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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA E.A.P. DE DERECHO
INFORME DE SUSTENTACIÓN EXPEDIENTE № 00588-2000
PROCESO PENAL CASO: EL ELEMENTO “CONCUBINO” EN EL TIPO PENAL DE PARRICIDIO. LA EMOCIÓN VIOLENTA COMO ATENUANTE DE LA PENA. EL ASESINATO CON ALEVOSÍA PRESENTADO POR EL BACHILLER: AUGUSTO JIMMY MELO TRUJILLO PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO CIUDAD UNIVERSITARIA, OCTUBRE DE 2009
Este Este info inform rmee de sust susten enta taci ción ón ha sido sido elab elabor orad adoo pensando en David Melo y Olga Trujillo, mis padres. Y
también en mis hermanos, Patricia, Hugo, Joel; y en mi sobrina Génesis. A ellos dedico este trabajo. También quiero hacer extensiva esta dedicatoria a mis profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marco Marcos, s, qui quiene eness fue fueron ron fue fuente nte de motiva motivació ciónn par paraa continuar con mis estudios. Y no podría olvidarme de dedicar este trabajo a las personas que laboran en el Poder Judicial, como los doct doctor ores es Luis Luis Albe Albertrtoo Ga Gava vanc ncho ho Ch Cháv ávez ez y Víct Víctor or Sánchez Huamán, quienes me dieron la oportunidad de cultivar el Derecho con pasión. JUSTIFICACIÓN
El presente documento fue sustentado el 21 de octubre de 2009, ante un jurado compuesto por profesores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el autor nota aprobatoria y el título de Abogado. [1] La publicación de este documento se justifica, no sólo por un continuo afán de compartir conocimiento, sino por la necesidad de interesar a un investigador, con los medios adecuados, en algún tema tratado en la segunda parte del presente documento, y que requiere mayor estudio para continuar con el avance de la ciencia jurídica. Conforme se verá, el autor llega a conclusiones disímiles a las adoptadas por el órgano jurisdiccional, lo que también justifica la publicación de este documento, pues el mejoramiento de la administración de justicia exige que se le haga el mayor número posible de criticas, obviamente, expresando los fundamentos que lo hagan, a su vez, pasible de críticas. Para su publicación se ha decidido no mantener en reserva la identidad de la imputada, pese a que cumplida su condena, la sociedad debería olvidar su delito. En cuanto a las demás personas implicadas en el proceso, no se ha visto inconveniente ocultar sus identidades, ya que, muchas de ellas, al igual que la condenada, deberían ser requeridos por la autoridad competente para dar mayor información sobre un caso no resuelto. Finalment Finalm ente, e, el docume documento nto que se public publicaa es, esenc esencial ialmen mente, te, idé idénti ntico co al pre presen sentad tadoo par paraa su sustentación.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe de sustentación, para optar por el título de abogado, trata sobre el expediente №
00588-20 00588-2000, 00, correspondiente correspondiente al proceso proceso penal seguido a la procesada procesada Balvina Balvina Basualdo Basualdo Espinoza (47 a ños), en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez (49 años), por delito contra la vida, el cuerpo y la salud –Parricidio–, en la vía del proceso especial (Decreto Legislativo № 897). Este informe consta de dos partes. En la primera se efect úa el resumen del expediente penal; en la
segunda parte se realiza el análisis crítico del mencionado expediente. El informe incluye conclusiones, recomendaciones y copias de las principales piezas procesales. Respecto al resumen del expediente penal; con fecha 04 de febrero de 2000, en el Atestado № 23-IC-H-DIH, se da cuenta que efectivos policiales de la Comisaría de Villa María del Triunfo, el 26 de
diciembre de 1999, a solicitud de Jesús Sandoval Guardia, se constituyeron en el domicilio de su padre, Casimiro Lucio Sandoval Pérez, en el AA. HH. Cerro Verde, continuación de la mz. c, Villa María del Triunfo, donde encontraron el pie derecho de un cuerpo enterrado; posteriormente, con intervención de efectivos de la División de Investigación de Homicidios (DIH), y por disposición de la Fiscal de la 40° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, se procedió a trasladar el cadáver a la División de Exámenes Tanatológicos de Lima. Entre las diligencias policiales policiales practicadas, se destacan los siguientes: 1)
Mani Manife fest stac ació iónn de Basu Basual aldo do Espi Espino noza za.. El 03 de febrero de 2000 manifiesta que la última vez
que vio a Sandoval Pérez, fue el lunes 14 de junio de 1999 cuando le dijo que se iba de viaje a su pueblo (Soteca, Ayacucho), para arreglar unos problemas sobre terrenos. terrenos. El 04 de febrero de 2000, en presencia de la representante del Ministerio Público y el Abogado defensor, manifiesta que, a las 6:00 horas aproximadamente del sábado 12 de junio de 1999, en el interior de su domicilio en el AA. HH. Cerro Verde, vio a su conviviente Sandoval Pérez dormido sobre la mesa, se acercó a recriminarle la actitud que tuvo la noche anterior, y al empujarlo cayó pesadamente pesadamente sobre una piedra que era utilizada como banca, y que estaba al costado izquierdo de la silla. Creyendo que estaba muerto, cubrió su cabeza con una bolsa plástica, amarró sus manos y pies con cordeles de nylon y cables, y lo arrastró hacia un hueco cavado por él días antes, para hacer un reservorio de agua, lugar donde lo enterró. 2)
Mani Manife fest stac ació iónn de Akir Akiraa Magn Magnoo Fach Fachín ín Paca Pacaya ya.. El 04 de enero de 2000, en presencia del
representante del Ministerio Público, el manifestante señala, como vecino de los convivientes, que éstos vivían con tres hijos de Basualdo Espinoza, dos mujeres y un hombre, y un bebe de una de ellas. Afirma que los vecinos comentaban que esa familia peleaba mucho. 3)
Dictam Dictamen en perici pericial al de biolog biología ía forens forensee (inspe (inspecci cción ón bio crimin criminalí alísti stica) ca).. El 27 de diciembre de
1999 los peritos biólogos describen el lugar y la forma cómo fue encontrado el cadáver de Sandoval Pérez. 4)
Dict Dictam ameen peri ericial ial fisi fisiccoquí oquím mico. co. Con fecha 14 de enero de 2000, los peritos químicos
forenses concluyen que las muestras analizadas (cadena metálica, cable de luz y pasador de fibra sintética) corresponden a elementos constrictores.
5)
Dict Dictam amen en peri perici cial al de insp inspec ecci ción ón técn técnic icoo crim crimin inal alís ístitica ca (ITC (ITC). ). El 27 de diciembre de 1999,
los peritos en ITC dan cuenta que en el cadáver se encontraron las muestras que se detallan, y que posteriormente posteriormente fueron analizados por los peritos químicos forenses. Mediante Denuncia, con fecha 04 de febrero de 2000, el Fiscal de la 45° Fiscalía Provincial Penal de Lima, en mérito del mencionado Atestado Policial, formaliza denuncia penal contra Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado-, en agravio de Sandoval Pérez; hecho tipificado en el artículo 108, inciso 3, del Código Penal, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo № 896. Solicita que se actúen las diligencias que menciona; asimismo, pone a la denunciada a disposición del Juez Penal en calidad de detenida. Al escrito se acompañan especies, consistentes en las muestras del referido Dictamen Pericial Fisicoquímico. Fisicoquímico. Mediante resolución, con fecha 05 de febrero de 2000, en mérito de la denuncia formalizada por la Fiscal Provincial, el Juez del 46º Juzgado Penal de Lima, resuelve abrir instrucción, en la vía especial, contra Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado-, Calificado-, en agravio de Sandoval Pérez. En dicha resolución se dicta mandato de detención contra la procesada; asimismo, asimismo, se señala las diligencias que deberán realizarse; y, se dispone trabar embargo preventivo hasta un monto suficiente para cubrir la reparación civil sobre los bienes de la procesada. Mediante resolución del 11 de febrero de 2000, el Juez del 28º Juzgado Penal de Lima se avoca al conocimiento del presente proceso. Entre las diligencias judiciales judiciales practicadas, se destacan los siguientes: 1)
Decl Declar arac ació iónn inst instru ruct ctiv ivaa de Basu Basual aldo do Espi Espino noza za.. Refiere que a las 6 a.m. del día 12 de junio
de 1999 encontró al agraviado en el patio, sentado en una silla; ella lo empujó para reclamarle lo que había dicho de sus hijas, entonces se rompió una de las patas de la silla y el agraviado cayó hacia atrás. Creyendo que estaba muerto, decidió enterrar el cuerpo en el hoyo que el agraviado había cavado para hacer un depósito de agua. Para jalar el cuerpo amarró sus extremidades, incluso uso la cadena del perro y, como se posaban moscas en la cara del agraviado, le puso una bolsa en la cabeza y con un cordel lo sujetó alrededor del cuello. 2)
Protocolo de necropsia. Con fecha 27 de diciembre de 1999, los médicos legistas concluyen concluyen
que las causas del fallecimiento fueron: traumatismo encéfalo craneano y cervical, debido a un agente contundente y a un agente constrictor, respectivamente; respectivamente; asimismo, indican que en el cuello se detectó presencia de surco cervical ligeramente oblicuo, completo, producto de una cuerda de nylon que produjo constricción cervical y lesiones en esa región, ocasionando probablemente una asfixia por ahorcamiento. 3)
Evaluación psiquiátrica. El 18 de febrero de 2000 los psiquiatras concluyen en que la
procesada presenta personalidad con rasgos histriónicos y disociales, inteligencia inteligencia dentro de parámetros clínicos normales, y no presenta psicosis. 4)
Pr Prot otoc ocol oloo de peri perici ciaa psic psicol ológ ógic ica. a. Los psicólogos, después de evaluar a la procesada, los días
18 de febrero y 01 de marzo de 2000, concluyen que ésta presenta personalidad con rasgos disociales. 5)
Dict Dictam amen en peri perici cial al de psic psicol olog ogía ía fore forens nse. e. El 04 de febrero de 2000 los peritos psicólogos
concluyen que la procesada tiende a negar y mentir, por el gran temor que experimenta.
6)
Dicta ictam men de iden identitifificcación ción.. Con fecha 18 de enero de 2000 los peritos consultados concluyen
que existe similitud en un 80% entre el cadáver, según el protocolo de necropsia, y las características de Casimiro Lucio Sandoval Pérez dadas por uno de sus hijos. Por tanto, los peritos deducen que existe correspondencia entre el cadáver y la persona de Sandoval Pérez. Mediante Dictamen, con fecha 28 de marzo de 2000, la Fiscal Provincial de la 28° Fiscalía Penal de Lima opina que en autos se encuentra acreditada la comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado-, y la responsabilidad responsabilidad penal de la procesada Basualdo Espinoza, en agravio de Sandoval Pérez. Por otro lado, mediante Informe, con fecha 19 de mayo de 2000, el Juez Penal opina que se encuentra acreditada la comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado- y la responsabilidad penal de la procesada Balvina Basualdo Espinoza -reo en cárcel-, en agravio de Sandoval Pérez. Mediante Dictamen, con fecha 13 de junio de 2000, el Fiscal de la 10° Fiscalía Superior Penal de Lima opina que Hay Mérito para pasar a Juicio Oral por el delito previsto y sancionado en el artículo 108, inciso 3, del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo № 896; en consecuencia, formula acusación sustancial contra Basualdo Espinoza, Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado-, en agravio de Sandoval Pérez; y solicita se le imponga veinticinco años de pena privativa de la libertad, y se fije en ocho mil Nuevos Soles el monto de la reparación civil que deberá abonar en favor de los herederos legales del agraviado. Mediante resolución, con fecha 15 de junio de 2000, los vocales de la Sala Penal, de conformidad con el dictamen del Fiscal Superior, declararon Haber Mérito para pasar a Juicio Oral contra Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio Calificado-, en agravio de Sandoval Pérez; por lo tanto, fijaron la fecha y el lugar para la realización de la audiencia. Ante el interrogatorio, la acusada manifiesta que a las 4 o 5 a.m. encontró al agraviado dormido, sentado en una silla, le fue a reclamar por sus palabras injuriantes, injuriantes, le tocó del hombro y la silla se fue para atrás. Dice que puso una bolsa en la cabeza del agraviado porque vio que las moscas se posaban en su cara, sujetó la bolsa en su cuello porque ésta se salía al arrastrar el cuerpo. Con la correa del perro amarró las manos del agraviado, porque al momento de arrastrar el cuerpo, sus manos se enganchaban con algo. Niega que haya amarrado los pies del agraviado. Enterró el cuerpo en un hoyo para depósito de agua que el agraviado cavó una semana antes. Frente al examen pericial del protocolo de necropsia, el médico legista Cavero Soto explica que es difícil que las lesiones en el cráneo del agraviado se hayan producido por una caída, pero por la precipitación del cuerpo, era probable. No descarta que tales lesiones pudieron ser provocadas por un empujón, pero éste tuvo que ser bastante violento. Dicho perito indica que la asfixia por ahorcamiento no pudo determinarse por el avanzado estado de putrefacción del cuerpo. En el examen pericial de la evaluación psiquiátrica, los psiquiatras Guzman Negron y Cachay Muguerza explican que, considerando que el relato que prestó la acusada es coherente y cronológico, se descarta que haya tenido una emoción violenta en el momento de los hechos. Asimismo, los peritos afirman que la acusada tiende a manipular, no es sincera, es por eso que se concluye que es histriónica; al respecto, indican que al ir unidos ambos tipos de personalidades, tanto la histriónica como la disocial, existe un promedio alto que la acusada tienda a la mentira.
En el examen pericial del protocolo de pericia psicológica, el psicólogo León Oyola explica que la acusada es poco honesta, mentirosa, evasiva, perspicaz, tiende a manipular la entrevista y, por lo general, a transgredir normas sociales. Después de la lectura de piezas procesales, el Fiscal Superior procedió a formular su requisitoria oral, sin variar lo solicitado en la acusación escrita. A su turno, el Abogado defensor de oficio, en sus alegatos, solicita que se imponga a su defendida una pena por debajo del mínimo legal establecido para este delito; mientras que en sus conclusiones por escrito solicita que se adecue el tipo penal instruido al de homicidio simple. Mediante resolución, con fecha 28 de agosto de 2000, los vocales de la Sala Penal Superior, fallan: declarando, en aplicación del principio de la determinación alternativa, que los hechos instruidos no corresponden al delito de homicidio calificado, sino de parricidio; por consiguiente, condenaron a Basualdo Espinoza, como autora del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud -Parricidio-, en agravio de Sandoval Pérez, a once años de pena privativa de la libertad; fijaron en ocho mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los herederos legales del agraviado, y dispusieron el recurso de nulidad de oficio; considerando, entre otros fundamentos, que surge una duda razonable en cuanto a la forma y circunstancias en que se causó la muerte del agraviado, lo cual lleva al colegiado a la aplicación del principio del indubio pro reo en la valoración de la relación persona-medio criminoso, por lo que el delito de homicidio calificado imputado a la procesada no se encuentra probado, pues se trataría de un homicidio llamado en nuestra doctrina uxoricidio; asimismo, para los efectos de la graduación de la pena, el colegiado tuvo en cuenta que, debido a las constantes agresiones por parte del agraviado, si bien la acusada no se encontraba ante una situación de emoción violenta, sí estaba bajo las secuelas de ésta, circunstancia que justificaba rebajarle la pena por debajo del mínimo legal. Por consulta, con fecha 27 de febrero de 2001, los vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema de la República declararon No Haber Nulidad en la sentencia consultada que condena a Basualdo Espinoza, como autora del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud -Parricidio-, en agravio de Sandoval Pérez, a once años de pena privativa de la libertad; declararon Haber Nulidad en la propia sentencia en cuanto fija en ocho mil Nuevos Soles el monto por concepto de reparación civil, y reformándola en este extremo, fijaron en veinte mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los herederos legales del agraviado. Por otro lado, el análisis crítico del expediente penal se encuentra dividido en cuatro temas: hechos no tomados en cuenta en la instrucción, hechos no tomados en cuenta en el juzgamiento, tipificación del hecho punible y cuestiones finales (referidas a la autoría y participación en el delito de parricidio, la prescripción de la acción penal y la determinación de la reparación civil).
PRIMERA PARTE RESUMEN DEL EXPEDIENTE
INVESTIGACIÓN POLICIAL I. 1.1.
ATESTADO POLICIAL (f. 01-70) INFORMACIÓN
23-IC-H-DIH, se da cuenta que efectivos policiales de la Comisaría de Villa María del Triunfo, el 26 de diciembre de 1999, a solicitud de Jesús Sandoval Guardia, se constituyeron en el domicilio de su padre, Casimiro Lucio Sandoval Pérez (49 años), en el AA. HH. Cerro Verde, continuación de la mz. c, Villa María del Triunfo, donde encontraron el pie derecho de un cuerpo enterrado; posteriormente, con intervención de efectivos de la División de Investigación de Homicidios (DIH) y por disposición de la Fiscal de la 40ª Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, se procedió a trasladar el cadáver a la División de Exámenes Tanatológicos de Lima. Con fecha 04 de febrero de 2000, en el Atestado №
1.2. 1.2.1.
DILIGENCIAS POLICIALES MANIFESTACIONES
Manifestación de Balvina Basualdo Espinoza (f. 11-15; continuada en f. 16-19): El 03 de febrero de 2000, en presencia de su Abogado defensor, la manifestante (alias “Dora”), 48 años de edad, de ocupación su casa, con grado de instrucción secundaria completa; manifiesta que ha sido conviviente de Sandoval Pérez desde hace 6 años aproximadamente; luego de residir en distintos lugares, desde alrededor de 3 años fijaron su domicilio en el AA. HH. Cerro Verde; asimismo, en febrero de 1999 llegó a vivir con ellos sus hijos Dora y Eduardo, producto de la relación con Jorge Max Franco Alfaro, con el que se encuentra separada desde 1988 aproximadamente. La manifestante indica que durante la convivencia con Sandoval Pérez, éste la agredía físicamente; y la última vez que lo vio fue el lunes 14 de junio de 1999 a las 5:30 a.m., cuando le dijo que se iba de viaje a su pueblo (Soteca, Ayacucho), para arreglar unos problemas sobre terrenos, y que volvería en 4 o 5 días, por lo que ella se fue a vivir a la casa de su hija Laura; retornando a su domicilio algunas veces, incluso en una oportunidad coincidiendo con los hijos de Sandoval Pérez. El 04 de febrero de 2000, en presencia de la representante del Ministerio Público y el Abogado defensor, la manifestante dice que el viernes 11 de junio de 1999, a las 20:00 horas aproximadamente, llegó a su vivienda Sandoval Pérez, en estado de ebriedad, vociferando el nombre de sus hijas Dora y Yanina, quienes días antes se habían ido de la casa; por este motivo, hubo un forcejeo e intercambio de palabras entre ellos. Sandoval Pérez encendió la radio, puso el volumen alto y durante toda la noche la gritó e insultó, sin dejarla dormir. A las 6:00 horas aproximadamente, del sábado 12 de junio, vio a Sandoval Pérez dormido sobre la mesa, se acercó a recriminarle la actitud que tuvo toda la noche, y al empujarlo, “cayo pesadamente sobre una piedra que estaba al costado izquierdo de la silla y que era utilizado como banca” (f. 20); sufriendo un golpe a la altura de la sien izquierda, lo que le ocasionó convulsiones; entonces, asustada arrastró a Sandoval Pérez hacia la cocina donde intentó reanimarlo sin resultado. Creyendo que estaba muerto, cubrió su cabeza con una bolsa plástica, amarró sus manos y pies con cordeles de nylon y cables, luego se puso a pensar sobre dónde esconder el cuerpo. Con la cadena del perro amarró las manos de Sandoval Pérez y lo arrastró hacia un hueco cavado por él días
antes, para hacer un reservorio de agua, en que el cuerpo cayó de cabeza; en esos momentos eran las 8:00 horas aproximadamente y, teniendo cuidado que alguien no la vea, porque esa parte de la vivienda no tenía techo y en la parte alta del cerro había casas, enterró el cuerpo con tierra y piedras que había al lado del hoyo, lo que hizo durante todo ese día. Al siguiente día se retiró a la casa de su hija Laura, en el Rímac, a quien no le contó nada de lo sucedido, sino que le dijo que Sandoval Pérez se había ido a vivir con sus hijos. Manifestación de Dora Elisa Franco Basualdo (f. 20-22): El 04 de febrero de 2000, en presencia del representante del Ministerio Público y de su Abogado defensor, [2] la manifestante (23 años) dice que Sandoval Pérez era conviviente de su madre, Basualdo Espinoza, desde 1994 hasta 1999, llevándose bien, aunque con problemas como todas las parejas. El 12 o 13 de junio de 1999, su madre llegó a la casa de su hermana Laura, y les dijo que Sandoval Pérez se había marchado a casa de su hijo Juan; días después volvió preocupada porque Sandoval Pérez no regresaba; entonces, se quedaba a dormir en la casa de Laura e iba en el día a su vivienda para dar de comer a sus animales, siguiendo esta rutina durante 15 días aproximadamente. Indica que estuvo en la mencionada vivienda alrededor de 2 meses, durante su permanencia crió un perro que desapareció el 11 de mayo de 1999 con su cadena. El 12 de junio de 1999 se encontraba en la casa de su hermana Rocío. Niega que Sandoval Pérez haya intentado violarla o seducirla, tampoco a sus hermanas. Afirma que se enteró del fallecimiento de Sandoval Pérez por un noticiero de la televisión, el 27 de diciembre de 1999. Dice que Sandoval Pérez había cavado el hoyo, donde fue enterrado, días antes de haber desaparecido. Mediante Acta de reconocimiento (f. 43), Dora Franco reconoce la cadena que se le pone a la vista, como la que usaba el perro que tenía en la casa de los convivientes; afirma que dicho animal se perdió con su cadena en mayo de 1999. Manifestación de Eduardo Franco Basualdo (f. 23-25): El 04 de febrero de 2000, en presencia del representante del Ministerio Público y de su Abogado defensor, el manifestante (19 años) dice que conoce desde 1994 a Sandoval Pérez como el conviviente de su madre, Basualdo Espinoza. Hasta diciembre de 1998 residía en la casa de los convivientes, en el AA. HH. Cerro Verde, también su hermana Dora; después se fue a vivir con su padre en San Juan de Miraflores, pero volvía a esa casa todos los domingos. Señala que la relación entre los convivientes transcurría normalmente, sin ningún problema. También indica que entre el 11 y 13 de junio de 1999 estaba trabajando con su padre desde las 8:00 hasta las 17:00 horas en los Viñedos, luego se dirigió a su colegio en San Juan de Miraflores. La última vez que vio a Sandoval Pérez fue el 17 de mayo de 1999, en el cumpleaños de su hermana Dora Franco, donde acordaron pasar el día del padre en su casa. Reconoce la cadena que se le muestra, como la que usaba el perro que se le perdió en mayo de 1999. Se enteró del fallecimiento de Sandoval Pérez por los medios periodísticos. Dice que no tiene conocimiento que se hubiera cavado un hoyo en la casa de Sandoval Pérez. Manifestación de Akira Magno Fachín Pacaya (f. 26-29): El 04 de enero de 2000, en presencia del representante del Ministerio Público, el manifestante señala que conoce a Sandoval Pérez por vivir al frente de su casa, en el AA. HH. Cerro Verde. Sandoval Pérez vivía con su esposa, a quien conocía como “Dora”, y tres hijos de ella, una mujer de alrededor de 23 años con su bebe, un hombre de entre 19 y 20 años, y una mujer de 16 años aproximadamente; quienes estuvieron en esa vivienda hasta la última vez que vio a Sandoval Pérez, esto es, entre la última semana de mayo y los primeros días de junio de 1999. Indica que en el mes de mayo de 1999 vio salir a Sandoval Pérez de su casa, en
estado etílico y con manchas de sangre seca en su ropa; en otra ocasión, vio a “Dora” con hematomas en la cara. También afirma que los vecinos comentaban que esa familia peleaba mucho. Manifestación de Clímaco Moreno Pinedo (f. 32 y 33): El 12 de enero de 2000, sin presencia del representante del Ministerio Público, el manifestante indica que Sandoval Pérez era su compadre al que vio por última vez en junio de 1999; en ese mes fue a visitarlo y le comentó que tenía problemas con su conviviente, “Dora”, pues ella se llevaba su dinero y desaparecía por varios días; asimismo, reconoce la fotografía de Balvina Basualdo Espinoza como la persona que conoce como “Dora”. Manifestación de Juan Lucio Sandoval Guardia (f. 34 y 35): El 27 de diciembre de 1999, sin presencia del representante del Ministerio Público, el manifestante dice que su padre, Sandoval Pérez, desapareció hace 6 meses aproximadamente. Puso la denuncia por su desaparición, una semana después del día del padre, en la Comisaría de Villa Maria del Triunfo. [3] Su padre estaba con su conviviente, Basualdo Espinoza, desde hace 5 años en el AA. HH. Cerro Verde, junto con los hijos de ésta, que conocía como Dora, “Koko” y “Liliana”. La relación de convivencia se llevaba mal, hasta el punto de haber denuncias por maltratos físicos en la Comisaría de Villa El Salvador. El manifestante señala que junto con su hermano Jesús Sandoval y su tío Emiliano Sandoval, al hacer excavaciones en una parte suelta del suelo de la antes mencionada vivienda, encontraron parte de un pie derecho; entonces, junto a su hermano, fue hacia la Comisaría de Villa Maria del Triunfo. Posteriormente, acudieron los efectivos de la División de Homicidios junto con el Fiscal, y procedieron a desenterrar el cadáver. Reconoce que ese cadáver corresponde al de su padre. Manifestación de Jesús Manuel Sandoval Guardia (f. 36 y 37): El 27 de diciembre de 1999, sin presencia del representante del Ministerio Público, el manifestante indica que desde hace 6 años su padre, Sandoval Pérez, se alejó de su casa para vivir con su conviviente “Dora”. Junto con ellos vivían los hijos de ésta, “Coco”, “Liliana” y Dora, también una niña de 3 años y las parejas de las hijas. La última vez que vio a su padre fue en los primeros días de junio de 1999, cuando él los fue a visitar a su casa, lo que venía ocurriendo con frecuencia. Su padre le comentó que tenía problemas con su conviviente, porque ésta le sacaba su dinero, además sus hijos lo golpeaban cuando llegaba mareado. Después de desaparecer su padre, encontraron a “Dora” sacando cosas de la casa del AA. HH. Cerro Verde, y al preguntarle por su padre dijo que se había ido a Uchiza y que dejó encargado que lo vendiera todo. El manifestante indica que el 26 de diciembre de 1999, junto con su hermano Juan, su tío Emiliano y su esposa Domitila fueron a la casa de su padre para inspeccionar el terreno, y en la parte donde la tierra estaba suelta, cavaron hasta encontrar el pie de un cadáver. 1.2.2.
