PARTES DE LA COSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA siguiendo con los lineamientos anteriores veremos como esta dividido el contenido o estructura de la Constitución Política Colombiana en nuestro caso especifico.
1.-Preambulo:Es una especie de introducción en donde aparecen las directrices que la inspiran y que sirve de guía a los gobernantes .No contiene por lo tanto artículos.
2.-Parte Dogmática: En ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizadas por el estado y a la vez cuales son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos. Allí encontramos los llamados derechos de primera generación ,que son los llamados derechos individuales y libertades publicas esénciales, ejemplo de ellos:derecho a la vida,al libre desarrollo de la personalidad.etc.Asi mismo encontramos los llamados derechos de segunda generación ,llamados también derechos sociales como el derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho a la libertad sindical,etc;y por ultimo los derechos de tercera generación o derechos colectivos como el derecho a un ambiente sano,a la paz etc.Esta parte va del articulo 1 al 112.
3.-Parte Orgánica: En esta parte se establece la organización en si del estado, su sistema de gobierno,su régimen político, su división territotial,la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder publico y a nivel genera l todas las normas que rigen un estado y determinan como debe organizarse este y ejercer su poder soberano.Este segmento de la constitución esta comprendido entre el articulo 113 y el 373.
4.-Parte de la Reforma: Es la parte que contiene todo lo relacionado con las reformas o cambios y la manera como se realizan ellas.Va del articulo 374 al 380. En nuestro caso la Constitucion se puede reformar por Acto Legislativo,Asamblea Nacional Constituyente o referendo Constitucional.
5.-Parte Neutra: Son aquellas que no hacen referencia ni a la parte dogmática ni a la parte organica.Ejemplo de este tipo de normas son: Articulo 41 que habla sobre la instrucción cívica, articulo 49 que se refiere a los servicios de salud,etc.
La Constitución Colombiana consta de Un Preámbulo 13 titulos y 380 articulos y la actual(1991) tiene mas de 84 articulos que se ocupan de los derechos fundamentales.
La constitución de un Estado es definida brevemente como la norma de normas o como la norma fundamental del ordenamiento jurídico en el cual tiene primacía. La constitución de la República de Colombia fue aprobada tras Asamblea Constituyente en 1991. Ésta se encuentra dividida en dos partes, una dogmática, donde se encuentra el contenido filosófico, los valores, derechos y libertades que caracterizarán y tendrán la nación y el Estado y una parte orgánica donde se explica la forma y estructura del Estado.
HISTORIA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
La Constitución de 1991 es llamada también la "Constitución de los Derechos", por cuanto reconoce y consagra no sólo los derechos fundamentales, clásicos desde la Revolución Francesa por los que tanto había luchado Antonio Nariño, sino los derechos económicos y sociales, propios del Estado Social de Derecho, consagrada en el artículo 1º de la Constitución y los derechos colectivos, o de tercera generación, dentro de los cuales se destacan entre otros la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano. Además crea los mecanismos necesarios para asegurar y proteger esos derechos, entre otros, la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento, Las Acciones Populares y de Grupo. A partir de un movimiento estudiantil formado en 1989, se convoca en 1990 una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular directo, la cual promulga en Bogotá en 1991 la Constitución Política de Colombia de 1991. En ella se conserva la denominación de República de Colombia. En el proceso de negociaciones de paz con los diferentes grupos alzados en armas durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero M-19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de
hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional incluyendo una opción en las papeletas de votación para presidente de la república, los estudiantes, en particular los de las universidades, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una Séptima Papeleta ordenándole al ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta fue acogida y el triunfo llegó para aquellos jóvenes colombianos que pedían la constituyente, más del 50% de los votantes incluyó la “Séptima Papeleta” con lo cual el presidente en turno, César Gaviria Trujillo, se vio obligado
a cumplir con el mandato popular. De esta forma la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes ya que no sólo se logró un cambio constitucional sino también que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que a las comunidades indígenas se les garantizara representación en el Congreso de la República.
