La Falange, el Movimiento y el desarrollo político – Raimundo Fernández Cuesta

La Falange, el Movimiento y el desarrollo político – Raimundo Fernández Cuesta


RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA

LA FALANGE, EL MOVIMIENTO Y EL DESARROLLO POLÍTICO

Conferencia inaugural del ciclo sobre el lema «La Monarquía, la España actual, su futuro y su proyección en el mundo», organizado por el Club Siglo XXI, siendo presentado el orador por el Presidente de dicho Club, don Antonio Guerrero Burgos. Madrid, 25 de noviembre de 1974 EDICIONES DEL MOVIMIENTO Digitalizado Digitalizado y maquetado por Triplecruz (30 de Junio de 2.011)

DEPOSITO LEGAL: M. 39.887-1974 39.887-1974 GRÁFICAS EMA. - MIGUEL YUSTE, 31 - MADRID-17

ÍNDICE LA FALANGE, EL MOVIMIENTO MOVIMIENTO Y EL DESARROLLO POLÍTICO ..................................................................... 3

PROCESO HISTÓRICO ................................................................................... .............................................................................................................................................. ........................................................... 3 TRAGEDIA DE LA FALANGE .................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................. 5 POSICIÓN Y OBJETIVOS ....................................................................................................... ......................... 7 OBJETIVOS ACTUALES DE FALANGE .............................................................................. EL MOVIMIENTO ........................................................................................... ..................................................................................................................................................... .......................................................... 9 EL DESARROLLO POLÍTICO ..................................................................................................................................... .......................................................... 11 POLÍ TICO........................................................................... REPRESENTATIVIDAD ...................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................... ......... 15


LA FALANGE, EL MOVIMIENTO Y EL DESARROLLO POLÍTICO Ante todo quiero expresar mi reconocimiento a nuestro Presidente, Antonio Guerrero Burgos, por las cordialísimas palabras que me ha dedicado, y mi gratitud también a la Junta Directiva de este Club, organizadora del Curso de Conferencias que en él se vienen celebrando, por haberme dispensado el honor de inaugurar las de este año, ocupando una tribuna por la que tan ilustres personalidades políticas e intelectuales han desfilado. Con mi gratitud reiterada, va la expresión de la mejor voluntad de corresponder a la distinción, exponiendo mi pensamiento sobre el tema elegido, con la mayor claridad, sinceridad y sencillez que me sean posibles. Voy a hablaros de «La Falange, el Movimiento y el Desarrollo Político», expresando no sólo mis puntos de vista, sino también los contrarios. Empecemos por la Falange.

Proceso histórico La Falange es un fenómeno especial de la vida política española, lleno de matices y contrastes como lo fue su Fundador. La Falange tiene de lirismo romántico y de norma clásica. Para unos, es reaccionaria. Para otros, avanzada y socialista. Para unos, recuerdo histórico del pasado. Para otros, realidad viva, actuante, de luminoso porvenir. La Falange despierta adhesiones o repulsas apasionadas, nunca la indiferencia, como el pertenecer a un partido liberal o conservador, y ha sido objeto de arbitrarias interpretaciones, que han servido para fundamentar ataques y declarar su incompatibilidad con las exigencias políticas presentes. Nació la Falange, como es bien sabido, aunque no es inútil recordarlo, de la crisis del Estado Liberal capitalista, su incapacidad para solucionar los problemas que el triunfo del comunismo en Rusia había planteado, y de la necesidad de dar satisfacción a las exigencias de justicia social que ese comunismo puso de manifiesto. José Antonio comprendió la imperiosa exigencia de sustituir el Estado liberal por otro, que respetando los valores que aquél había conquistado en orden a la persona humana, aceptase la parte de razón que el socialismo tuviese. Estas ideas, ambientadas en el contexto del mundo que le tocó vivir, y aplicadas a la sociedad concreta de España, le hicieron ver no sólo la intolerable situación del proletariado español, sino también la división y la dimisión de España como unidad histórica, ingredientes todos que pasados por el crisol de su inteligencia, dieron a luz la Falange. Bien conocido es el proceso histórico de ésta, los acontecimientos que van señalando las


diversas etapas de su vida, y las características de cada una de ellas. La Falange fundacional, la muerte de José Antonio, la unión de la Falange con el Tradicionalismo y su participación en la guerra, y bajo la dirección obligada del Ejército, con la merecida autoridad y prestigio que el triunfo proporcionó a éste. El desempeño de puestos políticos claves, por personas de ideologías distintas, capaces de comprender la falangista, pero no de sentirla con emoción bastante e intensidad necesaria para llevarla a la práctica. La Guerra Mundial y su desenlace, con el triunfo de ideas e incluso de personas, que la Falange había combatido y vencido en España en el campo de batalla; la etapa de la postguerra, en la que había que romper el cerco internacional y reconstruir moral y materialmente a la Nación, sacándola de la miseria, y por último, la etapa que culminó con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Quiero decir con esto, que la acción de la Falange no ha podido ser la misma que si la conquista del Poder hubiera sido obra exclusiva de ella, ell a, por eso, al juzgarla, hay que situarse en cada momento y sobre la realidad de los l os hechos, lo cual justificará, o por lo menos, explicará muchas cosas. Cabrá argüir que el presente es consecuencia de nuestros actos pasado, y que los errores cometidos traen ahora situaciones o consecuencias que no existirían de no haberse cometido aquéllos; pero independientemente que si la Falange ha estado en el Poder, pero no lo ha ejercido realmente, y que quienes sobrevivimos a José Antonio y estábamos identificados con él, carecíamos de la personalidad y de la autoridad moral que él tenía para imponer el ritmo y la dirección que a la Falange hubiera dado, entiendo que el balance de su actuación en el conjunto del Régimen, es positivo, y que la Falange debe mostrarse orgullosa de lo que ha aportado al activo de ese balance, no ya sólo por las realizaciones o iniciativas de contenido falangista que el Régimen ha llevado a cabo, especialmente en lo social, sino por el estado de conciencia, por la mentalidad que ha creado en los españoles, y que hace que muchos sean falangistas sin saberlo; y sobre todo, porque si no ha conseguido cuanto su doctrina exige, ha sido siempre el muro de contención contra los excesos reaccionarios, y acicate para hacer desaparecer la injusticia donde ésta se presentara, en contra de los que afirman que la Falange ha sido el aglutinante del frente conservador del Movimiento. La historia de la justicia social en España, está llena de nombres y realizaciones de la Falange. La Falange no ha tenido nunca una actitud de irracional agresividad. Se defendió cuando fue atacada y su acción ha sido siempre una acción al servicio de una ideología. La Falange ha aceptado cuantos han venido a ella de buena fe, y precisamente, por no ser excluyente, sino integradora, compartió con generosidad colaboraciones que, por lo menos, pudo recibir con desagrado. Colaboraciones, algunas de las cuales hoy le pagan su integradora actitud de ayer con moneda de signo contrario, presentándola como la rémora, el obstáculo para el desarrollo político de España, y quieren borrarla de nuestro horizonte político cual negro nubarrón que oscurece e impide ver el sol radiante de su ansiada democracia. Muchos de los que antes frenaron sus ímpetus revolucionarios y la llamaron «roja» por lo que hizo y por lo que quería hacer, hoy la llaman derechista, calificación que la Falange rechaza, no por incorporarse al coro de laicos y no laicos que estiman el calificativo un agravio intolerable, sino por no responder a la verdad de su posición política. La Falange, contraria al maniqueísmo político, es en parte derecha, y en parte izquierda, pero totalmente, de ninguna de las dos posiciones, ya que la suya constituye una síntesis de los valores espirituales e históricos que han formado la personalidad de España, con el progreso y avance social, y no comprende por qué los primeros de esos valores han de ser patrimonio exclusivo de las llamadas derechas, y los segundos, de las llamadas izquierdas, aunque ciertas intervenciones o interpretaciones personales personales hayan desvirtuado en un sentido o en otro, tal posición doctrinal. Aparte que esa clasificación de derechas e izquierdas es cada día más difícil de mantener, ya que sus diferencias están sometidas a los cambios de la mecánica social, y así, lo que en un tiempo era izquierda, hoy puede considerarse moderado o de derecha. Si derecha se entiende como sinónimo de inmovilismo, de conservación, e izquierda, en cambio, de progreso y avance, aplicados esos conceptos a la Falange, sería derecha, pues quiere conservar el régimen vigente; pero como busca también su desarrollo, y llevar a cabo todas las reformas y cambios que éste permite, de acuerdo con los principios de la democracia social que el Régimen


