2.9 ARTICULO 22° CÓDIGO PENAL PERUANO
Artículo 22.- Responsabilidad Responsabilidad restringida por por la edad edad Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción. Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.
2.9.1 INTERPRETACION DEL ARTICULO 22 DEL CODIGO PENAL PERUANO
El motivo de esta investigación está determinado por el interés de nosotros, como estudiantes de derecho, a tratar de subsanar una gran duda acerca del “beneficio”
contenido en este articulo a jóvenes de 18 años y menores de 21, así como también a las personas de 65 años, puesto que de acuerdo a la “responsabilidad restringida”
contemplada en el articulo presente, nos menciona que en algunos delitos la pena será atenuada siempre que los agentes activos se encuentren dentro de los rangos de las edades anteriormente señaladas. Esto es sin duda, y no sólo para nosotros como estudiantes, sino para la sociedad en general, una exclamación puesto que si se supone que la ley es igual para todos, esto implica que no existe ciertas preferencias o exclusiones entre los ciudadanos, entonces porqué el de contemplar y aplicar dicho beneficio en cuanto a los agentes delictivos. Ahora cabe señalar señalar que según diferentes diferentes puntos de vista se dice que un joven joven cuando ha cumplido ya los 18 años de edad es tanto un agente capaz de ejercicio como de goce, puesto que éste puede discernir entre lo bueno y lo malo de sus actos, así como también las consecuencias que estos traigan consigo. Desde nuestro punto de vista, no encontramos fundamento alguno respecto a la preferencia contemplada como “responsabilidad restringida”, puesto que sin duda genera
cierta controversia pues claro esta que unos cuántos se aprovecharían de la misma amparándose en ella y de esta manera disminuir su pena . Lo que nosotros, como grupo, buscamos son los fundamentos que conllevaron a la modificación de dicho artículo, proponer menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción. Asimismo, el segundo párrafo del
referido artículo del Código Penal excluye la aplicación de la referida atenuante cuando “.el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua." Es en este sentido pues que se advierte que la pretensión está dirigida a tutelar el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, concretamente el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, a pesar de que el demandante invoca el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y debido proceso. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción. Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.
2.9.2 LEY NO.27024 (25 DE DICIEMBRE DE 1998
Modifican artículo 22 del Código Penal, sobre reducción prudencial de la pena salvo para los casos en que el agente que haya incurrido en delito de tráfico ilícito de drogas. (*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley Nº 27024, publicada el 25.12.98. Si partimos de la base en nuestro estudio de que la imputabilidad consiste en aquella doble capacidad del sujeto para, por un lado comprender la ilicitud del hecho determinada por la norma, y por otro, actuar conforme a dicha comprensión, uno de los principales problemas que plantea esta categoría será establecer el límite, o la barrera, entre la imputabilidad y la inimputabilidad. El profesor Blanco Lozano, sostiene que dicha barrera “no es estática, sino que es
elástica y difusa, con zonas intermedias, integradas por capacidades parcialmente viciadas o anuladas”, d ando lugar, con ello, a la categoría de la semi imputabilidad.
En la legislación penal, por otra parte, es tradicional la consideración dogmática de la minoría de edad penal como causa de inimputabilidad del sujeto, y por tanto, de exclusión de la responsabilidad penal. Sin embargo, la tarea de establecer la barrera entre la imputabilidad e inimputabilidad de un sujeto, se hace todavía más ardua, si se pretende establecer dicha categoría en base a la edad de una persona. En principio, es lógico pensar que el niño de corta edad tenga falta de capacidad de comprensión y, por tanto, también autodeterminación, lo que originará consecuentemente que carezca de la necesaria capacidad suficiente para motivarse por las normas, dando lugar con ello a una situación de inimputabilidad. De esa forma, la minoría de edad, como causa de inimputabilidad, implica que no exista intervención sancionadora de ningún tipo cuando el menor de edad penal comete un hecho sancionado como delito por la legislación penal. Cuando tal supuesto se da, intervienen las autoridades administrativas, pero no en función del acto ilícito y antijurídico cometido, sino de las carencias educativas, familiares o sociales que manifieste el menor. Sin embargo, el problema surge a la hora de establecer el momento concreto de madurez de ese niño. ¿Cómo saber si el menor es maduro o no?, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de socialización de una persona no es estático, ni termina en un momento concreto y determinado de su vida, ni se da igual en todas las personas[29]. Así, teniendo en cuenta ello, los criterios propuestos a lo largo de la historia, a la hora de proceder a la fijación de la minoría de edad penal, se pueden resumir en tres: Criterio biológico, consistente en, simplemente, establecer un límite de años, a partir de los cuales se considera que la persona es responsable penalmente del hecho ilícito y antijurídico realizado. Criterio intelectual, que atiende a la capacidad de discernimiento de la persona para considerarla responsable, o no, de sus actos. Por tanto, consiste en dejar la determinación de la minoría de edad penal, a efectos de imputabilidad o inimputabilidad, pendiente de la demostración de la capacidad de discernir del sujeto.
