Capítulo I El Fracaso de las Reformas Coloniales, 1750-1820 Antonio de de Ulloa en noviembre en 1759 se hizo cargo del gobierno local de la provincia de Huancavelica y de la mina de santa bárbara, que era la única fuente americana importante de mercurio. El Capitán de navío se encontró con una situación crítica en la administración local. Los males incluían fraudes, descuidos técnicos en la explotación de las minas, confabulaciones administrativas y una justicia desvirtuada por el cohecho. Ulloa señaló las corruptelas de autoridades, oficiales reales de Hacienda, mineros y comerciantes que causaban daños incalculables a la Corona española y a sus súbditos. Los esfuerzos reformistas de Capitán por corregir y castigar estas transgresiones administrativas lo enfrentaron violentamente a poderosos intereses, que ofrecían resistencias y dificultades extraordinarias. No era la primera vez que Ulloa denunciaba prácticas corruptas, pues, había escrito un informe, en colaboración con Jorge Juan, que trataba tr ataba principalmente sobre las disfunciones y abusos administrativos observados en Lima, Quito, Cartagena, Panamá y los puertos de Chile. El cáustico informe, escrito en 1748 «Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú» se ideó para uso confidencial de los ministros del rey Fernando VI. Permaneció inédito hasta que David Barry en 1826 publicó el manuscrito se extraoficialmente en Londres bajo el título de “ Noticias secretas secretas de América”. Barry publicó el texto para advertir sobre las desfavorables condiciones políticas y de inversión en Hispanoamérica inmediatamente después de la independencia. Noticias secretas se convertiría en un texto fundador de la tradición anticorrupción en las letras hispanas y peruanas. Durante su servicio al rey, Ulloa contribuyó a la comprensión de los mecanismos de la corrupción virreinal. Pero no fue el primer ni el último reformador, sin embargo, puede sostenerse que Ulloa fue el más articulado e informado del grupo de reformadores anticorrupción de su época, pues se sustentó en abundante observación y experiencia experiencia empírica como informante privilegiado privilegiado y autoridad real. La postura de Ulloa en contra de la corrupción tenía sus raíces en la fase temprana de las reformas borbónicas. Estas Estas reformas buscaban mejorar la eficiencia administrativa del Perú y otros reinos hispanoamericanos para sostener a la Corona española en su competencia con otros poderes atlánticos. Estas reformas reforzaron el despotismo ilustrado, un sistema también proclive a excesos de corrupción. Desvelando abusos
Dos jóvenes tenientes de navío Antonio de Ulloa y Jorge Juan fueron enviados a una misión especial en Quito donde debían unirse a una expedición enviada por la Academia de Ciencias de París y lideraba por el naturista Charles-Marie de La Condamine con el fin de recoger y enviar periódicamente información estratégica sobre los lugares que visitaran y sobre sus habitantes. Dos años más tarde, durante la guerra de la Oreja de Jenkins, el virrey requirió de los servicios navales de Ulloa y Juan para la defensa de la costa y puertos peruanos. Mientras cumplían estas tareas oficiales entre Quito, Lima y algunos puertos chilenos, Ulloa y Juan recogieron importante información confidencial sobre las disfunciones de la administración, desde el contrabando hasta el cohecho. Ulloa y Juan regresaron por separado a España en octubre de 1744. Juan llegó a España sin mayor problema, pero la marina británica capturó el navío en el que viajaba Ulloa. Antes de ser aprehendido, Ulloa echó por la borda los papeles confidenciales. Más tarde llegaría, Ulloa, sano y salvo a España. Su confidencial tratado «Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú» fue implacable en la exposición del mal funcionamiento de casi todos los aspectos de la administración colonial, así como en la propuesta de soluciones reformistas. El Tratado detallaba las distintas distintas formas de corrupción y recomendaba recomendaba medidas específicas, además, proponía proponía un ambicioso programa de reformas. El primer tema del «Discurso» era la reforma naval necesaria para enfrentar a los recientes desafíos británicos en el Caribe y el Pacífico. El segundo punto era el contrabando de mercaderías procedentes de
