Inamovilidad Laboral de Mujeres en Estado de Gravidez en La Jurisprudencia Constitucional

Revista Revista Juríd Juríd ica Elec Electr tr ón ica de la Universidad d e Aquino Bol ivia

INAMOVILIDAD LABORAL DE MUJERES EN ESTADO E STADO DE GRAVIDEZ EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Lizeth Vargas Mamani

SUMARIO 1. INTRODUCCION. 2. ANTECEDENTES. 2.1. CONCEPTO DE MATERNIDAD. 2.2. BREVE CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN. 2.2.1. DISCRIMININACIÓN EN MUJERES GESTANTES. 2.2.2. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN A MUJERES EMBARAZADAS. 3. ANTECEDENTES JURÍDICOS. 4. RESUMENES Y NALISIS DE ALGUNOS ALGUNOS CASOS DE SENTENCIAS COMO REFERENCIA. 4.1. SENTENCIA CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 1749/2003-R 1749/2003-R Sucre, 1 de de diciembre diciembre de 2003. 4.2. SENTENCIA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0587/2005-R 0587/2005-R Sucre, 31 de mayo mayo de 2005. 4.3. SENTENCIA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0934/2005-R Sucre, 12 de agosto de 2005. 4.4. SENTENCIA CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 2393/2010-R Sucre, 19 de noviembre de 2010. 4.5. SENTENCIA CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 0143/2010-R 0143/2010-R Sucre, 17 de mayo de 2010 . 4.6. SENTENCIA CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 0453/2010-R 0453/2010-R Sucre, 28 de junio de 2010. 4.7. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0993/2010-R 0993/2010-R Sucre, 23 de agosto agosto de 2010. 2010. 5. CONCLUSIONES. 1. INTRODUCCION. El presente presente trabajo tiene por objetivo principal dar un enfoque global global al estudio de lo que constituye la inamovilidad laboral laboral en cuanto respecta a la mujer en estado de gravidez gravidez en primer término y la fundamentación del trabajo desde un punto de vista vis ta netamente jurídico. En tal sentido el Seguro de Maternidad y Niñez tiene sus cimientos c imientos en la Constitución Política del Estado E stado prevé de manera expresa, en su art. 48.VI, que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; este nuevo texto constitucional en actual vigencia, e incluso, el precepto constitucional expresamente va más allá, al establecer que la inamovilidad es extensible también al progenitor. Como también la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, referida a la inamovilidad funcionaria, en su art. Primero señala que toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas. Descendiendo al Código de Familia, Código del Menor, Código de Salud, Ley General del Trabajo, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, y sus respectivas Reglamentaciones, realizándose el presente trabajo a partir de la Ley de Leyes hasta las Reglamentaciones que abarcan todo el campo de acción de estas disposiciones legales. La protección de la mujer embarazada en su relación laboral, está amparada por disposiciones concretas expresadas en la en la Constitución C onstitución Política del Estado, Ley General del Trabajo y su s u reglamento que garantiza garantiza la inamovilidad funcionaria de la mujer gestante hasta un u n año después de haber dado a luz expresada en el decreto supremo No. 0012 del 19 de febrero del 2009 que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado, asimismo le otorga subsidios y asignaciones familiares pre y post natales a la madre o padre

2. ANTECEDENTES. 2.1. CONCEPTO DE MATERNIDAD. MA TERNIDAD. 1

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Es el periodo que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. Pero la maternidad no solo comprende la etapa de gestación sino también, más allá de los términos conceptuales la maternidad y la paternidad son la responsabilidad más grande que una persona puede adquirir, por ello también el estado interviene en hacer cumplir esta dentro el ordenamiento jurídico, protegiendo la vida del nuevo ser y de los progenitores frente a sus fuentes laborales.

2.2. BREVE CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN. La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. La Asamblea Plurinacional aprobó la ley 045 del 8 de octubre del 2010 contra el racismo y toda forma de discriminación.

