Soluciones al crimen. 18 cosas que podemos hacer para luchar contra el crimen1
1. Rescatar a los jóvenes de la barbarie. Por John DiIulio Jr. (Universidad de Management)
Princeton/Brookings Institution´s Center for Public
Los huérfanos crecen y se convierten en psicópatas insensibles en números abrumadores, suponiendo un gran peligro para el público. Los jóvenes maltratados o severamente descuidados deben ser arrancados de las manos de sus padres desaprensivos para darles una oportunidad en un nuevo ambiente. Escuche atentamente. Ese “tick-tick” constante que se oye a la distancia es la bomba de tiempo del delito en América. El aparato está conectado a tendencias demográficas irreversibles. La bomba está programada para explotar en el año 2000, cuando habrá alrededor de 500.000 jóvenes masculinos de entre 14 y 17 años más de los que hay hoy en día. La explosión eliminará lo que queda de orden y civilidad en las áreas más degradadas de las ciudades, donde predominan negros y latinos; estallarán las ventanas en los enclaves urbanos de la clase trabajadora blanca a la deriva; y se hará sentir en los más encumbrados barrios de la ciudad, en los suburbios protegidos con sus alarmas antirrobo, en los ricos distritos de negocios con sus policías privadas. Lo peor es que la inminente explosión del delito será especialmente violenta, pues la próxima generación de delincuentes juveniles, negros, blancos y latinos, será especialmente perversa. Las tasas de crímenes entre adolescentes y jóvenes adultos se han multiplicado en las últimas dos décadas, sobre todo entre los negros. Conocemos poco acerca de dónde vienen estos predadores 1
Publicado originariamente en The American Enterprise, May/June, 1995, pp. 32-51. Traducción al castellano de Mariano H. Gutiérrez (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), Máximo Sozzo y Gustavo González (Universidad Nacional del Litoral). Publicado en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Nº 15-15.
adolescentes. La mayoría procede de familias destruidas. Alrededor de la mitad de los niños alojados por periodos prolongados en los reformatorios estatales tienen uno o más miembros directos de su familia (padre, madre, hermano) que ha estado encarcelado. Se estima que un 75 por ciento de los jóvenes encarcelados más violentos son muchachos que han sido maltratados por un miembro de su familia. El mismo porcentaje ha presenciado hechos de violencia extrema (homicidios, violaciones, asaltos) antes de que ellos mismos los cometieran. 825.000 jóvenes menores de 18 años hoy en día tienen uno o ambos padres en prisión. Policías veteranos, fiscales y personas que se ocupan de estos problemas advierten que el nivel de violencia homicida por parte de estos muchachos de las áreas degradadas de los centros urbanos era “impensable” tan sólo una década atrás. Leo y escucho lo mismo de los presos. En un libro próximo a salir titulado From Behind the Walls, Mansfield Frazier, un hombre que ha sido arrestado 15 veces por distintos delitos y condenado cinco veces, escribe acerca de la “amenaza que viene”: una clase de delincuentes de las áreas degradadas de los centros urbanos que “prometen ser monstruos... Nunca antes en la historia tanta cantidad de niños ha sido tan descuidada y brutalizada”. Tiene razón. Hace unos meses hablé con un grupo de presos con condenas a largo plazo o perpetuas en una gran cárcel estatal de máxima seguridad. La mayoría de ellos eran negros, menores de 40 años y condenados por múltiples delitos, incluso homicidios. Estos hombres habían dominado las peligrosas calles de Newark y Camdem en los años 70 y principio de los 80. Ahora todos ellos están trabajando en un programa especial que acerca a los niños que han tenido problemas con la ley a la cárcel, para que vean una “muestra” de la vida institucional –como si se les preguntasen: “¿Es este tu futuro?”. Les pregunté: “¿Cómo explicar el incremento de la violencia juvenil homicida en sus antiguos barrios?” Pocos presos hablaron sobre la pobreza, la desocupación y otras “causas profundas” convencionales. Ninguno sostuvo que los niños se conviertan en criminales por sus privaciones económicas. La mayoría sostuvo, en cambio, que -en las palabras de un preso- “Los chicos que vienen ahora a la cárcel están totalmente perdidos. El Crack mató a sus
madres”. “No escuchan nada ni a nadie, no tienen respeto, ni miedo” agregó otro, advirtiendo que “no se trata de mandarles a los ‘rubios’[los asistentes sociales blancos]”. “Yo era un gladiador callejero muy jodido”, un preso dijo, “pero [los chicos del barrio hoy en día] son predadores fríos como una piedra.” Las crecientes filas de “fríos predadores” consisten principalmente en hombres negros de las áreas degradadas de los centros urbanos que alcanzan la madurez física sin conocer la caricia del amor de una madre, hermana o abuela o la mano disciplinante de un padre, hermano, vecino, profesor o entrenador. Los “modelos de rol” que tienen importancia en sus vidas aisladas son “gangsta rappers”2 millonarios, que practican la gratificación material y sexual instantánea y predican la violencia impulsiva contra cualquiera que les falte el respeto de cualquier manera. Gracias a la disolución de la familia, nadie les ha impartido a estos individuos las normas de una vida civilizada, ni siquiera las básicas, de respeto a sus pares y a las autoridades, de superación personal, de trabajo duro y otros valores “de clase media”. En sus vidas casi todos les han enseñado con su ejemplo a estar extremadamente orientados sólo al presente y a pensar solamente en ellos mismos. Los “fríos predadores” no son intimidados fácilmente por las condenas penales porque casi no valoran el futuro, el suyo o el de cualquier otro. No pueden ser constreñidos por el estigma, las mortificaciones de la conciencia, o la angustia del encarcelamiento, porque no poseen un nivel normal de empatía o emoción humana. Nada, ni Head Start3, ni, con seguridad, jugar basketball a la medianoche, es suficiente para desviarlos de sus planeadas incursiones criminales. No están anclados moral ni psicológicamente a ningún futuro, ningún pasado, ningún amor, ningún odio, ninguna pena, ningún remordimiento. Son una nueva raza de criminales más letal que ninguna vista antes. Esto nos puede turbar, pero no sorprendernos. Aristóteles advertía hace mil años que los hombres “aislados de la ley y la justicia” 2
N. Del T. : Literalmente ‘Raperos Pandilleros’ (de “gangsta”, deformación de “gangster” o pandillero); se utiliza para denominar los cantantes de rap que difunden una estética y un discurso violento, que suelen estar emparentados con las pandillas juveniles. 3 N. del. T: Se trata de un programa de prevención del delito juvenil.
son los peores animales. La gente se vuelve buena (capaz de querer, amable, responsable, obediente a la ley) sólo cuando están “ debidamente entrenados y habituados” y utilizan su tiempo en “propósitos valiosos, bajo alguna forma de orden correcto, siempre que este orden tenga la suficiente fuerza”. Porque la mayoría de la gente de cualquier estrato socio económico que nace de padres decentes, no se convierte en delincuente. Pero si se permite a las comunidades que evolucionen hasta llegar a que el 75 por ciento de los niños sean hijos extramatrimoniales, que el uso de drogas sea algo común, que la economía local pase por el delito, que las políticas del Estado Benefactor frustren la formación de la familia, que las influencias cuasifamiliares (maestros dedicados, vecinos preocupados) se evaporen; entonces, la barbarie no estará muy lejos. Podemos intentar lidiar con los predadores antisociales mediante la elusión - cambiar los lugares donde vivimos, trabajamos, compramos, vamos a clase, vacacionamos e invertimos. Podemos demandar que las leyes penales establezcan el cumplimiento efectivo de las sentencias condenatorias para que saquen de circulación por muchos años a individuos peligrosos mayores de 16 años. Podemos focalizar los recursos humanos policiales en los barrios de alto nivel de delitos. Pero la única estrategia realmente efectiva para controlar el delito será aquella que, en primer lugar, mantenga a los niños alejados de convertirse en delincuentes. Esto implica someter a los niños al cuidado de adultos que les enseñen a distinguir lo bueno y lo malo, que les provean la disciplina del amor y que les estimulen el respeto por la dignidad y la humanidad de los otros. Antes que esperar al tercer o cuarto “contacto” con la burocracia del servicio social o de los jueces, desde la primera vez que un niño es maltratado o desatendido, debe ser retirado de la casa y todos los derechos paternos sobre él deben ser eliminados. Como el etnógrafo urbano Mark Fleisher escribe en su próximo libro Beggars and Thieves, debemos hacer algo más que seguir pidiendo a los padres que dejen de pegar a sus hijos. Debemos rescatar para siempre a los jóvenes de sus padres irresponsables que los han maltratado o descuidado. En lugar de aceptar que es muy probable que se conviertan en delincuentes en un futuro cercano, debemos enviarlos a orfanatorios, casas grupales o colegios internados.
Lo que tengo en mente para las áreas degradadas de los centros urbanos son instituciones residenciales, privadas, basadas en una iglesia, a cargo de hombres y mujeres negros integrantes de la gran población negra urbana que paga impuestos, trabaja duro, profesa su culto con fe y cría buenos niños. Pienso en ellos como un “kibutz negro urbano.” ¿Pueden estas instituciones parroquiales ser creadas frente a la férrea oposición de los burócratas de los servicios de cuidado sustituto y sus perversas políticas de “preservación familiar” que devuelven una y otra vez al niño a sus padres biológicos, incluso los más violentos? ¿Y una vez instituidas, porqué habría que esperar que estas instituciones funcionen? ¿Podrían mantener sus rigurosos estándares y su independencia mientras reciben fondos del gobierno con todos los manejos y obstáculos políticos que ello trae aparejado? ¿Podrían sobrevivir a las impugnaciones legales por parte de la iglesia o el estado, producidas por los mismos defensores de los derechos civiles que nos dejaron políticas de vivienda pública sin posibilidad de desalojo, escuelas sin reglas, códigos criminales blandos y otros desastres? Con toda honestidad, no lo sé. Pero sugiero que mejor probemos y lo averigüemos - pronto. 2. Salvar los ‘bebes de la droga’. Por Paul. A Logli (Fiscal en Winnebago, Illinois). Los años ochenta produjeron una oleada de bebes afectados por la droga –dañados en el útero por el consumo irresponsable de drogas ilegales por parte de su madre, y una vez nacidos, por la negligencia y el abandono - que no muestra signos de menguar. Las legislaturas deben sancionar textos legales específicamente para atacar el abuso de drogas por parte de los niños. En los tardíos años 80 esta nación se conmocionó al saber nacían que cerca de 380.000 niños por año con evidencias de cocaína u otras drogas ilegales en su sangre. Las imágenes que ilustraban las historias de este nuevo grupo de niños en riesgo exhibían bebés
pequeños y débiles nacidos prematuramente, acostados en cunas de hospital con cables y tubos conectados a sus cuerpos. Otras imágenes mostraban niños mayores afectados por drogas, fácilmente irritables e incapaces de concentrarse normalmente en tareas diarias. Entre los cientos de miles de niños afectados por drogas están los que simplemente fueron abandonados por sus madres en los hospitales donde nacieron. Estos son los llamados “boarder babies” y a veces aprenden a caminar estando todavía en la maternidad de un hospital. Pierden cualquier oportunidad de crianza temprana cuando sus madres los abandonan para consumir drogas, ejercer la prostitución, y otras actividades que no dejan tiempo, energía o aptitud para criar debidamente a un niño. Números significativos de estas madres volverán nuevamente al hospital a dar a luz a niños estropeados por la droga. Esta plaga de niños afectados por las drogas ha elevado la preocupación en las comunidades médica y jurídica. Los hospitales han tenido que soportar grandes gastos por el cuidado de estos niños. Aún los jóvenes que no han sido dañados físicamente padecen daños emocionales y psicológicos, que a la postre requerirán asistencia médica, social y educacional especial. La respuesta legal ha sido un esfuerzo por parte de los fiscales para responsabilizar a las madres por daños ocasionados por el uso de drogas a los niños por nacer. La mayoría de los esfuerzos por aplicar las leyes existentes han fallado. Defensas exitosas han argumentado que las madres nunca habían sido notificadas que este comportamiento era punible por la justicia. Los esfuerzos para sancionar leyes específicas para prohibir el consumo de estupefacientes por parte de las madres durante el embarazo, han fallado en casi todas las cámaras legislativas. Todos los proyectos legales no han sido sancionados, aun cuando contemplaban la inclusión de la imputada en un régimen de probation con la condición de realizar un tratamiento de recuperación. A pesar de que existe una condena casi universal para el consumo de drogas por parte de una madre embarazada, los legisladores no han tenido voluntad de oponerse al intenso lobby de los intereses pro-abortistas y de las políticas de salud.
