Trabajo practico Nº 1 Historia Constitucional argentina Nombre: Facundo Rioja Landriel Tema: Los primeros ensayos constitucionales patrios Consigna: Quiero que me hagan un análisis sobre cuáles y como fueron esos ensayos, pueden hacer cuadros, textos. Pueden usar cualquier bibliografía, Tau o la que quieran (doy esta libertad, en el convencimiento de que pueden administrarla, (hay mas bibliografía en el grupo de face (VEAN ARCHIVOS) sean críticos de sus propios trabajos, de su calidad saldrán sus posteriores contratos como licenciados). La bibliografía y las citas deben registrarse en el trabajo. Los TP serán corregidos en base a los criterios de la "guía de trabajo par a el estudiante virtual" que publiqué en la plataforma Éxitos Desarrollo
La Constitución. Antiguamente la constitución designaba, el conjunto co njunto de leyes fundamentales consagradas por la tradición, designando la estructura política del Estado. Pero a partir de los finales del Siglo XVIII empezaba a difundirse una nueva acepción en la cual, la Constitución era el conjunto de principios o leyes supremas de la organización política establecidos racionalmente, por escrito y en forma sistemática, sancionada de una vez por un cuerpo legislativo o constituyente en ejercicio del poder soberano de la Nación. Sin el constitucionalismo como sistema de ordenamiento jurídico, no puede existir la república, que es una estructura, y mucho menos la democracia, que es un contenido ético. La aparición del constitucionalismo respondió a la necesidad de limitar los absolutos poderes derivados de la monarquía de origen divino. La historia del constitucionalismo es, también, la historia de las limitaciones al poder público, y tales limitaciones, para ser efectivas y lograr la eficacia indispensable a los fines de su institución, requieren ser arquitecturadas en una forma o sistema de gobierno que organice y reglamente todas las manifestaciones de la autoridad. Por eso, la historia del constitucionalismo es la historia de la república democrática, con la cual se identifica el Estado de derecho. En el caso de nuestro país, la idea de una Constitución había estado en la mente de todos los patriotas desde el primer momento. Estas ideas comenzaron a concretarse a partir de los primeros ensayos constitucionales los cuales recibieron influencia de las doctrinas en boga, la de la Constitución federal de los Estados Unidos (1787) y la de los textos constitucionales de Francia (1791, 1793 y 1795), como así también de las constituciones venezolanas (1811 y 1812). Se puede afirmar que desde 1810 en adelante, la vida política argentina está regida por una idea fija que se traduce en la necesidad de organizar el país mediante una Constitución, y a eso se debe la serie ininterrumpida de ensayos efectuados, que si bien algunos se frustraron, el espíritu revolucionario persistió en esa dirección.
El presente trabajo trata sobre los diversos intentos de establecer una Constitución nacional que se sucedieron a lo largo de los años, a partir de 1810, en nuestro país.