Europa y China. El siguiente tema se refirió a los extensos abusos y expolios que los indios sufrían a manos de los corregidores (practicaban la doble contabilidad y la venta forzada o reparto), sacerdotes y hacendados que buscaban enriquecerse. Ulloa y Juan criticaron intensamente el reparto y lo culparon de la insurrección indígena liderada por Juan Santos Atahualpa en 1742. Según el «Discurso», al finalizar su mandato, las autoridades, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial, para evitar el castigo efectivo. Los autores eran partidarios de abolir los repartos; prohibir a los corregidores el dedicarse a comercio privados; imponer castigos estrictos a los transgresores, y pagar a los indios como trabajadores libres en lugar de someterlos al trabajo forzado. Además de Ulloa otros autores pusieron descubierto los males de la corrupción en la colonia. Así, por ejemplo, en abril de 1747, Mariano Machado de Chaves, quien al principio permaneció anónimo, presentó al Rey un tratado titulado «Estado político del Reino del Perú...». Algunas observaciones de este texto coinciden con puntos centrales del informe confidencial de Ulloa y Juan. Ya antes de Machado de Chaves y Ulloa, otros autores consideraron a la corrupción como un serio problema. Hacia 1615, el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala produjo una crónica realista y crítica que podemos considerar como el primer tratado contra la corrupción Siguiendo una tradición distinta, el sargento Juan de Aponte escribió uno de los primeros proyectos arbitristas y reformistas en 1622, con el objetivo de contrarrestar la corruptela. Al final de su memorial concluyó sombríamente que los buenos y honestos servicios en el Perú se recompensaban mal, pues «todo corre fundado en interés, y los que tienen pueden y los pobres mueren». Entre los muchos males identificados por Aponte, el más dañino para la economía colonial era la administración corrupta del asiento minero de Huancavelica. Las minas habían sido trabajadas en forma negligente. Los estribos y arcos que sostenían los techos se encontraban dañados por obtener mineral en forma fácil sin cuidar la infraestructura en consecuencia había frecuentes derrumbes que mataban a muchos indios que trabajaban en las minas. Casi un siglo después, el ilustrado don Antonio de Ulloa habría de enfrentar problemas similares durante su gestión como gobernador de Huancavelica. Purgatorio minero
Antonio de Ulloa aceptó el nombramiento en Huancavelica. Él conocía el grado de dificultad asociado a su nuevo puesto, pero no podía prever la seriedad de los problemas que le esperaban. En su extensa e importante «Relación de gobierno» (1763), la situación descrita es aún peor a la de su «Discurso» (1749). Además se vio envuelto en diversos juicios y procesos legales en los cuales tuvo que defenderse de maliciosas acusaciones se enfrentó a intereses corruptos de las más altas autoridades coloniales, y perdió. La mina de Huancavelica se explotaba sin preocupación alguna por su derrumbe; la contabilidad y tesoro real quedó a merced de los fraudes de los oficiales e «inteligencias particulares»; el monopolio de la compra y distribución del mercurio se convirtió en objeto de utilidad privada; la tiranía había reemplazado al buen gobierno; y el cohecho dominaba la administración de justicia. El no participar en tal costumbre de cohecho y soborno le trajo, a Ulloa, muchos problemas durante su gobernación. Además, como lo había hecho en su «Discurso» de 1749, Ulloa también denunció los excesos de los repartos, el fraude en la cuenta de los indios tributarios y el abuso de la mano de obra indígena. Si ocurrían monstruosidades en la asociación de los hombres, Ulloa afirmaba, en ninguna otra sociedad era esto más cierto que en la del gremio de mineros de Huancavelica. Ulloa se había enemistado con tres sacerdotes seculares, Manuel Joseph de Villata, Antonio Segura y Aguirre. E gobernador Ulloa denunciaba su falta de respeto a la autoridad y su abuso de los indios. Aguirre organizó una campaña por defenestrar a Ulloa. Los esfuerzos en contra del gobernador llevaron a una segunda averiguación oficial, encabezada por Diego de Holgado, el fiscal de la Audiencia de Lima que le abrió un juicio de residencia. A pesar de las decisiones judiciales iniciales, favorables a Ulloa, Amat
