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ENSAYOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie G: ESTIlDIOS DOCTRINALES, núm. 142 DISEflO y ED¡OÓN AL CUIDADO DE MIGUB.. LÓPEZ RUIZ

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MÉXICO,1993

DR © 1993. Universidad Nacjonal Autónoma de México INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUIÚDICAS

Ciudad Universitaria, CP 04510, México, D,F. ISBN 968-36-2889-5

Impreso y hecho en México

ÍNDICE 7

Prólogo BREVE INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO MEXICANO 1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Introducción Breve relación de antecedentes históricos Nacimiento y evolución . . . . . . Situación actual. Diversos sectores que lo integran Procedimientos: amparo de una sola instancia y de doble grado. . . . . . '. Tribunales de amparo .... Partes Medidas cautelares Recursos Sentencia y ejecución Jurisprudencia obligatoria Responsabilidad Conclusiones Bibliografía básica

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REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA PROCESAL DEL AMPARO 1. El amparo a la luz de la teoría general del proceso 11. Diversas teorías que se han expuesto para calificar su natu...... raleza III. El amparo como interdicto IV. Como institución política V. Como cuasi-proceso . . VI. Como proceso en todos sus aspectos

81 85 86 90 95 96


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VII. VIII. IX. X. Xl. XlI. XlII.

Como proceso autónomo de impugnación . . . . . . Como instrumento de control . . . . . . . . . . Tesis de Emilio Rabasa sobre el carácter mixto del amparo El amparo de doble instancia como proceso . . . .. El amparo judicial y el recurso de casación. . . . . . Relaciones entre el amparo administrativo y la revisión fiscal Conclusiones . . . . . . . . . . . . . .

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DERECHO COMPARADO Y DERECHO DE AMPARO

1. Necesidad de un análisis comparativo del amparo mexicano 11. Aislamiento de la doctrina nacional . . . IlI. La doctrina extranjera frente al amparo mexicano IV. Derecho comparado y derecho de amparo . . .

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LA DECLARACIÓN GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD y EL JUICIO DE AMPARO

1. Planteamiento de la cuestión 11. El amparo contra leyes y la fórmula de Otero . . . . IlI. Evolución del amparo contra leyes y su situación actual IV. Los dos grandes sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes . . . . . . . . . . . . . . . V. La declaración general de inconstitucionalidad. ventajas e inconvenientes. . . . . . . . . . . . . . VI. Los tribunales constitucionales europeos y la declaración general de los países latinoamericanos . . . . . . VII. Su posible introducción a través del juicio de amparo mexicano . . . VIII. Conclusiones

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PRESENTE Y FlITURO EN LA CASACIÓN CIVIL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MEXICANO

1. Planteamiento del problema . . . . . . . . .. 11. Concepto de la casación. . . . . . . . . . . . IlI. Breves antecedentes de la casación civil en el ordenamiento mexicano . . . . . . . . . . . IV. El juicio de amparo y el recurso de casación V. Sectores del amparo judicial . . . . .

197 198 204 207 216

íNDICE

VI. El l1amado amparo de estricto derecho y la suplencia de la queja . . . . . . VII. Necesidad de reforma VIII. Conclusiones

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222 227 232

EL DERECHO DE AMPARO EN MÉXICO Y EN ESPAÑA. SU INFLUENCIA RECíPROCA

1. Introducción

n. Antecedentes hispánicos del juicio de amparo mexicano III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Evolución y lineamientos actuales . . . . . . El juicio de amparo en Latinoamérica . . . . . Influencia mexicana en el recurso de amparo español El amparo en la Constitución republicana de 1931 El amparo sindical en el régimen franquista El recurso de amparo en la Constitución española de 1978 Bases generales de una posible legislación reglamentaria Conclusiones . . . . . . . . . . . . .

235 237 242 246 250 252 255 256 261 267

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA

1. Introducción

n. Breve relación de antecedentes III. IV. V. VI. VII.

Los dos grandes sectores del amparo en materia agtaria El amparo de la pequeña propiedad . . . . El derecho procesal social . . . . . . . . . . Problemas procesales del amparo social agrario . . . Las relaciones del juicio de amparo con los futuros tribunales agrarios . . VIII. Conclusiones

271 272

275 276 281 283

287 290

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931

1. Introducción

. . . . . . . . . . . . .

n. El derecho de amparo individualista del siglo XIX

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IlI. Las primeras tesis jurisprudenciales en aplicación del artículo 123 constitucional. . . . . . . . . . . . 298 IV. La socialización paulatina: las Leyes de Amparo de 1919 y la Ley Federal deITrabajo de 1931 . . . . . . . . . 300


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V. El amparo de una sola instancia en materia laboral y la Ley de Amparo de 1936 . . . . . . . . . . . . . VI. La suplencia de la queja en el amparo del trabajo y las reformas a la legislación de amparo en 1951 . . . . . . . VII. Desarrollo del derecho de amparo durante la vigencia de la Ley del Trabajo de 1931 VIII. Conclusiones IX. Bibliograffa básica

