Las Medidas Cautelares Aplicables Segun La Nueva Ley Procesal de Trabajo

SOLUCIONES LABORALES PARA EL

SECTOR PRIVADO

LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES SEGÚN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Álvaro GARCÍA MANRIQUE (*)

N O V E I T M U U S C E E R J E

Con la dación de la Ley N° 29497 (Nueva Ley Procesal del Trabajo) se introdujo, entre muchas novedades, una nueva propuesta de regulación de las medidas cautelares aplicables en los procesos laborales seguidos ante la justicia ordinaria. Y, Y, dentro de este paquete de nuevas reglas, rescatamos quizá la más importante de todas: la posibilidad, sin margen a dudas ni interpretaciones particulares particulares de algunos jueces (l a gran mayoría), de solicitar en los procesos laborales cualquier tipo de medidas cautelares existentes en las normas procesales, tanto la laboral como civil. En el presente artículo, el autor verifica la aplicabilidad de las medidas cautelares contempladas en otros ordenamientos procesales, especialmente el civil, en los juicios laborales, con el nuevo panorama de la Ley N° 29497.

I. Medidas cautelares aplicables en los procesos laborales según la Nueva Ley Procesal del Trabajo

L A R O B A L L A S E C O R P

A diferencia de su predecesora, la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) ha establecido con suficiente claridad que en los procesos laborales podrán dictarse todo tipo de medidas cautelares, tanto las que están contempladas expresamente en la misma NLPT como las que están reguladas por el Código Procesal Civil, e incluso en otros ordenamientos procesales. Seguramente, la finalidad de la NLPT ha sido zanjar la incertidumbre que generaba la regulación existente en la ALPT y que en muchos casos impidió que trabajadores accedieran a determinadas medidas cautelares en salvaguarda de sus derechos e intereses.

A continuación, enumeramos las principales características de cada una de las medidas cautelares que, precisamente por la nueva regulación propuesta por la NLPT, podrían dictarse en los procesos laborales: 1. Medidas para futura ejecución forzada a) Embargo

Se define al embargo como la afectación jurídica de un bien o de un derecho de quien está obligado a satisfacer una prestación dineraria. En términos jurídicos, afectar o gravar un bien o un derecho es imponerle una carga. Si situamos esta definición en un escenario comercial o de transacción, por el acto de gravar se com promete jurídicamente un bien o un derecho para que garantice la satisfacción de un crédito. En otras palabras, si llegado el momento

(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador de Soluciones Laborales. Especialista en Derecho La boral, Procesal Laboral y Seguridad Social.

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en que el deudor debe honrar su obligación no lo hace, el bien o derecho afectado (gravado) responde por la deuda de tal manera que esta sea pagada y el acreedor no se perjudique. El embargo es un acto de afectación por el acreedor, quien ante el incum plimiento de su deudor, inicia acciones legales en salvaguarda de su derecho de crédito. Es una medida que procede aun en los casos que el bien o derecho se encuentre en posesión de un tercero. Por ejemplo, un inmueble que es ocupado por una persona ajena al propietario no impide que el mismo sea embargado, pese a dicha circunstancia. Según Marianella Ledesma, “el em bargo es una medida cautelar que garantiza la ejecución de la sentencia que se dicte en un proceso, cuando este persigue una pretensión apreciable en dinero. Esta afectación se realiza en el momento inicial del proceso, incluso con carácter previo (…) quedando de esta manera asegurada la efectividad de la ejecución de sentencia que en su momento se dicte. Esto significa que el embargo requiere necesariamente de la exigencia judicial de una deuda, la que puede ser en metálico como en especie; en este último supuesto, se debe expresar en dinero la deuda que se reclame” (1). Son embargables todo tipo de bienes, salvo los establecidos por el artículo 648 del Código Procesal Civil que enumera los bienes respecto de los cuales no es posible que recaiga una medida judicial de embargo, y que son los siguientes: a) Los bienes del Estado. b) Los bienes constituidos en patrimonio familiar, salvo los frutos hasta las dos terceras partes aunque solamente para el pago de condenas penales, tributos relacionados con el bien y pensiones alimenticias.

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c) Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia. d) Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensa bles para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. e) Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. f) Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP). El exceso es embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el sesenta por ciento (60%) del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. g) Las pensiones alimentarias. h) Los bienes muebles de los tem plos religiosos. i) Los sepulcros. Con relación a la extensión del em bargo, podrá recaer no solamente so bre el bien afectado sino, además, sobre los accesorios, frutos y productos, siempre que así haya sido solicitado y concedido por el juez que dicta la medida cautelar. Como formas de embargo establecidas en la legislación procesal, tenemos las siguientes:

