Marcelo Sain Politica Militar de Menem

ANALISIS

Vaivenes y eficacia de la política militar del primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) Marcelo Fabián Sain i

mica y de la política de inserción internacional llevados a cabo por el gobierno, tentando adaptar las instituciones armadas y la política militar a los parámetros centrales de la política exterior exterior implementada y a las nuevas condiciones económicopresupue.starias vigentes en el país, sin que mediara la formulación de un perfil profesional determinado ni un programa de redefinición integral del sistema de defensa nacional.

Introducción

La dirección política que el presidente Carlos

Saúl Menem le infringió a la cuestión militar estuvo signada por dos grandes orientaciones. En una primera etapa, tal dirección se centró en la resolución de las dos principales problemáticas abiertas durante la gestión anterior del presidente radical Raúl Alfonsín (1983-1989) y que, hacia 1989, aún configuraban cuestiones altamente conflictivas en las relaciones cívico-militares. La primera de estas problemáticas giraba en torno del reclamo castrense en favor de una solución política a la revisión judicial del pasado, esto es, la demanda de alguna medida gubernamental amnistía, conmutación de penas y/o indulto- que beneficiara a los pocos uniformados que aún estaban procesados judicialmente y a los ex comandantes que gobernaron el país durante la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-83) y que habían sido condenados por la comisión de crímenes y violaciones a los derechos humanos ii. La otra problemática estaba dada por la activa presencia en el interior del Ejército del sector político carapintada que había protagonizado tres rebeliones durante el gobierno radical y que pretendía proyectarse sobre la conducción del armaiii. Por su parte, en una segunda etapa, la política militar menemista se redujo al desarrollo de iniciativas en materia castrense derivadas centralmente del modelo de reconversión econó-

A diferencia diferencia de lo ocurrido ocurrido durante el mandato iv de Alfonsín , estos lineamientos fueron inicialmente concebidos por el gobierno de Menem sobre la base de la apreciación de que, hacia fines de los años 80, los militares no configuraban una amenaza al orden institucional democrático ni constituían actores con capacidad de veto y/o presión sobre el poder político, y, en consecuencia, consecuenc ia, las Fuerzas Armadas no ocuparon un lugar privilegiado entre las prioridades gubernamentales. Éstas, en cambio, estuvieron centradas en la necesidad de contener el colapso económico desatado en medio de la feroz hiperinflación que había estallado a principio de 1989 y que había obligado al gobierno de Raúl Alfonsín a adelantar seis meses la entrega del mando presidencial, preside ncial, para lo cual la administración menemista apuntó a resolver la profunda crisis fiscal y a reorientar la economía local a partir de un modelo de reconversión capitalista implementado sobre la base de la desregulación desregulación de los mercados y de la economía en general -o, más bien, de la reconfiguración del marco de regulación económica del Estado-, la >

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Vaivenes y eficacia de la política militar del primer gobierno de Carlos Menem

profundización del proceso de apertura externa del mercado de bienes y servicios y la acelerada reforma del aparato estatal por medio de la privatización del conjunto de las empresas públicas -productoras de bienes y servicios-, la reorganización administrativa y el ajuste y racionalización del personal. Se trataba, pues, de una política general volcada a refuncionalizar el Estado y a generar las condiciones de gobernabilidad que permitieran redefinir los lineamientos generales de la economía local, para lo que, entre otras cuestiones, fue fundamental la reformulación del modelo de inserción internacional -mundial y regional- de la Argentina y, de acuerdo con ello, de su política externa en función de potenciar la capacidad de intervención y negociación comercial y financiera de nuestro país.

estabilizar la economía y hacer frente a los desafíos de las nuevas condiciones financieras, productivas y comerciales imperantes en el plano internacional, regional y local. Ciertamente, desde el inicio del mandato menemista, la estabilidad institucional democrática se daba por descontada, lo que suponía, en lo atinente a las relaciones cívico-militares, la emergencia de nuevas condiciones y oportunidades para reforzar la subordinación castrense a las autoridades civiles, condiciones y oportunidades diferentes de aquellas que prevalecieron durante la gestión de Alfonsín. Este panorama interno era reforzado en el plano externo por las transformaciones producidas hacia fines de la década del 80 en el escenario internacional y regional, en particular, en el ámbito subregional del Cono Sur, cambios que supusieron la emergencia de nuevas condiciones geopolíticas y estratégicas para la Argentina. La desaparición del conflicto EsteOeste, de la amenaza comunista y de la búsqueda permanente de la supremacía militar entre potencias como coordenadas centrales de las relaciones internacionales, contribuyó con la pérdida de relevancia y secundarización de la dimensión militar en el escenario internacional. Por su parte, en América Latina y, particularmente en el Cono Sur, estas alteraciones fueron acompañadas por el proceso de integración subregional iniciado y profundizado desde 1985 hasta la fecha, dando lugar a la adopción de políticas de cooperación y complementación regional, al principio, y de integración después. Frente a cambios de seme jante magnitud, las alteraciones producidas en la vida institucional de las Fuerzas Armadas fueron también sustantivas. El basamento doctrinal, las hipótesis de conflicto y percepciones de amenaza, las misiones y funciones, y la estructura orgánica-operativa de las instituciones castrenses -cuestiones y aspectos que habían sido diseñados y montados acorde al conflicto Este-Oeste, a la lucha antisubversiva y a las hipótesis de guerra entre países vecinos del Cono Sur- fueron perdiendo vigencia y se fueron desactualizando, lo que las convirtió rápidamente en aparatos anacrónicos en relación a las nuevas condiciones políticas locales y regionales. >

En este contexto, la política militar de Menem no fue más que el resultado tanto de la necesidad de resolver las problemáticas heredadas del gobierno anterior y generar, de ese modo, las condiciones propicias para la subordinación castrense y la estabilización de las relaciones cívicomilitares, cuanto del imperativo de adaptar dichos lineamientos a la política exterior derivada de las metas macroeconómicas fijadas y de las nuevas condiciones fiscales y presupuestarias.