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EL AMPARO MEXICANO EN MATERIA ADMINISTRATIVA y LA REVISIÓN ASCAL

1. Las tres etapas de la evolución del amparo administrativo II. Los lineamientos esenciales del amparo en materia administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Los daños y petjuicios en el cumplimiento de las sentencias .... IV. Antecedentes y desarrollo de la revisión fiscal V. La revisión fiscal en los códigos tributarios federales de 1967 y 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. La revisión ante el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal

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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES REFORMAS A LA LEY DE AMPARO

1. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Introducción . . . . . . . . . . . El amparo contra leyes . . . . . . . . El principio iura oovit curia y la suplencia de la queja La probidad procesal y la elevación de las sanciones pecuniarias . . . . . . . . . La actividad del Ministerio Público Simplificación del procedimiento . Corrección de algunos textos legales Conclusiones . . . . . . .

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EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO Y EL DERECHO CONSlTIUCIONAL COMPARADO

1. Introducción 11. El derecho constitucional comparado y el derecbo de amparo

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ÍNDICE

5'.'Í

llI. El juicio de amparo mexicano en la confluencia del common law y el derecho continental europeo ..... IV. Influencia del derecho constitucional de los Estados Unidos en la creación del amparo mexicano V. Evolución y desarrollo peculiares. . . . . . .

VI. Su amplitud protectora actual

. . . . . . . .

VII. Semejan,,,s y diferencias con las instituciones similares en Latinoamérica y España. . . . . . . VIII. Necesidad de actualizar el amparo mexicano IX. Conclusiones . . . . . . . . . .

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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL JUICIO DE AMPARO

1. Introducción 11. III. IV. V.

Antecedentes La creación del juicio de amparo La primera etapa (1861-1868) . La imposible tarea de la Corte y el amparo judicial (1869-

1908).

. . . . . . .

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. . . . . . .

VI. Las discusiones en el Constituyente de Querétaro VII. La Suprema Corte en la primera década de la Revolución (1918-1928) . . . . . . . . . . . . . . VIII. La división en Salas, los tribunales colegiados y el rezago (1936-1968) ..... IX. Hacia un tribunal constitucional X. Conclusiones . . . . .

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LA REFORMA EN EL DERECHO DE AMPARO 1. 11. 111. IV. V.

Introducción Transformaciones de la legislación de amparo La reforma de enero de 1984 . . . . . Las recientes modificaciones de mayo de 1986 Las tendencias esendales de la evolución del derecho de amparo. ...... . . . . . VI. Las perspectivas futuras: la Suprema Corte como Tribunal constitucional y la declaración general de inconstitucionalidad . . . VII. Conclusiones

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Ensayos sobre el derecho de amparo, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el día '1-9. de febrero de 1993 en los talleres de IMPRESOS CHÁVEZ, S. A. de C. V. En la edición se empleó papel bond de 50 Kg_ para las páginas interiores y cartulina couché cubiertas de 162 Kg. para los forros. y consta de 2000 ejemplares.

PRÓLOGO Se reúnen en este volumen trece estudios sobre el derecho de amparo aparecidos a partir de 1964 en diversas publicaciones especializadas. Debido a las profundas transformaciones que ha experimentado desde entonces nuestra máxima institución procesal, resultaba muy complicado poner al día estos estudios. Por ello los lectores deberán tener en cuenta las fechas de su publicación original. Únicamente se ha actualizado el primero de estos ensayos, por tratarse de un esquema panorámico que busca ofrecer una visión contemporánea del juicio de

amparo mexicano. No obstante el tiempo transcurrido, puede ser útil la recopilación de estos trabajos, porque en ellos se reflejan los cambios sustanciales que se advierten en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de nuestro derecho de amparo, al cual se han incorporado de manera paulatina los postulados del procesalismo científico de nuestra época. Esta evolución nos confirma la idea que expresamos en nuestros primeros trabajos, en el sentido de que eljuiciode amparo mexicano, bajo su aparente unidad, comprende varios instrumentos procesales, que con el mismo nombre genérico realizan funciones que otros ordenamientos (inclusive latinoamericanos y por tanto, más próximos a nuestra tradición jurídica), encomiendan a otras instituciones reguladas de manera autónoma, como el habeas corpus, la casación, el contencioso administrativo, el control de la constitucionalidad de las leyes y el proceso social agrario. Por otra parte, también se debe tomar en consideración que la noción original de nuestro juicio de amparo, concebido por Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero y los constituyentes de 1856-1857 como un procedimiento sencillo y breve para tutelar de manera específica los derechos individuales, ha trascendido de manera creciente en otros ordenamientos latinoamericanos e inclusive en España, en los que se ha tomado como modelo, hasta con el mismo nombre, el paradigma mexicano. En efecto, en la actualidad regulan el derecho de amparo como instrumento tutelar de los derechos fundamentales, con exclusión de la libertad personal, que


