Tema 2 - Del moderantismo a la revolución democrática (1843 - 1874)

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TEMA 2: DEL MODERANTISMO A LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (1843 – (1843 – 1874) 1 – Entre la permanencia y el cambio. La sociedad española tras la revolución liberal (1844 – 1874). Poco más de tres décadas transcurrieron entre el final de la regencia de Espartero (julio de 1843) y la restauración de los Borbones (diciembre de 1874). El Partido Moderado gobernó la mayor parte de estos treinta años y estableció un marco institucional, constitucional y legislativo ajustado a su programa político que solamente se vio alterado durante dos breves periodos: el Bienio Progresista (1854 – 1856) y el Sexenio Democrático (1868 – 1874). A lo largo de este tiempo, los partidos que defendían la monarquía constitucional fueron incapaces de asentar un marco político estable que asegurara un mínimo grado de convivencia pacífica. El ejército se convirtió en motor del cambio político y adquirió un protagonismo esencial: comenzó con el pronunciamiento que derribó a Espartero en 1843, sendos cuartelazos dieron paso al Bienio Progresista y al Sexenio Democrático (1854 y 1868), siendo liquidados ambos periodos por dos golpes de Estado (1856 y 1874). Cuando Espartero abandonó España, el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen era ya un hecho consumado. Esto tampoco significa que hubiera un cambio radical en la sociedad española. Durante décadas España fue un país dual en el que se solaparon inercias y mudanzas, lo viejo convivió con lo nuevo: rasgos propios de la economía del Antiguo Régimen y otros de la moderna economía capitalista, una sociedad predominantemente rural con la cultura y las prácticas políticas liberales más urbanas, hábitos y actitudes heredados de la sociedad estamental con otros valores de la revolución liberal,… En 1870, Juan Valera cifraba entre 6.000 y 8.000 las personas que tenían capacidad real para influir en la política y la economía nacionales. Se trataba de un pequeño núcleo, denominado “clase gobernante”, que el Partido Demócrata calificaría poco después como oligarquía. Conformaban la nueva élite social asentada tras la revolución liberal, siendo una amalgama de grandes propietarios que adquirieron tierras en la desamortización y de nobles que perdieron sus privilegios pero conservaron íntegros sus patrimonios, de hombres de negocios enriquecidos por la especulación, de jerarcas eclesiásticos, políticos estatales, altos funcionarios, generales y profesionales liberales de máxima categoría. Despojadas de sus privilegios, las grandes casas de la nobleza se entre-mezclaron con las nuevas familias enriquecidas, aunque conservaron cierta preeminencia porque aún serían durante mucho tiempo las principales propietarias de tierras y porque transmitieron a las nuevas élites parte de sus hábitos y valores. La alta sociedad de la época moderada sucumbió a los “símbolos y prestigios” de la nobleza, donde los salones aristocráticos marcaban el tono de la vida social. Financieros, generales y dirigentes políticos aspiraban a ganar algún título nobiliario: Isabel II concedió más de cuatrocientos durante su reinado. Tras la revolución liberal, la Iglesia perdió sus privilegios y los recursos que habían sustentado durante siglos su 28

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © poder económico aunque, al igual que la nobleza, gozó de una notable influencia sobre las élites políticas, económicas y sociales de la España moderada. A mediados del siglo XIX, los liberales empleaban los términos “clases medias” o “acomodadas” para referirse al segmento intermedio de la sociedad, emplazado entre las nuevas élites dirigentes y el pueblo. Dos criterios separaban a los ciudadanos que integraban las clases medias de las clases más populares: la condición de propietario o la formación para ejercer un empleo público, actividad académica y profesión liberal (comercios, fábricas, oficiales del ejército, etc.) En 1860, la alfabetización en España no llegaba al 20%, por lo que poseer estudios superiores era signo de distinción, sinónimo de prosperidad económica y prestigio social. De hecho, eran los dos requisitos bajo el régimen electoral de sufragio censitario para ejercer el derecho a voto. Las clases medias constituían la masa crítica liberal, principal difusora de los valores políticos, económicos y sociales liberales. Conformaba el núcleo ilustrado de las ciudades interesado por seguir o participar en la política local o nacional aproximándose a uno u otro partido, que seguía la vida parlamentaria a través de la prensa, que debatía las últimas noticias en cafés o casinos,… El censo de 1860 cifra en torno a 600.000 el número de funcionarios civiles y militares, profesionales liberales, comer ciantes y propietarios (apenas un 3’6% de la población). Esta clase media vivía en ciudades pequeñas o medianas cuyo entorno era predominantemente rural. La revolución liberal consolidó los modelos de propiedad del Antiguo Régimen: predominio de pequeñas y medianas propiedades en el norte y en la costa levantina, y de grandes latifundios en el sur. También empeoró las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas (más de 2’3 millones entonces, un 15% de la población). La legislación liberal permitió que los propietarios pudieran desprenderse de aparceros, arrendatarios o colonos; o someterles a duras condiciones de explotación. Muchas familias campesinas fueron empujadas a la proletarización. La desamortización de 1855 acentuó el proceso al privatizar las tierras comunales de los municipios, permitiendo así a campesinos y jornaleros complementar sus ingresos con labores de caza, pesca, pastoreo o recolecta de madera. Analfabetismo, malnutrición, alta mortalidad infantil y una larga serie de condiciones miserables eran habituales en la vida de la mayoría de jornaleros. Desde 1850 hasta 1870, estas condiciones de vida tan miserables alentaron la expansión de un republicanismo que, al grito de “Viva la República Federal”, aspiraba al reparto de tierras. Los dueños de pequeños talleres o comercios y los artesanos constituían las clases populares urbanas (en torno a 1 millón según el censo de 1860). Este dato revela una estructura de población artesanal pequeña, atomizada, ubicada en las ciudades y destinada a abastecer al entorno más inmediato; propio del Antiguo Régimen. Este mismo censo cifraba en 154.000 los jornaleros industriales, escaso número que reflejaba el lento avance de la industrialización. Un tercio de ellos trabajaba en Cataluña, única región donde la industria despegó con fuerza gracias a la fabricación textil. A mediados del siglo XIX se construyeron allí las grandes factorías algodoneras con modernas máquinas de vapor. Fue entonces cuando comenzaron a organizarse los obreros en pequeñas asociaciones, embriones de los futuros sindicatos, que luchaban por mejores condiciones condiciones laborales y la reducción de la jornada. jornada. El asociacionismo obrero experimentó un avance exponencial con la irrupción en nuestro país de la Asociación Internacional de Trabajadores, ya en la dé cada de 1860. 29

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © Muchas de estas clases vivían mal alimentadas, hacinados en barrios populares en condiciones miserables que provocaban una altísima tasa de mortalidad urbana. En Madrid, la tasa de mortalidad ascendía al 41‰ mientras que la de natalidad era del 39‰. El crecimiento vegetativo de la capital era negativo. No obstante, la población creció gracias a la inmigración procedente del campo. La insalubridad en los barrios populares urbanos se convirtió en un problema crucial, creándose incluso una rama de la medicina cuyo objetivo era sanear estas barriadas (higienismo). Un inspector médico del Ayuntamiento de Madrid ya describió en 1854 las condiciones de estos lugares durante una epidemia de cólera: “Habitaciones bajas, húmedas, sumamente sumament e reducidas, sin ventilación, sin luz, donde se encierran familias de cuatro a seis individuos mal vestidos y peor alimentados”. Que la mayoría de la población residiera en el campo no significa que no avanzara el proceso de urbanización. Si en el Antiguo Régimen los individuos tendían a vivir en el entorno de su nacimiento, la movilidad espacial fue una de las grandes novedades del siglo XIX. A mediados de siglo, las ciudades atraían población inmigrante en cantidades desconocidas hasta entonces. Por otro lado, el desarrollo de los transportes y las comunicaciones abrieron nuevas expectativas de prosperidad que permitieron aspirar a una vida mejor. Este proceso migratorio a las grandes ciudades avanzó más despacio que en otros países de Europa, siendo aún más notable durante el primer tercio del siglo XX. Mediado el siglo hubo que derribar las murallas que rodeaban las ciudades, comenzando a proyectar su crecimiento mediante ensanches que aún tardarían décadas en llenarse, urbanizar nuevos barrios, establecer servicios de alumbrado y alcantarillado, mejorar las condiciones higiénicas, construir estaciones de ferrocarril, levantar edificios que albergaran las instituciones del Estado,… Tal despliegue de actividad constructora captó a muchos jornaleros agrarios. Pese a ello, el principal factor de atracción urbana siguió siendo el sector servicios: administración, negocios, política, clero, comercio, servicio doméstico y un largo etcétera.

