.14. Sindicalismo art. 356 de la Ley del Trabajo 2.14.1. Objeto

(Art. 358) Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 2.14.2. Libertad sindical

(Art. 358) A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. 2.14.3. Tipos de sindicatos (Art. 360) Los sindicatos de trabajadores pueden ser: • • •

I. GREMIALES, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. II. DE EMPRESA, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. III. INDUSTRIALES, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más

empresas de la misma rama industrial •

•

IV. NACIONALES, de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en

una o varias empresas de la misma rama industrial, instalada en dos o mas entidades federativas y V. DE OFICIOS VARIOS, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de

trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Los sindicatos de patrones, pueden ser: (artículo 361). • I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y •

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas.

2.14.4. Requisitos constitutivos de los sindicatos

Artículo 365.- Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue éste. 2.14.5. Registro sindical (jurisdicción local y federal) Artículos 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado. • •

Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva

• •

Copia autorizada de los estatutos y;

Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 2.14.6. Efectos del registro

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Artículo 368.- EL registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, produce efectos ante todas las

autoridades. 2.14.7. Cancelación Artículo 369.- El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente: • I. En caso de disolución y • II. Por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de su cancelación de su registro. 2.14.8. Federaciones Artículo 381.- Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por

las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables. 2.14.9. Confederaciones

Artículo 282.- Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario.

Artículo 383.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 371, contendrán: • Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes. • Condiciones de adhesión de nuevos miembros y; •

Forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas.

Artículo 384.- Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366. Artículo 385.- Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por

duplicado. • Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva • • •

Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros.

Copia autorizada de los estatutos y Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la directiva

2.15. Negociación colectiva 2.15.1. Objeto Artículo 386.- Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos

de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. 2.15.2. Partes Sindicato y patrón. 2.15.3. Titularidad del contrato

Artículo 388.- Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes: • •

I. Si concurren sindicatos de empresas o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que se tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el junto de los

sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se ponga de acuerdo. En caso contrario cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión •

y III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros a celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea

mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria. [email protected]


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Artículo 389.- La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta de

Conciliación y Arbitraje, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 2.15.4. Contenido del contrato Artículo 391.- El contrato contendrá: • I. Los nombres y domicilios de los contratantes • • • •

II. Las empresas y establecimientos que abarque

•

VI. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a

III. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada

IV. Las jornadas de trabajo V. Los días de descanso y vacaciones quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento

•

VII. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban

•

integrarse de acuerdo con esta ley VIII. Las demás estipulaciones que convengan las partes

2.15.5. Depósito y vigencia Artículo 390.- El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad.

Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que

después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 2.15.6. Revisiones del contrato Artículo 398.- En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes. • I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. •

II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 50% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos y,

III. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 50% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. Artículo 399 La solicitud de revisión deberá hacerse, por lo menos 60 días antes • I. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si éste no es mayor de dos •

años; •

II. Del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor

y; •

III. Del transcurso de 2 años, en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra

determinada Para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el contrato y en su defecto a la fecha del depósito. Artículo 399 Bis.- Sin perjuicio de lo que establece el artículo 399 los contratos colectivos serán revisados cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria.

La solicitud de esta revisión deberá hacerse por los menos 30 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prorroga del contrato colectivo. Artículo 400.- Si ninguna de las partes solicito la revisión en los términos del artículo 399 o no se

ejercitó el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un período igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. 2.15.7. Duración del contrato (Art. 391 Fracc. III) Es por tiempo indeterminado u obra determinada. 2.15.8. Terminación del contrato

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Artículo 401.- El contrato colectivo de trabajo, termina: • I. Por mutuo consentimiento • II. Por terminación de la obra y •

III. En los casos del capítulo VIII de este título, por cierre de la empresa o establecimiento

siempre que en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 2.16. Contrato ley 2.16.1. Objeto Artículo 404.- Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. 2.16.2. Partes Uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones. 2.16.3. Estrategia para su celebración Artículo 406.- Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados. Por lo menos, de una rama de la industria en

una o varias entidades federativas en una o más zonas económicas que abarquen una o mas de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 2.16.4. Administración del contrato ley

Artículo 418.- En cada empresa, la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores. La pérdida de la mayoría declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje produce la de la administración. 2.16.5. Contenido Artículo 412.- El contrato ley contendrá: • I. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones •

II. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional.

• • •

•

III. Su duración que no podrá exceder de dos años IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones IV, V, VI y IX.

V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate y VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes.

2.16.6. Depósito (Art. 416) 2.16.7. Publicación y vigencia (Art. 414) Y (Art. 416). 2.16.8. Terminación Artículo 421.- El contrato ley terminará: •

I. Por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se refiere el

artículo 406 y • II. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de huelga. 2.16.9. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo

Artículo 426.- Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contrato colectivos o en los contratos ley.

2.16.10. Causas [email protected]


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• •

I. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el

trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. 2.16.11. Procedimientos (Art. 426) El procedimiento es para conflictos colectivos de naturaleza económica, se tramita de acuerdo a las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica) 2.17. Conflicto colectivo de naturaleza económica (Art. 900)Son aquellos cuyos planteamientos tienen por objeto la modificación o implantación de

nuevas condiciones de trabajo, o bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de

trabajo. 2.17.1. Causas (Arts. 426, 427 y 434) 2.18. Huelga (Art. 440) Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de

trabajadores. 2.18.1. Objeto (Art. 450) La huelga deberá tener por objeto: •

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los

•

derechos del trabajo con los del capital. II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su

revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el •

capítulo III del título séptimo. III. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo Iv del título séptimo.

•

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las

• • •

empresas o establecimientos en que hubiese sido violado V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades.

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores y VII. Exigir la revisión de las salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y

419 bis. 2.18.2. Causas. Art, 451 d la Ley del Trabajo 2.18.3. Requisitos Artículo 451.- Para suspender los trabajos se requiere: • I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior •

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción sólo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 y en ningún caso como cuestión previa a la

suspensión de los trabajos. 2.18.4. Licitud Artículo 444.- Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. 2.18.5. Justificación (Art. 446) Es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. 2.18.6. Efectos de la declaración de inexistencia Artículo 459.- La huelga es legalmente inexistente si.

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•

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el

• •

artículo 451, fracción II, II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 45º y III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. 2.18.7. Causas de terminación Artículo 469.- La huelga terminará: • I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones •

II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores.

• •

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes y IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión

2.19. Autoridades del trabajo 2.19.1. Administrativas y jurisdiccionales La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: • I.- A la Secretaría De Trabajo y Previsión Social; • II.- La Sría. De Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, •

III.- A las autoridades de las entidades federativas, y a sus direcciones o departamentos de trabajo,

• • • • •

IV.- A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; V.- Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, VI.- A la inspección del Trabajo, VII.- A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, VIII.- A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de

las Empresas; • IX.- A las Juntas Federales y Locales de Conciliación, • X.- A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; • XI.- A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y • XII.- Al jurado de Responsabilidades. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO:

La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales cuando se trate de: I.- RAMAS INDUSTRIALES: • 1.- Textil, • 2.- Eléctrica, • 3.- Cinematográfica; • 4.- Hulera; • 5.- Azucarera, • 6.- Minera, • 7.- Metalúrgica y Siderúrgica, • 8.- De hidrocarburos; • 9.- Petroquímica; • 10.- Cementera; • 11.- Calera; • 12.- Automotriz, • 13.- Química, • 14.- De celulosa y papel,

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• • • • • • •

15.- De aceites y grasas vegetales; 16.- Productora de alimentos;

17.- Elaboradora de bebidas; 18.- Ferrocarrilera;

19.- Maderera básica; 20.- Vidriera;

21.- Tabacalera;

II.- EMPRESAS: • 1.- Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno

Federal; •

2.- Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les

sean conexas; y •

3.- Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de

la Nación. 2.19.2. Competencia e integración

Será competencia de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas, conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas Federales. Las Juntas Federales de Conciliación y Federal de Conciliación y Arbitraje, conocerán de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas

industriales, empresas o materias contenidas en los arts. 123, Apartado A, frac. XXXI, de la Constitución y 527 de la LFT.(Art.698 LFT). 2.19.3. Procuraduría de la Defensa del Trabajo Artículo 530.- La procuraduría de la defensa del trabajo tiene las funciones siguientes:

•

I. Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que los soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del

•

trabajador o sindicato y III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos

•

y hacer constar los resultados en actas autorizadas. 2.19.4. Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento Artículo 537.- El servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, tendrá los siguientes objetivos: • I. Estudiar y promover la generación de empleos • II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores • III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores

y • IV. Registrar las constancias de habilidades laborales Artículo 538.- El servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades administrativas de la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en los términos de su reglamento interior. Artículo 539.- De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades: I. En materia de promoción de empleos: • •

Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y urbana. Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido de crecimiento

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• •

Promover, directa o indirectamente el aumento de las oportunidades de empleo

Formular y actualizar permanentemente el catálogo nacional de ocupaciones en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

•

Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su correcta ejecución.

• •

Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la federación y las entidades federativas y

En general realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia II. En materia de colocación de trabajadores: •

•

• •

•

Encauzar a los demandantes de trabajo hacia aquellas personas que requieran sus servicios, dirigiendo a los solicitantes mas adecuados, por su preparación y aptitudes, hacia los empleos que les resulten más idóneos. Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se dediquen a la colocación de personas.

Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, cumplan las obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales. Intervenir en coordinación con las respectivas unidades administrativas de las Secretarías

de Gobernación, de Patrimonio y fomento industrial, de comercio y de relaciones exteriores, en la contratación de las nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero. 2.19.5. Inspección del Trabajo Artículo 540.- La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes: • I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, •

II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la

manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos • IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones y • V. Las demás que le confieran las leyes 2.19.6. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos •

Artículo 551.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos funcionará con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. 2.19.7. Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las

Empresas Artículo 575.- La comisión nacional para la participación de los trabajadores en la utilidades de las empresas se integrará y funcionará para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder a su revisión, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Artículo 576.- Las juntas federales de conciliación tendrán las funciones siguientes: • I. Actuar como instancia conciliatoria potestativa para los trabajadores y los patrones •

II. Actuar como juntas de conciliación y arbitraje, cuando se trate de conflictos a que se

•

refiere el artículo 600, fracción IV y; III. Las demás que le confieran las leyes

Artículo 592.- Las juntas de conciliación funcionarán permanentemente y tendrán la jurisdicción territorial que les asigne la secretaría del trabajo y previsión social. No funcionarán estas juntas en los lugares en que está instalada la junta federal de conciliación y arbitraje.

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Cuando la importancia y el volumen de los conflictos de trabajo en una demarcación territorial no amerite el funcionamiento de una Junta permanente, funcionará una accidental. 2.19.8. Juntas Federales de Conciliación (Arts. 591, 592 y 593) 2.19.9. Juntas Locales de Conciliación

Artículo 601.- En las entidades federativas funcionarán juntas locales de conciliación, que se instalarán en los municipios o zonas económicas que determine el gobernador. Artículo 602.- No funcionarán las juntas de conciliación en los municipios o zonas económicas en que estén instaladas juntas de conciliación y arbitraje. Artículo 603.- Son aplicables a las juntas de conciliación las disposiciones contenidas en el capítulo

anterior. Las atribuciones asignadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los gobiernos de los estados y territorios. 2.19.10. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Artículo 621.- Las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionarán en cada una de las entidades federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la junta federal de conciliación y arbitraje.

Artículo 622.- El gobernador del estado o el jefe del departamento del distrito federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más juntas de conciliación y arbitraje, fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial.

Artículo 623.- La integración y funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del presidente de la

república y del secretario del trabajo y previsión social se ejercerán por los gobernadores de los estados y en el caso del distrito federal, por el propio presidente de la república y por el jefe del departamento del distrito federal, respectivamente. Artículo 624.- El presidente de la junta del distrito federal percibirá los mismos emolumentos que correspondan al presidente del tribunal superior de justicia. 2.19.11. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Artículo 604.- Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones sólo entre aquéllos o solo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hecho íntimamente relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el artículo 600, fracción IV.

Artículo 605.- La junta se integrará con un representante de gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la secretaría del trabajo y previsión social. Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente.

Artículo 606.- La junta funcionará en pleno o en juntas especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo anterior.

La secretaría del trabajo y previsión social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer juntas especiales fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial

Las juntas especiales establecidas fuera de la capital de la república conforme al párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la junta federal de conciliación y arbitraje, correspondiéndole el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las

ramas de la industria y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne con excepción de los conflictos colectivos sin perjuicio del derecho del

trabajador, cuando así convengan a sus intereses, a concurrir directamente a la junta federal de conciliación y arbitraje. 2.20. Derecho procesal del trabajo

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2.20.1. Principios del derecho procesal del trabajo (gratuidad, oralidad, sencillez, inmediatez,

suplencia de la queja, instancia de parte, economía procesal, concentración) Publicidad, oralidad, sencillez, inmediatez, suplencia de la queja, instancia de parte, economía procesal, concentración. 2.20.2. Jurisdicción y competencia

Las autoridades administrativas y judiciales están obligadas, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las de Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables

en los términos de las leyes aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones.(Art.688 LFT). 2.20.3. Capacidad y personalidad Artículo 689.- Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones.

Artículo 690.- Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la junta.

Artículo 691.- Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juicio, la junta solicitará la intervención de la procuraduría de la defensa del trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la procuraduría de la defensa del trabajo les designará un representante. Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado

legalmente autorizado. 2.20.4. Términos y notificación

Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.

Artículo 734.- En ningún término se contarán los días en que no pueden tener lugar actuaciones ante la junta, salvo disposición contraria de esta ley. Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Artículo 736.- Para computar los términos, los meses se regularán por el de 30 días naturales y los

días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 28 horas, salvo disposición contraria de esta ley.

Artículo 737.- Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia de la junta, esta podrá ampliar el término de que se trate, en función de la distancia a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de comunicación existentes. Artículo 738.- Transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía. DE LAS NOTIFICACIONES:

Artículo 739.- Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro

del lugar de residencia de la junta para recibir notificaciones, sino lo hacen las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso en los términos previstos en esta ley. Asimismo, deberán señalar domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona o

personas contra quienes promuevan. Cuando no se localice a la persona, la notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 712 de esta ley, y faltando ese, la notificación se hará en el último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y en estos casos se fijarán las copias de la demanda en los estrados de la junta.

Artículo 740.- Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabajo o trabajo el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de

que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el del centro de trabajo donde presta o [email protected]


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prestó sus servicios el demandante y la notificación se entenderá hecha al patrón aunque al hacerla

se ignore el nombre del mismo. Artículo 741.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello y las que se realicen en estas condiciones, surtirán

plenamente sus efectos. Artículo 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: • I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo. • II. El auto de radicación del juicio, que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los expedientes que les remitan otras juntas. • III. La resolución en que la junta se declare incompetente • IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo • V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal. • VI. El auto que cite a absolver posiciones. • VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio • VIII. El laudo • IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado. • X. El auto por el cual se ordena la reposición de actuaciones • XI. En los casos a que se refiere el artículo 772 de esta ley y; • XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la junta 2.20.5. Exhortos y despachos, incidentes

Artículo 753.- Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la junta que conozca del juicio, deberán encomendarse por medio de exhorto al presidente de la junta de conciliación o de conciliación y arbitraje o al de las especiales, o a la autoridad mas próxima al lugar en que deban practicarse dentro de la república mexicana. Artículo 754.- Las diligencias que se practiquen en el extranjero, únicamente se autorizarán cuando

se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. Artículo 755.- A falta de tratados o convenios, deberá estarse a las siguientes reglas: •

•

I. Los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar de su residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que los expidan y II. No será necesaria la legalización de firmas, si las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho no establecen ese requisito.

Artículo 756.- En los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la república mexicana no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida

Artículo 757.- La junta deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. Artículo 758.- Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las 72 horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los

5 días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo, en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de 15 días. Artículo 759.- Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia

de parte, a la autoridad exhortada, si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado.

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Artículo 760.- La junta a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto y sus anexos al oferente previa

razón que deje en autos, quien bajo su más estricta responsabilidad lo entregará a la autoridad exhortada para su diligenciamiento. El oferente devolverá el exhorto diligenciado bajo su más estricta responsabilidad a la exhortante. 2.20.6. Medios de impugnación: revisión de los actos de ejecución de los actuarios Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los

laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la REVISIÓN.(Art.849 LFT).

La REVISIÓN deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne.(Art.851 LFT).

Procede la RECLAMACIÓN contra las medidas de apremio que impongan los presidentes de las Juntas de Conciliación, de las Juntas Especiales y de las de Conciliación y Arbitraje, así como de los auxiliares de éstas.(Art.853 LFT).

2.20.7. Acciones y excepciones Art. 850 de la Ley 2.20.8. Prueba, medios de prueba, principios generales de las pruebas, carga de pruebas Artículo 776: Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: • I. Confesional; • II. Documental; • III. Testimonial; • IV. Pericial; • • • •

V. Inspección; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y

VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Artículo 777: Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes. Artículo 778: Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos.

Artículo 779: La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello.

Artículo 780: Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Artículo 781: Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Artículo 782: La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos

y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.

Artículo 783: Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje. Artículo 784: La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que

exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos

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alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: • • • • •

I. Fecha de ingreso del trabajador;

•

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;

• • • • • • • •

VII. El contrato de trabajo; VIII. Duración de la jornada de trabajo; IX. Pagos de días de descanso y obligatorios; X. Disfrute y pago de las vacaciones; XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; XII. Monto y pago del salario; XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda.

II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta Ley;

Artículo 785: Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio; previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba,

bajo protesta de decir verdad, ésta señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer, dentro de los cinco

días siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deberá trasladarse al lugar donde aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia. 2.20.9. Resoluciones de los tribunales laborales: acuerdos, autos incidentales, resoluciones interlocutorias, laudos Las resoluciones de los tribunales laborales son: •

I.- ACUERDOS: Si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan

cualquier cuestión dentro del negocio; II.- AUTOS INCIDENTALES ó RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS: Cuando resuelven dentro o fuera de juicio un incidente, y • III.- LAUDOS: Cuando deciden sobre el fondo del conflicto. 2.20.10. Arraigo y secuestro provisional •

Los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias precautorias. Art.857 LFT): • I.- ARRAIGO: Cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se •

entable o se haya entablado una demanda, y II.- SECUESTRO PROVISIONAL: Cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento; y evitar que la parte responsable se declare insolvente.

2.20.11. Procedimiento ordinario

Es el procedimiento mediante el cual se van a tramitar y resolver los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en la LFT. 2.20.12. Procedimientos especiales Artículo 892: Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se

susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5to. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425,

fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los [email protected]


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conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses

de salarios. Artículo 893: El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el

actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá

efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley. Artículo 894: La Junta, al citar al demandando, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que

se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la Ley.

Artículo 895: La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: • I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo

876 de esta Ley; • • •

II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y; IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución.

Artículo 896: Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si

se trata de la aplicación del artículo 503 de esta Ley, la Junta, dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido.

Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894

de esta Ley. Artículo 897: Para la tramitación y resolución de los conflictos a que se refiere este Capítulo, la Junta se integrará con el Auxiliar, salvo los casos de los artículos 389; 418; 424, fracción IV; 427,

fracciones II, III y VI; 434, fracciones I, III y V; y 439, de esta Ley, en los que deberá intervenir el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial. Artículo 898: La Junta, para los efectos del artículo 503 de esta Ley, solicitará al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones

oficiales; podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la Junta. 2.20.13. Conflictos colectivos de naturaleza económica Artículo 900: Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquéllos cuyo planteamiento

tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la presente Ley señale otro procedimiento. Artículo 901: En la tramitación de los conflictos a que se refiere este Capítulo, las Juntas deberán procurar, ante todo, que las partes lleguen a un convenio. A este fin, podrán intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto. Artículo 902: El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes

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que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la huelga tenga por objeto lo señalado en

el artículo 450, fracción VI.

Artículo 903: Los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional, o por el patrón o patronos, mediante demanda por escrito, la cual deberá contener: • I. Nombre y domicilio del que promueve y los documentos que justifiquen su personalidad; • II. Exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto; y • III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide. Artículo 904: El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo siguiente: • I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se solicitan; •

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñan, salario que perciban y antigüedad en el trabajo;

•

III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento; IV. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y

• •

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Artículo 905: La Junta, inmediatamente después de recibir la demanda, citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. Artículo 906: La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes: • I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su solicitud; •

II. Si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al conflicto y ratificará su petición;

•

III. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto;

•

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;

•

• •

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones y a las que por su naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello; VI. Concluidas las exposiciones de las partes y formuladas sus peticiones, se procederá a ofrecerse y en su caso, a desahogarse las pruebas admitidas; VII. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará tres peritos, por lo menos, para que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto, otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días, para que emitan su dictamen respecto de la forma en que,

•

según su parecer, puede solucionarse el conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se asocie a los nombrados por la Junta o rinda dictamen por separado; y VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones integradas con el número de personas que determine la Junta, para que acompañen a los peritos en la

investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen conveniente. Artículo 907: Los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los requisitos siguientes: • I. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

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•

II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el

que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y III. No haber sido condenados por delito intencional.

• Artículo 908: Las partes, dentro de los primeros diez días del término a que se refiere la fracción VII del artículo 906, podrán presentar directamente a los peritos, o por conducto de la Junta o a través de la Comisión, las observaciones, informes, estudios y demás elementos que puedan contribuir a la

determinación de las causas que dieron origen al conflicto, para que sean tomados en cuenta por los peritos, en sus dictámenes.

Artículo 909: Los peritos nombrados por la Junta, realizarán las investigaciones y estudios que juzguen conveniente, y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes: • I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones oficiales, federales o estatales y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes; •

II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus libros

•

y documentos; y III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa, que juzguen conveniente.

Artículo 910: El dictamen de los peritos deberá contener, por lo menos: • I. Los hechos y causas que dieron origen al conflicto; •

II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los trabajadores;

•

III. Los salarios medios que se paguen en empresa o establecimientos de la misma rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;

•

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o

• • • •

establecimientos; V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o establecimiento; VI. Las condiciones generales de los mercados; VII. Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional; y VIII. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto.

Artículo 911: El dictamen de los peritos se agregará al expediente y se entregará una copia a cada una de las partes. El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que hizo entrega de las copias a las partes, o de la negativa de éstas para recibirlas. Artículo 912: Las partes, dentro de las setenta y dos horas de haber recibido copia del dictamen de

los peritos, podrán formular las observaciones que juzguen convenientes en relación con los hechos, consideraciones y conclusiones del mismo dictamen.

La Junta, si se formulan objeciones al dictamen, citará a una audiencia a la que deberán concurrir los peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes y en relación con los peritajes que rindieron; se podrán ofrecer pruebas, para que tengan por objeto comprobar la falsedad de los hechos y consideraciones contenidas en el dictamen.

Artículo 913: La Junta tiene las más amplias facultades para practicar las diligencias que juzgue convenientes, a fin de completar, aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los peritos, así como para solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y particulares a que se refiere el

artículo 909, fracción I de este Capítulo, interrogar a los peritos o pedirles algún dictamen complementario o designar comisiones para que practiquen o realicen investigaciones o estudios especiales. [email protected]


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Artículo 914: Las autoridades, las instituciones y los particulares a que se refieren los artículos que

anteceden, están obligadas a proporcionar los informes, contestar los cuestionarios y rendir las declaraciones que se les soliciten. Artículo 915: Desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de setenta y dos

horas para que formulen sus alegatos, por escrito, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho. Artículo 916: Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar declarará

cerrada la instrucción y dentro de los quince días siguientes formulará un dictamen que deberá contener: • • • • •

I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes;

II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho las partes; III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por la Junta; IV. Un extracto de los alegatos; y V. Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del conflicto.

Artículo 917: El dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones, ante la Junta. El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que se hizo entrega de las copias o su negativa para recibirlos. Artículo 918: El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y votación, que deberá

efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que sean entregadas a los representantes las copias del dictamen, y se celebrará conforme a las reglas establecidas en el artículo 888 de esta Ley. Artículo 919: La Junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los

trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes. 2.20.14. Huelga

Artículo 920: El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes: •

•

I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga; II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al Presidente de la Junta.

•

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta Ley.

El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Artículo 921: El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o las autoridades mencionadas en la fracción II del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo.

