Cámara Departamental de Comercio TEMA Nuevo Código Procesal Civil.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS La Paz
Vol.69 /2014
Presentación empresarios visionarios emprendieron un sueño y una aventura, aglutinar en un solo ente gremial a todos los empresarios del País, una entidad que pueda “Hace 123 años empresarios visionarios
representar los legítimos intereses de quienes lo dan todo para construir una Nación, puesto que de ello dependen sus propias vidas y las de sus familias, empresarios, cuyo esfuerzo representa, el trabajo, tesonero tesonero y sacrificio de saber comenzar cuando todo se ha perdido, de liderar a su familia y sus empleados, para llevar a su empresa y con ella al país a un sitial de mayor prosperidad, las oportunidades lo sabemos todos, no se presentan por sí mismas, las oportunidades son el resultado del valor, no de la suerte, lo que diferencia a un empresario de una persona común, es que estos ciudadanos buscan "Las oportunidades oportunidades para triunfar" y si no las encuentran, las crean ”. El sueño de una Cámara que pueda brindar servicios al empresariado y pueda dialogar con certeza y cabalidad con el gobierno, sentando una sólida posición sustentada técnica y profesionalmente, profesionalme nte, hoy más de un siglo después es una realidad palpable, los servicios y la representatividad de nuestra Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara Departamental de Comercio de La Paz, son reconocido reconocidoss no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. internacional. Los servicios en línea que se constituyen en la Cámara Virtual, se han abierto de manera desinteresada desinteresada a toda la ciudadanía, en busca de darle certeza y seguridad jurídica, según el Dr. José Eduardo Romero Frías, el enfoque de una sociedad más comprometi da solo puede darse, desde la perspectiva de que todos tengamos acceso a la info rmación y podamos debatir criterios e ideas, así nace este espacio de reflexión y análisis, hace un año atrás, esta herramienta Summa Legis Analyticus que Analyticus que en principio solo tenía la misión de entregar informes pormenorizados y específicos, como respuesta a las consultas de los asociados a la Cámara Nacional de Comercio, hoy se constituye en una herramienta de análisis jurídico legal que pretende incentivar el conocimiento normativo de todos los ciudadanos Bolivianos, tanto de Normas que se están proyectando como de aquellas que ya se sancionaron y requieren mayor difusión .
La herramienta Summa Legis Analyticus, tiene el objetivo de transformarse en un Asesor personal que lleva llevara ra a usted la norma con comentarios jurídicos y análisis, contribuyendo contribuyendo a la sociabilización y la comprensión de nuestro Derecho Positivo.
N uev uevo o Pr oce ocedi di mi ento Civi l
Tenemos a bien presentarle el informe respecto del nuevo Código Procesal Civil promulgado en fecha 19 de noviembre de 2013, informe que consiste en tres partes y 124 hojas (Primera parte de la pg.1 a la 6, la segunda de la pg. 6 a la 60, y la tercera t ercera de la 60 a la 124), que contiene también en las partes pertinentes, comparaciones con el Código de Procedimiento Civil abrogado, para fines que en derecho pueda hacerse valer:
PRIMERA PARTE De la Norma En el primer título se establece los principios sobre los que se sustenta la aplicación del código entre los que se encuentran el de oralidad, inmediación, concentración, saneamiento entre otros, así mismo aclara el concepto de impulso procesal del Decreto Ley 12760 entendiéndose por tal la responsabilidad de la autoridad judicial para adoptar las medidas necesarias que lleven a la finalización del proceso evitando su paralización procurando la celeridad en el proceso lo que podría llevar a que el actual retraso en los procesos se vea disminuido pero mediante la implementación de un sistema de trabajo coordinado entre los funcionarios y autoridades judiciales, en lo que se refiere ref iere a la buena fe y la lealtad procesal se obliga a los jueces a impedir y sancionar los fraudes procesales, colusiones, dilaciones o cualquier inconducta procesal siendo que también las partes que intervienen en el proceso deben actuar en forma honesta, de buena fe, lealtad y veracidad respetando a la autoridad judicial y derechos del adversario pasando al ámbito de la sanción directa que pueden implementar las autoridades judiciales al momento de evidenciar alguna de estas conductas, en cuanto al derecho del debido proceso se establece que es el derecho a un proceso judicial justo y equitativo acomodándose acomodándose los derechos a las disposiciones disposiciones jurídicas en una situación situación similar comprender los requisitos que debe observar los servidores judiciales en todas las instancias procesales en observación a la norma. Así mismo se establece que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio excepto las normas de carácter facultativo por ser de
interés privado. En cuanto a la interpretación se debe tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos que reconoce la ley sustantiva en caso de vacíos se recurre a normas análogas, la equidad que nace de las leyes y los principios generales del derecho preservando las garantías g arantías constitucionales. Dentro del título segundo se menciona que la autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional, jurisdiccional, las servidoras y servidores, auxiliares solo se remiten a realizar actos permitidos por la ley del órgano judicial y el código procesal civil bajo responsabilidad, quienes son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo se someterán a la constitución política del estado y las leyes vigentes. Las decisiones que adopte la autoridad judicial son de cumplimiento obligatorio debiendo prestar asistencia para su cumplimiento todas las autoridades pudiendo disponer auxilio de la fuerza pública a solo requerimiento o decretar conminatorias y sanciones económicas como multas, lo que implica que se debe contar con el personal correspondiente en las entidades que sean requeridas para hacer cumplir las decisiones en un tema judicial. Se establece que la función jurisdiccional es indelegable y abarca todo el territorio nacional, la competencia se ejercerá en razón a materia o territorio además de que cada proceso tendrá dos instancias salvando aquellas que por disposición de la ley sea tramitado en una sola vía. Dentro de las reglas para ejercer la competencia se encuentran: en el caso de las demandas es competente la autoridad judicial en el que se encuentra el bien objeto del proceso o el domicilio de la parte demandada que será de elección del demandante, su son varios bienes será a elección cualquiera de ellos y si fuera un inmueble situado en dos o más jurisdicciones el que elija el demandante, en lo referente a las pretensiones personales es competente la autoridad judicial del domicilio del demandado, el del lugar donde debió cumplirse la obligación o fue suscrito el contrato a elección del demandante, para los contratos por medio electrónico es competente la autoridad judicial pactada en el contrato y a su falta la del domicilio real del demandado. En cuanto a las sucesiones es competente la autoridad judicial del último domicilio real del causante o donde se encuentran los bienes objeto de sucesión, en el caso del fallecimiento en el extranjero es el del último domicilio real del causante en el estado o donde se halle cualquiera de los bienes objeto de sucesión. La competencia por territorio se prorroga solo en caso de consentimiento expreso si convienen en someterse a una autoridad que para una o ambas no es competente o tácito si la parte demandada contesta ante la autoridad incompetente sin oponer excepción. La competencia se puede suspender por acción penal, vacación o licencia en todos los asuntos que conocen o por excusa, recusación o conclusión del pleito en determinado asunto. La competencia se puede suspender temporalmente por conceder una apelación en efecto suspensivo, por acuerdo de partes en los casos permitidos por ley o por suspensión de los casos que señala la ley y se pierde competencia por excusa declarada legal, recusación probada, resolverse en su contra la competencia suscitada o conclusión del pleito. En el caso de conflictos de competencia se podrá promover de oficio o a instancia de parte la inhibitoria que se intentara ante la autoridad judicial que se considera competente solicitándole solicitándole dirija de oficio a la autoridad judicial incompetente se inhiba y remita el proceso o por la vía de la declinatoria que se plantea ante la autoridad judicial incompetente solicitándole se separe de conocer la causa y remita el proceso a la autoridad competente. competente. En cuanto al procedimiento fijado para la inhibitoria una vez recibida la notificación la autoridad requerida en un plazo de 48 horas se deberá pronunciar aceptando o negando la inhibitoria, en el caso de aceptarla remitirá la causa ante el juzgado que lo haya requerido al tribunal que requiera siendo esta resolución inapelable, en el caso de ser negativa su respuesta en el término de 48 horas enviara las actuaciones sin sustanciación al tribunal superior para que dirima el conflicto comunicando al requirente para que remita las suyas en el mismo plazo en el caso de ser en el mismo asiento judicial y en caso de ser diferentes tendrán el plazo de seis días. A los cinco días de recibidas las actuaciones o los quince el tribunal superior resolverá el conflicto declarando la competencia, incompetencia de la autoridad de origen o la incompetencia de ambas, durante este proceso ambas autoridades no realizaran actuaciones judiciales salvo las medidas cautelares. En el capítulo cuarto de este título se mencionan poderes que tendría la autoridad judicial como de rechazar de forma inmediata y fundamentada si la demanda sea improponible, rechazar sin
interés privado. En cuanto a la interpretación se debe tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos que reconoce la ley sustantiva en caso de vacíos se recurre a normas análogas, la equidad que nace de las leyes y los principios generales del derecho preservando las garantías g arantías constitucionales. Dentro del título segundo se menciona que la autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional, jurisdiccional, las servidoras y servidores, auxiliares solo se remiten a realizar actos permitidos por la ley del órgano judicial y el código procesal civil bajo responsabilidad, quienes son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo se someterán a la constitución política del estado y las leyes vigentes. Las decisiones que adopte la autoridad judicial son de cumplimiento obligatorio debiendo prestar asistencia para su cumplimiento todas las autoridades pudiendo disponer auxilio de la fuerza pública a solo requerimiento o decretar conminatorias y sanciones económicas como multas, lo que implica que se debe contar con el personal correspondiente en las entidades que sean requeridas para hacer cumplir las decisiones en un tema judicial. Se establece que la función jurisdiccional es indelegable y abarca todo el territorio nacional, la competencia se ejercerá en razón a materia o territorio además de que cada proceso tendrá dos instancias salvando aquellas que por disposición de la ley sea tramitado en una sola vía. Dentro de las reglas para ejercer la competencia se encuentran: en el caso de las demandas es competente la autoridad judicial en el que se encuentra el bien objeto del proceso o el domicilio de la parte demandada que será de elección del demandante, su son varios bienes será a elección cualquiera de ellos y si fuera un inmueble situado en dos o más jurisdicciones el que elija el demandante, en lo referente a las pretensiones personales es competente la autoridad judicial del domicilio del demandado, el del lugar donde debió cumplirse la obligación o fue suscrito el contrato a elección del demandante, para los contratos por medio electrónico es competente la autoridad judicial pactada en el contrato y a su falta la del domicilio real del demandado. En cuanto a las sucesiones es competente la autoridad judicial del último domicilio real del causante o donde se encuentran los bienes objeto de sucesión, en el caso del fallecimiento en el extranjero es el del último domicilio real del causante en el estado o donde se halle cualquiera de los bienes objeto de sucesión. La competencia por territorio se prorroga solo en caso de consentimiento expreso si convienen en someterse a una autoridad que para una o ambas no es competente o tácito si la parte demandada contesta ante la autoridad incompetente sin oponer excepción. La competencia se puede suspender por acción penal, vacación o licencia en todos los asuntos que conocen o por excusa, recusación o conclusión del pleito en determinado asunto. La competencia se puede suspender temporalmente por conceder una apelación en efecto suspensivo, por acuerdo de partes en los casos permitidos por ley o por suspensión de los casos que señala la ley y se pierde competencia por excusa declarada legal, recusación probada, resolverse en su contra la competencia suscitada o conclusión del pleito. En el caso de conflictos de competencia se podrá promover de oficio o a instancia de parte la inhibitoria que se intentara ante la autoridad judicial que se considera competente solicitándole solicitándole dirija de oficio a la autoridad judicial incompetente se inhiba y remita el proceso o por la vía de la declinatoria que se plantea ante la autoridad judicial incompetente solicitándole se separe de conocer la causa y remita el proceso a la autoridad competente. competente. En cuanto al procedimiento fijado para la inhibitoria una vez recibida la notificación la autoridad requerida en un plazo de 48 horas se deberá pronunciar aceptando o negando la inhibitoria, en el caso de aceptarla remitirá la causa ante el juzgado que lo haya requerido al tribunal que requiera siendo esta resolución inapelable, en el caso de ser negativa su respuesta en el término de 48 horas enviara las actuaciones sin sustanciación al tribunal superior para que dirima el conflicto comunicando al requirente para que remita las suyas en el mismo plazo en el caso de ser en el mismo asiento judicial y en caso de ser diferentes tendrán el plazo de seis días. A los cinco días de recibidas las actuaciones o los quince el tribunal superior resolverá el conflicto declarando la competencia, incompetencia de la autoridad de origen o la incompetencia de ambas, durante este proceso ambas autoridades no realizaran actuaciones judiciales salvo las medidas cautelares. En el capítulo cuarto de este título se mencionan poderes que tendría la autoridad judicial como de rechazar de forma inmediata y fundamentada si la demanda sea improponible, rechazar sin
sustanciación la prueba que considere inadmisible, rechazar los incidentes dilatorios o que entraben el proceso entre otros, la autoridad judicial en si no tiene poderes pero si tiene facultades que le delega la ley en cuanto a la administración de justicia. Los deberes de la autoridad judicial son de fallar aplicando las reglas del derecho positivo son excusarse por la falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley, pudiendo fallar en equidad si se tratare de derechos disponibles, dictar resoluciones en los plazos señalados por el código, disponer de las medidas que sean necesarias para asegurar la igualdad entre partes y en audiencia tomar en cuenta las cosmovisiones de las partes velando por el respeto a sus tradiciones. La Autoridad judicial es responsable por la demora injustificable en proveer, dictar providencias inapropiadas, proceder con dolo o fraude o sentenciar incurriendo en error inexcusable. En el tercer título se establece que se consideran partes esenciales en el proceso el demandante o demandado y terceros en los casos que prevé la ley y son sujetos que actores en el proceso según su forma las personas que no tienen interés en el proceso.
La sucesión procesal de las partes en la que una persona ocupa el lugar de una parte como sujeto activo o pasivo se da solo en el caso que fallece una de las partes o fuere declarada su desaparición o fallecimiento presunto los sucesores continuaran el proceso, se disuelve o extingue al persona colectiva o se adquiere por actos entre vivos un derecho o bien litigioso, será la contraparte quien pida el emplazamiento a los sucesores sin que se finalice el tramite sucesorio procediéndose conforme a la demanda en ese tiempo se suspenderá el proceso por 40 días salvo que se esté por dictar sentencia procediéndose a la suspensión posterior a que se emita dicha resolución, al momento de la suspensión del proceso se mandara citación personal o por edicto a los sucesores otorgándoles un plazo de 30 días para que comparezcan si no se presentaren se declarara la extensión de la instancia o prosecución de la causa designando un defensor de oficio, en caso de la disolución de la persona colectiva los encargados de la liquidación del patrimonio continuaran el proceso. En el caso de transferencia de un bien en litigio el adquiriente sucederá en forma total o parcial a que estaba en calidad de enajenante, en caso de presentarse oposición se dictara resolución de previo y especial pronunciamiento. En el caso de los menores emancipados por matrimonio podrán actuar directamente y con plena capacidad por sus derechos personales y personalísimos, la persona natural podrá actuar mediante un representante por poder otorgado o designado por la autoridad judicial, en el caso de la persona colectiva si se tratare de un representante designado en el acto constitutivo no requerida poder especial salvo revocatoria del mandato, en todos los casos se deberá presentar documento idóneo que acredite la personería, en el caso de los progenitores progenitores que representen a sus hijos menores menores no emancipados emancipados no será obligación la presentación de los certificados de nacimiento salvo petición de parte o de oficio bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación que ejerciere. El ejercicio de la representación en el proceso presume la aceptación del apoderado, quien asumirá como obligación el seguir todos los tramites del proceso mientras su mandato no cese que se produce por la revocación del mandato, renuncia del apoderado, por extinción de la personalidad de la persona colectiva, conclusión de la causa, por muerte o incapacidad del mandante o del apoderado o por resolución judicial fundamentada fundamentada en la que el apoderado actué con malicia o temeridad t emeridad reiterada. reiterada. En el caso que en el proceso actúen diversas personas pero con un interés común deberán hacerlo de forma conjunta caso contrario de oficio o a instancia de parte la autoridad judicial y posterior a la contestación a la demanda intimara para su unificación siempre que exista compatibilidad o que el fundamento o derecho de la demanda fuere el mismo o iguales caso contrario designara de entre las partes a los que intervendrán en el proceso, no podrá darse en el caso de que las partes no estén de acuerdo dentro de un proceso ordinario y puede ser revocada por acuerdo de partes o por la autoridad judicial si así lo solicita una de la partes. La representación se podrá asumir sin mandato en el caso del cónyuge, padres por los hijos, suegros por yernos o nueras y los socios o comuneros en el caso de que el representado se halle impedido o esté ausente del país en el caso de que no sean pretensiones personalísimas, el representante deberá ratificar lo actuado en su nombre antes de la sentencia, la que será tacita si el representado comparece por sí o por el apoderado y no rechaza expresamente las actuaciones teniendo efectos retroactivos no procesos
voluntario y concursales. Se establece dos tipos de litisconsorcio el facultativo que es por voluntad propia y el necesario en el caso de no poder dictar sentencia sin emplazar o la concurrencia de los interesados que puede ser activo o pasivo. La intervención del tercero puede ser de dos formas voluntaria sea principal que puede ser por tercería de dominio excluyente, tercería de derecho preferente, tercería coadyuvante simple o tercería coadyuvante litisconsorcial o accesoria o forzosa si se tratare de una citación de evicción o por denuncia. Los deberes de las partes son: proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en sus actos e intervenciones en el transcurso del proceso, acatar las órdenes judiciales durante el desarrollo del proceso entre otras, tendrán la responsabilidad de los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales negligentes, temerarias o de mala fe que se produce si se sustrae, mutile o inutilice alguna parte o pieza del expediente, se obstruya la producción de medios probatorios, se realice transcripciones o citas deliberadamente inexactas entre otras, en el caso que queden acreditadas la parte podrá ser condenada además de costas y costos, a daños y perjuicios que se liquidaran en la vía incidental. Dentro del cuarto título se establece que los actos procesales se presumen realizados por un acto de voluntad de los interesados, se utilizara el idioma castellano o el preponderante en la región según defina la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia. Los memoriales deben ser redactados por medio técnico o manuscrito y suscrito por las partes y abogados donde indicara la autoridad judicial a la que se dirige y la individualización del proceso, llevara en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final el lugar y fecha del memorial, en caso de que la parte no sepa firmar estampara sus impresiones digitales, las copias o fotocopias deben ser claras y en la cantidad de las personas que deben ser notificadas, deberán llevar un cargo en el que constara los documentos que acompañan, día y hora de presentación en letra legible o fechero al pie del memorial y firmado por el funcionario que lo recibe, en el caso de los recursos ordinarios o extraordinarios o notas de provisión para testimonios o producción de fotocopias legalizadas el cargo será puesto por el secretario bajo su responsabilidad. El domicilio procesal deberá ser señalado en el primer memorial en el momento que comparezcan que debe ser dentro de las 20 cuadras con respecto al asiento judicial del departamento y en el resto 10, el que puede ser también por medio electrónico, telemáticos o infotelecomunicaciones para que se constituya como domicilio procesal, en el caso de no señalarlo en el primer actuado se tendrá como tal los estrados judiciales, admitida la demanda se citara a la parte demandada quien no podrá ser citado posteriormente sobre el mismo hecho, en caso de la demanda esta se hará mediante citación personal, la reconvención se citara por cedula, también se procederá de esta forma en el caso que la parte citada no sea encontrada dejando cedulón a los familiares o dependientes mayores de 18 años debiendo identificarla quien tendrá que firmar caso contrario firmara el testigo de actuación, acompañando una fotografía del inmueble donde se practicó la diligencia y de la persona que la recibió o presencio el acto más el croquis de ubicación, en caso de no poder ubicar el inmueble el servidor público representara tal hecho, siendo nula toda diligencia que se hubiere practicado en un domicilio falso que hubiera designado el demandante, se podrán considerar cedulas las fotocopias de los memoriales, informes de peritos, liquidaciones y otras actuaciones procesales que contendrán la providencia o resolución de la autoridad autenticadas con la firma y sello del secretario, se aplica la citación por comisión en el caso de que la parte demandada tuviera domicilio fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial en el caso de que sea en el exterior será mediante exhorto suplicatorio, se procederá a la citación por edicto en el caso de que el demandado no señalare domicilio conocido debiendo requerirse a las autoridades correspondientes para establecer el domicilio, solo en el caso de personas desconocidas o indeterminadas se tendrá que prestar juramento de desconocimiento. En el caso de que la parte demandada fuera el estado o la persona colectiva de derecho público se deberá citar al personero legal sin perjuicio de notificarse a la Procuraduría General del Estado, la falta de apersonamiento no importara la nulidad de obrados. En el caso de que el demandante o reconvenida opusiera excepciones o asumiera defensa se la tendrá por citada de forma tácita con la demanda o reconvención. Se establece que como principio que las actuaciones judiciales serán notificadas a las partes inmediatamente en secretaria de juzgado, en caso del Abogado deberá apersonarse a la secretaria del juzgado así como su procurador
autorizado caso contrario se tendrá por efectuada la notificación sentando la diligencia respectiva, la notificación se tendrá por no cumplida en el caso de que la actuación o el expediente no se encontrare en secretaria debiendo hacer constar tal hecho en el libro de control de notificaciones, en el caso de notificaciones por correo se realizaran por disposición de la autoridad judicial mediante carta certificada. Se abre la posibilidad de que las partes al inicio del proceso de común acuerdo podrán solicitar la abreviación de plazos por el tiempo que estimen conveniente o la suspensión de los que estén en curso por única vez y un máximo de 30 días, los plazos corren a partir del día siguiente hábil a la citación o notificación en el caso de plazos comunes a partir del día hábil siguiente a la última notificación, los plazos que no excedan los 15 días se computaran los días hábiles y los que excedan los 15 días se computan días hábiles e inhábiles. La Autoridad judicial deberá presidir las audiencias bajo pena de nulidad en el caso de no hacerlo, todo lo sucedido y obrado se plasmara en un acta elaborado por el secretario labrado en el plazo máximo de 48 horas. Los expedientes permanecerán en las oficinas de la autoridad judicial para el examen de las partes se forman con el primer memorial o acta de la causa. En cuanto a las fotocopias simples las mismas se deben entregar a solo requerimiento verbal al secretario, en el caso de testimonios y fotocopias legalizadas se podrá solicitar por un tercero, así como fotocopias legalizadas en forma total o parcial o certificado que refleje los pintos solicitados, corriendo en traslado a la otra parte. En cuanto a los días y horas hábiles se establece que son aquellos en los que funcionen los juzgados y tribunales judiciales, la habilitación de horas inhábiles se pedirá en los días y horas establecidos como hábiles, los plazos por distancia en el caso de diligencias q deban practicarse fuera del asiento judicial es de 12 kilómetros o cada fracción que no baje de 100 siempre que exista transporte aéreo, fluvial, ferroviario o de carretera. Conclusión En esta primera parte del nuevo código adjetivo civil no se observan grandes cambios puesto que se limita a reiterar aspectos regulados en la anterior norma. Si se regula con mayor precisión lo que se refiere a los deberes de la autoridad judicial, establece que será el debido proceso dentro del proceso civil e incorpora la notificación por correo electrónico que debe ser mediante carta certificada aspecto que facilitaría el avance en los procesos judiciales.
SEGUNDA PARTE ACTOS DE REPOSICION La nueva ley establece en este capítulo la forma y contenido de la demanda, la misma contiene los mismos requisitos que los señalados en el antiguo procedimiento, sin embargo se añade un último requisito, que es el numeral 10 del Art. 110 -Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado- Con relación a la prueba se establece el mismo concepto señalado en el anterior código es decir que se debe acompañar a la demanda la prueba documental y si no se dispusiera de esta se indicara el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. Si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar. Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá documentos de fecha posterior a ella o, siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos. En caso de existir una DEMANDA DEFECTUOSA se establece un plazo de tres días para su subsanación en caso contrario se tendrá por no presentada, existe una diferencia ya que el anterior código no señalaba un plazo concreto dejando al juez la determinación de dicho plazo. Por otro lado se añade el concepto de demanda manifiestamente improponible, la cual será rechazada de plano en resolución fundamentada. Contra el auto desestimatorio sólo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria, el tribunal superior impondrá responsabilidad a la autoridad judicial inferior.
El concepto de Litisconsorio se encuentra contemplado en el Art. 114 - DEMANDA CON PRETENSIÓN MÚLTIPLE- señalándose los mismos requisitos que el anterior código. La AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN de la demanda podrá hacerse se igual manera antes de contestada la misma, la cual debe ser citada a la parte contraria de manera personal. Si después de contestada sobreviene algún hecho nuevo que influya sobre el derecho pretendido por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la conclusión de la causa; si fuere posterior, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En ambos casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondientes. Sobre la CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO se señala el plazo máximo de diez días computados a partir de la admisión de la demanda, salvo caso de fuerza mayor u orden expresa en contrario. El anterior código señalaba que la citación con la demanda y reconvención se hará dentro de las veinticuatro horas siguientes al día en que se hubiere dictado la providencia correspondiente. Es evidente la carga procesal existente en los juzgados, sin embargo con un plazo mayor al otorgado antes se corre el riesgo que los oficiales de diligencias no sean eficientes en sus labores. EFECTOS DE LA CITACIÓN, los efectos señalados son prácticamente los mismos con la salvedad que se añade el numeral 6. Los demás efectos jurídicos establecidos por ley. CARGA DEL CITADO, llamado la obligación del citado en el anterior código, señala que debe comparecer o constituir apoderada o apoderado y señalar domicilio bajo apercibimiento de lo que en derecho corresponda. Es decir con la conminatoria de ser declarado rebelde. La jurisprudencia señala que toda persona emplazada por el juez está obligada a comparecer sin excusa alguna, por si o por medio de apoderado, pena de seguírsele el juicio en rebeldía En CASO DE FALLECIMIENTO antes de la contestación, se citará a los herederos en la forma señalada en este Código, bajo pena de nulidad. Es evidente que se debe realizar una nueva citación a los nuevos titulares del derecho o de la obligación en litigio. NULIDAD DE LA CITACIÓN, se señala que es nula toda citación que no se ajuste a los preceptos establecidos del Código. El EMPLAZAMIENTO, es la convocatoria a la parte demandada para que comparezca ante la autoridad judicial con objeto de realizar un acto procesal determinado dentro de plazo legal o judicial, se establece que si el demandado tuviere su domicilio en la ciudad o población donde se tramita el proceso, el emplazamiento se practicará observando las formalidades previstas para las notificaciones que se realizan dentro de la jurisdicción de la autoridad judicial que conoce la causa. Si la parte demandada tuviere domicilio en otra ciudad o población, el emplazamiento se practicará observando las formalidades establecidas para las notificaciones fuera del asiento judicial. En este caso se agregará el plazo de la distancia, previsto en el Código. Si la parte demandada se encontrare fuera del país, será emplazado mediante exhorto suplicatorio librado a la autoridad del lugar donde estuviere domiciliado. El plazo, para comparecer será fijado por la autoridad judicial entre un mínimo de sesenta y un máximo de noventa días. CONTESTACIÓN, para ilustrar de mejor manera la figura presentamos el art. 125 del actual Código y el Art. 345 y 346 del anterior código:
Art. 125 – Actual Código Art. 125 En la contestación, la parte demandada observará los siguientes
Art. 345 y 346 del anterior Código Art. 345.- El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo
requisitos: de quince días, con la ampliación que 1. La presentará por escrito, corresponda en razón de la distancia. observando las formas previstas para Art. 346 En la contestación el la demanda, en el plazo de treinta días demandado, además de oponer las contados a partir de la citación. excepciones previstas por el artículo 2. Deberá pronunciarse sobre los 342 deberá: 1. Reconocer o negar en forma hechos alegados en la demanda, sobre explícita y clara los hechos la autenticidad de los documentos expuestos en la demanda. acompañados, cuya autoría le fuere atribuida y su contenido. Su silencio o 2. Pronunciarse sobre los evasiva se tendrá como admisión de documentos acompañados o los hechos y de la autenticidad de los citados en la demanda. Su silencio, documentos. evasivas o negativa meramente 3. Expondrá con claridad y general podrán estimarse como precisión los hechos que alegare como reconocimiento de la verdad de los fundamento de su defensa. hechos a que se refieren dichos 4. Acompañará la prueba que le documentos. incumba e indicará las demás que 3. Exponer con claridad y precisión los hechos que alegare como pretendiere diligenciar, señalando fundamento de su defensa. expresamente que hechos pretende 4. Cumplir con los requisitos demostrar. establecidos en el artículo 327 en 5. Podrá oponer las excepciones todo lo que fuere aplicable previas señaladas en el artículo 129 de este Código.
en el artículo 327 en todo lo que fuere aplicable
Del artículo precedente se evidencia la diferencia en cuanto al plazo para la contestación de la demanda, la cual debía ser contestada en un plazo de quince días, actualmente debemos contestar la misma en un plazo de 30 días. El anterior código en cuanto al plazo de quince días seguía la pauta del Código Argentino. De la comparación se evidencia que el primer requisito es el que llama la atención, ya que no se plantea el desconocimiento del hecho y del derecho que supone la posición corriente en el demandado, que hace pesar la carga de la prueba en el actor respecto de los hechos, para determinar la extensión de su derecho. Es por ello que la ley debe exigir EXPLICITUD Y CLARIDAD EN LA NEGATIVA porque el silencio o la evasiva pueden interpretarse como reconocimiento tácito de los hechos demandados
ACTITUDES DE LA PARTE DEMANDADA El artículo menciona que el demandado tiene las siguientes opciones:
allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir una actitud de mera expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención.
Si optare por más de una de estas actitudes, lo hará en forma simultánea y en el mismo acto. El presente artículo presenta las cinco opciones que el demandado tiene para asumir defensa. Llama la atención la opción de asumir una actitud de mera expectativa.
ALLANAMIENTO A LA DEMANDA La parte demandada a tiempo de contestar, podrá allanarse a la demanda, aceptando la pretensión de la parte actora. Si el allanamiento a la demanda fuere total, se pronunciará sentencia sin necesidad de otra prueba ni trámite, y si fuere sólo parcial, se tendrá por probada en la parte allanada, debiendo proseguir la sustanciación en lo demás. No será admisible el allanamiento si el objeto de la pretensión es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pudieren ser probados por confesión. El anterior código establecía la confesión del demandado, estableciéndose la misma consecuencia ya que si el demandado se allana a la pretensión del demandante el Juez dictara sentencia, si solo se allana en una parte se deberá seguir la tramitación en lo demás. El Allanamiento supone que el demandado admite, más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor, es decir que CONFIESA la demanda. Puede ser realizado de manera expresa cuando así lo establece en la contestación o en cualquier estado del proceso. Puede ser realizado de manera tácita, cuando sin contestar a la demanda entrega la cosa o ejecuta el acto que se reclama en la demanda. El proceso concluye y el juez debe emitir decisión sin más trámites. Si fuera parcial el allanamiento, el proceso proseguirá sobre los puntos no comprendidos en él. En el punto tercero, se entiende que el juez debe rechazar la demanda ya que la pretensión es de orden público. EXCEPCIONES PREVIAS
I.