2 – El tiempo de los moderados (1844 – 1868). El Partido Moderado gobierno durante el cuarto de siglo comprendido entre el fin de la regencia de Espartero y la revolución de septiembre de 1868, a excepción de un bienio en que el país fue regido por una coalición de progresistas y puritanos, y otros cinco años de gobierno de la Unión Liberal. Durante este periodo los moderados construyeron un marco constitucional, institucional y legislativo cortado a la medida de su programa. Creían que, consumada la revolución liberal, tras décadas de guerras y conflictos civiles, era preciso restaurar la estabilidad, asegurar el orden. Este empeño requería afianzas las instituciones liberales: reforzar la administración del nuevo Estado, garantizar la propiedad, liquidar los restos del entramado del Antiguo Régimen y establecer normas homogéneas que estimularan los intercambios económicos. Dispuestos a preservar el orden social, combatieron todo aquello que entrañaba una amenaza revolucionaria. Por esta razón reforzaron el poder ejecutivo frente al legislativo, sólo permitieron votar a una minoría selecta de ciudadanos y suspendieron con frecuencia el ejercicio de los derechos y libertades individuales. También 30

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © impidieron a los progresistas acceder al gobierno con el respaldo de Isabel II y apoyándose en las armas, ya q ue consideraban al Partido Progresista “esencialmente revolucionario”. Cerradas todas las puertas, los progresistas se vieron abocados a tomar el poder por la fuerza mediante la movilización de sus bases en las calles o bien mediante pronunciamientos militares.

I. La década moderada. El 30 de julio de 1843 Espartero abandonó España tras un pronunciamiento a manos de militares moderados y progresistas disidentes. La coalición insurreccional sobrevivió a la caída del regente y pronto quedó claro que el Partido Moderado era la nueva fuerza hegemónica. El 10 de noviembre de 1843, para evitar los problemas de una nueva regencia, las Cortes proclamaron mayor de edad a Isabel II al cumplir esta los trece años. Un mes más tarde el gobierno de González Bravo desmanteló la obra de Espartero: restituyó la Ley de Ayuntamientos de 1840, suprimió la Milicia Nacional, restringió la libertad de imprenta y suspendió la venta de bienes desamortizados. En febrero y marzo de 1844, los progresistas intentaron recuperar el poder mediante pronunciamientos militares que fueron reprimidos por el general Narváez. La Constitución de 1845. En octubre de 1844 el gobierno de Narváez llevó a las Cortes un proyecto de ley que anunciaba la reforma de la Constitución de 1837 pero que, realmente, instituía una nueva Carta Magna con tintes políticos moderados. El nuevo texto constitucional fue promulgado en mayo de 1845. El gobierno superó sin trabas el trámite parlamentario: los progresistas no concurrieron a las elecciones (perseguidos tras fracasar los pronunciamientos militares) y los moderados gozaban de una amplia mayoría en las Cortes. La principal oposición vino del ala izquierda del Partido Moderado, la corriente puritana. Los puritanos abogaban por un acuerdo global con los progresistas que permitiera la alternancia pacífica en el gobierno de ambos partidos, consolidara las instituciones y apartara a los militares de la vida política. La Constitución de 1845 reforzó la autoridad de la Corona frente a la autonomía parlamentaria. De entrada consagró el principio del liberalismo doctrinario que atribuía la soberanía al rey y a las Cortes en plano de igualdad. Esto ya suponía un menoscabo del Parlamento en relación al principio progresista que asignaba la soberanía en exclusiva a la nación reunida en Cortes. Para garantizar que no pasara un año sin sesiones parlamentarias, la Constitución de 1837 disponía que las Cortes se reunieran automáticamente el 1 de diciembre si el rey no las había convocado antes. El Senado dejó de ser elegido por los ciudadanos, pasando a ser potestad del Rey designar a los senadores (de condición vitalicia y número ilimitado) de modo que siempre prevaleciera frente al Parlamento el criterio de la Corona. El resultado de esta composición del Senado fue una cámara ultraconservadora concebida como freno a todo radicalismo procedente del Congreso. Para ser electo había que disponer de una renta o pagar cierta 

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cantidad por retribuciones, es decir, era necesario ser propietario. La Ley Electoral de 1846 elevó los criterios de renta exigidos para votar, pasando los electores de 635.000 a menos de 100.000. Además, la confesionalidad católica del Estado fue consagrada de modo determinante. La consolidación de las instituciones. Los moderados apuntalaron la estructura del Estado liberal, racionalizaron y modernizaron la administración y acabaron con el caos provocado por la pervivencia de restos institucionales del Antiguo Régimen. La nueva era tras la revolución liberal requería estabilidad, reposo y confianza institucional. Durante la década los gobiernos moderados diversificaron las funciones del Estado y crearon nuevos cuerpos especializados de funcionarios. Sistematizaron la administración de justicia en un esfuerzo regularizador que alcanzó su culmen con la aprobación del Código Penal en 1848. En 1850 promulgaron la Ley de Contabilidad Pública, lo que ayudó a unificar las normas contables en toda la Administración. En 1844 fundaron la Guardia Civil, un cuerpo militar que dependía del Ministerio de la Gobernación: su función era velar por el orden público en las zonas rurales (lucha contra la delincuencia y el bandolerismo), respaldar a los notables locales, proteger a los propietarios agrarios y perseguir todo lo que fuera susceptible de causar conflicto social (asociacionismo obrero). La reforma educativa de 1845 estableció un sistema nacional de enseñanza: implantó planes generales de estudio comunes a todo el país, creó institutos de enseñanza media y escuelas para la formación del profesorado,… En 1847 se regularizaron los estudios e studios universitarios. Ambas medidas unificaron criterios aunque no evitaron que la tasa de analfabetismo rondara el 75% de la población. En 1852 el presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo, sistematizó la organización del funcionariado: unificó escalas y salarios, criterios de ascenso, derechos pasivos,… Este esfuerzo tan notable de homogeneización no impidió que el acceso y la promoción dependieran de prácticas clientelares. La reforma de la Administración estatal constituyó un esfuerzo de clarificación y ordenación aunque no implicó la instauración de un Estado fuerte. Al finalizar el reinado de Isabel II el presupuesto del Estado apenas llegaba al 10% del PIB, a lo que se une el elevado gasto destinado al ejército y a la defensa del orden público. La inversión en educación o infraestructuras fue más bien escasa. Los moderados también asentaron la estructura de la administración provincial y municipal que ha pervivido hasta bien entrado el siglo XX. Siguiendo el modelo centralista francés, subordinaron las administraciones locales a un poder ejecutivo fuerte. Los alcaldes de capital de provincia con más de 2.000 habitantes eran nombrados por el gobierno en luchar de salir electos por mayoría en elecciones locales, tal y como establecía la Ley sobre Organización de Ayuntamientos de 1845.