2. Embargo en forma de inscripción

Esta forma de embargo recae sobre bienes registrables (inmuebles, vehículos, acciones y participaciones en sociedades, etc.), con prescindencia del carácter privado o público del registro. Así, de los ejemplos propuestos, los bienes inmuebles y los bienes muebles registrables (como los vehículos) se inscriben en el Registro Público que controla, administra y supervisa la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mientras que las acciones y participaciones en sociedades mercantiles que no cotizan en la Bolsa de Valores se anotan e inscriben en un registro privado, controlado por la propia sociedad emisora de las acciones, siendo que todos ellos son bienes sobre los cuales puede recaer esta primera modalidad de embargo. Para la materialización de la medida de embargo en forma de inscripción, el juez de trabajo que dicta la medida deberá expedir los partes judiciales cursados al registro corres pondiente, a fin de que se anote la medida cautelar. Solo a partir de su inscripción en el registro respectivo, la medida podrá ser oponible a terceros. El monto del embargo no necesariamente coincidirá con el monto del petitorio contenido en la demanda que se tramita en el cuaderno princi pal. Por ejemplo, si hay una demanda de pago de beneficios sociales que interpone un trabajador, proceso en el cual también solicita una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, podrá hacerlo hasta por un monto superior al petitorio a fin de que incluya los intereses y otro beneficio de cuantía no determinada (por

(1) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Los nuevos procesos de ejecución y cautelar . Gaceta Jurídica, Primera edición, noviembre 2008, p. 118.

SOLUCIONES LABORALES Nº 58 / Octubre 2012

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ejemplo, participación en las utilidades), sobre un bien inmueble de pro piedad del empleador. Como otro ejemplo de embargo en forma de inscripción, imaginemos el caso de una demanda planteada por un trabajador del hogar que también verse sobre pago de beneficios sociales, podrá solicitar al juez que se anote un embargo en forma de inscripción sobre las acciones que el dueño del hogar posea en alguna empresa. La misma consecuencia si la demanda es planteada por un trabajador del régimen laboral general (Ley de Productividad y Competitividad Laboral) cuyo empleador sea una persona jurídica que posee acciones en otra persona jurídica, en cuyo caso se podrá anotar un embargo sobre dichas acciones. Funciona así en caso de los grupos empresariales. En cualquiera de los casos propuestos, la inscripción del embargo se realiza en el Libro Matrícula de Acciones que conserva cada empresa. Como se ha dicho, para la ejecución de esta medida cautelar el juzgado ante el cual se solicita no solamente debe expedir la resolución que conceda la medida peticionada, sino que además deberá expedir los partes judiciales respectivos, los que serán dirigidos y remitidos al Registrador del Registro Público o quien haga sus veces en caso de un Registro Privado en el cual se encuentre inscrito el inmueble o el bien mueble registra ble (predios, vehículos, acciones y/o participaciones, etc.). El registrador, o quien tenga a su cargo el registro si se trata de un registro de carácter privado (matrícula de acciones, por ejemplo), una vez recibidos los partes judiciales, de berá proceder a inscribir el embargo por el solo mérito del mandato judicial, salvo que exista incompatibilidad con un derecho ya inscrito, por ejemplo, que en Registros Públicos aparezca como propietario del bien una persona distinta de quien se señala en los partes judiciales.

En tales casos, el registrador público solicitará aclaración al Juzgado, a fin de no perjudicar el derecho de tercero. Si fuera el caso que se confirma que la titularidad del bien pertenece a persona distinta del afectado con la medida cautelar, no podrá inscribirse esta medida en aplicación del artículo 2017 del Código Civil que a la letra reza: “Artículo 2017.- No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior”. Si el bien está sujeto a copropiedad, es decir, que es un bien del cual el afectado no es el único propietario, el embargo solo se extenderá a la cuota ideal del obligado mas no a la cuota que pertenece al copropietario. Una vez efectuada la inscripción de la medida cautelar, la constancia que lo acredita y que lo expide el registrador público o privado se anexa al ex pediente judicial como prueba de que la medida ya ha sido ejecutada. Es notificada al afectado para que pueda ejercer su derecho de defensa y, si lo estima conveniente, impugnará la resolución que concede la medida cautelar mediante un recurso de apelación. El embargo puede recaer sobre bienes que, siendo inscribibles, aún no están inscritos, en cuyo caso no estaremos propiamente frente a un em bargo en forma de inscripción. Sin embargo, el juzgado podrá dis poner la inmatriculación del bien en el Registro Público aunque solo para efectos de la anotación de la medida cautelar de embargo. En su operatividad, el obligado al pago de la deuda es nombrado siem pre como depositario del bien y debe conservar la posesión inmediata del mismo, siguiéndose las pautas esta blecidas en el artículo 650 del Código Procesal Civil. El embargo en forma de inscripción, viene a ser un medio y no un fin en

