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I n t e g r a n t e s :
P a b l o C a v i e d e s D i e g o S a l a z a r D a v i d Z a o r a
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Entregable Jurisprudencias Ética ●
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A s i g n a t u r a :
n o É t i c a y L e g i s l a c i ó n -
3 6 D J o u c a e n n t S e e : p
ú l v e d a F 0 e 3 c / h N a o : v
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i e b r e / 2 0 1 4 S A e p d o e q : u i n d o
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Tabla de contenido Tema Principal ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tema Secundario ............................................................................... Error! Bookmark not defined. Tema 3 ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
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Caso 1 Resumen DELITOS. DELITO INFORMÁTICO. Establecidos los hechos, procede señala que la principal función de una caja o del sistema en que se sustenta, es el registro fidedigno y completo de todas y cada una de las ventas efectuadas y de los ingresos o retiros de dinero, de modo que si nadie se aprovechaba del sistema, este funcionaba perfectamente para los fines que fue diseñado, a cuyo respecto en el considerando séptimo del fallo señala que si “este sistema abr’a una ventana que permite emitir pines telefónicos sin que fueran registrados en las boletas, no es una conducta imputable a los acusados, sino a quien lo permiti—, creando un sistema frágil ante este tipo de transacciones”, ello no logra desvirtuar el hecho de que los operadores de la caja digitaban el potenciador en un momento que no corresponda con los `procedimientos del sistema y que era esa acción anormal la que impedía o modifica el funcionamiento del registro de la caja, de manera que sostener, como lo hace la sentencia, que los operadores de las cajas asignadas a los acusados, no han incurrido en delito alguno, es un manifiesto error de derecho, pues, tales conductas necesariamente deben encuadrarse en el tipo penal del artículo 1° de la Ley N° 19.223 y condenar a los acusados como autores del delito informático del artículo 1° de la Ley N° 19.223.
Hechos Los acusados eran trabajadores dependientes de la sociedad Hipermercado Curicó Limitada, desempeñándose como cajeros del Supermercado Líder, ubicado en Carmen 1190 de Curicó, situación en la que obstaculizaron o impidieron el funcionamiento del sistema informático instalado en cada una de las cajas para la venta de código telefónico de prepago, conocidos también como pines telefónicos”, generando así códigos prepagados de las empresas Entel,
Claro y Movistar que nadie pagó a Hipermercado de Curicó, pero que esta sociedad debió pagar a las empresas telefónicas mencionadas. Agrega que el modo de operar consistía en ingresar durante un proceso de compra normal de mercaderías un código erróneo, concretamente un descuento de un producto determinado, asociado a los titulares de la Tarjeta Presto, con lo cual se producía que el sistema de las cajas se bloqueara e impidiera el ingreso de nuevos productos a la cuenta del cliente, siendo la única alternativa para regresar al sistema y continuar la compra, anular el descuento de la Tarjeta Presto ingresado erróneamente. En el tiempo entre el ingreso mal hecho y su posterior anulación, la caja quedaba impedida de registrar compras en la boleta del cliente, ni efectuar registros en el sistema de control de ingresos de la caja. Durante ese lapso los imputados realizaban una o más operaciones de generación de “pines” o có digos prepagados, sin que quedaran registradas ni en la boleta del cliente ni en la cuenta de control de la caja, luego desbloqueaban el sistema y concluían la venta. Al término de s u jornada rendían cuenta de
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sus ventas realizadas omitiendo la generación de “pines”, y sobre la base del registro de caja, incompleto por la alteración ya descrita, a sus supervisores les resultaba imposible percatarse del engaño, y con ello los acusados podían disponer gratuitamente de los códigos o pines generados. En seguida, expone que los hechos concretos de cada imputado eran de Maira de Las Nieves Lizama Ponce, entre el 2 de enero y el 13 de febrero de 2008, realizó 72 transacciones generando 198 “pines”, por un monto de 72 transacciones generando 198 pines
por un monto de $1.080.000.- que la víctima debió pagar a las proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno. María José Rebolledo Muñoz, entre el 10 de enero y el 8 de febrero de 2008, realizó 11 transacciones generando 32 pines, por un monto de $335.000.-, que la víctima debió pagar a las proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno. Y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra, entre el 12 de enero y el 10 de febrero de 2008, realizó 23 transacciones generando 24 pines, por un monto de $145.000.- que la víctima debió pagar a las proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno.