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En 1989, las circunstancias políticas eran sustancialmente diferentes de las existentes en momento de la instauración democrática de 1983. En lo relativo a la cuestión militar, el desafío de Menem no pasaba por redefinir las relaciones cívico-militares apuntando al logro de la estabilidad institucional de la democracia, puesto que la suerte de ésta no estaba vinculada a los peligros de regresión autoritaria por la vía de un eventual golpe de Estado castrense. Pese a las situaciones altamente conflictivas y desestabilizantes producidas durante la segunda mitad de la década del 80 y al predominio de un discurso militar reivindicatorio de la actuación castrense en el pasado autoritario, la subordinación de las Fuerzas Armadas a los poderes constitucionales era por entonces un hecho. Luego de la estrepitosa salida alfonsinista del gobierno nacional, quedó claro que los dilemas de la democracia en la Argentina pasaban por la capacidad gubernamental para >

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El fin de la revisión del pasado Consecuente con ese anuncio, el 6 de octubre de 1989 Menem promulgó los decretos 1.002/89, 1.003/89, 1.004/89 y 1.005/89viii mediante los cuales indultó a los militares, policías y civiles condenados y/o procesados por delitos cometidos durante su participación en la represión a la subversión y el terrorismo entre los años 1976 y 1983; a los civiles pertenecientes a organizaciones guerrilleras de la década del 70 que habían sido condenados y/o procesados por su intervención en acciones subversivas o terroristas; a los uniformados y civiles sumariados, procesados y/o condenados por su intervención en los tres levantamientos militares realizados hasta ese momento; y a los militares responsables de la conducción política y castrense del conflicto bélico en el Atlántico Sur. Posteriormente, el 29 de diciembre de 1990, promulgó el decreto 2.741/90 ix a través del cual indultó a los ex comandantes de la última dictadura que condenados judicialmente en 1986, esto es, los Grals. Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Ramón Camps y Ovidio Richeri, los Alts. Emilio Massera y Armando Lambruschini, y el Brig. Orlando Agosti. Ese mismo día también promulgó el decreto 2.742/90 x por medio del cual indultó al ex jefe de la organización guerrillera Montoneros Mario Eduardo Firmenich. Y finalmente, mediante los decretos 2.743/90, 2.744/90, 2.745/90 y 2.746/90 xi indultó a Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y al Gral. Carlos Suárez Mason, todos ellos juzgados por su participación en acciones de terrorismo político y delitos económicos. Con ello, Menem llevó a la práctica su política de pacificación y reencuentro nacional .

Durante la gestión de Alfonsín, Carlos Menem se había opuesto a todo tipo de medida -amnistía y/o indulto- que tendiera a restringir o colocar un punto final a la revisión judicial de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión ilegalv. No obstante, desde la campaña electoral que antecedió su elección como presidente de la Nación, comenzó a plantear la necesidad de alcanzar la pacificación nacional a través de la solución integral de los más graves problemas que enfrenta el país , entre ello, la cuestión militar vi. A

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Ya en el gobierno, el enfoque dado por Menem a la problemática de los juicios fue sustancialmente diferente del sostenido por Alfonsín. Para el mandatario peronista, la cuestión central consistía en alcanzar algún tipo de solución a las condenas y procesos pendientes que comprometían a miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas, de manera que esa cuestión y sus eventuales derivaciones no supusieran ni generaran ningún tipo de conflictos políticos con las instituciones castrenses. En tal sentido, a fines de septiembre de 1989, Menem declaró públicamente estar dispuesto a terminar con las secuelas de los juicios e indultar no sólo a los militares aún procesados y a los ex comandantes condenados por su intervención en la represión ilegal, sino también a los procesados y condenados por las rebeliones producidas durante la etapa de Alfonsín. Pretendía poner un coto a dicha situación y establecer, en consecuencia, nuevos patrones de relacionamiento con los uniformados. En junio de 1989, había un total de 460 miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban afectados por distintos tipos de decisiones judiciales o sanciones disciplinarias: 7 condenas y 18 procesamiento en relación a los juicios derivados de los crímenes cometidos durante la lucha contra la subversión; 3 condenas referidas a la causa de la guerra de Malvinas; y 92 procesos en curso y 340 sanciones disciplinarias que afectaban al personal militar implicado en los tres levantamientos carapintada producidos hasta ese momentovii. A

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Estas medidas tuvieron un doble efecto sobre el conjunto de las relaciones cívico-militares. Por un lado, significaron la resolución definitiva de la cuestión de los juicios y de las problemáticas derivadas de la revisión judicial del pasado, cuyos pormenores habían ocupado el centro del escenario político durante la gestión anterior. A partir de ese momento, tanto el reclamo militar en favor de una solución política a los procesos y condenas judiciales pendientes cuanto la tácita reivindicación de la actuación militar en el pasado autoritario, fue vaciado de contenido y quedó definitivamente superado. Por otro lado, los A


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indultos simbolizaron tanto para el gobierno como para los uniformados en su conjunto una expresión concreta de acercamiento y convergencia entre Menem y las Fuerzas Armadas. Los militares y la sociedad política, lejos de interpretar que la medida había sido una conquista resultante de la presión castrense, la asumieron como una decisión de Menem tendiente a resolver esa problemática fundamentalmente en vista de ampliar los márgenes de subordinación y obediencia castrense a su mandato. Desde ese momento, la administración menemista contó con un elevado grado de control efectivo sobre las Fuerzas Armadas, lo que nunca había sido conseguido por Alfonsín.