2.9.3 CRITERIO MIXTO, QUE COMBINA EL CRITERIO BIOLÓGICO Y EL CRITERIO INTELECTUAL
En la actualidad, por razones de política criminal, la legislación penal fija un determinado límite cronológico a la hora de establecer la determinación normativa de la minoría de edad penal. El legislador de nuestro tiempo, tras abandonar el criterio intelectual, el cual no es defendido hoy día, ni por la doctrina ni por las legislaciones de nuestro entorno,
excepto la inglesa, ha optado por el criterio biológico, estableciendo un determinado momento en la vida de la persona a la hora de establecer la minoría de edad penal, de forma que sólo a partir de esa determinada edad se puede responder como sujeto imputable, y no antes. Para ello, el legislador penal, utilizando determinados conocimientos acerca de la evolución de la persona y del estudio del menor obtenidos mediante la psicología, pedagogía, sociología y otras ciencias, puede establecer un criterio cronológico y fijar de esa manera una determinada edad, a partir de la cual, se considera que el sujeto es imputable y, con ello, plenamente responsable de los actos cometidos. La minoría de edad en la legislación penal española hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995. En la legislación penal española, a la hora de establecer la minoría de edad penal, se han venido utilizando conjuntamente el criterio biológico-cronológico, junto con el criterio intelectual. De esa forma, se han venido utilizando dos tipos de parámetros a la hora de establecer si una persona era imputable, o no, por razón de la edad: Un límite fijo de edad, por debajo del cual la persona era siempre inimputable. Un intervalo de tiempo, comprendido entre dos edades, en el cual había que atender a la capacidad de discernimiento de la persona para considerarle imputable o no. Históricamente, en nuestros códigos penales, ello se ha venido estableciendo de la siguiente forma. El Código Penal de 1822, establecía que sólo los menores de 7 años eran automáticamente inimputables. Sin embargo, los mayores de 7 años y menores de 12, dependían de que se probase en ellos la presencia de discernimiento para ser considerado imputable o inimputable.
El Código Penal de 1848, junto con el Código Penal de 1870, elevaron la presunción iuris et de iure de inimputabilidad de los menores hasta la edad de 9 años. Junto a ello, se mantenía la prueba de discernimiento para aquellos menores que realizaran un acto típico y antijurídico, entre los 9 y 15 años de edad, aunque en el supuesto de ser considerados responsables, la circunstancia de la edad era considerada como una atenuante.
La Ley Montero-Villegas, de 28 de noviembre de 1918, elevo la mayoría de edad penal a los 15 años, suprimiendo la prueba de discernimiento, e instaurando la medida de entregar al menor al Tribunal Tutelar de Menores, aunque condicionando su aplicación a que en la respectiva provincia existiese un reformatorio de menores.
El Código Penal de 1928 elevó la mayoría de edad penal a los 16 años[36], acogiendo, además, el criterio normativo de que solo eran responsables los mayores de 9 años y menores de 16 años que hubiesen actuado con discernimiento. El Código Penal de 1932[37], acaba con el sistema de discernimiento y eleva a 16 años el límite de la minoría de edad penal. Por debajo de esta edad, sin exigencia de ninguna prueba de discernimiento, se excluye la responsabilidad criminal. Por encima de los dieciséis años, la persona se considera responsable desde el punto de vista penal, aunque se prevé un límite reducido, entre los 16 y 18 años, que opera como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. El Código Penal de 1973[38], contempla en el art. 8.2[39], que el menor de 16 años está exento de responsabilidad criminal. Cuando el menor que no haya cumplido esta edad ejecute un hecho penado por la Ley, será confiado a los Tribunales Tutelares de Menores. Por tanto, al mayor de 16 años se le consideraba imputable y se le aplicaban las normas contenidas en la legislación penal general, aunque se preveía una atenuante de carácter cualificado, en el art. 65, para los mayores de esa edad, pero menores de dieciocho años, que obligaba a rebajar la pena en uno o dos grados.