propugna, en este aspecto la Falange sería también izquierdas. Asimismo, se atribuye a la Falange que defiende un Estado totalitario. Pero, ¿qué es un Estado totalitario? Un valor-sobreentendido flota en todas las interpretaciones. La de ser un Estado Leviathan, que absorbe al hombre y a los derechos que le son inherentes por su propia naturaleza. ¿Qué entronque tiene esta concepción estatal con la doctrina falangista? Para la Falange, el hombre es el eje alrededor del que gira toda su doctrina. El humanismo de la Falange no es antropocéntrico e inmanente, no el que defiende la dignidad humana desvinculándola de su origen divino. El humanismo falangista es de naturaleza cristiana porque ve en Dios el centro del Hombre, hecho éste a imagen y semejanza de aquél. Pero en ese humanismo, Dios no está al servicio de la dignidad y perfección de la persona humana, sino ésta al servicio de los fines y destinos para la que Dios la creó. José Antonio, al formular su doctrina, parte de un principio esencial: el restablecimiento de la unidad íntima del hombre rota por la disociación entre la Razón y la Fe. Liberada la razón de todo enlace divino y de todo apoyo histórico-social, el hombre se entrega a un formalismo vacío y a una indiferencia ante los valores religiosos y éticos. Tal actitud humana, unida a la idea liberal de que el Estado es un mal necesario, que debe reducirse al mínimo, hace caer al hombre en el escepticismo estatal, viendo en el Estado tan sólo un sistema desvitalizado, de normas abstractas. Frente a tal concepción antivital, se alzó otra para la que el Estado es sólo la expresión de la conciencia histórica de una clase (comunismo); de una raza (nazismo), o de una nación (fascismo). La Falange considera malas estas soluciones, y quiere armonizar el individuo con la sociedad. Para ello, lo primero que intenta es arrancar al Estado de esa órbita formalista, creando en el español una conciencia estatal, y dándole un Estado que, lejos de diluirle en la colectividad, le sirva de instrumento para conseguir el respeto de su integridad física y espiritual, y para alcanzar su destino eterno de hombre, e histórico contingente de español. Para la Falange, las relaciones entre el individuo y el Estado, no pueden construirse sobre los cimientos de la oposición. La Falange reconoce la realidad de uno y otro término, pero como el individuo y el Estado son, a la postre, voluntades humanas, no han de tener poderes absolutos, sino limitados por leyes superiores de moral y de justicia, limitaciones que no nacen, por tanto, de la oposición recíproca entre Estado e individuo, sino de su subordinación a esos principios superiores. La Falange concibe al Estado como un instrumento al servicio del bien común, no como un fin en sí mismo. Como un Estado para todos, de todos y al servicio de todos, no de unos pocos o muchos, privilegiadamente.

Tragedia de la Falange Se ha escrito por algunos, que la tragedia de la Falange consiste en no haber sabido dar al pensamiento de José Antonio la evolución ideológica que él seguramente hubiera dado, de haber vivido. Si la doctrina de Falange constituyera un programa detallado de soluciones concretas, de aplicación temporal, claro es que a estas horas estaría sobrepasada por el tiempo. Pero como fundamentalmente fundamentalmente consiste en una concepción de la vida, una actitud del hombre ante los problemas que ésta va planteando, inspiradas en determinados principios, ese anacronismo o desfasamiento no pueden darse. En definitiva, la Falange es la toma de conciencia de la situación del hombre como ser trascendente, capaz de salvarse o de perderse, pero también como fuente y finalidad de todo valor social. Pero, además, ¿cuáles son las doctrinas políticas nuevas surgidas después de la guerra mundial? Porque el liberalismo capitalista y el socialismo en sus actuales expresiones —neocapitalismo y socialismo humano— son precisamente la síntesis doctrinal que la Falange lanzó hace


40 años, sometiendo al capitalismo a unas obligaciones sociales, y limpiando al socialismo de sus características marxistas. Sin olvidar tampoco, que las tres causas que impedían la unidad de España, que la Falange quería rehacer, hoy día vuelven a dar muestras de actividad. Ahí está el separatismo, ahí sigue el comunismo y ahí está el propósito de retornar a los partidos políticos. Por consiguiente, aunque el pensamiento de José Antonio hubiese evolucionado, de haber vivido, la evolución no hubiera implicado nunca la aceptación de los separatismos, el marxismo, ni los partidos políticos, puntos en que su criterio era tajante, a no ser que se admita que él hubiese destruido su propia obra. La verdadera tragedia de la Falange consiste en haber sido víctima de la incomprensión, pues a estas alturas hay muchos que aún desconocen su verdad; de la ingratitud, al no reconocérsele todos los sacrificios y servicios prestados a España; de la injusticia por atribuírsele faltas que no ha cometido, y otras realizadas por quienes diciéndose falangistas, no lo eran efectivamente; y de la deslealtad, deserción o traición de los que la abandonaron cuando creyeron se encontraba en riesgo de perecer. Cabe preguntarse si la transformación económica y social que proyectaba la Falange, por las circunstancias subjetivas u objetivas que sean, ha fracasado y ya no se pueden realizar. Entiendo que la respuesta no puede ser rotunda, y hay que matizarla. No faltan quienes opinan que de haber hecho esa transformación al salir de nuestra contienda, al borde de estallar la mundial, sin un desarrollo acabado y sistemático de la doctrina, se hubieran tenido muchísimas probabilidades de fracasar y agravar la situación de España. Antes de repartir, dicen, había que crear lo repartible. De acuerdo, pero añado yo, que una vez superada esa etapa, y creada esa riqueza material y espiritual, hay que cumplir aquellos mandatos aún inéditos de nuestra doctrina, en su versión actualizada. Porque, ¿acaso la sociedad española ha alcanzado tales cimas, tales cotas de justicia y perfección, que esté eliminado cualquier propósito o intento para superar esas cimas, y hayamos de darnos ya por satisfechos? No, siempre existirán nuevas metas que alcanzar, todas las que consistan en el logro de la mayor justicia social, por ejemplo, una más justa distribución de la riqueza y de las cargas fiscales, aunque implique sacrificios para los que estemos mejor situados económicamente; la reforma de la empresa a base de una concepción comunitaria; la regulación del trabajo, entendido éste no como una simple energía motriz, ni como una mera ejecución mecánica y repetidora de actos de rutina, sino como una relación entre hombres libres, que lleva a la exaltación de la personalidad del trabajador y de su fuerza creadora; la transformación de la mentalidad del hombre del consumismo, con un criterio ético, racional y austero, para que la producción no tenga como único fin obtener un beneficio y hacer del hombre un consumidor de mercancías cuya necesidad