A los diseñadores de leyes se les dice que las medidas punitivas solo llevarán a las madres que abusan de drogas fuera del sistema de salud y que darán a luz en sus propias casas o en algún callejón oscuro, con tal de evitar que se descubra su abuso de drogas. Estas aserciones ignoran que la mayoría de éstas mujeres ya están fuera del sistema de salud y no buscan cuidados médicos para su embarazo hasta que están a punto de parir. El lobby pro-abortista, por otro lado, argumenta que un enfoque punitivo del problema, aún uno que privilegie la probation y el tratamiento por sobre el encarcelamiento es simplemente perseguir a la mujer y atentar contra su derecho a hacer lo que quiera de su cuerpo y de su feto. Paralizados por el miedo de ser etiquetados como sexistas o anti-liberales, los legisladores se han rehusado a considerar sanciones que reflejarían la reacción social frente a las conductas ilícitas de un pequeño grupo de personas abocadas a la destrucción egoísta de sus propios niños inocentes. Y de esta forma, grandes cantidades de niños continúan siendo dañados. Un esquema legislativo humanitario debería establecer que la sangre de todos los niños sea examinada al nacer, a fin de determinar la presencia de estupefacientes y otras sustancia letales. Se ha demostrado que la intervención temprana en la vida de los niños afectados por las drogas puede prevenir muchos de los efectos dañinos, a largo plazo, de la toxicidad de las drogas. En muchos casos los efectos de los estupefacientes no son evidentes en el niño sin un examen de sangre y por ello, muchos son enviados a sus casas con sus padres que abusan de drogas y que constituyen una amenaza continua a la seguridad, la salud y la debida nutrición de los mismos. El examen universal de los bebes permitiría a las autoridades locales y estatales intervenir en situaciones potencialmente trágicas, desarrollar una intervención temprana adecuada y, tal vez, eliminar algunos de los efectos dañosos en los nacimientos afectados por drogas. También debería ser sancionada una legislación que prohíba específicamente la provisión de estupefacientes ilegales al feto cuando está en el útero materno. Esto situaría las políticas públicas claramente del lado del feto inocente, por nacer y contra una madre que no tiene derecho de abusar de drogas o poner en peligro el futuro bienestar de
su prole. También esto atacaría el problema recurrente de niños nacidos muertos o que mueren poco después de su nacimiento como resultado del abuso de drogas de su madre. En tales supuesto, al haber nacido el niño muerto, los tribunales de menores no tienen jurisdicción sobre las acciones futuras de la madre. Se les permite salir del hospital, sin tratamiento y seguir produciendo a voluntad otros niños dañados. Cualquier legislación que sea sancionada debería proveer en primera instancia probation, tratamiento contra las drogas y rehabilitación. Entonces sí podrían establecerse sanciones progresivas para los individuos que se rehúsen a cooperar con los programas establecidos o que subsiguientemente, den a luz niños afectados por las drogas. Estas disposiciones legales disuadirían a los padres jóvenes de tomar decisiones trágicas que afecten su salud y la de sus hijos. Ofrecería ayuda y establecería límites morales apropiados a la conducta que atropella los derechos de los otros. Apenas una pizca de valentía política produciría leyes que prevendrían que esta terrible amenaza siga cayendo sobre más niños norteamericanos. 3. Controlar a los terroristas juveniles. Por Ed Koch (Ex - Alcalde de New York) Las disposiciones especiales establecidas desde hace décadas en nuestras leyes para proteger y excusar a los jóvenes ya no corresponden a esta era de violencia sin precedente entre los delincuentes juveniles. Las leyes para manejar ofensores juveniles deben ser endurecidas, los padres burdamente negligentes deben perder a sus hijos y deben crearse nuevas organizaciones para inculcar valores morales en los niños. Demasiado frecuentemente, en New York y otras jurisdicciones, el derecho trata a los jóvenes criminales como niños delincuentes, a pesar de que actúan más bien como animales feroces. Los jóvenes parecen ver esta falta de límites como una licencia para atacar a los mayores, los débiles y los otros niños que no pueden defenderse a sí mismos.
Cada año, los jóvenes cometen más delitos que nunca. De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia el número de jóvenes arrestados por homicidio aumentó 104% a nivel nacional desde 1970 hasta 1992. Desde 1980, las muertes provocadas por pandillas juveniles -la causa de muerte que más rápido se incrementa- aumentó 371%. Los jueces y los fiscales no tienen capacidad para tomar medidas adecuadas para enfrentar este baño de sangre, porque hemos creado irracionales eximentes y atenuantes legales para los jóvenes que cometen delitos graves. En nuestra búsqueda por proteger la privacidad de los jóvenes malvivientes, que en muchos casos crecerán hasta ser malvivientes adultos, hemos establecido un sistema en el que los delincuentes juveniles condenados no pueden ser identificados por el público. ¿No le gustaría saber si el chico de mitad de cuadra ha sido condenado como incendiario? ¿O es un delincuente sexual? En New York, los adolescentes no pueden ser fichados dactilarmente ni fotografiados por ciertos delitos, incluyendo posesión de un arma cargada o haber disparado a una persona causándole lesiones corporales. ¿Por qué no? Los fiscales de los tribunales de familia en New York no tienen permitido obtener ordenes de allanamiento y detención cuando un joven está involucrado - aunque el fiscal sepa que un arma homicida está en la casa del joven. Créase o no, no hay mecanismos legales para conseguir la orden de allanamiento y secuestrar ese arma homicida en el estado de New York. Cuando los jóvenes condenados en los tribunales de familia son requeridos en los tribunales de adultos, los fiscales y jueces no pueden acceder por completo a su historia criminal, porque los archivos sobre jóvenes están protegidos por restricciones de confidencialidad. Muchas veces se les informa a los tribunales que son ofensores primarios, cuando no son nada por el estilo. A nivel nacional, la tasa de reincidencia de los ofensores juveniles alcanza el 75%. Y esto no será controlado hasta que los archivos de información sobre los jóvenes estén disponibles en las cortes para que puedan imponer el castigo adecuado a los ofensores crónicos. Los jóvenes se dedican al delito porque no hay respeto por la ley o la autoridad y existen pocas probabilidades de ser arrestados o
castigados. Nuestros legisladores estatales no reconocen que los crímenes de estos “pequeños pillos” han ido mucho más allá de hurtos, pinchaduras de gomas y beber cerveza en público. Las leyes creadas para controlar estas ofensas menores simplemente ya no son adecuadas para tratar los delitos graves que los jóvenes cometen hoy en día. En New York, por ejemplo, la máxima condena posible para delitos graves cometidos por jóvenes, como disparar contra alguien con un arma de fuego, robar en banda o con violencia, es de 18 meses. Para los más aberrantes, como el homicidio y la violación, las condenas para jóvenes pueden ir de tres a cinco años y el máximo raramente se aplica. Toda Inglaterra se horrorizó cuando dos niños de 10 años secuestraron y mataron un bebé. El primer ministro John Major resumió los sentimientos de las personas más responsables cuando dijo “Siento que la sociedad necesita condenar un poco más y comprender un poco menos”. Desgraciadamente, esa respuesta con sentido común raramente puede ser encontrada en nuestras legislaturas estatales. Recientemente en New Jersey, dos mellizos de siete años fueron arrestados por irrumpir en una iglesia -su tercer robo con violencia en dos semanas. Previamente, de acuerdo a la prensa, robaron y saquearon una escuela -causando $30.000 de daños- y también una casa privada. Luego de su tercer arresto fueron devueltos a su madre, una drogadicta en recuperación. La División Estatal de Servicios Juveniles y de Familia “enviará ahora un tutor para asegurarse de que estén en casa y fuera de problemas”, de acuerdo al periódico local de New Jersey. ¿Por qué no se hizo nada luego del primer robo? Aún si tenía alguna clase de sentido no hacerlo en la primera ocasión, seguro que no tiene sentido dejar a esos niños en custodia de su madre ahora. Sin intervención, la experiencia nos muestra que sus prontuarios crecerán más y más. Además de endurecer las leyes para tratar los delitos cometidos por los jóvenes, ¿qué podemos hacer para sacar a los jóvenes de la senda delictiva?. Es reconocido, casi universalmente, que las escuelas públicas, por una gran cantidad de razones, no transmiten moralidad. Una propuesta que, creo, el Congreso debería explorar y tal vez, testear
en Washingnton D.C., son operaciones de vigilancia de niños desde cinco años de 3 a 6 p.m. La segunda propuesta, diseñada para los mayores de 17 años es formar Cuerpos de Conservación Civil, diseñados para enseñar a los jóvenes oficios, proveerles tratamiento de recuperación de las drogas, si lo necesitan, y asistirlos para que completen la escuela secundaria. Luego de servir dos años en estos cuerpos, aquellos que hayan entrado con prontuarios delictuales serían elegibles para el otorgamiento de un perdón si no consumen drogas y evitan conflictos con la ley por un período de tres años. Para lidiar con la explosión actual de la delincuencia juvenil debemos ser muy duros, duros con los delincuentes y duros con nosotros mismos. No debemos ver más a las conductas aberrantes como una fase de la infancia que será superada por el niño. La delincuencia juvenil grave es ahora parte de nuestra cultura y necesitamos medidas urgentes para castigar y rehabilitar a los jóvenes que están violando los derechos de los demás. 4. Reducir los crímenes graves restaurando el orden Por George Kelling (Northeastern University - Harvard University)
Para atacar los delitos graves y mantener los barrios habitables debemos reforzar el orden público. Faltas como la vagancia o el mendigar no son problemas menores; indican un colapso más amplio de las normas sociales. La Policía debe atacar el desorden público para resolver el problema en lugar de reaccionar ante los delitos una vez que ya comenzaron. El debate nacional sobre el delito ronda alrededor de grandes temas como el control de las armas, la regla “three strikes and you’re out”4 y la pena de muerte. Pero en el ámbito cotidiano, los ciudadanos reclaman algo más simple: que la policía se les una nuevamente para 4
N. Del T.: Literalmente “tres golpes –fallidos- y estás afuera”. Hace referencia con una expresión del vocabulario del béisbol a las diversas leyes sancionadas en EEUU durante los años 80 y 90 que contemplan para los casos de triple reincidencia en cierto tipos de delitos la condena a cadena perpetua.
restaurar el orden público. Ciertamente los ciudadanos están preocupados por los “grandes” crímenes, especialmente los violentos. Pero sus prioridades acerca de lo que más se necesita combatir el delito en su propio barrio suelen diferir de las de los dirigentes a nivel nacional. En “focus groups”, encuentros comunitarios y encuestas, los ciudadanos regularmente plantean como sus preocupaciones centrales en torno a la seguridad, el mendigaje, la juventud descarriada tomando posesión de esquinas o plazas, el beber en público, la prostitución, y otras conductas desordenadas. Tales preocupaciones van más allá de las diferencias de clase, raza u origen étnico y se dan en cualquier lugar del país. En New York durante los ochenta, las encuestas a los ciudadanos que dejaron de utilizar el subterráneo como medio de transporte, mostraron que no estaban escapando de crímenes graves sino de problemas comúnmente asociados con los vagabundos: orinar y defecar en público, mendigaje agresivo, individuos tirados en los bancos o en el piso de los trenes y de las estaciones. Respondiendo a los reclamos ciudadanos, los funcionarios encargados del subterráneo usaron su policía para reforzar vigorosamente las reglas y, al mismo tiempo, proporcionar respuestas genuinas a los verdaderamente necesitados. En San Francisco, los ciudadanos demandaban que los parques, espacios públicos y veredas sean liberados de prostitutas, mendigos y adictos a las drogas. Por ello, el alcalde Frank Jordan instituyó la “Operación Matrix”, un esfuerzo multiagencial, combinando las acciones de los servicios sociales, la agencia de mantenimiento de parques y la policía. Nuevamente, los funcionarios ofrecían a los desviados ayuda si la necesitaban, pero paralelamente abogaban por un cumplimiento estricto de ordenanzas y leyes. ¿Porqué están los ciudadanos tan preocupados por el desorden? ¿Acaso no es el crimen grave el tema de debate? No tanto. Como James Q. Wilson y yo argumentamos en 1982, en un artículo en The Atlantic, los ciudadanos intuitivamente comprenden los lazos entre desorden, decadencia urbana, miedo y crimen. Nosotros describimos estos lazos a través de la siguiente metáfora: así como una ventana rota sin reparar resultará en más graves perjuicios porque es un signo de que nadie, en particular, se preocupa por el edificio; el desorden
público que no se corrige en un barrio es un signo de indiferencia, y llevará a delitos más graves y a la decadencia urbana. Los posteriores estudios empíricos de Wesley Skogan probaron nuestra hipótesis: encontró que en muchas ciudades a lo largo del país el desorden era el caldo de cultivo de delitos más serios futuros. Por supuesto que los intentos de restaurar el orden suelen traer aparejadas demandas por parte de activistas, frecuentemente abogando por aquellos eufemísticamente llamados “sin techo” -una población que sufre privaciones y es extremadamente problemática. Han argumentado que la presencia de estos individuos es, en realidad, buena para la sociedad porque proveen el necesario estimulo para incrementar los servicios sociales. Algunos jueces han tomado el comportamiento desordenado de estos individuos como expresión de sus derechos individuales y negaron cualquier intento de restringir su presencia es espacios públicos. Otros, sin embargo, han reconocido las consecuencias de la falta de regulación de tales conductas desordenadas y han permitido que se tomen medidas para limitarla. Cómo habrán de resolverse estas batallas legales aún no es claro, pero su resultado determinará cuántos de estos barrios prosperarán o caerán en la espiral de la decadencia urbana. Ahora tenemos muchos ejemplos de qué pasa cuando el orden básico es restaurado en los espacios públicos. Como resultado de los esfuerzos de la policía para mantener el orden en las líneas subterráneas de la Ciudad de New York, los robos se han reducido un 55% en cuatro años. El Parque Bryant de New York ha sido recuperado. Los espacios públicos del centro de San Francisco han sido restaurados para su uso público. La degradación del área comercial de la Universidad de Seattle ha sido revertida y la plaza Oregon’s Pioneer Square de Portland ha sido mantenida como un espacio público utilizable. Las demandas ciudadanas de orden han cambiado sustancialmente las respuestas oficiales frente al delito. La policía, en particular, está comenzando a re-orientase. Sin embargo, las tácticas reactivas que enfatizan el patrullaje, el responder rápidamente a los llamados de emergencia (911) y a un grupo concentrado de delitos graves todavía dominan muchas fuerzas policiales.
La respuesta rápida a llamados telefónicos de emergencia como el núcleo de una estrategia policial puede parecer sensata, pero las investigaciones indican que es un camino sin salida. El sistema de respuesta centralizada, fuerza a los oficiales a focalizarse puramente en delitos graves, impidiendo que se integren a los barrios y encerrándolos en sus autos, esperando que el desastre ocurra, en lugar de ponerlos a trabajar con los ciudadanos para prevenir el crimen. Por todo esto, la respuesta rápida solo produce algún resultado en menos del 3% de los crímenes graves. La policía siempre ha pasado un tiempo considerable en actividades de mantenimiento del orden, pero extraoficialmente, en gran medida sin reconocimiento y sin compensación. Los políticos y los oficiales de policía que han invertido mucho en las promesas del sistema respuesta rápida a veces resisten su reemplazo. Pero si la policía ha de ser una fuerza preventiva en la comunidad, no tienen otra opción. Las buenas noticias son que los policías están comenzando a responder a las demandas de los ciudadanos y están regresando a los barrios. Algunos fiscales también están cambiando sus prioridades. Estamos dándonos cuenta de que si el crimen grave debe prevenirse, los oficiales públicos deben trabajar con los residentes locales para restaurar las defensas naturales contra el desorden, que no es otra cosa que un primer paso hacia la predación. 5. Simplemente, quitar las armas a los criminales. Por James Q. Wilson. (University of California at LA) Olvídese del control de la tenencia de armas. Para quitar las armas a la gente que mata, permitamos que la policía retenga sujetos que parecen sospechosos en la calle, los requise y secuestre sus armas. El público sospecha que las leyes de control de armas no sirven como un medio para sacar las armas de las manos de los criminales. Está en lo cierto.
