BAGUAZO MONOGRAFIA

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

REALIDAD NACIONAL

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL ADMINISTRACION DE NEGOCIOS CICLO II TEMA:

EL BAGUAZO

DOCENTE: Dr. Jaime Vicente Garay Bolívar CURSO: Realidad Nacional INTEGRANTES: Roxana Maguiña Palacios.

 Pamela Huarcaya Hidalgo.  Natalia Llactahuamani Huarhua. Marlory Capurro Fernandez. Gerardo Garcia Davalos.

 Jane Marquez Venegas.  Karen Mamani Salas. Cesar Tucto Perez. Pamela Cueva Cueva.

 Lucero Mayhuasca Clemente.  Jose Novoa Flores. Pierro Padilla

LIMA- 2018


REALIDAD NACIONAL

DEDICATORIA

Y a todas aquellas personas con sed de conocimiento y deseos de superación, que leen hoy éstas páginas y premian el esfuerzo de este trabajo. Integrantes del Grupo

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REALIDAD NACIONAL

DEDICATORIA

Y a todas aquellas personas con sed de conocimiento y deseos de superación, que leen hoy éstas páginas y premian el esfuerzo de este trabajo. Integrantes del Grupo

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AGRADECIMIENTO

Agradecemos en primer lugar, al ser Supremo, único dueño de todo saber y verdad, por iluminarnos durante este trabajo y por permitirnos finalizarlo con éxito; y en segundo lugar, pero no menos importante, a nuestros queridos padres, por su apoyo moral incondicional. Los esfuerzos mayores, por más individuales que parezcan, siempre están acompañados acompañados de apoyos imprescindibles para lograr concretarlos. En ésta oportunidad, nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestra profesor; por su su oportuna, precisa e instruida orientación para el logro del presente trabajo.

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ÍNDICE

Contenido

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL ADMINISTRACION DE NEGOCIOS CICLO II ..........................................1 AGRADECIMIENTO .................................................................................................................3 I.

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................2

I.

RESUMEN .........................................................................................................................7

II.

EL ´´BAGUAZO´´, CONFLICTO HISTÓRICO DELPERÚ ...........................................8

A. SESIÓN 1: LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN SOBRELOS SUCESOS DEBAGUA .... 8 B. SESIÓN 2: VULNERACIÓN DEL DERECHO A CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CONFLICTO .............................................................................................................. 12 a)

Antes del cinco de junio............................................................................................................. 12

C. SESIÓN 3: SEIS AÑOS DESPUÉS DEL 'BAGUAZO' LA JUSTICIAAÚN NO SANCIONA A LOS RESPONSABLES ........................................................................................................................86 IV.

CONCLUSIÓN ................................................................................................................97

V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES .....................................................101

1


I.

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INTRODUCCIÓN

´´LA PLENITUD DE LA VIDA VA MAS ALLA DE LAS DIMENSIONES DE SU EXISTENCIA ETERNA´´

El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. (..) En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad (Jn 3, 1- 2). (…) En verdad, esa no es realidad « última », sino « penúltima »; es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. (Encíclica Evangelium Vitae, por Juan Pablo II) ¿Nos preguntamos, qué pasó con el derecho a la vida en Bagua? La creciente demanda mundial por minerales y petróleo, y el incremento de sus precios, han hecho prioritaria la explotación primaria exportadora para los gobiernos de los países ricos en estos recursos como el Perú, donde se ha adoptado dicha explotación como base del crecimiento económico, y a éste como base del desarrollo. En tal contexto, el Estado peruano ha generado condiciones sumamente favorables para los grandes inversionistas en la explotación de los recursos naturales, por sobre el cumplimiento de la normativa nacional e internacional respecto a incorporar en la toma de decisiones a las poblaciones

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que habitan los territorios a ser explotados, ocasionando serias confrontaciones de éstas con las empresas extractoras y con el Estado mismo, conduciendo a enfrentamientos violentos con altos costos humanos y materiales. El conflicto entre las comunidades indígenas amazónicas y el gobierno central que tuvo lugar entre el 2008 y 2009, ha sido el más largo y el de más graves consecuencias que haya enfrentado el Perú en los últimos diez años. Los lamentables sucesos de violencia del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, Amazonas, conmocionaron al país entero y a la comunidad internacional por el alto número de heridos y de vidas perdidas. Aquel día circularon versiones que aseguraban que a la altura del Km. 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la zona llamada La curva del diablo, el desalojo policial había desatado un enfrentamiento a fuego abierto entre manifestantes indígenas y fuerzas del orden. A las pocas horas trascendió en medios de prensa nacionales, locales y alternativos, que el conflicto se había trasladado a las ciudades de Bagua y Bagua Grande y que, en paralelo, en la Estación de Bombeo Nº6 de Petroperú nueve efectivos policiales habían sido ejecutados. El ambiente confuso se prolongó por más de cinco días con informaciones diversas y en muchos casos contrapuestas. Fotografías de nativos muertos. Videos de policías en posición de combate disparando a mansalva. Imágenes de efectivos

ejecutados.

Testimonios de heridos y familiares de víctimas en las zonas urbanas que denunciaban que las fuerzas policiales usaban sus armas de forma descontrolada. Fotos, en Bagua y Bagua Grande, de francotiradores en los techos, presumiblemente poniendo en la mira a dirigentes sociales. Pobladores asegurando haber visto cuerpos de indígenas quemados y lanzados al río, en un momento en el que se negó el ingreso de los medios de prensa a la zona del conflicto. Así circuló también la palabra “masacre”, con significados distintos según quien la pronunciara. “Masacre de policías”, dirían las versiones ligadas al gobierno y lo repetiría el mismo presidente de la República. “Masacre de nativos y población civil”, dirían los dirigentes indígenas y las múltiples organizaciones sociales que en todo el país mostraron su solidaridad y la tradujeron en diversas formas de protesta. El primer informe de la Defensoría del Pueblo, del 10 de junio, dio las cifras de víctimas y heridos que se manejan hasta el momento: 33 víctimas fatales -23 policías, 5 civiles indígenas y 5 civiles no indígenas-, 200 heridos – 82 de ellos por impacto de bala y el

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resto por lesiones diversas- y 1 desaparecido – el Mayor PNP Felipe Bazán. Aquella fue una primera dosis de claridad, y a pesar de constituir definitivamente una noticia dolorosa y preocupante precisamente porque el conflicto seguía en curso, significó acaso un alivio frente a versiones que aseguraban la existencia de cientos de indígenas fallecidos, ocultos en fosas clandestinas o echados al río. Sin embargo, quedaba pendiente realizar una investigación exhaustiva que determinara exactamente qué

sucedió, cuáles fueron

sus causas profundas e

inmediatas, y en qué personas e instituciones recae la responsabilidad de los sucesos. La Defensoría del Pueblo ratificó en julio del 2011 las cifras iniciales de víctimas, pero no contó con los recursos para ni recibió el encargo de realizar una investigación a profundidad. La derogatoria de los DL 1090 y 1064, el 18 de junio de 2011, logró calmar los ánimos y si bien constituía un logro para las organizaciones indígenas amazónicas representadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva

Peruana

(AIDESEP)-, era sólo un primer paso en un proceso de diálogo con el gobierno que se anunciaba como la mejor salida para solucionar las demandas indígenas y devolver la paz a la selva norte y la Amazonía en general. Ahora bien, han transcurrido seis años desde aquel fatídico día de junio y resulta de gran relevancia dar algunos puntos de vista sobre el desarrollo de este fatal hecho, sus antecedentes, los momentos q pasaron nuestros hermanos peruanos, como también revisar los avances en torno al esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la justicia y la solución del conflicto.

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El presente trabajo tiene como objetivo: -Enfrentar aquella tarea de revisión, balance y análisis. Obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos y heridos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía, y esclarecer las alegaciones de desapariciones. -Dar un mensaje a la población y al estado, que con la violencia no se soluciona nada, sino que más bien nos conlleva a que otros países nos vean como inferiores. -Esclarecer el tipo de gobierno que hizo el Presidente de la Republica, elegido en ese periodo; para que de esta manera los ciudadanos tomen conciencia y puedan elegir a autoridades con mayor responsabilidad y de acuerdo a las necesidades del país. -Determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos.-Conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto. El trabajo sobre el ´´Baguazo´´ se ha centrado en poner en cuestión y responder de forma sintética los siguientes puntos: 1.

Antecedentes y consecuencias que dejo este conflicto.

2.

Momentos precisos en el que se desarrolló el conflicto.

3.

Resultados de las comisiones formadas con el objetivo de investigar

a

profundidad los hechos. 4.

Logros del proceso de diálogo, entre comunidades amazónicas y el gobierno central, en materia de políticas públicas y cambios normativos.

5.

¿Cómo se llevó a cabo el manejo del conflicto por parte del gobierno en el periodo posterior a los sucesos de junio?

6.

¿Cuáles han sido y en qué han consistido las interpretaciones del conflicto: qué versiones existen y qué discursos sobre la conflictividad social pueden ser identificados y tipificados?

7.

Características del debate – discursos y actores involucrados- abierto por los sucesos de Bagua respecto a los problemas que atraviesan las comunidades indígenas amazónicas y su relación con el Estado y el mercado.

8.

¿Es posible afirmar que el conflicto en cuestión ha sido solucionado con respecto a las causas que le dieron origen?

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Los ocho puntos señalados serán abordados a partir del análisis de los Informes de las comisiones investigadoras, los resultados de las mesas de diálogo, la abundante información periodística relacionada al tema (en la que se recogen las principales posiciones políticas), las entrevistas hechas a las máximas autoridades y los diversos trabajos generados por organizaciones de la sociedad civil e investigadores individuales. Nuestro más sincero agradecimiento va dirigido primordialmente al profesor de curso Soc. Aldo Pereyra Romo, por habernos incentivado

cada momento hacia la

investigación, que nos serviría más adelante para otras investigaciones con mayor rigurosidad. Como también agradecemos a aquellas personas, las cuales nos brindaron su apoyo, información, comentarios y puntos de vista sobre el tema en cuestión.

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I.

REALIDAD NACIONAL

RESUMEN

A más de seis años de los sucesos de violencia acontecidos en Bagua el 5 de junio del 2009, resulta pertinente preguntarse sobre lo hallado por los informes de las comisiones investigadoras del Ejecutivo y del Legislativo, revisar los resultados de las mesas de diálogo entabladas entre organizaciones indígenas y el gobierno central, y registrar las características del debate abierto luego del episodio más grave del conflicto. El resultado no es el más óptimo: seis informes con posiciones contrapuestas, un diálogo acompañado de persecución y con pobres resultados, y la renovación de las tensiones entre las comunidades nativas y el Estado, aunque el gobierno entrante abre importantes expectativas de cambio en esa relación. Finalmente hay también cambios notables: un debate de gran relevancia sobre las características del modelo económico-político vigente y la reafirmación de un actor indígena

amazónico

dispuesto a defender sus reivindicaciones en primera persona. Profundizar en el análisis de conflictos socios ambientales ligados a la explotación de recursos primarios se hace especialmente necesario para comprender los marcos explicativos de la concepción, uso y gobierno de los territorios. En este artículo se presenta un diagnóstico del Conflicto de Bagua, que enfrentó al gobierno peruano con los indígenas amazónicos, a través tanto de los Decretos Legislativos que estuvieron en el origen de las movilizaciones como de los disensos en las concepciones y usos del territorio entre ambas partes. Todo ello nos lleva a proponer avanzar en la construcción de espacios de encuentro que faciliten el diálogo, la participación y, con ello, el reconocimiento de las diferencias. El conflicto evidenció: el marcado desencuentro de visiones e intereses del gobierno y de los indígenas amazónicos del Perú, respecto a la concepción, propiedad y uso del territorio; el menosprecio del gobierno hacia los indígenas, descartándolos como actores válidos; y una consistente organización indígena que exige su derecho a participar en la toma de decisiones.

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II.

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EL ´´BAGUAZO´´, CONFLICTO HISTÓRICO DEL PERÚ

A. SESIÓN 1: LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS SUCESOS DE BAGUA Se han realizado tres investigaciones oficiales sobre los sucesos acontecidos en Bagua en junio del 2009, las tres impulsadas y amparadas por instituciones del Estado. La primera de ellas, como se ha señalado, estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo y constituye un reporte de las labores defensoriales que por mandato constitucional se orientan a velar por el debido cumplimiento de los derechos de la población y, en situaciones de violencia, a la realización de labores humanitarias. En tal sentido, el informe 2 recoge el resultado de aquel trabajo y presenta los hallazgos en torno al número de víctimas fatales, la condición de los heridos identificados, la situación de las personas detenidas y el número de procesos abiertos y su estado. No tiene entre sus fines ofrecer una narración de los hechos, ni establecer causas, aunque cabe destacar que sí ofrece insumos de primera importancia para determinar la verdad o falsedad de los primeros testimonios recogidos sobre los hechos. La segunda la llevó a cabo el Congreso de la República, mediante una comisión multipartidaria formada el día 15 de junio del 2009 y que entregó sus resultados el día 17 de marzo del año siguiente. La comisión, presidida por el congresista de Unidad Nacional, Guido Lombardi, y conformada por otros seis parlamentarios, tuvo como resultado cuatro informes: 3 en minoría y 1 en mayoría: 

El informe Lombardi, firmado por Lombardi, presidente de la comisión.



El informe Isla, firmado por Víctor Isla, de la bancada nacionalista y vicepresidente de la comisión.



El informe aprista, firmado por los congresistas apristas Luis Humberto Falla, secretario, y Wilder Calderón.

El

informe

Moyano,

firmado

por

Martha

Moyano

(fujimorista),

Eduardo

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

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Espinoza (Unión por el Perú) y Juan Perry (Alianza Nacional, bancada del partido Solidaridad Nacional).

La tercera investigación estuvo a cargo de las mesas de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas amazónicas, agrupadas en el Grupo de Coordinación Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, formado el 11 de junio del año de los sucesos y amparada en la oficialidad del Poder Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de Agricultura. La mesa encargada de investigar los acontecimientos de Bagua, fue la Mesa Nº1, que a su vez creó una comisión especial de investigación, formalizada el 9 de setiembre y conformada por siete miembros: Jesús Manacés, Carmen Gonzáles y Pilar Mazzetti, a propuesta de la representación indígena; Susana Pinilla, Ricardo Álvarez Lobo y Walter Gutiérrez, a propuesta del gobierno central; y Manuel Bernales, en representación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Como resultado se tiene dos informes:



El informe Mazzetti, publicado el 21 de diciembre del 2009 y firmado por Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Walter Gutiérrez y Ricardo Álvarez Lobo, quien suscribió con reservas y adhiriendo un capítulo de conclusiones con importantes diferencias a las del informe final.



El informe Manacés publicado en abril del 2010 y firmado por Jesús Manacés y Carmen Gonzáles.

Es necesario añadir que, en términos metodológicos, los informes mejor organizados, escritos y documentados son el de Jesús Manacés y el de Guido Lombardi. En el primer caso, el informe, a pesar de ser uno en minoría, requirió la completa reescritura del informe final de la comisión. En el segundo caso, el informe es la propuesta final del presidente de la comisión, sobre la que los demás informes plantean añadidos o recortes. En tal sentido, si bien se cuenta con seis informes, éstos corresponden sólo a dos investigaciones, las de sus respectivas comisiones.

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En el siguiente esquema se muestran con mayor claridad las comisiones formadas, su adscripción legal, sus informes publicados y Finalmente, es necesario señalar que existen tres informes adicionales sobre los sucesos,

elaborados con la intención de reportar sobre los acontecimientos al poco tiempo de tener lugar y de plantear recomendaciones al Estado para dar solución al conflicto y salvaguardar la integridad de las personas involucradas, en respeto a los derechos fundamentales. Uno de los informes estuvo a cargo de James Anaya, relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que visitó las provincias de Bagua y Utcubamba entre el 17 y 19 de junio. El documento fue publicado el 20 de julio del 2009. Los otros dos informes fueron elaborados por Organizaciones No Gubernamentales Internacionales: La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) es parte, publicó su informe en octubre del la fecha de publicación de sus resultados.

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año de los acontecimientos; y Amnistía Internacional, publicó sus hallazgos en diciembre del mismo año. La relevancia de los informes señalados es principalmente de presión política desde la opinión pública internacional. En particular, el informe del relator especial de la ONU, constituye un documento de vital importancia para la imagen del Perú en la comunidad internacional.

COMISION MULTIPARTIDARIA DEL CONGRESO

COMISION DEL EJECUTIVO

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BEATRIZ MERINO, DEFESENSORA DEL PUEBLO EN AQUEL ENTONCES

B. SESIÓN 2: VULNERACIÓN DEL DERECHO A CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CONFLICTO a) Antes del cinco de junio 1. Raices del conflicto: 1.1 Según los informes de investigación sobre el baguazo:

A partir de la revisión de los seis informes pueden distinguirse dos formas de explicar el conflicto que tiene su episodio más trágico en los sucesos del 5 de junio. Ambas conjugan causas de diverso orden temporal, desde antecedentes históricos de la relación entre la sociedad peruana y las poblaciones indígenas amazónicas, hasta la toma de decisiones de personas concretas en ciertos momentos determinantes.

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Explicació

El primer enfoque puede resumirse en el siguiente razonamiento:



Los grupos étnicos

amazónicos

han sido tradicionalmente olvidados,

excluidos y discriminados por parte del Estado y la sociedad peruana hegemonizada por las elites costeñas. 

Antiguamente la población amazónica fue víctima de actividades económicas irresponsables con el ambiente y explotadoras, como sucedió con la extracción de caucho a fines del siglo XIX.



En la actualidad aquella realidad de exclusión se expresa en los altos índices de pobreza, analfabetismo y desnutrición, que denotan un gran olvido por parte de las instituciones públicas. Amazonas, además, aumenta su pobreza entre los años 2008 y 2009.



Aquello se agrava cuando existen problemas de comunicación entre el Estado y estas comunidades, debido a la falta de una genuina política intercultural que sea transversal a todo el aparato público.



Todo lo anterior genera una gran desconfianza en la población indígena y acrecienta el resentimiento.



Aquel escenario resulta propicio para el trabajo agitador de

liderazgos

violentistas que organizan a la población contra el Estado. 