ha sido artificialmente creada por la propaganda, sino que el consumo sea instrumento para satisfacer aquellas necesidades sociales que enriquezcan y ennoblezcan la vida humana. Igualmente, disminuir no sólo la frustración económica de los trabajadores, sino también la cultural y espiritual. Porque la cultura, que antes indicaba un privilegio de refinamiento de una minoría, hoy ha de ser el código de conducta de todo un pueblo, y la idea de sociedad, que designaba antes a un grupo de gente de buena cuna y maneras refinadas, ha sido ampliada hasta llegar a comprender a todos los que integran ese pueblo. Pero el hecho de tener un puesto en la sociedad justa, significa no sólo tener derecho a concebir y expresar juicios en todos los sectores de la vida, sino también el derecho a la participación de aquellos beneficios que la sociedad proporciona, entre ellos, el de la cultura. No puede haber verdadera justicia social, mientras la educación no sea eficaz, y para ello ha de tenerse en cuenta la pluralidad de la naturaleza humana en sus distintos aspectos. La educación ha de ser global y permanente. Global en el sentido de que ha de proporcionar al trabajador el mínimo de cultura general que le permita juzgar debidamente cosas que están fuera de su especialización, colocándole así en condiciones de influir y participar en la formación de las decisiones del poder, y de darse cuenta de las consecuencias colectivas de sus actos individuales. Para que la educación sea justa y humana, no basta la igualdad de acceso a la enseñanza, sino que hay que agregar la igualdad de oportunidades, que no consiste —como generalmente se entiende— en garantizar a todos la misma educación, sino en ofrecer a cada uno el método, el tiempo de duración y las formas de enseñanza que le convengan a su particular condición, teniendo en cuenta las limitaciones formativas que provienen del ambiente familiar. La igualdad de oportunidades a todos los hombres de una sociedad, impedirá que haya grupos de ellos y de sus descendientes, que estén condenados a vivir perpetuamente en los límites de una clase y de un género de vida determinados, del que con rarísimas excepciones podrán salir.

Posición y objetivos actuales de Falange Pero hoy día, ¿cuál es la situación legal de la Falange? Después de la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, es sabido que la Falange no existe como organización, y ha perdido su personalidad jurídica, absorbida dentro de la del Movimiento. Pero conserva toda su fuerza y personalidad espiritual, manteniéndose como el pensamiento y voluntad de acción de muchos cientos de miles de españoles que siguen creyendo en ella. Ahora bien, si falangista, claro es, es aquel que está identificado con la doctrina de la Falange, la defiende y quiere implantarla, dentro de esta calificación común, cabe distinguir distintas posiciones. Una, la de los que entienden la Falange como parte integrante del Movimiento Nacional, y que su doctrina es la que inspira y está recogida en la del Movimiento, buscando contribuir dentro de él a que se alcance totalmente. Pero en este grupo de que hablamos, cabe hacer una subdivisión: los que defienden el desarrollo político homogéneo con la doctrina del Movimiento, y que permiten las Leyes Fundamentales, y los que dan a ese desarrollo una interpretación más libre. Así, por ejemplo, se dice a veces que el falangismo no tiene otra salida lógica que el proclamar su identidad con el socialismo, si quiere reivindicar un puesto en la historia de las ideas políticas. Ante todo, debemos tener presente que no faltan autores que consideran que el socialismo ha sido superado, y que ha perdido su valor como análisis clínico de una patología capitalista. Que ha quedado inactual, en razón de que muchas de sus aspiraciones se han constituido hoy en el patrón de los sistemas capitalistas de las sociedades altamente industrializadas. Y que si antes era el socialismo el que retaba a la sociedad, ofreciéndole la posibilidad de otra mejor, hoy, por el contrario, es la sociedad la que reta al socialismo pidiéndole nuevas concepciones concepciones para ella. Y esto ha sido así, porque el nuevo capitalismo, con su elevación del nivel de vida, ha transformado el concepto de clase, y ha disminuido la tensión política colectiva, ofreciendo además un constante mejoramiento en virtud del aumento de la producción y del bienestar.


Hoy el socialismo, en realidad, ha dejado de ser la alternativa del capitalismo, para convertirse en la igualdad en el bienestar. De aquí la crisis de los partidos social-demócratas europeos, porque si extreman su radicalismo, pierden sus adeptos, atraídos éstos por el mecanismo de la sociedad de consumo capitalista. Por eso, para conservar su clientela, se vuelven más moderados y liberales, pero entonces se encuentran prisioneros del propio sistema que querían destruir. Obsérvese que los partidos socialistas, cuanto más fuerza política tienen, son menos radicales. Ejemplo, el laborismo inglés, que hoy día es un partido conservador. Y cuanto menos fuertes son políticamente, más aumenta su radicalismo; ejemplo, el socialismo italiano. Hoy día, pues, los partidos social-demócratas están integrados en el sistema neocapitalista, y buscan dar a la clase obrera una estabilidad en él, convirtiéndola en un engranaje de este nuevo capitalismo. Con independencia de lo anteriormente expuesto, el hecho de que la Falange tenga un contenido eminentemente social y humano, no impone su identidad con el socialismo. El socialismo occidental se refleja en la existencia de partidos políticos, está enlazado con organizaciones sindicalistas partidistas y de clase, tiene una dogmática económica más rígida, y el factor religioso no es tenido en cuenta. El que la Falange admita la propiedad individual al l ado de otra socializada, no es coincidencia bastante, pues la Falange tiene en su doctrina otros muchos aspectos y es un todo armónico. Igualmente, argumentar que en el socialismo moderno puede haber desaparecido la contradicción con los valores espirituales, tampoco es razón bastante, pues la Falange busca integrar en ella a las llamadas derechas que compartan compartan la inquietud y la justicia social. Si la coincidencia fuera tal entre socialismo y Falange, que aquél se confundiera con ésta, sobraría el socialismo o sobra ría la Falange. Porque recuérdese que el socialismo no marxista, la social democracia, existía ya cuando nació la Falange, y José Antonio se refirió a ella en diferentes ocasiones. Si se hubiera dado esa identidad que ahora se invoca, no estaría justificada la creación de la Falange. Sin contar que el Partido Socialista Obrero Español, en sus últimas y recientes declaraciones, ha expresado sin lugar a dudas su identificación con el Partido Comunista español, quien a su vez ha vuelto a la disciplina del comunismo ruso. Y sin olvidar que la Falange ha valorado siempre lo que de justicia encierra el Socialismo, mientras que éste no ha valorado el contenido social de la l a Falange. La Falange quiso vivir en paz con los socialistas no marxistas; éstos se la negaron, la trataron a tiros, y contribuyeron, o por lo menos, no impidieron la muerte de José Antonio. En consecuencia, y con todo el respeto que merece el pensamiento ajeno cuando es sincero, entiendo que los falangistas han de adoptar posiciones definidas y concretas, es decir, manifestar si siguen o no creyendo en la vigencia de la doctrina de la Falange. En el primer caso, han de continuar luchando por ella desde cualquier posición táctica que ocupen. Lo que me parece inadmisible es propugnar soluciones contrarias a esa doctrina, incluso su desaparición, y seguir llamándose falangistas. Por último, existen los falangistas que defienden la autonomía personal, jurídica, doctrinal y orgánica de la Falange con respecto al Movimiento. Entre ellos, ocupan lugar destacado falangistas que pertenecen a las nuevas generaciones, los cuales han llegado a la Falange, no por la vía emocional, sino por la del raciocinio, y para quienes los textos fundacionales tienen un valor casi evangélico. Son de una intransigencia doctrinal, de una pureza realmente admirables, y constituyen un foco de permanencia y continuidad muy valioso ante una futura actividad independiente de la Falange. Pero la Falange no se ha convertido en estatua de sal por tener la vista vuelta únicamente al pasado, sino que dirige sus ojos al futuro. Lo que no admite, es el no poder contribuir a la formación de ese futuro, porque se estime que tuvo una tarea ya pretérita que cumplir, y que en ella se ha