ACTAS DE ENTREVISTAS
Entrevista a Zenón Ponce García (f. 38): En diciembre de 1999, el entrevistado manifiesta que a su vecino, Sandoval Pérez, con frecuencia le veía en estado de embriaguez, y que su mujer “Dora”, cuando llegaba a su establecimiento, le contaba que Sandoval Pérez la golpeaba, mostrándole las lesiones ocasionadas. También manifiesta que, junto con dichos convivientes, llegaron a vivir los dos hijos de “Dora”, un hombre y una mujer. Después que Sandoval Pérez desapareció se marcharon de la casa la señora “Dora” y sus hijos, llevándose sus pertenencias. Entrevista a Eleuterio Cayo Cárdenas (f. 39): El 03 de febrero de 2000, el entrevistado manifiesta que su primo, Sandoval Pérez, vivía con su conviviente “Dora” y 3 hijos de ella, 2 mujeres y
un hombre; también manifiesta que la pareja se llevaba mal y en ocasiones pudo ver las lesiones que le causaban a Sandoval Pérez, por lo que él un día le dijo que se quería mudar. Entrevista a Teresa Pérez Quito (f. 40): El 03 de febrero de 2000, la entrevistada manifiesta que su vecino Sandoval Pérez le contó que se llevaba mal con su mujer y que tenía intenciones de mudarse. Entrevista a Benancio Lucas Soto (f. 41): El 04 de febrero de 2000, el entrevistado manifiesta que en junio de 1999 vio a los hijos de su vecino Sandoval Pérez retirar unos muebles de su vivienda. Entrevista a Robert Fachin Pacaya (f. 42):[4] El 04 de febrero de 2000, el entrevistado manifiesta que sus vecinos Sandoval Pérez y Basualdo Espinoza se peleaban constantemente cuando se encontraban mareados; también manifiesta que un día antes del Día del Padre se realizó una fiesta en la casa de Sandoval Pérez, que empezó a las 22:00 horas y que escuchó las voces de 4 o 5 personas.
1.2.3.
PERICIAS
Dictamen pericial de biología forense N° 010-00 (f. 54-56): El 27 de diciembre de 1999, de acuerdo con la inspección bio criminalística, realizado en el lugar de los hechos, los peritos biólogos describen lo siguiente: “El área inspeccionada consta de 8x5m. aprox. Y en la parte central en un hoyo de 1.20m. de largo x 1m. de ancho y 1.50m. de profundidad y a 65cm. de la parte anterior (muro de piedra); se ubicó un cadáver de sexo masculino, identificado como Lucio Casimiro SANDOVAL PÉREZ, de unos 45 a 50 años aprox. de cubito (sic) ventral (rostro hacia abajo) con los miembros inferiores semiflexionados entrecruzados, encadenados por la parte de los tobillos, los miembros posteriores (sic) atados con cable de teléfono a nivel de las muñecas de la mano entrecruzados, llevados hacia atrás a la parte dorsal del cuerpo, la cabeza cubierto con una bolsa de plástico de color blanco, la misma que estaba sujetada con un cordón de nylon en el cuello y cubriendo la cabeza; con adherencias terrosas en su vestimenta y en estado de saponificación.” (f. 54)
Dictamen pericial de biología forense N° 3285/99 (f. 57): Con fecha 27 de diciembre de 1999, como resultado del examen bio forense, se concluye que al cadáver de Sandoval Pérez no se le puede determinar su grupo sanguíneo por encontrarse en estado de saponificación. Dictamen pericial de biología forense N° 008-00 (f. 58-60): El 03 de enero de 2000, los peritos biólogos, tras analizar las muestras: cadena, tijera, cable de luz, pasador, par de medias y una bolsa, concluyen que en esta última se encontró materia orgánica en descomposición: pelos de procedencia humana.
Dictamen pericial fisicoquímico N° 023-2000 (f. 61 y 62): Con fecha 14 de enero de 2000, los peritos químicos forenses concluyen que las muestras: cadena metálica (96 cm), cable de luz (90 cm) y pasador de fibra sintética (76 cm), corresponden a elementos constrictores. Dictamen pericial de inspección técnico criminalística (ITC) N° 640-99 (f. 63-68): El 27 de diciembre de 1999, los peritos en ITC describen lo siguiente: “Luego que el personal PNP interviniente, terminó de excavar y al descubrir el cuerpo de la tierra se apreció que se encontraba en posición
decúbito ventral, vestía un pantalón color oscuro, un short blanco, casaca color negra, camisa azul, con medias; los pies estaban atados con una cadena pequeña de metal y las manos atados con una cuerda de teléfono por detrás del cuerpo y la cabeza cubierta con una bolsa plástica de color blanco la cual estaba sostenida del cuello con una cuerda de nylon color blanco. En el bolsillo posterior derecho se encontró una tijera de metal pequeña y plegable semioxidada.” (f. 65) En el referido dictamen se concluye que, en el lugar de los hechos, se encontraron las siguientes muestras: una cuerda de nylon, un cable de teléfono, una cadena pequeña, una bolsa plástica, y una tijera pequeña de metal plegable. 1.2.4.
DOCUMENTOS
Libreta Electoral de Basualdo Espinoza (f. 49). De acuerdo con su documento de identidad, Balvina Basualdo Espinoza, nació el 31 de marzo de 1952 en Junín-Huancayo, casada con Max Jorge Franco Alfaro, con secundaria completa. Por tanto, en el momento de los hechos, la imputada tenía 47 años de edad. Papeleta de detención (f. 47). El 04 de febrero de 2000 la Policía notifica a Basualdo Espinoza su detención en la DIH, por los hechos materia de investigación. 1.2.5.
CONCLUSIONES
En el Atestado se concluye que Basualdo Espinoza es presunta autora de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado –uxoricidio–, por agente contundente y constrictor, en agravio de Sandoval Pérez, ocurrido el 12 de junio de 1999 en horas de la mañana, en el interior del lote s/n de la ampliación del AA. HH. Cerro Verde, Villa María del Triunfo. II.
DENUNCIA FISCAL (f. 71 y 72)
Mediante Denuncia № 68-2000, con fecha 04 de febrero de 2000, el Fiscal de la 45 ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, en mérito del Atestado № 23-IC-H-DIH, remitido por la Divisi ón de Investigación de Homicidios, y de conformidad con el artículo 159 de la Constitución Política del Perú [5] y el artículo 11 y 94, inciso 2, del Decreto Legislativo № 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público–,
formaliza denuncia penal contra Balvina Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez; hecho tipificado en el artículo 108, inciso 3, del Código Penal, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo № 896.[6] Como fundamentos de hecho, la Fiscal Provincial expone lo siguiente: “Fluye de autos que se le imputa a la denunciada Basualdo Espinoza el hecho de aprovechar el estado de ebriedad del agraviado Casimiro Sandoval, con quien horas antes había sostenido una discusión, para arrojarlo hacia una piedra que sirve de asiento y golpearlo en la región temporo parietal izquierda, causándole la muerte, para luego enterrar el cadáver en un hoyo que previamente había sido construido.” (f. 71) De acuerdo con el artículo 14 del Decreto Legislativo № 052, el Fiscal Provincial solicita que se actúen las diligencias que menciona; asimismo, pone a la denunciada a disposición del Juez Penal en calidad de detenida. Al escrito se acompañan especies, consistentes en las muestras analizadas en el Dictamen Pericial Fisicoquímico que se anexa al Atestado Policial.
ETAPA DE INSTRUCCIÓN III.
AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN (f. 73 y 74)
Mediante resolución, con fecha 05 de febrero de 2000, en mérito de la denuncia formalizada por la Fiscal Provincial, el Juez del 46º Juzgado Penal de Lima, resuelve abrir instrucción,[7] en la vía especial, [8] contra Balvina Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez. Considerando, entre otros fundamentos, que el hecho denunciado se encuentra tipificado en el artículo 108, inciso 3, del Código Penal, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo № 896; que se ha individualizado a la presunta autora y que la acci ón penal no ha prescrito. De conformidad con el artículo 135 del Código Procesal Penal, el Juez Penal dicta mandato de detención contra la procesada; asimismo, señala las diligencias que deberán realizarse; y, dispone trabar embargo preventivo hasta un monto suficiente para cubrir la reparación civil sobre los bienes de la procesada, previa notificación a ésta para que señale bienes libres. Mediante resolución del 11 de febrero de 2000 (f. 79), el Juez del 28º Juzgado Penal de Lima se avoca al conocimiento del presente proceso. IV. 4.1. -
DILIGENCIAS JUDICIALES DECLARACIONES Declaración instructiva de Basualdo Espinoza (f. 75, 81, 139-145, 149-151)
El 05 de febrero de 2000, la procesada inicia su declaración instructiva con sus generales de ley. El 23 de febrero de 2000 (f. 139-145), la procesada refiere que el 11 de junio de 1999 el agraviado llegó mareado a su casa y habló sobre tener relaciones sexuales con la hija de ella, produciéndose un altercado entre ellos. A las 6 a.m. del día siguiente encontró al agraviado en el patio, sentado en una silla; ella lo empujó para reclamarle lo que había dicho de sus hijas, se rompió una de las patas de la silla, el agraviado cayó hacia atrás, después convulsionó y ella trató de reanimarlo, pero sin resultado. Cuando vio que el agraviado no reaccionaba, se puso muy nerviosa y, después de mucho pensarlo, decidió enterrar el cuerpo en el hoyo que el agraviado había cavado para hacer un depósito de agua. Para jalar el cuerpo amarró sus extremidades, incluso uso la cadena del perro y, como había moscas en la cara del agraviado, le puso una bolsa y para que ésta no se moviera, mientras arrastraba el cuerpo, con un cordel sujetó la bolsa alrededor del cuello. Al anochecer del 12 de junio terminó por tapar el hueco, y a la mañana siguiente fue a la casa de su hija Laura, pero no le contó nada de lo sucedido. La procesada indica que el agraviado y ella vivían juntos en el AA. HH. Cerro Verde desde enero de 1999. Su hija Dora había estado en la casa por 28 días con su bebe y su hija Janina vino unos días para conocer a su sobrina. Niega que alguna vez haya lesionado la cabeza del agraviado con una comba. Afirma que en una ocasión el agraviado se hirió el brazo, con un aluminio que ella utilizó para evitar el golpe que quería propinarle. Confrontada con lo que señala el protocolo de necropsia, la procesada refiere que el agraviado se golpeó en la parte de atrás de la cabeza y el golpe en la parte de adelante debió producirse cuando el cuerpo se cayó al hueco. En relación con su manifestación ante la Policía,
la procesada niega que el agraviado se haya quedado dormido sobre la mesa, también dice que es mentira que se haya golpeado con una piedra que era utilizada como banca. El 01 de marzo de 2000 (f. 149-151), la procesada indica que en el inmueble donde ocurrieron los hechos se instaló con el agraviado desde noviembre de 1998, y los hijos de ella los visitaban por periodos cortos. Afirma que cuando el agraviado se encontraba sobrio era una buena persona, pero cuando estaba ebrio se ponía agresivo y ofendía a sus hijos y a ella. Tenía miedo al agraviado, tanto cuando estaba sobrio como cuando estaba ebrio. En el día de los hechos, a las 8.30 p.m. aproximadamente, llegó mareado el agraviado, cuando ella se encontraba sola en la vivienda. La agresión contra ella y la mala manera como el agraviado se refirió a sus hijas se produjo entre las 2 y 3 de la mañana. [9] El agraviado se quedó dormido alrededor de las 5 a.m., mientras ella permanecía en un rincón del patio. A las 8 a.m. aproximadamente, al percatarse que el agraviado dormitaba sobre una silla, lo empujó hacia atrás, cayendo éste de espaldas. Empujó al agraviado porque estaba furiosa por lo que dijo sobre sus hijas. Después que se percató que el agraviado había fallecido, colocó una bolsa de plástico sobre su cabeza para evitar que las moscas se posaran en su cara. Maniató las extremidades del agraviado para facilitar su traslado; previamente, por un momento jaló el cuerpo de los brazos, y en otro momento de los pies, hasta que le resultó incomodó, por lo que decidió maniatarlo. La procesada afirma que el hueco donde arrojó el cadáver fue abierto por el agraviado 15 días antes de ocurrido el hecho. Declaración testimonial de Jesús Manuel Sandoval Guardia (f. 128 y 129). El 21 de febrero de 2000, el testigo refiere que puso una denuncia por desaparición de su padre, en la Comisaría de Villa Maria del Triunfo; después manifiesta que encontró a la procesada y otros de sus familiares sacando cosas de la vivienda de su padre, en cuya ocasión ésta le dijo que su padre se había ido a Uchiza. Declaración testimonial de Juan Lucio Sandoval Guardia (f. 130-133). El 21 de febrero de 2000, el testigo refiere que tras escuchar rumores, entre sus familiares, sobre que la procesada había matado a su padre, ya que antes le había agredido con una comba en la cabeza, fue con su hermano Jesús y su tío Emiliano Sandoval a inspeccionar la casa de su padre, donde encontraron enterrado su cadáver. El testigo indica que su padre le reclamaba a la procesada porque los hijos de ésta vivían con ellos en la casa, y porque ella le sustraía su dinero. Su padre le contó a su hermana Ronaldina Sandoval que la procesada le había roto la cabeza con una comba y que le había cortado con un cuchillo en el brazo. El testigo afirma que junto con los convivientes estaban Eduardo, Dora, una niña, Laura y su esposo. Declaración testimonial de Clímaco Moreno Pinedo (f. 134-136). El 21 de febrero de 2000, el testigo refiere que el agraviado le comentó que tenía problemas con la procesada, pues ella le sustraía su dinero y por eso tenía la intención de mudarse. 4.2.
DOCUMENTOS
Protocolo de necropsia N° 4822-1999 (f. 111-113). Con fecha 27 de diciembre de 1999, los médicos legistas llegan a las siguientes conclusiones: 1) Las causas del fallecimiento fueron: traumatismo encéfalo craneano y cervical debido a un agente contundente y a un agente constrictor respectivamente; 2) Las lesiones traumáticas halladas son las siguientes: Cabeza: hematoma en región frontal izquierda, parietal izquierda, temporal y occipital derecho del cuero cabelludo; fractura de huesos occipital (lado derecho), temporal derecho y silla turca; y, hemorragia de periostio (región temporal
izquierda y occipital derecha). Cuello: presencia de surco cervical ligeramente oblicuo, completo. [10] Equimosis de músculos de la región cervical y de cartílagos cricoides y tiroides; 3) “El cadáver presentaba alrededor del cuello una cuerda de nylon que produjo constricción cervical y lesiones en esa región, produciendo probablemente una asfixia por ahorcamiento” (f. 113); y, 4) El cadáver se encuentra en avanzado estado de putrefacción orgánica. Protocolo de análisis toxicológico (f. 114-115). El 28 de diciembre de 1999, los químicos farmacéutico forense determinan que la muestra analizada (hígado del cadáver) contiene 2.82 g. de alcohol. El 07 de enero de 2000, los químicos farmacéutico forense determinan que la muestra analizada (cerebro, hígado y estómago del cadáver) presenta animas de descomposición. Dictamen pericial de biología forense (grupo sanguíneo) [f. 116]. El 28 de diciembre de 1999 el biólogo forense llega a la conclusión que, en la muestra de hígado del cadáver, no se determinó el grupo sanguíneo por ser la muestra inadecuada debido al avanzado tiempo de putrefacción. Dictamen pericial de estomatología forense (f. 117 y 118). El 28 de diciembre de 1999 la odontóloga forense llega a la conclusión que las características dentarias indican una edad de 48 a 50 años aproximadamente. Dictamen pericial de antropología forense (f. 119 y 122). De acuerdo con la Ficha somatológica de identificación del cadáver, realizado el 27 de diciembre de 1999, la antropóloga forense llega a la conclusión que el cadáver corresponde al sexo masculino, estatura de 1.65 m., contextura delgada y de 50 años aproximadamente. Mediante el Estudio comparativo antropológico, realizado el 29 de diciembre de 1999, la antropóloga forense, después del estudio del cadáver por las características somatólogicas y antropométricas, descritas en la tabla comparativa de datos post mortem (conforme al Protocolo de necropsia) y datos pre mortem (proporcionados por Jesús Manuel Sandoval Guardia); concluye que existe probabilidad que corresponda a la persona de Casimiro Lucio Sandoval Pérez. Dictamen pericial de estomatología forense (f. 123-126). Según la Homologación de la muestra pre y post mortem, efectuado el 30 de diciembre de 1999, la odontóloga forense llega a la conclusión que existe similitud en un 70%, considerando las características craneo maxilares; también, observa que no es posible aplicar el método odontográfico, que daría un 100% de certeza, pues la familia no puede aportar el odontograma pre mortem. Evaluación psiquiátrica (f. 154-158). El 18 de febrero de 2000, después de la evaluación respectiva, los psiquiatras obtienen las siguientes conclusiones: la procesada presenta personalidad con rasgos histriónicos y disociales, inteligencia dentro de parámetros clínicos normales, y no presenta psicosis. En su relato la examinada dice lo siguiente: “Yo me he echado la culpa porque iban a meter preso a mis hijos y Juan [Sandoval Guardia] dijo que iba a violar a mis hijas” (f. 156). Protocolo de pericia psicológica (f. 172-174). Los psicólogos, después de evaluar a la procesada, los días 18 de febrero y 01 de marzo de 2000, concluyen que ésta presenta personalidad con rasgos disociales.
Acta de defunción del agraviado (f. 176). Mediante oficio con fecha 09 de marzo de 2000 (f. 175), la Municipalidad de Villa María del Triunfo remite el Acta de defunción del agraviado. Certificado de antecedentes penales (f. 137). Con fecha 14 de febrero de 2000, se deja constancia que la procesada no registra antecedentes penales. Dictamen pericial de medicina forense (f. 204)[11]. Con fecha 04 de febrero de 2000, los médicos forenses concluyen que la procesada no presenta lesiones externas recientes. Dictamen pericial de biología forense (examen bio forense) [f. 205]. El 03 de febrero de 2000 se determina que la procesada tiene 48 años, 1.48 m. de estatura, de contextura delgada, entre otras características antropofísicas. Dictamen pericial de psicología forense (f. 207-209). El 04 de febrero de 2000 los peritos psicólogos concluyen que la procesada, “tiende a negar y mentir, por el gran temor que experimenta, siendo muy susceptible a la crítica.” (F. 209). Parte morgue (f. 210-213). Con fecha 21 de febrero de 2000, el perito dactiloscópico concluye que, pese a las diligencias efectuadas, no ha sido posible establecer identidad papilar del cadáver “NN”, signado con Protocolo de Necropsia N° 4822-99, por encontrarse en avanzado estado de putrefacción. Dictamen de identificación (f. 214-216). Con fecha 18 de enero de 2000 los peritos consultados concluyen que “Existe similitud en un 80% entre el cadáver con protocolo de necropsia N° 4822-99 y las características de Casimiro Lucio Sandoval Pérez... Por tanto se deduce que existe correspondencia [entre el cadáver y la persona mencionados]”. 4.3. 153)
DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO (f.