2.10 DERECHO COMPARADO LA REFERENCIA A LA EDAD EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995.
El vigente Código Penal hace referencia a la edad del individuo, como posible causa de exención de la responsabilidad penal, en su art. 19 .Así, frente al criterio mixto (biológicointelectual), que ha sido utilizado por nuestra legislación penal anterior, la nueva fundamentación de la imputabilidad y, en concreto, de la minoría de edad, ha llevado a considerar más adecuado, desde el punto de vista político-criminal, establecer un límite fijo, en lugar de acudir a criterios de valoración sobre la capacidad natural de discernir que poseía el autor en el momento de cometer los hechos. De esa forma, el vigente Código Penal de 1995, a la hora de establecer la imputabilidad o inimputabilidad de una persona por razón de la edad, acude al criterio puramente cronológico, estableciendo con ello lo que parece ser un límite fijo de edad a partir de la cual el sujeto será responsable penalmente por sus actos típicos y antijurídicos cometidos y, por el contrario, a quienes no hayan superado dicha edad, no se les podrá considerar imputables, por no haber alcanzado aún la capacidad suficiente para hacerles responsables de sus actos.
El art. 19 CP., establece en su primer párrafo que “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”.
Una apresurada interpretación literal del precepto, nos llevaría a entender que el legislador penal de 1995, lo que pretende con el establecimiento de dicho texto es la fijación de la minoría de edad penal, por debajo del cual, los sujetos que hayan cometido un hecho típico y antijurídico, no son responsables, y por tanto, inimputables, desde el punto de vista penal. Con ello, dicho artículo estaría marcando el límite máximo de la minoría de edad, “hasta los dieciocho años”, momento a partir del cual una persona es
responsable desde el punto de vista criminal. Sin embargo, si ponemos en relación el primer párrafo del art. 19 CP. Con el párrafo siguiente de dicho precepto, la interpretación resultante será distinta. Así, dispone el segundo párrafo del art. 19 CP. Que “Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho
delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor”.
En ese sentido, debemos partir de la base de que el art. 19 CP., no instaura la inimputabilidad de los menores de dieciocho años, sino que lo que establece es una remisión normativa. De esa forma, ante un hecho típico y antijurídico cometido por una persona, el primer análisis consistirá en comprobar si tiene o no la edad requerida por el primer párrafo del art. 19 CP. En caso de ser positivo el resultado, no incurrirá en el sujeto la causa de exención de responsabilidad debida a inimputabilidad por razón de la edad, y la legislación penal que se deberá de aplicar será la contemplada en las norma del Código Penal de 1995 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) y, conforme a cuyos preceptos, se le exigirá la correspondiente responsabilidad penal.
En cambio, si la persona que ha realizado el hecho típico y antijurídico no ha alcanzado la edad requerida por el primer párrafo del art.19 CP., la legislación penal que se deberá de aplicar será la prevista expresamente para los menores de dieciocho años, es decir, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM.) y, conforme a ella, se exigirá la correspondiente responsabilidad penal. Dicha legislación será la que establezca, además, el limite de la minoría de edad penal, esto es, el límite de edad de una persona, por debajo del cual se le considera inimputable, y por ello, carente de cualquier tipo de responsabilidad penal.
3 LA MINORÍA DE EDAD EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR.
Necesidad de establecimiento de una Ley que regule la responsabilidad penal de los menores de dieciocho años. Con la aprobación del Código Penal de 1995, el problema de la regulación de la posible responsabilidad penal de los menores de edad no quedaba resuelto. Era urgente y necesario la aprobación, asimismo, de un nuevo marco legislativo regulador de la responsabilidad penal de los menores, cosa la cual ya había sido advertida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 36/1991, de 14 de febrero[49], al establecer la inconstitucionalidad parcial de la Ley sobre Tribunales Tutelares de Menores de 1948 (LTTM). Tras ello, la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, vino a modificar a la anterior LTTM, aunque era una reforma provisional llevada a cabo por el legislador, en espera de la redacción definitiva de una futura legislación que ordenara el ámbito de la responsabilidad penal de los menores. Junto a ello, a nivel internacional, nuestro país había ratificado unos años antes, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989[51] (CNUDN). Dicha Convención, basada en el principio del supremo interés del menor, establecía en su art. 40 una serie de garantías para aquellos niños o menores a quienes se acusara de haber infringido las leyes penales. Entre ellas, en el apartado 3º.a) de dicho artículo, se regulaba la obligatoriedad de los Estados Parte en dicha Convención, de instaurar una edad mínima, antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; y, en su apartado 4º, se recogen, asimismo, determinadas pautas específicas para el tratamiento diferenciado de los menores que se consideren responsables de haber cometido un hecho típico y antijurídico, entre las que se destaca la existencia de una amplia gama de medidas alternativas al internamiento.