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se protege de manera específica por el habeas corpus O exhibición personal, las Constituciones y las legislaciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Espafia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nircaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A las anteriores deben agregarse otros instrumentos similares, como el mandado

de seguran,a brasileño, que algunos tratadistas han traducido al castellano como mandamiento de amparo, y el recurso de protección chileno. Es decir, quince ordenamientos iberoamericanos se han inspirado en mayor o menor grado en el juicio de amparo mexicano, en su configuración original, para establecer y regular instrumentos similares de protección de los derechos humanos. Pero además de la influencia mencionada anteriormente, el derecho de amparo de nuestro país, también en su concepción histórica, ha servido de modelo a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. como ocurre con los artículos XVIII y 80. de las Declaraciones Americana y Universal, así como el 20. del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y 25 de la Convención Americana, todo ello debido a las proposiciones formuladas por las delegaciones mexicanas en las asambleas que expidieron dichos instrumentos. Si bien de una manera menos directa. se ha establecido un instrumento semejante en el articulo 13 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En todos estos preceptos internacionales, con exclusión de la Convención Europea, se utiliza en la versión oficial castellana el vocablo "amparo" para calificar el instrumento protector que, como hemos señalado, también se ha inspirado en el modelo mexicano. Pero la evolución del derecho de amparo ha sido diversa en el ámbito interno, en virtud de que, como es bien sabido, a los fines de tutela de derechos humanos para el que fue creado se le fueron incorporando otros instrumentos, especialmente el recurso de casación, en cuanto en la segunda mitad del siglo anterior, por una interpretación desorbitada del artículo 14 de la Constitución de 1857, la Suprema Corte admitió, inclusive el texto del artículo 80. de la Ley de Amparo de 1869 (al que declaró implícitamente inconstitucional), la interposición del juicio de amparo contra resoluciones judiciales por "inexacta" aplicación de las disposiciones legales ordinarias. A partír de entonces, el juicio de amparo mexicano se transformó de manera paulatina en un medio de impugnación contra todos los actos de autoridad, en la mayor parte de' los casos por indebida aplicación de las disposiciones legales secundarias, y en un porcentaje menor, por violaciones de carácter directamente constitucional.

Por tanto, no son coincidentes el amparo mexicano en su ámbito interno y su difusión de carácter internacional.

PRÓLOGO

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Esta situación nos ha nevado a considerar que nuestro derecho de amparo debe analizarse por medio de un triple punto de vista: histórico, comparativo y desde el ángulo de la teoría o doctrina general del proceso o del derecho procesal. A partir del año de 1964, cuando se publicó el segundo ensayo que se comprende en esta recopilación, se han producido numerosas modificaciones tanto al artículo

107 de la Constitución, como a los preceptos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, esta última sustituida por la que entró en vigor el 15 de enero de 1988.

Podemos destacar. de manera esquemática. algunas de esas transformaciones: En primer lugar, se observa una constante reducción de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, para atribuirla a los tribunales colegiados de circuito. En efecto, este desarrollo se observa con claridad a partir de las reformas constitucional y legal que entraron en vigor en octubre de 1968, ya que en ellas se estableció el criterio de que la Suprema Corte sólo conociera de aquellos juicios de amparo que se consideraran de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, jurídico o social, y se atribuyeron los restantes a los tribunales colegiados de circuito. cuyo número se acrecentó de manera constante. Efectivamente,

basta recordar que cuando se crearon los citados tribunales colegiados de circuito en el año de 1951, sólo se establecieron cinco en toda la República, en tanto que en la actualidad funcionan sesenta y seis de dichos tribunales, varios de ellos especializados por materia en las ciudades de México y Guadalajara. El ilustre jurista mexicano Emilio Rabasa señaló a principios de este siglo que la tarea del juicio de amparo se hizo imposible al ampliarse su ámbito tutelar para comprender el llamado control de legalidad, en especial en materia judicial. y

concentrarse todos estos asuntos en última instancia en la Suprema Corte de Justicia. No obstante la citada disminución en la competencia de la Suprema Corte de Justicia, el crecimiento espectacular de la población, que se ha cuadruplicado en los últimos cincuenta años. así como el acelerado crecimiento económico hasta la crisis de 1982, anuló todos los esfuerzos del órgano revisor de la Constitución y del legislador federal para aliviar la carga de la Corte. Además de varias modificaciones sucesivas a la legislación de amparo para aliviar el rezago constante de la Suprema Corte de Justicia, se han ensayado otros

instrumentos para combatir dicho rezago en todos los tribunales de amparo, cntre ellos el sobreseimiento y la caducidad de la insLoncia por inactividad procesal del promovente o del recurrente, que se amplió también a la impugnación de las disposiciones legislativas inconstitucionales, por la reforma de diciembre de 1975. Un segundo desarrollo importante consiste en el crecimiento continuo de la institución procesal correctiva conocida como "suplencia de la queja" iniciada en el articulo 107 constitucional y la cual, conforme al texto original de esta disposición, sólo podía aplicarse por la Suprema Corte de Justicia y exclusivamente en