El 09 de marzo de 2000, sobre el Protocolo de análisis toxicológico (ver f. 114 y 115), los químicos farmacéutico forense se ratifican en su contenido. Respecto al grado de alcohol encontrado, los peritos explican que la producción de alcohol endógeno se puede observar en cuerpos donde se desarrolla el proceso de descomposición orgánica, por lo que no pueden precisar si el agraviado estuvo en estado etílico. V.
AMPLIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN (f. 152)
Mediante resolución del 03 de marzo de 2000, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con el objeto de la instrucción, el Juez Penal resuelve ampliar la instrucción por el plazo de diez días para la actuación de las diligencias que menciona. Durante el plazo ampliatorio se realiza la diligencia de ratificación del protocolo de análisis toxicológico, que obra a fojas 114; y se reciben los siguientes documentos: Evaluación psiquiátrica (f. 154-158), Protocolo de pericia psicológica (f. 172-174), y el Acta de defunción del agraviado (f. 176). Por resolución del 20 de marzo de 2000 (f. 179), vencido el plazo ampliatorio de la instrucción, el Juez Penal traslada los autos para la vista del Fiscal Provincial.
VI.
DICTAMEN FINAL (f. 180-197)
Mediante Dictamen N° 18-2000, con fecha 28 de marzo de 2000, la Fiscal Provincial de la 28ª Fiscalía Penal de Lima opina que en autos se encuentra acreditada la comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado–, y la responsabilidad penal de la procesada Balvina Basualdo Espinoza, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez; teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes fundamentos: “(...) relación convivencial [entre agraviado y procesada] que no habría sido del todo armonioso, el mismo que se habría desarrollado dentro de un medio de inestabilidad, producto de los continuos altercados que ambos sostenían, dado que el damnificado consumía licor habitualmente, y que bajo tal circunstancia se tornaba violento y agresivo, surgiendo peleas y discusiones entre ambos, donde ambos se lesionaban”. (F. 192). “(...) está determinado por versión de los propios hijos del damnificado así como de algunos testigos del lugar, que Casimiro Lucio Sandoval Pérez desde aproximadamente la segunda (sic) semana del mes de junio del año próximo pasado [1999] en forma sorpresiva y repentina desapareció de su domicilio sin dejar noticia alguna, desconociendo su paradero, haciéndolo al poco tiempo la procesada en compañía de sus hijos conforme lo atestigua el señor Akira Magno Fachín Pacaya”. (F. 193). “(...) resulta evidente que su muerte [del agraviado] no se produjo conforme ella [la procesada] lo indica (accidental), no descartándose que dicha versión... plagada de ciertas contradicciones [como en la hora que sucedieron los hechos y el lugar donde se quedó dormido el agraviado], escapa de la verdad de cómo en realidad se habría producido el mismo, no descartándose que con su versión solo trata de evadir o atenuar su responsabilidad”. (F. 195). “(...) el agraviado fue victimado con crueldad ya que presenta múltiples lesiones (golpes y fracturas) en diferentes partes del cuerpo, maniatado de pies y manos ultimándolo mediante asfixia al serle puesto una bolsa en la cabeza y atado con un cordón alrededor del cuello, lo que evidencia el ánimus necandi con que habría actuado la procesada para producirle la muerte de su conviviente, quién lo habría realizado en pleno y sano juicio dado que resulta ser una persona imputable conforme a su evaluación Psiquiátrica... no descartándose la posibilidad que en el lamentable hecho la procesada haya contado con la complicidad de otras personas, teniéndose en consideración la forma como fue encontrado el cadáver, la condición física de la victimaria y lo accidentando del terreno, no obstante estaría tratando de encubrirlos aduciendo que todo ello lo realizó sola y sin la ayuda de nadie.” (F. 196). “(...) resulta inverosímil y sin criterio lógico cuando refiere que dichas ataduras lo hizo para poder jalarlo hacia el pozo, y cuando ya el cuerpo se encontraría sin vida, así como la colocación de la bolsa para evitar que se posen las moscas sobre su rostro y asegurarlo con la cuerda alrededor del cuello (cuatro vueltas y doble nudo) porque la bolsa se movía cuando el cuerpo era arrastrado, resulta sin fundamento alguno”. (F. 196). VII.
INFORME FINAL (f. 219-222)
Mediante informe, con fecha 19 de mayo de 2000, el Juez Penal opina que se encuentra acreditada la comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado– y la responsabilidad penal de la procesada Balvina Basualdo Espinoza –reo en cárcel–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez; considerando, entre otros, los siguientes fundamentos: “(...) por el modo en que procedió [la procesada] a enterrar el cuerpo, se deduce que actuó con sangre fría, amarrándolo y colocándole una bolsa en la cabeza a fin de facilitar su traslado para finalmente enterrarlo de tal manera que fuera imperceptible a primera vista donde lo había hecho... no habiéndose comprobado que haya procedido a auxiliarlo sea trasladándolo, a un puesto de atención medica o en último caso llamando a los vecinos, sino más bien actuar con sangre fría a fin de cubrir su delito”. (F. 222). “(...) teniendo en cuenta que los exámenes psicológicos y psiquiátricos no han determinado que la procesada haya sufrido algún tipo de grave alteración de la conciencia que la exima de su responsabilidad”. (F. 222). Con oficio de fecha 30 de mayo de 2000 (f. 223), el Juez Penal eleva los autos a la Sala Penal competente. ETAPA INTERMEDIA VIII.
COMPETENCIA DE LA SALA PENAL (f. 224)
Por resolución del 01 de junio de 2000, los vocales de la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en Cárcel se avocan al conocimiento de la presente causa, y trasladan los autos para la vista del Fiscal Superior. IX.
ACUSACIÓN FISCAL (f. 225-229)
Mediante Dictamen № 481-00, con fecha 13 de junio de 2 000, el Fiscal de la 10ª Fiscalía Superior
Penal de Lima opina que Hay Mérito para pasar a Juicio Oral por el delito previsto y sancionado en el artículo 108, inciso 3, del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo № 896; en consecuencia, formula acusación sustancial contra Balvina Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez; y solicita se le imponga veinticinco años de pena privativa de la libertad, y se fije en ocho mil Nuevos Soles el monto de la reparación civil que deberá abonar en favor de los herederos legales del agraviado. El Fiscal Superior, consideró, principalmente, los siguientes fundamentos: “(...) se advierte que la inculpada Balvina Basualdo Espinoza, ha actuado a sangre fría, con gran crueldad y alevosía, ya que se puede apreciar a fs. 63, el Examen de Inspección Técnica, donde en el rubro I punto 4, se describe la forma en que se encontró el cuerpo del agraviado occiso”. (F. 227). “(...) obra a fs. 154 el Protocolo de Evaluación Psiquiátrica practicada a la procesada... así como también corre a fs. 172 la Evaluación Psicológica de la referida procesada... corroborándose entonces que la procesada ha actuado dolosamente y con plena conciencia del ilícito que cometía.”
El Fiscal Superior no solicita la presencia de testigos en la Audiencia; sino la presencia de los médicos legistas que realizaron el Protocolo de necropsia para su ratificación. X.
AUTO DE ENJUICIAMIENTO (f. 230)
Mediante resolución, con fecha 15 de junio de 2000, los vocales de la Sala Penal, de conformidad con el dictamen del Fiscal Superior, declararon Haber Mérito para pasar a Juicio Oral contra Balvina Basualdo Espinoza, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –Homicidio Calificado–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez; por lo tanto, fijaron la fecha y el lugar para la realización de la Audiencia; nombraron Abogado defensor de oficio; dispusieron que se recaben los antecedentes penales y judiciales de la procesada; y, por último, dispusieron la concurrencia de los médicos legistas a fin que ratifiquen el contenido del protocolo de necropsia. Por resolución del 05 de julio de 2000 (f. 238), se fija nueva fecha para el inicio del juicio oral. ETAPA DE JUICIO ORAL XI.
AUDIENCIA
El 21 de julio de 2000, en la Sala de Audiencia del Establecimiento Penitenciario de Santa Mónica, Chorrillos, se apertura la audiencia en el juicio contra la acusada Basualdo Espinoza. (f. 244) En la sesión del 31 de julio de 2000 (f. 247-249), ninguna de las partes ofreció nuevas pruebas. Después de leída la acusación fiscal, la Directora de Debates preguntó a la acusada sobre sus generales de ley. Ante el interrogatorio, la acusada manifiesta que junto con el agraviado se fueron a vivir al AA. HH. Cerro Verde, hace 3 o 4 años. Esporádicamente, recibían la visita de sus hijas, Dora y Jazmín, [12] quienes se quedaban por algunas semanas. El día de los hechos el agraviado llegó mareado, habló sobre mantener relaciones sexuales con las hijas de ella; el agraviado la empujó y se golpeó la columna, cogió un fierro y al no poder clavárselo lo hizo en la puerta, luego se puso a libar cerveza. A las 4 o 5 a.m. encontró al agraviado dormido, sentado en una silla, le fue a reclamar por sus palabras, le tocó del hombro y la silla se fue para atrás, [13] quiso impedirlo pero no pudo porque sintió un dolor en la columna. Luego que el agraviado cayó, ella se retiró porque tenía miedo de su reacción (no vio convulsionar al agraviado). Ella se fue a tomar agua y cuando regresó, al ver que el agraviado no reaccionaba, intentó reanimarlo, sin resultado. Ante la pregunta sobre si ella ahorcó al agraviado, la acusada estalla en llanto. Ella dice que puso una bolsa en la cabeza del agraviado porque vio que las moscas se posaban en su cara, sujetó la bolsa en su cuello porque ésta se salía al arrastrar el cuerpo. Con la correa del perro amarró las manos del agraviado, porque al momento de arrastrar el cuerpo, sus manos se enganchaban con algo. Niega que haya amarrado los pies del agraviado. Enterró el cuerpo en un hoyo para depósito de agua que el agraviado cavó una semana antes. El cuerpo cayó al hoyo y lo cubrió con piedras. Cree que el agraviado y sus hijos tenían algo planificado en contra de ella: “porque el agraviado me dijo días antes que no le dijera a nadie del hoyo que había hecho, quizás era algo planificado, quizás el hueco era para mí.” (F. 249). En la sesión del 03 de agosto de 2000 (f. 251-253), la acusada refiere que tiene 5 hijos: Rocío de 27 años, Laura de 26, Dora de 24, Eduardo de 19 y Yanina de 18. Cada semana sus hijos, Dora y Eduardo,
iban de visita a la vivienda que compartía con el agraviado. Su hijo Eduardo (“Coco”) llegaba los domingos, pues ayudaba a juntar el agua. La acusada dice que el agraviado la maltrataba físicamente, pero no presentaba denuncia ante las autoridades, porque éste la amenazaba que si lo denunciaba nunca iba a ver a sus hijos, pues se los iba a llevar a Ayacucho. No identifica al padre del hijo de Dora, solo dice que “ella no quería saber nada del padre de su hijo” (f. 252). En relación con sus vecinos, la acusada afirma que ella no tenía amistad con nadie, porque el agraviado no se lo permitía. La dolencia en su columna ocurrió después, cuando sufrió un ataque de nervios al ver por televisión la noticia del hallazgo del cadáver del agraviado. En la sesión del 10 de agosto de 2000 (f. 259), se da cuenta de la inconcurrencia de los peritos citados. En la sesión extraordinaria del 11 de agosto (f. 261), la Sala Penal declara improcedente la libertad inmediata y la libertad bajo vigilancia de la acusada; teniendo en cuenta que ésta “viene sufriendo carcelería inferior a la pena solicitada por el representante del Ministerio Público en su acusación escrita... y que además esta no supera las dos terceras partes de dicha pena”. En la sesión del 16 de agosto de 2000 (f. 259), se deja constancia que el médico legista Daniel Alejandro Cavero Soto se ratifica en el contenido y firma del Protocolo de necropsia que obra en el expediente (véase f. 111-113); ante el examen pericial, el mencionado perito ofrece las siguientes explicaciones: “Se encontraron múltiples lesiones en el cráneo [del agraviado], los que han debido haber sido causados por un objeto contundente fuerte, de gran volumen o en todo caso por un agente contundente de menor medida pero repetidas veces” [14] (f. 269). Las lesiones encontradas en el cráneo eran suficientes para producir la muerte. “Presentó mayor fracturas en el lado parietal y occipital derecho, también en el lado izquierdo hubo fracturas múltiples.” (F. 270). Es difícil que tales lesiones en el cráneo se hayan producido por una caída, pero por la precipitación del cuerpo, es probable. No descarta que tales lesiones pudieron ser provocadas por un empujón, [15] pero éste tuvo que ser bastante violento. La asfixia por ahorcamiento no pudo determinarse por el avanzado estado de putrefacción del cuerpo. Se pudo determinar que el agente constrictor (cuerda de nylon) fue colocado al agraviado cuando estaba con vida, pues se encontró signos vitales en esa región. No obstante, es probable que el agente constrictor se haya colocado poco después de la muerte del agraviado. En la misma sesión, los psiquiatras Víctor Guzman Negron y Juan Cachay Muguerza se ratifican en el contenido y firma de la Evaluación psiquiátrica practicada a la acusada (ver f. 154-158); los peritos ofrecen las siguientes explicaciones: “La emoción violenta es un proceso agudo y precede a una estimulación espontánea que exacerba la conducta y pérdida de la conciencia, además que sufre un proceso amnésico, pero el relato que prestó la acusada es coherente y cronológico, por lo tanto se descarta que haya tenido una emoción violenta en ese momento” (f. 270). “Al darse la emoción violenta la conciencia se altera, la persona se altera, pierde la conciencia y no hay recuerdo de nada de lo que pasa en ese momento, pero ello no se da en la acusada, pues ha narrado de manera cronológica la forma como actuó, que fue lo que hizo luego, y la manera como ocultó el cadáver” (f. 2.72).
Respecto al relato de la acusada sobre echarse la culpa para que sus hijos no vayan presos, dicen: “En la primera entrevista no indicó eso, lo hizo recién en la segunda entrevista, y según las fechas en que fueron recepcionadas se nota una variabilidad en su versión y eso lo señalamos, tiende a manipular, no es sincera ni hay coherencia, es por eso que se concluye que es histriónica... se pudo detectar un ocultamiento, una tendencia a la mentira, ello unido a los rasgos disociales es que la lleva a mentir, al ir ambos tipos de personalidades, tanto la histriónica como la disocial, existe un promedio alto que tienda a la mentira” (f. 271). Sobre la posibilidad que la acusada oculte la intervención de otras personas en la comisión del delito, el perito Cachay Mugerza indica lo siguiente: “(...) yo estuve al momento del levantamiento del cadáver, y por la forma, la profundidad del hoyo y la distancia, se puede determinar que como mínimo hayan sido dos personas las que participaron, además habían piedras grandes las que tapaban el hoyo, el cadáver tenía las manos atadas, con una bolsa en la cabeza y encadenado en los pies y ante las condiciones físicas de la encausada lleva a pensar que como mínimo participaron dos personas” (f. 271). “Esta personalidad [histriónica] tiende a exagerar conductas evidentes, un afán desmedido para caer bien por ejemplo, y el fin es alcanzar algo, lograr algo; eso fue lo que se captó y se aúna a las diferentes conductas que narra, tanto en su aspecto familiar, psicosocial, etcétera, de la forma como actúa, y al final se llega a una conclusión clínica” (f. 271). Respecto a los rasgos disociales, dicen: “Es el comportamiento que toma una persona de manera inadecuada, la persona va a seguir rondando en el ilícito y se aúna la manipulación y el ocultamiento; en sí todas las personas tenemos ciertos rasgos disociales, pero lo que marca la diferencia es la decisión ante un hecho determinado, es decir que la situación es lo que marca la conducta” (f. 271). En la sesión del 18 de agosto (f. 277 y 278), el psicólogo Peter León Oyola se ratifica en el contenido y firma del Protocolo de pericia psicológica practicada a la acusada que obra en el expediente (ver f. 172-174); el perito proporciona la siguiente explicación: “[la acusada] es poco honesta, mentirosa, evasiva, perspicaz, tiende a manipular la entrevista y por lo general a transgredir norma sociales” (f. 277). En la misma sesión, se da la Lectura de Piezas Procesales que se mencionan. En la sesión del 25 de agosto (f. 280 y 281), el Fiscal Superior procedió a formular su Requisitoria Oral sin variar lo solicitado en la Acusación escrita, mencionando entre sus fundamentos, lo siguiente: “(...) de autos se advierte, pues, el modo como actuó la encausada, quien no se arrepintió ni después de haber empujado al agraviado, sabiendo que todavía se encontraba con vida, le colocó una bolsa en la cabeza y lo amarro con una cuerda de nylon, y dada la condición física de la acusada es difícil que ella sola haya arrojado al agraviado al hoyo, pero como la investigación ha sido deficiente, no se ha podido determinar cuántas personas más colaboraron en el hecho” (f. 280). “(...) al parecer fueron otros los motivos por los cuales fue asesinado el agraviado y no como refiere la acusada que por el hecho de maltratarla o de amenazarla con abusar sexualmente de sus hijas es que ha cometido el hecho, pues todo hace presumir que había un interés patrimonial, conforme lo hizo entrever el hijo del occiso” (f. 280).
En la misma sesión, el Abogado defensor de oficio en sus Alegatos, solicita que se imponga a su defendida una pena por debajo del mínimo legal establecido para este delito; expresando entre sus argumentos lo siguiente: “(...) se debe tener en cuenta su condición social, las situaciones de violencia que era objeto mi defendida por parte del agraviado, de los continuos maltratos físicos y psicológicos... mi defendida es una persona normal, no registra antecedentes, ha sido sincera” (f. 280 y 281). Con fecha 28 de agosto, el Fiscal Superior presenta sus conclusiones (f. 283 y 284); de igual modo, el Abogado defensor de oficio (f. 285), en que solicita, “se adecue el tipo penal instruido al que realmente corresponda dado que los elementos constitutivos del ilícito no se identifican con el de homicidio calificado, más sí por el de homicidio simple”. En la sesión del 28 de agosto, la acusada tiene la última palabra, sin nada más que agregar; luego se suspende la Audiencia para ser discutidas y votadas las cuestiones de hecho (f. 286 y 287). Reabierta la Audiencia, se procedió a la lectura de la sentencia. ETAPA RESOLUTIVA XII.
SENTENCIA DE LA SALA PENAL SUPERIOR (f. 288-295)
Mediante resolución, con fecha 28 de agosto de 2000, los vocales de la Sala Penal Superior, fallan: declarando, en aplicación del principio de la determinación alternativa, [16] que los hechos instruidos no corresponden al delito de homicidio calificado, sino de parricidio; por consiguiente, condenaron a Balvina Basualdo Espinoza, como autora del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud –Parricidio–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez, a once años de pena privativa de la libertad; fijaron en ocho mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los herederos legales del agraviado; y, dispusieron el recurso de nulidad de oficio; [17] considerando, principalmente, los siguientes fundamentos: “(...) para la valoración probatoria de lo actuado... cabe señalar que de las dos hipótesis en conflicto, la acusatoria y la de la defensa acerca de lo sucedido en la fecha señalada, surge en el Colegiado una duda razonable acerca del tipo penal materia de incriminación a la procesada; en este orden de ideas es importante precisar... que la acusada fue la única persona presente en dicho momento; que ésta ha admitido su responsabilidad, precisando los detalles de la muerte del occiso; que esta versión ha sido corroborada con el resultado del Protocolo de Necropsia... en el cual concluye como causa de muerte ‘... Traumatismo encéfalo craneano y cervical debido a un agente contundente y a un agente constrictor respectivamente’... [conforme a las precisiones ofrecidas en el acto oral por el médico legista Cavero Soto] ello corroboraría la versión de la encausada al afirmar que al percatarse de que el agraviado se encontraba muerto, se puso nerviosa y no sabía a quien recurrir, por lo que decide enterrarlo, y, que las ataduras halladas en el cuerpo del occiso fueron motivadas para facilitar el entierro del mismo; que ante esta situación surge una duda razonable en cuanto a la forma y circunstancias en que se causó la muerte del agraviado, lo cual nos lleva a recurrir ante... el Principio del Indubio Pro Reo, en la valoración de la relación persona-medio criminoso... en tal sentido el delito de Homicidio Calificado imputado a la procesada no se encuentra probado, pues, se trataría de un Homicidio, llamado en nuestra doctrina Uxoricidio, sin las circunstancias agravantes que contempla el artículo ciento ocho [del Código Penal]” (f. 292-294).
“(...) para los efectos de la graduación de la pena se debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a las ya señaladas, como es la siguiente: Que la acusada atravesaba en ese momento una situación motivacional, pues era objeto de constantes agresiones por parte del occiso, tanto psicológicos como físicos, lo cual se halla corroborado con la declaración de Akira magno Fachín Pacaya que obra de fojas veintiséis a veintinueve, ello aunado a lo indicado en la propia declaración de la procesada, pues si bien es cierto ésta no se encontraba ante una mera situación de emoción violenta, pero si bajo las secuelas de ésta, circunstancia por lo que a criterio del Colegiado, deberá rebajársele la pena por debajo del mínimo legal” (f. 294). XIII.
DICTAMEN SOBRE LA CONSULTA (f. 299-301)
Mediante Dictamen N° 1730-2000, con fecha 20 de diciembre de 2000, el Fiscal de la 1ª Fiscalía Suprema Penal opina que se declare No Haber Nulidad en la sentencia consultada; teniendo en cuenta que “(...) la procesada Basualdo Espinoza, reconoce haber empujado en forma casual al agraviado cuya acción concluyo con consecuencias fatales, situación ésta que no concuerda con el Protocolo de Necropsia y su ratificación” (f. 300). XIV.
RESOLUCIÓN DE LA SALA PENAL SUPREMA (f. 302 y 303)
Por Consulta № 556-2000 Lima, con fecha 27 de febrero de 2001, los vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema de la Rep ública declararon No Haber Nulidad en la sentencia consultada
que condena a Balvina Basualdo Espinoza, como autora del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud –Parricidio–, en agravio de Casimiro Lucio Sandoval Pérez, a once años de pena privativa de la libertad; declararon Haber Nulidad en la propia sentencia en cuanto fija en ocho mil Nuevos Soles el monto por concepto de reparación civil, y reformándola en este extremo, fijaron en veinte mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los herederos legales del agraviado. La Sala Penal Suprema, para incrementar el monto por reparación civil, solo consideró lo siguiente: “la reparación civil fijada por la Sala Penal Superior no guarda proporción con el daño irrogado; que al no haber procedido de esta manera la Sala Penal Superior, corresponde a esta Suprema Sala, modificarla en forma prudencial”. (f. 302) ETAPA DE EJECUCIÓN XV. 15.1.