sí mismo. Su finalidad última, que es garantizar el pago de una deuda dineraria, viene a ser materializada en caso que persista el incumplimiento de pago por parte del empleador y el titular de la medida (el trabajador) se vea en la necesidad de sacar a remate el bien embargado. Para todo ello, son de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 725 al 748 del Código Procesal Civil, que precisamente regulan el remate y la adjudicación de los bienes embargados. Sobre este último punto, cabe recordar que la remuneración y los beneficios sociales de los trabajadores están protegidos por la prioridad en el pago o “superprivilegio” consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, por cuya aplicación el pago de las deudas laborales siempre tendrá preferencia respecto de otras deudas de la misma empresa. Si un empleador tiene por igual deudas con entidades financieras y con sus trabajadores, aunque aquellas sean más antiguas en el tiempo o estén garantizadas con una hipoteca, serán estas últimas las que primero se pagarán. La preferencia o privilegio no solamente opera respecto de deudas con instituciones del sistema financiero sino con todo tipo de deudas: con proveedores, tributarias, etc. Esta prioridad o privilegio se extiende a los bienes del empleador, que servirán para pagar la deuda laboral antes que cualquier otro crédito. Por ejemplo, si una entidad financiera otorgó un préstamo a una empresa y se constituyó una hipoteca so bre un inmueble en garantía, y sobre este bien también pesa un embargo en forma de inscripción a favor de un trabajador; en el eventual caso que se tenga que sacar a remate dicho inmueble (sea por causa de la hi poteca o del embargo, es indistinto), con el dinero producto del remate primero se pagará la deuda de naturaleza laboral aun cuando la hipoteca sea anterior en el tiempo al embargo en los Registros Públicos. De no

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seguirse este orden, es decir, que se pretenda pagar primero el crédito garantizado con la hipoteca, el trabajador podrá interponer una demanda de tercería de pago preferente en aplicación del artículo 537 del Código Procesal Civil. 3. Embargo en forma de retención

Esta medida cautelar, como segunda modalidad de embargo cuyo estudio proponemos con esta guía operativa, recae sobre derechos de crédito u otros bienes que se encuentran en posesión de terceros (cuentas bancarias del em pleador en el sistema financiero, créditos o pagos a favor del empleador que están a cargo de terceros, etc.). Para su materialización, el juez de trabajo ordenará a la entidad del sistema financiero que no deje liberar los fondos contenidos en la cuenta retenida, y en el otro caso, ordenará al tercero que retenga el pago y no lo entregue al empleador, sino que lo ponga a disposición del juzgado a través de su consignación en el Banco de la Nación. En el mismo ejemplo planteado en el primer supuesto analizado, el traba jador que demanda el pago de beneficios sociales y además solicita una medida cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias del empleador en las entidades del sistema financiero, de concederse, las cuentas quedarán paralizadas mientras se encuentra vigente la medida cautelar. El perjuicio es inminente ya que el empleador no podrá continuar con sus operaciones con normalidad. Si se quiere plantear una comparación, un embargo en forma de retención sobre cuentas dinerarias es un mecanismo más eficaz de presión al empleador que un embargo en forma de inscripción, ya que aquel incide directamente en el quehacer diario del empleador y el desarrollo de su negocio. No es necesario que el trabajador indique en su solicitud el número de

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cuenta bancaria del empleador pues no es información de fácil acceso, bastará con que precise la entidad financiera y, solo si se tiene el dato a la mano, también la moneda en que se tiene la cuenta, aunque este último tampoco es un requisito ineludi ble para el solicitante de la medida. Ejecutada la medida, el empleador se encontrará en imposibilidad de realizar transacciones con cargo a la cuenta afectada, precisamente porque los fondos se encuentran “congelados” hasta que se resuelva la pretensión principal del trabajador. Para una garantía de mejor ejecución de esta medida cautelar, el tra bajador solicitante podrá pedir que el Secretario del Juzgado Laboral se dirija personalmente a la entidad del sistema financiero y tome el dicho de su representante, a fin de que directamente ante el funcionario jurisdiccional exprese si el empleador demandado posee o no cuentas o bienes en la entidad financiera. Esta diligencia es denominada “toma de dicho” a la que no es obligatorio que asista el trabajador solicitante, aunque podrá concurrir si así lo estima conveniente a sus intereses de garantía de la medida.

A esta figura jurídica se le denomina “doble pago” y está diseñada a fin de evitar cualquier tipo de colusión o connivencia entre el afectado con la medida y el tercero retenedor, en agravio del trabajador acreedor; así, está regulada por el artículo 660 del Código Procesal Civil, que a la letra reza: “Artículo 660.- Si el retenedor, incumpliendo la orden de retener, paga directamente al afectado, será obligado a efectuar nuevo pago a la orden del juzgado. Contra esta decisión procede apelación sin efecto suspensivo”. 4. Embargo en forma de intervención en recaudación

La finalidad de esta tercera modalidad de embargo es afectar los ingresos propios de una persona natural o jurídica, en cuyo caso el juez de tra bajo designará uno o más interventores-recaudadores para que recaben directamente los ingresos de aquella.

a) Si la entidad del sistema financiero o el tercero que tiene en su poder bienes o derechos del em pleador obligado, negara falsamente la existencia de dichos créditos o bienes, no solo será obligado por el juzgado al pago del valor de estos, sino que incluso podrá ser denunciado penalmente.