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ENSA YOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

beneficio del acusado en los juicios de amparo promovidos contra resoluciones en materia penal. La competencia para aplicar dicha suplencia se extendió de manera

considerable en las reformas de mayo de 1951 a todos los tribunales de amparo, para favorecer a los afectados por actos dictados en aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. y además en beneficio de los trabajadores en los juicios de amparo de los que sean partes, conservándose, por supuesto, la suplencia en material penal. En 1963 se extendió la suplencia en beneficio de los campesinos sujetos a la reforma agraria y sus respectivos núcleos de población, en 1974 para tutelar los derechos de los menores e incapacitados en el juicio de amparo. Culminó esta evolución con las reformas de 1986, en las cuales se aplica la citada suplencia a las restantes materias en el derecho de amparo, cuando se advierta que se ha producido en perjuicio del quejoso o del particular recurrente una violación marúfiesta de la ley que se hubiese dejado sin defensa. Por lo anterior. podemos afirmar que se modernizó uno de los aspectos esenciales de la función del juez del amparo, que en la materia judicial, civil y administrativa se encontraba vinculada a las limitaciones del llamado "amparo de estricto

derecho", que obligaba al juez a sujetarse a los estrictos términos de la demanda, sin poder suplir ni ampliar nada en ella, de acuerdo con el concepto decimonónico del juez como simple espectador y no, como sucede actualmente, como verdadero director del proceso. Con la extensión de la citada suplencia a tooas las materias. si bien con matices en cada una de ellas. se pretende mejorar la situación de aquella parte débil que carezca, por razones económicas y culturales, del adecuado asesoramiento jurídico, y se cumple con uno de los principios básicos del proceso contemporáneo en favor de la igualdad real yno simplemente formal de las partes. Al suprimirse en 1984 el "amparo de estricto derecho" y generalizarse la "suplencia de la queja", se incorporó al juicio de amparo mexicano el principio de iura novil curia, que significa que el juez conoce el derecho y debe aplicarlo aun cuando las partes no lo invoquen correctamente, ya que el juez debe ser imparcial, pero no puede permanecer insensible y pasivo ante la indefensión de una de las partes. sin que esto signifique que se transfonne en patrocinador de la misma. Por otra parte, de acuerdo con esta situación contemporánea del juzgador como director del proceso, la suplencia de la queja incluye no sólo la corrección de los errores procedimentales de la parte débil y sus defectos en la fundamentación jurídica, sino que también comprende la facultad del mismo juez para aportar al proceso los medios de prueba que no hubiesen ofrecido las partes, pero que considere necesarios, para comprobar los hechos invocados por los justiciables. Esta situación la advertimos claramente en el amparo social agrario. Pero, desde luego, debemos destacar que la reforma más importante que ha experimentado el derecho de amparo mexicano con posterioridad a la vigencia de

PRóLOGO

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la Constitución federal dc 1917, se produjo por medio de las modificaciones constitucionales y legales que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, de acuerdo con las cuales la Suprema Corte de Justicia dejÓ de funcionar como el tribunal predominantemente de casación para convertirse. aun cuando no de nombre. en un verdadero trihunal constitucional. en virtud de que. a partir de entonces, $t'llo tiene

competencia para conocer del juicio de amparo cuando en el tlÚsmo se planteen cuestiones de inconstitucionalidad respecto de disposiciones legtslativas y reglamentarias, asf como de tratados internacionales, Los restantes juicios de amparo, en los cuales se controvierten cuestiones de Slmple legalidad, se trasladaron a los tribunales colegiados de circuito. Esta reforma fundamental ha sido objeto de polétlÚcas, pero es indudable que la tlÚsma era ya indispensable por varias razones evidente~, entre ellas y en primer térrrúno, porque la propia Corte no podía realizar de manera adecuada su función esencial de intérprete final de las principios y preceptos constitucionales, debido a que estaba abrumada por los ilUdas de amparo contra resoluciones judiciales, Una de las proyecciones que se observa en el derecho constitucional contemporáneo es la relativa al establecimiento de tribunales especializados en materia constitucional, de acuerdo con el modelo de la corte constitucional austriaca. introducida en la carta federal de 1920 debido a las ideas del notable jurista Hans Kelsen, que formó pane de la comisión re
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la Suprema Corte argentina, y en las Cortes Supremas de Colombia y Venezuela, estas últimas por conducto de la acción popular de inconstitucionalidad. En otros ordenantientos, como los de El Salvador (1983) y Costa Rica (1989), se han creado salas constitucionales en las Cortes Supremas respectivas; salas que deciden de manera definitiva los conflictos de constitucionalidad. Muy recientemente, en la Asamblea Constituyente colombiana, se expidió en Bogotá el 6 de julio de 1991, una nueva Constitución, en la cual, como ya se había plantea(1f) en ocasiones anteriores, se introdujo una corte constitucional, al lado de la Corte Suprema de Justicia, la que quedó como tribunal de casación. Además de lo anterior, podemos destacar una creciente influencia del modelo austriaco en varios países latinoamericanos, que conservan como facultad de los tribunales ordinarios el sistema americano de la desaplicación de las normas legislativas en cada caso concreto. En esta dirección podemos citar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1975-1985); el Tribunal Constitucional chileno (1970-1973-1980); así como los Tribunales de Garantías Constitucionales del Ecuador (1978) y Perú (1979). Al transfonnarse la Suprema Corte de Justicia de México en enero de 1988 en un tribunal constitucional, aun cuando conserva su denontinación tradicional, se ha seguido la corriente tan acentuada en los últimos años y que hemos señalado en los párrafos anteriores. Pero el sustancial cambio anterior no se ha efectuado de manera exclusiva para seguir la evolución predontinante en Latinoamérica, sino porque la ntisma obedece a una necesidad de la vida política y jurídica de nuestra época, ya que se ha demostrado que la interpretación de los principios, valores y nonnas constitucionales requieren de una particular sensibilidad en los jueces supremos, que lleva a la especialización, como ha ocurrido en las restantes ramas de enjuiciamiento. Ésta fue una de las razones que esgrintió el ilustre fundador de la Teoría pura del derecho para proponer la creación de un tribunal especializado en la resolución de los conflictos constitucionales. En los ordenamientos que no han establecido dichos organismos se observa el cambio paulatino de los tribunales o cortes