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La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en

depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. Artículo 922: El patrón, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 923: No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el

titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente. Artículo 924: A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá

suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: • I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos años de salarios del trabajador; • II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social; • III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y IV. Los demás créditos fiscales. Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los créditos a que se refieran las •

fracciones II, III y IV de este precepto, y en todo caso las actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores, se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. Artículo 925: Para los efectos de este Capítulo, se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y

distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio. Artículo 926: La Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación,

en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición

de los trabajadores y por una sola vez. Artículo 927: La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes: •

I. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, la Junta resolverá previamente esta situación y, en caso de declararla infundada,

se continuará con la audiencia en la que se observarán las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en lo que sean aplicables; •

II. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término para

•

la suspensión de las labores; III. El Presidente de la Junta podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación; y

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•

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920 fracción II de la presente Ley, no se

suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a

ella. Artículo 928: En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas siguientes: •

I. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observará lo dispuesto en

el artículo 620, pero el Presidente intervendrá personalmente en las resoluciones siguientes: • a) Falta de personalidad. • b) Incompetencia. • c) Los casos de los artículos 469, 923 y 935. •

d) Declaración de inexistencia o ilicitud de

huelga. •

II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y hora en que quedan hechas;

•

III. Todos los días y horas serán hábiles. La Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto;

•

IV. No serán denunciables en los términos del artículo 710 de esta Ley, los miembros de la

Junta, ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escrito de contestación al emplazamiento, y por los trabajadores, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, dictará resolución; y •

V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si la Junta una vez hecho el emplazamiento al patrón, observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente.

Los trabajadores dispondrán de un término de veinticuatro horas para designar la Junta que consideren competente, a fin de que se le remita el expediente. Las actuaciones conservarán su validez, pero el término para la suspensión de las labores correrá a partir de la fecha en que la Junta

designada competente notifique al patrón haber recibido el expediente; lo que se hará saber a las partes en la resolución de incompetencia. Artículo 929: Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros

interesados, podrán solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920

de esta Ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales. Artículo 930: En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga, se observarán las normas siguientes: • I. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de lo patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia; •

II. La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de cinco días;

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•

III. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud

mencionada en la fracción I, y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. La Junta aceptará únicamente las que •

satisfagan los requisitos señalados; IV. Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Sólo

•

en casos excepcionales podrá la Junta diferir la recepción de las que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia; V. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta, dentro de las veinticuatro horas

•

siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga; y VI. Para la resolución de inexistencia, se citará a los representantes de los trabajadores y de los patrones para que integren la Junta. La resolución se dictará por los que concurran, y

en caso de empate, se sumarán al del Presidente los votos de los ausentes. Artículo 931: Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: • I. La Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse; • II. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento; • III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del •

trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento; IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores

que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y •

V. Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, deberán hacerse en el acto

mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas. Artículo 932: Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga: • I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo; • II. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada; •

•

III. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros; y IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo.

Artículo 933: En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta Ley.

Artículo 934: Si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas.

Artículo 935: Antes de la suspensión de los trabajos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, la Junta podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente. Artículo 936: Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta Ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. La Junta, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública, a fin de que puedan prestarse dichos servicios. Artículo 937: Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la decisión de la

Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso. [email protected]


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Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450 fracción VI de esta Ley. Artículo 938: Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se observarán

las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes: • I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa o

establecimiento, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920 fracción II de esta Ley; •

•

II. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y la hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser treinta o más días posteriores a la fecha de su presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. III. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Presidente, bajo su

más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los que deberán desahogarse por

la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de veinticuatro horas; y •

IV. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracción I, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del

escrito de emplazamiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del mismo término de veinticuatro horas. 2.20.15. Etapas de los procedimientos: conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, alegatos, resolución

Artículo 939: Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas.

Artículo 940: La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 941: Cuando el laudo deba ser ejecutado por el Presidente de otra Junta, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de los medios de apremio, en caso de oposición a la diligencia de ejecución. Artículo 942: El Presidente exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. Artículo 943: Si al cumplimentar un exhorto, se opone algún tercero que no hubiese sido oído por el

Presidente exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la fianza, se devolverá el exhorto al Presidente exhortante. Artículo 944: Los gastos que se originen en la ejecución de los laudos, serán a cargo de la parte que

no cumpla. Artículo 945: Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.

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Artículo 946: La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el

mismo. Artículo 947: Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo

pronunciado, la Junta: • •

I. Dará por terminada la relación de trabajo; II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;

•

III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad

•

con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162.

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Constitución. Artículo 948: Si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuere de los trabajadores se

dará por terminada la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 519 fracción III, último párrafo de esta Ley.

Artículo 949: Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo. 2.20.16. Ejecución del embargo y remate

Artículo 950: Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Artículo 951: En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas

siguientes: •

I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley;

•

II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se

•

efectúa el mismo procederá al embargo; •

IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia;

•

V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia

autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Artículo 952: Quedan únicamente exceptuados de embargo: • I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia; •

• •

II. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable; III. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en

cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966

de esta Ley; • •

IV. Las meses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;

V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, de conformidad con las leyes;

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• • •

VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; VII. Los derechos de uso y de habitación; y VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén constituidas.

Artículo 953: Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las cuestiones que se susciten. Artículo 954: El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. Artículo 955: Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo. Artículo 956: Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario

trabará embargo y los pondrá a disposición del Presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor.

Artículo 957: Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario.

Artículo 958: Si lo bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido de doble pago en caso

de desobediencia. Artículo 959: El Actuario requerirá al demandando a fin de que le exhiba los documentos y contratos respectivos, para que en el acta conste y dé fe de las condiciones estipuladas en los mismos.

Artículo 960: Si llega a asegurarse el título mismo del crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y a intentar todas las acciones y recursos que la Ley

concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impongan las leyes a los depositarios. Artículo 961: Si el crédito fuese litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que conozca del juicio respectivo, y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior.

Artículo 962: Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 963: Si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre éstos solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes: •

I. Podrá celebrar contratos de arrendamiento, conforme a estas condiciones: por tiempo voluntario para ambas partes; el importe de la renta no podrá ser menor al fijado en el último contrato; exigir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento; y recabar en todos los casos, la autorización del Presidente Ejecutor;

•

II. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la Ley;

•

III. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo;

•

IV. Presentar a la oficina correspondiente, las manifestaciones y declaraciones que la Ley de la materia previene; V. Presentar para su autorización al Presidente Ejecutor, los presupuestos para hacer los

•

gastos de reparación o de construcción; VI. Pagar, previa autorización del Presidente Ejecutor, los gravámenes que reporta la finca;

•

y VII. Rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de

•

depósito, que pondrá a disposición del Presidente Ejecutor.

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El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, será

acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas. Artículo 964: Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas

siguientes: •

I. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a: • a) Vigilar la contabilidad: • b) Administrar el manejo de la negociación o empresa y las

operaciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; y los demás actos

inherentes a su cargo. •

•

II. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del Presidente Ejecutor, para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo

que estime conveniente; y III. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el Presidente Ejecutor, por la suma que se determine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y forma que señale el mismo.

Artículo 965: El actor puede pedir la ampliación del embargo: •

I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y

•

II. Cuando se promueva una tercería.

El Presidente Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado.

Artículo 966: Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes: •

I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos;

•

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate. Cuando el Presidente Ejecutor tenga conocimiento de la existencia de un

embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. Las cuestiones de

preferencia que se susciten, se tramitarán y resolverán por la Junta que conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad; y

III. El que haya reembargado puede continuar la ejecución del laudo o convenio, pero rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo el caso de preferencia de derechos. Sección Tercera : Remates. Artículo 967: Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de •

conformidad con las normas contenidas en este Capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes

embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución. Artículo 968: En los embargos se observarán las normas siguientes: A. Si los bienes embargados son muebles: • I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente Ejecutor; • II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y

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III. El remate se anunciará en los tableros de la Junta y en el Palacio Municipal o en la oficina de gobierno que designe el Presidente Ejecutor. B. Si los bienes embargados son inmuebles: • I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será •

designado por el Presidente de la Junta; •

II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la

Propiedad, de diez años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no

abarque; y •

III. El proveído que ordene el remate, se fijará en los tableros de la Junta y se publicará, por

una sola vez, en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores.

Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos. Artículo 969: Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento se observará el procedimiento siguiente: •

I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la Junta a la Nacional Financiera, S. A., o a alguna otra institución oficial;

• • •

II. Servirá de base para el remate el monto de avalúo; III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III referente a muebles; y

IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo anterior.

Artículo 970: Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona que concurra como postor, deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de la Nacional Financiera, S. A., el importe del diez por ciento de su puja. Artículo 971: El remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes: • I. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local de la Junta correspondiente; • II. Será llevado a cabo por el Presidente de la Junta, quien lo declarará abierto; •

III. El Presidente concederá un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora, para recibir posturas;

IV. El Presidente calificará las posturas, y concederá un minuto entre puja y puja; V. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentando por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 974 de esta Ley; y • VI. El Presidente declarará fincado el remate a favor del mejor postor. Artículo 972: La diligencia de remate no puede suspenderse. El Presidente de la Junta resolverá de inmediato las cuestiones que planteen las partes interesadas. • •

Artículo 973: Si no se presentan postores, podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura, o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un veinte por

ciento en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebrarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la anterior.

Artículo 974: El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días siguientes, el importe total de su postura, apercibido de que de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor; y el Presidente señalará nueva fecha para la celebración de la almoneda. Artículo 975: Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: • •

Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden; y si hay remanente, se entregará al demandado; Si se trata de bienes inmuebles, se observará;

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•

El anterior propietario entregará al Presidente de la Junta, toda la documentación relacionada con el inmueble que se

•

remató. Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales.

•

La escritura deberá firmarla el anterior propietario, dentro de los cinco días siguientes a la notificación que le haga el

•

notario público respectivo. Si no lo hace, el Presidente lo hará en su rebeldía; y Firmada la escritura, se pondrá al adquirente en posesión del inmueble.

2.20.17. Paraprocesales (Art. 982) Todos aquellos asuntos que por mandato de la ley, por su naturaleza o a solicitud de parte

interesada, requieran la intervención de la junta, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. 3.- Derecho burocrático El Derecho Burocrático tiene características propias que se aparta del Derecho Laboral para constituir normas que regulan la relación entre el Estado y los prestadores de servicio. En el cumplimiento de sus objetivos en las relaciones de trabajo del apartado “A”, es indispensable dotar

a los trabajadores de instrumentos que equilibren su desigual relación. El IMSS no puede ser un patrón porque su razón de ser es la de prestación de un servicio público, interés del Estado y de la

sociedad. La regulación de los trabajadores del IMSS debe comprender la particularidad de las funciones que realizan. La Minuta apunta a recuperar la verdadera naturaleza jurídica de la relación

del IMSS con sus trabajadores. 3.1. Disposiciones generales 3.1.1. Del nombramiento y sus efectos

Se le puede definir como la designación de un empleado o funcionario público, hecha por una persona para el desempeño de un cargo o empleo, conforme a las disposiciones legales aplicables. Tres diferentes tipos de nombramientos: • •

a. El nombramiento Discrecional.- Se presenta cuando existe libertad completa en la designación, b. El nombramiento Condicionado: Existe cuando la designación debe subordinarse a ciertas formalidades como la del concurso, las del acuerdo senatorial, o las de elección de

•

una terna, c. El nombramiento reservado: Cuando la designación debe hacerse entre determinadas personas que han prestado servicios al Estado con anterioridad.

El nombramiento en general, como facultad discrecional del Presidente de la República, lo encontramos plasmado en el Art.89 fracciones II, III, IV, V, XVII Y XVIII de la Constitución. 3.2. Condiciones laborales 3.2.1. Duración de las jornadas de trabajo

La duración de la jornada máxima será de ocho horas; la jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años.

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 3.2.2. Días de descanso semanal y obligatorio Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. Días de descanso obligatorio, Art. 74 de la LFT.

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3.2.3. Vacaciones Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará

en dos días laborales, hasta llegar a doce por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco de

servicios. 3.3. Salario Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 3.3.1. Aguinaldo (monto, plazo y proporcionalidad) Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 3.4. Organización colectiva de los trabajadores

3.4.1. Sindicatos Artículo 356: Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 3.4.2. Requisitos constitutivos de los sindicatos Artículo 364: Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán

en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue éste. 3.4.3. Registro sindical Artículo 365: Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los

casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: • I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; •

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y

• •

domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; III. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva.

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 3.4.4. Cancelación de registro Artículo 369: El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente: • I. En caso de disolución; y • II. Por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro. 3.4.5. Obligaciones y prohibiciones de los sindicatos Artículo 377: Son obligaciones de los sindicatos: •

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;

•

II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y

•

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus

miembros. Artículo 378: Queda prohibido a los sindicatos: • I. Intervenir en asuntos religiosos; y • II. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. 3.4.6. Disolución de los sindicatos

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Artículo 379: Los sindicatos se disolverán: • I. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren; y • II. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. Artículo 380: En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que determinen

sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social. 3.5. Condiciones generales de trabajo 3.5.1. Contenido • I.- La intensidad y calidad de trabajo, • II.- Las medidas que deben adoptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales, • III.- Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas, •

IV.- Las fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos y periódicos,

•

V.- Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y protección que se da a trabajadoras embarazadas,

• VI.- Las demás reglas convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo, 3.5.2. Autorización y registro

Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; y serán autorizadas previamente por la Sria. De Hacienda y Crédito Público. 3.6. Huelga Suspensión temporal del trabajo, resultado de una coalición obrera, que tiene por objeto obligar al

patrón a acceder a sus demandas y conseguir así un equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.

En el ámbito de la función pública, es uno de los puntos que más atención ha requerido de los estudiosos de la materia. La huelga debe ser declarada, cuando menos por las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia; presentar pliego petitorio al presidente del TFCA, quién correrá traslado a la dependencia de que se trate para que éste resuelva en 10 días. En 72 horas siguientes a la presentación el tribunal resolverá acerca de su legalidad, en caso positivo procederá a promover la conciliación. Tras los 10 días de no llegar a una conciliación los servidores públicos podrán suspender labores.

Si la huelga es ilegal y se suspenden las labores se cesará a los trabajadores que hayan participado en ella. Una huelga concluye por conciliación, resolución de la mayoría de los trabajadores, declaración de ilegalidad o inexistencia o laudo del árbitro designado por las partes.

Los huelguistas están obligados a mantener sus funciones a los trabajadores necesarios para desempeñar los servicios que por su naturaleza no pueden suspenderse. 3.6.1. Concepto Es la suspensión de las labores en una empresa o establecimiento, decretada por los trabajadores, con el objeto de presionar al patrón para la satisfacción de un interés colectivo.

3.6.2. Causas Apartado A, artículo 123 Constitucional, fracción XVIII: Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 3.6.3. Requisitos Artículo 451: Para suspender los trabajos se requiere: •

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo 450 de la LFT;

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•

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, sólo podrá

promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460, y en ningún caso como cuestión previa a la •

suspensión de los trabajos; y III. Que se cumplan previamente con el procedimiento establecido en los artículos 920 y sigs. de la LFT.

4.- Derecho procesal 4.1. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Es un tribunal administrativo ya que dirime las controversias entre el estado y particulares, en este caso los trabajadores al servicio del estado. Este tribunal funcionaba con 3 magistrados; un representante de gobierno, uno de los trabajadores, y un tercero en la doble calidad de árbitro y de presidente del órgano.

Esta organizado en 3 salas, compuestas por 3 magistrados cada una y un pleno, al frente de cual se encuentra un décimo magistrado designado por el presidente de la república, el cuál preside el pleno y también es el titular del tribunal. Esta prevista la instalación de salas auxiliares den las capitales de los estados de le república.

Cada sala se integra por un representante del gobierno, uno de los trabajadores, designado por la federación de sindicatos, el nombramiento y remoción de los mismos es libre. El presidente de cada sala es magistrado árbitro, que se designa por los otros dos en un período de 6 años; en su ausencia lo sustituye el secretario gral., de acuerdos. 4.2. Procedimiento ordinario

Capítulo XVII, con éstas disposiciones se rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial conforme a la

LFT. 4.3. Procedimiento para resolver un conflicto colectivo o sindical

Si no tiene tramitación especial, conforme a la LFT; se resuelve mediante el Procedimiento Ordinario. 4.4. Procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores Se resuelve mediante el Procedimiento de los conflictos de naturaleza económica. 5. Conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. 5.1. Comisión sustanciadora.

La sustanciación de las controversias laborales, estará a cargo de la Comisión Sustanciadora integrada por: 1. Un Magistrado Numerario designado por razón de turno; 2. El Secretario General de Acuerdos; y 3. El Jefe de la Unidad de Administración. La Comisión Sustanciadora será presidida por el Magistrado que la integre, dando fe de sus actuaciones el Secretario General. La Comisión Sustanciadora, en su caso, deberá prevenir al actor, a fin de que cumpla los requisitos

o esclarezca los hechos, agravios o pretensiones, quien deberá dar cabal cumplimiento dentro del término otorgado para tal efecto; de no cumplir con la prevención, se tendrá por no interpuesta la controversia laboral, observando en todo momento lo dispuesto por el Artículo 61 de la presente Ley. 5.2. Procedimientos ordinarios.

5.3. Amonestaciones, multa y suspensión.

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6.- Conflictos entre el instituto federal Electoral y sus trabajadores 6.1. Del servicio profesional electoral Se resuelven mediante juicio para dirimir los conflictos laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, conoce la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

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DERECHO AGRARIO

1.1.1.3. Fuentes del derecho agrario

a).- F. Racionales b).- F. Formales c).- F. Históricas 1.1.2. Aspectos históricos del derecho agrario 1.1.2.1. La Ley Agraria de 1915

Fue expedida por Venustiano Carranza, Básicamente declaraba la nulidad de las enajenaciones de tierras que hubieren violado la ley de desamortización con lo cual daba nacimiento al derecho a la restitución, así como los primeros órganos facultados para repartir la tierra. 1.1.2.2. El artículo 27 Constitucional de 1917 En el texto original establecía el derecho de los pueblos a recibir tierras mediante la adquisición de propiedades particulares considerándola incluso como de utilidad pública, por lo que la vida idónea

era por medio de la expropiación; se ratificaba el contenido y acciones de reparto realizadas al

amparo de la ley de 1915, especialmente las referidas a restituciones a favor de comunidades; finalmente se declaraba competentes a los tribunales correspondientes y otorgaba a las entidades federativas la facultad para determinar en sus jurisdicciones la extensión máxima de los predios. 1.1.3. La reforma agraria a partir de 1992

A esta reforma se le ha denominado la reforma modernizadora. Es precisamente que establece disposiciones que constituyen un parteaguas en el D.A. para subdividirlo. La exposición de motivos

de la iniciativa presidencial contiene de manera sucinta la evolución de la problemática agraria en México, causa de este nuevo giro en la regulación de la propiedad inmueble de carácter rústico. 1.2. Análisis del artículo 27 constitucional vigente A partir de esta fecha el artículo 27 autoriza la adquisición, posesión y administración de inmuebles

que resulten indispensables para su objeto los que deberán ser regulados por una ley especial. La misma reforma condiciona la adquisición de bienes raíces por parte de las instituciones de beneficencia a lo que determine la ley reglamentaria correspondiente. 1.2.1. Análisis de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional vigentes 1.3. Formas de tenencia de la tierra en México

La "tenencia de la tierra" se define como, según el Glosario de términos sobre asentamientos humanos,. La ocupación y posesión actual y material de una determinada superficie de la tierra. Es

el conjunto de disposiciones legales que establecen los actos constitutivos de la posesión, los requisitos conforme a los cuales debe ejercerse y los derechos y obligaciones que generan.

El tema de la tenencia de la tierra nos lleva a estudiar los diferentes regímenes de propiedad que existen ya que "los actos y re-quisitos para poseer una determinada superficie de tierra dependen del régimen de propiedad al que ésta pertenezca". En el lenguaje jurídico es diferente la propiedad de la posesión. Así, propiedad (del latín proprietasatis) significa dominio que se ejerce sobre la cosa poseída.

En el derecho romano, la propiedad se entendía como. la manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa. Estos beneficios comprendían el jus utendi o usus, es decir, la facultad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza; el jus fruendi o fructus, que otorgaba el derecho a percibir el producto de la misma; el jus abutendi o abusus, que confería incluso el poder de distribuirla y, por último, el jus vindicandi, que permitía su reclamo de otros detentadores o poseedores. Según Rojina Villegas, la propiedad es. el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e

inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.

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Por su parte, Guillermo F. Margadant considera que. La propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar. Este derecho puede estar limitado por el interés público y por otros derechos privados que desmiembren la propiedad (hipotecas, servidumbres, etcétera). El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal establece, en su artículo 830 que "El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes".

En cuanto a la posesión, el artículo 190 de este mismo Código señala que "Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él". El artículo 793 se refiere a que. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera poseedor.

También el artículo 791 de este Código se refiere a la posesión:. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título

análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 el régimen de

propiedad que rige en nuestro país. Este artículo, señala Jorge Madrazo, "construye un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social".

El primer párrafo del artículo 27 constitucional expresa que. la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo

la propiedad privada. 1.3.1. Propiedad urbana

La destinada al asentamiento humano. 1.3.1.1. Propiedad privada

Esta reconoce la transmisión de dominio a los particulares realizada antes de la vigencia de la constitución y la capacidad para seguir haciéndolo a partir de su sanción.- La propiedad privada tiene una función social que se encuentra regulada por el derecho que tiene la nación de imponerle

las modalidades que dicte el interés público y de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. 1.3.2. Propiedad rural

Es la destinada a actividades productivas: Ganadería agricultura, silvicultura y demás actividades económicas del medio rural. 1.3.2.1. Propiedad social (ejidos y comunidades)

La Ley Federal de Reforma Agraria reconoció a los ejidos y comunidades como entidades con personalidad jurídica, por otro lado, implica la ratificación constitucional del principio de que sostiene que la propiedad de la tierra concedida por dotación o restitución dejó de pertenecer al estado o al

régimen de propiedad privada. * Tierras Ejidales, se dividen en tierras para asentamiento humano, uso común y parceladas.

* Comunidades: Núcleo agrario consistente en la asociación de personas con tierras dedicadas a actividades rurales productivas que se constituyen en comunidad a través del reconocimiento jurídico de comunidad, y se le adjudica al núcleo propiedad sobre tierra y protección especial sobre

sus tierras, que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las disposiciones de ley. El órgano máximo de gobierno es la Asamblea de Comuneras o representada por el Comisariado de Bienes Comunales.

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1.3.2.2. Propiedad nacional (terrenos baldíos y nacionales) Nos dice el artículo 27 constitucional.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de

los límites del territorio nacional comprende originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Terrenos Baldíos que no han salido del dominio de la nación (mediante título expedido) y los que recobre la nación en virtud de nulidad de títulos. 1.3.2.3. Pequeña propiedad (individual y colectiva)

La Ley Agraria en su artículo 115 considera latifundio aquellas superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de una sola persona excedan los límites de la pequeña propiedad. Las tierras que excedan de la pequeña propiedad deberán ser fraccionados y enajenados de acuerdo con las leyes que dicten las entidades federativas correspondientes.

Propiedad Individual: Agrícola.- 100 hectáreas destinadas al cultivo de vegetales y cría y producción de animales; 150 hectáreas cultivo de algodón; 300 hectáreas plátano, caña, azúcar, café, nopal, árboles frutales.

Pequeñas Propiedades Colectivas.- Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales, en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad (participar tantos individuos como veces rebase los límites de la pequeña propiedad. 1.4. La propiedad social Es la constituida por los ejidos, las comunidades y los nuevos centros de población ejidal. 1.4.1. El ejido

El ejido es una sociedad de interés social integrada por mexicanos con personalidad jurídica y patrimonio propios constituido por las tierras, bosques y aguas quien les han sido dotadas o que hubieren adquirido por cualquier otro título. 1.4.1.1. Definición legal y doctrinaria del ejido Núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio, propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, operan de acuerdo con su reglamento interno inscrito en el R.A.N.

1.4.1.2. Definición, requisitos, derechos y obligaciones de ejidatarios, avecindados y posesionarios DEFINICION:

Es todo hombre o mujer titular de derechos ejidales artículo 12.

REQUISITOS: Mexicanos, mayores de edad, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario. Ser avecinado del ejido correspondiente (a menos que se trate de

heredero de ejidatario) DERECHOS: • • • •

Tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela. Votar y ser votado en el pleno de la asamblea ejidal. Ocupar cargo en los órganos de gobierno del ejido. Gozar de los beneficios que correspondan al ejido.