Luego, dice que la sentencia recurrida, en su considerando cuarto, tuvo por probado que “en
los meses de enero y febrero del año 2008, y a raíz de una falencia en el software de la administración de cajas del Hipermercado Curicó Ltda., se omitieron numerosos pines telefónicos de las empresas móvil Movistar, Entel y Claro, sin que ellos fueran registrados en una boleta de venta, a pesar que eran cargados como vendidos por estas empresas telefónicas, lo que se generó en las cajas que eran operadas con las claves que eran asignadas a los acusados María de las Nieves Lizama Ponce, María José Rebolledo Muñoz y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra. Esta situación ocurrió en aquellas oportunidades en que en una operación de venta, y luego que se activaba el Potenciador Presto, el cajero solicitaba un pin telefónico, y, acto seguido, anulaba el Potenciador Presto, lo que dio lugar a que el Hipermercado Curicó Ltda., debiera pagar en definitiva la suma de $1.455.000.- Y en su considerando sexto, expresa que los hechos reseñados no son constitutivos de delito y que no se acreditó que al momento de emitirse los pines de prepago telefónico que no quedaron registrados en las cajas, y que hayan sido operadas exclusivamente por los acusados, con los que se ha incurrido en una errónea aplicación del derecho.
Postura Que mediante el recurso de nulidad deducido por el Fiscal Adjunto del Ministerio Publico, don Eduardo Jara del Río, y por la parte querellante Hipermercado Curicó Limitada, don Miguel Chaves Pérez, don Marcos Contreras Enos y don Benjamín Muhr Altamirano, se pretende se anule el juicio oral realizado los días 02 al 05 de noviembre de 2010 ante la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó— y la expresada sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 10 de noviembre de 2010, que absuelve a los acusados María de las Nieves Lizama Ponce, María José Rebolledo Muñoz y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra de ser
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autores del delito de estafa y del delito informático del artículo 1°de la Ley N° 19.223, en perjuicio de Hipermercado Curicó Ltda., presuntamente ocurrido en Curicó, entre los meses de enero y febrero de 2008, por el cual se les acusa—, y se disponga se efectúe un nuevo juicio oral por el tribunal no inhabilitado que corresponda, fundándose en las causales de nulidad contempladas en los artículos 374 letra e), en relación con la letra c) del artículo 342, y del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, deducidas conjuntamente.
Análisis El Ministerio Publico expresa que durante los meses de enero y febrero del año 2008 los acusados eran trabajadores dependientes de la sociedad Hipermercado Curicó— Limitada, quienes se desempleaban como cajeros del Hipermercado Líder, ubicado en Carmen 1190 de Curicó —, situación en la que obstaculizaron o impidieron el funcionamiento del sistema informático instalado en cada una de las cajas para la venta de códigos telefónicos de prepago, conocidos también como “pines telef ónicos”, generando as’ códigos prepagados de las empresas Entel, Claro y Movistar que nadie paga — a Hipermercado de Curicó—, pero que esta sociedad debía— pagar a las empresas telefónicas mencionadas. Agrega que el modo de operar consista en ingresar durante un proceso de compra normal de mercaderías un código erróneo, concretamente un descuento de un producto determinado, asociado a los titulares de la Tarjeta Presto, con lo cual se producía que el sistema de las cajas se bloqueara e impidiera el ingreso de nuevos productos a la cuenta del cliente, siendo la œnica alternativa para regresar al sistema y continuar la compra, anular el descuento de la Tarjeta Presto ingresado erróneamente. En el tiempo entre el ingreso mal hecho y su posterior anulación, la caja quedaba impedida de registrar compras en la boleta del c liente, ni efectuar registros en el sistema de control de ingresos de la caja. Durante ese lapso los imputados realizaban una o más operaciones de generación de “pines” o códigos prepagados, sin que quedaran registros ni en la boleta del cliente ni en la cuenta de control de la caja, luego desbloqueaban el sistema y concluían la venta. Al término de su jornada rendían cuenta de sus ventas realizadas omitiendo la generación de “pines”, y sobre la base del registro de ca ja, incompleto por la alteración ya descrita, a sus supervisores les resultan imposible percatarse del engaño, y con ello los acusados podían disponer gratuitamente de los códigos o pines generados. En seguida, expone que los hechos concretos de cada imputado eran de Maira de Las Nieves Lizama Ponce, entre el 2 de enero y el 13 de febrero de 2008, realizó— 72 transacciones generando 198 pines, por un monto de 72 transacciones generando 198 pone por un monto de $ 1.080.000.