Sindicalización Policial [CORREPI]

CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Esto no es un trabajador 

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Sumario: 4. Planteo del problema. 7. Algunos antecedentes del

panorama internacional y nacional. 13.. Sobre las posiciones de algunas 13 organizaciones del campo popular.

 Dossier :  Do “Sindicalización  Po  P olicial” 

a) Los policías son trabajadores, tienen derecho a sindicalizarse. b) El policía, como trabajador estatal, no es distinto de un docente o un judicial. c) Si el policía de bajo rango enfrenta a sus superiores y se rompe la cadena de mando se pasará del lado del pueblo.. d) Consideración de los miembros de los aparatos represivos permanentes desde una perspectiva individual. e) La sindicalización policial es rechazada por el estado burgués  y sus sus go gobie bierno rnos. s. En con consec secue uenci ncia, a, hay que apo apoyar yarla. la. f) Los jefes policiales deben ser electos por voto popular para que la policía sea una fuerza popular. g) La consigna de la sindicalización en conexión con la del control del aparato represivo.

22..  Nuestras conclusiones. 22

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 Plant  Pl anteo eo de dell pro probl blem ema a CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

1. Planteo del problema Hoy se discute con frecuencia, en el ámbito de la militancia popular, sobre los reiterados motines policiales y de gendarmes habidos en los últimos años. El núcleo del debate aparece vinculado al sostenido reclamo de buena parte de las fuerzas de seguridad por obtener el reconocimiento de sus agrupaciones como “sindicatos”, lo que trae aparejada la discusión respecto de si se trata de verdugos con los que no hay conciliación posible, o trabajadores cuya conciencia hay que ganar, con infinidad de posiciones y opiniones intermedias.   A pesar de que en muchos países, y también en Argentina (aunque aquí sin reconocimiento oficial de su “personería gremial”), los llamados “sindicatos” de policías, penitenciarios y otras fuerzas de seguridad existen hace décadas, y tienen una incidencia concreta en la política, el debate se plantea entre nosotros como si fuese una cuestión abstracta y a futuro. Por el contrario, nosotros entendemos que para hacer un análisis completo del tema es imprescindible revisar la real intervención de esas agrupaciones, al margen de la ausencia de reconocimiento legal, en

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las diferentes instancias que muestran, más allá de su discurso público, sus reales objetivos y funcionamiento.   En Argentina hace mucho más de una década que existen estas organizaciones de funcionarios del aparato represivo que se autodefinen como “sindicatos”. Desde los pioneros rosarinos que constituyeron APROPOL en junio de 2001, o los que confluyeron en la cámara de diputados bonaerenses en diciembre de 2001 para conformar FASIPP (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios), hasta los más recientes núcleos que se forman a diario a lo largo y ancho del país, son varias decenas los agrupamientos semejantes. Y como lo demuestra su intervención electoral en Rosario1, y lo ratifican las acciones en Olavarría a raíz del caso Ortega2, estos “sindicatos” tienen una agenda que excede, y en mucho, las meras reivindicaciones “laborales”. Basta recorrer sus declaraciones de principios, sus petitorios o simplemente los posteos en sus páginas web para advertir que lo que presentan como “asuntos gremiales” incluyen, en primera línea, la lisa y llana defensa de la función represiva que le es encomendada por el estado3.

 Por otra parte, son varios ya los “sindicatos” de policías y penitenciarios que se han incorporado, tras acuerdos de cúpula y sin que se discutiera debidamente el tema en las bases, a distintas centrales de trabajadores. El primer antecedente fue la incorporación de APROPOL al Movimiento Intersindical Clasista (MIC) de Rosario en el primer lustro del siglo XXI. Hoy, el Sin.Po.Pe. integra la CGT Moyano, y el SIPOBA la CTA Micheli, lo que indudablemente coloca este debate en lo bien concreto y actual, ya que, como sucedió, por ejemplo, en varias movilizaciones de la CTA de 2012 y 2013, junto a las columnas de trabajadores marchan los policías organizados.  Entonces, el “problema de la sindicalización policial” no importa una discusión despegada de la realidad y la praxis militante, respecto de si los gobiernos deben reconocer a su aparato represivo el derecho de agremiarse, o qué forma deben asumir esas agrupaciones (con o sin derecho de huelga; convocando a toda la fuerza o sólo los “subalternos” o “tropa”, etc.). En las actuales condiciones, el eje de este debate es si la clase trabajadora debe

reconocer a sus verdugos como traba jadores, como compañeros de lucha, y a esas organizaciones como sindicatos. Para quienes den una respuesta afirmativa, ello implicaría, necesariamente, darse la tarea de ingresar en las fuerzas, promover la agremiación, luchar por recuperar los “sindicatos” existentes que se caractericen como burocráticos y/o generar nuevos con los métodos de la clase obrera, y pelear por la obtención de la personería gremial.   Sin embargo, no es ésa la política que se dan quienes apoyan los “sindicatos” policiales. Salvo el caso del MST, que tuvo fuerte influencia en los inicios de APROPOL en la provincia de Santa Fe, e impulsó en 2005, a través de Eber Palermo y su hermano Roque, la fractura “por izquierda” que originó ADEPOL (Asociación Democrática de Policías y Penitenciarios), hoy casi inexistente, no conocemos otros casos en los que los militantes populares hayan ingresado a militar en esas agrupaciones, como sí lo hacen en sindicatos -reconocidos por el estado, o no- para ganar sus direcciones. Esto indica que, en los hechos, la militancia popular no los ve como trabajadores, ni a esas organizacio-

nes como organismos de masas en los cuales intervenir, ni sienten la necesidad de ganar sus direcciones.   Por ello, la propaganda de muchas organizaciones populares que sostienen la necesidad de sindicalizar a los represores no tiene como correlato una práctica consecuente con su discurso. Ello queda en evidencia en los artículos y opiniones, francamente contradictorios y hasta antagónicos, que muchas veces vemos sucesiva –y hasta simultáneamente- publicados en sus respectivas prensas. Así, pueden pasar de levantar la consigna de la sindicalización policial, con derecho de huelga, hasta decir que hablar de un sindicato policial es una idea reaccionaria4.  Finalmente, entendemos necesario insistir en que, para poder fundar adecuadamente una posición respecto de los “sindicatos” de policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios, la cuestión primaria y central es la de caracterizar claramente a esas fuerzas represivas. Sin ese paso previo no es posible, a nuestro criterio, sostener seriamente una posición.  Una correcta caracterización previa de las policías y demás fuerzas de seguridad permite, de manera coherente, arribar a una

igualmente correcta caracterización de los agrupamientos que ellos llaman “sindicatos”, sin quedar enredados en la apariencia del discurso y en invocaciones más o menos explícitas del lenguaje de los trabajadores y hasta de los revolucionarios5.  Nos parece también central, para no perder el rumbo en las discusiones, señalar la diferencia entre estos pretensos “sindicatos” y aquellos que dirige la burocracia sindical, alineada junto a los empresarios y los gobiernos en lo que denominamos la “triple alianza antiobrera”. Muchas veces, cuando mostramos ejemplos de las conductas y posiciones reaccionarias de los “sindicatos” policiales, se nos responde con ejemplos semejantes de la burocracia sindical, como el asesinato de Mariano Ferreyra y otras represiones a los trabajadores protagonizadas por las patotas dirigidas por la burocracia. Creemos que hay una diferencia esencial. En los sindicatos burocratizados, por caso la UOCRA de Gerardo Martínez o la UF de Pedraza -empresarios ellos mismos- el campo popular intenta desbancarlos, buscando dar a esos sindicatos con una dirección clasista que defienda los intereses de los trabajadores, en vez de traicionarlos.

1 Alberto Rubén Martínez, ex oficial auxiliar (20 años de servicio, exonerado de la santafesina en 2005 por un acuartelamiento)., afiliado al Partido

 3 En el Sin.Po.Pe., por ejemplo, el secretario de Accidentes de Trabajo, Dr. Rubén Fernández, tiene entre sus tareas “gremiales” la de defender gratuitamente

Justicialista desde 1983 donde fue Delegado Departamental en 1984 y Congresal Nacional de la Juventud Peronista en 1985; fundador de APROPOL y de FASIPP, y su principal dirigente, apoyó explícitamente la candidatura a gobernador de Santa Fe de Hermes Binner en 2007, llamando a “la familia  policial” a votarlo en masa. En 2009, desencantado del gobierno del partido so cialista, fue candidato a senador nacional y obtuvo más de 36.000 votos en una alianza de su partido, Campo Popular, con el Partido Nacionalista Constitucional y MODIN. Durante la campaña se acercó al candidato del FPV,  Agustín Rossi. En 2011, el Partido Campo Popular intervino como parte del Frente Santa Para Todos (Partido Justicialista), con Martínez como candidato a diputado y Rossi a gobernador. Su lema de campaña es el mismo de APROPOL: “La inseguridad tiene solución”. 2 A fines de noviembre de 2013, en Olavarría, el sargento Juan Coria fusiló al trabajador de 33 años Jorge “Tito” Ortega, que amenazaba con suicidarse. Cuando, tras una fuerte movilización popular y la fuerte repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en Plaza de Mayo, el fiscal imputó al policía por homicidio calificado y lo mandó detener, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”, se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria s iguiera detenido. En poco más de 72 horas, el homicida fue liberado. Además del Sin.Po.Pe, manifestó  públicamente su satisfacción por el “triunfo” APROPOBA (Asociación Profesional de Policías de Buenos Aires).

a policías imputados judicialmente. Entre otros casos, representó a los policías que torturaron y mataron a Gastón Duffau en 2008 y a Fabián Gorosito en  2010, y es actualmente el defensor del comisario sario Alberto Veysandaz, preso por el doble fusilamiento fusilamiento de Javier Alarcón y Marcelo David Vivas, y la tentativa tentativa de homicidio de Marcelo Lúquez. 4 El Partido Obrero es cabal muestra de lo que señalamos. Mientras hay un video del ciclo “Altamira responde” en el que el dirigente afirma que hablar de sindicalización policial es una idea reaccionaria, Prensa Obrera publica notas con posiciones diferentes y hasta opuestas por el vértice. Por ejemplo: PO 01/03/2012, “Huelga policial en Misiones”; PO 19/07/2012, “Los K apoyan sindicalización ‘sui generis’ de la policía”; PO 11/10/2012: “Una crisis de Estado y los socialistas”; PO 11/10/2012, “La crisis de prefectos y gendarmes”; PO 19/12/2013: “Acerca de los sindicatos policiales”; PO 02/01/2014.  5 ADEPOL solía marchar en Rosario con una bandera en la que, junto a su denominación, se leía “No a la corrupción – No a la represión”. Pueden verse fotos en su web y su Facebook. No tenemos conocimiento de que policías santafesinos enrolados en ADEPOL alguna vez desobedecieran una orden de reprimir, o se abstuvieran de hacerlo sin orden expresa. Por el contrario, hace casi una década que la policía santafesina encabeza el “ranking” de mayor índice de muertes por gatillo fácil y torturas en relación a la población de la provincia en nuestro Archivo de Casos.

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1. Planteo del problema Hoy se discute con frecuencia, en el ámbito de la militancia popular, sobre los reiterados motines policiales y de gendarmes habidos en los últimos años. El núcleo del debate aparece vinculado al sostenido reclamo de buena parte de las fuerzas de seguridad por obtener el reconocimiento de sus agrupaciones como “sindicatos”, lo que trae aparejada la discusión respecto de si se trata de verdugos con los que no hay conciliación posible, o trabajadores cuya conciencia hay que ganar, con infinidad de posiciones y opiniones intermedias.   A pesar de que en muchos países, y también en Argentina (aunque aquí sin reconocimiento oficial de su “personería gremial”), los llamados “sindicatos” de policías, penitenciarios y otras fuerzas de seguridad existen hace décadas, y tienen una incidencia concreta en la política, el debate se plantea entre nosotros como si fuese una cuestión abstracta y a futuro. Por el contrario, nosotros entendemos que para hacer un análisis completo del tema es imprescindible revisar la real intervención de esas agrupaciones, al margen de la ausencia de reconocimiento legal, en

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las diferentes instancias que muestran, más allá de su discurso público, sus reales objetivos y funcionamiento.   En Argentina hace mucho más de una década que existen estas organizaciones de funcionarios del aparato represivo que se autodefinen como “sindicatos”. Desde los pioneros rosarinos que constituyeron APROPOL en junio de 2001, o los que confluyeron en la cámara de diputados bonaerenses en diciembre de 2001 para conformar FASIPP (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios), hasta los más recientes núcleos que se forman a diario a lo largo y ancho del país, son varias decenas los agrupamientos semejantes. Y como lo demuestra su intervención electoral en Rosario1, y lo ratifican las acciones en Olavarría a raíz del caso Ortega2, estos “sindicatos” tienen una agenda que excede, y en mucho, las meras reivindicaciones “laborales”. Basta recorrer sus declaraciones de principios, sus petitorios o simplemente los posteos en sus páginas web para advertir que lo que presentan como “asuntos gremiales” incluyen, en primera línea, la lisa y llana defensa de la función represiva que le es encomendada por el estado3.

 Por otra parte, son varios ya los “sindicatos” de policías y penitenciarios que se han incorporado, tras acuerdos de cúpula y sin que se discutiera debidamente el tema en las bases, a distintas centrales de trabajadores. El primer antecedente fue la incorporación de APROPOL al Movimiento Intersindical Clasista (MIC) de Rosario en el primer lustro del siglo XXI. Hoy, el Sin.Po.Pe. integra la CGT Moyano, y el SIPOBA la CTA Micheli, lo que indudablemente coloca este debate en lo bien concreto y actual, ya que, como sucedió, por ejemplo, en varias movilizaciones de la CTA de 2012 y 2013, junto a las columnas de trabajadores marchan los policías organizados.  Entonces, el “problema de la sindicalización policial” no importa una discusión despegada de la realidad y la praxis militante, respecto de si los gobiernos deben reconocer a su aparato represivo el derecho de agremiarse, o qué forma deben asumir esas agrupaciones (con o sin derecho de huelga; convocando a toda la fuerza o sólo los “subalternos” o “tropa”, etc.). En las actuales condiciones, el eje de este debate es si la clase trabajadora debe

reconocer a sus verdugos como traba jadores, como compañeros de lucha, y a esas organizaciones como sindicatos. Para quienes den una respuesta afirmativa, ello implicaría, necesariamente, darse la tarea de ingresar en las fuerzas, promover la agremiación, luchar por recuperar los “sindicatos” existentes que se caractericen como burocráticos y/o generar nuevos con los métodos de la clase obrera, y pelear por la obtención de la personería gremial.   Sin embargo, no es ésa la política que se dan quienes apoyan los “sindicatos” policiales. Salvo el caso del MST, que tuvo fuerte influencia en los inicios de APROPOL en la provincia de Santa Fe, e impulsó en 2005, a través de Eber Palermo y su hermano Roque, la fractura “por izquierda” que originó ADEPOL (Asociación Democrática de Policías y Penitenciarios), hoy casi inexistente, no conocemos otros casos en los que los militantes populares hayan ingresado a militar en esas agrupaciones, como sí lo hacen en sindicatos -reconocidos por el estado, o no- para ganar sus direcciones. Esto indica que, en los hechos, la militancia popular no los ve como trabajadores, ni a esas organizacio-

nes como organismos de masas en los cuales intervenir, ni sienten la necesidad de ganar sus direcciones.   Por ello, la propaganda de muchas organizaciones populares que sostienen la necesidad de sindicalizar a los represores no tiene como correlato una práctica consecuente con su discurso. Ello queda en evidencia en los artículos y opiniones, francamente contradictorios y hasta antagónicos, que muchas veces vemos sucesiva –y hasta simultáneamente- publicados en sus respectivas prensas. Así, pueden pasar de levantar la consigna de la sindicalización policial, con derecho de huelga, hasta decir que hablar de un sindicato policial es una idea reaccionaria4.  Finalmente, entendemos necesario insistir en que, para poder fundar adecuadamente una posición respecto de los “sindicatos” de policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios, la cuestión primaria y central es la de caracterizar claramente a esas fuerzas represivas. Sin ese paso previo no es posible, a nuestro criterio, sostener seriamente una posición.  Una correcta caracterización previa de las policías y demás fuerzas de seguridad permite, de manera coherente, arribar a una

igualmente correcta caracterización de los agrupamientos que ellos llaman “sindicatos”, sin quedar enredados en la apariencia del discurso y en invocaciones más o menos explícitas del lenguaje de los trabajadores y hasta de los revolucionarios5.  Nos parece también central, para no perder el rumbo en las discusiones, señalar la diferencia entre estos pretensos “sindicatos” y aquellos que dirige la burocracia sindical, alineada junto a los empresarios y los gobiernos en lo que denominamos la “triple alianza antiobrera”. Muchas veces, cuando mostramos ejemplos de las conductas y posiciones reaccionarias de los “sindicatos” policiales, se nos responde con ejemplos semejantes de la burocracia sindical, como el asesinato de Mariano Ferreyra y otras represiones a los trabajadores protagonizadas por las patotas dirigidas por la burocracia. Creemos que hay una diferencia esencial. En los sindicatos burocratizados, por caso la UOCRA de Gerardo Martínez o la UF de Pedraza -empresarios ellos mismos- el campo popular intenta desbancarlos, buscando dar a esos sindicatos con una dirección clasista que defienda los intereses de los trabajadores, en vez de traicionarlos.