El Reglamento Orgánico Considerado como “la primera Constitución del pueblo argentino”, aunque no establecía una
forma de gobierno, este tiende singular importancia debido a los principios que consagra y la organización de poderes que presenta. Es en realidad una reglamentación de los poderes del Estado, adecuada perfectamente a las necesidades de la época. A fines de junio de 1811, la delicada situación de la Junta Grande se tornó más crítica. Aunque disuelta la Sociedad Patriótica, los opositores porteños no cesaban en su actividad y hacían responsable al gobierno de todos los fracasos, pues argumentaban que la mayoría provinciana integrante de la Junta carecía de prestigio y eficacia por su excesivo número. Debido a la agitación pública, fue destituido el secretario Campana. Ante la hostilidad de la opinión pública y por mediación del Cabildo, la Junta Grande decretó el 23 de setiembre de 1811 la creación de un ejecutivo, cuya conducta debía quedar ajustada a las disposiciones que le dictaría la Junta. El Triunvirato se desprestigió debido a una serie de medidas desacertadas, como el Tratado de paz con Elio y la reafirmación de fidelidad y vasallaje a Fernando VII. Se crea la Junta Conservadora, que formarán los señores diputados de los pueblos y provincias; debiendo entenderse -agregaba más adelante- que los miembros que componen el Poder Ejecutivo (Triunvirato) son responsables de sus acciones ante la Junta Conservadora". Debido a esta disposición, el propio Triunvirato exigió de la Junta que reglamentara las normas a que debía atenerse en el desempeño de su cargo y como respuesta, bajo la dirección del Dean Funes, la Junta redactó un “Reglamento Orgánico”, que envió al Triunvirato el 22 de octubre de 1811. Por primera vez se establece así en nuestro país, la separación de poderes: el Ejecutivo quedaría a cargo del Triunvirato, el Legislativo como responsabilidad de la Junta Conservadora y el Judicial, ejercido por los Tribunales Independientes, otorgándole a la Junta, preeminencia sobre el Ejecutivo. El Reglamento se divide en 3 secciones La primera sección consta de 6 artículos y señala las atribuciones de: "La Junta Conservadora de la soberanía del señor don Fernando VII y de las leyes nacionales, en cuanto no se oponen al derecho supremo de la libertad civil de los pueblos americanos"; sus miembros debían turnarse mensualmente en la presidencia por el orden de su nombramiento. La declaración de guerra, la paz, la tregua, tratados de límites, impuestos nuevos, creación de tribunales y empleos desconocidos en la administración actual, nombramiento de individuos del Poder Ejecutivo, en caso de muerte o renuncia eran asuntos privativos de la Junta; en los artículos 5 y 6 se señala el tratamiento, honores y días de sesiones (martes y viernes), su concurrencia a las fiestas, donde ocuparía el primer puesto; los diputados eran inviolables y cesarían en sus cargos en el momento de la apertura del Congreso. La segunda sección tiene 14 artículos y trata del Poder Ejecutivo; está a cargo de los individuos nombrados en septiembre, y es independiente; defender el estado, organizar ejércitos, el sosiego público, la libertad civil, la recaudación e inversión de los fondos del Estado, cumplir
las leyes y fomentar la seguridad de todos los ciudadanos, conferir los empleos militares y civiles, tales son sus atribuciones. Debe promover la reunión de diputados y la celebración del Congreso; él sólo nombra los secretarios y juzga su conducta; no podrán conferir empleos a parientes hasta el tercer grado, sin previa consulta y aprobación de la Junta; ningún asunto judicial será de su resorte, salvo los casos de contrabando y el cobro de caudales. No podrá tener arrestado a ningún individuo, en ningún caso, más de 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitirlo al juez competente: la infracción de este artículo será considerada como un atentado contra la libertad de los ciudadanos. El art. 10 le co nfiere potestad, de nombrar un tribunal de 3 ciudadanos, para los casos de segunda suplicación, que antes competían al Consejo de Indias. Los 4 últimos artículos señalan el tratamiento que corresponde al Poder Ejecutivo, cuyos miembros se turnaban en la presidencia cada 4 meses, siendo responsables de su conducta pública ante la Junta, señalando finalmente el carácter provisional de su autoridad cuya duración era de sólo un año. Se refiere al Poder judicial, aludido en los 3 primeros artículos: "Es independiente y a él sólo toca juzgar a los ciudadanos"; los artículos 2 y 3 establecían que las leyes generales, las municipales y los bandos de buen gobierno serían reglas para las resoluciones judicial y que el poder judicial sería responsable del menor atentado que cometiera, en la substancia o en el modo, contra la libertad y seguridad de los súbditos. No dice quiénes forman el "Poder Judicial", suponiéndose que serían los tribunales existentes. Los artículos 4 y 5 dicen que el Reglamento subsistirá, hasta que el Congreso deslinde las atribuciones y facultades del Poder Judicial, reservándose la Junta, hasta tanto, el derecho de explicar las dudas que puedan surgir en la ejecución y observancia de los artículos del Reglamento.