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La designación gubernamental de los alcaldes reforzó el poder de los notables con influencia local (caciques), que ofrecían su apoyo a los gobiernos a cambio de recursos para distribuir entre sus clientelas y de mayor poder en sus territorios. Esta organización centralizada y tan jerarquizada permitió que los gobiernos gobiernos controlaran la política local. En el ámbito de la política económica, los moderados liquidaron los restos de las estructuras del Antiguo Régimen y sentaron las bases de un mercado de ámbito nacional. La reforma tributaria de mayo de 1845 cerró una larga etapa de caos asociada a la pervivencia del sistema impositivo del Antiguo Régimen, ineficaz y en plena descomposición. Siguiendo el modelo francés, simplificaron el sistema tributario de forma que pasó de tener una gran cantidad de tributos dispersos a unos pocos impuestos grandes. Esta reforma, que siguió vigente hasta finales del siglo XX, clarificó el mapa tributario que por primera vez fue común a todo el territorio, salvo País Vasco y Navarra. Aún así no logró atajar el déficit público, un problema ya crónico durante todo el siglo. El nuevo sistema tributario, demasiado rígido, fue siempre por detrás del crecimiento económico y no suministró suficientes recursos a un Estado que, poco a poco, asumía nuevas funciones. La ausencia de una administración fiscal eficaz y la participación de grandes contribuyentes en la gestión de impuestos propiciaron un alto nivel de fraude. Además, el nuevo impuesto de consumos que gravaba artículos de consumo general desató una fuerte oposición popular y provocó incluso motines en algunos lugares. El 19 de junio de 1849 se estableció por ley el sistema métrico decimal, lo que representó otro esfuerzo por acabar con la fragmentación del mercado. En el Antiguo Régimen cada comarca tenía sus propias unidades de cuenta y se entorpecía así los intercambios. Esta ley dispuso su uso obligatorio a partir de 1860 aunque las antiguas medidas sobrevivieron durante décadas. Los moderados también combatieron el caos monetario heredado: en 1840 circulaban en España varias decenas de monedas distintas. La reforma de 1848 asentó un sistema monetario de base decimal cuya unidad de cuenta era el real de vellón, desplazando así de la circulación a las viejas monedas. Inestabilidad política: los partidos y la reina. r eina. Narváez gobernó desde mayo de 1844 hasta febrero de 1846. Entre esta fecha y el 4 de octubre de 1847 se sucedieron hasta seis breves gabinetes moderados, alguno de los cuales no duró apenas un mes. La primera razón de esta inestabilidad reside en la propia estructura del Partido Moderado, siendo una formación poco cohesionada que carecía de disciplina interna. No existía una organización que coordinara sus acciones, no se celebraban reuniones periódicas pautadas, no había cargos directivos electos, no se tenía afiliación,… Era una coalición de notables que aportaban a un tronco común sus respectivas facciones, grandes redes clientelares vinculadas a un dirigente. Las luchas entre facciones del partido complicaba la gobernabilidad. 33


II.

Otro factor de inestabilidad fue la intervención directa de la reina Isabel II en la lucha política. El ideario moderado insertado en la Constitución de 1845 preconizaba el fortalecimiento del poder real. No obstante, Isabel II comenzó a reinar siendo una niña y carecía de una correcta formación constitucional, siendo conocida por su mal criterio político. Convencida de que unos partidos robustos mermarían su autoridad, trató de fraccionarlos y dividirlos enfrentando a unos notables con otros. Al tiempo, los notables competían entre sí por ganar el favor de la reina o de sus asesores, conscientes de que esta era la vía más directa para acceder al poder. Además, Isabel II era altamente influenciable y las camarillas de aristócratas y religiosos tuvieron gran ascendencia en sus decisiones. El Bienio progresista y la reacción moderada. El nuevo gobierno fue fruto del pacto entre progresistas y puritanos: Espartero asumió la presidencia y O’Donnell ocupó la cartera de Guerra. Los demócratas se descolgaron del acuerdo y capitalizaron el descontento y la movilización popular en un contexto de conflictividad social aguda. Los progresistas tomaron enseguida la iniciativa: se recuperó la Ley de Imprenta de 1837 para eliminar así la censura previa, se retomó la Ley Electoral aunque mantuviera el sufragio censitario en menor medida que hasta entonces, restituyó las leyes del Trienio Liberal (descentralización de la administración local y regulación de la Milicia Nac ional),… La máxima expresión del programa progresista fue la Constitución no nata de 1856, debatida en unas Cortes unicamerales y aprobada en enero de ese mismo año aunque no llegó a entrar en vigor. La Constitución proclamaba la soberanía nacional y afianzaba los derechos y libertades individuales. Las Cortes ganaban autonomía frente al gobierno: el Senado era enteramente electivo en las mismas condiciones que el Congreso (aunque se requería un determinado nivel de renta). Para evitar que los gobiernos ningunearan al Parlamento, las Cortes debían reunirse todos los años y celebrar sesiones durante cuatro meses consecutivos (como mínimo). Durante los dos años que estuvieron al frente del gobierno, los progresistas centraron la mayoría de sus esfuerzos en liberalizar la economía, articular el mercado, promover el desarrollo,… Relanzaron el proceso desamortizador frenado por los moderados en 1844, con lo que pretendían continuar el impulso liberalizador emprendido la década anterior, reducir el volumen de deuda y compensar la supresión del impuesto de consumos (abolido al comenzar el bienio como concesión a las juntas). La ley desamortizadora del 1 de mayo de 1855 diseñada por el ministro de Hacienda, Madoz, sacó a subasta pública las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al clero. Esto provocó un conflicto con la reina, que se resistió a sancionar la ley en un primer momento, y con la Santa Sede, que rompió incluso relaciones con el gobierno. También se desamortizaron las tierras comunales de los municipios, perjudicando con ello a los campesinos más modestos que complementaban sus ingresos realizando labores de caza, pesca, pastoreo, recolecta de leña,… 34

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © Para alentar la participación en las subastas, el gobierno dio facilidades a los compradores: solamente debían pagar el 10% en la compra y el resto abonarlo en 14 años. La operación resultó un éxito, logrando recaudarse más de 766 millones de reales en un solo año. Acabado el bienio, los moderados suspendieron las incautaciones pero en 1859 la Unión Liberal reemprendió la desamortización civil (no la clerical). Los beneficios de la desamortización también permitieron al gobierno reactivar la política ferroviaria, de vital importancia al no contar nuestro país con ríos navegables. La red de caminos y carreteras a mediados del siglo XIX era pésima y suponía un freno al desarrollo. El transporte de mercancías y personas se realizaba aún a caballo en un país cuya orografía era de alta dificultad. Además de ser un sistema caro, era muy lento: un viaje de Madrid a Barcelona duraba entonces ocho días. En estas condiciones no era posible articular un mercado nacional dado el elevadísimo coste que suponía, lo cual derivaba también en grandes oscilaciones en los precios para idénticos productos a lo largo del país. La mayoría de mercancías se movían en redes locales, autosuficientes y orientadas al abastecimiento de las ciudades. El ferrocarril rompió este cuello de botella al permitir el transporte regular de una gran cantidad de bienes a largas distancias. En 1848 se inauguró la primera línea de ferrocarril en nuestro país, apenas tenía 30 kilómetros y unía Mataró con Barcelona. En 1851 se abrió el trayecto entre Madrid y Aranjuez. Diez años más tarde de publicarse la normativa ferroviaria (1844) ya se habían levantado más de 450 kilómetros de vía. En ese momento no había capital nacional para una inversión tan costosa y el capital extranjero no tenía ningún aliciente para invertir en España. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 resolvió este problema: facilitó los trámites para crear compañías ferroviarias, que recibieron cuantiosas subvenciones, y estimuló la inversión extranjera para la importación de material. Por otro lado, la Ley de Sociedades de Crédito de 1856 abrió el mercado español al capital extranjero y a las grandes sociedades de crédito francesas se instalaron en nuestro país, como Pereire o Rothschild. R othschild. Gracias a estas medidas, la red ferroviaria rondaba los 5.000 kilómetros en 1865 y ya estaba diseñada la mayor parte del trazado, de estructura radial con núcleo en Madrid. A finales del siglo XIX, todas las capitales de provincia estaban incluidas en el trazado ferroviario (la última capital fue Teruel en 1904). La liberalización del crédito y la construcción de la red ferroviaria relanzaron la actividad económica y generaron un clima de euforia en la Bolsa. Desde el primer momento y durante todo t odo el bienio, el gobierno de Espartero hizo frente a una notable conflictividad social. La subida del precio de los cereales provocó un encarecimiento general de los alimentos y redujo la capacidad adquisitiva de los salarios. El malestar social, fomentado también por una epidemia de cólera, se manifestó en motines y protestas contra los impuestos, el precio del pan,… En Cataluña, territorio con organizaciones obreras de importancia, la movilización se articuló en torno a la libertad de asociación, la elevación de los salarios o la reducción de la jornada laboral. En junio de 1855 el gobierno ordenó 35