agotado. Dándose la paradoja de que siendo la Falange una de las fuerzas políticas que más han contribuido al resultado de nuestra guerra, la implantación del Régimen y su contenido político, sé la quiere colocar en la situación del vencido o derrotado. Circunstancia que no invoco como reflejo de una mentalidad de permanente beligerancia, sino como afán de justicia presente e histórica. Por eso, sin triunfalismo, y sin quedar reducida a mera figura histórica del pasado, desbordada por la actualidad, Falange invoca sus títulos, tanto doctrinales como humanos, para que su opinión sea tenida en cuenta en la realidad del desarrollo político de que tanto se habla, y en lugar de oponerse, contribuir a él. La Falange, lejos de fomentar el sectarismo, la l a formación de grupos y la confusión política, quiere seguir trabajando en solidaridad con los demás españoles para contribuir a resolver los problemas políticos y económicos que España tiene hoy día planteados, conscientes de su importancia y gravedad, y cuyo afán de solucionarlos debe servir de aglutinante. Porque la unidad es el factor indispensable para el logro de esa solución. No la impidamos o dificultemos con disputas sobre lo pequeño, olvidándonos de lo verdaderamente verdaderamente sustancial para España. Esa exigencia de unidad, que en lo nacional colectivamente nos afecta a todos, afecta también particularmente a los falangistas, que han de estar unidos sobre la base de la doctrina fundacional, cuya fecundidad no se ha agotado y en muchos puntos sigue inédita. Han de estar unidos, tanto los jóvenes como los viejos, los falangistas históricos y los nuevos, los de ayer y los de hoy, completándose mutuamente, mutuamente, aportando unos experiencia y la autoridad moral de su conducta y de su historia; los otros, sangre joven y garantía de relevo y continuidad. Por eso, más que gastar energías en verbalismos criticistas o nostálgicos, los falangistas deben esforzarse por llegar a puntos de coincidencia, eliminando las diferencias personalistas y de grupo contrarias a la idea sustancial de la Falange, que no es más que una. En definitiva, los falangistas han de estar siempre preparados para cumplir unidos la misión que por derecho les corresponde en la vida española, y que los acontecimientos puedan exigir. Por eso, si el día de mañana se estableciera la actuación independiente de cada uno de los grupos integrados en el Movimiento, bien en forma directa, bien mediante un régimen de asociaciones, la Falange debe hallarse dispuesta a recobrar la libertad de acción y demostrar su fuerza de atracción popular, su capacidad de aglutinar a las izquierdas nacionales y a las derechas sociales, empleando ambos términos para una más fácil comprensión, consiguiendo lo que hasta ahora no haya podido lograr en cuanto a la implantación de su doctrina, y conforme a ella, volver a luchar para que la unidad política y social de España se restablezca.

El Movimiento El Movimiento Nacional, que tiene su punto de arranque en el Alzamiento del 18 de Julio, nace jurídica y legalmente en virtud de la unificación de la Falange con la fraternal y gloriosa Tradición, mediante el Decreto de abril de 1937, en cuya exposición de motivos —no en el articulado— se emplea el término «Movimiento», que si originariamente originariamente está identificado con F. E. T. y las J. O. N. S., paulatinamente va desplazando esta identidad para convertirse en un término genérico. Los 26 puntos de Falange, que fueron el programa político del Movimiento, se sustituyen en 1958 por los Principios Fundamentales, Fundamentales, inspirados en gran parte en aquéllos. Por la Ley Orgánica del Estado de 1967, el Movimiento Nacional queda institucionalizado, completando su regulación la Ley Orgánica del Movimiento y el Estatuto Orgánico del mismo. El Movimiento Nacional no es un partido único ni un único partido. El partido único tiene dos características. Primera: su composición monolítica, minoritaria y excluyente no se funda en la voluntaria filiación, sino que es un galardón que hay que conquistar. Y, segunda: en el partido único, el Estado es una mera máquina administrativa, no tiene capacidad de deliberación política, ésta corresponde al partido. El partido controla al Estado y no el Estado al partido. Además, en el partido único hay un monolitismo dogmático y de mando, frente a la unidad


articulada y el contraste de pareceres del Movimiento. El Movimiento tampoco es un grupo de partidos, ni siquiera un grupo de políticos que buscan llegar a un «modus vivendi» para alternarse en el reparto del Poder, sino que es una movilización del pueblo, para integrarlo en una comunión, en orden a unos principios doctrinales, inspiradores y estímulo para la acción del Estado. El Movimiento Nacional, que es una institución de nuestro Sistema político con propia sustantividad respecto a las demás instituciones de aquél, no puede confundirse ni con el Estado ni con la Administración. Pero, además, el Movimiento es la comunidad de los españoles en los ideales que alentaron las banderas que se alzaron el 18 de Julio. Es, pues, la clave del arco de bóveda del Régimen. Sin embargo, ahora es objeto de una campaña de crítica política, que unas veces, para poder moverse en el terreno de lo lícito, se encubre en la posibilidad de su reforma, respetando la Ley Orgánica del Estado, pero otras, se manifiesta clara y desafiante, pidiendo sea suprimido. En ese primer aspecto, la esencia de la pretendida reforma se centra en la desaparición del Movimiento como organización, manteniendo sólo el Movimiento-comunión. Movimiento-comunión. Veamos los argumentos en que esa posición se apoya, y a la vez expondremos los que a nuestro juicio los rebaten. En primer lugar, se pone en duda la l a constitucionalidad del Movimiento como organización, ya que se dice que, tanto los Principios del Movimiento como la Ley Orgánica del Estado, de lo que hablan es del Movimiento-comunión y no del Movimiento-organización. Efectivamente, así es, pero si la fórmula de promulgación se refiere exclusivamente a los Principios, no tenía por qué al promulgarlos referirse también a la organización, máxime cuando aquéllos tienen un carácter permanente e inderogable, y la organización se puede modificar. Esa fórmula de promulgación no implica, por lo tanto, que la comunidad excluya la organización. Y en cuanto a la definición de la Ley Orgánica, nótese que en ella se expone también que el Movimiento debe informar el orden político en régimen de ordenada concurrencia de criterios, promoción que sin duda impone una organización. Se opina igualmente, que la Ley que aprobó el Movimiento-organización fue una interpretación osada de la Ley Orgánica del Estado, cuyo texto se refiere única y exclusivamente al Consejo Nacional. Pero como se hizo ver en la discusión de la l a citada Ley en las Cortes, no hay un solo artículo de la Ley Orgánica del Estado que postule como obligatoria la denominación de Ley Orgánica del Consejo Nacional, aunque no lo prohiba. Lo único que preestablece la Ley Orgánica del Estado es el rango de la norma que ha de regular el Consejo Nacional. Luego, no hay inconstitucionalidad ni interpretación audaz en la fórmula que el Gobierno eligió y que las Cortes C ortes aprobaron. El Consejo Nacional es la representación colegiada colegiada del Movimiento, no una entidad en sí y por sí. Representa lo que el Movimiento significa colegiadamente. ¿Qué obstáculo jurídico existe en que la Ley que lo regula se llame Orgánica del Movimiento y del Consejo? ¿Cuál es el bien que se busca proteger constitucionalmente constitucionalmente con la Ley? ¿El Consejo Nacional o el Movimiento? A mi juicio, los dos, a no ser que se crea que el Consejo Nacional es la representación de una entidad metafísica sin corporeidad. En la Ley Orgánica del Estado, el Movimiento tiene tres órganos perfectamente calificados: la Jefatura Nacional, el Consejo Nacional y la Secretaría General, y si éstos no fueran estructuras de toda una organización, entonces el Jefe Nacional sería Jefe Nacional de la comunión de los españoles en los Principios del Movimiento Nacional, y el Consejo Nacional, la representación colegiada de esa comunión. Fórmulas delirantes. Pero más aún, los Principios no tienen efectividad en la realidad de los hombres, aunque la puedan tener en sus conciencias, sin una estructura que los haga aplicables. No basta invocarlos, hay que actuarlos y defenderlos, y eso requiere una organización, porque el Movimiento no será una organización, pero tiene que tener una organización.