2.2.1. DISCRIMININACIÓN EN MUJERES GESTANTES. Uno de los principales motivos de discriminación laboral en la mujer en Bolivia es cuando se encuentra en gestación, cabe aclarar que la discriminación a las mujeres existe en todas las sociedades y es necesario tomar medidas urgentes al respecto. Es por esta razón que en Bolivia persisten normas, políticas y prácticas discriminatorias que en todas las esferas de la vida afectan de manera decisiva la existencia de las mujeres, exponiéndolas a graves riesgos y desventajas como ser el despido arbitrario en mujeres en estado de gravidez (gestación). Ante la persistencia de prejuicios culturales y normas legislativas que violentan los derechos de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, las mujeres están expuestas cotidianamente a graves violaciones de sus derechos humanos. Ante esta realidad, en este informe se insta al Estado boliviano a que asuma su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2.2.2. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN A MUJERES EMBARAZADAS. -

Discriminación en Planteles Educativos Con el fin de enfrentar el problema de deserción escolar por embarazo adolescente, las autoridades educativas dictaron la Resolución Secretarial No. 457 del 8 de junio de 1995, que prohíbe rechazar o expulsar a estudiantes embarazadas de los planteles educativos cualquiera que sea su estado civil, permitiéndoles continuar sus estudios hasta culminarlos.198 Debido a la falta de una adecuada difusión de esta norma, los/as directores/as de establecimientos educativos de nivel secundario, técnico y profesional continúan con la práctica de rechazo y expulsión de las estudiantes embarazadas. 2


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Discriminación en Trabajadoras domésticas Un sector cuyos problemas tienen que ver con clase, etnia y género es el de las trabajadoras del hogar, grupo formado principalmente por mujeres migrantes del área rural. Este grupo representa 12.9% de las mujeres en trabajo familiar no remunerado, a quienes se les niega el reconocimiento de sus derechos laborales básicos como el salario mínimo, la seguridad social, la jornada laboral permitida y la estabilidad laboral en casos de maternidad. Este sector se moviliza permanentemente con el objetivo de lograr la aprobación de la Ley del Trabajo Doméstico Asalariado, cuyo tratamiento ha quedado paralizado en el Senado de la República después de su aprobación en la Cámara de Diputados, siendo vanos los esfuerzos realizados por la Federación de Trabajadoras del Hogar y las instituciones que las apoyan para sensibilizar a los legisladores.

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Discriminación por licencia de maternidad Otro problema importante para la contratación y promoción laboral de las mujeres es la interrupción Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas Oficina Jurídica para la Mujer

3. ANTECEDENTES JURÍDICOS. La Constitución Política del Estado prevé de manera expresa, en su art. 48.VI, que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; este nuevo texto constitucional en actual vigencia, contempla como un derecho constitucional la inamovilidad de la fuente laboral en los casos de mujeres en estado de embarazo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, e incluso extensible también al progenitor. La Ley General del Trabajo, promulgada por Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 y elevado a Ley en 8 de diciembre de 1942, así como su Decreto Reglamentario No. 244 de 23 de agosto de 1943, protegen a la mujer embarazada y al menor trabajador, en cuanto se refiere específicamente a la jornada de trabajo el D.S. 10859 de 7 de mayo de 1973 en su Art. 80, establece una jornada máxima de trabajo de 7 horas diarias de lunes a viernes y de 5 horas los sábados, es decir cuarenta horas a la semana. El Art 55 del D.R. dice: El patrono está obligado a ampliar el plazo de descanso postpartum en caso de sobrevenir alguna enfermedad producida por el alumbramiento, previa presentación de un certificado médico, la mujer continúa percibiendo el 100% de su salario. El Art. 61 de la Ley General del Trabajo indicaba que la mujer embarazada descansaba 15 días antes hasta 45 días después del alumbramiento, conservando su derecho al empleo y percibía el 50% de su salario durante la lactancia. La Ley de 6 de diciembre de 1949 Art. único, modifica esta disposición: Las mujeres embarazadas descansaran 30 días antes hasta 30 días después del alumbramiento o hasta un tiempo mayor si sobrevienen enfermedades, conserva su derecho a empleo y percibe el 100% de su sueldo y tendrá una hora de descanso diario, es decir que su carga horaria es rebajada de 7 horas a 6 diarias durante este lapso.

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La Ley No. 975 de 2 de marzo Decreto Ley 13214 de 24 de diciembre de 1975, en su Art. 1 establece la inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada hasta un año después del alumbramiento, tanto en entidades públicas como privadas. El Art. 31 otorga a la mujer asegurada el derecho durante el embarazo y el puerperio a los subsidios de maternidad por un plazo máximo de 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores a él. Siempre que en estos períodos no ejecute trabajo remunerado. Este subsidio se pagará a la asegurada que tenga un mínimo de cuatro aportaciones mensuales dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se cancela el subsidio pre natal. El Art 37 del Código de Seguridad Social dispone que la asegurada tiene derecho a un subsidio de maternidad siempre y cuando cumpla con las cotizaciones. A sí mismo actualmente el Decreto Supremo 0012 del 19 de febrero del 2009 por el cual se amplía el beneficio de la inamovilidad laboral de la madre en estado de gravidez (que ya existía través de la Ley 975 de 2.3.1988) al padre de familia que trabaje en el sector público o privado. El decreto en uno de sus articulados señala: La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que el hijo o hija cumpla 1 año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial, ni su ubicación en su puesto de trabajo. Cono también el Tribunal Constitucional dicto la sentencia Nº 0109/2006-R de fecha 09 de marzo de 2006, moduló la línea jurisprudencial que establece que toda mujer trabajadora goza de inamovilidad funcionaria por su estado de embarazo, señalando que dicha inamovilidad no es procedente en el caso de los contratos a plazo fijo, cuando tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o privado.