- que la víctima debía— pagar a la proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno. Mara JoséŽ Rebolledo Muñoz, entre el 10 de enero y el 8 de febrero de 2008, realizó— 11 transacciones generando 32 pines, por un monto de $335.000.- que la víctima debía pagar a las proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno. Y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra, entre el 12 de enero y el 10 de febrero de 2008, realizó— 23 transacciones
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generando 24 pines, por un monto de $145.000.- que la víctima debía pagar a las proveedoras telefónicas, sin recibir ingreso alguno. A continuación expresa que la sentencia recurrida, en su considerando cuarto, tuvo por probado que En los meses de enero y febrero de 2008, y a razón de una falencia en el software de la administración de cajas del Hipermercado Curicó — Ltda. Se omitieron numerosos pines telefónicos las empresas móvil Movistar, Entel y Claro, sin que e llos fueran registrados en una boleta de venta, a pesar que eran cargados como vendidos por estas empresas telefónicas, lo que se generó— en las cajas que eran operadas con las claves que eran asignadas a los acusados Mara de la Nieves Lizama Ponce, Mara JoséŽ Rebolledo Muñoz y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra. Esta situación ocurrí — en aquellas oportunidades en que en una operación de venta y luego que se activaba el Potenciador Presto, el cajero solicitaba un pin telefónico y, acto seguido, anulaba Potenciador Presto, lo que dio lugar a que el Hipermercado Curicó— Ltda. Debiera pagar en definitiva la suma de $1.455.000.- Y en su considerando sexto expresa que los hechos reseñados no son constitutivos de delito y que no se acredito— que al momento de emitirse los pines de prepago telefónico que no quedaron registrados en las cajas y que hayan sido operados exclusivamente por los acusados, con lo que se ha incurrido en una errónea aplicación del derecho. Que en cuanto a la causal hecha valer contemplada en el artículo 374, letra e), en relación con el artículo 342, letra c), ambos del Código Procesal Penal, el Ministerio Publico sostiene, en primer lugar, que la exposición en el fallo de los hechos que se dieron por probados no cumple con los requisitos de ser clara, lógica y completa, e igualmente la valoración de los medios de prueba que fundamentan tales conclusiones, pues, no re únen las exigencias del artículo 297 de dicho Código en el sentido de señalar cada uno de los medios de prueba con que se tuvo por acreditado cada uno de los hechos y de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En efecto, la sentencia en los considerandos 1° y 2° individualiza el juicio y consigna el contenido de las acusaciones; en el 3° resume la declaración de auto defensa de la acusada Rebolledo Muñoz, sin analizarla ni valorarla; en el 4° sea la los hechos que se dieron por probados, sin referirse a ningún medio de prueba; en el 5° bajo el título de prueba rendida, en menos de una carilla, se hace un sumario de la prueba rendida, enunciando el nombre de los testigos y peritos y tipo de documentos acompañados; en el 6° se da por establecido ciertos hechos y realiza y hace un análisis doctrinario de porque no son constitutivos de delitos, sin referirse a medio probatorio alguno que funde cada una de sus conclusiones f ácticas y solo es posible encontrar el establecimiento de un hecho ligado a un medio probatorio determinado que es el referente a la programación del sistema informático que tenga una falencia, como dijo en audiencia el testigo Cristian Ñaure, y que hasta el día de hoy hay deficiencias en sus redes informáticas, lo que dejó— en claro la testigo de la defensa doña Jacqueline Torres Navarro.
