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TEMA

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La Organización territorial del Estado en la Constitución Constitució n Española Las Comunidades Autónomas: Autónomas: Fundamento constitucional Los Estatutos de Autonomía Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas La Organización de las Comunidades Autónomas REFERENCIAS LEGISLATIVAS Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978

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Parte común. Tema 3

1.

LA OR ORGA GANI NIZA ZACI CIÓN ÓN TE TERR RRIT ITOR ORIA IALL DEL DEL ES ESTA TADO DO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1.1 1. 1 La form forma a terr territ itor oria iall del del Estad Estado o "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza gara ntiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas" (art. 2 CE). El reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía no se circunscribe sólo al ámbito de las nacionalidades y regiones, sino que se extiende también a los Municipios y a las Provincias. "El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades AutónoAutónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses" (art. 137 CE). Según el diccionario de la Real Academia, autonomía es la potestad que dentro del Estado pueden gozar Municipios, Provincias y regiones u otras entidades para regir re gir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios. Partiendo de esta definición, la autonomía, como capacidad de autogobierno y autoorganización, se establece constitucionalmente para los distintos niveles de organización política y administrativa, pudiendo diferenciarse dos grandes grupos: la autonomía local y la de las nacionalidades y regioregiones, de naturaleza y contenido distinto. El art. 2 de la Constitución vincula el principio de autonomía al principio de unidad de la Nación Española, pues sólo partiendo de esta unidad podrá establecerse una determinada autonomía, ya que ambos principios se encuentran ligados indisolublemente. Podemos concluir de acuerdo con el Tribunal Tribunal Constitucional que: La autonomía hace referencia a un poder limitado y que autonomía no es soberanía y dado que cada organización territorial es una parte del todo, en ningún caso, el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido. Asimismo, hay que destacar que en este contexto del reconocimiento del derecho a la autonomía en el seno del Estado, el término "Estado" adquiere un doble sentido: por un lado sirve a los efectos de definir al Estado español como soberano y por otro, para designar el aparato jurídico-público de carácter unitario en el que se integran los poderes centrales.

1.2 Regulación La Constitución dedica el Título VIII a la Organización Territorial del Estado, dividido en tres Capítulos: - Ca Capí pítu tulo lo Prim Primero ero:: "Prin "Princi cipi pios os Gene General rales es". ". - Cap Capítu ítulo lo Seg Segund undo: o: "De la Adm Admini inistra stració ciónn Local Local". ". - Cap Capítu ítulo lo Terce Tercero: ro: "De las las Comu Comunid nidade adess Autón Autónoma omas". s".

1.3 1. 3 Pr Prin inci cipi pios os gen gener eral ales es A. Pr Prin inci cipi pio o de au auto tono nomí mía a La autonomía no constituye soberanía por cuanto está limitada por la propia Constitución, los Estatutos de Autonomía y las Leyes. Se reconoce la autonomía de las unidades de organización territo108

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Organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas

rial -Provincias, Municipios y Comunidades Autónomas- para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 Constitución).

B. Principio de solidaridad En aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la Constitución, se prevé la realización efectiva de este principio, buscando un equilibrio "económico, adecuado y justo" entre las diversas zonas del territorio español.

C. Principio de igualdad Tanto económico como social. Es una consecuencia directa del principio anterior, ya que las diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas nunca podrán implicar privilegios económicos y sociales (art. 138.2 Constitución). Este principio de igualdad se ve reforzado, además, por dos previsiones constitucionales (art. 139): - La igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado. - La prohibición de adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas, así como la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

D. Principio democrático Tanto en la elección de sus miembros como en el funcionamiento de sus órganos, la Administración territorial se fundará en principios democráticos.

2.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Para solucionar el problema de la convivencia entre las distintas comunidades, la Constitución republicana de 1931 optó por una fórmula intermedia entre el Estado Unitario y el Estado Federal: el denominado Estado Integral, que trataba de hacer compatible la existencia de regímenes de autonomía con los distintos Municipios y regiones. De este modo se pretendió instaurar varios Estatutos de Autonomía, como los de Cataluña (1932), País Vasco (1936) y Galicia (1936) que, sin embargo, no tuvieron aplicación práctica debido a la Guerra Civil (1936-1939). El régimen de Franco impuso posteriormente la llamada Unidad Nacional, desapareciendo así las Autonomías. Pero al restablecimiento de la Monarquía, en 1975, comienzan a constituirse por Decreto-Ley diferentes regímenes de autonomía (1977 y 1978) con vigencia provisional hasta la publicación de la Constitución, que no sólo ampara, sino que prevé el auténtico Estado de las Autonomías, regulando y desarrollando sus contenidos. Según el art. 137 de la Constitución, las Comunidades Autónomas constituyen, junto a las Provincias y los Municipios, las entidades en que el Estado se organiza territorialmente, gozando de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Igualmente se reconoce (art. 2) el derecho a la autonomía "de las nacionalidades y regiones" integrantes de la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas.