4. RESUMENES Y NALISIS DE ALGUNOS CASOS DE SENTENCIAS COMO REFERENCIA. 4.1. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1749/2003-R Sucre, 1 de diciembre de 2003. El mencionado caso, interpuesto alegando la vulneración de derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad y a la maternidad. se limita únicamente a señalar que se habrían detectado irregularidades de cobros indebidos de rentas de viudedad, y que la recurrida hubiese colaborado en el cobro de dicha renta por la supuesta existencia de un grado de parentesco consanguíneo, pese a que su función era revisar poderes verificando que los mismos estén completos y respaldados, no así pagar o suspender rentas, asimismo, manifiesta que la beneficiaria de la renta contrajo nuevo matrimonio el año 1995, entonces de quien era la negligencia, si su persona recién entró a trabajar en marzo de 2002, considera que, los responsables son los administradores y asesores jurídicos por negligencia, razón por la cual procedieron a despedirla bajo el argumento de culpabilidad por negligencia administrativa no tomando en cuenta que primero está embarazada y después del nacimiento de su niño de aproximadamente 5 o 6 meses de vida, restringiendo y suprimiendo sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad y a la maternidad, es necesario señalar que éste Tribunal, en características similares al presente caso hace notar La Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1 establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado como lo expresa el precepto constitucional contenido en el art. 193. Po lo cual el Tribunal Constitucional, 4


en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19. IV, 120. 7ª CPE, 7. 8ª) y 102. V LTC, en revisión resuelve: ACLARAR que la indemnización por daños y perjuicios, comprende los montos que debe pagarse a la recurrente por sueldos, subsidios y cualquier otro a que tiene derecho como funcionaria.

ANALISIS: Por lo que podemos rescatar de esta sentencia, resulta importante destacar la prohibición de despido a mujeres embarazadas sea cual sea la causa ya que lo que en realidad se está protegiendo es la vida del bebe en gestación, ahora es contradictorio el tema este de la protección a embarazadas que cometieron faltas en sus fuentes de trabajo o el hecho de que la mujer gestante aproveche de su condición para cometer cualquier tipo de faltas leves o graves dentro el trabajo, pero lo que la constitución debe precautelar es la vida del nuevo ser, ante todo y sobretodo la culminación del embarazo y su desarrollo hasta el primer año de vida, su estabilidad económica, esto para contrarrestar el peligro de mortandad infantil el cual es un punto muy preocupante a nivel mundial pero la más importante es la protección al hijo o hija.

4.2. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0587/2005-R Sucre, 31 de mayo de 2005. En revisión, la Resolución de 4 de noviembre de 2004, pronunciada por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, alegando vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, “a la inamovilidad funcionaria” (a la seguridad social y a la protección estatal de la maternidad, la recurrida fue contratada por mediante concurso de méritos fue contratada para desempeñar las funciones de Consejera del PROGRAMA ITS/SIDA en el Proyecto de Salud Integral “PROSIN” como unidad ejecutora del Ministerio de Salud y Deportes, por el lapso de un año. quien mediante certificado médico hizo conocer su estado de embarazo a PROSIN, posteriormente en varias oportunidades, solicitó baja médica algunas de ellas por amenaza de aborto, que fueron concedidas por PROSIN, La mencionada comunico, su estado de gravidez, solicitando se considere su situación antes del cumplimiento del contrato y se la mantenga en su fuente de trabajo; solicitando a PROSIN su recontratación y su inamovilidad funcionaria, siendo negada nuevamente argumentando, que su persona era eventual y que además las actividades del PROSIN razón por la cual la Sra. denuncio a PROSIN. Concluida la audiencia se declaró procedente el recurso, disponiendo la inmediata restitución de la recurrente a sus funciones, la atención prenatal y la cancelación de sus sueldos que correspondan, con los siguientes fundamentos: a) durante la vigencia del contrato y antes de la culminación del mismo, la recurrente comunicó su estado de embarazo, hecho que no fue tomado en cuenta por la autoridad recurrida al emitir las notas en las que comunicó la imposibilidad de renovación del contrato y luego al haber impedido el ingreso de la recurrente a su oficina; b) si bien la autoridad recurrida ordenó el pago de subsidio pre natal, esto no suple los beneficios y derechos que emergen del estado de maternidad de una mujer, entre los que se garantiza su inamovilidad funcionaria. La recurrente solicita la tutela de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, “a la inamovilidad funcionaria”, a la seguridad social y a la protección estatal de la maternidad, consagrados en los en la CPE. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada. “El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”; por otra parte la norma contenida en el art. 1 de la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, dispone: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas y privadas”, sobre la protección que debe brindarse en caso de despido de mujer embarazada y en concordancia con las normas legales citadas la jurisprudencia constitucional que establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo 5