1 Alberto Rubén Martínez, ex oficial auxiliar (20 años de servicio, exonerado de la santafesina en 2005 por un acuartelamiento)., afiliado al Partido

 3 En el Sin.Po.Pe., por ejemplo, el secretario de Accidentes de Trabajo, Dr. Rubén Fernández, tiene entre sus tareas “gremiales” la de defender gratuitamente

Justicialista desde 1983 donde fue Delegado Departamental en 1984 y Congresal Nacional de la Juventud Peronista en 1985; fundador de APROPOL y de FASIPP, y su principal dirigente, apoyó explícitamente la candidatura a gobernador de Santa Fe de Hermes Binner en 2007, llamando a “la familia  policial” a votarlo en masa. En 2009, desencantado del gobierno del partido so cialista, fue candidato a senador nacional y obtuvo más de 36.000 votos en una alianza de su partido, Campo Popular, con el Partido Nacionalista Constitucional y MODIN. Durante la campaña se acercó al candidato del FPV,  Agustín Rossi. En 2011, el Partido Campo Popular intervino como parte del Frente Santa Para Todos (Partido Justicialista), con Martínez como candidato a diputado y Rossi a gobernador. Su lema de campaña es el mismo de APROPOL: “La inseguridad tiene solución”. 2 A fines de noviembre de 2013, en Olavarría, el sargento Juan Coria fusiló al trabajador de 33 años Jorge “Tito” Ortega, que amenazaba con suicidarse. Cuando, tras una fuerte movilización popular y la fuerte repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en Plaza de Mayo, el fiscal imputó al policía por homicidio calificado y lo mandó detener, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”, se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria s iguiera detenido. En poco más de 72 horas, el homicida fue liberado. Además del Sin.Po.Pe, manifestó  públicamente su satisfacción por el “triunfo” APROPOBA (Asociación Profesional de Policías de Buenos Aires).

a policías imputados judicialmente. Entre otros casos, representó a los policías que torturaron y mataron a Gastón Duffau en 2008 y a Fabián Gorosito en  2010, y es actualmente el defensor del comisario sario Alberto Veysandaz, preso por el doble fusilamiento fusilamiento de Javier Alarcón y Marcelo David Vivas, y la tentativa tentativa de homicidio de Marcelo Lúquez. 4 El Partido Obrero es cabal muestra de lo que señalamos. Mientras hay un video del ciclo “Altamira responde” en el que el dirigente afirma que hablar de sindicalización policial es una idea reaccionaria, Prensa Obrera publica notas con posiciones diferentes y hasta opuestas por el vértice. Por ejemplo: PO 01/03/2012, “Huelga policial en Misiones”; PO 19/07/2012, “Los K apoyan sindicalización ‘sui generis’ de la policía”; PO 11/10/2012: “Una crisis de Estado y los socialistas”; PO 11/10/2012, “La crisis de prefectos y gendarmes”; PO 19/12/2013: “Acerca de los sindicatos policiales”; PO 02/01/2014.  5 ADEPOL solía marchar en Rosario con una bandera en la que, junto a su denominación, se leía “No a la corrupción – No a la represión”. Pueden verse fotos en su web y su Facebook. No tenemos conocimiento de que policías santafesinos enrolados en ADEPOL alguna vez desobedecieran una orden de reprimir, o se abstuvieran de hacerlo sin orden expresa. Por el contrario, hace casi una década que la policía santafesina encabeza el “ranking” de mayor índice de muertes por gatillo fácil y torturas en relación a la población de la provincia en nuestro Archivo de Casos.

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 No se busca “ganar” a los propios burócratas, sino recuperar cuerpos de delegados, comisiones internas, seccionales y sindicatos. Es que todos tenemos claro que no es lo mismo un burócrata sindical que un trabajador de su gremio, ni es lo mismo la estructura de la burocracia que una auténtica organización de los traba jadores de la construcción o ferroviarios. arios. Nuestro enemigo es el burócrata, no el trabajador de base que no ha logrado todavía adquirir conciencia de sí y para sí para enfrentarlo. La tarea de las organizaciones frente a esas situaciones es ganar a ese obrero, orientándolo para que dis-

tinga su hermano de clase de su enemigo irreconciliable.  No es ése el escenario frente a los represores organizados. El análisis de los “sindicatos” existentes muestra que algunos son dirigidos por oficiales jerárquicos, otros por suboficiales, otros por ambos. Algunos están en actividad, otros (los más) son retirados. Pero en ningún caso se distingue una “burocracia” que sojuzgue a la base inadvertida. Desde el agente al comisario general, todos comparten la defensa de “la fuerza”, se consideran parte de la “familia policial”, reclaman  jerarquizar zar su “elevada “elevada misión” misión” y,y, fundafunda-

mentalmente, consideran que su tarea es central para garantizar “el orden social”. Orden social, de más está decir, que es el de los explotadores, a costa de los explotados.  Por ello, la necesidad de realizar una caracterización, desde el punto de vista de clase, es para nosotros fundamental. No es posible admitir que sea irrelevante tal caracterización a la hora de determinar cuáles deben ser las tareas que deben desempeñar los luchadores con respecto a los policías

2. Algunos antecedentes antecedentes del panorama panorama internacionalynacional:  A fines del siglo XIX y principi os del XX ya había “sindicatos” policiales en formación. El primero que obtuvo reconocimiento oficial en 1912 es la actual Unión de Trabajadores Policiales de Australia Occidental.

Represión contra trabjadores y pacientes, hospital Borda, Abril d el 2013.

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 No se busca “ganar” a los propios burócratas, sino recuperar cuerpos de delegados, comisiones internas, seccionales y sindicatos. Es que todos tenemos claro que no es lo mismo un burócrata sindical que un trabajador de su gremio, ni es lo mismo la estructura de la burocracia que una auténtica organización de los traba jadores de la construcción o ferroviarios. arios. Nuestro enemigo es el burócrata, no el trabajador de base que no ha logrado todavía adquirir conciencia de sí y para sí para enfrentarlo. La tarea de las organizaciones frente a esas situaciones es ganar a ese obrero, orientándolo para que dis-

tinga su hermano de clase de su enemigo irreconciliable.  No es ése el escenario frente a los represores organizados. El análisis de los “sindicatos” existentes muestra que algunos son dirigidos por oficiales jerárquicos, otros por suboficiales, otros por ambos. Algunos están en actividad, otros (los más) son retirados. Pero en ningún caso se distingue una “burocracia” que sojuzgue a la base inadvertida. Desde el agente al comisario general, todos comparten la defensa de “la fuerza”, se consideran parte de la “familia policial”, reclaman  jerarquizar zar su “elevada “elevada misión” misión” y,y, fundafunda-

mentalmente, consideran que su tarea es central para garantizar “el orden social”. Orden social, de más está decir, que es el de los explotadores, a costa de los explotados.  Por ello, la necesidad de realizar una caracterización, desde el punto de vista de clase, es para nosotros fundamental. No es posible admitir que sea irrelevante tal caracterización a la hora de determinar cuáles deben ser las tareas que deben desempeñar los luchadores con respecto a los policías

2. Algunos antecedentes antecedentes del panorama panorama internacionalynacional:  A fines del siglo XIX y principi os del XX ya había “sindicatos” policiales en formación. El primero que obtuvo reconocimiento oficial en 1912 es la actual Unión de Trabajadores Policiales de Australia Occidental.

Represión contra trabjadores y pacientes, hospital Borda, Abril d el 2013.

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Hoy existen centenares de “sindicatos” policiales en el mundo, y son muchos los estados en los que se los reconoce formalmente, con variantes, en algunos casos, en relación al tipo de medidas de fuerza que legalmente pueden emplear. Pero no son pocos los países en los que se les reconoce ampliamente el “derecho de huelga”, sin que ello haya redundado en que dejen de ser policías orgullosos de su función.   Los hay por fuerza, regiones o provincias; hay federaciones nacionales, y hasta supranacionales, como en la Unión Europea. En América Latina, están autorizados legalmente a funcionar en Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador (lo restringe con sujeción a las regulaciones del Derecho Administrativo), Guatemala (restringe su participación en actividades políticas partidistas), República Dominicana (lo restringe con respecto a la huelga), mientras que están prohibidos en Colombia, Panamá y Perú, además de Argentina. Lo curioso es que las policías que cobran salarios más altos en toda America Latina (incluso antes de los fabulosos aumentos de diciembre pasado) son justamente la argentina y la colombiana.   La Confederación Europea de la Policía (EuroCOP) nuclea 35 sindicatos de 27 países del continente, que en conjunto representan a más de medio millón de funcionarios, desde policías de calle a gendarmes de frontera.   Con semejante peso, hay muchos ejemplos de cómo estas agrupaciones intervienen en cuestiones políticas y ejercen presión sobre los gobiernos que dependen de ellos

para imponer el control y disciplinamiento social, y hasta marcar el rumbo en políticas de estado.   Los sindicatos españoles, en particular el Sindicato Unificado de Policía (SUP), tienen una larga historia en ese sentido. Permanentemente exigen censura a los medios, cuestionando las noticias sobre hechos represivos (torturas en comisarías, fusilamientos, apaleamientos, etc.) que “agravian a la fuerza” y reclaman más herramientas para lidiar con los inmigrantes ilegales; pide más presupuesto, coordinación interfuerzas y cooperación internacional.  En 2003, por caso, el SUP y la Unión Federal de Policía de España lograr on una reforma legislativa que rebajó las penas para policías y eliminó varias figuras del régimen disciplinario. Sus estatutos prevén un seguro que abona el salario caído del policía suspendido por delitos cometidos en funciones, y un seguro de defensa penal, que supere “las deficiencias existentes en la defensa  jurí dica que se pres ta desde la  Admin istra ción , cuan do deba n comparecer ante un tribunal en calidad de denunciados como consecuencia de su actividad.” 

Reclaman legislación que permita acceder a datos de interés policial (bases de datos oficiales y privadas, empresas telefónicas, intervención de correspondencia, etc.), y cotidianamente coinciden con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en cuanto a la forma en que debe reprimirse al movimiento independentista vasco. Los distintos “sindicatos” españoles se han pronunciado hasta sobre política internacional, como en la polémica sobre la intervención en

territorio francés de la policía autonómica vasca6.  El 16 de agosto de 2010, la Confederación Española de Policía (CEP) instó al gobierno autonómico de Cataluña a que prohibiera un acto de homenaje en el barrio barcelonés de Gràcia a la colaboradora de ETA y presa política Laura Riera con motivo de su libertad tras 9 años de cárcel.   Recientemente, un fallo del Tribunal Europeo de DDHH ordenó a España dejar de utilizar la llamada Doctrina Parot, que permitía aplicar retroactivamente las leyes “antiterroristas” a los presos políticos, impedía la garantía de la doble instancia y bloqueaba la posibilidad de excarcelaciones. Cuando a raíz de esa condena internacional, un tribunal español debió excarc elar a la etarra Inés del Río, que ya había cumplido 12 años de prisión, el Sindicato Unificado de Policía emitió un comunicado en el que exigieron al PP y PSOE que “se quiten la careta y expliquen a la sociedad española en general y al conjunto de víctimas en particular los detalles de su pacto con los terroristas y hasta dónde están dispuestos a llegar” .

Convocaron a una movilización de repudio a la soltura de la presa política y el secretario general de la CEP (Confederación Española de Policía), Ignacio López, aseguró en declaraciones públicas que “aunque la sentencia del TEDH deja poco margen, el Ejecutivo  pued e util izar inge nie ría jurídica para alargar el proceso de excarcelación” . La UFP (Unión

Federal de Policías) señaló que las excarcelaciones son “actos de apología del terrorismo”, y reclamó al gobierno que apure la sanción de la

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Represión de la policía española en movilizacion contra el gobierno de Rajoy, Madrid, Septiembre 2012.

reforma del código penal que crea la “prisión permanente revisable”, que permite mantener sin plazos la prisión preventiva, para “evitar que etarras sanguinarios no arrepentidos puedan salir a la calle quebrando gravemente la convivencia y la seguridad de todos” .

 Pero los policías españoles organizados no sólo marcan el rumbo al gobierno en materia de “lucha antiterrorista”. La posesión de amplias facultades para la represión al conflicto social y la represión preventiva también los preocupa.  En septiembre de 2012, el tit ular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los indignados,

la infiltración y el uso de policías encapuchados.   A fines de 2013 y principios de 2014, a partir de graves casos de lesiones y muertes, se discutió en Cataluña una propuesta para prohibir que los Mossos d’Esquadra (policía autonómica) utilice unas escopetas que disparan pelotas de goma sobre los manifestantes. El SUP y la CEP han iniciado una campaña de defensa de estas armas, argumentando que “sin las pelotas de goma se dejará más indefenso a los mossos”. Respecto de la represión preventiva, en varios municipios la policía ha logrado que se modifique la “ley antibotellón” (“botellón” es la denominación ge-

nérica para las reuniones de jóvenes en la vía pública que consumen bebidas alcohólicas antes o en lugar de concurrir a lugares de baile y diversión), de manera que puedan aplicar multas y realizar arrestos sin necesidad de verificar previamente la presencia de alcohol en lo que los chicos estén tomando.

6 El 16/09/2009, el Sindicato Independiente de la Policía Vasca, Er.N.E., emitió un comunicado polemizando con el resto de los sindicatos policiales espa-

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ñoles, en el que reclama la incorporación de la Ertzaintza –policía autonómica- a la lucha contra ETA en suelo francés. Se quejan de que la policía francesa “no pone pegas, sino todo lo contrario” mientras el sindicato de la Policía Nacional española rechaza “la presencia de la Ertzaintza [en Francia] donde es imprescindible para la mejora en la lucha contra el terrorismo. Basta ya de escudarse en supuestos protocolos que lo único que realmente encubren es la obtención de información privilegiada para colgarse medallas”.

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Hoy existen centenares de “sindicatos” policiales en el mundo, y son muchos los estados en los que se los reconoce formalmente, con variantes, en algunos casos, en relación al tipo de medidas de fuerza que legalmente pueden emplear. Pero no son pocos los países en los que se les reconoce ampliamente el “derecho de huelga”, sin que ello haya redundado en que dejen de ser policías orgullosos de su función.   Los hay por fuerza, regiones o provincias; hay federaciones nacionales, y hasta supranacionales, como en la Unión Europea. En América Latina, están autorizados legalmente a funcionar en Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador (lo restringe con sujeción a las regulaciones del Derecho Administrativo), Guatemala (restringe su participación en actividades políticas partidistas), República Dominicana (lo restringe con respecto a la huelga), mientras que están prohibidos en Colombia, Panamá y Perú, además de Argentina. Lo curioso es que las policías que cobran salarios más altos en toda America Latina (incluso antes de los fabulosos aumentos de diciembre pasado) son justamente la argentina y la colombiana.   La Confederación Europea de la Policía (EuroCOP) nuclea 35 sindicatos de 27 países del continente, que en conjunto representan a más de medio millón de funcionarios, desde policías de calle a gendarmes de frontera.   Con semejante peso, hay muchos ejemplos de cómo estas agrupaciones intervienen en cuestiones políticas y ejercen presión sobre los gobiernos que dependen de ellos

para imponer el control y disciplinamiento social, y hasta marcar el rumbo en políticas de estado.   Los sindicatos españoles, en particular el Sindicato Unificado de Policía (SUP), tienen una larga historia en ese sentido. Permanentemente exigen censura a los medios, cuestionando las noticias sobre hechos represivos (torturas en comisarías, fusilamientos, apaleamientos, etc.) que “agravian a la fuerza” y reclaman más herramientas para lidiar con los inmigrantes ilegales; pide más presupuesto, coordinación interfuerzas y cooperación internacional.  En 2003, por caso, el SUP y la Unión Federal de Policía de España lograr on una reforma legislativa que rebajó las penas para policías y eliminó varias figuras del régimen disciplinario. Sus estatutos prevén un seguro que abona el salario caído del policía suspendido por delitos cometidos en funciones, y un seguro de defensa penal, que supere “las deficiencias existentes en la defensa  jurí dica que se pres ta desde la  Admin istra ción , cuan do deba n comparecer ante un tribunal en calidad de denunciados como consecuencia de su actividad.” 

Reclaman legislación que permita acceder a datos de interés policial (bases de datos oficiales y privadas, empresas telefónicas, intervención de correspondencia, etc.), y cotidianamente coinciden con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en cuanto a la forma en que debe reprimirse al movimiento independentista vasco. Los distintos “sindicatos” españoles se han pronunciado hasta sobre política internacional, como en la polémica sobre la intervención en

territorio francés de la policía autonómica vasca6.  El 16 de agosto de 2010, la Confederación Española de Policía (CEP) instó al gobierno autonómico de Cataluña a que prohibiera un acto de homenaje en el barrio barcelonés de Gràcia a la colaboradora de ETA y presa política Laura Riera con motivo de su libertad tras 9 años de cárcel.   Recientemente, un fallo del Tribunal Europeo de DDHH ordenó a España dejar de utilizar la llamada Doctrina Parot, que permitía aplicar retroactivamente las leyes “antiterroristas” a los presos políticos, impedía la garantía de la doble instancia y bloqueaba la posibilidad de excarcelaciones. Cuando a raíz de esa condena internacional, un tribunal español debió excarc elar a la etarra Inés del Río, que ya había cumplido 12 años de prisión, el Sindicato Unificado de Policía emitió un comunicado en el que exigieron al PP y PSOE que “se quiten la careta y expliquen a la sociedad española en general y al conjunto de víctimas en particular los detalles de su pacto con los terroristas y hasta dónde están dispuestos a llegar” .

Convocaron a una movilización de repudio a la soltura de la presa política y el secretario general de la CEP (Confederación Española de Policía), Ignacio López, aseguró en declaraciones públicas que “aunque la sentencia del TEDH deja poco margen, el Ejecutivo  pued e util izar inge nie ría jurídica para alargar el proceso de excarcelación” . La UFP (Unión

Federal de Policías) señaló que las excarcelaciones son “actos de apología del terrorismo”, y reclamó al gobierno que apure la sanción de la

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Represión de la policía española en movilizacion contra el gobierno de Rajoy, Madrid, Septiembre 2012.

reforma del código penal que crea la “prisión permanente revisable”, que permite mantener sin plazos la prisión preventiva, para “evitar que etarras sanguinarios no arrepentidos puedan salir a la calle quebrando gravemente la convivencia y la seguridad de todos” .

 Pero los policías españoles organizados no sólo marcan el rumbo al gobierno en materia de “lucha antiterrorista”. La posesión de amplias facultades para la represión al conflicto social y la represión preventiva también los preocupa.  En septiembre de 2012, el tit ular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los indignados,

la infiltración y el uso de policías encapuchados.   A fines de 2013 y principios de 2014, a partir de graves casos de lesiones y muertes, se discutió en Cataluña una propuesta para prohibir que los Mossos d’Esquadra (policía autonómica) utilice unas escopetas que disparan pelotas de goma sobre los manifestantes. El SUP y la CEP han iniciado una campaña de defensa de estas armas, argumentando que “sin las pelotas de goma se dejará más indefenso a los mossos”. Respecto de la represión preventiva, en varios municipios la policía ha logrado que se modifique la “ley antibotellón” (“botellón” es la denominación ge-

nérica para las reuniones de jóvenes en la vía pública que consumen bebidas alcohólicas antes o en lugar de concurrir a lugares de baile y diversión), de manera que puedan aplicar multas y realizar arrestos sin necesidad de verificar previamente la presencia de alcohol en lo que los chicos estén tomando.

6 El 16/09/2009, el Sindicato Independiente de la Policía Vasca, Er.N.E., emitió un comunicado polemizando con el resto de los sindicatos policiales espa-

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ñoles, en el que reclama la incorporación de la Ertzaintza –policía autonómica- a la lucha contra ETA en suelo francés. Se quejan de que la policía francesa “no pone pegas, sino todo lo contrario” mientras el sindicato de la Policía Nacional española rechaza “la presencia de la Ertzaintza [en Francia] donde es imprescindible para la mejora en la lucha contra el terrorismo. Basta ya de escudarse en supuestos protocolos que lo único que realmente encubren es la obtención de información privilegiada para colgarse medallas”.