Esta medida cautelar es de aplicación, incluso, cuando el demandado sea una persona jurídica sin fines de lucro (por ejemplo, asociaciones civiles), pues la inexistencia de finalidad lucrativa no implica la inexistencia de actividad económica. Lo que hace que no exista fin de lucro es que los miembros de la persona jurídica no redistribuyan entre ellos las ganancias, pero igualmente desarrollan actividades económicas precisamente para cumplir el objeto de la persona jurídica. Además, las personas jurídicas sin fines de lucro igualmente contratan trabajadores en el marco de una relación laboral, ante quienes contraen obligaciones tan igual que lo hacen los empleadores que sí son personas jurídicas con fines de lucro. Ambas son empleadores por igual.

b) Si el retenedor incumple la orden de retener y paga directamente al empleador obligado, será compelido a efectuar nuevo pago a la orden del juzgado laboral.

Con relación a la operatividad de esta medida cautelar, ante la pretensión dineraria del trabajador demandante, este solicita que se nombre a un interventor recaudador para que

Con relación a esta medida cautelar de embargo en forma de retención, es preciso tener presente también lo siguiente:


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recabe directamente los ingresos de su empleador demandado.

actividad regular y ordinaria de lo intervenido.

para ello se aplican otras medidas cautelares.

El interventor informará periódicamente al juzgado de trabajo sobre los montos recaudados. Naturalmente, la persona que proponga el solicitante de la medida para ejercer este cargo tendrá que ser de su entera confianza y que no esté vinculado, directa o indirectamente, al empleador demandado. Eso sí, finalmente el juez de trabajo designa y nombra a quien ejercerá el cargo de interventor recaudador.

d) Poner a disposición del juez dentro del tercer día las cantidades recaudadas, consignándolas a su orden en el Banco de la Nación. Dicho plazo podrá ser modificado a iniciativa del juez o a pedido de parte.

El juez de trabajo, en este caso, nom bra también interventores informadores, precisamente con la finalidad de que sean quienes recojan la información que se requiere.

Sobre el particular, la resolución judicial que concede esta medida cautelar deberá precisar el nombre del interventor, así como la periodicidad de los informes que debe remitir al juez. La finalidad del interventor recaudador es que, sin que la empresa deje de realizar su actividad económica habitual y pueda continuar operando con normalidad, aquel sea quien recaude los ingresos que obtiene la empresa para que sean destinados al pago de la deuda laboral que precisamente está garantizada con la medida de intervención. Es importante destacar que el interventor recaudador no participa en la Administración y/o dirección de la empresa que está siendo intervenida, sino que, insistimos, su rol se centra exclusivamente al de recaudador de los ingresos e informar al juzgado so bre tales movimientos económicos. El artículo 662 del Código Procesal Civil establece las siguientes como obligaciones del interventor recaudador: a) Verificar el funcionamiento y conservación de lo intervenido, sin interferir ni interrumpir sus labores propias. b) Llevar control de ingresos y de egresos. c) Proporcionar, de los fondos que recaude, lo necesario para la

e) Informar, en los plazos señalados por el juzgado, el desarrollo regular de la intervención, especialmente los hechos señalados en los literales a), b) y c) anteriores. Asimismo, deberá informar inmediatamente al juzgado sobre aspectos que considere perjudiciales o inconvenientes a los intereses del trabajador que ha obtenido la medida cautelar, entre ellos, la falta de ingresos y la resistencia e intencional obstrucción por parte del empleador afectado con la medida y que dificulte o impida la actuación del interventor-recaudador. Si a consideración del solicitante de la medida, la intervención en recaudación es infructuosa, puede solicitar al juez de trabajo la clausura del negocio y la conversión de la medida de embargo a una de secuestro conservativo. La norma procesal deja a consideración del titular de la medida qué se considera como “infructuosa”, aunque igualmente corre traslado del pedido al afectado con la medida y debe existir informe del interventor y del veedor antes de que el juez emita su resolución por la que, de ser el caso, apruebe la conversión. 5. Embargo en forma de intervención en información

Esta medida cautelar resulta de aplicación cuando lo que solicita es reca bar información sobre el movimiento económico de una empresa, persona natural con negocio o persona jurídica; y no cuando se pretende recaudar dinero u otros bienes tangibles pues

En este caso, para precisar, lo que se persigue con esta medida cautelar es acceder a información tradicionalmente reservada y protegida del em pleador, relacionada con sus movimientos económicos. Puede aplicarse, en consecuencia, en los casos en que se discute la real situación financiera del empleador, por ejemplo, en las demandas cuya pretensión sea el pago de participación en las utilidades, que están plasmadas en documentos contables, tributarios y financieros de la empresa, a los que no se tiene acceso público. Con relación a las obligaciones del interventor informador, son las que están establecidas en el artículo 666 del Código Procesal Civil: a) Informar por escrito al juez, en las fechas que este señale, respecto de las comprobaciones sobre el movimiento económico de la em presa intervenida, así como otros temas que interesen a la materia controvertida. b) Dar cuenta inmediata al juez so bre los hechos que considere per judiciales al titular de la medida cautelar, o que obsten el ejercicio de la intervención. En lo que concierne a la ejecución de la medida, se sujeta a lo señalado por el artículo 667 del Código Procesal Civil, por lo que el secretario del juzgado redactará el acta de em bargo en presencia del empleador o de su representante, notificándole en ese acto la resolución que concede la medida cautelar. Asimismo, le expresará la forma y alcances de la medida, las facultades del interventor y la obligación de que sus requerimientos