ARCHIVO DEL PROCESO REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL
Mediante resolución del 07 de marzo de 2002 (f. 310), el Juez del 10º Juzgado Penal de Lima, en el estado de ejecución de sentencia, se avoca al conocimiento de la presente causa, por lo que requiere a la sentenciada el pago de la reparación civil, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. 15.2.
ARCHIVO DEL PROCESO
Mediante resolución del 24 de septiembre de 2002 (f. 317), el Juez Penal, teniendo en cuenta la inacción de las partes por más de cuatro meses, resuelve archivar provisionalmente el presente proceso y remitirlo al Archivo de la Corte Superior de Lima.
SEGUNDA PARTE ANÁLISIS CRÍTICO DEL EXPEDIENTE PENAL
XVI. 16.1. PUNIBLE
HECHOS NO TOMADOS EN CUENTA EN LA INSTRUCCIÓN POSIBILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS PERSONAS EN EL HECHO
En su manifestación policial del 03 de febrero de 2000, la procesada afirma que, en febrero de 1999, sus hijos Dora y Eduardo llegaron a vivir en la casa que compartía con el agraviado, lugar donde se suscitó el hecho punible. La hija de la procesada, Dora Franco, en su manifestación policial menciona que estuvo en la referida casa alrededor de 2 meses, sin indicar una fecha exacta, aunque presumiblemente hasta mayo de 1999, mes en el que afirma se extravió su perro con una cadena (la misma que fue encontrada por los peritos, sujetando los tobillos del agraviado). El otro hijo de la procesada, Eduardo Franco, en su manifestación policial indica que hasta diciembre de 1998 residía en la mencionada casa, pero después de esa fecha iba de visita todos los domingos; esto último es corroborado por la procesada, en su manifestación policial del 03 de febrero de 2000. En su manifestación policial, Akira Fachín, vecino de los sujetos del hecho punible, indica que junto con ellos vivían los tres hijos de la imputada, a los que no identifica por sus nombres, pero de acuerdo a su descripción, presumiblemente se trata de Dora, Eduardo y Yanina. Este vecino afirma que las personas mencionadas estuvieron viviendo en ese lugar hasta la última vez que vio al agraviado, esto es, entre la última semana de mayo y los primeros días de junio de 1999. Juan Sandoval, hijo del agraviado, en su manifestación policial afirma que en la casa de los convivientes residían los tres hijos de la mujer, a los que identifica como Dora y a los dos restantes por sus apelativos, aunque probablemente hace referencia a Eduardo (llamado “Coco”) y Yanina (nombrada como “Liliana”). En cambio, Jesús Sandoval, el otro hijo del agraviado, en su manifestación policial indica que además de los nombrados, junto a los convivientes estaba una niña de 3 años –posiblemente la hija de Dora–, y las respectivas parejas de las hijas de la imputada. Empero, hay que considerar que en esas manifestaciones policiales no se contó con la presencia del representante del Ministerio Público. Ponce García, vecino de los sujetos del hecho punible, en la entrevista hecha por la Policía, afirma que junto con ellos vivían los dos hijos de la imputada, a los que solo identifica como un hombre y una mujer; asimismo, después que el agraviado desapareció, dice haber visto a la imputada junto con sus hijos sacando sus pertenencias de la casa que compartían con el agraviado. Cayo Cárdenas, primo del agraviado, en la entrevista hecha por la Policía, indica que en la mencionada casa también residían los tres hijos de la mujer, a los que señala como dos mujeres y un hombre. Robert Fachin, en la entrevista hecha por la Policía, indica que un día antes del Día del Padre se realizó una fiesta en el lugar de los hechos, que empezó a las 22:00 horas y que escuchó las voces de 4 ó 5 personas. Respecto a
las mencionadas entrevistas, se debe tener en cuenta que en esas diligencias no estuvo presente el representante del Ministerio Público. Pese a lo afirmado por la procesada y sus hijos, Dora y Eduardo Franco, en la etapa de investigación policial se obtuvieron manifestaciones de personas que afirman que en el lugar de los hechos, además de la procesada y el agraviado, vivían los hijos de ésta. En esa afirmación coinciden los parientes del agraviado, Juan Sandoval, Jesús Sandoval y Cayo Cárdenas; también los vecinos del lugar, tales como Akira Fachín y Ponce García. Aunque hay que resaltar que la única manifestación que tendría valor probatorio sería la de Akira Fachín, porque se realizó con la presencia del representante del Ministerio Público. Asimismo, hay que resaltar que Jesús Sandoval es el único que menciona, además de los hijos de la procesada, a más personas que residían en el lugar de los hechos. También es preciso notar que Robert Fachin recuerda la realización de una fiesta un día antes del Día del Padre en el lugar de los hechos, y que escuchó las voces de 4 ó 5 personas; al respecto, de acuerdo con la versión de la procesada, el hecho se suscitó entre el viernes 11 y sábado 12 de junio de 1999, vale decir, una semana antes del Día del Padre, que fue el domingo 20. Esto último se hace notar porque, según la versión de la procesada, en la fecha del hecho punible el agraviado puso alto el volumen de la radio, mientras se puso a libar licor y vociferar en contra de la procesada. Esta bulla proveniente del lugar de los hechos, no es recordada por los vecinos del lugar, excepto por Robert Fachin, aunque en una fecha en que el hecho punible, supuestamente, ya había ocurrido. La procesada, en su declaración instructiva, afirma que el agraviado y ella vivían juntos en el lugar de los hechos, desde enero de 1999 (aunque en otra parte de su declaración dice que desde noviembre de 1998); asimismo, manifiesta que su hija Dora había estado con ellos por 28 días con su bebe, y su hija Janina también estuvo unos días, para conocer a su sobrina. En su declaración testimonial, Juan Sandoval refiere que junto con los convivientes, estaban Eduardo, Dora, una niña, Laura y su esposo. A diferencia de su manifestación policial, el testigo menciona a la otra hija de la procesada, Laura Franco, y al esposo de ésta. En su dictamen final, la Fiscal Provincial menciona que no se descarta la posibilidad de que la procesada haya contado con la complicidad de otras personas, teniendo en cuenta la forma cómo fue encontrado el cadáver del agraviado, la condición física de la procesada y lo accidentando del terreno. En el interrogatorio del juicio oral, la acusada afirma que esporádicamente, a la casa que compartía con el agraviado, llegaban de visita sus hijas, Dora y Yanina, quienes se quedaban por algunas semanas. En otra parte del interrogatorio, la acusada refiere que cada semana sus hijos, Dora y Eduardo, llegaban de visita; este último iba todos los domingos, pues ayudaba a juntar el agua. Al respecto hay que resaltar que, tanto en su manifestación policial como en su instructiva, la procesada no había dicho que su hija Dora la iba a visitar todas las semanas; aunque, respecto a su hijo Eduardo, se mantuvo en su afirmación de que éste venía de visita los domingos. La procesada, en su evaluación psiquiátrica, relata lo siguiente: “Yo me he echado la culpa porque iban a meter preso a mis hijos y Juan [Sandoval Guardia] dijo que iba a violar a mis hijas” (f. 156). Respecto a dicho relato, en el juicio oral, los psiquiatras Guzman Negron y Cachay Muguerza explican que, debido a que en la acusada se presentan las personalidades histriónica y disocial, existe un promedio alto que tienda a la mentira.
En el juicio oral, sobre la posibilidad de que la acusada oculte la intervención de otras personas en la comisión del delito, el perito Cachay Mugerza, que afirma haber estado al momento del levantamiento del cadáver, indica que como mínimo fueron dos personas las que participaron en el hecho, teniendo en cuenta cómo fue encontrado el cuerpo, las grandes piedras que tapaban el hoyo y las condiciones físicas de la acusada. En su requisitoria oral, el Fiscal Superior, considerando la condición física de la acusada, sostiene que ella sola no pudo arrojar el cuerpo del agraviado al hoyo, pero no se ha podido determinar cuántas personas más colaboraron en el hecho punible porque la investigación fue deficiente. [18] Por lo expuesto, se coincide con el dictamen del Fiscal Superior, en el sentido de que un mejor desarrollo de la investigación hubiera revelado la identidad de las personas que participaron en el hecho punible,[19] pues, de acuerdo a lo que obra en el expediente, es bastante improbable que la condenada haya podido actuar sola. 16.2.
POSIBILIDAD DE QUE EL HOYO NO HUBIERA SIDO CAVADO POR EL AGRAVIADO
En su manifestación policial del 04 de febrero de 2000, la procesada refiere que enterró el cuerpo del agraviado en un hoyo que éste había cavado para hacer un depósito de agua. La hija de la procesada, Dora Franco, en su manifestación policial afirma que el agraviado había cavado el mencionado hoyo, sin indicar cómo se enteró de eso, ya que, según su versión, ella ya no residía en el lugar de los hechos. Por el contrario, el otro hijo de la procesada, Eduardo Franco, en su manifestación policial, indica que no sabía que allí se había cavado un hoyo. Teniendo en cuenta que Eduardo Franco, aunque ya no residía en dicho lugar, solía llegar de visita todos los domingos, no se entiende porque él desconocía que el agraviado había cavado un hoyo, mientras que sí lo sabía su hermana que, según su manifestación, ya no vivía en ese lugar. En la inspección bio criminalística, que consta en el dictamen pericial de biología forense N° 010-00, los peritos biólogos indican que el cadáver del agraviado fue encontrado en un hoyo con las siguientes dimensiones: 1.20 m. de largo, 1 m. de ancho y 1.50 m. de profundidad. Por tanto, se estima que dicho hoyo tiene características más de un sepulcro, que de un depósito de agua; al respecto, hubiera sido necesario investigar si en esa zona de Villa Maria del Triunfo había otras viviendas que contaban con un pozo en tierra, sabiendo que no había conexiones de agua potable en la zona. La procesada, en su declaración instructiva, reafirma que enterró el cuerpo del agraviado en el hoyo que éste había cavado para hacer un depósito de agua, quince días antes de ocurrido el hecho. Por tanto, el hoyo había sido cavado con la suficiente anterioridad para que Eduardo Franco lo notara, pues éste acudía al lugar de los hechos todos los domingos; empero, en este punto, la manifestación de la procesada con la de su hijo es contradictoria, porque éste niega que el agraviado haya cavado un hoyo en el lugar de los hechos. La manifestación de la procesada sólo es corroborada por la de su hija, Dora Franco, aunque ésta manifestó que ya no vivía en el mencionado lugar. De acuerdo con la ficha somatológica de identificación del cadáver, contenido en el dictamen pericial de antropología forense, se llega a la conclusión que el cadáver corresponde al sexo masculino, estatura de 1.65 m., contextura delgada y de 50 años de edad aproximadamente. Por otra parte, según el examen bio forense, presente en el dictamen pericial de biología forense correspondiente a la procesada,
ésta tiene 48 años de edad, 1.48 m. de estatura, contextura delgada, entre otras características antropofísicas. Por consiguiente, de acuerdo con la manifestación de la procesada, habría que aceptar que una persona de sus características pudo arrastrar el cuerpo del agraviado hacia el hoyo, arrojarlo en su interior, y después cubrir el hoyo con tierra y piedras. Junto a esta posibilidad habría que considerar que, según lo dicho por la procesada, antes del desenlace fatal ella había sufrido una caída, por lo que le dolía la columna. En el interrogatorio del juicio oral, la acusada dice que sospechaba que el agraviado y sus hijos tenían algo planificado en contra de ella, porque días antes el agraviado le dijo que no le dijera a nadie del hoyo que había hecho, por lo que cree que quizás el hueco era para ella. Por tanto, se sostiene que, por las manifestaciones contradictorias entre la procesada y su hijo Eduardo Franco, es probable que el agraviado no cavó el hoyo donde fue enterrado, el mismo que, según se afirmó, tiene más características de un sepulcro que de un reservorio para agua. Asimismo, se estima que es improbable que la procesada haya cavado el hoyo –al menos, no sola–, dada sus características antropofísicas y las condiciones del terreno; lo que, en suma, refuerza la hipótesis sobre la intervención de otras personas en el hecho punible. XVII.
HECHOS NO TOMADOS EN CUENTA EN EL JUZGAMIENTO
17.1.
CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES DE LA PROCESADA
En su manifestación policial del 04 de febrero de 2000, la procesada afirma haber empujado al agraviado y que éste se golpeó la cabeza con una piedra a la altura de la sien izquierda, y dice haber visto convulsionar al agraviado producto del golpe. Asimismo, en dicha manifestación, indica haber arrastrado el cuerpo del agraviado hacia la cocina, con la intención de reanimarlo. Después que creyó que el agraviado estaba muerto, la procesada afirma haber puesto una bolsa plástica en su cabeza, para evitar que se posaran las moscas en su rostro, y luego haber amarrado sus extremidades para facilitar el arrastre del cuerpo hacia el hoyo, utilizando la cadena del perro para sujetar las manos. En su declaración instructiva la procesada manifiesta que, después que empujó al agraviado, se rompió una de las patas de la silla donde estaba sentado y cayó hacia atrás; por lo que varia su primera versión de los hechos, en que el agraviado se golpea con una piedra en la sien izquierda. Asimismo, en la referida declaración, dice que luego de la caída vio convulsionar al agraviado, por lo que trató de reanimarlo, pero sin resultado; aquí debe notarse que, a diferencia de lo dicho en su manifestación policial, la procesada no dice que arrastró el cuerpo hacia la cocina para reanimarlo. En su instructiva, la procesada dice algo que no había dicho antes, refiere que con un cordel sujetó la bolsa en el cuello del agraviado, para que ésta no se saliera, mientras arrastraba el cuerpo hacia el hoyo. Para la Fiscal Provincial, en su dictamen final, es evidente que la muerte del agraviado no se produjo de modo accidental, conforme la procesada lo indica, por lo que su versión, plagada de contradicciones, no resulta creíble, sino que solo trata de evadir o atenuar su responsabilidad. En el interrogatorio del juicio oral, la acusada vuelve a cambiar su versión de los hechos, pues señala que no empujó al agraviado sino que solo le tocó el hombro, luego la silla se fue para atrás, quiso impedir la caída del agraviado pero no pudo porque sintió un dolor en la columna (antes de eso, dice que el agraviado la empujó contra el suelo, golpeándose en la columna). En el juicio oral la acusada
niega haber visto convulsionar al agraviado, sino que por miedo a la reacción de éste, se fue hacia la cocina para tomar agua y cuando regresó, al notar que el agraviado no reaccionaba, intentó reanimarlo, sin resultado. Asimismo, la acusada afirma que con la correa del perro amarró las manos del agraviado, para arrastrar el cuerpo, pero niega que haya amarrado los pies del agraviado. Sobre el particular es necesario resaltar que, de acuerdo con la inspección técnico criminalística, la cadena del perro fue usada para atar los pies del agraviado (por los tobillos), mientras que sus manos (por las muñecas) fueron atados con un cable de luz. En el examen pericial del juicio oral, los psiquiatras Guzman Negron y Cachay Muguerza explican que debido a que en la acusada se presentan las personalidades histriónica y disocial, existe un promedio alto que tienda a la mentira. En cuanto a la personalidad histriónica, los peritos explican que ésta tiende a exagerar conductas evidentes, por ejemplo, tiene un afán desmedido por caer bien a los demás, con el fin de conseguir algo. Respecto a los rasgos disociales, los peritos explican que la persona es proclive a cometer actos ilícitos, a lo que se aúna la manipulación y el ocultamiento; si bien todos tenemos ciertos rasgos disociales, lo que marca la diferencia es la decisión ante un hecho determinado. A su turno en el juicio oral, el psicólogo León Oyola expresa que la acusada es poco honesta, mentirosa, evasiva, perspicaz, tiende a manipular la entrevista y, por lo general, a transgredir normas sociales. Para el Fiscal Superior, en su requisitoria oral, el agraviado todavía estaba con vida cuando cayó al suelo, pero que la acusada, para ultimarlo, le colocó una bolsa en la cabeza y lo amarró con una cuerda de nylon. Sobre el particular, aunque la versión de los hechos por parte de la procesada no sea creíble, no se encuentra en el expediente medios probatorios que sustenten la hipótesis planteada por el Fiscal Superior (mas sí la asfixia por estrangulamiento, conforme más adelante se comentará). En los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal Superior, se indica que siendo la acusada el único testigo de los hechos, y que ésta ha admitido su responsabilidad relatando lo ocurrido, existe una duda razonable en cuanto a la forma y circunstancias en que se causó la muerte del agraviado; por lo que, el colegiado, aplicando el principio del indubio pro reo en la valoración de la relación persona-medio criminoso, tiene por probada la versión de los hechos por parte de la acusada; relato que, en consideración del colegiado, ha sido corroborado con el resultado del protocolo de necropsia que concluye como causa de muerte “Traumatismo encéfalo craneano y cervical debido a un agente contundente y a un agente constrictor respectivamente”, de conformidad con las precisiones ofrecidas en el acto oral por el médico legista Cavero Soto. Por el contrario, el Fiscal Supremo, en su dictamen, señala que la versión de la condenada de haber empujado de forma casual al agraviado, con consecuencias fatales, no concuerda con el protocolo de necropsia y su ratificación. Dicho eso, si bien no se cuenta con suficientes medios probatorios, ya que, conforme opina el Fiscal Superior, la investigación fue deficiente, se discrepa con lo que se tiene por probado en la sentencia de la Sala Penal Superior; toda vez que es evidente que la procesada no ha tenido una versión uniforme a lo largo del proceso, sobre todo para explicar la forma cómo se produjeron las lesiones en la cabeza del agraviado, la bolsa que se le encontró cubriendo su cabeza y sujetado alrededor del cuello con un pasador, y la forma cómo fue maniatado de pies y manos. Esas circunstancias del relato eran importantes para determinar la forma cómo el agraviado fue ultimado, y es precisamente en esos aspectos que la procesada varía notablemente su versión de los hechos.
Por tanto, teniendo en cuenta la personalidad histriónica y disocial de la condenada, se llega a la conclusión que su relato de los hechos no fue sincero. [20] De ese modo, se discrepa con los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal Superior, pues no se puede tener como probada la versión de la acusada, cuando dicho relato no es uniforme, sino bastante variable; en todo caso, el órgano judicial debió precisar cual de todas las versiones dadas por la procesada, a lo largo del proceso, se tuvo por probada; asimismo, se discrepa con que alguna de dichas versiones sea corroborada por el protocolo de necropsia y su ratificación, sino se estima que es todo lo contrario, coincidiendo con el dictamen del Fiscal Supremo. En suma, se considera que alguien que mató sin dolo, ni culpa, no ocultaría el cuerpo, pues la opción racional es que de aviso a las autoridades, para que con las investigaciones respectivas se determine su no culpabilidad por el resultado muerte. Por tanto, se estima que la versión de la procesada no tiene sustento probatorio, siendo contraria a los documentos científicos que obran en el expediente. En ese orden de ideas, la personalidad histriónica de la condenada tal vez explicaría el porqué el órgano judicial pudo ser influenciado por el contacto directo con una persona que suele representar un "papel" frente a los demás, para obtener algo, en este caso, para que sea creíble su historia de la mujer oprimida por el hombre abusivo, que vio en su muerte el único camino para alcanzar su libertad. Esto lleva a pensar en que la inmediación tiene sus peligros, que el juzgador debe tomar en cuenta. 17.2.
EL MÓVIL DEL DELITO
Respecto a la diferencia entre los móviles y el dolo, Salinas Siccha ofrece la siguiente explicación: “Resulta importante no confundir los motivos o móviles que determinaron al agente a dar muerte a su víctima con el elemento subjetivo del tipo denominado ‘dolo’. Mientras los primeros son las causas que hacen nacer en el homicida la intención de quitar la vida a su víctima, el dolo es el conocer y querer quitar la vida a la víctima.”[21] Ahora bien, la hija de la procesada, Dora Franco, en su manifestación policial indica que su madre y el agraviado llevaban una relación pacífica; de igual modo lo afirma el otro hijo de la procesada, Eduardo Franco, también en su manifestación policial. No obstante, dicha afirmación no se condice con la manifestación de la procesada, ni de otras personas a las que se les tomó su declaración en el presente proceso. Akira Fachín, vecino de los convivientes, en su manifestación policial afirma que pudo observar a los convivientes con aparentes signos de lesiones, e indica que los vecinos comentaban que en el interior de esa familia se producía muchas peleas. Moreno Pinedo, compadre del agraviado, en su manifestación policial dice que la última vez que vio al agraviado, en junio de 1999, éste le comentó que tenía problemas con su conviviente, pues ella se llevaba su dinero y se ausentaba por varios días. Juan Sandoval, hijo del agraviado, en su manifestación policial afirma que la relación de convivencia era conflictiva, hasta había denuncias por maltratos físicos en la Comisaría de Villa El Salvador. Jesús Sandoval, el otro hijo del agraviado, en su manifestación policial señala que la última vez que vio a su padre, en junio de 1999, le comentó que tenía problemas con su conviviente, porque ésta le sacaba su dinero y sus hijos lo golpeaban cuando llegaba mareado.