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 Antec  An tecede edente ntess CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

La injerencia política de los “sindicatos” españoles llega al punto de que, en 2013, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) hicieron una rueda de prensa conjunta para recriminar que el gobierno concediera una condecoración (la Cruz al Mérito Policial) a quienes auxiliaron a los heridos en un gran accidente ferroviario, porque no se otorgó el mismo reconocimiento al personal policial que intervino.   En Alemania, el Sindicato de la Policía impuso al ministerio de Interior la forma en que debía manejarse la seguridad durante el Mundial de Fútbol 2006, asegurándose el cobro de horas extraordinarias de trabajo. En 2010, exigieron públicamente al gobierno la creación de cuerpos especiales de combate para enfrentar a los inmigrantes libaneses ilegales en sus barrios.   En Holanda, la Nederlandse Politiebond (sindicato de la policía) exigió que se incrementara la presencia policial en la calle para combatir “el incremento de la violencia, el crimen organizado y las tensiones sociales” . En Francia, durante la

rebelión juvenil en los barrios pobres desatada por el fusilamiento de dos  jóvenes de origen inm igrante, el s indicato policial reclamó al ministro del Interior que impusiera el toque de queda y ordenara la intervención del ejército.  En Portugal, el 20 de marzo de 2005 hubo una movilización policial reclamando que se permita a la policía “otro tipo de actuación cuando se trata de barrios problemáticos”, o sea, barrios pobres.   Los sindicatos policiales italianos (SAP, SIAP, SILP-CGIL, Rinnovamento Sindicale y SIULP) unánimemente repudiaron la investigación judicial por la represión policial durante el Foro Social de Génova, cuando fue asesinado el joven Carlo Giulianni, y reclamaron que las autoridades políticas se hicieran cargo de las órdenes que daban, en lugar de “mandarlos al frente”.

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  En octubre de 2012, cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer.   En EEUU, el sindicato de oficiales de policía de Filadelfia hizo una campaña contra la Junta Consultiva de la Policía, organismo de control interno de la fuerza, y logró que fuera desmantelada. La Orden Fraternal de Policía (OFP) fue definida por Human Rights Watch (que definitivamente no es una organización marxista, ni siquiera levemente de izquierda) como “con más influencia que el propio comisionado de policía, al punto que éste necesita su cooperación para poder despedir un funcionario”. Rodney Hunt, responsable de dos gatillos fáciles en 1990 y 1991, fue reincorporado al departamento con restitución de los salarios caídos, a pesar de que mató a dos hombres (uno con nueve tiros en la espalda) e hirió a una mujer por presión de su “police union”. La OFP hace campaña a favor de la ejecución de Mumia Abu-Jamal, periodista y activista político afroamericano estadounidense, acusado del asesinato de un policía y sentenciado a muerte en 1982, además de ser el núcleo del complot para su injusta condena. Cuando se iba a realizar un concierto de rock para recaudar fondos para Mumia, el presidente de la OFP amenazó “Cualquiera que vaya al con-

policía de Miami-Dade, defendió públicamente a los policías acusados de haber fusilado a dos hombres con antecedentes penales que huían en un auto, a los que dispararon después que bajaron del vehículo tras un choque.   En el Reino Unido de Gran Bretaña, la poderosa Metropolitan Police Federation hizo una activa defensa de los policías que fusilaron al traba jador brasil eño Jea n-Cha rles de Menezes en el subte en 2005 y al vendedor de periódicos Ian Tomlinson en 2009 durante una manifestación contra una reunión del G-20, igual que lo habían hecho en 1993 a favor de los asesinos del joven negro Stephen Lawrence. En todos los casos lograron garantizar la impunidad de sus “afiliados”. Volviendo a América, América, en la República del Uruguay son varios los sindicatos policiales que, además, son impulsados por el gobierno frenteamplista, y con mucho énfasis por el presidente “Pepe” Mujica, quien también plantea la sindicalización de las FFAA. Un dirigente del gremio oriental participó el 10 de noviembre de 2005 de una conferencia  junto al m inistr o del Interi or J osé E . Díaz. El “sindicalista” de uniforme comenzó su discurso diciendo que quería “felicitar al Señor Ministro del Interior en este suceso de la Ciudad Vieja de Montevideo, que fue en marco de la Ley y de la Constitución” , en referencia a la

represión ejercida contra la manifestación en repudio de la presencia del presidente yanqui Bush en la región, y en rechazo del ALCA, en la que hubo heridos y centenares de detenidos. El ministro Díaz devolvió la gentileza anunciando que en el presupuesto de cierto o que le de publicidad está ese año se preveía “un plan gradual

abogando por el asesinato de pode alguna manera privilegiado”  licías y así lo vamos a tratar”.

El 12 de diciembre de 2013, mientras Argentina se sacudía con las asonadas de las policías provinciales, John Rivera, presidente del sindicato de la

para las remuneraciones policiales.   En el vecino país hay, en total, unos 33.000 efectivos policiales. Se calcula que cerca del 30% de los efectivos

están organizados en 12 “sindicatos” diferentes, varios de los cuales, a s u vez, se agrupan en la CONASIP (Coordinadora de Sindicatos Policiales). A su vez, muchos están integrados a la central única de trabajadores uruguaya, PIT-CNT.   Los principales “sindicatos” policiales son el SIN.POL.UR.; el SUPU (Sindicato único de policías del Uruguay); la USIP (Unión de Sindicatos Policiales); el SIPOM (Sindicato policial de Montevideo); la CUP (Coordinadora uruguaya de policías); la ASPOCA (Asociación sindical de policías de Canelones); el Círculo policial del Uruguay, y hay otros gremios locales en Maldonado, Colonia, Paysandú y Lavalleja.   El caso uruguayo merece ser analizado, no sólo porque se trata de un ejemplo cercano a nuestro país, que se da en el marco del reconocimiento oficial de la personería gremial de estas agrupaciones, sino por el alto grado de naturalización de la mayoría del activismo gremial y de izquierda, con solitarias excepciones como la posición que nos remitiera ante nuestra consulta el “Tambero” Zabalza (ver recuadro).   Los “sindicatos” policiales argentinos funcionan en la misma línea que sus pares del resto del mundo. En muchos casos, sus objetivos quedan claros con solo leer sus propias Declaraciones de Principios o Estatutos.“La finalidad y propósito de APROPOBA es desarrollar una acción reivindicatoria y beneficiosa para los trabajadores policiales, sus familias, la  Policía  Polic ía dela Provinc Provincia ia de de Buenos Buenos AiAires y para toda la sociedad” , dice una

de las agrupaciones de la bonaerense, declarando sin disimulo que se nuclean en defensa y reivindicación de la fuerza policial. Luego agregan, quejosos: “Nadie nos defiende de los injustos ataques, nadie se ocupa de brindar una buena defensa en juicio de nuestros compañeros que en cumplimiento del deber se ven atrapados en los laberintos del derecho”.

“Los sindicatos policiales  juega  ju egan n un un pap papel el en es ese e  pllan represi  p sivo vo”  ” Jorge Zabalza

.

Jorge “El Tambero” Zabalza, uno de los líderes históricos del MLN Tupamaros, escribió este texto para responder la  pregunta que le h icimos, desde CORREP I, sobre su opin ión respecto de los “sindicatos” policiales en Uruguay.  Le agradecemos que nos permitiera pub licarlo: La policía ha sido militarizada y ha crecido en salarios, en materiales: patrulleros, carros de combate, chalecos, entrenamiento, armas… Usan balas de goma, que dicen que no son letales pero matan. Hay otra inversión que pasa desapercibida porque no es tan evidente, que es la del material y entrenamiento de las fuerzas armadas, y el monstruoso crecimiento de los salarios de los altos oficiales. Hay un pacto entre el gobierno de Mujica y las fuerzas armadas para el silencio y la impunidad, todos los días se denuncian casos de brutalidad policial en los barrios carenciados, tropas uruguayas en Haití defendiendo un gobierno “duvalierista” y en la República Democrática del Congo (RDC) al servicio de las corporaciones transnacionales. La política del “equipo represivo” del gabinete de Mujica (integrando por ex-guerrilleros) está orientada a preparar y aceitar el aparato policíaco militar hacia la vigilancia, control y represión del movimiento popular, previendo que en algún momento sobrevengan protestas sociales de carácter masivo. Los sindicatos policiales juegan un papel en ese plan represivo. No denuncian las graves violaciones a los derechos humanos en las comisarías y cárceles, donde se tortura y asesina bajo gobierno progresista; no denuncian los abusos policiales ni el “gatillo fácil” ni las leyes que lo promueven y amparan; mantiene silencio frente a la impunidad de los criminales de lesa humanidad y no ha movido un dedo para investigar los crímenes. No acompañan las luchas reivindicativas del resto de los trabajadores estatales, sino que colocan las vallas para proteger los edificios públicos y los defienden con gases y balas de goma. ¿Por qué el sindicato policial no toma una posición de clase? ¿Por qué no hacen paros solidarios con otros trabajadores en lucha y se niegan, por ejemplo, a desalojar una fábrica ocupada o a reprimir un piquete sindical? ¿Por qué no se oponen a quienes abusan y maltratan a los pibes en las esquinas y plazas? Contribuyen a la confusión general, a que pase desapercibido desapercibid o el papel real de la policía en la sociedad de clases. Contribuyen a ocultar de la vista del pueblo el plan represivo del gobierno. La sindicalización de policías y soldados en una sociedad de clases es parte de la alienación y manipulación de la subjetividad. No integran la clase oprimida, integran el aparato que vigila, controla y reprime la lucha por la emancipación social de los asalariados. Entre la obediencia a las órdenes superiores y la solidaridad de clase, el sindicato de policía siempre se disciplina a la línea de mando policial.

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 Antec  An tecede edente ntess CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

La injerencia política de los “sindicatos” españoles llega al punto de que, en 2013, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) hicieron una rueda de prensa conjunta para recriminar que el gobierno concediera una condecoración (la Cruz al Mérito Policial) a quienes auxiliaron a los heridos en un gran accidente ferroviario, porque no se otorgó el mismo reconocimiento al personal policial que intervino.   En Alemania, el Sindicato de la Policía impuso al ministerio de Interior la forma en que debía manejarse la seguridad durante el Mundial de Fútbol 2006, asegurándose el cobro de horas extraordinarias de trabajo. En 2010, exigieron públicamente al gobierno la creación de cuerpos especiales de combate para enfrentar a los inmigrantes libaneses ilegales en sus barrios.   En Holanda, la Nederlandse Politiebond (sindicato de la policía) exigió que se incrementara la presencia policial en la calle para combatir “el incremento de la violencia, el crimen organizado y las tensiones sociales” . En Francia, durante la

rebelión juvenil en los barrios pobres desatada por el fusilamiento de dos  jóvenes de origen inm igrante, el s indicato policial reclamó al ministro del Interior que impusiera el toque de queda y ordenara la intervención del ejército.  En Portugal, el 20 de marzo de 2005 hubo una movilización policial reclamando que se permita a la policía “otro tipo de actuación cuando se trata de barrios problemáticos”, o sea, barrios pobres.   Los sindicatos policiales italianos (SAP, SIAP, SILP-CGIL, Rinnovamento Sindicale y SIULP) unánimemente repudiaron la investigación judicial por la represión policial durante el Foro Social de Génova, cuando fue asesinado el joven Carlo Giulianni, y reclamaron que las autoridades políticas se hicieran cargo de las órdenes que daban, en lugar de “mandarlos al frente”.

  En octubre de 2012, cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer.   En EEUU, el sindicato de oficiales de policía de Filadelfia hizo una campaña contra la Junta Consultiva de la Policía, organismo de control interno de la fuerza, y logró que fuera desmantelada. La Orden Fraternal de Policía (OFP) fue definida por Human Rights Watch (que definitivamente no es una organización marxista, ni siquiera levemente de izquierda) como “con más influencia que el propio comisionado de policía, al punto que éste necesita su cooperación para poder despedir un funcionario”. Rodney Hunt, responsable de dos gatillos fáciles en 1990 y 1991, fue reincorporado al departamento con restitución de los salarios caídos, a pesar de que mató a dos hombres (uno con nueve tiros en la espalda) e hirió a una mujer por presión de su “police union”. La OFP hace campaña a favor de la ejecución de Mumia Abu-Jamal, periodista y activista político afroamericano estadounidense, acusado del asesinato de un policía y sentenciado a muerte en 1982, además de ser el núcleo del complot para su injusta condena. Cuando se iba a realizar un concierto de rock para recaudar fondos para Mumia, el presidente de la OFP amenazó “Cualquiera que vaya al con-

policía de Miami-Dade, defendió públicamente a los policías acusados de haber fusilado a dos hombres con antecedentes penales que huían en un auto, a los que dispararon después que bajaron del vehículo tras un choque.   En el Reino Unido de Gran Bretaña, la poderosa Metropolitan Police Federation hizo una activa defensa de los policías que fusilaron al traba jador brasil eño Jea n-Cha rles de Menezes en el subte en 2005 y al vendedor de periódicos Ian Tomlinson en 2009 durante una manifestación contra una reunión del G-20, igual que lo habían hecho en 1993 a favor de los asesinos del joven negro Stephen Lawrence. En todos los casos lograron garantizar la impunidad de sus “afiliados”. Volviendo a América, América, en la República del Uruguay son varios los sindicatos policiales que, además, son impulsados por el gobierno frenteamplista, y con mucho énfasis por el presidente “Pepe” Mujica, quien también plantea la sindicalización de las FFAA. Un dirigente del gremio oriental participó el 10 de noviembre de 2005 de una conferencia  junto al m inistr o del Interi or J osé E . Díaz. El “sindicalista” de uniforme comenzó su discurso diciendo que quería “felicitar al Señor Ministro del Interior en este suceso de la Ciudad Vieja de Montevideo, que fue en marco de la Ley y de la Constitución” , en referencia a la

represión ejercida contra la manifestación en repudio de la presencia del presidente yanqui Bush en la región, y en rechazo del ALCA, en la que hubo heridos y centenares de detenidos. El ministro Díaz devolvió la gentileza anunciando que en el presupuesto de cierto o que le de publicidad está ese año se preveía “un plan gradual

abogando por el asesinato de pode alguna manera privilegiado”  licías y así lo vamos a tratar”.

El 12 de diciembre de 2013, mientras Argentina se sacudía con las asonadas de las policías provinciales, John Rivera, presidente del sindicato de la

para las remuneraciones policiales.   En el vecino país hay, en total, unos 33.000 efectivos policiales. Se calcula que cerca del 30% de los efectivos

están organizados en 12 “sindicatos” diferentes, varios de los cuales, a s u vez, se agrupan en la CONASIP (Coordinadora de Sindicatos Policiales). A su vez, muchos están integrados a la central única de trabajadores uruguaya, PIT-CNT.   Los principales “sindicatos” policiales son el SIN.POL.UR.; el SUPU (Sindicato único de policías del Uruguay); la USIP (Unión de Sindicatos Policiales); el SIPOM (Sindicato policial de Montevideo); la CUP (Coordinadora uruguaya de policías); la ASPOCA (Asociación sindical de policías de Canelones); el Círculo policial del Uruguay, y hay otros gremios locales en Maldonado, Colonia, Paysandú y Lavalleja.   El caso uruguayo merece ser analizado, no sólo porque se trata de un ejemplo cercano a nuestro país, que se da en el marco del reconocimiento oficial de la personería gremial de estas agrupaciones, sino por el alto grado de naturalización de la mayoría del activismo gremial y de izquierda, con solitarias excepciones como la posición que nos remitiera ante nuestra consulta el “Tambero” Zabalza (ver recuadro).   Los “sindicatos” policiales argentinos funcionan en la misma línea que sus pares del resto del mundo. En muchos casos, sus objetivos quedan claros con solo leer sus propias Declaraciones de Principios o Estatutos.“La finalidad y propósito de APROPOBA es desarrollar una acción reivindicatoria y beneficiosa para los trabajadores policiales, sus familias, la  Policía  Polic ía dela Provinc Provincia ia de de Buenos Buenos AiAires y para toda la sociedad” , dice una

de las agrupaciones de la bonaerense, declarando sin disimulo que se nuclean en defensa y reivindicación de la fuerza policial. Luego agregan, quejosos: “Nadie nos defiende de los injustos ataques, nadie se ocupa de brindar una buena defensa en juicio de nuestros compañeros que en cumplimiento del deber se ven atrapados en los laberintos del derecho”.