DERCHOS DE LOS CIUDADANOS Está Colombia entrando en un nuevo orden constitucional, que modifica en forma radical el orden tradicional. Este es un proceso lento y complejo, que no producirá las transformaciones instantáneas en la realidad nacional que muchos temen o quisieran: las normas, como lo señaló el Presidente Gaviria en reciente intervención, son simplemente herramientas, cuyo uso depende de la voluntad política del país. Además, son herramientas que hay que adecuar y aprender a usar, pues pese a la buena voluntad de quienes las elaboran, no siempre su sentido es claro y univoco. La constitución tiene, más que la de 1886, problemas de redacción e imprecisión, y por ello se prestara a amplios debates interpretativos. Al hablar de la constitución, cuando me dirijo a un grupo de funcionarios con una amplia formación jurídica, resulta necesario advertir que no soy abogado, y que por lo tanto mi lectura de ella corresponde mas a mi experiencia como historiador y como analista político: para interpretarla no puedo recurrir a ninguna formación jurídica, sino al esfuerzo de un lector que trata, con instrumentos muy generales, de comprenderla y entrever su lógica. Me limitaré, además de señalar algunos aspectos generales de la nueva constitución, a discutir precisamente aquellos puntos en los cuales me parece que la formulación de la carta es imprecisa o inadecuada y abre el camino a interpretaciones divergentes.
La definición positiva de los derechos.
A diferencia de la Constitución de 1886, la de 1991 determina en forma positiva los derechos de laspersonas y los ciudadanos. Aunque en otros ordenamientos jurídico-políticos la inexistencia de una cartade derechos no ha obstaculizado el desarrollo de normas y mecanismos eficientes de protección, meparece que dada la tradición colombiana, la decisión de pasar de una constitución en la que los derechosresultan sobre todo del establecimiento de limitaciones a la acción del Estado a una constitución que gira alrededor de una enumeración amplia de derechos, es algo conveniente. En efecto, no es parte substancial de la cultura política colombiana una conciencia clara de los derechos de las personas y de la posibilidad de exigirlos. Una carta constitucional como la de 1991 tiene por ello la ventaja de que conducirá a que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y a que tengan una conciencia más clara de que pueden exigir y reclamar su cumplimiento. La estructura de la carta de derechos: derechos fundamentales y de ejecución inmediata.
La constitución, por otra parte, clasifica los derechos protegidos en varias categorías, que no son completamente consistentes y que obedecen a criterios distintos. En primer lugar, la constitución ha separado claramente, señalando títulos diferentes para cada grupo, los derechos fundamentales, los derechos "sociales, económicos y culturales", los derechos colectivos y los mecanismos de protección. Esta clasificación corresponde a la diferenciación convencional entre los llamados derechos de primera, segunda y tercera generación, aunque no coincide por completo con ella. En efecto, la terminología usada dentro de esta clasificación define los derechos de la primera generación como "derechos civiles y políticos"; la opción de la codificación constitucional mezcla dos principios clasificatorios, y produce cierto equivoco al sugerir la equiparación automática de derechos fundamentales y derechos civiles y políticos. Sin embargo, una lectura atenta muestra que esto no puede sostenerse en forma consistente, pues en el capítulo de los derechos fundamentales aparecen algunos que son de contenido más social o económico, como el derecho al trabajo, y otros que tradicionalmente se clasifican dentro de los derechos colectivos, como el derecho a la paz. Además, algunos de los derechos culturales, sociales y económicos, como el derecho a la educación y a la salud, pueden ser considerados como fundamentales, al menos en cuanto a la satisfacción mínima necesaria para actuar en las condiciones actuales de nuestra sociedad. Una discusión del problema suscitado por el uso de la expresión "derechos fundamentales" sería bastante compleja, pero es preciso subrayar algunos elementos que deben tenerse en cuenta, y en primer lugar que resulta decisivo definir un claro criterio para determinar cuáles derechos son fundamentales, pues la aplicación del mecanismo de tutela lo exige, al señalar la constitución que este recurso solo podrá ser invocado para defender los derechos fundamentales. Y en