habían sido arrojados con vida al océano desde aviones pertenecientes a la misma Armada. xv. Estos hechos dieron lugar durante los meses siguientes a un extendido debate nacional acerca de aquellos acontecimientos del que participaron el gobierno, los partidos políticos, las asociaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la sociedad en su conjunto, y cuyo punto culminante lo constituyó el mensaje público efectuado el 26 de abril por el titular del Ejército, el Gral. Martín Balza, por medio del cual asumió la responsabilidad institucional que le cabía a su fuerza en la represión ilegal desatada durante la última dictadura, reconociendo que se utilizó la tortura y el asesinato como métodos ilegítimos para la obtención de información. Además, sostuvo que el fin nunca justifica los medios y que dentro de su fuerza nadie está obligado a A

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profunda autocrítica institucional, Balza afirmó que cuando peligra la vida republicana de un Estado no es el Ejército la única reserva de la Patria sino que las reservas que tiene una A

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Nación nacen de los núcleos dirigenciales de todas sus instituciones, de sus claustros universitarios, de su cultura, de su pueblo, de sus instituciones políticas, religiosas, sindicales, empresariales y también de sus dirigentes militares .xvi.

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cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares dado que quien lo hiciera incurriría en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requie ra , y agregó que delinque quien vulnera la Constitución Nacional; delinque quien imparte órdenes inmorales; delinque quien cumple órdenes inmorales; delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales . Fue más allá y redondeando esta

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Hacia fines de 1994, el tema de la represión ilegal del pasado autoritario volvió a la escena pública cuando el Senado de la Nación, luego de un largo trámite parlamentario y a contramarcha de la opinión de Menem, negó el acuerdo constitucionalmente necesario para los ascensos de los Caps. de Fragata Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón. El primero de ello, había sido procesado en 1984 por la comisión de numerosos crímenes cometidos durante la dictadura y posteriormente desprocesado por medio de la ley de Punto Final ; y el segundo, había sido acusado de numerosos delitos cometidos durante la represión ilegal. En octubre de aquel año, ambos oficiales habían reconocido ante el Senado haber participado de la represión ilegal durante la guerra antisubversiva y de haber torturado a numerosos detenidos xii. Unas semanas después, el presidente Menem reivindicó públicamente la actuación de las Fuerzas Armadas durante la lucha contra la subversión desarrollada en lo 70xiii. En marzo de 1995, entretanto, el Cap. de Corbeta Adolfo Scilingo, ex miembro de un grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), exigió a la jefatura de ese arma que informe públicamente acerca de los lugares, métodos y otras particularidades de la represión ilegal ordenada por la conducción de la Armada durante la pasada dictadura militar, luego de lo cual efectuó una denuncia penal a ese respectoxiv. Según este oficial arrepentido , esa fuerza había sido responsable de la muerte de entre 1500 y 2000 detenidos ilegalmente, los que A


Es decir, mientras el presidente Menem reivindicaba la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión , la posición de Balza daba cuenta de la profunda redefinición doctrinal e institucional por la que había atravesado el Ejército -y, en general, las Fuerzas Armadas-, redefinición protagonizada por una conducción dispuesta a revisar y criticar el pasado autoritario y, particularmente, la represión ilegal. Asimismo, ello también expresaba el consenso militar al sistema A

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democrático y daba cuenta la existencia de una marcada subordinación castrense a las autoridades gubernamentales.

dirigido por el Cnl. Mohamed Alí Seineldín y el Estado Mayor General del Ejército (EMGE ) adquirió nuevos contenidos y formas de manifestación, hasta la producción del levantamiento del 3 de diciembre de ese año, acontecimiento que significó el punto culminante de esa puja. El alcance de esos hechos indicó la gravedad del conflicto desatado. En relación a las rebeliones anteriormente producidas, el levantamiento del 3 de diciembre fue el mayor y más violento, sea por la importancia y la cantidad de unidades comprometidas, por el elevado número de cuadros implicados, por el nivel jerárquico de su conducción -todos ellos eran Coroneles- o por la crueldad del enfrentamiento desarrollado.xvii.

La última rebelión carapintada En el plano de la problemática interna del Ejército, la herencia recibida por la administración menemista en relación al enfrentamiento entre la conducción del arma y el sector carapintada era también considerada una pesada carga para el gobierno surgido en 1989, esto es, una cuestión desestabilizante que requería ser resuelta siguiendo nuevos lineamientos. En efecto, Menem encaró tal problemática con el objetivo de terminar con ese enfrentamiento. Ello se observó cuando asumió la presidencia y decidió designar y mantener en la conducción del Ejército a oficiales no pertenecientes a ninguno de los sectores en pugna sino a aquellos que guardaban un perfil institucionalistas , tal como los Grals. Isidro Cáceres, Martín Bonnet y Martín Balza, con lo que pretendía limitar la esfera de influencia interna del sector rebelde. Desde entonces, los carapintada se encontraron frente a una conducción compuesta por oficiales que respondían al perfil que ellos mismos habían reclamado como adecuado y necesario para la jefatura del Ejército. Eran cuadros que contaban con un generalizado prestigio profesional -casi todos eran ex combatientes de Malvinas- y que, por ende, no podían ser calificados por los rebeldes como generales de escritorio , como sí lo afirmaban de las conducciones anteriores. Pero además, por su impronta institucionalista, rechazaban toda forma de insubordinación o de actos que atentaran contra la jerarquía y la disciplina interna del arma, lo que los hacía sustentar posiciones radicalmente enfrentadas a todos aquellos grupos o sectores que con sus acciones vulneraran la cadena de mandos. En razón de ello, el sector institucionalista se planteó como objetivo principal el control políticoinstitucional de la situación interna del Ejército y la restauración inmediata de la línea jerárquica y de mando en el interior de los cuarteles, lo que sólo podía darse con la exclusión de los carapintada de las filas del arma. A