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Es decir, solo señala dos medios de prueba determinados sobre la base de los cuales se dieron por acreditados dos hechos, por demás puntuales y que dicen poca relación con los temas de fondo, pero respecto del resto de los hechos que se tuvieron por acreditados es imposible reproducir el razonamiento de cómo el Tribunal llegó a tales conclusiones. De ahí ’ que el gran y único argumento de las sentenciadoras para estimar que los hechos acreditados no son constitutivos de delito informático, se resumen en que ellas creen o estiman que la alteración intencional por parte operador de la secuencia cronológica de un procedimiento, obteniendo con ello que el sistema de caja no registre algunas ventas, lo que no constituye ni obstáculo ni impedimento ni modificación del sistema. Esta conclusión de la sentencia es contraria a toda la prueba que se rindió — en el juicio sobre el punto controvertido, ya que las únicas referencias al tema las efectuaron el perito judicial, don Gabriel Rivera Hernández, ingeniero civil industrial, y el testigo don Gabriel Ñaure , analista de sistemas, quienes señalaron que el funcionamiento del sistema fue modificado por la alteración del procedimiento al digitar el Código Potenciador Presto, efectuado por los cajeros, con lo que las sentenciadora olvidaron que “las palabras t écnicas de toda ciencia o arte se tomaron en el sentido que les dan los que profesan la misma c iencia o arte”, con lo que la conclusi ón del fallo en esta materia es contraria a los conocimientos científicamente afianzados, los cuales casi consideran que los operadores y los procedimientos o técnicas de trabajo forman parte integrante del sistema de información. A continuación en, expresa que la reproduce—n que la sentencia hace de la prueba rendida por su parte, es parcial o incompleta, omitiéndose partes esenciales de las declaraciones de los testigos y peritos, o del contenido de los documentos mostrados en la audiencia, a modo de ejemplo por razones personales de la única testigo de la defensa doña Jacqueline Torres Navarro declarar antes que algunos testigos de cargo, diciendo que hace poco tiempo recargo su teléfono celular en una de las cajas del Hipermercado Curicó Ltda. y que la boleta marco un valor de $0.-, declaración que sirve de base al fallo para dar por acreditado que hasta el día de hoy las redes informáticas del supermercado tienen deficiencias, e inmediatamente después de ella declara el testigo de la acusación, don Cristian Ñaure Ñaure, analista informático, a quien se le pregunta expresamente por la situación referida por la testigo anterior, manifestando que tal situación no constituye falla alguna y era completamente normal, puesto que el actual sistema, a diferencia del usado el 2 008, no expendía códigos de prepago, sino que recargaba minutos directamente en un celular determinado, lo que posibilito que en los contratos vigentes entre el supermercado y las empresas telefónicas se estableciera que si la empresa telefónica no cursaba el cobro en un plazo determinado, el supermercado quedaba libre de su pago, razón por la que se emitía una boleta por cero pesos, siendo responsabilidad de la empresa telefónica facturarle directamente a su cliente, dueño del celular recargado. En seguida, señala un segundo caso de declaraciones de sus testigos que fueron omitidas en el resumen efectuado en el fallo, que es la de Sergio Pérez Carrasco, jefe de cajas del
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Hipermercado Curicó—, pues, en la sentencia se consigna que declaró—: El cajero al final de la jornada va con el dinero recaudado y hace la entrega a un tesorero, hay que hacer una cuadratura de caja; pero omite consignar que repreguntado en relación con quéŽ se haca la cuadratura para aprobar la entrega de la caja, contesta que se cuadraba el dinero con el Registro de la Caja, el cual deba incluir tanto las mercaderías como los prepagos telefónicos, de suerte que si la sentencia hubiere considerado la indicada declaración no habrá tenido ningún problema para encontrar todos y cada uno de los elementos