segundo lugar, que la constitución, fuera de la simple codificación, da muy pocas indicaciones para determinar cuáles son los derechos fundamentales. Ante esto, se presentan varias alternativas: ¿Son "fundamentales" los "inherentes a la persona humana", es decir aquellos sin los cuales es imposible concebir una existencia personal digna? ¿Debe aplicarse como criterio para determinarlos un criterio de orden filosófico, quizás de origen iusnaturalista, o debe más bien apelarse a la consideración de los derechos que en un nivel dado de desarrollo se consideran como necesarios para llevar una vida digna? En el primer caso, la definición incluiría sobre todo derechos como la vida y la integridad personal, la libertad y la igualdad, pero no derechos como la educación, la salud o la huelga. Por lo demás, la constitución presenta la paradoja de que algunos derechos definidos como fundamentales no pueden protegerse, en ninguna forma razonable, a través de un mecanismo como la tutela: pienso en especial en el derecho a vivir en paz. Otra alternativa, que haría más coherente la aplicación de la tutela, sería utilizar como criterio el que uso el constituyente para especificar cuáles son de cumplimiento inmediato. En efecto, esta categoría coincide en lo fundamental con el núcleo básico de derechos civiles y políticos que están en la base de todo ordenamiento constitucional legal. Vistos desde otro punto de vista, incluyen sobre todo derechos que definen posibilidad de acción de los individuos que no pueden ser reprimidas o impedidas por el Estado, es decir cuyo disfrute se realiza por la abstención de una actuación de las autoridades: son esencialmente el derecho legal a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la igualdad. Este argumento, sin embargo, no es del todo contundente, pues no permite incluir entre los derechos fundamentales aquellos que la constitución no definió como de cumplimiento inmediato, en especial el derecho de huelga. Tampoco permite incluir como fundamentales algunos derechos que se satisfacen mediante la acción del Estado o de los particulares, y no mediante su abstención. ¿Cómo tratar por ejemplo, el derecho a la salud o a la educación? Como lo indican los párrafos anteriores, la Constitución sobreimpuso diversos sistemas clasificatorios y conceptuales, lo que dificultara en alguna medida la interpretación. Por supuesto, es posible, en muchos casos, recurrir a los tratados y convenios internacionales, convertidos expresamente en criterio de interpretación por la misma carta. Pero no siempre ellos permiten llegar a conclusiones claras. Desde mi punto de vista, finalmente, la única solución relativamente coherente es definir como fundamentales varios conjuntos de derechos: a) Los que corresponden al núcleo de los derechos civiles y políticos que se garantizan por la abstención del estado; b) los que garantizan la igualdad de oportunidades en el disfrute de derechos que se satisfacen mediante la existencia de mecanismos e instituciones de origen estatal y social, en particular los que garantizan a todos los ciudadanos el acceso a los mecanismos de participación política y los que garantizan el acceso igualitario a instituciones creadas para satisfacer determinados derechos, al menos en su nivel básico: las instituciones de salud y las instituciones educativas. Estos derechos incluidos en b) resultan
fundamentales en cuanto su satisfacción es requisito mínimo para el funcionamiento de una sociedad democrática en las condiciones actuales: la libre participación política, como es evidente, pero también el hecho de que los sistemas educativos no sean abiertamente discriminatorios y ofrezcan a todos los ciudadanos un nivel mínimo y básico de atención. Según esta perspectiva, el derecho de tutela sería aplicable, por ejemplo, para impedir que una persona sea excluida del acceso a un hospital, en caso de emergencia, pero no para obligar al Estado a tener un determinado nivel de hospitales o centros de salud. O sería exigible para impedir que una persona sea excluida del disfrute de estos derechos por razones discriminatorias, pero no por la limitación de cupos. Esto diferencia la obligación del Estado de asignar los recursos existentes en forma no discriminatoria de la obligación, de cumplimiento gradual, de ampliar los servicios o crear las condiciones para el pleno disfrute de los derechos de orden social, económico y cultural. Por lo demás, la misma constitución, aunque define por ejemplo la educación o la salud como servicios públicos, deja a la acción combinada del Estado y de los particulares su cubrimiento, lo que haría imposible asignar responsabilidades perentorias en esta dirección a alguien en particular. Lo anterior permite insistir en que el disfrute de los derechos económicos y sociales depende de la adopción de opciones políticas y de la definición, a través del sistema político, de programas y prioridades. La sociedad puede legítimamente, mediante el proceso de elección de sus funcionarios, optar por proyectos sociales y económicos que dan por ejemplo la prioridad al desarrollo económico y la generación de empleo, mediante inversiones productivas, vías de comunicación, centrales hidroeléctricas, o que prefieran utilizar los recursos estatales para satisfacer con mayor rapidez las necesidades educativas o sociales. Si el país escoge los dirigentes que encarnan una opción, mal haría el sistema judicial en imponer un gasto mayor en opciones diferentes. Si la sociedad, a través de sus elegidos, por ejemplo, decide mantener niveles bajos de tributación, es obvio que escoge simultáneamente la financiación privada de la mayoría de los servicios sociales, y por ello no sería coherente exigir judicialmente a un Estado con pocos recursos que amplíe la educación o la salud o garantice el empleo de las personas. Los estados de excepción .