Hay 200 millones de armas en propiedad de particulares, cerca de un tercio son armas de fuego cortas. Solo el 2% de éstas últimas son empleadas para cometer delitos. Aún más, sólo cerca de un sexto de las armas de fuego cortas usadas por los delincuentes son compradas. La mayoría de estas armas son robadas, prestadas u obtenidas a través de compras entre particulares que no se ven afectadas por las leyes de regulación de la tenencia de armas. Lo que es peor, cualquier esfuerzo exitoso para reducir el stock de armas (y municiones) compradas legalmente reduciría la capacidad de los ciudadanos obedientes de la ley de defenderse a sí mismos. Los partidarios del control de las armas se mofan de la importancia de la autodefensa pero se equivocan al hacerlo. Gary Kleck, criminólogo de la Florida State University, ha estimado que las armas son exhibidas o disparadas por los ciudadanos para defenderse más de un millón de veces al año. Esto es más que el número total de arrestos policiales en un año por crímenes violentos y robos de viviendas. La gente que se defiende con un arma es menos vulnerable a perder su propiedad en un robo o ser lastimada en un asalto que los que no lo hacen, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización. Las estadísticas demuestran que las chances de un ladrón que penetra en una casa de ser baleado, son las mismas que las que tiene de ir a la cárcel. Los delincuentes saben esto, aunque los partidarios del control de armas consideren que no y ésta es la razón de que las casas en EE.UU. sean mucho menos pasibles de ser robadas que las de Europa, donde los residentes raramente tienen armas. Algunos partidarios del control de armas reconocen esto pero responden que el costo de la autodefensa es la auto-lesión. Sin embargo, la mayoría de los accidentes involucran rifles y armas de tiro, no armas cortas. Aún más la tasa de accidentes fatales ha declinado mientras que el número de propietarios de armas ha aumentado. Hay accidentes fatales con armas, así como hay accidentes fatales con autos, pero sólo en menos del 2% de todos los accidentes fatales con armas ha sido víctima una persona confundida con un intruso. Aquellos que prohibirían o restringirían severamente la venta de armas ignoran estos hechos. Peor, promueven un curso de acción moral y políticamente absurdo. Ellos dicen, en efecto, “tu gobierno,
habiendo fallado en protegerte del asalto de un delincuente, ahora intenta privarte de la oportunidad de protegerte a ti mismo”. Los opositores al control de armas cometen un error diferente. La National Rifle Association y sus aliados nos dicen: “las armas no matan; mata la gente” y urgen al gobierno a castigar más severamente a la gente que comete delitos con armas. Encerrar a los delincuentes sí ayuda a proteger a la sociedad de futuros crímenes. Y la probabilidad de ser encerrado bien puede disuadir a los delincuentes. Sin embargo, la experiencia muestra que las condenas más severas son también menos pasibles de ser impuestas como consecuencia de la resistencia de ciertos jueces y fiscales. La NRA, al focalizarse en los crímenes ya cometidos, ignora el hecho de que la mera presencia de armas ilegales puede tornar los encuentros callejeros más peligrosos. Los delincuentes llevan armas no sólo para cometer delitos sino para protegerse de otros malvivientes armados. Las armas suelen convertir explosiones espontáneas de furia en encuentros fatales que resultan una amenaza tanto para los ocasionales presentes como para sus participantes. Debe ser una de nuestras metas sacar las armas de las manos de estos inestables jóvenes antes de que sean utilizadas en algún delito, y no sólo después de ello. Desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley no es el camino a seguir para ello. En cambio, debemos reducir el número de gente que lleva armas ilegítimamente en sitios públicos. Esto importa impulsar a la policía a realizar requisas callejeras. La Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe “revisaciones y detenciones arbitrarios”. En 1968 la Corte Suprema decidió en Terry vs. Ohio que palpar las ropas de una persona es procedente si el oficial de policía tiene “sospecha razonable” de que la persona está armada y es peligrosa. Si al palpar se encuentra un objeto que pueda ser un arma, el oficial puede meter la mano en el bolsillo del sospechoso para retirarla. Si el arma es portada ilegalmente, el sospechoso puede ser arrestado. Este test de sospecha razonable es mucho menos restrictivo que el standart de la causa probable, que la policía debe tener para efectuar arrestos. Una sospecha razonable, sin embargo, es mucho más que una corazonada; debe estar apoyada en hechos específicos. Los tribunales han sostenido, no siempre consistentemente, que estos
hechos pueden incluir supuestos tales como: escaparse ante la presencia de un policía, existencia de bultos sospechosos en los bolsillos de conductores que son retenidos por faltas de tránsito, o información de una fuente confiable acerca de que alguien está portando un arma. La Corte Suprema incluso ha ratificado la requisa de personas bajo probation o libertad condicional. Algunos departamentos de policía requisan mucha gente, pero muchos otros no. En 1992 la policía arrestó cerca de 240.000 personas por portación ilegal de armas. Cerca de cuatro veces más, fueron arrestados por ebriedad. El policía promedio no hará en todo el año confiscaciones ni arrestos por tenencia de armas. El profesor Mark Moore ha encontrado que la mayoría de los arrestos por portación ilegal de armas han sido realizados por la denuncia de un ciudadano y no porque la policía estuviera abocada a descubrir la posesión ilegal de armas. Es fácil ver porqué. Muchas ciudades sufren de escasez de personal policial, y aún aquellas con gran cantidad de agentes policiales se preocupan de no ser acusados de atropellos policiales, o por no ver sus casos anulados por razones constitucionales. Pero los riesgos de violar la Constitución o de atropellar a los ciudadanos pueden ser reducidos sustancialmente. Se puede entregar a cada oficial encargado de un patrullero una lista de gente en libertad condicional o probation que viva en la zona que le corresponde y se lo puede recompensar por detenerlos frecuentemente para asegurarse de que no lleven armas. Los oficiales pueden ser entrenados para reconocer las clases de conductas que la Corte aceptará como prueba de la “sospecha razonable” necesaria para la detención y requisa. La ley y la jurisprudencia podrían establecer que formar parte de una banda conocida por asaltos y comercio de drogas sea condición que justifique la requisas en busca de armas. Y la ciencia moderna puede ser llamada a ayudar. Los detectores en los aeropuertos han reducido a casi cero el número de atentados y secuestros de aviones. Pero estos aparatos funcionan sólo en ámbito muy limitado. Lo que se necesita es una máquina que permita a la policía detectar un arma en el bolsillo de alguien desde una distancia de 3 o 5 metros. Recibir una señal de este tipo significaría, para el agente, tener una base razonable para la requisa.
Físicos nucleares e ingenieros electrónicos sub-empleados seguramente tienen el talento para desarrollar útiles detectores de armas hoy en día. 5 Aún si hacemos todas estas cosas, seguirá habiendo quejas. Gente inocente seguirá siendo detenida. Los jóvenes masculinos negros e hispanos seguramente serán retenidos con más frecuencia que los adultos masculinos blancos y que las mujeres de cualquier raza. Pero si pretendemos ser serios en reducir los tiroteos ocasionales, las guerras entre bandas y las peleas mortales en lugares públicos, debemos sacar las armas ilegales de las calles. No podemos hacer esto alargando los formularios que hay que completar en las tiendas de armas o pretendiendo que las armas no son un problema hasta que las usa un delincuente. 6.- Poner más armas en los bolsillos de la gente obediente de la ley. Por Dave Kopel. (Independence Institute) Un número creciente de estados están permitiendo a los ciudadanos respetuosos de la ley portar armas con las cuales defenderse. Las investigaciones muestran que estas leyes incrementan la seguridad personal y no tienen efectos secundarios negativos. Los expertos en control de armas acuerdan en dos puntos básicos: cada año, las armas son usadas muchas miles de veces para perpetrar delitos. Y cada año, las armas son usadas muchos miles de veces para protección legítima. El sentido común nos sugiere, entonces, que las políticas sobre control de armas deben seguir dos caminos: reducir el número de usos ilegítimos de las armas, y aumentar el número de usos legítimos de las 5
Nota del Editor (en la edición originaria): Las propuestas del profesor Wilson en esta área han dado frutos recientemente. En marzo, el Departamento de Justicia contrató a tres laboratorios para el desarrollo de un prototipo de detector de armas ocultas. En 18 meses, estarán disponibles aparatos que pueden identificar y describir un arma oculta en una persona desde una distancia de 4 metros. De aquí en más, se desarrollarán dispositivos móviles utilizables desde las patrullas aún desde distancias más largas.
mismas. Mientras que el primer enfoque ha ganado mayor atención por parte de los medios de comunicación, un gran número de estados en los últimos año han adoptado leyes utilizando el segundo enfoque. Veintitrés estados actualmente tienen políticas que establecen que cualquier ciudadano entrenado y obediente de la ley puede obtener un permiso para portar arma. Cuando la legislación sobre portación de armas es debatida, los opositores típicamente sacan a luz el miedo de que la sangre se derrame en las calles mientras ciudadanos armados se disparan entre sí en los embotellamientos. Un reciente estudio que hemos realizado con Clayton Cramer sobre los resultados en los estados que han legalizado la portación de armas descubre que esto no es cierto. Ningún estado en los que se permite ha visto un incremento anormal en la tasa de homicidios, e incluso un estado –Florida- experimentó una brusca caída en su tasa de homicidios luego de que la ley cambió. Más allá de si la habilitación para la portación de armas trae aparejado una reducción de la tasa de delitos o no, estos estados pasan holgadamente el test “basta con que salve una vida”, propuesto por los defensores del control de armas. En octubre de 1991 el psicópata George Hennard entró con su camioneta por el ventanal de la cafetería Luby´s en Killen, Texas. Usando un par de pistolas, asesinó a 23 personas en 10 minutos, deteniéndose sólo cuando llegó la policía. La Dra. Suzanna Gratia, encargada de la cafetería, tenía un arma en su auto, pero de acuerdo a las leyes de Texas, no podía hacerlo; a pesar de su imagen de “salvaje oeste”, Texas fue el primer estado en la nación en prohibir cualquier portación de armas cortas (la sanción de la reforma sobre la portación de armas es virtualmente un hecho para 1995). Si la Dra. Gratia hubiera tenido su arma, podría haber disparado a Hennard. “Tenía un blanco perfecto”, explicaría posteriormente. “Tenía lugar para apoyar mi mano; el tipo ni siquiera estaba atento a lo que nosotros hacíamos”. Hennard recargó cinco veces, y tuvo que tirar una de las pistolas porque se trabó, así que hubo muchas oportunidades para que alguien le dispare. Pero por las leyes restrictivas de Texas, ni la Dra. Gratia ni otro ciudadano estaba armado. Los padres de Gratia estuvieron entre las víctimas.