Eso habría ocurrido en el caso de Amazonas, donde la población no habría protestado contra los decretos legislativos, sino simplemente contra el hecho de no haber sido consultados. Todo ello fue, en principio, un problema de

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comunicación. 

A lo anterior deben sumarse las deficiencias del operativo de desalojo – por no prever que habría violentistas armados- y la acción irresponsable de ciertos medios de prensa que difundieron información falsa que hizo creer a la población que se estaba desatando una masacre.



indígenas; en problemas institucionales del Estado, como el no incluir en sus procedimientos la consulta; en la acción concreta de organizaciones y líderes violentistas identificados; y en la actuación irresponsable de los medios de prensa locales. Este enfoque explica que los mencionados informes no cuenten con un análisis jurídico de los decretos motivo de la protesta que pruebe que éstos no eran lesivos a los derechos de los pueblos indígenas.



La explicación 1, como puede apreciarse, suscribe la forma en que el gobierno interpretó los acontecimientos: la violencia es consecuencia de la acción de organizaciones que profesan ideologías anti-sistema, manejadas por intereses extranjeros y que quieren detener el avance del país. 

Explicación 2:

Hay un segundo enfoque, bastante diferente al primero y que puede resumirse así: 

Las condiciones de vida de las comunidades indígenas amazónicas han venido

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deteriorándose de forma progresiva desde la década de 1970. Aquel deterioro se explica por el carácter de las relaciones establecidas entre ellas y el mercado, siendo el principal punto de tensión el territorio: su propiedad, uso y cuidado.



En tal sentido, sus territorios han venido siendo disputados por colonos mestizos (una

colonización promovida desde el gobierno), y por empresas extractivas (petroleras y mineras) y agroindustriales. 

Por otro lado, la legislación sobre comunidades campesinas y nativas, lejos de

proteger a los pueblos amazónicos, se ha ido flexibilizando. Así, la Constitución de 1993 no reconoce la inembargabilidad, ni la inalienabilidad de las tierras comunales, y relativiza la imprescriptibilidad planteando la figura de tierras en abandono. A lo anterior se han sumado dispositivos legales que promueven la inversión privada extranjera en la Amazonía. Hay pues, un proceso abierto de desprotección jurídica de los territorios indígenas que ha ido de la mano con la pasividad del Estado al momento de defender los derechos de las comunidades.



La conflictividad en la Amazonía, en tal sentido, no comienza en el 2008, sino que

se enmarca en ese proceso de defensa de sus territorios que llevó a la formación de la organización federativa de las comunidades por grupos étnicos, cuencas y a nivel de toda la Amazonía. 

En el caso de la selva norte, adicionalmente, existía un conflicto latente entre las

comunidades indígenas y el Estado, a raíz de la concesión minera del lote

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116 otorgada a la empresa Afrodita el 2007 en la zona de la Cordillera del Cóndor, socavando el proceso de creación del Parque Natural Ichigkat-Muja, un proceso de mutua colaboración entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y las organizaciones indígenas locales. 

En ese contexto aparecen los decretos legislativos emitidos por el gobierno a inicios del 2008. Aquellos decretos acentuaron un ciclo de conflictos ya abierto con anterioridad, precisamente porque su contenido desprotegía aún más a las comunidades y a sus territorios, porque no hubo la consulta debida y porque fueron considerados como la expresión legal de la concepción del gobierno sobre la Amazonía, recogida en los artículos del Presidente llamados “Síndrome del perro del hortelano”, donde se llama perros a los que defienden

los territorios indígenas y no aceptan la inversión en actividades extractivas. Lo anterior sería el trasfondo que explicaría la decisión de AIDESEP de convocar a los paros del 2008 y del 2009, y la adhesión masiva de las comunidades. 

Los hechos concretos de violencia podrían haberse evitado si el Estado priorizaba el diálogo de buena fe (aquello implica la actuación rápida del Congreso y del Ejecutivo) y si el desalojo, en caso tuviera que hacerse, se hubiera planificado con logística antimotines y no con armamentos de guerra. Es a partir de la decisión de llevar adelante un desalojo de esas características que además fue mal diseñado y aplicado- que se desatan los sucesos de violencia que generarán una reacción en cadena que culminó con los trágicos hechos de la Estación Nº6.



Finalmente, un factor agravante que explica la forma en que la policía usó

sus armas, es un marco normativo ambiguo y flexible al respecto, expresado en el DL 982, que reglamenta el uso de las armas por parte de las fuerzas policiales modificando el Código Civil y dejando vacíos que favorecen un uso irresponsable de la violencia represiva en contextos de protesta social. Aquel esquema de interpretación plantea una explicación procesual con énfasis en el carácter político del conflicto, en tanto sustentado en intereses contrapuestos con diferente acceso al poder del Estado; y en su correlato jurídico, materializado en

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normas específicas que expresan tales intereses y generan consecuencias asociadas a ellos. Como puede notarse, toman menor importancia como variables explicativas de los sucesos la comunicación y las diferencias culturales; y se les da a los pueblos indígenas amazónicos el carácter de agentes con capacidad de decisión y de acción, algo negado en la hipótesis de la manipulación externa, presente en la explicación 1. En esa línea argumentativa se ubica claramente el informe Manacés. Los informes Lombardi e Isla no le dan mucho peso al proceso histórico de desprotección jurídica de los territorios, aunque sí presentan un análisis detallado del caso de la minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, en el que muestran documentos que podrían indicar la existencia de casos de corrupción de funcionarios al momento de otorgar la opinión técnica favorable de INRENA en torno al impacto ambiental. Los informes Lombardi e Isla ponen especial énfasis en las fallas de la labor parlamentaria que tienen lugar desde la delegación de facultades legislativas

al

Ejecutivo en el 2007 y en la actuación irresponsable del Ejecutivo al decretar normas que afectaban a los pueblos indígenas sin ningún proceso previo de consulta, y además legislando sobre materia con previa opinión negativa del Congreso; ello especialmente en el caso de los proyectos de ley que antes del otorgamiento de facultades legislativas no fueron aceptados y que fueron retomados como decretos legislativos. Aquellas acciones puntuales se agravan cuando el Congreso no ejerce adecuadamente su labor fiscalizadora, deja pasar esos decretos y no discute oportunamente las derogaciones, a pesar de los informes de la comisión multipartidaria formada para revisarlos y de la comisión de constitución, que señalaban que los decretos debían ser derogados. El informe Moyano, finalmente, comparte el análisis jurídico-político de Isla y Lombardi sobre la labor del Ejecutivo y el Legislativo, pero excluye por completo toda consideración sobre la desprotección jurídica de los territorios indígenas, sobre el caso puntual de la actividad minera en la Cordillera del Cóndor y sobre el proceso que Lombardi llama de “penalización de la protesta” y que se expresa en el DL 982.



A modo de síntesis:

En lo único en que concuerdan todos los informes es en que atribuyen como algunas causas inmediatas de los sucesos de violencia del 5 de junio, los errores de diseño y

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aplicación del operativo policial y la no ejecución de un proceso de consulta previa – aunque el informe aprista justifica esa ausencia en la falta de reglamentación al respecto y en la inocuidad de los decretos para las comunidades. En sus análisis finales, los informes Mazzetti y aprista, excluyen todo carácter de causa a las dilaciones del Congreso y al uso inapropiado del Ejecutivo de las facultades legislativas. Finalmente, la gran línea divisoria entre las explicaciones brindadas por los informes, puede resumirse en dos puntos: a) si el contenido de los decretos en cuestión efectivamente desprotegía los territorios indígenas y b) si las comunidades indígenas protestaron sabiendo por qué lo hacían o si fueron. manipuladas por agentes externos a ellas

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1.2 Según la Defensoría del Pueblo:

Según la Defensoría del Pueblo, identificó los orígenes del conflicto en el año 2006, cuando las organizaciones indígenas percibieron como una amenaza a su derecho a la tierra – en su visión de territorio – a la denominada Ley de la Selva. El 28 de diciembre del 2006, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 840/2006 – PE: 

Dicho proyecto buscaba modificar diversas disposiciones de la Ley Nº 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestación.



Se planteaba un cambio en el régimen de las tierras forestales sin cobertura boscosa o eriaza, de dominio estatal, para promover la participación de determinados agentes – con capacidad de inversión – en actividades

de

reforestación luego de adquirirlas en propiedad vía “adjudicación en venta”, previo compromiso de inversión. Hasta ese momento solo se establecía que dichas tierras se adjudicaban en concesión por un plazo de 60 años (Art. 2, Ley Nº 28852). El proyecto fue cuestionado por diversas organizaciones sociales, como la Organización Regional de AIDESEP de Ucayali (ORAU), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). Las referidas organizaciones consideraban que

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el proyecto implicaba un incentivo a la deforestación de los bosques primarios de la Amazonía, lo que dio lugar a una creciente articulación social en defensa de las tierras. Posteriormente, durante el año 2007, al Congreso de la República ingresaron otros tres proyectos de ley – el 1770-2007-CR, el 1900/2007- CR y el 1992/2007-PE – que acentuaron la preocupación de las organizaciones sociales e indígenas con relación al tema de las tierras, 1 los cuales provocaron un creciente rechazo por parte de las referidas organizaciones, las cuales argumentaban que estas iniciativas intentaban debilitar el derecho a la propiedad rural y facilitaban la venta de tierras de las comunidades nativas. El 19 de marzo del 2007, la Presidencia del Congreso de la República solicitó a la Defensoría del Pueblo un Informe Extraordinario respecto de las causas, tendencias y repercusiones de los conflictos socioambientales que se estaban produciendo en diversas zonas del país, así como de las consecuencias e impactos de dichos conflictos en el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales de las poblaciones locales, comunidades campesinas y comunidades nativas impactadas por las actividades extractivas. En respuesta a ese pedido, la Defensora del

Pueblo presentó un Informe

Extraordinario titulado “Los conflictos socioambientales por industrias extractivas en el Per ú”, sustentado ante el Pleno del Congreso el 26 de abril del 2007. En aquella ocas ión se hizo un análisis de la conflictividad socioambiental a partir de los casos registrados por la Defensoría del Pueblo a lo largo del país, precisando sus causas, sus tendencias y repercusiones, así como proponiendo recomendaciones al Estado. Asimismo, en atención a un pedido expreso del Congreso de la República, en dicho informe se incluyó algunas sugerencias destinadas a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. El propósito de dichas sugerencias era construir un marco de actuación de las partes en conflicto que ayudase a prevenir la violencia en los conflictos sociales generados en torno a la realización de las actividades extractivas en el Perú.

2. GOBERNAR AL TERRITORIO A TRAVES DE DECRETOS LEGISLATIVOS:

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Desde que empezó la segunda presidencia de Alan García en el 2006, se ha agudizado la presión sobre los pueblos indígenas de la Amazonía, principalmente mediante una escalada de la lotización petrolera y minera de las tierras indígenas. Estas concesiones a empresas transnacionales cubren 49 millones de hectáreas y afectan el 72% de la Amazonía peruana y se encuentran mayormente en tierras indígenas. Estas concesiones fueron tomadas sin ninguna comunicación ni consulta previa a las comunidades indígenas, en violación del Convenio N°169 de la OIT, así como de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y del derecho interamericano de los derechos humanos. El Proyecto de Ley Nº 1770-2007-CR proponía establecer el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas; el Proyecto de Ley Nº 1900/2007 -

CR, que declaraba de interés

público y prioridad nacional la titulación, registro y rectificación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas; y el Proyecto de Ley Nº 1992/2007-PE proponía modificar la Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en l as a actividades económicas en

las ti erras del territorio nacional y de lascomunidades campesinas y nativas . Los Decretos Legislativos (DL) aprobados para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado el 12 de abril de 2006 entre el Perú y los Estados Unidos - generalmente conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC) - se inscriben en esta misma línea.

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Mediante la Ley N° 29157 del 18 de diciembre de 2007, el Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un período de 180 días para que, “con la finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento”, pudiera legislar, entre otros, en las materias siguientes: 

´´Facilitación del comercio; mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa y modernización del Estado; mejora de la administración de la justicia en materia comercial y contencioso administrativa; promoción de la

inversión

privada;

fortalecimiento

institucional de la gestión ambiental; mejora de la competitividad de la producción agropecuaria”. Al amparo de esta ley, en menos de seis meses, el Poder Ejecutivo expidió 99 decretos legislativos. Los Decretos Legislativos identificados por las comunidades indígenas amazónicas como más lesivos al uso de sus territorios

fueron : 994 1015, 1073, 1064,1081

,1083,1085, 1089 y 1090, por lo cual centraron sus demandas en la derogatoria de todos ellos :

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REALIDAD NACIONAL

a. El Decreto Legislativo 994:

Se refiere a la Promoción de Inversión Privada en Proyectos de Irrigación para la ampliación de la Frontera Agrícola y pone en peligro las tierras comunales sin título de propiedad, de más de 1200 comunidades campesinas que podrían revertir a favor del Estado y éste, al amparo de la norma, entregarlas en concesión o venta al gran capital privado. Lo mismo puede pasar con Comunidades Nativas. Se vulneran así el derecho a la consulta, a la tierra y territorio, a la identidad, al uso de los recursos naturales y al desarrollo. Estas normas amplían el concepto de tierras eriazas para entregarlas a la inversión privada; la titulación de tierras indígenas no aparece como un mecanismo contemplado por el paquete y sí todas las otras formas de titulación; además se suspenden las normas de protección de los derechos territoriales indígenas.

a. Los Decretos Legislativos 1015 y 1073:

Con estos decretos se unificaban los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria. Al dictar que las comunidades de la sierra y selva regularizaran su organización, se desconocía que las formas de organización comunal responden a la idiosincrasia y realidad de sus pobladores, y no se pueden estandarizar. Con esta “regularización” se reducía el número de votantes y el porcentaje de votos necesarios para tomar decisiones sobre la venta, posesión, arrendamiento, u otros, de las tierras comunales (del 66% de todos los miembros de la comunidad al 50% de los asistentes a la Asamblea General comunal). Asimismo, para decidir la venta de las tierras comunales a no posesionarios o a terceros votarían todos los asistentes a la Asamblea, pero para decidir la venta a posesionarios (con más de un año) solo votarían los asistentes en esa misma condición, con lo cual se excluyó de la toma de decisión a los no posesionarios (de tierras individuales) pero que sí son propietarios de las tierras comunales. Se abrió, de este modo, la posibilidad de parcelar y vender las tierras en un corto plazo, pues grandes extensiones están en posesión de colonos, quienes las venderían con mayor facilidad. Si bien se mantuvo que la toma de decisiones se realizara en una Asamblea General de la Comunidad, las disposiciones abrían un amplio espacio para su manipulación. Facilitando así “la parcelación de las tierras comunales y su inclusión a un régimen de propiedad privada individual” (Smith, 2009).

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REALIDAD NACIONAL

a. Los Decretos Legislativos 1081 y 1083 y Ley Nº 29338 :

Creación de Sistema Nacional de Recursos Hídricos y Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos: se substrae el agua y los bosques del control de las comunidades, se pretende privatizar el agua a favor de los grandes grupos de poder económico (entiéndase mineras). b. El Decreto Legislativo 1085:

Crea el organismo de supervisión de recursos forestales y fauna silvestre, como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, vulnerando el derecho a la consulta, a la tierra y territorio a la identidad al uso de los recursos naturales y al desarrollo. Este organismo está destinado a determinar la conveniencia o no de los proyectos forestales, cuando ésta debería ser determinada mediante consulta a las comunidades indígenas que se verán afectadas. a. Con el Decreto Legislativo 1064

Relacionado con el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, que derogó la “Ley de Tierras”, se excluyó como propiedad comunal a “las tierras de las comunidades que sean declaradas en abandono” y a “las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos” ; permitiendo la demarcación y cambio de estatus de una parte de la comunidad, y haciendo factible su traspaso o venta a un tercero, más aún por la indefinición de la norma sobre quién y con qué criterios establecería qué tierras están en abandono y cuáles son o no asentamientos humanos.

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REALIDAD NACIONAL

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) advirtió que este Decreto Legislativo permitía el cambio de uso de las tierras y creaba las condiciones para desarrollar la inversión privada en el sector agrario pues las tierras con capacidad de uso forestal que se calificaran como eriazas o con aptitud agrícola podrían ser adjudicadas para la agricultura. Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) precisó que se desconocía el carácter de la propiedad territorial indígena (considerado en la Ley de Comunidades Nativas) subordinándola a otros derechos, como el de la propiedad de terceros. Ambas instituciones cuestionaban el texto del Decreto Legislativo respecto a que los procedimientos para la adjudicación de tierras para fines agrícolas y agroindustriales en la selva se establecerían en el Reglamento de la Ley; al ser considerados estos procedimientos “técnicos”, se debatirían y difundirían en ámbitos “especializados”, y conocerían su contenido solo luego de ser aprobado.

Este Decreto Legislativo contenía cuatro aspectos a resaltar como muy sensibles para los indígenas: la posibilidad de reducir significativamente los territorios de propiedad comunal, la desprotección de estos territorios pues al dejar de ser propiedades comunales, perdían su condición de imprescriptibles, el favorecer la adjudicación a terceros de las tierras consideradas no comunales, y al dejarse sin efecto la Ley de Tierras se eliminaba la obligatoriedad de un acuerdo previo entre el poseedor de una concesión para explotar los recursos y los propietarios de la tierra ; pues con esta disposición no solo se excluía a los indígenas de la toma de decisión sino que, implícitamente y como tema de fondo, se les estaría negando la condición de propietarios y sus derechos como tales.