OBLIGACIONES:

• • • •

Acreditar la calidad de ejidatario. Responder a los compromisos del ejido conjuntamente con los demás ejidatarios. Respetar el reglamento interno y demás disposiciones de la ley. Ser miembro de los órganos del ejido.

AVECINADO:

Son las personas mexicanos, mayores de edad, que han residido por un año o más

en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. REQUISITOS: • Ser mayor de edad. • Haber residido por más

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de un año. Guía de Estudio Resuelta

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Ser reconocido por la asamblea ejidal o el Tribunal Agrario DERECHOS: • Ser miembro de la junta de pobladores. • Ser ejidatario en su oportunidad y de acuerdo a las disposiciones de ley. • Usar las tierras de uso común del ejido. • Gozar de los beneficios adquiridos por el ejido previa disposición de asamblea. •

POSESIORARIOS: • Ejidatarios

y avecinados del núcleo de población que hayan mejorado las tierras de que se

trate. Hijos de ejidatarios u otros avecinados que hayan trabajado por dos años o más. Otros individuos a juicio de la asamblea. 1.4.1.3. Órganos del ejido • • • • •

Asamblea Comisariado ejidal El Consejo de vigilancia

1.4.1.3.1. Asamblea: cuándo se reúne, quién convoca, requisitos de validez, levantamiento del acta y competencia ASAMBLEA: • Órgano supremo del ejido. • •

Cuando se reúne por lo menos una vez cada seis meses.

•

Deben estar por lo menos la mitad más uno de los ejidatarios, si no es así se expide la segunda convocatoria y con los que estén. Se celebra en el lugar habitual.

Quien convoca el Comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, o a iniciativa propia del 20% de los ejidatarios. Requisitos de validez:

• • •

Las resoluciones de la asamblea es por mayoría de votos (salvo fracciones VII, IX, X y XIV Art. 23 L.A.) Levantamiento de acta.- Será firmada por los miembros del Comisariado ejidal y del consejo

de vigilancia que asistan. •

Competencia: Cuando se trate de asuntos relacionados con las fracciones VIII y XIV del Art. 23 L.A.; será pasada ante fedatario público y firmada por representantes de la Procuraduría

Agraria. 1.4.1.3.2. Comisariado ejidal: quiénes lo integran, quiénes lo nombran, requisitos, duración de su nombramiento, remoción, obligaciones y derechos INTEGRANTES: • Un Presidente, un secretario y un tesorero, existen propietarios y suplentes de cada uno de ellos (duran 3 años en el encargo). • Quienes lo nombran serán electos en asamblea por voto secreto.

REQUISITOS: Ser ejidatario del núcleo de población Haber trabajado en el ejido los últimos seis meses; Estar en pleno goce de sus facultades y derechos y no haber sido sentenciado. OBLIGACIONES: • • • • • • •

Representar al ejido. Procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios. Convocar a la asamblea en términos de la ley de la materia.

Informar a la asamblea de labores efectuadas.

REMOSIÓN:

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•

Por voto secreto de la asamblea, convocada por la Procuraduría Agraria a solicitud del 25% de los ejidatarios.

1.4.1.3.3. Consejo de vigilancia: quiénes lo integran, quiénes los nombran, requisitos, duración de su nombramiento, remoción, obligaciones y derechos INTEGRANTES: Un presidente y dos secretarios propietarios y suplentes. DURACIÓN: Tres años. REQUISITOS: Los mismos que para Comisariado ejidal.

OBLIGACIONES Y DERECHOS: Vigilar al Comisariado, revisar las cuentas y operaciones del Comisariado, convocar a Asamblea cuando no lo haga el Comisariado. 1.4.1.4. Patrimonio ejidal

Lo integran las tierras para asentamiento humano, de uso común, tierras parceladas y tierras de asignación específica, así como bienes muebles e inmuebles para el ejercicio de sus funciones. 1.4.1.4.1. Tierras para el asentamiento humano

Son las destinadas para la vida comunitaria del ejido, compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. 1.4.1.4.2. De uso común Son aquellas que no fueron reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni tierras parceladas. Los derechos sobre esas tierras se presumen concebidos a partes iguales a cada ejidatario. 1.4.1.4.3. Tierras parceladas

Son las que corresponden a cada ejidatario el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo. Los derechos de los ejidatarios sobre las parcelas se acreditan con el certificado de derechos agrarios o

certificados parcelarios. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán disponer la explotación colectiva de tierras parceladas.

1.4.1.4.4. Parcelas de asignación específica como la escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer campesina, del desarrollo integral de la juventud Para constituir: • La unidad productiva para desarrollo integral de la juventud. • Unidad agrícola Industrial para la Mujer Campesina.

En cada ejido o comunidad podrán destinarse estas parcelas administradas por un Comité designado por integrantes de las mismas. 1.4.1.5. Procedimientos administrativos agrarios 1.4.1.5.1. Expropiación de bienes ejidales y comunales Pueden ser expropiados por causas de utilidad pública, como: • Establecimiento, conservación o explotación de servicio o función públicos. • Ordenamiento urbano y ecológico. • Promoción y Desarrollo de Recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. • Construcción de puentes, ferrocarriles, carreteras, etcétera. 1.4.1.5.2. Restitución

Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto al señalado o transcurrido el plazo de cinco años no se han utilizado para ese fin. El fondo Nacional de fomento Ejidal realizará acciones para reclamar la reversión parcial o total de los bienes expropiados. 1.4.1.5.3. Conversión de ejido a comunidad y de comunidad a ejido

EJIDO A COMUNIDAD: Con los requisitos de asistencia del 50% más uno y votación de las dos terceras partes (fracción XIII Art. 23 L.A.); registrarlo en el R.A.N., o cuando los inconformes formen

un número de veinte ejidatarios, ellos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan. COMUNIDAD A EJIDO: Podrán hacerlo a través de la asamblea, de acuerdo a las regulaciones para la asamblea ejidal en estos casos (mayoría, votación, etcétera).

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1.4.1.5.4. División y fusión de ejidos DIVISIÓN: Para constituir otro ejido basta con que un grupo de veinte o más individuos lo solicite;

que cada uno aporte una superficie de tierra; que el núcleo cuente con proyecto de reglamento interno y que consten en escritura pública y en el R.A.N.

FUSIÓN: Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Requiere resolución de asamblea y acta constitutiva y estatutos de la Unión ante fedatario público;

inscrita en el R.A.N. El órgano supremo será la asamblea y la dirección a cargo de un consejo de administración; un consejo de vigilancia que vigila la administración (3 años). 1.4.1.5.5. Terminación del régimen ejidal

Previo dictamen de la Procuraduría Agraria, solicitado por el núcleo de población donde se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. 1.4.1.5.6. Enajenación de terrenos nacionales

La S.R.A. estará facultada para enajenar a título oneroso fuera de subasta, terrenos nacionales, a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el comité técnico

de la propia S.R.A. o la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Tienen preferencia los poseedores que los hayan explotado en los últimos tres años. 1.4.1.5.7. Regulación de colonias y titulación de lotes de colonias La SRA, regularizará la tenencia de los títulos de propiedad correspondiente. Ningún colono podrá ser propietario de más superficie que de la establecida para la pequeña propiedad. (se acumulan las tierras de propiedad privada, las de los ejidos junto con las de la colonia). Titulación de lotes.- Podrán ser titulares los mexicanos registrados como colonos ante la SRA, los

que hubieran adquirido, poseído o explotado las tierras de manera pacífica en concepto de titular para un periodo de 5 años de buena fe, o de 10 años si fuera de mala fe. 1.4.1.5.8. Adopción de dominio pleno El RAN da de baja los terrenos inscritos en el, extiende un titulo de propiedad respectivo y ese será inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 1.4.1.5.9. Constitución de ejido

Basta con que un grupo de 20 o más individuos participan en su constitución, cada uno aporte una superficie de tierra; que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno, que conste en escritura pública y solicite inscripción al RAN. 1.4.2.4. Órganos de la comunidad 1.4.2.4.1. Asamblea de comuneros

Es el máximo órgano de gobierno. El comisariado de bienes comunales, representa y gestiona administrativamente en los términos de los estatutos comunal y la costumbre, el patrimonio de la comunidad y protección legal. Las tierras comunales gozan de protección especial que las hacen inalienables, imprescriptibles e inembargables (salvo que se aporten a una sociedad en los términos del Art. 100 de la Ley de Amparo) 1.5. La pequeña propiedad. 1.5.1. Pequeña propiedad individual.

Anteriormente se le denominaba pequeña propiedad sin el calificativo de individual, ya que se entendía que era la única forma de propiedad privada sobre la tierra. 1.5.1.1. Tipos y extensión de la pequeña propiedad, agrícola, gandera y forestal. Agrícola: es la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda de los siguientes límites: I. 100 hectáreas si se destina a que cultivos distintos. II. 150 hectáreas si se destina a cultivos de algodón.

III. 300 hectáreas si se destina a cultivos de plátano, caña de azúcar, de café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla o árboles frutales.

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Ganadera: esta constituida por los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales, mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida, su extensión se sujetará a los coeficiente de agostadero ponderados en la región de que se trate, suficiente para mantener hast5a

500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Forestal: se integra con los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas de cualquier clase, cuya extensión no exceda las 800 hectáreas. 1.5.2. Sociedades propietarias de tierras y límites de extensión

Sociedades mercantiles o civiles, no podrán tener en propiedad mayor extensión del equivalente a 25 veces la pequeña propiedad. 1.5.3. Enajenación de excedentes de la pequeña propiedad individual y colectiva Cuando se rebasa el limite de extensión de tierra individual o colectiva, se denuncia ante la SRA, o

la Procuraduría Agraria, se integra el expediente y se notifica resolución al denunciado que a quedado comprobada la existencia de excedentes para que el ejidatario enajena en el término de un año, si al término del mismo no lo hace, la SRA lo hará. 1.6. La asociación para la producción La asociación para la producción y los incipientes apoyos institucionales coordinados con alto grado de efectividad se han derivado generalmente de acuerdos coyunturales y no de compromisos dictados por marcos normativos específicos y políticas públicas de largo plazo. 1.6.1. Previstos por la Ley Agraria 1.6.1.1. Unión de ejidos

Los ejidos podrán constituir uniones para la coordinación de actividades productivas, asistencia mutuo, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Se requiere la resolución de la asamblea de cada ejido participante, acta constitutiva con estatuto de la unión, etc. 1.6.1.2. Sociedades de producción rural

Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Estas tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de 2 socios.

La razón social se formará libremente e ira seguida de las palabras “Sociedades de Producción Rural” o de la abreviatura “SPR”, así como el régimen que hubiere adoptado, (responsabilidad ilimitada o suplementada). Constituirá su capital con la contribución de los socios. 1.6.1.3. Uniones de sociedades y producción rural

Dos o más sociedades de producción rural, podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Publico de Crédito Rural, o del Publico del Comercio. Requieren de estatutos que rijan su funcionamiento. 1.6.1.4. Asociaciones rurales de interés colectivo

Podrán constituirse por dos o más ejidos, comunidades; uniones de ejidos o comunidades como sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural.

Su objeto será la integración de recursos humanos, naturales, técnicos y financieros, para establecimiento de industria, sistema de comercialización y otras actividades económicas. Personalidad jurídica propia, inscrita en el RAN. 1.6.1.5. Sociedades civiles y mercantiles

Las sociedades civiles y mercantiles, no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales, mayor a 25 veces los limites de la pequeña propiedad individual.

Deberán participar en las sociedades mínimo tantos individuos como veces rebase la tierra los limites. •

Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales o sus accesorios.

•

Su objeto social deberá distinguir una serie especial de acciones identificada con la letra

•

“T”, que será el equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Deberán inscribirse en el RAN.

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2.- Derecho procesal agrario 2.1. El proceso agrario

Tiene por objeto realizar la justicia agraria, constituyendo armónicamente la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de la pequeña propiedad en explotación con todas sus implicaciones. 2.1.2. Principios procesales: 2.1.2.2. De legalidad Domina el enjuiciamiento moderno. Quiere decir que el proceso y los restantes datos del régimen

procesal se hallan gobernados por la ley, no por la voluntad del juzgador o de las partes, salvo que la ley misma autorice la función integradora de los órganos jurisdiccionales. Se encuentra reconocido en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 2.1.2.3. De igualdad y equilibrio constante entre las partes La ley debe concederles idénticas oportunidades de plantear y sostener sus pretensiones, de aportar y aprovechar las pruebas, de producir alegatos con los razonamientos que estimen

convenientes, de impugnar las resoluciones que les cause agravio, de hallarse asistidos por defensor o representante. 2.1.2.4. De oralidad

Implica que sólo ingresen al procedimiento los actos formulados oralmente (salvo que, por su naturaleza, deba ocurrir otra cosa, como las pruebas documentales) y que todas las actuaciones se desarrollen ante el juzgador, quien las percibirá directamente, dado que serán desarrolladas en forma oral. 2.1.2.5. De publicidad

Se entiende, que en la generalidad de los casos será pública la audiencia en términos absolutos, podrá presenciarla quien lo desee, no se trata de una publicidad reservada a las partes, sus asistentes y otros participantes procesales. El artículo 194 de la Ley Agraria, dispone: "Las audiencias serán públicas , salvo cuando a juicio del tribunal pudiera perturbarse el orden a propiciar

violencia." 2.1.2.6. De inmediatez

El proceso tiende a un solo fin: que el juzgador resuelva el litigio una vez escuchadas las pretensiones de las partes, desahogadas las pruebas conducentes a la indagación de la verdad y analizados los alegatos en que los contendientes plantean sus respectivas posiciones conforme a derecho. 2.1.2.7. De concentración procesal Vinculado con la celeridad del procedimiento, de congregar, concentrar el mayor número de actos en una sola o en un muy reducido número de audiencias, inmediatas entre sí. El artículo 185 de la Ley Agraria, regula buena parte del procedimiento agrario en un solo articulo, dedicado, precisamente, a la audiencia de fondo. La “concentración normativa”, refleja el proyecto de la “concentración procesal”. 2.1.2.8. De celeridad Se vincula al de concentración, pero no se confunde con este, también colinda con los principios de economía procesal, que implica realizar los fines del juicio con el mínimo de actos. En aplicación de este principio, se previene: simplificación en las formas de debate, limitación de las pruebas, reducción de los recursos, economía pecuniario y tribunales especiales. El texto actual del artículo 27 Constitucional, habla de administración de justicia por tribunales “que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta”. 2.1.2.9. De defensa material

Esto acontece, con la suplencia de las deficiencias en la formulación de puntos jurídicos, que debiera atender con exclusividad y plenitud el asistente jurídico de la parte, defensor formal. Solo utiliza la amplia capacidad de indagación y corrección de deficiencias que la ley concede. 2.1.2.10. De eficacia procesal

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Converge en el principio de probidad: el uso impertinente, frívolo, de actos procesales, con mero propósito de dañar, es otra manifestación de la falta de probidad del litigante, y no menos de su asistente legal: a caso más, por la formación y el “juramento a la protesta” que a este se comprometen, más el deber profesional al que se haya sujeto. 2.2. La acción agraria El procedimiento judicial agrario de carácter contencioso se inicia con la presentación de la

demanda ante el tribunal. El Juzgador jamás actúa de oficio para atraer a su conocimiento el litigio, sino debe de aguardar a que alguno de los litigantes lo proponga bajo su jurisdicción. La acción es la facultad que tiene el individuo para promover el ejercicio de la jurisdicción, a fin de

que esta resuelva sobre la pretensión que aquél dice tener. 2.2.1. Sujetos agrarios

Los sujetos son las personas u órganos entre quienes se establece y desenvuelve la relación jurídica en que el proceso consiste. La relación ocurre entre sujetos, lo son: • • •

El actor. Demandado.

Organo jurisdiccional, colocado por encima de aquellos, a título de tercero imparcial, para decidir la controversia que el actor y el demandado plantean. 2.2.2. Personalidad y capacidad de los sujetos agrarios Personalidad.- Sólo se da cuando el litigante actúa en representación del directamente interesado.

Capacidad.- También llamada capacidad para comparecer en juicio, es la aptitud de realizar actos válidos en el proceso. 2.3. La jurisdicción agraria 2.3.1. Órganos que ejercen la jurisdicción agraria (Tribunales Agrarios) (Art. 1 y 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios). Son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la CPEUM., la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Los tribunales agrarios se componen de: • Tribunal Superior Agrario: • Tribunales Unitarios Agrarios. 2.3.2. Competencia agraria • TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO (Art. 9 de la LOTA).•

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. (Artículo 18 de la LOTA)

2.4. Proceso agrario

2.4.1. Demanda Es el primer acto del procedimiento, en ella, deben figurar todas las pretensiones que el interesado quiere llevar a un juicio determinado. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo. 2.4.2. Contestación Es el acto en que el demandado (contra quien se formuló, en cuanto al fondo, la petición del actor)

se defiende de esas pretensiones, expresa su versión sobre los hechos, invoca el derecho que a su interés conviene y postula, por lo tanto, una sentencia desestimatoria de las pretensiones del actor. 2.4.3. Emplazamientos y notificaciones EMPLAZAMIENTO.-

es fijar mediante notificación un plazo a cualquiera de los participantes en el

procedimiento para que dentro de el realice determinado que me incumben. Art. 171 de la Ley Agraria.- El emplazamiento se efectuara al demandado por medio del Secretario o Acturario del Tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser:

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•

El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en

•

el que labora; y Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que se ha de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento.

NOTIFICACIÓN.-

Son actos por medio de los cuales se pone en conocimiento de las partes o de

otras personas la realización de un acto procesal. En virtud de la publicación se hace cierto acto del conocimiento de la parte, que no puede ser directamente notificado, o de personas indeterminadas. 2.4.4. Contestación a la demanda y reconvención

Es un medio de defensa frente al demandado, no contiene excepciones sino medios propios de ataca, es decir, pretensiones novedosas que el demandado esgrime contra el actor.

RECONVENCIÓN.- o contra demanda, es un demanda propuesta por quien figura como demandado en la relación anterior, que así deviene actor en este nueva relación procesal. 2.4.5. Audiencia

Es una fase del proceso agrario: la que sigue a la demanda y el emplazamiento, y aparece convocada por el juzgador por el acto mismo de emplazar al demandado, y concluye con la emisión

de sentencia, si esta se produce sin solución de continuidad una vez escuchado los alegatos de las partes. Por otra parte es un actividad procesal de carácter de integración complejos, en el que muchos actos concurren y que se puede interrumpir y reanudar cuando sean necesarios y la ley lo autorice.

2.4.6. Pruebas Es el acto o instrumento de los que se desprende la información requerida; así, en testimonio, el dictamen, el documento.

Resultado de la prueba es el esclarecimiento que por éstas se obtienen sobre el tema sujeto a examen; se dice que determinada probanza acredita tal o cual cosa es decir, la prueba, la demuestra, la acredita, cuando por ellas se alcanza la verdad requerida. 2.4.7. Sentencia y su ejecución La resolución que pone fin a la instancia y resuelve la controversia, es una sentencia definitiva.

ART. 489.- de la Ley Agraria.- Las sentencias de los tribunales agrarios, se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.

EJECUCIÓN.- Implica un procedimiento en seguida del tramo procesal cognitivo, en el que se produjo la sentencia. Este procedimiento tiene también naturaleza jurisdiccional, en el se sigue expresando la jurisdicción del tribunal.

La ejecución puede implicar un procedimiento complicado, en el que se desarrollen diversas actuaciones, inclusive con acción sobre las cosas, como sucede cuando se dota de tierra a un núcleo de población solicitante o se resuelve una controversia por límites entre sujetos del derecho

agrario. 2.4.8. Medios de impugnación de la sentencia (Art. 198 de la ley agraria)

REVISIÓN.- Recurso que procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelven en primera instancia sobre: •

• •

Cuestiones relacionadas con los limites de tierras, suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población, con uno o varios pequeños propietarios o sociedades mercantiles. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; y La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.

AMPARO.- Constituye uno de los medios más arraigados y eficaces para la defensa del particular frente a la autoridad. [email protected]


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El control de los actos de autoridad por la justicia federal, instrumento de protección de los derechos

humanos, constituyen una de las resoluciones políticas fundamentales del pueblo mexicano, estampada en la constitución. 2.5. El amparo agrario 2.5.1. Definición de amparo agrario

Obedece a la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina. 2.5.2. Prerrogativas del juicio de amparo agrario 2.5.2.1. Representación legal

Artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, determina que tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: • Los miembros del Comisariado o consejo de vigilancia, o bien, •

Cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo, cuando aquél no lo hace oportunamente.

2.5.2.2. Términos

Es el momento en que se debe realizar determinado acto, por disponerlo así la ley o, con base en esta, el juzgador. Cuando se dice que una parte en el proceso debe llevar a cabo determinada actuación tal día y a tal hora, se le está fijando un término: no actuará la parte, eficazmente, ni antes ni después, sino en el término que para ello se le ha señalado. 2.5.2.3. Notificaciones

Son actos por medio de los cuales se pone en conocimiento de las partes o de otras personas la realización de un acto procesal. 2.5.2.4. Suplencia en la deficiencia de la queja, de exposiciones, comparecencias y alegatos

Se debe de entender absoluta, sin restricciones, en tratándose de los requisitos que integran la demanda de garantías cuando existen elementos que aún siendo deficientes, pueden ayudar al juzgador a determinar la existencia del acto reclamado y a las autoridades emisoras del mismo, aún

cuando el quejoso no haya señalado con precisión y exactitud a todas aquéllas autoridades que intervinieron en la emisión del acto reclamado y que realizaron su ejecución, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Amparo, se establece la obligación para el Juez de distrito de suplir la deficiencia de la queja en materia agraria. 2.5.2.5. Desistimiento

El desistimiento de la instancia supone paralización de la actividad procesa, que pudiera desenvolverse una vez más mediante nueva acción dentro de los límites de la prescripción extintiva. En tanto que el desistimiento de la pretensión, implica conclusión del proceso. 2.5.2.6. Inactividad procesal y caducidad

Inactividad.- durante cierto tiempo, trae consigo el sobreseimiento, se trata en todo caso de la perdida de un derecho procesal. Caducidad.- tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda. Ante el silencio de la ley, y tomando en cuenta las finalidades que atiene la caducidad en materia agraria, cabe suponer que lo que caduca es la acción, y con ello se quiere decir que nunca más podrá replantearse en juicio la pretensión que hizo valer el actor, cuando este se mantuvo inactivo durante los 4 meses de que habla el artículo 190 de la Ley Agraria.

2.5.2.7. Suspensión de plano Sólo podrá concederse por petición de la parte interesada. Concederla es un acto discrecional del tribunal, que debe estar motivado o fundado, para otorgar o negar la medida, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones (correspondientes al juicio de garantías):que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación, los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto de autoridad.

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La suspensión se puede pedir y acordar en cualquier etapa del procedimiento, en primera o en

segunda instancias, y por lo tanto ante el Tribunal superior agrario o ante los tribunales unitarios Agrarios. Esa medida tiene eficacia desde que se conceda y hasta que concluya el juicio agrario.

Sus efectos son mantener las cosas en el estado que guardaban cuando se otorgó 2.6. Los Tribunales Agrarios 2.6.1. Fundamento constitucional y legal de los Tribunales Agrarios Artículo 27, fracción XIX Constitucional. Artículo 1° de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 2.6.2. Jurisdicción y competencia de los Tribunales Agrarios Tribunal Superior Agrario:- Artículo 9° de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 9o.- El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: • I.- Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; • II.- Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal; • III.- Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones

emitidas por autoridades agrarias; • •

IV.- De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios; V.- Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro

magistrados. Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las

razones en que se apoye la interrupción. Asimismo, el Tribunal Superior resolverá qué tesis debe observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia,

sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.

La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario; •

VI.- De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios;

•

VII.- Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no

respondan dentro de los plazos establecidos; y • VIII.- De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran. Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior. Tribunales Unitarios Agrarios:- Artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: • I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; • II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; • III.- Del reconocimiento del régimen comunal; •

IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que

•

alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

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•

VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de

población; •

VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

•

VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de

actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; •

IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a

ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; • • • •

X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y

XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII.- De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII.- De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la

Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV.- De los demás asuntos que determinen las leyes. 2.6.3. Integración y estructura orgánica de los Tribunales Agrarios Tribunal Superior Agrario:- Artículo 3° de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el artículo 2° del Reglamento Interior de los Tribuales Agrarios. •

El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario.

Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares. Uno para el Tribunal Superior y el número que disponga el Reglamento para los tribunales unitarios. Tribunales Unitarios Agrarios:- Artículo 5° del Reglamento Interior de los Tribuales Agrarios.

Cada Tribunal Unitario estará a cargo de un Magistrado numerario y contará con las siguientes unidades administrativas y servidores públicos: •

Secretario de Acuerdos y en caso de que el Tribunal Unitario tenga varias sedes, se podrá designar un Secretario de Acuerdos para cada una de ellas.

• • • • •

Secretarios de Estudio y cuenta que acuerde el Tribunal Superior. Actuarios y Peritos.

Unidad Jurídica.

Unidad de control de procesos, y Personal Técnico y administrativo que disponga el Tribunal Superior 2.6.4. Límites de la jurisdicción agraria (Artículo 5° de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el acuerdo que establece distritos para la impartición de la justicia agraria y fija el numero y la competencia territorial de los tribunales unitarios). Artículo 5o.- Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en distritos, cuyos

límites territoriales determinará el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo. Para cada uno de los referidos distritos habrá el número de tribunales unitarios que determine el propio Tribunal Superior. 2.6.5. Responsabilidad de los funcionarios agrarios (Artículo 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios)

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Artículo 30.- Los magistrados de los tribunales agrarios y demás servidores públicos de éstos, son

responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las

sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento que expida el Tribunal Superior.

Las sanciones por las faltas en que incurran los magistrados de los tribunales agrarios y los servidores públicos del Tribunal Superior serán aplicadas por el propio Tribunal Superior. Las sanciones por las faltas en que incurran los servidores públicos de los tribunales unitarios serán aplicadas por los magistrados de los propios tribunales. 2.7. Desarrollo rural integral 2.7.1. Marco jurídico del desarrollo rural en México • Constitución • •

Ley Agraria.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y

Ley de Fomento Agropecuario para el Desarrollo Rural 2.7.1.1. Principales leyes reglamentarias vinculadas al desarrollo rural alimentación. Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. 2.7.1.2. El desarrollo rural y los factores de la economía productiva •

2.7.2. La agricultura y globalización La agricultura es una actividad productora de múltiples bienes y servicios, prioritaria y fundamental para el desarrollo nacional.

La agricultura nacional es un mosaico heterogéneo de culturas, condiciones socioeconómicas y factores agroecológicos, que hacen necesario establecer criterios de equidad regional que atiendan a la gran diversidad y hagan efectiva la aplicación de proyectos de relevancia regional.

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III. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- Concepto y definición

Conjunto de normas técnicas, reguladas por normas jurídicas con fundamento en la seguridad social, tendientes a liberar al hombre de la presión y miseria, mediante el otorgamiento de

prestaciones cuando ocurran contingencias sociales que afecten el nivel de vida de las personas protegidas como asegurados, ascendientes y descendientes. 2.- Principios • Derecho al empleo • •

Derecho a la plena sanidad Derecho a la cobertura equitativa de las cargas familiares

3.- Fines • • •

Redistribución del ingreso La practica de la política del pleno empleo La socialización de la medicina y la implantación de un adecuado régimen de asignaciones familiares.

4.- Régimen de la seguridad social RÉGIMEN OBLIGATORIO: (Art. 6 Ley del Seguro Social)

Sujetos de aseguramiento: • Las personas que se encuentren vinculadas a otras, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le de origen, y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, y aun cuando éste, en virtud de • •

alguna ley especial, esté exento al pago de impuestos o derechos. Miembros de sociedades cooperativas de producción, y

Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los

términos y condiciones que señala esta Ley. RÉGIMEN VOLUNTARIO: Sujetos de aseguramiento: •

Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;

• • • •

Los trabajadores domésticos; Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y

Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes como sujetos de seguridad social.

5.- Riesgos del trabajo

5.1. Concepto Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 5.2. Tipos de riesgo • Accidente de trabajo. • Enfermedad de trabajo. 5.3. Enfermedades y accidentes Enfermedades: Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus

servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la LFT.

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Accidente: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considerará accidente de trabajo el que se

produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél. 5.4. Consecuencias jurídicas (Art. 44 LSS) Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, deberá interponer el recurso de inconformidad. 6.- Modalidades de las pensiones

6.1. Cesantía Existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta años de edad, obliga al Instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes: • I. Pensión; • • •

II. Asistencia médica; III. Asignaciones familiares, y IV. Ayuda asistencial.

6.2. Vejez El ramo de la vejez da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones: • • • •

I. Pensión;

II. Asistencia médica; III. Asignaciones familiares, y IV. Ayuda asistencial. 6.3. Invalidez

(Art. 120 LSS) El estado de invalidez da derecho al asegurado, en los términos de esta Ley y sus reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones siguientes: • I. Pensión temporal; • II. Pensión definitiva. 6.4. Fondo para el Retiro Es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, a que se integrará en los términos señalados por la ley, el trabajador tendrá derecho de elegir a la Administradora de Fondos para el Retiro que operará su cuenta individual. 7. Sistemas de financiamiento.

7.1. Cuotas. 7.2. Cotizaciones. 7.3. Aportaciones. 8.- Organismos de seguridad social 8.1. Instituto Mexicano del Seguro Social 8.1.1. Estructura y funciones Estructura- (Art. 257) Los órganos superiores del Instituto son: • • • •

I. La Asamblea general;

II. El Consejo Técnico; III. La Comisión de Vigilancia, y IV. La Dirección General. Funciones.- (Art. 251) El IMSS tiene las facultades y atribuciones siguientes:

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•

• • • •

Administrar los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adiciones, que integran al Seguro Social y prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta Ley; Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta ley: Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta ley; Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son propios,

Etcétera.

8.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 8.2.1. Estructura y funciones Estructura (Art. 151).• La Junta Directiva: • El Director General; • La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; y • La Comisión de Vigilancia. Funciones (Art. 150) .• Cumplir con los programas aprobados para otorgar las prestaciones y servicios a su cargo; • Otorgar jubilaciones y pensiones; • • • • • • •

Determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como los demás recursos del Instituto; Invertir los fondos y reservas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas; Difundir conocimientos y prácticas de previsión social;

Expedir los reglamentos para la debida prestación de sus servicios y de organización interna; Las demás funciones que le confieran esta ley y sus reglamentos.

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DERECHO INTERNACIONAL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Una definición; "Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar la norma aplicable

en casos de vigencia simultánea de más de un Estado que pretendan regir una situación concreta." Arellano García. Otra definición; "Conjunto de reglas que sirven para decidir los conflictos entre legislaciones de

diversos Estados". Zavala. Un concepto integral sería: La relación jurídica en el derecho internacional privado, es un nexo en el que un sujeto determina obligatoriamente para otros la norma jurídica que les ha de regir cuando se

suscita un problema de vigencia espacial simultánea de normas jurídicas de más de un Estado.

Las Finalidades de este derecho son: •

a) Procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos Estados que concurren en una sola relación de derecho.

•

b) Obtener la seguridad de los derechos en el orden internacional, pues está es la forma de

garantizar los derechos fundamentales del hombre, en su persona, en sus bienes y en los actos jurídicos que realiza; porque de no ser por las normas jurídicas del derecho internacional privado el individuo no sabría a que atenerse cuando hubiese elementos de conexión con preceptos jurídicos en más de un Estado. •

c) Lograr la justicia basándose en aplicación de derecho extranjero cuando sea necesario para dar al sujeto interesado en la vigencia extraterritorial de la norma extranjera lo que le corresponde.

d) Permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. 1.- Personas físicas y morales y el derecho internacional privado •

La regulación internacional de la persona y su familia se ha incrementado en la medida que se producen más desplazamientos entre países por trabajo o refugio político. En Europa, con los

cambios políticos habidos en los antiguos países del Este, el desplazamiento de personas se ha incrementado. En América, varios millones de mexicanos y de otros latinoamericanos emigran hacia Estados Unidos de América en busca de trabajo y mejores niveles de vida. Estos movimientos migratorios provocan la necesidad de conocer las normas de DlPr para solucionar los

problemas que se presentan. Otro tema tradicional del DlPr es la regulación de los bienes, sin embargo, este tema ha tenido innovaciones importantes por lo que se refiere a los bienes muebles y entre estos, los valores corporativos, bursátiles y financieros. Las relaciones jurídicas vinculadas al comercio internacional se han incrementado en la medida que

ha crecido ese comercio. Hoy en día es claro que el impulso al comercio internacional se ha acelerado gracias a los sorprendentes avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones

que han servido de soporte al desarrollo de sistemas de cómputo a nivel internacional. Éstos constituyen la base para el desenvolvimiento de cualquier proceso a escala mundial.

La expansión del comercio y el acercamiento de las economías se ha querido expresar a través de conceptos tales como: "globalización", "internacionalización" e "interdependencia". Conforme a los

dos primeros se intenta connotar que se viven procesos industriales y comerciales a escala mundial. La "interdependencia" es su resultado; mediante este concepto se trata de significar que la

conexión de las economías nacionales es tal que lo que sucede en una, en mayor o menor medida, repercute en. las demás La vinculación de las economías ha llevado a los gobiernos a modificar o a crear normas jurídicas que reduzcan o desaparezcan las diferencias locales en el tratamiento del comercio a fin de lograr una economía mundial más eficiente y más provechosa para. Todos. Este proceso de uniformidad normativa es un medio para la solución de problemas que presenta el tráfico jurídico internacional y, por tanto, susceptible de ser estudiado por el DlPr.

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Otro proceso importante a escala regional es la creación de zonas de libre comercio, a través de ellas se establecen los instrumentos que promueven el comercio entre países o bien, se dota al

comercio e integración industrial avanzados de un marco normativo que los facilite y promueva. Asimismo, mediante este tipo de acuerdos se alcanza una coordinación económica regional que impulsa el desarrollo económico. Lo que nos interesa es que gran parte de los instrumentos que constituyen un acuerdo de libre comercio son objeto de estudio del DIPr. 1.1. Nacionalidad Es el lazo político y jurídico que une a un individuo con un Estado. Existe • La Nacionalidad por nacimiento. • La Nacionalidad por naturalización. (en México art. 30 constitucional apartado A y B).

Concepto de Nación. No basta la Nación para constituir la nacionalidad, ya que el Estado no puede corresponder a la Nación y el término Nacionalidad se refiere esencialmente al lazo jurídico que liga con el Estado,

aún cuando el Estado no corresponda a la Nación. Así tenemos el Caso de Polonia: Desapareció como Estado pero no como Nación (durante la I guerra mundial desaparece el estado polaco mas no el pueblo polaco). Así, la Nación es la sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de cultura, de costumbres o de idioma, incluía a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común.

Estado. Cuerpo político de una Nación, El Estado se caracteriza por la autoridad política soberana, por la existencia de un órgano competente de poder para dictar libremente el derecho, cada Estado determina dentro de su autoridad soberana, quienes son sus nacionales. En Estados Federales, cada Estado miembro del Estado Federal conserva su propia legislación con

una autonomía solamente limitada por las leyes Federales. Las particularidades que sobre nacionalidad produzcan las constituciones locales en los Estados Federales se unen o se someten a la constitución Federal y las leyes relativas. 1.2. Extranjería

"Es el que no es nacional del país en que se encuentra. La semántica de la palabra indica que es "El extraño al país". Es el alienado. Su condición jurídica se determina por los derechos y obligaciones que tienen en el país de acuerdo con las leyes locales. Se reconocen derechos a extranjeros por la reciprocidad diplomática basada

en tratados con otros países. La reciprocidad legislativa es cuando un Estado concede a los extranjeros los derechos que tienen sus nacionales cuando se encuentren en el país de tales

extranjeros. Verdross considera: Que hay un derecho de extranjería constituido por normas de derecho internacional, que obliga a los Estados entre sí en el trato a sus nacionales, con los siguientes puntos: • • • • •

Todo extranjero debe ser reconocido como sujeto de derecho. Deben respetarse en principio los derechos privados que adquieran. Deben concederse derechos esenciales relativos a la libertad. Deben estar abiertos los procesos judiciales. Deberán tener protección contra delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad y honor.

2.- Sistema conflictual de transacciones jurídicas internacionales El Sistema conflictual tradicional es el que intenta resolver un problema derivado del tráfico jurídico

internacional de manera indirecta, con la aplicación de una norma jurídica que le dé respuesta directa. De manera general, las normas de un sistema rigen directamente a ciertas conductas, pero existe un tipo de ellas cuya función es distinta; regir de manera. indirecta a dichas conductas, por ejemplo,

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las normas procesales nos indican qué o quienes son jueces o aplicadores del derecho, cuál es el proceso por seguir para precisar jurídicamente una situación, cuál es la sentencia, etc. De manera parecida, a fin de posibilitar la aplicación del derecho, otras normas nos señalan, en casos concretos, cual es la norma aplicable para resolver directamente un problema derivado del tráfico jurídico internacional o bien cual es el juez o tribunal competente para conocer de dicho problema ; Generalmente, existe en el sistema una norma jurídica aplicable para la solución de un caso concreto, o bien, para determinar la competencia de un juez o tribunal. También sucede que en algunas ocasiones, para resolver ciertos problemas, hay que recurrir a la

aplicación de una norma que no pertenece al sistema. o que, si pertenece a éste, pero debe de ser previamente identificada por existir duda acerca de cuál norma aplicar. 2.1. Doctrinas modernas Trabajos Doctrinales En Los Siglos XIX y XX Para Establecer Bases Científicas En La Solución De Los Conflictos Internacionales De Leyes.

Hay tres escuelas fundamentales: 1. - La De La Territorialidad. Doctrina angloamericana con base a la aplicación excepcional de la norma jurídica extranjera. 2. - La De La Extraterritorialidad.

Estudia la personalidad del Derecho, según Mancini, con la característica de la aplicación extraterritorial de la norma, salvo aquellos casos en que no es posible su aplicación extraterritorial. 3. - Escuela Intermedia Busca el equilibrio entre ambas escuelas, aplicándose según corresponda la norma jurídica propia o la extranjera, de acuerdo con las legislaciones de cada país en conflicto. Teorías científicas Savi y Federico Carlos; Alemán; Internacionalista

Al aumentar y activarse las relaciones entre las naciones, debemos convencernos que es preciso renunciar a este principio de exclusión para adoptar el contrario. Por ello se tiende a la reciprocidad

en la apreciación de las relaciones de Derecho, estableciendo igualdad ante la justicia para nacionales y extranjeros. Echer. Carlos Von Alerndn Internista 1. Ante un Conflicto Leyes debe resolverse de acuerdo con las normas conflictuales de la legislación del propio Estado.

2. Si hay laguna legal por falta de norma conflictual, debe buscarse la solución en el sentido y espíritu de las leyes vigentes en su Estado, que tengan por objeto la relación jurídica controvertida

ante sí. Ej.- Si no procede legalmente reclamar deudas de juego debe rechazarse la demanda aunque se haya contraído en país donde las reglas de juego sean reclamables. 3. Si ni el sentido ni el espíritu de en el problema, deben aplicarse el Juez. Gueros. Eduardo Mexicano Escuela Italiana

Seguidor y complementados de la Doctrina Italiana de Incorporación. Considera que el Derecho Interno de un Estado en sus reglas conflictuales puede establecer la aplicabilidad de una norma material extranjera y aplicar. Anzilotti. Dionisio Italiano, Ecléctico

Cada legislador pretende la solución de los problemas conflictuales desde el punto de vista de su orden interno, al igual que cada jurista propone soluciones desde el punto de vista de su propia razón. Opina Anzilotti que las normas de conflicto son una parte del orden jurídico internacional incompleto o imperfecto y no tienen en el territorio de los demás estados autoridad mayor que la que

corresponde a las leyes internas de cada estado. Story. Joseph; Estadounidense; Escuela Anglo-Americana Autor de la denominación "Derecho Internacional Privado" considera que las leyes de un Estado no pueden tener fuerza interna fuera de los limites territoriales y de la jurisdicción del país que las emite

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y solo pueden imponerse jurídicamente a sus propios súbditos y a los extranjeros que residan

dentro de sus fronteras. Niboyet. Jean Paulin; Francés; Moderno Estudioso de Pillet, refuerza su doctrina y crea la propia.

Escribe un famoso tratado que hasta la fecha se usa como texto. Tiene tres principios generales para solucionar los conflictos de leyes: • I. La aplicación de leyes extranjeras competentes es obligatoria, ya que es determinante de •

la soberanía. II. No pueden clasificarse las leyes en dos grupos según su objeto, sino que habra que

admitir tantos grupos como la necesidad exija. III. Los limites de aplicación de las leyes están determinado e por el objeto social de ellas, tal como resulte de su naturaleza jurídica. Arellano García, Carlos. Mexicano. Moderno En un importante estudio de las teorías sobre la materia, que analiza con gran sentido jurídico y emite lo que podemos llamar él más moderno análisis, con un sentido ecléctico aplicado al derecho positivo mexicano. 2.2. Conflicto de leyes en el sistema constitucional mexicano en el ámbito federal El principio de jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano es el establecido por el art. 133 •

Constitucional que determina: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes

del Congreso de la Unión y los tratados que están de acuerdo con la Constitución, celebrados por el

presidente de la República con aprobación del Senado, según lo dispone dicho precepto- "ley suprema de toda la Unión". Asimismo, se establece que los jueces de cada estado de la República resolverán las contradicciones que pudiesen haber en las constituciones y leyes locales. En otras

palabras, tenemos una jerarquía normativa en la que la Constitución está en la cúspide y en un segundo plano las leyes emanadas del Congreso de la Unión. De ahí que el sistema básico de conflictos de leyes a nivel interno sea el establecido por el artículo 121 de la Constitución al que nos referiremos a continuación: En su primer párrafo establece: Art. 121 En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos Públicos, registros

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, Por medio de las leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de

ellos, sujetándose a las siguientes bases. Las cinco bases que establece el artículo que comentamos se inician con el principio general siguiente: •

•

I Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Se trata de un principio territorialista."Donde termina la

potestad de un Estado, finaliza su jurisdicción y el conocimiento que pueda tener de un asunto." II Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Como recordaremos se trata también del viejo principio que de la lex rei sitae. "La ley se aplica en función a la ubicación de los bienes."

•

III (primer párrafo) Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria

•

en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes. Con base al principio lex rei sitae este dispositivo abre la posibilidad de que las sentencias sobre derechos reales puedan ser reconocidas y ejecutadas fuera de su propio territorio relacionadas con bienes inmuebles ubicados en otro estado. III (segundo párrafo) Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o razón de domicilio, a la justicia que la pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para

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ocurrir a juicio. Los derechos personales están regidos por principios diferentes: la voluntad individuo por la cual se somete a la jurisdicción de un determinado tribunal y por la otra, en

razón al domicilio, al cual la Constitución le da importancia, de contacto o conexión para definir la competencia de los tribunales. Se agrega además la garantía constitucional de ser oído previamente, establecida por el art. 14 Constitucional

IV. Los actos del Estado Civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Los actos del estado civil requieren de una permanencia a través de las fronteras. Así, los estados por ser consustánciales a la persona: los esposos en el estado de Jalisco deben también serlo en Veracruz o Campeche. • V. Los títulos profesionales expedidos por autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. Está disposición parte del principio locus regit actum que se combina con la federalización de los •

estudios superiores.

La jurisprudencia se puede resumir a dos tesis en las que se trató acerca de la ejecución de sentencias en un caso en materia de bienes inmuebles y en el otro en materia de derechos personales. En el primer caso se reconoce que las " leyes generales" a que se refiere el primer párr. del art. 121, son asimilables a las leyes federales aplicables en todo el país como es el caso del código de Comercio y del código Federal de Procedimientos Civiles. En el segundo caso, la Suprema Corte afirma que los tribunales de los estados deben partir de la presunción de que las sentencias pronunciadas en otros estados y que se pretendan hacer valer en los primeros; son sentencias válidamente emitidas hasta que no se demuestre lo contrario. 2.3. Tentativas de solución en el ámbito internacional Se establecen las cinco reglas de conflicto básicas en el sistema: •

I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la Republica, o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas.

Conforme a una tradición que, de manera inmediata, proviene de la doctrina y del derecho estadounidense del siglo XIX; específicamente, de las ideas de Joseph Story que recoge en está disposición el concepto de los derechos adquiridos. El juez sólo constatará que determinada "situación jurídica" (un acto jurídico), ha sido creada "válidamente" tanto en la forma como en el fondo conforme a un sistema jurídico diverso del suyo, para luego reconocerla conforme a su propio

derecho. Es importante destacar de lo dicho en el párrafo anterior dos cuestiones: para que él. juez del foro pueda constatar que el acto jurídico ha sido creado válidamente conforme al derecho extranjero, y por tanto, darle reconocimiento deberá hacerlo a través de la consulta a su regla de conflicto la que

le indicará, a su vez, cuál es el derecho que debe consultar. La segunda cuestión se refiere al término establecido en la ley: "validamente"

Veamos un ejemplo de está disposición. Una persona adopta a otra conforme a la ley de Guatemala (código Civil). El adoptado quiere hacer valer sus derechos de hijo adoptivo ante un juez

mexicano, éste tendrá que buscar a través de su norma de conflicto cuál es el derecho que tiene que consultar y la norma de conflicto indicará que consulte a la ley guatemalteca por lo que toca a la

realización del acto, tanto en forma como en fondo, es decir, saber si conforme al derecho guatemalteco el juez aplicó correctamente su derecho para determinar la ley personal aplicable a adoptante y adoptado. Hecha está operación el juez del Distrito Federal, estará en condiciones de declarar que la adopción fue hecha "válidamente" conforme al derecho guatemalteco y por tanto, debe ser reconocida en México. •

II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Está disposición establece como punto de conexión el lugar del domicilio de las

personas físicas, para de ahí determinar el derecho aplicable que rige estado civil y capacidad de aquellas. Dicho en otras palabras, el derecho aplicable para regir estado civil de una persona (nacimiento, filiación, matrimonio, divorcio, etc.) y su capacidad (mayoría de

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edad, incapacidades generales o especiales, etc.) será el del lugar de su domicilio, sin importar que la persona se encuentre en un lugar distinto. Veamos un ejemplo de lo dicho

en el párrafo anterior. Si una persona domiciliada en Honduras desea otorgar su testamento ante un notario público en la Ciudad de México, éste deberá consultar la ley hondureña para saber si es capaz jurídicamente para realizar dicho acto. La ley

hondureña será, en este caso, la ley personal, la que determina si la persona tiene capacidad jurídica III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. Veamos ejemplo para ilustrar lo que hemos dicho anteriormente. Si arriendo un inmueble ubicado en el estado de Morelos o en Canadá y en el contrato correspondiente declaro como competentes a •

los tribunales de la Ciudad de México, un auto de ejecución, lanzamiento o desocupación del inmueble que se obtenga de estos tribunales quedará sujeto a que el juez del estado de Morelos o de Canadá lo reconozcan y le den ejecución y esto va a depender de dos cosas: una, que la ley aplicable a dicho contrato sea la del lugar de ubicación del inmueble y que el juez del lugar de ubicación de inmueble le reconozca competencia al juez de la ciudad de México en virtud de que la

competencia natural, en razón de la ubicación del bien inmueble, es la suya. De está manera será difícil que este juez reconozca competencia en materia de bienes inmuebles a un juez fuera de su territorio. Dicho en otras palabras, se tratará de un caso de competencia territorial que excluye, en principio, la competencia de otros jueces. • V. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin

embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal. Tal disposición contiene nuevamente el reconocimiento de otro principio ancestral: cus regit actum, limitado por la voluntad o voluntades de quien o quienes deben suscribir el acto bajo dos supuestos:

si el acto es materia común y va a ejecutarse en el Distrito Federal o si es materia federal y va a ejecutarse en cualquier parte de la República. Un ejemplo nos ayudará a precisar está idea. El acto jurídico, el contrato, se celebra en Nicaragua;

la forma -si no lo disponen de otra manera las partes- será regida por el derecho nicaragüense. Pero de igual manera, en base a la autonomía de su voluntad las partes pueden someter la forma de su contrato al derecho del Distrito Federal 2.4. Aplicación del derecho extranjero En este sentido, el art. 14 dispone a su vez, cinco criterios: I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. En tal disposición hay tres aspectos básicos por precisar: •

Se ordena al juez del Distrito Federal o en su caso al juez federal, que después de haber consultado su regla de conflicto, proceda a calificar, o sea, para interpretar los conceptos establecidos por la norma de conflicto mexicana (forma de los actos, lugar de conclusión del

contrato, etc.) recurra no al derecho interno mexicano, sino a las categorías establecidas por el derecho interno extranjero susceptible de aplicarse, la cual configura una verdadera •

calificación lege causae; Se trata. de la aplicación de oficio del derecho extranjero por el juez mexicano, con cuyo fin

se otorgan amplias facultades al juez aplicador para allegarse por si, por conducto de las partes o por los medios que considere más idóneos (consulta a un instituto o perito en derecho comparado, vía Secretaria de Relaciones Exteriores, etc.) tanto el texto del derecho extranjero como la prueba de su vigencia y, lo que es de gran importancia: el "sentido y alcance legal de ese derecho extranjero", para aplicarlo correctamente y así cumplir con la obligación que tiene de aplicarlo como "lo haría el juez extranjero"; y

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•

Con lo dicho anteriormente cabe concluir que esta disposición establece la completa asimilación del derecho extranjero al mexicano y da. al juez del foro amplias posibilidades

interpretativas. II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias

del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Como se aprecia, esta disposición establece claramente dos reglas: • Se ordena al juez mexicano aplicar el derecho sustantivo extranjero, sin tener en cuenta las reglas de conflicto de este derecho, tratando de evitar en lo posible la figura del reenvío; y •

Sólo cuando medien "especiales circunstancias del caso", a criterio del juez mexicano, se aplicarán, además del derecho sustantivo extranjero, las reglas de conflicto de éste pero de

forma limitada a dos situaciones: cuando las reglas de este derecho extranjero remitan al derecho mexicano, y cuando la remisión se haga al derecho de un tercer estado, con lo cual se restringen otras posibles remisiones, que pudieran existir. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos.