Frente al hecho de rebelión consumado, Menem en ningún momento se mostró dispuesto a negociar o concertar acuerdos con los alzados, pese a que ellos lo intentaron en reiteradas oportunidades, una de ellas inclusive a través de la intermediación del propio ministro de Defensa, Humberto Romero. Durante la mañana de ese día, Menem, una vez informado de los pormenores del levantamiento, le ordenó al jefe del Ejército, Gral. Martín Bonnet, la inmediata represión de los focos rebeldes, orden que fue reiterada con vehemencia por la tarde y que fue estrictamente cumplida por las tropas leales a cuyo frente se colocaron los militares institucionalistas , quienes con ello vislumbraron una oportunidad inmejorable para desarticular la presencia política de los carapintada en el Ejército.

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Luego del levantamiento, los responsables y participantes del mismo fueron encarcelados e inmediatamente procesados por orden del poder ejecutivo. Al final de la revisión judicial de esas actuaciones, las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y, en la segunda instancia judicial, por la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal sentencia posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- conllevaron condenas con severas penas contra los cabecillas y autores del levantamiento.

En este contexto, a lo largo del año 1990, el enfrentamiento entre el sector carapintada FASOC, Año 12, N 2, abril-junio 1997 1

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No obstante, la coherencia y la disponibilidad gubernamental para conjurar la rebelión fue mitigada cuando, a lo largo del juzgamiento seguido contra los protagonistas de estos episodios, se dieron a conocer las vinculaciones y los acuerdos llevados a cabo entre Menem y el Cnl. Seineldín entre enero de 1989 y un tiempo antes de la misma rebelión de 1990 xviii. Allí se supo que Menem y algunos de sus operadores había mantenido numerosas entrevistas secretas con el jefe carapintada mientras éste permanecía arrestado por haber encabezado el último levantamiento cometido durante el mandato de Alfonsín. En esos contactos, el candidato justicialista y luego presidente emprendió negociaciones con el militar rebelde acerca de numerosas cuestiones como el pase a retiro de oficiales superiores y jefes del Ejército, la designación de sus recomendados como funcionarios de conducción del área de defensa tanto el ministro y secretario de Defensa como el jefe del EMGE -, la planificación de la lucha contra el narcotráfico, la implementación de los indultos, etc. Ciertamente, esos contactos, lejos de permitir la superación del enfrentamiento político planteado y de la fragmentación institucional existente, contribuyeron con la profundización de la crisis, y a ellos se remiten las causas de la rebelión de 1990.

interior del Ejército, lo que permitió, en su conjunto, desarticular los ejes del enfrentamiento político-militar que ocuparon el centro del escenario institucional durante gran parte de la etapa alfonsinista. Inserción externa y condiciones económicas: una política militar de baja intensidad A partir de las nuevas condiciones que se impusieron en el plano internacional, regional y subregional a comienzo de la década del 90, la gestión menemista desarrollo una política exterior que se articuló alrededor de tres prioridades: a) el fortalecimiento de las relaciones con los países capitalistas desarrollados a través del alineamiento automático con los Estados Unidos, aceptando el liderazgo norteamericano en Occidente y su proyección dominante en el plano internacional; b) la desactivación de todo tipo de proyección confrontacionista con Gran Bretaña respecto del litigio sobre la soberanía de las Islas Malvinas; y c) la profundización de las relaciones integrativas con los países vecinos del Cono Sur (prioritariamente en el contexto del Mercosur ) y la tendencia a resolver diplomáticamente los litigios de delimitación y demarcación fronteriza pendientes, en particular con la hermana República de Chile xix.

De todos modos, Menem, junto a los Grals. Cáceres, Bonnet y Balza, fueron desarticulando la presencia política de los carapintada dentro del Ejército, lo que no había podido ser realizado por la administración anterior. Alfonsín interpretó a los levantamientos carapintada como intentos de golpe de Estado, pero terminó realizando negociaciones soterradas con sus cabecillas y no consiguió alejar a éstos de la fuerza. Menem, en cambio, acordó con los carapintada y elogió a Seineldín, pero llevó a cabo una estrategia contradictoria, sinuosa y hasta arriesgada- que terminó con el alejamiento definitivo del líder rebelde y de sus seguidores de las filas del arma.

En el marco de estos objetivos, y como derivación de ellos, la gestión militar de Menem comenzó a adoptar un perfil propio cuando se decidió el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico para su intervención en la coalición bélica encabezada por los Estados Unidos contra Irak en enero y febrero de 1991. Dicha tendencia tuvo un segundo momento relevante con la posterior decisión gubernamental en favor de la desactivación del proyecto misilístico Cóndor II y con la activa participación de militares argentinos en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. La orientación señalada quedó claramente expresada cuando Menem determinó la desactivación del programa misilístico Cóndor II que suponía el diseño y construcción de un misil balístico de alcance intermedio que se desarrolló en el marco del Plan de Satelización iniciado por

De este modo, Menem consiguió estabilizar las relaciones cívico-militares y reforzar la pauta de subordinación castrense al poder político. A ello, en definitiva, respondió la decisión de llevar a cabo los indultos así como también la desactivación y exclusión de los carapintada del 18