No obstante, hay que tener en cuenta que en esas manifestaciones policiales no se contó con la presencia del representante del Ministerio Público. Ponce García, vecino de los convivientes, en la entrevista hecha por la Policía, afirma haber visto al agraviado con frecuencia en estado de ebriedad y que en ocasiones la procesada le mostraba las lesiones que le ocasionaba el agraviado. Cayo Cárdenas, primo del agraviado, en la entrevista hecha por la Policía, afirma que los convivientes se llevaban mal, y que en ocasiones el agraviado le había mostrado las lesiones que le causaban, incluso una vez le dijo que tenía intenciones de mudarse de ese lugar. Pérez Quito, vecina de los convivientes, en la entrevista hecha por la Policía, señala que el agraviado le contó que se llevaba mal con su mujer y que tenía intenciones de mudarse. Robert Fachin, en la entrevista hecha por la Policía, afirma que los convivientes se peleaban constantemente cuando estaban mareados. En cuanto a las mencionadas entrevistas, se debe considerar que en esas diligencias no estuvo presente el representante del Ministerio Público. La procesada, en su declaración instructiva, afirma que el agraviado se ponía agresivo cuando estaba ebrio, y ofendía a sus hijos y a ella. En dicha declaración, la procesada justifica que haya empujado al agraviado, porque estaba furiosa por lo que dijo sobre sus hijas (Dora y Yanina), esto es, que tenía la intención de mantener relaciones sexuales con ellas (aunque utilizando palabras soeces). En su declaración testimonial, Juan Sandoval manifiesta que su padre le reclamaba a la procesada porque los hijos de ésta vivían con ellos en la casa, y porque ella le sustraía su dinero. Moreno Pinedo, en su declaración testimonial, indica que el agraviado le comentó que tenía problemas con la procesada, pues ella le sustraía su dinero y por eso tenía la intención de mudarse. En su dictamen final, la Fiscal Provincial estima que la relación de convivencia, entre el agraviado y la procesada, habría sido bastante inestable, pues ambos discutían y se lesionaban, debido a que el agraviado consumía licor habitualmente, y bajo sus efectos se tornaba violento y agresivo. El Fiscal Superior, en su requisitoria oral, refiere que el móvil del asesinato no fue, como refiere la acusada, que el agraviado la maltrataba o la amenazaba con abusar sexualmente de sus hijas, sino que es probable que había un interés patrimonial por parte de la acusada. El Abogado defensor de oficio, en sus alegatos, pide que el colegiado tenga en cuenta los actos de violencia que era objeto su defendida por parte del agraviado, estos son, los continuos maltratos físicos y psicológicos que el agraviado causaba a su defendida. Dicho eso, se sostiene que existen indicios que, antes de los hechos materia de juzgamiento, entre el agraviado y la procesada existía una relación conflictiva, lo que los llevaba hasta el punto de causarse lesiones mutuamente. [22] Es probable que el conflicto se haya producido por cuestiones económicas, ya que la procesada dependía económicamente del agraviado y, al parecer, también los hijos de ésta; al respecto, se debe tener en cuenta que el agraviado tenía afición a las bebidas alcohólicas, lo que debía mermar su capacidad económica, y también debe considerarse que en el expediente existen muchas manifestaciones que indican que el agraviado tenía intenciones de alejarse de la procesada. Asimismo, se estima que no se ha llegado a comprobar que, en dicha relación conflictiva, el agraviado haya tenido una posición dominante y la procesada un rol sumiso, pues, según algunos declarantes en el presente proceso, el agraviado incluso sufría maltratos por parte de los hijos de la procesada.
17.3. POSIBLE ESTRANGULAMIENTO DEL AGRAVIADO ANTES DE SUFRIR LAS LESIONES EN LA CABEZA En la inspección bio criminalística, que consta en el dictamen pericial de biología forense № 010-00, los peritos bi ólogos señalan que el cadáver del agraviado fue encontrado, decúbito ventral, con el rostro hacia abajo, los miembros inferiores encadenados por la parte de los tobillos, los miembros posteriores atados con cable de teléfono por las muñecas de las manos, entrecruzadas y llevadas hacia la parte dorsal del cuerpo. Asimismo, los peritos biólogos indican que la cabeza del agraviado estaba cubierta con una bolsa de plástico de color blanco, sujetada con un cordón de nylon alrededor el cuello. Según el dictamen pericial fisicoquímico, se concluye que la cadena metálica (96 cm.), el cable de luz (90 cm.) y el pasador de fibra sintética (76 cm.), corresponden a elementos constrictores. Por tanto, mediante este dictamen se precisan las características y uso de las mencionadas evidencias, que fueron encontradas en la inspección técnico criminalística practicada en el lugar de los hechos. [23] De acuerdo con el protocolo de necropsia, las causas del fallecimiento del agraviado fueron: traumatismo encéfalo craneano y cervical, debido a un agente contundente y a un agente constrictor respectivamente. Entonces, el traumatismo encéfalo craneano fue causado por un agente contundente, y el traumatismo cervical por un agente constrictor. En la cabeza de la víctima, los médicos legistas encontraron las siguientes lesiones traumáticas: hematoma en región frontal izquierda, parietal izquierda, temporal y occipital derecho del cuero cabelludo; fractura de huesos occipital (lado derecho), temporal derecho y silla turca; y, hemorragia de periostio (región temporal izquierda y occipital derecha). En el cuello de la víctima, los médicos legistas encontraron lo siguiente: presencia de surco cervical ligeramente oblicuo, completo; equimosis de músculos de la región cervical y de cartílagos cricoides y tiroides. En este punto es necesario hacer referencia a los aportes de la medicina legal sobre traumatología, específicamente sobre las lesiones. Según Nerio Rojas, la contusión es la “lesión provocada por choque o aplastamiento contra un cuerpo duro, no cortante.” [24] Conforme el mismo autor explica, las contusiones pueden dividirse en cuatro grupos: 1) la excoriación, 2) la contusión con derrame, 3) la contusión profunda sin herida cutánea, y 4) la herida contusa. Respecto al segundo grupo, el mencionado autor señala que se trata de la forma más típica y frecuente de la contusión. Dicho derrame puede ser seroso o sanguíneo; el primero es subcutáneo, no es visible de afuera. Respecto al segundo, Rojas apunta lo siguiente: “La equimosis es el derrame sanguíneo causado por un choque, por ruptura de los vasos cutáneos y del tejido celular, con infiltración de los tejidos vecinos.” [25] El citado autor agrega lo siguiente: “El derrame sanguíneo se colecciona a veces con bordes netos y hace saliente al exterior, constituyendo la bolsa sanguínea... Cuando esa colección sanguínea con líquido y coágulo se produce en planos subcutáneos más profundos se forma el llamado hematoma, que supone un traumatismo violento.” [26] Según el citado protocolo de necropsia, y de acuerdo con la explicación de Nerio Rojas, en la cabeza de la víctima se encontró el tipo de contusión con derrame, específicamente el sanguíneo, tanto equimosis (en el cuello) como hematomas (en la cabeza); los primeros ocasionados por un agente constrictor (cable de luz), mientras que los segundos por un agente contundente (no determinado). Es necesario resaltar que en el cuerpo de la víctima se encontraron hematomas en diversas partes del cráneo, inclusive en la parte frontal, lo que no se condice con la caída del cuerpo sobre sus espaldas, habiendo
estado el caído sentado sobre una silla (la explicación de la procesada es que las lesiones en esa zona debieron producirse cuando el cuerpo cayó al hoyo). También debemos señalar que el agente contundente, en versión de la procesada, sería el suelo del lugar de los hechos, pero ni en la instrucción ni en el juicio oral se pregunta a la procesada sobre el particular; sin embargo, por lo que se describe en la inspección bio criminalística, el suelo era de tierra. En el examen pericial efectuado en el juicio oral, el médico legista Cavero Soto explica que las múltiples lesiones encontradas en el cráneo del agraviado debieron ser causadas por un objeto contundente fuerte, de gran volumen, o por un agente contundente de menor medida, pero repetidas veces. Sobre este último supuesto, el perito afirma que pudo ser causado por golpes con piedras. Dichas lesiones en el cráneo, según explica el perito, se produjeron cuando el agraviado estaba con vida, pues en las fracturas se encontraron signos vitales (sangre atrapada en los tejidos). El perito señala que es difícil que tales lesiones en el cráneo se hayan producido por una caída, pero por la precipitación del cuerpo, era probable. En cuanto a las diferencias de las contusiones producidas por caída y precipitación, Vargas Alvarado explica lo siguiente: “En ambos casos se trata de contusiones ocasionadas por el desplome de la víctima. Es caída cuando ocurre en el mismo plano de sustentación, y precipitación si se produce en uno que se encuentra por debajo del plano de sustentación.” [27] Por tanto, según la manifestación de la procesada y la explicación anotada, el agraviado habría perdido la vida por las contusiones en el cráneo producidas por caída, pues el desplome de la víctima se produjo en el mismo plano de sustentación. Conforme a la explicación del médico legista Cavero Soto, era difícil que producto de esa caída se hubiera ocasionado las lesiones en el cráneo de la víctima. Asimismo, según la manifestación de la procesada, el cuerpo de la víctima fue depositado en el interior del hoyo, desde una altura aproximada de 1.50 m. –profundidad del hoyo de acuerdo con la inspección bio criminalística, que consta en el dictamen pericial de biología forense № 010-00 – ; vale decir, el desplome de la víctima se produjo por debajo del plano de sustentación. De acuerdo con la explicación del médico legista Cavero Soto, las lesiones en el cráneo de la víctima pudieron ser ocasionadas por la precipitación del cuerpo. Ahora bien, respecto a las lesiones encontradas en el cuello de la víctima, en el mencionado protocolo de necropsia se detalla que el cadáver presentaba alrededor del cuello una cuerda de nylon de 58 cm. de longitud por 1 cm. de ancho, que daba cuatro vueltas con un nudo doble situado en la región cervical anterior derecha; en opinión de los médicos legistas, este elemento produjo constricción cervical y lesiones en esa región, ocasionando probablemente una asfixia por ahorcamiento, pero sin tener certeza porque el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción orgánica. En este punto es necesario anotar aportes de la medicina legal sobre asfixiología. Nerio Rojas, respecto a la estrangulación homicida, anota lo siguiente: “Es evidente que, dada su forma de acción, la estrangulación homicida es difícil tratándose de adultos, pero ello es posible si son varios los agresores, o si es único, pero muy vigoroso, o tomando con el lazo por sorpresa a la víctima, o inmovilizándola con un traumatismo previo... es más común y fácil en el infanticidio, a menudo unida a la sofocación.” [28] El citado autor menciona las siguientes características, generales, del surco por estrangulamiento: “es profundo (menos que en la ahorcadura), horizontal, en círculo más o menos completo, a la altura de la laringe (es más alto y oblicuo en la ahorcadura)... El cuello presenta, además, lesiones internas. Aparecen sufusiones sanguíneas en los sitios traumatizados, en el tejido celular subcutáneo y en los
músculos, lo mismo que en la laringe. En los cartílagos de este órgano, lo mismo que en los huesos hioides, se encuentran fracturas, y éstas son aquí más frecuentes que en la ahorcadura, dada la altura de la compresión.” [29] Por su parte, sobre los signos externos del estrangulamiento, Vargas Alvarado menciona lo siguiente: “[el surco de estrangulación] Se encuentra a la altura o por debajo del cartílago tiroides o ‘nuez de Adán’; es completo (circunda todo el perímetro del cuello) y horizontal... Las marcas de compresión por lazo tienden a mantenerse bien preservadas y reconocibles a pesar de la putrefacción, probablemente porque la ligadura al comprimir los vasos sanguíneos subyacentes, restringe el acceso de los agentes de la putrefacción.” [30] Sobre la diferencia entre la ahorcadura y la estrangulación, Nerio Rojas señala lo siguiente: “La diferencia entre ambas fue concretada por Orfila, estableciendo que en la ahorcadura la fuerza compresora de la cuerda es dada por el peso del cuerpo suspendido, mientras en la estrangulación la fuerza proviene de una mano o lazo que actúa horizontalmente en el cuello.” [31] El mismo autor menciona las siguientes características del surco por ahorcadura: “La dirección del surco es generalmente oblicua, con su parte más alta en el sitio del nudo de la cuerda, en la parte del arco, el surco es más acentuado; con frecuencia es incompleto, limitándose a esa parte, sin hacer todo el círculo del cuello. En la mayoría de los casos... el surco está localizado más arriba de la laringe... Las fracturas de laringe y de hueso hioides son raras, pues la compresión por lo común es más alta que esos órganos.” [32] Por su parte, Vargas Alvarado, sobre los signos externos de la ahorcadura, apunta lo siguiente: “El característico es el surco de ahorcadura, que es oblicuo e incompleto por el nudo proximal [nudo que está cerca del cuello], y que suele estar por encima de la nuez de Adán”. [33] Según el citado protocolo de necropsia, en el cuello de la víctima los médicos legistas encuentran la presencia de surco cervical ligeramente oblicuo y completo. Por tanto, de acuerdo con las explicaciones anotadas de Nerio Rojas y Vargas Alvarado, el surco encontrado tiene características tanto del estrangulamiento como de la ahorcadura. Respecto al primero, el surco es completo; mientras que en la segunda, el surco es ligeramente oblicuo. No obstante, se plantea la hipótesis de que se trata de un estrangulamiento, pues el surco es completo, lo que descarta que sea un ahorcamiento, y porque el surco es ligeramente oblicuo, y no totalmente oblicuo como sería el causado por el peso del cuerpo suspendido. Asimismo, porque en el cuello de la víctima se encontraron lesiones internas, lo que es más frecuente en el estrangulamiento. [34] En ese sentido, se plantean dos interrogantes: ¿cómo se produjo la estrangulación del agraviado?, y ¿cómo se explicaría las lesiones en el cráneo de la víctima, si se asume que la causa de muerte fue la asfixia por estrangulamiento?. Según la manifestación policial de la procesada, del 04 de febrero de 2000, cuando creyó que el agraviado estaba muerto, puso una bolsa plástica en su cabeza, y amarró sus extremidades para facilitar el arrastre del cuerpo hacia el hoyo, utilizando la cadena del perro para sujetar las manos. En su declaración instructiva, la procesada manifiesta que, como había moscas en la cara del agraviado, le puso en la cabeza una bolsa, y para que ésta no se moviera, mientras arrastraba el cuerpo, con un cordel le sujetó la bolsa en el cuello. La procesada dice en su instructiva que trasladó el cuerpo del agraviado, jalándolo de sus brazos y luego de sus pies, hasta que le resultó incomodó, por lo que decidió maniatarlo.
La Fiscal Provincial, en su dictamen final, indica que es inverosímil el relato de la procesada cuando refiere que colocó una bolsa en la cabeza de la víctima, para evitar que se posen las moscas sobre su rostro, y asegurarlo con una cuerda alrededor del cuello, con cuatro vueltas y doble nudo, porque la bolsa se movía cuando el cuerpo era arrastrado. En el interrogatorio del juicio oral, la acusada estalla en llanto, cuando se le pregunta si ella ahorcó al agraviado. Como en su declaración instructiva, la acusada dice que puso una bolsa en la cabeza del agraviado porque vio que las moscas se posaban en su cara, luego sujetó la bolsa en su cuello porque ésta se salía mientras arrastraba el cuerpo. En el examen pericial efectuado en el juicio oral, el médico legista Cavero Soto explica que la asfixia por ahorcamiento no pudo determinarse por el avanzado estado de putrefacción del cuerpo; sin embargo, se pudo determinar que el agente constrictor (pasador) fue colocado al agraviado cuando estaba con vida, pues se encontró signos vitales en esa región. El perito aclara que también es probable que el agente constrictor se haya colocado poco después de la muerte del agraviado. Por tanto, de acuerdo con la explicación del perito, podemos deducir que tanto las lesiones en el cráneo como en la región del cuello de la víctima pudieron ser causados mientras ésta estaba con vida, o poco tiempo después de su deceso. Teniendo en cuenta lo antes expuestos, se plantea la hipótesis de que el agraviado, sentado sobre una silla –tal vez aletargado por el consumo de alcohol, o dejado inconsciente–, fue maniatado, por los tobillos con la cadena del perro, y por las muñecas de las manos llevadas hacia atrás, con un cable de luz. En esa posición el agraviado habría estado inmovilizado, a fin de no ofrecer resistencia cuando se le puso una bolsa de plástico en la cabeza, y no impedir que el agente lo estrangule con un pasador, estando éste de pie y por la parte posterior de la víctima. Según se ha sostenido como hipótesis, en el hecho punible participaron otras personas además de la condenada; entonces, luego de que el agraviado fue estrangulado lo llevaron hacia el hoyo, cavado en un terreno pedregoso, especialmente para desaparecer el cuerpo; ahí el cuerpo fue echado, decúbito ventral, desde una altura aproximada de 1.50 m., luego se procedió con el entierro, llenando el hoyo con tierra y piedras. Tal como se ha sostenido antes, sólo en un proceso penal se podría comprobar la hipótesis planteada; no obstante, a partir de esa hipótesis se podría dar una mejor explicación del caso estudiado, por las razones que a continuación se detallan. Primero; podría explicarse que el cuerpo de la víctima fue hallado con las muñecas de las manos atados con cable de luz, entrecruzadas y llevadas hacia la parte dorsal del cuerpo. De ese modo, se contradice lo manifestado por la procesada, que afirma haber efectuado esa atadura con el objetivo de jalar el cuerpo, pues para hacerlo habría tenido que dar vuelta el cuerpo que, según ella, yacía de espaldas; asimismo, para cumplir con ese objetivo, era más difícil intentar jalar el cuerpo de ese modo, que si lo hubiera hecho atando los miembros por la parte anterior o simplemente jalando el cuerpo de los brazos. Segundo; podría explicarse que en el cuello de la víctima se encontró un surco ligeramente oblicuo, pero completo, ya que, estando el agraviado maniatado conforme se ha sostenido, el agente, de pie y por la parte posterior, habría dado cuatro vueltas el pasador alrededor del cuello de la víctima y efectuado un nudo doble en la región cervical anterior derecha; vale decir, la fuerza compresora del agente se habría desplegado desde un punto por encima de donde se encontraba el cuello de la víctima, lo que explica el surco ligeramente oblicuo, que es más acorde con el ahorcamiento. [35] De ese modo, se contradice
lo manifestado por la procesada, pues, estando el cuerpo de la víctima decúbito dorsal, es improbable que el agente haya sujetado la bolsa con un pasador en el cuello de la víctima, de tal forma que deje un surco ligeramente oblicuo y un nudo doble en la región cervical anterior derecha; toda vez que, de acuerdo como yacía la víctima sobre el suelo, el surco dejado habría sido horizontal y el nudo se hubiera encontrado en la región cervical posterior. Finalmente; podría explicarse que las múltiples lesiones en el cráneo de la víctima fueron producidas por precipitación, al ser echado el cuerpo en el hoyo, decúbito ventral, desde una altura aproximada de 1.50 m.; en consecuencia, de acuerdo con las explicaciones del médico legista Cavero Soto, en el examen pericial efectuado en el juicio oral, las lesiones en el cráneo de la víctima fueron producidas por piedras, tanto por las que se encontraban en el interior del hoyo como por las que fueron utilizadas para enterrar el cadáver; dichas lesiones fueron causadas poco tiempo después del deceso, por lo que en las fracturas los peritos encontraron signos vitales. De esa forma, se contradice lo manifestado por la procesada, pues, según las explicaciones del médico legista Cavero Soto, las múltiples lesiones en el cráneo de la víctima también pudieron ser causadas por un objeto contundente fuerte, de gran volumen, lo que no podría ser el suelo de tierra del lugar de los hechos; aunque sí podría ser una piedra utilizada como banca, como la procesada lo indicó en su manifestación policial del 04 de febrero de 2000, versión que con posterioridad la procesada variaría hasta negar la existencia de esa piedra en el lugar de los hechos. XVIII.
TIPIFICACIÓN DEL HECHO PUNIBLE
18.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS TIPOS PENALES DE HOMICIDIO SIMPLE, ASESINATO, PARRICIDIO Y HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA Antes del análisis de la tipificación del hecho punible en el caso de estudio, se anotará aspectos generales de los tipos penales de homicidio simple, asesinato, parricidio y homicidio por emoción violenta. El tipo penal de homicidio simple está previsto en el artículo 106 del Código Penal (CP), del modo siguiente: “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.” En cuanto al homicidio simple, como tipo básico de los demás tipos penales comprendidos en el capítulo de homicidio de la parte especial del CP, Castillo Alva explica lo siguiente: “En razón a los criterios que inspiran el tratamiento sistemático de los tipos, el homicidio simple puede ser considerado como un tipo básico o fundamental (...) El delito de homicidio posee el núcleo típico de la conducta ‘matar a otro’, mientras que las restantes figuras del capítulo [I, intitulado Homicidio] comprenden dicho núcleo, pero con circunstancias de agravación o atenuación.” [36] Sobre la conducta prohibida en dicho tipo penal, Salinas Siccha afirma que “la conducta típica del homicidio simple consiste en quitar la vida dolosamente a una persona, sin la concurrencia de alguna circunstancia atenuante o agravante debidamente establecida en el CP como elemento constitutivo de otra figura delictiva.” [37] En cuanto al dolo en este delito, el citado autor menciona lo siguiente: “En doctrina se hace referencia común que el dolo en el homicidio significa que el agente ha procedido con animus necandi o animus accedenti , esto es, el homicida debe dirigir su acción o comisión omisiva
(final) con previsión del resultado letal, siendo conciente de quebrantar el deber de respetar la vida del prójimo.”[38] Por otra parte, el tipo penal de asesinato se encuentra previsto en el artículo 108 del CP, modificado por el Decreto Legislativo № 896 (publicado el 24-05-1998), de la siguiente forma: “Ser á reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Por ferocidad, por lucro o por placer; 2.- Para facilitar u ocultar otro delito; 3.- Con gran crueldad o alevosía; 4.- Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas." [39] El delito de asesinato se configura cuando el sujeto activo da muerte a su víctima concurriendo en su accionar algunas de las circunstancias previstas en el artículo antes citado. Sobre el particular, Salinas Siccha apunta lo siguiente: “Teniendo en cuenta que las circunstancias especiales que caracterizan al asesinato se refieren a medios peligrosos o revelan una especial maldad o peligrosidad en la personalidad del sujeto activo, podemos definirlo como la acción de matar que realiza el agente sobre su víctima haciendo uso de medios peligrosos o por efectos de perversidad maldad o peligrosidad de su personalidad.”[40] De otro lado, el tipo penal de parricidio se encuentra establecido en el artículo 107 del CP del modo siguiente: “El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.” [41] En cuanto a la relación de parentesco que se castiga en el delito de parricidio, Castillo Alva afirma que, “no se trata de un parentesco general, amplio que cubre todas sus variedades y sentidos, sino que la ley sobre la base de una decisión político-criminal limita y restringe las relaciones parentales que a su juicio deben ser objeto de un reproche especial en el parricidio.” [42] Sobre la realización del delito de parricidio, Castillo Alva anota lo siguiente: “Al igual que el homicidio simple el parricidio es un tipo no referenciado. No requiere de una especial circunstancia de tiempo, lugar, modo u ocasión. Asimismo, el tipo no se detiene en exigir una determinada utilización de medios o instrumentos por lo que hay una amplia libertad en la precisión de los medios comisivos.” [43] Por su parte, Salinas Siccha señala que es “irrelevante típicamente los medios y formas empleadas, mas sólo tendrán importancia al momento de individualizar la pena”. [44] Por otra parte, el tipo penal de homicidio por emoción violenta, se encuentra establecido en el artículo 109 del CP, de la siguiente forma: “El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años. Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años.”
Sobre los fundamentos de la atenuación de la pena en dicho tipo penal, respecto a la prevista en los delitos de homicidio simple y parricidio, Castillo Alva anota lo siguiente: “El homicidio por emoción violenta no expresa una menor importancia de la vida humana, lo que existe en realidad es una pena disminuida en razón a la menor culpabilidad del agente y a la restricción de su capacidad de autodeterminación y el escaso control de los frenos inhibitorios.” [45] En cuanto al significado de “emoción violenta”, el mencionado autor explica que “la esencia de la emoción no reside tanto en la violenta impresión de las circunstancias externas, sino en la reacción turbulenta y agresiva sobre una persona.”[46] Dicho estado no implica inimputabilidad, sino dificultad para adecuar el comportamiento conforme a derecho; [47] en conclusión, Castillo Alva apunta lo siguiente: “La emoción violenta, siendo más que una simple afección pero menos que una grave alteración de la conciencia, es un caso evidente de imputación disminuida que se encuentra regulado en la parte especial pero cuyo sentido bien pude incorporarse en la parte general (mediante la aplicación combinada del artículo 20° inciso 1 con el artículo 21° del Código Penal).” [48] Por su parte, Salinas Siccha apunta que “aquella emoción violenta de ningún modo debe alcanzar real intensidad en el agente que le genere una grave alteración de la conciencia de tal forma que afecte gravemente su concepto de la realidad y anulen la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto.” [49] 18.2.
DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DOLO EN LA CONDUCTA DE LA PROCESADA
Indagar sobre la finalidad de la conducta del agente es importante para determinar la tipificación del hecho punible; en ese sentido, Salinas Siccha anota que “la forma, modo y circunstancias en que ocurrió el evento delictuoso, así como el tipo de instrumento que utilizó el agente y la clase de persona a la que fue dirigido el ataque, determinarán la mayor de las veces si el agente actuó con la finalidad de matar [animus necandi ] o solo lesionar al sujeto pasivo [ animus vulnerandi ].”[50] De acuerdo con la versión de la procesada, a lo largo del proceso, la muerte del agraviado se produjo por accidente, ya que éste cayó al suelo, golpeándose la cabeza mortalmente, pese a que la intención de la procesada era sólo empujarlo. Como se anotó, no parece que fuera sincera la manifestación de la procesada; no obstante, en la sentencia, el órgano judicial consideró como cierto ese hecho. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la calificación judicial del hecho punible como parricidio, no se verifica en la conducta de la procesada la intención de matar ( animus necandi ); ya que, como ella lo afirmó y lo tuvo como cierto el órgano judicial, sólo quiso empujar al procesado, con cierta vehemencia, por los improperios que éste había proferido durante toda la noche (aunque en el juicio oral la procesada declaró que sólo tocó el hombro del agraviado). En el delito de homicidio, y en los delitos que tienen como base a ese tipo penal, pueden presentarse el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. [51] En la primera clase de dolo, el autor persigue la realización del delito, quiere “matar a otro”. En la segunda clase, el autor no persigue el resultado típico, pero sabe que la “muerte del otro” es consecuencia necesaria de su acto. En cuanto al dolo eventual en esos delitos, Ferreira Delgado hace la siguiente explicación: “En el dolo eventual concurren: a) ánimo de causar lesiones personales como daño a la víctima; b) previsión del posible resultado muerte de esta; c) muerte lograda, no querida en sí, pero aceptada en su posibilidad.”[52] En el caso materia de estudio, no se ha verificado, en la conducta de la procesada, el dolo directo de primer grado; vale decir, la procesada no podía haber querido matar al agraviado con empujarlo,
mientras éste dormitaba sentado sobre una silla, sino a lo mucho sólo lesionarlo ( animus vulnerandi ); por lo que, en el presente caso se habría presentado el dolo eventual, en caso se hubiera comprobado que la procesada asumió la posibilidad de matar al agraviado, si lo empujaba con vehemencia y se golpeaba mortalmente la cabeza sobre el suelo de tierra; en ese supuesto, en la conducta de la procesada se apreciaría la intención de lesionar al agraviado, pero asumiendo la posibilidad de ocasionar su muerte. No es pacífica la aceptación, por parte de la doctrina, del dolo eventual en el delito de parricidio; así, para Castillo Alva, “el empleo por parte de la ley, del término a sabiendas implica que el legislador patrio pretende exigir una especial modalidad de dolo como es el dolo directo, ya sea de primer o de segundo grado, excluyendo, desde cualquier perspectiva, la presencia del dolo eventual (...) si la ley utiliza el término a sabiendas es porque quiere excluir la inseguridad o el conocimiento de la probabilidad, propia de la naturaleza del dolo eventual, lo cual quiere decir que no toda modalidad de conocimiento forma la esencia del parricidio, sino solo el conocimiento de la certeza que dimana del saber.” [53] Por tanto, para este autor, no podría presentarse el dolo eventual porque el tipo exige el absoluto conocimiento del parentesco. En relación con el parricidio privilegiado, Castillo Alva señala lo siguiente: “A diferencia del homicidio por emoción violenta, el parricidio privilegiado del párrafo segundo del artículo 109 [del CP] descarta el concurso del dolo eventual, aceptándose como único elemento subjetivo fundante de la figura al dolo directo, ya sea de primer o segundo grado.” [54] En una posición opuesta, Salinas Siccha estima que “la frase ‘a sabiendas’ de ningún modo excluye el dolo eventual, sino por el contrario, solo sirve y se dirige a asegurar que el agente haya conocido el parentesco consanguíneo o jurídico con su víctima. (...) Basta que el sujeto activo (parricida) conociendo la relación parental que le une con el sujeto pasivo se represente seriamente el resultado letal y lo acepte o se conforme con ello para estar frente al dolo eventual.” [55] El citado autor concluye en que “el dolo es independiente al conocimiento de la relación parental. El animus necandi es indiferente a que tenga o no conocimiento el agente de la relación parental con su víctima.” [56] Expuestas las posiciones divergentes, se coincide con la posición defendida por Salinas Siccha, aunque habría que aclarar, siguiendo a Ferreira Delgado, que en el dolo eventual no se presenta el animus necandi sino el animus vulnerandi, porque en caso el agente hubiera tenido la intención de matar, estaríamos ante el dolo directo de primer o segundo grado, y no ante el dolo eventual, en el que la intención es de lesionar al sujeto pasivo, pero asumiendo la posibilidad de causarle la muerte. Por consiguiente, de acuerdo con lo considerado como aspecto fáctico en la sentencia, la procesada solo podría haber actuado con dolo eventual, aunque el órgano judicial no lo haya considerado expresamente.[57] En cambio, conforme a la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible (vid. supra § 17.3), se sostiene que la procesada habría actuado con dolo directo de primer grado. 18.3. ¿LA CONDUCTA DE LA PROCESADA ESTUVO AFECTADA POR UNA EMOCIÓN VIOLENTA O UNA GRAVE ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA? En cuanto a la personalidad del homicida de su cónyuge o concubino, Castillo Alva señala lo siguiente: “En el uxoricidio y concubinicidio es frecuente la presencia de una personalidad psicótica, de reacción explosiva y estallido violento frente a cualquier estímulo externo. En el caso del parricida que produce
la muerte de su cónyuge o concubina suele haber una relación anterior tirante, profusa en abusos, privaciones, maltratos, lesiones, etc. en donde se contempla la muerte del consorte como la única salida viable capaz de acabar con los abusos.” [58] En cuanto al caso materia de estudio, se anotó una postura sobre la relación conflictiva entre los sujetos del delito (vid. supra § 17.2); asimismo, por las pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas a la procesada, se descarta la presencia de psicosis; por lo que es necesario determinar si la conducta de la procesada pudo estar influida por la emoción violenta o por una grave alteración de la conciencia. Según se apuntó (vid. supra § 18.1), la emoción violenta consiste en la reacción turbulenta y agresiva sobre una persona, si bien no implica inimputabilidad, hace difícil adecuar el comportamiento conforme a derecho; por lo que implica una imputabilidad disminuida. La emoción violenta es más que una simple afección, pero menos que una grave alteración de la conciencia. Cuando la emoción violenta alcanza real intensidad, provoca en el agente una grave alteración de la conciencia, de tal forma que, transitoriamente, afecta gravemente su concepto de la realidad y anula su facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto; por lo tanto, conlleva a la inimputabilidad. Sobre la imputabilidad disminuida prevista en el artículo 21 del CP, Hurtado Pozo afirma que “no constituye una categoría intermedia entre la imputabilidad y la inimputabilidad. Al contrario, los delincuentes limitados en su imputabilidad son capaces de obrar culpablemente y pueden, pues, ser castigados igual que los autores considerados como imputables. Sin embargo, el juez debe tener en consideración que su capacidad de resistir a los impulsos criminales es más débil que la de los individuos normales.” [59] Silva Sernaqué, comentando el asesinato en ocasión de arrebato de cólera previsto en el artículo 108 del CP de Puerto Rico de 2004, anota lo siguiente: “Esta situación del sujeto activo, en la doctrina es una circunstancia atenuante por haber actuado de manera irreflexiva, pasional, súbita e inmediata ‘provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta’.” [60] El citado autor explica lo siguiente: “La medida para determinar si la muerte se produjo bajo un arrebato de cólera es la del hombre ordinario, prudente y razonable: si [este hombre]... colocado en las mismas circunstancias en que estuvo el acusado hubiera sido provocado a tal grado como para llenarse de pasión y cólera y actuar movido por la misma produciendo así la muerte.” [61] En relación con la valoración judicial de la pericia psiquiátrica practicada al sujeto activo, Zaffaroni apunta lo siguiente: “Cuanto mayor sea la perturbación de la consciencia que el psiquiatra y el juez observen, mayor será el esfuerzo que el sujeto debió hacer para comprender la antijuridicidad y, consiguientemente, menor ha de ser la reprochabilidad. El objetivo del peritaje o peritación psiquiátrica es precisamente, dar al tribunal una idea de la magnitud de ese esfuerzo, que es lo que incumbe al juez valorar para determinar si excedía el marco de lo jurídicamente exigible y, por ende, reprochable.” [62] En su informe final, el Juez Penal niega que la procesada haya sufrido algún tipo de grave alteración de la conciencia que la exima de su responsabilidad, teniendo en cuenta los resultados de los exámenes psicológicos y psiquiátricos que le fueron practicados. Por tanto, en el presente caso se descarta la posibilidad de que la conducta de la procesada haya sido afectada por una grave alteración de la conciencia, que es una causa de inimputabilidad prevista en el inciso 1 del artículo 20 del CP. En el examen pericial efectuado en el juicio oral, los psiquiatras Guzmán Negron y Cachay Muguerza explican que la emoción violenta es un proceso agudo, precedente a una estimulación espontánea,
que exacerba la conducta y produce pérdida de la conciencia (proceso amnésico); en ese sentido los psiquiatras descartan la posibilidad de que la procesada haya tenido una emoción violenta en ese momento, pues el relato que prestó es coherente y cronológico. Sobre el particular, teniendo en cuenta la información doctrinaria apuntada, se debe notar que la mencionada “pérdida de la conciencia” parece más relacionada con la grave alteración de la conciencia, que con la emoción violenta; pues en la primera se afecta gravemente el concepto de la realidad, mientras que en la segunda acontece una reacción turbulenta y agresiva sobre una persona, pero que no impide la conciencia del acto. Contrario a la opinión de los mencionados psiquiatras, en la sentencia de la Sala Penal Superior se establece que, en el momento del hecho punible, si bien la procesada no se encontraba en una situación de emoción violenta, sí estaba bajo las secuelas de ésta. Por tanto, de acuerdo al fundamento de dicho colegiado, se deduce que la procesada experimentó un estado de emoción violenta, antes de que empujara al agraviado, en un momento no precisado entre la noche del 11 de junio y el amanecer del 12 de junio de 1999, pero que sólo podría haber sido causado, según la procesada, por los improperios expresados por el agraviado en torno a las hijas de ésta, lo que precisamente habría ocurrido en la mencionada noche. De acuerdo con la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible (vid. supra § 17.3), se sostiene que la conducta de la procesada no estuvo afectada por una grave alteración de la conciencia, ni mucho menos por una emoción violenta; vale decir, no sería aplicable, al caso materia de estudio, el inciso 1 del artículo 20 del CP, ni el artículo 21 del mismo código. En ese orden de ideas, según lo considerado como aspecto fáctico en la sentencia, no se coincide con el órgano judicial cuando considera que la conducta de la procesada estuvo influida por las secuelas de una emoción violenta y, por lo tanto, estima la aplicación del artículo 21 del CP. En opinión de Salinas Siccha, “entre la causa que hizo nacer la emoción violenta y el resultado muerte de la víctima, no debe transcurrir mayor tiempo que cree convicción en el juzgador que el sujeto activo tuvo oportunidad y tiempo suficiente para sobreponerse, reflexionar y no cometer el homicidio.” [63] En el caso materia de estudio, se sostiene que entre la probable causa de la emoción violenta –los improperios proferidos por el agraviado en torno a las hijas de la procesada– y el resultado muerte, transcurrió el tiempo suficiente para que la procesada pudiera sobreponerse, reflexionar y no atentar contra la vida del agraviado. En otras palabras, una reacción turbulenta y agresiva sobre el agraviado no sería consecuencia de una emoción violenta, si la procesada manifiesta haber sido ofendida por la mención que de sus hijas hizo el agraviado, en la noche del 11 de junio, y luego de varias horas haber atentado contra la vida de éste, al amanecer del 12 de junio de 1999. Finalmente, es necesario anotar que es cuestionable que en la sentencia el colegiado haya considerado que la procesada actuó bajo las secuelas de una emoción violenta, toda vez que, como se apuntó, dicho estado implica una reacción turbulenta y agresiva sobre el agraviado, acción que la procesada niega haber desplegado cuando fue interrogada en el juicio oral. Asimismo, como supuesta causa de la emoción violenta, el colegiado asume que en la relación conflictiva entre los sujetos del delito, el agraviado tenía una posición dominante y la procesada un rol sumiso; afirmación con la que no se concuerda, por no haber sido demostrada (vid. supra § 17.2). Aunque lo asumido por el órgano judicial fuera cierto y, conforme lo señalaría Castillo Alva, la procesada habría contemplado la muerte del agraviado como la única salida viable capaz de acabar con los abusos; si no se comprobó la emoción violenta, no sería aplicable al caso el artículo 21 del CP y, por ende, no correspondía disminuir la pena por debajo del mínimo legal.
En suma, en la sentencia, el órgano judicial consideró que la acusada actuó bajo las secuelas de una emoción violenta. Por dicha consideración, implícitamente, el órgano judicial estimó aplicable al caso el artículo 21 del CP y, por ende, impuso a la acusada una pena por debajo del mínimo legal que establece el tipo penal de parricidio. Podría parecer que el órgano judicial debió condenar a la acusada por el delito de parricidio por emoción violenta, previsto en el segundo párrafo del artículo 109 del CP, [64] pero el colegiado no estimó que la acusada haya actuado bajo el estado de una emoción violenta, sino sólo afectada por sus secuelas. Se sostiene que el colegiado cometió un error en la interpretación conjunta del inciso 1 del artículo 20 y el artículo 21 del CP. En la primera norma mencionada se establece, como causales de inimputabilidad, la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia y la grave alteración de la percepción. La inimputabilidad afecta la culpabilidad; por tanto, el hecho puede ser típico, antijurídico, pero no culpable; y en ese supuesto, el agente no es responsable por el hecho. Relacionando el estado de “grave alteración de la conciencia” con el artículo 21 del CP, se tiene que cuando el agente ha realizado el hecho sin alcanzar la intensidad de dicho estado, su responsabilidad no desaparecerá totalmente, pero el órgano judicial podrá disminuir prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal. La emoción violenta es un estado menos intenso que la grave alteración de la conciencia, conforme se apuntó. Por lo tanto, si se comprueba que el agente ha actuado bajo el estado de la emoción violenta, el órgano judicial podrá imponerle una pena por debajo del mínimo legal, en aplicación del artículo 21 del CP. No obstante, en el caso de estudio, el órgano judicial estimó que la procesada no actuó bajo un estado tan intenso como la emoción violenta, sino “bajo las secuelas de ésta”, por lo que correspondía imponerle una pena por debajo del mínimo legal. La emoción violenta es más que una simple afección, pero menos que una grave alteración de la conciencia; según se apuntó. Por consiguiente, para el órgano judicial, si se comprobó que el agente actuó bajo un estado de simple afección, entonces podía imponerle una pena por debajo del mínimo legal. Es ese el error de interpretación en el que incurrió el órgano judicial. Se reitera: si no se comprueba la emoción violenta, no es aplicable al caso el artículo 21 del CP y, por ende, no corresponde disminuir la pena por debajo del mínimo legal. 18.4.
¿PARRICIDIO O ASESINATO?: DE MODO EXCLUYENTE O EN CONCURSO IDEAL
Según su documento de identidad, la procesada se encontraba casada con Max Jorge Franco Alfaro. Asimismo, está comprobado que tanto ella como el agraviado se alejaron de sus respectivos cónyuges para entablar una relación de convivencia. Sin embargo, en el expediente no consta que la procesada se haya divorciado de Franco Alfaro, ni tampoco aparece elemento de prueba sobre la relación del agraviado con la madre de sus hijos, Yolanda Guardia Paitán, es decir, se desconoce si estaban casados o si llegaron a divorciarse. Tampoco consta si alguno de los matrimonios fue declarado nulo. El Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra Basualdo Espinoza, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado–, en agravio de Sandoval Pérez; hecho tipificado en el inciso 3 del artículo 108 del CP, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo № 896; esto es, homicidio con gran crueldad o alevos ía. La misma calificación legal de los hechos es consignada en el auto de apertura de instrucción, en el dictamen final, en el informe final, en la acusación escrita y en el auto de enjuiciamiento.
En sus conclusiones, el Abogado defensor de oficio solicitó al colegiado que se adecue el tipo penal instruido al que realmente corresponda, ya que no se ha configurado un homicidio calificado, sino un homicidio simple. La Sala Penal Superior, en su sentencia, aplicando el principio del indubio pro reo en la valoración de la relación persona-medio criminoso, establece que el delito de homicidio calificado imputado a la procesada no se encuentra probado, pues se trataría de un homicidio que la doctrina denomina uxoricidio, sin las circunstancias agravantes que contempla el artículo ciento ocho del Código Penal. Según dicho colegiado, los hechos instruidos no corresponden al delito de homicidio calificado, sino al de parricidio; de ese modo, el colegiado modifica la tipificación del hecho punible efectuada por el representante del Ministerio Público, en aplicación del principio de la determinación alternativa. [65] Teniendo en cuenta lo antes expuesto, en primer lugar se analizará si al hecho punible le corresponde ser tipificado como parricidio; posteriormente, se examinará si al hecho también le corresponde, por concurso ideal, la tipificación de homicidio calificado –asesinato–, especificando si se clasifica en asesinato con gran crueldad o con alevosía. Sobre los elementos “cónyuge o concubino” del tipo penal de parricidio, Castillo Alva indica lo siguiente: “El empleo de los términos cónyuge y concubino en la figura penal del parricidio aconseja su ubicación correcta como elemento normativo del tipo dado que si bien se describe una realidad social, la esencia de dicho aparato conceptual es eminentemente jurídico.” [66] Específicamente, respecto al elemento típico “concubino”, el citado autor dice que “desde un plano teleológico-normativo, más que de una perspectiva social, la ley solo pretende proteger en el parricidio a algunos concubinatos que coinciden con aquellos que la ley civil brinda relevancia en cuanto a sus características y efectos.” [67] Según el primer párrafo del artículo 326 del Código Civil (CC), “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos.” Entonces, concordando la citada norma civil con el artículo 107 del CP, Castillo Alva anota que “en caso de concurrencia de cualquier impedimento matrimonial se da por ausente el concubinato legal, por lo que desaparecería también la calificación de parricidio. Por ello, se debe descartar como parricidio la muerte de la amante o la querida.” [68] En el mismo sentido, Salinas Siccha indica que “para que exista concubinato es necesario se cumplan los requisitos que recoge el artículo 326 del CC, de modo que si uno de los convivientes da muerte al otro antes de cumplirse los dos años de convivencia, jurídicamente no es posible subsumir tal hecho en el delito de parricidio.”[69] Este autor continúa explicando lo siguiente: “La mera separación de cuerpos no elimina la existencia del delito de parricidio. Sólo la declaración de nulidad del matrimonio y el divorcio excluyen la relación parental y, por tanto, no se cometería el ilícito de parricidio sino el de homicidio simple.” [70] Como se anotó, la procesada se encontraba casada con Franco Alfaro, y no existe elemento de prueba de que se hubieran divorciado o el matrimonio haya sido declarado nulo; por lo que, según el artículo 326 del CC, había un impedimento para que entre la procesada y el agraviado existiera el concubinato legal. De acuerdo con los autores citados, si no se configura el concubinato legal, entonces desaparece también la calificación de parricidio. En consecuencia, conforme a dichos autores, en el caso materia de estudio, no podría haberse condenado a Basualdo Espinoza por el delito de parricidio, porque entre ella
y el agraviado no existía el concubinato legal, ya que ella continuaba casada con Franco Alfaro y, por ello, estaba impedida de contraer nuevas nupcias, al menos hasta conseguir el divorcio o la nulidad de su matrimonio, lo que, en todo caso, no consta en el expediente. En cambio, se podría plantear una posición contraria, ya que el elemento típico “concubino” debe ser relacionado con el elemento subjetivo “a sabiendas” –al igual que todos los otros elementos que, en general, hacen mención a la relación parental–; [71] de tal forma que debe tomarse en consideración el supuesto del que “a sabiendas mata a su concubino”. Si en la descripción típica del artículo 107 del CP no se estableciera el elemento subjetivo “a sabiendas”, entonces no habría razón para discrepar con los autores citados y, por tanto, el concubinato debería establecerse conforme al artículo 326 del CC; de tal forma que, en caso no se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley civil, entonces no se configuraría el tipo penal de parricidio. Empero, considerando que el elemento subjetivo “a sabiendas” permite asegurar que el agente haya conocido el parentesco consanguíneo o jurídico con su víctima, en el presente caso se podría sostener que era suficiente comprobar que la procesada sabía que mataba a su concubino, cuestión que ha sido demostrada en el presente proceso (ya sea teniendo en cuenta el dolo eventual, implícitamente asumido por el órgano judicial, o el dolo directo de primer grado, como se ha sostenido). Por tanto, de acuerdo con una interpretación teleológica del artículo 107 del CP, [72] el elemento concubino podría comprender algunas relaciones donde exista impedimento matrimonial –por ejemplo, cuando uno de ellos se encuentra casado pero separado por más de dos años–, porque en nuestra realidad es común ver casos así, que son valorados por la sociedad como “concubinato” –recuérdese que los elementos normativos del tipo penal pueden ser comprobados no sólo en virtud de una valoración jurídica, sino también sociocultural–. Empero, con ello se podría incurrir en una proscrita interpretación extensiva de la norma penal; por lo que, ante resoluciones judiciales contradictorias, es necesario establecer una postura jurisprudencial (vid. inciso 2 del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales), o una modificatoria legal. [73] Mientras eso no ocurra, se considera que si no se configura el concubinato legal conforme al artículo 326 del CC, entonces desaparece también la tipificación de parricidio, prevista en el artículo 107 del CP. De otro lado, en el dictamen final se especifica que estamos ante un homicidio con gran crueldad, pues el agraviado presentaba múltiples lesiones (golpes y fracturas) en diferentes partes del cuerpo; asimismo, fue maniatado de pies y manos para ser ultimado mediante asfixia, al ponerle una bolsa en la cabeza y atado con un cordón alrededor del cuello, lo que evidencia el ánimus necandi con que habría actuado la procesada para producirle la muerte de su conviviente. En cambio, en la acusación escrita, teniendo en cuenta la forma cómo se encontró el cuerpo del agraviado, se estima que estamos frente a un asesinado no solo con gran crueldad, sino también con alevosía. Si bien ambas circunstancias están previstas en el inciso 3 del artículo 108 del CP, responden a modalidades distintas de asesinato. En cuanto al asesinato con gran crueldad, Salinas Siccha explica que se configura “cuando el sujeto activo produce la muerte de su víctima haciéndole sufrir en forma inexplicable e innecesaria.” [74] Respecto a los presupuestos característicos de esta modalidad de asesinato, el mismo autor explica que, “resulta indispensable la presencia de dos condiciones o presupuestos importantes que caracterizan al asesinato con gran crueldad. Primero, que el padecimiento, ya sea físico o psíquico, haya sido aumentado deliberadamente por el agente, es decir, este debe actuar con la intención de hacer sufrir a la víctima (...) Segundo, que el padecimiento sea innecesario y prescindible para lograr la muerte de la víctima”.[75]
Por su parte, Castillo Alva señala lo siguiente: “La crueldad como circunstancia del asesinato requiere de una exhaustiva comprobación de la producción de los males; de tal modo que el hecho de matar albergue tras sí la ejecución de ciertos actos que a la vista de la consumación del asesinato resultan superfluos e inútiles.” [76] En el caso estudiado no se ha comprobado que el agraviado haya padecido, física o psíquicamente, de modo innecesario, antes de que el agente le causara la muerte. Tampoco según la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible (vid. supra § 17.3), se revelaría la intención del agente de hacer sufrir a la víctima. Por consiguiente, no se ha comprobado el delito de asesinato con gran crueldad. Respecto al asesinato con alevosía, Salinas Siccha lo define “como la muerte ocasionada de manera oculta a otro, asegurando su ejecución libre de todo riesgo o peligro e imposibilitando intencionalmente la defensa de la víctima.” [77] Sobre la indefensión de la víctima, el mismo autor señala que dicho estado “supone que el agente actúa aprovechando un estado determinado de la víctima que no le permite defenderse de la agresión.” [78] Para Castillo Alva, “la situación de ausencia de riesgo para el autor no es necesario que se plantee en términos generales o absolutos; dado que puede existir cierto peligro derivado de una mínima posibilidad de defensa de la víctima.” [79] Polaino Navarrete, comentando el inciso 2 del artículo 22 del CP español, [80] apunta lo siguiente: “Mientras la alevosía tiene una configuración subjetiva, la estructura típica del aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio personal que debiliten la defensa exige la concurrencia de este elemento objetivo que acredite positivamente la indicada cualidad de tales circunstancias.” [81] En el caso estudiado, en la sentencia el órgano judicial estimó que la procesada bajo las “secuelas” de la emoción violenta, al ver al agraviado dormitar sentado en una silla, lo empujó con tal fuerza que cayó al piso y se hirió mortalmente. De ese modo, el órgano judicial consideró que la procesada aprovechó la indefensión de la víctima para cometer el hecho punible; por tanto, se encontraría acreditado el delito de asesinato con alevosía.[82] Asimismo, según la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible (vid. supra § 17.3), también se comprobaría el asesinato con alevosía, pues el agraviado habría sido maniatado antes de ser estrangulado. En ese orden de ideas, en cuanto al concurso entre los delitos de parricidio y asesinato, Castillo Alva anota que “puede plantearse una calificación por parricidio en concurso ideal con el asesinato sobre la base de la aplicación de una o más circunstancias concurrentes en la ejecución del hecho.” [83] En la misma postura, Gracia Martín demuestra “con argumentos diferentes, pero que son acumulativos con los de Mir [Puig], que es imposible la construcción de un concurso de leyes entre parricidio y asesinato y que es evidente que, tanto desde el punto de vista de la lógica concursal, entre parricidio y asesinato sólo puede haber una relación de concurso ideal de delitos.” [84] Por consiguiente, se sostiene que, conforme a sus fundamentos, el órgano judicial debió condenar a la acusada por el delito de parricidio en concurso ideal con el delito de asesinato con alevosía; pues se tuvo por acreditado el concubinato entre los sujetos del delito y la indefensión de la víctima. En cambio, como se ha sostenido, es discutible que el hecho punible sea tipificado como parricidio; por lo que se
afirma que a la acusada se le debió condenar por el delito de asesinato con alevosía, pero no por el delito de parricidio. XIX 19.1.