Otra de las innovaciones fundamentales de la nueva carta se encuentra en los cambios al régimen de estados de excepción. Uno de los problemas centrales tiene que ver con la mayor protección que se da a los derechos humanos durante tales estados. En efecto, el artículo 214, 2, dice que "no podrán suspenderse los derechos ni las libertades fundamentales" y determina que "una ley estatutaria regulara las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y
establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales". También en este caso me parece que la redacción no es suficientemente clara y se presta a interpretaciones equivocas. En primer lugar, parece obvio, desde un punto de vista histórico y político, y de todas las tradiciones jurídicas, que los estados de excepción son situaciones en las que se aumentan los poderes públicos y se restringen los derechos ciudadanos. La carta colombiana, sin embargo, en ningún lugar se atreve a afirmar que durante tales estados será posible restringirlos : se limita a decir que no podrán "suspenderse" los derechos fundamentales; y al hablar de la ley estatutaria no indica, como podría haberse derivado del debate ocurrido en la Constituyente y de la propuesta, más coherente, del ejecutivo (que permitía "limitar el ejercicio de los derechos y facultades"), que en ella se puedan definir en cuales derechos es licito establecer limitaciones o restricciones durante el estado de emergencia; más bien dice que la ley establecerá "los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos". De este modo, parece ser que el razonamiento hubiera sido que, dado que el gobierno recibe mayores poderes (administrativos y políticos, básicamente), el ciudadano requiere una mayor protección a sus derechos; y que por lo tanto el estado de excepción no confiere al gobierno poder para restringir los derechos, excepto en la medida en que otros artículos de la constitución lo hagan. Si esto es así, los únicos derechos limitables serian aquellos en los que la carta expresamente señala que se regularan legalmente, o que estarán sujetos a restricción o limitación, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a circular en el territorio nacional y salir y entrar a él, y el derecho de reunión y manifestación. También puede pensarse que la inviolabilidad de la correspondencia y los documentos privados está sujeta a limitaciones, en cuanto en la carta se señala su relatividad, en la forma que señale la ley. Es bien notable el contraste entre la Constitución del 91 y las anteriores, pues hasta las rituales declaraciones sobre límites de derechos fundados en el "orden público", la "moral pública" y los "derechos de los demás" han desaparecido, con una sola excepción (el derecho al libre desarrollo de la personalidad). De este modo, la carta aparece, en su texto literal, de un espíritu libertario radical, y esto puede crear dificultades en una sociedad que no encuentra aun la forma de controlar el desorden social. Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, parece inocua la referencia a los tratados internacionales. Esta se hace para indicar que la ley estatutaria deberá señalar garantías y controles, de "acuerdo con" tales tratados y se reitera al indicar (art. 93) que los tratados de derechos humanos que prohíben la "limitación" de los derechos en estados de excepción prevalecen en el orden interno. Estrictamente, los tratados internacionales que a primera vista serian relevantes-el Pacto de San José y el Pacto Universal sobre Derechos Civiles y Políticos-no prohíben en ningún punto la "limitación" de los derechos humanos: permiten es que los estados "suspendan" sus obligaciones relativas a ciertos derechos. El hecho de que la