III.

la disolución de las asociaciones obreras, cuya reacción fue convocar la primera huelga general de España bajo el lema “Asociación o muerte”. muerte” . Este movimiento se extendió rápidamente por todo el país durante el siguiente mes, aunque fue reprimido con gran dureza. El 7 de enero de 1856 la Milicia Nacional se levantó en varias ciudades contra el gobierno y a favor de la república. En abril hubo ya motines en Valencia y Castilla, donde llegaron a quemarse incluso varias fábricas. La Milicia Nacional protagonizó muchas de estas revueltas, ya no era un cuerpo nutrido de clases medias como lo fue en sus orígenes sino que estaba conformada entonces por sectores de las capas más populares (próximos al Partido Demócrata). El 14 de julio de 1856 el general O’Donnell dio un golpe de Estado, depuso a Espartero y asumió la presidencia del gobierno. Ante el cuartelazo, la Milicia Nacional se levantó en Madrid y otras ciudades, a lo que O’Donnell declaró el estado de sitio para después disolver la milicia y acabar sofocando la insurrección gracias al ejército. En septiembre clausuró las Cortes Constituyentes y restituyó la Constitución de 1845. Pese a todo quiso mantener el espíritu del bienio y no romper así con los progresistas: prohibió los destierros fuera de la Península, disminuyó el número de senadores que podía nombrar el rey, limitó el nombramiento no de alcaldes por parte del gobierno a ciudades de más de 40.000 habitantes,… No obstante, el programa de O’Donnell resultó demasiado blando para Isabel II, que en octubre de 1856 le retiró su confianza y llamó a Narváez. Durante el año que duró su gobierno, este trató de retornar a la situación previa a julio de 1854: suspendió la desamortización, restituyó la Ley de Ayuntamientos de 1845, restringió los derechos fundamentales, derogó el acta adicional de la Constitución de 1845,… En 1857 aplastó la insurrección de jornaleros y artesanos en El Arahal (Sevilla) que, al grito de “Viva la República”, incendiaron el cuartel de la Guardia Civil y los archivos municipales. Narváez ordenó fusilar a un centenar de estos rebeldes. En octubre de 1857 cayó el gobierno de Narváez, tras lo que le sucedieron otros dos breves gobiernos. A mediados de 1858 hasta Isabel II comprendió que el Partido Moderado era incapaz de gobernar y llamó de nuevo a O’Donnell, que a estas alturas ya había fundado la Unión Uni ón Liberal. El gobierno de la Unión Liberal. La Unión Liberal se remonta a la década de 1830, cuando los sectores más centrados de los partidos Moderado y Progresistas sellaron el pacto que alumbró la Constitución de 1837. Ya en 1854 hubo gestiones para formar un partido que ocupara el centro político y agrupara a puritanos y progresistas templados (más conservadores). Como el resto de agrupaciones, la Unión Liberal era una agrupación de notables, una coalición de facciones liderada por el general O’Donnell. O’Donnell. La Unión Liberal no llegó al poder por sus propias fuerzas, sino tras la debacle del Partido Moderado. Sin embargo, el gobierno de O’Donnell fue el más largo del reinado de Isabel II (junio de 1858 – febrero de 1863). Liberal, aunque conservador, y firme defensor del orden, O’Donnell nunca renegó de la Constitución de 1845 ni del marco institucional establecido por los moderados, pero atrajo a numerosos progresistas a la Unión Liberal con la promesa de 36


IV.

asumir demandas históricas del progresismo (como la descentralización de la administración local). O’Donnell reemprendió la desamortización civil iniciada en 1855 (bloqueada por Narváez) aunque dejó en suspenso la desamortización eclesiástica. Aprovechó la liberalización emprendida durante el bienio para reactivar la economía: expansión en los ferrocarriles, euforia en las bolsas, auge de las inversiones,… El propio gobierno alentó la actividad económica con el prepre supuesto extraordinario para 1859, un plan de inversiones que a pesar de sus límites apostaba por reforzar la inversión en obras públicas, fomentar la marina, construir y renovar puertos, desarrollar el tendido telegráfico eléctrico,… La red de carreteras avanzó a un ritmo de 500 kilómetros por año durante este periodo. Fueron años de expansión econ ómica y el gobierno de O’Donnell quiso que la prosperidad de este periodo tuviera su correlato en una mayor presencia del país en la escena internacional en un momento en que las grandes potencias europeas rivalizaban por expandir sus imperios coloniales. Durante estos cinco años España participó en operaciones diplomáticas y militares alrededor del mundo. Fueron actuaciones circunstanciales que apenas reportaron ganancias territoriales aunque pretendían alentar el nacionalismo español y recuperar el prestigio perdido en Europa. En 1861 Santo Domingo se reincorporó a la soberanía española, a petición del propio gobierno dominicano, que pretendía frenar así las ambiciones anexionistas de Estados Unidos y Haití. Esta decisión no fue bien asumida en la isla, ya que en 1863 (al hacerse efectiva la ocupación española) estalló una insurrección independentista. A principios de 1863 el gobierno de O’Donnell acusaba ya el desgaste tras cinco años en el poder. La unión de moderados y progresistas en la Unión Liberal se desgarraba y las bajas en las filas unionistas eran ya muy numerosas. Sucedió en parte tras la insurrección republicana de los jornaleros andaluces, momento en que el gobierno adquirió un sesgo más conservador. O’Donnell también iba retrasando la apertura política hacia la izquierda por la resistencia de Isabel II. Al comenzar 1863 la presión del ala izquierda de la Unión Liberal arreciaba y O’Donnell, temiendo que la Unión Liberal se rompiera, reorganizó el gobierno y dio más peso en el ejecutivo al sector progresista del partido. La remodelación inquietó a Isabel II, que empezó a conspirar contra O’Donnell. El 27 de febrero de 1863, incapaz de controlar ya la descomposición de la Unión Liberal y convencido de haber perdido la confianza de la reina, O’Donnell O’Donnell dimitió. La crisis de la monarquía isabelina. Agotada la Unión Liberal, Isabel II entregó el gobierno a los moderados. Al igual que su madre, la regente María Cristina, Isabel II siempre fue reacia a contar con los progresistas, hecho que se acentuó con los años debido a la influencia de los neocatólicos en la Corte. Los neocatólicos consideraban que la religión era el elemento constitutivo esencial de la nación española y el pilar sobre el que se asentaba la monarquía, por lo que la Iglesia y la Corona debían recuperar la preeminencia perdida tras la revolución liberal. Esto suponía liquidar la naturaleza liberal del sistema y supeditar la política a los dictados de la Iglesia: combatir la secularización, resacralizar la sociedad,…