como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, tengan contratos permanentes o eventuales por lo cual el Tribunal Constitucional, resuelve APROBAR esta Resolución, pronunciada por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando y CONCEDER el amparo solicitado.

ANALISIS: Por lo que llegamos a apreciar de esta sentencia nos muestra claramente que se debe garantizar los derechos inherentes al contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia ya se por contrato en trabajos eventuales. En el caso del permiso de maternidad, la remuneración y la prestación se consideran adecuadas cuando los ingresos son equivalentes, como mínimo, a los que recibiría la trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, hasta un límite máximo posible determinado por las legislaciones nacionales. Según la Constitución Política del Estado, este derecho a remuneración o a prestación puede estar sujeto a determinadas condiciones o requisitos, entre los que no se podrán contemplar en ningún caso períodos de trabajo previo superiores a doce meses inmediatamente anteriores a la fecha prevista para el parto tomando en cuenta que si una empresa cierra tiene la obligación de establecer otro trabajo para el empleado. 4.3. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0934/2005-R Sucre, 12 de agosto de 2005 La presente Resolución fue argumentada, alegando la vulneración de los derechos de su representada a la vida, la salud, al trabajo, a la remuneración justa, a la seguridad social, a la seguridad jurídica y maternidad, y a que se acate y cumpla las leyes de la República previstos en la Constitución Política del Estado; mediante memoriales presentados en enero de 2005 el recurrente asevera que la recurrida ingresó a trabajar como Responsable de Área de la Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, suscribiendo posteriormente un contrato de 8 meses con dicha repartición para desempeñar el cargo de Secretaria de Consultores Sectoriales señala, que en vigencia de dicho contrato, se le concedió baja prenatal y dos días después nació su hija conforme se evidencia del certificado de nacimiento; sin embargo, mientras estaba gozando de su baja postnatal, le comunicaron que fue despedida de su cargo de Secretaria, debido a que su contrato habría concluido, razón por la cual solicitó en forma verbal se deje sin efecto el memorando de despido, solicitud que fue negada; luego, pidió al Director Administrativo de dicha Delegación Presidencial le proporcione copias de los contratos de trabajo y de los memorandos de baja médica pre y post natal. La Asesoría Constitucional y Legislativa del Defensor del Pueblo, sostuvo reuniones con funcionarios de la aludida Delegación Presidencial para que se reincorpore a su representada; sin embargo, en ambas oportunidades manifestaron no dar curso a su solicitud ya que no contaban con presupuesto suficiente además de cargos vacantes. Asimismo se declara procedente, ordenando la restitución de su representada a su puesto de trabajo y con el mismo nivel salarial en la Delegación Presidencial en el Ministerio de la Presidencia, la asignación inmediata del seguro social, subsidio prenatal y postnatal a favor de recurrida y su hija presentando el Certificado de nacimiento 243287, expedido por el Registro Civil, acredita que la hija nació el 5 de agosto de 2004 ; la cancelación retroactiva de los sueldos de los cuatro meses desde su retiro hasta su reincorporación, así como de 6