Consecuencia también de la negación del Movimiento-organización es entender al Secretario General sólo como órgano interno del Consejo y no del Movimiento. Pero si el Secretario General lo fuese sólo del Consejo, parece lógico que tanto en su nombramiento como en su cese, interviniese éste. Sin embargo, vemos que no ocurre así. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica del Estado, el Secretario General será designado por el Jefe del Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno, y según el artículo 27, el Secretario General cesará en su cargo por las siguientes causas: a) Al cambiar el Presidente del Gobierno. Lo que traerá la consecuencia de que siendo la duración legal del Consejo cuatro años, y la del Presidente del Gobierno, cinco, habrá un período de tiempo en que no exista Consejo y, sin embargo, el Secretario General —que se dice es uno de sus miembros-continuará miembros-continuará desempeñando tal cargo. b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado. c) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, y a propuesta del Presidente del Gobierno. En este caso, parece también obligado que si el Secretario General del Consejo lo fuese exclusivamente de él, necesitaría, antes de hacer esa petición, el consentimiento del órgano a que pertenece. Vemos, pues, que el Consejo Nacional no interviene nunca ni en el nombramiento ni en el cese del Secretario. Pero, además, según el artículo 25 de la Ley Orgánica de! Estado, el Jefe del Gobierno será Presidente del Consejo Nacional, asistido del Secretario General, al cual, a su vez, corresponde ejercer la Vicepresidencia de dicho Consejo, con estructura funcional autónoma, y como el secretario de un organismo tiene por misión dar fe de su actuación, resulta que si el Secretario General no lo fuera del Movimiento, tendría que dar fe como Secretario del Consejo, de las sesiones que él mismo ha presidido, función que en realidad realizan los secretarios específicos del Consejo. Y, por último, no hay que olvidar que esta figura del Secretario General preexiste a la del Consejo Nacional, puesto que aparece en el Título 3.° de la Ley Orgánica del Estado, que lleva por rúbrica del Gobierno de la nación, cuando todavía la Ley no ha hablado del Consejo Nacional.

El desarrollo político Entremos en el tercer punto de mi disertación: El desarrollo político. No cabe duda de que todo sistema o institución política debe responder a las exigencias del tiempo en que vive, y a las características del país en que se aplica. De ahí, precisamente, que al tratar de nuestro desarrollo político, no podemos olvidar el nacimiento y particularidades de nuestro Estado. España, al crearlo, en virtud de la voluntad soberana y la facultad constituyente que le confirió el resultado de la lucha que sostuvo para conseguir su unidad y liberación social y espiritual, ratificada por varios referendums, no se sintió obligada a darse un régimen copia exacta de las técnicas del Derecho Constitucional liberal, ni a purificar supuestas faltas en el Jordán del sistema parlamentario. Por eso, el Estado español no es el totalitario, tiránico y absorbente de la sociedad, sino el instrumento al servicio de la dignidad de la persona humana, y la integridad de España. Pero no es tampoco el Estado liberal, neutro e indiferente, sin ideario alguno, sino un Estado que se inspira en unos principios que implican una finalidad personalista del mismo, que le impone determinada técnica de organización jurídica al servicio de esa finalidad, lo cual permite perfectamente considerarle como Estado democrático y de derecho. Porque el Estado democrático no tiene que adoptar, para serlo, como forma exclusiva de realizarse, la liberal y parlamentaria y de partido, ni el Estado de derecho es monopolio del Estado demoliberal. Hoy día, ni un solo sistema político osará presentarse como antidemocrático, calificación que equivale a la condena definitiva e infamante. Pero la democracia es pabellón que ampara mercancías heterogéneas y discrepancias


profundas. Sin embargo, sobre esas diferencias, existe un denominador común: el ideal de igualdad entre los hombres, ya que el de libertad no es bastante, pues lleva inevitablemente a la desigualdad, aunque existan algunas que son inevitables y aun necesarias, como la que supone el Poder del que ejerce la autoridad sobre los gobernados. gobernados. Hoy, que ese Poder ya no lo ejercen dioses, hijos de dioses ° elegidos por los dioses, la democracia exige que el Poder esté legitimado por el consentimiento de quienes obedecen, aunque ese consentimiento puede ser expresado de distintas maneras, y una de ellas es la representación que surge en política cuando la democracia no puede ser directa en razón de la mayor dimensión de los núcleos humanos. Pero todo sistema de representación pública supone una concepción de la sociedad. Si es mecanicista, la representación se obtendrá con arreglo al sufragio universal. Si es orgánica, la representación incidirá sobre los grupos sociales. El Estado español se basa en la democracia orgánica y no en la inorgánica. La democracia orgánica se asemeja a la inorgánica, i norgánica, en que en ambas el sujeto de la l a representación es el individuo, y no directamente, sino a través de cauces intermedios. Se diferencia: primero, en que mientras en la representación inorgánica esos individuos actúan sólo como ciudadanos, en la orgánica lo hacen como individuos situados si tuados socialmente. Y segundo: en que esos cauces intermedios de representación, en la inorgánica son los partidos, y en la orgánica son los sindicatos, la familia y el municipio. En ambos casos, el sujeto de la representación representación es el hombre y no la corporación. Nuestro Estado se basa también en una democracia social. En la democracia política, los derechos del hombre son facultades inherentes a él y que sólo a él corresponde ejercer y al Estado respetar. En la democracia social, esos derechos son exigencias cuyo contenido está determinado por una necesidad material o espiritual, de la que esos derechos son su consagración jurídica. Se denominan sociales, porque no se reconocen al hombre en abstracto, sino al hombre concreto, y porque son créditos del individuo contra la l a sociedad, que al Estado corresponde satisfacer. Si la democracia política tiene por objeto librar al individuo de coacción autoritaria, en la democracia social, la finalidad es asegurar entre los hombres una igualdad, una libertad y una justicia efectivas, no formales, que la democracia liberal es impotente para asegurar. Pero esta acción del poder no es una fórmula unitaria, sino que hay que fijar su contenido y los medios de ejercerlo. Nuestro Estado ha entendido que la fórmula adecuada de esa acción, en lo económico-social, económico-social, era el sindicalismo. Un sindicalismo de integración, autonomía, representatividad y participación, que partiendo de la idea de la unidad orgánica, tanto entre los grupos de personas que intervienen en la producción como también de la unidad orgánica de los diferentes ciclos de esa producción, desde la primera materia hasta la manufactura, ha venido a sustituir al sindicalismo horizontal y clasista, estimulante de la lucha de clases, adscrito al sistema de partidos políticos que se aprovechaban de él para sus ambiciones, por otro que busca la justicia en la colaboración, el diálogo y la negociación. Y a sustituir un sindicalismo exclusivamente contestatario y reivindicativo, por uno de participación en las funciones y en la responsabilidad del Estado. Reivindicar refleja una situación de inferioridad. Participar, una de igualdad. Y más aún que de participación, hemos de hablar de integración, porque la participación puede ser casual o transitoria. Integración implica presencia permanente en las decisiones del Estado, lo que ningún otro sindicalismo ofrece. Hoy día, el Sindicato y el Estado no se pueden ignorar. El Sindicato necesita del Estado para la eficacia de sus decisiones. El Estado, del Sindicato Si ndicato para la eficacia de las suyas. El Estado español considera también que el Estado de derecho, al respetar los fundamentales de la persona humana, ha de hacerlo sin perjuicio de la armonía de esa persona con las formas