De acuerdo con dicha disposición, el juez mexicano no podrá, bajo el pretexto de que el derecho mexicano no conoce una determinada institución jurídica establecida. en el derecho extranjero, dejar

de aplicar éste. Precisamente el sentido mencionado en comento, es que el juez mexicano no adopte una actitud cerrada, y por ahí busque cómo evadir la aplicación del derecho extranjero. Se trata de que el juez mexicano tenga una actitud abierta ante los problemas que le presenta el tráfico jurídico internacional, por ejemplo, si el juez tiene ante si un matrimonio religioso que no conoce la

legislación mexicana, lo asimilará a un matrimonio laico que su derecho conoce, o si una. Acción derivada de un titulo de crédito previsto por el derecho extranjero aplicable no tiene prescripción alguna, el juez mexicano podrá aplicar la prescripción establecida en el derecho mexicano para el título de crédito análogo, etc. En conclusión, se trata de mantener una actitud abierta y receptiva.

IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a está última. Como se expresa en tal disposición las cuestiones previas o incidentales pueden tener una conexión autónoma o independiente del derecho que rige la cuestión principal. •

Se dio el ejemplo de un juez colombiano que había aplicado el derecho mexicano a la sucesión (cuestión principal) de una persona fallecida. en México, cuyos bienes se encontraban en Colombia. Ahí, se mencionó como la cuestión preliminar aparecía cuando la legitimidad de uno de los futuros herederos se había puesto en entredicho y cómo el juez

colombiano debía resolver la legitimidad de la adopción de ese futuro heredero (cuestión previa) antes de proseguir con la sucesión. Precisamente en ese punto, ante el mismo juez,

existe una disyuntiva: para resolver la legitimidad de la adopción, ¿debe aplicar el derecho mexicano incluidas sus reglas de conflicto en tanto derecho aplicable a la cuestión principal? o, con base en una conexión autónoma e independiente, ¿resolver de otro modo, como sería mediante la aplicación del derecho relacionado con la adopción?

En esta disposición se abre la posibilidad de que la cuestión previa sea resuelta de manera independiente que ésa es la tendencia moderna a fin de no deformar el análisis que pueda hacerse de la cuestión previa a resolverse. • Ante un juez del Distrito Federal se presenta una demanda por incumplimiento de contrato

celebrado en El Salvador, en el cual las partes designaron el derecho de este país como aplicable (cuestión principal), sin embargo, en el juicio resulta que una. de las partes domiciliada en Costa Rica no tenia capacidad para celebrar ese contrato (cuestión previa o

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preliminar). Así, habrá de resolver la cuestión de capacidad, para luego solucionar lo relativo al incumplimiento. En este punto, el juez del Distrito Federal tiene dos opciones: Una, aplicar el derecho salvadoreño, designado por las partes al contrato para resolver la cuestión previa, o sea, la capacidad; o aplicar el derecho costarricense como derecho personal de Una de las

partes en virtud de su domicilio para resolver la cuestión previa (capacidad). En ambos casos, el juez resolverá, la cuestión previa, pero en el primero aplicará el derecho atingente a la cuestión principal (contrato), mientras que en el segundo, mediante una conexión autónoma, aplicará el derecho personal a la capacidad. V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos,

éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno

de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Lo dispuesto en el presente art. se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. Aun en la fase de aplicación del derecho extranjero, el art. 15 del CCDF[4] indica al juez cuales son

los dos supuestos conforme a los que no debe aplicar el derecho extranjero, por tanto, resolver el caso planteado de acuerdo con su propio derecho: el ley y el orden público. El primer inciso de la citada disposición establece: •

I Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho

•

Mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión II Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios e instituciones fundamentales del orden público mexicano.

3.- Transacciones comerciales trasnacionales 3.1. Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales

(La Convención De Las Naciones Unidas Sobre Los Contratos De Compraventa Internacional De Mercaderia).

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante identificada como "la Convención" o "CISG") fue adoptada en Viena el 11

de abril de 1980. El último registro de la base de datos de las Naciones Unidas de principios de 1997 indica que ha sido adoptada por cuarenta y ocho países. Esto significa que dos terceras partes

de la población del globo han aceptado a la CISG como el conjunto de reglas unificadoras que regulan la parte más significativa de su comercio internacional. Tal grado de aceptación representa

una vigencia internacional significativa para una convención que incorpora normas de derecho uniforme en materia mercantil. Está presencia de la CISG no tiene casi parangón con otros tratados

elaborados por UNCITRAL[5], a excepción de la Convención de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros que ha sido adoptada por casi

noventa países. ¿Cuales son las razones que han producido este consenso internacional?. Fundamentalmente el hecho de que es el resultado de un largo proceso de redacción en el que participaron una gran variedad de países. La doctrina ha expuesto reiteradamente los motivos por los que la CISG ha desplazado a los dos textos producto de la Conferencia de La Haya de 1964: la Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Objetos Mobiliarios Corporales - conocida como "LUVI"- y la llamada Ley

Uniforme sobre la Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales - conocida como "LUF". Estos textos fueron elaborados fundamentalmente por países de Europa occidental, por lo tanto el resultado no fue consensado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de los países de menor nivel de industrialización. . La Convención ha sido aceptada por países de todas las tradiciones jurídicas, desde las

legislaciones codificadoras de corte civil romanista y el common law, pasando por aquellos con fuerte influencia del derecho islámico. Ha sido adoptada por países de economía planificada y [email protected]


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centralizada, como así también por los que propagan un acendrado capitalismo liberal sin intervención estatal; por países cuya economía depende fundamentalmente de la exportación de materias primas como por aquellos cuya fuente de recursos más importante es la exportación de bienes manufacturados con un alto componente tecnológico. La CISG es derecho vigente en países

de larga tradición democrática y también en países de tradición autocrática que transitan un frágil proceso de transición democrática. En primer lugar, adoptó una modalidad vinculante distinta a la

utilizada por los textos aprobados en las Conferencias de La Haya la ley de un Estado parte, será regulado por la CISG y no por el derecho doméstico de la compraventa.

Hay un elemento adicional que explica la amplia adhesión que ha despertado la CISG que consiste en un esfuerzo genuino por difundir la jurisprudencia elaborada sobre sus disposiciones a fin de lograr un consenso internacional genuino.

A pesar del promisorio panorama a nivel universal, en el ámbito regional latinoamericano todavía hay ausencias significativas en la CISG. Dentro del área del Mercosur, sólo Argentina y Chile (país

asociado al Mercosur) han ratificado la Convención. En el ámbito subregional del Pacto Andino, solamente el Ecuador ha adoptado la Convención. No es fácil precisar las razones por las cuales otros socios comerciales importantes en América Latina se resisten a ratificar la Convención de Viena y cabe presumir que es la fuerza de la inercia o el desconocimiento, más que razones puntuales de conveniencia, son las que retrasan la adopción de la CISG por parte de la mayoría de los países de está región. 3.2. Codificación procesal y mercantil internacional en México PROYECTO DE LEY UNIFORME SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL:

El Comité Jurídico Interamericano elaboró un proyecto de ley uniforme sobre la materia y lo adoptó

con su Exposición de Motivos en la reunión del 21 de diciembre de 1953. Este proyecto contaba con 19 artículos y de acuerdo con las normas constitutivas del organismo, fue enviado para su estudio. Someter a la decisión arbitral todas o algunas de las diferencias que pudieran surgir entre ellas con relación a un negocio de naturaleza mercantil. Su nulidad, y los Problemas que suscite su aplicación

serán juzgados por la ley del lugar de la celebración del contrato. En caso de que el acuerdo se otorgue por correspondencia y si las partes tienen domicilio en distintos países, prevalecerá la ley del país de la residencia de la parte que formuló la oferta (Art. 3). Las controversias sobre el modo de cumplimiento serán resueltas por la ley del país de ejecución.

Sólo podrán pactar una cláusula compromisoria las personas capaces de contratar, según su ley personal, que tengan la libre disposición del derecho respectivo. (Art. 2),

Autoriza a los extranjeros a ser árbitros, los cuales deben ser capaces Si el arbitraje se refiere a una cuestión de derecho, el árbitro o los árbitros deben ser abogados. (Art. 8). El Art. 9 establece las causales de inhabilidad para ser árbitros y el Art. 10 analiza las formas de reemplazo por la noaceptación, por la recusación, la incapacidad o el fallecimiento, El nombramiento de los árbitros podrá delegarse en personas físicas o jurídicas, lo que posibilita la

actuación de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. El tribunal arbitral no podrá funcionar sin la concurrencia de todos los árbitros (Art. 6 a 14), Hay preferencia por la constitución de un tribunal arbitral de 3 árbitros (Art.7). Si nada se precisó,

cada uno nombrará uno y los dos así designados nombrarán al Presidente. Si alguna parte se encontrase omisa en la designación de su árbitro al vencimiento del plazo acordado, el árbitro será designado por el juez del lugar de ejecución del contrato. Igual solución se impone para el caso de ausencia de acuerdo en la designación del árbitro presidente,

Sorprendentemente, consagra una solución inversa a la establecida comúnmente al disponer que los árbitros deben decidir la controversia como amigables componedores o ex aequo et bono --salvo acuerdo en contrario de las partes- por lo que entonces el laudo no estará necesariamente motivado (Art. 10), Señala el procedimiento a que debe someterse el juicio arbitral.

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Conviene realizar una reproducción integra al respecto, como forma de Apreciar la evolución que condujo posteriormente a la aprobación del Art. 3 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje

Comercial (C.i.D.I.P. 1, Panamá 1975): "a falta de acuerdo expreso entre las partes, el procedimiento para el Arbitraje comercial internacional será fijado por la ley local del arbitraje. Si

ésta no existe, el Procedimiento será establecido por los árbitros. Si los árbitros hubiesen sido designados por un comité de arbitraje interamericano, el procedimiento será establecido por el Reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. En los casos anteriores deberán

respetarse las disposiciones de Orden público del derecho local". 3.3. Arbitraje comercial El 22 de julio de 1993 fueron publicadas las nuevas reformas al Título Cuarto del Código de Comercio para incluir las disposiciones en materia de arbitraje comercial en 48 artículos que constituyen, salvo modificaciones menores, la Ley Modelo de UNCITRAL. a continuación veremos brevemente las principales disposiciones. El ámbito de aplicación del Tit. Cuarto esta definido en el art. 1415 que dispone, en su primer párr. ,

Que las disposiciones serán aplicables tanto al arbitraje nacional como al internacional "cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional" salvo lo establecido en los tratados o convenciones internacionales en las que México sea parte y salvo también, lo dispuesto en otras leyes que "establezcan un procedimiento distinto que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje".

Como puede apreciarse, el art. 1415 se refiere, en el ámbito de aplicación de esta reforma, al arbitraje nacional y al internacional bajo la condición de que el arbitraje se Lleve a cabo dentro de territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo al art. 1416 las partes, gozan de la absoluta libertad y autonomía para decidir que el arbitraje se lleve a cabo en el extranjero, o bien, que sean estas reglas las que se apliquen o, que el arbitraje se conduzca en México y excluir estas reglas, por ello

la condicionalidad en el sentido, de que sea aplicable a arbitrajes que se realicen en territorio nacional es una referencia necesaria en una ley expedida por el legislador mexicano. Incluso, en el

segundo párrafo de la misma disposición se dispone que arts. del Tit. Cuarto serian aplicables cuando arbitraje se lleve a cabo fuera de territorio nacional, lo cual concuerda con el criterio que anteriormente expresamos.

Como excepción se establece que se estará a lo que dispongan los tratados y Convenciones internacionales de los que México sea parte. En este sentido, cabe apuntar que México es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales

Extranjeras de la que, también son parte prácticamente, todos los países con los que México sostiene una corriente importante de comercio además de ser miembro también de la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. En ambas convenciones está previsto el ejercicio irrestricto de la autonomía, de la voluntad de las partes para someterse a cualquier tribunal

arbitral o arbitraje ad hoc, que más les convenga, así como designar las reglas de arbitrajes que consideren más adecuadas e incluso construir sus propias reglas.

Además del reconocimiento de esta amplia liberalidad en sí importante en la medida que pone en igualdad de condiciones a quienes en México se dedican al comercio internacional con respecto de otros operadores internacionales del comercio, se establece que las reglas del Cap. Cuarto también serán aplicables para el arbitraje comercial nacional, Io que abre una nueva avenida para la solución de controversias comerciales de manera eficaz y rápida, dados los problemas por los que atraviesa

el sistema judicial en México, Principalmente el de su lentitud en la decisión de casos debido a la saturación y a los pocos recursos de que dispone Para hacer frente a un número creciente de demandas. El art. 1416 se refiere a las diferentes definiciones conceptuales que utiliza la ley, tales como: acuerdo arbitral, arbitraje, arbitraje internacional y las costas, honorarios y gastos del tribunal arbitral. En cuanto al primero, se definen sus elementos básicos: acuerdo para resolver conflictos

actuales o futuros pudiendo constar en un contrato el art. 1423 prevé la necesidad de su forma [email protected]


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escrita pero no lo limita a ninguna forma especial. Al mismo tiempo, en esta definición se incluye la

libertad de que gozan las partes con respecto al arbitraje. Respecto del arbitraje, lo define la ley como "cualquier procedimiento" comercial de arbitraje institucional o no. La internacionalidad se

define a partir de uno de los siguientes criterios: que las partes tengan establecimientos en países diferentes en el momento de celebrar el acuerdo, que el lugar del arbitraje o "el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial" o "el lugar con el cual el objeto del litigio tenga la relación más estrecha, se encuentre en país diferente del que "las partes tienen su establecimiento - con lo cual se ratifica el criterio de la libertad que tienen las partes para escoger el arbitraje o sistema de solución para sus controversias - que más les convenga.

Para el arbitraje nacional como para el internacional, se incorpora uno de los principios fundamentales del arbitraje que es el no formalismo y en el caso especifico de las notificaciones, éstas pueden llevarse a cabo mediante "carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia

del intento de entrega" si personalmente no se logra hacer ésta, si es que esto lo han acordado las partes. A falta de reglas arbitrales institucionales escogidas por las partes como podrían ser, entre otros los

de la Cámara de Comercio Internacional, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, etc., o de reglas que las partes pudiesen haber diseñado de común acuerdo, son aplicables las reglas del Tit. Cuarto que comentamos en las que se prevé el procedimiento para la designación de árbitros o composición del tribunal arbitral, incluyendo su recusación, la competencia del tribunal arbitral, la substanciación de las actuaciones arbitrales, el pronunciamiento del laudo, la terminación de las actuaciones, las costas y la nulidad del laudo y el reconocimiento y ejecución de

laudos cuando éstos provengan del país o del extranjero, estableciéndose en este caso las mismas causas (seis) que son aceptadas internacionalmente. La gran limitación que tiene este Tit. Cuarto es el abrir la posibilidad, en varios momentos, a que las

partes puedan recurrir a un juez para que éste solucione ciertos desacuerdos, lo que implica que cualquiera de las partes pueda usar una de esas salidas para eternizar el procedimiento y por tanto desvirtuarlo, sobre todo si se toma en cuenta el excesivo procesalismo en la justicia judicial mexicana, que aunado a otros defectos, puede dar al traste con el objeto que se pretende con un procedimiento moderno y eficaz para resolver conflictos en las relaciones comerciales internacionales, como es el arbitraje comercial.

El Centro de Arbitraje de México (en adelante el CAM) es una institución privada cuya misión es administrar la prestación del servicio de arbitraje comercial en los términos de las Reglas (9). El CAM ejerce sus funciones a través de un Consejo General y del Secretario General, en los términos

de las Reglas y del Reglamento Interior del CAM contenido en el Apéndice I. El Consejo General estará integrado por el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas del CAM y

estará asistido por un Secretario General designado por el Consejo de Administración del propio CAM. El Secretario General presidirá la Secretaría del CAM. Tendrá el carácter de Presidente del Consejo General la persona designada por sus miembros, de entre ellos mismos.

La Cláusula modelo de arbitraje del CAM recomienda que las partes que quieran recurrir al arbitraje así lo acuerden mediante la inclusión de una cláusula compromisoria en sus contratos. Circunstancia a destacar es que en la Constitución no se habla de la codificación de las leyes de procedimiento. Estamos en el nacimiento de una política codificadora liberal de carácter unificador en la materia de Derecho Penal, Civil y Mercantil. 4.- Cooperación procesal Fundamento De La Cooperación

¿Tiene obligación un Estado para proporcionar cooperación a las autoridades de otro en el que se sigue un proceso? Queremos saber si un Estado está obligado a expedir normas que obliguen a sus autoridades a otorgar cooperación a órganos o autoridades de otro en que se sigue un proceso.

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También queremos saber Estado válidamente puede negarse a cooperar para la solución de un liti interpartes que ha sido llevado al conocimiento de tribunales de otro Estado; Por lo pronto, recordemos que en la época actual encontramos sistemas jurídicos que van desde la

franca negativa a obsequiar esa cooperación (ya que de plano la nieguen o la subordinen a la reciprocidad), hasta los que han resultado tan abiertos; que la cooperación es prácticamente tolerada. En este último caso, podernos incluir las actividades que el propio Estado extranjero realiza dentro del territorio del cooperador por medio de los commissioners, o las actividades de los

árbitros comerciales internacionales de otros lugares que reciben y desahogan pruebas y luego se

retiran. Otros casos de abierta cooperación, son los establecidos en la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas, que permiten la presencia de jueces y abogados extranjeros en calidad de espectadores durante las diligencias, cooperacionales.

A nivel general, en la Carta de las Naciones Unidas se establecen otros principios que disponen realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos

humanos y a las libertades fundamentales de todos. En busca de teorías que expliquen el porqué se ha de otorgar cooperación a un proceso en el extranjero, no es mucho lo que hemos encontrado. Pero no es distante pensar en ideas similares que a propósito sobre la ejecución de sentencias se han expuesto por la doctrina. En este sentido, podemos pensar que la cooperación se otorga con base en la comity, es decir, por razones de cortesía internacional y de propia convivencia del Estado; En la existencia de una obligación legal que se deriva de una resolución expedida por una autoridad aun cuando se encuentre en el extranjero; muy semejante a la idea anterior, pero con la diferencia de que provienen del derecho subjetivo los vested rights se basan en la obligación legal correlativa; en la incorporación de la resolución extranjera; y en un principio superior al de la soberanía del Estado, corno es el bien común de una entidad más alta, la comunidad internacional. En México, Carlos Arellano García al referirse a la comisión rotatoria apunta que el fundamento se

localiza en la cooperación internacional como una necesidad para que las justas determinaciones judiciales no se detengan en las fronteras. La cooperación internacional se funda en la costumbre internacional, en las normas jurídicas del país receptor, o en las normas jurídicas internacionales contenidas en los tratados internacionales.

4.1. Exhortos Concepto De Exhorto o Carta Rogatoria

Antes de explicar el aspecto medular de la carta o comisión rogatoria, conviene que previamente dejemos sentado el marco teórico y conceptual en la cual se encuentra apoyada. Comenzarnos por listar algunos de los elementos o notas principales que caracterizan al exhorto o comisión rogatoria: En el exhorto se presentan regularmente los siguientes elementos:

1) despacho o pedido librado por un juez; 2) dentro de un juicio que tiene lugar en su Estado; 3) dirigido a otro juez externo; 4) en forma de rogatoria o deprecatoria; 5) rogándole o exhortándole; 6) para que cumpla ciertos y determinados actos procesales; 7) que integrarán luego el proceso que se desarrolla en el Estado exhortante. Para conceptuar al exhorto o comisión rogatoria debernos considerar los siguientes elementos: •

• •

El supuesto consistente en que ante un tribunal se tramita un proceso y del cual deriva la necesidad de realizar un acto, procesal en un foro diverso en que ese tribunal ejerce competencia territorial (supuesto). Se trata de una petición, ruego, súplica o exhortación, y no de una orden (naturaleza).

Está petición es solicitada por una autoridad que realiza una función jurisdiccional (peticionario).

•

La petición se dirige a una autoridad que ejerce competencia en un lugar diverso al del tribunal que solicita (destinatario).

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En la petición, se pide cumplimentar o ejecutar un acto procesal (objeto). En la carta rogatoria estamos suponiendo dos foros: el foro del solicitante y el foro del requerido. •

Por foro entendemos el espacio territorial sobre el cual se ejerce competencia por un órgano de autoridad para realizar un acto. En fin, el exhorto o carta rogatoria requiere que el órgano que ejerce competencia sobre un foro,

dirija su petición a un órgano de autoridad que está facultado para ejercer actos de autoridad en el foro en que se necesita realizar el acto pedido.

La carta rogatoria se caracteriza porque el tribunal que pide, no solicita cualquier tipo de acto. El acto tiene alguna de las siguientes características: •

Preprocesal , que se refiere a los actos previos a un proceso, como en el caso de los

•

medios preparatorios a juicio. Procesal, esto es, un acto encaminado a la resolución de un litigio interpartes. Si se realiza

el acto pedido, con ello se contribuye a la construcción de la decisión final en la que se resuelven las pretensiones de las partes, es decir, la sentencia.

De ejecución, es decir, un acto encaminado a reconocer y ejecutar una resolución. Al ejecutarse el acto, con ello se da cumplimiento a la decisión que resolvió el litigio interpartes. El primero y segundo tipo de actos se encaminan a procurar resolver el fondo del litigio •

controvertido, en tanto que en el tercer grupo, los actos se dirigen a dar cumplimiento a la decisión que resolvió ese litigio. En los primeros dos casos, en lo general, se tiende a aplicar la ley procesal (actos in procedendo), en tanto que en el segundo la ley de fondo. Cualquiera de los actos constituyen el objeto de la carta rogatoria. En este sentido, el objeto de la

carta rogatoria consiste en la realización o ejecución de actos tendientes a preparar un proceso, definir un litigio interpartes o dar cumplimiento a la decisión que resolvió tal litigio.

Para ser más específicos, en la descripción del objeto de la carta rogatoria, ésta se refiere a la práctica de actos provenientes del extranjero o de un tribunal internacional considerados como de "mero trámite", y que según la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias pueden ser la notificación, la citación, el emplazamiento, la recepción y obtención de actos de prueba. 4.2. Codificación

El intento de los países de tener un código unificado para que rija sus relaciones internacionales puede decirse que nace desde el nacimiento de las naciones y de los estados. Podríamos pensar desde la época de los fenicios. Ya en fechas recientes, la liga Hanseatica de los países bálticos que aplicaran el liberalismo comercial en el siglo XIV y XV, pudiera ser el primer indicio reciente de la codificación internacional. Mas tarde en la política exterior del segundo imperios de Napoleón III,

cuando Francia poseía un imperio colonial, y necesitaba comercial con el comonwealth ingles, estableció otra serie de codificaciones.