los beneficios de Ley, bajo conminatoria de ser procesados como reos de atentado contra los derechos y garantías constitucionales. La recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que establece la Ley y la Constitución Política del Estado mediante el art. 193 establece: “El Matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”, precepto constitucional que guarda estrecha coherencia con el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que señala: “Toda mujer en período de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas y privadas establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales. Finalmente, es preciso señalar que en una correcta interpretación de la norma prevista en el art. 25 del DS 21637, de 25 de junio de 1987, que dispone que los empleadores de los sectores público y privado son los responsables directos de pagar los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, en favor de la madre gestante o beneficiaria tratándose de los subsidios prenatal y de natalidad, así como para el hijo en sus primeros doce meses de vida que es el beneficiario del subsidio de lactancia; el empleador, sea el Estado o una entidad privada, reatada al cumplimiento de este deber, pagará estas prestaciones a favor de la madre como asegurada directa o como beneficiaria. El Tribunal Constitucional, por todo lo argumentado resuelve APROBAR la Resolución 002/05-SSAIII, pronunciada el 21 de enero de 2005, por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, y en consecuencia CONCEDER el amparo solicitado, con calificación de daños y perjuicios.

ANALISIS: Otra forma de despido más común en las mujeres gestantes es la no renovación de contrato, pero debemos aclarar que de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales, que son muchos, resulta casi imposible despedir o no revocar el contrato de trabajo a una mujer en estado de embarazo. Es claro que mientras subsistan las causas que dieron origen al contrato de trabajo, y el desempeño del trabajador sea adecuado, se debe renovar el contrato de trabajo. No es argumento aceptable, por ejemplo cuando a un empleado que se desempeñaba como almacenista no le haya sido renovado el contrato, y en su lugar hayan contratado a otra persona. En este caso las funciones o el cargo no han desparecido, sigue existiendo, por tanto no existe una justa causa para no renovar el contrato de trabajo. Ahora, si el trabajador además ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, tampoco existe justa causa para no renovar el contrato de trabajo. Para que una empresa decida no renovar un contrato de trabajo a término fijo, y máxime si se trata de una mujer embarazada, debe justificar plenamente tal decisión, y como ya se ha expuesto, para el juez no será razón justificadora la expiración del tiempo acordado en el contrato de trabajo. El caso de una mujer embarazada es especialmente importante puesto que una mujer en estado de embarazo puede recurrir a la acción de tutela, sobre lo cual, como ya se anotó, existe una rica jurisprudencia a favor de los 7


derechos de la mujer embarazada, por tanto es casi seguro que el juez fallará a favor del la mujer embarazada a la cual no se le ha querido renovar el contrato de trabajo.

4.4.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2393/2010-R Sucre, 19 de noviembre de 2010.

La recurrida presento la demanda contra administrativos de la Cámara de diputados, respectivamente, alegando la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, de protección a la maternidad y a la seguridad social, citando además la “seguridad jurídica” La señora señala haber trabajado en la Cámara de Diputados durante cinco años, y en uso de su vacación anual, acudió a fines de febrero de 2008 a la CNS en busca de atención médica, dado al malestar que tenía desde hacía semanas atrás, sospechando que se trataba de un estado de embarazo. Sin embargo, esa atención médica le fue negada, pidiéndole que presente su papeleta de pago correspondiente a enero, pero cuando exigió ese documento en su fuente de trabajo, le indicaron que estaba retenida en la Dirección de Recursos Humanos, y ante su solicitud de entrega de dicha papeleta, se le negó su pedido, amparándose en un informe jurídico. De esa manera, sus empleadores impidieron que haga uso de su derecho a la salud. Luego mediante memorando de 3 de marzo de 2008, firmado por el Oficial Mayor y el Director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, fue despedida de su trabajo, y 10 días después, el 13 de ese mismo mes y año, ante su insistencia y a muchos ruegos, recién pudo ser atendida en la CNS, evidenciándose su estado de embarazo de siete semanas; diagnóstico que fue ratificado por certificado expedido por la CNS el 4 de abril de 2008 (fs. 16), es decir que al momento de ser despedida, ya se encontraba embarazada. Ante esta situación, la accionante acudió el 7 de ese mes y año, ante el Director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, haciéndole conocer las circunstancias que se presentaron y su estado de embarazo, por lo que solicitó se deje sin efecto el memorando de despido y se disponga su inmediata restitución a sus funciones. Asimismo, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela respecto al Director de Recursos Humanos y al Oficial Mayor, ambos de la Cámara de Diputados, y denegando el recurso contra el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente nato del Congreso Nacional, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales, dando correcta aplicación a esta acción tutelar por lo cual el Tribunal Constitucional, CONCEDE la tutela solicitada por la recurrida en la forma dispuesta por el Tribunal de garantías, es decir únicamente contra el Oficial Mayor y el Director de Recursos Humanos, ambos de la Cámara de Diputados.