Las excepciones previas son: 1. Incompetencia de la autoridad judicial. 2. Incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderada o apoderado. 3. Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda. 4. Litispendencia. 5. Demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones. 6. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. 7. Emplazamiento de terceros, en los casos que corresponda. 8. Prescripción o caducidad. 9. Cosa juzgada. 10. Transacción o conciliación. 11. Desistimiento del derecho.
La autoridad judicial podrá declarar, aun de oficio, la incompetencia, la incapacidad del actor o de su representante, la cosa juzgada y la transacción. La prescripción y la caducidad sólo podrán declararse a instancia de parte. Las defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y dirigidas al fondo o mérito de la causa, deberán justificarse con prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia. En la práctica se llama excepción a cualquier actividad de defensa del demandado, encaminada a obtener la desestimación de la demanda del actor. Algunos autores, como en el sistema procesa francés llaman defensa la contradicción al derecho del actor, es decir al fondo de la acción y
excepción a las oposiciones en cuanto a la forma del procedimiento, esto es al rito. A la concepción de acción, como atributo propio del derecho, que faculta al actor a demanda, se opone la concepción de excepción, también como atributo propio del derecho, que faculta al demandado a defenderse.
La doctrina establece dos clases de excepciones: Son defensas previas las excepciones dilatorias, alegadas al comenzar el proceso, versan normalmente sobre el proceso y no sobre el derecho alegado por el actor. Tienden a corregir errores que refutaran a una correcta y fácil decisión (defecto legal en la demanda); a evitar un proceso inútil (litispendencia); a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o impersoneria). Su objeto es eliminar previamente ciertas cuestiones que embarazarían el normal desarrollo del proceso. Prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento. Su objeto no es retardar el pleito; produce ese efecto, ello ha hecho creer y considerar que el fin de la excepción es el de dilatar o alargar el juicio, tomando por el contenido de la excepción solo la consecuencia. Su carácter previo implica que su dilucidación compromete la eficacia y la validez de los actos posteriores. La excepción perentoria, supone la defensa sobre el derecho, no sobre el proceso. Es el contraderecho extintivo que opone el demandado al hecho constitutivo afirmado por el actor. A diferencia de las dilatorias, las excepciones perentorias no se definen in limini Litis y su resolución puede postergarse para la sentencia. La excepción perentoria es de mayores consecuencias; admitido ya no existe lugar de manera alguna al ejercicio de la acción, es por ello que también se ha llamado perpetua. Se establece dos excepciones previas nuevas: Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda y Demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones. Suprimiéndose así la excepción de OBSCURIDAD, CONTRADICCION O IMPRESICION EN LA DEMANDA, esta excepción es una de las más utilizadas en nuestro medio. La presente ley carece de las excepciones perentorias, sin embargo en el último párrafo del presente artículo señala que serán admitidas defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y dirigidas al fono o mérito de la causa.
MODO DE PLANTEARLAS Planteadas las excepciones previas serán corridas en traslado al demandante para que las conteste en quince días, salvo que mediare reconvención, en cuyo caso el plazo será el previsto para la contestación a la reconvención. Las excepciones previas serán resueltas en la audiencia preliminar a tiempo del saneamiento del proceso. El presente artículo no señala el plazo para plantear las excepciones solo se le otorga el plazo de quince días para que el demandante conteste las mismas. Se entiende que el demandado puede oponer una excepción o una pluralidad de ellas, según casos y circunstancias. Existe diferencia ya que la Resolución, ya que anteriormente vencido el plazo correspondiente, hubiere o no respuesta el juez pronunciara resolución en el término de tres días y la resolución que declarare probadas las excepciones perentorias tenían carácter de sentencia. Ahora todas son resueltas en Audiencia preliminar. Para la tramitación de las excepciones y su correspondiente apelación el anterior código señalaba un plazo y una tramitación diferente para las excepciones previas y para las excepciones perentorias.
RECONVENCIÓN La forma y contenido, debe tener los mismos requisitos exigidos para la demanda, su admisibilidad se dará solo en procesos ordinarios, la modificación o ampliación, antes de la contestación a ésta, y el trámite señala que se correrá traslado a la otra parte para que esta responda en el plazo de 30 días. Se habla de reconvención siempre que el demandado, en lugar de defenderse contra la pretensión del actor, le contraataca, proponiendo contra él una pretensión, por lo que, en realidad, el demandado se transforma en actor.La reconvención es llamada acción, el proceso en que se produce una reconvención se llama también juicio doble o de mutua petición, porque las calidades de demandante y demandado se reúnen en cada litigante. La reconvención es parte del procedimiento del proceso ordinario, por ello debe sustanciarse con arreglo a sus fórmulas, por lo que no podría confundirse con otro proceso distinto. Por lo que se considera que la reconvención en un proceso especial es inadmisible, por la dificultad de amoldarla a los trámites particulares fijados para este.
CAPÍTULO QUINTO - PRUEBA El presente capitulo establece el PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL señalándose que la Autoridad Judicial averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral. CARGA DE LA PRUEBA Quien pretende un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora.La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial. El presente artículo señala los mismos conceptos para la carga de la prueba, es decir, tanto el demandante como el demandado tienen la carga de la prueba. Por otro lado le da la facultad al juez de la iniciativa probatoria
EXENCIÓN DE LA PRUEBA No requieren prueba: Los hechos admitidos por la parte adversa, salvo las limitaciones señaladas por ley Los hechos notorios, conocidos por la generalidad de las personas del término medio, salvo que constituyan el fundamento de la pretensión y no sean admitidos por las partes. Los hechos evidentes cuya existencia se acredite por sí misma. Las presunciones establecidas por la ley.
PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Las pruebas serán producidas en audiencia, conforme a lo dispuesto para cada proceso en particular, salvo disposición especializada en contrario.La principal característica de este proceso es la oralidad del mismo, es por ello que una de las principales diferencias con el anterior código es precisamente la ORALIDAD. Actualmente no existe un proceso totalmente oral o escrito y en la doctrina se suele entender que estamos ante un proceso oral cuando existe un predominio de la palabra hablada como medio de expresión, y con un atenuado uso de escritos de alegaciones y documentación.
La necesidad de implementar juicio oral en el nuevo código procesal civil surge ante las contrariedades de dilación o mora procesal, excesiva carga procesal, saturación de expedientes que neutralizan la celeridad procesal y al otorgamiento de justicia oportuna, además constituye un factor para la generación de corrupción. En el anterior código se establecía un plazo para la producción de prueba que mediante un memorial debía ser presentado y corría en traslado a las partes. Como ya se mencionó el proceso es oral y por lo entendido la prueba se acompaña en la demanda y con la contestación a esta, también en Audiencia. Las audiencias se realizarán totalmente de forma oral, impondrán exigencias fuertes a la intuición de las partes litigantes, donde jamás podremos prever con precisión lo que ocurrirá durante el juicio oral: las respuestas inesperadas de los testigos, los ardides de la contraparte, las indagaciones de los jueces o la aparición de nuevos medios de prueba o excepciones. PRUEBA FUERA DE LA SEDE JUDICIAL Cuando las pruebas debieran producirse fuera del asiento del juzgado, la autoridad judicial podrá trasladarse para recibirlas o comisionar su recepción a las autoridades judiciales de las localidades respectivas y, a falta de ellas, a una autoridad administrativa, concediendo en su caso el término de la distancia previsto en el presente Código. Se señala una opción que será de mucha utilidad en los procesos y que el anterior Código carecía. PRUEBA DEL DERECHO El derecho aplicable al margen de su nacionalidad, no requiere prueba. El derecho extranjero o la costumbre sólo necesitan ser probados cuando la autoridad judicial no los conozca. Para la determinación de las normas de esta clase, la autoridad judicial no queda limitada a las pruebas que le ofrezcan las partes; está facultada para servirse de otras fuentes de conocimiento y para ordenar todo lo que conduzca al aprovechamiento de los mismos. RECHAZO DE LA PRUEBA Determinados los hechos a probar, la autoridad judicial rechazará de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho. De la misma manera a tiempo de dictar sentencia, podrá rechazar las pruebas impertinentes al objeto del proceso. PRUEBA TRASLADADA Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra. Se salva el derecho de acudir a otro proceso, presentando la misma prueba.
MEDIOS DE PRUEBA Son medios legales de prueba, los documentos, la confesión, el juramento, las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. Igualmente se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las condiciones previstas en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y, que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el presente Código, y en su defecto en la forma que disponga la autoridad judicial.
A diferencia del anterior código se establece la validez de pruebas que puedan ser adquiridas por medio electrónico, lo cual resulta bastante favorable ya que la tecnología es parte del quehacer diario y por tanto es un medio idóneo para otorgar prueba.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA i.
La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desechadas, fundamentando su criterio.
ii.
Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación diversa.
iii.
En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio.
El presente código otorga al juez para utilizar su sana crítica o prudente criterio, se deberá además la realidad cultural en la cual se ha generado. RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES SOBRE PRUEBAS Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior.
PRUEBA DOCUMENTAL DOCUMENTOS I.
La prueba documental será presentada por la parte a quien interesa o cuando la autoridad judicial así lo requiere en los casos en que la ley o la naturaleza de los hechos lo precisare.
II.
Los documentos serán presentados en originales. Si se tratare de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que tenga el original en su poder y que, en caso de duda, podrá ser exhibido.
Los documentos públicos otorgados en el extranjero debidamente legalizados ante la respectiva autoridad pública, serán presentados para su admisión y procesamiento en la causa, salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados. Tratándose de documentos redactados en idioma extranjero, deberá acompañarse la traducción legal en cada caso, salvo las excepciones mencionadas. Cuando se trate de libros o documentos extensos, la traducción comprenderá sólo aquella parte o partes pertinentes al objeto del proceso. Corresponde este medio de prueba a las llamadas preconstituidas, que son aquellas que por mandato de la Ley o por voluntad de las partes han sido constituidas con anterioridad al proceso y sin pensar expresamente en él. Según la doctrina nada impide que el documento pueda ser producida después de trabada la Litis, caso en el cual su eficacia está vinculada a la relación que con ella tenga y a la oportunidad en que
se haga valer en el proceso. El documento es todo escrito en que se consigna un hecho. Los documentos públicos, que en sentido amplio es el que produce la actividad pública, en las diversas manifestaciones de los fines del Estado, mandatos y resoluciones de los Poderes del Estado, despachos y certificados de la Administración en general, documentos de crédito público. En sentido estricto evoca la idea de su formación dentro del ejercicio de una actividad pública, específicamente dedicada a crear y conservar la documentación: Notaros, Oficiales de Registro Civil, Registradores de derechos reales, funcionarios judiciales en general, que registran, extienden o franquean escrituras públicas, testimonios, certificaciones, etc.
CLASES DE DOCUMENTOS El documento público es: El otorgado por funcionario autorizado en ejercicio de su cargo. La escritura pública y demás documentos otorgados por o ante notario de fe pública. El documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de documento público, cuando. Hubiere sido declarado como reconocido por autoridad judicial. Habiendo sido negada la firma y rúbrica por la parte contra quien se opusiere, se lo declare auténtico por resolución judicial ejecutoriada. Hubiere sido inscrito con las formalidades legales pertinentes en registro público, a pedido de la parte contra quien se opusiere. Hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o estar manuscrito por la parte contra quien se opusiere, sin que hubiere sido oportunamente tachado de falso. El documento digitalizado o electrónico en los términos que señale la ley especializada. El documento mercantil se regirá por las normas del Código de Comercio y otras leyes. Los documentos públicos, que en sentido amplio es el que produce la actividad pública, en las diversas manifestaciones de los fines del Estado, mandatos y resoluciones de los Poderes del Estado, despachos y certificados de la Administración en general, documentos de crédito público. En sentido estricto evoca la idea de su formación dentro del ejercicio de una actividad pública, específicamente dedicada a crear y conservar la documentación: Notaros, Oficiales de Registro Civil, Registradores de derechos reales, funcionarios judiciales en general, que registran, extienden o franquean escrituras públicas, testimonios, certificaciones, etc. Se procede a establecer requisitos para que el documento privado tenga validez. El documento privado en su sentido más amplio comprende todo escrito de obligación o de extinción no protegido por la fe pública; cartas misivas, registros, libros privados, minutas de telegramas, facturas, notas de cuentas papeles comerciales y de toda especie de declaración escrita por mano de acreedor, del deudor, o también de su mandatario. En un sentido restringido al derecho de los contrato, es el escrito que establece modifica o extingue derechos u obligaciones, celebrado entre las partes sin intervención de funcionario de fe pública ni estar autorizado por este ni inserto en registro público alguno. El reconocimiento en cualquiera de las formas establecidas en el art. Que confiere eficacia de documento público al privado, importa que la autoridad competente por ante quien se realiza el mismo da fe pública de que el documento privado debe ser tenido como público y con los efectos que ello implica, por haberse cumplido los requisitos que para ese fin señala la ley. Da la calidad de documento privado al documento digitalizado o electrónico dejando los términos para una la ley especializada.
INDIVISIBILIDAD Y VALOR PROBATORIO La eficacia probatoria de los documentos públicos o privados, es indivisible y comprenderá aun lo meramente enunciado, siempre que tuviere relación directa con lo dispuesto en el acto o contrato. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas y rúbricas se encuentren reconocidas o autenticadas ante autoridad competente. El documento privado aun sin reconocimiento de firmas hará fe entre partes, salvo que oportunamente se desconozca la firma o en su caso la autoría o falsedad. El alcance probatorio a que se refiere el art. Importa que determina la medida de la eficacia de la prueba documental, eficacia instituida por la ley en consideración a razones de política solida y jurídica y en la medida que ella misma señala, pudiendo ensancharla en ciertos casos, limitándola en algunos anulándola en otros.
VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS, COPIAS, FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y CERTIFICADAS Los testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados tendrán el mismo valor probatorio que el original, cuando: Hubieren sido otorgados por notario u otro funcionario público, siempre que el original se encontrare a su cargo. Consistan en reproducciones mecánicas o técnicas del documento original, siempre que estuvieren debidamente autenticadas por el funcionario a cuyo cargo se encuentre el original y fueren otorgadas por orden judicial o de autoridad competente. Cuando se trate de la reproducción de documentos privados voluntariamente reconocidos ante notario de fe pública. Cuando sean generados mediante correo electrónico o se trate de documentos digitalizados, certificados por entidad competente. El art. Señala los requisitos para que ciertos documentos tengan el mismo valor probatorio que el original, incluyendo obviamente a los generados mediante correo electrónico o se trate de documentos digitalizados, certificados por entidad competente. SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS EN OFICINAS PÚBLICAS. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentre en una oficina pública, podrá pedir se le franquee testimonio, copia o fotocopia legalizada del mismo, con orden judicial; igualmente, el abogado de la parte podrá solicitarlos directamente, especificando el proceso a que será destinado. La institución o autoridad requerida en ningún caso podrá negar su francatura. Cuando la parte hubiere intervenido en el acto, no necesitará autorización judicial, para su otorgamiento y será suficiente solicitud verbal. DOCUMENTOS EN PODER DEL ADVERSARIO. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentre en poder de la otra, podrá pedir a la autoridad judicial que la intime para su presentación en el plazo que al efecto se fije, sin que el intimado pueda resistir la orden judicial. Cuando por otros elementos del proceso, la existencia y contenido del documento resultare verosímil, la negativa a presentarlo se tendrá como reconocimiento de ese contenido. DOCUMENTOS EN PODER DE TERCEROS. Cuando la parte pretendiera servirse de documentos que se encuentren en poder de terceros, solicitará a la autoridad judicial que ordene su entrega en originales, en el caso en que éstos pertenezcan a los requirentes, o en copias o fotocopias autenticadas, sin que el requerido pueda rechazar la orden judicial, con cargo al requirente. El tercero requerido podrá oponerse a la entrega sólo si el documento fuere de su exclusiva propiedad
y la exhibición pudiere causarle perjuicio, situación que será apreciada por la autoridad judicial para determinar lo que corresponda. Lo señalado anteriormente facilitara la obtención de prueba para las partes involucradas en el proceso, dando paso al principio de igualdad procesal. DESCONOCIMIENTO Los documentos que se presenten con la demanda o con la reconvención reconvención sólo podrán ser objetados al momento de la contestación.Los documentos documentos acompañados con la contestación a la demanda o a la reconvención, o en cualquier otra oportunidad en que fuere admisible su presentación, sólo podrán ser objetados dentro de los seis días siguientes al de su notificación, notificación, excepto si se tratare de documentos presentados en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá formularse en la misma. Referida a la objeción de la prueba, señalándose la oportunidad para hacer uso de dicho derecho, ya sea con la contestación o después de ella con un plazo de seis días desde su notificación, si las pruebas son presentadas en audiencia el desconocimiento se formula en la misma audiencia.
DENUNCIA DE FALSEDAD La parte que denuncie la falsedad material o ideológica de un documento público o de un documento privado auténtico o tenido por auténtico presentado por su adversario, deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en el artículo anterior promoviendo demanda incidental de falsedad. La denuncia de falsedad material o ideológica o de nulidad del documento se planteará como defensa en el curso del proceso. Si de la tramitación de la denuncia se evidenciare la comisión de un delito, se remitirá antecedentes al Ministerio Público. La denuncia a la falsedad debe realizarse mediante un escrito o en audiencia y los antecedentes deberán ser enviados al Ministerio Publico, lo cual impedirá que las partes caigan en esta costumbre, la cual ha sido practicada últimamente. Este es otro de los aspectos novedosos del presente código.
DOCUMENTOS EN IDIOMA CASTELLANO U OTRO Los documentos deberán presentarse en idioma castellano. Los documentos en otro idioma deberán presentarse acompañados de su correspondiente traducción al castellano. Sí la parte contra contra quien se oponen pidiere pidiere su traducción traducción oficial, la la autoridad judicial designará designará perito traductor, en cuyo caso los gastos correrán a cargo del solicitante; empero, si la autoridad judicial considerare necesario, podrá ordenar de oficio la traducción y los gastos serán prorrateados entre las partes. CONFESIÓN Y JURAMENTO ALCANCE DE DE LA CONFESIÓN Existe confesión cuando la parte admite total o parcialmente la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés o favorable a la del adversario. CLASES DE CONFESIÓN Existen dos clases de confesión, la judicial que podrá ser provocada o espontánea, y la extrajudicial. Es confesión judicial provocada la que una parte absolviere en virtud de petición expresa y conforme
a interrogatorio de la otra parte, o dispuesta de oficio por la autoridad judicial, bajo juramento o promesa de decir la verdad y demás formalidades establecidas por ley. Es confesión judicial espontánea la que se formulare en la demanda, la contestación o en cualquier otro acto del proceso y aun en ejecución de sentencia, sin interrogatorio previo; previo; en éste último caso, importará renuncia a los beneficios acordados en la sentencia. La confesión extrajudicial es la que tiene lugar fuera del proceso. Cuando sea f ormulada por la parte o por quien legalmente la represente, surtirá el mismo efecto que la judicial en los casos en que fuere admisible la prueba de testigos. La confesión extrajudicial de la parte a un tercero tendrá el valor de presunción simple. Considerada en todos los tiempos como la prueba más completa, basta por sí sola para considerar acreditados los hechos litigados, sin buscar más elementos de juicio. En el derecho romano la confesión producía los efectos de la Sentencia, de ahí el aforismo confessus pro iudicato hebetur (al confeso se le tiene por juzgado). En el lenguaje usual, confesión ese el reconocimiento de un hecho propio. En su acepción jurídica es la manisfestacion o declaración que la parte hace para reconocer, en todo o en parte, la existencia de un hecho jurídico o reconocer un hecho a favor de otra. Es judicial o extrajudicial, según se haga o no dentro del proceso. Es espontanea, cuando se la presta voluntariamente, con la intención manifiesta de reconocer y permitir a la parte contraria el derecho de prevalerse de ella, porque la confesión la exime de toda prueba, conforme la definición dada por las Partidas (supra); de ahí el aforismo de la práctica forense: confesión de parte relevo de prueba. Es provocada, la que promueve una de las partes a la otra, bajo juramento y conforme a interrogatorio, no genéricamente sobre los hechos de la Litis, sino específicamente sobre los hechos contrarios al interés de la parte cuya afirmación pueda constituir confesión.
CONFESIÓN DE PARTE Las partes podrán recíprocamente deferirse a confesión e interrogarse por conducto de la autoridad judicial en la audiencia de de recepción de prueba. prueba. La confesión necesariamente se absolverá de manera personal, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario. El presente artículo otorga a las partes la acción de interrogarse la una a la otra en audiencia por intermedio del juez. A diferencia del anterior código la confesión deberá realizarse de manera personal, recordemos recordemos antes podía realizarse por mandatario con poder notariado.
CONFESIÓN DE PERSONAS COLECTIVAS Los personeros, directores o gerentes de personas colectivas de derecho público o privado de cualquier naturaleza, podrán confesar en representación de las mismas. Si negaren su calidad de representantes, estarán obligados a la prueba pertinente e indicar, además, la persona que invistiere la representación. CONFESIÓN DE LITISCONSORTE. La confesión de un litisconsorte no perjudicará a los otros. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN
Los requisitos de la confesión son: Tener la o el confesante capacidad de obrar y poder de disposición sobre el derecho. Recaer sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorables a quien la defiera. Ser libre, expresa y consciente. Versar sobre hechos personales de la o el confesante o de los que tuviere conocimiento directo. Estar debidamente probada, si fuere extrajudicial. extrajudicial. Es uniforme conclusión de la doctrina que solo puede confesar válidamente en juicio, quien tenga capacidad para obligarse, o sea para disponer libremente sin tuición ninguna. Quien niegue validez a la confesión por falta de capacidad, debe probar su afirmación. Es evidente además que la confesión no puede recaer sobre hechos ajenos personales al confesante que reúnan los caracteres de: a) controvertidos; b) desfavorables al confesante y favorables a quien se refieren (si es espontanea) o a quien la provoca; c) verosímiles, esto es, no contrarios contrario s a las leyes de la naturaleza o al orden normal de las cosas y d) lícitos, porque la confesión de los hechos reprobados por la Ley no está permitida y no produce efectos jurídicos. La confesión sobre hechos ajenos de los que tenga conocimiento el confesante debe implicar, desde luego, hechos que le perjudiquen, lo que la distingue de la deposición testifical que versa sobre hechos ajenos pero que le son indiferentes al testigo.
EFECTOS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL I.
La confesión judicial constituirá prueba, excepto que:
Estuviere excluida por la ley respecto a los hechos que constituyen el objeto del proceso, o afectare derechos que el confesante no pudiere renunciar o transigir válidamente. válidamente. Recayere sobre hechos cuya investigación o información esté prohibida por ley. Fuere opuesta a documentos fehacientes de data anterior, ya agregados al expediente. La confesión judicial hace plena prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Es evidente que el efecto efecto de la confesión es que hace hace plena prueba contra quien la realiza. realiza. Es irrevocable salvo error o violencia y no puede invocarse prueba en contrario porque tiene el efecto de una convención o renuncia a nuevas pruebas. INTERPRETACIÓN DE LA CONFESIÓN I. II.
En caso de duda, la confesión se interpretará en favor de quien la absuelve. La confesión será indivisible, excepto si:
El confesante invocare hechos impeditivos, impeditivos, modificatorios, modificatorios, extintivos o absolutamente separables o independientes unos de otros. Los hechos expuestos por el confesante fueren inverosímiles o contrarios a una presunción legal. Las modalidades del caso hicieren procedente su divisibilidad. El principio general sobre el que descansa la regla de este art. enseña que la confesión ha de aceptarse o rechazarse por entero y como primera consecuencia del principio, no puede admitirse que sea dividida contra quien la hace. La regla general de la indivisibilidad, no presenta ningún problema en la confesión simple, que se refiere al mero e incondicionado reconocimiento de un hecho, sin agregarle ninguna circunstancia
que limite o modifique sus efectos. La confesión calificada es indivisible cuando no concurren objeciones de inverosimilitud probable de la parte liberatoria o contrarias a una presunción legal; si concurres ella se divide la confesión para su demostración separada. En las confesiones complejas, la confesión es divisible y corresponde justificar la invocación de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos.
RETRACTACIÓN La parte que defiere a confesión no podrá retractarse cuando el deferido hubiere sido emplazado y estuviere presto a absolverla. Quien provocara la confesión de su adversario, solo podrá retractarse de su provocación hasta antes de la notificación del provocado o habiendo sido ya notificado éste, siempre que se avenga a aceptar la retractación. El art. Establece la regla con criterio lógico.
INTERROGATORIO A LA O EL CONFESANTE. El interrogatorio a la o el confesante se formulará por la autoridad judicial, con sujeción al cuestionario propuesto por el deferente o al dispuesto de oficio. Las preguntas recaerán en forma clara y precisa sobre los hechos relevantes o controvertidos. La autoridad judicial deberá considerar la condición socio cultural de la o el confesante a los efectos de formular las preguntas. Las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán rechazadas por la autoridad judicial de oficio o a petición de parte. Concluido el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogadas o abogados, podrán solicitar aclaraciones a las respuestas, siempre por intermedio de la autoridad judicial, que durante el acto podrá formular a su vez las preguntas que estime convenientes. El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por la autoridad judicial en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de emplazamiento previo. También podrá efectuarse previo emplazamiento específico, de oficio o a petición de parte. La incomparecencia a la audiencia sin causa justificada, sí las respuestas fueren oscuras o evasivas, la autoridad judicial podrá formular otras preguntas. Si el confesante se negare a contestar o lo hiciere con evasivas, la autoridad judicial lo amonestará para que responda en forma clara y concreta, bajo apercibimiento de que se presumirán por ciertos los hechos señalados en el interrogatorio, que serán valorados a tiempo de la sentencia. El interrogatorio también se llama posiciones y consiste en las aserciones o afirmaciones consignadas por escrito, por uno de los litigantes para que el contrario declare bajo juramento, si son o no ciertos los hechos consignados en ella. De ahí que la declaración del contrario – confesión provocada, se llama técnicamente hablando, absolución de posiciones.
TRADUCTOR O INTÉRPRETE Si la o el confesante no supiere castellano, el interrogatorio se formulará a través de traductor o intérprete, que será designado de oficio por la autoridad judicial en la misma audiencia; si no fuere posible, se suspenderá la audiencia por un plazo máximo de tres días para designar al intérprete. El intérprete deberá reunir los siguientes requisitos: Gozar de capacidad de obrar. Dominar el idioma del confesante y el castellano. No tener ninguna causa de impedimento. Prestar juramento o promesa de traducir o interpretar de forma fehaciente cuanto señale la o el
confesante.
CONFESIÓN FUERA DEL LUGAR DEL PROCESO Tratándose de parte que actuare en el proceso por intermedio de apoderada o apoderado, por tener domicilio real o de hecho constituido en lugar distante de la sede del tribunal, que hiciere razonablemente admisible su inconcurrencia, o que tuviere domicilio constituido en el extranjero, la recepción de la confesión podrá ser comisionada a la autoridad judicial competente del lugar.
DECLARACIONES DE TESTIGOS PROCEDENCIA Toda persona mayor de dieciséis años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley. El anterior código señalaba que puede ser testigos toda persona mayor de 14 años. El testigo es la persona distinta de los sujetos procesales, que exone al juez las observaciones propias de hechos ocurridos de importancia para el proceso. Aunque pueda ser testigo tanto la parte como un tercero, en el lenguaje jurídico la voz testigo se reserva para designar al tercero que aporta testimonio. Además de la edad, para ser testigo, es requisito la veracidad y la imparcialidad, que el testigo sea extraño a la relación procesal; debe declarar en juicio solo mediando requerimiento judicial y su conocimiento del hecho debe ser directo o personal porque carecen de eficacia las declaraciones fundadas en referencias.
TACHAS
I. La tacha absoluta procede contr a: Quienes padecieren de enajenación mental. Los ebrios consuetudinarios. Los que hubieren sido condenados por falso testimonio. Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por la vista o el oído, respectivamente. II. La tacha relativa procede contra: El pariente en línea directa, así como el pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y el derivado de vínculos de adopción. El dependiente de la parte que lo ofreciere. Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio, por sí mismo o por parentesco dentro de los grados establecidos en el numeral 1 de este parágrafo. Los pupilos por sus tutores y viceversa. Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su presentante. El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo manifiesto de la parte adversa. Como medio probatorio, el de testigos, puede ser impugnado para demostrar que no merece crédito. Esta impugnación en la prueba de testigos se hace por medio de las tachas, que son las objeciones que se oponen, no a los hechos declarados por los testigos, sino a la validez o fuerza probatoria de sus declaraciones. Las tachas pueden ser absolutas que quitan toda eficacia al testimonio de quienes por sus condiciones físicas, intelectuales o morales, están incapacitados para apreciar el hecho sobre el cual deben testificar. Probadas estas incapacidades en el testigo propuesto, el juez no puede tomar en cuenta sus declaraciones. Las tachas relativas son aquellas que, no obstante reunir el testigo condiciones de idoneidad y la edad legal para declarar, implican circunstancias que comprometen o ponen en duda su imparcialidad, razón por la cual, probada la causa de exclusión, el juez puede prescindir de su
declaración, cuando no encontrare en ella elementos suficientes de juicio para convencerse de su veracidad. Téngase bien en cuenta la diferencia de los efectos de una y otra tacha. Cuando es absoluta, el testigo no podrá ser creído, cuando es relativa no podrá ser creído en el proceso en el cual era vinculado por alguna de las relaciones detalladas en el artículo anterior, la regla es dispositiva en el sentido de dejar al juez facultad de valorar las circunstancias.
