Hillert, F. (2003). Lo público, democrático y popular. En Feldfeber, M. y otros, Los sentidos de lo público: reflexiones desde el campo educativo. Buenos Aires: Novedades Educativas.
Lo público, democrático y popular Flora Hillert Master en Ciencias Sociales con especialización en Educación (FLACSO). Profesora Regular Adjunta del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Actualmente Directora de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía Fil osofía y Letras (UBA). Investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación (IICE) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Directora del Proyecto UBACYT "Sujetos sociales y construcción del espacio público en educación". Coautora de El sistema educativo argentino: Antecedentes, formación y crisis (Cartago, 1985). Autora de Educación, ciudadanía y democracia (Tesis 11, 1999). Fundadora de la Revista Argentina de Educación (1982- 2002), de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación. Para quienes nos posicionamos en defensa de la educación pública estatal, el debate en torno del concepto de "lo público", su reelaboración y enriquecimiento es un tema clave de la mayor relevancia. Durante la década del 90, ante al embate neoconservador, los defensores de la escuela pública fuimos en varios sentidos avasallados. No sólo fue insuficiente la movilización en defensa de la escuela pública y en oposición al proyecto neoc neocon onse serv rvad ador or,, sino sino tamb tambié ién n el anda andami miaj aje e teór teóric ico o so sost sten enid ido: o: nuest nuestro ross argumen argumentos tos,, nuestr nuestra a biblio bibliogra grafía fía y nuest nuestros ros plante planteos os fueron fueron eviden evidentement temente e escasos e inadecuados. Los se Los sect ctor ores es neoc neocon onse serv rvad ador ores es refo reformu rmula laba ban n lo públ públic ico o en un se sent ntid ido o hegemónico, a favor del Estado mínimo, y desafiaban a repensarlo y, desde el campo popular, se hacía urgente actualizar la noción de "lo público" para poder argumentar argumentar y fundamentar fundamentar contundentemen contundentemente te su defensa. defensa. La noción noción reclamaba reclamaba en especial ser analizada, puesto que por más de un siglo había subsistido como una una noci noción ón sinc sincrét rétic ica, a, no somet sometida ida a la disc discri rimin minac ació ión n de sus sus ele eleme ment ntos os constitutivos y a nuevas síntesis. Tras una década de estudios y debates, a comienzos del nuevo siglo hay coincidencia acerca de la imposibilidad de reconstrucciones definitivas, porque los límites de lo público son fluctuantes: se modifican históricamente de acuerdo con los objetos que abarcan, con los sujetos que les dan sentido y con las correlaciones de fuerzas de los distintos períodos o circunstancias. Sin embargo, son posibles los posicionamientos, las búsquedas de respuestas, la elaboración de criterios de delimitación. En este tema como en otros, el exceso de claridad y definición conlleva el riesgo de conducir a esquematismos cerrados, cuando el problema tiene que quedar abierto. Pero el exceso de incertidumbres y complejizaciones impide las mínimas conceptualizaciones necesarias para orientarse teórica y prácticamente en una cuestión de vital importancia como ésta. Desde un punto de vista personal, entiendo necesario exponer la índole -de interrogantes desatados a lo largo de mi propio proceso de búsqueda, como prueba de honestidad intelectual y como explicación de la
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dirección en que comencé a perseguir nuevas respuestas. Cuando en la década del 90 aparecieron los planteos neoconservadores, el campo progresista estaba realmente en una encrucijada teórico-práctica. Autores destacados como Poulantzas, de finales de los 70, o posteriores, como Rossanda, o Laclau, analizaban el fracaso de las dos líneas del movimiento obrero y socialista internacional: la socialdemócrata en las experiencias de estado distributivas, y la leninista o marxista leninista en la experiencia comunista. Ambas habían exacerbado el estatismo. Una a través del Estado de Bienestar y otra a través de la absorción de todas las posibilidades de movimientos liberales o democráticos o autogestionarios -partidos, sindicatos, etc.