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REALIDAD NACIONAL

b. El Decreto Legislativo 1089

Establece el ´´Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales´´, por el cual el ´Órganismo de Formalización de la Propiedad Informal´´, COFOPRI, tiene la potestad de formalizar y titular los predios rústicos y tierras eriazas, por cuatro años, pudiendo sustituir los planos u otra información gráfica que exista en el Registro de Predios. Los técnicos de este organismo pueden cambiar de manera unilateral los linderos de las propiedades privadas, incluyendo las comunales. Según Smith (2009), las comunidades temen abusos, sobre todo con las tierras comunales, más aún porque COFOPRI carece de experiencia en el ámbito rural, sobre todo en la Amazonía, que tiene una complejidad particular. Por este Decreto Legislativo también se dispone que los pueblos indígenas y los colonos posesionarios no puedan solicitar la formalización de la propiedad de la tierra de los predios que se encuentren en procesos de inversión privada o sean de interés nacional. Como el 80% de tierras comunales se superponen a los lotes concesionados a las empresas privadas extractivas (mineras, forestales y petroleras), éstas tendrían una protección similar a la intangibilidad. Sobre este Decreto Legislativo hay que destacar tres aspectos: la renovada importancia de la formalización y titulación de las propiedades, dirigida a privilegiar la propiedad individual sobre la comunal y que, en concurrencia con el Decreto Legislativo 1064, otorgaba mayor libertad para reducir las áreas comunales y vender; al considerar los territorios indígenas como cualquier otro predio para propósitos de formalización y titulación, el Estado incumple la obligación de tener un régimen especial para los territorios indígenas, establecida en el Convenio 169 de la OIT, que ha ratificado; y la vigencia del Decreto Legislativo a la fecha, implica que los riesgos continúan vigentes.

a. El Decreto Legislativo 1090, ´´ Ley Forestal y de Fauna Silvestre´´:

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REALIDAD NACIONAL

Establece el ordenamiento de la superficie forestal y la zonificación forestal, así como el aprovechamiento de los recursos forestales mediante concesiones de distintas modalidades. Al disponerse que sólo las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal constituyan patrimonio forestal, se posibilita el cambio de uso, de forestal a agrícola, en las tierras que no se consideren en la condición mencionada, creando inseguridad en las comunidades indígenas pues más del 60% del área demarcada (6 millones de hectáreas) es propiedad del Estado por ser área forestal en general, cedida sólo en uso a las comunidades. Al calificarse como zonas deforestadas a las zonas bajo cultivos o en proceso de regeneración de bosques secundarios, se creaba la posibilidad de c onsiderarlas adecuadas para uso agrícola. La norma disponía también que las comunidades indígenas, antes de aprovechar sus recursos forestales y de fauna silvestre para fines industriales y comerciales, tenían que contar con un Plan de Manejo que cumpliera con los requisitos establecidos por la autoridad. La exigencia era válida pero la organización indígena estaba en desacuerdo. Diversos especialistas coincidían con Eguiguren (2008) sobre la inconstitucionalidad de la norma, pues es discutible que en función al TLC se dicte toda una´´ Ley Forestal y de Fauna Silvestre´´, que es una materia general, habiéndose excedido

las

facultades otorgadas al Ejecutivo. A pesar de ello, al igual que el Decreto Legislativo 1064, se derogó recién luego de los sucesos de Bagua.

La postura del gobierno peruano era que los Decretos Legislativos solo complementaban o precisaban aspectos específicos de normas anteriores, y que las modificaciones eran mínimas. Al revisar los Decretos Legislativos y sus antecedentes, encontramos que, ciertamente, las modificaciones son cortas y precisas, pero sustanciales, y que la aplicación de estos, en conjunto, afectaba seriamente la organización y el uso de los territorios por las comunidades indígenas amazónicas. En este sentido, los aspectos más relevantes en relación al territorio que

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REALIDAD NACIONAL

abordaban los decretos en conjunto, y donde estarían los puntos en conflicto eran: la propiedad del territorio, el uso del territorio, y el derecho de la población a participar en la toma de decisiones.

En resumen, las discrepancias giraron, respecto a: 

La propiedad del territorio, en torno a la forma de propiedad, toda vez que la condición comunal – que otorga derechos a las comunidades indígenas- y la posibilidad de formalizar su propiedad se redujo al mínimo.



El uso del territorio, en torno a la apertura y facilidad para el cambio de uso, promoviendo la agricultura intensiva y actividades extractivas por inversionistas.



El derecho a participar, en torno a la supresión de la obligación de las empresas extractivas de llegar a un consenso con la población, previo a iniciar sus actividades, y al incumplimiento de tratados internacionales suscritos en relación a la obligación de realizar consulta previa a las comunidades indígenas.

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REALIDAD NACIONAL

El Acuerdo de Cooperación Comercial entre el Perú y los Estados Unidos:

ALAN GARCIA Y GEORGE BUS; FIRMAN EL TLC

El Perú y los Estados Unidos, firmaron el 7 de diciembre del 2005, un Acuerdo de Cooperación Comercial, conocido corrientemente como Tratado de Libre Comercio. El TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, y otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, etc. El TLC fue ratificado por el Perú en abril del 2006, pero no logró su ratificación por el Congreso norteamericano debido a diversas objeciones planteadas por legisladores demócratas, luego de que éstos recuperaran el control de las dos cámaras del congreso norteamericano a fines del 2006. El 10 de mayo del 2007 fue firmado un protocolo de enmienda que incluyó algunos cambios en los capítulos referidos a los aspectos laborales, ambientales y aspectos relacionados con la salud, entre otras materias, que entró en vigor el 1° de febrero del 2009. El preámbulo del acuerdo indica que las partes están obligadas a “Generar oportunidades de trabajo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios”, “Implementar

este acuerdo de una manera acorde a la

protección y conservación ambiental, promocionar sustancialmente el desarrollo y fortalecer su cooperación en temas medioambientales” y “Conservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público”. El TLC incluye un capítulo entero sobre el medio ambiente destinado a su protección. El capítulo 18 del TLC prevé lo siguiente: “Reconociendo el derecho soberano de cada una de las

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REALIDAD NACIONAL

partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental interna y sus prioridades de desarrollo ambiental, y, por consiguiente, de adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales, cada parte procurará asegurar que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental”. (Artículo 18.1: Niveles de Protección) En el artículo 18.3, “las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”. En este mismo capítulo se protegen el derecho al acceso, a la justicia y a la reparación así como sanciones en caso de violación de las disposiciones en materia de medio ambiente. Asimismo, las partes “reconocen la importancia” de “ la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y su rol en el logro del desarrollo sostenible” ; “de respetar y preservar los conocimientos tradicionales y prácticas de sus comunidades indígenas y otras comunidades, que contribuyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica” ; y “de la participación y consulta pública, como se establece en su legislación doméstica, en asuntos relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica” .

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Sin embargo, preocupa que la consulta a las comunidades, a pesar de ser obligatoria en el Perú en razón de que el Perú es parte del Convenio 169 de la OIT y que, por mandato del artículo 55 de la Constitución, hace parte del derecho interno, no sea inscrita como obligatoria sino que se “reconozca” sólo su importancia, y que se haga referencia a los pueblos indígenas únicamente en el capítulo sobre medio ambiente, y no en el capítulo sobre inversión. Debe tomarse en cuenta que muchas áreas de posible inversión en el Perú, están situadas en territorios ancestrales de los pueblos indígenas (minería, forestal, petrolera, turística, etc.). El acuerdo incluye además, un capítulo específico sobre los derechos laborales (capítulo 17) que reafirma las obligaciones de las partes como miembros de la OIT, y su compromiso de respetar la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Sin embargo, cabe señalar que todas las obligaciones en los capítulos sobre ´´Trabajo y Medio Ambiente ´´ están sujetas a los mismos procedimientos de solución de controversias y mecanismos de cumplimiento de obligaciones comerciales. No obstante, ello no puede excluir en ningún caso que pueda recurrirse a los órganos de protección de los derechos humanos, incluyendo en particular aquellos del sistema interam ericano. El TLC favorece extensivamente las inversiones extranjeras y el comercio. Con respecto a la agricultura, más de 2 / 3 de las actuales exportaciones agrícolas de EE.UU a Perú estarán libres de impuestos de inmediato y los aranceles a la mayoría de los restantes productos serán eliminados en un plazo de 15 años y todos en 17 años. El TLC es criticado por no tener suficientes mecanismos de protección para los pequeños agricultores peruanos y permitir el “dumping” agrícola en el mercado peruano. Las pequeñas organizaciones de agricultores en el Perú se muestran preocupadas por las consecuencias de la liberación del comercio y han protestado contra el TLC.

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REALIDAD NACIONAL

Con respecto a la propiedad intelectual (capítulo 16), el TLC otorga una amplia protección a los titulares de patentes y requiere el establecimiento de procedimientos y recursos para impedir la comercialización de productos farmacéuticos que infringen patentes. Sin embargo, las partes expresaron su entendimiento de que el capítulo de propiedad intelectual no puede y no debe, impedir que las partes adopten medidas para proteger la salud pública promoviendo el acceso a medicamentos para todos, en particular de conformidad con la Declaración Doha del 2001 relativa al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y Salud Pública. No obstante, cabe señalar que la flexibilidad introducida por la Declaración de Doha y tras la Decisión del 30 de agosto de 2003 sobre licencias obligatorias ha demostrado ser extremadamente compleja y difícil de utilizar. El acuerdo comercial constituye también un importante aliciente para atraer inversión extranjera. El TLC prevé en su capítulo 10 (“Inversión”) medidas orientadas a promover y facilitar las inversiones. Perú se ha comprometido a ir más allá de los compromisos asumidos en la OMC y a desmantelar importantes barreras de servicios e inversión, como las medidas que obligan a las empresas a contratar a profesionales locales y los requisitos que obligan a la compra de bienes locales. Los inversionistas se beneficiarán de una mayor protección en virtud del TLC, y en casi todas las circunstancias del derecho a establecer, adquirir y operar inversiones en Perú, en pie

de igualdad

con los

inversionistas locales. El acuerdo también facilitará a los inversionistas protección en caso de una expropiación y el derecho a recibir un valor justo de mercado sobre sus bienes. Sin embargo, el artículo 10.7 establece una excepción a la prohibición sobre la expropiación o nacionalización al incluir el término «utilidad pública» como referencia a un concepto en el derecho internacional consuetudinario. La legislación nacional podrá expresar un concepto similar usando diferentes términos, como «necesidad pública», «interés público», o «uso público.

Según las disposiciones del Acuerdo, lo previsto en este capítulo 10 no se interpretará

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“en

REALIDAD NACIONAL

el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de

naturaleza ambiental, que sean: necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este Acuerdo; necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o relacionadas con la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no”. El Capítulo 10 (parte B) también prevé que las disputas sean discutidas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). A pesar de que el TLC prevé una cierta transparencia del proceso de arbitraje (entre otros establece que las audiencias sean públicas) cabe destacar que los procesos de arbitraje del CIADI entre los Estados y los inversionistas privados, se caracterizan por conceder una mayor protección a los inversionistas y por ser reacios a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. A manera de conclusión, cabe señalar que los Decretos Legislativos cuestionados por los pueblos indígenas, no están directamente vinculados con lo escrito formalmente en el TLC, es decir, van más allá de su letra. Pero tratan de temas como la propiedad privada y los recursos naturales, que facilitarán las inversiones sobre las cuales versa el TLC. De manera general y tras en particular las re-negociaciones de provisiones que tuvieron lugar en EE.UU en Mayo 2007, propiciadas por la fuerte presión pública y que dieron lugar a la inclusión de provisiones sobre una mayor protección del acceso a las medicinas, del medio ambiente y de los derechos laborales, el TLC tiene unos mecanismos de seguridad que podrían permitir al Estado peruano mantener tanto sus obligaciones vis-a-vis el TLC como sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Sin embargo, teniendo en cuenta el amplio alcance del acuerdo comercial y sus posibles repercusiones, la FIDH considera que las Partes del Acuerdo deben realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, tanto antes como durante la aplicación del acuerdo.

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REALIDAD NACIONAL

3. EL INICIO DE LA PROTESTA: 3.1 PRIMER ESCALAMIENTO HACIA LA VIOLENCIA Y CRISIS:

Como consecuencia de la Primera Cumbre Amazónica del 19 de febrero del 2008, los líderes locales de las regiones Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco tomaron la decisión de decretar un paro de 48 horas contra el proyecto de la "Ley de la Selva", a realizarse el 17 y el 18 de marzo del 2008. El 17 de marzo del 2008, la carretera La Merced – Satipo fue bloqueada por los manifestantes en distintos tramos, a la altura del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Cuando esta situación se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, inmediatamente iniciamos una supervisión de la función policial, fiscal y realizamos las acciones de ayuda humanitaria en la localidad de Pichanaki, tal como lo detallaré a continuación. Gracias a la acción del Módulo Defensorial de La Merced se verificó que en la Comisaría de Pichanaki no había detenidos. Asimismo se envió un oficio a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chanchamayo, 5 a fin de solicitar que proc ediese de acuerdo a sus atribuciones y facultades. Posteriormente, el 18 de marzo del 2008, varios comisionados del Módulo de Atención Defensorial de La Merced visitaron el Hospital de Pichanaki, donde constataron que habían ingresado nueve (9) personas afectadas por el Paro Amazónico,6 de las cuales seis eran civiles, en tanto que tres eran efectivos policiales. También se verificó que el día anterior – el 17 de marzo del 2008 – habían ingresado al referido hospital otras 20 personas, las cuales recibieron atención médica y – dependiendo de su estado – fueron dadas de alta u hospitalizadas. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República el Informe Nº 016 – 2008 – DP/ASPMA – PCN, titulado “Comentarios de la Defensoría del Pueblo sobre proyectos de ley: Tierras, Predios Rurales, Comunidades Campesinas y Nativas”, del 19 mayo de 2008, mediante el cual la Defensoría del Pueblo emitió opinión sobre el contenido de diversos proyectos de ley: el Proyecto de Ley Nº 1900 – 2007, el Proyecto de Ley Nº 1770 – 2007 y el Proyeto de Ley Nº 1992/2007 – PE. El informe de la Defensoría del Pueblo concluyó que dichas propuestas no contribuían a

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mejorar la ya dispersa y confusa regulación, porque se introducían diversos elementos potencialmente perjudiciales, poniéndose en riesgo los derechos a la propiedad, a la identidad cultural y a la consulta de las comunidades nativas y campesinas. El 20 de mayo del 2008 se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo N°1015, ya estudiado. Cabe mencionar, al respecto, que el Proyecto de Ley N° 1992 – 2007 – PR, que había sido cuestionado por las organizaciones indígenas y desaprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Medio Ambiente y Ecología, contenía el mismo texto que el Decreto Legislativo N° 1015. En vista de ello, la Defensoría del Pueblo presentó, el 30 de mayo del 2008, la primera Demanda de Inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo, señalando que era inconstitucional por infringir el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política (derecho a la identidad cultural); el artículo 89 (derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas); y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT (derecho a la consulta). Semanas después, el 28 de junio del 2008, el Poder Ejecutivo emitió 34 decretos legislativos más, completando un total de 99 decretos legislativos. En su primera reacción, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) demandó la derogatoria de 11 decretos legislativos porque los consideraron contrarios a lo establecido en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT y anunciaron la realización de medidas de fuerza. Los pueblos indígenas señalan, como ya sabemos, que el gobierno peruano incumplió el Convenio 169 de la OIT al dictar normas que afectan sus condiciones de existencia sin su participación y consentimiento. En efecto, el Convenio 169 de la OIT obliga los gobiernos a consultar los pueblos indígenas interesados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y previamente a la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras.

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REALIDAD NACIONAL

El 9 de agosto de 2008, los pueblos indígenas amazónicos liderados por la AIDESEP iniciaron una primera jornada nacional de lucha exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 que flexibilizaban los procedimientos para disponer en venta y para individualizar la propiedad de la tierra de las comunidades y que fueron señalados como los más lesivos para las comunidades indígenas. La Defensoría del Pueblo inició un proceso de inconstitucionalidad de los decretos impugnados. Luego de una jornada de protesta y movilización, el 20 de agosto, el Congreso aprobó el dictamen que propuso derogar ambas normas, el 22 deagosto. La movilización fue suspendida por el compromiso adoptado por el Presidente del Congreso de la República de iniciar una evaluación de los demás decretos cuestionados por la AIDESEP. Para este efecto, se constituyó la Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar la problemática integral de las comunidades amazónicas nativas, cuyo informe presentado el 13 de diciembre, concluyó recomendando la derogatoria de 7 Decretos Legislativos (994,1064, 1020, 1081, 1083,1089 y 1090) cuestionados porque vulneran el artículo 55 de la Constitución que manda que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Igualmente la cuarta disposición final y transitoria señala que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. Recalcó además el uso abusivo de la delegación de funciones dadas por el Congreso, aprovechando para expedir normas de carácter general cuya materia y contenido no necesariamente se encuadra en los alcances del TLC sino que afecta de manera general a todas las actividades y todos los sectores. Este informe fue presentado y aprobado por el pleno del Congreso el 22 de mayo de 2009, sin embargo, el Congreso no aceptó acatar a la recomendación solicitando la derogación de los mencionados decretos legislativos.

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3.2 DESESCALAMIENTO Y PROCESO DE DIÁLOGO:

El 11 de septiembre del 2008, el Pleno del Congreso de la República aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de evaluar la problemática de los pueblos indígenas amazónicos, como parte de las acciones orientadas a resolver la crisis ocasionada por el primer Paro Amazónico de agosto del 2008. En dicho contexto, la Defensoría del Pueblo remitió al Congreso el Informe N° 027 – 2008 – DP/ASPMA.MA que analizaba el Decreto Legislativo Nº 1090, respondiendo a la solicitud del Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología,concluyendo que la referida norma presentaba un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la deforestación de los bosques primarios del país. El 19 de diciembre del 2008, la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática Indígena aprobó el “Informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en mérito a la Ley Nº 29157”. Dicho informe señaló que los decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas vulneraban los derechos de las comunidades nativas, contenidos en la Constitución Política y en el Convenio Nº 169 de la OIT. El 7 de enero del 2009, la Defensoría del Pueblo envió por segunda vez una opinión sobre el tema forestal. En esta oportunidad lo hizo mediante el Informe N°001 – 2009 – AMASPPI.MA, 3 el cual fue dirigido a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología. Este informe contenía la opinión de Defensoría del Pueblo respecto del Proyecto de Ley N°2691/2008-CR, sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, concluyendo que si bien el texto sustitutorio del mismo corregía los errores conceptuales del Decreto Legislativo Nº 1090, mantenía aspectos que requerían modificarse con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.