CUESTIONES FINALES AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE PARRICIDIO
Sobre la autoría y participación en el delito de parricidio, Castillo Alva anota lo siguiente: “Se debe negar la comisión de parricidio por el extraneus, el cual sólo podrá responder por homicidio simple o asesinato en su caso, ya sea que intervenga como partícipe (instigador o cómplice) o como coautor.” [85] El mismo autor continúa con la explicación señalando que “en los casos en que un extraño coopera o instiga al intraneus a cometer parricidio aquel deberá responder por cooperación o instigación de homicidio dado que no concurren en él las características del parentesco (...) Asimismo, debe responder por participación en homicidio simple el intraneus que instiga o coopera con un extraño en el acto de matar a la persona con quien le une un vínculo de parentesco.” [86] En postura opuesta, Salinas Siccha afirma que “resulta para el conglomerado social (...) contradictorio e injusto apartar a los instigadores o cómplices del delito de parricidio en el cual prestaron auxilio o asistencia para su perpetración e imputarle un delito diferente como es el de homicidio. Mucho más, si la mayor de las veces el cómplice o instigador conoce perfectamente que el agente o autor se dispone a matar o está matando a su pariente.” [87] Sobre esta posición, el citado autor aclara que “lo referido sirve para los partícipes (cómplices e instigadores), de modo que si el coautor del parricida no tiene las cualidades que exige el tipo penal para configurarse el hecho punible de parricidio, indudablemente se le adecuará su conducta al homicidio simple.” [88] Por lo expuesto, según se ha expresado (vid. supra § 16.1), un mejor desarrollo de la investigación hubiera revelado la identidad de las personas que participaron en el hecho punible, pues, según lo que obra en el expediente, es poco probable que la condenada haya podido actuar sola. Sólo para efectos de análisis, es necesario anotar que los partícipes en el hecho punible, ya sea el instigador o el cómplice primario, serían reprimidos con la misma pena que correspondió a la condenada, es decir, once años de pena privativa de la libertad; de conformidad con los artículos 24 y 25 (primer párrafo) del CP. Sólo al cómplice secundario se le podría imponer una pena por debajo de la impuesta a la condenada; según lo establecido en el artículo 25 (segundo párrafo) del CP. Considerando que existe cosa juzgada en la calificación del hecho punible, el coautor sería condenado por el delito de homicidio simple, ya que no tendría las cualidades que exige el tipo penal de parricidio; de acuerdo con el artículo 26 del CP. [89] No obstante, conforme a la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible, el coautor hubiera sido condenado por delito de homicidio calificado (asesinato con alevosía). 19.2.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
En cuanto a la prescripción de la acción penal para los supuestos participantes en el hecho punible, esto ocurriría en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 80 del CP; [90] vale decir, treinta y cinco años, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 en concordancia con el artículo 29 del CP; sin embargo, en este caso la prescripción de la acción penal sería de veinte años, según el cuarto párrafo del artículo 80 del CP, que es el límite máximo de prescripción.
En el caso estudiado se podría decir que se habría producido la interrupción de la prescripción de la acción penal, de conformidad con el artículo 83 del CP, por lo que el plazo extraordinario de prescripción comenzaría a partir del día siguiente de la última diligencia judicial, y se extendería hasta la mitad del plazo ordinario de prescripción; vale decir, en el presente caso, hasta los diez años. No obstante, según el artículo 88 del CP, el plazo de prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible; por lo que, para los supuestos participantes en el hecho punible, el plazo de prescripción de la acción penal se cuenta a partir del día en que se consumó el hecho punible, vale decir, el 12 junio de 1999; de acuerdo con el inciso 2 del artículo 82 del CP. Por tanto, hasta la fecha de sustentación del presente informe, la acción penal no se encontraría prescrita para los supuestos partícipes en el hecho punible. 19.3.
DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL
De acuerdo con el artículo 92 del CP, la reparación civil y la pena se determinan conjuntamente; al respecto, en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 se indica lo siguiente: "El proceso penal nacional, regulado por el Código de Procedimientos Penales, acumula obligatoriamente la pretensión penal y la pretensión civil. El objeto del proceso penal, entonces, es doble: el penal y el civil. Así lo dispone categóricamente el artículo 92° del Código Penal, y su satisfacción, más allá del interés de la víctima -que no ostenta la titularidad del derecho de penar, pero tiene el derecho a ser reparada por los daños y perjuicios que produzca la comisión del delito-, debe ser instado por el Ministerio Público, tal como prevé el artículo 1° de su Ley Orgánica." [91] El CP no prevé normas específicas que orienten al órgano judicial sobre los criterios de determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil; no obstante, se puede considerar que dicha determinación debe basarse en una valoración objetiva y en el grado de realización del delito (iter criminis). La reparación civil no siempre debería determinarse con la pena, pues no toda sentencia condenatoria supone que se halla producido de manera efectiva un daño (material o moral), que es el presupuesto básico para la fijación de la reparación civil. De ese modo, mientras la pena requiere de una conducta típica antijurídica y culpable, la reparación civil exige la constatación de un daño causado de manera ilícita. En el presente caso, en la sentencia de la Sala Penal Superior se fijó en ocho mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil debería abonar la sentenciada a favor de los herederos legales del agraviado; en cambio, en la resolución de la Sala Penal Suprema se fijó en veinte mil Nuevos Soles dicho monto; vale decir, en segunda instancia, la reparación civil se incrementó en doce mil Nuevos Soles, pero ni la Sala Penal Superior ni la Sala Penal Suprema fundamentaron adecuadamente la determinación de dicho monto, tan sólo esta última se limitó a exponer una fórmula general.
A.M.D.G. CONCLUSIONES
1) Pese a lo afirmado por la procesada y sus hijos, Dora y Eduardo Franco, en la etapa de investigación policial se obtuvieron manifestaciones de personas que afirman que en el lugar de los hechos, además de la procesada y el agraviado, vivían los hijos de ésta. En esa afirmación coinciden los parientes del agraviado, como Juan y Jesús Sandoval, y Cayo Cárdenas; también vecinos del lugar, tales como Akira Fachín y Ponce García. Aunque hay que resaltar que la única manifestación que tendría valor probatorio sería la de Akira Fachín, porque se realizó con la presencia del representante del Ministerio Público. Por tanto, se coincide con el dictamen del Fiscal Superior, en el sentido de que un mejor desarrollo de la investigación hubiera revelado la identidad de las personas que participaron en el hecho punible, pues, de acuerdo a lo que obra en el expediente, es bastante improbable que la condenada haya podido actuar sola. 2) Por las manifestaciones contradictorias entre la procesada y su hijo Eduardo Franco, es probable que el agraviado no cavó el hoyo donde fue enterrado, el mismo que tenía más características de un sepulcro que de un reservorio para agua, según las dimensiones descritas en la inspección bio criminalística. Asimismo, es improbable que la procesada haya cavado el hoyo -al menos, no sola-, dada sus características antropofísicas y las condiciones del terreno; lo que, en suma, refuerza la hipótesis sobre la intervención de otras personas en el hecho punible. 3) Teniendo en cuenta la personalidad histriónica y disocial de la condenada, se llega a la conclusión que su relato de los hechos no fue sincero. De ese modo, se discrepa con los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal Superior, pues no se puede tener como probada la versión de la acusada, cuando dicho relato no es uniforme, sino bastante variable; en todo caso, el órgano judicial debió precisar cuál de todas las versiones dadas por la procesada, a lo largo del proceso, se tuvo por probada; asimismo, se cuestiona que alguna de dichas versiones sea corroborada por el protocolo de necropsia y su ratificación, sino se estima que es todo lo contrario, coincidiendo con el dictamen del Fiscal Supremo. 4) Hay indicios que, antes de los hechos materia de juzgamiento, entre el agraviado y la procesada existía una relación conflictiva, lo que los llevaba hasta el punto de causarse lesiones mutuamente. Es probable que el conflicto se haya producido por cuestiones económicas, ya que la procesada dependía económicamente del agraviado y, al parecer, también los hijos de ésta; al respecto, se debe tener en cuenta que el agraviado tenía afición a las bebidas alcohólicas, lo que debía mermar su capacidad económica, y también debe considerarse que en el expediente existen muchas manifestaciones que indican que el agraviado tenía intenciones de alejarse de la procesada. Asimismo, no se ha llegado a comprobar que, en dicha relación conflictiva, el agraviado haya tenido una posición dominante y la procesada un rol sumiso, pues, según algunos declarantes en el presente proceso, el agraviado incluso sufría maltratos por parte de los hijos de la procesada. 5) En la cabeza de la víctima se encontró el tipo de contusión con derrame, específicamente el sanguíneo, tanto equimosis (en el cuello) como hematomas (en la cabeza); los primeros ocasionados por un agente constrictor (pasador), mientras que los segundos por un agente contundente (no determinado). En el cuerpo de la víctima se encontraron hematomas en diversas partes del cráneo, inclusive en la parte frontal, lo que no se condice con la caída del cuerpo sobre sus espaldas, habiendo estado el caído sentado sobre una silla. Por tanto, se sostiene que el agraviado, en versión de la imputada, habría perdido la vida por las contusiones en el cráneo producidas por caída, pues el desplome de la víctima se produjo en el mismo plano de sustentación (a diferencia de lo que ocurre con la precipitación). Al respecto, se debe considerar que el cuerpo de la víctima fue depositado en el
interior del hoyo, desde una altura aproximada de 1.50 m. –profundidad del hoyo de acuerdo con la inspección bio criminalística–; vale decir, el desplome de la víctima se produjo por debajo del plano de sustentación, lo que resulta ser un caso de precipitación. 6) Según el protocolo de necropsia, se afirma que el surco encontrado en el cuello de la víctima tiene características tanto del estrangulamiento como de la ahorcadura. Respecto al primero, el surco es completo; mientras que respecto a la segunda, el surco es ligeramente oblicuo. No obstante, se plantea la hipótesis de que se trata de un estrangulamiento, pues el surco es completo, lo que descarta que sea un ahorcamiento, y porque el surco es ligeramente oblicuo, y no totalmente oblicuo como sería el causado por el peso del cuerpo suspendido. Asimismo, porque en el cuello de la víctima se encontraron lesiones internas, lo que es más frecuente en el estrangulamiento. 7) Se plantea la hipótesis de que el agraviado, sentado sobre una silla –tal vez aletargado por el consumo de alcohol, o dejado inconsciente–, fue maniatado, por los tobillos con la cadena del perro, y por las muñecas de las manos llevadas hacia atrás, con un cable de luz. En esa posición el agraviado habría estado inmovilizado, a fin de no ofrecer resistencia cuando se le puso una bolsa de plástico en la cabeza, y no impedir que el agente lo estrangule con un pasador, estando éste de pie y por la parte posterior de la víctima. Teniendo en cuenta la hipótesis de que en el hecho punible participaron otras personas además de la condenada; se plantea que luego de que el agraviado fue estrangulado lo llevaron hacia el hoyo, cavado especialmente para desaparecer el cuerpo; ahí el cuerpo fue echado, decúbito ventral, desde una altura aproximada de 1.50 m., luego se procedió con el entierro, llenando el hoyo con tierra y piedras. Efectuado este planteamiento, se afirma que sólo mediante un proceso penal se podría comprobar la hipótesis; no obstante, a partir de esta hipótesis se podría dar una mejor explicación del caso estudiado. 8) Teniendo en cuenta la calificación judicial del hecho punible como parricidio, no se verifica en la conducta de la procesada la intención de matar ( animus necandi ); ya que, como ella lo afirmó y lo tuvo como cierto el órgano judicial, sólo quiso empujar al procesado, con cierta vehemencia, por los improperios que éste había proferido durante la noche (aunque en el juicio oral la procesada declaró que sólo tocó el hombro del agraviado). Se sostiene que no se ha verificado, en la conducta de la procesada, el dolo directo de primer grado; vale decir, la procesada no podía haber querido matar al agraviado con empujarlo, mientras éste dormitaba sentado sobre una silla, sino a lo mucho sólo lesionarlo (animus vulnerandi ); por lo que, en el presente caso se habría presentado el dolo eventual, en caso se hubiera comprobado que la procesada asumió la posibilidad de matar al agraviado, si lo empujaba con vehemencia y se golpeaba la cabeza sobre el suelo de tierra; en ese supuesto, en la conducta de la procesada se apreciaría la intención de lesionar al agraviado, pero asumiendo la posibilidad de ocasionar su muerte. No obstante, conforme a la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible, se sostiene que la procesada habría actuado con dolo directo de primer grado. 9) La emoción violenta consiste en la reacción turbulenta y agresiva sobre una persona, si bien no implica inimputabilidad, hace difícil adecuar el comportamiento conforme a derecho; por lo que implica una imputabilidad disminuida. La emoción violenta es más que una simple afección, pero menos que una grave alteración de la conciencia. Cuando la emoción violenta alcanza real intensidad, provoca en el agente una grave alteración de la conciencia, de tal forma que, transitoriamente, afecta gravemente su concepto de la realidad y anula su facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto; por lo tanto, conlleva a la inimputabilidad.
10) Teniendo en cuenta los resultados de los exámenes psicológicos y psiquiátricos, se descarta la posibilidad de que la conducta de la procesada haya sido afectada por una grave alteración de la conciencia, que es una causa de inimputabilidad prevista en el inciso 1 del artículo 20 del CP. Contrario a la opinión de los peritos psiquiatras, en la sentencia de la Sala Penal Superior se establece que, en el momento del hecho punible, si bien la procesada no se encontraba en una situación de emoción violenta, sí estaba bajo las secuelas de ésta y, por lo tanto, estima la aplicación del artículo 21 del CP. No obstante, de acuerdo con la hipótesis planteada sobre las circunstancias del hecho punible, se sostiene que la conducta de la procesada no estuvo afectada por una grave alteración de la conciencia, ni mucho menos por una emoción violenta; vale decir, no sería aplicable, al caso materia de estudio, el inciso 1 del artículo 20 del CP, ni el artículo 21 del mismo código. 11) De acuerdo al fundamento de la Sala Penal Superior, se deduce que la procesada experimentó un estado de emoción violenta, horas antes de que empujara al agraviado. Siguiendo a Salinas Siccha, se sostiene que entre la probable causa de la emoción violenta –los improperios proferidos por el agraviado en torno a las hijas de la procesada– y el resultado muerte, transcurrió el tiempo suficiente para que la procesada pudiera sobreponerse, reflexionar y no atentar contra la vida del agraviado. En otras palabras, una reacción turbulenta y agresiva contra el agraviado no sería consecuencia de una emoción violenta, si la procesada manifiesta haber sido ofendida, por la mención injuriante que de sus hijas hizo el agraviado, en la noche del 11 de junio, y luego de varias horas dice haber atentado contra la vida de éste, al amanecer del 12 de junio. Entonces, se afirma que si no se comprobó la emoción violenta, no sería aplicable al caso el artículo 21 del CP y, por ende, no correspondía disminuir la pena por debajo del mínimo legal. 12) Según su documento de identidad, la procesada se encontraba casada con Max Jorge Franco Alfaro. Asimismo, está comprobado que el agraviado se apartó de su cónyuge para entablar una relación de convivencia con la procesada. Sin embargo, en el expediente no consta que la procesada se haya divorciado de Franco Alfaro, ni tampoco aparece elemento de prueba sobre la relación del agraviado con la madre de sus hijos, Yolanda Guardia Paitán, es decir, se desconoce si estaban casados o si llegaron a divorciarse. Tampoco consta si alguno de los matrimonios fue declarado nulo. Entonces, según el artículo 326 del CC, había un impedimento para que entre la procesada y el agraviado existiera el concubinato legal. De acuerdo con la doctrina, si no se configura el concubinato legal, entonces desaparece también la calificación de parricidio. En consecuencia, en el presente caso no podría haberse condenado a Basualdo Espinoza por el delito de parricidio, porque entre ella y el agraviado no existía el concubinato legal, ya que ella continuaba casada con Franco Alfaro y, por ello, estaba impedida de contraer nuevas nupcias, al menos hasta conseguir el divorcio o la nulidad de su matrimonio, lo que, en todo caso, no consta en el expediente. 13) Si en la descripción típica del artículo 107 del CP no se estableciera el elemento subjetivo “a sabiendas”, entonces no habría razón para discrepar con la doctrina y, por tanto, el concubinato debería establecerse conforme al artículo 326 del CC; de tal forma que, en caso no se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley civil, entonces no se configuraría el tipo penal de parricidio. Empero, considerando que el elemento subjetivo “a sabiendas” permite asegurar que el agente haya conocido el parentesco consanguíneo o jurídico con su víctima, en el presente caso se podría sostener que era suficiente comprobar que la procesada sabía que mataba a su concubino, cuestión que ha sido demostrada en el presente proceso. Por tanto, de acuerdo con una interpretación teleológica del artículo 107 del CP, el elemento concubino podría comprender algunas relaciones donde exista impedimento matrimonial, porque en nuestra realidad es común ver casos así, que son valorados por la sociedad
como “concubinato” –recuérdese que los elementos normativos del tipo penal pueden ser comprobados no sólo en virtud de una valoración jurídica, sino también sociocultural–. Empero, con ello se podría incurrir en una proscrita interpretación extensiva de la norma penal; por lo que, para superar este problema, es necesario establecer una postura jurisprudencial, o una modificatoria legal. Mientras eso no ocurra, se considera que si no se configura el concubinato legal conforme al artículo 326 del CC, entonces desaparece también la tipificación de parricidio. 14) En el caso estudiado no se ha comprobado que el agraviado haya padecido, física o psíquicamente, de modo innecesario, antes de que el agente le causara la muerte. Tampoco según la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible, se revelaría la intención del agente de hacer sufrir a la víctima. Entonces, no se ha comprobado el delito de asesinato con gran crueldad. De otro lado, el órgano judicial consideró que la procesada aprovechó la indefensión de la víctima para cometer el hecho punible; por tanto, se encontraría acreditado el delito de asesinato con alevosía. Asimismo, según la hipótesis planteada sobre la realización del hecho punible, también se comprobaría el asesinato con alevosía, pues el agraviado habría sido maniatado antes de ser estrangulado. Por consiguiente, conforme a sus fundamentos, el órgano judicial debió condenar a la acusada por el delito de parricidio en concurso ideal con el delito de asesinato con alevosía; pues se tuvo por acreditado el concubinato entre los sujetos del delito y la indefensión de la víctima. En cambio, como se ha sostenido, es discutible que el hecho punible sea tipificado como parricidio; por lo que a la acusada se le debió condenar por el delito de asesinato con alevosía, pero no por el delito de parricidio. 15) Según se ha expresado, un mejor desarrollo de la investigación hubiera revelado la identidad de las personas que participaron en el hecho punible, pues, según lo que obra en el expediente, es poco probable que la condenada haya podido actuar sola. De ese modo, sólo para efectos de análisis, es necesario anotar que los partícipes en el hecho punible, ya sea el instigador o el cómplice primario, serían reprimidos con la misma pena que correspondió a la condenada, es decir, once años de pena privativa de la libertad; de conformidad con los artículos 24 y 25 (primer párrafo) del CP. Sólo al cómplice secundario se le podría imponer una pena por debajo de la impuesta a la condenada; según lo establecido en el artículo 25 (segundo párrafo) del CP. Considerando que existe cosa juzgada en la calificación del hecho punible, el coautor sería condenado por el delito de homicidio simple, ya que no tendría las cualidades que exige el tipo penal de parricidio; de acuerdo con el artículo 26 del CP.