“Los sindicatos policiales  juega  ju egan n un un pap papel el en es ese e  pllan represi  p sivo vo”  ” Jorge Zabalza

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Jorge “El Tambero” Zabalza, uno de los líderes históricos del MLN Tupamaros, escribió este texto para responder la  pregunta que le h icimos, desde CORREP I, sobre su opin ión respecto de los “sindicatos” policiales en Uruguay.  Le agradecemos que nos permitiera pub licarlo: La policía ha sido militarizada y ha crecido en salarios, en materiales: patrulleros, carros de combate, chalecos, entrenamiento, armas… Usan balas de goma, que dicen que no son letales pero matan. Hay otra inversión que pasa desapercibida porque no es tan evidente, que es la del material y entrenamiento de las fuerzas armadas, y el monstruoso crecimiento de los salarios de los altos oficiales. Hay un pacto entre el gobierno de Mujica y las fuerzas armadas para el silencio y la impunidad, todos los días se denuncian casos de brutalidad policial en los barrios carenciados, tropas uruguayas en Haití defendiendo un gobierno “duvalierista” y en la República Democrática del Congo (RDC) al servicio de las corporaciones transnacionales. La política del “equipo represivo” del gabinete de Mujica (integrando por ex-guerrilleros) está orientada a preparar y aceitar el aparato policíaco militar hacia la vigilancia, control y represión del movimiento popular, previendo que en algún momento sobrevengan protestas sociales de carácter masivo. Los sindicatos policiales juegan un papel en ese plan represivo. No denuncian las graves violaciones a los derechos humanos en las comisarías y cárceles, donde se tortura y asesina bajo gobierno progresista; no denuncian los abusos policiales ni el “gatillo fácil” ni las leyes que lo promueven y amparan; mantiene silencio frente a la impunidad de los criminales de lesa humanidad y no ha movido un dedo para investigar los crímenes. No acompañan las luchas reivindicativas del resto de los trabajadores estatales, sino que colocan las vallas para proteger los edificios públicos y los defienden con gases y balas de goma. ¿Por qué el sindicato policial no toma una posición de clase? ¿Por qué no hacen paros solidarios con otros trabajadores en lucha y se niegan, por ejemplo, a desalojar una fábrica ocupada o a reprimir un piquete sindical? ¿Por qué no se oponen a quienes abusan y maltratan a los pibes en las esquinas y plazas? Contribuyen a la confusión general, a que pase desapercibido desapercibid o el papel real de la policía en la sociedad de clases. Contribuyen a ocultar de la vista del pueblo el plan represivo del gobierno. La sindicalización de policías y soldados en una sociedad de clases es parte de la alienación y manipulación de la subjetividad. No integran la clase oprimida, integran el aparato que vigila, controla y reprime la lucha por la emancipación social de los asalariados. Entre la obediencia a las órdenes superiores y la solidaridad de clase, el sindicato de policía siempre se disciplina a la línea de mando policial.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Con la misma lógica de defensa de los intereses de la burguesía, el Sindicato del Personal Superior de la Policía Federal Argentina emitió un comunicado en diciembre de 2001 defendiendo lo actuado por sus hombres en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre, y APROPOL exige “la participación de los trabajadores policiales en el diseño de políticas, planes y demás instrumentos que tengan relación con la seguridad pública” . No les

alcanza con reprimir, también quieren que sus jefes los escuchen sobre cómo hacerlo mejor.  El oficial ayudante Alberto Rubén Martínez, secretario general de APROPOL, declaró hace unos años a los medios santafesinos: “Mientras los ladrones entran por una puerta y salen  por la otra se nos somete a sanciones administrativas con privación de la libertad”. El comisario José  Daniel Aste escribió en la web de  APROPOBA: “esta necesidad de agremiarnos y defendernos, se debe a que nosotros (…) somos los que con las manos atadas, vemos como los delincuentes ganaron la calle, que ante cualquier procedimiento, primero las autoridades judiciales atienden los derechos del delincuente y observan el accionar  policial, para establecer si cometieron un error, y así crucificarlo  para siempre, sin derecho a defensa porque ya son juzgados desde el  principio, con la gran presión que ejercen aquellos que parecieran enemigos de la Institución Policial. Cualquier grupo de inadaptados sociales cortan rutas, paran medios de transportes, toman edificios de empresas privadas, edificios públicos etc., nos insultan, gol pean, escupitan en nuestro rostro, logrando con esas medidas de fuer-

zas ilegales y violentas, múltiples cazar mulitas, portando una mochila y beneficios. (…) No podemos sopor- una pala chica. Fueron interceptados llevados a la sede de la Patrulla Rural, dontar más tantas humillaciones.” 

 El secretario de organización de APRO- de, esposados, los sometieron a golpes POBA, Miguel Angel Reynoso, opina: con guantes de boxeo y submarino seco, “¿Dónde están las pomposam pomposamente ente los rociaron con gas pimienta y amenadenominadas “entidades de dere- zaron a uno con cortarle el dedo con una chos humanos”, que únicamente tenaza si no confesaban el robo de seis vemos actuar cuando se trata de ruedas de camión. enlodar las instituciones, cometer En ocasión del V Congreso Nacional de delitos o percibir subvenciones, o la FASIPP y el IV Congreso Latinoamericuando consideran que a sus igua- cano de Federaciones de Sindicatos Poles ideológicos pueden habérseles liciales, el 10 de junio de 2011, en San violado tales garantías, pero disi- Justo, el secretario general de APROPOL, mulan mirando hacia otro costado Martínez, declaró a la agencia de noticuando los afectados no les intere- cias (y servicios) SEPRIN, a contrapelo san? Hipócritas, mil veces hipócri- de la comprobada facilidad con que se excarcelan uniformados en los procesos tas, no existe otra definición” .  El 20 de agosto de 2006, el diario La por homicidios y torturas: “Hoy los deCapital de Mar del Plata publicó que lincuentes entran por una puerta y “Integrantes de entidades que nuclean a policías y ex integrantes del cuerpo realizaron una concentración frente al edificio de Tribunales, para solicitar la puesta en libertad y el desprocesam desprocesamiento iento del teniente primero de la Policía Bonaerense César Giménez, que permanece detenido imputado de dar muerte a un menor de edad.” 

salen por la otra. En cambio, cuando se trata de un policía, ante la duda, queda preso” .

Estos pocos y desordenados ejemplos de la forma de intervención y de los reclamos de los llamados “sindicatos” policiales, a los que sería fatigoso sumar las múltiples oportunidades en que hemos confrontado con ellos en casos represivos concretos7, alcanzan para poner en  En mayo de 2012, en el sitio web de la contexto el debate FASIPP se leía la siguiente convocatoria: “Después de conocerse el fallo condenatorio a los policías que prestaban servicio en la Patrulla Rural de Rauch, por “Privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y omisión de denuncias”, el lunes se realizará una concentración en el veredón Municipal, con movilización al Palacio de Tribunales, para  pedir que se revea la condena dis puesta por por el Juez Héctor Héctor Torrens”. Torrens”.

El hecho que motivó leves condenas de 3 a 5 años de prisión ocurrió el 25 de mayo de 2010, cuando dos pobladores de Rauch sin empleo estable salieron a

 3. Sobre las posicio  3. ion nes de algunas organizaciones organizaciones del campo popular popular.. Son numerosos y variados los argumentos que se utilizan para sostener que hay que apoyar la sindicalización policial y que hay que intervenir políticamente, desde el campo popular, en los aparatos represivos permanentes del estado.  En muchos casos se han invocado nombres de revolucionarios del pasado, como Marx, Engels, Lenin y Trotsky, o resoluciones de la Internacional Comunista anteriores a fines de 1923, para reforzar posiciones que, a nuestro criterio, constituyen una tergiversación de su pensamiento y posiciones.  Así, para decir que los policías son trabajadores y tropa, se ha tenido que simplificar el contenido de lo que son las clases sociales, se ha tenido que confundir a los aparatos represivos  permanentes  perma nentes con las tropas tropas de los ejércitos ejércitos conformad conformados os por obreros y campesinos y, además, se han tenido que generalizar  y simplifi simplificar car las las condici condiciones ones en en que estos último últimoss pueden pueden quequebrarse y pasarse del lado del pueblo, entre muchas otros planteos reduccionistas.   A continuación reseñamos los principales argumentos esgrimidos, agrupados por su contenido, independientemente de qué sector los plantee.

7 Durante los juicios a los asesinos de Damián Salcedo (Morón), Gustavo Mareco (San Martín) y David Vera Pinto (San Isidro), hubo nutrida presencia en

los tribunales (dentro y fuera de las salas de audiencia) de U.PO.FI. (Unión de Policías Falsamente Incriminados), una asociación civil cuyo nacimiento, en 2009, fue reseñado así en la página de APROPOL: “Es una Asociación Civil sin fines de lucro, cuya misión es prestar asistencia jurídica gratuita, como así apoyo y contención a los camaradas, que a raíz de un hecho cometido dentro del marco de sus funciones, se encuentran falsamente incriminados de la comisión de un delito por o rganizaciones como CORREPI”.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Con la misma lógica de defensa de los intereses de la burguesía, el Sindicato del Personal Superior de la Policía Federal Argentina emitió un comunicado en diciembre de 2001 defendiendo lo actuado por sus hombres en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre, y APROPOL exige “la participación de los trabajadores policiales en el diseño de políticas, planes y demás instrumentos que tengan relación con la seguridad pública” . No les

alcanza con reprimir, también quieren que sus jefes los escuchen sobre cómo hacerlo mejor.  El oficial ayudante Alberto Rubén Martínez, secretario general de APROPOL, declaró hace unos años a los medios santafesinos: “Mientras los ladrones entran por una puerta y salen  por la otra se nos somete a sanciones administrativas con privación de la libertad”. El comisario José  Daniel Aste escribió en la web de  APROPOBA: “esta necesidad de agremiarnos y defendernos, se debe a que nosotros (…) somos los que con las manos atadas, vemos como los delincuentes ganaron la calle, que ante cualquier procedimiento, primero las autoridades judiciales atienden los derechos del delincuente y observan el accionar  policial, para establecer si cometieron un error, y así crucificarlo  para siempre, sin derecho a defensa porque ya son juzgados desde el  principio, con la gran presión que ejercen aquellos que parecieran enemigos de la Institución Policial. Cualquier grupo de inadaptados sociales cortan rutas, paran medios de transportes, toman edificios de empresas privadas, edificios públicos etc., nos insultan, gol pean, escupitan en nuestro rostro, logrando con esas medidas de fuer-

zas ilegales y violentas, múltiples cazar mulitas, portando una mochila y beneficios. (…) No podemos sopor- una pala chica. Fueron interceptados llevados a la sede de la Patrulla Rural, dontar más tantas humillaciones.” 

 El secretario de organización de APRO- de, esposados, los sometieron a golpes POBA, Miguel Angel Reynoso, opina: con guantes de boxeo y submarino seco, “¿Dónde están las pomposam pomposamente ente los rociaron con gas pimienta y amenadenominadas “entidades de dere- zaron a uno con cortarle el dedo con una chos humanos”, que únicamente tenaza si no confesaban el robo de seis vemos actuar cuando se trata de ruedas de camión. enlodar las instituciones, cometer En ocasión del V Congreso Nacional de delitos o percibir subvenciones, o la FASIPP y el IV Congreso Latinoamericuando consideran que a sus igua- cano de Federaciones de Sindicatos Poles ideológicos pueden habérseles liciales, el 10 de junio de 2011, en San violado tales garantías, pero disi- Justo, el secretario general de APROPOL, mulan mirando hacia otro costado Martínez, declaró a la agencia de noticuando los afectados no les intere- cias (y servicios) SEPRIN, a contrapelo san? Hipócritas, mil veces hipócri- de la comprobada facilidad con que se excarcelan uniformados en los procesos tas, no existe otra definición” .  El 20 de agosto de 2006, el diario La por homicidios y torturas: “Hoy los deCapital de Mar del Plata publicó que lincuentes entran por una puerta y “Integrantes de entidades que nuclean a policías y ex integrantes del cuerpo realizaron una concentración frente al edificio de Tribunales, para solicitar la puesta en libertad y el desprocesam desprocesamiento iento del teniente primero de la Policía Bonaerense César Giménez, que permanece detenido imputado de dar muerte a un menor de edad.” 

salen por la otra. En cambio, cuando se trata de un policía, ante la duda, queda preso” .

Estos pocos y desordenados ejemplos de la forma de intervención y de los reclamos de los llamados “sindicatos” policiales, a los que sería fatigoso sumar las múltiples oportunidades en que hemos confrontado con ellos en casos represivos concretos7, alcanzan para poner en  En mayo de 2012, en el sitio web de la contexto el debate FASIPP se leía la siguiente convocatoria: “Después de conocerse el fallo condenatorio a los policías que prestaban servicio en la Patrulla Rural de Rauch, por “Privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y omisión de denuncias”, el lunes se realizará una concentración en el veredón Municipal, con movilización al Palacio de Tribunales, para  pedir que se revea la condena dis puesta por por el Juez Héctor Héctor Torrens”. Torrens”.

El hecho que motivó leves condenas de 3 a 5 años de prisión ocurrió el 25 de mayo de 2010, cuando dos pobladores de Rauch sin empleo estable salieron a

 3. Sobre las posicio  3. ion nes de algunas organizaciones organizaciones del campo popular popular.. Son numerosos y variados los argumentos que se utilizan para sostener que hay que apoyar la sindicalización policial y que hay que intervenir políticamente, desde el campo popular, en los aparatos represivos permanentes del estado.  En muchos casos se han invocado nombres de revolucionarios del pasado, como Marx, Engels, Lenin y Trotsky, o resoluciones de la Internacional Comunista anteriores a fines de 1923, para reforzar posiciones que, a nuestro criterio, constituyen una tergiversación de su pensamiento y posiciones.  Así, para decir que los policías son trabajadores y tropa, se ha tenido que simplificar el contenido de lo que son las clases sociales, se ha tenido que confundir a los aparatos represivos  permanentes  perma nentes con las tropas tropas de los ejércitos ejércitos conformad conformados os por obreros y campesinos y, además, se han tenido que generalizar  y simplifi simplificar car las las condici condiciones ones en en que estos último últimoss pueden pueden quequebrarse y pasarse del lado del pueblo, entre muchas otros planteos reduccionistas.   A continuación reseñamos los principales argumentos esgrimidos, agrupados por su contenido, independientemente de qué sector los plantee.

7 Durante los juicios a los asesinos de Damián Salcedo (Morón), Gustavo Mareco (San Martín) y David Vera Pinto (San Isidro), hubo nutrida presencia en

los tribunales (dentro y fuera de las salas de audiencia) de U.PO.FI. (Unión de Policías Falsamente Incriminados), una asociación civil cuyo nacimiento, en 2009, fue reseñado así en la página de APROPOL: “Es una Asociación Civil sin fines de lucro, cuya misión es prestar asistencia jurídica gratuita, como así apoyo y contención a los camaradas, que a raíz de un hecho cometido dentro del marco de sus funciones, se encuentran falsamente incriminados de la comisión de un delito por o rganizaciones como CORREPI”.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

a) Los policías son trabajadore trabajadores, s, tienen derecho a sindicalizars sindicalizarse. e. Sobre la base de la simplificación de lo que es una clase social, y su composición, hay muchos que sostienen que los policías son trabajadores porque provienen, en su mayoría, de dicha clase y porque, al carecer de medios de producción, deben vender su fuerza de trabajo. Algunos sostienen que es precientífico, idealista, o premarxista, determinar la pertenencia a una clase social por la función que se cumple o por la dirección que la clase dominante le imprime a la actividad que desarrollan.  Por ejemplo, la organización cultural Razón y Revolución, en un comunicado que emitió en octubre de 2012, con motivo de la asonada de gendarmes y prefectos, sostuvo que CORREPI “atrasa en el análisis social” por sostener que la función tiene relación con la naturaleza de clase de los represores8.  Ahora bien, ¿es correcto el argumento de RyR? ¿Es cierto que revolucionarios como Marx, Engels, Lenin o Trotsky tenían ese concepto de lo que es una clase social?  Nosotros entendemos que se trata de una desnaturalización de un pensamiento mucho más complejo y que la noción de clase social tiene más determinaciones que la señalada, que llega al extremo de hablar de “policías obreros”.   Cuando Lenin, por ejemplo, explicaba qué era una clase social, no se limitaba a la relación con los medios de producción sino que, también, tenía en cuenta otros criterios. Decía que las clases sociales “… son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras  por el lugar lugar que ocupan ocupan en un sistesistema de producción social históricamente determinado, por su relación (en la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley) con los medios

de producción, por su papel en la organización social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Las clases son grupos de  personas, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un sistema de economía social determinado” 9.

 En nada se diferencia esa posición de la que sostenía Marx en El Capital, para quien las tareas de supervisión y dirección del trabajo, en tanto se originaran en el carácter antagónico de la relación capital-trabajo, correspondían al capitalista. Incluso se refería al capitalista operante, “no propietario del capital con que opera” 10. Esto es, capitalista por su función.  Es que no es lo mismo explotar que ser explotado. Aquí la función, para Marx, ocupa un lugar central para determinar la pertenencia a una clase. Lo mismo que sostiene Marx respecto de las tareas de supervisión y dirección, en tanto son consecuencia de los antagonismos de clase, puede decirse de la actividad represiva estatal.  Por otra parte, la burguesía no imprime una dirección represora a la actividad de la policía, como podría imprimirle una dirección de otro tipo, porque para ello debería prescindir de la represión. Simplemente no puede hacerlo, porque la represión es inherente al sistema capitalista, que de otro modo no se sostiene.  La represión del estado burgués tiene su fundamento en el antagonismo que existe entre la relación capital y trabajo. Es producto y evidencia de ese anta-

gonismo. Los aparatos permanentes de la represión son uno de sus rasgos más característicos.  El concepto de clase social no tiene por base exclusiva los criterios laborales (si se percibe un salario o se tiene un patrón), sino que incluye aspectos sociales y políticos, entre los que destaca el papel que se desempeña en la organización social del trabajo y los intereses que se defienden. Así, Así, miembros de los aparatos represivos permanentes del estado burgués se oponen a la clase obrera porque su oficio o función consiste en someterla y dominarla. El capitalista los elige, los forma y utiliza para defender sus intereses y garantizar la opresión.

 En su novela,  Levantad  Levantado o del Suelo, Saramago dice que el policía “Es un  perro elegido entre entre los perros para morder a los perros. Conviene que sea perro para conocer las mañas y defensas de los perros” .

 Como tan claramente lo explicaba Trotsky, “el obrero, convertido en  policía al servicio del estado ca pitalista,, es un policía burgués y  pitalista no un obrero” 11. Es en esa línea que

CORREPI sostiene que, independientemente de su origen o de las motivaciones individuales para sumarse a la fuerza, el policía, el gendarme, el prefecto o el penitenciario son desclasados, nunca trabajadores

8 “Decir, como la Correpi, Rolando Astarita, el PTS o el MAS, que la función hace a la “naturaleza” de clase es hacer retroceder el análisis social a una etapa  pre-marxista.”. El Aromo, RyR, octubre de 2012. T.V., Buenos Aires, Cartago, 1974, p. 479. 10 Ver en particular, Marx, Karl, El Capital : El proceso global de 9 Lenin, Una gran iniciativa, en Obras Escogidas, T.V., la producción capitalista, T.III, v. 7, Siglo XXI, 1977, pp. 486, 493-94 y 497. 10 Ver en particular, Marx, Karl, El Capital : El proceso global de la producción capitalista, T.III, v. 7, Siglo XXI, 1977, pp. 486, 493-94 y 497. 11 Trotsky, Escritos sobre Alemania, enero de 1932.