Dos meses después un par de delincuentes con pistolas robadas hicieron entrar a 20 clientes y empleados a la cámara frigorífica del restaurante Shonney en Aniston, Alabama. Glenn Terry estaba escondido bajo una mesa del restaurante, armado con una pistola 45 semi-automática que portaba legalmente. Uno de los ladrones lo descubrió, pero Terry lo mató de cinco tiros en el pecho. El segundo ladrón, que retenía como rehén al gerente disparó a Terry y lo rozó. Terry respondió al fuego e hirió gravemente al ladrón. La experiencia de los estados con leyes que permiten la portación de armas demuestra claramente que la gente que obtiene los permisos -pasando por la toma de huellas dactilares, 90 días de examen socio-ambiental y clases de entrenamiento- son ciudadanos estables, obediente de la ley y no se convierten en psicópatas cuando le es concedido el permiso. Más allá de la histeria del control de armas, en ninguna jurisdicción de las que hemos estudiado los poseedores legales de armas representan un problema para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Habiéndose opuesto decididamente a la reforma legal del Estado de Florida, la administración policial del Condado de Dade, en 1988 comenzó a llevar adelante informes detallados de cada enfrentamiento de la policía con un poseedor legal de armas de fuego. Los informes fueron dejados de lado en 1992 dado que sólo muy excepcionalmente se producían tales enfrentamientos. Más de 200000 permisos fueron concedidos en Florida desde 1987 y sólo 18 fueron revocados como consecuencia de una inconducta con un arma de fuego (generalmente, portar el arma en un lugar indebido, como un bar). La misma historia se repite en los otros estados. La única “evidencia” de que las leyes que permiten la posesión legal de armas de fuego son contraproducentes es un trabajo no publicado de la Universidad de Maryland que sostiene que existe un aumento en el número de homicidios en las ciudades que adoptan este tipo de legislación. Esta porción de “ciencia de escaso valor” usa información que no distingue entre las muertes ocasionadas en legitima defensa y los homicidios, no analiza si los homicidios ocurrieron o no fuera del hogar (el único lugar en el que estas leyes autorizan la posesión de armas), alteran los años analizados de ciudad en ciudad para minimizar las tasas de homicidios anteriores a la sanción
de la legislación, usa fundamentalmente ciudades de Oregon y Florida pero ignora el hecho de que las tasas de homicidios descendieron en ambos estados, presumen que el cambio legal sobre la posesión es la única explicación plausible del cambio en las tasas de homicidio y, mas importante aún, no presentan evidencia de que siquiera un poseedor legal de arma de fuego haya perpetrado un homicidio. Más allá de las vidas que han salvado y los delitos que han evitado, las leyes de portación de armas de fuego han generado en los tenedores autorizados una preciosa tranquilidad. Si una mujer puede sentirse segura caminando tres cuadras hasta el “7-Eleven” luego de que ha oscurecido, en lugar de permanecer prisionera en su propia casa, el permiso tiene un valor aun cuando el arma defensiva nunca fuera necesaria. Un número importante de mujeres han comenzado a demandar el derecho de protegerse a sí mismas de esta manera. Cuando promulgó la reforma de la ley sobre portación de armas de fuego de Alaska en 1994, el gobernador Walter Hickel explicó que un factor decisivo fueron las mujeres que llamaban a su oficina: “Aquello que me impresionó más fueron las mujeres que llamaban y decían que trabajaban hasta altas horas de la noche y debían atravesar estacionamientos oscuros y preguntaban ¿porqué no podían portar un arma permitida?” . En Colorado un grupo de 1600 mujeres denominado SWAM (Seguridad para las Mujeres y Maternidad Responsable) se transformó en la voz líder de las demandas por la reforma legal. California ya concede a las víctimas de violencia doméstica que una corte considera que se encuentran en un peligro inmediato, el derecho de portar una arma corta para protección, sin necesidad de llevar adelante el largo proceso para la obtención del permiso. Los opositores a las reformas que autorizan la posesión de armas de fuego, encontrando que la experiencia de los estados que las han realizado han sido bastante positivas, recurren a eslóganes tales como: “Qué sucedería si todos tuviéramos un arma?”. La cuestión carece de sentido, dado que la información empírica de los estados que autorizaron la posesión de armas de fuego, demuestra que sólo entre el 1% y el 4% de la población adulta elige obtener un permiso. Pero aun si todos tuvieran un arma de fuego, llevando al escenario del “Salvaje Oeste” preanunciado por los opositores a las reformas, la nación podría estar mucho más segura. El
historiador Roger McGrath en su análisis detallado de las tasas de delitos reales en el siglo XIX en American West, Gunfighters, Highwaymen and Vigilantes, ha demostrado que más allá del hecho de que la región estuviera poblada, fundamentalmente, por jóvenes varones cuya permanencia en la misma era siempre transitoria, sujetos a escasos controles sociales y a una débil actividad de hacer cumplir la ley, la tasa de robos anual per capita era equivalente al 7% de la actual de New York, la tasa de robos en vivienda al 1% y la violación era casi inexistente. Todos portaban un arma y los “ancianos, los débiles, las mujeres, los inocentes y aquellos que no deseaban pelear eran muy raramente los blancos de los ataques”, según McGarth. Salvo a los varones jóvenes que les gustaba beber y pelear entre sí por deporte, los residentes del bien armado Oeste estaban mucho más seguros que los residentes de las ciudades actuales en las que a las personas comunes les está prohibido portar un arma de fuego. Con reformas legales que permiten la posesión de armas de fuego ya sancionadas en 23 estados y bajo atenta consideración en 15 más, parece inevitable que un proyecto de alcance nacional sea considerado. En el corto plazo, el Congreso debería plantear la abolición de la prohibición de portación de armas cortas en Washington DC y su reemplazo por una ley que requiera a las autoridades el establecimiento de un permiso para la portación defensiva para cualquier residente obediente de la ley del Distrito que lo requiera y esté dispuesto a realizar un curso de seguridad. Dejar que los residentes de la capital nacional ejerciten el derecho concedido en la Segunda Enmienda de protegerse a sí mismos de la inseguridad asesina que actualmente se difunde rápidamente alrededor de ellos, es una idea valiente cuyo tiempo ha llegado. 7.- Ir a la gente Por John Carlson (Washington Institute for Policy Studies) La dudas entre los líderes políticos sobre las medidas duras contra el crimen puede ser evitada dirigiéndose directamente al público. Así fue como los residentes de Washington inventaron la regla “three strikes and you’re out” y como forzaron en la ley la introducción
de nuevas previsiones no carentes de sentido atacando el delito armado. Cuando se pelea contra el crimen es importante enfocarse en sus fuentes reales. La primera y la más grave de las causas es dejar a los criminales fuera de la cárcel. Las condenas cortas para violentos delincuentes reincidentes perpetúan el problema. Nuestra respuesta desde el estado de Washington fue la primera ley “three strikes and you’re out” del país que ordena la prisión perpetua para cualquiera después de la tercer condena por un delito grave (incluye cualquier infracción clase A o clase B violenta). Simple y claro. No “Sin”, “si” o “pero”. Sin excepciones, excepto por clemencia oficial del gobernador, quien debe responder a sus votantes por sus acciones. Al principio intentamos instituir esta reforma a través del proceso legislativo. Ni siquiera nos acercamos. Las ideas frescas del exterior tienden a debilitarse rápido en el ambiente denso y asfixiante de las capitales federal y estatales. Pero en el estado de Washington tenemos el procedimiento de la iniciativa popular, y luego de un trabajoso esfuerzo por juntar 182.000 firmas, nuestra propuesta fue planteada a la gente en Noviembre de 1993. Fue aprobada con el 77% de los votos. Sociólogos, defensores públicos y activistas de los derechos civiles se apuraron por definir la nueva ley como un slogan “simplista” que en nada ayudaría a reducir el crimen. Pero los oficiales de policía, guardiacárceles y fiscales informaban que aún los criminales más duros se refrenaron con la nueva ley. El titular del programa de registración de ofensores sexuales de Seattle dijo que algunos criminales estaban dejando el estado, y que otros estaban procurando el ingreso en los tratamientos antidrogas y alcohol, que habían rehusado cuando estaban en prisión. Los convictos que ya tenían dos condenas se preguntaban en voz alta por qué no les corresponderían tres oportunidades nuevas en lugar de restarle solo una. Un móvil de TV de la filial de NBC de Seattle visitó la cárcel King County Jail para entrevistar a los internos sobre la nueva ley. La mayoría dijo que era injusta, pero todos ellos dijeron que lo pensarían mejor antes de dar un tercer golpe (“strike”).
Es demasiado pronto temprano para juzgar definitivamente la ley “three strike” de Washington. Pero las estadísticas estatales muestran un descenso de 10% en homicidios, l8% en violaciones y 4% en lesiones en los primeros 6 meses bajo la nueva ley, mientras que el homicidio y el asalto habían crecido el año anterior. El paso siguiente que tomamos para combatir el delito fue “un tiempo duro para el delito armado”, otro proyecto legislativo fracasado fallido que derivó en una consulta popular. Como “trhree strikes”, “tiempos duros” está enfocada en un objetivo específico, en este caso la gente que utiliza ilegalmente armas de fuego, o de cualquier otra clase, y la que obtiene armas ilegalmente. Hasta tiempos recientes la ley en el estado de Washington no consideraba como más grave el robo de un arma de U$S 350 del robo de un estéreo de U$S 350. Muchos de los estados aún no lo hacen. El debate político se centra, infructuosamente, en armas y municiones compradas legalmente por parte de ciudadanos obedientes de la ley, ignorando el hecho de que difícilmente las armas utilizadas en un delito violento provengan de esta fuente. “Tiempos duros”, crea el nuevo delito de “robo6 de arma de fuego”, y establece más de un año de prisión por robar un arma. Un incremento sustancial con respecto a los 60 días que el ladrón de armas puede sufrir bajo la ley actual. “Tiempos duros”, también agrega hasta 5 años de condena por el uso de arma de fuego en un delito (ninguno de los cuales puede ser descontado por buen comportamiento), y hasta 2 años por el uso de otra arma mortal como un cuchillo o un palo de jockey. Además ordena al estado mantener registros públicos sobre como los jueces condenan a los criminales armados y de cualquier negociación de la pena. La esperanza es que “tiempos duros”, estigmatizará el uso y tenencia ilegal de armas mortales, particularmente de fuego. Los grupos de propietarios legales de armas, cansados de contemplar la lluvia de armas usadas por los criminales, apoyan la medida, así como los fiscales, los partidarios de los derechos de las víctimas, y por supuesto los policías.
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N. del T.: según la terminología utilizada puede referirse a robo o hurto indistintamente.
La iniciativa ha reunido los requisitos para la consulta popular del año próximo, pero la legislatura, luego de la elección que ha significado un drástico cambio en los escaños (de 35 republicanos a 61 sobre un total de 98 de la Cámara de Representantes), ha tenido un cambio de voluntad y quiere aprobar directamente la iniciativa. El voto en la Cámara Baja fue de 88 a 6. Esperamos pronto un voto favorable del senado. Nuestra próxima medida contra el delito se dirigirá a los delincuentes juveniles y al mal manejo que hace de ellos el sistema judicial. . 8.- Salvar la pena de muerte del simbolismo Por John Di Iulio J.R. (Universidad de Management)
Princeton/Brookings Institution´s Center for Public
La pena de muerte se aplica raramente en estos días, por ello sabemos poco de sus efectos disuasivos. Estudios muestran que muchos asesinos cometerán más crímenes si son liberados, y que las condenas a muerte no son injustamente asignadas en razón de la raza. Los americanos apoyan la pena de muerte como una expresión de justicia – de la que actualmente están obteniendo muy poco-. Entre 1977 y 1993, 300000 fueron asesinados. Ahora, tome este test de“múltiple choice” y adivine que les pasó a sus asesinos: 1. ¿Cuánta gente estaba en la “fila de la muerte” en 1993 por aquellas vidas robadas desde 1977? A) 58.590 B) 14.152 C) 2.716 2. ¿Cuántos de los miles de individuos en la “fila de la muerte” en 1993 fueron ejecutados efectivamente ese año? A) 491 B) 164
C) 38 3. ¿Entre 1977 y 1993 cuántos homicidas supone Ud. que fueron ejecutados en EEUU. en total? A) 22.600 B) 2.260 C) 226. 4. ¿Cuál es la condena promedio actualmente en una prisión estatal para el condenado por homicidio? A) 40 años B) 30 años C) 20 años. 5. ¿Cuánto tiempo el homicida promedio permanece encerrado antes de ser liberado? A) 21 B) 14.7 C) 8.5 La respuesta correctas a cada es “C”, lo que significa que el mensaje de nuestro sistema de justicia para cualquiera que crea que el homicidio debe ser castigado con la pena de muerte en más que algunos casos simbólicos, es actualmente algo así como “rajá de acá”. En los años recientes ningún estado ha ejecutado más homicidas que Texas. En 1993 Texas llevó a cabo 17 penas capitales, Virginia fue el segundo con solo 5. Pero Texas, como otros estados, conmutó todas las penas de muerte en condenas perpetuas, luego que la Corte prohibiera la pena de muerte en 1972; y un estudio reciente nos muestra que pasó con esos internos de la “fila de la muerte” cuando Texas dejó de ejecutarlos. Revela que desde 1974 los prisioneros que fueron retirados de la “fila de la muerte” por revisión judicial o conmutación de pena son tres veces más de los que fueron ejecutados. Luego de ser incluidos a la población general de las prisiones, 12 de 47 presos conmutados fueron responsables de 21 ataques violentos serios contra otros internos o personal penitenciario. Uno de los internos de “la fila de la muerte mató” a otro preso. Y otro, luego de un año de libertad condicional mató a una niña. Esto no quiere decir que todos los condenados en la “fila de la muerte”, matarían nuevamente si son liberados de allí. Pero estos
individuos sí tienden a ser criminales reincidentes. Más del 40 % de las personas en la “fila de la muerte” en 1992, estaban en probation, libertad condicional o asistida en el momento en que cometieron homicidio. (Investigaciones en curso, realizada por mí mismo y otros, indican que quizás un tercio de los homicidios cometidos en el país en las últimas décadas, fueron llevados a cabo por personas liberadas bajo supervisión judicial, decenas de miles de americanos hoy están muertos, simplemente, por que estos criminales fueron liberados). Una de las cosas que ha obstruido y retrasado el cumplimiento de las condenas a muerte es el temor a que hayan sido dictadas de manera injusta en función de la discriminación racial. Hay registros de estudios que testean esto ponderando en los factores raciales en las penas de muerte. Los estudios que controlan todos los factores relevantes, incluidas variables legales (testigos presentes, circunstancias agravantes), no encuentran ninguna evidencia de discriminación racial en las condenas a muerte contemporáneas. De aquellas personas condenadas a muerte en 1993 cerca del 58 % eran blancos. Esto es mucho más alto que la proporción de blancos entre todos los homicidas. Históricamente la tasa de homicidio de los negros nunca ha sido inferior a 5 veces la tasa de homicidios de los blancos y muchas veces desde 1950 ha sido 10 veces mayor. No importa que tipo de reformas sean adoptadas para reducir las interminables apelaciones que actualmente bloquean la ejecución de la mayoría de las condenas a muerte; América nunca hará simple o menos caro la ejecución de homicidas convictos. Además el verdadero cuello de botella que refrena el uso de la pena de muerte hoy, no está en el final del proceso sino en el principio: los fiscales cansados de la polémica no buscan la pena de muerte si pueden evitarlo, menos aún en casos con cierta carga racial. Cuando la Corte Suprema terminó con la pena de muerte en 1972, los casos de homicidio y otros crímenes violentos cayeron en el agujero de las negociaciones de la pena. Cuando la Corte reinstauró la pena de muerte en 1976, los fiscales no se mostraron muy ansiosos por sacarla a flote. Hoy la cultura burocrática y de asamblearia de la mayoría de las fiscalías de las grandes ciudades, no favorece el requerimiento de la pena de muerte francamente no mucha justicia para un gran esfuerzo y costo financiero.