Ante tal situación, se optó por diferir la entrada en vigor del art. 19 CP. Hasta el momento de la entrada en vigor de la futura Ley que regulara el tema de la responsabilidad penal del menor. Mientras ello se producía, se declaraba la vigencia, en lo concerniente a la edad penal, de los artículos contenidos en el Código Penal de 1973. En concreto, el régimen quedaba establecido de la manera siguiente: Se acordó postergar la entrada en vigor del art. 19 CP. de 1995, hasta que no entrase en vigor la futura Ley que regulara la responsabilidad penal de los menores.
Continuaba transitoriamente vigente el límite de minoría de edad establecido por el Código Penal de 1973 en su art. 8.2 a los 16 años, por debajo del cual el sujeto era inimputable.
Continuaban transitoriamente vigentes el art. 9.3 (atenuante por edad penal juvenil entre los 16 y 18 años), y el art. 65 (atenuación de penal y facultad judicial de sustitución por internamiento en centros de reforma para menores entre 16 y 18 años) del Código Penal de 1973. Junto a dicho bloque, transitoriamente vigente, había que tener en cuenta también, lo dispuesto a la hora de enjuiciar a los menores de dieciocho años en la Disposición Transitoria 12ª del Código Penal de 1995. Teniendo en cuenta dicho régimen, transitoriamente vigente mientras que se producía la entrada en vigor de la Ley que regulase la responsabilidad penal de los menores, no faltó quien, basándose en el art. 1 CNUDN y en el art. 12 de la Constitución Española (CE.), alegase la posible inconstitucionalidad de los preceptos contenidos en el párrafo segundo de la Disposición Final 7ª del CP. y de parte del apartado 1, letra a), de su Disposición Derogatoria. Para ello, analizando la norma contenida en el art. 12 CE. Que dispone “Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años”; y en el precepto rec ogido en el art. 1 CNUDN “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, se podía observar una contradicción apreciable entre la normativa interna vigente y la contenida en la Convención de las Naciones Unidas. Así, partiendo de la base de que la integración en el Derecho español de la CNUDN supone que -por imperativo de los arts. 10.2 y 39.4 CE.- ha de prevalecer la normativa del Convenio, más favorable para el menor, que la declarada vigente por la Ley Orgánica 10/1995, existiría una posible inconstitucionalidad derivada de que la mayoría de edad que proclama el art. 12 CE., ha de ser, por obra de la Convención, “mayoría de edad a efectos penales”, lo cual choca frontalmente con la regulación establecida en el Código
Penal (Disposición Final 7ª y Disposición Derogatoria), posponiendo la entrada en vigor del art. 19 CP. Hasta que adquiera vigencia la Ley que regule la responsabilidad penal de los menores y, manteniendo, mientras ello ocurre, la posibilidad de responsabilidad conforme a los preceptos del Código Penal a partir de los dieciséis años. Dichos argumentos, esgrimidos en la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, fueron rechazados de pleno mediante auto del Tribunal Constitucional, de 4 de julio de 2001, declarándose en el Fundamento Jurídico tercero que “basta una lectura íntegra de su contenido, para concluir que la misma ni establece ni pretende establecer, un límite de edad por debajo del cual no pueda exigirse responsabilidad penal a quienes, conforme a la terminología utilizada por la propia Convención, define como <>. Si bien su artículo primero considera niños, a efectos de la Convención, a los menores de 18 años, su articulado no se pronuncia sobre su imputabilidad y, menos aún, proclama su inimputabilidad, sino que por el contrario, conscientes sus redactores de que aun antes de alcanzar dicha edad los países firmantes pueden exigir responsabilidad penal a los niños, se cuida de establecer reglas y garantías dirigidas a salvaguardar sus derechos procesales y materiales”; para concluir argumentando que “en ningún caso puede ser compartida la argumentación que el juez proponente hace de las obligaciones contraídas
por el Estado español como consecuencia de la firma de la CNUDN, pues de ella no deriva ningún límite de edad que haya de ser rebasado para poder exigirles responsabilidad penal, lo cual resulta lógico, si atendemos a la pretensión de universalidad a que aspira la Convención, y a las diferentes culturas jurídicas llamadas a asumir sus disposiciones”