2.1 Constitución de las Comunidades Autónomas Analizaremos a continuación quiénes tienen derecho a constituirse en Comunidades Autónomas y las vías existentes para el acceso a la autonomía.

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A. Derecho de constitución a. Con carácter general Tienen derecho a constituirse en Comunidad Autónoma (art. 143.1. CE): - Las Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. - Los territorios insulares. - Las Provincias con entidad regional histórica. b. Por motivos de interés nacional Las Cortes, mediante Ley Orgánica, podrán por motivos de interés nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144: - Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 CE vistas en el apartado anterior. - Autorizar un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. - Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el art. 143.2 (caso de Segovia). B. Vías de acceso a la autonomía a. Vía común z

Iniciativa autonómica: supuesto general

Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los Municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada Provincia o isla (art. 143.2). Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses, a contar desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones Locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. z

Supuestos especiales

-

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del art. 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes (Disp. Trans. 1). - En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Dicha decisión deberá ser ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y apro bado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente y, en todo caso, transcurrido el plazo de 5 años.

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-

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica (Disp. Trans. 5). Tales ciudades han pasado a ser Ciudad Autónoma por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, y Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, respectivamente.

b. Vía especial z

Iniciativa autonómica: supuesto general

No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años que establece el art. 148.2 CE (por el que se pueden ampliar las competencias que asumen las Comunidades Autónomas) cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada, en el plazo de seis meses, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los Municipios de cada una de las Provincias, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada, mediante referéndum, por mayoría absoluta de los electores de cada Provincia en los términos que establezca una Ley Orgánica (art. 151 CE). z

Supuesto especial

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del art. 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno (Disp. Trans. 2).

2.2 Cooperación entre Comunidades Autónomas En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales (art. 145). Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y Provincias, en su caso (art. 158).

2.3 Régimen de control El control que la Constitución prevé sobre las Comunidades Autónomas, puede ser de cuatro tipos:

A. Por el Tribunal Constitucional Sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, así como de las resoluciones adoptadas por sus órganos de gobierno. Se ejerce a través de: - El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. - El recurso de amparo. - El procedimiento de resolución de los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. cep editorial }

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B. Por el Estado Con dos modalidades: - Sobre facultades delegadas a las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en el art. 150.2 de la Constitución, con el dictamen previo del Consejo de Estado. La forma de control vendrá determinada por la propia Ley Orgánica de delegación. - El Gobierno, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir con sus obligaciones, cuando así no lo hicieren, o para la protección del interés general (art. 155 Constitución).

C. Por la Jurisdicción Contencioso-administrativa Sobre las normas reglamentarias y resoluciones de la Administración Autonómica.

D. Por el Tribunal de Cuentas Se controla la actividad de carácter económico y presupuestario, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado; pero cuando la actividad fiscalizadora se refiera a las Comunidades Autónomas, el informe se remitirá, asimismo, a la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad y se publicará también en su Boletín Oficial.

2.4 Comunidades Autónomas: enumeración Actualmente, existen 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas constituidas. Las ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su autogobierno de acuerdo con lo establecido en el art. 144 b) de la Constitución y aprobaron sus respectivos Estatutos de Autonomía el 13 de marzo de 1995, mediante la Ley Orgánica 1/1995 para Ceuta y 2/1995 para Melilla. Así pues, actualmente existen: - Comunidad Autónoma del País Vasco - Comunidad Autónoma de Cataluña - Comunidad Autónoma de Galicia - Comunidad Autónoma de Andalucía - Comunidad Autónoma de Aragón - Comunidad Autónoma de Castilla y León - Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - Comunidad Autónoma de Extremadura - Comunidad Autónoma de las Islas Baleares - Comunidad Autónoma de las Islas Canarias - Comunidad Valenciana - Comunidad Autónoma del Principado de Asturias - Comunidad Autónoma de Cantabria - Comunidad Autónoma de La Rioja 112

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- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia - Comunidad Foral de Navarra - Comunidad de Madrid Junto a las 17 Comunidades Autónomas existen dos Ciudades Autónomas: - Ciudad Autónoma de Ceuta - Ciudad Autónoma de Melilla

3.