RECOMENDACIONES
1) La personalidad histriónica de la condenada tal vez explicaría el porqué el órgano judicial pudo ser impresionado por el contacto directo con una persona que suele representar un "papel" frente a los demás, para obtener algo; en este caso, para que sea creíble su historia de la mujer oprimida por el hombre abusivo, que vio en su muerte el único camino para alcanzar su libertad. Esto lleva a pensar en que la inmediación tiene sus peligros, lo que el juzgador debería tomar en cuenta, para evitar distorsionar su apreciación de los hechos.
2) Teniendo en cuenta que el elemento concubino del artículo 107 del CP, desde una valoración social, podría comprender algunas relaciones donde exista impedimento matrimonial, a fin de no incurrir en una proscrita interpretación extensiva de la norma penal, se recomienda establecer una postura jurisprudencial o una modificatoria legal. Mientras eso no ocurra, si no se configura el concubinato legal conforme al artículo 326 del CC, entonces desaparece también la tipificación de parricidio. 3) En cuanto a la prescripción de la acción penal para los supuestos participantes en el hecho punible, esto ocurriría en veinte años, según el cuarto párrafo del artículo 80 del CP, que es el límite máximo de prescripción. No obstante, en el presente caso se habría producido la interrupción de la prescripción de la acción penal, de conformidad con el artículo 83 del CP, por lo que el plazo extraordinario de prescripción comenzaría a partir del día siguiente de la última diligencia judicial, y se extendería hasta la mitad del plazo ordinario de prescripción; vale decir, hasta los diez años. Por tanto, hasta la fecha de sustentación del presente informe, la acción penal no se encontraría prescrita. [1] El otro informe de sustentación trata sobre un expediente de proceso de amparo, que se encuentra publicado en la siguiente dirección: http://www.scribd.com/doc/22856082/Informe-de-sustentacion-Expediente-de-amparo [2] Es el abogado Adger A. Julca Luna, el mismo que patrocinó a su madre, Basualdo Espinoza, en su manifestación policial, y, como se verá más adelante, también a su hermano Eduardo Franco Basualdo. [3] El 27 de junio de 1999, en la Comisaría de Villa Maria del Triunfo, se recibió la denuncia de Juan Sandoval Guardia por la desaparición de su padre, Casimiro Lucio Sandoval Pérez, desde hace 15 días (f. 53). [4] En el atestado se indica sus apellidos como “Pachin Pacaya”, sin embargo, teniendo en cuenta la inscripción debajo de la firma del entrevistado en el acta respectiva, se puede afirmar que sus apellidos son “Fachin Pacaya”. [5] Según el numeral 5 del mencionado artículo, corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. [6] La citada norma establecía lo siguiente: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: (...) 3.- Con gran crueldad o alevosía”. [7] Es pertinente anotar que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) fue promulgado por el Dec reto Legislativo № 957 (publicado el 29 de julio de 2004). De conformidad con los numerales 1 y 2 de la Primera Disposici ón Complementaria-Final de dicho Decreto Legislativo, el NCPP entrará en vigencia progresivamente en los diferentes distritos judiciales según un calendario oficial, aprobado por Decreto Supremo, que establecerá las normas complementarias y de implementación del NCPP; precisándose, además, que el día 1 de julio de 2006 se pondrá en vigencia este código en el distrito judicial designado por la Comisión Especial de Implementación (se refiere a Huaura y la Libertad), y que el distrito judicial de Lima será el distrito judicial que culminará la aplicación progresiva de dicho código. Al respecto, en el artículo 2 del Decreto Supremo № 013-2005-JUS se aprobó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal; empero, el mencionado decreto ha sido modificado por el Decreto Supremo № 005-2007-JUS (publicado el 05/ 05/2007). Entre otros cambios, en el NCPP es el Fiscal, y no el Juez, quien dirige la etapa de investigación. [8] Vid. Decreto Legislativo № 897, Ley de Procedimiento Especial para la Investigaci ón y Juzgamiento de los delitos agravados que tipifica el Decreto Legislativo № 896. El Decreto Legislativo № 897 fue declarado inconstitucional por el Tribunal constitucional.
[9] Sin embargo, más adelante la procesada afirma que eso ocurrió alrededor de las 11 p.m., y que luego le reclamó al agraviado sus expresiones sobre sus hijas, éste la empujó, cayendo de espaldas, por lo que, luego sintió dolor en la columna vertebral. (f. 150) [10] En dicho documento se anota lo siguiente: “Presenta alrededor del cuello una cuerda de nylon de 58 cmt. de longitud por 1 cmt. de ancho, que da cuatro vueltas alrededor del cuello y presenta un nudo doble situado en la región cervical anterior derecha” (f. 111). [11] Los documentos que a continuación se detallan fueron anexados al Parte Policial N° 100-IC-H-DIH (f. 201-216), remitidos al Juez Penal mediante oficio del 28 de marzo de 2000 por la Fiscal de la 45ª Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima (f. 200).
[12] Al parecer, en el acta hay un error material, pues no consta que la procesada tenga una hija con el nombre de “Jazmín”; por lo que, presumiblemente se refiere a Yanina. [13] La acusada recalca lo siguiente: “No lo empuje, sólo lo moví del hombro y le dije ‘habla pues ahora, habla’, y se cayó al piso”. (F. 248). [14] Sobre este último supuesto, el perito afirma que puede ser causado por golpes con piedras. Según el perito, en las fracturas localizadas en la región del cráneo, se encontraron signos vitales (sangre atrapada en los tejidos). [15] Esta fue la pregunta de la Directora de Debates: “¿Pues la acusada ha referido que el agraviado se encontraba sentado y que ella lo empujó, cayendo al piso y golpeándose la cabeza con un muro?” (f. 269); sobre el particular, es necesario aclarar que, por la versión de la acusada en la instrucción y en el juicio oral, el agraviado cayó al suelo y no contra un muro, que no tienen la misma consistencia y, por tanto, difieren en su capacidad de daño; al respecto, se debe tener en cuenta que la vivienda tenía suelo de tierra. [16] Sobre este punto, el colegiado considera lo siguiente: “en atención a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, resulta pertinente reconducir la tipificación de la acción penal, bajo el principio de la determinación alternativa, el cual; requiere como presupuestos los siguientes: a) Homogeneidad del bien jurídico; b) Inmutabilidad de los hechos y las pruebas; c) Preservación del derecho de defensa; y d) Coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación al tipo; desde que se encuentra acreditado el hecho Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, más no bajo la figura de Homicidio Calificado, sino dentro de los presupuestos del artículo ciento siete del Código Penal” (f. 294). [17] Vid. artículo 3, inciso c, del Decreto Legislativo № 897. Sobre el partic ular hay que señalar que, tras la lectura de la sentencia, tanto la condenada como el Fiscal Superior manifestaron su conformidad con la sentencia (f. 296). [18] Cabe anotar que en la denuncia el Fiscal solicita las declaraciones de los hijos de la procesada, Dora y Eduardo Franco, asimismo las de Akira Fachín y Clímaco Moreno Pinedo; también solicita la ratificación de los peritos de ITC, físico químico y biología forense; y solicita una diligencia de reconstrucción. Todas estas diligencias fueron ordenadas por el Juez Penal en el auto de apertura de instrucción; sin embargo, cuando el Juez del 28° Juzgado Penal de Lima se avoca al conocimiento del proceso (f. 79), no ordena las diligencias de ratificación de las pericias y tampoco la de reconstrucción. [19] En cuanto a la investigación deficiente, en el R.N. N° 1102-2006 Callao, del 30 de mayo de 2006, se anota lo siguiente: “que en autos se ha realizado una investigación incipiente sobre los hechos denunciados, en consecuencia se hace necesario declarar nula la sentencia recurrida y se lleve a cabo un nuevo juzgamiento”. [20] El artículo 136 del Código de Procedimientos Penales dice lo siguiente: “La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al Juez de practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación siempre que con ello no se perjudique a otros inculpados o que no pretenda la impunidad para otro, respecto del cual existen sospechas de culpabilidad. La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal.” Sobre los requisitos de la confesión sincera, en el R.N. N° 004203-2006 Callao, del 12 de marzo de 2007, se anota lo siguiente: "Que para determinar si el encausado es confeso dicha aceptación de cargos debe ser personal y oral, por cuanto es una declaración libre y consciente, sin que sea presionado, debe narrar los hechos en forma veraz y con contenido verosímil, el relato debe ser explicable, cognoscible y no contrario a una ley natural, debe aceptar simple o calificadamente la imputación en su contra y por ultimo debe ser total porque no existe una confesión parcial." Sobre el particular, se considera que en el presente caso no es aplicable el artículo citado, ya que, conforme se explicará más adelante, diversos medios de prueba refutan la versión dada por la procesada en el expediente materia de análisis. [21] Salinas Siccha, Ramiro, Derecho Penal, Parte Especial , 2ª edición, Lima: Grijley, 2007, p. 14. [22] Se puede afirmar que la muerte de uno de ellos fue la inevitable consecuencia de una relación progresivamente conflictiva; desenlace fatal que se ha visto en muchos casos de parejas (casados o convivientes) que habían inmerso su relación en un entorno de agresividad física y psicológica. [23] En este punto se debe resaltar que, según la inspección técnico policial, indicada en el atestado (f. 03), el cadáver se encontraba “con los miembros superiores maniatados hacia atrás con cables telefónicos y un cordón de naylon (sic), sujetado alrededor del cuello, los miembros inferiores flexionados y amarrado con cadena y pasador, la cabeza se encontraba cubierta
con una bolsa plástica”; como se puede apreciar, se da cuenta de un cordón de nylon que se encontró alrededor del cuello y de un pasador que sujetaba los miembros inferiores; empero, en la inspección técnico criminalística no se consigna el hallazgo de un cordón de nylon, pero sí de un pasador. Asimismo, se debe notar que en el protocolo de necropsia se detalla que el cadáver presentaba alrededor del cuello una cuerda de nylon de 58 cm. de longitud. [24] Rojas, Nerio, Medicina legal , 12ª edición, Buenos Aires: El Ateneo, 1984, p. 43. [25] Ibidem, pp. 44 y 45. [26] Ibidem, p. 45. [27] Vargas Alvarado, Eduardo, Medicina Legal , 2ª edición, México: Trillas, 2002, pp. 156 y 157. [28] Rojas, op. cit., p. 110. [29] Ibidem, p. 112. [30] Vargas Alvarado, op. cit., p. 180. [31] Rojas, op. cit., p. 114. [32] Ibidem, p. 118. [33] Vargas Alvarado, op. cit., p. 184. [34] La hipótesis de la asfixia por estrangulamiento, como causa de muerte, fue planteada por el Fiscal Provincial en su dictamen final y por el Fiscal Superior en su requisitoria oral. [35] Con una diligencia de reconstrucción de los hechos se podría comprobar si la condenada, con un 1.48 m. de estatura, pudo haber sido la persona que habría estrangulado al agraviado de esa manera. En caso no fuera así, se estaría probando la participación de otra persona en el hecho punible. [36] Castillo Alva, José Luis, Derecho penal, parte especial , Lima: Grijley, 2008, p. 87. [37] Salinas Siccha, op. cit., p. 9. [38] Ibidem, pp. 13 y 14. [39] El artículo citado es el vigente al momento del hecho punible materia de estudio (ocurrido el 12 de junio de 1999). Ese artículo fue modificado por la Ley № 27472 (publicada el 05-06-2001), en cuanto al l ímite mínimo de la pena privativa de la libertad (15 años). Posteriormente, el citado artículo fue modificado por la Ley № 28878 (publicada el 17-08-2006), mediante la inclusi ón del numeral 5 que dispone la siguiente circunstancia: “Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones.” [40] Salinas Siccha, op. cit., p. 36. [41] Como en el caso del tipo penal de homicidio calificado, el tipo penal de parricidio no establece un límite máximo a la pena privativa de la libertad, por lo que debemos remitirnos al artículo 29 del CP que establece un límite máximo de 35 años. [42] Castillo Alva, , op. cit., p. 280. [43] Ibidem, p. 282. [44] Salinas Siccha, op. cit., p. 23. [45] Castillo Alva, op. cit., p. 534. [46] Ibidem, p. 575. [47] Cuando no existe voluntad, no existe comportamiento desde el punto de vista jurídico. Las situaciones donde está excluido el comportamiento son: la fuerza física irresistible, la conducta refleja y los estados de inconciencia (vid. Villa Stein, Javier, Derecho Penal, Parte General , Lima: San Marcos, s.f., pp. 198-201). Para el derecho penal no se comporta el que opera reflejadamente, ya sea una respuesta refleja incondicionada (congénita) o condicionada (adquirida de la experiencia). No se consideran actos reflejos las llamadas “reacciones explosivas”, como los actos por emoción violenta, que afectan antes que al acto humano, a la imputabilidad. [48] Castillo Alva, op. cit., p. 583. Respecto a las normas citadas, según el inciso 1 del artículo 20 del CP, está exento de responsabilidad penal: “El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión”. De acuerdo con la doctrina, dichas circunstancias son causas de inimputabilidad y, por tanto, conllevan a que el hecho típico y antijurídico sea no culpable. Por otra parte, el artículo 21
del CP dispone lo siguiente: “En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal.” Según la doctrina, en el citado artículo se encuentra prevista la imputabilidad disminuida. [49] Salinas Siccha, op. cit., p. 76. [50] Ibidem, p. 22. [51] Para una explicación detallada de cada una de esas clases de dolo, vid. Villa Stein, op. cit., pp. 236-239. [52] Ferreira Delgado, Francisco José, Derecho penal especial , t. I, Bogotá: Temis, 2006, p. 30. [53] Castillo Alva, op. cit., pp. 315 y 316. [54] Ibidem, p. 585. [55] Salinas Siccha, op. cit., p. 28. [56] Idem. [57] Otra solución habría sido la culpa consciente, en que no se asume el riesgo de ocasionar el resultado típico (como ocurre en el dolo eventual), sino que se tiene confianza en que dicho resultado no se producirá. [58] Castillo Alva, op. cit., p. 285. [59] Hurtado Pozo, José Manuel, Manual de derecho penal, parte general , t. I, 3ª edición, Lima: Grijley, 2005, pp. 644 y 645. [60] Silva Sernaqué, Santos Alonso, Derecho penal, parte especial , Mayagüez (Puerto Rico): Hostos, 2007, p. 179. [61] Ibidem, p. 180. [62] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de derecho penal, parte general , Lima: Ediciones Jurídicas, 1990, p. 537. [63] Salinas Siccha, op. cit., p. 71. [64] Sobre el delito de parricidio por emoción violenta, en el R.N. N° 3087-2005 Lima, del 14 de diciembre de 2005, se anota lo siguiente: "(...) de lo actuado se evidencia que el sentenciado actuó motivado por los celos, por el arribo de su conyuge a su domicilio en altas horas de la noche, y que ante su reclamo, de boca de la propia víctima, se enteró que mantenía relaciones con otra persona y que incluso le solicitó el divorcio, hecho que originó una reacción desmedida en el procesado quien perdió su capacidad de reflexión y sus frenos inhibitorios, y terminó victimando a la agraviada, sin interesar que en esos momentos se encontraban presente sus menores hijos, ni la afectación a su propia integridad física, toda vez que luego de cometido el homicidio intentó suicidarse profiriéndose cortes en el cuerpo y lanzarse al vacío de lo alto de su casa (...) estas circunstancias nos llevarían a establecer la concurrencia del delito de homicidio por emoción violenta previsto en el artículo ciento nueve del código penal, puesto que se ha cumplido lo que la doctrina señala: 'en estado de alteración de la conciencia que de ninguna manera debe alcanzar la intensidad de una causa de inimputabilidad', la misma que se deberá aplicar al presente caso, como atenuante del delito principal (parricidio)." [65] Respecto a la desvinculación, en el R. N. N° 828 - 2007 Lima, del 08 de junio de 2007, se expresa lo siguiente: "La desvinculación o, con mayor precisión, el planteamiento de la tesis -de desvinculación- corresponde a la soberanía del Tribunal en orden a su poder de definición de los hechos y de calificación jurídico penal, siempre que mantenga inalterado el hecho punible -como hecho histórico subsumible en tipos penales de carácter homogéneo- introducido por el Ministerio Público en su acusación escrita. En el ámbito del proceso penal, la desvinculación no es ilimitada, se configura como un límite al principio iura novia curia, y a su vez la posibilidad de hacerlo -dentro de los márgenes de la homogeneidad del bien jurídico- está condicionada a un paso previo -si es que las partes, en especial la defensa del imputado no la propone como pretensión defensiva y ratifica en su alegato final-: plantear una propuesta en ese nivel a las partes -que, por ello, no necesita plasmarse en una resolución formal destinada a causar estado, sólo hace falta plantear una mera propuesta destinada al conocimiento de las partes, en especial del imputado-, a fin de garantizar el principio de contradicción y el derecho al previo conocimiento de los cargos, y de ese modo evitar fallos sorpresivos." Sobre este tema, San Martín Castro apunta lo siguiente: “Sobre la base de la inalterabilidad del hecho penal acusado e, inclusive, cuando exista alteración parcial del ‘hecho acusado’, la desvinculación será posible si el Tribunal, para garantizar el principio de contradicción, invita a las partes (a esto se denomina procesalmente ‘plantear la Tesis’) a pronunciarse sobre este punto. También podrá alzarse la exigencia de plantear la Tesis, si una de las partes postula el cambio de tipificación y ello ha sido de conocimiento de las demás partes, de modo que han tenido oportunidad de debatir y fijar posición al respecto. Con esto último se supera la
objeción al detrimento del derecho de defensa, en su ámbito de ‘previo conocimiento de los cargos’.” (San Martín Castro, César, Derecho procesal penal , v. I, 2ª. ed. aumentada, Lima: Grijley, 2003, pp. 763 y 764). [66] Castillo Alva, op. cit., p. 292. Agregando a lo dicho por el autor, el tipo penal se formula sobre la base de elementos descriptivos y elementos normativos (vid. Villa Stein, op. cit., pp. 214 y 215). Los primeros refieren hechos de la realidad, perceptibles a través de los sentidos (por ejemplo, el verbo “matar”); en cambio, los elementos normativos no pueden ser percibidos sensorialmente, sino solo pueden ser comprobados en virtud de una valoración jurídica o sociocultural. [67] Ibidem, p. 298. [68] Castillo Alva, op. cit., p. 300. [69] Salinas Siccha, op. cit., p. 25. [70] Ibidem, p. 27. [71] Sin embargo, cabe resaltar que sólo el elemento “concubino” plantearía dificultades, ya que en nuestra realidad, donde impera la informalidad, las personas no se molestan en antes divorciarse para luego iniciar, y continuar por años, una relación cuasi-marital, engendrando hijos, y asumiendo derechos y obligaciones; lo que si bien les impedirá que la ley civil les reconozca los derechos del concubinato, dicho estado permanente de informalidad no debería ser impedimento para la configuración del tipo penal de parricidio. [72] Según los medios, la interpretación de la norma penal puede ser lingüística, teleológica, histórica y sistemática (vid. Villa Stein, op. cit., pp. 134-139). Mediante la interpretación teleológica se busca el sentido o finalidad de la norma, la ratio legis; lo que nos conduce a esclarecer dos cuestiones: a) sobre el bien jurídico protegido; y, b) la mejor manera de protegerlo según las actuales circunstancias. No obstante, esta interpretación no debe conducir a un sobredimensionamiento del ámbito de punibilidad, por lo que deberá considerarse el principio de lesividad. En otras palabras, deberá evitarse una interpretación extensiva de la norma penal, comprendiendo una gran variedad de hipótesis. Al respecto, cabe anotar que es garantía constitucional (vid. artículo 139, inciso 9 de la Constitución), el empleo de una interpretación restrictiva, es decir, cuando en relación con otra interpretación posible, resulta más restringido el ámbito de puniblidad. [73] Por ejemplo, en el inciso 1 del artículo 104 del Código Penal de Colombia se prescribe que la pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta de matar a otro se cometiere en la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad (el subrayado es un añadido). Código Penal de Colombia, Ley 599 de 2000; disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/ (Consulta realizada el 09/08/2009). Es pertinente anotar que se menciona una circunstancia agravante del homicidio; pues en dicho código no se encuentra establecido el parricidio como tipo penal. A propósito, se expuesto una posición en la siguiente monografía: http://www.monografias.com/trabajos44/parricidioinfanticidio/parricidio-infanticidio.shtml (Consulta realizada el 16/10/2009). [74] Salinas Siccha, op. cit., p. 49. [75] Ibidem, p. 50. [76] Castillo Alva, op. cit., p. 437. [77] Ibidem, p. 52. [78] Idem. [79] Castillo Alva, op. cit., p. 469. [80] Según la norma citada, son circunstancias agravantes: ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Código Penal de España, Ley Orgánica 10/1995; disponible en: http://www.boe.es/ (Consulta realizada el 09/08/2009). [81] Polaino Navarrete, Miguel, Instituciones de derecho penal, parte general , Lima: Grijley, 2005, p. 515. [82] Respecto al asesinato con alevosía, en el R.N. N° 4969-2007 Amazonas, del 24 de marzo de 2008, se anota lo siguiente: "mientras el procesado Quininto Wajai manejaba la embarcación, el procesado Puancha Mayac en forma sorpresiva cogió un palo y golpeó la cabeza del agraviado por lo que éste cae al agua e intenta cogerse de la canoa, ante lo cual el procesado Puancha Mayac volvió a propinarle otros golpes que provocó que la víctima desapareciera en las aguas del río, para luego los procesados se apoderaran del maletín del agraviado que contenía la suma de mil doscientos nuevos soles
