LA II REPÚBLICA (1931-1936) 1. INTRODUCCIÓN. El final de la dictadura de Primo de Rivera supuso la quiebra definitiva del sistema político de la Restauración y el inicio de una nueva etapa republicana, durante la cual se intentó impulsar un proceso de modernización y democratización de la vida política, económica, social y cultural españolas. No obstante, la República fue incapaz de resolver los grandes problemas que arrastraba el país, desembocando en una guerra civil entre las diferentes formas de concebir España.
2. DE LA MONARQUÍA A LA REPÚBLICA. Desde 1929, las repercusiones de la crisis económica internacional se empezaron a notar en el régimen iniciado por el Miguel Primo de Rivera con su golpe de Estado de 1923, y el clima de oposición a la dictadura aumentó considerablemente. Así, falto de apoyos, el dictador dimitió en enero de 1930. Entonces, Alfonso XIII nombró jefe de gobierno al general Berenguer, que debía preparar unas elecciones y retornar a la legalidad constitucional. Incapaz de acometer su labor, Berenguer fue sustituido por el almirante Aznar, que convocó elecciones a tres niveles: municipal, provincial y legislativo. El gobierno decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales, al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía, y las fijó para el 12 de abril de 1931. Las elecciones acabarían por convertirse en una especie de plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Entonces, la oposición al régimen monárquico (republicanos, socialistas y nacionalistas de izquierda) constituyó una coalición para presentarse unida a las elecciones (Pacto de San Sebastián, 1930), mientras los partidos monárquicos se presentaron divididos. Los resultados electorales otorgaron un número de concejales similar a la coalición republicana y a los partidos monárquicos. Pero, aunque estos últimos mantuvieron su fuerza en gran parte de las zonas agrarias, la coalición republicanosocialista triunfó en las grandes capitales y en las regiones industriales. El resultado evidenciaba un rechazo a la Monarquía y un deseo de cambio político. Miles Mil es de ciudadanos salieron a las calles de forma espontánea, para demandar la proclamación de la República. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII suspendió la potestad real y abandonó el país hacia el exilio. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República en medio del entusiasmo popular. Inmediatamente, se formó un gobierno provisional, integrado por republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas, que inició las primeras reformas: a) Amnistía para los presos políticos y libertad de partidos y sindicatos. b) Leyes sociales social es para mejorar la situación de los jornaleros: jornada laboral de ocho horas y la Ley de Jurados Mixtos. c) Establecimiento de una Generalidad provisional de Cataluña, como paso previo a la autonomía. En los primeros meses, el nuevo gobierno tuvo que afrontar algunos conflictos, sobre todo la quema de conventos como respuesta a las declaraciones a favor de la monarquía por parte de la jerarquía eclesiásticas. Además, en algunas ciudades 1
españolas, estallaron importantes huelgas obreras convocadas por la CNT, que aspiraba a la revolución social. En junio de 1931, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista. La primera gran tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una Constitución, que fue aprobada en diciembre de es e año. La Constitución reconocía el sufragio universal masculino y femenino y proclamaban la aconfesionalidad del Estado, aunque se respetaban todos los cultos y creencias. Presentaba una declaración de derechos individuales y establecía amplias libertades públicas y privadas. Reconocía el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública. El poder legislativo residía en las Cortes (una sola Cámara), el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República, mientras se asentaba la independencia del poder judicial. El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, mientras Manuel Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.
3. EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933). El nuevo gobierno emprendió, durante dos años, la tarea de reformar el país en un sentido democrático, laico y descentralizado. Se pretendía dar solución a algunos de los graves problemas pendientes desde el siglo si glo anterior, con el objetivo de modernizar la economía y la sociedad españolas. L a reforma reforma mil itar.
Manuel Azaña acometió la reforma del ejército, al que se consideraba atrasado técnicamente y con un exceso de mandos en relación a la tropa. Para ello, el gobierno elaboró una ley de retiros que posibilitó la jubilación de casi la mitad de los oficiales. Igualmente, se sometió el ejército al poder civil, se redujo el número de capitanías generales, se disolvió la Academia Militar de Zaragoza y se cambiaron aquellos mandos del ejército considerados contrarios a la República. L a refor ma r eli giosa giosa y educativa. educativa.
También se intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación. La nueva Constitución separó la Iglesia del Estado y, en consecuencia, se abolió el presupuesto de culto y clero, se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús. También se introdujeron el matrimonio y el entierro civiles y se elaboró una ley de divorcio. El gobierno trató de promover una educación laica y el Estado asumió la responsabilidad de la escuela pública. De este modo, destinaron grandes inversiones a realizar construcciones escolares y a incrementar el número de profesores. L a reforma reforma terr terr itorial.
La Constitución abrió el camino a la descentralización del Estado, ofreciendo la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y establecer gobiernos autónomos. En Cataluña, el gobierno provisional de la Generalitat redactó un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por la Cortes en 1932. En el País Vasco, se empezó la 2
redacción de un estatuto, que fue aprobado en 1936. En Galicia, el inicio de la Guerra Civil frenó el proceso autonómico. L a refor refor ma agrari agrari a.