PLAZO PARA TACHAR La parte interesada podrá tachar a los testigos de la contraparte dentro de los seis días de haber sido notificada con la prueba testifical propuesta en la demanda o en la reconvención. Pasado este plazo, caducará el derecho de tachar. La prueba de tacha se producirá únicamente en audiencia. Este plazo se computa a partir de la notificación que se haga a la parte con el auto de admisión de la demanda o de la reconvención. TACHAS INADMISIBLES Las tachas necesariamente serán concretas; no se admitirán tachas generales. Será inadmisible la prueba testifical para invalidar las declaraciones de los testigos de tacha. Cuando una parte contrainterrogare a los testigos ofrecidos por la otra, se tendrá por retirada la tacha que contra ellos hubiere propuesto. No puede oponerse tachas con la generalización, se debe precisar causa concreta en cada caso. Tampoco puede tacharse a los testigos de la parte contraria, en general, sin precisar a quien o quienes de ellos, esto es, sin individualizarlos. PRUEBA DE LAS TACHAS Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de los testigos serán debidamente probadas por las partes en audiencia y apreciadas por la autoridad judicial en sentencia. El reconocimiento por el testigo de la veracidad de la causal de tacha que se le imputa, dispensa de toda otra prueba. OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIFICAL Cuando se ofrezca prueba testifical, se deberá acompañar la lista de testigos con designación de nombres y apellidos, domicilio, profesión, oficio u ocupación habitual y número de cédula de identidad. Si no fuere posible conocer algunos de esos datos, bastará indicar los necesarios para individualizar al testigo. No podrán proponerse más de cinco testigos sobre el objeto del proceso, salvo que exista motivo fundado a juicio de la autoridad judicial. EMPLAZAMIENTO DEL TESTIGO El testigo será emplazado por cédula que deberá diligenciarse con tres días de anticipación a la audiencia y, apercibimiento de las sanciones legales a que dará lugar su desobediencia o falso testimonio. Se prescindirá del emplazamiento cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; empero, si el testigo no concurriere, se prescindirá de su declaración, salvo lo dispuesto por el artículo 24 numeral 3 del Código. El testigo que legalmente emplazado rehusare comparecer será conducido a presencia la autoridad judicial por la fuerza pública. El testigo que se negare a declarar incurrirá en desobediencia y será sancionado con arresto hasta un máximo de veinticuatro horas. El plazo con relación al anterior Código fue cambiado, ahora se tienen tres días antes de la Audiencia
AUDIENCIA La prueba testifical se recibirá en audiencia, interrogándose a cada testigo en forma separada, previo juramento o promesa de decir la verdad, observando el siguiente procedimiento:
La autoridad judicial interrogará a la o el testigo, sobre su nombre, estado civil, domicilio, nacionalidad o, nación o pueblo indígena originario campesino al que pertenece, profesión, oficio u ocupación habitual, y si existe en relación a ella o él alguna causal de tacha. En forma inmediata se ordenará al testigo que haga una exposición de los hechos que personalmente le conste en relación al objeto de la controversia; asimismo, que justifique sus afirmaciones, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho. Terminada la declaración del testigo, las partes podrán interrogar libremente al testigo por intermedio de sus abogados y bajo la dirección del juzgador, que en cualquier momento podrá formular nuevas interrogaciones, rechazar las preguntas impertinentes o agraviantes para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio. Cada pregunta no estará referida a más de un hecho; será clara y concreta. No se admitirán las preguntas vejatorias u ofensivas, tampoco podrá asesorarse de abogado a tiempo de responder. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta la autoridad judicial así lo disponga. En este caso se dejará en el acta constancia de las respuestas dadas en esa forma. En varios casos no será posible terminar en una sola audiencia, si se tiene en cuenta que el Juez debe recibir hasta cinco declaraciones de testigos, es por ello que el Juez podrá señalar las audiencias que sean necesarias, según el número de testigos y el número de hechos o puntos sobre los que aquellos deban ser examinados.
NEGATIVA A RESPONDER El presente artículo señala que el testigo no está obligado a responder si de ello podría resultar que se auto incrimina, con consecuencias penales contrarias a si mismo o pone en tela de juicio su honor o la de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. PERMANENCIA Después de la declaración, los testigos permanecerán en estrados sin comunicación entre ellos, a los efectos de eventuales declaraciones complementarias o careos CAREO Se dispondrá de oficio o a petición solo si es pertinente.
DECLARACIÓN DE AUTORIDADES JERÁRQUICAS Las Autoridades Jerárquicas podrán declarar por escrito con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir la verdad, en un plazo máximo de cinco días computable desde su notificación. DECLARACIÓN EN DOMICILIO las personas de edad muy avanzada o enfermas, imposibilitadas de comparecer, declararan en su domicilio, tomándose las medidas correspondientes para asegurar el normal desenvolvimiento de la audiencia en ese domicilio, con asistencia de las partes y sus abogados, si desearen concurrir al acto. TESTIGOS TRABAJADORES para este testigo se hará conocer la citación al empleador, para que le sea concedida licencia sin descuento de sus sueldos o salarios. TESTIGOS DISCAPACITADOS, se les nombrará intérprete. TESTIGOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS Y EXTRANJEROS, podrán declarar en su idioma, debiendo formularse las preguntas y respuestas a través de intérprete. FALSO TESTIMONIO En caso de falso testimonio en forma inmediata el Juez denunciará el hecho al ministerio público. APRECIACIÓN , el juez sujetándose a las reglas de la sana crítica o prudente criterio, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza probatoria de las declaraciones testificales.
INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS El juez, podrá diligenciar antes que otros medios de prueba, inspeccionar lugares o cosas, con la finalidad de esclarecer hechos, deberá individualizará su objeto y determinará el lugar, fecha y hora de su realización dentro de los diez días siguientes, pudiendo disponer la concurrencia de peritos o testigos. Si hubiere urgencia, la notificación se practicará con un día de anticipación. PROCEDIMIENTO, el juez dirigirá personalmente la diligencia. Las partes podrán concurrir con sus abogados para las observaciones pertinentes de las que se dejará constancia en acta. La inconcurrencia de las partes no suspenderá la inspección. Los peritos realizaran las explicaciones técnicas del caso. RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, podrá procederse a la reconstrucción de hechos bajo la dirección de la autoridad judicial. A este efecto, se podrá disponer que comparezcan las partes, peritos y testigos. SUSPENSIÓN DE TRABAJO O TRÁNSITO, Se suspenderá cuando la inspección se efectuare en locales o sitios de mucha concurrencia o tránsito intenso o mediaren otras circunstancias que dificulten la diligencia, con ayuda de la fuerza pública se realizara la desocupación o suspensión del trabajo o tránsito mientras durare. GASTOS, La parte que hubiere solicitado la inspección o la reconstrucción sufragará los gastos que ésta pudiere ocasionar. Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a prorrata por las partes. PRUEBA PERICIAL, se requiriere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica. Las partes podrán solicitar sólo un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma oportunos. NÚMERO DE PERITOS El perito será uno sólo, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o cuando la complejidad de la cuestión sometida a proceso lo requiera. PROCEDIMIENTO, La parte que solicite un examen pericial señalará los puntos sobre los cuales versará la prueba. El adversario podrá objetarla o agregar nuevos puntos. El juez resolverá en la audiencia preliminar la procedencia del dictamen, designará con criterio propio al perito y fijará los puntos sobre los que versará la pericia, de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que considere necesarios. ACEPTACIÓN DEL CARGO El perito aceptará el cargo ante el secretario del tribunal o juzgado, dentro de los tres días de su notificación con el nombramiento, bajo juramento, si no lo hiciera se nombrará otro en su reemplazo. RECUSACIÓN, Podrá ser recusado por las mismas causas previstas para las autoridades judiciales. También será recusable por falta de título profesional o por incompetencia notoria en la materia del dictamen. REMOCIÓN, Será removido el perito que después de haber aceptado el cargo, rehusare dar su dictamen o no lo presentare en el plazo que le fue concedido. La autoridad judicial de oficio, nombrará otro en su lugar. Cuando el objeto de la pericia fuere de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, así deberá hacerlo en audiencia o por escrito. PLANOS Y EXÁMENES CIENTÍFICOS, el juez de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar: Elaboración o ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, fotocopias u otras, de objetos, documentos o lugares con el empleo de medios o instrumentos técnicos y exámenes científicos.
FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN, esta será estimada por el Juez en consideración a la competencia del perito, el Juez no está obligada u obligado a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada. PRUEBA POR INFORME Los informes salvados por entidades públicas o privadas harán prueba cuando recaigan sobre puntos claramente individualizados. No se admitirá la petición de informe en que manifiestamente se pretenda sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por disposición de la ley o por la naturaleza del hecho cuya prueba se pretenda. La entidad requerida podrá representar el informe solicitado si existiere causa de reserva o secreto, lo que se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial dentro de cinco días de recibida la orden, en cuyo caso se observará la resolución que al efecto se dicte.
DERECHO EXTENSIVO, Los abogados y en general, quienes actúen en representación de otro podrán solicitar en cualquier oficina, pública o privada, testimonio, copia legalizada o fotocopia autenticada del documento que les interese o de la actuación administrativa que se pretenda, aclarando que lo hacen para presentarlo como prueba en proceso iniciado o por iniciarse, o para cualquier finalidad lícita. PRESUNCIONES Las presunciones judiciales constituirán prueba cuando a juicio de la autoridad judicial sean graves, precisas y concordantes, en los casos en que la ley admita prueba testifical. Se regirán por las disposiciones del Código Civil. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES PARA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA PRUEBAS POSTERIORES , El Juez, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio, disponiendo sobre la forma y el tiempo en que deberá ser recibida. PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA, La audiencia para dictar sentencia no podrá postergarse por más de treinta días, computados a partir de la última audiencia.
RESOLUCIONES JUDICIALES PROVIDENCIAS Las providencias sólo tenderán al desarrollo del proceso y, ordenarán actos de mera ejecución. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse el lugar, fecha y la firma de la autoridad judicial. En las actuaciones orales las providencias constarán en el acta. AUTOS INTERLOCUTORIOS Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del proceso, contendrán: La precisión del objeto de la decisión Los fundamentos jurídicos. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. La imposición de costas y multas en su caso. AUTOS DEFINITIVOS resolverán cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa. Deberán cumplir con los requisitos previstos para el auto interlocutorio. PLAZOS, Las providencias que deban dictarse en el plazo de veinticuatro horas. Los autos interlocutorios y definitivos, serán dictados en el plazo de cinco días. SENTENCIA, AUTO DE VISTA Y AUTO SUPREMO
SENTENCIA, La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso. La sentencia contendrá:
PRONUNCIAMIENTO POR EQUIDAD Si mediare acuerdo de partes y éstas tuvieren, además, la libre disposición de sus derechos discutidos en el proceso, la autoridad judicial podrá fallar por equidad.Si la sentencia condenare al pago de frutos o intereses o al resarcimiento de daños y perjuicios, los fijará en cantidad liquida y con plazo determinado para su cumplimiento, o establecerá, por lo menos, las bases sobre las cuales habrá de hacerse su liquidación en ejecución de sentencia. PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA, el Juez deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia, dando lectura a la misma a los efectos de su notificación. Sin embargo cuando el caso así lo amerite podrá dictar solamente la parte resolutiva. La autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará en plazo no mayor de veinte días. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de esta audiencia. VALIDEZ DE LA SENTENCIA, Es válida la sentencia pronunciada fuera del plazo, pero dará lugar a sanción disciplinaria. AUTOS DE VISTA, el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. Deberá ser: Inadmisible. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. Por falta de expresión de agravios. Confirmatorio. Revocatorio total o parcial. Anulatorio o repositorio.
AUTO SUPREMO, El Tribunal Supremo de justicia se pronunciará mediante auto supremo y deberá cumplir con los requisitos siguientes: Encabezamiento con identificación del proceso, nombre de las partes y objeto del litigio. Parte narrativa con exposición resumida del auto de vista impugnado, del re curso y de la respuesta, ésta última si la hubiere. La doctrina aplicable al caso. La fundamentación. Parte resolutiva, en términos claros, positivos y precisos. FORMAS DEL AUTO SUPREMO, La forma del auto supremo será: Improcedente, cuando: Se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término. Pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario. La resolución no admita recurso de casación. El recurso no cumpliera con lo previsto por el artículo 276, parágrafo I del presente Código. La o el recurrente no hubiera intervenido en las instancias anteriores. Infundado, cuando el tribunal no encontrare haber sido violada la ley o leyes acusadas en el recurso. Anulatorio de obrados con o sin reposición.
En el primer caso, cuando sea resuelto por: Autoridad judicial incompetente o por tribunal integrado contraviniendo la ley. Autoridad judicial legalmente impedida o cuya excusa o recusación estuviere pendiente o hubiera sido declarada legal por tribunal competente. Faltar alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con la nulidad por la ley. En el segundo caso, cuando: Se otorgue más de lo pedido por las partes. Hubiere apelación desistida. 4. Casando, cuando la resolución infringiere la ley o leyes acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser total o parcial.
COSTAS Y COSTOS CONDENACIONES EN LA SENTENCIA Las resoluciones judiciales impondrán, según corresponda, condenación en costas o condenación en costas y costos, o declararán no haber lugar a la condenación. REGULACIÓN DE COSTAS Y COSTOS, el juez regulará los alcances de la condena en costas y costos.
CASOS DE CONDENA En la sentencia que declarare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas y costos al demandante. En la sentencia pronunciada contra el demandado, éste será condenado en costas y costos. En procesos dobles no procede condenación en costas y costos en primera instancia. En los autos de vista las condenaciones serán las siguientes: Si se declarare inadmisible la apelación, costas y costos al apelante. Si se confirmare el fallo del inferior en todas sus partes, costas y costos al apelante. Si se revocare el fallo del inferior, no se impondrá condenación. En autos supremos las condenaciones serán las siguientes: Si se declarare improcedente el recurso, costas y costos al recurrente. Si se lo declarare infundado, costas y costos al recurrente. Si se dictare la casación, se impondrá la condenación al perdidoso en lo principal del fallo casado.
Las resoluciones que rechazaren los incidentes, condenarán en costas al incidentista, sin perjuicio de la condena en costos si correspondiere. Las resoluciones de rechazo a recursos de reposición comprenderán también la condenación en costas. Los recursos de compulsa rechazados darán lugar a la imposición de multa, a favor del VIII. Tesoro Judicial. El tribunal o juez, atendidas las circunstancias en cada caso, determinará si la condena es solidaria o si, en su caso, es divisible entre los litisconsortes. Si las resoluciones fueren anulatorias, se podrá sancionar con responsabilidad a la autoridad que hubiere dictado la resolución anulada. ALCANCE DE LAS COSTAS Y COSTOS, Las costas comprenden todos los gastos necesarios y justificados efectuados por la parte victoriosa, tales como tasas y derechos judiciales, honorarios de
peritos, depositarios, martilleros y otros valores legalmente establecidos. Los costos comprenden los honorarios de abogado y los derechos del mandatario. ACLARACIÓN, ENMIENDA Y COMPLEMENTACIÓN Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia. No podrá alterar lo sustancial de la decisión principal. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta f acultad por una sola vez. EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES En las providencias y autos interlocutorios que no prejuzgaren lo principal en el litigio, ni cortaren otro procedimiento ulterior suspendiendo la competencia de la autoridad judicial, ésta podrá de oficio o a instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, las mutaciones o revocaciones que correspondan, debidamente fundadas. COSA JUZGADA Los autos definitivos y las sentencias pasan en autoridad de cosa juzgada cuando: No fueren susceptibles de instancias o recursos posteriores, Las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria. ALCANCE DE LA SENTENCIA La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a titulo universal. También alcanza a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. Alcanza igualmente a los socios, comuneros o codeudores solidarios e indivisibles conforme a las reglas del código civil y a los titulares de derechos sobre la cosa ajena; a estos últimos, cuando se controvierte un desmembramiento que no es el propio respecto del mismo bien. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EN PROCESO CON CITACIÓN A PERSONAS INCIERTAS O INDETERMINADAS, En los procesos en que hubieren sido demandadas personas cuya identidad se desconozca, la sentencia surtirá efectos en relación a todas las demás comprendidas en la demanda, salvo que se compruebe en el mismo proceso o en otro posterior que su identidad fue conocida por alguna de las partes.
MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO TRANSACCIÓN, En cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir, para dirimir los derechos en litigio, conforme a las normas del Código Civil. será presentada por escrito. Para su homologación, la autoridad judicial, examinará el cumplimiento de los siguientes requisitos: Capacidad de las partes. Si se actúa mediante apoderada o apoderado, se tenga facultad de transigir. Que se trate de derechos disponibles. Si la transacción no fuere homologada, se proseguirá el trámite de la causa. La apelación de la negativa se concederá en efecto devolutiva. Las partes podrán solicitar homologación de un contrato transaccional a la autoridad judicial, aun cuando no exista litigio pendiente entre éstas. La solicitud suscrita y presentada por ambas partes, será homologada inmediatamente. En caso de ser presentada sólo por una de éstas, se correrá en traslado a la otra mediante citación, para que en el plazo de cinco días sea respondida. Transcurrido el plazo para la respuesta, con o sin ella, se procederá a la homologación, salvo rechazo expreso de la misma, en cuyo caso se negará la solicitud. En caso de una transacción no homologada, previa a la existencia de un proceso judicial, las partes podrán hacerla valer mediante excepción.
CONCILIACIÓN Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes. Las partes podrán acudir directamente al conciliador judicial. El juez, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. Las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. CLASES DE CONCILIACIÓN, La conciliación podrá ser previa o intraprocesal, iniciado el proceso, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación en la audiencia preliminar CONCILIACIÓN PARCIAL, Si la conciliación sólo recayere sobre parte del litigio o se relacionare con alguno de los sujetos procesales, la causa continuará respecto de los puntos no conciliados o de las personas no comprendidas por aquella. La conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal.
DESISTIMIENTO Antes de la citación con la demanda, ésta podrá ser retirada por la parte actora y se la tendrá por no presentada. El desistimiento es: Expreso y no se presume, debiendo precisarse su contenido y alcance. Incondicional y sólo afecta al desistente. Presentado el desistimiento, éste no podrá ser retirado. El proceso y la pretensión jurídica pueden ser desistidos. DESISTIMIENTO DEL PROCESO, La parte actora en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia, en acto de voluntad expreso, podrá desistir del mismo. En este caso, y siempre que no hubiere contestación o reconvención, la autoridad judicial dictará auto aprobatorio sin otro trámite, ordenando el archivo de obrados. En caso de que el desistimiento fuere presentado después de la contestación se requerirá el consentimiento de la parte demandada y una vez aceptado por ésta, será aprobado con costas a la parte actora, salvo acuerdo de partes. Si no fuere aceptado, se proseguirá el trámite de la causa, según corresponda a su estado. El desistimiento de la reconvención que hubiere planteado la parte demandada será aprobado en los mismos términos y con los mismos efectos. Si tanto parte actora como la demandada y reconviniente formularen desistimiento recíproco, se pronunciará auto aprobatorio sin otro trámite y se ordenará el archivo de obrados. DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN La parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o renunciar a su derecho, no se requerirá la aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar auto aprobatorio que de por terminado el proceso, el cual no podrá promoverse en el futuro. Si la parte demandada que interpuso reconvención fuere quien desiste de su pretensión o renuncia a su derecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el parágrafo anterior. Si las dos partes desistieren de su pretensión o renunciaren a su derecho en forma recíproca, la autoridad judicial, examinando su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que ninguna pueda posteriormente iniciar nuevo proceso. DESISTIMIENTO PARCIAL DE LA PRETENSIÓN Y EN LITISCONSORCIO FACULTATIVO Si el desistimiento fuere parcial, el proceso continuará respecto de las pretensiones no comprendidas en él.
Si fueren varias o varios las o los demandantes y el desistimiento fuere deducido por una o uno de ellas o ellos, el proceso continuará respecto de las demás partes. Si el desistimiento fuere de la demanda reconvencional, se aplicarán las reglas de los anteriores parágrafos.
MEDIOS IMPUGNATORIOS El desistimiento de los medios impugnatorios importará la ejecutoria del auto, sentencia o auto de vista impugnado. Si la contraparte también hubiere recurrido, el proceso continuará solamente en lo relativo a su impugnación. Los tribunales de apelación o casación, presentado el desistimiento, lo aprobarán sin más trámite, con costas y costos. IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO, No procede el desistimiento de los representantes de incapaces, salvo autorización judicial. Tampoco procede cuando se trata de derechos indisponibles.
EXTINCIÓN POR INACTIVIDAD, procederá en los siguientes casos: Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal, si el demandante no realiza la citación a la parte demandada. Transcurridos treinta días a contar desde la ampliación o modificación de la demanda hecha antes de la citación, la parte demandante, no hubiese cumplido con las obligaciones señaladas en el numeral anterior. Dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte, declaración de ausencia o fallecimiento presunto de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con el que obraban, los interesados no hubiesen gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirlas.
RESOLUCIÓN , La autoridad judicial en cualquiera de los casos anteriores de oficio o a petición de parte pronunciará auto definitivo declarando extinguido el proceso con costas, si corresponde. La resolución podrá ser apelada sin recurso ulterior en el efecto suspensivo. EFECTOS La parte actora podrá deducir nueva demanda en el término de seis meses a partir de la ejecutoria del auto definitivo de no hacerlo caducará su derecho. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES IMPUGNABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES). Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario. Puede renunciarse a la impugnación en forma expresa o tácita. Expresamente, cuando en forma y plazo la parte así lo declare, independientemente de la aceptación de la otra parte, y en forma tácita, cuando se deje vencer el plazo o se realice un acto incompatible con la voluntad manifiesta de recurrir.
LEGITIMACIÓN, Cualquiera de las partes, incluso los terceros, están legitimados para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio. CLASES, Los medios de impugnación judicial son: Reposición. Apelación. Casación. Compulsa. Revisión extraordinaria de sentencia.
RECURSO DE REPOSICIÓN, procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de
que la autoridad judicial, advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule. Este recurso podrá plantearse en cualquier momento del proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite.
PROCEDIMIENTO se interpondrá verbalmente en la audiencia o por escrito fundamentado en el plazo de tres días contados a partir de la notificación con la providencia o auto interlocutorio; en este último caso, siempre que no hubieren sido dictadas en audiencia. El Juez decidirá inmediatamente y sin sustanciación, el recurso, manteniendo, modificando, dejando sin efecto o anulando la providencia o auto interlocutorio. El recurso planteado por escrito será corrido en traslado con plazo de tres días, con la contestación o sin ella, se dictará resolución sin otro trámite. El recurso de reposición, planteado en la audiencia contra providencias, será contestado en la misma, y deberá ser resuelto inmediatamente. La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta. RECURSO DE APELACIÓN Es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule. Procede contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley. Se concede: En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de la autoridad judicial se suspende, desde que se expide el auto de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo. En el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la alzada, con indicación de las piezas a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas, y su remisión separadamente, al tribunal superior. En el efecto diferido, en cuyo caso se limitará a la simple interposición del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, se reservará la fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuere apelada por la misma parte, la apelación con efecto diferido se tendrá por desistida.
PROCEDENCIA DE LAS APELACIONES SUSPENSIVA, DEVOLUTIVA Y DIFERIDA La apelación tendrá efecto suspensivo sólo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio o, hagan imposible su continuación. En los demás casos, la apelación tendrá efecto devolutivo. La apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones en primera instancia: Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, Autos interlocutorios que resolvieren incidentes, Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba.
APELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS, El recurso se interpondrá por escrito fundado en el plazo de diez días y se sustanciará con traslado a la contraparte. En el escrito de contestación, que deberá ser presentado en el mismo plazo fijado, la contraparte podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de diez días. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a
la solicitud en los siguientes casos: Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.
APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS Se regirá con los mismos parámetros antes mencionados, con las siguientes modificaciones: Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días. Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar en el mismo plazo. Si se tratare de autos interlocutorios dictados en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el numeral anterior.
CONCESIÓN Interpuesta en forma y plazo la apelación, será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las notificaciones a las partes, será remitido al tribunal superior en el término de veinticuatro horas. Si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en efecto que no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de compulsa. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el artículo 262, parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista. II. Tratándose de apelación en el efecto devolutivo el tribunal superior decretará la radicatoria y señalará audiencia que se verificará en el plazo máximo de quince días, para que las partes formulen sus argumentos, a cuya finalización se pronunciará auto de vista. FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiere apelado en forma principal o se hubiere adherido. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.
RECURSO DE CASACIÓN Procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley, no procede el recurso de casación en procesos ordinarios cuya cuantía no supere la suma de cien mil bolivianos o monto que determine la Sala Plena del Consejo de la Magistratura. CAUSALES DE CASACIÓN El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada.Se interpondrá, dentro del plazo de diez días computables a partir de la notificación con el auto de vista.
Deberá reunir los siguientes requisitos: Será presentado por escrito ante el tribunal que dictó el auto de vista cuya casación se pretenda. Citará en términos claros y precisos el auto de vista del que se recurriere, y su foliación. Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente. La presentación del recurso en tiempo y forma suspenderá el cumplimiento definitivo de la sentencia, sin perjuicio de su ejecución provisional. El recurso de casación contra autos de vista, se interpondrá por escrito ante el mismo tribunal que pronunció el fallo, corriéndose en traslado a la parte contraria, que podrá responder en el mismo plazo. Cumplidos los plazos establecidos en el parágrafo anterior, con o sin respuesta, el tribunal concederá el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo la remisión de los obrados originales en forma inmediata. Notificadas las partes con el auto de concesión la o el recurrente deberá proveer el importe de los gastos de remisión del expediente en el plazo máximo de quince días, bajo pena de declararse, de oficio, la caducidad del recurso y la ejecutoria del auto de vista recurrido.
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos, de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso, en cuyo caso se tendrá por ejecutoriada la resolución recurrida para su consiguiente cumplimiento por el inferior. Si se admitiere el recurso, será pasado el expediente en el término de cuarenta y ocho horas para sorteo de magistrado relator, quien tendrá el plazo de treinta días para relacionar la causa materia del recurso. Si existieren partes apersonadas, se les hará conocer por secretaría con veinticuatro horas de anticipación, el día en el que se hará la relación, con el objeto de poder concurrir a ésta y hacer verbal y sucintamente las aclaraciones que estimaren convenientes, después de lo cual deberán retirarse para que el tribunal pase a deliberar. Los magistrados que concurran a la vista de la causa, podrán pedir aclaraciones, lectura de las piezas del proceso que juzguen necesarias, e incluso la entrega del proceso para informarse
personalmente por el plazo de tres días. Concluida la relación de la causa, la magistrada relatora o el magistrado relator, presentará para consideración de la sala el proyecto de casación, en la forma prevista por el artículo 221 del presente Código. Las resoluciones que adopte la Sala serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros. Si en el tribunal de casación, se suscitare discordia parcial, la disidencia y sus fundamentos se harán constar al pie del fallo. Si, suscitada discordia, no existiere el número de votos suficientes para dictar resolución, se llamará, a la magistrada o el magistrado suplente, quienes emitirán su voto después de los discordantes.
COMPULSA procede por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución, objeto del recurso. El recurso se interpondrá por escrito fundado ante la misma autoridad judicial que denegó el recurso o lo concedió erróneamente, en el plazo de tres días contados a partir de la fecha de notificación con el auto correspondiente. Recibido el memorial de compulsa, la autoridad judicial, decretará se remitan fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias al superior en grado. El recurrente en el plazo de dos días de su notificación, proveerá los recaudos correspondientes, bajo pena de caducidad del recurso. El incumplimiento de esta obligación por la autoridad judicial compulsada dará mérito a la imposición de las sanciones de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio del derecho que asiste al recurrente de acudir al superior denunciando el hecho para que éste a su vez ordene la inmediata remisión de antecedentes.
RESOLUCIÓN El tribunal superior dictará resolución en el plazo de tres días de recibida la causa, declarando la legalidad o ilegalidad de la compulsa. Si se declarare la legalidad de la compulsa, ordenará se sustancie o conceda el recurso denegado, según corresponda, librando al efecto provisión compulsoria. NULIDAD E INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Si el superior declarare legal la compulsa, todo lo actuado por el inferior a partir de la interposición del recurso, será nulo de pleno derecho. No será admisible ningún recurso contra la resolución que resuelva la compulsa. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION DE SENTENCIA Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, en los casos siguientes: Si ella se hubiere fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada que se hubiere dictado con posterioridad a la sentencia que se tratare de rever. Si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada. Si después de pronunciada, se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en favor de la cual se hubiere dictado, previa sentencia declarativa de éstos hechos y ejecutoriada. Será interpuesto por quienes hubieren sido partes en el proceso ordinario, por sus sucesores o causahabientes a titulo universal o particular. Sólo podrá interponerse dentro del plazo fatal de un año computable desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.
Será admisible siempre que cumpliere con los requisitos siguientes: Presentación de los testimonios de las sentencias respectivas con certificación de sus ejecutorias. Expresión concreta de la causa que se invocare y los fundamentos que se alegaren. Indicación del juzgado donde se encontrare el expediente en el cual se pronunció la sentencia impugnada. Presentación de tantas copias del recurso como partes hubieren intervenido en el proceso que se reverá. PROCEDIMIENTO El Tribunal Supremo de Justicia, dispondrá que el tribunal o juzgado donde se encuentra el proceso lo remita en el plazo máximo de diez días, y emplazará a las partes que hubieren litigado en el mismo, a sus sucesores o causahabientes, para que contesten al recurso en el plazo de treinta días computables a partir de la citación. Si la causa se hallare en fase de ejecución, la autoridad requerida remitirá testimonios o fotocopias autenticadas de las piezas pertinentes del proceso. Respondido el recurso, se observará el trámite previsto para los procesos incidentales. En el memorial de presentación del recurso o en cualquier momento del procedimiento, la parte recurrente podrá pedir la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada. El Tribunal Supremo de Justicia dará curso a la petición si de las circunstancias resulta que el recurso pudiere estar fundado y exista la posibilidad de que la demora del t rámite pudiere causar perjuicios graves a la parte recurrente, en cuyo caso se deberá prestar garantía suficiente. Si se declarare fundado el recurso, se dictará nueva sentencia anulando total o parcialmente o modificando la anterior. Si se rechazare el recurso se condenará al pago de daños y perjuicios al recurrente, si hubiere lugar. La sentencia que resuelva el recurso sólo admitirá el pedido de aclaración, enmienda o complementación.
LIBRO SEGUNDO DESARROLLO DE LOS PROCESOS PROCESOS PRELIMINARES CONCILIACIÓN PREVIA Se establece con carácter obligatorio la conciliación previa, por lo que al promoverse demanda principal deberá acompañarse acta expedida y firmada por el conciliador autorizado. Se exceptúan de la conciliación previa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar. A quienes expresamente les prohíbe la ley. Beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y medidas cautelares. En procesos concursales. En procesos voluntarios si se suscitaré contienda, la conciliación será obligatoria. Cuando la parte demandada tuviere su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior.