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3.3 SEGUNDO ESCALAMIENTO HACIA LA VIOLENCIA:

El 9 de abril del 2009 se inició el segundo paro nacional indígena amazónico. Los dirigentes de AIDESEP exigieron la derogación de los Decretos Legislativos N° 1020, 1064, 1089, 1090, así como de la Ley N° 29317 (que modifica el D.L. N° 1090) y de la Ley N° 29338 (nueva ley de recursos hídricos), entre otros . Las medidas de protesta consistieron principalmente en bloqueos de carreteras y vías fluviales de los departamentos de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Ucayali y Junín. El 22 de abril del 2009, el Presidente del Congreso de la República remitió a AIDESEP el Oficio Nº 0939-2008-2009-PR-CR-GD, mediante el cual plantea la elaboración de un informe sobre la exclusión de los pueblos indígenas de los alcances de los Decretos Legislativos cuestionados (Proyecto de Ley Nº 3185). Asimismo, anuncia la coordinación con la Comisión de Constitución y Reglamento para que se emita un dictamen sobre el Proyecto de Ley Nº 413/2008-CR y otros sobre el derecho a la consulta. El 30 de abril del 2009, los dirigentes de AIDESEP remitieron una carta a la Defensoría del Pueblo solicitando que – durante el conflicto amazónico – “las fuerzas del orden actúen dentro del respeto a la civilidad y a la persona humana”. segundo paro amazónico, haciendo un llamado a las partes para insistir en el diálogo y rechazando el uso de la violencia. En esa oportunidad la Defensoría del Pueblo señalo que, si bien la protesta es una de las formas de la crítica que permite poner en evidencia situaciones de El 9 de mayo del 2009, mediante Decreto Supremo N° 027-2009-PCM, se decretó el Estado de Emergencia en nueve jurisdicciones de la Amazonía por el plazo de 60 días. El 13 de mayo del 2009, la Defensoría emitió un pronunciamiento sobre el injusticia dentro de un Estado Democrático de Derecho, ella debe ser preservada del desprestigio que acarrean la agresión y el daño infligidos, sobre todo, a personas inocentes, ajenas a los asuntos en disputa. Señaló también que el bloqueo de vías de comunicación, la toma de instalaciones de generación y distribución de energía, así como los daños producidos a la propiedad pública o privada, no tienen amparo constitucional y, en consecuencia,

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constituyen acciones ilegales e inadmisibles que afectan los derechos de los demás ciudadanos. Asimismo, en aquella oportunidad e insistió en la necesidad de generar un clima de no violencia que propiciase la adopción de acuerdos duraderos.

CRONOLOGIA ANTES DEL 5 Y 6 DE JUNIO:

Como bien sabemos que el 5 y 6 de junio fueron los días más nefastos de este conflicto, podríamos decir que antes de dichas fechas ya se venían dando hechos con relación al llamado Baguazo, en el cual estaba implicado tanto el estado como también las comunidades amazónicas. Aquí la cronología de algunos hechos ocurridos: 

En el 2008: 

9 de agosto: Primera jornada nacional de movilización y protesta de los pueblos indígenas amazónicos.



16 de agosto: Los manifestantes indígenas tomaron el puente Corral Quemado, ubicado en el límite de los departamentos de Amazonas y Cajamarca. No permitieron el pase de vehículos, aunque el pase peatonal se realizó de manera restringida.

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

REALIDAD NACIONAL

17 de agosto: En el distrito de Aramango (a 60 Km. de Bagua) se produjo un enfrentamiento entre policías y nativos que arrojó un saldo de 12 heridos (ocho policías y cuatro nativos). Se sabe que, transcurrido el enfrentamiento, los manifestantes mantenían retenidos a dos efectivos policiales.



18 de agosto: Mediante Decreto Supremo N° 058 – 2008 – PCM, el Gobierno declara en Estado de Emergencia a la provincia de Bagua, Utcubamba del departamento de Amazonas, provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto y al distrito de Echarate de la provincia de La Convención, departamento del Cusco para mantener el orden durante las protestas indígenas. A pesar de la medida las comunidades mantienen la protesta. El gobierno envía efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, incluyendo efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que desconocen los idiomas indígenas, lo cual bloquea toda posibilidad de comunicación con los manifestantes.



19 de agosto: la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento dirigido a la opinión pública en el que se daba cuenta de la comunicación escrita que se había remitido al Tribunal Constitucional, solicitando que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por nuestra institución, contra el Decreto Legislativo Nº 1015, fuese calificada y resuelta con la celeridad

que

exigían las circunstancias. En el referido pronunciamiento se recordó, enfáticamente, que: “las medidas de fuerza dirigidas a bloquear vías de comunicación, tomar instalaciones de generación y distribución de energía, o a causar daños a la propiedad pública o privada, no se encuentran amparadas por ningún derecho constitucional y, antes bien, constituyen acciones ilegales e inadmisibles que afectan a los derechos de los demás ciudadanos”. Finalmente, se invocó: “tanto a las dirigencias de las comunidades nativas como a las instituciones del Estado concernidas, a reiniciar el diálogo suspendido”, pues “la búsqueda de soluciones requiere el compromiso de ambas partes y la generación de un clima de no violencia que propicie la adopción de acuerdos duraderos”.

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

REALIDAD NACIONAL

20 de agosto: Jornada de movilización. Enfrentamientos por la tarde en la ciudad de Bagua, los cuales habrían ocasionado heridos y detenidos. Tras la llegada y toma del control del puente Corral Quemado por parte de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú (PNP), la vía fue desocupada. Posteriormente, los pobladores nativos se concentraron en la plaza de armas de Bagua

Chica, de donde fueron

desalojados por los efectivos de la DINOES, produciéndose un enfrentamiento en diferentes calles de esta ciudad. Una comisión de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona de Bagua y al puente Corral Quemado. En el hospital de Bagua se verificó la situación de los 21 heridos (20 civiles y un efectivo policial). Del total de heridos, uno de los civiles se encontraba en situación grave. Era el ciudadano Ramírez Porras Huaripata (de 75 años), quien fue víctima de impacto de una bomba lacrimógena. 

21 de agosto: El Ministro de Agricultura, el Sr. Benavides califica a ONG de “buitres

del siglo XXI” y acusa las ONG de querer mantener las comunidades

indígenas en estado de pobreza con el fin de recibir “más financiamiento extranjero”.

Descalifica también el congresista de Alianza Parlamentaria,

Víctor Andrés García Belaunde, quien había criticado la “Ley de la Selva”. La PNP liberó a los seis detenidos en Bagua; en el grupo de los detenidos había un nativo herido, llamado Isaac Toledo, miembro de la Comunidad Nativa del Cenepa, quien había sufrido un traumatismo encéfalo – craneano moderado (producto de golpes en la cabeza), por lo que se realizaron gestiones para que fuese afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y de esta manera rec ibiese atención inmediata en el Hospital de Apoyo de Bagua. 

22 de agosto: El Pleno del Congreso peruano aprueba la derogación de los Decretos Legislativos 1015 y 1073.



En el 2009 : 9 de abril: Segunda jornada nacional de movilización y protesta de los pueblos indígenas amazónicos con la ocupación pacífica principalmente de carreteras y

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REALIDAD NACIONAL

vías fluviales. Empieza bloqueo continúo de vías (levantado esporádicamente para permitir el abastecimiento de alimentos y demás) que duró hasta el 5 de junio, día en que las fuerzas armadas y la policía peruanas procedieron al desalojo de los manifestantes.



26 de abril : centenares de pobladores indígenas Awajún y Wampis ocuparon la instalación denominada “Estación 6” del Oleoducto Norperuano de la

empresa estatal petrolera Petroperú, en la provincia de Bagua, Amazonas. 

9 de mayo: El gobierno decreta el estado de emergencia y suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito y a la inviolabilidad de domicilio en nueve jurisdicciones de la Amazonía. Los distritos comprendidos en la medida son Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cusco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, y por último el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.



14 de mayo: Se cierran todas las instancias de diálogo con las comunidades amazónicas.



15 de mayo: AIDESEP vuelve a tomar contacto con el gobierno y se pacta reanudar el diálogo entre el gobierno y AIDESEP el día 20 de mayo.



18 de mayo: Es recibida una notificación en el local de AIDESEP para el Sr. Alberto Pizango Chota, presidente de dicha organización, denunciándolo por presunta comisión de los delitos de “rebelión, sedición y conspiración, para una rebelión, sedición o motín” y contra la tranquilidad y la paz pública, apología en agravio del Estado Peruano. Otros cinco dirigentes de los pueblos indígenas amazónicos también son notificados por los mismos delitos.



18 de mayo: El Ejecutivo autoriza la intervención del Ejército en diversos distritos de la Amazonía para “contribuir y garantizar el funcionamiento de los

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REALIDAD NACIONAL

servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población”. 

22 de mayo: Aprobación por el pleno del Congreso del informe de la Comisión Especial Multipartidaria recomendando la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1064, 1081,1090 y 1083 pero sin acoger la recomendación pidiendo la derogatoria de estos decretos.

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REALIDAD NACIONAL

b) HECHOS DE VIOLENCIA Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 1)

EL DIA ANTERIOR A LOS ENFRENTAMIENTOS (4 DE JUNIO):

A pesar de la fuerte presión ciudadana para que el Congreso debata la derogatoria de D.L. 1090 y 1064, la bancada aprista decidió suspender por tercera vez el tratamiento de dicho decreto legislativo. Tras esta postergación del debate, los pueblos indígenas reunidos en Bagua, evalúan replegarse a sus comunidades para no dejar ingresar a ninguna autoridad del gobierno. Esa noche se reúnen el General Víctor Uribe, al mando de la Policía local, el obispo de Jaén, Monseñor Santiago García de la Rasilla y dirigentes indígenas. Desde hacía varias semanas, tres mil Awajún y Wampis mantenían bloqueada la carretera Fernando Belaúnde en la zona ubicada entre los caseríos ´´Siempre Viva´´ y ´Él Reposo´´, con el apoyo de la población mestiza de la zona. El dirigente Leoncio Calla de la comunidad de Yutu (Condorcanqui) manifiesta que organizaron una protesta pacífica: 

“Para

que nos escuchen y deroguen el paquete de leyes inconstitucionales que

atentan contra la biodiversidad, fauna silvestre, el uso del agua; nos tomaban a nosotros como si fuéramos gente ignorante. Por eso salimos a la carretera.” El general les informó a los indígenas que había recibido la orden de desbloquear la carretera y que si no salían iba a aplicar la orden en la mañana. Salomón Awanash presidente del Comité de Lucha Regional señala que él pidió al General Uribe que les dé una tregua hasta las 10 de la mañana y que cuando los indígenas se preparaban para retornar a sus pueblos comenzó el ataque en la “Curva del Diablo”.

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1)

REALIDAD NACIONAL

LOS DIAS DE ENFRENTAMIENTOS(5 Y 6 DE JUNIO):

El 5 de junio del 2009 se produjeron tres graves sucesos de violencia: uno en la Curva del Diablo, en el marco de un operativo de desalojo de indígenas y otros manifestantes apostados en la carretera Fernando Belaunde; un segundo hecho ocurrió en la Estación Nº 6 de PETROPERU, en Imaza; y un tercer hecho estuvo constituido por las simultáneas protestas violentas contra las entidades públicas en las localidades de Bagua y Utcubamba (Amazonas) y de Jaén (Cajamarca). Un primer punto que debe ser esclarecido es si los manifestantes indígenas acordaron retirarse pacíficamente de la Curva del diablo antes del 5 de junio y si así se lo manifestaron al Gral. PNP Uribe, a cargo de las negociaciones. Resulta fundamental contar con una versión definitiva al respecto, pues de ser ciertos aquellos dos hechos, la conclusión sería que los sucesos de violencia pudieron evitarse en toda su extensión y que, aun sabiendo de aquella posibilidad, el gobierno habría optado por un desalojo forzado; una voluntad de usar la fuerza que, además, se podría asociar con la decisión de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, de cambiar tres días antes de los sucesos a autoridades clave dentro de la cadena de mano de la Policía: el 2

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REALIDAD NACIONAL

de junio es nombrado como director de la PNP el Gral. José A. Sánchez Farfán, y el Gral. Luis Muguruza, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) pasa a estar a cargo del personal ubicado en la zona y del operativo policial de desalojo, dejando fuera de aquella responsabilidad al Gral. Uribe, jefe de la Dirección Territorial Policial (Dirtepol) de Tarapoto. Y a lo anterior debe agregarse una pregunta clave: ¿por qué, si aquel tramo de la carretera estuvo bloqueado desde el 26 de mayo, se decide desbloquearlo por la fuerza el día 5 de junio? Al respecto, el informe Manacés argumenta, en primer lugar, que el punto de concentración del paro indígena en Amazonas no era aquel tramo de la carretera, sino la Estación Nº6, dadas las facilidades de acceso a las comunidades y el poder negociador que provee el tener tomada una estación petrolera. Asimismo, agrega, a partir de testimonios de los dirigentes de los comités de lucha 8, que las comunidades indígenas esperaban que se derogaran los DL 1090 y 1064 el 28 de mayo: aquel día el tema debía ser discutido en el Congreso. Pero los manifestantes no habrían contado – señala el informe- con que el debate se postergaría hasta el 4 de junio, dado que el presidente del Congreso, Velásquez Quesquén, consideró que ciertas declaraciones del parlamentario Werner Cabrera eran ofensivas y no ofrecían garantías a la continuidad del debate. Incluso, el 4 de junio las expectativas de una pronta solución se habrían perdido al aprobarse una cuestión previa presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder pocos minutos antes de la hora de la discusión del Pleno y sin la presencia de los congresistas nacionalistas, que proponía suspender el debate hasta contar con el resultado de la Mesa Multisectorial del Poder Ejecutivo . En tal sentido, el día 3 de junio, tras la primera postergación del debate, los comités de lucha habrían decidido replegarse a la Estación. Sin embargo, el repliegue debía ser bien organizado para que las cerca de dos mil personas instaladas ahí pudieran retirarse en las mejores condiciones. Se pensó, en consecuencia, iniciar la retirada el día 5 o 6. Lo que resulta crucial es lo siguiente. Según el informe Manacés, el día 4 el dirigente del

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REALIDAD NACIONAL

comité de lucha de los manifestantes indígenas, Salomón Awanash, se reunió con el Gral. Uribe y le informó que se retirarían en la fecha señalada. El General le habría respondido que debían retirarse ese mismo día, pero sin informarles que existía un plan de desalojo que se llevaría a cabo el día siguiente: un operativo diseñado para ser sorpresivo. No obstante, la información del desalojo se habría filtrado y la decisión de los manifestantes fue permanecer el día 5 y resistir cualquier ataque, dado que de otro modo tendrían que replegarse en las peores condiciones y en medio de una retirada considerada indigna. La anterior versión se apoya en los testimonios del Monseñor Santiago María García, de Salomón Awanash y del Gral. Uribe, aunque las declaraciones de este último sólo permiten sostener que la conversación entre él y Awanash sí se dio y que el tema de la retirada fue conversado, aunque no con posibilidades de llegar a una solución debido a que la persona que se encontraba al mando de las negociaciones en ese momento era el Gral. Muguruza, Los informes de Manacés, Lombardi, Isla y Moyano – los tres últimos con las mismas palabras-, afirman que la conversación tuvo lugar y que Uribe fue informado del retiro voluntario y de las dificultades de Awanash para convencer a los manifestantes de retirarse el día 4, debido a que aquella decisión debía tomarse en Asamblea, por las características de la organización indígena. Sin embargo, los informes de Mazzetti y de los legisladores apristas ponen en duda aquella versión y en el último caso se afirma enfáticamente que jamás existió un acta que recogiera ese acuerdo y que Awanash no era un líder indígena representativo. Puede concluirse a partir de los seis informes, entonces, que sí hubo ocasión de negociar por última vez un retiro voluntario, pero aquella oportunidad se frustró no por el contenido de la conversación entablada entre las partes, sino por el hecho de que el Gral. Uribe no contaba ya con ninguna autoridad negociadora debido a que el oficial al mando era el Gral. Muguruza. Aquello, en efecto, delata la poca capacidad de adaptabilidad de la Policía a situaciones de conflicto y además expresa la decisión política de alto nivel de efectuar un desalojo forzado bajo cualquier circunstancia; algo que, a juicio del informe Manacés, queda demostrado en la contundencia bélica del operativo: 1,299 efectivos divididos en diferentes escuadrones y fuertemente armados con fusiles AKM, un vehículo Kasspir antiminas y una tanqueta. Los manifestantes indígenas estaban organizados en comités

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REALIDAD NACIONAL

de lucha formados para llevar adelante el paro. Información de Informe Manacés . Era bien sabido que el Ejecutivo no tenía posibilidad de derogar las normas, lo que correspondía

al

Congreso.

El

Congreso

había

aceptado asumir el debate sobre los decretos. i)

El Operativo en la Curva del Diablo y en el cerro aledaño a la carretera:

El 5 de junio se produjo el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el tramo denominado “Curva del Diablo”. Las acciones se iniciaron a las 5.30 de la madrugada cuando un contingente de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) intentó sorprender a los nativos, produciéndose un enfrentamiento, en el que los nativos habrían desarmado a efectivos policiales sus armamentos de largo alcance. Posteriormente, a las 7:30 a.m. tuvo lugar un ataque en el que un contingente mayor de efectivos de la DINOES, con el apoyo de dos helicópteros, lanzó bombas lacrimógenas, perdigones y balas para dispersar a los cientos de indígenas que ocupaban el lugar. Pese a la gravedad de este ataque aéreo a decir de muchos de los testigos, la dispersión evitó muchas muertes. Padilla, perteneciente etnia Wampis, que en aquel entonces estaba de vigía en la madrugada del 5 de junio; vio cuando era alrededor de las 4:00 a.m., que venían policías armados. Se trataba de un contingente de más de 600 policías de la DINOES. Un grupo de efectivos empezó a subir al cerro y los vigías alertaron a la gente que se encontraba en la carretera. Estas son las palabras relatadas por el nativo:

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

“Los policía policíass nos insul insultaba tabann y

REALIDAD NACIONAL

nos amena amenazaba zabann que nos vaya vayamos mos o si no se

iba a derramar sangre. Ellos empezaron a tirar bombas lacrimógenas y nosotros piedras, subieron como 500 hermanos y logramos rodearlos porque ellos eran menos. La balacera comenzó a las 5:30. Nosotros solo teníamos lanzas y les pedimos que no disparen pero tiraban al cuerpo. Cuando nos retirábamos vino el helicóptero y nos comenzó a barrer de la Curva del Diablo hasta el Reposo. Yo me escondí en una zanja y podía ver lo que volaban. Un helicóptero aterrizó tres veces en el cerro. Vi bastantes hermanos muertos, como 20, también había mujeres y unos alumnos de 14 años que yo conocía. A los heridos que encontraban los remataban con fusiles AKM. AKM. Algunos Algunos los quemaban de uno en uno.” Luego de unas tres horas de balacera los pobladores del lugar rescatar resc ataron on 4 cadáveres de indígenas, todos ellos presentaban heridas por impacto de balas en el pecho y espalda, además uno de ellos presentaba quemaduras en el estómago. La policía no dejó que se acercaran representantes representantes de la Defensoría Defensoría del Pueblo, Pueblo, sacerdotes, ni prensa, prensa, a la parte alta del cerro cerr o donde comenzó come nzó el enfrentamiento. En ese lugar, uno de los helicópteros bajó bajó varias varias veces veces como para recoger recoger algo algo (alguna (algunass versio versiones nes aseguran aseguran que recog recogían ían cuerpos de indígenas para arrojarlos al río).