La República abordó el problema del latifundismo. En algunas zonas de España, sobre todo en Andalucía y Extremadura, existían cientos de miles de jornaleros sin tierras y en una situación de extrema miseria, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de propietarios. Una ley del gobierno, en 1932, decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió distribuirlas entre los campesinos sin tierras. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) era el organismo encargado de indemnizar a los propietarios y de facilitar el asentamiento de las familias campesinas. El reformismo republicano tuvo que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios agrarios, la jerarquía jer arquía de la Iglesia católica, cat ólica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias. Estos grupos sintieron amenazadas sus propiedades, y el poder que desde siglos venían venían ejerciendo en la vida española En 1932, un golpe de Estado, dirigido por el general Sanjurjo, fue frenado por el gobierno. Pero las fuerzas de la derecha se reagruparon en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con José María Gil Robles al frente. Asimismo, surgió un nuevo grupo de carácter fascista, la Falange Española (FE), dirigido por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Los monárquicos (José Calvo Sotelo) y los carlistas también se unieron a la oposición. La lentitud de algunas reformas, especialmente la reforma agraria, exacerbó los ánimos de algunos jornaleros y obreros, que deseaban más cambios y más rápidos. La UGT se radicalizó y algunos núcleos anarquistas, sobre todo los vinculados a la FAI, apostaron directamente por la insurrección armadas para transformar de manera revolucionaria la sociedad española. Así, protagonizaron algunos levantamientos que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de orden públicos.
4. EL BIENIO CONSERVADOR Y EL FRENTE POPULAR (1933-1936). La represión del levantamiento de Casas Viejas, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por la Guardia Civil, hizo entrar en crisis al gobierno. Manuel Azaña presentó su dimisión como jefe del gobierno y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. Las elecciones fueron ganadas por los partidos de derechas y de centro, y Alejandro Lerroux, del Partido Radical, fue elegido presidente con el apoyo parlamentario de la CEDA. El nuevo gobierno inició un proceso de desmantelamiento de la obra reformista del bienio anterior: paralizó la reforma agraria, modificó la política religiosa, propiciando un acercamiento al Vaticano, y amnistió a los sublevados del golpe del general Sanjurjo. Esta situación provocó la radicaliz ación de los partidos de izquierdas. En 1934 tuvo lugar una remodelación del gobierno, que dio entrada a tres ministros de la CEDA. Este hecho fue la chispa que enc endió el estallido de revueltas en todo el país, aunque fue en Asturias y en Cataluña donde alcanzaron ma yor gravedad. En Asturias, la revolución tuvo un carácter más social. Los anarquistas, socialistas y comunistas, unidos, ocuparon la cuenca minera y proclamaron la 3
revolución social. La revuelta fue sofocada por el ejército y estuvo seguida de una gran represión. En Cataluña, donde el gobierno de la Generalitat conservó una coalición de izquierdas, fue el propio presidente Lluís Companys el que encabezó la insurrección, proclamando el Estado catalán dentro de la República Española. La rebelión fue rápidamente sofocada y en represalia se disolvió la Generalitat, se encarceló a su presidente, junto a otros líderes políticos, y se suspendió su Estatuto de Autonomía. Autonomía. Las desavenencias entre los partidos de la coalición gubernamental y, sobre todo, los escándalos de corrupción en el gobierno, llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936. Las fuerzas de centro-izquierda se presentaron agrupadas en el Frente Popular. Su programa consistía en recuperar las grandes reformas del primer bienio republicano y en conseguir la amnistía para los represaliados de 1934. La CNT, que no participaba en las elecciones, debido a su apoliticismo, recomendó el voto a esta coalición. La derecha acudió dividida entre el Bloque Nacional, liderados por Calvo Sotelo, que agrupaba a los monárquicos y tradicionalistas, la CEDA y Falange Española. Su programa pretendía modificar la Constitución en un sentido conservador. Las elecciones dieron la victoria, aunque por escaso margen, al Frente Popular. En mayo, Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, y Santiago Casares Quiroga jefe de gobierno. La coalición de izquierdas continuó las reformas frenadas en 1933 y se reinstauró la Generalitat de Cataluña, reiniciándose de nuevo el proceso autonómico en el País Vasco y Galicia. La división entre derechas e izquierdas, plasmada en el resultado electoral, se dejó sentir en la calle. Los sectores más radicales de la izquierda propugnaban la revolución social. Los extremistas de derechas, que contaban con el apoyo de un sector del ejército, defendían la necesidad de un golpe de Estado que pusiese fin a la República y al proceso de reformas. Las tensiones entre los bloques opuestos desencadenaron un clima de violencia social, que culminó con el asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo, en represalia por la muerte del teniente Castillo, militante socialista. Este clima de violencia fue el pretexto a partir del cual las fuerzas conservadoras, contrarias a la República, decidieron que había llegado el momento de interrumpir por las armas el proceso reformista republicano.
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