referencia se haga a un concepto no utilizado en los convenios internacionales básicos es desafortunado. En todo caso, si se mira el conjunto de artículos de tales instrumentos que no pueden suspenderse, conforman un universo menos amplio que el de los derechos fundamentales que según el artículo 214 no serian susceptibles de suspensión, y por lo tanto no tendría sentido apelar a una norma más restrictiva los pactos internacionales- cuando es posible acudir a una norma mas protectora: el mismo artículo 214. Esto quiere decir, simétricamente, que no puede el legislador permitir la suspensión de un derecho cuya suspensión no está autorizada constitucionalmente, por el hecho de que algún tratado internacional las autorice. El único punto en el cual la norma internacional parece más perentoria y restrictiva que el texto nacional tiene que ver con el artículo 27.2 del Pacto de San José, cuando prohíbe "suspender" "las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos no suspendibles". Curiosamente, aunque entre los derechos “suspendibles” se encuentra la libertad, (Art. 7 del Pacto) la Corte Interamericana ha interpretado que el "habeas corpus" es un recurso que no puede suspenderse en estados de emergencia, con argumentos que me parecen en parte controvertibles. Este será un punto central cuando se trate de reglamentar los estados de excepción, junto con lo que tiene que ver con la posibilidad de reorganizar o modificar la estructura del poder judicial, pues la expresión "No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado" puede interpretarse, en una lectura muy literal, como una prohibición de hacer cambios en la estructura básica de ellos. Mi opinión, sin embargo, es que modificaciones que permitan mayor eficiencia y rapidez, creen facilidades administrativas especiales, siempre que no limiten derechos expresamente no restringibles, son constitucionales, y que el acento de la expresión está en la idea de no interrupción del funcionamiento, y en ningún momento en el supuesto de que cualquier modificación alteraría el "normal" funcionamiento de los poderes públicos: quizás las únicas modificaciones inconstitucionales en cuanto a este aspecto serian las que transfieran competencias entre un poder y otro. El juzgamiento de civiles por la justicia penal militar .
La constitución dice, en el artículo relativo a la conmoción interna, que "En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la Justicia Penal Militar". Es curioso el sitio donde quedó la norma, como si se refiriera exclusivamente al estado de conmoción interior, pues deja sin aclarar si esta prohibición es aplicable a otras situaciones. "En ningún caso" puede leerse en el sentido de que ni en caso de guerra externa ni en situación de normalidad se aplica esta jurisdicción a civiles, pero puede ser simplemente una expresión adverbial que precisa que, en el estado de conmoción interior, no habrá caso alguno en el que sea valido el juicio de civiles por jueces militares (penales, para ser más precisos). Por supuesto, la idea de que esta prohibición no rija en situaciones de normalidad parece lógicamente absurda: habría un derecho ciudadano que podría restringirse en situación de normalidad, pero no en aquellas circunstancias en las que
justamente se busca hacer más eficaz la acción militar. Por el contrario, la constitucionalidad del juicio de civiles por tribunales militares en caso de guerra externa, independientemente de la conveniencia que tenga, no puede impugnarse con base en ningún texto preciso de la constitución, y puede argumentarse con fuerza que justamente no se incluyó esta prohibición en el caso de guerra externa para permitirla en situaciones en las que la lógica propiamente militar debe imperar. En conclusión
La constitución tiene otros puntos igualmente equívocos, aunque quizás de menor importancia. ¿Puede ahora la Procuraduría alegar competencia sobre los actos de quienes prestan el servicio militar? ¿Es compatible el principio de igualdad con la especial protección a ciertos grupos, o la primacía de los derechos de los niños? ¿Está vigente el conjunto de reglas del derecho internacional humanitario, y por lo tanto las prescripciones del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, independientemente de su aprobación por el Congreso? En todos estos tres casos mi respuesta es afirmativa, pero desarrollar mis argumentos exigiría un tiempo del que no disponemos hoy. Baste decir, para terminar, que estoy convencido de que la norma constitucional, con sus defectos y problemas, sienta las bases legales para la modernización institucional y política de un país que vivió un rápido proceso de modernización cultural y económica, pero que seguía atado a formas políticas arcaicas y restrictivas. Del esfuerzo de todos depende que sobre tales bases se construya un edificio verdaderamente moderno y en el que quepa todo el país.
ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO
ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO La Constitución d e 1 9 9 1 e s t a b l e c e t r e s p o d e r e s d e gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. También establece órganos autónomos con funciones específicas para el cumplimiento de los cometidos adicionales del Estado colombiano. Como señaló la Comisión en su "Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia" , e l Poder Ejecutivo ha gozado de facultades preponderantes en la estructura constitucional. No obstan te, la actual Constitución pro cur a est abl ece r una rela ció n más equilibrada entre los poderes. A esos efectos confiere atribucione s más amplias al Poder Legislativo para ejercer control político sobre el Gobierno y refuerza la independencia del Poder Judicial y la función de revisión judicial de los actos legislativos y administrativos. (Véase el Organigramadel Estado Colombiano.
RAMA LEGISLATIVA está formado por el Senado y la Cámara de Represen t a n t e s , q u e conjuntamente forman el Congreso colombiano, con asiento en lacapitaldel a R e p ú b l i c a . L a f u n c i ó n b á s i c a d e l C o n g r e s o c o n s i s t e e n e n m e n d a r l a Constitución, sancionar leyes y ejercer el control político del Gobierno.Tod o s sus miembros son electos directamente por el pueblo por un período de cuatro años. El Senado tiene 100 miembros electos a nivel nacional y lo miembros de la Cámara de Representantes son electos por distritos. Se reservan dos bancas adicionales en el Senado para representantes de las comunidades indígenas. RAMA EJECUTIVA está encabezado por el Presidente de la República, que cumple funciones de Jefe de Estado, J e f e d e Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Poder Ejecutivo está constituido también por los miembros del Gabinete y los directores de los departamentos administrativos. Conforme al artículo188 de la Constitución, el Presidente no sólo debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, sino que también debe garantizar losderechosy l i b e r t a d e s d e t o d o s l o s c o l o m b i a n o s . E l P r e s i d e n t e t i e ne un mandato de cuatro años y no puede ser reelecto. El gabinete ministerial incluye los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, quienes cumplen un papel importante en la implementación de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. Dentro de la Presidencia de la República existe la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción d e l o s Derechos Humanos. Esta oficina atiende denuncias referentes a violaciones de derechos humanos tramitadas en los sistemas internos. Cumple esa labor en colaboración con las autoridades pertinentes, especialmente la F i sca lía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los tribunales competentes. RAMA JUDICIAL La Constitución prevé que la administración de justicia en Colombia está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fisca lía General de la Nación, l o s d i v e r s o s t r i b u n a l e s y j u e c e s y e l sistema de justicia penal militar. La Constitución e s t a b l e c e q u e l a administración de justicia c on st it uy e u na f u n c i ó n p ú b l i c a . L a j u d i c a t u r a g o z a d e independencia pa ra ad op ta r su s decisiones y sus procedimientos son públicos
DERECHO DE PETICION Santiago de Cali, Marzo 29 de 2012 Señores Alm acenes Éxito S.A. (TUYA) As un to: Derecho de petición art. 23 C. P. rez Pé rez Ciudadano Colombiano identificado con cedula de Yo Fu lan ito Pé ciudadanía numero 00.111.111 de Cali residente en la Calle ## No ##-00 piso 2 teléfono 320.###.### en ejercicio del derecho de petición consagrado en el articulo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los requisitos del articulo 5 del código contencioso Administrativo, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles: Me retiren de la base de datos en la cual aparezco como referencia personal del Señor Pepito Malapaga identificado con cc 00.401.440.
Motiva esta solicitud el A CO SO Y PR ESIÓN TEL EFÓNICA que e recibido desde hace 3 días por parte del departamento de cartera y cobranzas de almacenes Éxito solicitándome información de mi referido, la cual di gustosamente en las primeras 2 llamadas. Relación de llamadas: ( En mi celular quedaron los registros de todas las llamadas las cuales adjunté) (1) 26/03 10:05 Am 3218030XXX, (2) 26/03 07:45 Pm 3218034XXX, (3) 26/03 11:56 Am 3218016XXX, (4) 27/03 11:59 Am 3218016XXX, (5) 27/03 06:25 Pm 3218010XXX, (6) 28/03 07:30 Pm 3218034XXX, (7) 29/03 07:37 Am 3218030XXX, (8) 29/03 09:58 Am 3218034XXX, (9) 29/03 01:45 Am 3218010XXX. Favor responderme dentro del termino legal y al amparo del derecho Constitucional invocado a la dirección anotada al inicio de este escrito. Atentamente, Fu lan ito Pé rez Pé rez
C.C. de 00.111.111 de Cali
MECANISMOS DE PROTECCION Los mecanismos de protección contemplados en la Constitución colombiana de 1991 son: La Acción de Tutela La Acción de Cumplimiento Las Acciones Populares Las acciones de clase o de grupo Existen consenso en nuestro país que el principal logro de la constituyente de 1991 fue la Acción de Tutela como mecanismo expedito y efectivo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales. La ciudadanía colombiana se ha apropiado de tal forma de este mecanismo que lo usa y aplica permanentemente en su vida cotidiana para defender sus derechos constitucionales por las vías legales. Sin lugar a dudas, este mecanismo permitió que la ciudadanía se acercara más a la administración de justicia.