En los procesos ejecutivos y otros procesos monitorios la conciliación previa será optativa para la parte demandante, sin que la o el requerido pueda cuestionar la vía. La confidencialidad que debe guardar el conciliador incluye el contenido de los papales o cualquier otro material de trabajo que las partes hayan presentado. La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes. La confidencialidad cesa en los siguientes casos:
a) Por disposición expresa de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron. b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo e impedir que continúe cometiéndose. PROCEDIMIENTO La audiencia de conciliación previa se convocará por la autoridad competente. Para este acto se citará y emplazará al futuro demandado con una anticipación no menor a tres días. La autoridad dispondrá se lleve a cabo dicha actuación, con la presencia de las partes. La presencia de abogados no es obligatoria. Instalada la audiencia por la o el conciliador, explicará a las partes las ventajas de la conciliación, utilizando las técnicas adecuadas para lograr su finalidad. Seguidamente la parte que promovió la conciliación fijará su pretensión con claridad y precisión, a su vez, la otra parte se pronunciará sobre la propuesta. El conciliador podrá proponer alternativas de solución, actuando con buena fe y ecuanimidad, que podrá ser aceptada o desestimada por las partes. En caso de litisconsorcio facultativo la conciliación podrá llevarse a cabo inclusive con uno o algunos de los litisconsortes. El conciliador levantará un acta resumida de las pretensiones de las partes, señalando de manera precisa en que aspectos hubo acuerdo. Si se llegare a un acuerdo total o parcial, constará en el acta, el cual será suscrito por las partes y el conciliador. Inmediatamente de concluida la audiencia, el conciliador pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, el contenido del acta. La autoridad judicial aprobará la conciliación, sin condenación en costas y costos, siempre que verse sobre derechos disponibles, mediante auto definitivo con efecto de sentencia y valor de cosa juzgada, no admitiendo recurso alguno. Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será aprobada parcialmente, salvando derechos respecto de los puntos no conciliados. Si la conciliación fuere desestimada, el procedimiento se tendrá por concluido. La incomparecencia del citado a conciliación determinará una presunción simple en contra de su interés en el proceso que posteriormente fuere formalizado. Si una de las partes no pudiere concurrir a la audiencia, hará conocer el impedimento antes de su verificativo y, si la autoridad lo encontrare justificado, señalará nueva audiencia. El domicilio real de las partes se tendrá como subsistente para el proceso posterior, a condición de que éste se formalice dentro de los seis meses siguientes computables desde la fecha de la audiencia. La autoridad judicial que aprobó la conciliación será competente para la ejecución de los acuerdos arribados en el acta de conciliación. El testimonio o fotocopia legalizada del acta de conciliación y auto definitivo de aprobación tendrán valor de documento público o auténtico para el ejercicio de los derechos definidos por esta vía, así como para su inscripción en el registro que corresponda.
BENEFICIO DE GRATUIDAD Como proceso preliminar, será concedido únicamente a quien no tuviere medios económicos suficientes para litigar o hacer valer algún derecho, aunque tuviere lo indispensable para la subsistencia. Este beneficio es personal e intransmisible. Las instituciones de beneficencia pública gozan de este beneficio sin necesidad de declaratoria judicial. Si el requerimiento fuera sólo de un abogado, bastará que la autoridad judicial oficie a Defensa Pública, gobiernos municipales, universidades o colegios de abogados en forma indistinta, para dicha asistencia y dará por concluido el trámite. La solicitud podrá formularse antes de la demanda como proceso previo o en otro estado del mismo, en cuyo caso se tramitará como proceso incidental.
La petición podrá formularse mediante carta y sin f irma de abogado. La solicitud contendrá: 1. 2. 3.
La mención de los hechos en que se fundare. La indicación de la persona o personas con quienes se hubiere de litigar. La justificación de la imposibilidad de obtención de recursos pecuniarios para cubrir los gastos judiciales.
PROCEDIMIENTO La solicitud se presentará ante la autoridad judicial que debiere conocer la causa principal. Si estuviere en curso el proceso principal, no se interrumpirá, debiendo sustanciarse la solicitud como demanda incidental. La autoridad judicial sin necesidad de trámite alguno, resolverá la solicitud dentro de tres días, acordando el beneficio total o parcialmente, o negándolo. La resolución que concediere o negare el beneficio no causará ejecutoria. La que lo concediere podrá ser dejada sin efecto a petición de la otra parte, cuando se demuestre incidentalmente que el beneficiario ya no tiene derecho al beneficio. Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar nueva resolución. La resolución será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. Quien obtuviere el beneficio de gratuidad: Tendrá derecho a la asignación de abogado patrocinante a través de cualquiera de las instituciones antes indicadas. Estará exento total o parcialmente de los aranceles judiciales, de las costas y costos.
DILIGENCIAS PREPARATORIAS En todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundadamente que será demandado, con la finalidad de: 1) Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2) Anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. 3) Practicar las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. 4) Ejercitar cualquier otra medida cautelar que de mérito al proceso posterior. Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como medidas preparatorias: 1) LA DECLARACIÓN JURADA que podrá prestar la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera iniciarse eficazmente el proceso. En ningún caso esta medida será admisible cuando su contenido sea una confesión provocada, bajo pena de nulidad. 2) EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RÚBRICAS SERÁ JUDICIAL Y NOTARIAL, está última se regirá por su ley especializada.
El reconocimiento de firmas y rúbricas judicial en documento privado estará sujeto a las siguientes reglas: a. Cuando se trate de personas naturales, aquella a quien se opone un documento privado está obligada a reconocer o negar formalmente si es de su letra o firma.
b. Emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por reconocidas la firma y rúbrica y la efectividad del documento; lo mismo ocurrirá, si concurriendo, diere respuestas evasivas. c. Si el otorgante del documento hubiere fallecido, se emplazará a sus herederos. Si éstos manifestaren que no les consta la firma o la letra de su causante, la autoridad judicial a solicitud de parte, ordenará la comprobación pericial observando el procedimiento previsto en los incisos que siguen. Si no concurrieren al emplazamiento, la firma o el contenido del documento se tendrán por reconocidos. d. Si la persona emplazada negare su firma y rúbrica, la autoridad judicial, a pedido de parte, dispondrá se practique pericia en la vía incidental. e. El dictamen pericial será valorado por la autoridad judicial, a los efectos de determinar lo que corresponda. Sí el dictamen señalare la imposibilidad de determinar la autoría, la parte interesada podrá acudir a la vía ordinaria. f. Si las firmas y rúbricas fueren declaradas auténticas, el falsario será condenado al pago de las costas de la pericia. g. En el caso de las personas jurídicas, la efectividad del documento será reconocida por su personero. Si éste hubiere dejado de serlo o por cualquier circunstancia se encontrare impedido, la efectividad del documento será reconocida por quien lo reemplace o supla. h. Tratándose de documentos privados otorgados por personas que no puedan firmar o por analfabetos en los que consten sus impresiones digitales puestas en presencia de tres personas de los cuales uno será a ruego y dos testigos que sepan leer y escribir, estos últimos suscriban al pie. El otorgante reconocerá el contenido del documento y el hecho de haber estampado sus impresiones, los testigos reconocerán sus firmas y rúbricas. Si no fuere posible esta forma de reconocimiento, la autoridad judicial, a solicitud de parte, ordenará la comprobación que corresponda en la vía incidental. 3.
LA EXHIBICIÓN DE: a. La cosa mueble que será objeto de la acción. b. Los testamentos, a petición de quien se creyere heredero, legatario u otro tercero que justifique un interés legítimo. c. Los títulos u otros documentos que en el caso de la evicción, justifiquen derecho de propiedad del bien vendido. d. El título que en el caso de saneamiento, justifique la posesión actual de la persona que tenga que ser demandada de reivindicación u otra acción real. e. Los documentos de la sociedad o comunidad, por el socio o comunero o por quien los tuviere en su poder, para que el interesado pueda fundar la acción correspondiente o asumir defensa en juicios promovidos por terceros.
4. EL NOMBRAMIENTO DE UN DEFENSOR QUE LO REPRESENTE EN EL PROCESO EN LOS CASOS DE DESAPARICIÓN. 5. LA DESIGNACIÓN DE UN TUTOR PARA EL LITIGIO, en el caso del incapaz que habiendo sido demandado, careciere de tutor o representante legal. 6. EL DILIGENCIAMIENTO DE INSPECCIÓN JUDICIAL, PERICIAL O TESTIFICAL ANTICIPADOS CUANDO: a. Pudiere alterarse o perecer el bien. b. Pudieren modificarse las circunstancias necesarias para el juicio. c. Se tratare de testigos de edad avanzada o gravemente enfermos o próximos a
ausentarse del país. 7. Quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para la que fuere necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del juicio a promoverse y, exprese a que título lo tiene. II. No procederá la exhibición de documentos privados anulados, documentos accesibles en archivos públicos y medios de prueba que debieran ser exhibidos por el tenedor de los mismos. PROCEDIMIENTO
I. La parte que demandare las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y finalidad concreta de la futura demanda principal. II. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso, se tramitará unilateralmente o bilateralmente, según corresponda. La intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma unilateral. III. Las diligencias se dispondrán con citación personal de la parte contra quien se pretendan, salvo si la citación pudiere frustrar la finalidad y eficacia de las medidas cautelares; en este último caso, diligenciadas las medidas, se dará conocimiento de ellas a la contraparte. Si se tratare del diligenciamiento de medios de prueba, la otra parte podrá completarla o en su caso acreditar prueba en contrario.
Las diligencias se verificarán en audiencia que la autoridad judicial señalará al efecto; sólo si resultare indispensable por la naturaleza de las mismas, se diligenciaran fuera de la audiencia. Si la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario de labores judiciales del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente.
OPOSICIÓN. i. La parte contra quien se pidiere la medida podrá oponerse a ésta en el plazo de cinco días de la citación o bien solicitar su aclaración, modificación o ampliación, lo que se resolverá sin ulterior recurso. ii. En ningún caso se podrá plantear excepciones, las que deberán reservarse para el proceso principal.
PROCESO CAUTELAR Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o durante la sustanciación del proceso. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho, si no se presentare la demanda dentro de los treinta días siguientes de habérselas ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante si hubiere lugar al pago de los daños y perjuicios, costas del proceso. Las medidas se decretarán únicamente a instancia de parte, bajo responsabilidad de quien las pidiere, salvo que la ley disponga lo contrario. La petición contendrá: 1. El fundamento de hecho de la medida. 2. La determinación de la medida y sus alcances. Las medidas cautelares se ordenarán cuando la autoridad judicial estime que son
indispensables para la protección del derecho, siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso. La verosimilitud del derecho y el peligro de lesión deberán justificarse documentalmente, sin que sea necesaria prueba plena. Será competente para disponer las medidas cautelares, la autoridad judicial que deba conocer la demanda principal. Si la medida fuere ordenada por una autoridad judicial incompetente, será válida siempre que hubiere sido ordenada de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente capítulo, pero no se prorrogará su competencia para el conocimiento de la causa principal. Las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente ni observación planteados por el destinatario de la medida podrá impedir su ejecución. Si el afectado con las medidas cautelares no hubiere tenido conocimiento de ellas a tiempo de su ejecución, será notificado dentro del término de tercero día de habérselas ejecutado. De la valoración de la prueba ofrecida, la autoridad judicial resolverá fundadamente la admisión o rechazo de la medida.
MEDIDAS PROVISIONALES Y ANTICIPADAS I.
II.
III.
La autoridad judicial podrá disponer las medidas provisionales que correspondan o en su caso, anticipar la realización de determinadas diligencias para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación, o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo. también podrá disponer, como medida provisional anticipada, el remate de bienes que se hubieren embargado o que en general se encontraren sometidos a medidas cautelares, cualquiera que fuere la materia del proceso, y que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor. La autoridad judicial en estos casos, dispondrá se haga el depósito judicial del producto.
Cuando se trate de medidas que afectaren bienes muebles, mercaderías o materias primas pertenecientes a establecimientos comerciales, industriales o afines, necesarios para su funcionamiento, la autoridad judicial podrá autorizar otras medidas para no comprometer el proceso de fabricación o negociación. : Son bienes inemb argables
Los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, excepto el caso de asistencia familiar. Las prendas de uso personal y los muebles imprescindibles que guarnecen la vivienda del deudor y de su familia, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa. Son embargables los bienes suntuarios. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor. Las máquinas, herramientas, instrumentos y otros objetos de trabajo de que se sirve el
deudor indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio o para la enseñanza de alguna ciencia, profesión, arte u oficio, de manera individual, salvo el caso de bienes prendados o cuando la deuda provenga de la adquisición de esos bienes. Los artículos de consumo y subsistencia personal y familiar por un período de seis meses. Los mausoleos, sarcófagos y nichos perpetuos. Aquellos que señale expresamente la ley.
Los bienes embargados que se encontraren afectados a los servicios públicos, no obstante el embargo, seguirán utilizándose por el deudor. La autoridad judicial, en todos los casos, limitará al mínimo indispensable las prohibiciones de uso de los bienes embargados.
MEDIDAS SIN CONTRACAUTELA Estas podrán ordenarse bajo responsabilidad de la parte solicitante, sin necesidad de dar caución. La autoridad judicial deberá fundar su decisión en consideración a la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la posibilidad jurídica y la proporcionalidad de la medida. Sin embargo se requerirá contracautela cuando se trate de intervención judicial y en los casos señalados por ley. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la función de garantía. El deudor podrá solicitar el cambio de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, de la misma manera, podrá pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida cautelar hubiere sido dispuesta, siempre que corresponda. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución que admitiere o denegare una medida cautelar u ordenare su sustitución o modificación por otra, podrá ser impugnada por vía de apelación en efecto devolutivo.
MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias, fueren las más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS ANOTACIÓN PREVENTIVA Quien demandare un derecho de propiedad sobre bienes inmuebles o la constitución, modificación o extinción de un derecho real, o cualquier forma de desmembración del derecho de propiedad u obtuviere un embargo sobre el mismo, podrá pedir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en el Código Civil. También procederá en acciones que tuvieren por objeto bienes muebles sujetos a registro. La anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho, ni otorga al que la obtuvo preferencia. EMBARGO PREVENTIVO El acreedor de una obligación en dinero o en especie podrá pedir embargo preventivo cuando: El deudor no tuviere domicilio en el territorio del Estado Plurinacional. El crédito constare en documento público o privado reconocido y no contare con una garantía suficiente. El coheredero, el condómino o el socio con respecto a los bienes de la herencia del condominio o de la sociedad, respectivamente, acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. La persona que tuviere que demandar reivindicación, división de herencia, nulidad de
testamento o simulación, u otras acciones reales respecto del bien demandado mientras dure el juicio, presentará prueba documental que haga verosímil su pretensión. Se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuere verosímil.
SECUESTRO El secuestro de bienes muebles y semovientes, procederá cuando: El embargo no asegure por sí solo el derecho pretendido por la parte solicitante, siempre que se presente documento que hiciere verosímil el crédito cuya efectividad se trata de garantizar. Fuere necesaria la guarda o conservación de bienes para asegurar el resultado de la sentencia. El deudor ofreciere bienes para su descargo.
La autoridad judicial al disponer el embargo preventivo o el secuestro, designará depositario a quien advertirá las responsabilidades que conforme a ley asume. El secuestro no procede cuando el demandado tenga título de propiedad o posesión del bien por más de un año. El acreedor que hubiere obtenido en forma prioritaria el embargo o secuestro de los bienes de su deudor que no se encuentren vinculados a causas legítimas de preferencia, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses, costas y costos, con prelación a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos o secuestros posteriores afectarán únicamente al sobrante que quedare después de pagados los créditos que dieron lugar a embargos o secuestros anteriores.
INTERVENCIÓN JUDICIAL INTERVENTOR ADMINISTRADOR I. La intervención con facultades de administración o sin ellas, a falta de otra medida cautelar o complementaria de una anteriormente dispuesta, podrá ordenarse a pedido de un socio o copropietario, si los actos u omisiones de los administradores o poseedores de los bienes de la sociedad o de la copropiedad, pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro las actividades propias de la sociedad o de la copropiedad. II. El interventor administrador tendrá la facultad de coadministrar con el administrador natural o sustituirlo. INHIBICIÓN DE BIENES En todos los casos en que hubiere lugar al embargo y éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse los bienes del deudor o por no cubrir ellos el monto de la deuda, el acreedor podrá solicitar la inhibición de vender o gravar los bienes del deudor. La medida se dejará sin efecto siempre que el deudor consintiere en el embargo de sus bienes hasta el monto de lo debido o alternativamente ofreciere garantías suficientes. Surtirá efectos desde la fecha de su anotación en el registro correspondiente y concederá preferencia sobre las medidas de inhibición ordenadas con posterioridad.
PROHIBICIONES DE INNOVAR Y CONTRATAR La prohibición de innovar se podrá disponer en toda clase de procesos, siempre que: El derecho fuere verosímil. Existiere peligro de que sí se altera la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiere influir en la sentencia o hacer ineficaz o imposible su ejecución.
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR Cuando por disposición de la ley o lo acordado en el contrato, o para asegurar la ejecución forzada de los bienes, objeto del litigio, fuere procedente la prohibición de contratar sobre determinados bienes, la autoridad judicial ordenará la medida, individualizando el objeto de la misma y disponiendo su inscripción en los registros correspondientes, así como la notificación a los interesados y terceros que señale el solicitante. La prohibición quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de treinta días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se demostrare su improcedencia.
PROCESOS INCIDENTALES Toda cuestión relacionada con el objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado, se tramitará por la vía incidental. Los incidentes no suspenderán la prosecución de la causa principal, a menos que la ley expresamente lo señale. Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, la autoridad judicial deberá rechazarlo sin más trámite, fundando su decisión.Los incidentes que se plantearen en el curso de una audiencia se formularán verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirán de inmediato. El proceso incidental que se planteare fuera de la audiencia se formulará por escrito y se sustanciará previo traslado a la contraparte para que sea contestado dentro de tres días. Tanto con la demanda incidental como con la contestación, las partes acompañarán las pruebas pertinentes, si se tratare de cuestiones que así lo requieran. La autoridad judicial ordenará la recepción de la prueba en una sola audiencia, a cuyo término, oídas las exposiciones de las partes, se resolverá el incidente. Si el incidente versare sobre cuestiones de puro derecho, si las partes no ofrecieren prueba o si la autoridad judicial no considerare necesaria la recepción de ella, se dictará resolución sin más trámite. La resolución que rechace un incidente condenará en costas, costos y multas a la parte incidentista, que se aumentarán en progresión geométrica, hasta cinco veces, en caso de nuevos incidentes rechazados a la misma parte. Solamente admitirán recurso de reposición: i. Las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación. ii. Si las resoluciones se pronuncian antes de sentencia se concederán en el efecto diferido. INCIDENTES ESPECIALIZADOS ACUMULACIÓN I. Procede la acumulación de procesos que se encuentren pendientes ante el mismo juzgado o ante otro u otros diferentes, siempre que la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los procesos pudiere producir efectos de cosa juzgada en el otro u otros, o cuando las pretensiones provinieren de la misma causa. II. Se requerirá además que: 1. La autoridad judicial ante quien se realice la acumulación sea competente, por razón de la materia, para conocer en todos los procesos. 2. Los procesos se encuentren en primera instancia y no estén en estado de pronunciarse sentencia.
3. Puedan sustanciarse por los mismos procedimientos. 4. Los procesos tengan por objeto idénticas pretensiones entre las mismas partes, o sobre pretensiones diferentes, pero provenientes de la misma causa; sean Iguales o diferentes las partes o sobre pretensiones diferentes, siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre los mismos bienes.
RECUSACIONES Y EXCUSAS Son causas de recusación: i. El parentesco o relación conyugal de la autoridad judicial con alguna de las partes, sus abogados o mandatarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o el derivado de los vínculos de adopción. ii. La relación de compadre, padrino o ahijado de la autoridad judicial con alguna de las partes, proveniente de matrimonio o bautizo. iii. La amistad íntima de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por trato y familiaridad constantes. iv. La enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la autoridad judicial después de que hubiere comenzado a conocer el asunto. v. La condición de la autoridad judicial de acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, excepto de las entidades bancarias y financieras. vi. La existencia de un litigio pendiente de la autoridad judicial con alguna de las partes, siempre que no hubiere sido promovido expresamente para inhabilitar al juzgador. vii. La condición de la autoridad judicial como abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que deba conocer. viii. Haber manifestado criterio sobre la justicia o injusticia del litigio que conste en actuado judicial, antes de asumir conocimiento de él. ix. Los beneficios importantes o regalos recibidos por la autoridad judicial de alguna de las partes. x. La denuncia o querella planteada por la autoridad judicial contra una de las partes, o la de cualquiera de éstas contra aquel, con anterioridad a la iniciación del litigio.
OBLIGACIÓN DE EXCUSA a. La autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de recusación tendrá la obligación de excusarse en su primera actuación. La excusa no procede a pedido de parte. b. Decretada la excusa, la autoridad judicial remitirá obrados originales de inmediato al llamado por ley. c. En caso de excusa de todos los vocales de un Tribunal Departamental o de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente, no obstante haberse excusado, convocará a los suplentes en el orden establecido por la ley. d. Será nulo todo acto o resolución pronunciada después de la excusa. EXCUSA OBSERVADA i. Si la autoridad judicial a cuyo conocimiento pase el proceso estimare ilegal la excusa, la elevará en consulta, en el día, ante el superior en grado, con copias
autenticadas de las piezas pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa. ii. El superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días, sin recurso ulterior. Si la excusa fuere declarada ilegal, la autoridad superior dispondrá la devolución de los obrados a la autoridad judicial excusada ilegalmente, quien reasumirá la competencia y además se impondrá multa de tres de haber. Si la excusa fuere declarada legal, se impondrá multa a la autoridad judicial consultante. Las excusas declaradas ilegales tendrán la responsabilidad disciplinaria señalada en la Ley. Si la autoridad judicial, sin embargo de hallarse comprendida en alguna de las causas, no se excusare, procederá la recusación. La recusación podrá ser deducida por cualquiera de las partes, en la primera actuación que realice en el proceso. Si la causal fuere sobreviniente, se deducirá dentro de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia y hasta antes de quedar la causa en estado de resolución.
COMPETENCI A I.
II.
Será competente para conocer de la recusación tratándose de juezas y jueces, el Tribunal Departamental de Justicia en la sala de la materia que corresponda; si fuere deducida contra uno o más vocales, corresponderá su conocimiento a la misma sala del Tribunal Departamental de la que formen parte los recusados; y al pleno del Tribunal Supremo cuando el recusado sea un magistrado. La autoridad judicial superior y en su caso los suplentes que conozcan de la recusación, son irrecusables.
PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE LA RECUSACIÓN La recusación se planteará como incidente ante la autoridad judicial cuya recusación se pretenda, con descripción de la causal o causales en que se funda, acompañando o proponiendo toda la prueba de la que la parte recusante intentare valerse. Presentada la demanda, si la autoridad recusada se allanare a la misma, se tendrá por aceptada la recusación y aquella separada de la causa. Si la autoridad judicial no se allanare, remitirá antecedentes de la recusación ante quien conocerá de ella en el plazo máximo de tres días, con informe explicativo de las razones por las que no acepta la recusación, acompañando o proponiendo en su caso la prueba de la que intentare valerse. Si en la recusación no se alegare concretamente alguna de las causas, si la invocada fuere manifiestamente improcedente, si no se hubieren observado los requisitos formales previstos en el parágrafo I anterior o si se presentare fuera de la oportunidad preceptuada en el artículo 355, parágrafo II, la demanda será rechazada sin más trámite por el tribunal competente. La recusación no suspenderá la competencia de la autoridad judicial, quien continuará con el trámite del proceso hasta que llegue al estado de pronunciarse sentencia. Los actos procesales cumplidos serán válidos aun cuando fuere declarada la separación. En ningún caso podrá recusarse a la autoridad judicial que conozca de la recusación. 1. Admitida la demanda, el tribunal competente señalará día y hora para audiencia, que tendrá lugar en el plazo máximo de diez días computables desde la recepción por aquel. 2. La parte recusante comparecerá a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. El recusado lo hará personalmente. 3. La incomparecencia de la parte recusante o su representante dará lugar a la declaratoria de desistimiento de la demanda, con expresa
condenación en costas; la del recusado, no impedirá la continuación de los procedimientos. 4. Instalada la audiencia, la parte recusante ratificará su demanda y ambas partes producirán la prueba ofrecida. En la misma audiencia, el tribunal resolverá la recusación, no será necesario el sorteo de la causa entre sus miembros. La resolución que declare probada la recusación separará definitivamente al recusado del conocimiento de la causa, y la desestimatoria condenará en costas y multa al recusante. La resolución no admitirá recurso alguno.
CASOS ESPECIALES DE RECUSACIÓN I. I. En los Tribunales Departamentales, la recusación de uno o más vocales de Sala se planteará ante ésta, observando el procedimiento señalado en los artículos 357, 358 y 359 del presente Código, en lo que fuere pertinente. II. La recusación de todos los vocales de un Tribunal Departamental se planteará ante ella misma. En tal caso, el Presidente del Tribunal Departamental, no obstante estar demandado, se limitará a convocar a los suplentes. III. La recusación de uno o más magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se interpondrá ante la misma Sala del Tribunal de materia y bastará que haya uno hábil para formar Sala, llamando al magistrado suplente; si no los hubieren, se observará la regla del parágrafo anterior. IV. La recusación de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo y suplentes de los Tribunales Departamentales, se regirá por el mismo procedimiento aplicable a los titulares. V. La recusación de los funcionarios auxiliares se interpondrá ante la autoridad judicial que conozca de la causa y será decidida por la misma, sin recurso ulterior. Se podrá disponer la suspensión temporal del funcionario recusado en cualquier estado del proceso, en consideración a la gravedad de los hechos, poniendo en conocimiento del Consejo de la Magistratura. RENDICIÓN DE CUENTAS Toda persona que se considerare con derecho a exigir rendición de cuentas de otra, podrá pedir que se declare por la autoridad judicial que está obligado a rendirlas. El procedimiento se sujetará a lo dispuesto para los incidentes fuera de audiencia. Si la resolución declarare que la parte demandada está obligada a rendir cuentas, se le concederá un plazo de hasta treinta días, según la complejidad del caso. II. La rendición de cuentas debe presentarse en términos claros y precisos con cargos y descargos en orden cronológico de modo que puedan ser examinadas fácilmente y, con todos los comprobantes, instrumentos, papeles y libros que pertenezcan a la cuenta. Si las cuentas fueren presentadas dentro del plazo señalado y la parte actora no estuviera conforme, podrá ordinarizar la causa, debiendo formalizarse la demanda de impugnación en el término de treinta días, caducando su derecho. Si las cuentas no se presentaren dentro del plazo, se estará a las cuentas que de su parte pudiera presentar la parte actora en todo cuanto la parte obligada a rendirlas no probare ser inexacto. En este caso, las cuentas se discutirán en proceso ordinario. La parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria, previa conciliación, sí así lo viere conveniente. TERCERÍAS E INTERVENCIÓN DE TERCEROS La tercería se planteará por escrito observando los requisitos de la demanda en lo que fuere pertinente. La tercería será corrida en traslado a las partes y, si se suscitare oposición, se la
sustanciará y resolverá en una sola audiencia. Este mismo procedimiento se aplicará a las otras clases de intervención de terceros en lo que fuere pertinente. La resolución sólo será apelable en efecto devolutivo si se rechaza la tercería. La resolución que rechace la tercería condenará en costas y costos a la parte que planteó la tercería; la que la acogiere, condenará en costas y costos a la parte opositora.
En lo particular, se tendrá en cuenta las siguientes reglas: i. Tratándose de tercerías voluntarias, planteadas que fueren, se correrá traslado a cada parte. La autoridad judicial pronunciará resolución admitiendo o rechazando, que sólo será apelable en este último caso. ii. En el caso de las tercerías coadyuvantes, el tercerista tomará la causa en el estado en que se hallare, no siéndole permitido retrotraerla ni suspender su curso. Sí correspondiere, la autoridad judicial podrá disponer la unificación de la representación. iii. En las excluyentes, quien planteó la tercería intervendrá en el proceso por sí mismo, como una parte más. La alegación de hechos y la producción de prueba por parte del tercerista se sujetarán al trámite del proceso en el cual se apersone, gozando las partes de las mismas facultades probatorias en relación a tales hechos. TERCERÍAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN, EJECUTIVOS O CAUTELARES 1. La tercería propuesta en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares por quien comparezca como consecuencia de medidas cautelares que afectaren sus bienes o sobre los cuales alegare mejor derecho que el embargante, será tramitada corriendo en traslado a las partes, debiendo responder éstas en el plazo de cinco días. En lo demás, se sujetará al trámite de los procesos incidentales. 2. Tratándose de tercería excluyente de dominio, se suspenderá el trámite en lo principal hasta llegarse al estado de remate del bien litigado. El trámite de estas tercerías quedará dispensado cuando se trate de bienes cuyo derecho propietario se justifique con la correspondiente inscripción en el Registro público correspondiente. Justificado el derecho de propiedad que fundamenta la tercería con el certificado pertinente, la autoridad judicial ordenará la cancelación de la cautela, con notificación a las partes, que sólo podrán oponerse alegando y probando error en el informe registral o falsedad de la inscripción. Las oposiciones de cualquier otro género que pudieren deducirse no serán admitidas, sin perjuicio del derecho de hacérselas valer en el proceso que corresponda. 3. En el caso de las tercerías de pago preferente, el trámite en lo principal continuará desarrollándose, pero quedará suspendido el pago hasta que se resuelva la tercería planteada.
FACULTAD DEL TERCERISTA El tercerista podrá obtener en cualquier momento se dejen sin efecto las medidas decretadas sobre los bienes sujetos a su derecho propietario, ofreciendo cautela suficiente a juicio de la autoridad judicial, para responder al crédito del embargante en caso que no probare ser suyos los bienes embargados.