y Holgado procedieron con nuevas investigaciones y lo acusaron de haber cometido los mismos delitos de corrupción que él había denunciado. Los esfuerzos reformistas de Ulloa para efectuar mejoras técnicas en la mina e infraestructura urbana de Huancavelica fueron socavados por los líos legales. Intereses adversos a la reforma y profundamente arraigados vencieron a Ulloa, así como a otros reformadores que le precedieron, tal como frecuentemente ha sucedido en el transcurso de muchos intentos históricos por efectuar reformas administrativas y técnicas en el Perú. Plata y contrabando
El entendimiento entre las autoridades y los intereses vinculados a la minería de plata y su comercio, el financiamiento, los impuestos reales que generaba y el contrabando al que daba lugar; favorecieron las ganancias privadas en desmedro de la producción y la honesta administración. El tesoro real subsidiaba a los mineros. Pero los oficiales corruptos de las cajas reales imponían condiciones interesadas a los mineros especulando con el precio oficial y el de venta del mercurio, en complicidad con aquellos que lo recibían privilegiadamente. Estos oficiales exigían el pago del mercurio con plata piña, es decir, plata sin sellar (toda plata producida estaba sujeta al quinto real al momento de fundirla en barras selladas oficialmente). La plata piña era preferida para la adquisición de artículos de contrabando y los comerciantes de Lima eran los principales beneficiarios del contrabando. Desde comienzos del siglo XVIII la Corona española concentró su vigilancia en el contrabando, recibiendo información alarmante sobre el notorio incremento del contrabando realizado tanto por aliados franceses como por enemigos ingleses y holandeses. El empuje reformista contra el contrabando coincidió con el ascenso de la dinastía Borbón en España con Felipe V. Paradójicamente el primer virrey que la monarquía borbónica nombró, Manuel de Oms de Santapau, marqués de Castelldosrius, tuvo participación en unos escandalosos casos de contrabando francés durante su gestión, pues, había hecho promesas de devolver favores. Francisco Espinosa de los Monteros denunció a Castelldosrius ante el Consejo de Indias y en 1709 fue separado de su cargo. Pero ello no puso fin a la bien establecida red de contrabando. Así, el contrabando contribuyó a que la corrupción pública y privada formara parte integral del liderazgo económico y político del virreinato peruano. El origen y la formación de la élite mercantil y burocrática colonial estuvieron entrelazados con prácticas corruptas y de contrabando.Estos y otros intereses sentaron las bases de las redes de patronazgo coloniales, que se hallaban controladas en la cima por autoridades políticas que buscaban ganancias privadas a costa del bien público. Círculos de patronazgo virreinales
Un problema político primordial era cómo conciliar la diversidad de ambiciones que atraía a conquistadores y colonos. Como lo comprueban las experiencias de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y los hermanos Pizarro, el uso de la fuerza era combinado con un hábil patronazgo y con sobornos, para crear así una semblanza de gobierno estable. La rebeldía y el descontento se incubaban en los conquistadores y encomenderos, desposeídos de sus mercedes. Sin embargo las hábiles negociaciones del «pacificador» Pedro de la Gasca y las corruptelas condujeron a un relativo acomodamiento de intereses que sirvió como base de una estabilidad virreinal. Esta solución venal al conflicto político sobreviviría en el Perú como un obstáculo arcaico, pero significativo, al desarrollo institucional. Los virreyes patrocinaban facciones que los respaldaban en el poder y neutralizaban a grupos hostiles. La red virreinal se expandía luego para atraer a intereses locales ansiosos por cortejar al nuevo virrey. Este patrón se repitió en los gobiernos de sucesivos virreyes desde los primeros tiempos de la Colonia (redes patróncliente). Miembros familiares y séquito del virrey Fernando de Torres y Portugal fueron acusados de tráfico de influencias. En 1662, una carta anónima reportaba irregularidades en la administración virreinal. Según esta reveladora carta la ignorancia e incompetencia de los oficiales y contadores de la real hacienda reflejaban el daño