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

3.1 Concepto Son la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, y tienen un doble carácter: - Dentro del ordenamiento autonómico, constituyen la norma más importante a la que se subordinan las restantes. - Dentro del ordenamiento del Estado, constituyen una Ley conocida y amparada como parte integrante del mismo. Tienen rango de Ley Orgánica, según el art. 81 de la Constitución.

3.2 Contenido Según el art. 147 de la Constitución, el contenido mínimo de los Estatutos se centrará en: - La denominación de la Comunidad que corresponda mejor a su identidad histórica. - La delimitación de su territorio. - La denominación, organización y sede de las instituciones propias. - Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Este contenido de carácter obligatorio, constituye, como hemos señalado, un núcleo mínimo e indispensable, pero ello no supone que los Estatutos puedan recoger otros puntos de importancia para la Comunidad Autónoma, respetando siempre los límites constitucionales.

3.3 Proceso de elaboración A. Vía común El proyecto de Estatuto será elaborado por una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las Provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley (art. 146).

B. Vía especial El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, con el fin de elaborar el proyecto de Estatuto, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y cep editorial }

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asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Si se alcanzara dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las Provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada Provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley. De no alcanzarse dicho acuerdo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las Provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada Provincia, procederá su promulgación. La no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias Provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada.

3.4 Reforma Con carácter general, la Constitución señala que la reforma de los Estatutos deberá ajustarse a lo establecido en los mismos, y que requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica (art. 147.3). Los procedimientos previstos en los Estatutos varían según haya sido la vía de acceso a la autonomía, según se ha explicado ya, es decir, para los de vía común la iniciativa corresponde al Gobierno o Parlamento Autónomo, exigiéndose la aprobación de éste antes de su sanción definitiva por las Cortes Generales y para los de vía especial se requiere un referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes y se tramitará según lo previsto en los respectivos Estatutos.

ESTATUTOS DE LA VÍA COMÚN

La iniciativa corresponde al Gobierno o Parlamento Autónomo, exigiéndose la aprobación de éste antes de su sanción definitiva por las Cortes Generales. ESTATUTOS DE LA VÍA ESPECIAL

Se requiere un referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes y se tramitará según lo previsto en los respectivos Estatutos.

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4.

DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

4.1 Competencias del Estado El art. 149 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: - La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. - Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. - Relaciones internacionales. - Defensa y Fuerzas Armadas. - Administración de Justicia. - Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. - Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por órganos de las Comunidades Autónomas. - Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de Leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de Derecho Foral o especial. - Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. - Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. - Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. - Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. - Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. - Hacienda general y Deuda del Estado. - Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. - Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. - Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. - Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

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-

Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atri buye a las Comunidades Autónomas. - Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. - Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. - La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el trasporte de energía salga de su ámbito territorial. - Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. - Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. - Bases del régimen minero y energético. - Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. - Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. - Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. - Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos, en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica. - Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. - Estadística para fines estatales. - Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

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4.2 Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas Vienen recogidas en el art. 148 de la Constitución: - Organización de sus instituciones de autogobierno. - Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. - Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. - Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. - Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. - Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. - La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. - Los montes y aprovechamiento forestales. - La gestión en materia de protección del medio ambiente. - Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, las aguas minerales y termales. - La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. - Ferias interiores. - El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. - La artesanía. - Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. - Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. - El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. - Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. - Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. - Asistencia social. - Sanidad e higiene. - La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una Ley Orgánica. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el art. 149.

4.3 Competencias financieras de las Comunidades Autónomas La Constitución otorga a las Comunidades Autónomas autonomía financiera suficiente para el desarrollo de las competencias examinadas, estableciendo unos recursos: cep editorial }

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Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras disposiciones en los ingresos del Estado. - Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. - Transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios y hacer efectivo el principio de solidaridad, así como otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. - Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. - El producto de las operaciones de crédito. El ejercicio de esta autonomía financiera nunca alcanzará a los bienes que se encuentran fuera de su ámbito territorial ni podrá suponer un obstáculo para la libre circulación de mercancías y servicios. Con el fin de regular este ejercicio, se dictaron la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, sobre Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, que regulaba la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. Esta última norma ha sido derogada por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

5.