TERCERA PARTE ANÁLISIS COMPARATIVO. NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ABROGADO La tercera y última parte del nuevo Código Procesal Civil promulgado en fecha 19 de noviembre de 2013, contiene las disposiciones referentes a los procesos de conocimiento, de ejecución, concursales y voluntarios, así como las normas referentes a la cooperación judicial internacional como último Título del Libro Segundo (Desarrollo de los Procesos). El Código por último, establece las disposiciones transitorias, disposiciones finales y las disposiciones derogatorias y abrogatorias. Este contenido se encuentra a partir del artículo 362 para adelante
PROCESOS DE CONOCIMIENTO. Contenido en el Título IV, dentro del Libro Segundo “Desarrollo de los procesos”.El it inerario del
proceso ordinario antiguo y el establecido para la nueva norma se encuentran como anexos al presente, a efectos de comparación. Los cambios en cuanto a los tipos de Procesos de Conocimiento se encuentran en el siguiente cuadro:
Código Abrogado 1. Proceso Ordinario 2. Proceso Sumario 3. Proceso Sumarísimo
Nuevo Código 1. Proceso Ordinario 2. Proceso Extraordinario 3. Proceso de Estructura Monitoria
Proceso de Estructura Monitoria
El Código Abrogado contemplaba las Medidas Preparatorias dentro de los Procesos de Conocimiento. El nuevo Código separa a estas medidas, y las renombra como Diligencias Preparatorias, incluyéndolas dentro de los procesos preliminares. Si bien es positivo haber sacado las Medidas Preparatorias del contexto de los Procesos de Conocimiento, ya que deberían ser comunes a todos los tipos de procesos, consideramos incorrecto establecer estas Diligencias como un tipo de proceso, porque no tiene la complejidad necesaria para serlo ya que son meras “diligencias”, deberían haberse quedado en el marco de un procedimiento previo, que sabemos no es lo mismo que un proceso. El nuevo Código ordena algunos conceptos que en la normativa abrogada se encontraban en cierto desorden. Por ejemplo, los requisitos de la demanda se encontraban dentro del contenido para los procesos ordinarios, cuando estos requisitos se aplicaban para cualquier tipo de proceso, excepto el sumarísimo. Es por esto que se han extraído del contenido de los procesos de conocimiento las disposiciones comunes a todos los tipos de proceso, dando mayor orden.
Proceso ordinario. Debido a que es el tipo de proceso más grande, el flujo o itinerario procesal para el proceso ordinario establecido en la nueva norma procesal civil se encuentra como anexo al final del documento.
Código Abrogado
Nuevo Código
Artículo 316°- (Proceso ordinario).- Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y
Artículo 362°- (PROCEDENCIA). I. El proceso ordinario procede en todos los casos en que la Ley no señala otro especializado para su
resolverá en proceso ordinario.
trámite. II. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación, sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares que se hubieren solicitado.
Al igual que el Código abrogado, el nuevo Código dispone que este tipo de proceso será el correspondiente a todos los asuntos para los cuales no se especifique un trámite diferente. Sin embargo, una palabra que el nuevo Código omite en el artículo referente, es la palabra “contencioso”. La antigua normativa disponía: “Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario.” La palabra omitida no es de poca
importancia, debido a que establece la naturaleza de los procesos de conocimiento y que es lo que los diferencia de los otros tipos de proceso, es decir la existencia de un conflicto. También señalar que existe un error en el artículo debido a que las “medidas preparatorias” no existen, el mismo Código las dispone como “Diligencias Preparatorias”, existiendo una clara
confusión del redactor con la terminología utilizada en el Código abrogado. Asimismo, encontramos algunas implementaciones al proceso ordinario. Primero, este proceso siempre debe ser precedido por la conciliación, que se encuentra en la nueva normativa dentro de los procesos preliminares. Agotada la vía conciliatoria, recién es posible presentar la demanda. Una vez admitida se corre traslado y se cita al demandado, que debe contestar en 30 días. El Código Abrogado disponía 15 días para la respuesta a la demanda. En caso de reconvención, se dispone 15 días para responder. En realidad, con algunos detalles que los diferencian, se trata del mismo proceso hasta la contestación a la demanda. Es a partir de ese punto que se instauran los cambios, ya que la rebeldía genera una presunción simple en contra del demandado, así también se ha extinguido el término de prueba (todas las pruebas deben presentarse con la demanda) y se lo ha reemplazado por audiencias por lo que el proceso ahora tiene un buen componente de oralidad. Estas audiencias son las siguientes: 1.1.1. Audiencia preliminar. Se debe comparecer de forma personal, excepto por motivo fundado mediante representante. Ante inasistencia justificada mediante prueba documental, la audiencia se posterga por una sola vez. Ante la inasistencia de la parte actora o reconviniente, se tendrá por desistida su pretensión. Si no asistiere injustificadamente a la nueva audiencia la parte demandada, se dicta sentencia y a favor el demandante. Durante esta audiencia se realizan las siguientes actividades: Ratificación de la demanda, contestación y reconvención. Alegación de hechos nuevos, aclaración de extremos oscuros, contradictorios o imprecisos. Tentativa de conciliación total o parcial. Recepción de prueba relativa a excepciones. Saneamiento de proceso, pronunciándose respecto a excepciones, nulidades y otros. Prórroga de la audiencia si no se pudo producir toda la prueba o dictar resolución de saneamiento Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenación y diligenciamiento de medios de prueba; recepción de pruebas cuyo diligenciamiento fuese posible en audiencia o
convocar a audiencia complementaria. Las resoluciones pronunciadas en audiencia admitirán los recursos de reposición planteados en la misma audiencia, apelación en efecto diferido para el auto que resolviere excepciones previas y la apelación en efecto suspensivo para la resolución que declare probada las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada. Todas estas resoluciones, en virtud del Código abrogado, eran sustanciadas y resueltas por escrito. Además, en esta audiencia se pueden tomar medidas respecto el archivo de obrados o acumulación en caso de declararse probada la litispendencia, en caso de demanda defectuosa, se podrá subsanar la misma, en caso de falta de capacidad, personería o representación se concederán 10 días para subsanar, y por último, si se dispusiese la intervención de un tercero se dispondrá su citación. Todas las decisiones dirigidas a sanear el proceso deben ser emitidas en una sola resolución dictada en audiencia. La norma hace referencia a que el proceso ordinario puede ser de puro derecho o siendo de hecho, sin establecer en qué momento se calificaría el mismo. Lo más lógico sería pensar que la calificación se realizará iniciada la audiencia preliminar. El numeral IV del artículo 367 dispone que durante esta audiencia se puede dictar sentencia si el proceso fuese de puro derecho, si se hubiese diligenciado toda la prueba o se prescinde de las no diligenciadas. 1.1.2. Audiencia Complementaria. Esta audiencia será convocada en caso de no haberse podido diligenciar totalmente la prueba en la audiencia preliminar, la cual debe realizarse en los 15 días siguientes. Las diligencias a realizarse fuera de audiencia deben ser efectuadas previamente a la Audiencia Complementaria. No se suspenderá esta audiencia ni se dejará de diligenciar la prueba por falta de las partes, salvo fuerza mayor. Esta inasistencia será presunción desfavorable para la parte ausente. En esta audiencia se recibirán todos los medios de prueba y los testigos y peritos deben permanecer en ella. Asimismo, se labrará acta resumida de todo lo actuado, donde se harán constar aclaraciones y complementaciones, las resoluciones de aceptación o rechazo de prueba, así como la interposición de recursos. El juez oirá los alegatos y a continuación dictará sentencia. Proceso extraordinario. Bajo el nombre de “Proceso Extraordinario” el nuevo Código reúne las controversias relativas a los
interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva perjudicial, de daño temido y desalojo de vivienda. El proceso se sustancia en una sola audiencia que concentra todo el trámite, incluyendo la sentencia. El Código derogado contemplaba los interdictos como Procesos Especiales y establecía características específicas para cada interdicto, además de un procedimiento especial para cada uno de ellos. Las diferencias entre los interdictos de ambos Códigos se encuentran en el siguiente cuadro:
Código Abrogado 1. 2. 3. 4.
Adquirir la posesión 1. Retener la posesión 2. Recobrar la posesión 3. Obra nueva perjudicial o daño 4. temido 5.
Nuevo Código Conservar la posesión Recuperar la posesión Obra nueva perjudicial , Daño temido Desalojo de vivienda.
El Código abrogado establecía el mismo proceso para el desalojo de vivienda y el de locales de comercio, industria y otros, además de la procedencia de cada uno, en qué casos proceden, apelación, plazos para el desalojo en cada caso y restitución del inmueble, así como del lanzamiento. La nueva norma dispone el Proceso Extraordinario para el desalojo de vivienda y el proceso de estructura monitoria, que es más breve, para el desalojo de locales comerciales y otros, que adquiere el nombre de “Desalojo en Régimen de Libre Contratación”.
Estos son detalles, al igual que las especificidades para los interdictos, que no se encuentran contemplados en la nueva normativa. El nuevo Código simplemente hace una referencia a que estos se tramitarán mediante Proceso Extraordinario en audiencia única, lo cual deja a los jueces en una nebulosa de incertidumbre. Lo más seguro es que para f ormarse un criterio en audiencia, los Jueces vayan a recurrir a los criterios establecidos por el Código abrogado, ya que no tienen parámetros específicos en virtud a la nueva normativa. El procedimiento establecido para los procesos extraordinarios señala que se regirá por el proceso ordinario, salvo que se convocará a audiencia única para promover la conciliación fijar los puntos, diligenciarse los medios de prueba y dictarse sentencia. No son admisibles la reconvención (al igual que en el código abrogado) ni los alegatos. Además, contestada la demanda, se dispondrá la recepción de prueba que no pudiere diligenciarse en la audiencia. El Juez deberá pronunciarse en la sentencia respecto las excepciones, excepto la de incompetencia si se acogiere a esta. En cuanto a la segunda instancia, es posible generar nueva prueba si es que se entendiera que es necesaria para mejor proveer, la documental sobre hechos sobrevinientes o que quien la propone no la conocía previamente y el Tribunal de segunda instancia las calificará como procedentes o improcedentes. Ante la sentencia corresponden los recursos establecidos por el nuevo Código, excepto la casación posterior a la apelación. Al igual que el nuevo Código, la norma abrogada también contemplaba esta limitante para los interdictos, mas no para el desalojo.
Proceso de estructura monitoria En nuevo Código Procesal Civil establece que se entiende por “Proceso Monitorio” como el régimen
conforme al cual, presentado el documento o documentos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial acoge la demanda mediante una sentencia inicial. Con la demanda y la sentencia se cita al demandado para interponer excepciones en el plazo de 10 días, de lo contrario, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y entrará en fase de ejecución. La nueva norma establ ece “Procesos de Estructura Monitoria” o Procesos Monitorios, que tienen el objetivo de facilitar el cobro de deudas o cumplimiento de obligaciones en virtud de documentos mediante los que se pueda comprobar la existencia de tal derecho. El Código abrogado los llamaba Procesos de Ejecución, e incluían al proceso de ejecución de sentencia. Los Procesos de Estructura Monitoria son los siguientes: Ejecutivo Entrega del bien Entrega de la herencia Resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago Cese de copropiedad Desalojo en régimen de libre contratación
Con relación a este nuevo tipo de proceso, el Código abrogado contemplaba los procesos de ejecución, que guardan similitud con el tipo de proceso monitorio que crea el nuevo Código. La norma abrogada disponía los siguientes tipos de proceso: Proceso ejecutivo De la ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios De la ejecución de las sentencias La nueva normativa parece haber fusionado las características del Proceso Ejecutivo y el de Ejecución Coactiva Civil, a pesar de que su equivalente en la nueva norma es el proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero, además de sacar al Proceso Ejecutivo del marco de los Procesos de Ejecución. Además, ha incorporado nuevas figuras jurídicas inexistentes en el anterior Código.
Proceso Ejecutivo. Los títulos susceptibles de Proceso Ejecutivo se encuentran establecidos en ambos Códigos de la siguiente manera:
Código Abrogado
Nuevo Código
1) Los documentos públicos. 2) Los documentos privados reconocidos o tenidos como tales por juez competente. 3) Los valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio o Ley especial tuvieren fuerza ejecutiva. 4) Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada. 5) Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios sujetos al régimen legal de propiedad horizontal. 6) Los documentos de crédito por recibos impagos en arrendamientos de inmuebles. 7) La confesión de deuda líquida y exigible ante el juez competente para conocer en la ejecución; 8) La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada.
1. Los documentos públicos 2. Los documentos privados suscritos por la obligada u obligado o su representante voluntariamente reconocidos o dados por reconocidos por ante autoridad competente, o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública. 3. Los títulos valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza ejecutiva. 4. Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada. 5. Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal 6. Los documentos de crédito por arrendamiento de bienes. 7. La confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad competente para conocer en la ejecución. 8. La transacción no aprobada judicialmente, que conste en
escritura pública o documento privado reconocido
Las variaciones son pocas, entre ellas encontramos en el punto 2) que se incorporan “Los documentos privados reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública”, la cual parece ser
una incorporación acertada ya que refiere como ejemplo a los contratos privados cuyas firmas fueron reconocidas ante notario de fe pública. Si bien se vienen realizando procesos ejecutivos sobre estos documentos desde siempre, vale la p ena su especificación en la norma debido a que no es lo mismo hablar de un “documento público” que de un “documento privado reconocido”, en virtud
al Código Civil, que hace tal distinción de conceptos en sus artículos 1287 y 1297 respectivamente. En el punto 6) se excluye la frase “por recibos impagos”, exclusión que no afecta al contenido
debido a que el requisito establecido para el Proceso Ejecutivo es que exista una obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Se incluye en el nuevo Código el punto 8) “La transacción no aprobada judicialmente, que conste en escritura pública o documento privado reconocido” y excluye del marco de los p rocesos ejecutivos a
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada. En cuanto al procedimiento, se establece en el nuevo Código que presentada la demanda, el juez examinará el título ejecutivo y, reconociendo su competencia, capacidad, legitimación de las partes, así como la liquidez y el plazo vencido de la obligación, dictará sentencia inicial disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, intereses, costas y costos. En el Código abrogado, en lugar de dictar sentencia se disponía la emisión del Auto Intimatorio de Pago, mediante el cual se debía disponer la anotación y embargo de los bienes y se concedía el plazo de La norma abrogada disponía que, posterior al Auto Intimatorio de Pago, si la parte ejecutada no presentaba excepciones, correspondiera la Sentencia. Encontramos que es jurídicamente erróneo, porque la sentencia es una decisión judicial que tiene por finalidad resolver un proceso y darle fin a la litis. No es teóricamente correcto emitir una “Sentencia Inicial” porque va en contra de su propia
naturaleza y le quita el peso que tal tipo de Resolución debe tener. En la misma sentencia se dispondrá se “cite de excepciones” a la parte ejecutada, es decir, posterior a la emisión de la “Sentencia Inicial”, el ejecutado tiene la posibilidad de interponer
excepciones. Si el ejecutado no las opusiere, la sentencia se tendrá por ejecutoriada y se pasará a la fase de ejecución. También es contraria a la lógica jurídica la posibilidad de oponer excepciones posteriores a la emisión de una Sentencia, sobre el asunto que motivó la misma. La excepción es una facultad que la norma jurídica otorga al demandado para destruir la acción sin ir al fondo de la demanda, por existir circunstancias específicamente establecidas por ley que desvirtúan la acción como tal. Tienen la finalidad de enervar y destruir la Demanda, no una Sentencia. Esta lógica también la encontramos en el Código abrogado, pero en el trámite de los procesos coactivos civiles. La nueva norma también dispone que cuando no exista reconocimiento de firmas en forma previa a la demanda ejecutiva, se intimará de pago al deudor por el total de lo debido e intereses, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de costas y costos. Es muy difícil comprender la lógica de este texto, que se encuentra en el último párrafo del artículo 380, que describe el procedimiento correspondiente al Proceso Ejecutivo, debido a que no se señala con claridad en qué momento procesal se emitiría la intimación de pago. Estimamos que tendría que ser posterior a la ejecutoría de la “Sentencia Inicial”, en caso de no haberse efectuado el Reconocimiento de Firmas como
proceso preliminar y que el ejecutado no hubiese presentado excepciones, lo cual tampoco responde a la lógica jurídica.
Citada la parte ejecutada, tiene diez días para oponer en un mismo acto todas las excepciones, acompañando toda la prueba documental. En el siguiente cuadro, encontramos las excepciones aceptadas dentro de un Proceso Ejecutivo en ambos Códigos:
Código Abrogado
Nuevo Código
1) Incompetencia. 2) Falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado, o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. 3) Falta de fuerza ejecutiva. 4) Litispendencia por existir otro proceso ejecutivo. 5) Falsedad o inhabilidad del título con que se pidiere la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin lugar a discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma no procederá la excepción de falsedad. 6) Prescripción. 7) Pago documentado. 8) Compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviere fuerza ejecutiva. 9) Remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados. 10) Cosa juzgada.
1. Incompetencia. 2. Falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. 3. Por falta de fuerza ejecutiva. 4. Litispendencia, por existir otro proceso ejecutivo. 5. Falsedad o inhabilidad del título con que se pidiere la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin lugar a discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad. 6. La prescripción o caducidad. 7. Pago documentado total o parcial. 8. Compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviere fuerza ejecutiva. 9. Remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso documentado. 10. Cosa juzgada. 11. Beneficio de excusión u orden o división.
Encontramos como únicas diferencias, la incorporación de la excepción de beneficio de excusión u orden o división y la caducidad. Opuestas las excepciones, la autoridad judicial convocará a audiencia que se realizará observando el trámite previsto para el proceso extraordinario y se resolverán en la sentencia definitiva a pronunciarse en la audiencia, excepto que la excepción interpuesta sea la de incompetencia. Contra la sentencia que resuelva las excepciones se podrá plantear apelación en el efecto devolutivo.
En caso de interponer excepciones, no solamente existe una “Sentencia Inicial”, sino se emite una doble sentencia bajo el nombre de “Sentencia Definitiva” que resuelve las excepciones posteriores a
la primera sentencia, lo cual es un absurdo en sí mismo y una contradicción jurídica. Nos preguntamos ¿Qué acto procedimental deja sin efecto la sentencia inicial? Aparentemente es la Sentencia Definitiva, pero esta lógica no responde a la estructura de las resoluciones judiciales. No es una sentencia la que puede extinguir a otra sentencia, sino un auto de vista, que es totalmente diferente. Además, en caso de que el ejecutado no interponga excepciones, la sentencia inicial queda siendo una semi o cuasi sentencia. La nueva norma, al igual que el Código abrogado, dispone que lo resuelto en el proceso ejecutivo pueda ser modificado en proceso ordinario posterior por cualquiera de las partes en el plazo de seis meses. No podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en este último. La única incorporación refiere a que el Proceso Ejecutivo es procedente siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo. Como último punto, si bien la nueva normativa suprime el proceso de Ejecución Coactiva Civil de Garantías Reales sobre Créditos Hipotecarios y Prendarios, el nuevo Proceso Ejecutivo se parece más a la Ejecución Coactiva Civil que al Proceso Ejecutivo anterior. La Ejecución Coactiva Civil era ampliamente utilizada por bancos y entidades financieras ya que era únicamente aplicable a créditos hipotecarios y prendarios. Para que este tipo de Proceso sea procedente, se debía renunciar expresamente y por escrito al Proceso Ejecutivo. Entonces, se presenta la demanda Coactiva Civil y se dicta Sentencia, otorgando un plazo de 5 días fatales para presentar excepciones. Como es evidente, el nuevo Proceso Ejecutivo es básicamente el Proceso Coactivo, con algunas variaciones. Es una forma de proceso que, tanto en el Código abrogado como en el nuevo, resulta abusivo y sufre de las contradicciones jurídicas previamente expuestas respecto a la posibilidad de presentar excepciones posteriores a una Sentencia.
Otros procesos monitorios. Se establece en calidad de “otros procesos monitorios” , los siguientes:
Cumplimiento de la obligación de dar. Entrega de la herencia, cuando un tercero obstaculice a los herederos la toma de posesión de los bienes sucesorios, sin acreditar ningún derecho Resolución de contrato por falta de pago, previa intimación. La resolución del contrato se demanda por incumplimiento, así como, en su caso, el cumplimiento de la obligación que le es propia. Cese de la copropiedad Desalojo en régimen de libre contratación, para inmuebles que no constituyen vivienda. En cuanto al desalojo señalado en el inciso e) se trata de locales de comercio, industria, oficinas y otros análogos dentro del régimen de libre contratación, que también se encuentra contemplado en el Código abrogado. Procederá por fenecimiento del plazo del contrato o por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. El Código abrogado dispone que “El desalojo de locales de
comercio, industria, oficinas y otros análogos, sujetos al régimen de libre contratación, procederá por fenecimiento del plazo del contra to o por incumplimiento de cualesquiera de sus condiciones”. La disposición de la normativa abrogada hace referencia al incumplimiento del contrato, aspecto que es omitido por el nuevo Código, o en su caso podría ser una f alla en la redacción. Si bien este último señala “por incumplimiento de sus obligaciones” podía haber mejorado la reacción disponiendo de la siguiente manera: “por incumplimiento de las obligaciones, acordadas ya sea de forma verbal o escrita mediante un contrato”.
Ambos Códigos establecen los plazos para efectuar el desalojo de este tipo de inmuebles, los cuales son exactamente iguales en ambos casos. Son los siguientes: Para tiendas, pulperías, depósitos, oficinas, consultorios, bares, cantinas, salones de baile y
análogos, 30 días. Para casas comerciales, restaurantes, confiterias, comedores, hoteles, industrias menores y otros análogos, 60 días. Para sanatorios, clínicas y establecimientos industriales con más de veinte obreros, 90 días. La diferencia radica en que el Código abrogado dispone que estos plazos son aplicables en caso de no existir contrato o si no se hubiese estipulado en este el plazo, a diferencia de la nueva norma que no contiene esto requisitos. Una vez más se dejó de lado la libertad contractual. El Código abrogado disponía que el trámite para el desalojo de vivienda se sujetara al proceso sumario. Ambos Códigos le otorgan un trato diferenciado al desalojo de vivienda y al de locales comerciales bajo el régimen de libre contratación, sin embargo la nueva norma incluso los contempla en diferentes tipos de proceso. Sin previa advertencia, el nuevo Código pasa a establecer disposiciones aplicables una vez más a todos los “otros tipos de procesos monitorios”, y señala que, citada la parte demandada, tiene 10
días para oponer excepciones, las cuales son: Incompetencia Falta de personería en el demandante o en el demandado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. Falta de legitimación Litispendencia Demanda interpuesta antes del vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Falsedad del título con el que se sustentare la demanda. Esta excepción podrá fundarse únicamente en adulteración de documento. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad. La prescripción o caducidad. Cumplimiento o incumplimiento de la obligación. Compensación. Remisión, novación, transacción conciliación y compromisos documentado. Cosa juzgada. La nueva norma estable ce excepciones específicas para los procesos catalogados como “otros procesos monitorios” e incluye algunas que son aplicables únicamente a estos, como ser: 3. Falta
de legitimación, 5. Demanda interpuesta antes del vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. 6. Falsedad del título con el que se sustentare la demanda. 7. Caducidad. 8. Cumplimiento o incumplimiento de la obligación, 9. Compensación, 10. Remisión, novación y compromiso documentado. Por otro lado, el Código abrogado disponía que las excepciones previas se rijan por las mismas normas del proceso ordinario, pero debían ser opuestas conjuntamente con la contestación a la demanda. El nuevo Código deja de lado las siguientes excepciones: 4) Obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda, 5) Citación previa al garante de evicción, 11) Desistimiento del derecho. Son excepciones que debieron ser contempladas en lugar de excluidas. De vuelta al nuevo Código, este dispone que la sentencia dentro del proceso determinará lo que corresponda a estos tipos de procesos monitorios. En materia de recursos, corresponde la apelación en el efecto devolutivo. Ejecutoriada la sentencia y vencidos los plazos, se expedirá mandamiento de lanzamiento. Las normas establecidas para el lanzamiento son las mismas en ambos Códigos, excepto en que el abrogado establece que la ejecución de este está a cargo del Oficial de diligencias.
PROCESOS DE EJECUCIÓN.
Contenido en el Título V, dentro del Libro Segundo “Desarrollo de los Procesos”. Contiene los
siguientes tipos de proceso: Ejecución de sentencia Ejecución coactiva de sumas de dinero. Ejecución de otras obligaciones.
Ejecución de sentencia En ambos Códigos, se dispone que la Ejecución de Sentencia tiene la finalidad de ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecución que podrá ser realizada sólo a instancia de parte interesada por la autoridad judicial de primera instancia. Se incorpora la posibilidad de ejecutarse parcialmente la sentencia aun cuando se hubiere interpuesto recursos de apelación o casación contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado ejecutoriada. Esta implementación parece ser correcta, ya que se acelera el cumplimiento de la decisión judicial evitando la retardación de justicia. Tanto en el Código abrogado como en el nuevo, se dispone que las sentencias reciban autoridad de cosa juzgada cuando: La ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. Las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria. Se incorpora la facultad para que la autoridad judicial dirija el proceso con potestad plena adoptando todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dándole así al Juez la posibilidad de influir activamente en que exista menor retardación de Justicia. Las partes deben limitarse al control del cumplimiento de la sentencia. Al igual que el anterior Código, se establece que si la autoridad judicial no hubiere fijado plazo para el cumplimiento de la sentencia, ella deberá ejecutarse dentro de tercero día. Cuando por circunstancias especiales no fuere posible el cumplimiento, el juez podrá conceder un plazo prudencial e improrrogable. Se mantienen las disposiciones respecto de la ejecución coactiva de la Sentencia, pero se incorpora que si existiera acusación por falsedad material o ideológica en materia penal que recayera sobre el documento base de la acción, se suspenderá provisionalmente su ejecución; más si se opone su falsedad como excepción civil, la autoridad judicial según las circunstancias podrá suspender provisionalmente su ejecución. Teóricamente esta sería una incorporación positiva y correcta, sin embargo abre una puerta muy grande a la chicanería. También se agrega que si el documento base de la ejecución fuere declarado nulo en otro proceso con sentencia ejecutoriada, la autoridad judicial suspenderá de manera definitiva la ejecución. Esta incorporación no parece sufrir del defecto de la mencionada con anterioridad, debido a que se tiene una sentencia ejecutoriada para probar la nulidad. Se mantiene la posibilidad de que el juez imponga sanciones pecuniarias para la ejecución de la sentencia, que se fijarán en una cantidad en dinero por cada día de demora en el cumplimiento, beneficiando a la parte perjudicada por el incumplimiento. Se incorpora que esta imposición pueda ser efectuada de oficio y la posibilidad de una justificación valedera ante la falta de pago. Claramente esta incorporación es tendiente a que la parte perdidosa dentro de un proceso se encuentre presionada a cumplir con la Resolución judicial Estas sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento en el pago, darán lugar al embargo de los bienes del deudor, previa tasación por perito que designe la autoridad judicial, serán rematados para cubrir el monto. El problema aparente dentro de esta implementación sería que resulte una especie de proceso nuevo dentro de la ejecución de sentencia.
Se incorpora la división entre ejecución provisional y ejecución definitiva de sentencias. En caso de interponerse recurso, si el auto de vista confirmare la sentencia, declarará al mismo tiempo como definitiva, la ejecución provisional. Tratándose del recurso de casación, se obrará de la misma manera. Si el auto de vista revocare la sentencia o el auto supremo la casare, ordenará que las cosas vuelvan a su estado anterior, más daños y perjuicios; de no ser posible, se abonarán los daños y perjuicios que hubiere causado la ejecución provisional. La parte que hubiere sufrido la ejecución provisional dejada sin efecto, tendrá noventa días para reclamar el pago de daños y perjuicios, los que se cuantificarán por la vía incidental de liquidación; vencido el plazo, caducará su derecho y se cancelará la garantía prestada por la parte ejecutante. La revocación y la casación en ningún caso podrán perjudicar los derechos de terceros de buena fe que adquirieron a título oneroso. La ejecución provisional parece generar confusión y potencialmente una terrible desorganización a momento de hacer cumplir una sentencia. Se debe hacer cumplir una sentencia que puede ser revocada posteriormente por un Auto de Vista, el cual puede ser casado posteriormente por un Auto Supremo. Entonces ¿se tendría que anular por ejemplo un remate ya efectuado? Y si no se puede perjudicar a terceros, que pasará con el comprador de un bien rematado cuando se deje sin efecto un remate, si este ya pagó ¿se quedará injustamente con el bien inmueble? Parece ser que no se pensó con precisión esta incorporación a la norma. Ejecución coactiva de sumas de dinero La ejecución coactiva de sumas de dinero procede siempre que se trate de una obligación de pagar suma líquida y exigible, sustentada en los siguientes títulos: Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es difícil comprender cuál es la diferencia entre este tipo de ejecución de sentencia y la ejecución de sentencia señalada anteriormente, sobre todo porque no se especifican detalles. Crédito prendario o hipotecario inscrito, en cuya escritura el deudor hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo. Crédito hipotecario o prendario, agrario o industrial inscrito, en el que el deudor hubiere formulado renuncia al proceso ejecutivo. Transacción aprobada judicialmente. Conciliación aprobada. Laudo arbitral ejecutoriado. La norma pasa inmediatamente a describir los procedimientos referidos a sentencias que no determinan una suma líquida a ser ejecutada. El siguiente cuadro establece la comparación entre la nueva norma y la abrogada:
Código Abrogado
Nuevo Código
SENTENCIAS QUE DISPONEN PAGO DE SUMAS ILÍQUIDAS
I.- Si la sentencia que hubiere condenado al pago de frutos, daños y perjuicios, no determinare la suma líquida adeudada, se estará a lo
Si la sentencia que condenare el pago de frutos, daños y perjuicios no hubiese determinado la suma liquida adeudada, esta será
dispuesto en el artículo 195, es decir, que se determine la suma en ejecución de sentencia, abriendo al efecto plazo probatorio no mayor de veinte días.
establecida por la vía incidental en forma previa a la vía de ejecución coactiva. Igual solución se aplicará cuando en otro acto jurídico se establezca deuda ilíquida exigible
II.- De la resolución que correspondiere procederá la apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, pudiendo el demandado pedir fianza de resultas. Quedará librado al prudente criterio del juez acceder a esta solicitud, según las circunstancias.
SUMA ILÍQUIDA PROCEDENTE DE FRUTOS
No dispone
Cuando la demanda tuviere por objeto el cobro de frutos, la autoridad judicial, admitida la demanda y corrida en traslado, conminará a la parte deudora a formular su liquidación a tiempo de responder, de lo que se correrá en traslado a la parte actora. Si la parte demandada no presentare liquidación de los frutos, se estará a la presentada por la parte actora.