En las últimas décadas las más importantes encuestas de opinión pública muestran que la gran mayoría de los americanos – blancos, negros, jóvenes y viejos, sin distinción – apoya la ejecución de los asesinos. Los americanos valoran la pena de muerte no solo por su utilidad como herramienta para reducir el delito, la valoran como una forma de hacer justicia. Sin embargo, salirse con la suya en un asesinato sigue siendo relativamente fácil en América. Solo una pequeña fracción de los más aberrantes asesinos son ejecutados. Ni la disuasión ni la justicia pueden ser conseguidas de esta manera. 9. Cerrar la brecha del habeas corpus Por Kent Scheiddeger. (Criminal Justice Legal Foudation) Los delincuentes y sus abogados explotan los procedimientos legales con apelaciones inconsistentes y llevan casos penales estatales hasta la justicia federal. Esto retrasa en años la ejecución de la justicia y es muy costoso. La Cámara Baja ha cerrado esta vía en febrero ¿Seguirán esto el Senado y el Presidente Clinton? El jurado vuelve. Al fin han decidido. Los familiares de la víctima asesinada esperan ansiosos. Han soportado el horror de un asesinato. Luego la investigación. Luego los meses de maniobras legales antes del juicio. Luego el juicio. Luego la etapa de la condena. Por fin, el veredicto es leído. La condena es a muerte. Ahora, finalmente, piensan, se hará justicia. Pero están trágicamente equivocados. Tomando prestada la frase de Churchill, no es el final, o el principio del final, en el mejor de los casos es el final del principio. Nadie niega que las apelaciones sean necesarias en los casos penales. Para asegurar que los juicios sean justos, algunos deben ser revisados cuidadosamente por el Tribunal de Apelación. En casos complejos, especialmente con la pena capital, este proceso lleva un largo período. Lo que sí es muy discutible, empero es la necesidad de la siguiente instancia en el sistema actual. En otra clase de casos, una vez que el juicio es confirmado en la apelación, la cuestión queda firme y
no puede ser disputada en otra sede. Solo en los casos penales estatales son las sentencias revisadas en un tribunal distinto y no superior. Luego de que el tribunal de alzada ha examinado exhaustivamente el caso y no ha encontrado errores reversibles, el reo corre a los tribunales federales y consigue una segunda revisión basado en argumentos constitucionales. Esta cuidadosa consideración y denegatoria de sus reclamos por los tribunales estatales, no tiene peso alguno en el procedimiento federal llamado “Habeas Corpus”. El caso de Kermit Smith ilustra el retraso innecesario y la interferencia con el procedimiento estatal que esto causa. En 1980 Smith secuestró a tres colegiales porristas y violó brutalmente y asesinó a una de ellas de 19 años, Whelette Collin. Luego de su juicio, las cortes estatales revisaron su condena en tres procedimientos por separado, en el lapso de 7 años. A pesar de esta exhaustiva investigación los abogados de Smith retrasaron su ejecución por seis años y medio más, planteando una petición federal de hábeas corpus. Catorce años después de la muerte de Whelette Collin, su asesino finalmente fue ajusticiado. Cerca de la mitad del retraso ocurrió en el fuero federal y esto fue en un caso en el que no había duda respecto de la identidad del asesino. Esta práctica golpea al corazón del federalismo. La aplicación del derecho penal es la función más importante de los gobiernos locales y estatales. La protección de nuestras personas y propiedades de al acecho es una de las principales razones por la cual tenemos gobiernos. Si los estados no son capaces de juzgar y castigar a los delincuentes por homicidio, violación, robo, deberíamos comenzar a preguntarnos para que tenemos estados. Como muchos problemas de exceso de gobierno, este tiene su razón en un remedio drástico para un problema atroz, un remedio que ha sobrepasado su necesidad y rebalsado sus límites. El antiguo procedimiento legal del hábeas corpus era un remedio para la gente retenida en custodia ilegalmente. Sus beneficiarios incluían prisioneros políticos encarcelados por el rey y sospechosos a quienes había sido denegada de manera inapropiada la posibilidad de una fianza antes del juicio. La ley era clara, sin embargo, un condenado por un delito en un tribunal adecuado no podía usar este remedio para revisar o retrasar su condena.
Esta última regla fue seguida en América en el Siglo XX. Caso tras caso gigantes legales como el presidente de la corte John Marshall, los ministros Joseph Story y Oliver Wendell Holmes reiteraron que cualquier reclamo que no se refiriera a la jurisdicción del tribunal de juicio no podía ser considerado en un habeas corpus, aunque el reclamo estuviera basado en la Constitución. En 1920 esta práctica comenzó a cambiar. El procedimiento penal estaba necesitando seriamente de una reforma, especialmente en los tribunales estatales. Los viejos casos se hallaban repletos de confesiones coaccionadas, grupos de favorables al linchamiento alrededor de los tribunales e indigentes imputados enjuiciados sin asistencia legal o con una representación solo formal descuidada. Acechando sobre todo esto estaba el viejo problema del racismo. La Corte Suprema expandió la protección constitucional para corregir estos abusos. Al mismo tiempo, expandió la garantía del hábeas corpus para proteger todos los reclamos constitucionales, no solo los que hacían a la competencia del tribunal de juicio. En 1953 dejó caer la bomba. Ignorando sus posturas anteriores en contrario, instó a los tribunales federales inferiores a re-evaluar materias que ya habían sido decididas completa y justamente en los tribunales estatales. Retrospectivamente, no es difícil ver por qué semejante paso fue necesario en 1953, especialmente en un caso del sur que involucraba discriminación racial en la selección del jurado. Dada la magnitud del problema, instituir los tribunales federales inferiores en minicortes supremas con poder absoluto para revisar decisiones de tribunales supremos estatales bien puede haber sido un mal necesario. Los cambios en la ley y en el país desde 1953 sin embargo, han hecho esta práctica mucho menos beneficiosa y mucho más perversa. América es en gran medida diferente de la que era. Los gobernadores no se paran en la puerta de las escuelas, los presidentes no necesitan enviar al ejercito para reforzar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Los jueces estatales no declaran inaplicable la Constitución, como lo hizo el Juez en el caso Billie Sol Estes. Los límites constitucionales son reconocidos y aplicados cada día, en cada juzgado penal del país.
El uso del hábeas corpus para realizar juicios estatales en el fuero federal puede ser justificado en dos situaciones, ambas excesivamente poco comunes. Primero, si el defendido tiene nueva evidencia sólida de su inocencia que el estado se niega a considerar, entonces sí el hábeas corpus puede prevenir un error fundamental de la justicia. Segundo, si la Corte Estatal desafía un precedente de la Corte Suprema, de manera tan clara que jueces razonablemente no puedan deberían diferir, entonces un mecanismo correctivo es necesario. Lo que necesita ser detenido es el uso de hábeas corpus para simplemente ir a la búsqueda de jueces, planteando los mismos argumentos que fueron planteados previamente a múltiples tribunales, hasta que alguno concuerde con el defendido. El 8 de febrero de 1995, la Cámara de Diputados aprobó la resolución HR729, para eliminar este abuso. Queda por ver si el Senado y el Presidente acordarán.
10- Angostar radicalmente la regla de exclusión Por George Dentes. (Fiscal del distrito de Tamplens County, New York) Nuestra actual regla de exclusión es otra brecha, judicialmente construida, que obstruye a la justicia. Empantana la mayoría de los juicios penales y con frecuencia permite a flagrantes culpables, salir libres porque evidencia importante ha sido excluida del tribunal. Debe ser reducido radicalmente en el mejor de los casos. El objetivo del sistema de justicia debería ser castigar al culpable y vengar al inocente. En cambio, nuestro sistema suprime con regularidad evidencia fehaciente y en consecuencia libera al culpable. Este es el resultado de la llamada “regla de exclusión”. La regla de exclusión excluye la prueba de la autoría en un juicio penal si la prueba fue obtenida inconstitucionalmente. Por ejemplo, si la policía necesita una orden de allanamiento pero no pudo obtenerla, la evidencia que encuentran –drogas, armas, manchas de sangre, lo que sea- no será admisible en el juzgado.
La racionalidad de la regla es que si la policía no puede usar las pruebas obtenidas de manera incorrecta, no actuarán incorrectamente. Esa es la teoría. En la práctica, la regla fracasa y causa más injusticias de las que previene. El problema clave es que la regla de exclusión descansa en una presunción falsa; esta es que la ley es clara y que la policía puede tomar decisiones sencillas entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho la ley es frecuentemente confusa, pasible de distintas interpretaciones cuando se aplica a los hechos. Consideremos los hechos que afrontó el oficial James Doyle. Patrullaba por Manhattan cuando recibió una llamada por radio para ocuparse de “una denuncia de disparos”. La llamada dio la dirección, el apartamento 3 C, de calle 163 oeste, n° 450, una conocida casa de drogas. Doyle respondió rápidamente, subió las escaleras y encontró la puerta semi abierta. Escucho voces adentro. Empujó la puerta y entró. Encontró cuatro hombres. Dos de ellos tenían armas de fuego cortas. Uno de ellos dejó caer su arma a la orden de Doyle, el otro la tiró por la ventana. En una mesa cercana había siete onzas de cocaína, una balanza y un fraccionador. Arrestó a los cuatro hombres y se los acusó de delitos relacionados con las drogas y la tenencia de armas. Muchos considerarían a Doyle un héroe. Entremos al sistema judicial y a la regla de exclusión. Los defendidos buscaron excluir las drogas y las armas, alegando que Doyle había violado sus derechos entrando en el departamento sin la orden judicial. La fiscalía argumento que los disparos reportados presentaban una situación de emergencia que hacían la orden innecesaria. El juez dictaminó que Doyle estaba, por cierto, en una emergencia, y sostuvo la admisibilidad de la prueba. Todos los acusados fueron condenados a penas entre quince años y perpetua. En sus apelaciones los imputados renovaron sus argumentos de que Doyle entró ilegalmente en el departamento. Dos salas distintas de jueces de apelación entendieron en el trámite, de tal manera que cada sala tramitó el tema el mismo día, sin saber que la otra lo estaba haciendo. Una Sala sostuvo por unanimidad que Doyle entró legalmente, y la otra, por unanimidad, que lo hizo ilegalmente. El resultado es que
uno de los acusados está libre ahora, mientras los otros cumplen condenas de quince años a perpetua. Resultados como el precedente no son la norma, pero la confusión sobre el derecho de investigación y detención es común. Si nuestros jueces, con todo el tiempo y la tranquilidad que necesitan para deliberar, no pueden ponerse de acuerdo en cómo aplicar el derecho a los hechos, ¿cómo pueden pretender que un policía en la calle tome decisiones correctas en un instante?. Bajo la actual aplicación de la regla de exclusión, no cuenta en absoluto que un policía haya actuado de buena fe. De hecho, las nuevas reglas constitucionales son aplicadas retroactivamente, esto implica que la prueba es suprimida aunque la policía haya actuado legalmente según las normas que en el momento estuvieran en vigencia. A la regla de exclusión no le importa en absoluto el impacto público de la supresión de la prueba. Si un oficial detiene un auto sin una razón adecuada y encuentra la colilla de un cigarrillo de marihuana en el piso, hay poco preocupación pública sobre si la falta queda impune. Pero si el oficial encuentra un arma que prueba que el conductor cometió un homicidio, la supresión de la prueba del arma puede llevar a dejar en libertad al asesino y a encender la furia del público. La conducta del oficial en ambos casos es la misma, pero las consecuencias para el público varían drásticamente. La regla de la exclusión carga nuestros tribunales con una multitud de audiencias por supresión de pruebas. Estas son audiencias previas al debate en las que el imputado ataca al policía intentando mostrar una conducta inconstitucional. Los abogados defensores ponen un gran esfuerzo en estas audiencias, porque ganar un dictamen de supresión puede excluir prueba vital –el arma en un tiroteo, la cocaína en un delito relacionado con drogas, el equipo de música robado en un robo de vivienda- y poner fin a la persecución penal. Me atrevo a decir que pasamos más tiempo litigando la cuestión de las faltas policiales que e problema de la culpabilidad del acusado. Algunos pueden decir que necesitamos la regla de la exclusión para protegernos. Pero lo cierto es que la regla sólo protege a los culpables. Supongamos que dos hombres caminan por la calle, uno es
un traficante de drogas, el otro, obediente de la ley. Un policía los para a ambos y los requisa, encontrando drogas en el traficante pero nada en el otro. El hombre obediente de la ley puede seguir caminando. El traficante es acusado de tenencia de drogas y va a los tribunales. Solicita la supresión de la prueba y la petición es concedida sobre la base de que el oficial carecía de una razón adecuada para detenerlos y requisarlos. La regla de exclusión nada tiene que ver con el hombre respetuoso de la ley. Él puede apelar a otros remedios –demandar civilmente al oficial, o tal vez quejarse ante una junta de supervisión policial-. El vendedor de drogas, por otro lado, tiene todos los derechos del hombre obediente de la ley más el derecho de evitar el castigo por su delito. Los únicos castigados son los miembros de la comunidad en general, que sufren la continua presencia del vendedor de drogas. Cambiar la regla de la exclusión no debe ser necesariamente una odisea. La Constitución misma no dice nada acerca de excluir evidencia. La Corte Suprema impuso la regla en las cortes federales en 1914 y la extendió a los estados en 1961. Los primeros pronunciamientos de la Corte sugerían que la regla era un requisito constitucional, pero más recientemente la Corte ha descripto la regla como un remedio creado judicialmente más que un derecho constitucional del imputado. La Corte, entonces, puede aceptar la propuesta de que la regla de exclusión pueda ser cambiada por el Congreso. La eliminación completa de los remedios de exclusión no sería deseable. Debe haber algunos límites para evitar que la policía atropelle brutalmente los derechos individuales. Métodos inescrupulosos como la tortura y el suero de la verdad pueden aportar evidencia confiable, pero son claramente inaceptables. Asimismo, restringir la regla de exclusión no pondría en peligro la libertad. Ninguna de las democracias en Europa o en cualquier otro lugar tiene una regla de exclusión como la nuestra. Sin embrago, no son estados policiales. Y ninguno tiene una criminalidad como la nuestra. Las opiniones judiciales interpretan que la cláusula constitucional del debido proceso prohíbe las técnicas probatorias que “sacudan la conciencia”. Un criterio como ese debería ser adoptado para las cuestiones de supresión de prueba. El tribunal estaría en
libertad de sopesar la buena fe del policía, la gravedad del delito, y el impacto en el público de suprimir la prueba. Este cambio afectaría únicamente a la admisibilidad de la evidencia, sin menospreciar la violación a los derechos civiles. La conducta policial incorrecta seguirá siendo incorrecta y se podrá tratar a través de los remedios civiles existentes, que permanecerían para proteger los derechos del acusado. 11- ...O deshagámonos de ella por completo Por Jadish Bhagwati. (Columbia University) Otra alternativa es deshacernos de la regla de exclusión por completo. Otras previsiones legales salvaguardan las libertades civiles también y probablemente, mucho mejor. La flexibilización de la regla de exclusión en el proyecto de la Cámara Baja, que permitiría admitir en los tribunales la evidencia conseguida ilegalmente pero de buena fe, ha enfurecido a los liberales. Se basan en el argumento convencional de que esto violará nuestro derecho fundamental a ser protegido de investigaciones inconstitucionales. Los conservadores justifican la revisión de la regla en el remañido argumento de que los delincuentes no deben escaparse gracias a simples “tecnicismos” (una cuestión que trajo a luz el caso O.J. Simpson cuando la evidencia fundamental, supuestamente conseguida sin la orden judicial respectiva, casi resulta excluida). No obstante, en rigor de verdad, nuestra actual regla de exclusión y la propuesta por la Cámara, son ambas inadecuadas. La primera desvía regularmente la justicia colocando pruebas cruciales fuera de su alcance; mientras que la última excusa violaciones policiales a los derechos fundamentales cuando son hechas accidentalmente antes que maliciosamente. Un enfoque mas adecuado emerge de la teoría económica, que afirman que para alcanzar de forma eficiente múltiples objetivos se suele requerir múltiples instrumentos de resolución de problemas (esta es la posición en virtud de la cual Jan Tinbergen ganó el primer Pemio Nobel de economía. O como nuestros mayores lo plantearon: no puedes matar dos pájaros con una sola piedra).