DEFINA COSTITUCION POLITICA Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen como legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. La constitución política también es nuestra máxima ley , es la norma de normas, es un conjunto de reglas que establecen como debe ser el comportamiento de los que viven en un país. Estas normas establecen los derechos, deberes y garantías que se deben cumplir para asi tener un mejor país, como por ejemplo el derecho a la vida , el derecho a la educación al salud ala cultura al amor entre muchos mas. Tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Principios fundamentales de la Constitución de 1991 En el Título I de la Constitución se establecen los principios fundamentales de la nación colombiana. Estos principios, compilados en los diez primeros artículos de la carta, hacen referencia al Estado y a la función que este tiene en el cumplimiento de los derechos de los colombianos. Al respecto, la carta constitucional asegura:
Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ES EFICAZ PORQUE EL PUEBLO SE COMPROMETE A RESPETAR TODO LO QUE ESTE EN LA CONSTITUCION, EL PROBLEMA ES QUE CIERTA PARTE DE ELLOS NO LO CUMPLEN Y POR ESO EL ESTA DO ES COERCIBLE (que es la presión ejercida sobre una persona para forzar un cambio en su conducta o en su voluntad) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. NO ES MUY PROFUNDA LA SOBERANIA QUE EMANA EL PODER PUBLICO NO SE IGUAL PARA TODO EL PUEBLO NO A TODOS SE LES DEFIENDEN SUS DERECHOS, LA FORMA DE SOBERANIA NO ES NI JUSTA NI DIGNA. La Constitución es norma de normas. ESTA COMPROBADO QUE NO ES INCOMPATIBLE CON OTRAS NORMAS }, ES DECIR CON UNA NORMA JERARQUICAMENTE SUPERIOR, LO QUE SIGNIFICA QUE POR ENCIMA DE ELLA NO HAY OTRA NORMA. ESA SE CUMPLE AUNQUE TODO TIENE UNA EXCPCION, GRACIAS A LA CORRUPCION Y A LA BAJA ETICA PROFESIONAL. El castellano es el idioma oficial de Colombia. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona.ES JUSTA PORQUE DESDE EL PRINCIPIO UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TODOS LOS SERES NACEMOS IGUALES ANTE LA LEY TANTO EN LA LEY POSITIVA COMO EN LA LEY NATURAL. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
EJEMPLOS DE LOS DERECHOS HUMANOS Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia están clasificados así:
Los derechos fundamentales: están contemplados del artículo 11al 41; entre estos están derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, de culto y de opinión, a la honra, a la paz, al trabajo, a la enseñanza, de movimiento, de reunión, de asociación, además de otros. Los derechos sociales,económicos y culturales: corresponden al artículo 42 al 77; entre los principales están el derechoa la igualdad y protección de la mujer,de la niñez, de las y los jóvenes, de las personas ancianas, débiles, psiquicas y físicas, derecho a los servicios de salud, a la vivienda digna, a la recreación,a la educación, a la huelga, a la propiedad privada entre otros. Los derechos ambientales:Se cuentan del artículo 78 al 82; en términos generales los derechos a poseer bienes y servicios de buena calidad, a un ambiente libre y sano de contaminación, a la utilización racional de los recursos naturales ,a la defensa del ambiente, a la garantía al espacio público.