-, en la acción del Estado. La literatura planteaba que esto era el abandono de la idea original del marxismo -de extinción del Estado-, porque todas las experiencias reales, la socialdemócrata, la marxista -y hay que añadir la maoísta- llevaban a fortalecer el Estado burocrático previsto por Weber, absorbían funciones sociales y limitaban la movilización y la participación de la gente. En el acervo marxista, el planteo de la extinción del Estado implicaba un horizonte teórico según el cual la gente asumía progresivamente, y cada vez más, funciones de administración y gobierno; no exigía la extinción práctica del Estado, pero suponía una intervención creciente de los pueblos en la resolución de sus problemas, y una limitación creciente de la burocracia y de los poderes absolutos del Estado. La experiencia histórica fue en sentido contrario. Desde otro afluente teórico también de origen marxista, en los años 20 y 30, Gramsci, con referencia al stalinismo, había criticado la estadolatría. Y su crítica había tomado como ejemplo un problema educativo: Gramsci opinaba que hacer obligatorio el nivel inicial constituía un avance del Estado sobre los derechos de las familias, crítica que hoy no sería compartida por la mayoría de las familias ni de los educadores. Pero el uso del término estadolatría por parte de Gramsci interpelaba al pensamiento progresista que buscaba respuestas renovadas en la década del 90. En los años 80, Norbert Lechner presentó muy acertadamente la situación en que se hallaba el debate acerca de la sociedad civil en América Latina. El autor sostenía que, frente a las experiencias militares, los pueblos de América Latina ubicaban en la sociedad civil la solución de muchos de sus problemas, contraponiéndola a los Estados burocrático-autoritarios o a las dictaduras militares anteriores. Surgía entonces una nueva confianza en la sociedad civil, en los movimientos de masas, en las asociaciones populares, con
un gran sello antiestatista. El Estado pasó a ser visto como la fuente de todos los males, y la sociedad civil como el lugar de las soluciones a los males generados por el Estado. Es decir que, en los años 80, en ocasión del retorno de la democracia en una serie de países, parecía crecer en América Latina cierto antiestatismo unido a una reivindicación de la sociedad civil, como si el Estado -no el Estado antidemocrático, antinacional, antipopular, sino el Estado como institución- fuera el causante de la falta de participación o de la falta de resolución de muchos de los problemas que aquejaban a los pueblos. Hacia fines de la década del 80 y principios de la del 90 se produjo, además, la caída de las sociedades del llamado socialismo real, en las que imperaba un Estado a la vez benefactor, paternalista, autoritario, represor, centralizado y burocrático. Y es en el cruce de estos distintos acontecimientos y debates que se impuso el modelo neoconservador, que efectivizó la reducción del Estado. En el curso de las opiniones, el planteo neoconservador de Estado mínimo parecía empalmar con el antiestatismo de sectores de la sociedad civil. Y en verdad era difícil defender un Estado que se mostraba, no sin fundamentos, como "bobo y grande"; y que, además, era el Estado de la dominación. En este entramado de contradicciones y perspectivas era realmente necesario, continúa siendo necesario, realizar un esfuerzo teórico práctico muy
serio para ensayar respuestas renovadas. Cuando se pone la mirada en la sociedad civil y se sostiene que la sociedad civil puede diferenciarse de la sociedad política y resolver problemas de ineficiencia, o de costos, o de distribución, o de justicia social, y el Estado no, se supone que sociedad política y sociedad civil son esencialmente o cualitativamente distintas, opuestas. Lechner recuerda -apelando a Marx- que la sociedad civil no es más que la anatomía de la sociedad política. Y no hay una muralla, no hay un divorcio, una materia constitutiva diferente de una y otra. Las fuerzas económicas sociales y los bloques dominantes en la sociedad civil son los bloques dominantes en la sociedad política. Aunque, por supuesto, hay sectores que sí actúan en la sociedad civil y no están representados en la sociedad polí tica, y sectores minoritarios de la sociedad civil sobrerrepresentados en la sociedad política. A esta altura de la argumentación, y teniendo en cuenta el desarrollo de los sujetos sociales en los 90, sería importante intentar una pequeña diferenciación entre sociedad civil y tercer sector.