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REALIDAD NACIONAL

Al respecto, un nativo de Wawás sostiene: 

“Nuestro

grupo había decidido regresar a nuestra comunidad el día viernes.

En ese plan amanecimos pero no sabíamos lo que iba a pasar. Cuando empezó esta tragedia tragedia nosotros estábamos concentrados cocinando cocinando algo algo para comer. Vimos Vimos que la policía policía subía subía por arriba arriba y tiraba tiraba bomba bombass lacrimó lacr imógenas genas.. Mis Mis amigos pedían pedían refuerzos refuerzo s y me fui a apoyarlos. apoyarlos. Nosotros no teníamos armas solo con lanzas, con piedras tratando de retenerlos. Después vi a mis amigos cayendo y yo dije ¿por ¿por qué? Un amigo que estaba al lado mío cayó, yo lo agarré, estaba pura sangre, muerto por las balas. Yo estaba ahí viendo viendo como caían mis amigos, amigos , me m e daba pena, pena, hasta me puse a llorar. llorar. Me paré y me volteé volteé,, en ese instante instante vi a cuatro de mis amigos muertos. De pronto sentí que estaba en el suelo, perdí el sentido. Cuando un amigo me bajaba cargado vi que venían los helicópteros botando bombas lacrimógenas y disparando,

vi

como

perse perseguí guían an a la gente gente y los mata mataban ban.. Mis Mis amigos amigos corría corrían, n, el helicó helicópter pteroo los perse perseguí guíaa y los tumbaba”. Un dirigente de la comunidad de Yutupi, Río Santiago manifiesta: “En

ningún momento mome nto hemos querido el enfrentamiento, no hemos querido que nos metan meta n bala

ni que nuestros hermanos enardecidos por la rabia de que ellos comenzaron comenzar on a disparar, hayan cometido los excesos que ahora salen por la televisión y nos hacen parecer que somos salvajes.Cuando los policías empezaron a querer desalojarnos a bala cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuin (reconoci (rec onocido do dirigente indígena indígena del Alto Marañón) Marañón) y fue con las manos en alto a decirles por favor favor no nos disparen, disparen, este es un paro pacífico. pacífico. Como respuesta recibió ocho balazos y eso fue un detonante. Yo subía, cuando veo que mis hermanos corrían más arriba, es que la policía policía estaba bordeando las faldas del cerro cerr o de la comunidad Siempre Viva, o sea que los atacaban por dos flancos. Al ver que nuestros hermanos caían

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

REALIDAD NACIONAL

muertos se enardecían y ya no se podía controlar, era morir o matar. Fue como una guerra, una matanza entre peruanos, eso es lo que nosotros nunca hemos querido. Los helicópteros aparecen como a las 6:15. Ellos botaban gases lacrimógenos, nosotros corríamos y la policía disparaba a la altura de la cintura. Más tarde cuando empezó empez ó a llegar la población civil de Bagua y Bagua Grande dejaron de disparar. disparar . Yo vi decenas decenas de indígenas indígenas muertos, muer tos, no hay un número núme ro exacto pero los cuatro cuat ro identificados identificados son de la carretera. carr etera. Exigimos Exi gimos a la policía policía que nos entregue entregue los los muertos en el cerro para llevarlos a nuestras comunidades y enterrarlos. ¿Dónde están nuestros muertos? Que la Ministra Cabanillas nos diga ¿por qué ordenó que nos disparen a nosotros?” Sekut Díaz, una mujer awuaruna awuaruna de 36 años, también estuvo en la “Curva del Diablo”. Con el dolor marcado en el rostro y sacándose el temor de encima, denuncia que ella vio a la policía rematar a los heridos que habían quedado atrás porque nadie pudo ayudarlos ayud arlos a escapar: 

“Tenemos mucho miedo mi edo de hablar y decir

la verdad de lo que pasó porque después después

vienen las las represalias, represali as, pero alguien debe debe hablar hablar porque si nadie hace oír su voz nunca se sabrá la verdad”. Nos Nos atacaro atacaronn sin compasió compasión, n, como si fuéramos fuéramos el peor peor enemigo enemigo.. Yo me escondí cerca de la pista y desde ahí he visto cómo la policía mataba a unos hermanos que estaban heridos;



“Nos llevaron

hacia atrás, para el lado del río Marañón, el helicóptero pasó como

una hora disparándonos, esparciéndonos, también quemaron muchas casas. Bajaron bastant bastantes es herido heridoss y algu algunos nos muertos pero pero no no se los podí podíaa traslada trasladarr por por la balace balacera. ra. Yo empecé a bajar hacia el río Marañón pero dos helicópteros estaban fumigando a la gente que trataba de escapar”. Me refugié con mi mujer y mi hijo en un bosque cerca del río, un grupo que bajó a la orilla no pudo escapar porque el helicóptero les disparaba. disparaba. Yo Yo vi un promedio de 25 muertos tanto en el cerro como en la pista y en orilla del Marañón.”

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REALIDAD NACIONAL

El avance de miembros policiales con disparos de bala al cuerpo y ráfagas continuó toda la mañana a lo largo de la carretera Fernando Belaúnde Terry repeliendo a los indígenas que retrocedían con dirección hacia el Reposo. Durante el enfrentamiento doce policías fueron ultimados por los nativos. Pero según los informes ya mencionados anteriormente los sucesos se agrupan en torno a dos versiones que se contradicen entre sí. La primera de ellas la asumen los informes Mazzetti, Moyano y aprista: los manifestantes indígenas emboscaron a la policía, la atacaron y los efectivos se vieron obligados a repeler el ataque en defensa propia. El informe Mazzetti presenta una cronología que atribuye el primer ataque a los policías, pero se contradice al concluir que los efectivos usaron sus armas de reglamento en defensa propia. El informe Moyano va más allá y señala, por ejemplo, que los nativos atacaron con piedras, objetos contundentes, material pirotécnico, armas de cacería y prendiendo fuego al pasto con algún tipo de combustible. Ante aquel ataque, la policía habría ejecutado “disparos disuasivos que contribuyen a la confusión y caen los primeros heridos”. No se

especifica si se trata de policías o indígenas heridos. El informe de los

legisladores apristas, finalmente, llega a afirmar que los policías fueron sorprendidos con disparos e inclusive en ningún momento de la narración de aquellos hechos se menciona que los efectivos hayan utilizado otra arma que no sean escopetas de gas lacrimógeno. La segunda versión la sostienen los informes Manacés, Lombardi e Isla: el escuadrón policial ubicado en la cima del cerro en mención fue rodeado en actitud firme pero pacífica por un grupo de manifestantes indígenas; al verse arrinconados algunos efectivos dispararon al cuerpo, produciéndose los primeros heridos indígenas; en seguida, para evitar un enfrentamiento mayor, el dirigente Santiago Manuin se acercó a negociar y recibió un disparo que lo dejó gravemente herido e inconsciente; los manifestantes lo creyeron muerto y arremetieron contra la policía que se encontraba a pocos metros de distancia; se enfrentaron cuerpo a cuerpo y uno a uno, y lograron arrebatarles sus armas, con lo que el enfrentamiento degeneró en un combate fuego abierto.manifestantes desarmados, legitimando una reacción defensiva al mismo.

Más allá de las versiones contrapuestas, puede concluirse, sin embargo, que el operativo policial tuvo fallas garrafales en su planteamiento inicial y en su aplicación.

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REALIDAD NACIONAL

Los seis informes permiten sostener, en primer lugar, que el desalojo planteaba la intervención de un personal provisto de armamento de guerra y no la participación de un escuadrón antimotines, hecho que no se justifica por la existencia de anteriores acontecimientos de violencia dado que el paro amazónico del 2008 no registró ningún tipo de ataque con armas de fuego de parte de la población indígena. Y es bien sabido que el uso de un arma abre siempre la posibilidad de un escenario desfavorable al nivel de la fatalidad de aquella arma. En segundo lugar, el operativo policial establecía que un escuadrón ganara una posición estratégica antes del desalojo de la carretera, ubicándose en la cima del cerro aledaño. No obstante, no se contaba con que los manifestantes conocían el carácter estratégico de aquella ubicación y la mantenían vigilada, por lo que los efectivos policiales fueron rápidamente descubiertos. En tercer lugar, la subida al cerro por parte de los policías se llevó a cabo sin un conocimiento adecuado de la cima, por lo que fueron sorprendidos por encontrarse con que el cerro culminaba en un abismo que les impidió una retirada en el momento del enfrentamiento. Asimismo, no se contó con que los aparatos de comunicación del escuadrón mencionado no tendrían señal a esa altura, lo que impediría el pedido de refuerzos. Finalmente, resultó fatal el retraso del escuadrón a cargo del Gral. Muguruza, encargado del desalojo en la carretera: apareció a las 7:00 am, más de una hora después del inicio de las acciones. Respecto al enfrentamiento en la carretera las versiones recogidas en los informes son bastante convergentes. La participación del escuadrón a cargo del Gral. Muguruza habría encontrado un escenario de conflicto armado, no previsto. Aquello puso en desventaja al personal policial, por ubicarse en una posición que ofrecía demasiados flancos de ataque, lo que ocasionó la caída en combate de nativos y policías. En ese sentido, todos los informes permiten concluir que hay una relación de causalidad directa entre el primer enfrentamiento en la colina y las características del enfrentamiento carretera. Queda establecido así un posible origen de las armas usadas por los manifestantes indígenas en el segundo enfrentamiento y se legitima el fuego en ambas partes en ese momento, debido a que el combate armado ya se habría abierto y el s egundo enfrentamiento representaría sólo una continuidad. En consecuencia, el análisis sobre

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REALIDAD NACIONAL

quién dispara primero, queda descartado en ese escenario. Sí cobra relevancia, sin embargo, esclarecer dos puntos específicos: si la policía hizo uso de helicópteros desde los que efectuó disparos a los manifestantes y si los manifestantes contaban con otras armas aparte de las que arrebataron a los policías, demostrando que estaban preparados para atacar incluso antes del primer enfrentamiento. Y al respecto los informes también coinciden. No hay pruebas suficientes para señalar que se utilizaron helicópteros artillados, tampoco se hallaron otro tipo de armas entre los manifestantes ni existe registro de algún asalto previo a una comisaría por parte de manifestantes indígenas, lo que desmiente lo asegurado por el entonces ministro de Justicia Aurelio Pastor. Según la Defensoría del Pueblo, los muertos indígenas en la Curva del Diablo fueron Romel Tenazoa Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Gerardo Samecash Cham ik, Jesús Carlos Timías (indígenas awajún), así como Florencio Pintado Castro (campesino en la

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I)

REALIDAD NACIONAL

VIOLENCIA en las zonas urbanas: Bagua y Bagua Grande:

Sin duda, las protestas urbanas que siguieron al operativo policial, son las que han recibido la menor atención en las investigaciones realizadas, a pesar de que en ellas se generaron cinco muertes de civiles y la mayor proporción de heridos de bala. Al conocer los acontecimientos en la “Curva del Diablo”, el mismo día 5 de junio, organizaciones sociales de las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Jaén se concentraron en las plazas de las ciudades para manifestarse indignados por lo que estaba pasando. En Bagua y Bagua Grande los citadinos incendiaron dependencias de la Función Judicial, Sub-Prefectura, del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y locales del partido de gobierno. La policía actuó como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población. Ese día fallecieron por acción de la policía los señores: Porfirio Coronel Jiménez y Alejandro Salazar Huamán en Bagua Grande, Jorge Ángel Pozo Chipana, Abel Ticlla Sánchez y Felipe Sabio César Sánchez en Bagua. Los familiares de las dos personas muertas en Bagua Grande indican que ninguna de las víctimas tenía relación con las protestas. Indican también que el señor Coronel recibió varios disparos a quemarropa. Debe señalarse que más de 100 personas resultaron heridas en las dos ciudades por acción de la Policía, entre ellas, la niña Leidy Luz de tan solo siete años. Huyendo de la “Curva del Diablo” los nativos llegaron hasta Bagua. Ahí la población mestiza de la ciudad se había levantado al escuchar de la represión contra los indígenas y la policía los estaba reprimiendo. Así lo revela Salomón Awananch, Apu (dirigente) de la comunidad de Nazareth (provincia de Utcubamba): “En

Bagua vi a una mujer y a una niña heridas de bala, no sé qué

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

REALIDAD NACIONAL

pasó después con ellas, y también vi dos muertos: un mestizo gordo que tenía un

balazo en el pecho y un hermano awajún (awuaruna), Felipe Sabio, al que la policía le disparó desde un techo. El hermano cayó por un balazo en la pierna y cuando estaba en el suelo los francotiradores lo remataron”.

El derecho a la información y a la libre expresión se vio vulnerados a través del hostigamiento y censura a los medios de comunicación independientes. El 12 de junio el gobierno canceló la licencia de la radio La Voz de Utcubamba que transmitió lo sucedido en Bagua el viernes 5 del mismo mes. Esta emisora había sido acusada de apoyar la violencia, por varios congresistas de la bancada aprista y por la ministra Cabanillas. El director de la emisora, Carlos Flores, dice que el supuesto pecado de su emisora es haber transmitido en directo los acontecimientos en “La Curva del Diablo”. Los informes mencionados, señalan lo siguiente: 

Los informes del Legislativo no plantean conclusiones relacionadas al tema.

El informe Mazzetti establece conclusiones generales presentadas de modo sensacionalista, mediante aseveraciones como las siguientes, pobremente articuladas entre sí: a) los actos de protestas fueron llevados a cabo por organizaciones sindicales y frentes de defensa, b) las motivaciones de las protestas urbanas fueron “de carácter social, mas no indígena”, c) el saldo de las protestas fue la muerte de cinco civiles y de la gran mayoría de heridos registrados – no se especifica por qué hubo una alta cantidad de heridos de bala y no se menciona la participación de la policía, y d) la violencia en las ciudades mencionadas debe atribuirse directamente a grupos violentistas claramente identificados y a la difusión irresponsable de informaciones que mencionaban la existencia de una masacre de nativos. 

Sólo el informe Manacés presenta una narración exhaustiva de los hechos que resulta bastante preocupante. Según la investigación de los

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REALIDAD NACIONAL

comisionados, las protestas se dan en solidaridad con los manifestantes indígenas en medio de una situación caótica marcada por la progresiva llegada de heridos de bala a los hospitales y de cadáveres de nativos caídos, que eran puestos bajo carpas al aire libre que fueron rápidamente rodeadas por la población. Aquella situación caótica habría motivado que una gran cantidad de pobladores no indígenas se concentrara en las plazas de Bagua y Bagua Grande desbordando la capacidad de control de la policía, que no previó una reacción masiva de solidaridad. Siguiendo la versión del informe Manacés, en medio del caos, en el caso de Bagua, algunos grupos violentistas habrían atacado dependencias públicas, y saqueado algunos establecimientos comerciales. Otro grupo habría lanzado piedras a la comisaría, en donde los efectivos optaron por concentrarse y disparar al aire desde el techo de forma disuasiva. No obstante, la tensión entre la policía atrincherada y la concentración de la población afuera de la comisaría, habría degenerado en un

uso

indiscriminado de las armas por parte del personal policial, generando la muerte de civiles sobre los que se ha comprobado que no participaban en las protestas, e hiriendo de bala a decenas de pobladores, varios de ellos quedando graves. El escenario se habría repetido en Bagua

Grande,

Utcubamba, aunque sin que haya habido intentos de quemar locales o saquear comercios. Resulta preocupante que la atención de las investigaciones se haya concentrado sólo en los hechos de la Curva del Diablo y la Estación Nº6, puesto que al ser así se pierde de vista el alcance total de los enfrentamientos iniciados el 5 de junio, se ignora el papel jugado por la población urbana y se resta importancia al derecho a la justicia y la verdad que tienen los heridos y los deudos de los manifestantes no indígenas muertos por la acción policial.

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II)

REALIDAD NACIONAL

Estación Nº 6 de Imazita: En horas de la tarde del 5 de junio se informó de la muerte de Johan Orlando Ordinola Ruiz, Rely Delgado Sánchez, Luis Miranda Vásquez, José Rosario Huamán Tume, Ronald Gerardo Elera Yanac, Germán Farroñán Morante, Michel Meza Gonzales, Marco Einsein Huanci Ramírez y Enrique Grei Castro Córdova, efectivos policiales que se hallaban retenidos por nativos indígenas en la estación de Bombeo (parte del Oleoducto Norperuano), Imazita, en la región Amazonas. El oficial Miguel Montenegro Castillo fue encontrado muerto en las inmediaciones dos días más tarde. Ellos formaban

parte un contingente de 38 personas -37 policías y un alto funcionario de PetroPerúquienes habían sido destacados para resguardar la Estación petrolera Nº 6. Los indígenas tenían con la policía desde hace dos meses un pacto de no violencia y no agresión mientras que se suspendiera el bombeo de la estación que ocupaban desde el 26 de abril de 2009. Incluso se permitía el relevo de los policías y comían juntos. Existen versiones contradictorias sobre los acontecimientos en esta Estación. La versión oficial – cuestionada

por testigos indígenas y ONG- afirma que los policías desarmados eran

rehenes de los indígenas que habían tomado la Estación y que estos procedieron a asesinar a sangre fría a los rehenes cuando se enteraron de la trifulca en Curva del Diablo. Al parecer, por la tarde del 5 de junio, los indígenas recibieron un mensaje de Bagua: “Nos han traicionado, nos están matando a todos”, y al menos un grupo de ellos, lleno

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REALIDAD NACIONAL

de dolor y enardecido, asesinó a 10 de los policías retenidos e hirió gravemente a otros 6.