comunitarias y sociales en que la vida se realiza, máxime cuando a consecuencia del desarrollo científico, industrial y tecnológico, y de la complejidad y gigantismo económico que ha determinado la aparición de grupos privados de Poder, el Estado no ha de limitarse a respetar esos derechos de los individuos, sino que ha de regular las relaciones de ellos entre sí, con los grupos, y de ambos con el propio Estado. Pero, además de todo ello, y como otra característica, el Estado español no es un paréntesis abierto en la vida pública de España para resolver una situación transitoria, y una vez resuelta, cerrarla para reanudar el pasado. Nuestro Régimen no se ha limitado a una tarea de tipo administrativo, de obras públicas, ni restablecimiento de la autoridad, sino que, como consecuencia de la tremenda conmoción nacional que supuso su origen, con erradicación del régimen entonces existente, el nuestro ha llevado a cabo una total transformación de la vida pública española, creando un sistema constitucional desde la base a la cima, integrado por una serie de instituciones que dan al Sistema una vida autónoma e independiente de la de su Jefe, cuya sucesión está bien prevista y regulada. Claro que ello no significa que el Sistema no sea susceptible de desarrollo y perfección. Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad y responsabilidad política puede oponerse al desarrollo político de España. Lo que sucede es que hay que distinguir entre los que entienden que ese desarrollo ha de hacerse de un modo coherente con la línea fundacional y las Leyes Fundamentales, y con el «como» y «hasta» que éstas permiten, y los que creen que esas Leyes y Principios permiten avanzar mucho más, y llegar a formas de democratización análogas análogas a las que existen en otros países del mundo. Es, pues, un problema de interpretación de ese «como» y ese «hasta», interpretación cuyo valor decisorio no puede ser subjetivo, sino que corresponde al Gobierno, a las Cortes, al Consejo Nacional, y en último caso, al Jefe del Estado, previo informe del Consejo del Reino, declarando o no el contrafuero. Por consiguiente, un desarrollo político como el que se propone a veces, con toda la libertad, en libros, prensa, discursos y conferencias, a base de sufragio universal inorgánico, formación del Gobierno de acuerdo con la mayoría de las Cortes, y posibilidad de ser derribado por las mismas; supresión del Movimiento o mantenimiento de él tan sólo como comunión; asociaciones con ideologías y representación en Cortes y en el Consejo Nacional; sindicalismo de clase; hacer el futuro de la Monarquía incierto y problemático, entablando polémicas sobre la función del Monarca, si es expresión única o compartida de la soberanía nacional; si el del Rey es un poder efectivo e impulsor, o un mero poder arbitral, y llegar incluso a dudar de la legitimidad de la Monarquía, sometiéndola a la decisión de un referéndum, pienso que serán soluciones o propuestas acertadas para otros sistemas políticos, o el camino para convertirse en ellos, pero no los más conformes para consolidar el nuestro, ni con una interpretación ortodoxa de nuestras Leyes Constitucionales. De esas propuestas de desarrollo que he citado, voy a referirme concretamente al tema del asociacionismo político, de vigente actualidad, exponiendo las razones con que defiendo mi opinión sobre el mismo. Antes de entrar en el examen de las asociaciones políticas, creo oportuno decir algo sobre su concepto y distinción con el partido y los grupos de presión. El término asociación política, es un término genérico, pues todo partido político supone una asociación, aunque no toda asociación es un partido político. Un partido político es una organización disciplinada, que tiene por fin alcanzar el Poder, y una vez alcanzado, hacer prevalecer las ideas e intereses que representa. Son, pues, sus características, ser una máquina electoral, promover figuras políticas lo mismo en la oposición que en el Gobierno, señalar problemas y soluciones, criticar las ajenas, ejercer una labor de propaganda y captación de voluntades, movilizando la opinión, todo en orden al logro de los fines antes citados. Un grupo de presión tiene como finalidad influir en el Poder, para hacer prevalecer sus ideas o intereses, pero no ejercerlo.


Las asociaciones políticas son organizaciones que pueden realizar algunas de las funciones propias de los partidos, pero no todas, como posteriormente explicaré. Ahora bien, al hablar del asociacionismo en nuestra legislación vigente, hay que distinguir entre las asociaciones que no pertenecen al Movimiento, que se regulan por la Ley de 1964, y las del Movimiento, que a su vez pueden ser o no políticas. Estas últimas, las políticas, están reconocidas en el artículo 15 del Estatuto Orgánico del Movimiento, único texto que las cita concreta y expresamente, pues los otros textos legales que se pueden invocar, artículos 10 y 16 del Fuero de los Es pañoles, 4 y 21 de la Ley Orgánica del Estado, Principio VIII del Movimiento Nacional, hacen referencia al derecho de asociación en general, a la promoción por el Movimiento de la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios, al encauzamiento del contraste de pareceres por el Consejo Nacional, y a los cauces de representación. Vaya por delante que, conforme a los preceptos legales vigentes, no cabe duda que las asociaciones políticas son perfectamente lícitas en España, con las características y límites que las Leyes Fundamentales establecen. Y no se diga que el señalar estos límites son escrúpulos, exageraciones de jurista apegado a la letra de la Ley, que deben ceder a la realidad sociológica. Porque el más alto valor para la convivencia socia es la observancia de los principios constitucionales que la rigen. Sin esa observancia, la vida social quedaría en el aire sin base firme de apoyatura y a merced de vaivenes e interpretaciones individuales y contradictorias. Esos límites, entiendo, son los siguientes: No imponer una disciplina de opinión a sus miembros; no poder ser ideológicas ni tener representación en las Cortes, ni constituir una máquina electoral para la conquista del Poder, Imitaciones todas que son precisamente la diferencia con los partidos, pues sin ellas terminarían irremediablemente, si no lo fueran ab-initio, en partidos políticos, cualquiera fuese el nombre que se les diera. Explicaré el porqué —a mi juicio— de esas limitaciones. Si por ideología se entiende un sistema de ideas que determinan una concepción de la sociedad y del Estado, y el nuestro tiene la suya reflejada en los Principios Fundamentales, las asociaciones no podrán tener ideologías propias, porque o irán contra esos Principios o serán una repetición innecesaria de los mismos. En cambio, pueden contribuir a promover el legítimo contraste de pareceres, para evitar el enfrentamiento de ideologías o sistemas globales de oposición. Es decir, contraste de opiniones, criterios, interpretaciones, lo que un autor ha llamado «ideas redondas», para liberarlas de la agresividad de las llamadas «picudas». Hay, pues, que distinguir entre los principios y los pareceres. Los principios son inmutables y no se discuten. Son la expresión de la ideología del Movimiento. Los pareceres son lo que consideramos mejor para lograr la finalidad que persiguen esos Principios. El contraste no significa enfrentamiento y lucha política propia de los partidos, sino el diálogo directo dentro de un marco legal, para llegar a la concurrencia de criterios con la finalidad de ofrecer un mecanismo concreto de recambio, un planteamiento político de canjeo. A mi juicio, pues, las asociaciones políticas pueden hacer formulaciones de medidas y


programas; análisis crítico de soluciones concretas de Gobierno; promocionar figuras en razón de su preparación, opiniones y vocación política; contribuir a formar corrientes de opinión avaladas por todos los miembros de la asociación que las comparten, sobre problemas determinados, que servirán al Gobierno de orientación y ayuda para resolverlos, y ayudar al perfeccionamiento del Movimiento Nacional.