La alusión al tercer sector implica que hay un primer sector -el Estado- y un segundo sector –el mercado-. El tercer sector estaría conformado por ONGs, asociaciones voluntarias, organizaciones de defensa de valores, etc., no vinculadas con el Estado ni con el mercado. De la sociedad civil participan, en cambio, todas las organizaciones productivas —las empresas— y las corporaciones —entre ellas la Iglesia. Si la sociedad civil es la anatomía de la sociedad política, la empresa y el mundo productivo tienen que encontrar espacio en la noción de sociedad civil. Así lo ubica Bobbio, así lo ubicaba también Gramsci, y así lo ubicaba Marx en su "Crítica a la filosofía del derecho de Hegel": el mundo de la producción, del trabajo y del mercado se ubica en la sociedad civil. Del tercer sector se dice, en cambio, que es distinto del mercado y que no está constituido por las organizaciones lucrativas, sino sólo por el asociacionismo civil, las ONGs, etcétera. Aunque se intente establecer delimitaciones conceptuales, no es posible ni necesario fijar límites precisos —nominales o sustantivos— entre tercer sector y sociedad civil: un club del trueque es asociacionismo civil con elementos mercantiles... Aun señalando las diferencias, es necesario recordar que ni la sociedad civil ni el tercer sector están al margen de la existencia de las clases y los sectores sociales. Cuando se analizan las fundaciones, las ONGs, los movimientos que existen en el tercer sector, se encuentran orígenes de lo más diversos. Los estudios sobre la composición de las ONGs en la Argentina demuestran que algunas son realmente asociaciones voluntarias que representan a sectores populares, y otras son fundaciones de grandes empresas, de corporaciones o de organismos internacionales. Por eso, es necesario tener en cuenta que ni el tercer sector es homogéneo y representante de todo lo bueno, ni la sociedad civil es homogénea ni equivalente a todo lo bueno, sino que cada una de estas instancias o categorías debe ser objeto de análisis concretos, y no considerada simplemente como totalidad indiscriminada. En la experiencia educativa reciente, el Ministerio de Educación dio a conocer, después de la elaboración de los CBC, varios tomos llamados " Fuentes", que presentan la lista y los aportes de los autores y sectores consultados en relación con los contenidos de la enseñanza. Uno de los tomos se titula "Consulta a la sociedad": esa consulta a la sociedad es la consulta a los sectores de la producción y fue realizada a través de IDEA — Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino—. Es decir que lo que el Ministerio consideró "consulta a la sociedad" fue una consulta a las grandes empresas a través de IDEA: el Ministerio equiparó sociedad con mercado y grandes empresas. Si trascendiendo la información ministerial se indaga quiénes son miembros de IDEA, se los encuentra ordenados alfabéticamente por rubros. En la letra "A", en el rubro " alimentos", se hallan la Sociedad Rural Argentina, Aguas Argentinas, Arcor, La Virginia, Molinos Río de la Plata, Amorixe, Pepsico argentina, SanCor, Swift. Si dentro de la "A" pasamos al rubro de las
" AFJP", encontramos Máxima, Orígenes, Siembra, Unidos. En la "B" están los " bancos": Asociación de Bancos de la Argentina, Banco de Galicia, Banco Itaú, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco General de Negocios, Banco Hipotecario SA. Si continuamos recorriendo los miembros de IDEA hasta la Z, encontramos Xerox, Médicus, Grupo Clarín, Sociedad Anónima La Nación.