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b)El po poli licí cía a, co como tr traba bajjad ador ores esttata tall, no no es es dis isti tin ntode un un do doce cen nte ounju jud dic iciial. En una variante de la anterior tesis, se suele igualar a los policías con otros trabajadores estatales, como los docentes y los empleados judiciales12. Así, se dice que un docente reprime a los alumnos desde un punto de vista ideológico, ignorando, en ese planteo, que la educación es parte de las condiciones de vida de la clase trabajadora, además de obedecer a una necesidad de valorización del capital.  Por otra parte, se confunde el consenso con la coerción, igualándolas y no estableciendo jerarquizaciones. Un trabajador puede emanciparse de una educación burguesa y puede adoptar ideas revolucionarias. De un hecho represivo (un disparo en la cabeza), un trabajador no se puede emancipar. Por otra parte, el efecto de terror que produce en la subjetividad la represión es muy distinto al de la enseñanza escolar.  Algo parecido se sostiene con respecto a los empleados judiciales. Sin embargo, un empleado judicial no hace lo mismo que un juez, mientras que el policía de más bajo rango tiene la misma tarea que el comisario, y la ejerce a diario: reprimir mediante el armamento que le brinda el estado capitalista.  Un empleado judicial, apenas entra a trabajar, empieza llevando expedientes y atendiendo la mesa de entradas. Si tiene algo de suerte, y contactos, podrá ascender en la carrera judicial y tener mayores responsabilidades. Sin embargo, para acceder a los cargos de los funcionarios judiciales, no le bastará con su capacidad y conocimientos, sino que tendrá que obtener

y acceder a determinados acuerdos políticos. Al policía se le entrega el arma reglamentaria apenas sale de la academia.  También se ignora, con estas simplificaciones, que el único poder que es inherente al estado capitalista, que es esencial, es el poder ejecutivo, de quien dependen las fuerzas represivas en todo el mundo. La forma en la que se dictan las leyes, y se las aplica, varía, en cambio, en todos los países y, en cada país, dependiendo del régimen político imperante en determinado momento, así como de sus eventuales gobiernos. Mientras que la función represiva es esencial para el estado capitalista, no es posible decir lo mismo de la función judicial o legislativa, que dan revestimiento formal y legitimidad a esas funciones. Llegado el caso, la clase capitalista puede prescindir de todo elemento encubridor y legitimante, puede prescindir de los jueces y los legisladores, y aplicar la violencia desnuda, o crear otras instancias de legitimación diferentes.  Sin embargo, jamás podrá prescindir de esa violencia organizada como policía, gendarmería, prefectura o ejército regular.  Es decir, la división de poderes nada tiene de consustancial con el estado burgués. De hecho, hasta los dogmáticos del derecho, ideólogos de la burguesía por excelencia, reconocen que la división de poderes es en realidad una división de funciones del poder estatal, que es único13. Finalmente, no es menor en este punto recordar que los pliegos de

reivindicaciones que presentan las fuerzas de seguridad en sus asonadas incluyen reclamos de más presupuesto y recursos para reprimir y exigen cobertura legal cuando son  juzgad os “por hechos del servici o”, y los “principios” declarados de sus organizaciones pretendidamente gremiales, contienen sistemáticamente la defensa de la institución a la que pertenecen y de la función que tienen asignada sin beneficio de inventario.   Ninguna unión de trabajadores encabeza su declaración de principios enunciando la defensa irrestricta a su empleadora y señalando que es su objetivo es “...desarrollar una acción reivindicatoria y beneficiosa” para ella, como sí lo hace, por caso, APROPOBA en referencia a la policía de la provincia de Buenos Aires, así como ninguna huelga obrera tendría como reclamo que la patronal invierta en más maquinarias para optimizar su tasa de ganancias.   En los agitados días de diciembre de 2013, la nota ya citada de RyR se afirma: “No es cierto, como dice el  PTS o CORREPI, que se reclame “impunidad” para el “gatillo fácil”. En ningún petitorio aparece nada que remita a ese reclamo. Sólo encontramos un solo punto en uno de los petitorios de la  policía de Misiones , que solicita mayor poder para la policía en los procedimientos que llevan a cabo. En todo caso, se debatirá el apoyo al reclamo en esa provincia. Pero estamos hablando de un levantamiento nacional. Hay otros 22 pliegos” . Es verdad que

el pliego misionero lo dice con todas

13 “El poder del estado como capacidad o energía para cumplir su fin es ‘uno’ solo, con ‘pluralidad’ de funciones y actividades. Lo que se divide no es el poder, sino

las funciones y los órganos que las cumplen. Cuando el derecho constitucional habla de ‘poderes’ –en plural- quiere mentar los ‘órganos institución’ con sus respectivas competencias.” (Bidart Campos, Germán, “Tratado elemental de derecho constitucional argentino”, Tº II, Buenos Aires, Ediar, 1993, p. 17).

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a) Los policías son trabajadore trabajadores, s, tienen derecho a sindicalizars sindicalizarse. e. Sobre la base de la simplificación de lo que es una clase social, y su composición, hay muchos que sostienen que los policías son trabajadores porque provienen, en su mayoría, de dicha clase y porque, al carecer de medios de producción, deben vender su fuerza de trabajo. Algunos sostienen que es precientífico, idealista, o premarxista, determinar la pertenencia a una clase social por la función que se cumple o por la dirección que la clase dominante le imprime a la actividad que desarrollan.  Por ejemplo, la organización cultural Razón y Revolución, en un comunicado que emitió en octubre de 2012, con motivo de la asonada de gendarmes y prefectos, sostuvo que CORREPI “atrasa en el análisis social” por sostener que la función tiene relación con la naturaleza de clase de los represores8.  Ahora bien, ¿es correcto el argumento de RyR? ¿Es cierto que revolucionarios como Marx, Engels, Lenin o Trotsky tenían ese concepto de lo que es una clase social?  Nosotros entendemos que se trata de una desnaturalización de un pensamiento mucho más complejo y que la noción de clase social tiene más determinaciones que la señalada, que llega al extremo de hablar de “policías obreros”.   Cuando Lenin, por ejemplo, explicaba qué era una clase social, no se limitaba a la relación con los medios de producción sino que, también, tenía en cuenta otros criterios. Decía que las clases sociales “… son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras  por el lugar lugar que ocupan ocupan en un sistesistema de producción social históricamente determinado, por su relación (en la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley) con los medios

de producción, por su papel en la organización social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Las clases son grupos de  personas, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un sistema de economía social determinado” 9.

 En nada se diferencia esa posición de la que sostenía Marx en El Capital, para quien las tareas de supervisión y dirección del trabajo, en tanto se originaran en el carácter antagónico de la relación capital-trabajo, correspondían al capitalista. Incluso se refería al capitalista operante, “no propietario del capital con que opera” 10. Esto es, capitalista por su función.  Es que no es lo mismo explotar que ser explotado. Aquí la función, para Marx, ocupa un lugar central para determinar la pertenencia a una clase. Lo mismo que sostiene Marx respecto de las tareas de supervisión y dirección, en tanto son consecuencia de los antagonismos de clase, puede decirse de la actividad represiva estatal.  Por otra parte, la burguesía no imprime una dirección represora a la actividad de la policía, como podría imprimirle una dirección de otro tipo, porque para ello debería prescindir de la represión. Simplemente no puede hacerlo, porque la represión es inherente al sistema capitalista, que de otro modo no se sostiene.  La represión del estado burgués tiene su fundamento en el antagonismo que existe entre la relación capital y trabajo. Es producto y evidencia de ese anta-

gonismo. Los aparatos permanentes de la represión son uno de sus rasgos más característicos.  El concepto de clase social no tiene por base exclusiva los criterios laborales (si se percibe un salario o se tiene un patrón), sino que incluye aspectos sociales y políticos, entre los que destaca el papel que se desempeña en la organización social del trabajo y los intereses que se defienden. Así, Así, miembros de los aparatos represivos permanentes del estado burgués se oponen a la clase obrera porque su oficio o función consiste en someterla y dominarla. El capitalista los elige, los forma y utiliza para defender sus intereses y garantizar la opresión.

 En su novela,  Levantad  Levantado o del Suelo, Saramago dice que el policía “Es un  perro elegido entre entre los perros para morder a los perros. Conviene que sea perro para conocer las mañas y defensas de los perros” .

 Como tan claramente lo explicaba Trotsky, “el obrero, convertido en  policía al servicio del estado ca pitalista,, es un policía burgués y  pitalista no un obrero” 11. Es en esa línea que

CORREPI sostiene que, independientemente de su origen o de las motivaciones individuales para sumarse a la fuerza, el policía, el gendarme, el prefecto o el penitenciario son desclasados, nunca trabajadores

8 “Decir, como la Correpi, Rolando Astarita, el PTS o el MAS, que la función hace a la “naturaleza” de clase es hacer retroceder el análisis social a una etapa  pre-marxista.”. El Aromo, RyR, octubre de 2012. T.V., Buenos Aires, Cartago, 1974, p. 479. 10 Ver en particular, Marx, Karl, El Capital : El proceso global de 9 Lenin, Una gran iniciativa, en Obras Escogidas, T.V., la producción capitalista, T.III, v. 7, Siglo XXI, 1977, pp. 486, 493-94 y 497. 10 Ver en particular, Marx, Karl, El Capital : El proceso global de la producción capitalista, T.III, v. 7, Siglo XXI, 1977, pp. 486, 493-94 y 497. 11 Trotsky, Escritos sobre Alemania, enero de 1932.

b)El po poli licí cía a, co como tr traba bajjad ador ores esttata tall, no no es es dis isti tin ntode un un do doce cen nte ounju jud dic iciial. En una variante de la anterior tesis, se suele igualar a los policías con otros trabajadores estatales, como los docentes y los empleados judiciales12. Así, se dice que un docente reprime a los alumnos desde un punto de vista ideológico, ignorando, en ese planteo, que la educación es parte de las condiciones de vida de la clase trabajadora, además de obedecer a una necesidad de valorización del capital.  Por otra parte, se confunde el consenso con la coerción, igualándolas y no estableciendo jerarquizaciones. Un trabajador puede emanciparse de una educación burguesa y puede adoptar ideas revolucionarias. De un hecho represivo (un disparo en la cabeza), un trabajador no se puede emancipar. Por otra parte, el efecto de terror que produce en la subjetividad la represión es muy distinto al de la enseñanza escolar.  Algo parecido se sostiene con respecto a los empleados judiciales. Sin embargo, un empleado judicial no hace lo mismo que un juez, mientras que el policía de más bajo rango tiene la misma tarea que el comisario, y la ejerce a diario: reprimir mediante el armamento que le brinda el estado capitalista.  Un empleado judicial, apenas entra a trabajar, empieza llevando expedientes y atendiendo la mesa de entradas. Si tiene algo de suerte, y contactos, podrá ascender en la carrera judicial y tener mayores responsabilidades. Sin embargo, para acceder a los cargos de los funcionarios judiciales, no le bastará con su capacidad y conocimientos, sino que tendrá que obtener

y acceder a determinados acuerdos políticos. Al policía se le entrega el arma reglamentaria apenas sale de la academia.  También se ignora, con estas simplificaciones, que el único poder que es inherente al estado capitalista, que es esencial, es el poder ejecutivo, de quien dependen las fuerzas represivas en todo el mundo. La forma en la que se dictan las leyes, y se las aplica, varía, en cambio, en todos los países y, en cada país, dependiendo del régimen político imperante en determinado momento, así como de sus eventuales gobiernos. Mientras que la función represiva es esencial para el estado capitalista, no es posible decir lo mismo de la función judicial o legislativa, que dan revestimiento formal y legitimidad a esas funciones. Llegado el caso, la clase capitalista puede prescindir de todo elemento encubridor y legitimante, puede prescindir de los jueces y los legisladores, y aplicar la violencia desnuda, o crear otras instancias de legitimación diferentes.  Sin embargo, jamás podrá prescindir de esa violencia organizada como policía, gendarmería, prefectura o ejército regular.  Es decir, la división de poderes nada tiene de consustancial con el estado burgués. De hecho, hasta los dogmáticos del derecho, ideólogos de la burguesía por excelencia, reconocen que la división de poderes es en realidad una división de funciones del poder estatal, que es único13. Finalmente, no es menor en este punto recordar que los pliegos de

reivindicaciones que presentan las fuerzas de seguridad en sus asonadas incluyen reclamos de más presupuesto y recursos para reprimir y exigen cobertura legal cuando son  juzgad os “por hechos del servici o”, y los “principios” declarados de sus organizaciones pretendidamente gremiales, contienen sistemáticamente la defensa de la institución a la que pertenecen y de la función que tienen asignada sin beneficio de inventario.   Ninguna unión de trabajadores encabeza su declaración de principios enunciando la defensa irrestricta a su empleadora y señalando que es su objetivo es “...desarrollar una acción reivindicatoria y beneficiosa” para ella, como sí lo hace, por caso, APROPOBA en referencia a la policía de la provincia de Buenos Aires, así como ninguna huelga obrera tendría como reclamo que la patronal invierta en más maquinarias para optimizar su tasa de ganancias.   En los agitados días de diciembre de 2013, la nota ya citada de RyR se afirma: “No es cierto, como dice el  PTS o CORREPI, que se reclame “impunidad” para el “gatillo fácil”. En ningún petitorio aparece nada que remita a ese reclamo. Sólo encontramos un solo punto en uno de los petitorios de la  policía de Misiones , que solicita mayor poder para la policía en los procedimientos que llevan a cabo. En todo caso, se debatirá el apoyo al reclamo en esa provincia. Pero estamos hablando de un levantamiento nacional. Hay otros 22 pliegos” . Es verdad que

el pliego misionero lo dice con todas

13 “El poder del estado como capacidad o energía para cumplir su fin es ‘uno’ solo, con ‘pluralidad’ de funciones y actividades. Lo que se divide no es el poder, sino

las funciones y los órganos que las cumplen. Cuando el derecho constitucional habla de ‘poderes’ –en plural- quiere mentar los ‘órganos institución’ con sus respectivas competencias.” (Bidart Campos, Germán, “Tratado elemental de derecho constitucional argentino”, Tº II, Buenos Aires, Ediar, 1993, p. 17).

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

c) Si el policía de bajo rango enfrenta a sus superiores y se rompe la cadena de mando se pasará del lado del pueblo.

Represión a docentes de Santa Cruz, Buenos Aires, Junio del 2011.

las letras, lo que lo hace indiscutible hasta para RyR que apoya las asonadas policiales en todo el país pero discutirá si lo extiende a Misiones. Naturalmente las agrupaciones con más experiencia, como las santafesinas o bonaerenses y las federales, han aprendido a expresarse con un lenguaje que resulte menos chocante. Ya no dicen, como lo consignaba la policía mendocina en el punto 5 de su motín de febrero de 2009, “5. Que el

de más argumentación.   El Secretario General de APROPOL, después de señalar que el pliego de reclamos es extenso y excede la cuestión sindical, lo sintetizó así: “esca-

so número y calidad de material  y provisione s, escasa capacitación, falta de garantías para desempeñar la difícil misión y de reconocimiento en términos generales terminan por ahuyentar cada vez mas rápido esa místigobierno no hable mal de la poli- ca de ‘servidores públicos’ que cía en forma genérica” , ni escriben debemos mantener para la alta “Que nos dejen fusilar y torturar misión que asumimos” 14 . No hace impunemente” . Esos otros 22 plie- falta explicar qué significa lo de “fal-

gos contienen reclamos de asistencia “psicológica y técnica” frente a “accidentes de trabajo”. En palabras de los 14 puntos cordobeses, “Tratamiento post-estrés por accidentes labora les”. Si los compañeros recorrieran las páginas web de APROPOBA, APROPOL, SIN.PO.PE., SIPOBA o cualquiera del medio centenar de “sindicatos” policiales, descubrirían que, para la policía, acá y en el mundo, un muerto por el gatillo fácil o la tortura es un “accidente laboral”, y la “asistencia técnica” o “legal” que se reclama no es otra cosa que la defensa institucionalmente garantizada frente a una eventual imputación penal. El ejemplo ya mencionado del SIN.PO.PE., cuyo secretario de Accidentes de Trabajo es el abogado encargado de defender policías asesinos y torturadores exime

ta de garantías” y “falta de reconocimiento” para desempeñar la “alta y difícil misión” asumida. Tampoco es necesario un curso especializado para detectar que “escaso número de material y provisiones” no refiere a la papelería y la pizza, sino a las armas, las municiones y demás pertrechos para reprimir.  En la misma línea, durante el VII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, celebrado en Formosa el 5 y 6 de septiembre de 2012, el secretario general de APROPOBA, Miguel Ángel Reynoso, enumeró en su discurso los 8 puntos que calificó de centrales y comunes para todos los policías y penitenciarios del país. El punto 4, textualmente dice: “4º) Insistir en la ne-

14 http://www.apropol.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8182&Itemid=174

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cesidad de un marco legal acorde a los riesgos del tipo de trabajo que nos ocupa, el cual contenga el res paldo necesari necesario o para el cabal cumcum plimiento  plimie nto de la función”  función” . Marco legal

acorde con la impunidad y respaldo que no es otra cosa que defensa cerrada en caso de ser “injustamente incriminados por actos de servicio”, como dice UPOFI.  El quinto punto es igual de claro, al menos para quienes lidiamos a diario con las estrategias de defensa policial: “5º) Insistir para que los gobiernos distritales se avengan a protocolarizar la actuación policial mediante manuales de utilización obligatoria, protegiendo a los compañeros de los resultados adversos de una actuación donde solamente debió utilizar su propia inventiva” . Se refiere a

la habitual conducta de los jueces, que, cuando se ven obligados por las circunstancias a condenar, se esfuerzan por deslindar la responsabilidad institucional, imputando los hechos como actos individuales de ese policía en particular. El reclamo es que lo que constituye conducta general de la fuerza sea explícitamente reconocido así en las normas, que, por el contrario, dicen cosas como que “el uso del arma de fuego es la ultima ratio”

Es muy frecuente el argumento de que la “sindicalización” operaría como motor de la conciencia de los policías de baja jerarquía, que aprenderían a defender sus derechos enfrentando a sus superiores  jerárquicos, y de ese modo se volverían más proclives a respetar los derechos de los “demás trabajadores”, a los que habitualmente reprimen. Con variantes, según este argumento sea desarrollado desde la izquierda o el progresismo, en general lo que se plantea es que la profundización de la lucha de clases al interior de la fuerza (o la conciencia de sus derechos, según la versión), quebraría la cadena de mandos y generaría un masivo vuelco de la tropa hacia la defensa de los trabajadores y el pueblo.  En muchos casos, el argumento surge a partir de igualar las características de los ejércitos de leva forzosa, con tropa compuesta por obreros y campesinos, con el aparato represivo estatal permanente permanente.. A los policías de bajo rango los equiparan con la tropa de aquellos ejércitos, y sostienen que un reclamo salarial puede hacer que se rompan el espíritu de cuerpo y el respeto por la jerarquía.  Aquí también se suele invocar a revolucionarios como Lenin, o citar alguno de los primeros cuatro congresos de la Internacional Comunista para reforzar la

posición. Sin embargo, también termi-  Trotsky directamente sostenía que los policías no podían ser ganados para la nan cayendo en la tergiversación.   En revolucionarios como Lenin, la di- causa revolucionaria, sino que no queposibilidad que azotarlos o ferencia entre el aparato represivo per- daba otra 17 manente del estado y la tropa obrera y matarlos . Esta posición la sostuvo por campesina que es obligada a enlistarse, años. En otro texto, mientras planteaba es clarísima, y no es posible ignorarla. la necesidad de otorgar derechos políticos a los soldados obreros y campesinos,  Puede ser fatigoso recurrir a las citas planteaba la disolución de las policías18. pero, cuando se las utiliza como argu-  Tan impopulares eran los policías y genmento de autoridad, para luego tergi- darmes rusos que, luego del triunfo de versarlas, es importante rastrear su ver- la revolución de Octubre, cuando ya hadadero significado, poniéndolas en su bían pasado a ser ex-miembros de una contexto histórico. fuerza disuelta, se les seguía impidien La posición de Lenin, y de la Internacio- do votar en los soviets, igualándolos, en nal Comunista en vida de éste, siempre este punto, con los burgueses19. fue la de efectuar esa clara diferencia- Hoy, algunos pretenden que estos repreción. Lenin planteaba la disolución del sores participen dentro de las organizaejército regular o permanente15 y la ne- ciones obreras. ¿Pensarán también que cesidad de una tarea de propaganda y deben participar en asambleas de trabaagitación entre los obreros y campesinos  jadores donde se van a votar planes de obligados a enlistarse. Incluso sostenía lucha o se va a organizar la autodefensa que no era posible descansar en la propaganda y en la agitación para ganarse obrera contra la represión estatal?  En lo que respecta a la utilización de cia las tropas, sino que además debería tas de la Internacional Comunista, tamdarse, llegado el momento, una lucha fíbién se ha tergiversado el significado de sica por hacerlas vacilar para que pasen 20 del lado del pueblo, llegando al punto, sus resoluciones . Es evidente que no es posible confundir un ejército de masas, de ser necesario, de exterminar a quienes estuvieren al mando de aquéllas16. compuesto por cientos de miles de obreEs decir, planteaba una política de con- ros y campesinos obligados a enlistarse frontación contra los miembros del apa- (la tropa, en sentido estricto, a la que rato represivo permanente del estado. hay que ganar), con los miembros que se