Representatividad Las asociaciones políticas no pueden tener representación en las tareas legislativas y en las demás de interés general, por que así lo preceptúa categóricamente y sin lugar a dudas ei Principio 8.° de los del Movimiento Nacional, cuando dice que esa representación se llevará a cabo a través de la familia, municipio y Sindicato, y demás entidades de representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes, y que toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada ilegal. Son, pues, bien concretos los tres cauces de representación. Y en cuanto al de las entidades a que alude el texto lega!, son las profesionales, que se incluyen o se pueden incluir en la Ley de Cortes, así como cualquier otra que reconozcan las leyes, pero que han de ser siempre con representación orgánica, de la que carecerá una asociación política. Cierto que se argumenta en contrario, que al presentar el Principio 8.°, citado, como obstáculo al carácter representativo de las asociaciones políticas en las Cortes, se incurre en el error de confundir los cauces con los sujetos de la l a representación. Los cauces, dicen, son la familia, el municipio y el Sindicato; los sujetos, el ciudadano. Y la prueba está —añaden— en que el artículo 10 del Fuero de los Españoles reconoce a todos ellos el derecho de participar en las funciones públicas de carácter representativo, lo que les lleva a la conclusión de que los españoles, sólo como ciudadanos, independientemente de su condición de vecino o padre de familia o de trabajador, son los sujetos de la representación a través de los cauces que señala el Principio 8.° Tal argumentación, con la que discrepo, aconseja recordar las consideraciones sobre la representación orgánica o inorgánica que hice anteriormente. En su consecuencia, para que el español en la representación orgánica pueda actuar a través de la familia, el municipio y el Sindicato tiene que estar cualificado por esa situación social antes indicada, y no ser sólo el ciudadano, porque entonces, la representación no sería orgánica, como lo exige la Ley. ¿Podrán las asociaciones presentar candidatos? Para mí, la cuestión, desde un punto de vista práctico, es indiferente, porque, se permita o no esa presentación, es evidente que la actuación de una persona en el marco de una asociación define, destaca y matiza su personalidad ante la opinión pública, y que si esta persona, por los cauces legales de representación, llegase a ostentarla, defenderá los puntos de vista que su asociación hubiera defendido, aunque no podrá hacerlo en nombre de la misma, porque la Ley de Cortes prohibe el mandato imperativo. Ahora bien, como la representación implica participación, pero ésta puede darse sin aquélla, porque la participación consiste en la actividad del ciudadano en la formación de las decisiones del Poder —y esta actividad no está reducida al ejercicio del derecho electoral de voto— las asociaciones tienen una posibilidad de participación política, independientemente independientemente de su representatividad. Otro punto también de discusión es si las asociaciones de acción política han de estar dentro o fuera del Movimiento. Así, se dice en primer lugar, que el Movimiento-organización permanece gracias a que no es pluralista, al menos en el grado de que las grandes opciones políticas que serían posibles en el marco constitucional, encontrasen en él una acogida sin restricción. Si el régimen asociativo —añaden— fuese algo más que el fiel fi el reflejo de la presente organización del Movimiento, éste, en cuanto a organización única, correría el riesgo de evaporación. Y se continúa argumentando que las asociaciones no pueden existir dentro del Movimiento-


organización, porque ello constituiría el monopolio asociativo por parte de una organización política, como cuestión interna suya, en contra del derecho reconocido a todos los españoles. Pero los que así argumentan, olvidan que el Movimiento-organización no es un cauce político más entre otros muchos, sino el único existente como organización del Movimiento, comunión, e inseparable de éste mientras no se cambie la Lev Orgánica de ese Movimiento. Pero más aún, aun cuando el Movimiento - organización desapareciera y subsistiese sólo como comunión en los Principios Fundamentales, dado que éstos señalan la ideología y los cauces de representación, las asociaciones contrarias a una y otros, estarían también fuera del Movimiento considerado como comunión. comunión. Y es que la l a comunión no está sometida a la organización, sino que ésta lo es de una comunión que ya existía previamente. Hay quienes, en fin, opinan que el Movimiento puede considerarse como un cuarto cauce de representatividad, pero entiendo no es un cauce más al lado de los otros tres establecidos por las leyes, sino el cauce general por el que aquéllos discurren, y el que les inspira y encuadra. Vemos que la principal dificultad estriba en encontrar el equilibrio entre la eficacia de las asociaciones, en orden a facilitar la máxima participación política en la vida pública, con la obligación de que dicha participación no altere los cauces legales establecidos para ello, y cuya eficacia y resultado son evidentes. Pero además de esa posición que acabo de exponer, es decir, la de los que entienden que el desarrollo que proponen cabe hacerlo dentro de nuestras Leyes Fundamentales, hay otra más radical y sincera, la de los que atribuyéndose una representación que no sabemos si realmente tienen, y considerándose depositarios de la verdad política, piden un cambio de Régimen cuyo texto constitucional tiene poco más de siete años de vigencia, y se encuentra en pleno desarrollo habiéndose aprobado ya una nueva Ley Sindical, y la Orgánica de Justicia; y próximas a serlo, la de Defensa Nacional, la de Administración Local y la de Incompatibilidades. ¿Y por qué lo piden? ¿Acaso porque el Régimen actual no ha proporcionado a España el período de paz más largo que conoce en su historia? ¿Por no haber redimido al pueblo español de la miseria? ¿Por no haberle proporcionado trabajo, progresos y seguridad social? ¿Por no haber librado la batalla cultural, aprobando el presupuesto de Educación más alto de España, y uno de los primeros del mundo? ¿Por no haber dado a España internacionalmente un prestigio moral y una solvencia económica? ¿Por hacer estéril la muerte y los sacrificios de los que hicieron posible su creación? No creo que las respuestas a estas preguntas puedan ser afirmativas, y justificar el cambio. Indaguemos, pues, las razones de esa propuesta de cambio. Dicen que las actuales generaciones no sienten como propios, ni nada le dicen ni emocionan los acontecimientos de nuestra guerra, ocurridos cuando muchos de sus miembros no habían nacido, y que conocen sólo por referencia y el estudio. No se trata de eso; sí, de que si aquellos acontecimientos no hubieran tenido el desenlace que tuvieron, el mundo de esas generaciones sería hoy, para ellas, diferente del que es. Como he dicho en otras ocasiones, las actuales generaciones comunistas no vivieron tampoco la Revolución de 1917, el asalto al Palacio de Invierno, ni las hazañas del crucero «Aurora» o las del acorazado «Potemkin», pero saben que son comunistas como resultado de aquella Revolución y de aquellos episodios, y por eso siguen considerándolos como propios Y valorándolos en toda su trascendencia. No es, pues, una cuestión sentimental, sino de comprensión y educación, esto es, de educar a las juventudes en la doctrina, en la historia, en los logros del Régimen, para que os conozcan, los comprendan y los juzguen, a fin de evitar que esa juventud crea que el Régimen es todo lo contrario) de lo que es, adoctrinada por una propaganda que con toda libertad de crítica, ofrece una imagen del Régimen absolutamente falsa, y así poder decir luego que la juventud no está con él, o que desconoce las figuras más representativas del mismo. Se dice también, que la apertura es el medio de evitar la subversión, porque ésta no quiere la apertura, ya que así, a] no existir otro camino, encuentra la justificación a su violencia, y que por eso es la primera, cuando se abre un procese evolutivo, en estimular sus exageraciones para provocar la reacción inmovilista que le hace el juego. Pero este razona miento, del que se deduce el deber de