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Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © En 1863 los progresistas, hartos de ejercer de convidados de piedra, decidieron retraerse: ya no volvieron a participar en las elecciones en lo que quedaba de reinado. El retraimiento electoral equivalía a situarse fuera del sistema. Al renunciar a ganar el poder a través de las urnas, los progresistas anunciaban que sólo les quedaba la vía de las armas. Pero ya no se trataba simplemente de derribar a un gobierno moderado, era la reina quien había tomado la decisión de relegar a los progresistas, que ya hablaban abiertamente de derrocar a Isabel II. El Partido Moderado se había mostrado incapaz de gobernar en 1858 y ahora no atravesaba una mejor situación: e staba roto y dividido, asustado por las conspiraciones progresistas, embarcado en una deriva autoritaria que apartó de sus filas al sector más liberal,… Entre marzo de 1863 y septiembre de 1864 se sucedieron tres breves gobiernos, tras lo que Isabel II recurrió de nuevo a Narváez, quien enseguida se dispuso a defender el trono a sangre y fuego. El 10 de abril Narváez lanzó al ejército contra una manifestación estudiantil que protestaba por el cese en su cátedra del republicano Emilio Castelar tras publicar un artículo de prensa crítico con Isabel II. Este choque se saldó con nueve muertos y más de cien heridos. Una represión tan virulenta conmocionó a la opinión pública, tras lo que Narváez dimitió en junio de 1865. Fue O’Donnell quien le remplazó, lo que auguraba cierta apertura liberal de su gobierno unionista. No obstante, a estas alturas los progresistas ya se habían embarcado en su estrategia insurreccional. En 1866 el general Prim encabezó un pronunciamiento que fue fácilmente desbaratado por el gobierno. El 22 de junio se sublevaron en Madrid los sargentos del Cuartel de San Gil, lo que devino en una revuelta urbana con barricadas por toda la ciudad. Isabel II instó a O’ Donnell a que emprendiera un castigo ejemplar: el ejército fusiló a setenta individuos, tanto militares como civiles. Pese a la dureza de este escarmiento, Isabel II no tuvo suficiente y aún creía que O’Donnell era demasiado débil, demasiado liberal para a frontar lo que percibía como una revolución que amenazaba directamente al trono. En julio de 1866 llamó de nuevo a Narváez tras deshacerse de O’Donnell, quien abandonó el país para instalarse en el sur de Francia ya harto de los vaivenes de palacio. Narváez suspendió las Cortes y las garantías constitucionales, depuró el ejército y la administración, cerró la prensa de la oposición y desterró a quienes manifestaron la menor disidencia. Se aplicó con rajatabla durante este periodo la cláusula del Concordato por el cual el Estado velaría para que en los centros educativos prevaleciera la doctrina católica. Por este motivo varios catedráticos fueron apartados de la docencia por explicar asuntos que atacaban al dogma de la Iglesia: Emilio Castelar, Nicolás Salme rón, Francisco Giner de los Ríos,… En 1866 reventó el mayor logro del reinado de Isabel II: la etapa de prosperidad económica iniciada a mediados de siglo. La quiebra de un banco británico provocó una contracción global del crédito que cortó el suministro de capital extranjero a las compañías de ferrocarril. Estas compañías ya llevaban tiempo mostrando su escasa rentabilidad económica: bajo volumen de tráfico y altísimas inversiones. El fracaso del negocio ferroviario y el derrumbe del crédito extendieron el pánico entre los inversores: la Bolsa se desplomó y tan sólo quince entidades bancarias sobrevivieron de las sesenta que antes ex istían. 38

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © La quiebra del sistema financiero colapsó la economía: la inversión cayó, el crédito se contrajo, muchas empresas cer raron, el paro aumentó,… La depresión redujo los ingresos de Hacienda y el déficit se disparó. Por si fuera poco, la crisis financiera coincidió con una crisis agraria: las malas cosechas de 1867 y 1868 elevaron el precio del trigo, arrastrando así al resto de alimentos de consumo básico provocando un aumento de la mortalidad y una situación de hambre en todo el país. La suma de todos t odos estos factores avivó un clima de malestar social. O’Donnell falleció en noviembre de 1867 y Narváez en marzo de 1868, siendo aún presidente del Consejo de Ministros, mientras que la oposición se iba organizando. En agosto de 1866 la oposición firma el Pacto de Ostende con el objetivo de trabajar juntos para derrocar a Isabel II. La mayoría de los demócratas abogaba ya por la instauración de la república, aunque relegaron esta cuestión hasta la convocatoria de unas futuras Cortes Constituyentes y así no crear fricciones entre los firmantes del acuerdo. En julio de 1868 la Unión Liberal se sumó al pacto a pesar de que O’Donnell, fiel a la reina, había mantenido a su partido al margen de la conspiración. Una vez muerto su jefe, el unionismo encabezado por Serrano se unió a la alianza insurreccional, a la que aportó un importante contingente de mandos militares. De este modo se alcanzó un perfil similar al de 1854: liberal-conservadores, progresistas y demócratas.

3 – El Sexenio Democrático (1868 – 1874). La revolución estalló el 17 de septiembre de 1868 al grito de “¡Viva España con honra!”. El ejército y la armada se sublevaron en Cádiz al mando del general Prim y el almirante Topete, tras lo que se extendió la insurrección por el resto del país. Al igual que en épocas anteriores, en cada ciudad se constituyó una junta y cuerpos de milicianos dispuestos a defender la revolución. El 28 de septiembre las tropas sublevadas derrotaron a las leales a la reina en la batalla de Alcolea (Córdoba). Dos días más tarde Isabel II partió hacia el exilio en Francia. La Junta Provisional Revolucionaria de Madrid asumió el poder ejecutivo hasta la constitución de un nuevo gobierno provisional, el 8 de octubre, presidido por Francisco Serrano (jefe de los unionistas).

I. Gobierno provisional y regencia de Serrano. Que la jefatura del gobierno provisional recayera sobre un militar de la derecha liberal era una clara señal de que no se quería trastocar el orden social con esta revolución. Aunque presidiera Serrano, Prim era el motor de un gabinete en el que figuraban los principales notables de su partido. Entre la derecha unionista y la izquierda demócrata, los progresistas gozaron de una ventaja estratégica como grupo bisagra y reforzaron así su posición. A pesar de permanecer fuera del gobierno, los demócratas influyeron decisivamente en su política. Tras arduas negociaciones, las juntas aceptaron disolverse el 21 de octubre a cambio de que el gobierno garantizara una amplia gama de derechos fundamentales, pues éstas habían asumido el programa demócrata durante su ejercicio: sufragio universal, libertad de imprenta, libertad de cultos, libertad de reunión y asociación,… 39