del delito de estafa. Finalmente, en cuanto a la participación de los acusados, en su considerando sexto una vez más incumple lo prescrito en el artículo 297 inciso tercero del C—digo Procesal ya citado, pues, no señala cual o cuales son los medios de prueba que le permitieron llegar a la conclusión de que se acredito que hubo oportunidades durante la jornada laboral diaria, en que las cajas son operadas por terceros. Que en el considerando cuarto del fallo recurrido se dan por probado los hechos que siguen: que en los meses de Enero y Febrero del a –o 2008, y a raíz de una falencia en el software de administración de cajas del Hipermercado Curicó— Ltda., se emitieron números pines telefónicos de las empresas de telefonía móvil Movistar, Entel y Claro, sin que ellos fueran registrados en una boleta de venta, a pesar que eran cargados como vendidos por estas empresas telefónicas, lo que se generó en las cajas que eran operadas con las claves asignadas a los acusados Maira de las Nieves Lizama Ponce, María JoshŽ Rebolledo Muñoz y Carlos Alfredo Rodríguez Guerra. Esta situación ocurrió en aquellas oportunidades en que en una operación de venta, y luego que se activaba el Potenciador Presto, el cajero solicitaba un pin telefónico, y, acto seguido, anulaba el Potenciador Presto, lo que dio lugar a que el Hipermercado Curicó— Ltda., debiera pagar en definitiva la suma de $1.455.000.- Causa n¼ 498/2010 (Otros). Resolución n° 28622, de Corte de Apelaciones de Talca. Que el tribunal concluye que si bien se dio por probada la existencia del hecho, que se considera en el considerando cuarto sic), estos hechos no obstante que implican que los acusados se aprovecharon de una debilidad del sistema operacional de cajas que les proporcionaba su empleador, intencionalmente o no, se emitan en sus puestos de trabajo unos pines telefónicos; bien esto puede haber sido intencional, es decir, que para operarlo debieron haber puesto la intención de ocasionar el daño, o no, ya que eso no quedó demostrado en estos antecedentes más allá de la duda razonable que el Tribunal debe sopesar como estándar cuantificable, y de hecho una primera vez debí suceder en una operación sin siquiera el sujeto activo haberlo deseado o manipulado en tal sentido, de ah’ que revelo para los acusados la posibilidad, de repetirlo, y crear los pines que se han establecido para cada uno de ellos; y siguiendo con el análisis de la prueba las sentenciadoras, agregan Debemos decir, que el sistema adolecía, de una falla que fue aprovechada por los
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acusados o posiblemente sus compañeros que operaban con su clave, para supuestamente sacar pines telefónicos que no fueron pagados por ningún cliente. Que no obstante, que en el raciocinio cuarto del fallo en revisión se señalan los hechos y circunstancias que se dan por probadas por las sentenciadoras, en virtud del análisis de la prueba rendida que se realiza en el motivo sexto del mismo, en el que se reitera la conclusión anterior expresando que si bien se dio por probada la existencia del hecho, que se considera en el considerando cuarto (sic), estos hechos no obstante que implican que los acusados se aprovecharon de una debilidad del sistema operacional de cajas que les proporcionaba su empleador, bien esto puede haber sido intencional, es decir, que para operarlo debieron haber puesto la intención de ocasionar daño, o no, y que los acusados estuvieron muy lejos de manipular el sistema operativo de la caja, solo se aprovecharon de su funcionamiento que estaba mal programado Por lo tanto, acorde a lo expuesto precedentemente el tribunal procede a absolver a los acusados. Que de lo sentado anteriormente se colige con toda claridad que el fallo impugnado que absuelve a los encartados carece de una argumentación razonable que represente sin dudas la realidad, como ocurre en el caso de autos, pues la afirmación en que se basa no resulta coherente con los hechos, que son contradictorios entre s’, lo que impide llegar a la conclusión a que arribaron, debido a que carecen de toda lógica, como se desprende de su sola lectura.