Con la creación de la ONU este asunto crea relevancia mundial. En efecto, en las décadas actuales tiene gran importancia el proceso de codificación del Derecho de la responsabilidad internacional del

Estado, que está llevando a cabo Naciones Unidas. A lo largo del siglo XX fueron elaborados diferentes proyectos de origen privado, entre los que destacan los realizados en 1927,1956 y 1965 por el Instituto de Derecho Internacional. La tercera comisión de la Conferencia de codificación del

Derecho Internacional convocada por la Sociedad de las Naciones adoptó en primera lectura un proyecto de artículos en la materia. La labor más importante ha sido la realizada por Naciones Unidas, especialmente en materia de responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos.

Estos trabajos se han desarrollado hasta el momento en tres etapas. En una primera fase (1953-1961) el relator especial García Amador presento seis informes que se referían técnicamente a - responsabilidad internacional del Estado por daños causados en su

territorio a la persona y a los bienes de los extranjeros -. Esta limitación impidió que se les diera toda la atención que merecían. [email protected]


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En la segunda fase (1962-1980) fue nombrado relator el jurista italiano R. Ago, cuyo plan de codificar todo el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos fue aceptado. Así, desde 1969 fueron presentados, discutidos y aprobados sucesivos informes y proyectos de artículos relativos a normas sobre la existencia del hecho ilícito de un Estado, inclusive

las circunstancias excluyentes (primera parte). En 1980 la CDI aprobó en primera lectura 35 artículos sobre tal materia.

En la tercera fase, el nuevo relator W. Riphagen ha presentado entre 1980 y 1985 seis informes relativos al contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte) y observaciones sobre el modo de hacer efectiva la responsabilidad (tercera parte). Por último, en sustitución del anterior, ha sido designado nuevo relator G. Arangio-Ruiz, quien entre

1988-1992 ha presentado ya cuatro informes. A pesar de que el proceso codificador deberá continuar por algún por tiempo, la calidad de los trabajos realizados no sólo ha enriquecido, la práctica internacional que permite una exposición mas rigurosa y sistemática de ese sector del ordenamiento jurídico. Por lo dicho, tal proceso y sus resultados serian objeto de atención prioritaria. De otra parte, la materia de la - responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho Internacional - fue dejada de lado por la CDI hasta que en 1973

la Asamblea General le recomendó que dedicara también a ella sus esfuerzos codificadores. El primer relator especial Quentin-Baxter, ya fallecido, presentó cinco informes sobre la materia entre

1980 y 1984. Posteriormente los trabajos han continuado con los informes de Mac Caffrey y prosiguen actualmente con los del relator Sr. Barboza.

4.3. Ejecución de sentencias SOLICITUD PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA EXTRANJERA

A diferencia de lo que ocurre con el reconocimiento automático de una sentencia extranjera, el CFPC ( art. 571 frac. 1) dispone que para que una sentencia extranjera pueda tener eficacia, debe satisfacer las formalidades previstas en la citada codificación "en materia de exhortos provenientes

del extranjero". En primer lugar, lo anterior significa que para que pueda tener eficacia una sentencia extranjera, debe solicitarse su reconocimiento y ejecución por medio de una comisión rogatoria. Esto imposibilita. el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera. Introducida

por medio de una comisión consular, de simple solicitud de particular, o de cualquier otro medio diverso a la comisión rogatoria.

Para reiterar lo anterior, la reserva que introdujo México a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, establece claramente que la solicitud de reconocimiento y homologación debe transmitirse por medio de la comisión rogatoria.

En segundo lugar, la disposición indica que la petición de un órgano de gobierno extranjero para que se reconozca y ejecute una sentencia extranjera debe satisfacer las formalidades exigidas a todo exhorto proveniente del extranjero. Aunque el estudio del reconocimiento y ejecución de las

sentencias extranjeras forma parte de la temática de las cartas o comisiones rogatorias, cabe explicar dicha temática específica en este capítulo especial por varias razones: • Porque es el tema más estudiado dentro del derecho internacional privado, aún más que las reglas generales de todo exhorto. •

Porque estudia reglas específicas a seguir ante el tribunal exhortado, diversas a las generales de todo exhorto.

•

Porque a diferencia de las actividades cooperacionales aquí, se trata de que se reconozca el derecho sustantivo o de fondo, y no un simple actuar procesal.

La especificidad con la que se regula el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras no sólo es doctrinal, sino legal, ya que ésta. se regula en diversos textos jurídicos nacionales e internacionales. Exige que se cumplan las formalidades establecidas en los tratados sobre exhortos.

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Mientras que en el exhorto en que se pide la ejecución de una sentencia pretende sea reconocido el

derecho sustantivo o de fondo, en otro tipo de exhortos, se pide la colaboración para actuaciones Procesales encaminadas a la resolución del fondo del litigio interpartes. 4.4. Extradición Reafirmando el propósito de perfeccionar la cooperación internacional en materia jurídico - penal,

que inspiró los convenios celebrados en Lima el 27 de marzo de 1879, en Montevideo el 23 de enero de 1889, en la ciudad de México el 28 de enero de 1902, en Caracas el 18 de julio de 1911, en Washington el 7 de febrero de 1923, en La Habana el 20 de febrero de 1928, en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la ciudad de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19

de marzo de 1940; Estimando que los estrechos lazos y la cooperación existentes en el Continente Americano imponen extender la extradición a fin de evitar la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades y permitir la ayuda mutua en materia penal

Estando conscientes de que la lucha contra el delito en escala internacional importará el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las relaciones jurídico-penales, 1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requeriente. 2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del territorio del

Estado requeriente se concederá la extradición siempre que el Estado requeriente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo

consiguiente. 3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente. 4. Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por si sola que dicho delito será calificado como político; 5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por

consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos; Con la solicitud de extradición deberán presentarse, además, la traducción al idioma del Estado requerido, en su caso, de los documentos que se expresan en el párrafo anterior, así como los datos personales que permitan la identificación del reclamado, indicación sobre su nacionalidad e,

incluso, cuando sea posible, su ubicación dentro del territorio del Estado requerido, fotografías, impresiones digitales o cualquier otro medio satisfactorio de identificación. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito.

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II. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

1.- Sujetos del derecho internacional

1.1. Los estados Son los Estados los sujetos tradicionales del sistema Internacional o de la sociedad Internacional, como a veces suele denominarse. Está sistema Internacional se basa fundamentalmente en los Estados como sujetos o actores predominantes. Durante mucho tiempo se sostuvo uniformemente que los Estados eran los únicos sujetos o sujetos exclusivos del orden jurídico Internacional.

Sólo hasta los años veinte empezó a abrirse paso débilmente la tesis de que además del Estado existen otros sujetos o actores titulares de derechos y obligaciones Internacionales, y que hay una parte del derecho de gentes, cada vez más creciente que se dirige a ellos. Sólo los Estados aparecían como factores de los actos que producían cambios en la distribución de

poder en el mundo, miembros de alianzas, responsables de avances territoriales y titulares de los medios de solución pacífica

1.2. Sujetos atípicos 1.2.1. Los organismos internacionales (ONU, OEA)

Han surgido en la escena Internacional otros actores o sujetos distintos a los Estados, que poseen capacidad o para producir normas, o para influir en el comportamiento de los Estados. Unos de esos

actores son las organizaciones y organismos internacionales. Son de origen privado y fin no lucrativo que desarrollan actividades transnacionales. Se fundan en el orden jurídico del país en donde establecen su sede. Y son reconocidos con personalidad jurídica internacional.

ONU.- Más de 50 naciones se reunieron en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Como resultado de la Conferencia de San Francisco surgió la Carta de la Organización de las

Naciones Unidas, que es el Estatuto de la organización internacional, y que va acompañada del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los fines de las Naciones Unidas son, en primer lugar, los de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para realizar este propósito, la naciones

Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz, y los actos de agresión, mediante acción colectiva.

OEA.- Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que

se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo a la Carta de la Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 1. Afianzar la paz y la seguridad del Continente

2. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros. 3. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión.

4. Procurar la solución de los problemas políticos jurídicos y económicos, que se susciten entre ellos. 5. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. 1.2.2. Los beligerantes

Cuando hay conflictos armados que se desarrollan en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable y ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita operaciones militares sostenidas y concertadas.

Está sería la hipótesis de guerra civil. Cabe decir al respecto que la tendencia actual en cuanto a la aplicación de las partes en conflicto del derecho internacional de los conflictos internos es

automática, sin necesidad de reconocimiento alguno; Desterrándose así la progresiva práctica antigua del reconocimiento de beligerancia, por medio del cual se confería a los rebeldes la cualidad internacional de BELIGERANTE frente al gobierno legal.

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1.2.3. Movimientos de liberación nacional El artículo 1.4 del Protocolo 1 de 1977 equipara a efectos de su propia aplicación, con los conflictos

armados interestatales stricto sensu, "los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes, en ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación".

La asimilación entre ambos tipos de conflictos no la admiten la mayor parte de los Estados occidentales, Pero, cualquiera que sea finalmente la vigencia de este artículo, no hay duda de que resume toda una práctica internacional de legitimación de los Movimientos de Liberación. En efecto a partir de la guerra colonial de Argelia (1954-1962) se abrió camino el apoyo internacional a dichos

movimientos, que pasaron a ser reconocidos como los únicos "legítimos representantes" de sus pueblos en lucha, incluso sin que aportaran pruebas de un control territorial efectivo. Así lo hicieron muchos Estados, por lo general los socialistas y del tercer mundo. 1.2.4. Insurrectos

Estos grupos pretenden ya el cambio de un régimen político, ya la creación de un nuevo Estado. Ahora bien, en la práctica pueden plantearse diferentes situaciones que se pueden clasificar siguiendo el articulado de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. •

Grupos que no alcancen efectividad importante, por lo que se consideran tensiones internas.

• Conflictos armados entre fuerzas armadas y fuerzas disidentes, está sería una guerra civil. 1.2.5. El individuo como sujeto excepcional

Normalmente el Derecho Internacional se aplica a los individuos a través de la jurisdicción de los Estados. Es fundamentalmente por medio de procedimientos y mecanismos de derecho interno como cada Estado aplica a las personas sometidas a su jurisdicción las normas internacionales que

les afectan y protegen. La persona humana carece de capacidad de obrar en el derecho internacional general. Ahora bien en el Derecho Internacional particular la práctica ofrece muchos

ejemplos de capacidad procesal internacional del individuo. El consejo Económico y social de las Naciones Unidas por medio de sus órganos subsidiarios: Comisión de Derechos Humanos y Subcomisión de Lucha contra la discriminación y protección de minorías, admite y considera comunicaciones de individuos relativas a violaciones de Derechos Humanos. 1.2.6. La Santa Sede y el Estado Ciudad del Vaticano La Santa Sede empieza a surgir como sujeto temporal en 1870.Al consolidarse Italia como Estado

Soberano y así sobrevino el problema de que hacer con la Santa Sede. No cabía la posibilidad de convertir al sumo pontífice en un súbdito Italiano, ni a la Santa Sede en una institución de Italia. Por lo que la solución decorosa fue la Ley de Garantías, en 1871, que aunque no admitida del todo por el Papado constituyó un régimen con el Papa como soberano. Ahora hay unanimidad en que el vaticano posee personalidad internacional completa.

El Vaticano es al mismo tiempo un sujeto sui generis del derecho internacional y un actor transnacional de importancia. Es, al decir de Vallier un imperio global y un centro importante de poder, no sujeto del todo al derecho. La diplomacia del Vaticano es importante, pues conjuga el poder espiritual con la política real entre los Estados. A veces limita o erosiona el poder de ciertos

Estados, en un doble papel de sujeto especial pero soberano de derecho internacional, y como centro espiritual.

La Santa Sede celebra con los Estados concordatos que, siendo una clase especial de tratados, abarca materias administrativo- religiosas. La Santa Sede posee asimismo el otro atributo el jus legati, ya que sus enviados diplomáticos, nuncios, legados, etc., gozan plenamente de los privilegios, prerrogativas e inmunidades de los agentes diplomáticos.

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2.- Fuentes del derecho internacional Se puede convenir en algo en que parece ir ganando el asenso de los trapacistas, por lo menos en principio e inconscientemente en ocasiones, o sea, en el aserto de que existe una descripción aceptable de los modos de creación de las normas internacionales, contenida o comprendida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. El artículo 38 expresa: "La corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean

sometidas, deberá aplicar: • Las convenciones Internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; •

La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;

• •

Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y

Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. 2.1. Costumbre internacional

Está merece un amplio tratamiento, ya que durante largas etapas el derecho internacional ha sido derecho consuetudinario. No había prácticamente otras fuentes competidoras. • 1. - EL ELEMENTO OBJETIVO.- O práctica general. • 2. - EL ELEMENTO SUBJETIVO.- O sentido de obediencia (Opinio Juris)

Manley Hudson, en un estudio sometido a la comisión de derecho internacional en 1950, quiso puntualizar los requerimientos que habría de seguir la costumbre - ¿o la práctica?- para configurarse

como instituida: a ) práctica concordante, realizada por un número regular de Estados con referencia a un tipo de relaciones que caen bajo el dominio del derecho internacional; b) continuación o repetición de una práctica por un considerable periodo de tiempo; c) la concepción

de la práctica está requerida o es consistente en el derecho internacional prevaleciente, y d) aquiescencia de esa práctica por otros Estados. 2.2. Tratados (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados) Los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional, regidos por el DIP. Conforme al artículo 2-1-a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. De lo anterior se distingue: a) Una manifestación de voluntad de los Estados que los suscriben.

b) Su esencia, que radica en constituir una fuente específica de una obligación de derecho internacional contraída voluntariamente.

c) Debe regirse por el derecho internacional y no por el derecho interno de alguno de los Estados contratantes. 2.2.1. Procesos de celebración de los tratados Celebración de los tratados.

Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Plenos poderes: -- Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: • a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o • b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona [email protected]


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representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. -- En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: • a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la • •

ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante

una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un

tratado ejecutado por una persona que, conforme al articulo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Adopción del texto: •

La adopción del texto de un tratado se efectuara por consentimiento de todos los Estados

•

participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuara por

mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. -- Autenticación del texto. El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y definitivo: •

Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan

•

participado en su elaboración; o A falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la rúbrica puesta

por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. -- Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. -- Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara mediante la firma de su representante: • Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; • •

Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto; o Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos

poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Para los efectos del párrafo l: •

La rubrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido;

•

La firma "ad referéndum" de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma.

-- Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado. El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestara mediante este canje: • Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto; o •

Cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.

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-- Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o

la aprobación. I. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara mediante la ratificación: 2.2.2. Órganos estatales competentes para la celebración En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que

representan a su Estado: • • •

Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; Los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.

2.2.3. Reservas Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a

él , con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su

aplicación a ese Estado; 2.2.4. Entrada en vigor Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados.

Entrada en vigor. • Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores. • A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. • Cuando con consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Aplicación provisional. 1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor: • Si el propio tratado así lo dispone: o • Si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo. 2.2.5. Observancia y aplicación

Observancia de los tratados. 26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de

buena fe. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado

Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haba tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto

en el articulo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinaran conforme a los párrafos siguientes.

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Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe

ser considerado incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior: 2.2.6. Interpretación de los tratados Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: • Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: • Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;

Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: • Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: •

Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el

acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. • Deje ambiguo u oscuro el sentido; o • Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. •

Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 2.2.7. Los tratados y los terceros

Norma general concerniente a terceros Estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los

Estados y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.

Cuando se haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado .

Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una costumbre internacional. 2.2.8. Enmienda y modificación de los tratados

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa. Enmienda de los tratados multilaterales. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes:

Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar:

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Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser

parte en el tratado en su forma enmendada. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya parte en el tratado que no llegue a serlo en ese acuerdo.

Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese Estado una intención diferente:

Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente. 1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas: • Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado: o • Si tal modificación no está prohibida por el tratado. a condición de que: •

No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del

•

tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones: y No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.

Salvo que en el caso previsto en el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en

ese acuerdo se disponga. 2.2.9. Nulidad de los tratados

La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. La nulidad,

terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación

del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente Convención de Viena o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. 1. El derecho de una parte, previsto en un tratado a, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando: • •

•

Dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación;

Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto. y La continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.

El Estado facultado para alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación

de un tratado. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, si después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado: • Ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o • Se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación. Según el caso. Nulidad de los tratados.

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Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en

violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

Restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por

él, a menos que la restricción haya sido notificadas con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores.

Error. 1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por

supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. Dolo. Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en

obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

Coacción sobre el representante de un Estado. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.

Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.

2.2.10. Suspensión Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente. 1. Dos o más parte en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones

mutuas: • • • •

Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado: o Si tal suspensión no está prohibida por el tratado. a condición de que:

No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones: y No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

2. Salvo en el caso que el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se

propone suspender. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y: •

Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado; o

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•

Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado

anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.

Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. 1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. • Entre todas las partes; • A una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el •

Estado autor de la violación; A cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación, para alegar la violación como

causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, sí el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.

Constituirán violación grave de un tratado la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. 2.2.11. Depósito, registro y publicación de los tratados Depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Depositarios de los tratados. 1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización.

Las funciones del depositario de un tratado son de Carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación del depositario.

Funciones de los depositarios. 1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes: • •

Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido: Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;

•

Recibir las firmas del tratado v recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y

•

comunicaciones relativos a éste; Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado

•

están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado de que se trate; Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado;

•

•

Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación aprobación o adhesión necesario para la entrada en rigor del tratado; Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;

De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la organización internacional

interesada. [email protected]


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Notificaciones y comunicaciones. Salvo cuando el tratado o la presente Convención disponga otra

cosa al respecto, una notificación o comunicación que debe hacer cualquier Estado en virtud de la

presente Convención: •

Deberá ser transmitida. si no hay depositario, directamente a los Estados a que esté

destinada, o, si ha y depositario. a éste; • •

Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue transmitida. o, en su caso, por el depositario; Si ha sido transmitida a un depositario. Sólo se entenderá que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario si se ha hecho

una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados signatarios y a los Estados contratantes. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las

Naciones Unidas. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y comunicará copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.

Registro y publicación de los tratados. 1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaria de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el

caso, y para su publicación La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos

anteriormente. 2.3. Principios generales del derecho

Según el artículo 4 de la carta de la Naciones Unidas son todas aquellas Naciones amantes de la paz. Y abarca principios de derecho natural comunes a todos los Estados, como el de la justicia, equidad, proporcionalidad. 2.4. Las decisiones judiciales

En derecho internacional no existe el principio stare decis es decir no tiene que haber una continuidad en las decisiones de la corte. El ministro de la corte puede hacer nuevas leyes. Ahora en la comunidad internacional se presenta la problemática ya que hay demasiados tribunales

internacionales y la CIJ no tiene ninguna relación con estos lo que resultaría en decisiones diferentes aplicando derecho internacional. Los escritos de juristas reconocidos a nivel internacional

pueden influenciar la corte si no hay algún tratado, costumbre o decisiones de tribunales para resolver el caso. 2.5. Actos unilaterales. Se clasifican en dependientes y autónomos. Dependientes: sólo producen efectos jurídicos cuando son realizados en relación con otros actos, unilaterales o multilaterales.

Autónomos: producen efectos jurídicos obligatorios y no requieren para sus existencia que otro acto unilateral ni multilateral, aun que deben para producir efectos jurídicos obligatorios cumplir ciertos requisitos de fondo, forma y capacidad. 2.6. Instrumentos no vinculantes (soft laws)

Soft law – En un sentido muy amplio, lo que este término describe son numerosas normas que en efecto son observadas por los estados aún cuando no están obligados a hacerlo. Generalmente, puede ser “soft” cuando o bien no constituyen parte de un régimen obligatorio, convencional o de derecho consuetudinario, o porque, incluso aunque estén contenidas en un instrumento que cumple las formas, no han sido ratificadas o adoptadas por la legislación para adquirir obligatoriedad. Cuando la doctrina clasifica estos instrumentos como “soft law”, está connotando un línea divisoria

poco clara del derecho entre ley y no ley. Pero… puede el derecho ser soft ?.

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“Soft law” es un componente establecido en el derecho internacional y es fenómeno bien conocido

en los sistemas legales nacionales. Los llamados instrumentos “solft law” pueden actualmente ser clasificados dentro y fuera de la esfera del derecho internacional. En vista de ello, se contrasta el enfoque “soft law” con el derecho internacional para confirmar que el derecho internacional, mantiene los límites entre ley y no ley en orden a lo que puede regular la sociedad internacional. La relevancia política de algunos de estos instrumentos es obvia.

Estas "normas de derecho," desde que se formulan, se hacen con la expresa intención de que las partes, en uso del principio de la autonomía de la voluntad, convengan en su aplicación. A veces se encuentra su obligatoriedad en la aplicación de la buena fe en el comercio internacional, cuando se trata de interpretar las estipulaciones contractuales. Estos cuerpos normativos no son recopilaciones

de usos, incluso cuando se anuncian como tales, como es el caso de los usos sobre créditos documentarios de la CCI.

A veces se trata de convenciones o leyes modelo que el organismo formulador (por ejemplo, la UNCITRAL o UNIDROIT), propone a los legisladores nacionales; pero que no han entrado en vigor.

Para nosotros un ejemplo de “solf law”, ya que Argentina no es país firmante, ni ratificante, es la Convención de Otawa sobre Leasing Internacional.([7]) Se la menciona en los fundamentos del Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio del año 1998 (PRCC’98) cuando puntualiza que: “Las normas proyectadas son compatibles con la Convención de Ottawa, de Unidroit de 1988, para el leasing internacional”. Proyecto éste que ha sido la fuente única y principal de la ley Argentina n° 25.248 sobre leasing. ([8])

La Convención de Ottawa, de Unidroit de 1988, para el leasing internacional (CLI), es una ley particular, aplicable cuando “el dador y el tomador tienen sus lugares de negocios en diferentes Estados, y aquellos Estados y el Estado en el cual el proveedor tiene su lugar de negocio, sean Estados Contratantes; o que tanto el contrato de suministro como el de leasing sean regidos por la ley de un Estado Contratante. La referencia dada en esta Convención por una de las partes respecto a su lugar de negocio que esté más estrechamente relacionado con el contrato relevante y con su ejecución, teniendo en cuenta las circunstancias conocidas o contempladas por las partes en cualquier época antes o al término de este contrato” (Artículo 3 de la CLI). 3.- Incorporación del derecho internacional al derecho interno 3.1. Relación entre el derecho internacional y el derecho interno

La teoría de la responsabilidad de los Estados en el orden jurídico internacional es relativamente reciente. En el siglo XIX la noción de la soberanía absoluta del Estado no dejaba campo para concebirlo como responsable ante otro Estado. Pasaron algunos años antes de que se asentara el criterio de que un Estado resulta responsable por daño causado a otro miembro de la comunidad internacional.

Conviene aclarar que no se encuentra en las obras especializadas una concepción fundamentada y ni siquiera una explicación correcta de lo que es la responsabilidad de los Estados en el ámbito internacional. Casi todos los autores la fundan en el principio de que si un Estado viola sus

obligaciones hacia otro Estado, está obligado a reparar. Esto es, se identifican daño, responsabilidad y deber de reparar. La práctica internacional indica que solamente se admite responsabilidad cuando el daño causado lo fue por premeditación o por negligencia, o sea que revive la teoría de la culpa, más razonable y más segura. También se admite responsabilidad de un Estado en el desarrollo del derecho internacional por la promulgación de leyes que contravengan un Tratado suscrito por dicho Estado.

Se deduce responsabilidad para un miembro de la comunidad internacional, si no expide una ley para lo cual se haya comprometido por un pacto, o que deba promulgar conforme al derecho internacional.

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La responsabilidad más clásica, más aceptada y de sabor técnico es la responsabilidad del Estado por actos de sus cuerpos judiciales. De dos maneras: Bien por actos de los tribunales, cuando por sí

mismos causan un ilícito internacional, esto es, cuando aplican mal un tratado o una costumbre internacional, o cuando aplicando el derecho interno, lo hacen de manera que viola una regla internacional que se deba cumplir. Y cuando cometen la figura clásica de "denegación de Justicia". 3.2. Incorporación del derecho internacional al sistema jurídico mexicano: especial referencia al artículo 133 constitucional; su interpretación jurisprudencial y la Ley sobre la Celebración

de Tratados La política mexicana La primera Constitución Política de México en 1824, hubo de copiar, en razón del gran prestigio que

alcanzó pronto ese país y en no poca parte por la propaganda e inducción del mismo, a la Constitución de los Estados Unidos de 1787 en algunas materias, incluyendo el sistema de organización gubernamental Art. 161 Cada uno de los Estados tiene obligación... 11) De cuidar y hacer cuidar la Constitución y

leyes generales de la Unión y los Tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la Federación con alguna potencia extranjera. Aun cuando resulta rara la inserción de esa disposición, porque no existía imperativo ninguno para

aceptar la supremacía de los tratados, y ni siquiera se contemplaba la posibilidad próxima de realizarlos fue bien recibida, ya que en ninguna parte se percibe critica hacia ella.