Ocho personas están procesadas por estos homicidios. Al contrario de lo que ocurre

con la Curva del Diablo donde se han recabado múltiples testimonios, en la Estación 6 solo existe la versión oficial. Salomón Awanash también señala: 

“Nos

sentimos marginados, indignados después de haber perdido tantas

vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.”

Según los 6 informes ya mencionados, las versiones sobre lo sucedido en la Estación son, en general, uniformes. Si bien existen diferencias de énfasis en torno a lo sucedido con los doce policías asesinados y los otros seis que lograron escapar en el momento que iban a ser ejecutados; la secuencia de hechos es la misma en los seis informes. Ahora bien, debe resaltarse la individualización de las responsabilidades al narrarse los acontecimientos: un grupo de treinta manifestantes se llevó consigo a los dieciocho policías amarrados después de que los manifestantes desbordaran la autoridad de los dirigentes y en un momento de abierta confusión y tensión. En total, el 5 de Junio, se produjeron, según las cifras oficiales, 33 muertes: 23 policías y 10 civiles (5 pobladores de Bagua y 5 indígenas) y la desaparición de un policía; 200 personas resultaron heridas, entre éstas, 82 personas presentaban lesiones producidas por armas de fuego.

1)

TOQUE DE QUEDA Y ESCENARIO POSTERIOR:

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REALIDAD NACIONAL

ZONA QUEMADA MOMENTOS DESPUÉS DE LOS ENFRENAMIENTOS

El día 6 de junio, el gobierno impuso el toque de queda desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana prohibiendo el libre tránsito de los ciudadanos y amplió las zonas de emergencia en medio de fuertes resguardos policiales y militares. El toque de queda, fue reducido (a partir 6 de la tarde) el lunes 8 de junio. En días posteriores se continuó un rastrillaje para capturar a aquellos que tengan rostros indígenas, según testigos. La población rural y urbana se siente atemorizada por el sobrevuelo de helicópteros en la zona. De acuerdo con los testimonios recibidos el lugar de los hechos fue cercado por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, impidiendo el acceso del representante del Ministerio Público, la Defensoría y en general de cualquier autoridad civil o ciudadano hasta el 10 de junio. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda también dificultó considerablemente la búsqueda

de los cadáveres

y personas

desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que es os días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció. En la “Curva del Diablo”, a 10 metros encima de la carretera, cualquiera puede constatar que en una loma con poca vegetación, hay aproximadamente un kilómetro cuadrado quemado. Al día siguiente del operativo, 6 de junio, el vicepresidente de la Federación Regional

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Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM), Abel Tsajupat, señaló en los medios de comunicación que: “El

gobierno quiere ocultar los cuerpos de los muertos y las huellas de cómo han muerto”. No

permiten que se acerque la fiscalía, tampoco los médicos del Ministerio de Salud ni de ESSALUD. El ejército y la policía han matado a muchos hermanos awajún y wampis, se habla de 70 muertos. Los vehículos no pueden pasar porque hay muertos y heridos a lo largo del camino y en los cerros, en especial en el Cerro La Victoria. En la Curva del Diablo hay muchos cuerpos. Toda la ciudad de Bagua está sitiada y se dispara a la población desde los techos”. Los médicos lograron sacar a algunos de los indígenas detenidos que presentaban heridas de más gravedad para trasladarlos al hospital de Jaén. En general, unos 200 heridos -incluyendo 12 menores de edad- fueron ingre sados a los hospitales de la zona y de Chiclayo. Los policías fueron derivados al Hospital de la Policía en Lima. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el 12 de junio 150 indígenas habían sido dados de alta. Sin embargo, varios de ellos heridos prefirieron dirigirse a sus comunidades por el temor a ser detenidos. 2)

CONDICICONES HUMANITARIAS DE DETENIDOS Y ALBERGADOS

Millares de nativos que se encontraban en la carretera frente a la represión policial se refugiaron en Bagua y Bagua Grande, así como en caseríos, ocultándose en domicilios, colegios, parroquias, hospitales, con el apoyo de la población y religiosos. Temían salir a las calles y ser detenidos. Recién desde el martes 9 de junio se permitió la ayuda humanitaria en víveres y ropa a las personas detenidas. La Iglesia Católica y la población de Bagua albergaron en sus recintos pastorales y en viviendas de vecinos a más de 1,500 indígenas desprovistos de alojamiento frente al toque de queda que regía de 3:00 de la tarde a 6:00 de la mañana los primeros días. En el Centro Pastoral de Bagua Grande estuvieron albergadas 800 personas. Miembros del Vicariato Apostólico de Jaén relatan cómo el lunes 08 y martes 09, la Iglesia, la Defensoría, la Cruz Roja Internacional gestionaron con el Ministerio Público las garantías para el traslado seguro de los indígenas a sus lugares de origen. Ello constituyó un despliegue extraordinario de alimentos, alquiler de camiones, embarcaciones y combustible. El día miércoles se continuaba recibiendo indígenas dispersos en las zonas boscosas, para facilitar su traslado.

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3)

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VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS:

Durante los días 5 y 6 de Junio, se produjo la detención de 83 personas. La mayoría fue conducida al Cuartel “El Milagro”; 17 personas fueron trasladadas a la Unidad de Seguridad del Estado de la ciudad de Chiclayo, a 350 Kilómetros de la ciudad de Bagua.23 Los detenidos fueron con frecuencia golpeados y torturados por los integrantes de la DINOES y la policía local, según numerosos testimonios recibidos. Así, el Dr. Juan José Quispe de Aprodeh, recibió testimonios según los cuales a algunos de los detenidos se les habría inyectado sangre de los policías fallecidos. Él pudo comprobar que algunos detenidos tenían punciones en el brazo y el pecho, donde supuestamente habían sido inyectados. El 10 de junio se permitió el ingreso de los abogados de organismos de derechos humanos a comisarías y al Cuartel “El Milagro”, donde ilegalmente se encontraban detenidos más de cincuenta. La labor de los organismos de derechos humanos fue logrando que la mayoría de detenidos saliera en libertad. En total, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 83 personas habían sido detenidas inicialmente. Otras 99 personas fueron también detenidas la primera semana por incumplir el toque de queda pero todas fueron liberadas. Sin embargo, se recibió información sobre el caso de Ebelio Petsayit, que murió en su comunidad a consecuencia de las torturas que sufrió cuando fue detenido. Durante los primeros días, se realizaron diligencias con los detenidos Awajún sin la presencia de un intérprete. En los juicios igualmente se viola el derecho al debido proceso ya que no cuentan con un intérprete desde la etapa inicial, como lo ordena la Constitución, en la mayoría de los casos tampoco tienen acceso a un abogado de su elección. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidas a civiles nativos y no nativos. En varios casos se han puesto trabas inclusive a la recepción de denuncias. Se ha tenido conocimiento que luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de lo sucedido el 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente. En cambio, el Primer Juzgado Penal de Utcubamba ha abierto proceso penal a 61 personas presuntamente implicadas en los sucesos de Bagua. En general, se advierte la intención de ocultar hechos. Esto no debe conducir a la impunidad de los responsables de tan graves acontecimientos.

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Finalmente, la situaci sit uación ón del dirigente Santiago Manuin Manuin es alarmante pues pues a pesar de su delicado estado de salud, a consecuencia de varios disparos de bala en el abdomen, en el hospital hospital se pretendió pretendió esposarlo a la cama. Además, el Poder Judicial Judicial ha emitido una orden orden de detención detención en su contra. El 01 de septiembre sept iembre del 2009, 2009, la Sala Sala Mixta Mixta descentralizada de Utcubamba otorgó el mandato de comparecencia a Santiago Manuin.

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4)

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CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS HECH OS :

Según la Defensoría del Pueblo, el balance de los daños que se produjeron el 5 de junio junio arrojó arrojó estas dramáticas cifras: 

Treinta y tres (33) muertos (23 policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua). Un desaparecido (oficial de la PNP) Felipe Bazán, quien dirigía el contingente en la ´Ćurva del Diablo´´, y cuyo cuerpo sigue siendo buscado por su angustiada familia. La hipótesis más probable es que Bazán murió a manos de los awajún y que éstos desnudaron su cadáver.



Doscientas (200) (200) personas heridas heridas (de ellas, 82 presentaron

lesiones

produc producidas idas por por armas de fuego fuego y, de éstas, 17 mostraban lesione lesioness ocasion ocasionada adass por perdigon perdigones) es).. 

Ochenta y cuatro personas procesadas, a quienes se les imputa los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra el transporte público, entre otros.



Cuantiosos daños materiales.

Estos Esto s hechos están está n siendo investigados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso de la República y han sido analizados por la Comisión Investigadora creada en el marco del Grupo Nacional de Coordinación del Poder Ejecutivo. Además el “Baguazo” permitió algunos avances: 

Una mayor presencia presenc ia de la problemática problemáti ca amazónica amazónic a en la agenda agenda nacional, lo que ayudó a que el Congreso aprobara por unanimidad, posteriormente, la Ley de Consulta Previa, y a que el hoy presidente Ollanta Humala la promulgara en septiembre septiembr e del 2012.



La protesta prot esta permitió permit ió visibilizar a los pueblos indígenas indígenas y cambiar camb iar la percepción y actitud del resto rest o de la población hacia haci a ellos. Antes hab había ía una fuerte discriminación, fruto del desconocimiento de sus condiciones de vida, costumbres, cultura, etc. El “Baguazo” despertó un genuino interés

por

conocer y entender a la población amazónica: cómo son, cómo piensan, cómo viven, su arte, etc. Se fue abriendo paso la solidaridad y el reconocimiento hacia ellos.

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

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También hizo posible abrir la discusión sobre el modelo de desarrollo, pues promovió promovió la confro confrontac ntación ión de divers diversas as cosmovisiones cosmovisiones al respecto.

Pero también originó: Que el gobierno aprista buscara dividir o destruir su organización: desde entonces, AIDESEP y muchas organizaciones sectoriales indígenas han sido debilitadas. Aquí algunas fotos de los policías e indígenas muertos:

INDIGENAS MUERTOS:

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POLICIAS MUERTOS:

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POLICIA DESAPARECIDO:

MOMENTO EN EL QUE ES CAPTURADO EL MAYOR BAZAN

INDIGENAS DETENIDOS:

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¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES? La determinación de responsabilidades se relaciona directamente a cómo se dieron los hechos de violencia y a qué factores son considerados como causas del conflicto. Los informes, por lo tanto, presentan las menores coincidencias en este punto; algo que resulta bastante grave si se tiene en cuenta que las comisiones fueron formadas principalmente con el fin de hallar responsables que sean juzgados, evitando así que las muertes queden impunes. Los informes aprista y Mazzetti, no establecen de forma explícita ningún tipo de responsabilidad a agentes del Estado, ni siquiera dentro de la jerarquía policial que diseña y ejecuta el operativo policial. Por el contrario, les atribuyen la principal responsabilidad a los denominados actores externos no indígenas, que le habrían dado un carácter violentista a la protesta. En el caso del informe Mazzetti se denuncia específicamente a los siguientes actores: “Partido Nacionalista, Ronderos, Sutep, Reservistas, Frentes de Defensa del Pueblo”

y

se resalta, en el primer caso, la participación de los parlamentarios nacionalistas Yaneth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez, quienes participaron en un evento público en el distrito del Cenepa el 5 de marzo del 2009, donde habrían azuzado y desinformado a la población. El informe aprista ratifica aquella acusación, pero no especifica nombres, aunque sí individualiza la responsabilidad de Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, por haber hecho un llamado a la insurgencia el 15 de mayo del 2009, aunque se retractara al día siguiente. Llama poderosamente la atención que los informes Mazzetti y aprista, planteen responsabilidades genéricas al momento de explicar el origen del conflicto. El informe aprista, por ejemplo, señala lo siguiente:

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“En este conflicto político social hubo dos actores: el Estado Peruano y las comunidades

indígenas. Ambos comparten y compartirán históricamente la responsabilidad por las muertes (…). Si bien es cierto que el primero asume su

responsabilidad política, también

es cierto que los segundos deben asumir su responsabilidad social. Ambos son víctimas, pero víctimas de la intransigencia, del desentendimiento, de la subestimación y de los intereses mezquinos de los que se benefician política y hasta económicamente con el desorden y el odio entre peruanos. Esta es una manera objetiva e imparcial de analizar, reflexionar y enfrentar estos luctuosos sucesos”. Los demás informes, por el contrario, son bastante específicos, aunque no convergen del todo, salvo en atribuir responsabilidad política a la ex ministra del interior Mercedes Cabanillas, por los resultados del operativo. Aquí es necesario agregar que el informe aprista sí reconoce esta responsabilidad, pero señala que ésta ya fue asumida al momento de la renuncia a la cartera ministerial. La responsabilidad política también es atribuida por los informes Manacés, Isla, Lombardi y Moyano, a la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, por haber promovido

varios decretos legislativos

anticonstitucionales, por exceder la

capacidad legislativa de un decreto y por no pasar un proceso de consulta previa 10. También se incluye como responsable político - salvo en el caso del informe Manacés- a Yehude Simon, por mantener una legislación inconstitucional y por llevar a cabo un manejo deficiente del conflicto. Víctor Isla, por su parte, añade que la señora Araoz tiene también responsabilidad penal, en tanto altera una verdad intencionalmente en perjuicio de terceros al momento de asegurar que el TLC con Estados Unidos se vería irreparablemente afectado sin que ello sea cierto11, delito especificado en el artículo 438 del Código Penal.

Asimismo, en el informe Isla, Mercedes Cabanillas y Alan García también tendrían responsabilidad penal por infringir el artículo 111 del Código Penal relacionado al homicidio culposo que establece como agravante “si el delito resulta de la inobservancia

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de las reglas de profesión, de ocupación o industria”: en el caso de Cabanillas su culpabilidad radicaría en su posición al mando de la jerarquía policial y en el caso de Alan García éste tendría culpa si se comprueba la versión del periodista Ricardo Uceda

y de la ex Ministra de La Mujer, Carmen Vildoso, que señala que en la sesión de la PCM del 3 de junio, la decisión de intervenir en la Curva del diablo, provino de una orden presidencial. Finalmente, en cuanto a los mandos policiales, todos los informes atribuyen responsabilidad – los informes Mazzetti y aprista no son explícitos en este punto- al Gral. PNP Muguruza, a cargo del operativo y -salvo el informe Manacés- al Gral. PNP Uribe, quien estuvo a cargo del personal policial de la zona del enfrentamiento hasta el 3 de junio.

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REACCIONES FRENTE A LOS HECHOS SUCEDIDOS: A NIVEL NACIONAL:



Amplia solidaridad nacional: La lucha de los pueblos amazónicos en defensa de su hábitat ha convocado una

significativa solidaridad de diversos sectores. En el ámbito nacional se pronunciaron obispos amazónicos, varias universidades; los principales gremios como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Junta Nacional del Café, la Convención Nacional del Agro Peruano, etc.; diversos gobiernos regionales y municipales; muchos colectivos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables ONGs; diversos colegios profesionales y organismos del aparato del estado como la Defensoría del Pueblo. La población de ciudades vecinas, especialmente Bagua Grande, Bagua y Jaén acompañó en todo momento como cuenta un sacerdote jesuita de Jaén: “la gente de estos lugares ha sido muy solidaria con los nativos proporcionando refugio, medicinas y víveres. Incluso moto taxistas con riesgo de su vida, llevaban heridos a los hospitales”. Había muchas personas que donaban sangre a los heridos. La solidaridad eclesial jugó un importante papel tanto en el lugar de los hechos el 5 y los

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días siguientes como a través de pronunciamientos y gestiones de varios obispos, congregaciones y movimiento laicos.

Retorno del tema de los derechos de los pueblos indígenas al centro de la actualidad cotidiana Como señala Pilar Arroyo del Instituto Bartolomé de las Casas, la protesta de los pueblos indígenas ha permitido que el país, que vivía de espaldas a la Amazonía comience a descubrirla, a preguntarse cómo piensan esas personas, cómo viven, etc. Es interesante destacar también que en el sector empresarial algunos gremiales han hecho llamados a favor del diálogo y del respeto de los derechos de los pueblos indígenas en este contexto . Se esperaría que esta sensibilización ayude a superar los discursos y actitudes racistas que todavía subsisten en varios medios de comunic ación y sectores de la sociedad, como lo demuestra una columna escandalosa publicada en el periódico El Correo en el mes de junio de 2009

a) DESPUES DE LA CRISIS Habiendo transcurrido los lamentables sucesos del 5 de junio, el conflicto continuó y los pueblos indígenas prosiguieron realizando medidas de protesta en otras zonas, como la Selva Central. En la ciudad de Bagua, del 9 al 13 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo dispuso la instalación de un módulo de atención temporal, que operó continuamente en un local facilitado por la Parroquia “Santiago Apóstol”. En dicho módulo se brindó orientación a los familiares de personas detenidas y heridas respecto al lugar donde se encontraban ubicadas, su situación jurídica y su estado de salud, respectivamente. Asimismo, en dicho lugar se recibió al padre del Mayor PNP Felipe Bazán Soles, quien solicitó la colaboración de dicha institución para la ubicación del paradero de su hijo. En su oportunidad se exigió que se realicen las labores de búsqueda.