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sean atendidos dentro de los límites establecidos por el juzgado. En la misma acta, el secretario del juzgado incluirá un inventario de los bienes y archivos existentes en la em presa, pudiendo el empleador dejar constancia en el acta de las observaciones que estime conveniente efectuar. Finalmente, cabe señalar que el interventor informador es responsa ble civil y penalmente de la veracidad de la información que ofrezca al juzgado. 6. Embargo en forma de administración

La finalidad de esta medida cautelar, que viene a ser otra modalidad de embargo, es que el solicitante, por sí o a través de un tercero en su nom bre, pase a administrar directamente una unidad de producción o comercio de propiedad del empleador. El objetivo es recaudar los frutos que produzcan el negocio. A diferencia de la medida de embargo en forma de intervención en recaudación, en el embargo en forma de administración el solicitante sí pretende, por sí o a través de un tercero, administrar el negocio que se está afectando, y no únicamente recaudar los ingresos que percibe por la actividad económica. En este caso, el administrador asume la representación y gestión de la em presa, concediéndosele las facultades necesarias para cumplir con ese encargo, por lo que se entiende que quedan suspendidas las facultades de los administradores ordinarios elegidos por la empresa. Esta medida cautelar es muy frecuente en caso de pretensiones de un colectivo u organización de trabajadores y ante riesgo de desaparición del negocio, en cuyo caso los traba jadores pretenden asumir la administración directa de la empresa y preservar la continuidad de la fuente de riqueza.

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Sabemos que los conflictos laborales pueden clasificarse, en cuanto a su finalidad, en conflictos de aplicación del Derecho y conflictos de regulación. El conflicto de aplicación puede referirse propiamente a la aplicación de una norma jurídica o esti pulación contractual, o también a su interpretación. En el caso del primero, el empleador o grupo de empleadores aplicando o inaplicando alguna disposición normativa o convencional, desconocen, enervan o suprimen un derecho aparente del trabajador. En el segundo, lo que sucede es que a partir del entendimiento de una o más disposiciones normativas o convencionales, distinto del sentido que sobre las mismas tienen los trabajadores del ámbito, el empleador o gru po de empleadores también desconocen, enervan o suprimen un derecho que en apariencia es exigible. Los conflictos de regulación, a su turno, tienen por objetivo la creación de una nueva norma jurídica (2). Son conflictos de regulación, por ejemplo, el que es motivado por el desacuerdo sobre incrementos salariales o la demora en la innovación de los equipos de cómputo del personal administrativo. El empleador que paga puntualmente los salarios fijados en pacto colectivo pero que se resiste a incrementarlos no está incumpliendo dis posición legal alguna, siempre que los sueldos respeten los mínimos legales. Solamente se está resistiendo a modificar la regulación existente. Para nosotros, la medida cautelar de embargo en forma de administración aplicará para los conflictos de aplicación del Derecho, no de regulación porque para este segundo tipo

de conflictos los mecanismos de solución son distintos del judicial. Como se ha dicho, las facultades de administración que el empleador tiene respecto de su empresa quedan suspendidas, ya que será un tercero quien temporalmente ostentará esas atribuciones. El administrador tiene el deber de informar periódicamente al juzgado, cada vez que este lo requiera, sobre la situación económica y financiera de la empresa. Las modalidades de embargo en forma de administración y en forma de recaudación están asociadas, dada la particularidad que regula el artículo 670 del Código Procesal Civil. Así, a solicitud fundamentada del titular de la medida (los trabajadores), se puede convertir la intervención en recaudación a intervención en administración. Este pedido es resuelto por el juzgado de trabajo, previo traslado de la solicitud al empleador y con la opinión del veedor si acaso se hubiera nombrado uno. Con relación a las obligaciones del administrador, son las señaladas por el artículo 671 del Código Procesal Civil, entre ellas: a) Gerenciar la empresa embargada, con sujeción a su objeto social. b) Realizar los gastos ordinarios y los de conservación. c) Cumplir con las obligaciones la borales que correspondan. d) Pagar tributos y demás obligaciones legales.

(2) El profesor Alfredo Montoya Melgar señala que: “Los conflictos sobre aplicación del Derecho son, pues, aquellos que surgen con ocasión de la interpretación y aplicación de una norma (legal, reglamentaria o convenida), cuya pervivencia no es cuestionada por los litigantes […] los confli ctos de regulación son aquellos en los que, lejos de discutirse la aplicación de una norma al caso litigioso concreto, es la propia norma la que se pone en cuestión; se debate la oportunidad de la norma existente, pretendiéndose su modificación o sustitución por otra (el caso típico es el de la negociación de un nuevo convenio colectivo) o, simplemente se postula el dictado de una nueva norma que cubra una situación de vacío normativo”. MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. 19ª edición, Tecnos, Madrid, p. 701.