ANÁLISIS: La protección especial que la ley ofrece a la mujer embarazada, no solo la cobija mientras esté en estado de embarazo, sino que contempla también durante el estado de lactancia, más exactamente durante tres meses después del nacimiento de su hijo, y aun así, la corte en varias ocasiones ha considerado que el plazo de tres meses no es una camisa de fuerza, y mientras las circunstancias de un hecho particular así lo ameriten, la protección especial de la mujer en estado de lactancia se puede extender mucho mas de los tres meses aceptados por la ley y la jurisprudencia. En el presente caso el Tribunal Constitucional, dicto sentencia en referencia a todo los artículos que presento la recurrida María Teresa García Contra el Vicepresidente del Estado y el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, a favor de ella, con cargo al Oficial mayor y no asi al Vicepresidente.

4.5. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0143/2010-R Sucre, 17 de mayo de 2010 . 8


La acción de amparo constitucional- interpuesto, el Fiscal de Distrito de Potosí, Señalando la vulneración de los derechos a la “seguridad jurídica”, a la vida, a la petición y al trabajo, presentando antecedentes mediante memorando 039/2006 de 7 de septiembre, el Fiscal de Distrito demandado, dispuso el desplazamiento de la accionante, en su calidad de Fiscal Asistente, a la ciudad de Uyuni por el tiempo de noventa días, orden que fue representada por la funcionaria peticionando se deje sin efecto, con el argumento de precautelar su salud y la vida del ser en gestación, al gozar la maternidad de protección del Estado; indicando además, que su estado delicado de salud era conocido por el demandado con anterioridad, el Fiscal de Distrito demandado, respondió señalando que el desplazamiento se realizó por razones de fuerza mayor y por ser la accionante la única Fiscal Asistente en la capital disponible para cubrir momentáneamente esa vacancia; además, “en cuanto a su estado de gestación, muy bien puede ser atendida por el especialista en su nuevo destino de trabajo, centro urbano en el que existen centros de salud que brindan todo tipo de servicios, por lo que no puede utilizar ese argumento para rehusarse a cumplir con la instrucción que le fuera encomendada Esta señora fue contratada para cumplir funciones en la Fiscalía de Distrito de Potosí, en ningún momento solicitó su desplazamiento; y además, no se le promovió porque no está sometida a la carrera fiscal, por lo mismo, no podía ser desplazada, más aún si estaba de por medio su estado de gravidez. El Fiscal de Distrito de Potosí recurrido, presentó informe en audiencia, manifestando lo que la recurrente ejercía como Fiscal Asistente desde el 6 de octubre de 2005, pero dichas funciones no fueron cumplidas de manera responsable, eficiente y menos eficaz; prueba de ello, es que actualmente está sometida a un proceso disciplinario por la comisión de faltas graves, pero lo sostenido por la accionante confirmado además por certificados médicos que evidencian un cuadro de salud delicado, correspondía tomar en consideración la protección que brinda el Estado a la maternidad y la vida del ser en gestación, más allá de las facultades y atribuciones de disponer el desplazamiento instruido. Por ello El Tribunal Constitucional resuelve APROBAR la Resolución 006/2006 de 19 de septiembre, pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí; y CONCEDE la tutela respecto a los derechos a la vida y al trabajo, invocados por la accionante, con la modificación de que se determina sin responsabilidad por ser excusable, conforme los fundamentos del presente fallo.

ANÁLISIS: Debe hacerse énfasis en que la inamovilidad laboral implica que no se modifiquen las condiciones labores de trabajo en desmedro de la madre gestante y el recién nacido (reducción sueldo, cambio de lugar de trabajo, etc.). En este caso a diferencia de la otra fue por su cambio de fuente laboral a la localidad de Uyuni, por lo cual alegaba que no existían fuentes de salud para poder ella tratar su estado de gravidez, por lo que el Tribunal Constitucional concedió la demanda conforme a los derechos de vida y al trabajo.