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © Poco después, la coalición revolucionaria se rompió cuando unionistas y progresistas anunciaron públicamente que defenderían la monarquía como futura forma de gobierno. El Partido Demócrata se partió en dos: la mayoría de sus integrantes (republicanos convencidos) abandonaron la coalición, mientras que una minoría consideró que una vez ve z asumidas las libertades fundamentales la democracia era compatible con la monarquía y, por ello, mantuvieron el pacto. En las elecciones de enero de 1869 los monárquicos lograron 236 diputados y los republicanos 85, siendo la principal fuerza de la oposición. Las Cortes aprobaron el 6 de junio de 1869 una Constitución democrática donde su artículo 32 rezaba: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes” . Y la Nación reunida en Cortes, única soberana, decidió que su forma de gobierno fuera la monarquía. Una monarquía que vio limitados sus poderes respecto a épocas anteriores al tiempo que las Cortes ganaron una notable autonomía: potestad para legislar, Senado y Congreso eran electos por los ciudadanos,… El rasgo más característico de la Constitución de 1869 fue su extensa declaración de derechos individuales en la que resulta evidente la influencia del Partido Demócrata. El Título I pasó a denominarse “De los españoles y sus derechos” y ocupó casi la cuarta parte del articulado constitucional. El concepto de soberanía nacional alcanzó su pleno sentido al ir acompañado por primera vez desde 1812 del sufragio universal masculino. Junto con derechos ya reconocidos anteriormente aparecieron otros nuevos como la libertad de asociación, de reunión, la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia,… La Constitución extremó las garantías procesales para los detenidos: nadie podría permanecer más de 24 horas detenido sin intervención de un juez, ni privado de sus bienes ni derechos. También proclamó por primera vez en una constitución la libertad de cultos, lo que se acompañó después de varias medidas secularizadoras. El gobierno provisional expulsó a los jesuitas del país, legalizó el matrimonio civil, se incautó de los archivos, bibliotecas y bienes culturales de la Iglesia; secularizó los cementerios, obligó al clero a jurar la Constitución y retomó el proceso desamortizador. Se disolvieron los conventos fundados después de 1837 y sus propiedades fueron desamortizadas. Se reconoció la plena libertad de enseñanza con el fin de extender al máximo la instrucción pública sin previa licencia. De este modo aumentó el número de centros educativos cuyos grados fueron luego convalidados por tribunales oficiales. La política económica del gobierno provisional pretendió eliminar las trabas al libre comercio y a la circulación de riqueza. Se ratificó la abolición del impuesto de consumos, decisión ya tomada por las juntas en las ciudades alzadas durante la revolución. Para compensar la baja recaudación se instauró un nuevo impuesto directo sobre la riqueza familiar, un t ributo complejo que fracasó por la ineficaz administración tributaria y tampoco consiguió paliar el déficit público. Por último, también se reformó el sistema monetario. El 19 de octubre de 1868 la peseta se convirtió en la nueva divisa nacional. El sistema monetario de la peseta era similar al francés y ello abrió la puerta a la incorporación de España a la Unión Monetaria Latina (tratado de integración monetaria constituido por Francia, Suiza, Bélgica e Italia). No obstante, España jamás llegó a incorporarse. 40

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © Aprobada por las Cortes la nueva Constitución, el 18 de junio de 1869 el general Serrano fue nombrado regente del reino (a la espera de que el Parlamento eligiera un titular de la Corona) y el general Prim pasó a presidir el Consejo de Ministros. Durante ese verano el gobierno afrontó ya un conato de insurrección republicana, habiéndose extendido el republicanismo por todo el país. En las elecciones municipales de 1869, los republicanos vencieron en una veintena de capitales de provincia. Entre los jornaleros andaluces, artesanos y trabajadores urbanos cundió el desencanto porque la revolución de 1868 no devino en una república ni asumió el programa máximo de reformas al que aspiraban muchos republicanos. Para ellos la palabra república significaba más que un simple cambio de régimen o de personas en la jefatura del Estado: era un sinónimo de transformaciones económicas, sociales y políticas radicales. Ya hubo conatos de sublevación republicana en Cádiz, Málaga, Paterna o Jerez; insurrección que acabó por extenderse en Cataluña, Andalucía, Aragón y Levante. El gobierno suspendió las garantías constitucionales y recurrió al ejército para sofocar e stas revueltas. La conflictividad social siguió latente en los años posteriores, no sólo por la agitación republicana, sino por un clima de malestar social causado por la crisis económica que había estallado. Se reactivaron las tradicionales formas de protesta: motines, partidas bandoleras, ocupación de tierras en el campo,… No obstante, también abundaron los conflictos industriales protagonizados por un movimiento obrero cada vez más organizado que exigía subidas salariales, reducción de la jornada laboral o mejora de las condiciones de trabajo. La constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) dio un fuerte impulso al asociacionismo obrero. Nacida en Londres en 1864, la Internacional se escindió pronto en dos tendencias: la socialista (encabezada por Marx y Engels) y la anarquista (dirigida por Bakunin). En mayo de 1869 se fundó la primera sección española de la Internacional. A finales de 1872 contaba ya con más de 30.000 afiliados en todo el país, un tercio de ellos en Cataluña. El peso de la Internacional en España durante este periodo fue escaso pero despertó un miedo atroz entre empresarios y propietarios de la élite. Se generó miedo al movimiento obrero organizado en las fábricas, unido al temor ante la creciente conflictividad social en el campo y en las ciudades. Este miedo se acrecentó tras la experiencia de la Comuna de París durante la primavera de 1871, motivo por el que las Cortes decidieron prohibir la Internacional en octubre de ese mismo año. Sancionada la Constitución de 1869, el gobierno de Prim se lanzó a buscar un candidato al trono español. Los unionistas optaron por Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, hijo de Luis Felipe de Francia (depuesto por la revolución de 1848) y casado con una hermana de Isabel II. Representaba la apuesta unionista por una monarquía católica, liberal aunque conservadora. No obstante, su candidatura cayó en el olvido tras matar a Enrique de Borbón y Dos Sicilias, hermano del marido de Isabel II. También se pensó en Fernando de Coburgo, ex rey consorte de Portugal, cuya elección alentaba el viejo proyecto progresista de la unión ibérica con la reunificación de España y Portugal en un mismo Estado y bajo la misma Corona. No obstante, Coburgo rechazó su propuesta. 41

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © Después el gobierno trató con Leopoldo de Hohenzollern, hijo del rey de Prusia, pero Francia temió verse rodeada por el este y el sur por la familia reinante prusiana y presionó al gobierno español para que abandonara este proyecto. Incluso un grupo de progresistas ofreció la corona a Espartero, aunque también rechazó la oferta. Por último, Prim tanteó al príncipe Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel (primer monarca del reino de Italia); quien sí aceptó la Corona. Su candidatura fue refrendada por las Cortes el 16 de noviembre de 1870 por 190 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Amadeo I de Saboya desembarcó en España el 30 de diciembre de 1870, el mismo día en que el general Prim, su principal valedor, murió víctima de un atentado cuya autoría jamás llegó a esclarecerse. II. La monarquía de Amadeo I. El general Serrano presidió el primer gobierno del reinado de Amadeo I, en el que participaron todos los monárquicos de la coalición: unionistas, progresistas y demócratas. Muerto Prim, el Partido Progresista se partió por la mitad: los progresistas más conservadores se unieron a los restos de la vieja Unión Liberal para crear el Partido Constitucional. Quienes integraban este nuevo partido creían que la monarquía amadeista solo sobreviviría si lograba ser aceptada por los sectores más conservadores de la socie dad. Por otro lado, la izquierda del progresismo y los demócratas se unieron en el Partido Radical, cuyos integrantes consideraban que la pervivencia de la monarquía exigía un avance hacia la izquierda. Creían que una monarquía plenamente democrática atraería a los republicanos de igual modo que campó a un sector del Partido Demócrata en 1868. Por ello, el Partido Radical asumió el programa de los demócratas y contó con la benevolencia de los jefes republicanos. En esta coalición acabó imponiéndose el aliado más fuerte: a finales del reinado, Pi i Margall reconocía que los radicales estaban a merced de los republicanos. Sagasta, al frente del Partido Constitucional, y Zorrilla, a la cabeza del Partido Radical, fueron incapaces de entenderse y establecer un sistema de partidos estable en el que pudieran alternarse pacíficamente en el gobierno. En ello influyó su posición ideológica, cada vez más distanciada, y que ambos lucharon por ocupar el espacio que antaño ocupaba el progresismo. El resultado generó una inestabilidad política crónica: en poco más de dos años se sucedieron seis breves gobiernos. Los principios que defendía la Constitución de 1869 eran plenamente democráticos y representaron un claro avance en nuestra historia, aunque había pocos demócratas convencidos entre los gobernantes durante el reinado de Amadeo I. Las prácticas electorales habituales durante el reinado de Isabel II siguieron vigentes. El gobierno obtenía del monarca el decreto de disolución de las Cortes y organizaba las elecciones apoyándose en la administración local: transmitían órdenes a los gobernadores civiles que, a su vez, la transmitían a alcaldes y caciques. Para reforzar el control gubernamental sobre el sufragio, el gobierno de Serrano modificó la Ley Electoral: las primeras elecciones de 1869 se celebraron por circunscripciones provinciales y a partir de 1871 volvieron a organizarse por pequeños distritos, más fáciles de controlar por los caciques.