¿Es ésta la sociedad civil? Ésta es una parte de la sociedad civil, y la sola enumeración de estas entidades explica por qué es necesario proceder al análisis cuando se alude a la sociedad civil. Desde otra perspectiva, una organización como, por ejemplo "Pelota de trapo ", ONG que trabaja con niños de la calle, también es parte de la sociedad civil. Por eso, en cada ámbito sería necesario decidir qué bloque social se asume como referente, qué clases y sectores sociales: se puede sostener que la divisoria de aguas bien podría ser la noción de lo popular. Cabe avanzar en el significado de lo popular, no tanto para pulir definiciones, como para establecer las grandes líneas divisorias. Desde el punto de vista teórico, éstas no se encontrarían entre sociedad civil y Estado, sino entre lo popular, lo democrático, lo nacional, y lo no popular, lo no democrático, lo antinacional. La pregunta siguiente es si existe lo público no estatal. En relación con este tema el primer fenómeno que hoy se presenta a la reflexión son las asambleas barriales ¿son públicas o privadas? Una asamblea barrial es un claro ejemplo de lo público no estatal, de un espacio público no estatal. Lo mismo sucede con los sindicatos —con las debidas salvedades acerca de su cooptación por el Estado—, con muchas ONGs, con las cooperativas, y otras organizaciones. A esa pregunta le sigue otra: ¿debe existir lo público no estatal? Se puede sostener con fundamentos que la multiplicidad de lo público nunca debería ser absorbida totalmente por el Estado. Esto significa, por ejemplo, que los sindicatos no pueden ser estatales, y que tienen que tener autonomía con respecto al Estado, sea cual fuere el régimen político de la sociedad en que actúen. Y así como los sindicatos, muchas otras organizaciones. Una sociedad es tanto más rica cuanto más organizaciones civiles, autogestionarias y de diversas características posee, y no todo lo público tiene que ser inmediatamente ni obligatoriamente estatal. En la tradición socialista se recuerda sobre este punto un viejo debate entre Rosa Luxemburgo y Lenin, en el que Rosa Luxemburgo planteaba que el partido único, la anulación de los sindicatos y la anulación de la prensa libre iban a llevar necesariamente al anquilosamiento de los soviets. En relación con nuestro tema, esta posición alimenta la reivindicación de espacios públicos no estatales, la oposición a que todo lo público sea estatal. En el caso de la universidad, los universitarios defendernos su carácter estatal, pero defendemos también la autonomía de la actividad científica creativa. De ninguna manera quisiéramos el control estatal sobre nuestra producción intelectual. Una cosa es que el Estado sostenga, a través del presupuesto nacional, la actividad científico-técnica de las universidades, integradas a un plan de desarrollo científico general, y otra muy distinta, e inaceptable, sería el control al desarrollo del libre pensamiento de los universitarios, a la autonomía académica. Por lo tanto, el problema tiene distintas aristas y debe ser abordado en su complejidad. Por ejemplo, en relación con algunas escuelas cooperativas se debate si éstas encarnan o no lo público no estatal, y hay quienes propugnan incluso una
legislación especial para ellas, sugiriendo que, así como hay una ley para escuelas estatales, podría haber otra ley para escuelas públicas no estatales o para escuelas cooperativas, consideradas espacio público ni estatal ni privado. El relato de la experiencia de una escuela cooperativa en una provincia mediterránea resulta ilustrativo para un análisis ya no económico sino político, que trasciende las consideraciones acerca del modo de producción. Se trata de una escuela cooperativa que ha acuñado una moneda para la organización del trueque; el pueblo ha asumido esa moneda, y la intendencia aceptaría que se pagaran los impuestos con la moneda acuñada en la escuela originariamente para el trueque. Cabe preguntarse cómo abordar la formación de la identidad nacional en una escuela así. Porque nos hallamos ante un claro ejemplo de balcanización, monetaria y educativa: a la existencia de las monedas provinciales, se sumaría en este caso una moneda local impulsada por la escuela. Más allá de la necesidad y la factibilidad de esta experiencia en las circunstancias de la profunda crisis que estamos viviendo, ¿cómo trabajar en estas condiciones la formación de la identidad nacional, la idea de nación, el patriotismo, las relaciones económicas globales y el papel del Mercosur...? No se trata de oponerse a este tipo de respuestas sociales y educativas a la crisis, pero nuestra perspectiva como país requiere avanzar más allá de este tipo de alternativas. Fuera de los límites educativos, las experiencias realizadas en relación con la participación en la esfera pública no estatal pueden dirigirse al ámbito político — como en los casos de elaboración de planes estratégicos locales o en los debates de presupuestos gubernamentales—, o al ámbito económico —por ejemplo, la organización de diversas formas de economía social como cooperativas, clubes de trueque, etc. Desde el punto de vista económico, si se