Y la mejor confirmación de esto está en que el constituyente de 1857, al redactar la Constitución Mexicana de mayor prestigio incluyó en el artículo 126 de esta Carta, un texto más similar todavía a la disposición constitucional norteamericana:

Art. 126.-Esta Constitución, las leyes que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. No podríamos menos que criticar la ligereza y falta de precaución del Congreso Constituyente de 1917, que en materia internacional copió descuidadamente algunas disposiciones de la de 1857 que

ya habían sido objeto de reformas orgánicas y estructurales en el intervalo o que resultaban anacrónicas simplemente. Entre las numerosas reformas que precisó la Constitución Mexicana de 1917 estuvo la del articulo, 133 del año de 1934 y quedó definitivamente:

Art. 133. - Ésta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la Ley suprema de toda la Unión. Naturalmente, el artículo corno se percibe, deriva de la Constitución Norteamericana y genera los

mismos problemas que la disposición ha producido en los Estados Unidos. Solo que aquí la importancia, de los asuntos ha sido mucho, menor, y la jurisprudencia al respecto en ningún caso Ilega a analizar las causas de conflicto, si hay alguno, a de la conformidad del ordenamiento interno,

si ella existe. Se ha concretado a expresar directivas muy generales, y no puede decirse ciertamente que posea autoridad sobre el punto. Por ejemplo, al resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1920, el caso de Ben

Gordon (Jacob Luban), quien pedía la suspensión de los efectos de un tratado de extradición, se dijo escuetamente:

"La Sociedad y el Estado están interesados en el exacto cumplimiento de los tratados Internacionales, por lo que no es de concederse la suspensión contra los actos de ejecución de esos tratados "(6 de enero de 1920, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Quinta Época, p. 43). Algo más tarde, en ocasión a un tratado que al parecer resultaba en contradicción a la Constitución, fue sentenciado por el mismo Tribunal:

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"Es inconcuso que no puede autorizarse la celebración de tratados que alteren las grandes individuales por motivo del interés público". Alcérreca Vda. de Garcia del C., Dolores. S. 1. de 14 F., Tomo XIX, p. 142. En época reciente, la aplicación de un tratado motivó algún movimiento en la jurisprudencia. El 29 de junio de 1937 entró en vigor. De lo que se ha explicado sobre esta materia se pueden deducir algunas, conclusiones generales: •

Una norma posterior deroga al tratado a que se refiere, porque se presume que el cuerpo, legislativo, tuvo a su alcance los datos necesarios para formular su determinación. La responsabilidad internacional que surgiere recae en el Ejecutivo;

•

En casos, dudosos el derecho internacional debe interpretarse en el sentido más favorable al derecho internacional Se sobreentiende que el legislador no intenta legislar en conflicto

•

con el derecho internacional. Si se trata de una ley que complementa o interpreta un tratado, debe dársele una hermeneútica amplia, pues se presume la lealtad del Estado a los pactos; Un tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le opongan, pero vale la pena aclarar que no se trata de una auténtica abrogación, sino que ocurre que en los casos de

•

aplicación concreta y especifica del pacto se prefiere en ese momento la norma del tratado a la norma interna, pero, la ley permanece incólume en todos los demás casos; Los tribunales de los países han observado, en lo general, cierta reverencia a los tratados y

•

han procurado encontrar siempre la interpretación más favorable al pacto en los casos en que aparece alguna pugna con el derecho local; Una convención firmada en contravención a las normas constitucionales de un país, no es válida conforme al propio Derecho internacional, y

La norma interna que entre en conflicto con el derecho internacional, sea consuetudinario, sea convencional, no tiene validez en un tribunal internacional.

El comentario que resulta de todo lo anterior es, primero, que no existe esa dramática oposición soberanía entre reglas internas y derecho de gentes como nos lo habían hecho creer los tratadistas, y segundo, que los Estados actúan en lo general conforme a un monismo moderado. Las limitaciones que existen o que han existido para la operación del derecho internacional en la esfera

interna se deben a la carencia de un sistema para lograr una adecuación práctica e instantánea de las normas de aquél, y la falta de flexibilidad del mecanismo interno, aun en los casos en que existe conciencia internacionalista del órgano estatal. Tal hecho no mengua la efectividad del derecho de gentes, porque aun en el propio derecho interno surgen frecuentemente conflictos de aplicación de normas superiores, como en el caso del sistema federal, aun cuando los recursos son inmediatos y

abundantes. 4.- Órganos estatales de las relaciones internacionales

Para conducir sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional, los Estados se valen de ciertos órganos, a los cuales se dota de las facultades adecuadas a su tarea. Ellos son: • • • •

Los jefes de Estado, que son los órganos representativos, de la mayor jerarquía, Los ministerios de relaciones exteriores, Los agentes diplomáticos y

Los agentes consulares. Los dos primeros se distinguen con el nombre de: "Órganos centrales", y los otros dos, con el de "órganos exteriores". 4.1. El jefe de Estado El jefe del Estado, además de ser por lo común el órgano, administrativo más importante de un país,

ejerce, la función representativa exterior, y sus actos, en materia internacional se reputan directamente actos del Estado. Esa función representativa es total, pues abarca los aspectos mis destacados de la vida en relación de los Estados; la recepción y el envío de los agentes

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diplomáticos y consulares; la conclusión y la ratificación de los pactos internacionales; la declaración

de guerra y el establecimiento de la paz; las declaraciones de política internacional, las alianzas, etc. La determinación del alcance de la función representativa del jefe del Estado se encuentra, empero, en el derecho interno de cada, país. Así, en México, la fracción X del articulo 89 de la Constitución

Política señala como facultad del Presidente de la República la de dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. Para establecer la calidad de jefe del Estado frente a otras naciones, se acostumbra notificar a los demás Estados la ascensión al poder Cuando el jefe de un Estado viaja por territorio de otros, tiene

derecho a exigir la observancia de cierto ceremonial, y, a la vez, es sujeto -de inmunidad e inviolabilidad en máximo grado. 4.2. Ministro de Relaciones Exteriores

Como el jefe del Estado no negocia directamente, ni en persona, con una potencia extranjera, las negociaciones se Llevan por conducto de la Secretaria o Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibe nombre diferente en cada Estado. Estados Unidos: Department of State; Inglaterra: Foreign Office; Rusia: Comisariado de Asuntos Exteriores, etc. El jefe de está dependencia del Ejecutivo es un miembro del Gabinete de Gobierno, dirige los asuntos extranjeros a nombre del jefe del Estado y con acuerdo de éste. Viene a ser el intermediario entre el jefe del Ejecutivo y otros Estados. La posición del Ministro o Secretario de Relaciones se regula por el derecho interno de su Estado,

pero el derecho internacional define su posición en lo que se refiere al intercambio con otros Estados. De acuerdo con este orden jurídico, él es el jefe de todas las embajadas del Estado, de los cónsules y de todos los demás agentes del intercambio con otros Estados. Todos los documentos de importancia están firmados por él o por sus subalternos autorizados. Por su conducto se presentan las reclamaciones internacionales al Estado. Estos funcionarios son, a la vez, la autoridad más adecuada para la interpretación de tratados. Los actos de los Secretarios de Relaciones, empero, no son actos del Estado sino sólo de manera -

excepcional. A pesar de ello, participan de modo importante en la formación de la costumbre internacional (supra).

Por lo que se refiere a México, las funciones del Secretario de Relaciones se encuentran consignadas en la Ley de Secretarias de Estado, reformada en 1946, y en la parte relativa a la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. (D. O., marzo 4, 1967.) 4.3. Agentes diplomáticos (Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas) El establecimiento de la institución diplomática proviene de la necesidad de contar, en otros países,

con representantes permanentes para tratar los asuntos del Estado, y para obtener información valiosa a éste. La institución es esencialmente moderna, pese a que se encuentran vestigios de alguna práctica rudimentaria en la antigüedad. El derecho, de enviar y de recibir agentes

diplomáticos se deriva de la soberanía del Estado, y se le conoce por su nombre latino, jus legati. Se discute frecuentemente si tal derecho puede ejercerse, si puede existir una rehúsa sistemática a ejercer el derecho de legación, pero ello es más bien teórico, porque el Estado no puede vivir en el aislamiento, ni los otros Estados lo permitirían. Puede hablarse, cuando mucho, de una discreción en el ejercicio de ese jus legati.

La Convención de Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas (documentos de las Naciones Unidas A/CONF. 20/13, Abril 16, 1961), que tiene actualmente 181 Estados miembros, de la cual

México es parte desde 1962 (Febrero 16/1962 D. 0.), y que representa razonablemente la codificación del derecho consuetudinario existente, establece en su articulo 14, las tres categorías

siguientes: • • •

Embajadores, nuncios, y otros jefes de misión de rango equivalente; Enviados, ministros e internuncios, y

Encargados de negocios.

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El articulo 15 de ese mismo instrumento señala que las clases a las que se asigna a los jefes de misión será materia de convenio entre los Estados de que se trate. Los embajadores ocupan el rango más elevado entre los agentes diplomáticos. Son jefes de la misión y aunque en muchas ocasiones se ha dicho que son representantes personales del jefe del Estado que los envía, en realidad su carácter es el de la función representativa de un órgano del

Estado. Los nuncios vienen a ser representantes personales de la Santa Sede. Los encargados de negocios deberían ser llamados más propiamente "encargados de los negocios", y son de dos clases: ad hoe y ad interim, bien para abrir el camino para iniciar o recomenzar las relaciones diplomáticas con un

país, o simplemente en épocas en que éstas están suspendidas, o para la realización de ciertos actos que, sin implicar reconocimiento de un gobierno, permiten cierto intercambio oficial entre los

países. Los encargados se acreditan por el jefe de la misión, para funcionar durante la ausencia de éste. Las prerrogativas de los agentes diplomáticos se dividen en dos grupos: las inmunidades y los privilegios. Las primeras se derivan de la costumbre internacional, y en algunas ocasiones, de tratados específicos, y se explican en razón de que el agente debe gozar de cierto desembarazo para realizar su función, lo que no deja de contener cierta falacia. Las segundas brotan de la cortesía internacional y de la reciprocidad. Por lo que se refiere a las inmunidades, ellas son de dos

clases, pues atañen a la propia persona del agente y al local y a los asuntos de la misión diplomática. La primera de ellas y tal vez más importante desde el punto de vista psicológico es la inviolabilidad

personal, que pone, como afirma CALVO, a la persona que está investida de ella por encima de todo ataque y de toda persecución. Es, a la vez, el derecho más antiguo de los diplomáticos No es necesario que existan relaciones diplomáticas para que pueda enviarse una misión. Los miembros

de ella se designan libremente, una vez que se haya proporcionado al Estado recipiente toda la información necesaria, y en particular, los nombres y designaciones de las personas que intentan nombrar. El Estado de destino puede declinar aceptar una misión o a cualquier persona de ella, sin

necesidad de expresar motivo. El jefe de la misión especial puede actuar en el otro país a nombre de ella y puede expedir comunicaciones al otro Estado.

Los miembros de la misión gozarán de libertad de comunicación, de movimiento, de archivos y documentos, de inviolabilidad personal y aún del lugar donde se acomodan o residan. 4.4. Agentes consulares (Convención de Viena sobre relaciones consulares)

La diferencia que pudiera caracterizar a los agentes diplomáticos de los consulares es sólo el carácter político de aquellos, pues la llamada "función representativa", ejercida únicamente por los

jefes de misión, no es ciertamente un buen elemento distintivo, porque los cónsules de mayor categoría, poseen, entre sus funciones, una cierta calidad representativa, aunque sea parcial.

La institución consular tiene una historia larga y variada. Al principio, el cónsul fue árbitro en las corporaciones comerciales y marítimas; más tarde fue componedor en los conflictos entre una corporación y otra; posteriormente se realiza esta misma a bordo de las naves que Llevaban efectos. Tuvieron merma en su importancia, pues los agentes técnicos los hicieron a un lado durante los años treintas y cuarentas, pero los grandes cambios políticos, sociales y económicos de los últimos

tiempos, el turismo, el incremento en transporte aéreo, la prosperidad económica, la revolución tecnológica, etc., los han vuelto a poner en primera fila.

El derecho consular, a diferencia del derecho diplomático, se debe a los tratados, de la reciprocidad, del derecho interno de cada país, y sus fuentes son políticas, comerciales, judiciales y

marítimas. La práctica reconoce generalmente dos clases de cónsules: a) los missi, profesionales o de carrera,

y b) los electi, comerciales u honorarios. Los primeros son nacionales del país que los envía, y [email protected]


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para su nombramiento se siguen las reglas del derecho interno. Pertenecen a lo que se llama el "cuerpo consular" y están sometidos a las normas de su país. Además, a éstos se les concede la plenitud de funciones, Ios cónsules honorarios, en cambio, pueden pertenecer a la nación en donde

ejercen sus actividades o a un tercer país, no están sujetos a la legislación del Estado que los nombra y tienen un número muy limitado, de funciones. 5.- Solución pacífica de los conflictos internacionales

La comunidad internacional, en la búsqueda de instrumentos para evitar que las controversias deterioren y conduzcan a situaciones de arreglo difícil, ha ido, desarrollando un cuerpo de instituciones ajustar pacíficamente muchas de las disputas entre los Estados. Ha sido precisamente en está centuria cuando han florecido estos procedimientos de arreglo.

El término "arreglo pacifico de las disputas internacionales", que generalmente empleado por los tratadistas, surgió de la Convención de ese nombre, en la Conferencia de Paz de La Haya, en 1899.

Estos métodos de arreglo son relativamente modernos, pues sólo, pueden darse en comunidad internacional más o menos integrada. 5.1. Medios diplomáticos

Como las disputas internacionales son de naturaleza muy variada admiten diferentes fórmulas de solución, los procedimientos para darlas son también numerosos y variados entre si. Se admite tradicionalmente que existen dos clases de medios de arreglo: los políticos y los jurídicos. Ello no

quiere decir necesariamente que los procedimientos políticos sólo sirvan para arreglar disputas políticas y viceversa, pues pueden emplearse indistintamente. Pertenecen al primer grupo: a) la negociación; b) los buenos oficios; c) la mediación; las comisiones de investigación; e) la conciliación y más correctamente debieran ser denominados "medios no judiciales; de arreglo". Otros, métodos son: f) el arbitraje, y g) la decisión judicial.

Hay actualmente en boga una corriente, que sosteniendo que muchas de las modernas disputas entre los Estados son de carácter técnico - tratados de limites, asuntos económicos, aguas internacionales, radiocomunicación, aviación, etc.- debe crearse una tercera clase de procedimientos de arreglo, o sean los métodos propiamente técnicos , confiados a los cuerpos también técnicos, como, comisiones especializadas, comités de organismos internacionales, etc. Ha

de llamarse la atención hacia el gran número de pactos que se han suscrito o que están vigentes para el arreglo pacifico. Existen más de 200 instrumentos, bilaterales y multilaterales para el ajuste

de disputas y, sin embargo, no puede decirse que se haya alcanzado una situación satisfactoria en este campo. Ya la misma superabundancia de pactos indica que algo anda mal. Los Estados tienen propensión a demostrar su voluntad para suscribir cualquier clase tratados de soluciones pacificas, pero no para sujetarse a ellos Es factible advertir escepticismo entre los autores. La tendencia visible es que las naciones muestran oposición a arreglar sus disputas por la intervención de terceros. La constante es recurrir

a medios políticos de arreglo, más que a los legales, primeramente, y a tratar solucionar sus controversias ante las grandes organizaciones internacionales, esto es, recurrir al compromiso político antes que al procedimiento legal. El panorama es desalentador y no se advierten signos de

mejoría. 5.1.1. Negociación

El arreglo directo, de Estado a Estado, por las vías diplomáticas comunes de los conflictos que surgen entre ellos es la forma más utilizada para terminar las controversias. A este medio se le conoce, con el nombre de negociación. En muchos pactos de soluciones pacificas se especifica que deben agotarse las negociaciones diplomáticas antes de recurrirse al arreglo judicial o al arbitraje obligatorio, Carta de las Naciones Unidas, en su articulo 33, en relación con el 37, señala

que antes de someter una controversia al Consejo seguridad se intentará arreglarla primeramente por negociación.

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La negociación es el método más antiguo, más simple y el mayormente utilizado. Es a través de la negociación diplomática que se soluciona el volumen más grande de diferencias. Puede funcionar

por ella sola, o bien, preceder o acompañar a cualquiera de los demás medios de arreglo.

Es muy práctica para terminar conflictos menores, pero muestra insuficiencia cuando se trata de controversias importantes. No puede ser un método imparcial, ya que se está representando en todo caso el "interés nacional" por cada una de las partes, y cada una de ellas, tiene en su territorio el control de los medios de información. Tampoco parece muy eficaz en el caso de diferencias entre una nación grande y otra pequeña, pues aquella intentará siempre imponer su voluntad.

5.1.2. Buenos oficios. Es un medio para facilitar el acuerdo entre las partes. Los buenos oficios consisten en la participación con buena voluntad de uno o varios estados con el fin de invitar a las partes en conflicto a llegar un acuerdo. 5.1.3. Mediación

Cuando la negociación ha fracasado, o bien, cuando los Estados no recurren a ella, un tercer Estado puede procurar un arreglo entre las partes, interponiendo sus buenos oficios o mediando en

la disputa, según el caso. Ambos métodos de solución parecen confundirse. Los buenos oficios ocurren cuando, un país exhorta a las naciones contendientes a recurrir a la negociación entre ellos. La mediación se da conduciendo, esas mismas negociaciones. Los buenos oficios son espontáneos, en tanto que la mediación deriva de un pacto internacional que concede autoridad al Estado mediador para intervenir en esa forma. Explicado en otra forma, en los buenos oficios, el Estado, tercero ha de apaciguar un tanto la exaltación de las partes y establecer una atmósfera conveniente para buscar un arreglo. En la mediación, el tercer país hace propuestas positivas en un

esfuerzo para ayudar a las partes contendientes a llegar a un arreglo. Pero en la práctica es corriente observar que se emplean ambos términos, indistintamente. Sin embargo, la distinción es

útil para permitir al tercero, en un momento dado, intervenir de una o de otra manera. Aunque no existe un derecho del Estado para interponer buenos oficios o para mediar, a menos que esté consignado en un pacto, se acepta ya que un acto de esa naturaleza es amistoso en todos los casos. 5.1.4. Conciliación

La conciliación es un proceso, instituido por las partes mismas para el evento de que se presente una controversia. Es un paso, más allá de las Comisiones de Investigación, pues los conciliadores no sólo investigan los hechos conductivos a la disputa, sino que sugieren alguna solución viable. El dictamen de las comisiones de conciliación obliga a las partes.

Este método de arreglo emerge de los llamados "Tratados Bryan" o de cooling off. Por virtud de estos pactos, que se suscribieron alrededor de 1914 entre los Estados Unidos y varios países de la América Latina, las partes se comprometían a no recurrir a medios hostiles sino hasta que se hubiera hecho, público el informe de la Comisión de Conciliación. Ese periodo de "enfriamiento" era

bastante práctico, pues, muchas de las controversias. se terminan cuando hay oportunidad que los contendientes recapaciten. Más tarde se mejoró la técnica de los Tratados Bryan y se crearon comisiones permanentes de conciliación.

El principio, contenido en los Tratados Bryan fue incorporado en el Pacto de la Sociedad de Naciones (Articulo 12) estableciendo, la prohibición de recurrir a la guerra hasta tres, meses después de un informe del Consejo o de una sentencia arbitral o judicial. Las comisiones conciliación pueden jugar un papel de a1guna importancia, siempre que se utilicen para fines de eficacia limitada. 5.1.5. Encuesta o investigación

Las comisiones de investigación fueron establecidas desde la Convención. de La Haya, en 1899, como una institución formal Para esclarecer. los hechos que condujeron a la controversia. El empleo más destacado de estos cuerpos lo constituye el caso del incidente del Dogger Bank, en

1904. Cuando la flota rusa se dirigía a encontrar su fatal destino a Oriente, en la guerra [email protected]


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japonesa , encontró en su camino, cerca de las Islas Británicas, una flotilla de barcos pesqueros ingleses que fueron lamentablemente confundidos con barcos de guerra nipones, y sujetados al fuego de la artillería naval rusa. El asunto se iba deteriorando, pues la Gran Bretaña no ocultaba sus simpatías por el Japón. Pero los buenos oficios, de Francia, primero, que condujeron a la formación de una Comisión de Investigación, y el éxito que ésta tuvo proporcionando los datos que

determinaron la responsabilidad de Rusia, con la subsecuente aceptación de ésta, eliminaron el conflicto. El buen resultado de esa Comisión llevó a crear Comisiones de Investigación con carácter

permanente, en la Conferencia de La Haya en 1907. El informe que una Comisión de Investigación presenta Como resultado de su labor no tiene carácter obligatorio y sólo sirve para arrojar luz sobre la disputa. En los tiempos actuales se usa bien poco este procedimiento de arreglo. 5.2. Medios jurídicos 5.2.1. Arbitraje El arbitraje es un método por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero, o a un tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmente normas de derecho Internacional, y con el entendimiento que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes como arreglo final. Consiste, pues, el arbitraje, en el ajuste de las controversias internacionales, por métodos y reglas legales, por árbitros escogidos por las partes contendientes. Se diferencia de la mediación en que

el arbitro, debe pronunciar una resolución en una cuestión de derecho, en tanto que el mediador propone un compromiso, o recomienda lo que mejor se debe hacer, no lo más justo. El Tratado Jay de 1794, entre Inglaterra y los Estados Unidos, es el primer ejemplo de un pacto de arbitraje en los tiempos modernos y el primer caso de funcionamiento de tribunales arbitrales, en el

sentido actual de la institución, lo constituyó el tribunal instituido entre Inglaterra y los Estados Unidos para ajustar las reclamaciones relativas a Alabama, en 1871. Es factible estipular asimismo si se Aplicarán normas de estricto derecho, o si ha de resolver conforme a la equidad. Cada Estado se hace representar ante el tribunal por un agente y los abogados necesarios para asesorarle. 5.2.2. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia Diferencia entre el arbitraje y la jurisdicción internacional. Para muchos, el arbitraje es en esencia

diferente de lea tribunales de justicia. Pero no existe base para tal afirmación, pues el arbitraje entraña una decisión obligatoria sobre bases jurídicas, como resultado de un compromiso aceptado voluntariamente por los Estados litigantes. Es un proceso judicial, pues constituye una declaración

de una posición legal entre las partes. Ni siquiera cuando el tribunal arbitral resuelve en base en reglas técnicas, por ejemplo resulta diferente a un tribunal judicial. Hay, es cierto, diferencias entre unos y otros, pero ellas son de matiz y no de esencia. •

Una primera diferencia radica en la composición del tribunal. la integración de un tribunal arbitral es muy variada. La Corte Internacional de Justicia es un cuerpo preconstituido, que

funciona con normas señaladas de antemano; •

•

Otra diferencia estriba en el derecho aplicable por uno y otro cuerpo. En el procedimiento judicial internacional las normas están establecidas previamente en el Estatuto de la Corte en tanto que lea tribunales arbitrales se rigen por el derecho que el compromiso señale, y Otra más consiste en que el tribunal arbitral es ocasional, en tanto que el otro existe para un número indeterminado de litigios, y para una duración indefinida.

6.- Jurisdicción de los Estados 6.1. Jurisdicción territorial

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda

hacer reclamo alguno. [email protected]


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El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos.

Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.

Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos a delitos políticos.

La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un Estado se haya realizado

subrepticia o irregularmente., Ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se bate de asilados o refugiados políticos. La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra

éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante.

Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación interna de éste reconoce a todos los

extranjeros dentro de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante.

A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio o asilo procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos que fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, así como de

aquellos de quienes haya pruebas de que se disponen a incorporarse a él. La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los efectos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del Estado requerido.