ARTICLUO 47 EL ADOLESCENTE TIENE DERECHO A LA PROTECCION Y A LA FORMACION INTEGRAL EI estado y la sociedad garantizan la participacion activa de los jovenes en los organismos publicos y privados que tengan a cargo la proteccion, educacion y progreso de la juventud". Articulo 67. "La educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene la funcion social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnica y a los demas bienes y valores de la cultura. La educaci6n formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; ye n la practica del trabajo y la recreaci6n, para el mejoramiento cultural, cientffico, tecnologico y para la proteccion del medio ambiente. EI estado, la sociedad y la familia son responsables de la educacion, que sera obligatoria entre los cinco y quince anos de edad y que comprendera como minimo, un ano de preescolar y nueve de educacion basica. La educacion sera gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobra de derechos academicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia de la educacion con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formacion moral, intelectual y fisica de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los men ores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La naci6n y las entidades territoriales participaran en la direccion, financiacion y administracion de los servicios educativos estatales, en los terminos que senalen la constitucion y la ley. II
MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA El voto
El voto popular, consagrado en el artículo 258 de la Constitución, es el mecanismo a través del cual los colombianos, mayores de dieciocho años, eligen a quienes desean que los representen en la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, el congreso, las asambleas, el concejo y demás corporaciones públicas. En Colombia, la mecánica electoral se lleva a cabo de la siguiente forma: previa autorización de los jurados de votación, el ciudadano recibe un tarjetón electoral en el que aparecen los candidatos que aspiran a los cargos anteriormente mencionados. En un cubículo individual, el ciudadano señala, únicamente, al candidato de su preferencia o marca en blanco, en caso de no querer votar por alguno de los postulantes. Finalmente, el ciudadano debe introducir el tarjetón en la urna electoral. El referendo
Es el mecanismo mediante el cual, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a pronunciarse a favor o en contra de una norma. Existen tres clases de referendo: El plebiscito
Según el artículo 7 de la ley 134 de 1994, "el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo". El plebiscito, a diferencia del referendo, no se lleva acabo en torno a una norma, sino para aprobar o desaprobar una decisión del ejecutivo. Para que el plebiscito entre a ser considerado es necesaria la aprobación del Congreso de la República y la firma de todos los ministros. La consulta popular
Previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el estatuto de seguridad territorial, los gobernadores y alcaldes pueden acudir ante el pueblo, para conocer sus expectativas con respecto a un tema de interés regional o local. La decisión adoptada por el pueblo, obliga al gobernante a tomar decisiones a favor de la opinión de la ciudadanía. El cabildo abierto
"El cabildo abierto es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en el cual los habitantes pueden participar, directamente, con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad". (Artículo 9, ley 134 de 1994). El cabildo debe ser solicitado por el 0,5% del censo electoral del respectivo municipio ante la secretaría del Concejo o la Junta Administradora
Local. Aunque todos los habitantes pueden asistir, solo podrán intervenir el vocero de quienes solicitaron el cabildo y aquellos que se inscriban, al menos, con tres días de antelación. Iniciativa legislativa
La iniciativa legislativa "es el derecho que tienen los ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales" (Artículo 2, ley 134 de 1994). Para que la Iniciativa legislativa sea efectiva el procedimiento es el siguiente:
Recoger el apoyo del 0,5% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, constituir un comité de promotores y elegir un vocero. Radicar en la Registraduría Nacional, un proyecto legible, que sintetice los propósitos de la ciudadanía. A partir de la radicación del proyecto, los interesados, en un plazo no superior a seis meses, deben recolectar las firmas de por lo menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. Una vez recolectadas las firmas, el proyecto debe ser presentado ante la respectiva corporación para que esta proceda a su aprobación o rechazo. Revocatoria del mandato
Así como la Constitución colombiana dispone la mecánica de votación y elección para elegir Presidente, senadores y demás cargos públicos, también establece, en los artículos 40 y 259, la posibilidad de destituir a los alcaldes y gobernadores que no hayan cumplido el programa propuesto en su candidatura Según lo anterior, la revocatoria del mandato se refiere a la facultad que tiene el pueblo para despojar de su cargo a quien ha elegido, cuando este no cumple las promesas hechas a la ciudadanía al momento de su elección.