Estatuto Provisional Disuelta la Junta Conservadora y derogado el Reglamento Orgánico, permanecía el Triunvirato como único y trunco organismo de gobierno, sin reglas ni prescripciones para ordenar su conducta; es para remediar esa situación el Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia redactó un programa con el fin de reglamentar la actuación del Triunvirato y el 22 de noviembre de 1811, este Reglamento tomó estado público con el nombre de “Estatuto Provisional de 1811″. Considerada como la primera Carta constitucional.
El gobierno deseaba una forma que sujetara la fuerza a la razón y la arbitrariedad a la ley; pidió pues a la Junta un Reglamento y ésta elaboró un Código Constitucional, de acuerdo al cual sujetaba al gobierno y a los magistrados a su autoridad soberana. Constaba de nueve artículos referidos a las funciones del Poder Ejecutivo, su composición y denominación y en ellos, específica y enfáticamente, se utiliza el término “gobierno” para referirse al Triunvirato.
Disponía la remoción periódica de los vocales, pero no de los secretarios, que estaban facultados para reemplazarlos e incorporó disposiciones anteriores sobre seguridad individual y libertad de imprenta. Mantenía la división de poderes, pero otorgaba al ejecutivo (el Triunvirato), las mayores atribuciones.
Artículos del estatuto. El Estatuto provisional, en sus 9 artículos, conserva el principio de la división de poderes: El art. 1° establece que los vocales se removerán cada 6 meses, turnándose en la presidencia por orden de antigüedad; para su nombramiento se creaba una Asamblea general integrada:
1°: Por el Ayuntamiento de Buenos Aires. 2°: Por las representaciones de los pueblos. 3°: Por un número de ciudadanos elegidos por la capital; en caso de ausencia de los titulares suplirían los secretarios. El art. 2° dice que el gobierno resolverá los grandes asuntos del Estado con acuerdo expreso de la Asamblea; el gobierno se compromete; Por el art. 3°, en tomar las medidas pertinentes para la pronta reunión del Congreso; El art. 4°, incorpora al Estatuto las disposiciones ya promulgadas sobre libertad de imprenta y seguridad individual; El art. 5°, señala las atribuciones del poder judicial, pero "el gobierno se asociará dos ciudadanos de probidad y luces para resolver en los asuntos de segunda suplicación"; El art. 6°, confiere al gobierno la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes y tomar cuantas medidas exija el imperio de la necesidad y las circunstancias del momento; En caso de renuncia, ausencia o muerte de los Secretarios el gobierno nombra al suplente, y dará cuenta a la próxima Asamblea (art. 7°); El Estatuto regirá hasta la apertura del Congreso (art. 8°), y no podrá ser modificado sin la aprobación de la Asamblea; Se comprometen en observarlo y jurarle fidelidad (art. 9°).
Asamblea del Año XIII También conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana del Año 1813, fue un congreso de diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata convocada por el Segundo Triunvirato, que sesionó en Buenos Aires desde el 31 de enero de 1813 hasta el 26 de enero de 1815. Esta tenia por objetivo que los representantes de los pueblos libres reconocieran la soberanía del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución que definiese el sistema institucional del nuevo estado. La Asamblea del Año XIII, fue la primera de carácter nacional argentino, y si bien no cumplió con su objetivo de dictar una Constitución, realizó una amplia y fecunda labor, en la cual se presentaron tres proyectos: Uno por la Comisión designada para ello, Proyecto de la Comisión Oficial, estaba dividido en 22 capítulos y 227 artículos. Adopta la forma republicana, unitaria de gobierno y declara que “las provincias Unidas del Río de la Plata forman una República libre e independiente ”. Concede el derecho de ciudadanía a todos los hombres libres mayores de dieciocho años y consagra a la católica, como la religión del Estado, pero tolera a los demás cultos). Por la Sociedad Patriótica, Proyecto de la Sociedad Patriótica, constaba de 211 artículos y fue considerado más aceptable que el anterior por cuanto dispone un Poder Ejecutivo unipersonal, desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente. Un tercero, presentado por los partidarios del caudillo oriental Artigas, era muy similar al contenido de la Constitución de la Confederación de los Estados Unidos y en el que se proponía la autonomía provincial con un mínimo poder nacional, en contraste con los otros dos, que eran fuertemente centralistas. Los tres proyectos fueron presentados ante la Asamblea, pero la mayoría, liderada por Alvear se opuso ni tan siquiera a considerarlos, argumentando que las circunstancias por las que atravesaba el país, impedían declarar expresamente la independencia y que todavía no era oportuno pensar en una Constitución escrita.