Actualmente en los casos en los que la evidencia ha sido obtenida en forma constitucionalmente indefendible, los tribunales deben luchas para reconciliar dos objetivos muy difíciles: los culpables deben ser castigados y, al mismo tiempo, los ciudadanos deben ser protegidos de una policía que se extralimita. Al rechazar cualquier uso de pruebas “contaminadas” (como era el estándar hasta la excepción limitada del comportamiento de “buena fe” cuya extensión ahora está siendo analizada), forzamos a los tribunales a utilizar un único instrumento político para perseguir distintos, y a veces contradictorios, objetivos. Sería seguramente más efectivo utilizar dos instrumentos para manejar los dos problemas que tenemos entre manos. Esto podría ser hecho admitiendo toda prueba sólida en los tribunales sin importar cómo haya sido conseguida, para que la determinación judicial de la culpabilidad sea lo más precisa posible, mientras, simultáneamente, proveer mecanismos diferentes para hacer a los policías responsables por sus procedimientos, castigándolos cuando las inconstitucionalidades sean judicialmente establecidas. Tal solución mejoraría la eficiencia del sistema de justicia penal castigando al verdadero culpable, y sería también un instrumento más efectivo para proteger nuestros derechos constitucionales. La simple exclusión de la evidencia reunida inconstitucionalmente disuade a los policías de futuras violaciones sólo indirectamente, por medio de la esperanza de que al fracasar en acusar delincuentes ante la justicia se sentirán tan frustrado que corregirán sus métodos. El castigo directo del policía deshonesto sería un mejor disuasivo, y lo haría sin el efecto secundario de penalizar al público liberando conocidos delincuentes. El senador de la Comisión Judicial Orrin Hatch ha introducido en el Senado un proyecto que encuadra perfectamente en el enfoque que hemos delineado. La propuesta de Hatch haría desaparecer la obsoleta regla de exclusión, de ochenta años de edad, y en su lugar permitiría a las víctimas de procedimientos ilegales demandar a la policía y obtener reparaciones por daños reales y punitivos (con un tope de U$S 10.000 para los daños punitivos) . Pueden ser diseñadas otras formas alternativas, y tal vez mejores, de castigar y disuadir a los policías deshonestos. Pueden ser creados mecanismos automáticos para que el estado inicie de oficio las
acciones judiciales en lugar de depender de la acción por daños del particular. Para hacerlo, el Estado obviamente requeriría prueba de que prima facie se ha llevado a cabo un procedimiento ilegal. Pero esta prueba sólo se materializaría durante el juicio una vez que el defendido haya perdido el derecho a excluir la evidencia “contaminada” y sus abogados el no tengan ningún incentivo para argumentar la improcedencia constitucional del procedimiento. Para superar este problema de “incentivo” la reforma podría incluir una mitigación gradual del castigo, que asegure, sin embargo, la condena con prueba contaminada. No importa cómo lleguemos al policía deshonesto, es evidente que se necesita una solución de doble vía si pretendemos perseguir de forma eficiente objetivos diferentes, el el justo castigo del delito y la protección sólida de nuestros derechos. Establecer la responsabilidad de la policía es una vía. Terminar con el improductivo experimento de la exclusión de la prueba, es la otra.
12- Abrir los jurados Por Joseph E. Di Genova (Manatt, Phelrs, & Phillips)
Los jurados no están operando eficientemente o de manera justa estos días, particularmente en las grandes ciudades y en los grandes casos. Se necesitan reformas importantes para tener jurados más informados y representativos y evitar malos veredictos. Los jurados americanos claman por ayuda. Debemos escucharlos. Los jurados ejercen uno de los trabajos más importantes en una democracia. Sin embargo, actualmente les negamos los instrumentos necesarios para cumplir bien su tarea. En recientes entrevistas realizadas a un grupo de jurados que habían participado en casos recientes, les pregunté como podría ser cambiado nuestro sistema
actual de jurados. Sugirieron grandes reformas que podrían mejorarían acabadamente nuestra administración de justicia. Los jurados dilucidan hechos, por lo que no sorprende que querrían hacer preguntas durante el juicio. Según los jurados abogados y jueces, si bien son generalmente capaces, no suelen entender qué es lo que necesita el jurado. Sugieren estar habilitados para someter preguntas al juez para su consideración. Están preparados para aceptar que sus preguntas pueden no ser procedentes por alguna razón en particular, pero quieren el derecho de proponer indagaciones en el proceso antes de la deliberación. No hay ninguna buena razón por la que esto no sea debería ser permitido, aún así la mayoría de los jueces rehúsa considerarlo. Los jurados quieren recibir copias de las instrucciones legales impartidas a ellos al final del caso. De hecho, les gustaría poder consultarlas desde el inicio del juicio. Dicen que el juez los instruye en complejos temas legales usando palabras, frases, y conceptos extraños a ellos, y que quieren ser capaces de leer estos legalismos ininteligibles y discutir su significado en el cuarto de deliberaciones. De todas formas, hoy por hoy, hacen esto basados en lo que recuerdan de las instrucciones orales. Los jurados quieren, particularmente, copias de las instrucciones en conceptos legales claves como ‘duda razonable’. Informan que se pierden horas tratando con conceptos de este tipo, porque están forzados a recordar definiciones específicas. Los jurados quieren ser informados el derecho, definiciones, y procedimientos durante el juicio y antes de los alegatos finales - no sólo al final de los mismos. Los jueces y los abogados tienen copias de las instrucciones, ellos dicen, ¿porqué no la deberían tener los jurados? Nuevamente, la mayoría de los jueces se rehúsan a hacer esto. Los jurados solicitan el derecho de tomar nota durante el juicio sin el permiso del juez. En casos largos y complejos creen que esto es esencial, escuchar lecturas de porciones de lo transcripto no les es de tanta ayuda como cree el juez -señalan- y algunos jueces se niegan incluso a eso. El miedo a que un buen tomador de notas pueda dominar las deliberaciones es ridículo, dicen los jurados, dado que algunas personas insisten ya en hechos clave mientras otras disienten. Jueces y abogados tienen anotaciones sobre el caso; los jurados, también deberían.
Siendo que alguno de sus compañeros de panel pueden ser irrazonables, irracionales, e injustos, los jurados creen que un veredicto no unánime en algunos casos criminales sería de gran ayuda. Algunos estados ya permiten esto y es un experimento digno de ser analizado y replicado. Los jurados informan que algunos candidatos ocultan la verdad durante los procedimientos de “voire dire” a través de los cuales los jurados son seleccionados. Algunas personas que entrevisté estaban profundamente ofendidas por la deshonestidad de sus compañeros que, en esencia, mintieron para estar en el juicio, diciéndoles a los abogados y al juez lo que sabían que les complacería, o sencillamente escondiendo información. Una vez seleccionados estos jurados profesaban una convicción religiosa de que no tienen derecho a juzgar a otro, o alguna otra convicción prejudicial. Hay preocupante evidencia de un número creciente de potenciales jurados que violan sus juramentos para sentarse en un caso, particularmente los de gran notoriedad. Estas revelaciones requieren que los jueces sean muy cuidadosos y respetuosos de la función de “voir dire”. Jurados recluidos para la deliberación nos contaron que las razones de su reclusión son irracionales, que en muchos casos la gente discute los casos aún cuando no se supone que lo hagan, y que las presiones de la reclusión a veces fuerzan decisiones en las que nadie está garantizado. Informan también que muchos jurados retrasan artificialmente sus decisiones individuales porque disfrutan la camaradería, la atención, los servicios del hotel, la comida, y todo lo que la reclusión trae consigo. Los jurados creen que les debe ser permitido discutir entre ellos la prueba a medida que un caso progresa. Creen que esto los obligaría a prestar más atención y les permitiría comenzar a hablar, y trabajar juntos antes del proceso. Sugieren que el final del juicio es demasiado tarde para comenzar las deliberaciones, y dicen que es irracional no poder discutir diariamente los testimonios, pruebas, exhibiciones. Muchos jurados creen que algunos de los otros miembros no deberían estar allí porque no tienen interés en los procedimientos o no fueron capaces de comprenderlos. Consideran que el padrón de jurados disponibles es muy pequeño y que muchos jurados educados
son excluidos. Para asegurar jurados atentos, inteligentes, serios, debe ser incluido un espectro más amplio de ciudadanos . Los jurados creen que deben ser removidos del servicio únicamente por una causa fundada. Las eliminaciones perentorias deben eliminarse. Este cambio llevaría a una participación más amplia, juicios más cortos, y a dejar más personas apta en los jurados. Cada uno de los jurados con quienes hablé dijeron que no era el poder que esto traía aparejado los serios, sino más bien, su sentido de la responsabilidad. Los abogados, jueces y legisladores deberían sentir una responsabilidad similar para mejorar el pobre sistema en el que los jurados con conciencia se mueven hoy. Los procedimientos establecidos hace uno o dos siglos podían haber sido adecuados cuando los jurados se sentaban por unas horas en un juicio sencillo. No son adecuados hoy en día.