supremos en tribunales especializados en materia constitucional, puesto que si bien es importante la función de la casación, es todavía mayor la de aplicar las disposiciones de la ley suprema, que por su generalidad y alto contenido axiológico, requieren de una comprensión muy particular, que no poseen, nonnaJmente, los jueces ordinarios, los que, por otra parte, también se han especializado debido a la dificultad de conocer con la ntisma profundidad todas las disciplinas jurídicas. Una de las atribuciones esenciales de las cortes o tribunales constitucionales, así como de los organismos judiciales supremos que se especializan en fonna paulatina, es la de establecer la interpretación de las disposiciones legislativas y reglamentarias, confonne a los principios y valores de la Constitución. Se ha observado en la jurisprudencia de los tribunales y cortes constitucionales. que

PRÓLOGO

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éstos han preferido a la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales -que indudablemente posee dificultades en la aplicación- a la armonización de las disposiciones ordinarias con las normas constitucionales, por conducto de las resoluciones que se han calificado de "sentencias interpretativas" o verfassungskonforme Auslegung "interpretación conforme a la Constitución", de la doctrina alemana. El propio Emilio Rabasa, en su clásico estudio sobre La Constitución y la dictadura, consideró, tal vez en esa época con cierto fundamento, que el Poder Judicial no tenía la autoridad ni la fuerza de los otros dos órganos del poder, es decir, del Ejecutivo y Legislativo. Pero en la actualidad se ha impuesto en el mundo contemporáneo la función de los tribunales supremos constitucionales y especializados en conflictos constitucionales, de pronunciar la decisión final en la interpretación de la ley suprema. Lo anterior no implica, como algunos juristas han afirmado, el establecimiento del "gobierno de los jueces", ya que esta delicada función política de los tribunales constitucionales, concebidos en sentido amplio, debe apoyarse en un consenso de la comunidad en la cual actúan. Su fuerza es predominantemente moral, por lo que si los lineamientos esenciales de la jurisprudencia no son aceptados por una parte importante de los sectores sociales, se presenta una crisis de legitimidad. Si bien se ha afirmado, con cierta razón, que el Poder Judicial es el "menos peligroso" de los órganos del gobierno, no por ello debe considerársele el menos poderoso, como lo ha demostrado la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, y en las últimas décadas también los tribunales y cortes constitucionales europeos.

Las reformas de 1988, lejos de disminuir la fuerza y la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de México, como ha afirmado un sector de la doctrina, han acrecentado y vigorizado su función como intérprete de la ley suprema, puesto que asume su verdadero papel de "guardián de la Constitución", y por lo tanto, participa de manera significativa en la toma de decisiones políticas fundamentales. Claro que se presentan problemas en la competencia de los tribunales colegiados de circuito para decidir la totalidad de los conflictos en los cuales se discute la aplicación de las disposiciones legales ordinarias, es decir, el control de legalidad, ya que son inevitables las contradicciones de los criterios de los diversos tribunales respecto de los mismos problemas jurídicos. Pero esta misma situación se presentaría si la Suprema Corte hubiese conservado su calidad de tribunal de casación, ya que entonces hubiera sido indispensable la creación de varias salas, a fin de que pudiera resolver en plazos razonables un número elevado de juicios de amparo. Entre todas estas salas se presentarían las mismas contradicciones. Pero las contradicciones entre los tribunales colegiados pueden superarse por medio de la atribución que conservan las salas de la Suprema Corte de decidir los citados conflictos de interpretación entre los tribunales inferiores, detenninando la

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ENSAYOS SODRE EL DERECHO DE AMPARO

tesis que debe prevalecer de manera obligatoria. Esta función puede realizarse cada vez con mayor rapidez, ya sea de oficio o por denuncia de los citados tribunales,

del procurador general de la República o de las partes en los procesos respectivos. gracias también al auxilio que puede prestar la informática. para conocer de manera casi inmediata las diferencias de interpretación.