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la Fuerza Aérea Argentina luego de la derrota militar de Malvinas. xx. Dicha desactivación era la respuesta del gobierno argentino a las presiones norteamericanas que apuntaban en esa direcciónxxi. El 20 de julio de 1990, el poder ejecutivo promulgó un decreto secreto por el cual dejó sin efecto el dcto.604/85 y el dcto.1315/87 (ambos secretos hasta 1991) a través de los cuales el gobierno de Alfonsín había aprobado el desarrollo del programa Cóndor II . Aquella decisión se completó con la promulgación del dcto.995/91 xxii. por medio del cual se dispuso que

se generalizó hasta alcanzar, hacia 1993 y 1994, el envío de batallones completos a distintos lugares del mundo para el desarrollo de diferentes funciones y tareas que implicaron desde operaciones de vigilia de treguas o de cese del fuego y el cumplimiento de tratados de paz hasta tareas humanitarias, sanitarias y de asistencia social. El motivo de fondo de estas operaciones estuvo dado por la ampliación de la participación argentina en la ONU . Durante 1994, la Argentina mantuvo en servicio a 1.321 efectivos militares y de seguridad en las diez misiones de mantenimiento de la paz en las que participó nuestro país, destacándose las misiones de Croacia -en la que intervino un batallón de infantería del Ejército Argentino con 900 efectivos, un oficial del EMGE y 23 gendarmes- y de Chipre -de la que participaron 375 efectivos del Ejército y de la Armada Argentina-.

todos los elementos, partes y componentes del misil Cóndor II en todas sus versiones y etapas fueran de desarrollo desactivados, desmantelados, reconvertidos y/o inutilizados según sus posibilidades de uso en aplicaciones y destinos pacíficos de manera de efectivizar en forma fehaciente y definitiva la cancelación completa e irreversible del proyecto respectivo (...) . A

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Sobre la mentada reforma militar, además de los lineamientos derivados de la política exterior de Menem, las diferencias en relación a las orientaciones de Alfonsín no fueron importantes. En términos globales, el amplio margen de maniobra del gobernante peronista en relación al frente militar no se tradujo en iniciativas reestructurantes sustanciales, lo que ciertamente marcó una orientación de continuidad en relación a las limitaciones observadas durante la gestión anterior en lo atinente a la reestructuración orgánico-funcional de los institutos castrenses.

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Evidentemente, este proceso no fue la consecuencia de un cálculo estratégico-militar sino que, por el contrario y según ya se dijo, estuvo determinado por la política exterior del gobierno y, puntualmente, por la necesidad de estabilizar las relaciones con los Estados Unidos en función de encarar una política más activa y beneficiosa en materia comercial y financiera. La existencia del programa misilístico Cóndor II cercenaba los objetivos de inserción internacional seguidos por el gobierno menemista en la medida que obstaculizaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña e iba en contra de la política norteamericana de control internacional de tecnología misilística. No obstante, también quedó claro que tal medida no fue adoptada contraponiendo a la presión norteamericana una posición propia que tendiera a preservar la acumulación de conocimientos tecnológicos en materia satelital obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión.

Desde un primer momento de la gestión menemista quedó claro que las medidas reformistas en el área militar fueron concebidas principalmente como una forma de adecuar las instituciones militares al ajuste económico, a la racionalización fiscal y a la reforma privatista del Estado emprendida desde mediados de 1989. Dicho proceso, en verdad, se inició durante la gestión alfonsinista, aunque fue sustancialmente profundizado durante los últimos años. A lo largo de la década pasada, los gastos destinados al área de defensa fueron bruscamente reducidos, tanto en el nivel de los gastos reales como en el plano de valores relativos en comparación a los gastos fiscales y al PBI xxiii. Durante la gestión de Alfonsín, el gasto militar pasó de significar el 3,47% del PBI y el 21,4% del total de gastos fiscales correspondiente al año 1983 al 2,12% y

Por su parte, en este mismo orden de cosas se inscribió la abarcativa participación de tropas argentinas en las nuevas operaciones de paz organizadas por las Naciones Unidas (ONU ). Hasta 1990, esa intervención se había remitido al envío de algunos observadores militares. En cambio, desde ese año la participación argentina


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al 19,8% respectivamente para el año 1988. Durante la administración de Menem, la reducción fue mayor aún: en el año 1994 el gasto militar llegó apenas al 1,74% del PIB y al 11,4% del total de gastos fiscales. Estos datos indican, en suma, una reducción superior al 50% en recursos realesxxiv.

A fines de 1990, se anunció un plan de reestructuración militar basado en el traslado, reagrupamiento y reubicación de unidades, la disolución de otras, la privatización de liceos, la venta de predios e inmuebles, la descentralización de la estructura de apoyo logístico, la reforma del esquema de despliegue, la concentración de centros de educación y formación militar, la creación de centros regionales conjuntos, la constitución de fuerzas de despliegue rápido y la reducción del personal de las tres fuerzas. Nada de ello suponía una reestructuración orgánicofuncional de los institutos militares, sino apenas una mera readecuación de las fuerzas a la caída presupuestaria en base a la reducción del número de efectivos, la disolución de unidades de combate, la fusión de otras y la venta de inmuebles y bienes ociosos xxvii. A

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Esta caída del gasto militar se inscribió en un proceso de mayor alcance signado por el brusco achicamiento del gasto público producido como consecuencia de la profunda crisis económica y fiscal por la que atravesó la Argentina durante los últimos años de la década de los 80 y, más recientemente, como consecuencia de la abarcativa reforma del Estado llevada a cabo durante la gestión de Menem. Lo llamativo del caso es que la reducción del gasto militar no fue acompañada por medidas tendientes a reorganizar y adaptar las instituciones castrenses a las condiciones y necesidades fiscales del país. Se trató de un profundo corte presupuestario a instituciones que mantuvieron el mismo esquema organizativo y de funcionamiento. De este modo, la falta de recursos colocó a dichas instituciones en una situación de virtual parálisis funcional , en un cuadro en el que a la reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas en cuanto a efectivos, unidades y armamentos se sumó el descenso del nivel de profesionalización y la capacidad operativaxxv. A ello se agregó la privatización de aquellas empresas del área de defensa pertenecientes al sector más dinámico y rentable del complejo industrial-militar -el sector productor de materiales críticos -, conservando dentro de la órbita estatal sólo aquellas firmas productoras de bienes de uso militar con escasa rentabilidad. A