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Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © La lucha entre constitucionales y radicales dificultó la institucionalización de la monarquía de Amadeo I, además del rechazo visceral al rey en importantes grupos sociales y políticos. Por la izquierda, los republicanos estaban dispuestos a combatir la monarquía en cualquier a de sus formas. No obstante, la más demoledora fue la hostilidad de la sociedad conservadora. Para la Iglesia y los católicos resultaba una afrenta que reinara en España el hijo de Víctor Manuel de Italia, el rey que al conquistar la unidad italiana acabó con los Estados Pontificios y relegó al Papa al Palacio del Vaticano. Los partidarios del retorno de los Borbones se organizaron en torno a Antonio Cánovas del Castillo, aunque éste consideraba inviable el regreso de Isabel II y logró que la reina resignara sus derechos al trono en su hijo, el príncipe Alfonso. La mayoría de los aristócratas, partidarios de Alfonso, hicieron el vacío a la dinastía de Saboya. El día que el rey hizo su entrada en Madrid los grandes palacios de la aristocracia cerraron sus balcones, donde aún mantenían la flor de lis (símbolo de los Borbones) en todas sus decoraciones. A medida que aumentaba el miedo a la revolución social, el apoyo al príncipe Alfonso prosperó entre las gentes del orden, los industriales y el mundo de los negocios. Los carlistas combatieron a la nueva dinastía con las armas. En abril de 1872, el autoproclamado Carlos VII, nieto del primer pretendiente don Carlos, llegó a España. Al inicio de la guerra apenas mantuvieron los carlistas unas cuantas guerrillas en Navarra, País Vasco, Cataluña y Aragón. No obstante, a mediados de 1873 reforzaron sus posiciones y ocuparon parte de Navarra y País Vasco, además de ciertos enclaves del Pirineo catalán. Como ya ocurrió cuatro décadas atrás, los carlistas levantaron un pequeño Estado cuya capital emplazaron en la ciudad de Estella y cuyo ejército oscilaba entre 20.000 y 40.000 soldados. Al igual que en la primera guerra carlista, los insurrectos tampoco pudieron expandirse más allá del Ebro. La guerra se prolongó hasta 1876, año en que cayó el frente vasco-navarro. Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873. El detonante fue la discrepancia con su último presidente del gobierno (Zorrilla) sobre la conveniencia o no de disolver el Cuerpo de Artillería (que se manifestó contra la promoción de un general). Amadeo, de tendencia liberal-conservadora, no se encontraba cómodo con la deriva filo-republicana del Partido Radical que ya empezaba a provocar ruido en los cuarteles. cuarte les. La “falta de respeto de la prensa” acusada por el monarca muestra el desvío de una parte de la opinión pública: republicanos, alfonsinos, católicos,… III. La Primera República. El 11 de febrero de 1873, tras la renuncia de Amadeo I al trono, Congreso y Senado asumieron todos los poderes declarando como forma de gobierno la República. Fue una decisión requerida por la urgencia, aunque claramente inconstitucional porque la Constitución de 1869 prohibía que ambas cámaras se unieran juntas y establecía la monarquía como forma de gobierno. En las elecciones de 1872 los republicanos obtuvieron 80 diputados (78 federales y 2 unitarios) frente a los 299 diputados restantes. Los republicanos federales querían transformar radicalmente el Estado español, reconstituirlo a partir de la federación de estados que, en principio, se corresponderían con las regiones donde cada uno tendría sus propios poderes 43

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © ejecutivo, legislativo y judicial. Por el contrario, los republicanos unitarios defendían la unidad del Estado español y creían que la instauración de la república debía limitarse a poco más que transformar la jefatura de Estado y a desarrollar derechos y libertades. A fecha de la renuncia de Amadeo I, los republicanos eran minoría en las Cortes; aunque pudieron proclamar la república gracias al apoyo del Partido Radical. Cierto es que los radicales tampoco tenían otra opción: la abdicación de Amadeo I había provocado un vacío de poder, la búsqueda de una nueva dinastía en las Cortes extranjeras era algo inviable y el retorno de los Borbones hubiera significado la claudicación de la revolución de septiembre. De este modo, radicales y republicanos votaron a favor de la república y acordaron participar juntos en un gobierno de concentración. El mismo 11 de febrero de 1873 la Asamblea Nacional (Congreso y Senado) proclamó a Estanislao Figueras presidente del poder ejecutivo de la República. Figueras incluyó en su gobierno a los principales dirigentes republicanos (Castelar, Salmerón, Pi i Margall,…) y asignó varias carteras al Partido Radical. No obstante, el pacto entre radicales y republicanos solamente duró unas semanas. Ambos grupos relegaron la cuestión de la organización estatal a las futuras Cortes Constituyentes, pero era ya conocido que sus concepciones al respecto eran antagónicas. Los radicales asociaban el federalismo a la insurrección y al caos, querían que el tránsito de la monarquía a la república conllevara el menor cambio posible y apostaron por una república unitaria, conservadora, que fuera capaz de defender el orden. Sin embargo, apenas había republicanos unitarios, la mayoría eran federalistas convencidos. Cuando Figueras anunció que defendería la solución federal en las futuras Cortes Constituyentes, los radicales y otros partidos monárquicos tramaron un golpe de Estado que debía llevar a la presidencia de una república unitaria al general Serrano. Este golpe de Estado fue abortado el 23 de febrero. El 10 de mayo de 1873 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, unicamerales. Los republicanos obtuvieron 343 escaños, frente a los 31 restantes del resto de fuerzas políticas. La abstención llegó al 60% del censo. El 8 de junio las Cortes proclamaron la República federal, a lo que Figueras dimitió dos días más tarde. Figueras lidió con la presión conspirativa de los monárquicos, con las guerras carlista y cubana, con una Hacienda en crisis por la caída de ingresos tras la supresión del impuesto de consumos y el alza del gasto a causa de las guerras,… Pese a esta situación, la razón última de su dimisión fue la división del federalismo. Los federalistas sabían que era casi imposible establecer la República en España mediante una victoria electoral y creían que solamente era posible mediante la revolución: tras una insurrección popular, las juntas locales republicanas se unirían en juntas de orden superior para llegar a federarse en una junta central de gobierno. El insurreccionalismo era, por tanto, parte esencial de la cultura política de este sector federal, que sostenía que la República debía constituirse constituir se “de abajo a arriba”, desde las juntas locales hacia el Estado federal.