SUMA ILÍQUIDA PROCEDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS
No dispone
La parte actora para promover demanda de ejecución coactiva, previamente deberá establecer los daños y perjuicios, observando el procedimiento previsto para los procesos incidentales.
En los casos de los artículos 407, 408 y parágrafo anterior, contra la resolución que determine la suma líquida, podrá interponerse recurso de apelación en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. En todos los casos, se dispone en la nueva norma la facultad de interponer recurso de apelación en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. La norma abrogada también facultaba a las partes a interponer este recurso. Sin mayor especificidad, el nuevo Código comienza a describir el proceso de ejecución coactiva. La parte acreedora al plantear la demanda de ejecución, acompañará el título coactivo que la justifique y solicitará el embargo de los bienes de la parte coactivada. La autoridad judicial dictará sentencia, ordenando el embargo y llevar adelante la ejecución coactiva hasta que se haga efectiva la suma reclamada, intereses, costas y costos, dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantía o embargado. Cumplida efectivamente la medida cautelar, se citará a la parte coactivada, quien podrá oponer en el plazo de 5 días desde su notificación, únicamente las excepciones de: Incompetencia. Falta de fuerza coactiva. Falsedad e inhabilidad del título. Prescripción. Pago documentado. Cosa juzgada.
No se admiten incidentes, oposiciones u otras formas de cuestionamiento procesal. Si las excepciones fueren admitidas, se sustanciarán corriendo en traslado a la otra parte, quien deberá responder en el plazo de cinco días, siguiéndose en lo demás el trámite previsto para el proceso ejecutivo. La resolución que rechace las excepciones será apelable en el efecto devolutivo. La parte coactivada perdidosa sólo podrá promover proceso ordinario en relación al título coactivo, cuyo proceso no suspenderá el remate ni otras medidas emergentes de la ejecución. En los siguientes cuadros, se encuentra el proceso de ejecución comparado.
EMBARGO
Código Abrogado
Nuevo Código
El mandamiento de embargo se hará El embargo se ejecutará por la o el efectivo hasta el monto suficiente para oficial de diligencias o cualquier otra cubrir la cantidad adeudada, interés y autoridad que al efecto se comisione.
costas provisionalmente calculadas por el juez.
El embargo de inmuebles se hará efectivo por su inscripción en el Los bienes embargados serán puestos en Registro de Derechos Reales y de igual poder del depositario designado por las manera el de muebles sujetos a partes; a falta de acuerdo, por el actor, y registro; el de muebles, mediante su en su defecto por el juez, procediéndose a aprehensión, pudiéndose designar la inventariación. depositario al propio deudor o a un tercero; y el de créditos, por la El acreedor no podrá exigir que el notificación al deudor del ejecutado. embargo recaiga sobre bienes, con perjuicio grave para el deudor, si hubiere El embargo genérico de derechos otros disponibles. comprenderá todos los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, Si los bienes muebles embargados presentes y futuros del deudor y las formaren parte de un establecimiento universalidades de sus bienes, comercial o industrial, o fueren los de uso exceptuándose los bienes concretos en la casa habitación del deudor, éste que integren las mismas, que serán podrá exonerarlos del embargo objeto de embargos específicos. presentando otros bienes no gravados, o gravados pero suficientes para cubrir el El acreedor en cualquier momento de crédito reclamado. la ejecución, podrá pedir la ampliación del embargo, si los bienes embargados Se establecen los requisitos para el fueren insuficientes. La autoridad mandamiento de embargo. A judicial calificará la necesidad de la continuación, el ejecutor levantara acta ampliación y en su caso la deferirá, circunstanciada, el Código establece que advirtiendo al acreedor de su datos deberán estar consignados. El acta responsabilidad por los daños que será firmada por el depositario, el ejecutor causare en el exceso del embargo. y en su caso por los agentes de la fuerza pública que hubieren prestado auxilio. Todo acto jurídico de disposición o de constitución de gravámenes del bien Cuando el embargo hubiere de hacerse embargado, que se realizare en forma efectivo en bienes inmuebles o en posterior a la efectividad del embargo, muebles sujetos a registro, bastará su será ineficaz respecto al embargante y anotación en el registro respectivo. no afectará el curso del proceso ni sus Cuando el embargo hubiere de hacerse resultados. sobre bienes y productos agropecuarios, se procederá a su inventariación. La ejecución continuará como si el acto de disposición o de constitución de El deudor, desde el momento del gravámenes no existiere. La autoridad embargo, tendrá el carácter de judicial a pedido del acreedor, ordenará depositario, a menos que el juez se la cancelación de dichos actos en los designare otro depositario. registros correspondientes, con notificación del tercero en cuyo favor se Los bienes y valores del deudor en poder hubiere realizado el acto. de terceros son embargables.
Si se anulare la ejecución o se declarare la incompetencia del juez, el embargo trabado subsistirá con carácter preventivo por 15 días. Si dentro de ese plazo no se reiniciare, el embargo caducará automáticamente. Si de la evaluación del bien embargado o de la venta anticipada se estableciere que no se alcanzó a cubrir la deuda, intereses y costas, el juez podrá mandar la ampliación del embargo. También se ordenará la ampliación, o nuevo embargo, cuando se hubiere probado una tercería.
Observaciones: Las disposiciones del Código abrogado son mucho más específicas, se contempla en contenido del mandamiento de embargo y del acta de embargo, es mucho más amplio y completo. El error del anterior código es que estas disposiciones se encontraban contempladas entre aquellas dirigidas al proceso ejecutivo, cuando eran aplicadas en el caso de ejecución de sentencia en cualquier tipo de proceso que establecía deudas pecuniarias. El nuevo Código es muy poco específico al respecto. LIQUIDACIÓN
Código Abrogado
Nuevo Código
Cuando el embargo o retención hubiere recaído sobre una suma de dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza de resultas, el acreedor presentará la liquidación de capital, intereses y costas. Puesta en conocimiento del ejecutado, éste podrá observarla en el plazo de tres días.
Cuando el embargo o retención hubiere recaído sobre una suma de dinero, una vez firme la sentencia, o cuando se hubiere pedido la ejecución provisional, el acreedor presentará la liquidación de capital e intereses. Puesta en conocimiento de la parte ejecutada, éste podrá observarla en el plazo de tres días.
Aprobada la liquidación, fuere por conformidad o silencio del deudor o porque el juez hubiere rechazado las observaciones, se hará pago inmediato al acreedor del importe que resultare.
Aprobada la liquidación por conformidad o silencio de la parte deudora, o porque la autoridad judicial hubiere rechazado las observaciones, se hará pago inmediato al acreedor del Cuando el embargo o retención hubiere importe que resultare. recaído sobre un crédito del ejecutado, el
ejecutante quedará facultado, por ese solo Cuando el embargo o retención hubiere hecho, a realizar las gestiones judiciales o recaído sobre un crédito del deudor, el extrajudiciales para su cobro. acreedor quedará facultado, por esa sola circunstancia, para realizar las gestiones judiciales de cobro.
Observaciones: Se trata de prácticamente el mismo texto, con mínimas variaciones.
PRELACIÓN
Código Abrogado
Nuevo Código
La oponibilidad y por tanto la eficacia de los embargos frente a terceros, así como la prelación entre los embargantes para el cobro de sus créditos, intereses y costas, se determinarán por la fecha de inscripción si se tratare de bienes sujetos a registro y por la fecha cierta de los documentos si se tratare de bienes no sujetos a registro.
El orden de inscripción en el registro correspondiente de los embargos ejecutados, fija el orden de preferencia de los acreedores para hacer efectivos sus créditos. Tratándose de embargos no inscribibles que se efectivizan mediante su aprehensión, como en el caso de muebles no sujetos a registro, o que se hacen efectivos por su notificación, como en el caso de créditos, el orden de prelación se determina por la fecha de la ejecución cierta del embargo.
REMATE
Código Abrogado
Nuevo Código
Si el embargo recayere sobre bienes muebles o semovientes se procederá en la forma siguiente: 1. Se ordenará la tasación por un perito que designará el juez. 2. Aprobada la tasación, que deberá presentarse en el plazo de tres días,
Antes de ordenar el remate, la autoridad judicial requerirá certificaciones o informes sobre: a. Los impuestos del inmueble o muebles sujetos a registro que serán rematados. b. Las deudas por expensas
3.
4.
5.
6.
se señalará día y hora para la venta de los bienes en remate sobre la base fijada en el informe pericial. La subasta se hará por martillero público, o a falta de él por notario de fe pública. Se ordenará la entrega de las cosas depositadas al martillero, a los efectos de su exhibición y remate. Tratándose de bienes muebles sujetos a registro, se requerirá de la oficina respectiva un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes. Se ordenará dar a conocer el auto de señalamiento de remate a los acreedores que tuvieren registradas sus acreencias. El remate de somovientes se podrá realizar en el mismo lugar donde ellos se encontraren.
Del registro de martilleros será sorteado uno, que aceptará el cargo dentro de tercero día de notificado, salvo si existiere acuerdo de partes para proponerlo. Este no podrá ser recusado; sin embargo, el juez podrá removerlo si mediaren circunstancias graves.
comunes, si se tratare de un bien afectado al régimen de propiedad horizontal. c. Las hipotecas o gravámenes que pesaren sobre el bien. Las certificaciones a que se refieren los incisos a y b, deberán ser expedidas por quien corresponda, bajo responsabilidad, en un plazo máximo de cinco días, vencido el cual, con informes o sin ellos, se proseguirá los trámites del remate, de lo que se dejará constancia en los avisos correspondientes. Practicado el embargo, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, dispondrá la tasación del bien embargado, salvo que las partes, de común acuerdo, dentro del proceso autoricen la venta al mejor postor . El valor de los bienes embargados será el establecido por perito único designado por la autoridad judicial. Esta tasación podrá ser impugnada por cualquiera de las partes al tercero día de su notificación, en cuyo caso la autoridad judicial resolverá en el plazo de cinco días.
El martillero designado que no podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa. Donde no exista martillero, desempeñará estas funciones un notario de fe pública. El honorario del perito será fijado por la autoridad judicial en consideración al El aviso de señalamiento de remate trabajo realizado y la importancia del contendrá los nombres del ejecutante, asunto, y en ningún caso podrá ser ejecutado y martillero o notario, los bienes superior al dos por ciento del valor a rematarse, la base de éstos y el lugar tasado y aprobado. del remate. Los Tribunales Departamentales de El aviso se publicará una o dos veces con Justicia abrirán un registro en el que intervalo de seis días en un órgano de podrán inscribirse como martilleros prensa, o a falta de éste se difundirá en quienes reúnan los requisitos de una radiodifusora o medio televisivo, idoneidad que reglamente el Consejo nacional o local. Donde no existieren de la Magistratura. medios de difusión, el aviso se fijará en el tablero del tribunal De dicho registro será sorteado la o el
. Todo interesado en el remate deberá depositar ante el martillero, antes o en el acto de la subasta, el 20% de la base, mediante depósito judicial bancario, o en cheque visado a la orden del juez, o en dinero efectivo.
martillero que aceptará el cargo dentro de tercero día de notificado, salvo si existiere acuerdo de partes para proponerlo y reuniere requisitos a satisfacción de la autoridad judicial.
La o el martillero no podrán ser recusados; sin embargo, la autoridad Los depósitos de los postores que no que procedió a la designación podrá obtuvieren la adjudicación les serán removerlo sí mediaren circunstancias devueltos graves. Inmediatamente y el depósito del adjudicatario pasará a una entidad El acto de remate será realizado por la bancaria a la orden del juez. En los o el martillero designado, quien no lugares donde no hubiere oficina bancaria, podrá delegar sus funciones ni el depósito del adjudicatario quedará en suspender el acto. Donde no exista poder del martillero hasta que el juez martillero, desempeñará estas determinare lo procedente. funciones un notario de fe pública. El adjudicatario deberá pagar dentro de 3ro día el saldo del importe Establecido de modo definitivo el valor correspondiente al bien adjudicado. del bien, la autoridad judicial, a petición Mientras no pague el saldo de precio, no de parte, señalará día y hora para el podrá realizar actos jurídicos de remate. disposición del bien ni constituirlo como garantía. El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres de la parte El pago del precio dentro del plazo ejecutante, parte ejecutada y martillero consolidará el derecho del adjudicatario, o notario, los bienes a rematarse, la que surtirá efectos con carácter retroactivo base de éstos y el lugar del remate. desde el momento de la adjudicación. De lo contrario, se resolverá su derecho El aviso se publicará una sola vez, en retroactivamente hasta el momento de la un órgano de prensa o, a falta de éste, adjudicación y perderá el depósito se difundirá en una radiodifusora o efectuado, pudiendo el postor que ofertó medio televisivo, nacional o local, en la el precio inmediatamente inferior misma forma y con las mismas adjudicarse el bien por el valor de su condiciones. Donde no existieren oferta, siempre que no hubiere retirado su medios de difusión, el aviso se fijará en depósito. el tablero del tribunal y en otros sitios que a criterio de la autoridad judicial Previo pago total, el martillero o notario aseguren la máxima publicidad del entregará al rematador dichos bienes con remate. la constancia correspondiente, y depositará en el plazo de dos días el Todo interesado en el remate deberá importe de la subasta en el Banco del depositar ante el martillero o notario, Estado a la orden del juez de la causa. antes o en el acto del remate, el veinte por ciento de la base, mediante El martillero o notario sentará en el libro depósito judicial o en dinero efectivo.
respectivo acta resumida de las diligencias realizadas y firmada por él; luego, en el plazo antes señalado devolverá los actuados al juez de la causa. En los lugares donde no hubiere oficina bancaria, el producto del remate será depositado en poder de la persona jurídica o natural que designare el juez. El producto del remate se pagará por orden del juez a quien o quienes correspondiere, previa liquidación aprobada por aquél. La liquidación, que comprenderá capital, intereses y costas, deberá ser presentada por el ejecutante dentro del plazo de 3 días a contar desde la aprobación del remate. Si el ejecutante no presentare la liquidación en ese plazo, podrá hacerlo el ejecutado. El juez pronunciará la resolución que corresponde, previo traslado a la otra parte. Si en la subasta no se presentaren postores el martillero o notario devolverá la comisión dentro del plazo de veinticuatro horas al juez de la causa, quien, a petición de parte, señalará nuevo día y hora para la subasta, con la rebaja del veinticinco por ciento del valor de la base, publicándose el aviso por una sola vez con anticipación de cinco días a la subasta. Si tampoco en esta otra subasta hubiere interesados, podrá el ejecutante adjudicarse los bienes por el precio rebajado, o sea, por el setenta y cinco por ciento de la base inicial, o se suspenderá la subasta hasta otra oportunidad
Los depósitos de los postores que no obtuvieren la adjudicación les serán devueltos inmediatamente, salvo el caso previsto en el parágrafo III del artículo siguiente, y el depósito del adjudicatario pasará al tesoro judicial, a la orden de la autoridad judicial. En los lugares donde no hubiere oficina administrativa del Tesoro Judicial, el depósito del adjudicatario quedará en poder del martillero o notario hasta que la autoridad judicial determine lo procedente. El adjudicatario deberá pagar dentro de tercero día el saldo del importe correspondiente al bien adjudicado. Mientras no pague el saldo del precio, no podrá realizar actos jurídicos de disposición del bien, ni constituirlo como garantía para el cumplimiento de obligaciones. El pago del precio dentro del plazo consolidará el derecho del adjudicatario, que surtirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de la adjudicación. Si el adjudicatario no oblare el precio dentro del término señalado, se resolverá su derecho retroactivamente hasta el momento de la adjudicación y perderá el depósito efectuado, que se consolidará en favor del Tesoro Judicial con descuento de las costas y costos causados al ejecutante, pudiendo el postor que ofertó el precio inmediatamente inferior adjudicarse el bien por el valor de su oferta, siempre que no hubiere retirado su depósito.
Para la subasta de inmuebles se designará el martillero o notario en la El segundo adjudicatario deberá oblar forma prevista en la parte pertinente del el precio dentro de los tres días artículo siguientes después de haber sido notificado con la opción. Si no oblare el La base para la subasta de inmuebles precio en el plazo de tres días,
será el importe de su valuación fiscal. A falta de esta valuación se designará de oficio un perito, ingeniero o arquitecto, y en su defecto una persona idónea, para tasar los bienes. La base para la venta será la suma fijada en la tasación.
igualmente se resolverá su derecho con carácter retroactivo y perderá el depósito en la forma señalada en el parágrafo anterior.
Realizado el remate y antes de su aprobación la parte ejecutada o en su Para la aceptación del cargo de perito, defecto el tercerista podrá liberar los plazo en que deberá expedir el informe. bienes rematados pagando el importe del capital, intereses, costas y costos. La tasación se hará conocer a las partes, quienes dentro de tres días podrán Si se resolviere el derecho del primer manifestar su conformidad o adjudicatario y el segundo postor no disconformidad y deberán fundamentar hiciere uso de la facultad que le sus objeciones; el juez resolverá fijando confiere el artículo anterior en su en definitiva el monto de la base, sin parágrafo II, resolviéndose también su recurso ulterior. derecho, o si en la subasta no se presentaren postores, el martillero o Antes de ordenar la subasta el juez notario informará dentro del plazo de requerirá veinticuatro horas a la autoridad judicial certificaciones o informes sobre: de la causa, quien, a petición de parte 1) Los impuestos del inmueble. señalará nuevo día y hora para el 2) Las deudas por expensas comunes, si remate, con la rebaja del 20% del valor se tratare de un bien sujeto al régimen de la base. de propiedad horizontal. 3) Las hipotecas o gravámenes que Si en la segunda subasta tampoco pesaren sobre el bien hubiere postor, el acreedor podrá 4) Las certificaciones a que se refieren adjudicarse el bien en el valor de la los numerales 1) y 2) deberán ser última base. expedidas por quien corresponda, bajo responsabilidad, en un plazo máximo En todos los casos en que se realizare de cinco días, vencido el cual, con una nueva subasta, los avisos se informes o sin ellos, se proseguirán los publicarán por una sola vez con cinco trámites de la subasta, de lo que se días de anticipación. dejará constancia en los avisos de remate. La resolución del derecho del adjudicatario será declarada por la Si se hubiere dispuesto la subasta de autoridad judicial, de oficio, por el sólo varios inmuebles, el juez podrá ordenar su hecho del incumplimiento de pago del realización en distintas fechas. En este saldo de precio. Esta resolución será caso se suspenderán el o los remates dictada dentro de los dos días cuando el importe obtenido alcanzare a siguientes. cubrir el crédito, intereses y costas reclamadas. Resuelto el derecho, se tendrá por inexistente la adjudicación efectuada Cumplidas las formalidades legales para en favor del postor, correspondiendo la subasta y en el acto de su realización, procederse de acuerdo con lo previsto
el martillero o notario adjudicará el bien subastado al mejor postor.
en el artículo 423 parágrafos I y II del presente Código.
El adjudicatario tendrá la obligación de constituir domicilio legal, en el mismo acto
La autoridad judicial sólo podrá declarar la nulidad del remate por falta de la publicación previstas en el artículo 421, parágrafo III del presente Código.
Si se resolviere el derecho del primer adjudicatario y el segundo postor no hiciere uso de su facultad de adquirir el bien, resolviéndose también su derecho, o si en la subasta no se presentaren postores, el martillero informará dentro del plazo de veinticuatro horas al juez de la causa, quien de oficio o a petición de parte, señalará nuevo día y hora para la subasta, con la rebaja del veinticinco por ciento del valor de la base.
La nulidad deberá plantearse dentro de tercero día de realizado el remate y se la tramitará como incidente. No se admitirá otras circunstancias o causas de nulidad.
Dentro de tercero día de realizado el remate, el adjudicatario, previo pago Si en la segunda subasta tampoco hubiere total del saldo correspondiente al precio postor, el acreedor podrá adjudicarse el del bien rematado, pedirá la aprobación bien en el ochenta por ciento de la última del remate. base. La autoridad judicial dictará auto Si el acreedor no hiciere uso de esta aprobatorio del remate y ordenará se facultad, se ordenará una tercera subasta extienda la respectiva minuta de con la rebaja del cincuenta por ciento de transferencia y su protocolización, así la base original. Si en la tercera subasta como de las actuaciones no hubiere postor, el acreedor se correspondientes, sin que sea adjudicará el bien en el ochenta por ciento necesaria la comparecencia del de la última base. ejecutado. Los saldos impagos podrán ser Con el pago del precio y la aprobación reprogramados por las entidades de del remate, la venta judicial quedará intermediación financiera. perfeccionada. En todos los casos en que se realizare una nueva subasta los avisos se publicarán durante al menos dos días, mínimo en dos diarios de circulación nacional con treinta días de anticipación a la subasta, invitando al interesado a recabar información sobre el bien a ser subastado.
El adjudicatario que hubiere actuado por comisión, a tiempo de oblar el precio y pedir la aprobación del remate, podrá indicar el nombre de su comitente y, en su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo.
Toda medida cautelar que hubiere recaído sobre el bien rematado se La resolución del derecho del levantará una vez aprobado el remate. adjudicatario será declarada por el juez, de oficio o a instancia de parte, por el solo Previo a la entrega del bien rematado,
hecho del incumplimiento de pago del saldo de precio. Esta resolución será dictada dentro de las veinticuatro horas siguientes. Resuelto el derecho se tendrá por inexistente la adjudicación efectuada en favor del Postor El juez podrá declarar la nulidad de la subasta por falta de las publicaciones La nulidad deberá plantearse dentro de tercero día de realizada la subasta y se la tramitará como incidente.
la autoridad judicial ordenará la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores para que hagan entrega del bien al décimo día, en caso negativa a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial, librará mandamiento de desapoderamiento, que se ejecutará con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. No se podrá alterar derechos de terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo los interesados deducir oposición por vía incidental dentro del plazo de diez días de la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores.
Sin embargo, la nulidad no procede si el acto aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se Cuando la adjudicación sea de un bien hubiere provocado indefensión. inmueble o mueble sujeto a registro, en su integridad, la autoridad judicial Dentro de tercero día de realizado el ordenará el pago que corresponda sólo remate, el comprador o adjudicatario, después de haberse entregado previo pago total del saldo físicamente el bien adjudicado. correspondiente al precio del bien rematado pedirá la aprobación del remate. No se expedirá mandamiento de desapoderamiento cuando la El juez aprobará mediante auto el remate adjudicación comprenda acciones y ordenará se extienda la respectiva derechos. escritura pública de transferencia y la protocolización de las actuaciones La comisión del martillero o notario se correspondientes, sin que fuere necesaria pagará de acuerdo al arancel fijado por la comparecencia del ejecutado. la autoridad señalada por ley, y en su defecto será fijada por la autoridad Con el pago del precio y la aprobación del judicial en consideración al trabajo remate la venta judicial quedará realizado y la importancia del asunto. El perfeccionada. monto en ningún caso podrá ser mayor al dos por ciento del valor del bien. El adjudicatario comisionado, a tiempo de doblar el precio y pedir la aprobación del remate, deberá indicar el nombre de su comitente, y en su defecto se lo tendrá por adjudicatario definitivo. Toda medida precautoria que hubiere recaído sobre el bien rematado se
levantará una vez aprobado el remate. Toda medida precautoria que hubiere recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate. Pagado el precio, se hará entrega al adjudicatario del bien rematado, librándose al efecto mandamiento de desapoderamiento, que se ejecutará con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. No se podrá alterar derechos de terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo los interesados deducir oposición por vía incidental dentro del plazo de diez días de la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores. La comisión del martillero o notario, se pagará de acuerdo al arancel fijado por la Corte Suprema de Justicia y en su defecto por el juez en consideración al trabajo realizado y la importancia del asunto en un monto que no podrá ser mayor al dos por ciento del valor de la cosa. Si el remate se suspendiere definitivamente o se anulare sin culpa del martillero o notario, el monto de la comisión será fijado por el juez de acuerdo a la importancia del trabajo realizado. Si se suspendiere por culpa del martillero o notario, ellos deberán pagar una multa fijada por el juez así como los gastos de la nueva actuación. Si el remate se anulare por culpa del martillero o notario el culpable devolverá el importe de la comisión que hubiere recibido, dentro de tercero día de notificado con la resolución de nulidad, y pagará la sanción pecuniaria impuesta por
el juez. Encontramos que, hasta este punto referido a los procesos de ejecución, existe una terrible desorganización que hace difícil de comprender el procedimiento. No solamente tenemos un proceso de ejecución de sentencia que se repite dos veces: una vez es por sí mismo un tipo de proceso de ejecución y la segunda es parte de los procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero. Se disponen procedimientos y normas al azar, la redacción es poco clara y genera confusión. Equivocadamente, el proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero sería, entre muchas otras cosas, aquel que reemplaza al proceso coactivo civil contemplado en el código abrogado, un poco más duro, pero con diferencias mínimas con relación al nuevo proceso ejecutivo. Bien pudieron juntar los procesos y no habría casi ninguna diferencia. Además, es el mismo tipo de proceso tanto para ejecución de títulos con fuerza coactiva en virtud a crédito prendario o crédito hipotecario, como para la ejecución de sentencias, lo cual es incoherente desde todo punto de vista. Al establecer el mismo procedimiento para ambos, se le otorga indirectamente el mismo tratamiento a estos títulos y a una sentencia, siendo que ambos tienen naturalezas diferentes. El capítulo al cual hacemos referencia (ejecución coactiva de sumas de dinero) contempla las disposiciones respecto del embargo, tasación, remate y otros dirigidos al cobro de dinero. No se encuentra clara la redacción, pero aunque la norma no lo establece literalmente, pero se realizó un análisis de cual podría haber sido la orientación de esta diferenciación, y se concluyó que el primer capítulo que se titula “Ejecución de Sentencia” es el marco general para los siguientes capítulos, los cuales son: “ejecución coactiva de sumas de dinero” y “Ejecución de otras obligaciones”. Hubiese
sido muy bueno que el Código tuviese más claridad en su orden y redacción respecto de esta parte en específico. Otro aspecto de la obvia desorganización de este capítulo del nuevo Código es que no existe una clara división entre que disposiciones son aplicables a la ejecución coactiva de títulos de hipoteca o prenda y cuales los son respecto de la ejecución de sentencia. Es más, dentro del capítulo encontramos la posibilidad de plantear excepciones, asumimos que se aplica únicamente a los títulos prendarios e hipotecarios, porque no sería coherente que apliquen a la ejecución de sentencia. Sin embargo, estas son inferencias y este criterio lógico no se encuentra claro en la norma. El Código abrogado dispone que en ejecución de sentencia, sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos. Sin embargo, vale destacar que si bien el procedimiento para el remate era más detallado en el Código abrogado, era en exceso desordenado. El nuevo Código contempla básicamente el mismo procedimiento, pero con mayor orden a pesar de encontrarse en una división equivocada.
Ejecución de otras obligaciones
OBLIGACIONES DE DAR
Código Abrogado
Nuevo Código
Tratándose de obligaciones de dar alguna Para la ejecución de una sentencia que
cosa que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor, con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública.
ordene el cumplimiento de una obligación de dar cuyo objeto sea algún bien determinado que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor, con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública.
Si fuere imposible la ejecución en especie, se procederá a la ejecución por el valor de la cosa, más daños y perjuicios que se liquidarán por la vía incidental. Si fuere imposible la ejecución en especie o no se encontrare en el patrimonio del obligado, sino en la de un tercero, que tenga título con fecha anterior al embargo, se procederá a la ejecución por el valor del bien, más daños y perjuicios que se liquidarán por la vía incidental. En los procesos sobre entrega de un bien por vencimiento del plazo de un contrato o por otro título que obligue la entrega, procede la ejecución anticipada de la futura decisión, cuando el demandante acredite el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien.
OBLIGACIONES DE HACER
Código Abrogado
Nuevo Código
Tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado no las cumpliere en el plazo señalado por el juez, el ejecutante las realizará por si o a costa de aquel, en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos en que haya incurrido el ejecutante en el plazo de diez días. Vencido el mismo, sin que se hubieren cubierto los gastos, el ejecutante podrá recaer sobre los bienes del deudor.
Si el ejecutado no las cumpliere en el plazo señalado por la autoridad judicial, el ejecutante las realizará por sí o a costa de aquel, en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos en que hubiere incurrido el ejecutante, en el plazo de diez días. Vencido el mismo sin que se hubieren cubierto los gastos, el ejecutante podrá recaer sobre los bienes del deudor. También el acreedor, en lugar de la prestación debida, tendrá la opción de pedir el cumplimiento por equivalente de daños y perjuicios
También el acreedor, en lugar de la prestación debida, tendrá la opción de
pedir el cumplimiento por equivalente de daños y perjuicios liquidables en el vía incidental.
liquidables en la vía incidental. Si se tratare de obligación no susceptible de cumplimiento por tercero, a pedido de parte podrá perseguirse su cumplimiento en especie, conminándose al ejecutado para que la haga efectiva en el término de diez días. Si no lo hiciere, el ejecutado quedará reatado al pago de los daños y perjuicios emergentes, que se liquidarán por la vía incidental.
Si se tratare de obligación no susceptible de cumplimiento por tercero, a pedido de parte podrá perseguirse su cumplimiento en especie, conminándose al ejecutado para que la haga efectiva en el término de diez días. Si no lo hiciere, el ejecutado quedará reatado al pago de los daños y perjuicios emergentes, que se liquidarán por la vía incidental Si el condenado al otorgamiento de escritura pública de transferencia de un Si el condenado al otorgamiento de derecho y en su caso a efectuar la escritura pública de transferencia de un entrega del bien, no cumpliere con la derecho y en su caso a efectuar la obligación en el plazo de diez días, la entrega de la cosa no cumpliere con la autoridad judicial, subsidiariamente, obligación en el plazo de diez días, el otorgará la escritura, y si así juez subsidiariamente otorgará la corresponde, dispondrá se efectúe la escritura y si así corresponde, dispondrá entrega en la forma establecida por el se efectúe la entrega en el forma parágrafo I del artículo anterior. establecida por el parágrafo II del artículo anterior. En todos los casos anteriormente previstos, los gastos que se causaren al En todos los casos anteriormente acreedor serán liquidados por vía previstos, los gastos que se causaren al incidental y su cobro, luego de aprobada acreedor serán liquidados por vía la liquidación, se realizará de acuerdo a incidental y su cobro, luego de aprobada lo establecido para la ejecución coactiva la liquidación, se realizará de acuerdo a de sumas de dinero, en todo lo que fuere lo establecido para la condena a pago de pertinente. suma líquida.