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e) Formular los balances y las declaraciones juradas dispuestas por ley. f) Proporcionar al juez de trabajo la información que este exija, agregando las observaciones sobre su gestión. g) Poner a disposición del juzgado de trabajo las utilidades o frutos obtenidos. a) Secuestro

Como segundo gran grupo de medidas cautelares para futura ejecución forzada tenemos al secuestro. Este tipo de medida cautelar es admisible cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o de posesión sobre determinado bien, el cual quedará afectado con la medida cautelar mediante la desposesión del mismo a su tenedor y su ulterior entrega a un custodio, el cual es designado por el juez de trabajo y a quien se le investirá de atribuciones y facultades respecto al bien materia de secuestro. En materia laboral puede ser especialmente aplicable y viable, por ejemplo, cuando un trabajador pretenda reivindicar la propiedad de un bien que su empleador le transfirió mediante dación en pago en el convenio de extinción de vínculo laboral por mutuo disenso, como pago de la liquidación de beneficios sociales. Si el empleador no cumple con entregar el bien con el cual se cancelará dicha obligación, el trabajador podrá iniciar acciones con la finalidad de que se le haga entrega del bien, que ya es de su propiedad precisamente por causa de la dación en pago, y mientras ello se dilucida se podrá solicitar como medida cautelar el secuestro conservativo del bien en litigio. Excepcionalmente procede la medida de secuestro cuando se pretenda garantizar una obligación de pago contenida en un título ejecutivo de

naturaleza judicial o extrajudicial, pudiendo recaer en cualquier bien del deudor, con el carácter de secuestro conservativo, también con desposesión y entrega al custodio. Recordemos que el artículo 57 de la NLPT tipifica los siguientes siete (7) títulos ejecutivos: a) Las resoluciones judiciales firmes, que están asociadas al concepto jurídico de la cosa juzgada. b) Las actas de conciliación judicial, que son extendidas en virtud de una audiencia de conciliación en un proceso laboral, en los términos del artículo 43 de la NLPT y cumpliendo los requisitos del artículo 30 de la misma ley. c) Los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral, que pueden resolver conflictos jurídicos laborales de carácter individual o colectivo. d) Las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones, que son actos administrativos que causan estado, expedidas en última instancia administrativa y en el marco de su competencia y atribuciones. Por ejemplo, aquella que en última instancia dispone la incorporación de un prestador de servicios a la planilla de trabajadores de la empresa, luego de culminado un procedimiento inspectivo. e) El documento privado que contenga una transacción extrajudicial. Según lo dispuesto por el artículo 1302 del Código Civil, por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. La transacción tiene el valor de cosa juzgada.

Nótese que tendrá carácter de título ejecutivo el mero documento privado donde conste la transacción, aunque sí se recomienda que conste en documento de fecha cierta, por ejemplo, con firmas legalizadas notarialmente. Ahora, si bien es cierto que esta norma pareciera excluir a los documentos públicos donde conste una transacción extrajudicial como sería una escritura pública, consideramos que igualmente se enmarca en el supuesto de esta norma ya que, pese a ser otorgada ante Notario Público, igualmente surge de la autonomía privada y no deja de ser un acuerdo privado de voluntades. f) El acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa. La conciliación extrajudicial privada se rige por lo dispuesto por la Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-JUS y es permitida en materia laboral, aunque deberá respetarse el carácter irrenunciable de los derechos del traba jador. Se siguen ante los centros de conciliación privados, los que deberán contar con conciliadores acreditados en la materia por el Ministerio de Justicia. Por su parte, la conciliación extra judicial administrativa se lleva a cabo ante las Oficinas de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y está regulada por el Decreto Legislativo N° 910. Es voluntaria para el trabajador, ya que podrá optar por acudir directamente ante el Poder Judicial pero, de iniciar efectivamente el trámite de conciliación, será obligatorio para el empleador acudir a la audiencia convocada a tal efecto, bajo pena de multa. En uno y otro caso, la conciliación solamente puede versar so bre derechos disponibles. El acta, en ambos casos, tiene mérito ejecutivo y se ejecuta como tal.

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Solamente la conciliación administrativa suspende los plazos de caducidad en materia laboral; la conciliación privada sus pende únicamente los plazos de prescripción. g) La liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones. Cuando un empleador no cumple con pagar los aportes al Sistema Privado de Pensiones que retiene de los ingresos de sus trabajadores, la Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP) está obligada a iniciar un proceso judicial para la cobranza de los aportes, bajo las reglas de la vía ejecutiva. Para ello, calculan el monto adeudado y emiten la liquidación para cobranza, la cual debe tener el contenido mínimo que estipula el artículo 37 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones (aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF). Esta liquidación para cobranza tiene mérito ejecutivo. b) Anotación de demanda