causado por la venta de oficios. Estos cargos deberían haber sido asignados a personas experimentadas que los merecieran. El informante afirmaba que el manejo bueno o malo de la hacienda dependía del resorte principal de la burocracia: los virreyes. Además los virreyes no deberían llegar acompañados por sus hijos, pues, parecía haber tantos virreyes gobernando como el número de hijos. El Consejo de Indias ante cargos tan serios fue rápida. La cuestión de la venta de cargos permaneció mayormente ignorada. En 1665, las crecientes disputas entre dos facciones de mineros, los «andaluces criollos» y los «vascongados» habían dejado muchos muertos. En el nuevo siglo borbónico, los círculos de patronazgo de los virreyes Castelldosrius y Ladrón de Guevara no parecían diferir mucho de los de los virreyes durante la era Habsburgo. Sin embargo, podemos señalar una diferencia en el papel cada vez más importante desempeñado por asesores u hombres de confianza del virrey fuera de su familia inmediata. Ese fue el caso de Marí, quien conducía una red de actividades encubiertas bajo la protección del virrey Castelldosrius, así como el de Munive, quien ayudó al enriquecimiento privado de Ladrón de Guevara. Durante el gobierno del virrey Castelfuerte parece haber ocurrido una caída temporal del patronazgo corrupto. Sin embargo, la corruptela recrudecería gradualmente durante el gobierno del conde de Superunda (1741-1761), otro virrey militar. Así parecerían indicarlo las sospechas de una extendida corrupción, inmediatamente después del devastador terremoto de 1746, así como el deterioro de la administración de Huancavelica, del cual Ulloa fuera testigo. Amat y Junyent contribuyó a elevar el patronazgo y la corrupción sistemática a nuevas alturas. Su juicio de residencia es uno de los más largos y complicados que se encuentran en los archivos. Amat mantuvo un amorío público con la hermosa actriz criolla Micaela Villegas (la Perricholi). Amat culpó a los miembros de la élite criolla y al entorno virreinal por la difundida venalidad. La red de patronazgo de Amat solamente satisfacía a intereses muy restringidos. Hacia el final de su mandato, Amat había enajenado a un importante sector de Lima. Según los expedientes de su juicio de residencia hubo múltiples quejas de importantes intereses criollos y locales. Estos articulares demandaron a Amat por más de 750.000 pesos. En la década de 1770, los virreyes fueron objeto de creciente crítica por parte de los reformadores metropolitanos del Consejo de las Indias encabezados por José de Gálvez. En Madrid ganaba fuerza la idea de que el poder excesivo de los virreyes debía reducirse y contenerse para que la administración virreinal fuese más eficiente y menos corrupta. Otros se opusieron pues estaban convencidos que, para gobernar los lejanos reinos, era necesario la autoridad del virrey. La disminución del poder de los virreyes afectó alcances del patronazgo corrupto. El sucesor de Amat, el virrey Manuel Guirior ejercía su autoridad a través de los favores y el patronazgo. Del favor de Guirior también se benefició el noble criollo José Baquíjano y Carrillo, de quien se sospechaba había obtenido su puesto en la Audiencia gracias al soborno. El visitador José Antonio de Areche, se le otorgaron amplios poderes para controlar las finanzas del virreinato, investigar irregularidades y decidir cambios necesarios en la administración colonial. Areche, guiado por una copia personal del confidencial «Discurso y reflexiones políticas» de Ulloa y Juan, informaba sobre la corrupción así como los intereses locales que presionaban a Guirior para estorbar la misión reformadora del visitador. Virrey recibió la noticia de su reemplazo a través de su sucesor, el teniente general Agustín de Jáuregui. Guirior obedeció la decisión pero anotó que los súbditos más importantes y acaudalados del Perú eran los principales testigos de su «incorruptibilidad». Las disputas entre el visitador y el virrey no cesaron con la llegada de Jáuregui. Mientras se desarrollaban estas disputas burocráticas en 1780 estalló una gran rebelión, liderada por José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II) En esta tradición, Condorcanqui era otro reformador que criticaba la corrupción de los funcionarios coloniales. Los criollos e indios nobles se opusieron al movimiento de Condorcanqui. Luego que Condorcanqui fuera apresado y ejecutado, la rebelión radical se propagó al Alto Perú. Pese a estos el legado de Condorcanqui tuvo un impacto importante Areche y el general Jerónimo de Avilés, encargado de aplastar el levantamiento, coincidían con Ulloa, y paradójicamente también con Condorcanqui.