OBLIGACIONES DE NO HACER
Código Abrogado
Nuevo Código
Si la sentencia condenare a no hacer una cosa y el obligado la quebrantare, el acreedor tendrá opción a pedir se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuere posible, a costa del
Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantare, el acreedor tendrá opción para pedir se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuere
deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios conforme al artículo precedente.
posible, a costa del deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios, observando lo dispuesto en el artículo Para asegurar el cumplimiento de las anterior. sentencias, el juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá aplicar las sanciones Para asegurar el cumplimiento de las pecuniarias compulsivas y progresivas por sentencias, la autoridad judicial, de incumplimiento de mandato judicial oficio o a solicitud de parte, podrá aplicar las sanciones pecuniarias y Estas sanciones pecuniarias serán progresivas. igualmente aplicadas en caso de incumplimiento de las obligaciones de dar Estas sanciones pecuniarias serán y hacer. igualmente aplicadas en caso de incumplimiento de las obligaciones de dar y hacer.
PROCESOS CONCURSALES. Contenido en el Título IV, dentro del Libro Segundo “Desarrollo de los procesos”.
El nuevo Código Procesal Civil, al igual que el Código abrogado, disponen casi las mismas generales para este tipo de proceso. Primero, disponen que este tipo de proceso procede en los casos en que el deudor no comerciante se encontrare en estado de cesación de pagos. El proceso concursal en ambos Códigos es necesario o voluntario. El proceso concursal necesario requiere tres o más acreedores que hubiesen iniciado procesos ejecutivos y no existieren bienes suficientes para cubrir las obligaciones. El proceso concursal voluntario podrá será promovido por la o el deudor de buena fe e insolvente que desee hacer cesión de bienes, tuviere o no juicios ejecutivos pendientes, cuando existieren tres o más acreedores. En ambos Códigos se dispone que ambos procesos son universales y comprenderán todas las deudas y bienes de la parte concursada. Se incorpora que esta disposición no es válida respecto de los bienes inembargables. El nuevo Código también incorpora que se acumularán al proceso concursal todos los procesos ejecutivos y coactivos sustanciados en el mismo juzgado o en otros, en el estado en que se encontraren.
Procedimiento de los concursos Se dispone en el nuevo Código que el concurso necesario podrá ser promovido por cualquier acreedor que acredite los requisitos generales señalados previamente. Ambos Códigos señalan que si el deudor en estado de insolvencia hubiere promovido concurso voluntario, formulará protesta expresa de hacer entrega física de sus bienes, acompañando dos listas juradas, una consignando la nómina de todos sus acreedores, con mención de sus nombres, domicilios, y se agrega a través del nuevo Código que debe contener la relación de los créditos, intereses, estado de cuentas, garantías y existencia de ejecución forzosa de alguno de ellos; y otra, que comprenderá una relación detallada de sus bienes y derechos, incluyendo los inembargables, documentos que justifiquen el derecho, registros, ubicación, superficie, estado físico, valor estimativo y otros datos que fueren necesarios. Se excluye de la nueva normativa el requerimiento
de otra lista en la que se señalan los bienes a ser cedidos. El Código abrogado disponía dos procedimientos diferentes para los concursos necesario y voluntario. El nuevo Código dispone el mismo para ambos. En resumen, el nuevo Código dispone el siguiente procedimiento para ambos tipos de proceso concursal: Admitido el concurso la autoridad judicial dispondrá traslado y sus citaciones, la acumulación de todos los procesos ejecutivos y de ejecución coactiva de sumas de dinero pendientes, las medidas cautelares, designación de síndico provisorio que levantará inventario, intimación al deudor para que presente y entregue los documentos en relación a los créditos y los bienes, la transferencia a nombre de la autoridad judicial del concurso del producto de remates y cualquier depósito efectuado por el deudor en otros juzgados y, por último, la convocatoria a junta de acreedores. Admitido el concurso, se harán exigibles todas las deudas, aun las que no tuvieren plazo vencido, así como las sujetas a condición, y cesará el curso de los intereses. El deudor en el concurso necesario, o los acreedores en el voluntario, responderán a la demanda en el término de 15 d ías. La parte concursada podrá proponer acuerdo a sus a acreedores para fijar plazos y condiciones que posibiliten el cumplimiento de las obligaciones. Las proposiciones se considerarán y resolverán en la junta de acreedores. La declaratoria de rebeldía no se admite en el proceso concursal, a diferencia del Código abrogado, que si admitía la rebeldía. En la audiencia, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación, y si ésta no fuere posible, dictará resolución. Si la resolución diere curso al concurso, la junta de acreedores sesionará en audiencia pública, bajo la presidencia del síndico provisorio con la comparecencia de acreedores y del deudor. Las votaciones serán nominales, los acreedores privilegiados, hipotecarios y prendarios deberán abstenerse de votar y los acreedores que no hubieren presentado sus documentos de crédito en el concurso podrán hacerlo en la junta. De existir proposiciones de arreglo de una u otra parte, serán consideradas, discutidas y votadas. Si no se llegare a un arreglo: Proseguirá la tramitación del concurso. El síndico pondrá en conocimiento de las partes su informe sobre el estado de grados y preferidos de los créditos, para su aprobación u observaciones. La junta de acreedores designará al síndico definitivo. En caso de no existir acuerdo, corresponderá la designación a la autoridad judicial. El síndico provisorio podrá ser nombrado como definitivo. Si se arribare a un acuerdo, éste será puesto en conocimiento de la autoridad judicial para su aprobación. El síndico representará a los acreedores en el concurso necesario y, actuará como sustituto procesal de la parte deudora, en el concurso voluntario, e iniciará o continuará los procesos en contra o en favor de la parte concursada, según los casos. El síndico definitivo presentará a la autoridad judicial el estado de grados y preferidos y este lo pondrá en conocimiento de los acreedores. Aprobado el estado de grados y preferidos o ejecutoriada la resolución que resolvió las oposiciones, el producto de los bienes rematados se distribuirá o pagará entre las y los acreedores en el orden establecido y a prorrata entre las y los acreedores quirografarios. Los Tribunales Departamentales abrirán un registro en el que podrán inscribirse como síndicos quienes reúnan requisitos de idoneidad. La autoridad judicial regulará los honorarios de los síndicos de acuerdo al arancel aprobado por el Tribunal Departamental, y a falta del mismo, atendiendo al trabajo desempeñado y la importancia económica del concurso.
Si se probare incidentalmente la falsedad u ocultación de bienes dentro del concurso voluntario, la o el deudor o cesionario será juzgado en la vía penal, a cuyo fin se remitirá testimonios o fotocopias legalizadas al Ministerio Público. El Código abrogado disponía un procedimiento mucho más sencillo. Para el concurso necesario, se presentaba la demanda y se debía contestar a esta. Ordenada la acumulación continúa la causa hasta dictar sentencia de subasta y remate, a menos que en el mismo proceso o en cualquiera de los acumulados existiere sentencia. Inmediatamente de admitida la demanda se formará el cuaderno de remates para la subasta de los bienes del deudor. Con la contestación del concursado o en rebeldía, aspecto que el nuevo procedimiento no admite, el juez pronunciará sentencia de grados y preferidos conforme a las normas pertinentes del Código Civil. En caso de que los acreedores y el concursado llegaren a un acuerdo extrajudicial, éste será aprobado por el juez. Encontramos que el nuevo procedimiento no otorga al juez la facultad de realizar la lista de grados y preferidos, sino sería un síndico, figura también incluida para este tipo de proceso. Tampoco tiene el juez la facultad de aprobar esta lista, tendrá que ser la junta de acreedores por votación. Cualquier acreedor dentro del concurso podrá adjudicarse en remate el bien o bienes embargados, con la obligación de depositar su importe dentro del término de ley, como todo postor. Esta posibilidad no se encuentra contemplada en la nueva norma. El acreedor que no concurriere al concurso no podrá pedir la inclusión de su crédito después de pronunciada la sentencia de grados y preferidos. Aun cuando se descubrieren otros bienes del deudor después de ejecutada la sentencia de grados y preferidos, no podrá abrirse nuevo concurso ni dictarse nueva sentencia. El valor de los bienes descubiertos será distribuido con la prelación ya establecida.En cuanto a las disposiciones del Código abrogado respecto del concurso voluntario, el procedimiento comienza cuando el deudor de buena fe y en desgracia que quisiere hacer cesión de bienes, presenta demanda ante el juez de partido manifestando su insolvencia y acompañando dos listas juradas: una con la nómina de sus acreedores e indicación de sus domicilios y la suma que adeudare a cada uno de ellos, y la otra con los bienes que cederá y su valor en numerario. El juez decreta traslado a los acreedores y nombra depositarios de los bienes. En caso de que existieren procesos ejecutivos en trámite contra el cedente, se ordenará su acumulación. Inmediatamente de admitida la demanda se formará el cuaderno de remates para la subasta de los bienes del deudor. Si se probare la falsedad u ocultación de bienes en la lista, se juzgará al cedente por la vía penal como estafador. El juez, a solicitud de parte, pronunciará sentencia de grados y preferidos sin costas. Si entre acreedores y deudor llegaren a acuerdo extrajudicial, éste será aprobado por el juez. 4. PROCESOS VOLUNTARIOS A diferencia del Código abrogado, la nueva norma dispone que solo se tramiten en proceso voluntario asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses. Este aspecto se tenía por sobreentendido ya que la doctrina lo dispone de esta forma, pero el nuevo Código lo incorpora en su texto, al igual que el objeto de estos procesos, que es asegurar la realización válida y legítima de determinados actos jurídicos o controlar la legalidad de ellos y comunicar formalmente ofertas, iniciativas u otros actos de voluntad. En cuanto a los tipos de proceso voluntario, el siguiente cuadro contiene la comparación entre ambos Códigos:
Código abrogado
Nuevo Código
1. La declaratoria de herederos. 2. La renuncia de herencia y la aceptación con beneficio de inventario. 3. La apertura, comprobación y protocolización de testamento. 4. Los inventarios. 5. La división de herencia y de otros bienes comunes. 6. La mensura y deslinde. 7. La rendición de cuentas. 8. La declaratoria de ausencia y presunción de muerte. 9. Los bienes vacantes y mostrencos. 10. La oferta de pago y consignación.
1. Aceptación de herencia 2. Apertura, comprobación y publicación de testamento. 3. Aceptación de la herencia con beneficio de inventario. 4. Renuncia de herencia. 5. Sucesión del Estado. 6. Desaparición y presunción de muerte. 7. Mensura y deslinde. 8. Oferta de pago y consignación. 9. Traducción de documento en idioma extranjero. 10. Inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el Registro de Derechos Reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por Ley especial.
El nuevo Código realiza los siguientes cambios: Extingue la declaratoria de herederos e incorpora la aceptación de herencia. Se divide la renuncia de herencia y la aceptación con beneficio de inventario. En cuanto a la apertura del testamento, se cambia la palabra protocolización por publicación. Se excluyen los inventarios, la división de herencia y de otros bienes comunes, la rendición de cuentas y los bienes vacantes y mostrencos. Se incorporan Sucesión del Estado, la traducción de documento en idioma extranjero y la inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el Registro de Derechos Reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por Ley especial. Esta última incorporación parece ser un intento por mejorar el sistema de Derechos Reales. A momento de analizar todos estos procedimientos estableceremos las diferencias. En cuanto al procedimiento, la nueva norma dispone que, en los casos que corresponda, la solicitud se presente con los requisitos de la demanda, acompañando los medios de prueba. Admitida la solicitud, se notificará mediante cédula al tercero interesado en su domicilio, en los casos que corresponda, con cuya presentación, o sin ella, la autoridad judicial dictará resolución sin otro trámite o bien dispondrá su tramitación como proceso incidental. Existe la posibilidad de formular oposición. Si es sobre el fondo del asunto, la autoridad judicial declarará la contención. Si quien dedujo la oposición no formalizare la respectiva demanda ante la autoridad competente en el plazo de 30 días a partir del auto declaratorio de la contención, ésta se tendrá por no promovida y se continuará el proceso voluntario hasta su conclusión, a diferencia del Código abrogado, que dispone que el procedimiento declarado contencioso sea remitido, dentro de tercero día, al juez de partido ordinario, quien comienza a sustanciarlo corriendo traslado de la oposición al demandante. El opositor se considera como demandado que hubiere opuesto excepciones, siempre que su oposición no importare reconvención, caso en el cual se le dará el
trámite correspondiente. De vuelta al nuevo Código, señala toda persona a quien causare perjuicio en sus intereses un proceso voluntario o las resoluciones en él pronunciadas, podrá promover proceso contencioso y, lo resuelto en éste último prevalecerá, entre las partes y sus sucesores, sobre lo determinado en el proceso voluntario que le dio mérito. Las determinaciones que se tomen en el proceso voluntario, gozan de certidumbre, no revisten la autoridad de cosa juzgada material y podrán ser impugnadas a instancia de parte interesada, en proceso contencioso.
Proceso sucesorio 4.1.1. Sucesión legal Se dispone para el nuevo proceso que aceptación de la herencia que es el acto por el cual se acepte una herencia abierta ante notario de fe pública, acompañando los documentos que acrediten su relación de parentesco con el causante. La escritura pública extendida por notario de fe pública prevista en el Parágrafo anterior, será suficiente para su inscripción en el registro correspondiente. De presentarse oposición ante notario de fe pública, se señala que se sujetará a lo previsto por el Artículo 452, Parágrafo II. Esta referencia parece ser equivocada, ya que señala literalmente “II. Si
quien dedujo la oposición no formalizare la respectiva demanda ante la autoridad competente en el plazo de treinta días contados a partir del auto declaratorio de la contención, ésta se tendrá por no promovida y se continuará el proceso voluntario hasta su conclusión”. Como es evidente, si bien
refiere a la oposición, la referencia no encaja en el contenido. Cualquier persona que acredite un interés legítimo que no hubiera planteado oposición ante el notario, podrá acudir a la vía ordinaria. La autoridad judicial ministrará posesión de los bienes a los herederos simplemente legales, siempre que no se encuentren en posesión material de los bienes. Los herederos forzosos no necesitan que se les ministre posesión. Encontramos una gran diferencia con relación al Código abrogado, que dispone un proceso en estrados judiciales para la declaratoria de herederos. Evidentemente el nuevo Código ha simplificado el procedimiento a su mínima expresión, siendo más práctico tal vez, debido a que un proceso judicial siempre es moroso, aún cuando la norma establece que sea breve. Ahora, la declaratoria de herederos será realizada ante notario y ya no es un proceso en sí mismo, sino parte de otro. Al igual que el Código abrogado, la nueva normativa dispone que los coherederos que se creyeren perjudicados podrán pedir a la autoridad judicial que los herederos declarados presten garantía real para las resultas del proceso ordinario. La garantía real será otorgada en forma previa a la posesión de los bienes; sin embargo, si transcurridos treinta días desde su otorgamiento no se interpusiere la demanda ordinaria, quedará extinguida la garantía. Se agrega en la nueva normativa que la autoridad judicial tasará la garantía real en base a la documentación ofrecida por las o los interesados.
Sucesión testamentaria Señala el nuevo Código que el proceso testamentario procede cuando medie testamento. Al igual que en el Código abrogado, el heredero, albacea o cualquier otro interesado en la comprobación, apertura y protocolización de un testamento, las demandarán ante la autoridad judicial competente, acompañando el certificado de defunción de la o el testador y, agrega al texto el nuevo Código,
debe adjuntarse el testamento. Ambos Códigos disponen de forma casi idéntica, que la autoridad judicial señalará audiencia, con emplazamiento de notario, testigos y persona en cuyo poder se hubiere depositado el pliego testamentario e interrogará al notario sobre las características de la cubierta o sobre y si las firmas que aparecen en el mismo son las que fueron estampadas a tiempo de otorgarse el testamento. Los testigos, previo juramento: Reconocerán si la cubierta o sobre que se les presentare y contuviere el pliego testamentario, es el mismo que entregó personalmente el testador, y si advirtieren alguna alteración o violación en los cierres y sellos. Declararán si todos reunidos en un mismo acto y lugar, presenciaron la entrega al notario y suscribieron juntamente con éste y con el testador el acta correspondiente. Declararán si el testador se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales y si le oyeron manifestar que la cubierta o sobre contenía su testamento, o si, siendo la o el testador sordo o sordomudo, se cumplieron los requisitos previstos por el Código Civil. Reconocerán sus firmas y rúbricas estampadas en el acta labrada en la cubierta o sobre. Se agrega al texto que la autoridad judicial requerirá que los herederos e interesados presentes, manifiesten si tienen observaciones sobre el estado material de la cubierta o sobre. Siguiendo con el procedimiento que ambos Códigos disponen de la misma forma y casi con el mismo texto, cumplidas las formalidades se ordenará la apertura del pliego y su lectura por secretaría, lo cual constará en acta. La autoridad judicial rubricará cada una de las fojas del testamento y de la cubierta o sobre y dictará resolución ordenando su protocolización y demás actuados en una notaría de fe pública. Si uno o más testigos hubieren fallecido o estuvieren ausentes o imposibilitados de comparecer a la audiencia, se estará a lo dispuesto por las normas del Código Civil. Si en la audiencia se alegare alguna irregularidad, no se suspenderá el procedimiento si a juicio de la autoridad judicial lo alegado careciere de fundamento; en caso contrario, será declarado contencioso. De igual forma, ambos Códigos siguen conteniendo el mismo texto, y señalan que el testamento abierto otorgado ante notario y testigos que hubiere sido protocolizado en los registros notariales, no requerirá de comprobación para surtir sus efectos. La comprobación y protocolización del testamento abierto y otorgado ante testigos solamente, se practicará en audiencia con el reconocimiento de sus firmas y la declaración de que su contenido intelectual es el mismo que hubieren oído dictar a la o el testador o que ésta o éste les hubiere presentado ya redactadas. El nuevo Código suprime la siguiente orac ión “Las declaraciones deberán ser uniformes en cuanto a lo principal del testamento, requisito sin el cual no será válido.”
Cumplidos los anteriores requisitos legales, la autoridad judicial dispondrá la protocolización del testamento y actuados pertinentes en una notaría de fe pública. La comprobación y protocolización de los testamentos especiales regulados en el Código Civil, se sujetarán al procedimiento previsto en el artículo anterior, en todo cuanto fuere pertinente. En el caso de testamentos otorgados en naves o aeronaves, las declaraciones y el reconocimiento de firmas de los capitanes y comandantes de las naves y de los testigos, podrán cumplirse mediante comisión librada a la autoridad judicial del lugar donde ellos pudieren ser habidos. Si tuvieren que producirse fuera del Estado, estas diligencias serán cumplidas mediante exhorto suplicatorio encomendado a la autoridad judicial competente del país requerido, con sujeción a las leyes del mismo. Los testamentos otorgados en el extranjero surtirán efectos en de acuerdo a los tratados y convenios vigentes. Su protocolización y su registro se sujetarán a las disposiciones previas. En
caso de no existir tratados, los testamentos harán fe en Bolivia si hubieren sido redactados observando las formalidades legales del país de su otorgamiento y se hallaren debidamente legalizados. Si se alegare la anulabilidad del testamento o de algunas de sus cláusulas, no se suspenderá la protocolización y se seguirá la acción que correspondiere por vía ordinaria. Fuera de los puntos específicos señalados en relación a este procedimiento y algunas modificaciones de redacción que no alteraron el contenido, el procedimiento es exactamente igual. Tal vez está casi exactitud se deba a que el Código Civil es bastante específico en cuanto al tema testamentario. El texto del nuevo Código no se remite a artículos específicos del Código Civil, por lo que de esta forma deja abierta la idea de que podría ser modificado en un futuro. .
Aceptación de la herencia con beneficio de inventario y renuncia de herencia El Código abrogado dispone el mismo procedimiento para ambos. El nuevo Código los separa en dos. En el siguiente cuadro se encuentra el detalle:
Código abrogado
Aceptación de la herencia con beneficio de inventario y renuncia de herencia
Nuevo Código
Aceptación de la herencia con beneficio de inventario
Declaración. El heredero que enunciare a la herencia o que la aceptare con beneficio de inventario, declarará expresamente su decisión ante el juez dentro de los plazos y condiciones establecidas en el Código Civil, cumpliendo además los requisitos exigidos en el artículo 643.
Declaración. I. La o el heredero que aceptare con beneficio de inventario, declarará expresamente su decisión ante la autoridad judicial dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil, cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda.
II.-En el caso de aceptar la herencia con beneficio de inventario, acompañará una lista de los acreedores del causante y sus domicilios.
II. En caso de aceptación de herencia con beneficio de inventario, acompañará también una lista de las o los coherederos y acreedores del causante y sus domicilios.
Renuncia de herencia
Declaración de renuncia. El heredero o en su caso o el legatario que no hubiere aceptado la herencia o el legado, ni expresa ni tácitamente, que voluntariamente renuncie a la herencia abierta en su favor, dentro del término establecido por el Código Civil, declarará en escritura pública.
Citación. El juez ordenará la citación de los coherederos y acreedores domiciliados en el asiento del juzgado y la publicación de edictos por dos veces en el lapso de quince días, con intervalo de cinco entre una y otra, en la forma que prevé el artículo 125.
Notificación. La autoridad No dispone judicial ordenará la notificación mediante cédula a las o los coherederos y acreedores domiciliados en el asiento del juzgado, así como la publicación de edictos por una sola vez, en un medio escrito de circulación nacional.
No dispone
Oposición. Las o los coherederos y acreedores, tendrán el término de cinco días contados desde sus notificaciones, para deducir oposición, sujetándose al procedimiento señalado en los artículos 454 y 455 de este Código.
I. De Oposición. presentarse oposición a la renuncia ante notario de fe pública, este suspenderá el otorgamiento de la escritura pública y remitirá los antecedentes a la autoridad judicial competente, quien resolverá la oposición en el término de tres días, sin ulterior recurso. II. Si se declarare ilegal la oposición, se devolverá obrados al notario para que continúe la tramitación de la renuncia de la herencia.. En caso contrario, ordenará la suspensión del otorgamiento de la escritura pública, notificando al notario y a los interesados. III. En caso de declararse contencioso, se estará a lo previsto en los artículos 454, 455 y 456 del presente Código, en todo cuanto sea pertinente.
IV. La o el heredero o cualquier persona que acredite un interés legítimo que no hubiera planteado oposición ante el notario, podrá acudir a la vía ordinaria.
No dispone
Inventario. En el caso de No dispone la o el heredero que acepte la herencia con beneficio de inventario, una vez notificados las o los coherederos y los acreedores en la forma señalada anteriormente, la autoridad judicial ordenará que se levante el inventario conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil.
Resolución. Cumplidos los requisitos legales y las citaciones previstas en el artículo precedente, el juez pronunciará resolución declarando, según el caso, aceptada la herencia con beneficio de inventario, o renunciada, excepto el caso previsto en el artículo 1053 del Código Civil.
Resolución. Cumplidos No dispone los requisitos legales, la autoridad judicial pronunciará resolución teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario; en este último caso el régimen de administración y liquidación del caudal hereditario estará sometido a control de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil.
Intervención de terceros. Los acreedores o cualquier otro interesado, para el ejercicio de las acciones que en defensa de sus
Intervención de terceros. No dispone Las o los acreedores o cualquier otra persona interesada, para el ejercicio de las acciones
derechos les reconociere el Código Civil deberán presentar sus solicitudes acompañando los documentos fehacientes que acreditaren sus pretensiones.
en defensa de sus derechos, deberán acompañar a sus peticiones los documentos fehacientes que justifiquen sus pretensiones.
1.1.3. Incidencias del proceso sucesorio Incidencias del proceso sucesorio El nuevo Código incorpora estas disposiciones, sobre las incidencias del proceso sucesorio. Las cuestiones inherentes a los bienes, su conservación y su división entre los herederos, se tramitarán en la vía incidental. No obstante, en atención a la importancia de dichos bienes o de las cuestiones a debatirse, la autoridad judicial podrá disponer su dilucidación en proceso ordinario. Las cuestiones inherentes a la vocación sucesoria o al estado civil de las o los herederos o anulabilidad del testamento, a la separación de patrimonios y a la desheredación, se debatirán en proceso ordinario. Los autos interlocutorios que fueren dictados en procesos sucesorios admiten el recurso de reposición con alternativa de apelación. Sucesión del Estado El Código abrogado contempla la sucesión del Estado bajo el título de bienes vacantes o mostrencos y establece un proceso más amplio que el anterior. Dispone el nuevo Código que la sucesión por el Estado se rige por las reglas del Código Civil. El Estado adquirirá el caudal hereditario, previa declaratoria de bienes vacantes. Esta última disposición no se encuentra contemplada en el Código abrogado. Ambos Códigos señalan que cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad judicial la existencia de bienes vacantes. Ésta, al admitir la denuncia, designará curador a una o un servidor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (en lugar del Ministerio de Educación, dispuesto por el Código abrogado), quien tendrá personería suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos ordinarios y extraordinarios, aun en el caso de que el procedimiento se tornare contencioso. El curador designado aceptará el cargo previo juramento, levantará inventario enumerativo de los bienes y adoptará las medidas más convenientes para la seguridad de ellos. Practicadas las medidas de seguridad previstas en el numeral anterior, se ordenará la publicación del edicto por dos veces cada quince días en un periódico circulación nacional. Tratándose de bienes muebles y semovientes la publicación se hará por una sola vez. Si dentro del plazo para las publicaciones del edicto se presentare interesado, alegando derecho de propiedad a título de herencia u otro cualquiera, se declarará contencioso el procedimiento y se tramitará en la vía ordinaria. No presentándose interesados dentro del plazo de treinta días en el caso de inmuebles y de ocho días en el de muebles, computables desde la primera publicación del edicto, se dictará resolución declarando los bienes de propiedad del Estado. Al mismo tiempo se ordenará la tasación de los bienes por un perito nombrado de oficio.
La o el denunciante tendrá derecho a la cuarta parte del valor de los bienes. Este valor será el determinado por el perito tratándose de bienes muebles e inmuebles y, el nominal en el de acciones, títulos o valores mobiliarios. Hasta este punto, el proceso establecido en ambos Códigos es el mismo, con las pocas diferencias señaladas. Lo que el nuevo Código omite son las disposiciones respecto de los bienes mostrencos. El Código abrogado señala que cuando se encontraren bienes muebles o semovientes sin dueño se procederá en la forma ya prevista, con las modificaciones que siguen: En el edicto se indicará el lugar donde se pondrán de manifiesto los bienes. El curador expondrá los bienes en sitio público durante ocho días consecutivos, de horas 12 a 14, a fin de que, si se presentaré alguien alegando ser dueña y acreditare su derecho de propiedad, previo cotejo de señales y marcas, le fueren entregados. En caso de no presentarse reclamación alguna o de que el reclamante no demostrare su derecho de propiedad, se declararán los bienes propiedad del Estado También se dispone que el juez pueda autorizar el remate y subasta de todo o parte de los bienes para facilitar el pago de los derechos del denunciante, curado, perito y gastos judiciales. Pagados todos ellos, el remanente corresponderá al Estado. Desaparición y presunción de muerte Se señala en el nuevo Código que cuando una persona desapareciere de su domicilio y no se tuviere noticia de ella, la autoridad judicial del último domicilio, a petición de cualquier persona interesada, podrá señalar audiencia con citación de quienes razonablemente pudieren derivar derechos de la o el desaparecido. En la audiencia, la autoridad judicial recibirá información sobre el hecho de la desaparición, con cuyo resultado, designará un curador, quien, previa aceptación, prestará juramento o promesa para posesionarse del cargo. Asimismo, ordenará la publicación de edicto por una sola vez. Se implementa en el nuevo Código que la parte interesada podrá solicitar la apertura del testamento del ausente. Quienes fueren sus herederos legales o testamentarios podrán pedir se les ministre la posesión provisional de los bienes y se les autorice la administración de los mismos, debiendo levantarse inventario estimativo y ofrecer la garantía correspondiente. Sí el desaparecido se presentare o se tuvieren pruebas de su existencia, la autoridad judicial resolverá en audiencia el cese de la declaratoria de ausencia con todos los efectos previstos en el Código Civil. Si durante este período se probare la muerte real del desaparecido, se abrirá la sucesión en favor de quienes fueren llamados a ella por ley. En cuanto al fallecimiento presunto el nuevo Código dispone que la autoridad judicial pueda declarar en audiencia el fallecimiento presunto a solicitud de parte interesada, aun cuando no se hubiere declarado la desaparición. La resolución final que declare el fallecimiento presunto será publicada en un medio de prensa de circulación nacional u otros idóneos y la autoridad judicial ordenará la inscripción de la resolución en el registro público que corresponda. Quienes tenían la posesión provisional de los bienes, podrán pedir se les ministre la posesión definitiva, así como el ejercicio de los mismos, cesando las garantías. El nuevo Código señala en el capítulo tercero que estas disposiciones corresponden a la desaparición y la presunción de muerte, sin embargo, el artículo 484 no hace referencia a la presunción de muerte sino al “fallecimiento presunto”. Para ambos, como pudimos ver, se
establecieron procedimientos distintos, a diferencia del Código abrogado, que señala el mismo procedimiento para la “declaratoria de ausencia y la presunción de muerte”. Dispone que cualquier
interesado podrá pedir al juez del último domicilio nombrar un curador. Este nombramiento podrá hacerse también de oficio. El juez, previa información de dos testigos que se recibirá dentro del
plazo de cinco días, nombrará curador, quién deberá prestar juramento al aceptar y posesionarse del cargo. El juez ordenará asimismo la publicación de edicto por dos veces cada cinco días. La única modificación entre los Códigos radica en que ahora se hará el proceso en audiencia. Procedimientos en mensura, deslinde y registros públicos Respecto a la mesura y deslinde, las dos normativas disponen de acuerdo al siguiente cuadro comparativo:
Código abrogado
Cuando un propietario considere necesario aclarar en todo o en parte los linderos de su propiedad rústica o urbana no edificada, se presentará el juez con los títulos correspondientes, pidiendo recorrer sus términos y restablecer los mojones en su caso.