Como tercer grupo de medidas cautelares para futura ejecución forzada, tenemos la anotación de demanda. Esta medida procede cuando la discusión en el proceso recae sobre derechos inscritos, en cuyo caso el juez de trabajo dispondrá que se anote la demanda respectiva en el registro respectivo. Esta medida subsiste aun cuando el bien sea posteriormente transferido, en cuyo caso el nuevo adquirente del bien conoce que el mismo es litigioso, a su completo riesgo. Naturalmente, la medida cautelar tendrá que ser anotada antes de cualquier transferencia. Es de aplicación aquí el principio de publicidad registral consagrado en el artículo 2012 del Código Civil, que a la letra reza: “Artículo 2012.- Se presume, sin admitir prueba en contrario,

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que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”. A manera de ejemplo. Si el bien que el trabajador pretende reivindicar está inscrito en los Registros Públicos, podrá proceder esta medida cautelar. Y, por la misma razón antes explicada, cualquier acto de disposición posterior del empleador sobre el bien carecerá de mayor eficacia, ya que si finalmente el trabajador vence en el juicio, el bien regresa a la esfera patrimonial del empleador para que sea entregado al trabajador. Es una medida muy útil ya que evita que el titular del bien litigioso se coluda con futuros adquirentes de mala fe y los transfiera fraudulentamente con la finalidad de disminuir su patrimonio conocido. 7. Medidas temporales sobre el fondo a) Medida fondo

temporal

sobre

el

En el caso de estas medidas cautelares, lo que se persigue es la ejecución anticipada de lo que el juez de tra bajo va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de esta. El juez evaluará que la decisión pueda ser revertida y no afecte el interés público. El artículo 55 de la NLPT recoge un supuesto especial de procedencia, que es el de medida especial de re posición provisional del trabajador, que constituye una disposición con un contenido bastante novedoso para los procesos laborales ante la justicia ordinaria aunque no en la teoría general del proceso cautelar, pues ya tiene su antecedente en el artículo 674 del Código Procesal Civil que regula las medidas cautelares temporales sobre el fondo. En términos simples estas medidas, entre las cuales identificamos la re posición provisional contenida en el artículo 55 de la NLPT, tienen como


objetivo la ejecución anticipada de lo que el juez resolverá finalmente en la sentencia. Se trata de que el juez anticipe su fallo por la existencia de una especial urgencia de tutela y, como es lógico, por la verosimilitud del derecho invocado por el solicitante. Bajo esa premisa, la medida cautelar de reposición provisional se sitúa en el contexto de un proceso cuya pretensión principal es la reposición del trabajador ante la justicia ordinaria, cuando el demandante acredite los requisitos ya estudiados: apariencia o verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y el ofrecimiento de contracautela. Tienen especial procedencia cuando el demandante: a) Haya sido al momento del des pido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o trabajador discapacitado. b) Haya estado gestionando la conformación de una organización sindical. c) El fundamento de la demanda sea verosímil. A nuestro criterio, el solicitante de berá situarse en cualquiera de los su puestos detallados en los literales a) y b), empero, en ambos casos de berá cumplir con el requisito establecido en el literal c). En otras pala bras, no bastará que el trabajador se sitúe en alguno de los supuestos indicados para que se le conceda la medida de reposición provisional, sino que siempre deberá existir verosimilitud o apariencia de derecho en su solicitud cautelar. Enfatizamos que esta medida de re posición provisional es aplicable en todos los casos en los que la pretensión del trabajador demandante consista en la reposición en su puesto de labores, no únicamente en los su puestos antes referidos en los que es especialmente procedente.

PROCESAL LABORAL

La norma no excluye a los demás su puestos de nulidad de despido, por ejemplo, aquel trabajador que es des pedido por haber participado en una queja o proceso contra el empleador, siempre que demuestre la verosimilitud de su derecho y cumpla con los demás requisitos generales para su otorgamiento. En el entendido que se trata de una medida cautelar por la cual el juez anticipa el posible fallo de su sentencia, si estando vigente la reposición provisional la sentencia final declara fundada la demanda interpuesta por el trabajador no será necesario que se inicie propiamente la etapa de ejecución, pues se entenderá que la sentencia ya ha sido ejecutada. Por el contrario, si la sentencia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho aun cuando aquella sea impugnada, salvo que excepcionalmente el juez conceda mantener la vigencia de la medida si el trabajador demandante ofrece contracautela de naturaleza real o fianza solidaria, y ya no de naturaleza personal (caución juratoria). b) Asignación anticipada (provisional)

Esta medida cautelar guarda un ob jetivo similar al anterior, y en los procesos laborales existe un supuesto especial de procedencia en caso de demandas de nulidad de despido, recogido por el artículo 56 de la NLPT. Esta medida guarda relación con el artículo 41 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad La boral (aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR), que contem pla la posibilidad de conceder en los procesos de nulidad de despido una asignación provisional al trabajador mientras dura el trámite del proceso. No se dispone la reposición provisional, sino únicamente la entrega de un monto dinerario, a las resultas de la decisión final.