LAS POTESTADES LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas no se recoge expresamente en la Constitución sino en algunos preceptos de la misma. Así, en los artículos 149, 150, 152 y 153. El artículo 152.1 de la Constitución establece la existencia de una Asamblea Legislativa para las Comunidades que han accedido a su autonomía por la vía especial del artículo 151. No obstante, todos los Estatutos de Autonomía han previsto la existencia de una Asamblea Legislativa o Parlamento autonómico como órgano con potestad para dictar Leyes.

5.1 Leyes autonómicas Son aquellas que elaboran y aprueban los Parlamentos o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas respecto de materias asumidas por las Comunidades en los términos establecidos en sus Estatutos de Autonomía y dentro de los límites que establece la Constitución.

A. Clases a. Leyes de plena disposición Son las dictadas por las Comunidades Autónomas sobre aquellas materias que son de su exclusiva competencia y que no tienen otro límite que sus respectivos Estatutos de Autonomía, siempre con sujeción a lo dispuesto en la Constitución. b. Leyes de desarrollo legislativo o de ejecución de la legislación estatal La existencia de Comunidades Autónomas con capacidad normativa propia conlleva una interacción entre los ordenamientos jurídicos estatal y autonómicos. En este sentido, muchas veces el ordenamiento estatal es supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas; en otras ocasiones se produce una participación conjunta entre el Estado y las Comunidades Autónomas, donde el primero se encarga de fijar directrices generales, confiándose a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo o la ejecución de lo dispuesto. En determinados casos la propia Constitución prevé la prevalencia del Derecho Estatal sobre el Autonómico, como se dispone en el art. 149.1.3: "La 118

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competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas".

B. Alteración del reparto de competencias legislativas Es evidente la posición preeminente de los órganos centrales del Estado, los cuales pueden alterar el reparto de competencias establecido en los Estatutos de Autonomía, mediante la atribución de potestades legislativas o la delegación o transferencia de funciones estatales; de igual modo, la facultad del Estado de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas cuando lo exija el interés general es una muestra más de la potestad estatal para alterar los límites competenciales. En definitiva, podemos decir que mediante Leyes marco, Leyes de transferencia y Leyes de armonización, el Estado puede alterar el reparto competencial establecido.

a. Leyes Marco Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. b. Leyes de Transferencia El Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. c. Leyes de Armonización El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general; corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad (art. 150 CE). C. Límites a la potestad legislativa a. Materiales Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su potestad legislativa, están sujetas a los siguientes límites: - Sólo pueden dictar leyes ordinarias. - Han de respetar los principios generales a que deben someterse todos los poderes públicos y, en concreto: igualdad de las Comunidades Autónomas entre sí, libertad de circulación y establecimiento de personas en todo el territorio español, libertad de circulación de bienes en todo el territorio español, igualdad de todos los españoles de las distintas Comunidades Autónomas, unidad de la nación española y solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones. b. Territoriales Las Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas sólo tienen vigencia en su respectivo territorio, salvo normas excepcionales.

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D. Control El control de las Leyes autonómicas será ejercido por el Tribunal Constitucional, mediante la interposición de recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución para las Leyes del Estado.

5.2 Disposiciones normativas con fuerza de Ley en el ámbito autonómico En algunas Comunidades Autónomas, los Estatutos de Autonomía autorizan a sus órganos ejecutivos (Gobierno o Consejo de Gobierno) para dictar Decretos Legislativos, conforme al procedimiento regulado en los artículos 83 a 85 de la Constitución. No existe ningún Estatuto de Autonomía que haya atribuido la potestad de dictar Decretos-Leyes a las Comunidades Autónomas.

5.3 Potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas El artículo 153.c) de la Constitución viene a reconocer potestad reglamentaria a las Comunidades Autónomas, al disponer que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, relativo a la Administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá por la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Por otra parte, el artículo 152.1 de la Constitución establece como órgano institucional autonómico un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, lo que viene también a reconocer la potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas.