El Estatuto provisional de 1815
El Estatuto Provisional de 1815 fue un documento político redactado y aprobado por la Junta de Observación, la cual había sido nombrada a su vez por el Cabildo de Buenos Aires al disolverse la Asamblea del Año XIII. Su nombre completo era "Estatuto Provisional para la administración y dirección del Estado", el cual fue aceptado y jurado por el Director Supremo suplente, Ignacio Álvarez Thomas, el 6 de mayo de 1815. Este documento era muy semejante al proyecto de Constitución que la Sociedad Patriótica había presentado ante la Asamblea del Año XIII, siendo su contenido de carácter unitario. El Estatuto crea tres poderes: el Ejecutivo, en la figura del Director Supremo; el Legislativo, el cual estaba representado por la Junta de Observación; y el Judicial, por un tribunal superior y las cámaras de apelaciones. El Estatuto subordinaba el Poder Ejecutivo al Legislativo, ya que el Director Supremo podía cesar en su mandato a requerimiento de la Junta de Observación y del Cabildo. El Estatuto Provisional constaba de un largo preámbulo, seguido de siete secciones, las cuales estaban divididas en capítulos, un reglamento para la Junta de Observación y, finalmente, varias disposiciones generales. La primera sección se ocupa del "hombre en la sociedad", es decir, del ciudadano y reconoce a los habitantes el goce a los seis derechos: la vida, la libertad, la honra, la igualdad, la propiedad y la seguridad; La segunda sección dispone que el Poder Legislativo residirá en la Junta de Observación hasta tanto se expida el Congreso General de las Provincias; La tercera sección establecía: las provincias deberán ser convocadas a un Congreso General Constituyente a reunirse en la ciudad de San Miguel de Tucumán para que allí acuerden el lugar en que hayan que continuar sus sesiones; La cuarta sección estaba dedicada al Poder Judicial, dejando expresa constancia de su independencia con respecto a los otros dos poderes del Estado; La quinta sección se refiere a los procedimientos a seguir para las elecciones de Director Supremo, diputados para el Congreso General, gobernadores de las provincias, miembros del Cabildo e integrantes de la Junta de Observación; La sexta sección considera al ejército dividido en tres categoría, las milicias provinciales y las fuerzas de fronteras, bajo las órdenes del Director Supremo, y las milicas cívicas dependientes del Cabildo; La séptima sección se ocupaba de las declaraciones de los derechos y garantías referentes a la seguridad individual y a la libertad de imprenta.
La Constitución de 1819 La Constitución de 1819 fue la Constitución sancionada en mayo de 1819 por el Congreso de Tucumán, el cual se había trasladado a Buenos Aires dos años antes. Debido a su filosofía política unitaria fue rechazada por los caudillos federales, quienes se enfrentaron al Directorio Supremo de José Rondeau, batiéndolo finalmente. La Constitución del 19 significaba la muerte de las autonomías provinciales, del gobierno propio del federalismo histórico, de las aspiraciones democráticas y republicanas por las cuales había luchado sin desmayo el pueblo argentino. La Constitución constaba de seis secciones que comprendían un total de 138 artículos. La primera sección proclamaba que la religión del estado era Católica Apostólica Romana. La segunda sección dedicaba al Poder Legislativo que estaba organizado en base a un sistema bicameral: una Cámara de representantes integrada por diputados elegido uno por cada 25.000 habitantes; una Cámara de Senadores integrada por un representante por cada provincia, más tres senadores militares, cuatro religiosos, un senador por cada universidad y el Director de Estado una vez concluido el mandato. La tercera sección se dedicaba al Poder
Ejecutivo, representado por el Director de Estado, el cual era elegido por ambas cámaras a mayoría de sufragios, y permanecía cinco años en el poder; debía ser argentino nativo con un mínimo de 35 años de edad. La cuarta sección estaba dedicada al Poder Judicial, que estaba constituido por la Alta Corte de Justicia y demás tribunales inferiores. Esta Alta Corte de Justicia (Corte Suprema) estaba compuesta por siete jueces y dos fiscales, todos ellos abogados. La sección quinta enumera los derechos de la Nación, de los particulares. La sección sexta confiere al Congreso facultad para presentar la moción (por la cuarta parte de los miembros) y sancionar (por dos tercios de votos) la reforma de uno o varios artículos de la Constitución.