13- Contratar policías y construir cárceles paga Por Steven D. Levitt. (Harvard Society of Fellows) Hay debates encendidos sobre si la Nación se beneficiaría con más policía y más camas en la prisión. Estudiar algunos “experimentos naturales” a lo largo del tiempo da una respuesta clara: debemos tener más de ambos. La policía y las prisiones representan la primera línea de defensa en la lucha contra el crimen. En 1992 había alrededor de 700.000 policías en los Estados Unidos (casi 50% más que dos décadas atrás) y alrededor de un millón de americanos en cárceles y prisiones. El presupuesto anual para la policía y las prisiones esta cerca de $100.000.000 por año. A pesar de todo esto los crímenes violentos per cápita han crecido un 80% las últimas dos décadas. ¿Significa esto que lo que gastamos en prisiones y policías es una pérdida de dinero? Algunos observadores se han apresurado a llegar a esa conclusión, aún yendo tan lejos como para proponer una moratoria en la construcción de nuevas prisiones. Las investigaciones que yo he conducido acerca de la conexión entre la policía y
disponibilidad en las prisiones y las tasas de delitos, sin embargo, llegan a conclusiones muy diferentes. Tanto la policía como las prisiones parecen ser una herramienta eficiente en controlar el crimen, y cada una de ellas ha ido creciendo numéricamente simplemente porque la curva de delitos se ha incrementado marcadamente. Las altas tasas de criminalidad requieren de policía adicional, esa es la razón por la que Detroit tiene el doble de oficiales de policía per cápita que Omaha. La relación entre el tamaño de la población carcelaria y la tasa de criminalidad es más directa aún: salvo que el sistema judicial se vuelva más permisivo, la población penitenciaria subirá uno a uno con la tasa delictiva. La manera más práctica de juzgar la efectividad de la policía y la prisión es estudiar “experimentos naturales” donde el número de policías y presos fluctúa por razones totalmente independientes de la incidencia del delito. Examinando el efecto de estos cambios en la policía o en la prisión sobre los niveles de victimización, es posible estimar impactos causales. Las elecciones de alcaldes y gobernadores proveen buenas vías para testear los la efectividad de los refuerzos policiales. En las grandes ciudades, el aumento de las fuerzas policiales se da desproporcionadamente durante los años electorales, presumiblemente porque a quienes les incumbe quieren mostrarse “duros con el crimen”. En las dos últimas décadas las fuerzas policiales en las ciudades con poblaciones mayores a 250.000 habitantes han crecido en promedio de 2.8 por ciento en años de electorales y solo un 0.7 por ciento en otros años. Luego de controlar los efectos de las elecciones en el volumen del personal policial frente otros factores, uno encuentra que las expansiones de la policía tiene grandes efectos en las tasas delictivas. En las grandes ciudades que examiné, un oficial de policía adicional de oficiales elimina un 4.5 crímenes violentos y 6 delitos contra la propiedad por año. Basados en las mejores estimaciones de los costos del delito para las víctimas, esta reducción de delito vale mas de $100.000 por oficial por año. Cualquier reducción en el volumen de conducción de automóviles en estado de ebriedad, actividades relacionadas con drogas, incendios, o fraudes, debida a un policía adicional debe ser sumado a lo anterior, así como también cualquier
beneficio psicológico de la población por sentirse más segura. Dado que el costo de emplear un nuevo agente policial es de aproximadamente U$S 75.000 al año, parece que el contratar nuevos policías es una aproximación rentable en términos costo-beneficio para combatir el crimen en muchas ciudades. Aumentar los presos también parece ser una estrategia rentable para reducir el crimen. El “experimento natural” que utilicé al analizar las prisiones es fruto de las acciones por superpoblación carcelaria presentadas por ciertos grupos como la Unión Americana por los Derechos Civiles. En muchos lugares estas demandas obligaron a los administradores penitenciarios a liberar internos. En los estados afectados por éstas órdenes judiciales los niveles de encarcelamiento, en un período de tres años, se redujeron en un promedio de 15% con respecto al resto de los Estados Unidos. Durante ese lapso, las tasas de delitos en aquellos lugares se incrementaron un 10% más rápidamente que el promedio nacional para los delitos violentos y 5% más rápido para los delitos contra la propiedad. Calculo que de cada preso adicional que se saca de las calles se elimina entre dos a tres delitos violentos y diez delitos contra la propiedad por año. Sólo los beneficios económicos de prevenir esos delitos alcanzan aproximadamente $ 45.000, cifra muy superior a los costos anuales de la prisionalización que promedian entre $ 25.000 a $ 35.000 por preso. ¿Cuántos delitos esperamos razonablemente eliminar mediante el incremento de la policía y la prisión? Poner otros 100.000 policías en las calles y 100.000 delincuentes más tras las rejas muy probablemente reduciría la tasa de delitos violentos en un 10%. Más allá de este punto, los retornos disminuirían constantemente haciendo cualquier ulterior incremento económicamente poco atractivo. . 14. No hay alternativa a la construcción de más prisiones Por Richard R. Willard. (Steptoe & Johnson,) Algunos sostienen que podríamos habilitar amplios espacios en la prisión donde ubicar los reincidentes de hoy, simplemente
dejando salir los condenados por delitos leves, particularmente los relacionados con drogas. Esta gente está equivocada. Muchos criminales violentos están siendo liberados luego de cumplir condenas asombrosamente leves. Esto ha producido un llamado a construir mas prisiones para que los delincuentes violentos reincidentes puedan ser encerrados por más tiempo. Por otro lado se suscita la cuestión permanente sobre si nuestra capacidad penitenciaria actual está siendo utilizada adecuadamente. Algunos críticos sostienen que nuestras prisiones contienen una cantidad sustancial de delincuentes menores, especialmente aquellos condenados por delitos relacionados con las drogas, que pueden ser liberados con seguridad sin poner en peligro a nuestras comunidades. Antes que gastar millones de dólares en nuevas celdas, afirman, deberíamos hacer mejor uso de los espacios existentes reduciendo o eliminando las condenas por estas “infracciones no amenazantes”. Algunas de estas críticas citan un estudio del Departamento de Justicia de 1994 que ha indicado que el 21% de las presos federales lo están por delitos leves relacionados con las drogas. Los problemas de este estudio comienzan con el uso del eufemismo “delincuente relacionados con las drogas”. En la práctica resulta que virtualmente todos estos presos federales estaban condenados por tráfico de drogas. Estos no son ciudadanos obedientes de la ley en general que casualmente han sido atrapados por un consumo ocasional de drogas. Son traficantes. La distribución y venta de drogas es un delito grave. Los vendedores de drogas destruyen barrios. Involucran a los niños en su red de distribución ilegal, y a todos difunden sus venenos. La mayoría de ellos utiliza la violencia como parte de su negocio. Suelen llevar armas de fuego, casi siempre ilegalmente. La mayoría de los homicidios hoy en día están relacionados con las drogas. Aún si uno creyera que algunos comerciantes de drogas no merecen largos períodos de prisión, el estudio del Departamento de Justicia sobredimensiona seriamente el número de presos federales que podrían ser considerados no peligrosos para sus comunidades. Su lista de “delincuentes menores” incluye muchos con registros anteriores por graves comportamientos delictivos. El protocolo de
selección del estudio se supone que elimina a los delincuentes con historias de delitos violentos, pero un posterior análisis ha mostrado que se ha colado un porcentaje significativo de personas acusadas de delitos violentos. Aún más, muchos de esos que tienen registros “no violentos” han sido acusados de delitos graves robo en vivienda, un delito que sin duda es una amenaza seria para la seguridad de la comunidad. Además el 45% de los comerciantes de drogas primarios que el estudio presenta como candidatos para su liberación no son ciudadanos de los Estados Unidos – y ninguna consideración se realiza sobre si estos individuos podrían tener antecedentes criminales en el extranjero, y, por ende, no ser delincuentes primarios. Otro factor que desvirtúa la afirmación del estudio de haber identificado una gran población de presos no peligrosos, es el hecho de que muchos de los registros de arrestos y condenas juveniles –aún para los crímenes más violentos- son confidenciales o han sido borrados y por lo tanto no están disponibles para los investigadores. Muchos de los pretendidos delincuentes primarios resultan tener un largo prontuario de conductas delictivas anteriores delincuente juvenil. Es bastante predecible que muchos de estos condenados cometerán crímenes violentos y predatorios tan pronto como sean liberado. Un problema más fundamental al usar este estudio para afirmar que nuestras prisiones contienen grandes cantidades de individuos inofensivos es este: La investigación del Departamento de Justicia sólo cubrió el sistema penitenciario federal, que contiene menos del 7% de la población carcelaria total del país. Y, a diferencia de su contraparte federal, sólo una pequeña proporción de los prisioneros estatales están constituida por delincuentes relacionados con las drogas. Hay 27.000 presos condenados, por primera por delitos relacionados con las drogas en las prisiones estatales actualmente -menos del 4% del total de la población carcelaria estatal. En consecuencia, es difícil ver cómo nuestros estados puedan habilitar mayor capacidad adoptando políticas criminales menos severas para los delincuentes relacionados con drogas. Una gran proporción de estos delincuentes ya reciben “diversión procesal”, probation o condenas cortas en prisiones locales. Todos los delincuentes relacionados con las drogas que son encerrados en las
prisiones estatales–incluyendo muchos reincidentes- cumplen tras las rejas una condena promedio de apenas 12 meses. Ciertamente es verdad que deberíamos optimizar el uso de nuestra limitada y costosa capacidad carcelaria. Y esto puede ser posible liberando un pequeño número de presos que siguen tratamientos antidrogas. En tales casos, debería haber exámenes frecuentes de consumo de drogas respaldados por la orden de encarcelamiento en caso de que persista el uso de las mismas. Reducir las condenas por drogas, sin embargo, no solucionará nuestra escasez de capacidad carcelaria. Tanto en las cárceles federales como estatales, la mayoría de los presos tienen largas historias de conducta delictiva y antisocial. Grandes cantidades son delincuentes crónicos. Estas personas que difícilmente puedan ser rehabilitadas, sin son liberadas sólo aumentarían la victimización y las pérdidas que conlleva el crimen en la sociedad. Debemos proveer suficiente espacio en nuestras prisiones para que estos criminales violentos y reincidentes puedan ser incapacitados no por condenas más cortas sino por condenas mucho más largas que las que ahora están siendo impuestas.
15.- Gestionar las cárceles de manera diferente Por Charles Logan (Connecticut University) Olvidémonos de la rehabilitación, las cárceles son para castigar. Necesitamos ajustarnos más estrictamente a las condenas originalmente impuestas por los tribunales a los reos y hacer que nuestros castigos sean inflexibles. También necesitamos construir más prisiones. Para conseguir más barrotes por cada uno de nuestros dólares deberíamos permitir que nuestras prisiones sean administradas privadamente. Las cárceles son el blanco favorito de todas las críticas del sistema de justicia penal americano. Algunos dicen que tenemos demasiadas, otros, pocas. Se argumenta que están muy llenas, que cuestan demasiado, que son demasiado cómodas, o no lo
suficientemente. Se plantean preguntas sobre si rehabilitan, deterioran o aún incapacitan. Algunas de estas controversias se aclararían si tuviéramos una mejor comprensión de la importancia práctica y moral de las prisiones. El castigo a través del encarcelamiento es por sobre todo, una expresión de nuestro sentido de justicia y del valor que nuestra sociedad le otorga a la libertad y a la responsabilidad individual. Hacer justicia es la verdadera misión de nuestras prisiones y lo más importante que podemos hacer por ellas es purgarlas de cualquier responsabilidad oficial de rehabilitar. Las cárceles no deberían tratar de ser “instituciones correccionales”. Cambiar el comportamiento no es imposible -la mayoría de aquellos que son liberados de prisión no regresan- pero sólo se produce a través de la autoconstricción y la superación individual. Cuando definimos la rehabilitación como una responsabilidad colectiva a ser alcanzada a través del sistema de justicia penal, el principio de responsabilidad se ve diluido. El mensaje de la prisión debe ser simple: “los delitos son actos incorrectos y controlables, y los que los cometan serán castigados”. Las instituciones que apuntan a la rehabilitación, en cambio, suelen transmitir este mensaje confuso: “los delitos son el resultado de deficiencias sociales y personales (de oportunidad, conocimiento, habilidades, hábitos, temperamentos, etc.), y la sociedad tiene la responsabilidad de corregir esas deficiencias”. Este mensaje representa a la conducta criminal como incontrolable, antes que voluntaria, y retrata a sus autores como autómatas, antes que seres humanos responsables que deben aceptar las consecuencias de sus acciones. Tal mensaje puede excusar e incluso estimular al crimen; por lo menos debilita el mensaje central del encarcelamiento como castigo. “Pero”, nos advierten, “la mayoría de estos presos volverán a la sociedad eventualmente; ¿acaso no queremos que vuelvan preparados para vivir vidas no criminales?”. Sí, de hecho lo queremos. No sólo lo queremos, lo exigimos, pero se lo exigimos al victimario no al sistema carcelario. Y en esto no pedimos mucho: no pegue, robe, mate, estafe o agreda de cualquier otra manera a sus conciudadanos. Aquellos que son enviados a una prisión y no a un hospital psiquiátrico, ya tienen los
instrumentos que necesitan para refrenarse del crimen. Lo que hagan con sus vidas más allá de eso no es asunto del sistema penal. Entonces ¿cómo podemos mejorar la efectividad de la prisión para reformar los comportamientos antisociales y llevar a cabo la justicia? Por un lado, las condenas necesitan ser menos elásticas. Muchos de los presos hoy, han cometido delitos que el ciudadano común considera firmemente que deberían llevarlo a la cárcel, y las condenas específicas impuestas por lo general reflejan un amplio consenso acerca de la “seriedad” de los crímenes cometidos. Una vez dictada, la sentencia debe ser cumplida en su totalidad. Para lograr un mensaje claro sobre lo incorrecto del delito, necesitamos un sistema en que los castigos sean ejecutados completamente tal como fueron prescriptos. Cuando las condenas son reducidas luego de haber sido dictadas por razones de conveniencia, terminamos cometiendo una injusticia (como cuando un homicida termina cumpliendo menos tiempo que un ladrón) y mezclamos las señales hacia los infractores de la ley (como cuando se determina que un crimen merece 10 años de privación de libertad y sólo se cumplen 3). Por lo tanto, necesitamos mantener la “verdad” en la ejecución de las penas: que se requiera que todos los presos cumplan al menos 85% de su condena. Para responder al nivel actual de delitos graves en los Estados Unidos necesitamos también más prisiones. Podemos afrontarlo: las prisiones siguen representando un porcentaje pequeño, aunque creciente, del gasto gubernamental. Pero, ciertamente no queremos desperdiciar dinero en ellas. ¿Cómo pueden los contribuyentes saber si el gobierno está dando buen uso a sus dólares invertidos en la prisión? La mejor garantía es poner al gobierno en competencia con el sector privado. Para junio de 1994 había 84 prisiones privadas con una capacidad total de 43.508 camas, bajo contrato con varios cuerpos gubernamentales. Una creciente cantidad de investigaciones demuestran que estas prisiones privadas ahorran dinero, mejoran la calidad y protegen los derechos de los internos, y que no producen problemas distintos a los que enfrentan las operadas por el gobierno. La privatización de las prisiones ha sido calificada de “polémica” pero gran parte de la resistencia ha sido ‘fabricada’ por opositores
interesados, como los gremios de empleados estatales que se ven amenazados por la posibilidad de la competencia (como deberían estarlo). Una década de experiencias mayoritariamente positivas ha probado el valor de las prisiones privadas. Esta es la razón por la cual políticos de ambos partidos las apoyan ahora a nivel nacional, como han hecho desde hace tiempo a nivel local. Cuando la administración Reagan requirió dinero para el manejo privado de una prisión federal, un Comité dominada por demócratas denunció la idea y denegó los fondos. Pero el presupuesto propuesto por la administración Clinton para el año fiscal 1996 llama a contratar la administración de cuatro prisiones federales y la privatización de la mayoría de las prisiones federales de mínima seguridad y de las instalaciones de detención que se construyan en el futuro. Aún mayor nivel de privatización de las prisiones debería considerarse en todos los niveles de gobierno.
16. Usar exámenes de consumo de drogas para reducir el uso de estupefacientes. Por James Q. Wilson. (University of California at LA) Muchos de nuestros peores adictos a las drogas –que con sus hábitos riegan destrucción a lo largo de la sociedad - ya están bajo la supervisión del sistema de justicia penal, porque están en libertad condicional o probation. Examinándolos frecuentemente y castigándolos por el uso de drogas, podemos eliminar una gran parte de la demanda total de drogas. No hay duda de que las drogas, especialmente el “crack”, contribuyen al crimen. Lo que divide a los expertos es porqué. Para algunos, las drogas provocan delincuencia porque son ilegales: la gente roba para poder costearlas, o disparan a sus rivales para poder dominar el mercado negro. Para otros, las drogas causan delincuencia porque alteran el estado subjetivo del consumidor: el abuso de drogas hace a la gente incapaz de un empleo regular y de manejar sus propias vidas.