Ante este cuadro, hacia 1995 el ministerio de Defensa inició junto a las tres fuerzas militares y al Estado Mayor Conjunto (EMCO) un proceso de análisis y diseño de un programa de reestructuración militar del que surgieron una serie de borradores que contenían iniciativas tendientes apenas a adaptar la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas a las condiciones económico-presupuestarias existentes en materia de defensa más que delinear los trazos centrales de una reforma orgánico-funcional asentada sobre una ecuación estratégica a partir de la cual se pudiera compatibilizar dichas condiciones con los nuevos parámetros de relaciones internacionales, hemisféricas y regionales y con el perfil de inserción internacional decidido por nuestro país. Con estas mismas características, en el Congreso Nacional también fueron presentados algunos proyectos de reforma castrense pero que, en su conjunto, no avanzaban más que los borradores elaborados en el ámbito militar. A

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En definitiva, este proceso, más que el resultado de una política de defensa y militar orientada hacia la reconversión y modernización castrense, configuró lo que algún autor denominó apropiadamente una desmovilización y desarme de hecho xxvi, pues ha sido la expresión de una coyuntura económica regresiva y de políticas gubernamentales perfiladas a enfrentar la crisis económico-financiera, sin que mediara ningún tipo de reformulación de la organización y del funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

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Una mención particular merece la derogación del servicio militar obligatorio vigente en nuestro país desde la promulgación a principio de siglo de la ley Ricchieri . En septiembre de 1994, se aprobó la ley que instituyó un régimen de servicio militar optativo. Ello fue el resultado de un proceso iniciado con el asesinato a golpes del conscripto Omar Carrasco perpetrado el 6 de marzo de ese mismo año en el Grupo de Artillería

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161 del Ejército ubicado en la ciudad de Zapala,

En este último sentido, cabe decir que Menem ha sido eficaz y altamente competente en la instrumentación de decisiones e iniciativas conducentes a estabilizar las relaciones cívicomilitares y a apuntalar la subordinación castrense al poder político, ya sea desarticulando exitosamente las cuestiones altamente conflictivas heredadas de la gestión radical -como la revisión del pasado y la puja entre los carapintada y la conducción del Ejército- o secundarizando las cuestiones atinentes a la defensa nacional y acotando el ámbito de despliegue institucional de las Fuerzas Armadas. Vale decir que Menem interpretó apropiadamente las nuevas condiciones políticas que se imponían tanto en el escenario internacional como en el doméstico y utilizó mejor que Alfonsín los recursos de poder disponibles para aumentar la capacidad de control gubernamental sobre los hombres de armas, aunque, al igual que éste, sin que mediara una política militar que apuntara a darle un nuevo perfil profesional a las Fuerzas Armadas en sintonía con las nuevas condiciones políticas, económicas e internacionales imperantes.

provincia de Neuquén. Tal homicidio se produjo con la participación directa de algunos oficiales, suboficiales y conscriptos de la clase 74 y el encubrimiento de una gran parte de la oficialidad de la unidad, acontecimientos éstos que fueron tomando estado público luego de una larga y minuciosa investigación judicial llevada a cabo en la instancia civil xxviii. El impacto del hecho ante la opinión pública reforzó el profundo rechazo que la sociedad civil manifestaba desde hacía largo tiempo contra el servicio militar obligatorio, lo que predispuso a la opinión pública a avalar toda iniciativa de cambio que apuntara a reformularlo o suprimirloxxix. En este contexto, el presidente Menem, dispuesto a hacerse eco de ese consenso y de cara a las elecciones del 14 de mayo del año siguiente, anunció la derogación del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un sistema de voluntariado sin que mediaran estudios y alternativas institucionales que permitieran encausar la reformulación anunciada y sin atender la opinión técnica de las instituciones castrense afectadas con la medida planteada. Esta decisión no se enmarcó, en definitiva, en una política global de redefinición del perfil profesional castrense. >

Las tangibles deformaciones orgánicofuncionales que portan desde hace largo tiempo las instituciones castrenses y la consecuente necesidad de llevar a cabo una reforma militar integral, evidencian que la actual efectivización del control civil sobre los uniformados no excluye la existencia de tareas pendientes en este aspecto de la vida nacional. Éste, ciertamente, configuró el principal déficit de ambas administraciones gubernamentales. La indefinición gubernamental en el establecimiento de prioridades y objetivos generales en relación a las cuestiones de la defensa nacional y la ausencia de políticas militares globales no fue más que el reflejo de las limitaciones con que los gobiernos civiles han encarado la problemática en cuestión, en un contexto signado por la falta de conceptualización de los lineamientos funcionales, orgánicos, doctrinales y estratégicos para las institucionales castrenses. Inclusive, en muchas oportunidades, las sucesivas administraciones, más preocupadas por encontrar salidas cortoplacistas que por delinear un nuevo perfil institucional y profesional para los uniformados, han sostenido erróneamente que la

Conclusiones Las relaciones cívico-militares articuladas a lo largo de la última década en la Argentina indican que existe un alto grado de subordinación castrense al poder civil . No obstante, dicha subordinación no fue el resultado de políticas integrales que hayan apuntado a una redefinición doctrinal, orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas, sino que derivó de la combinación de un conjunto de condiciones situacionales generales, tales como la profunda revalorización social de la democracia, la abarcativa crisis profesional que aún hoy cruza al conjunto de las instituciones castrense, los cambios internacionales y regionales, la política exterior, la crisis fiscal y el ajuste económico, sumadas a otras condiciones que se dieron en el plano de los actores políticos, en el también se produje ron cambios sustantivos, particularmente en cuanto a las visiones, estilos y orientaciones gubernamentales respecto de la cuestión militar.