Sentencia Por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45, 297, 372,376, 384 y 386 del Código Procesal Penal, se acogen los recursos de nulidad interpuestos por el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, don Eduardo Jara del Ro, y por don Miguel Chávez Pérez, don Marcos Contreras Unos y don Benjamín Muhr Altamirano, por la parte querellante Hipermercado Curicó Limitada, en contra de la sentencia definitiva de diez de noviembre de dos mil diez, pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, y se declara que es nula, como asimismo el juicio oral, debiendo remitirse los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda, para que Žeste disponga la realización de un nuevo juicio oral.
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Artículos mencionados ARTÍCULO 382 DE LA LEY N° 19.696 (CÓDIGO PROCESAL PENAL). Actuaciones previas al conocimiento del recurso.
Ingresado el recurso a la Corte, se abrirá un plazo de cinco días para que las demás partes solicitaren que se le declare inadmisible, se adhirieren a él o le formularen observaciones por escrito. La adhesión al recurso deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo y su admisibilidad se resolverá de plano por la Corte. Hasta antes de la audiencia en que se conociere el recurso, el acusado podrá solicitar la designación de un defensor penal público con domicilio en la ciudad asiento de la Corte, para que asuma su representación, cuando el juicio oral se hubiere desarrollado en una ciudad distinta.
ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 19223 (FIGURAS LEGALES RELATIVAS A LA INFORMÁTICA). El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo.
ARTÍCULO 373 DE LA LEY N° 19.696 (CÓDIGO PROCESAL PENAL). Causales del recurso.
Procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia: Cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
ARTÍCULO 374 DE LA LEY N° 19.696 (CÓDIGO PROCESAL PENAL). Motivos absolutos de nulidad.
El juicio y la sentencia serán siempre anulados: Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente, o no integrado por los jueces designados por la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya
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recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente; y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio; Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286; Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga; Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio; Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e); Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341, y Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada.
ARTÍCULO 342 Contenido de la sentencia.
La sentencia definitiva contendrá: La mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado y la del o los acusadores; La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños cuya reparación reclamare en la demanda civil y su pretensión preparatoria, y las defensas del acusado; La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo;
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La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar; La firma de los jueces que la hubieren dictado. La sentencia será siempre redactada por uno de los miembros del tribunal colegiado, designado por éste, en tanto la disidencia o prevención será redactada por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor y el del que lo sea de la disidencia o prevención.
Conclusión Según lo analizado en el caso adjunto, se puede deducir que la empresa querellante, es decir, Hipermercado Curicó, falla al momento de establecer una mejor seguridad en el sistema de venta de pines de recarga prepago para teléfonos móviles, al momento de detectar esa falla, esta debió ser corregida a la brevedad, y en el caso de los trabajadores, actuar de buena fe al momento de informarla a la autoridad competente, por ese motivo, el equipo de trabajo está de acuerdo con la finalización y sentencia del caso, para poder obtener una mejor resolución mediante un nuevo juicio.
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Caso 2 Hechos El recurrente denuncia como acto arbitrario e ilegal, la cancelación de la matrícula de que ha sido objeto el menor JUAN PABLO GONZALEZ HURTUBIA, por parte de dicho establecimiento educacional, denunciando como vulneradas las Garantías Fundamentales del artículo 19 números 3 incisos 4° y 5°, 2 y 24, todos de la Constitución Política de la República. En la semana del 19 de junio del año en curso, mientras el profesor de historia no se encontraba en la sala de clases, un compañero de JUAN PABLO, específicamente el menor RENZO JAMETT, visualizo en la pantalla del computador del profesor una prueba de historia, instando a Juan Pablo a sacar dicho documento, a lo que este accede, mientras el otro alumno le proporciona un pendrive para guardar la información y vigila que no sean sorprendidos. Renzo se lleva el pendrive y ese mismo día le envía a Juan Pablo por Facebook la prueba para que este La suba a la red social del curso. Luego de rendida la prueba y ante sospechas del profesor y presiones del director, Juan pablo comenta la ocurrencia de los hechos, siendo el 26 de junio de dos mil doce suspendido de clases, sin un procedimiento escrito, ni citación o información formal a los apoderados, para luego, el día 5 de julio del año en curso, remitir a los padres del alumno una carta que señala que se hace efectiva la medida de caducidad de la matrícula de Juan Pablo y que la mantención de dicha medida fue evaluada por el Consejo de Profesores.