El monto de la asignación provisional no podrá exceder del equivalente a la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador antes del despido, y se abona con cargo a la compensación por tiempo de servicios (CTS) del trabajador. Justamente por esta última razón, si la sentencia final ordena la reposición del trabajador el empleador debe restituir los depósitos más sus intereses y, si a su vez ordena el pago de remuneraciones devengadas desde la fecha de despido hasta la efectiva reposición del trabajador, las asignaciones entregadas se deducen de estas. Naturalmente, si la sentencia firme declara infundada la demanda, el empleador no quedará obligado a restituir los depósitos de CTS ni sus intereses. 8. Medidas innovativas

Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho, cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional por lo que solo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley. Como ejemplos que demuestren su utilidad: a) Se pretende que el órgano jurisdiccional suspenda los efectos de un laudo arbitral económico que es materia de impugnación. b) Se pretende que el juez ordene al empleador a renovar un contrato de trabajo a plazo fijo ya que la decisión del empleador de no renovarlo perjudica abiertamente los intereses de la organización sindical a la cual pertenece dicho trabajador; entre otros supuestos. Discrepamos con quienes sostienen que la solicitud de reposición provisional del trabajador en su puesto

de trabajo califica como una medida cautelar innovativa. Si este tipo de medidas (innovativas) se aplican, por propia definición, cuando no sea de aplicación alguna otra medida específica, cómo podría decirse que la reposición provisional tiene esa naturaleza si precisamente existe una medida específica, como son las temporales sobre el fondo, que resulta de plena aplicación y viabilidad. A nuestro criterio, la reposición provisional es una medida temporal sobre el fondo y no una medida innovativa. 9. Medida de no innovar

En el caso de estas medidas cautelares, presuponen también la inminencia de un perjuicio irreparable, en cuyo caso puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o es invocada en la demanda tramitada en el cuaderno principal y se encuentre en relación con las personas y bienes comprendidos en el proceso. Tiene carácter excepcional en los mismos términos fijados para las medidas innovativas. Son de naturaleza residual y ante la inexistencia de alguna medida que resulte de especial aplicación al caso concreto. Como ejemplos gráficos, podemos citar los siguientes: a) Se pretende que el juez ordene al empleador a no transferir la pro piedad de un bien que el trabajador alega ser propietario, ya que lo recibió en calidad de dación en pago de su liquidación de beneficios sociales. b) Se pretende que el juez de trabajo ordene al empleador a no iniciar un procedimiento de cese colectivo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; entre otros supuestos.

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10. Medidas cautelares genéricas

Además de las medidas cautelares expresamente previstas por la NLPT, puede también el juez de trabajo dictar medidas no previstas expresamente que también aseguren de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. Según Marianella Ledesma, “la medida cautelar genérica o innominada es la que puede dictar el juez atendiendo a las necesidades del caso, si no existiese un modo específico que satisfaga la necesidad de aseguramiento. Es aquella que no se encasilla o se ubica en los tipos de medidas ya existentes”(3). II. Oportunidad de las medidas cautelares en la NLPT

Como segunda novedad importante traída por la NLPT, en adelante las medidas cautelares podrán ser solicitadas y concedidas no solamente dentro de un proceso ya iniciado, sino que también podrán solicitarse y concederse antes de que se interponga la demanda, situación similar a los procesos civiles. En este último caso, se denominan medidas cautelares fuera de proceso

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y, como corresponde, el juez que conocerá la demanda será el mismo ante quien se solicitó y ejecutó previamente la medida cautelar. Su predecesora, la Ley N° 26636, solamente admitía medidas cautelares dentro de un proceso ya iniciado. Recogiendo las disposiciones del Código Procesal Civil sobre esta materia, cuando se concede una medida cautelar fuera de proceso, una vez que esta es ejecutada el demandante tiene que interponer su demanda ante el mismo juez dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a dicho acto, aplicándose supletoriamente lo establecido por el artículo 636 del citado cuer po normativo. De no interponer la demanda, o haciéndolo la misma es rechazada liminarmente, la medida cautelar caduca de pleno derecho, por lo tanto, se recomienda no solo presentar a tiem po la demanda sino que esta reúna todos los requisitos de procedencia, de lo contrario la medida cautelar será automáticamente cancelada.

(3) Ob. cit., p. 82.


Por otro lado, tan igual que en los procesos civiles, las medidas cautelares en los procesos laborales se tramitan en cuaderno separado del principal. El juez laboral no podrá otorgar una medida cautelar de oficio; siempre tendrá que haber sido solicitada previamente por la parte que pretende beneficiarse con ella (por lo general, el trabajador). Puede solicitarse una o más medidas cautelares dentro de un mismo proceso, correspondiendo al juez decidir sobre la procedencia de cada una de ellas. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte, con la finalidad de garantizar su ejecución. La parte afectada con la medida toma conocimiento de ella cuando esta es ejecutada, en cuyo caso recién podrá apersonarse al proceso cautelar y, de estimarlo conveniente, inter poner el recurso que la ley le autoriza, apelando el auto que concede la medida cautelar para que sea revisado por la instancia superior.

Las Medidas Cautelares Aplicables Segun La Nueva Ley Procesal de Trabajo

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