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reforma militar se trataba de un conjunto de medidas menores, tales como la caída del gasto militar, la disolución o el traslado de unidades o el envío de tropas a las misiones internacionales de paz, sin que ello fuera acompañado de una reformulación conceptual de la defensa y, en su marco, de una reestructuración general de los institutos castrenses.

comportamiento endeble con que esa dirigencia afrontó el tema castrense y los asuntos de la defensa nacional. Se trata apenas de abordar y agendar como importantes las problemáticas surgidas de las instituciones militares y de abordarlas institucionalmente como cuestiones que, de alguna manera, se refieren al proceso de consolidación democrática.

Ahora bien, la experiencia argentina particularmente, la de los últimos años- indica que la omisión de un abordaje integral de las problemáticas de la defensa nacional o la ausencia de una reestructuración institucional de la matriz doctrinal, organizativa y funcional de las Fuerzas Armadas, no necesariamente abre paso a situaciones de conflicto en las relaciones cívicomilitares ni da lugar a hechos de insubordina ción militar frente a las autoridades civiles. Al contrario, lo que se observó en nuestro caso es que las cuestiones de la defensa nacional y la reforma militar no fueron atendidas por el poder político como temáticas prioritarias, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas fueron objeto de ajustes derivados de otras dimensiones del quehacer nacional como la política exterior y la política económico-presupuestaria, y sin embargo la pauta de subordinación militar a las autoridades constitucionales se halla consolidada, las relaciones cívico-militares se encuentran estabilizadas sobre la base de un estricto control civil, y no se vislumbran situaciones que puedan alterar estas tendencias.

Notas 1. Investigador asistente de la Unidad de Investigación sobre Fuerzas Armadas y Sociedad (UIFAS) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), Argentina; miembro del Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) , São Paulo, Brasil. E-

Mail: [email protected]. 2. Luego de un largo juicio oral y público, el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal condenó por unanimidad al Gral. (R) Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua; al Alte. (R) Emilio Eduardo Massera a la pena prisión perpetua; al Brig. (R) Orlando Ramón Agosti a la pena de cuatro años y seis meses de prisión; al Gral. (R) Roberto Eduardo Viola a la pena de diecisiete años de prisión; al Alte. (R) Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. El Gral. (R) Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brig. (R) Omar Rubens Graffigna, el Alte. (R) Jorge Isaac Anaya y el Brig. (R) Basilio Lami Dozo fueron absueltos de culpa y cargo. Aquellas condenas derivaban de haberse probado la comisión de numerosos y diversos delitos producidos en el marco de un plan criminal de lucha contra el terrorismo montado sobre la base de procedimientos clandestinos e ilegales . El 30 de diciembre de 1985, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de la Cámara Federal. Hacia fines de 1986 había 1200 uniformados procesados judicialmente por la comisión de crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura procesista. En este contexto, y con la intensión de brindar algún tipo de salida política a estos procesamientos en curso -vale decir, con la intención de limitar en el tiempo y en sus alcances a los juicios aún en marcha y llegar a un punto final en la revisión del pasado-, el gobierno de Alfonsín impulsó dos iniciativas legislativas -la ley 23.492 de Punto Final , promulgada en diciembre de 1986, y la ley 23.521 de Obediencia Debida, promulgada en julio de 1987- por medio de las cuales se llevó a cabo el desprocesamiento de 1180 militares y policías. A fines de 1988, sólo quedaban procesados 20 militares retirados. Las mencionadas rebeliones militares fueron las de Semana Santa -abril de 1987-, la de Monte Caseros -enero de 1988y la de Villa Martelli -diciembre de 1988-. Analice más ampliamente estos acontecimientos en: Sain, Marcelo, Los levantamientos carapintada, CEAL, Buenos Aires, Biblioteca Política Argentina, 2 tomos, 1994. 4. Para un buen análisis de las relaciones cívico-militares durante el gobierno de Alfonsín, véase: López, Ernesto, Ni la A

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De todos modos, vale afirmar que la subordinación castrense al poder civil actualmente existente no exime al gobierno democrático de la responsabilidad de efectivizar el ejercicio de la conducción sobre las Fuerzas Armadas, más aún si se observa que tal subordinación no es el resultado de políticas que hayan apuntado a una redefinición global del área militar. En este sentido, la utilización eficiente de las actuales condiciones de subordinación castrense al poder político en pos del desarrollo de un conjunto de reformulaciones más profundas en las relaciones cívico-militares, depende de la capacidad de la clase política para hacer un aprovechamiento estratégico de tales factores, lo que necesariamente debería suponer, a su vez, la revisión de la indiferencia y el 22

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ceniza, ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín, Universidad Nacional de

Quilmes, Bernal, 1994.