consideran los modos de producción o las relaciones de producción, se puede decir que existen la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad cooperativa. Cabe recordar que hasta hace una década se hablaba de la propiedad social de los medios de producción — conceptualización que cayó en el olvido después de la caída del llamado socialismo real y de la imposición del modelo neoconservador—. La propiedad social de los medios de producción aludía a una forma de propiedad ni estatal ni privada, como la cooperativa. ¿Tiene vigencia debatir esto en la Argentina actual? ¿O se trata de un debate extemporáneo? El tema parece tener actualidad más allá del ámbito educativo. Por ejemplo, en relación con las elecciones presidenciales de 2003, a pesar del escaso debate programático realizado, han circulado algunas ideas acerca de los diversos cursos económicos posibles para enfrentar el modelo hegemónico. Unos proponen recuperar, como actividades del Estado, los ferrocarriles, el petróleo, la salud y la educación; y desarrollar por vía privada y cooperativa la vivienda y las empresas productivas privadas. Otros sostienen que no somos un país industrial, que la población urbana debe en parte volver al campo, y que es necesario promover los microemprendimientos y la producción artesanal. Es posible considerar que en uno de los casos se propone una combinación de lo estatal, lo privado y lo cooperativo, mientras que en el otro se absolutizan las formas de economía social no estatal ni privada, con el riesgo de olvidar la posibilidad industrialista. Una de ellas propone recuperar como actividades del Estado los ferrocarriles, el petróleo, la salud y la educación; y desarrollar por vía privada y cooperativa la
vivienda y las empresas productivas privadas. La otra sostiene que no somos un país industrial, que la población urbana debe en parte volver al campo, y que es necesario promover los microemprendimientos y la producción artesanal. Es posible afirmar que una de las propuestas presenta una combinación de lo estatal, lo privado y lo cooperativo, mientras que la otra absolutiza las formas de economía social no estatal ni privada, con el riesgo de olvidar la posibilidad industrialista. Sin duda, los clubes de trueque son iniciativas solidarias relevantes, la producción artesanal debe tener reconocimiento y espacio en el mercado, las asambleas de barrio son un nuevo espacio público no estatal, y el espacio público no estatal tiene que existir y ampliarse. Y, sin embargo, un proyecto nacional no puede basarse sólo en estos modos de producción ni en estas formas de acción política. En el caso de la educación, los debates se complicaron cuando el Estado neoconservador, en continuidad con el Congreso Pedagógico Nacional, sancionó la Ley Federal de Educación, por la que se consagró corno "educación pública" tanto a la educación estatal como a la privada. Por eso se hace necesario establecer, teórica y prácticamente, cuáles pueden ser consideradas las líneas divisorias entre lo público y lo privado. En la actualidad hay suficiente acuerdo en que no se puede definir lo público por el destinatario. Toda mercancía se produce para el consumo público: una fábrica, productora de blue jeans, los fabrica para el consumo público; Mc Donald's produce hamburguesas para que las consuma el público; el shopping es visitado por el público; el colectivo es un medio de transporte público; la radio y la TV son medios de comunicación pública. Desde el punto de vista del destinatario, todos los productos son públicos. Por eso, Héctor F. Bravo decía: "hay que definir lo público no por el destinatario sino por la institucionalización y la soberanía" . Y esto es lo básico. Los temas de la institucionalización y de la soberanía son los ejes básicos para la dilucidación del problema. En relación con la institucionalización, aquello que es público se acuerda de manera deliberativa y participativa. Los ciudadanos no podemos decidir qué va a hacer el Chase Manhattan Bank con sus fondos, ni qué va a producir Microsoft en el próximo año, ni cuál va a ser la línea que la Iglesia Católica apruebe en su sínodo de obispos. Pero, en cambio, se supone que en un Estado democrático se pueden y se deben discutir públicamente -tanto en forma directa como en forma representativa-, políticas públicas, el destino de los bienes y de los servicios públicos. Y que por eso las políticas públicas son realmente la expresión de la voluntad general. La referencia a formas directas y representativas alude a procesos de asambleas, de elecciones, y a otras combinaciones posibles de participación. El problema ante el cual nos enfrentamos es que la Ley Federal de Educación, que consagró jurídicamente la existencia de educación pública de gestión estatal y de gestión privada, aprobada por vía representativa y deliberativa por el Poder Legislativo -según la forma normal de elaboración de las leyes-, sostiene que la escuela privada es pública. Esta formulación debería ser revisada y superada, mirando hacia adelante: recuperando nuestra definición de escuela pública como escuela estatal, y avanzando hacia una escuela de soberanía popular.