Decreciente celo reformista
Con la abolición de los corregimientos y el reparto, así como la implementación de las intendencias en 1784, la sierra se benefició al menos en el corto plazo. Años después se creó, en 1787, la Audiencia del Cuzco. Estos importantes cambios se produjeron bajo el mando de Jorge Escobedo un nuevo visitador y superintendente que reemplazó a Areche. Su gran logro fue la implementación detallada y meticulosa del régimen de intendentes, además, mejoró el cumplimiento de la ley. Sin embargo, los intereses locales presentaron resistencia a la reforma. Alonso Carrió de la Vandera proponía que se mantuvieran los corregidores y repartos incluso después de la rebelión de Túpac Amaru. Sin embargo, propuso una reforma alternativa. Él tenía en mente una capitación directa aplicable a todos los súbditos en el Perú. Este impuesto universal directo, aparentemente pensado para unir a los súbditos peruanos sin consideración de etnicidad o de r aza, habría sido rechazado rotundamente por criollos y mestizos por igual. El conflicto más serio se produjo en la intendencia de Lima, donde las prerrogativas del virrey se superponían a las del superintendente. El virrey Teodoro de Croix desestimó e ignoró las medidas y autoridad del superintendente Escobedo. José de Gálvez, el enérgico arquitecto de la reforma imperial, había fallecido en 1787. Las decisiones de Madrid pasaron a tener más en cuenta la autoridad de los virreyes que la de los intendentes. Croix, el virrey del Perú, se convirtió en el principal defensor de la supresión del sistema de intendencias, pero su posición fue rechazada por el Consejo de Indias. La monarquía española vaciló así en su celo reformista institucional. A partir de entonces, la corrupción administrativa virreinal, los malos manejos en la minería, el contrabando y el nepotismo volvieron a crecer. Los intendentes y los subdelegados comenzaron a asumir la misma autoridad despótica que los corregidores. Hubo quejas contra intendentes que habían vendido puestos y la venta forzada de mercaderías a los indios prosiguió. Por otro lado, el contrabando de mercaderías inglesas y norteamericanas también creció. Para 1812, las minas de Huancavelica habían sido cerradas y el mercurio era importado desde Almadén, España. En 1809 se daban claras señales de una renovada intensificación de la vieja corrupción. La incertidumbre política creada por la invasión napoleónica de España y la legislación liberal en las Cortes de Cádiz crearon confusión en las reglas institucionales. El virrey Abascal impuso un poder militar semidictatorial y permaneció enfrentando a sucesivas insurrecciones. Durante el gobierno de Joaquín de la Pezuela (1816 -1821), el penúltimo virrey español, la corrupción militar y el favoritismo alcanzaron nuevos niveles. Pezuela, un virrey tiránico y conservador, gratificaba con su favor a los oficiales reales que le eran fieles y a su círculo más íntimo. Por sus claras falencias, defectos militares y venalidad, este virrey fue depuesto mediante el que quizás fuera el primer golpe militar moderno en el Perú liderado por el general liberal español José de la Serna (1821-1824), comandante de la última resistencia contra las invasoras fuerzas emancipadoras, y sucedió en condiciones bélicas favorables al contrabando y la corrupción.
Capítulo II Cimientos socavados de la temprana república, 1821-1859 En 1818, el joven Domingo Elías (1805-1867) viajó a estudiar en España y Francia. Al momento de su partida las penurias económicas y la corrupción habían abrumado al virreinato peruano. Con el fracaso de las reformas borbónicas, los conservadores condonaban la corrupción para recibir respaldo contra la inminente independencia. Los gastos militares exigían que las autoridades impusieran préstamos voluntarios o forzados a los ricos comerciantes y a la nobleza de Lima, dispuestos a todo para conservar sus privilegios. Habiendo adquirido ideas económicas y políticas liberales en la Europa de la era posnapoleónica, Elías retornó al Perú en 1825. ¿Qué tipos de corrupción surgieron o prevalecieron durante su ausencia y qué intereses yacían detrás de ellos? ¿Qué efectos tuvieron sobre las nuevas bases económicas, institucionales y políticas que la independencia trajo consigo? ¿Cómo se adaptó el joven hombre de negocios a estos cambios y continuidades? Seguir las actividades del polémico reformador civil Domingo Elías nos revela las viejas y nuevas características de una administración presa de la corrupción en una naciente república. Saqueo patriota
En 1821 y 1822, el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima, sin conseguir la independencia definitiva del Perú. Su objetivo principal consistía en erradicar la amenaza española en La Plata y Chile independientes a cualquier costo, incluso la ruina económica del Perú. Así, ordenaba sustraer los tesoros de las iglesias no para salvar a la patria sino para pagar a espías y obras públicas inútiles. Eventualmente, la mayor parte de los bienes expropiados se otorgó a oficiales militares que pedían compensación y recompensa por sus hazañas patrióticas. Entre los oficiales de alto rango que recibieron estas recompensas tenemos a Antonio José de Sucre, Bernardo O’Higgins, José Rufino Echenique, Juan Francisco Reyes, Blas Cerdeña y José María
Plaza, entre otros.