evitar esas exageraciones, no es totalmente acertado, pues también puede ocurrí: que la subversión encuentre en esa apertura el medio de alcanzar fácil y pacíficamente sus propósitos. Se argumenta que al no permitir a las fuerzas políticas de centro y de derecha organizarse, y ser las comunistas quienes lo hacen clandestinamente, al ocurrir el cambio de régimen, estas últimas son las únicas que se hallan en condiciones de tomar el Poder, impidiendo la organización de las contraria! Podrá ocurrir esto en un régimen personal, permanentemente inmóvil, hermético, cerrado, sin juego político alguno, con una prensa amordazada o perseguida, no en un régimen, en evolución ininterrumpida desde su origen, con tendencias políticas varias y actuantes, gobiernos de coalición, prensa libre con capacidad de crítica, propaganda y ataque, y con cauces de participación representativa que no son monopolio de un grupo o tendencia, sino de todas en general. Ahora bien, si se entiende que no hay más forma de organización política que los partidos, y se trata de un régimen que doctrinal y constitucionalmente no los admite, pedir permita su organización previa, sería tanto como caer en la contradicción de exigirle haga lo opuesto a su propia significación. Sin contar que esas fuerzas f uerzas de centro y derecha que se quejan de no poder organizarse, olvidan, sin duda, que disponen y utilizan constante, libre y ampliamente, de toda clase de medios orales y escritos de propaganda y organización, siendo de lamentar que en vez de dedicar esos esfuerzos con vistas al cambio del Régimen de que forman parte, no los empleen en perfeccionarle, para hacer innecesario evitar el cambio, como tratan de hacerlo otras fuerzas que están también dentro del Régimen, lo que parece más lógico. Lo que sucede es que el comunismo dispone de una técnica variable según las circunstancias; la lucha armada, el terrorismo, la filtración en los puntos vulnerables del sector social, obrero, burgués, intelectual e incluso capitalista, que quiere atraerse o debilitar mediante la táctica adecuada para conseguirlo. Dispone de una experiencia y una decisión que utiliza en servicio de una doctrina, y unos objetivos, incluso de carácter internacional, de los que carece la democracia liberal, organizada o por organizar, que permite al comunismo —cuando ocurre el cambio que esa democracia facilita con sus críticas— anularla y ocupar los puntos claves del Poder. No basta oponer al comunismo una actitud negativa, de anti, ni las soluciones formales de la democracia liberal, sino otra fe, otra doctrina. Creer que las juventudes j uventudes se convencen con votos y elecciones, es grande y grave equivocación. Otros, en fin, son los que piden el cambio porque creen que nuestro sistema político ha quedado superado por la realidad del mundo actual, que impone ese cambio para estar al nivel democrático de los demás países. Un Estado democrático exige la participación del pueblo en las tareas del Estado y el control de su actividad. ¿Y por que vamos a disminuir las diferentes posibilidades de satisfacer estas exigencias de la democracia, concretándonos al sistema de partidos? Un Estado de partidos es un Estado en cambio permanente y de contradictorias opciones. No puede ser nacional ni independiente, porque está basado en la mayoría numérica como expresión del partido más fuerte o mejor organizado, lo que no es garantía de que sea ni el mejor para la Nación, ni el más conforme con la verdad y la justicia, cuyo valor ontológico y permanente se hace problemático al quedar sometido a las decisiones numéricas de esa mayoría partidista. ¿Por qué se considera democrática la representación que se lleva a afecto a través de los partidos, y no la que se realiza a través de la familia, el municipio y los sindicatos, cuan do éstos, al no ser la representación corporativa, ni con mandato imperativo, tanto los electores como los elegidos pueden expresar libremente su opinión, no sólo respecto a intereses o funciones de grupo, sino a los problemas políticos que se plantean en las Cortes y fuera de ellas?


Sin contar que la representación del tercio familiar, y la de las corporaciones locales y de los Consejeros Nacionales del Movimiento, con su doble función en el propio Consejo y en las Cortes, en virtud de su condición de procuradores, constituyen otros factores de representación eminentemente política, que completan y equilibran la representación funcional. ¿Que todo esto es teoría, pero no realidad? Pues hágase que lo sea. La autenticidad de las instituciones, el que cumplan la misión para que fueron creadas con libertad e independencia de voto y expresión, implica la garantía de su consolidación y prestigio. ¿Es que el ejemplo de lo que ocurre en los países del régimen de liberalismo partidista es atractivo y digno de imitar? ¿Es que es aconsejable la vuelta a formas políticas ya ensayadas en España, que demostrarían, como ya lo demostraron, su incapacidad para resistir el empuje del marxismo, directa o solapadamente cubierto con la capa de la conciliación nacional y democrática, marxismo al que los l os españoles en su inmensa mayoría rechazan? Claro es, que nuestro Sistema, como todos, es factible de ser cambiado, pero ello —salvo un golpe revolucionario— sólo puede hacerse mediante leyes aprobadas en Cortes y sometidas al referéndum, con la conmoción inherente al cambio, con las consiguientes consecuencias y el riesgo de deshacer lo andado, para volver a empezar de cero. Y es que en nuestro Sistema, las instituciones obedecen a unos principios doctrinales, y a una coordinada relación funcional de unas con otros, tienen una lógica interna, por lo que alterar o modificar alguno, puede ser el hilo tras el cual se deshaga todo el ovillo del Sistema, con el peligro de desaprovechar esta nueva oportunidad que tenemos de salvar a España. No volvamos a suicidarnos como tantas veces ha ocurrido a lo largo de nuestra Historia, y que la llectura ectura de ésta nos enseña. No se me oculta —como he dicho en varias ocasiones— que en ese ambiente aperturista en que vivimos, que ha desbordado los límites y falsificado las finalidades señaladas por el propio Gobierno, de lo que hay pruebas repetidas y ostensibles que han traído la confusión, la inquietud, el desconcierto y la desconfianza, palabras como las mías u otras análogas, pueden servir de pretexto para una calificación de inmovilista, colocándonos en el dilema o de aparecer contrarios al desarrollo político, si nos oponemos a una determinada interpretación del aperturismo, o, si nos conformamos con esa interpretación, y el cambio se realiza, convertirnos en las víctimas propiciatorias de él. Cuando, en realidad, son palabras de cautela, de llamada a la reflexión, para que, al menos, sirvan de contrapeso a las exageraciones exageraciones y desviaciones de las opiniones e interpretacione i nterpretacioness contrarias. Palabras, que en último término, aunque no sean atendidas, liberan a nuestra conciencia de haberlas silenciado. En definitiva, defendemos una política que podríamos llamar de lealtad institucional, que nos lleve clara, y directamente, a un desarrollo coherente con las Leyes Fundamentales, pero que lejos de debilitar, erosionar o falsificar las instituciones del Régimen, las haga cada día más fuertes, representativas y auténticas, a fin de que el día de mañana, el Rey disponga del Régimen que ha jurado, no de otro, en perfecto funcionamiento, para llevar a cabo la tarea que constitucionalmente le está designada en el Sistema, y del que es la cúspide. Las opiniones que acabo de exponer, sometidas, claro es, a la discrepancia y al juicio crítico adverso, pueden ser equivocadas, pero ofrecen la garantía de estar desprovistas de toda vanidad, interés o ambición, que si alguna hubiera tenido, se encuentra plenamente satisfecha. Obedecen, en cambio, a la identificación con una doctrina política, identificación nacida no de lealtades nostálgicas, emotivas o personales, para mí inmutables, sino de la reflexión, el estudio y la experiencia, que me han llevado a la convicción, firmemente arraigada, de que esa doctrina ha sido y es buena para España. De no creerlo así, estad seguros de que hubiera guardado un silencio trapense, aunque me vería privado de la satisfacción que he tenido de hablar ante vosotros.

La Falange, el Movimiento y el desarrollo político – Raimundo Fernández Cuesta

Recommend Documents