Postura Defensa: Que al alumno se le reintegre como estudiante del establecimiento FUNDACION CENTRO CRISTIANO INSTITUTO ABDÓN CIFUENTES, SAN FELIPE. Cuya medida consiste en la cancelación inmediata de la matrícula del estudiante en cuestión. Querellante: La decisión tomada de cancelar la matrícula del alumno no debe ser revocada puesto que lo que este realizó corresponde a una falta grave al reglamento interno del establecimiento, estableciendo además los diversos problemas que tenía el alumno durante el período que estuvo participando como alumno del colegio.
Análisis La medida tomada por el establecimiento según el abogado defensor puede s er considerada como arbitraria e ilegal puesto que a los padres del menor no se les habría notificado el ilícito cometido por su hijo en el establecimiento educacional. La corte analiza los antecedentes que posee el menor de 16 años en donde se establece que:
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El alumno procedió a descargar de forma ilegal una prueba de la asignatura de Historia y posteriormente publicó los resultados de dicha prueba en las redes sociales para todo e l grupo curso. El día de la prueba se sorprende a un alumno del curso con un “torpedo” lo que levanta las
sospechas del profesor. Bajo la participación del Director del establecimiento los alumnos confiesan el hecho cometido. El alumno presenta además problemas de disciplina en el establecimiento educacional, esto fue mencionado a los padres del menor. Una vez analizados los hechos la Corte de Apelaciones establece que la medida tomada por el establecimiento educacional no corresponde a una decisión arbitraria ni ilegal producto de la gravedad del hecho cometido por el menor en cuestión, este no obedece a un simple capricho, sino que la misma es producto de la gravedad y entidad de la conducta llevada a cabo por el estudiante de 16 años, como lo es el haber intervenido el computador del profesor de historia y Haber grabado la prueba de historia, lo cual fue reconocido por el estudiante, conducta que perfectamente pudo haber dado lugar a un ilícito penal, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley N° 19.223, sobre delitos informáticos.
Sentencia Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se declara SIN LUGAR el recurso de protección deducido a fojas uno, por don TEODORO ROSENBERG ARANCIBIA, en contra del establecimiento FUNDACION CENTRO CRISTIANO INSTITUTO ABDÓN CIFUENTES SAN FELIPE y en contra de don SERGIO TRUCCO ROBLES, por resolución adoptada con fecha 27 de junio de 2012, por la cual se decreta mantener la medida de caducidad inmediata de la matrícula del alumno JUAN PABLO GONZALEZ HURTUBIA.
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Artículos mencionados ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE (NÚMEROS 2, 3 Y 24). La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la
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forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las o bligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de
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la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad na-cional. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;
ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
Conclusión La medida tomada por la Corte de Apelaciones es correcta debido a que la falta cometida por el alumno del 3°B tiene carácter de delito informático ya que falta a la Ley 19.223 además el alumno cometió un delito computacional al utilizar implementación tecnológica para la descarga ilegal de información y posteriormente masificar su contenido con sus compañeros de curso. La decisión tomada por el establecimiento educacional es apropiada a la falta grave que se cometió de robar una prueba desde el computador del profesor y proceder a entregarla a todos los alumnos del curso para que tuviesen las respuestas a dicha prueba. Además la decisión fue respaldada por el “historial” que presentab a el alumno dentro del establecimiento en el que estudiaba.
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