La Constitución de 1826 La Constitución de 1826 fue la Constitución que el Congreso General Constituyente de 1824 había sancionado el 24 de diciembre 1826, durante la Presidencia de Bernardino Rivadavia. Esta carta magna proclamaba el sistema representativo, republicano, consolidado en unidad de régimen; es decir que también proclamaba el unitarismo como forma de gobierno. El gobierno nacional se organizaba en base al principio de división de poderes. La comisión redactora había tenido muy en cuenta la Constitución del año 1819. El Poder Legislativo bicameral, estaba integrado por la Cámara de Representantes y la de Senadores. La primera la formaban diputados elegidos en forma directa, que duraban cuatro años en sus funciones y se renovaban cada dos; la segunda, por senadores de cada provincia elegidos en forma indirecta que duraban nueve años en sus funciones y se renovaban por tercios cada tres años. El Poder Ejecutivo desempeñado por un Presidente, duraba cinco años y era elegido en forma indirecta por juntas provinciales. El Poder Judicial estaba integrado por una Alta Corte de Justicia, tribunales inferiores y juzgados. Los gobiernos de provincia estarían a cargo de gobernadores, elegidos por el presidente con acuerdo del Senado, a propuesta en terna de los Consejos de Administración; estos organismos eran elegidos por el pueblo de cada provincia. El derecho de ciudadanía fue concedido a los hombres libres mayores de veinte años, pero quedaron privados del voto los analfabetos, los criados a sueldo, los peones y los jornaleros, hecho que motivó que el diputado Manuel Dorrego protestara enérgicamente por la limitación que se hacía hacía del derecho del sufragio al sector popular.
El Pacto Federal El Pacto Federal fue un tratado firmado entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe en la ciudad argentina de Santa Fe el 4 de enero de 1831, durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. El Pacto Federal constituía una alianza ofensiva y defensiva entre las provincias federales para hacer frente a la recientemente formada Liga Unitaria. Posteriormente adhirió al pacto la provincia de Corrientes, incorporando su diputado el 19 de agosto de 1831. Este acuerdo, que consta de 17 artículos, consistía en una verdadera alianza defensiva y ofensiva contra la Liga liderada por el general José María Paz, por lo que las provincias se comprometían a prestarse ayuda mutua en caso de ataques provenientes del extranjero (art. 2º), o de las otras provincias (art. 3º). Se instituía, además, un órgano de gobierno, la Comisión Representativa, con facultades para celebrar tratados de paz, declarar la guerra, ordenar la formación de ejércitos, determinar el contingente de tropas de cada una de las provincias, etc. Estaría formada por un diputado por cada una de las provincias litorales y tendría su residencia en Santa fe. Otra de las atribuciones importantes era la de convocar a un Congreso General
Federativo que organizara la administración general del país bajo el sistema federal, previendo para ello invitar a las demás provincias de la República, cuando estuviesen en plena libertad y tranquilidad. Frente a la grave situación interna planteada por la coalición unitaria que dominaba por la fuerza nueve provincias, la primera resolución de importancia que dispone esta Comisión Representativa fue declarar la guerra a la Liga Unitaria y la formación de un ejército para enfrentarla.