4.6. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0453/2010-R Sucre, 28 de junio de 2010. Interpuesto contra los administrativos de la Caja Petrolera de Salud de La Paz, alegando la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a una remuneración justa, a la inamovilidad de la mujer en estado de gestación y al debido proceso, Mediante Auto Inicial del proceso interno 03/2006 de 1 de agosto, se inició proceso administrativo interno contra la recurrente por incompatibilidad de funciones al contravenir las normas y disposiciones legales vigentes en ejercicio de sus funciones como enfermera de la CPS de La Paz, presentó memorial el 18 del mismo mes y año, en el que hace aclaraciones respecto que no estaría comprendida dentro de ninguna incompatibilidad, la inexistencia de sobre posición y que se encuentra protegida por la “Ley 975 de 2 de mayo de 1988”, que establece la inamovilidad funcionaria de mujeres embarazadas, solicitando se levante la 9


determinación de indicios de responsabilidad, Se dictó la Resolución sumario administrativo interno 02/2006 de 24 de agosto, procediendo a sancionar a la recurrente con la destitución del cargo en aplicación; Mediante Resolución de 23 de octubre de 2006, se declaró la ejecutoria de la Resolución de sumario administrativo 02/2006, en virtud a que no se presentó recurso de; Posteriormente, se dictó la Resolución de 30 de octubre de 2006, que rechazó la petición de dejar sin efecto el Auto de ejecutoria de 23 de octubre de ese año, es importante resaltar que la protección a la mujer trabajadora embarazada y su hijo, se encuentra regulada por la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, y que según la jurisprudencia de ese Tribunal, fue invariable al otorgar la tutela en casos en que fuera despedida a pesar de encontrarse embarazada; relacionándose esta Ley, conforme el desarrollo de la previsión constitucional, sobre la protección de la maternidad por parte del Estado no obstante lo anotado cabe destacar que la recurrente ahora accionante, aún de destituida del cargo de enfermera auxiliar del Policonsultorio “20 de Octubre”, dependiente de la CPS de La Paz, goza de la protección solicitada tanto en relación a su situación de trabajadora en estado de gestación, prestaciones de seguridad social, como así a la percepción de un salario justo, provenientes de la labor que desempeña en la CNS. por tanto el Tribunal Constitucional, resuelve APROBAR la Resolución 012/07 de 28 de marzo de 2007, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

ANÁLISIS: Por lo que se puede ver en esta sentencia es clara que una de las situaciones más complejas en una relación laboral se da cuando se tiene contratada mediante contrato de trabajo a término fijo o de labor u obra, a una mujer que se encuentra en estado de embarazo, y se vence el plazo pactado. En el presente caso el Tribunal Constitucional denegó la demanda a la recurrida por que no presento los argumentos necesarios ni pruebas necesarias, para poder dictar la sentencia a su favor.

4.7.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0993/2010-R Sucre, 23 de agosto de 2010

Interpuesto contra Director Ejecutivo de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTNPB), alegando la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a la inamovilidad de la mujer embarazada, a la defensa y de la garantía al debido proceso de contratación, recurrente, cursa el contrato de consultoría suscrito entre la OTNPB y la recurrente, señalando la cláusula sexta que su vigencia será del 14 de diciembre de 2005, hasta el 22 de julio de 2008. Por oficio OTNPB CGP OF. 0015/2006 de 27 de diciembre, la recurrente, acompañando el certificado médico correspondiente, hizo saber al recurrido que se encuentra en estado de gravidez, solicitando que la certificación, mediante carta 120/07 de 26 de marzo de 2007, la autoridad recurrida, comunicó a la recurrente la resolución del contrato de consultoría por haber incumplido el contenido del mismo, provocando la pérdida total de confianza. Así la mencionada carta señala que se ha constatado que su persona ha Incumplido el contrato de servicio de consultoría habiendo provocado con su actitud la pérdida total de confianza por parte del Ejecutivo hacia el servicio de asesoramiento y acciones que pueda tomar Ud. a futuro como Coordinadora del Proyecto Pilcomayo, así también indica que se hace imposible la continuación en la prestación de sus servicios profesionales a la institución, ha determinado la resolución del contrato de consultoría suscrito con su persona de fecha 14 de diciembre de 2005, por incumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la cláusula séptima sin perjuicio de iniciar las acciones pertinentes que procedieren en su contra por las omisiones u negligencias cometidas en perjuicio de la Institución y por ende de los intereses del Estado; debe entenderse que en el tiempo que dure la relación contractual como consultora, y al encontrarse en estado de gravidez, se debe respetar tanto la relación del contrato, y su inamovilidad, debiendo dejarse en claro, que ello no excluye a la embarazada, así como la discriminación. En los antecedentes procesales remitidos al Tribunal, menciona que se 10


evidencia que la accionante suscribió un contrato de consultoría con la OTNPB, señalando la cláusula sexta el término de vigencia desde el 14 de diciembre de 2005 hasta el 22 de julio de 2008, pero la misma fue vulnerada en su derecho de inamovilidad como mujer embarazada, además de que no fue sometida a un proceso interno mediante el cual se compruebe el incumplimiento del contrato de consultoría, por lo que resulta ilegal y vulnera su derecho al trabajo y fundamentalmente la garantía al debido proceso por lo tanto el Tribunal Constitucional CONCEDE la tutela solicitada.