Los internados políticos, darán aviso al gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir del territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se dirigirán al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado. 6.2. Modos de adquirir soberanía territorial ADQUISICIÓN DE LA SOBERANÍA TERRITORIAL

Una de las ramas del derecho internacional. Cuyas normas se encuentran bastante bien clarificadas es la que se refiere a los modos de adquirir titulo, sobre un territorio. Ha habido una práctica y una jurisprudencia abundante y mis o menos uniforme, y la doctrina es unánime en este sector, de modo que no se notan diferencias apreciables de opinión. En donde se perciben puntos de divergencia es acaso en la clasifica soberanía de las maneras de obtener soberanía territorial.

Se suelen dividir tales métodos en originarios y derivados. Entre los primeros figuran el descubrimiento y la ocupación. Forman el segundo grupo la conquista, la cesión, la accesión y la prescripción soberanía.

El descubrimiento. Esta forma es responsable de la adquisición soberanía de grandes porciones territoriales del globo. España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda asignaron soberanía territorial sobre enormes porciones con sólo realizar el descubrimiento de ellas, en los siglos XV, XVI y Vil.

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A manera de crear los títulos sobre el territorio muchas veces era sólo simbólica pues bastaba inscribir el territorio avistado -generalmente islas-- en la bitácora del barco para que se considerase

incluido dentro, de las posesiones territoriales. España incorporó así con esta aprehensión visual

centenares de islas mediante actos de esta clase. En otras ocasiones se solemnizaba el procedimiento, pues el Capitán de la nave desembarcaba y tomaba posesión, cuando, no intimaba a los nativos; -si los había- a prestar obediencia al monarca y

al Papa. Cristóbal Colón, por ejemplo, asigno infinidad de ínsulas a los monarcas españoles con ceremonias de este Orden. Desde luego, en lo que concernía a territorios continentales a veces no bastaba el descubrir, sino que era menester una ocupación mis o menos consistente. De ahí las pugnas entre España y Portugal sobre territorio brasileño, resueltas por la Bula Inter Cetarm, de 1493 y el Tratado de Tordesillas, de 1494.

Sólo hasta bien entrado el siglo, XVII, cuando la navegación soberanía ya era rutinaria y se habían acabado los territorios por descubrir, dejó el descubrimiento de ser un método apto para conferir titulo a un Estado sobre un territorio. Y aun cuando boy día el descubrimiento no capacita a un Estado para pretender soberanía sobre un territorio, por lo menos sigue llenando todavía una importante fusión soberanía, pues en el caso de disputas sobre zonas territoriales, que ocurren frecuentemente, es menester a veces retraer la prioridad del titulo basta la época del descubrimiento, pues éste da un titulo primario (inchoate title) o prioridad de ocupación en favor del

Estado que lo invoca. (Para una brillante discusión soberanía sobre descubrimiento, véase Island ol Palmas (Miangas) Case, T. P. A. Max Huber, Firbitro Finico, abril 4 de 1928, en SCOTT. Hague Court Reports (2nd series), 1932, pp. 82-131.) La ocupación. Consiste esta forma de adquirir en el establecimiento de un Estado en un territorio, hasta entonces sin dueño, con el propósito de incorporar ese territorio al dominio nacional y ejercer

soberanía sobre sí. Es requisito indispensable, para que opere la ocupación, que se trate de territorios en donde no aparece un dueño, porque de no ser así se estará en presencia de una conquista. Además, la ocupación ha de ser realizada por un Estado, porque la apropiación por individuos o por empresas no da titulo válido.

La manera de crear los títulos sobre el territorio muchas veces era sólo simbólica pues bastaba inscribir el territorio avistado - generalmente islas - en la bitácora del barco para que se considerase

incluido dentro, de las posesiones territoriales. España incorporó así con esta aprehensión visual centenares de islas mediante actos de esta clase. Desde luego, en lo que concernía a territorios continentales a veces no bastaba el descubrir, sino que era menester una ocupación más o menos consistente. De ahí las pugnas entre España y

Portugal sobre territorio brasileño, resueltas por la Bula Inter Cetarm, de 1493 y el Tratado de Tordesillas, de 1494.

Sólo hasta bien entrado el siglo, XVIII, cuando la navegación ya era rutinaria y se habían acabado los territorios por descubrir, dejo' el descubrimiento de ser un método apto para conferir titulo a un

Estado sobre un territorio. Y aun cuando hoy día el descubrimiento no capacita a un Estado para pretender soberanía sobre un territorio, por lo menos sigue llenando todavía una importante función,

pues en el caso de disputas sobre zonas territoriales, que ocurren frecuentemente, es menester a veces retraer la prioridad del titulo basta la época del descubrimiento, pues éste da un titulo primario (inchoate title) o prioridad de ocupación en favor del Estado que lo invoca.

Para que surta efectos validos la cesión ha de ser formal, contenida en un tratado y generalmente revestida de disposiciones de protectores a los, ciudadanos ahí residentes.

Los Estados Unidos han favorecido las transacciones de, territorio, y siguiendo la sana costumbre jurídica sajona, siempre la han realizado cubriendo compensaciones en efectivo aun en los casos de

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guerras victoriosas. Muchas de estas cesiones territoriales. Se asemejan en mucho a transacciones

del derecho común. Se ha sostenido con insistencia que las cesiones territoriales para que sean válidas deben confirmarse a través del plebiscito de los habitantes, y aún se ha llegado a estipular esto en tratados

una norma adaptable a todas las circunstancias. Pero el principio, es innegablemente bueno y debe incorporarse al derecho de gentes.

La llamada también accesión y aluvión consiste en la incrementación de la soberanía natural del territorio por el agregado lento y gradual de partículas. El aumento de territorio obtenido, así beneficia al Estado en donde ocurre, esto es, es un modo de adquirir. Este método se deriva directamente del Derecho Romano (acceso cedat principali) y sus

normas han permanecido inalterables desde entonces. La accesión puede tomar la forma de aluvión, que es el aumento casi imperceptible de las riberas de un río o de las playas por los materiales depositados por las aguas, o puede asumir la forma de un delta, en la desembocadura de los ríos en el mar. Cuando acontece esto último, la extensión del mar territorial se prolonga. También sobreviene por el nacimiento de una isla, bien sea en el lecho de un río, bien en las aguas marginales. Cuando -1 río - es internacional, empero, la frontera sigue rigiendo para determinar la pertenencia parcial de la isla, según ésta se encuentre, si a un lado u otro del limite . La prescripción. Aunque los autores antiguos admitían la prescripción como medio apto de adquirir

soberanía de soberanía territorial, hoy día casi nadie le confiere valor a ésta en el derecho internacional, sino como un medio suplementario de obtener titulo sobre un territorio. La prescripción, actualmente, opera. Sólo cuando hay, además posesión del territorio por un Estado,

y cuando existe, simultáneamente, la aceptación soberanía tácita o el abandono - animus derelictionis- del otro Estado. Esto es, no es el transcurso del tiempo lo que confiere titulo, sino un conjunto de circunstancias complementarias. Es en materia de fronteras, y con referencia a porciones cortas le territorio, en donde se observa el

funcionamiento de la prescripción. Por ejemplo, el Tratado entre Inglaterra y Venezuela sobre el limite de la Guayana, de 2 de febrero de 1897. En fin, la misma imprecisión que rodea a esta materia revela que no es un medio apto y conveniente para conferir Soberanía territorial. 6.3. Territorio

El estudio de la parte terrestre tiene mucha importancia, porque en realidad es el núcleo de la llamada soberanía territorial. Si se observa detenidamente, se concluye que es el ámbito, que el derecho internacional reconoce a un Estado sobre el que se ejerce la soberanía plena. En cambio,

en las otras porciones esta soberanía admite atenuaciones impuestas por el propio orden jurídico internacional.

Se repiten frecuentemente nociones equivocadas en lo que hace a la naturaleza del Estado sobre su territorio. Muchas de ellas provienen de la teoría del derecho constitucional. Tales errores son mas Visibles en nuestros países latinoamericanos, en donde la idea de derecho territorial del Estado

está firmemente unida a la noción soberanía de propiedad. En muchos ordenamientos constitucionales se repite el concepto feudal de que el soberano es el dueño del territorio (Constitución Política, de México, artículo 27). En realidad, el derecho que el Estado ejerce sobre su territorio es un imperio, no un derecho real. Y es un imperio que se realiza en todos los puntos

del territorio y sobre las personas y las cosas ahí colocadas. El subsuelo no es en sí mismo una parte especial del territorio, como ha llegado a afirmarse por muchos autores. En realidad, es físicamente una parte del suelo, sólo que tiene un régimen particular, por causa de los importantes

recursos naturales que ahí se encuentran. Las aguas nacionales se equiparan a la parte de tierra cuando el Estado domina todas las riberas. Cuando, en cambio, dos o más Estados concurren en las riberas, se tienen los ríos y aguas internacionales. Puede ocurrir que la corriente o el depósito

de agua dividan sólo a dos Estados, o puede suceder que atraviese varios de ellos, en cuyo caso el problema se agudiza. [email protected]


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Los ríos y lagos, en esa circunstancia, son internacionales, y se sujetan a un régimen especial en

cuanto al aprovechamiento de las aguas, que suele estar consignado en tratados internacionales. Las corrientes internacionales de agua también son objeto de regulación soberanía en cuanto al aprovechamiento de las aguas. Inclusive las de los ríos nacionales, han de usarse de acuerdo con las normas del derecho de gentes, pues resulta aplicable el principio general de que no se permite a

ningún Estado alterar su propio territorio en desventaja del territorio vecino. De ahí que México haya realizado con los Estados Unidos de América varias convenciones para la debida utilización soberana de tales aguas. (Convención para la Equitativa Distribución de las Aguas del Río Grande,

mayo 21 de 1906; Tratado, sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, de 3 de febrero de 1944.) Per medio de esos instrumentos se logra una reglamentación más o menos adecuada para que ambas países aprovechen las aguas de los, ríos Bravo, Colorado y Tijuana y sus afluentes principales. 6.4. Zonas marítimas (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)

Las clásicas libertades de navegación y sobrevuelo y del derecho de tender cables y tuberías submarinas lo cual parece poco, probable que ejerza en esa zona así como de otros usos internacionalmente legítimos del mar relacionados con la navegación y las comunicaciones. a) El mar territorial

La cuestión relativa al llamado "Derecho al Mar" ha vuelto a tener, importancia capital, sobre todo desde que ha advertido que en él está: una de las riquezas pesqueras y marinas. Existe una marcada separación en las teorías que tratan de explicar la naturaleza del derecho del Estado sobre esta zona. Han oscilado, ellas desde la concepción anticuada que sostiene que se trata de un derecho de propiedad del Estado adyacente sobre esas aguas hasta la posición más aceptable de una soberanía territorial ejercida con matices especiales por el Estado ribereño, y que resulta más congruente con la realidad. El nacimiento de este derecho de soberanía territorial reside

en. que la seguridad. del Estado exige, desde los orígenes de la comunidad internacional, que éste cuente con una faja de mar. realice funciones soberanas, en la que goce, en forma exclusiva, de los productos, del mar, del suelo y del subsuelo marino, y en la que ejerza la protección y el control a su comercio. De no existir este derecho, dice HALL, no existiría en el litoral una seguridad suficiente

para su vida y las propiedades de los sujetos del Estado. La tradición ha consagrado el nombre de "mar territorial", pero resulta más correcto el de "mar marginal" o "aguas marginales", en estricto rigor es está la designación que corresponde.

Los barcos mercantes de todos los países tienen el derecho de utilizar en tránsito la parte de esas aguas territoriales que conduce a los puertos y aun de navegar a lo largo de la costa, en ciertos casos, pero siempre con sujeción a las ordenanzas y reglamentos del Estado contiguo y bajo el supuesto de que tal tránsito es legitimo. A las naves de, guerra no se les reconoce ese derecho con la misma amplitud.

Pero en cambio el Estado tiene el derecho de explotar exclusivamente la pesca y las especies sedentarias en el mar marginal, así como el suelo y el subsuelo del mismo e imponer medidas de política sanitaria y de aduanas, e impedir o limitar el tránsito en zonas peligrosas de seguridad.

Los países, frente a una anchura hoy inaceptable y a la necesidad de aprovechar hasta el máximo los recursos de esa zona, han tendido a buscar una protección unilateral, que puede juzgarse de exagerada. El clamor que se nota en torno a este asunto se refleja en la norma propuesta por la Comisión, de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en 1953, por lo que se refiere a pesquerías, para conciliar los intereses del Estado ribereño con los de la comunidad de naciones. Esa regla establece que los Estados deben aceptar cualquier sistema de regulación de la pesca en alta mar que una autoridad internacional prescriba como esencial parte del propósito de proteger las pesquerías. del despilfarro y de la exterminación.

Las Naciones Unidas convocaron a una conferencia general para examinar el derecho del mar. La conferencia se reunió en Ginebra ,. Se progresó bastante en lo que se refiere al mar libre, a la plataforma continental, a la pesca y a la conservación de los recursos biológicos de alta mar, pero [email protected]


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en el campo del Mar territorial persistió la misma falta de entendimiento. Los Estados Unidos propusieron la realización de una nueva conferencia general, para abril de 1960, con el propósito de

Llegar a una norma de aceptación común, sin éxito. Pero en tanto que la cuestión del derecho del Estado ribereño en relación con terceros Estados (transito, principalmente) siga confundida con la de explotación de recursos naturales (pesca, minerales, hidrocarburos, etc.), parece difícil por ahora encontrar una fórmula compromisoria.

Por esas determinaciones se pide al Secretario General que rinda la posibilidad de convocar a una nueva. Conferencia para revisar el régimen del mar, y especialmente, para Llegar a una definición a,

precisa e internacionalmente aceptada de la zona de los fondos y oceánicos que se hallan fuera de la jurisdicción nacional; solicita que la Comisión sobre Utilización con Fines Pacificas de Fondos

Marinos y Oceánicos acelere la expedición de una declaración de los principios, para que sea considerada por la XXV Asamblea General, insta que se prepare un estudio sobre un mecanismo internacional apropiado para ejercer tal utilización y, finalmente y de la principal, se declara que hasta en tanto no se establezca el mecanismo internacional, apropiado, los Estados y las autoridades están obligados a abstenerse de cualesquiera actividades de recursos en tales zonas. Al mismo ha sido palpable que varias sociedades e instituciones científicas se han pronunciado abiertamente por una congelación de las reivindicaciones a más de 200 metros de profundidad

6.5. Espacio aéreo Las normas relativas al espacio aéreo supuestamente al territorio Estado son nuevas, porque sólo a

partir de la Primera Guerra existió la necesidad de regular esa zona. Hasta entonces en contadas ocasiones que está materia fue tratada, se sostenía que espacio aéreo era libre. Pero la guerra puso de manifiesto la necesidad de que el Estado afirmase su soberanía territorial sobre porción, para fines de defensa y de control. Al terminar esa guerra armada ya nadie dudaba si el Estado podría ejercer tal soberanía sino sólo si el transito de aeronaves de otros países podría considerarse como un derecho, o bien como una concesión del Estado cuyo cielo cruzaban. En el desarrollo de pocas instituciones del Derecho Internacional podría notarse un acuerdo tan completo.

La convención para la Reglamentación de la Navegación Aérea, de París, de octubre 13 de 1919, representa el primer acuerdo de tipo general sobre estás cuestiones. AM se reconoció la "completa

y exclusiva soberanía del Estado sobre el espacio aéreo colocado por encima de su territorio y aguas marginales", pero cada Estado se comprometía a conceder en tiempos de paz libertad de tránsito inocente a las aeronaves privadas de las otras partes. Se establece en esa Convención una reglamentación más o menos adecuada con respecto a la nacionalidad de las aeronaves, signos que ésta debe llevar, documentos que deben portarse, lista de pasajeros, manifiesto de carga, cuaderno de bitácora, etc. Regulaba también los vuelos de aeroplanos militares.

Esa Convención creaba la C. 1. N. A., o sea la Comisión internacional para la Navegación Aérea, bajo la autoridad de la Liga de las Naciones, con funciones de estudio para reformar la Convención; y para colectar y diseminar la información sobre navegación aérea.

En 1928, durante la Sexta Conferencia Interamericana, se alcanzó una Convención sobre Aviación Comercial, calcada sobre la de París, que tuvo pocos adherentes y una eficacia muy restringida. Pero todos estos documentos, dejaban sin resolver numerosos problemas jurídicos creados por la

necesidad de comunicación aérea internacional. Por eso no deja de extrañar que a pesar de las ciencias de estos instrumentos, y de que era palpitante la necesidad de una reglamentación internacional adecuada a la aviación civil, que tomara en cuenta el justo equilibrio y una reciprocidad

bien proporcionada, la Conferencia sobre Aviación Civil Internacional, realizada en Chicago en 1944, no tomó en cuenta estás circunstancias. En esa Conferencia de Chicago se debatieron tres tesis principales: la, de la internacionalización, o sea la de poner todo el problema aéreo bajo una autoridad internacional. Asimismo, de Chicago, salió también un Convenio de transporte Aéreo Internacional, Llamado también "el acuerdo de cinco libertades", a saber: el privilegio de volar a través del territorio de un Estado; el de aterrizar sin el propósito de realizar tráfico; privilegio de descargar pasajeros, correo; el de tomar correo, pasas y mercancías con destino al territorio [email protected]


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nacional de la nave aérea, el derecho de tomar pasajeros, carga y correo destinados al territorio de

cualquiera de las partes de ese Convenio, así como el de cargar correo, carga y pasaje proveniente

de otra de las partes tratantes. De Chicago surgió también la Organización de la Aviación Civil internacional (OACI o ICAO), un organismo de carácter técnico encargado de uniformar las reglas de la navegación aérea y que tiene sede en Montreal, Canadá. Sin embargo, este régimen de tratados no proporciona todavía las

para la regulación adecuada de la aviación internacional. Existe una situación dispar que exige ya una solución de tipo general que garantice la libertad de tránsito aéreo, pero que asegure también intereses de los países, evitando la desmedida supremacía de algunos Estados. 6.7. Protección diplomática

Las prerrogativas de los agentes diplomáticos se dividen en dos grupos: las inmunidades y los privilegios. Las primeras se derivan de la costumbre internacional, y en algunas ocasiones, de tratados específicos, y se explican en razón de que el agente debe gozar de cierto desembarazo para. realizar su función, lo que no deja de contener cierta falacia . Las segundas brotan de la cortesía internacional y de la reciprocidad. Por lo que se refiere a las inmunidades, ellas son de dos

clases, pues atañen a la propia persona del agente y al local y a los asuntos de la misión diplomática. La primera de ellas y tal vez más importante desde el punto de vista psicológico es la inviolabilidad

personal, que pone, como afirma CALVO, a la persona que está investida de ella por encima de todo ataque y de toda persecución. Es, a la vez, el derecho más antiguo de los diplomáticos no es necesario que existan relaciones diplomáticas para que pueda enviarse una misión. Los miembros

de ella se designan libremente, una vez que se haya proporcionado al Estado recipiente toda la información necesaria, y en particular, los nombres y designaciones de las personas que intentan nombrar. El Estado de destino puede declinar aceptar una misión o a cualquier persona de ella, sin

necesidad de expresar motivo. El jefe de la misión especial puede actuar en el otro país a nombre de ella y puede expedir comunicaciones al otro Estado.

Los miembros de la misión gozarán de libertad de comunicación, de movimiento, de archivos y documentos, de inviolabilidad personal y aún del lugar donde se acomodan o residan. 7.- Derechos humanos y derecho humanitario

El derecho internacional humanitario es una expresión ambigua; sin embargo, se ha ido afirmando paulatinamente, ha ido encontrando su propio contenido, y a cada paso está abarcando más y más cosas. El trasfondo del derecho humanitario internacional es un sentimiento de ética, pero también de justicia implícita, de la solidaridad humana frente a la adversidad, de la compasión y se encuentra enraizado en lo mejor de la conciencia del hombre.

Cuando se examina el vocablo derecho internacional humanitario se descubre que concurren en sí tres ideas de diferentes características: una jurídica, otra moral y una más sociológica. El auténtico

fundamento del derecho humanitario radica en la solidaridad internacional que surge del reconocimiento de que la humanidad es sólo una, y de que los individuos que la componen merecen

ser los destinatarios de la preocupación de esa comunidad cuando son afectados los supuestos básicos de la categoría del ser humano, y se rebaja la dignidad del hombre, a bien cuando ocurren acontecimientos a calamidades que hacen padecer a grupos considerables de individuos.

Aunque la fuente material del derecho humanitario son los Estados mismos, que participan en su creación y en su movimiento, existe, como es natural, una resistencia de muchos gobiernos para sentirse obligados por las normas de esa rama humanitaria, a una tendencia a desconocerlas

invocando un "estado de necesidad", y ello explica que no obstante su naturaleza racional y la nobleza de sus principios, este derecho haya tenido necesidad de integrarse penosamente, que su

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doctrina sea contradictoria en ocasiones, y que no se hayan desarrollado cabalmente las instituciones y los medios que le sirven. Debemos prevenir que el estudio del moderno derecho humanitario internacional no es una cuestión

fácil, porque se ha relacionado con otras partes del derecho de gentes, y se ha extendido por la fuerza. Su campo de acción en vista de las nuevas realidades de la vida internacional, de nuevas formas de hacer la guerra, de los movimientos de liberación nacional, del anticolonialismo y del nuevo estilo de guerra civil. Existen ahora además nuevas concepciones teóricas sobre este derecho. Ha de observarse al mismo tiempo que las contiendas armadas, por desgracia, son la causa eficiente para el surgimiento del derecho humanitario y, a la vez, para su aplicación, pues vienen a ser como la contrapartida de esa rama jurídica; esas contiendas han adoptado un perfil positivamente antihumano, que vuelve difícil tanto la aceptación en el futuro de reglas protectoras más amplias como la puesta en práctica de las mismas. El funcionamiento de las instituciones encargadas de la tutela se reduce al ínfimo, pues ni siquiera se da la oportunidad para que lleguen a

intervenir, dado lo violento y lo conclusivo de tales acciones, dirigidas a veces contra zonas o poblaciones enteras. Por eso es tan importante el esfuerzo que se viene haciendo desde antiguo para limitar los medios y

los métodos de hacer la guerra, y para llenar las lagunas que existen en los principios y las normas del derecho internacional general.

De conformidad con los expertos, el derecho internacional humanitario moderno comprende tres sectores: el primero está formado por el conjunto de normas destinadas a proteger los derechos fundamentales de la persona humana y a tutelar a las víctimas inocentes del conflicto bélico; el segundo, por las normas relativas a los métodos de conducción de la guerra, la restricción o prohibición del empleo de ciertas armas, así como del desarme; el tercero, las que en tiempos de paz están destinadas a la asistencia a los grupos humanos en caso de catástrofe, natural o inducida por la mano del hombre. Algunos autores señalan que deberían incluirse aquí las normas relativas a la cooperación internacional, contenidas en los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Un testimonio de la importancia que reviste el moderno derecho humanitario, particularmente aquella

aplicable a las contiendas armadas, es que se establece que sus normas son jus cogens, esto es, inderogables, y tienen carácter imperativo, y no facultativo, o, para expresarlo mejor, tienen preeminencia sobre las demás. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, estatuye en su artículo 53 la regla imperativa

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SEP – CENEVAL GUIA DE ESTUDIO RESUELTA EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO (EGEL-D) INDICE 001 - 007 TEORIA DEL DERECHO 008 - 012 FILOSOFIA DEL DERECHO 014 - 030 DERECHO ROMANO 031 - 043 HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO 044 - 064 DERECHO CONSTITUCIONAL 065 - 095 DERECHO CIVIL 096 - 114 PROCESAL 115 - 139 PROCESAL CIVIL 140 - 174 PROCESAL MERCANTIL 175 - 190 DERECHO PENAL 191 - 204 PROCESAL PENAL 205 - 222 AMPARO 223 - 233 ECONOMICO 234 - 235 SOCIOLOGIA 236 - 238 ECONOMIA 239 - 271 DERECHO ADMINISTRATIVO 272 - 278 FISCAL 279 - 297 MERCANTIL 298 - 303 DERECHO BANCARIO 304 - 306 DERECHO BURSATIL 307 - 312 DERECHO CONCURSAL 313 - 350 DERECHO DEL TRABAJO 351 - 364 DERECHO AGRARIO 365 - 367 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 368 - 382 DERECHO INTERNACIONAL 383 - 407 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

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