La corrupción de las autoridades de provincias perduraría así en el Perú independiente. El almirante Thomas Cochrane, cuyos servicios habían quedado impagos, se apropió de las reservas de plata que habían sido acumuladas durante el gobierno de San Martín. Cochrane fue el comandante de la flota «libertadora» chilena y también se vio beneficiado con la captura y secuestro de naves mercantes peruanas. La falta de apoyo popular a la independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas autoridades El general Simón Bolívar, también tomó parte en las dañinas prácticas de expropiación local y abuso de autoridad. Su dedicado ministro José Faustino Sánchez Carrión recibió varias propiedades como recompensa a sus fieles servicios. Un Congreso servil recompensó a Bolívar en 1826 con más de un millón de pesos. El coronel Juan Pablo Santa Cruz, gobernador de Chincha Baja y protegido del caudillo bolivariano se apropió ilegalmente de ganado y bienes. Una forma de despotismo que consideraban era peor que el de los españoles. Al mando del gobierno, Bolívar ordenó a sus propios oficiales el despojar propiedades, incluidos los ornamentos de plata de las iglesias, como medio para financiar al ejército. El general Agustín Gamarra le presentó a Bolívar ochenta medallas de oro y quinientas de plata acuñadas en su honor Hipólito Unanue, el ministro de Hacienda y José de Larrea y Loredo, su sucesor, manifestaron preocupación por los excesos. «Desafortunadamente para el Perú» — escribió en mayo de 1824 William Tudor, el cónsul estadounidense en Lima, al secretario de Estado John Quincy Adams — «los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los afectos de los habitantes». Tudor no limitó sus críticas
a los libertadores extranjeros; la población peruana, era suave, afeminada e ignorante del resto del mundo debido a su reclusión bajo el dominio hispano, dijo. Turbios préstamos externos
Los primeros préstamos externos, contratados apresuradamente en el mercado de capitales londinense en el periodo 1822-1825, terminaron por declararse impagos casi de inmediato. El primer contrato de préstamo externo se firmó en octubre de 1822 y fue aprobado por el Congreso Constituyente en 1823, durante el breve gobierno de José de la Riva-Agüero, el primer presidente del Perú. En el Perú se le concedió a Riva-Agüero el más alto rango militar, a pesar de no haber participado en batalla alguna. Un segundo préstamo de 616.000 libras en enero de 1825, con el cual Bolívar controlaba el poder en el Perú y esperaba ansiosamente los fondos del préstamo, 40.000 libras de los cuales serían usados para comprar y remitir 25.000 rifles. Los incumplimientos del gobierno peruano, tuvo como resultado el impago oficial de los préstamos externos peruanos. De la suma nominal total de 1.816.000 libras el gobierno peruano solamente recibió el 50 por ciento después de deducidas las elevadas comisiones, costos de transacción y pagos de interés por adelantado. Juan Manuel Iturregui, Cuando asumió la legación peruana en Londres por vez primera en 1827, se quejó de los magros ingresos que le habían sido asignados. Iturregui se mantendría como el representante peruano en Londres, con varias interrupciones en su servicio, hasta 1838. Tras años de negligencia y decadencia, las actividades mineras necesitaban una masiva inversión de capital para producir suficiente plata y oro con que equilibrar el creciente déficit comercial. Pero, las inversiones necesitadas por la minería peruana no se hicieron presentes. La exportación ilegal de plata piña aumentó después de la independencia. El congresista liberal peruano Francisco Javier de Luna Pizarro deseaba incrementar la recaudación de aduanas para contribuir así a la moralización de los funcionarios de aduana y, con ello, erradicar el «inmenso contrabando». El conjunto inadecuado de prohibiciones y barreras al comercio libre, heredado del régimen colonial, constituía el germen de la corrupción. Hubo ciertos intentos tempranos pero débiles de moralizar la Administración Pública fundamentalmente debidos a Luna Pizarro, el presidente Manuel Menéndez (1844-1845) y otros liberales. En teoría los funcionarios del gobierno seguían estando sujetos al juicio de residencia que buscaban evidencias de cohecho. Los oficiales de aduanas enfrentaban la pena de muerte si eran hallados culpables (rara vez eran aplicada). Según un pesimista observador contemporáneo, «la corrupción es demasiado inveterada y ha crecido con demasiado vigor en el Perú, como para ser erradicada rápidamente con cualquier medio, por juicioso o severo que sea».