Cualquiera sea la postura que uno tome, el crimen se reduciría si la demanda de drogas se redujera. Hay algunas razones para pensar que la demanda de drogas ha declinado desde los picos que presentara en la década del 80’, pero esta caída se reduce al uso por parte de consumidores livianos o casuales. Con respecto a la cocaína, al menos, el número de consumidores habituales y las cantidades consumidas se han incrementado dramáticamente. Como resultado, el problema de la cocaína, en términos de consumo total, es tan grave hoy como hace diez años y mucho peor en términos de su concentración en consumidores pesados. Los esfuerzos para reducir su demanda atacando a los proveedores para que los precios suban han tenido poco o ningún efecto. El precio de la cocaína ha bajado y su pureza ha permanecido alta. Dado los vastos esfuerzos involucrados en reducir la provisión, esto parece paradójico, pero puede ser explicado por la economía de la producción de drogas. Expertos de la RAND Corporation estiman que el precio de la cocaína en tránsito a Estados Unidos es de $17.000 el kilo, pero en las calles de Estados Unidos el mismo kilo vale $129.000. Este amplio margen significa que aún si las autoridades consiguieran secuestrar un kilo de cada diez enviados (que parece ser lo más que se puede pretender) el precio en la calle de la mercancía que llega necesita ser aumentada apenas en un 1.5% para recuperar el cargamento perdido. Esto ha llevado a la mayoría de los expertos a concluir que es más efectivo, en términos de costo, invertir en programas de tratamiento -si es que funcionan. Sí funcionan para quienes permaneces en ellos. El problema es que muchos consumidores, especialmente los jóvenes, no están buscando en el fondo romper verdaderamente con las drogas. El mayor énfasis en el tratamiento sólo reducirá el uso de drogas entre consumidores pesados si muchos de ellos se sienten motivados a terminar con su abuso. Una manera de motivarlos es la coerción. Esto no es ni una dificultad institucional ni peligroso constitucionalmente como pudiera sospecharse - si tomamos en consideración el hecho que el uso de cocaína se ha concentrado entre una población relativamente pequeña.
El test de orina en las cárceles muestran que una mayoría de los nuevos internos usaron drogas uno o dos días con anterioridad a su confinamiento. En el curso de un año o dos, una gran fracción de consumidores pesados de crack en el país cayó bajo la supervisión del sistema de justicia penal. Por esta razón los programas de tratamiento basados en la prisión deberían ser expandidos. Pero tienen dos límites: Primero, sin un seguimiento basado en la comunidad, la tasa de recaída seguramente será alta. Segundo, tres cuartos de los delincuentes supervisados están en las calles, bajo probation o libertad condicional y no en la prisión. Varios expertos, entre los que se destacan Mark Kleinman, Eric Wash y Robert Dupont, han propuesto someter a aquellos que se encuentren bajo probation o libertad condicional a frecuentes y aleatorios exámenes de consumo de droga, con sanciones moderadas pero gradualmente en aumento si fallan la prueba. Dado el horizonte de corto plazo de los consumidores de drogas, “frecuente”, debería implicar varias veces a la semana, y las sanciones (una noche o dos en la prisión, una semana de arduo trabajo colectivo) deben ser impuestas inmediatamente. Dado que estaríamos examinando personas que ya se encuentran bajo la supervisión del sistema de justicia penal, el problema de las libertades civiles se vería muy reducido. Los que están bajo libertad condicional o probation no están beneficiados por todas las protecciones constitucionales contra los procedimientos arbitrarios, y en algunos estados han renunciado a estas garantías como condición para su liberación. Las investigaciones demuestran que la participación coactiva puede mejorar las oportunidades de un tratamiento exitoso. Kleiman estima que el costo de los exámenes sería de $2.000 por persona por año. Habría costos adicionales por las sanciones, pero serían relativamente bajos si los castigos fueran moderados pero aplicados rápidamente. Todos estos costos serían parcialmente compensados por la reducción en la delincuencia relacionada con las drogas, las respectivas investigaciones y los costos del encarcelamiento. Este programa ha sido probado como proyecto piloto, pero nunca en una gran jurisdicción por períodos prolongados. Para que esto sea posible los oficiales de policía y los encargados de la supervisión de
la probation y libertad condicional deben tornarse agresivos a la hora de identificar y examinar condenados por el abuso de drogas, los jueces deben responden duramente a aquellos que fallen la prueba, y las autoridades correccionales deben crear un conjunto de sanciones graduales. Algunos de nuestros nuevos tribunales de drogas son capaces de lograr todo esto. Pero la tarea no será sencilla, dado que requiere que nuestro sistema de justicia penal tenga éxito en cosas en la que generalmente no ha sido muy bueno.
17. Controlar, seguir y encerrar a los delincuentes sexuales por Marc Klaas. (Marc Klaas Foudation for Children) Los criminales sexuales violentos no pueden ser curados. Harán a la gente inocente sus presas, especialmente a los niños, repetidamente a lo largo de sus vidas salvo que sean controlados de cerca. Los delincuentes sexuales deben ser sometidos a una terapia de modificación de comportamiento, deben ser seguidos de cerca y deben ser revelados a sus vecinos, y muchos de ellos deben ser encerrados con largas condenas. ¿Sabía Ud. que los delincuentes que continúan perpetuando ataques sexuales contra los niños cometen un promedio de 380 hechos de este tipo en su vida? En 1986, uno de cada ocho delincuentes violentos en las prisiones estatales estaban cumpliendo condena por victimizar a un niño. Esto implicaba 40.000 víctimas jóvenes ¿Sabía que la tasa de violaciones a niñas menores de 17 años es cuatro veces mayor que la tasa de adultos? ¿Sabía que en California hay 65.000 delitos sexuales registrados, y solo uno de cada cinco arrestos por ataque a un niño termina en condena? Todos y cada uno de los niños en América está en riesgo de un ataque sexual. El típico agresor sexual de niños tiende a ser una persona de buenos modales y amigable, que busca empleos que le den acceso a los niños. Ashley Estell fue secuestrada, abusada y asesinada mientras miraba a su hermano jugar al fútbol en Plano, Texas, en 1993. En el
video confiscado como evidencia se identificó a tres pederastas presentes allí, incluyendo al árbitro. Las unidades de investigaciones forenses en los hospitales estatales a lo largo de Estados Unidos han tenido programas de rehabilitación para delincuentes sexuales durante años. De acuerdo al Dr. Chris Hatcher, psicólogo clínico de la Universidad de California, San Francisco, los profesionales sólo pueden esperar lograr un control superficial sobre los impulsos que determinan un ilícito sexual. Los esfuerzos para curar a los pederastas no funcionan, porque ellos responden a conductas compulsivas, como el alcoholismo, que nunca ha probado tener verdadera cura. Si se quiere algún grado de supresión de estos impulsos son necesarios tratamientos a largo plazo, terapias antidrogas y terapias de modificación de comportamiento. Son necesarias soluciones legales para proteger a la sociedad de los delincuentes sexuales reincidentes. Los estados que adoptan leyes para registrar a los delincuentes sexuales y darlos a conocer a sus comunidades, y que vigilan a los delincuentes sexuales liberados nuevamente, envían un mensaje claro. “No vamos a permitirlo más. Las conductas desviadas no serán toleradas en nuestra jurisdicción.” Debido a la naturaleza nómade de los delincuentes sexuales, la información recopilada en estas bases de datos debe estar disponible a todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley a lo largo del país. Los objetivos de las leyes de registro de los delincuentes sexuales que incluyen notificación a las comunidades son: colaborar con las investigaciones de las agencias policiales; establecer bases legales para detener delincuentes conocidos cuando sean encontrados en circunstancias sospechosas; disuadir a los delincuentes de cometer nuevos delitos; y ofrecer a los ciudadanos información para que puedan protegerse. Para disipar los miedos a la venganza, el código de California tiene tipificado un delito que pena con cinco años de prisión a aquel que use la información pública sobre un delincuente sexual para perseguirlo una vez liberado. El FBI estima que de la totalidad de las fichas dactiloscópicas procesadas en los arrestos estatales y federales, dos tercios de los sujetos tienen arrestos previos. De estos, un 25% a 30% tienen registros de arrestos estatales y federales en más de un estado. Por lo tanto, un agente policial en Winscousin debe tener la misma
información que está disponible para su par en California. En 1984 el Índice de Identificación Interestatal (III), un sistema de archivo nacional de historias criminales voluntario y descentralizado, fue establecido para que los prontuarios sean accesibles a los oficiales desde el patrullero. De los 50 millones de prontuarios criminales disponibles en los estados hoy, sólo 20.5 millones están contenidos en la base de datos del III. Es una traición a la fe pública que 21 estados no provean al III los antecedentes criminales de delincuentes sexuales o violentos en libertad condicional. Esto debe ser remediado. Mientras tanto, el valor disuasivo de la pena de prisión para los delincuentes sexuales es muy pobre en la mayor parte de los lugares. Los delincuentes habituales, incluidos los pederastas, cumplen un promedio de apenas un 37% de la pena tras las rejas. Las víctimas de ataques sexuales pasan años recuperándose del horror del hecho, mientras, el violador promedio está en cárcel por sólo tres años, y el pederasta cumple sólo 2 años y cuarto en prisión. Los ciudadanos de todos los sitios deben exigir “verdad” en las leyes sobre el cumplimiento de las condenas, basado en el standard federal del 85% de condena cumplida como mínimo. Cada día que un pederasta está tras las rejas es un día que no puede victimizar a un joven inocente. Concentrando nuestros esfuerzos hacia la “verdad” en la ejecución de las penas junto con el aumento de las condenas por crímenes reiterados, podremos salvar la vida de innumerables niños. La persona acusada de matar a mi hija, Polly Klaas, tiene una historia criminal violenta de 20 años. Aún así, cumplió menos de la mitad de una condena a 16 años por el ataque y robo de su segunda víctima secuestrada. Menos de tres meses después, Polly estaba muerta. Estamos librando una guerra por la seguridad de nuestros niños. El público debe insistir que los legisladores a todo nivel apoyen las leyes necesarias para proteger a los jóvenes. En el proceso de crear un futuro seguro para nuestros niños, crearemos una nación segura para todos los ciudadanos inocentes.
18. Contraataque. Personalmente Por Jeffrey R. Snyder. (“Arms, Law & Society “)
Defenderse a sí mismo, su familia y su propiedad no es la responsabilidad de nadie más. Cada ciudadano debe estar preparado personalmente para resistirse al acecho de los merodeadores -que es una especie de esclavitud- o las sanciones morales contra el comportamiento criminal se perderán. La cuestión sobre qué hacer con el crimen violento suele ser encarada estrictamente como un problema de ingeniería social, como una búsqueda de políticas que disuadan al individuo inclinado a cometer crímenes violentos, o que cambien las condiciones materiales o morales de las que estas personas emergen. Más allá de estos esquemas hay medidas para manejar el crimen cuando ocurre. No es respuesta adecuada decir que la policía cumple esta función. Los delincuentes eligen el tiempo y el lugar para sus hechos, y no les importa cometer sus crímenes cerca de la misma policía. No importa cuántos policías coloquemos en las calles, simplemente no suelen estar allí cuando se los necesita. Hay, sin embargo, una persona que siempre está en la escena del crimen y es capaz de hacer algo cuando y donde ocurre: la potencial víctima. Sorprendentemente, en nuestras discusiones sobre políticas criminales nunca se pregunta si la potencial víctima tiene un deber con respecto a sí mismo, a su familia y a su comunidad de defenderse y de detener al criminal antes de que caiga sobre otros. El hecho de que las políticas criminales tanto liberales como conservadoras cuidadosamente evitan el remedio de la autoprotección refleja nuestro deseo de que el gobierno resuelva el problema institucionalmente sin nuestra participación. De hecho, la policía y los medios típicamente nos aconsejan que cuando debamos enfrentarnos con una situación de violencia, o de amenaza de violencia, simplemente debemos abandonar nuestros bienes y acceder a las demandas del criminal. Dejemos que el estado se encargue de los villanos. El problema del crimen endémico, empero, no puede ser abordado sin discutir la responsabilidad moral de las potenciales víctimas. La noción de que los ciudadanos deben dejar que el crimen sea manejado por el estado, y no deben resistir personalmente, es una monstruosa colaboración a la conducta inmoral. ¿Porqué habrían de
respetar nuestra vida y nuestra libertad los delincuentes si nosotros mismos no les mostramos que vale la pena luchar por ellas? Si los criminales no se encuentran con una resistencia inmediata y furiosa ¿porqué habrían de creer que lo que están haciendo está tan mal? ¿Porque lo dice la ley? Entonces, su ofensa sería solo contra el estado, no contra la persona de la víctima. Decir que las víctimas deberían cooperar porque ninguna billetera o automóvil vale una vida, es racionalizar la cobardía moral. El robo en sí no es más a la propiedad de lo que la violación es al sexo. El crimen violento somete a la víctima y a su libertad. Es un acto de esclavizamiento. Su billetera o su automóvil a lo mejor no valen su vida, es verdad, pero su libertad y su dignidad, sí. Si no vale la pena luchar por estas cosas, no existen. Cooperar para preservar su vida es afirmar que usted puede ser dominado a la fuerza. Estimula la misma predación que todos tratamos de evitar. El crimen violento florece, en buena medida, porque cada uno de nosotros se rehúsa a condenar al criminal violento con nuestros acciones en el preciso momento en que esa condena se requiere, creyendo, en cambio, que la ley “comunicará” -y esto será suficiente para reforzar- los valores por los cuales no tenemos voluntad de dar batalla nosotros mismos. Nos maravillamos de que crímenes que hace treinta años eran impensables se hayan convertido en un lugar común, sin ver que la depravación criminal en aumento refleja nuestra propia negación a actuar conforme nuestros juicios morales. Dejemos que los ingenieros sociales hagan lo mejor que pueden. Tal vez sus reformas puedan salvarnos sin nuestra participación. Más probablemente, el crimen violento seguirá expandiéndose y los criminales serán cada vez más arrogantes, pues las calles de América constituyen hoy en día una vacío moral donde cada persona cree que su propia seguridad es una responsabilidad de otro. Los criminales mantendrán el control alta hasta que aprendamos y enseñemos que combatir el delito es responsabilidad de todos. La dignidad y la libertad no requieren menos que eso.