ANÁLISIS. Muchos opinan que la empresa puede simplemente no renovar el contrato de trabajo a una mujer embarazada, puesto que ha finalizado el plazo pactado, causa que es suficiente puesto que así lo ha contemplado la ley cuando creó la figura del contrato de trabajo a término fijo, debido a que resulta obvio que si en el contrato se acordó una tiempo y plazo determinados, expirados estos la relación jurídica entre las partes simplemente desaparece. En cambio, hay quienes opinan que se debe renovar el contrato de trabajo a una mujer que se encuentra embarazada. Entre quienes tienen esta opinión está la misma corte constitucional. El presente caso el Tribunal Constitucional dicto la sentencia a favor de la demandante porque se logro comprobar que fue ilegal el procedimiento que tomaron frente a ella.

5. CONCLUSIONES. Consideramos que actualmente la protección a la mujer embarazada en nuestro país se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado que garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; también no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, de acuerdo a ello vemos que efectivamente los derechos de la mujer embarazada y la niñez se encuentra amparada en total legalidad en nuestro país, viendo el problema en las institución laborales, como son los jefes responsables del personal, que incumplen con las normas establecidas en nuestra constitución. Deberíamos ampliar los conocimientos de estas normas y leyes establecidas, a todas las mujeres trabajadoras de entidades públicas y privadas para que puedad ejercer sus derechos; sin duda las mujeres tienen que tener conocimiento profundo de estos para poder exigir los derechos, estos casos que hemos analizado son algunos, sin embargo existen muchos casos en cifras negras que nunca se han denunciado. La decisión de las empresas, cuando conoce que una mujer embarazada ha aprobado alguna plaza para ingresar en una determinada empresa, es negarle su legítimo derecho a realizar el reconocimiento médico, el posterior curso de formación profesional y la consiguiente contratación. Es una actitud unilateral que cercena injustamente los derechos de toda mujer al empleo. Y vulnera los derechos fundamentales de no discriminación por razón de sexo contemplados en nuestra Constitución. Porque, con esta medida, está impidiendo el universalmente reconocido derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin que ello les suponga consecuencias negativas en el trabajo.

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Es insultante para toda mujer embarazada, y para cualquier persona, la propuesta empresarial de retrasar el proceso de ingreso o retiro en empresas hasta que se produzca el parto. Porque humilla a la mujer y la impone una pena por su maternidad. El presente trabajo ha demostrado plenamente que en Bolivia existe toda la normatividad legal que protege los derechos de las personas, específicamente en cuanto se refiere a la Maternidad Segura y a la Niñez, se ha encontrado todo el cúmulo de disposiciones legales, sin embargo con tal cantidad de leyes, el aparato burocrático como son las entidades públicas y privadas son los únicos que crecen, ya que los beneficiarios, previamente tienen que cumplir una serie de requisitos para acceder a los organismos de salud, y obviamente el cumplimiento de todos estos requisitos impactan en la economía de los más pobres, ya que desde conseguir un certificado de nacimiento, hasta tramitar la cédula de identidad requiere de tiempo y dinero, que la mayoría de la población no tiene. Se ha podido constatar también que en los Centros de Salud, un gran problema es la displicente atención que muchas veces reciben las pacientes, lo que hace que estas mujeres no quieran asistir a estos centros, ya que en muchos casos se sienten juzgadas, por la falta de ética profesional ejemplo los médicos que no saben tratar a una mujer gestante.

BIBLIOGRAFIA -

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Nueva Constitución Política del Estado. Aprobado en el Referéndum de 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero Código del Menor y Decreto Reglamentario Ley 1403. Editorial Jurídica “Zagada”, La Paz Bolivia 1994. Código Penal. Editorial “Los Amigos del Libro”, La Paz - Cochabamba, Bolivia, 1984. CODIGO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA. Gaceta Oficial de Bolivia, 1981. REYES ORTIZ Juan Carlos. Fundamentos de Derecho del Trabajo y Procedimiento, Latinas Editores Oruro - Bolivia, 1996. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Manuel Ossorio

SITIOS WEB -

http://two.fsphost.com/gaceta ofical.gob.bo.html

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Inamovilidad Laboral de Mujeres en Estado de Gravidez en La Jurisprudencia Constitucional

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