Nuevo Código
Cuando el propietario considere pertinente aclarar en todo o en parte los linderos de su propiedad urbana no edificada, acompañando los títulos que acrediten su derecho, solicitará a la autoridad municipal del lugar donde se encuentre el bien, proceda a establecer los linderos de su El juez admitirá la demanda señalando propiedad en relación con el fundo día y hora para la audiencia con vecino, y en su caso, a restablecer citación del colindante o colindantes mojones. indicados por el demandante. Sólo si existe oposición, la o el Abierta la audiencia se dará lectura a interesado acudirá a la autoridad los títulos de propiedad exhibidos por judicial competente, en proceso las partes, se oirán sus exposiciones ordinario. por su orden, y se procederá luego al recorrido y fijación de linderos o restablecimiento de mojones. Si las circunstancias exigieren mensura se la mandará practicar por un perito nombrado de oficio, siempre que las partes no se pusieren de acuerdo sobre el propuesto por una de ellas. El acta circunstanciada y testimoniada se agregará a los títulos de las partes. La oposición que se presentare sobre algún límite particular que requiriere justificación no impedirá el deslinde voluntario, y terminado este lo
aprobará el juez, salvando el derecho de los discordes para la vía ordinaria. A falta de prueba que pudiere guiar al juez en sus decisiones, podrá este cortar la diferencia ordenando la división del terreno entre las partes. Podrá también compensar los terrenos entrantes de una propiedad con los de igual clase de la otra, procurando en esto una perfecta igualdad, aun con indemnizaciones pecuniarias. En este caso, el nuevo Código, en un intento por descongestionar la vía judicial, establece que serán los Gobiernos Autónomos Municipales aquellos ante quienes se deberá recurrir para este procedimiento, lo cual consideramos correcto ya que son estas instituciones aquellas que tratan temas de propiedad inmueble. Lo que no parece ser apropiado es remitir a la vía ordinaria este procedimiento en caso de existir oposición, siendo que el procedimiento establecido por el anterior Código debió mantenerse ya que parece ser más breve. El Código nuevo incorpora el procedimiento respecto de la petición sobre registros, disponiendo que las peticiones sobre inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el registro de Derechos Reales, así como en otros registros públicos, se tramiten en proceso incidental, siempre que no estén regulados por Ley especial. Este artículo parece ser un intento por descongestionar la oficina de Derechos Reales, para que esta se limite
Oferta de pago y consignación Código abrogado
Nuevo Código
La procedencia, requisitos y efectos de la oferta de pago y consignación tanto en las obligaciones de dar como en las de hacer, se regirán por las disposiciones del Código Civil.
Observando los requisitos señalados por el Código Civil, la o el deudor podrá interponer demanda de oferta de pago.
Presentada la demanda ante el juez de la cuantía, con los requisitos establecidos para aquella, el juez le dará el trámite de proceso sumario
Si la deuda fuere de dinero, acompañará comprobante de depósito judicial a la orden de la autoridad judicial que comprenda la totalidad de la suma adeudada y de los frutos o intereses, así como de los gastos líquidos y una suma suficiente para los no líquidos, con protesta del suplemento que pudiere ser necesario.
Si la deuda fuere de dinero, el deudor acompañará junto con la demanda un certificado de depósito judicial bancario a la orden del juez, que comprenderá el Si la cosa debida fuere de cuerpo cierto y
total de la suma adeudada, intereses devengados, gastos líquidos y una suma suficiente para los no líquidos, y hará constar que dicho total queda consignado en poder del juez.
determinado, se pedirá a la autoridad judicial señalar señalar día y hora para que en su presencia la o el acreedor la reciba.
El juez al correr traslado de la demanda: 1) En el caso del artículo 708, dispondrá tenerse por consignado el dinero. 2) En el caso 1 del artículo precedente, señalará día y hora para el fin solicitado. 3) En el caso 2 del artículo precedente, señalará día, hora y lugar para el verificativo de la entrega. Podrá comisionar esta diligencia si la entrega no pudiere hacerse dentro de su asiento judicial.
La autoridad judicial en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, correrá en traslado a la o al acreedor, por cinco días, a cuyo vencimiento, con contestación o sin ella, señalará audiencia en el plazo de los cinco días siguientes.
Si la cosa debida fuere de traslado difícil o imposible, o debiere ser entregada en Si la cosa debida fuere cierta y otro lugar, se pedirá señalamiento señalamiento de día, determinada se pedirá al juez señalar día hora y lugar determinados para que se y hora para que en su presencia el haga efectiva la entrega. acreedor la recibiere. Si la cosa debida fuere de traslado difícil o imposible, o Si existiere proceso iniciado en el que se debiere ser entregada en otro lugar, se discuta el cumplimiento de la obligación, pedirá al juez señalar día, hora y lugar la oferta de pago deberá efectuarse en determinados donde deberá hacerse la dicho proceso. entrega.
En la audiencia, escuchando a las partes, la autoridad judicial, según los casos, podrá:
Con la contestación a la demanda o sin 1. Si la parte acreedora acreedora no concurriere concurriere a ella y realizadas o no las audiencias la audiencia o si, concurriendo, no previstas en el artículo precedente el juez contradijere la oferta, declarará su dictará resolución declarando válida la validez. oferta de pago y consignación, o 2. Si la parte deudora deudora no concurriere concurriere a rechazándola y aplicará al efecto las la audiencia o si, concurriendo, la disposiciones del Código Civil. oferta de pago no se ajustare a los requisitos previstos, declarará la invalidez de la oferta, con imposición de multa a la parte oferente. En los casos previstos por el Código Civil, la parte deudora podrá realizar la consignación cumpliendo los requisitos de validez exigidos por ley. Admitida la demanda, se la correrá en traslado a la parte acreedora por cinco días, a cuyo vencimiento, con respuesta
o sin ella, señalará audiencia en el plazo de los cinco días siguientes. En la audiencia, después de escuchar a las partes, si la consignación fuere rechazada totalmente por la parte acreedora, la autoridad judicial declarará concluido el procedimiento y salvará derechos de las partes para que los hagan valer en proceso ordinario. Si la parte acreedora rechazare parcialmente la consignación, la autoridad judicial la aprobará en la fracción no contradicha, salvándose derechos de las partes para que los hagan valer en la fracción contradicha y en la forma prevista en el parágrafo anterior. Si la parte acreedora aceptare la consignación, consignación, la autoridad judicial dictará auto aprobatorio en la misma audiencia, quedando concluido el procedimiento. Tratándose de bienes perecibles o de difícil conservación, o cuya guarda demandare gastos excesivos, la autoridad judicial, a pedido de parte interesada, podrá autorizar la venta en pública subasta, debiendo su importe depositarse a la orden del juzgado hasta que se determine lo que corresponda. En el caso de consignaciones periódicas o sucesivas originadas de una misma relación obligacional, las consignaciones posteriores a la demanda se realizarán en el mismo proceso, sin necesidad de nuevas audiencias, sujetándose a lo que la autoridad judicial hubiere resuelto en la primera audiencia. Si la parte acreedora posteriormente asintiere a recibir el pago en forma directa, la parte deudora ya no podrá efectuar consignaciones periódicas o
sucesivas.
Cooperación judicial internacional Disposiciones generales El nuevo Código amplía considerablemente las normas respectivas a los asuntos de derecho internacional, Dispone que cuando un conflicto tenga que resolverse conforme a normas del Derecho Internacional y no existiere tratado o convención aplicable, las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán el caso de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Los procesos sometidos a la jurisdicción de autoridades judiciales del Estado Plurinacional se sustanciarán conforme a las normas procesales bolivianas en vigencia. El derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la norma invocada. Sin perjuicio, las partes también podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera. Las pruebas se admitirán y valorarán según la ley a la cual se encuentre sujeta la relación procesal. No se admitirán como pruebas las que se hallaren expresamente prohibidas por la legislación boliviana. Las autoridades judiciales podrán negar la aplicación del derecho extranjero cuando éste resulte manifiestamente contrarío a los principios esenciales del orden público internacional reconocido por convenios y tratados suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional.En los casos en que fuere procedente la aplicación del derecho extranjero, serán de aplicación los recursos consagrados en la legislación boliviana. Estas son normas que el Código abrogado no contenía.
Exhortos suplicatorios y otras comisiones Código abrogado
Nuevo Código
Para cumplir diligencias de citación y emplazamiento pedidas por jueces o tribunales extranjeros mediante exhorto, no será necesario el exequator de la Corte Suprema de Justicia, y será suficiente la presentación del exhorto debidamente legalizado ante el juez partido del lugar donde deberá realizarse la diligencia
Cuando la autoridad judicial tuviere que disponer alguna diligencia de mero trámite a cumplirse en el extranjero en relación a los actos de comunicación procesal o de recepción u obtención de pruebas e informes, librará exhorto suplicatorio. Se actuará de la misma manera por la autoridad judicial boliviana tratándose de exhortos y otras comisiones provenientes del extranjero. Las o los agentes diplomáticos o consulares podrán cumplir estas comisiones sólo cuando así se hubiere acordado por tratados o convenios internacionales.
Los exhortos suplicatorios podrán hacerse llegar a la autoridad comisionada por intermedio de: 1. Las partes interesadas. 2. Las o los agentes diplomáticos o consulares. 3. La autoridad administrativa competente por razón de la materia. 4. La vía judicial. Si los exhortos se tramitaren por la vía diplomática o consular no será necesario el requisito de la legalización. Los exhortos se tramitarán con sujeción a las leyes procesales vigentes en el país requerido, y si mediare solicitud expresa del órgano jurisdiccional requirente, se observará en su trámite formalidades o procedimientos especiales, siempre que no resultaren contrarios a lo dispuesto por la legislación boliviana. Los exhortos y la documentación anexa que estuvieren redactados en idioma extranjero, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción practicada por perito autorizado. El cumplimiento del exhorto suplicatorio o carta rogatoria proveniente del extranjero no significará que por tal hecho se reconozca de manera implícita la competencia de la autoridad extranjera requirente, ni la eficacia de la sentencia que ésta dictare. Las autoridades judiciales del Estado Plurinacional serán competentes para conocer de todas las cuestiones referidas al cumplimiento del exhorto; sin embargo, si se declararen incompetentes, lo remitirán de oficio a la que sea competente.
Cooperación judicial internacional en materia cautelar Disposiciones implementadas por el nuevo Código, no eran contempladas en el Código abrogado. Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros serán ejecutadas y cumplidas por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, sólo cuando no sean contrarias a la legislación boliviana o al orden público internacional. La procedencia de las medidas cautelares se regirá por las leyes de los tribunales extranjeros del lugar donde se tramite el proceso. La ejecución de las medidas cautelares, así como la contracautela, se regirán por las leyes del Estado Plurinacional. Cuando en cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por tribunales extranjeros se hubiere trabado embargo o ejecutado cualquier otra medida cautelar sobre bienes situados en el territorio del Estado Plurinacional, la persona afectada podrá deducir tercería u oposición ante la autoridad judicial boliviana que hubiere cumplido la comisión, con la única finalidad de la comunicación de aquella al tribunal comitente, a tiempo de la devolución del exhorto o carta suplicatoria. La tercería u oposición se sustanciará por el tribunal comitente conforme a sus leyes. El tercerista u opositor que compareciere en forma posterior a la devolución de la comisión, se apersonará en el proceso en el estado en que se hallare. Si el opositor planteare tercería fundada en el dominio sobre la cosa o en otros derechos reales sobre el bien embargado, o la fundare en su posesión, aquella se sustanciará y resolverá conforme a las leyes del Estado Plurinacional. El cumplimiento de la medida cautelar por autoridades bolivianas no obliga a ejecutar la sentencia extranjera que se pudiere dictar en el proceso en que la medida fue ordenada. La autoridad judicial que estuviere comisionada para la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, a petición de parte, podrá disponer las medidas cautelares que correspondan, observando las disposiciones vigentes en el Estado Plurinacional. Siempre que el bien objeto de la medida cautelar se encontrare en el territorio del Estado Plurinacional, las autoridades judiciales bolivianas podrán disponer, a solicitud de parte, las medidas conservatorias u otras que por su urgencia deban resolverse inaplazablemente, tomando en consideración que ellas podrán ordenarse sólo en cuanto garanticen el resultado del litigio. Si la ejecución de la medida cautelar estuviere pendiente por haberse deducido tercería u oposición, la autoridad judicial comisionada deberá comunicarla de inmediato al tribunal extranjero que la decretó. Si el proceso que se pretende formalizar sobre la base de la medida cautelar aún no se hubiere iniciado, el tribunal extranjero que la ordenó fijará un plazo para que se formalice la demanda observando los plazos vigentes en la legislación boliviana, bajo sanción de caducidad de la medida. Si la demanda se formalizare dentro del plazo, la medida quedará sujeta a lo que en definitiva resuelva el tribunal extranjero. La autoridad judicial boliviana podrá disponer medidas cautelares a cumplirse fuera del territorio del Estado. Los actos de comunicación procesal relativos a medidas cautelares se podrán practicar directamente por las partes interesadas o haciendo uso de los medios previstos.
5.4.
Ejecución de sentencias dictadas en el extranjero
Código abrogado
Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en país extranjero tendrá en Bolivia la fuerza que establezcan los tratados respectivos.
Nuevo Código
Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que Si no existieren tratados con la nación establezcan los tratados o convenios donde se hubieren pronunciado esos existentes y las disposiciones del fallos judiciales, se les dará la misma presente Capítulo. fuerza que en ella se dieren a los pronunciados en Bolivia. Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento, deberán ser Si la resolución procediere de un país reconocidas y ejecutadas en el Estado donde Plurinacional, si correspondiere, sin que no se diere cumplimiento a los fallos de proceda la revisión del objeto sobre el los tribunales bolivianos, ella no tendrá cual hubieren recaído. fuerza en Bolivia. El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto En los casos en que no pudiere aplicarse establecer si la sentencia extranjera ninguno de los tres artículos precedentes, reúne los requisitos indispensables de las resoluciones de los tribunales fondo y forma señalados en el presente extranjeros podrán ser ejecutadas si Capítulo. concurrieren los requisitos siguientes: 1) Que la resolución hubiere sido dictada La ejecución es el acto o sucesión de a consecuencia de una acción actos procesales que tiene por objeto el personal o una acción real ejercida cumplimiento de las sentencias dictadas sobre un bien mueble trasladado a en el extranjero. Bolivia durante o después del juicio tramitado en el extranjero. Si no existiere tratado o convenio 2) Que la parte condenada, con domicilio internacional suscrito con el país donde en Bolivia hubiere sido legalmente se dictó la sentencia cuya ejecución y citada. cumplimiento se pretende, en vía de 3) Que la obligación objeto del proceso reciprocidad, se dará a ella la misma fuere válida según las leyes de fuerza que se reconoce a las sentencias Bolivia. pronunciadas en el Estado Plurinacional 4) Que la resolución no contuviere de Bolivia. disposiciones contrarias al orden público. Si la sentencia hubiere sido dictada en 5) Que se encontrare ejecutoriada en un país donde no se ejecuten los fallos conformidad a las leyes del país de autoridades judiciales bolivianas, donde hubiere sido pronunciada. tampoco podrá serlo en el Estado 6) Que reuniere los requisitos necesarios Plurinacional. para ser considerada como resolución
en el lugar donde hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. 7) Que no fuere incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal boliviano.
Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en el Estado Plurinacional siempre que: 1. Se cumplan las formalidades extrínsecas para ser consideradas auténticas en el país de origen. 2. La sentencia y documentación anexa se encuentren debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana, excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes. 3. Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano. 4. La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propio derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas. 5. La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sentenciador extranjero. 6. Se hubieren respetado los principios del debido proceso. 7. La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen. 8. La sentencia no sea contraria al orden público internacional. Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera, se acompañarán los siguientes documentos: 1. Copia legalizada o autenticada de la sentencia. 2. Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso
que acrediten el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del parágrafo anterior. 3. Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoria de la sentencia. Sólo serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones. Cuando únicamente se trate de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá acompañarse la documentación prevista en el parágrafo II del artículo anterior. El tribunal ante quien se pretendiere hacer valer los efectos imperativos o probatorios de la sentencia extranjera, se pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto pretendido, previa comprobación de haberse observado los requisitos del parágrafo I del artículo anterior, sin que sea necesario seguir el procedimiento fijado en el artículo siguiente. La sentencia extranjera que se pretenda ejecutar y los antecedentes documentales que la justifiquen se presentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia. Presentada la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia dispondrá se cite a la parte contra quien se pide la ejecución, que podrá exponer lo que estime pertinente a su defensa dentro del plazo de diez días computables a partir de su citación. Con la contestación o sin ella, que se expedirá en plazo no mayor a quince días, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, dictará resolución contra la
que no corresponde recurso alguno. Si se declarare haber lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia a la autoridad judicial competente, teniéndose como tal a aquel a quien hubiere correspondido conocer del proceso en primera instancia, si se hubiere promovido en el Estado Plurinacional, a efecto de que imprima los trámites que correspondan a la ejecución de sentencias. Para ejecutar las diligencias de citación y emplazamiento ordenadas por jueces o tribunales extranjeros, mediante exhorto suplicatorio o carta rogatoria, no será necesario el exequátur del Tribunal Supremo de Justicia, siendo suficiente la presentación del exhorto o carta debidamente legalizada ante la autoridad judicial del lugar donde deberá realizarse la diligencia. Las reglas contenidas en los artículos anteriores serán aplicables a los laudos dictados por tribunales arbitrales extranjeros, en todo lo que fuere pertinente.
Disposiciones Transitorias Estas disposiciones establecen las reglas específicas respecto de la siempre complicada transición entre la aplicación de un Código a otro nuevo. El nuevo Código entrará en vigencia plena el 6 de agosto del 2014 y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo los siguientes casos: El señalamiento del domicilio procesal (Artículo 72). El régimen de comunicación procesal (Artículos 73 al 88). El sistema de cómputo de plazos procesales, incluidos los cómputos para los plazos en relación a medios de impugnación (Artículos 89 al 95). El régimen sobre la nulidad de actos procesales (Artículos 105 al 109). El procedimiento de citación y emplazamiento (Artículos 117 al 124). La recusación y excusa (Artículos 347 al 356). A partir de la vigencia plena del nuevo Código, los Juzgados de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial se denominarán Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial, en concordancia con lo previsto por la Ley del Órgano Judicial. Tres meses antes de la vigencia plena del Código, el
Consejo de la Magistratura por Resolución de Sala Plena procederá a reordenar los Juzgados y deberá publicar la Resolución de equivalencia y nueva denominación de los Juzgados además de realizar una campaña de información y difusión. Los Jueces de Instrucción y Partido continuarán ejerciendo sus cargos como autoridades en los Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial, al igual que los Vocales de Salas Civiles, hasta la ejecución de sentencia, en los nuevos Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial. Los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del Código continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera instancia, con las siguientes reglas de tránsito de legislación: Los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del Código continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera instancia, con las siguientes reglas de tránsito de legislación:
CASO Procesos de conocimiento
Procesos ejecutivos y coactivos
Procesos de desalojo
Concursos
REGLA a. En procesos ordinarios y sumarios que no se hubieran abierto término de prueba en lo principal de la causa, se aplicará la nueva legislación, debiendo la autoridad judicial de oficio conceder un plazo común y perentorio de quince días a las partes para que propongan los medios probatorios de la demanda, reconvención, respuestas a ambas y excepciones, respectivamente conforme lo señala el presente Código; vencido el término, la autoridad judicial señalará audiencia preliminar. b. Los asuntos en los que estuviere abierto y en curso el plazo de prueba en lo principal de la causa, deberán sujetarse a lo determinado por el Código de Procedimiento Civil, hasta dictarse sentencia.
En los procesos ejecutivos y coactivos civiles, que tuvieren auto intimatorio o sentencia, se regirán por el Código de Procedimiento Civil, en lo demás se estará al presente Código. La ejecución de la sentencia se regirá por la nueva norma.
En los procesos de desalojo con citación del demandado, se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil hasta dictarse sentencia; en caso de no haberse citado a la parte demandada se procederá de acuerdo a las normas establecidas en el nuevo Código.
a. En procesos concursales voluntarios que no tuvieren sentencia de grados y preferidos, la autoridad judicial de oficio dispondrá que el concursado entregue en el término de treinta días de su notificación personal, los bienes y
títulos de su propiedad al depositario que designará la autoridad judicial en forma provisoria hasta la designación del síndico, vencido el plazo y de no cumplirse con lo ordenado, se tendrá por no presentada la demanda. Cumplida la disposición precedente, la autoridad judicial procederá a la designación de síndico provisorio y convocará a la junta de acreedores señalando al efecto día y hora en la forma prevista por el presente Código. b. En proceso concursal necesario sin sentencia de grados y preferidos, la autoridad judicial procederá de la misma forma que en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo ordenado, dará lugar a que la autoridad judicial expida mandamiento de desapoderamiento para los bienes y secuestro respecto de los títulos, cumplida la disposición la autoridad judicial procederá a la designación del síndico provisorio y convocará a la junta de acreedores, aplicando las reglas del presente Código. c. Tanto en procesos concursales voluntarios como necesarios que cuenten con sentencia de grados y preferidos, en ejecución se concluirá con las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Interdictos
Voluntarios
a. En procesos interdictos que no se hubieran diligenciado las pruebas o sólo algunas de ellas, la autoridad judicial de oficio señalará audiencia conforme a las previsiones del proceso extraordinario. b. En procesos interdictos que estuviesen en etapa de prueba o hubiera concluido la misma, la autoridad judicial según las circunstancias procederá conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Los procedimientos voluntarios en trámite se regularán por el Código de Procedimiento Civil, incluida la rendición de cuentas.
Segunda instancia Los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se y casación aplicará lo dispuesto en el nuevo Código.
Nulidad de obrados
A la entrada en vigencia plena del nuevo Código, en los procesos en los que se hubiere declarado la nulidad de obrados en cualquier instancia, para la prosecución del proceso, se aplicará el nuevo Código.
Ejecución de sentencia
Los procesos en ejecución de sentencia ya iniciados se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para las actuaciones que aún puedan realizarse o modificarse hasta el cumplimiento de la sentencia.
Sentencia en calidad de cosa juzgada y pendientes de ejecución
Los procesos con sentencia en calidad de cosa juzgada y pendientes de ejecución antes de la entrada en vigencia plena del nuevo Código, deberán sujetarse a lo dispuesto en el nuevo Código.
Medidas cautelares
Las medidas cautelares que se soliciten en los procesos ya iniciados, se regirán por lo dispuesto en el nuevo Código. Las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial, antes de entrar en vigencia plenamente el nuevo Código, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, pero se podrá pedir y obtener su revisión y modificación con arreglo al presente Código.
Desde la publicación del nuevo Código y cada seis meses, la autoridad judicial de oficio deberá revisar los procesos de su juzgado y en su caso declarar la extinción por inactividad. Disposiciones adicionales La Sala Plena del Consejo de la Magistratura, en consulta con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Director de la Escuela de Jueces del Estado, y un representante del Ministerio de Justicia, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y cada una de las Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación del nuevo Código, elaborará el correspondiente Plan de Implementación del Código Procesal Civil que incluirá, como mínimo, los siguientes componentes: Plan especial de descongestión, incluyendo el previo inventario real de los procesos clasificados por especialidad, tipo de proceso, afinidad temática, cuantías, fecha de reparto y estado del trámite procesal, entre otras. Nuevo modelo de gestión, estructura interna y funcionamiento de los juzgados, así como de las oficinas judiciales. Reglamentación de los asuntos de su competencia que guarden relación con las funciones atribuidas en este Código. Creación y redistribución de los juzgados, ajustes al mapa judicial y desconcentración según la demanda y la oferta de justicia. Uso y adecuación de la infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audiencias y servicios, que garanticen la seguridad e integridad de la información. Selección de nuevos jueces, en los casos a que haya lugar, de acuerdo con el perfil requerido para la implementación del nuevo Código. Programa de formación y capacitación para la transformación en base a los principios y valores establecidos en la Constitución y el desarrollo en los servidores judiciales de las competencias requeridas para la implementación del nuevo Código, con énfasis en la oralidad, las nuevas tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Modelo de atención y comunicación con los litigantes. Formación de servidores judiciales con responsabilidades en procesos regidos por la oralidad. Planeación, control financiero y presupuestario de acuerdo con el estudio de costos y beneficios para la implementación del presente Código. Sistema de seguimiento y control de la ejecución del plan de implementación. Se crea además una Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil como instancia de decisión y de fiscalización del proceso de seguimiento e implementación del Código, que será presidida por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y estará conformada por: La o el Ministro de Justicia. La o el Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Las o los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura. La o el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia podrá emitir circulares sobre la implementación y uniformización de procedimientos. Consideramos que esta disposición, en lugar de ser una opción debería ser una obligación.
Disposiciones finales Estas disposiciones modifican la Ley del Órgano Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
Antes
Después
Artículo 48. (ELECCIÓN DE VOCALES TITULARES). Las y los vocales titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia, son elegidas y elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia, por la mitad más uno de los votos de sus miembros presentes de listas remitidas por el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Supremo deberá garantizar que el cincuenta por ciento (50%) de las elegidas sean mujeres.
Artículo 48. (ELECCIÓN DE VOCALES TITULARES Y SUPLENTES). I. Las y los vocales titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia, son elegidas y elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia, por la mitad más uno de los votos de sus miembros presentes de listas remitidas por el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Supremo deberá garantizar que el cincuenta por ciento (50%) de las elegidas sean mujeres. II. La sala plena de los tribunales departamentales de justicia en su última sesión anual, designará como vocales suplentes, a juezas y jueces públicos que hayan obtenido la mejor evaluación de la gestión pasada y cumplan los mismos requisitos para ser vocal en igual número que los titulares, para que en la próxima gestión los reemplacen cuando éstos estén impedidos, no hubiese número suficiente para dictar resolución en un
proceso o para dirimir los casos de disconformidad. El cargo de vocal suplente al ser de carácter honorifico, no será remunerado.”
Artículo 112. (CENTRAL DE NOTIFICACIONES). I. En los Tribunales Departamentales de Justicia funcionará una Central de Diligencias para las citaciones, notificaciones, emplazamiento, ejecución de mandamientos en general, y otras diligencias que dispongan las juezas y jueces públicos y tribunales. II. El personal será designado por los Tribunales Departamentales de Justicia y ejercerán sus funciones por un (1) año, pudiendo ser designados por otro periodo similar, previas las evaluaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura. III. El número y demás atribuciones, serán establecidas por las leyes procedimentales y las normas para oficiales de diligencias de la presente Ley.
Artículo 112. (CENTRAL DE NOTIFICACIONES). I. En los Tribunales Departamentales de Justicia funcionará una Central de Diligencias para las citaciones, notificaciones, emplazamiento, ejecución de mandamientos en general, y otras diligencias que dispongan las juezas y jueces públicos y tribunales. II. El personal será designado por los Tribunales Departamentales de Justicia y ejercerán sus funciones por un (1) año, pudiendo ser designados por otro periodo similar, previas las evaluaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura. III. El número y demás atribuciones, serán establecidas por las leyes procedimentales y las normas para oficiales de diligencias de la presente Ley. IV. Las previsiones de los parágrafos I, II y III, no serán aplicable a los Tribunales y Juzgados en materia civil y comercial.”
De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada. Disposiciones derogatorias y abrogatorias El nuevo Código deroga el antiguo Código en parte, y los artículos 1 al 15 y del 19 al 59 de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal Civil Y Asistencia Familiar. CONCLUSIONES. En cuanto a los tipos de proceso, es una norma que ha tomado la gran mayoría de lo existente previamente y lo ha reordenado, bajo la lógica de abreviar los procesos judiciales a través de la oralidad. Fuera de este último aspecto, no debemos caer en pensar que el cambio es radical porque a grandes rasgos es en buena medida la misma norma, lo cual no es negativo. Por ejemplo, en los hechos, siendo que tenemos un sistema todavía casi en su totalidad escrito, a los jueces les toma
días señalar una audiencia, la cual se señala para semanas después ya que se debe notificar y para señalar fecha con un oficial de diligencias hay que saber que este la señalará para días o semanas después de la solicitud. Cuando todo el sistema sea oral, probablemente las audiencias se señalen para semanas o meses después ya que será la principal actividad del juez y su tiempo estará copado. Además de la complicación de que todas las personas involucradas puedan asistir a una audiencia. Parece, esperemos que no, que la implementación de la oralidad no cumplirá su objetivo, que es acelerar el proceso. Existen algunos aspectos de la norma abrogada que requerían de reorganización. Pero en realidad la mayor deficiencia de esta norma en cuanto respecta a la parte analizada, es que omite detalles importantes que ayudan a dar claridad al proceso. Sin esos detalles cada juzgado se vuelve en un pequeño feudo en el que se aplica lo que le parece más correcto al juez, porque no tiene otra opción. Si bien esto ya ocurría en el pasado, el nuevo Código no ayuda a mejorar esta situación, de hecho parecería que empeorará y desde las autoridades del Órgano Judicial no parece haber demasiado esfuerzo para uniformar el proceder de los jueces. La nueva norma no contempla las disposiciones correspondientes al Proceso Contencioso Administrativo, estableciendo en las disposiciones derogatorias y abrogatorias que en cuanto a este proceso se mantiene vigente el Código abrogado, hasta que se emita una nueva Ley al respecto. Este aspecto es muy importante porque nos encontramos en la expectativa de saber que se hará o si se hará algo para solucionar la gran cantidad de mora procesal de los contenciosos administrativos en el Tribunal Supremo. Nos referimos a que seguiremos esperando que se promulgue una norma adecuada para este tipo de procedimiento y que permita efectivamente acudir a la vía jurisdiccional cuando la vía administrativa se ha agotado. Si bien es importantísimo que se saque el contencioso administrativo del espectro de la norma civil, también es fundamental que se establezca un procedimiento que permita efectivamente acudir al Órgano Judicial para evitar la f alta de control sobre el Órgano Ejecutivo, siendo que este control es parte fundamental de la democracia en cuanto al equilibrio de poderes. Ha desaparecido el tipo de proceso sumarísimo y sumario. Los procesos que estos contenían se han dispersado y distribuido en otros. El Proceso Ejecutivo y el Desalojo eran sumarios, ahora tienen otra orientación. Además, tiene errores en redacción que generan confusión o pobre comprensión de lo que se quiere decir con algunas partes del texto. Por otro lado, al igual que el Código abrogado, en cuanto a la ejecución de resoluciones judiciales las llama “Ejecución de Sentencia” sin contemplar que
existe la apelación y la casación, que podrían revocar la Sentencia o Auto de Vista respectivamente, por lo que “Ejecución de Sentencia” no es un nombre apropiado, debería llamarse “Ejecución de Resolución Judicial”.
En general es un código que omite detalles que son importantes, que ante el vacío que generen estas omisiones, lo más probable es que los jueces por costumbre sigan aplicando el Código abrogado. Ejemplo: Normas específicas para el embargo de bienes. ANEXO. Adjunto al presente se encuentra el itinerario o flujo procesal del nuevo proceso ordinario civil:
QUE DIOS BENDIGA NUESTRA PATRIA BOLIVIA