15 Lenin, “Las fuerzas armadas y la revolución”, en Obras Completas, Tomo X, Cartago, Buenos Aires, 1960, p. 49.; “Ejército y pueblo”, en Obras Completas, T.  XI, 2 ed. corr. corr. y aum., Buenos Aires, Aires, Cartago,1969, p. 87.En su texto clásico, clásico, “El Estado y la Revolución”, Revolución”, Lenin hace hace mención a los cuerpos armados armados especiales. 16 Lenin, “Las enseñanzas de la insurrección de Moscú”, en Obras Completas, 2ª ed. corr. y aum., T. XI, Cartago, Buenos Aires, 1969, 1969, pp. 179-181.  “Entretanto, el desarme de los ‘faraones’ se convierte en la divisa general. Los gendarmes son el enemigo cruel, irreconciliable, able, odiado. No hay ni que pensar 17  “Entretanto, en ganarlos para la causa. No hay más remedio que azotarlos o matarlos. El ejército ya es otra cosa. “Historia de la revolución rusa”, capítulo VII, “Cinco días”, en www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/hi sts.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/cap_07.htm. strev/tomo1/cap_07.htm. 18 “10. Disolución de la policía, derechos políticos para los soldados. El gobierno arrebata centenares de millones de francos a los pobres, a los explotados, a gente de todas las condiciones para desarrollar y armar a su policía, sus gardes mobiles y su ejército; en otras palabras, no sólo para desarrollar la guerra civil, sino también para preparar la guerra imperialista. Los jóvenes obreros movilizados por centenares de miles en las fuerzas armadas de tierra y mar están desprovistos de todos sus derechos. Exigimos la destitución de los oficiales y suboficiales reaccionarios y fascistas, instrumentos del golpe de estado. Por otra  parte, los obreros obreros bajo las armas armas deberán conservar conservar todos sus derechos derechos políticos y estarán estarán representados porcomités de soldados, soldados, elegidos en asambleas asambleas especiales. De esta manera se conservarán en contacto con la gran masa de los trabajadores, y unirán sus fuerzas con las del pueblo, organizado y armado contra la reacción y el fascismo. Todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras. Abolición de los tribunales de clase, elección de todos los jueces, extensión del juicio por  jurado atodos los crímenes crímenes y delitos menores: menores: el pueblo se hará hará justicia a sí mismo.” smo.” León Trotsky, Unprograma de de acción paraFrancia,La Verité, té, junio de1934. comerciantes y 19 “Quedaban excluidos del derecho a voto: los que emplean fuerza de trabajo para obtener beneficio; las personas que viven de plusvalías; comerciantes agentes privados de negocios; empresarios de comunidades comunidades religiosas; ex-miembros de la policía y de la gendarmería; la antigua dinastía reinante; los deficientes mentales; los sordomudos; y todos los condenados por delitos menores mezquinos e indignos.”, John Reed, “Los soviets en acción”.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

c) Si el policía de bajo rango enfrenta a sus superiores y se rompe la cadena de mando se pasará del lado del pueblo.

Represión a docentes de Santa Cruz, Buenos Aires, Junio del 2011.

las letras, lo que lo hace indiscutible hasta para RyR que apoya las asonadas policiales en todo el país pero discutirá si lo extiende a Misiones. Naturalmente las agrupaciones con más experiencia, como las santafesinas o bonaerenses y las federales, han aprendido a expresarse con un lenguaje que resulte menos chocante. Ya no dicen, como lo consignaba la policía mendocina en el punto 5 de su motín de febrero de 2009, “5. Que el

de más argumentación.   El Secretario General de APROPOL, después de señalar que el pliego de reclamos es extenso y excede la cuestión sindical, lo sintetizó así: “esca-

so número y calidad de material  y provisione s, escasa capacitación, falta de garantías para desempeñar la difícil misión y de reconocimiento en términos generales terminan por ahuyentar cada vez mas rápido esa místigobierno no hable mal de la poli- ca de ‘servidores públicos’ que cía en forma genérica” , ni escriben debemos mantener para la alta “Que nos dejen fusilar y torturar misión que asumimos” 14 . No hace impunemente” . Esos otros 22 plie- falta explicar qué significa lo de “fal-

gos contienen reclamos de asistencia “psicológica y técnica” frente a “accidentes de trabajo”. En palabras de los 14 puntos cordobeses, “Tratamiento post-estrés por accidentes labora les”. Si los compañeros recorrieran las páginas web de APROPOBA, APROPOL, SIN.PO.PE., SIPOBA o cualquiera del medio centenar de “sindicatos” policiales, descubrirían que, para la policía, acá y en el mundo, un muerto por el gatillo fácil o la tortura es un “accidente laboral”, y la “asistencia técnica” o “legal” que se reclama no es otra cosa que la defensa institucionalmente garantizada frente a una eventual imputación penal. El ejemplo ya mencionado del SIN.PO.PE., cuyo secretario de Accidentes de Trabajo es el abogado encargado de defender policías asesinos y torturadores exime

ta de garantías” y “falta de reconocimiento” para desempeñar la “alta y difícil misión” asumida. Tampoco es necesario un curso especializado para detectar que “escaso número de material y provisiones” no refiere a la papelería y la pizza, sino a las armas, las municiones y demás pertrechos para reprimir.  En la misma línea, durante el VII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, celebrado en Formosa el 5 y 6 de septiembre de 2012, el secretario general de APROPOBA, Miguel Ángel Reynoso, enumeró en su discurso los 8 puntos que calificó de centrales y comunes para todos los policías y penitenciarios del país. El punto 4, textualmente dice: “4º) Insistir en la ne-

cesidad de un marco legal acorde a los riesgos del tipo de trabajo que nos ocupa, el cual contenga el res paldo necesari necesario o para el cabal cumcum plimiento  plimie nto de la función”  función” . Marco legal

acorde con la impunidad y respaldo que no es otra cosa que defensa cerrada en caso de ser “injustamente incriminados por actos de servicio”, como dice UPOFI.  El quinto punto es igual de claro, al menos para quienes lidiamos a diario con las estrategias de defensa policial: “5º) Insistir para que los gobiernos distritales se avengan a protocolarizar la actuación policial mediante manuales de utilización obligatoria, protegiendo a los compañeros de los resultados adversos de una actuación donde solamente debió utilizar su propia inventiva” . Se refiere a

la habitual conducta de los jueces, que, cuando se ven obligados por las circunstancias a condenar, se esfuerzan por deslindar la responsabilidad institucional, imputando los hechos como actos individuales de ese policía en particular. El reclamo es que lo que constituye conducta general de la fuerza sea explícitamente reconocido así en las normas, que, por el contrario, dicen cosas como que “el uso del arma de fuego es la ultima ratio”

14 http://www.apropol.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8182&Itemid=174

Es muy frecuente el argumento de que la “sindicalización” operaría como motor de la conciencia de los policías de baja jerarquía, que aprenderían a defender sus derechos enfrentando a sus superiores  jerárquicos, y de ese modo se volverían más proclives a respetar los derechos de los “demás trabajadores”, a los que habitualmente reprimen. Con variantes, según este argumento sea desarrollado desde la izquierda o el progresismo, en general lo que se plantea es que la profundización de la lucha de clases al interior de la fuerza (o la conciencia de sus derechos, según la versión), quebraría la cadena de mandos y generaría un masivo vuelco de la tropa hacia la defensa de los trabajadores y el pueblo.  En muchos casos, el argumento surge a partir de igualar las características de los ejércitos de leva forzosa, con tropa compuesta por obreros y campesinos, con el aparato represivo estatal permanente permanente.. A los policías de bajo rango los equiparan con la tropa de aquellos ejércitos, y sostienen que un reclamo salarial puede hacer que se rompan el espíritu de cuerpo y el respeto por la jerarquía.  Aquí también se suele invocar a revolucionarios como Lenin, o citar alguno de los primeros cuatro congresos de la Internacional Comunista para reforzar la

posición. Sin embargo, también termi-  Trotsky directamente sostenía que los policías no podían ser ganados para la nan cayendo en la tergiversación.   En revolucionarios como Lenin, la di- causa revolucionaria, sino que no queposibilidad que azotarlos o ferencia entre el aparato represivo per- daba otra 17 manente del estado y la tropa obrera y matarlos . Esta posición la sostuvo por campesina que es obligada a enlistarse, años. En otro texto, mientras planteaba es clarísima, y no es posible ignorarla. la necesidad de otorgar derechos políticos a los soldados obreros y campesinos,  Puede ser fatigoso recurrir a las citas planteaba la disolución de las policías18. pero, cuando se las utiliza como argu-  Tan impopulares eran los policías y genmento de autoridad, para luego tergi- darmes rusos que, luego del triunfo de versarlas, es importante rastrear su ver- la revolución de Octubre, cuando ya hadadero significado, poniéndolas en su bían pasado a ser ex-miembros de una contexto histórico. fuerza disuelta, se les seguía impidien La posición de Lenin, y de la Internacio- do votar en los soviets, igualándolos, en nal Comunista en vida de éste, siempre este punto, con los burgueses19. fue la de efectuar esa clara diferencia- Hoy, algunos pretenden que estos repreción. Lenin planteaba la disolución del sores participen dentro de las organizaejército regular o permanente15 y la ne- ciones obreras. ¿Pensarán también que cesidad de una tarea de propaganda y deben participar en asambleas de trabaagitación entre los obreros y campesinos  jadores donde se van a votar planes de obligados a enlistarse. Incluso sostenía lucha o se va a organizar la autodefensa que no era posible descansar en la propaganda y en la agitación para ganarse obrera contra la represión estatal?  En lo que respecta a la utilización de cia las tropas, sino que además debería tas de la Internacional Comunista, tamdarse, llegado el momento, una lucha fíbién se ha tergiversado el significado de sica por hacerlas vacilar para que pasen 20 del lado del pueblo, llegando al punto, sus resoluciones . Es evidente que no es posible confundir un ejército de masas, de ser necesario, de exterminar a quienes estuvieren al mando de aquéllas16. compuesto por cientos de miles de obreEs decir, planteaba una política de con- ros y campesinos obligados a enlistarse frontación contra los miembros del apa- (la tropa, en sentido estricto, a la que rato represivo permanente del estado. hay que ganar), con los miembros que se

15 Lenin, “Las fuerzas armadas y la revolución”, en Obras Completas, Tomo X, Cartago, Buenos Aires, 1960, p. 49.; “Ejército y pueblo”, en Obras Completas, T.  XI, 2 ed. corr. corr. y aum., Buenos Aires, Aires, Cartago,1969, p. 87.En su texto clásico, clásico, “El Estado y la Revolución”, Revolución”, Lenin hace hace mención a los cuerpos armados armados especiales. 16 Lenin, “Las enseñanzas de la insurrección de Moscú”, en Obras Completas, 2ª ed. corr. y aum., T. XI, Cartago, Buenos Aires, 1969, 1969, pp. 179-181.  “Entretanto, el desarme de los ‘faraones’ se convierte en la divisa general. Los gendarmes son el enemigo cruel, irreconciliable, able, odiado. No hay ni que pensar 17  “Entretanto, en ganarlos para la causa. No hay más remedio que azotarlos o matarlos. El ejército ya es otra cosa. “Historia de la revolución rusa”, capítulo VII, “Cinco días”, en www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/hi sts.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/cap_07.htm. strev/tomo1/cap_07.htm. 18 “10. Disolución de la policía, derechos políticos para los soldados. El gobierno arrebata centenares de millones de francos a los pobres, a los explotados, a gente de todas las condiciones para desarrollar y armar a su policía, sus gardes mobiles y su ejército; en otras palabras, no sólo para desarrollar la guerra civil, sino también para preparar la guerra imperialista. Los jóvenes obreros movilizados por centenares de miles en las fuerzas armadas de tierra y mar están desprovistos de todos sus derechos. Exigimos la destitución de los oficiales y suboficiales reaccionarios y fascistas, instrumentos del golpe de estado. Por otra  parte, los obreros obreros bajo las armas armas deberán conservar conservar todos sus derechos derechos políticos y estarán estarán representados porcomités de soldados, soldados, elegidos en asambleas asambleas especiales. De esta manera se conservarán en contacto con la gran masa de los trabajadores, y unirán sus fuerzas con las del pueblo, organizado y armado contra la reacción y el fascismo. Todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras. Abolición de los tribunales de clase, elección de todos los jueces, extensión del juicio por  jurado atodos los crímenes crímenes y delitos menores: menores: el pueblo se hará hará justicia a sí mismo.” smo.” León Trotsky, Unprograma de de acción paraFrancia,La Verité, té, junio de1934. comerciantes y 19 “Quedaban excluidos del derecho a voto: los que emplean fuerza de trabajo para obtener beneficio; las personas que viven de plusvalías; comerciantes agentes privados de negocios; empresarios de comunidades comunidades religiosas; ex-miembros de la policía y de la gendarmería; la antigua dinastía reinante; los deficientes mentales; los sordomudos; y todos los condenados por delitos menores mezquinos e indignos.”, John Reed, “Los soviets en acción”.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

dedican a hacer de la represión su forma de vida y que integran el aparato permanente de represión. Como decía Trotsky, no es posible ganarlos para la causa de la emancipación social. Sólo ante la violencia organizada del pueblo se pueden quebrar o disgregar. No cabe abrigar falsas expectativas con que un sector de “policías buenos” va a ser ganado para la causa y se va a pasar de bando.  En nuestra experiencia militante hemos podido comprobar cómo funciona el espíritu de cuerpo en los casos de juzgamiento de policías causantes de muertes por tortura o por gatillo fácil. Ni ante la expectativa de penas de prisión perpetua, como en el asesinato de Sergio Durán durante una sesión de tormentos, se quebró el espíritu de cuerpo de los asesinos, que eran oficiales de alto rango (incluso un subcomisario) y suboficiales sin esperanza de ascender en el escalafón. Otras veces hemos visto encubrimiento más burdo, con tal de mantener la cohesión, aun a riesgo de la propia libertad. Fue el caso del sargento Núñez, que mintió descaradamente para proteger a su superior, el oficial Solana, asesino de Ro-

drigo Corzo. Núñez prefirió ir preso por encubrimiento y falso testimonio, antes que decir la verdad, cuando su superior hacía mucho que había sido condenado y hasta había purgado la leve pena que le impusieron por el fusilamiento. Es que no se trata de lealtades personales, por amistad u otros valores individuales, sino de la defensa de la función represiva.  Pensar que se puede romper la cadena de mandos por un reclamo salarial es al menos ingenuo. Por lo demás, siempre es posible hacer rodar algunas cabezas de arriba para contentar a los que están un poco más abajo. Siempre es posible matar al dictador,, para salvar a la dictadura. dictador  Es bien significativo lo sucedido en la provincia de Tucumán durante las asonadas de diciembre de 2013. Mientras los policías discutían su pliego de condiciones con el gobernador, vecinos y comerciantes de sectores medios se manifestaban en la plaza, el gobierno provincial accediera a los reclamos en aras de la “seguridad”. Apenas llegaron a un acuerdo, el gobierno ordenó a la policía reprimir esa manifestación

que los estaba apoyando, y lo hicieron de inmediato, sin discusión ni quiebre alguno.  Un poco más atrás en la historia, durante el acampe de los autoconvocados correntinos, en 1999, en la plaza siete meses de salarios caídos, la policía provincial y el servicio penitenciario provincial instalaron sus carpas junto a las de los trabajadores, porque tampoco habían cobrado. Pero cuando el gobierno nacional asumido el 10 de diciembre de 1999 intervino la provincia y envió a la gendarmería y la prefectura a desalojar el Puente Gral. Belgrano, tomado por los autoconvocados, los policías y penitenciarios, lejos de ponerse del lado del pueblo reprimido, se quedaron en sus unidades. Tres días después de la masacre del Puente, los policías acataron sin fisuras la orden de montar el operativo que rodeó la movilización que recorrió la ciudad hasta la avenida 3 de Abril, donde habían sido fusilados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar el 17 de diciembre

Represión a estudiantes, Córdoba, Diciembre del 2010

20 Izquierda Socialista y la Tendencia Piquetera Revolucionaria invocan el punto 4° de las condiciones para la admisión de los partidos comunistas en la IC, que exigía

el trabajo de los comunistas entre las tropas, para justificar el trabajo en la policía y en la gendarmería, desvirtuando el significado que tenía la palabra tropa en ese entonces, utilizada para referirse en concreto al soldado-obrero o campesino obligado a prestar servicios militares. También la TPR ha invocado las tesis de la resolución sobre estructura de los partidos, cayendo en la misma confusión. La IC siempre se refería a la tropa obrera y campesina cuando hablaba de hacer propaganda y agitación, mientras que cuando se refería a hacer un trabajo en la policía, lo hacía con fines muy distintos, de infiltración e inteligencia, para conocer, entre otras cosas, los planes del enemigo y la ubicación de los arsenales con los cuales la policía armaba a las bandas fascistas. Asimismo, las tesis sobre estructura de los partidos fueron impugnadas  por Lenin, Lenin,un año año después después deaprob aprobadas, adas,por conside considerar rar que que eran eran buenas buenas para para Rusia Rusia pero pero queesas tesis tesis enparticular cularno sabían traduc traducir laexper experienci iencia rusa rusa a los los demás  países.  paíse s. Las consideró deróletramuert muerta. a. Lenin, Lenin,“Cinc “Cincoo añosde larevolución uciónrusa yperspectiva tivass de la revoluci revolución ón mundial: mundial:Informe pronunci pronunciado ado ante ante elIV Congre Congreso so dela InterInternacional Comunista el 13 de noviembre de 1922”, en Obras Completas, tomo 45, Editorial Progreso, Moscú, 1981, pp. 278-294.