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DESESCALAMIENTO Y PROCESO DE DIÁLOGO: Mientras tanto, en Lima, el 10 de junio del 2009, el Poder Ejecutivo constituyó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos con el objetivo de elaborar un Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos. La Defensoría del Pueblo dispuso que, a partir del 11 de junio del 2009, se iniciasen las misiones itinerantes a las comunidades ubicadas en la región Amazonas, en vista de las denuncias formuladas por los medios de comunicación sobre personas que aún no retornaban a sus comunidades, a fin de contribuir a la ubicación de su paradero. En Lima, aunque el 11 de junio del 2009, el pleno del Congreso de la República aprobó la suspensión por tiempo indefinido de los Decretos Legislativos Nº 1064 y 1090 mediante la Ley Nº 29376, en algunas zonas de la Amazonía, los pueblos indígenas no pusieron término a sus medidas de fuerza. En Amazonas, el 15 de junio, durante una de las visitas realizada por la Defensoría del Pueblo a los pacientes, se tomó conocimiento de que sus familiares no contaban con los recursos económicos para asumir los gastos de su alimentación. En vista de ello se dirigió una comunicación al Presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, Moisés Salazar Fernández, a quien se le solicitó ayuda para garantizar la alimentación de los familiares; al ser atendido este pedido se pudo facilitar a los familiares un menú diario. Ese mismo día, el Presidente del Consejo de Ministros viajó a la Selva Central para reunirse con las organizaciones indígenas que continuaban desarrollando acciones de protesta. Dicho encuentro concluyó en un acuerdo, denominado “Acta de entendimiento entre los pueblos indígenas de la Selva Central y el Gobierno”, por la cual el Gobierno se comprometía a tramitar ante el Poder Legislativo la derogación de los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064. De la otra parte, los representantes indígenas se comprometieron a levantar el bloqueo de la carretera, durante cuatro horas al día, hasta que se derogasen los decretos, entre otros puntos. El 16 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta de “mecanismo de diálogo y consulta” para contribuir a proporcionarle un curso al conflicto y a la recuperación de la confianza entre el Estado

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y los pueblos indígenas. El documento planteó condiciones mínimas, requerimientos básicos y un proceso por etapas para gestionar la viabilidad de un proceso de diálogo y consulta entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas. Al día siguiente, el 17 de junio del 2009, el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros presentaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley para derogar los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064. Dos días después, el 19 de junio del 2009, se derogaron los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064 mediante la Ley N° 29382.41 El paro amazónico fue levantado y la calma retornó a algunas zonas de la Amazonía. Además fue levantado el toque de queda impuesto por el Gobierno en las provincias de Bagua y Utcubamba, pero se mantuvo el estado de emergencia. Por otro lado, en la ciudad de Chiclayo, donde fueron referidos los pacientes con lesiones más graves, se realizaron diversas actuaciones defensoriales con el propósito de obtener una oportuna y rápida atención de los pacientes internados en el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” (MINSA). Allí se coordinaron acciones con la jefatura del Servicio de Cirugía para que en el más breve plazo se pudiesen realizar intervenciones quirúrgicas a ocho personas. La referida gestión fue exitosa porque dicha entidad asumió el compromiso de intervenir quirúrgicamente a los pacientes entre el viernes 19 y el martes 24 de junio del 2009. En el seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo se pudo verificar que los pacientes fueron operados en los plazos indicados. El 22 de junio del 2009, en Lima, se instaló el Grupo Nacional de Coordinación para el desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con la participación de diversos sectores del Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Representantes Indígenas. Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo continuaron realizando visitas a los hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud en las ciudades de Utcubamba, Bagua, Jaén, Chiclayo y Lima, para conocer la situación de las personas heridas y supervisar la adecuada atención por parte de dichos establecimientos de salud. En los casos en que fue necesario se realizaron coordinaciones con autoridades regionales y nacionales con el propósito de proveer a los centros de salud de las medicinas e insumos, así como del personal necesario para la adecuada atención de los heridos.

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El 1º de julio del 2009, en la localidad de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, personal de la Defensoría del Pueblo participó en una reunión con autoridades de 16 comunidades nativas que no pudieron ser visitadas anteriormente por las brigadas (de las misiones itinerantes), con quienes se realizó una indagación y el recojo complementario de información sobre personas que no hubieran retornado a dichas comunidades.

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LA CONFORMACION DE LAS MESAS DE DIALOGO : El diálogo continuó desde entonces a cargo del Grupo Nacional, instalado el 22 de junio. Aquel día se acuerda que el trabajo será dividido en cuatro mesas temáticas, con representación indígena, del Ejecutivo y de los gobiernos regionales con territorio amazónico dentro de su jurisdicción. Las mesas fueron las siguientes: 

Mesa Nº1: A cargo de investigar los sucesos de violencia acontecidos en Bagua. El 7 de setiembre del 2009 se forma la comisión investigadora presidida por Jesús Manacés. Coordinador indígena: Carlos Navas.



Mesa Nº2: A cargo de estudiar los decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas y de proponer nuevas leyes trabajadas de manera concertada. Coordinador indígena: Bladimiro Tapayuri.



Mesa Nº3: A cargo de generar una propuesta de implementación del derecho a la consulta consignado en el Convenio Nº 169 de la OIT. Coordinador indígena: Denis Pashanashe.



Mesa Nº4: A cargo de elaborar una propuesta integral de desarrollo amazónico. Coordinador indígena: Percy Amaro.

Finalmente, el coordinador indígena de todo el Grupo Nacional fue Salomón Awanash, dirigente del comité de lucha formado por los manifestantes indígenas para organizar las acciones de protesta en la Curva del diablo. Y el presidente del Grupo Nacional fue Adolfo de Córdova, entonces Ministro de Agricultura.

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RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LAS MESAS DE DIALOGO: La instalación de las mesas se formalizó mediante resolución suprema el 24 de agosto; en ella se dio un plazo de 120 días calendario para que realicen su trabajo. A continuación se analizarán los resultados. 

Los resultados de la Mesa 1 son los dos informes de investigación de los sucesos de Bagua, analizados anteriormente: el informe Manacés y el informe Mazzetti. Como se ha visto, los informes no se han traducido en denuncias concretas respecto a la determinación de responsabilidades.



Los resultados de la Mesa 2 han sido recogidos en el documento “Aportes técnicos para mejorar la normatividad forestal”, entregado al MINAG el 19 de noviembre del 2009. El trabajo de la mesa se concentró en plantear propuestas técnicas en torno a la legislación forestal, afrontando la problemática de fondo relacionada a los derogados decretos 1064 y 1090. Las recomendaciones se pueden resumir en los siguientes cuatro puntos: tomar medidas que garanticen la conservación ambiental de los bosques; garantizar los derechos indígenas a conservar sus territorios y acceder a los recursos del bosque; gobernanza forestal y mayor relevancia política de la gestión forestal.



Los resultados de la mesa 3 se circunscriben a la construcción de una Ley que permita la aplicación del derecho a la consulta. El documento final de la mesa lleva como título: “sobre el derecho de consulta” y fue culminado el 3 de diciembre del 2009. Constituye un insumo que

recoge los fragmentos

consensuados y las observaciones del Ejecutivo y de los representantes indígenas. Aquel documento fue enviado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, donde obtuvo dictamen favorable, al igual que en la Comisión de Constitución y Reglamento. El proyecto de ley de

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consulta finalmente fue debatido y aprobado en Sesión del Pleno del 19 de mayo del 2010, pero recibió observaciones de parte del Ejecutivo el 21 de junio, lo cual retraso el proceso de promulgación de la ley.



El resultado de la Mesa 4 es la construcción de una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico, presentada a la PCM el 11 de diciembre del 2009. Según Américo Cabecilla, representante de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) y participante en la mesa acreditado por AIDESEP, el principal insumo para elaborar la Propuesta Nacional, fue el resultado de la Comisión Especial Multisectorial de Comunidades Nativas formada el 2001, en el gobierno de Valentín Paniagua. La Propuesta Nacional presenta recomendaciones específicas sobre diversas áreas de política pública, como educación, salud, economía, justicia, ordenamiento territorial, etc. Constituye un documento bastante completo que permite concebir la integralidad de la problemática indígena amazónica.

ACTITUD DEL GOBIERNO EN EL PROCESO DE DIALOGO: Hay una serie de hechos que muestran una actitud poco dialogante y poco respetuosa por parte del gobierno en el manejo del conflicto después de los sucesos de violencia. A continuación se mostrarán algunos ejemplos. Pocos días después del 5 de junio y aún sin haberse realizado las investigaciones respectivas, el gobierno difundió una versión de los hechos basada en información falsa, orientada a mostrar que los policías habían sido sorprendidos por

una emboscada

armada. Aurelio Pastor, entonces Ministro de Justicia, declaró en Ginebra, ante un comité de la ONU, que los manifestantes habían asaltado una comisaría y que habían atacado a la policía con las armas obtenidas, información que jamás pudo corroborarse por no existir registro de algún asalto de ese tipo. Del mismo modo, Alan García aseguró en una entrevista televisiva que los policías muertos en la Estación Nº6 habían sido degollados, información que resultó falsa en base a las necropsias realizadas.

Al mismo tiempo, fue publicado un spot televisivo producido por el Ministerio del Interior, en el que se mostraba primero imágenes de los cadáveres de los policías y luego de

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indígenas en actitud de protesta, acusando de salvajes a los manifestantes. Aquella propaganda, dicho sea de paso, fue emitida cuando aún permanecía la tensión en la Amazonía. La visión del conflicto por parte del gobierno central estuvo sesgada desde un principio a favor de una de las partes: los policías. El sustento de aquel sesgo fue un tratamiento estadístico de las muertes, que llevó a la conclusión simple de que por ser mayor el número de efectivos fallecidos, aquello habría sido una masacre de policías. Incluso varias organizaciones sociales consideraron que el gobierno establecía jerarquías entre la vida de indígenas y policías, lo que quedó demostrado con el hecho de que el Presidente diera condolencias sólo a los deudos de los efectivos policiales caídos. Más adelante, el 27 de abril del 2010, el gobierno pretendió declarar “cada primer sábado de junio”, el Día del ron, con el objetivo de promover el consumo de esta bebida. Casualmente, el primer sábado de junio del 2010 fue 5: el aniversario de los sucesos de Bagua. Aquella acción fue considerada por diversas voces como una falta de respeto a la memoria de las personas fallecidas y como una muestra de la poca voluntad del Ejecutivo por reencontrarse con la población amazónica. Los mensajes a la nación del 2009 y el 2010 siguieron la tendencia señalada. En el primero se reitera una visión del conflicto basada en la contradicción entre caos y orden, se señala que el Estado tiene la obligación de defender el orden democrático y se hace un símil entre los sucesos de Bagua y el periodo de violencia política atravesado por el país en las década de 1980 y 1990, a pesar de que la violencia de aquellas décadas fue originada por la decisión de un grupo subversivo de declararle la guerra al Estado; y ese no fue el caso del paro amazónico. En el mensaje a la nación del 2010, por otro lado, no hubo mención a la problemática indígena ni a los resultados del diálogo, y en ninguno de los dos mensajes presidenciales se pidió disculpas a la población por las mentiras del gobierno en torno a cómo se dieron los hechos ni por las expresiones provocadoras y sensacionalistas recogidas en el spot del Ministerio, y tampoco hubo manifestación simbólica alguna orientada a la recuperación de la confianza de las comunidades indígenas. Incluso, paralelamente a la cobertura televisiva de los actos oficiales por fiestas patrias del 2010, el gobierno difundió un spot televisivo en el que mostraba imágenes de las

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mesas de diálogo con los pueblos indígenas y concluía que se estaba avanzando por la vía de la negociación, sin señalar explícitamente qué logros se habían obtenido.

El SIGNIFICADO POLITICO DEL CONFLICTO

Una primera discusión gira en torno a la lectura de coyuntura de los hechos: la estabilidad del gobierno, las posiciones políticas identificables durante el conflicto, el efecto positivo o negativo de la coyuntura en las elecciones regionales y presidenciales, la actuación de la oposición y sus posibilidades de control político, etc.

Hay, por otro lado, discusiones de orden procesual, que abarcan una mayor dimensión temporal y que suelen partir del análisis coyuntural. A este nivel, algunos análisis señalan que el conflicto de Bagua marca un punto de inflexión en la dinámica política que ha caracterizado la aplicación del modelo neoliberal en el país.

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El principal cambio radicaría, desde ese punto de vista, en que los paros amazónicos permitieron mostrar a toda luz la forma en que el gobierno enfrentó el conflicto – qué intereses defendió, en qué estuvo dispuesto a ceder, el carácter represivo que mostró y cómo negoció-, y aquello despertó una inesperada ola de solidaridad de diversas organizaciones sociales y políticas que se habrían identificado con las demandas indígenas, en tanto

expresarían la resistencia a un modelo económico-político

específico. Aquella constatación, en efecto, habría permitido la progresiva articulación regional y nacional de demandas sociales; un fenómeno no visto en muchos años y que podría iniciar la recomposición de la representación social popular; una representación que, desde algunas perspectivas, podría ser concebida como una expresión de rechazo al pacto social neoliberal. Será materia de análisis, por otro lado, la existencia o no de un naciente movimiento indígena en el Perú, el grado de politización de las identidades étnicas y el lugar de lo étnico en la política a partir de los sucesos de Bagua. Se abren, en consecuencia, un conjunto de discusiones sobre el lugar ganado por las organizaciones y las demandas indígenas en el escenario político; y sobre los cuestionamientos al Estado-nación que trae consigo la politización del carácter indígena de las identidades étnicas: identidades que reclaman continuidad cultural con las culturas precolombinas y cuestionan la legitimidad de la República, en tanto formación social posterior y producto indirecto de la colonización. El tema de la autonomía indígena, por ejemplo, es por demás problemático para el esquema institucional de los Estados nacionales, que a pesar de poder reconocer la pluriculturalidad, se reclaman unitarios yuni-nacionales.

En este debate se dispersan las voces, pero la línea divisoria entre posiciones puede trasladarse al escenario político. Ahí las visiones que aceptan el modelo económico político vigente en sus principales características y que por lo tanto son absolutamente renuentes a la intervención del Estado en la economía y a cualquier idea que cuestione al sistema capitalista; tienden a ver al conflicto social acontecido como un hecho que delata una creciente conflictividad ocasionada por ausencia del Estado y por problemas para satisfacer las expectativas generadas por el crecimiento económico, y que no

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presenta los riesgos de desatar una creciente solidaridad y articulación de las organizaciones populares. Aquella visión pone énfasis en la desconfianza de la ciudadanía frente al Estado y por lo tanto concentra sus propuestas de solución en mejoras comunicativas y en el perfeccionamiento de las instituciones públicas. Por el contrario, las posturas críticas al modelo neoliberal y que ven con admiración la experiencia boliviana o ecuatoriana, por considerarlas expresión de un pacto social nacional inclusivo y democrático; tienden a encontrar en el “Baguazo” una expresión particular de descontento con el modelo vigente y observan que marca un punto de inflexión en la dinámica política de los sectores populares, que venían expresándos e en formas de protesta no articuladas entre sí y con dificultades para traducirse en actores políticos.

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REALIDAD NACIONAL

C. SESIÓN 3: SEIS AÑOS DESPUÉS DEL 'BAGUAZO' LA JUSTICIA AÚN NO SANCIONA A LOS RESPONSABLES

Luego de 6 años del siniestro, que dejó 33 muertos y un desaparecido, cabe preguntarnos ¿existen responsables?, la respuesta es desalentadora: No. Seis procesos judiciales por este caso siguen pendientes y no hay sanción efectiva para los responsables políticos de esta lamentable hecho. Recién a mediados del año pasado, el Poder Judicial abrió tres procesos: el de La Curva del diablo, Estación N° 6 de PETROPERÚy la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán. De los tres procesos abiertos, solo uno ha dado inicio: el de La Curva del Diablo. Aún más desalentador es que, en la primera audiencia, no existieron intérpretes de los idiomas awajún ni wampis; lo que implica una grave violación al debido proceso. Respecto al primer proceso abierto se inició el 14 de mayo del año pasado. El juicio oral se encuentra al 60%. Una pericia de absorción atómica demostró que ninguno de los 52 acusados utilizó armas de fuego el día del conflicto.

La defensa trata de demostrar que la mayoría de procesados fueron intervenidos sin

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flagrancia del delito, lo que dejaría sin sustento a la acusación del Ministerio Público. La Fiscalía pidió cadena perpetua para 8 de los procesados, quienes fueron acusados de haber quitado armas y matado a 12 policías. El pedido alcanza a Alberto Pizango, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). En el caso de la ‘Estación 6’, lugar donde se dio muerte a 10 efectivos policiales, no cuenta con un dictamen fiscal. Aún no se decide la suerte de los 24 nativos acusados de la muerte de los policías. La desaparición del Mayor Bazán en la ‘Curva del Diablo’ es un caso que el Poder Judicial aún no ha iniciado. Los acusados por secuestro agravado y presunto hom icidio son Asterio Pujupat Waachapea, Feliciano Cahuasa Rolín y Juan Cruz Cotrina. La familia de Felipe Bazán aún no encuentra sus restos, después que la Policía Nacional buscó su cuerpo durante varios meses en la zona. Por el caso han sido procesados nativos y mestizos, pero ninguna de las autoridades políticas que ordenó las acciones que desataron los violentos hechos del 5 de junio de 2009. Si para el inicio del primer proceso se demoró 5 años aproximadamente, ¿cuántos más para el resto de ellos? ¿Hay algún cambio respecto a la Ley de Consulta Previa? ¿Tía María correrá la misma suerte del Baguazo? Son interrogantes que parecen ser parte de un mismo círculo vicioso que cada conflicto social de esta naturaleza trae a colación.

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a) DEMANDA CONTRA ALAN GARCIA Y SUS MINISTROS

POR BAGUAZO: "Nuestros policías y hermanos nativos no quedarán enterrados

sin

justicia",

expresaron familiares de efectivos caídos.

A seis años después del ‘Baguazo’, que dejó como saldo 33 personas fallecidas, como habíamos mencionado anteriormente; los familiares de los policías caídos presentaron recién una demanda contra Alan García Pérez, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mercedes Araoz y Antero Flores, para pedir al Ministerio Público que investigue a los responsables políticos. Nancy Salcedo Meza, hermana del suboficial PNP Jhonny Salcedo Meza, dijo al medio de comunicación ´´La Republica´´ que la demanda presentada busca que "se investigue realmente" los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pues hay pruebas suficientes. Señaló que Mercedes Cabanillas ya no cuenta con inmunidad parlamentaria, por lo que la investigación en su contra puede iniciar. Lamentó que en el gobierno de Ollanta Humala tampoco se haya indagado y encontrado a los culpables del ´´Baguazo´´. A través de un comunicado, los familiares lamentaron que después que se cumplen seis años de los dolorosos sucesos, no se halle a los responsables de las muertes de sus seres queridos.