El Acuerdo de San Nicolás El Acuerdo de San Nicolás fue un pacto político suscripto por todas las provincias argentinas, con excepción de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1852. A través de dicho acuerdo se sentaron las bases de la organización nacional de Argentina, asegurando la reunión del Congreso Constituyente en la Provincia de Santa Fe, el cual finalmente sancionó la Constitución Nacional. El 8 de abril de 1852, dos días después de firmado el Protocolo de Palermo, el ministro José de la Peña había invitado a los gobernadores de las provincias a una reunión a efectuarse en San Nicolás de los Arroyos el 20 de mayo de 1852 a fin de convenir las bases de la organización nacional. Una vez hecha la convocatoria, Urquiza se reunió el día 5 mayo con un grupo de figuras destacadas para trazar el plan de la futura asamblea. El acuerdo de San Nicolás de los Arroyos estableció la plena vigencia del Pacto Federal de 1831, al que califica de ley fundamental, sobre el que la República debía organizarse dentro de un sistema federal. Con el objeto de sancionar la Constitución a mayoría de sufragio debía reunirse un Congreso Constituyente en el mes de agosto en la ciudad de Santa Fe para que una vez instalado determine el lugar definitivo de residencia. En el aspecto económico, y esto es algo fundamental, el Acuerdo de San Nicolás suprimió los llamados "derechos de tránsito" sobre las mercaderías que pasaban de una provincia a otra y dispuso reglamentar la navegación de los ríos interiores. Para sufragar los gastos generales de la administración, las provincias debían aportar proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores.
La Constitución de 1853 La Constitución argentina de 1853 fue la primera constitución que rigió en la mayor parte del territorio de la actual República Argentina. Fue aprobada con el a poyo general de los gobiernos provinciales, con la importante excepción del Estado de Buenos Aires, que se mantuvo separado de hecho de la Confederación Argentina hasta 1859. Fue sancionada por una convención constituyente, reunida en Santa Fe, y promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza, a la sazón director provisional de la Confederación Argentina. Precedida de un Preámbulo, donde se establecen los antecedentes y los fines de su creación. El texto propiamente dicho, se div ide en dos partes. La primera titulada “Declaraciones, derechos y garantías” fija la forma de organización del país bajo el sistema representativo,
republicano y federal, la religión católica como religión oficial del estado y la relación entre el gobierno federal y las provincias. Éstas tienen garantizadas la subsistencia de sus instituciones y la elección de sus gobernantes, con la única condición de que respeten el sistema republicano, asegurando el régimen municipal y la educación primaria gratuita. Su representación en el Senado es igualitaria (tres Senadores). Entre los derechos reconoce los civiles de los habitantes y los políticos de los ciudadanos. La libertad de trabajo, de reunión, de
prensa, de propiedad, de reunión, de asociación, de igualdad ante la ley, la libre navegación de los ríos, etc. son recogidos en el texto de la Carta Magna. El tema del derecho a la libertad de cultos fue objeto de una gran discusión. Zenteno era partidario de la intolerancia religiosa, y sostuvo que la libertad de cultos no podía sancionarse por el poder civil, sino que esa atribución le correspondía exclusivamente al Papa. De todos modos la libertad de cultos quedó consagrada entre los derechos del art. 14.
En la segunda parte establece cuales son las autoridades de la nación dando preeminencia al ejecutivo, por sobre el legislativo y el judicial. El Poder Ejecutivo está a cargo de un Presidente y de un Vicepresidente, que ocupará el lugar del primero, en caso de ausencia o enfermedad. El período de ejercicio del cargo era de seis años, sin posibilidad de reelección para el período inmediato posterior. El sistema Legislativo es bicameral, formado por una Cámara de Diputados que representa a la nación, en función del número de habitantes y una Cámara de Senadores que representa a las provincias. El Poder Judicial está representado por una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. El dictado de los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería quedaron reservados al gobierno nacional. El gobierno federal se reservaba el derecho de intervenir a las provincias, por su exclusiva decisión, en casos de graves crisis.
Bibliografía
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