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d) Consideración de los miembros de los aparatos represivos  permanentes desd  permanentes desde e una pers perspectiv pectiva a individu individual. al. También se suele juzgar a los policías por su carácter individual y no por su ser social. Esto evidencia una adscripción acrítica al método que utiliza la ideología dominante para analizar los problemas sociales.  Hablan de policías de bajo rango, de aquellos que están en las esquinas, para referirse a miembros de la policía que no serían “tan antiobreros” como los policías de alto rango o los de los cuerpos especiales o de elite.  Como, en general, quienes sostienen esta posición no tienen mucha experiencia en la militancia antirrepresiva, no suelen tener presentes los innumerables casos en que los fusilamientos de gatillo fácil, las torturas o la represión a las movilizaciones son protagonizados por policías de bajo rango y de calle (la mayoría, como lo prueba nuestro Archivo de Casos), ni advierten cómo, en la práctica, se cierra el puño policial para defender a sus “injustamente incriminados”, al decir de U.PO.F.I., sin importar si el procesado es un agente, un suboficial o un comisario. Es más. Aun cuando, en ocasiones bien puntuales, la superioridad formalmente “suelta la mano” al acusado para preservar la institución, y el poder político los exonera durante el proceso, por debajo subsiste el apoyo orgánico, con colectas en la fuerza para pagar abogados particulares inaccesibles con el sueldo de un policía de bajo rango, para sostener a la familia y para garantizar, en los pocos casos de prisión efectiva, un mejor pasar en la cárcel. Hay infinidad de ejemplos concretos, como la célebre “vaquita” organizada a principios de los ’90 por el comisario Ribelli para pagar la defensa de los policías de calle autores de la Masacre de Wilde. No es de otra manera que recurrentemente agentes y suboficiales son defendidos por abogados carísimos como Stinfale, Babington, Cúneo Libarona, Branca, Schlagel o

Corbacho (casos Bogado, Corzo, brigada de la comisaría 30ª, Mariano Ferreyra, etc.).  Desde lo teórico, quienes realizan esta distinción se apartan del método que dicen representar y que utilizaron sus principales referentes históricos. León Trotsky partía de la noción de ser social, utilizada por Marx y Engels en el primer capítulo de “La ideología alemana”, para dar la discusión a los obreros alemanes contra los dirigentes socialistas que confiaban en la policía alemana para combatir a las formaciones de combate del nacionalsocialismo (camisas pardas). En este sentido, les advertía que no se podía confiar en la policía, por más que estuviera compuesta por represores que anteriormente habían sido obreros socialdemócratas: “El hecho de que los policías hayan sido elegidos en una parte importante entre los obreros socialdemócratas no quiere decirlo todo. Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero. En el curso de los últimos años, estos policías han debido enfrentarse mucho más a menudo a los obreros revolucionarios que a los estudiantes nacionalsocialistas. Por semejante escuela no se pasa sin quedar marcado. Y lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa.”21.

Esta necesidad de considerar a quienes cumplen funciones de estado, por su ser social, ya estaba presente en la primera crítica que Marx le hizo a Hegel: “Las actividades e instancias del Estado dependen de sus individuos (sólo a través de ellos obra el Estado); pero no del individuo como realidad física sino estatal, en su condi-

ción política. Por eso es ridículo que Hegel las presente en una ‘vinculación extrínseca y accidental a la personalidad  part  pa rtic icula ularr com como o tal’. Es Esa a vinc vincula ulaci ción ón es es  porr el cont  po contra rari rio o susta sustanci ncial al,, se basa basa en una cualidad esencial del individuo, las instancias y asuntos del Estado son su resultado natural. El absurdo proviene aquí de que Hegel los entiende como algo abstractamente independiente y contrapuesto a la individualidad particular, olvidando que ésta es humana y los asuntos e instancias del Estado son funciones humanas. Hegel olvida que la esencia de la ‘personalidad particular’ no consiste en su barba, su sangre o su abstracta natura, sino en su ser social,  y que que lo loss asun asunto toss del del Est Estad ado, o, etc etc.. no no son son sino formas en que existen y actúan las cualidades sociales del hombre. Por tanto, es evidente que los individuos, en cuanto representan los asuntos y poderes del Estado, son considerados desde el  punto  pu ntodevis vista taso soci cial aly nopr priv ivad ado”  o” 22.

 Este error también se puede ver cuando algunos dirigentes sostienen que se pueden ganar a los buenos elementos haciendo un trabajo militante en la policía23. ¿Pero qué represor puede ser un “buen elemento”? ¿Acaso uno que no sea corrupto, que desempeñe en forma convencida y “honesta” su función de reprimir? ¿Puede ser éste un buen elemento que deba ser ganado para el campo popular? ¿O se estará pensando en algún policía que en su fuero interno sufre su tarea, que no le gusta ni reprimir ni administrar el delito, pero que se mantiene en la fuerza por el sueldo? Olvidemos, por un momento, el hecho de que el fuero interno de las personas es

21 León Trotsky, ¿Y ahora? : Problemas vitales del proletariado alemán. 22 Marx, Karl, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Introducción, bibliografía y cronología de Ángel Prior Olmos; traducción y notas de José María Ripalda,

Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 89. 23 Ciclo de videos “Altamira responde”, “¿Qué opina de la sindicalización o no de la policía? en: http://www.youtube.com/watch?v=vLdcCCV7_pE.

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dedican a hacer de la represión su forma de vida y que integran el aparato permanente de represión. Como decía Trotsky, no es posible ganarlos para la causa de la emancipación social. Sólo ante la violencia organizada del pueblo se pueden quebrar o disgregar. No cabe abrigar falsas expectativas con que un sector de “policías buenos” va a ser ganado para la causa y se va a pasar de bando.  En nuestra experiencia militante hemos podido comprobar cómo funciona el espíritu de cuerpo en los casos de juzgamiento de policías causantes de muertes por tortura o por gatillo fácil. Ni ante la expectativa de penas de prisión perpetua, como en el asesinato de Sergio Durán durante una sesión de tormentos, se quebró el espíritu de cuerpo de los asesinos, que eran oficiales de alto rango (incluso un subcomisario) y suboficiales sin esperanza de ascender en el escalafón. Otras veces hemos visto encubrimiento más burdo, con tal de mantener la cohesión, aun a riesgo de la propia libertad. Fue el caso del sargento Núñez, que mintió descaradamente para proteger a su superior, el oficial Solana, asesino de Ro-

drigo Corzo. Núñez prefirió ir preso por encubrimiento y falso testimonio, antes que decir la verdad, cuando su superior hacía mucho que había sido condenado y hasta había purgado la leve pena que le impusieron por el fusilamiento. Es que no se trata de lealtades personales, por amistad u otros valores individuales, sino de la defensa de la función represiva.  Pensar que se puede romper la cadena de mandos por un reclamo salarial es al menos ingenuo. Por lo demás, siempre es posible hacer rodar algunas cabezas de arriba para contentar a los que están un poco más abajo. Siempre es posible matar al dictador,, para salvar a la dictadura. dictador  Es bien significativo lo sucedido en la provincia de Tucumán durante las asonadas de diciembre de 2013. Mientras los policías discutían su pliego de condiciones con el gobernador, vecinos y comerciantes de sectores medios se manifestaban en la plaza, el gobierno provincial accediera a los reclamos en aras de la “seguridad”. Apenas llegaron a un acuerdo, el gobierno ordenó a la policía reprimir esa manifestación

que los estaba apoyando, y lo hicieron de inmediato, sin discusión ni quiebre alguno.  Un poco más atrás en la historia, durante el acampe de los autoconvocados correntinos, en 1999, en la plaza siete meses de salarios caídos, la policía provincial y el servicio penitenciario provincial instalaron sus carpas junto a las de los trabajadores, porque tampoco habían cobrado. Pero cuando el gobierno nacional asumido el 10 de diciembre de 1999 intervino la provincia y envió a la gendarmería y la prefectura a desalojar el Puente Gral. Belgrano, tomado por los autoconvocados, los policías y penitenciarios, lejos de ponerse del lado del pueblo reprimido, se quedaron en sus unidades. Tres días después de la masacre del Puente, los policías acataron sin fisuras la orden de montar el operativo que rodeó la movilización que recorrió la ciudad hasta la avenida 3 de Abril, donde habían sido fusilados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar el 17 de diciembre

Represión a estudiantes, Córdoba, Diciembre del 2010

20 Izquierda Socialista y la Tendencia Piquetera Revolucionaria invocan el punto 4° de las condiciones para la admisión de los partidos comunistas en la IC, que exigía

el trabajo de los comunistas entre las tropas, para justificar el trabajo en la policía y en la gendarmería, desvirtuando el significado que tenía la palabra tropa en ese entonces, utilizada para referirse en concreto al soldado-obrero o campesino obligado a prestar servicios militares. También la TPR ha invocado las tesis de la resolución sobre estructura de los partidos, cayendo en la misma confusión. La IC siempre se refería a la tropa obrera y campesina cuando hablaba de hacer propaganda y agitación, mientras que cuando se refería a hacer un trabajo en la policía, lo hacía con fines muy distintos, de infiltración e inteligencia, para conocer, entre otras cosas, los planes del enemigo y la ubicación de los arsenales con los cuales la policía armaba a las bandas fascistas. Asimismo, las tesis sobre estructura de los partidos fueron impugnadas  por Lenin, Lenin,un año año después después deaprob aprobadas, adas,por conside considerar rar que que eran eran buenas buenas para para Rusia Rusia pero pero queesas tesis tesis enparticular cularno sabían traduc traducir laexper experienci iencia rusa rusa a los los demás  países.  paíse s. Las consideró deróletramuert muerta. a. Lenin, Lenin,“Cinc “Cincoo añosde larevolución uciónrusa yperspectiva tivass de la revoluci revolución ón mundial: mundial:Informe pronunci pronunciado ado ante ante elIV Congre Congreso so dela InterInternacional Comunista el 13 de noviembre de 1922”, en Obras Completas, tomo 45, Editorial Progreso, Moscú, 1981, pp. 278-294.

d) Consideración de los miembros de los aparatos represivos  permanentes desd  permanentes desde e una pers perspectiv pectiva a individu individual. al. También se suele juzgar a los policías por su carácter individual y no por su ser social. Esto evidencia una adscripción acrítica al método que utiliza la ideología dominante para analizar los problemas sociales.  Hablan de policías de bajo rango, de aquellos que están en las esquinas, para referirse a miembros de la policía que no serían “tan antiobreros” como los policías de alto rango o los de los cuerpos especiales o de elite.  Como, en general, quienes sostienen esta posición no tienen mucha experiencia en la militancia antirrepresiva, no suelen tener presentes los innumerables casos en que los fusilamientos de gatillo fácil, las torturas o la represión a las movilizaciones son protagonizados por policías de bajo rango y de calle (la mayoría, como lo prueba nuestro Archivo de Casos), ni advierten cómo, en la práctica, se cierra el puño policial para defender a sus “injustamente incriminados”, al decir de U.PO.F.I., sin importar si el procesado es un agente, un suboficial o un comisario. Es más. Aun cuando, en ocasiones bien puntuales, la superioridad formalmente “suelta la mano” al acusado para preservar la institución, y el poder político los exonera durante el proceso, por debajo subsiste el apoyo orgánico, con colectas en la fuerza para pagar abogados particulares inaccesibles con el sueldo de un policía de bajo rango, para sostener a la familia y para garantizar, en los pocos casos de prisión efectiva, un mejor pasar en la cárcel. Hay infinidad de ejemplos concretos, como la célebre “vaquita” organizada a principios de los ’90 por el comisario Ribelli para pagar la defensa de los policías de calle autores de la Masacre de Wilde. No es de otra manera que recurrentemente agentes y suboficiales son defendidos por abogados carísimos como Stinfale, Babington, Cúneo Libarona, Branca, Schlagel o

Corbacho (casos Bogado, Corzo, brigada de la comisaría 30ª, Mariano Ferreyra, etc.).  Desde lo teórico, quienes realizan esta distinción se apartan del método que dicen representar y que utilizaron sus principales referentes históricos. León Trotsky partía de la noción de ser social, utilizada por Marx y Engels en el primer capítulo de “La ideología alemana”, para dar la discusión a los obreros alemanes contra los dirigentes socialistas que confiaban en la policía alemana para combatir a las formaciones de combate del nacionalsocialismo (camisas pardas). En este sentido, les advertía que no se podía confiar en la policía, por más que estuviera compuesta por represores que anteriormente habían sido obreros socialdemócratas: “El hecho de que los policías hayan sido elegidos en una parte importante entre los obreros socialdemócratas no quiere decirlo todo. Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero. En el curso de los últimos años, estos policías han debido enfrentarse mucho más a menudo a los obreros revolucionarios que a los estudiantes nacionalsocialistas. Por semejante escuela no se pasa sin quedar marcado. Y lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa.”21.

Esta necesidad de considerar a quienes cumplen funciones de estado, por su ser social, ya estaba presente en la primera crítica que Marx le hizo a Hegel: “Las actividades e instancias del Estado dependen de sus individuos (sólo a través de ellos obra el Estado); pero no del individuo como realidad física sino estatal, en su condi-

ción política. Por eso es ridículo que Hegel las presente en una ‘vinculación extrínseca y accidental a la personalidad  part  pa rtic icula ularr com como o tal’. Es Esa a vinc vincula ulaci ción ón es es  porr el cont  po contra rari rio o susta sustanci ncial al,, se basa basa en una cualidad esencial del individuo, las instancias y asuntos del Estado son su resultado natural. El absurdo proviene aquí de que Hegel los entiende como algo abstractamente independiente y contrapuesto a la individualidad particular, olvidando que ésta es humana y los asuntos e instancias del Estado son funciones humanas. Hegel olvida que la esencia de la ‘personalidad particular’ no consiste en su barba, su sangre o su abstracta natura, sino en su ser social,  y que que lo loss asun asunto toss del del Est Estad ado, o, etc etc.. no no son son sino formas en que existen y actúan las cualidades sociales del hombre. Por tanto, es evidente que los individuos, en cuanto representan los asuntos y poderes del Estado, son considerados desde el  punto  pu ntodevis vista taso soci cial aly nopr priv ivad ado”  o” 22.

 Este error también se puede ver cuando algunos dirigentes sostienen que se pueden ganar a los buenos elementos haciendo un trabajo militante en la policía23. ¿Pero qué represor puede ser un “buen elemento”? ¿Acaso uno que no sea corrupto, que desempeñe en forma convencida y “honesta” su función de reprimir? ¿Puede ser éste un buen elemento que deba ser ganado para el campo popular? ¿O se estará pensando en algún policía que en su fuero interno sufre su tarea, que no le gusta ni reprimir ni administrar el delito, pero que se mantiene en la fuerza por el sueldo? Olvidemos, por un momento, el hecho de que el fuero interno de las personas es

21 León Trotsky, ¿Y ahora? : Problemas vitales del proletariado alemán. 22 Marx, Karl, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Introducción, bibliografía y cronología de Ángel Prior Olmos; traducción y notas de José María Ripalda,

Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 89. 23 Ciclo de videos “Altamira responde”, “¿Qué opina de la sindicalización o no de la policía? en: http://www.youtube.com/watch?v=vLdcCCV7_pE.

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 Posiciones CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

inescrutable y que, además, suele expresarse en sus acciones, por lo que la indicación de método, de no prestar atención a lo que las personas dicen, creen o piensan que son, sino a lo que efectivamente hacen, es absolutamente correcta. Como decía Marx en el prólogo a la primera edición de El Capital, “No es el individuo el responsable de la existencia de relaciones de las que él es socialmente criatura (…) Sólo nos referimos a las  personas  perso nas en cuanto personifica personificación ción de categorías económicas, como re presentante  prese ntantess de determinados determinados intereses y relaciones de clase” .