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Estas son las palabras que resumen lo dicho por los familiares de los fallecidos: 

´´ Nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia no descansará, a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. Haremos lo imposible por evitar que malos gobiernos con sus malas prácticas sigan generando violencia social´´.

Asimismo, pidieron que los responsables materiales, intelectuales y políticos sean procesados de modo que los sangrientos hechos no vuelvan a ocurrir: 

´´Bagua no se olvida. Nuestros policías y hermanos nativos no quedarán enterrados sin justicia. El país merece que los responsables sean procesados y castigados como ejemplo para los siguientes gobiernos. De lo contrario, jamás tendremos paz social´´, expresaron.



CINCO

AÑOS

PARA

PERDER

LA

INMUNIDAD

PARLAMENTARIA Y SER DENUNCIADOS PENALMENTE POR BAGUAZO:

NANCY SALCEDO HERMANA DE JOHNNY SALCEDO, SUBOFICIAL FALLECIDO

Con relación a lo anterior se puede añadir una entrevista, hecha por la periodista Milagros Leiva, quien entrevisto a dos de los familiares de los policías caídos durante el Baguazo. Dicha entrevista inicio con una pregunta desde la posición usual en donde suelen preguntar los del oficio periodístico -la del 'abogado del diablo'-: 

¿Por qué luego de pasados seis años deciden denunciar por homicidio culposo a

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Alan García, a sus exministras, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz ante la Fiscalía de la Nación? Por qué no lo hicieron antes, dijo al respecto Milagros Leiva. Lo que respondió Nancy Salcedo, hermana de Johnny Salcedo, uno de los policías abatidos en el 2009, fue: 

"En principio, porque

Mercedez Cabanillas tenía inmunidad

parlamentaria.

Inicialmente, nosotros sí la hemos denunciado, pero se archivó el caso", debido a ese privilegio congresal. "Hemos esperado cinco años para ahora que ya no tiene la inmunidad recién iniciar este proceso", agregó. Leiva le hizo llegar los argumentos de algún sector aprista, el cual sostiene que ellos, los familiares, están siendo movidos por los hilos de la "venganza, de la campaña electoral", un comentario mezquino frente a quienes piden sancionar a los responsables de la muerte de sus familiares, pero, sin duda, es el oficio del entrevistador que incomoda, aun cuando lo que se reenvía venga de un sector que quiere apañar una tragedia nacional tirándole la responsabilidad a quien le convenga. Al respecto Renan Delgado, padre de Rely Delgado, otro policía caído; dijo: 

"Es totalmente falso, porque acá hubo una causa y un efecto: los asesinatos, las

muertes, se dieron a raíz de algo. Mi hijo falleció, lo asesinaron, en la Estación 6.Ahí no hubo enfrentamientos entre policías y nativos; allí hubo ajusticiamiento, hubo masacre. Abandonaron allí a 38 policías". Nancy Salcedo, añadió: 

"Ellos en ningún momento se enteraron de que iba a haber el desalojo. Se sabe

también, hay investigaciones que se han realizado, que los nativos se iban a retirar a las 10 de la mañana del 5 de junio, y se da la orden para que se haga el operativo sí o sí. Hubo una comisión que fue a entrevistarse con los jefes policiales para que abortaran el desalojo". "No respetaron ese acuerdo" Como sostienen los familiares cerca del final de la entrevista, más allá de la responsabilidad penal que corresponderá según las

investigaciones; del Baguazo a

nuestros días, poco se ha aprendido en materia de manejo de conflictos sociales. Milagros Leiva hace bien en recordar, con el mismo peso de todos los caídos en distintos conflictos en estos últimos años, los muertos durante el gobierno de Alan García.

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D. Sesión 4: Comentarios y puntos de vista sobre el´´Baguazo´´ En este punto daremos algunos alcances sobre los pronunciamientos y comentarios de las autoridades que influyeron en los hechos ocurridos en el ´´Baguazo´´, así como también las opiniones de los ciudadanos sobre el ´´Baguazo´´. a) PRONUNCIAMIENTO DE ALAN GARCIA:

Respecto al entonces Presidente de la Republica Alan García, el contexto del Baguazo, se sabe que pronunció dos discursos que merecen ser presentados y analizados. Uno de ellos fue dicho en el contexto del Día de la Bandera: "Esa sólo una larga y la misma lucha la que vivimos defendiendo a la patria de sus adversarios. ¿Qué pasa con nuestra patria que no defiende lo fundamental, que es su avance, que es su progreso envidiado por otros pueblos? Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración, que es la de los que no quieren que el Perú progrese. O por sus intereses externos o por su ignorancia elemental.

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b) PRONUNCIAMIENTO DE LA VICEMINISTRA PATRICIA BALBUENA:

El 5 de junio del 2009, no solo significó dolor y muerte para los indígenas en Bagua. Desde ese trágico día, en el que fallecieron 33 personas entre nativos y policías, el Estado se acordó de ellos. A raíz de dicho suceso, en el 2010 se creó el Viceministerio de Interculturalidad, que en estos 5 años reglamentó la ley de consulta previa y asesora 16 procesos de consulta como el de la ley forestal. La viceministra Patricia Balbuena resalta estos logros, pero también hace una autocrítica de lo que se necesita para tener un país inclusivo. Patricia Balbuena participo de una conferencia de prensa. Las opiniones que dio sobre el ´´Baguazo´´, se resumen las siguientes palabras: 

´´Lo que pasó en Bagua significó un acercamiento del Estado a los pueblos indígenas para reconocerlos como actores importantes en las decisiones que se toman o quieren tomarse. Se asumió que se necesitan políticas particulares que puedan atender sus demandas, como la titulación de tierras que tiene que ver directamente con la explotación de sus territorios y recursos, por lo que protestaban en Bagua. Además, los indígenas han logrado un empoderamiento individual. Cuando hay mesas de diálogo, encuentras personas que están ahí porque exigen un derecho´´.

Por otro lado se le pregunto, si es que antes del viceministerio se tenía solo un estado tolerante con la diversidad cultural. A esta pregunta respondió: 

´´Tras lo sucedido en Bagua se necesitaba una institucionalidad indígena en el

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aparato público, que tenía que ser de rango ministerial. El papel de este viceministerio es ser un ente articulador que promueve la inclusión, pero reconociendo la diversidad. Esa es la diferencia entre lo multicultural de lo intercultural. Lo que buscamos es que esta institucionalidad indígena se traduzca en todas las entidades´´. Le preguntaron acerca de los factores que hacían faltan para lograr la inclusión. A ello respondió: 

´Ńecesitamos que todos los que brindan servicio público lo hagan con pertinencia cultural, porque una cosa es garantizar el acceso a los servicios y otra es garantizar la calidad. No puedes tener servicios a los que la gente no puede acceder no solo por limitaciones económicas o geográficas , sino por barreras culturales o lingüísticas. Es tarea del Estado hacer que estos servicios cumplan estos criterios, como lo que sucedió en el juicio de la Curva del Diablo, cuando pusimos a disposición del Poder Judicial a los intérpretes. Cuando las personas dicen que el Estado no llega a ellos no es porque no haya una oficina en sus localidades, sino porque cuando van, no los entienden ni lingüística ni culturalmente´´.

Se le cuestionó también si es que el cambio de inclusión era visto aun como un obstáculo y no como parte de un derecho. Estas son las palabras que resumen su respuesta: 

´´Siempre decimos que nuestra tarea es no hacer problemas porque no queremos que las entidades vean la diversidad como tal. Hay casos que demuestran que un enfoque intercultural puede salvar vidas, como en la mortalidad materna. Este problema no se solucionó con poner una posta, nadie iba porque no entendían los códigos culturales de poblac iones indígenas. Se cambió por las casas de espera y esto ha ido mejorando. Aplicar la inclusión en las políticas no es un accesorio, es necesario para tener un país intercultural´´.

Finalmente se le interrogo sobre cómo se está llevando el proceso de consulta. Por lo cual respondió: 

´´Hace un año no se tenía ninguno y ahora tenemos 4 finalizados y 12 en proceso, entre políticas como la de salud y diálogos por proyectos de

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hidrocarburos. Aún falta avanzar con los sectores mineros y de energía. Como toda reforma, la ley de consulta tiene sus resistencias y toma tiempo para desarrollar capacidades. Mientras tanto, seguimos capacitando intérpretes en varias lenguas y se han reconocido a 52 pueblos como indígenas´´.

c) PRONUNCIAMIENTO DE MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE: “Con inteligencia predictiva habría sido otro cantar”

La ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante confirmó, mediante conferencia de prensa, que denunció por agravios a dos personas entre las que se encuentra el padre del mayor Bazán que resultó desaparecido en el denominado ´´Baguazo´´. En la conferencia de prensa le preguntaron si se sentía preparada para ser ministra del Interior, a lo cual ella respondió: 

´´Totalmente. Yo había sido presidenta de la Comisión de Defensa. En el ministerio estábamos trabajando muy bien, pero vino este conflicto externo, y ten en cuenta que la policía es la encargada de resolver estos temas de orden interno´´.

También se le pregunto si había dado la orden de desalojo el día 5 de junio. Ella dijo al respecto:

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UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA 

REALIDAD NACIONAL

´Ńo. Yo sabía que había un plan, pero es diferente saberlo a conocerlo. El ministerio dio un marco legal para que la policía realice su función: hacer un plan para recuperar el Estado de derecho que se había vulnerado con múltiples bloqueos en diversas partes del país´´.

Al preguntarle si hubo error de inteligencia en la Curva del Diablo, señalo: ´ńo, solo hubo falta de recursos, lo cual fue la causa para q los policías tomaran tales acciones´´. Con relación a ello se le pregunto: ¿por qué desde el Ministerio del Interior no se sancionó a los policías que fueron responsables de los errores en la operación? Al respecto añadió: 

´Úna cosa es la operación y otra cosa es la aplicación. Las operaciones son planes, del plan a la realidad hay un trecho, pues la realidad te trae a veces otra cosa. Inesperado fue, por ejemplo, que los policías hayan sido rodeados en un cerro, y que les hayan quitado armas y matado con esas armas´´.

Respecto al proyecto que conllevo a los hechos violentos producidos en el ´´Baguazo´´; se le pregunto, cuál era el tema de fondo del proyecto. Estas palabras resumen su respuesta 

´´Que el país necesita inversión responsable que no arrastre problemas como el de la contaminación que destruye el medio ambiente´´.

En tanto Peru21 señalo; que la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas menciono que el único culpable político es Merino Trigoso, ex alcalde de la provincia de Condorcanqui, por convocar a reservistas para atacar a la PNP y que no hay más responsables políticos por la tragedia del Baguazo, ocurrida en el año 2009.

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d) PRONUNCIAMIENTO DE ALBERTO PIZANGO:

El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, consideró que

el Parlamento trata de justificar la

irresponsabilidad del Ejecutivo sobre los sucesos violentos del ‘Baguazo’, cuando 23 policías y 10 nativos awajún murieron el 5 de junio de 2009. Respecto a ello declaro en una entrevista lo siguiente: 

“Que se culpe a las ONG significa el error más grande de los gobernantes y los

funcionarios del Estado que tienen la responsabilidad y no quieren asumirla. En mi opinión, la situación estaba clarísima ahí, los pueblos lo único que reclamaban era el trato justo y respeto a su cosmovisión, a su forma de vivir” Además, indicó que para justificar “la agresión hacia sus pueblos” se dice que intervinieron organizaciones no gubernamentales o movimientos radicales. “Esto no tiene lógica desde el pensamiento de los pueblos y lo único que hacen es tratar de querer justificar los hechos irresponsables que cometieron y que siguen cometiendo en relación a los derechos humanos”, agregó.

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IV.

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CONCLUSIÓN

A partir de la información analizada en el presente trabajo puede concluirse que el conflicto entre comunidades nativas y el gobierno, que inicia en abril del 2008 y que tiene como punto de mayor tensión el 5 de junio del 2009, no ha sido solucionado; y en función de la plataforma de lucha de AIDESEP, es altamente probable que vuelva a intensificarse. Es así por las siguientes razones: En primer lugar, las tensiones entre las organizaciones indígenas y el gobierno se mantienen. El Ejecutivo antes que llevar a cabo acciones orientadas a la recuperación de la confianza de las comunidades nativas, ha concentrado sus mensajes en mostrar a los manifestantes como una población manipulable. Ha seguido ofendiendo a los pueblos indígenas al mantener una versión de los hechos ampliamente rechazada por las organizaciones y débilmente sostenida en los hechos. En segundo lugar, los principales dirigentes de AIDESEP han sido perseguidos judicialmente en pleno proceso de diálogo y la acción del Poder Judic ial se ha concentrado en los responsables civiles más no en los responsables policiales. Del mismo modo, los hostigamientos también los ha recibido AIDESEP

como

organización, al llevarse adelante distintas iniciativas orientadas a dividir y hasta disolver la organización – nuevamente, durante el proceso de diálogo. En tercer lugar, los resultados del proceso de diálogo no han significado una solución

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REALIDAD NACIONAL

real a las tensiones. Si bien sí se ha avanzado con la derogatoria de cuatro de los decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas – derogatoria producto de las protestas-, y con la elaboración de una ley de consulta y de un plan integral de desarrollo de los pueblos amazónicos; aquellos pasos hacia adelante han sido boicoteados por la persecución que los ha acompañado y por acciones del gobierno como la observación de puntos medulares del proyecto de ley de consulta. A lo anterior debe sumarse que el proyecto de ley forestal impulsado por el Ejecutivo deja vacíos considerados peligrosos por los representantes indígenas, los mismos que originaron las protestas frente a los DL 1090 y 1064 -aunque en este caso el gobierno podrá aducir que los pueblos indígenas sí fueron consultados y hasta participaron, a pesar de que no se haya obtenido el consentimiento. Finalmente, aún persisten sin derogarse o suspenderse ocho de los dispositivos legales cuestionados en la plataforma inicial de lucha de las organizaciones amazónicas. En cuarto lugar, las investigaciones sobre los sucesos de junio del 2009 no han solucionado la demanda de esclarecimiento de los hechos. La existencia de seis informes considerados válidos en términos formales, anula los intentos de llegar a una versión única y final de los hechos y condiciona la verdad a la posición política de los observadores. Resulta imperativo, pues, la realización de una

investigación

independiente que, entre otros temas, investigue a fondo cómo se desataron los enfrentamientos, si tienen sustento las denuncias sobre la existencia de más indígenas fallecidos y si es que todo pudo evitarse. Al no estar aquello claro se vuelve a la situación inicial que se buscaba superar: nuevamente la lectura de lo sucedido se ha dividido entre los participantes en el conflicto y la población afectada, no cuenta con c ertezas sobre lo que pasó y quiénes fueron los responsables. En quinto lugar, respecto a la población Awajún y Wampis en particular, las tensiones se mantienen debido a que el gobierno reconoció e hizo marchar en la parada militar del año 2009 a una supuesta coordinadora Awajún, de escasa representatividad. Aquella acción fue rechazada tajantemente por ORPIAN-P y ha sido considerada como una ofensa. Asimismo, el conflicto local relacionado a la concesión dada a la minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, permanece; sin embargo, sí debe reconocerse que el gobierno ha suspendido la concesión indefinidamente, aunque ello no signifique que ésta haya sido anulada.

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En sexto lugar, la desprotección jurídica de los territorios indígenas no ha sido revertida con dispositivos legales específicos con esa orientación y no se han llevado adelante reformas que garanticen la puesta en práctica de la interculturalidad como una pauta transversal en todas las acciones del Estado y en su estructura institucional. A la fecha no se encuentran indicios de voluntad política por realizar reformas de ese tipo. Asimismo, en un aspecto más específico, los sucesos de Bagua expresan una de las grandes contradicciones del modelo político- económico vigente: la valoración y el uso de los recursos naturales presente en las poblaciones rurales, y la concepción que defiende el Estado, a partir de su dirección política y su normatividad. Desde un punto de vista más personal podemos concluir que: Un conflicto violento pone en evidencia las fallas, vacíos y deficiencias de las estrategias y mecanismos para preservar la paz frente a las naturales controversias que se presentan en todas las sociedades. En el presente caso, una de dichas fallas fue, indudablemente, el no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos. Se debería invocar a establecer una fuerte institucionalidad estatal indígena, a desarrollar el dialogo intercultural.

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Con respecto a lo anteriormente mencionado, los sucesos de Bagua también han hecho patente la carencia de instrumentos para el diálogo intercultural que eviten volver a lamentar el enfrentamiento violento entre peruanos. En efecto, manejar y transformar un conflicto en una oportunidad para avanzar en la formulación de políticas públic as, que hagan vigentes los derechos, exige que existan capacidades técnicas específicas que, en la actualidad, tanto nuestras autoridades como nuestros funcionarios, en los tres niveles de gobierno, no tienen plenamente desarrolladas. Se debe construir un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas. Ya que, los sucesos de Bagua tienen como telón de fondo la discriminación y la exclusión que sufren los pueblos indígenas amazónicos. Para la mayoría del país, nuestros compatriotas indígenas no son nuestros prójimos. Los pueblos indígenas son “los otros”, los

que están lejos. Resaltamos nuestras diferencias, pero para separarnos,

volviéndonos cada vez más ajenos. En razón de ello, se debe aclarar que el reclamo indígena se torna una y varias veces en un reclamo no por la integración que los asimile, sino por una inclusión que respete su diferencia, que los tome en cuenta, que oiga su voz, que les confiera espacio en la toma de decisiones, y que les abra oportunidades reales para alcanzar su propia prosperidad. Un Estado que carece de la capacidad o de la voluntad de comprender las diversas formas de sentir, vivir y expresarse que muestran sus integrantes, sufrirá el infortunio de la deslegitimación, y arrastrará a su pueblo al caos y al desamparo. No cabe duda, entonces, de que el diálogo debe reemplazar a todo acto violento, no sólo para lograr acuerdos y resultados perdurables, sino porque nos facilita el entendimiento del prójimo, y nos saca de los extremos dañinos que imponen la muerte y la destrucción. Este es un llamado a todos los peruanos, un llamado a poner todo de nuestra parte, juntos, para lograr un diálogo democrático, un diálogo de todos, que nos haga ciudadanos, que nos incluya, que nos haga más libres.

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V. -

REALIDAD NACIONAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

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BAGUAZO MONOGRAFIA

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