6.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El art. 152 de la Constitución recoge una serie de órganos que con carácter obligatorio deben constituirse en las Comunidades Autónomas que accedieran a la autonomía por la vía especial; pero estos órganos han sido recogidos también en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas constituidas por la vía común, a pesar de no estar obligadas a ello. Tales órganos son:

6.1 Asamblea Legislativa Elegida por sufragio universal según un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. Tiene carácter unicameral y su denominación varía según las Comunidades de que se trate (Parlamento en el País Vasco o en Andalucía, por ejemplo; Cortes, en Valencia, Asamblea Regional, en Cantabria, etc.). Por lo general, los Estatutos no fijan el número de Diputados definitivo, cuestión que se determinará en virtud de Ley posterior. La duración de la legislatura se fijará invariablemente en 4 años, y su estructura interna y funciones son paralelas a las de las Cortes Generales.

6.2 Consejo de Gobierno Se trata de un órgano colegiado, a veces denominado también Gobierno (en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia y Madrid, por ejemplo), con funciones ejecutivas y administrativas, a cuyo frente se encuentra un Presidente, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno y la Suprema representación de la Comunidad Autónoma, así como la representación ordinaria del Estado en dicha Comunidad. El Presidente es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Tanto el Presidente como los Consejeros serán políticamente responsables ante la Asamblea.

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6.3 Tribunal Superior de Justicia Será el supremo órgano judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminando la organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ASAMBLEAS LEGISLATIVAS

Elegida por sufragio universal según sistema de representación proporcional Carácter unicameral Mandato cuatro años Estructura interna y funciones paralelas a las Cortes Generales CONSEJO DE GOBIERNO

Órgano colegiado, a cuyo frente se encuentra un Presidente Elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey El Presidente y Consejeros son políticamente responsables ante la Asamblea TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Supremo órgano judicial en el terrritorio de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio del Tribunal Supremo

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ESQUEMA

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LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA La forma territorial del Estado El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 CE)

Regulación Se expresa en el Título VIII CE

Principios generales Principio de autonomía Principio de solidaridad Principio de igualdad Principio democrático LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Constitución de las Comunidades Autónomas Derecho de constitución Con carácter general Por motivos de interés nacional

Vías de acceso a la autonomía Vía común Iniciativa autonómica: supuesto general Supuestos especiales Vía especial Iniciativa autonómica: supuesto general Supuesto especial

Cooperación entre Comunidades Autónomas En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas

Régimen de control Por el Tribunal Constitucional Por el Estado cep editorial }

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Parte común. Esquema 3

Por la jurisdicción Contencioso-administrativa Por el Tribunal de Cuentas

Comunidades Autónomas: enumeración Existen 17 Comunidades Autónomas constituidas; además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Concepto Norma institucional básica de la Comunidad Autónoma

Contenido Según el art. 147 de la Constitución, el contenido mínimo de los Estatutos se centrará en: La denominación de la Comunidad que corresponda mejor a su identidad histórica La delimitación de su territorio La denominación, organización y sede de las instituciones propias Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes 

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Proceso de elaboración Vía común El proyecto de Estatuto será elaborado por una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las Provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Vía especial El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, con el fin de elaborar el proyecto de Estatuto, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros

Reforma Deberá ajustarse a lo establecido en los mismos, y se requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica

DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Competencias del Estado Reguladas en el artículo 149 CE

Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas Reguladas en el artículo 148 CE

Competencias financieras de las Comunidades Autónomas La Constitución otorga a las Comunidades Autónomas autonomía financiera suficiente para el desarrollo de las competencias 124

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LAS POTESTADES LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Leyes autonómicas Son aquellas que elaboran y aprueban los Parlamentos o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas Clases Leyes de plena disposición Leyes de desarrollo legislativo o de ejecución de la legislación estatal Alteración del reparto de competencias legislativas Leyes Marco Leyes de Transferencia Leyes de Armonización

Límites a la potestad legislativa Materiales Territoriales Control El control de las Leyes autonómicas será ejercido por el Tribunal Constitucional

Disposiciones normativas con fuerza de Ley en el ámbito autonómico En algunas Comunidades Autónomas, los Estatutos de Autonomía autorizan a sus órganos ejecutivos para dictar Decretos Legislativos No existe ningún Estatuto de Autonomía que haya atribuido la potestad de dictar DecretosLeyes

Potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas El artículo 153.c) CE viene a reconocer potestad reglamentaria a las Comunidades Autónomas, al disponer que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá por la Jurisdicción Contencioso-administrativa

LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Asamblea Legislativa Elegida por sufragio universal

Consejo de Gobierno Órgano colegiado con funciones ejecutivas y administrativas, a cuyo frente se encuentra un Presidente

Tribunal Superior de Justicia Supremo órgano judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma

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Tema Cuerpo Tec Nico

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