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Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © También apostaban por esta vía quienes creían que la República federal debía ser más que un cambio de régimen o de personas en la jefatura del Estado, que no solamente tenía que conllevar un relevo político sino también transformaciones económicas y sociales radicales que no admitían ya demora. No obstante, la Primera República no llegó ni a través de las elecciones ni de la insurrección, sino que llegó “por donde menos se la esperaba”. Los líderes republicanos en las Cortes se encontraron con una república dada por las circunstancias e instituyeron la República federal desde el propio Estado, “de arriba a abajo”. Los republicanos partidarios de la lucha insurreccional, conocidos como intransigentes, desconfiaron de una República que había llegado pacíficamente de mano de los monárquicos que acometía una transformación excesivamente gradual del Estado y que se les aparecía como un simple cambio de dirigentes al frente de gobierno. No entendían que, una vez rota la coalición entre federales y radicales, la República federal no fuera proclamada al instante. El gobierno de Figueras acusó desde un primer momento la presión insurreccional. Tras proclamarse la República, los campesinos protagonizaron en Montilla un motín que derivó en el asesinato de varios notables locales y en la ocupación de tierras; que acabó por extenderse a otras localidades andaluzas. En marzo los intransigentes catalanes exigieron la disolución de las tropas destinadas en Cataluña, acusadas de trabajar para los alfonsinos, y proclamaron el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Agitadores republicanos arengaron a los soldados, que se insubordinaron y abandonaron sus puestos. El gobierno negoció con los intransigentes pero no pudo restablecer la disciplina militar. Figueras no soportó la tensión entre las filas republicanas y dimitió el 10 de junio. Le reemplazó en la presidencia Francisco Pi i Margall. Decidido a acelerar la institucionalización de la República federal, tras asumir el cargo presentó en las Cortes un proyecto de Constitución Federal de la República Española. Su declaración de derechos era similar a la de 1869. Además disponía la separación entre Iglesia y Estado, no pudiendo subvencionar ninguna administración directa o indirectamente ningún culto. También abolía los títulos de nobleza, aunque su principal novedad radicó en la organización del Estado. Cada estado podría elaborar su constitución y tendría sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado federal se reservaba importantes competencias generales: relaciones exteriores, tratados internacionales, ejército, moneda, comunicaciones, sanidad, gobierno de las colonias,… El presidente de la República, elegido por sistema indirecto, nombraba al gobierno y era responsable de mantener el equilibrio entre los estados de la federación. Las Cortes eran bicamerales, aunque el Senado carecía de iniciativa legislativa y su principal función era comprobar la constitucionalidad de las leyes. La comisión constitucional de las Cortes publicó el dictamen sobre el proyecto de Constitución el 17 de julio, pero los intransigentes ya habían decidido acelerar el proceso federal desde las bases. En junio constituyeron en Madrid un Comité de Salud Pública, encargado de organizar una sublevación que acabara por extenderse a lo largo y ancho del país. El objetivo era proclamar estados o cantones que, una vez constituidos, debían unirse para así establecer una República federal de facto, desde abajo y sin esperar a que las organizaran las Cortes. 45

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © La revuelta cantonal estalló a mediados de julio extendiéndose por Andalucía y Levante, llegando incluso a ciudades de Castilla, otras capitales de provincia y localidades con fuerte actividad agrícola y notable presencia republicana. Convergieron en la revuelta una interpretación extrema del ideario federal y la tradición juntista de las revoluciones españolas. El movimiento obrero apenas participó, aunque entonces estalló en Alcoy una huelga general revolucionaria organizada por la Internacional local donde los obreros tomaron la ciudad y asesinaron al alcalde republicano. Agotadas las vías pacíficas, Pi i Margall (federalista convencido) no quiso recurrir al ejército para reducirles por la fuerza y dimitió. El 18 de julio le reemplazó Nicolás Salmerón. El nuevo presidente envió a los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía a sofocar la insurrección en Levante y Andalucía, respectivamente. En septiembre ya había sido sofocada la revuelta, salvo el cantón de Cartagena que resistió hasta el 11 de enero de 1874. No obstante, la presidencia de Nicolás Salmerón también fue breve. Era un destacado activista contra la pena de muerte y bajo su presidencia las Cortes aprobaron el 9 de agosto de 1873 una ley que, sin abolirla, abría la posibilidad de que los condenados a muerte fueran indultados. Sin embargo, el ejército lo consideraba un arma fundamental para combatir la indisciplina del momento, ya bastante mermada. Presionado por los militares para sancionar dos penas de muerte, Salmerón dimitió el 7 de septiembre de 1873. Le sucedió Emilio Castelar, convertido al republicanismo unitario tras el caos de los primeros meses de República federal. Castelar pretendía establecer una república conservadora que combinara libertad y seguridad, atrayendo a antiguos monárquicos radicales y gentes del orden, reconstruyera la unidad del paí s, s, restableciera la disciplina militar,… Desde el 20 de septiembre hasta el 2 de enero, Castelar gobernó por decreto con las garantías constitucionales suspendidas. Su defensa del orden le valió el respaldo del ejército, que había ido separándose de la República ante el deterioro del orden público y el aumento de la indisciplina. Por el contrario, su giro unitario y conservador enemistó a Castelar con los republicanos federales. No obstante, Castelar, firme defensor del parlamentarismo, regresó a las Cortes en enero de 1874 para obtener un voto de confianza a su política. Dada la mayoría parlamentaria federal resultaba previsible una derrota del ejecutivo. Ante la inminente constitución de un nuevo gobierno federal, durante la votación de la moción de confianza el general Pavía envió un destacamento militar al Congreso y disolvió las Cortes. Pavía no quiso asumir la presidencia de la República. Su intención era entregar el poder a un gobierno de amplia coalición que se extendiera desde los republicanos conservadores (Castelar) hasta los alfonsinos (Cánovas), aunque ninguno de estos dos partidos quiso participar en la situación abierta tras el golpe de Estado. Fue el general Serrano quien asumió la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y estableció una dictadura sostenida por el ejército en cuyos gobiernos participaron ministros del Partido Constitucional (Sagasta) y del Radical (Zorrilla). Serrano suspendió las garantías constitucionales, disolvió la Internacional, ilegalizó a los republicanos federales y clausuró medios de comunicación no 46

Historia Política y Social Contemporánea de España @Jeav_89 | © afines. Restauró el orden público pero no pudo consolidar un régimen perdido en el limbo: una República asentada sobre una Constitución monárquica suspendida, gobernada por partidos monárquicos, sin el apoyo de los republicanos, no contaba con respaldo social, tenía dos frentes bélicos aún abiertos,… Decidido a supervisar la campaña militar en País Vasco y Navarra durante las guerras carlistas, Serrano delegó la presidencia del gobierno en el general Juan Zavala en febrero de 1874, a quien Sagasta reemplazó en septiembre. Mientras tanto, Antonio Cánovas del Castillo iba sumando apoyos para la causa Alfonsina. En noviembre de 1873, con dieciséis años, el príncipe Alfonso alcanzó la mayoría de edad. En diciembre de 1874 publicó un manifiesto que entrañaba todo un programa político desde la academia militar de Gran Bretaña en la que se encontraba. En él se comprometía a ejercer como un rey verdaderamente liberal, a sostener una monarquía constitucional que obrara de conformidad con los votos y la conveniencia de la Nación, que combinara el orden legal y la libertad política,… Una proclama en la que la Corona y la Nación aparecían unidas pero que mantenía un firme compromiso liberal llamado a convencer a los que aún permanecían indecisos y a quienes temían que el regreso del hijo de Isabel II significara un retorno a las prácticas políticas de su madre. El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó a Alfonso XII como rey de España. El pronunciamiento no provocó ninguna reacción en el ejército, donde abundaban los alfonsinos. Dos días más tarde, Cánovas del Castillo presidía la regencia en nombre de Alfonso XII.

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Tema 2 - Del moderantismo a la revolución democrática (1843 - 1874)

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