ANALISIS 5. El 30 de noviembre de 1986, en pleno debate público

Carlos, Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política exterior argentina, Planeta, Buenos Aires, 1992. 20. Cabe señalarse que, pese a que el programa misilístico Cóndor II se desarrolló dentro del marco de un plan de satelización, se trató de un emprendimiento destinado fundamentalmente a la construcción de un vector de tipo balístico con cabeza de guerra. Véase: Docampo, César,

sobre la ley de Punto Final , el entonces gobernador de La Rioja Carlos Menem rechazó el punto final . No soy partidario ni del punto final ni de la amnistía dijo en esa ocasión (en Diario Clarín, Buenos Aires, 1 de diciembre de 1986). En ese mismo sentido, en diciembre de 1988, sostuvo lo siguiente: Yo no estoy de acuerdo con la amnistía y creo A

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que es una concepción inaceptable [...]. Habrá que buscar formas que reviertan las falencias de la política de Defensa oficial, pero eso tampoco se consigue por el mero trámite de una amnistía (en Diario Página/12, Buenos Aires, 5 de

Desarrollo de vectores espaciales y tecnología misilística en Argentina: Cóndor II, EURAL, Buenos Aires,

Documento de Trabajo Nro.51, 1993. 21. Véase: Santoro, Daniel, Operación Cóndor II. Historia secreta del misil que desactivó Menem, Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1992; Barcelona, Eduardo y Villalonga, Julio, Relaciones carnales. La verdadera

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diciembre de 1988). 6. Diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 5 de mayo de 1989. 7. Fraga, Rosendo, La cuestión militar, 1987-1989, Editorial del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1989, pp.162 y 163. 8. Publicados en el Boletín Oficial del 10 de octubre de 1989. Los decretos 1.004/89 y 1.003/89 fueron complementados respectivamente por los decretos 1.088/89 y 1.089/89, promulgados el 18 de octubre de 1989 y publicado en el Boletín Oficial del 23 de octubre de 1989. 9. Publicado en el Boletín Oficial del 3 de enero de 1991. 10. Publicado en el Boletín Oficial del 3 de enero de 1991. Este indulto fue complementado por el decreto 285/91, publicado en el Boletín Oficial del 20 de febrero de 1991. Publicados en el Boletín Oficial del 3 de enero de 1991. Diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 20 de octubre de 1994. 13. El 3 de noviembre de 1994, el presidente Menem sostuvo en un acto público lo siguiente: Más allá de los

historia de la construcción y destrucción del misil Cóndor II, Planeta, Buenos Aires, 1992. 22. Publicado en el Boletín Oficial del 3 de junio de 1991. 23. Scheetz, Thomas, Las Fuerzas Armadas Argentinas: su costo presupuestario y la necesidad de una reforma militar , Universidad Nacional de Quilmes-EURAL, Buenos

Aires, 1995. Véase también del mismo autor: Scheetz, Thomas, Military Expenditures in South América , EURAL, Buenos Aires, mimeo, 1993; Scheetz, Thomas, Los gastos de la Defensa en la Argentina y Chile y el esbozo de una solución , en Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Nro.3, noviembre de 1993. 24. Scheetz, Thomas, Las Fuerzas Armadas Argentinas..., Op.cit., cuadro 2, anexos. 25. Uno de los indicadores de la magnitud del proceso descripto lo configura el anacronismo que impera en relación a la utilización de los recursos fiscales destinados a la defensa. A manera de ejemplo puede señalarse que durante los últimos años, más del 80% de esos recursos fueron utilizados para el pago de los salarios del personal militar (activos y en retiro), reservando el resto al gasto para mantenimiento y operaciones, siendo casi inexistente el gasto destinado a la adquisición de armamentos (en Scheetz, Thomas, Las Fuerzas Armadas Argentinas..., Op.cit.). 26. López, Ernesto, La reducción del gasto militar en la Argentina: algunas implicaciones económicas y políticas , en Centro regional para la paz, el desarme y el desarrollo en América Latina y el Caribe, Proliferación de armamentos y A

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costos y de los errores que se cometieron en una guerra sucia como la que tuvimos que vivir, lo cierto es que desapareció el aparato subversivo de la Argentina. Eso se lo debemos al pueblo, que comprendió la etapa que vivimos, y a los hombres de armas y de seguridad [...]. En una guerra sucia merecen respeto todos tanto los muertos de un sector como los del otro. También hubo torturas, cautiverio y asesinatos por parte de quienes ahora se rasgan las vestiduras levantando la voz en contra de las Fuerzas Armadas. Yo he sido una de sus víctimas, así que tengo más autoridad que muchos para hacer referencia a estos temas [...]. es mejor olvidar todo esto (en: Diarios Clarín, Página/12 y La Prensa, Buenos Aires, 4 de noviembre de

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medidas fomento de la confianza y la seguridad en América Latina, Naciones Unidas, Lima, 1994. 27. Diario Clarín, Buenos Aires, 5 de noviembre de 1991. 28. Véase: Urien Berri, Jorge y Marín, Dante, El último colimba, Planeta, Buenos Aires, 1995. 29. Véase: Seguridad Estratégica Regional en el 2000, Servicio Militar Obligatorio. Encuesta Nacional, agosto de

1994). 14. Diario Página/12, Buenos Aires, 3 y 5 de marzo de 1995 15. Para la confesión completa del Cap. de Corbeta Adolfo Scilingo acerca de la represión ilegal llevada a cabo en la Escuela de Mecánica de la Armada, véase: Verbitsky, Horacio, El vuelo, Planeta, Buenos Aires, 1995. 16. Diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 26 de abril de 1995. 17. Véase: Diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 1990. 18. Sain, Marcelo, Los levantamientos..., Op.cit.. 19. Véase: Russell, Roberto y Zuvanic, Laura, La política exterior argentina en 1990: la profundización del alineamiento con Occidente , en Russell, Roberto y otros, Las políticas exteriores de Argentina y Brasil durante 1990, FLACSO-Programa Argentina, Serie de Documentos e Informes de Investigación Nro.110, Diciembre 1990; Escudé,

1994. De este trabajo surge que el 81,2% de los encuestados se manifestó de acuerdo con la instauración de un régimen de conscripción voluntario.

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Marcelo Sain Politica Militar de Menem

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