En la cita de Héctor Félix Bravo, junto a la institucionalización se menciona a la soberanía. El principio de soberanía define "quién es el señor", "quién manda aquí". El principio de soberanía establece quién manda, quién es el soberano, en una escuela pública y en una escuela privada. En la escuela estatal el soberano debería ser el pueblo. No es toda la sociedad la que participa por igual en la escuela estatal: en el proceso de constitución de lo público, en el nivel macrosocial y estatal, los intereses populares pugnan por avanzar nacional y hegemónicamente en la constitución de la voluntad popular, general. Por eso es insoslayable una línea divisoria entre lo popular y lo no popular en relación con lo público. El último aspecto a considerar es el de la gestión. Con referencia a este punto, la perspectiva debería ser totalmente distinta a la formulada en la ley. En lugar de escuela pública "de gestión privada o de gestión estatal", habría que reconocer lo público como distinto de lo privado. Y si bien puede haber dos formas de lo público -público estatal y público no estatal, que no es lo privado, sino las cooperativas, las ONGs, etc.-, lo dominante en educación debe ser la forma estatal. Desde un punto de vista liberal, es admisible la existencia de otras escuelas además de las estatales. Pero lo público no estatal debería ocupar espacios menores en el conjunto del espectro, porque lo predominante debería ser lo estatal con soberanía popular: frente a la actual balcanización, es necesario reconstruir un sistema educativo nacional, que exprese la voluntad popular general alcanzada por vía representativa, y esto sólo es posible en la instancia estatal. En cambio, la gestión no debería ser sólo estatal, la gestión debería ser estatal, social, y popular. Es decir, una vez alcanzada la aprobación de una ley o de un lineamiento de política educativa público, se hace necesario el control, la fiscalización, el trabajo cotidiano, la autogestión, todo lo que implica la gestión social participativa. Así se plantea en gran medida en las propuestas educativas de la gobernación de Río Grande Do Sur y de la ciudad de Porto Alegre. Ellos proponen una "escuela estatal que es patrimonio comunitario y que tiene que democratizarse en el acceso, en la gestión y en el conocimiento". En el caso de Porto Alegre, el presupuesto participativo rige también para la organización y la administración escolar. Por eso, lejos de incluir a todas las escuelas como públicas y diferenciarlas por su gestión estatal o privada, como dice la Ley, habría que diferenciar las escuelas públicas de las privadas y plantear para la escuela pública estatal la gestión mixta, estatal y social. Con el planteo de la gestión social, se estaría avanzando hacia la construcción de un Estado que no esté por encima y separado de la sociedad, y abriendo caminos a la aproximación entre la sociedad y el Estado. En esta aproximación mutua, teniendo en cuenta que la sociedad civil no es homogénea, la participación social corre el riesgo de dar lugar a la intervención de actores sociales privados —mercantiles y confesionales entre otros— en la escuela pública estatal. Pero la construcción de la soberanía nacional estatal debe dirigirse a sobreimponerse a estos intereses y llegar a expresar la voluntad popular general, lo que en cambio sería imposible si en lugar de un sistema nacional contáramos sólo con instituciones balcanizadas... Este planteo supone que democracia participativa y representación no son posibilidades excluyentes, sino complementarias.
BIBLIOGRAFÍA Bobbio, Norberto, Estado, Gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. Bravo, Héctor Félix, "Lucha de palabras: enseñanza 'estatal—, mimeo, 1991. Governo do Estado do Río Grande Do Sul, Secretaría da Educaçáo, Constituinte Escolar, Cadernos Temáticos N° 1, 2, 7 y 12. Laclau, Ernesto, Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996. Lechner, Norbert, "La (problemática) invocación a la sociedad civil", en Cuestiones de Estado, Lima, 1994. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Fuentes para la transformación curricular: "Consulta a la sociedad. La educación desestabilizada por la competitividad. Las demandas del mundo del trabajo al sistema educativo", Buenos Aires, República Argentina, 1997. Poulantzas, Nikos, Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI, 1986. Rossanda, Rossana, "Hipótesis sobre el derrumbe de la Unión Soviética", en El nuevo sistema del mundo, Buenos Aires, Actuel Marx y K&AI, 1993.