Otro aspecto positivo de la reforma de 1988 se refiere a la facultad que se otorga a la Suprema Corte de Justicia en el articulo 94 constitucional. a fin de que. por medio de acuerdos generales. tenga la po,ibilidad de determinar el número. división en circuitos. jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. así como de la adecuada distribución de los asuntos entre las salas de la propia Suprema Corte. materia que anteriormente correspondía al Congreso de la Unión. por medio de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Las citadas modificaciones el articulo 94 de la carta federal fortalecen la autonollÚa y la independencia del Poder Judicial Federal. puesto que permiten a la Suprema Corte de Justicia decidir de manera pronta y adecuada sobre organización. competencia y funcionamiento de los tribunales federales. en particular en materia de amparo. Lo anterior se ha demostrado en los acuerdos de esta naturaleza que ha expedido el tribunal en pleno de nuestro máximo tribunal a partir de enero de 1988. Desde otro punto de vista. resulta ventajoso para los justiciables la descentralización de los tribunales de amparo. puesto que ya no será necesario. salvo en los conflictos de constitucionalidad. que se trasladen a la ciudad de México para litigar ante la Suprema Corte de Justicia. sino que podrán acudir a los lugares en los cuales se encuentran dichos tribunales colegiados de circuito. que por su distribución en las principales ciudades del país. se hallan más cercanos tanto a los justiciables como a los sitios en donde oe producen las controversias que se pretende solucionar en último grado por conducto del juicio de amparo. Mucho se ha avanzado en la modernización de nuestro derecho de amparo. pero es preciso continuar su evolución para lograr que nuestra máxima institución procesal cumpla con su propósito esencial de tutelar los derechos fundamentales de la persona humana. que se ha oscurecido por otros objetivos. como son los relativos al recurso de casación. que también son importantes. pero en un grado menor. y la demostración de esta situación la proporciona la difusión internacional del derecho de amparo mexicano. que hemos mencionado anteriormente. y que se contrae a esa función histórica de protección de los derechos humanos. Debemos estar conscientes de que no es posible restituir de manera exclusiva al juicio de amparo esa función esencial de protección de derechos fundamentales. como lo pretendía el mismo Emilio Rabasa en el Congreso Juridico Nacional de 1921. Es irreversible la incorporación a nuestro derecho de amparo del recurso de casación y de otros sectores que se le han acumulado. pero sí resulta posible. como

PRÓLOGO

lo demuestran las últimas reformas de enero de 1988, recuperar la validez de la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la Constitución federal.

Todavía falta mucho por avanzar y quedan pendientes varios problemas de no fácil solución. En primer ténnino, resulta ya evidente que la Ley de Amparo actual, que entró en vigor el \O de diciembre de 1936, ha sufrido un gran número de modificaciones que han alterado sustancialmente su texto original. Es preciso, por tanto. elaborar un nuevo ordenamiento congruente con la evoluci6n del derecho de amparo mexicano. como ya se ha hecho con ]a Ley Orgánica del Poder Judicial

Federal que sustituyó a la anterior de 1936. Podemos mencionar que en el año de 1987 una comisión designada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Arturo Serrano Robles, destacado ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia y director del Instituto de Especialización Judicial, dependiente de la misma Corte, elahoró un anteproyecto que contiene numerosos aciertos y que por tanto puede servir de punto de partida para la elaboración de una nueva Ley de Amparo, que como hemos dicho, ya resulta imprescindible. Otra cuestión esencial que debe abordarse es la relativa a la declaración general de inconstitucionalidad. que es uno de los aspectos esenciales de la evolución que hemos señalado. Continuar con la "fórmula Otero", que fue muy importante

en el momento histórico en el cual se redactó, ya que pennitió la consolidación y el fortalecimiento del juicio de amparo durante la vigencia de la Constitución federal de 1857, ya no responde a la situación actual de la tutela de los derechos fundamentales y de ]a justicia constitucionaL Como lo señalamos en uno de los ensayos que se incluyen en este volumen y

que apareció en el año de 1971, mantener como única solución la desaplicación de las disposiciones legislativas inconstitucionales, infringe uno de los principios básicos del moderno Estado democrático de derecho al cual aspiramos, es decir, el de la igualdad de los gobernados ante la ley, en virtud de que sólo un reducido número de personas de elevada capacidad económica y cultural pueden contar con el asesoramiento jurídico adecuado para lograr la protección contra dichas disposiciones, en tanto que un sector importante de la población que carece de estos recursos, debe cumplir con dichas norn13S, lo que contraría además, y de manera evidente, al principio de supremacía constitucional establecido en el artÍCulo 133

constitucional. Por otra parte, desde la perspectiva de la práctica jurídica, la decisión caso por caso de las reclamaciones contra las leyes inconstitucionales en los juicios de

amparo constituye una tarea que puede llegar a ser tan retardada que resulte inoportuna. y en ocasiones inoperante, como lo demuestran las numerosas resolu-

ciones similares que debe reiterar de manera persistente la Suprema Corte de Justicia sobre preceptos de carácter tributario, que se modifican año con año por