 Olvidando por un momento esa indicación de método y suponiendo que existan tales elementos en la policía, hay que preguntarse:

¿Puede ser un buen elemento quien, por militantes para la causa popular, excepto dinero, se niega a abandonar una actividad el ya mencionado vínculo del MST con los que desprecia y que se descarga siempre so- hermanos Palermo en Santa Fe, y algún bre los trabajadores y nunca sobre los ricos? episodio ciertamente patético como el  ¿Es un buen elemento quién, por dine- del “polipiquetero” Ricardo Santillán, un ro, comparte funciones con torturadores, bonaerense que allá por febrero de 2004 asesinos, administradores del delito del fue presentado por Luis D’Elía como un policía “diferente”, que “entendía las narcotráfico, la trata, etc.?  privaciones  priva ciones del pueblo pueblo,, que nunca   ¿Consideraríamos como un buen ele- saldría a reprimir, que condenaba la mento a un trabajador que, en un sindi- tortura y el gatillo fácil ”24. Luciendo cato, oficia como fuerza de choque de la su uniforme policial, Santillán encabezó burocracia, a cambio de un ingreso extra, más de una marcha de la FTV, hasta que porque su sueldo no le alcanza? el romance terminó con una denuncia del  De cualquier manera, hasta el presente, propio D’Elía ante la Fiscalía Correccional no hemos sabido de ningún caso en de La Matanza porque el policía estafó a que la esforzada intervención de alguna familias pobres, cobrándoles $500 para organización al interior de la policía u adjudicarles viviendas construidas por otras fuerzas de seguridad haya aportado alguna cooperativa

e) La sindicalización policial es rechazada por el estado burgués y sus gobiernos. En consecuencia, hay que apoyarla. No es poco frecuente el planteo de que, si en nada cambiaría la naturaleza del debalas leyes prohíben la sindicalización de los te si las agrupaciones policiales y de otras policías, porque resultaría peligroso para el fuerzas hoy existentes accedieran al reco“mantenimiento del orden interno de nocimiento oficial, como lo tienen en buena la fuerza y la operatividad en el cum- parte del mundo.  plimient  plim iento o de sus sus objetivo objetivoss a su cargo cargo   De hecho, como ya se ha señalado, en (...) está claro por qué entonces hay EEUU, Europa, Oceanía y buena parte del que estar a favor de sindicalizar a resto del mundo, incluida América, los essuboficiales, cabos y al personal subtados (todos burgueses) reconocen la exisalterno de estas fuerzas” 25. tencia de los “sindicatos” policiales, que  Más allá de la liviandad del argumento, tienen personería gremial y son habituales que lleva a un sinnúmero de conclusiones interlocutores de los gobiernos. También También la absurdas, lo cierto es que, sin perjuicio de OIT, un organismo reformista creado por el que hay numerosos sectores oficialistas imperialismo26, apoya y estimula la creación que reivindican la sindicalización policial, de estos “sindicatos” de las fuerzas de se-

guridad. Y como también dijimos más arriba, con o sin reconocimiento del estado, los “sindicatos” policiales existen por decenas en nuestro país, y tienen una activa intervención pública. Nuestra posición frente al peligro que entraña la organización de los represores para la clase trabajadora no depende de que formalmente tengan reconocimiento oficial, circunstancia que, en todo caso, agravaría la situación, pues los colocaría en mejor situación para obtener sus reivindicaciones frente al estado y para insertarse en las centrales de trabajadores

24 Ver Boletín Informativo nº 257 de CORREPI . 25 Por ejemplo, El Socialista n° 231 http://www.izquierdasocialista.org.ar/cgi-bin/elsocialista.cgi?es=231¬a=4. 26 La Organización Internacional del Trabajo es tan antigua como la Sociedad de las Naciones, una suerte de primer ensayo de la Organización de las Naciones

Unidas. Dirigentes obreros reformistas como Jouhaux, Legien o Gompers, participaron de su creación. Se trataba líderes obreros oportunistas al servicio del capital imperialista. Carl Legien era un dirigente socialdemócrata alemán, presidente de la Federación Internacional Sindical entre 1913 y 1919. León Jouhaux fue un sindicalista francés, jefe de la CGT francesa, conciliador, uno de los fundadores de la OIT. Samuel Gompers fue el principal dirigente de la American Federation of Labor (AFL) estadounidense, al que ya en la década del ’20, la Internacional Comunista llamaba a destruir, caracterizándola de esta manera: “Los líderes oportunistas de los sindicatos que durante la guerra fueron los fieles servidores de la burguesía en sus respectivos países, tratan ahora de restaurar la internacional sindical haciendo de ella un arma del capitalismo internacional, dirigida contra el proletariado. Crean con Jouhaux, Gompers, Legien, etc., una ‘secretaría de trabajo’  junto a laLiga de de las Naciones, ones, que no essino una organizac organización ión de bandolerismo bandolerismo capitali capitalista sta internacional. internacional.Tratande aplastar, aplastar, en todos todos los países, países, el movimiento miento huelguístico haciendo decretar el arbitraje obligatorio de los representantes del estado capitalista. Tratan de obtener, a fuerza de compromisos con los capitalistas, toda clase de favores para los obreros, a fin de romper de este modo la unión cada día más estrecha de la clase obrera.” Ver “América del Sur, base colonial del imperialismo norteamericano” y “El movimiento sindical, los Comités de Fábrica y de empresas”.

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f) Los jefes policiales deben ser electos por voto popular para que la  policía sea una fuerza  policía fuerza popul popular ar.. Varias organizaciones proponen la elección popular de los comisarios como paso previo a la sindicalización de las fuerzas27. En primer término, cabe decir que las elecciones democráticas sirven para legitimar a la democracia burguesa y a la dominación capitalista, lo que implicaría legitimar, desde el punto de vista ideológico, al aparato represivo por la existencia de elecciones del comisario. No es casual que ante rebeliones populares, los gobiernos burgueses adelanten elecciones como una forma de descomprimir el descontento social.

 La participación de los revolucionarios en las elecciones históricamente tuvo por finalidad utilizar la tribuna parlamentaria para deslegitimar a la democracia burguesa y a las elecciones, no para generar ilusiones de que por la vía parlamentaria se podrían obtener victorias duraderas. La actividad del comisario es una actividad ejecutiva, represora, no parlamentaria, por lo que no hay una tribuna que aprovechar para difundir ideas revolucionarias. Por el contrario, da la falsa idea de que se puede lograr algo votando comisarios.

¿La izquierda que propone esta política de elección de policías también va a postular candidatos a comisarios? Esto vendría a ser una especie de millerandismo28, o ministerialismo. Ya no se trata, como en ese caso, de ingresar a un gobierno burgués de un estado capitalista, para administrar el capitalismo, sino de presentarse a elecciones para obtener votos a fin de administrar una comisaría

g) La consigna de la sindicalización en conexión con la del control del aparato represivo. Suele plantearse la consigna de la sindicalización en conjunto con el reclamo de control popular de las comisarías, apertura de los libros y participación de los organismos de derechos humanos en su dirección.  Un control de este tipo, en realidad, es inverosímil en una situación como la actual, ya que supone, al menos, una situación de doble poder que, como lo demuestra la historia, siempre es inestable y transitoria.  Si el campo popular estuviera en c ondiciones de imponer el control real y efectivo, y no meramente formal, sobre las comisarías, es porque habría adquirido un nivel organizativo tan alto que estaría en condiciones de confrontar con el

aparato represivo permanente del estado capitalista, por lo que pasaría a estar planteada la destrucción del estado y no su control. En la práctica, sabemos para qué sirve que los gobiernos hagan acuerdos con organismos u organizaciones a los que autoriza a inspeccionar cárceles y comisarías. El gobierno que lo habilita adquiere el halo de “garantista”, “transparente”, “progresista” y “democrático”, y se regocija de promover la “porosidad carcelaria” o el “control ciudadano de la policía”, al tiempo que esos organismos se convierten en su apéndice, y llegan, dentro de la cárcel o la comisaría, cuándo y hasta dónde los dejan, sin acceder a modificar nada

sustancial. Podrán lograr que se compre una estufa o se reponga un vidrio roto, pero, como lo demuestran las sistemáticas quejas de la Procuración Penitenciaria, organismo oficial que permanentemente denuncia que se veda a sus funcionarios entrevistar presos o sacar fotografías en los lugares de detención, no podrán modificar lo que forma parte de la naturaleza del sistema29

 Izquierda Socialista en El Socialista n° 240, “Pueblada en Junín”; El Socialista n° 254, “La narcopolicía cordobesa”; El Socialista n° 255, “El ‘modelo’ de Cristina 27  Izquierda no va más, votá propuestas”. También MST en “Frente al conflicto policial, los saqueos y la crisis social”, 10/12/2013 y “Ripoll lanza su campaña en La Matanza y habla de inseguridad”, 22/09/2013, ambos en www.mst.org.ar. 28 Millerand fue un socialista francés que, a principios del siglo XX, ingresó a un ministerio de un gobierno burgués, con la excusa de frenar un supuesto avance de la derecha. Esta actitud fue condenada abiertamente por revolucionarios como Rosa Luxemburgo (“Con la entrada de un socialista en el gobierno, la dominación de clase sigue existiendo: el gobierno burgués no se transforma en un gobierno socialista, pero en cambio un socialista se transforma en un ministro burgués”) y Lenin. A esta política de colaboración de los socialistas con la burguesía se la pasó a denominar millerandismo o ministerialismo. 29 Ver comunicados en www.ppn.gov.ar.

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inescrutable y que, además, suele expresarse en sus acciones, por lo que la indicación de método, de no prestar atención a lo que las personas dicen, creen o piensan que son, sino a lo que efectivamente hacen, es absolutamente correcta. Como decía Marx en el prólogo a la primera edición de El Capital, “No es el individuo el responsable de la existencia de relaciones de las que él es socialmente criatura (…) Sólo nos referimos a las  personas  perso nas en cuanto personifica personificación ción de categorías económicas, como re presentante  prese ntantess de determinados determinados intereses y relaciones de clase” .

 Olvidando por un momento esa indicación de método y suponiendo que existan tales elementos en la policía, hay que preguntarse:

¿Puede ser un buen elemento quien, por militantes para la causa popular, excepto dinero, se niega a abandonar una actividad el ya mencionado vínculo del MST con los que desprecia y que se descarga siempre so- hermanos Palermo en Santa Fe, y algún bre los trabajadores y nunca sobre los ricos? episodio ciertamente patético como el  ¿Es un buen elemento quién, por dine- del “polipiquetero” Ricardo Santillán, un ro, comparte funciones con torturadores, bonaerense que allá por febrero de 2004 asesinos, administradores del delito del fue presentado por Luis D’Elía como un policía “diferente”, que “entendía las narcotráfico, la trata, etc.?  privaciones  priva ciones del pueblo pueblo,, que nunca   ¿Consideraríamos como un buen ele- saldría a reprimir, que condenaba la mento a un trabajador que, en un sindi- tortura y el gatillo fácil ”24. Luciendo cato, oficia como fuerza de choque de la su uniforme policial, Santillán encabezó burocracia, a cambio de un ingreso extra, más de una marcha de la FTV, hasta que porque su sueldo no le alcanza? el romance terminó con una denuncia del  De cualquier manera, hasta el presente, propio D’Elía ante la Fiscalía Correccional no hemos sabido de ningún caso en de La Matanza porque el policía estafó a que la esforzada intervención de alguna familias pobres, cobrándoles $500 para organización al interior de la policía u adjudicarles viviendas construidas por otras fuerzas de seguridad haya aportado alguna cooperativa

e) La sindicalización policial es rechazada por el estado burgués y sus gobiernos. En consecuencia, hay que apoyarla. No es poco frecuente el planteo de que, si en nada cambiaría la naturaleza del debalas leyes prohíben la sindicalización de los te si las agrupaciones policiales y de otras policías, porque resultaría peligroso para el fuerzas hoy existentes accedieran al reco“mantenimiento del orden interno de nocimiento oficial, como lo tienen en buena la fuerza y la operatividad en el cum- parte del mundo.  plimient  plim iento o de sus sus objetivo objetivoss a su cargo cargo   De hecho, como ya se ha señalado, en (...) está claro por qué entonces hay EEUU, Europa, Oceanía y buena parte del que estar a favor de sindicalizar a resto del mundo, incluida América, los essuboficiales, cabos y al personal subtados (todos burgueses) reconocen la exisalterno de estas fuerzas” 25. tencia de los “sindicatos” policiales, que  Más allá de la liviandad del argumento, tienen personería gremial y son habituales que lleva a un sinnúmero de conclusiones interlocutores de los gobiernos. También También la absurdas, lo cierto es que, sin perjuicio de OIT, un organismo reformista creado por el que hay numerosos sectores oficialistas imperialismo26, apoya y estimula la creación que reivindican la sindicalización policial, de estos “sindicatos” de las fuerzas de se-

guridad. Y como también dijimos más arriba, con o sin reconocimiento del estado, los “sindicatos” policiales existen por decenas en nuestro país, y tienen una activa intervención pública. Nuestra posición frente al peligro que entraña la organización de los represores para la clase trabajadora no depende de que formalmente tengan reconocimiento oficial, circunstancia que, en todo caso, agravaría la situación, pues los colocaría en mejor situación para obtener sus reivindicaciones frente al estado y para insertarse en las centrales de trabajadores

24 Ver Boletín Informativo nº 257 de CORREPI . 25 Por ejemplo, El Socialista n° 231 http://www.izquierdasocialista.org.ar/cgi-bin/elsocialista.cgi?es=231¬a=4. 26 La Organización Internacional del Trabajo es tan antigua como la Sociedad de las Naciones, una suerte de primer ensayo de la Organización de las Naciones

Unidas. Dirigentes obreros reformistas como Jouhaux, Legien o Gompers, participaron de su creación. Se trataba líderes obreros oportunistas al servicio del capital imperialista. Carl Legien era un dirigente socialdemócrata alemán, presidente de la Federación Internacional Sindical entre 1913 y 1919. León Jouhaux fue un sindicalista francés, jefe de la CGT francesa, conciliador, uno de los fundadores de la OIT. Samuel Gompers fue el principal dirigente de la American Federation of Labor (AFL) estadounidense, al que ya en la década del ’20, la Internacional Comunista llamaba a destruir, caracterizándola de esta manera: “Los líderes oportunistas de los sindicatos que durante la guerra fueron los fieles servidores de la burguesía en sus respectivos países, tratan ahora de restaurar la internacional sindical haciendo de ella un arma del capitalismo internacional, dirigida contra el proletariado. Crean con Jouhaux, Gompers, Legien, etc., una ‘secretaría de trabajo’  junto a laLiga de de las Naciones, ones, que no essino una organizac organización ión de bandolerismo bandolerismo capitali capitalista sta internacional. internacional.Tratande aplastar, aplastar, en todos todos los países, países, el movimiento miento huelguístico haciendo decretar el arbitraje obligatorio de los representantes del estado capitalista. Tratan de obtener, a fuerza de compromisos con los capitalistas, toda clase de favores para los obreros, a fin de romper de este modo la unión cada día más estrecha de la clase obrera.” Ver “América del Sur, base colonial del imperialismo norteamericano” y “El movimiento sindical, los Comités de Fábrica y de empresas”.

f) Los jefes policiales deben ser electos por voto popular para que la  policía sea una fuerza  policía fuerza popul popular ar.. Varias organizaciones proponen la elección popular de los comisarios como paso previo a la sindicalización de las fuerzas27. En primer término, cabe decir que las elecciones democráticas sirven para legitimar a la democracia burguesa y a la dominación capitalista, lo que implicaría legitimar, desde el punto de vista ideológico, al aparato represivo por la existencia de elecciones del comisario. No es casual que ante rebeliones populares, los gobiernos burgueses adelanten elecciones como una forma de descomprimir el descontento social.

 La participación de los revolucionarios en las elecciones históricamente tuvo por finalidad utilizar la tribuna parlamentaria para deslegitimar a la democracia burguesa y a las elecciones, no para generar ilusiones de que por la vía parlamentaria se podrían obtener victorias duraderas. La actividad del comisario es una actividad ejecutiva, represora, no parlamentaria, por lo que no hay una tribuna que aprovechar para difundir ideas revolucionarias. Por el contrario, da la falsa idea de que se puede lograr algo votando comisarios.

¿La izquierda que propone esta política de elección de policías también va a postular candidatos a comisarios? Esto vendría a ser una especie de millerandismo28, o ministerialismo. Ya no se trata, como en ese caso, de ingresar a un gobierno burgués de un estado capitalista, para administrar el capitalismo, sino de presentarse a elecciones para obtener votos a fin de administrar una comisaría

g) La consigna de la sindicalización en conexión con la del control del aparato represivo. Suele plantearse la consigna de la sindicalización en conjunto con el reclamo de control popular de las comisarías, apertura de los libros y participación de los organismos de derechos humanos en su dirección.  Un control de este tipo, en realidad, es inverosímil en una situación como la actual, ya que supone, al menos, una situación de doble poder que, como lo demuestra la historia, siempre es inestable y transitoria.  Si el campo popular estuviera en c ondiciones de imponer el control real y efectivo, y no meramente formal, sobre las comisarías, es porque habría adquirido un nivel organizativo tan alto que estaría en condiciones de confrontar con el

aparato represivo permanente del estado capitalista, por lo que pasaría a estar planteada la destrucción del estado y no su control. En la práctica, sabemos para qué sirve que los gobiernos hagan acuerdos con organismos u organizaciones a los que autoriza a inspeccionar cárceles y comisarías. El gobierno que lo habilita adquiere el halo de “garantista”, “transparente”, “progresista” y “democrático”, y se regocija de promover la “porosidad carcelaria” o el “control ciudadano de la policía”, al tiempo que esos organismos se convierten en su apéndice, y llegan, dentro de la cárcel o la comisaría, cuándo y hasta dónde los dejan, sin acceder a modificar nada

sustancial. Podrán lograr que se compre una estufa o se reponga un vidrio roto, pero, como lo demuestran las sistemáticas quejas de la Procuración Penitenciaria, organismo oficial que permanentemente denuncia que se veda a sus funcionarios entrevistar presos o sacar fotografías en los lugares de detención, no podrán modificar lo que forma parte de la naturaleza del sistema29

 Izquierda Socialista en El Socialista n° 240, “Pueblada en Junín”; El Socialista n° 254, “La narcopolicía cordobesa”; El Socialista n° 255, “El ‘modelo’ de Cristina 27  Izquierda no va más, votá propuestas”. También MST en “Frente al conflicto policial, los saqueos y la crisis social”, 10/12/2013 y “Ripoll lanza su campaña en La Matanza y habla de inseguridad”, 22/09/2013, ambos en www.mst.org.ar. 28 Millerand fue un socialista francés que, a principios del siglo XX, ingresó a un ministerio de un gobierno burgués, con la excusa de frenar un supuesto avance de la derecha. Esta actitud fue condenada abiertamente por revolucionarios como Rosa Luxemburgo (“Con la entrada de un socialista en el gobierno, la dominación de clase sigue existiendo: el gobierno burgués no se transforma en un gobierno socialista, pero en cambio un socialista se transforma en un ministro burgués”) y Lenin. A esta política de colaboración de los socialistas con la burguesía se la pasó a denominar millerandismo o ministerialismo. 29 Ver comunicados en www.ppn.gov.ar.

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CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

4. Nuestras conclusiones.  Desde nu estro punto de vista, los miemb ros de las fu erzas represivas estatales, permanentes y profesionales, no son trabajadores. No pueden ser ganados para la causa de la emancipación social y, por eso, la pri ncipal tarea que deben darse los luchadores es la de organizarse para enfrentarlos  y destruirlos. Son nuestros enemigos.  Es claro que, en el marco de esa política, es posible desarrollar una práctica de enfrentamiento y deslegitimación del aparato represivo, utilizando todos los medios a nuestro alcance y, teniendo en cuenta la relación de fuerzas. Se los enfrenta, tanto organizando en los barrios contra el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, como denunciando la  política represiva del estado en los tribunales, cuando vamos a pedir que se los condene por algún hecho represivo, hasta el enfrentamiento en la acción directa.

22

Contra la represión:

Organización y Lucha

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CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

4. Nuestras conclusiones.  Desde nu estro punto de vista, los miemb ros de las fu erzas represivas estatales, permanentes y profesionales, no son trabajadores. No pueden ser ganados para la causa de la emancipación social y, por eso, la pri ncipal tarea que deben darse los luchadores es la de organizarse para enfrentarlos  y destruirlos. Son nuestros enemigos.  Es claro que, en el marco de esa política, es posible desarrollar una práctica de enfrentamiento y deslegitimación del aparato represivo, utilizando todos los medios a nuestro alcance y, teniendo en cuenta la relación de fuerzas. Se los enfrenta, tanto organizando en los barrios contra el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, como denunciando la  política represiva del estado en los tribunales, cuando vamos a pedir que se los condene por algún hecho represivo, hasta el enfrentamiento en la acción directa.

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Contra la represión:

Organización y Lucha

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