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medio de las llamadas "Misceláneas fiscales", y que son objeto de impugnaciones constantes por un número considerable de contribuyentes.

No será fácil superar una tradición de más de siglo y medio de aplicación de la "fórmula Otero", que no debe desaparecer forzosamente, pero sí combinarse con la declaración general de inconstitucionalidad. Además, es preciso desvirtuar el temor de las autoridades de que dicha declaración provoque enfrentamientos entre los diversos órganos del poder. La experiencia de muchos años de la acción popular de inconstitucionalidad en Colombia y Venezuela, sin roces apreciables entre dichos órganos, nos demuestra que esa desconfianza es infundada. Además, debe tomarse en cuenta, como lo expresamos anteriormente, que la función esencial de los tribunales constitucionales en sentido amplio no es la declaración general de inconstitucionalidad, que sólo se pronuncia cuando existe una contradicción insalvable entre las normas impugnadas y los principios y disposiciones constitucionales. en virtud de que en un número importante de ocasiones, dichos tribunales interpretan los preceptos impugnados de acuerdo con los valores constitucionales. por medio de las sentencias interpretativas. Tal vez una solución que pueda sugerirse es la de la adaptación paulatina de la declaración general, al establecer como un primer paso que los efectos generales se produzcan después de un número de resoluciones con el ntismo criterio, como ocurre respecto de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales. Este procedintiento se ha establecido en algunas Constituciones provinciales argentinas.

Otro sector al que debe prestarse una mayor atención es el relativo a la propia interpretación constitucional como un aspe<:to específico de la interpretación jurídica, y que hasta la actualidad no ha sido abordado por la doctrina y la jurisprudencia de manera importante, en virtud de que nuestra carta fundamental ha evolucionado predontinantemente a través de las reformas según el procedintiento que establece su artículo 135, y que en la actualidad suman más de trescientas. Lo anterior ha impedido a nuestra Suprema Corte realizar una amplia labor de interpretación, como ha ocurrido ostensiblemente con la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, para adaptar las normas constitucionales a los crecientes cambios sociales, políticos, econónticos y culturales que se han producido en los últimos cincuenta años.

A este respecto se pueden señalar los factores que seguramente influirán para cambiar esa tendencia de nuestro ordenantiento fundamental. La primera es la relativa al aumento de las dificultades para alcanzar las votaciones calificadas que requiere el citado artículo 135 constitucional tanto en la Cámara de Diputados como en las legislaturas de los estados en virtud de su actual integración de carácter pluralista, ya que anteriormente resultaban muy rápidas y sencillas las reformas constitucionales, que en ocasiones se trataba con mayor celeridad que la requerida para la expedición de las leyes ordinarias.

PRÓLOGO

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Otro elemento que debemos tomar en cuenta, a partir de la refonna de enero de 1988, es el alivio considerable que ha experimentado la Suprema Corte de Justicia en su carga de trab'\jo al liberarse del peso enonne de los juicios de amparo por control de legalidad, lo que le pennite concentrarse en la resolución de conflictos constitucionales y dar contenido a los valores supremos de nuestra Constitución.

Debido a lo anterior, resulta necesario el incremento de los estudios sobre la interpretación constitucional que en otros ordenamientos son considerables, pero escasos en nuestra doctrina. si se toma en consideración que este tema s610 se abordó de manera sistemática en el Primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional que se efectuó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1973. Debemos agregar que también debe abordarse la tutela de los llamados intereses difusos, colectivos o transpersonales, que en nuestro ordenamiento todavía no se han protegido legislativa nijurisprudencialmente, pero cuya tutela jurídica resulta imprescindible por cuanto trascienden ya al derecho de amparo. Hemos abordado anterionnente esta situación en algunos de los ensayos que se incluyen en este volumen recopilativo, pero se requiere una mayor participación de la doctrina mexicana, puesto que en nuestro medio asumen cada vez más importancia la afectación de un número cada vez mayor de personas que no se encuentran organizadas, en relación con el consumo de bienes y servicios, el medio ambiente, el urbanismo y el patrimonio acústico y cultural. En otros países latinoamericanos. especialmente en Brasil, se ha intentado encontrar solución a este problema, que requiere, además de otras, de soluciones jurídicas urgentes, que aún no se han abordado entre nosotros, con excepción de la tutela que imparte la Procuraduría Federal del Consumidor, que todavía no tiene carácter procesal. Todo lo anterior nos indica que los juristas mexicanos debemos redoblar nuestros esfuerzos para estudiar cada vez con mayor profundidad los problemas que afectan nuestro derecho de amparo para proteger con eficacia los derechos fundamentales de los mexicanos y otorgar vigencia al principio de supremacía constitucional. Nos sentiremos muy gratificados si los estudios que se incorporan en este volumen contribuyen, así sea de una manera modesta, a incrementar el interés de los tratadistas, de las autoridades y los ciudadanos, en el mejor y más penetrante estudio de nuestro juicio de amparo. Ciudad Universitaria, diciembre de 1992.

BREVE INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO MEXICANO

1. Introducción 11. Breve relación de antecedentes históricos III. Nacimiento y evolución . . . . . . IV. Situación actual. Diversos sectores que lo integran V. Procedimientos: amparo de una sola instancia y de doble grado. . . . . . '. VI. Tribunales de amparo ... . . . . . . . . .

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BREVE INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO MEXICANO SUMARIO: I./ntroducción

n. Breve relación de antecedentes históricos. III. Nacimiento

y evolución. IV. Situación actuaL Diversos sectores que lo integran. V. Procedimientos: amparo de una sola inslancia y de doble grado. VI. Tribunales de amparo. VII. Partes. VIII. Medidas cautelares. IX. Recursos. X. Sentencia y ejecución. XI. Jurisprndencia obligatoria. XII. Responsabilidad. XIII. Conclusiones. XIV. BibliograJfa básica.

I. INTRODUCCIÓN l. Este ensayo constituye la actualización del que se publicó con el mismo nombre en la Memoria de El Colegio Nacional, 1976, y que apareció el año siguiente, páginas 141-191. También fue publicado en la versión inglesa elaborada por el destacado jurista estadounidense profesor Carl E. Schwarz. de la Universidad de California. profundo conocedor del derecho mexicano. con el título de "A Brief Introduction to the Writ of Amparo". en la revista California Western lnrernarional Law Journal. San Diego. California. volumen 9, número 2. primavera de 1979. páginas 306-348. 2. El propósito de ese sencillo estudio panorámico era entonces el de dar a conocer a los juristas angloamericanos interesados en nuestra máxima institución procesal. los lineamientos esenciales del amparo mexicano. de manera tal que resultara comprensible para ellos. y por este motivo se dio preferencia a la bibliografía extranjera sobre el derecho de amparo. que es muy amplia. 3. Tenemos la convicción de que este estudio panorámico también puede ser útil para los juristas. ahogados. funcionarios y estudiantes mexicanos. ya que no resulta sencillo explicar el derecho de amparo. La complejidad que posee en la actualidad se debe a la acumulación de varias instituciones procesales que no estaban previstas cuando fue creado nuestro juicio de amparo. de tal manera que en nuestros días. salvo contadas excepciones. esta institución sirve para impugnar todos los actos. resoluciones y preceptos de nuestro ordenamiento jurídico.

4. Debemos también tomar en consideración que existen dos versiones del juicio de amparo. La primera, de carácter histórico, contempla la institución en su concepción original de instrumento para la tutela de los derechos fundamentales,

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así como de solución de otros conflictos de carácter constitucional, cuando se afectan también los derechos humanos de los gobernados. Un sector de la doctrina conserva todavía este enfoque de carácter histórico; también en la tenninología de la legislación de amparo y de la jurisprudencia se mantiene la ficción de que el juicio de amparo mexicano está orientado sólo como un proceso de carácter • constitucional. 5. El otro punto de vista se apoya en la regulación contemporánea del derecho de amparo, como una institución compleja, que bajo la misma denominación abarca diversos instrumentos procesales, cada uno de ellos con características propias, tales como el habeas corpus; el recurso de casación; la impugnación de las leyes inconstitucionales; el contencioso administrativo y el proceso social agrario, sectores que deben examinarse de acuerdo con los lineamientos de la teoría general del proceso o del derecho procesal.' 6. Sin embargo, es la noción histórica, original, del derecho de amparo mexicano, como instrumento procesal específico para la protección de los derechos constitucionales de la persona humana, primeramente los de carácter individual y, con posterioridad, también los de dimensión social, la que ha tenido una amplia difusión internacional, tanto en los ordenamientos internos de varios países latinoamericanos. e inclusive en España, como en los convenios internacionales sobre derechos humanos.' 7. En efecto, el modelo del amparo mexicano en esta dimensión histórica, como procedimiento sencillo y breve dirigido esencialmente a la protección de los derechos fundamentales, con excepción de la libertad personal tutelada por el habeas corpus o exhibición personal, han inspirado a los intrumentos del mismo nombre que se han establecido de manera paulatina en Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela' a los cuales deben agregarse otros instrumentos 1 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. "El juicio de amparo mexicano y la enseñanza del derecho procesal". Revista de la Facultad de Derecho de Mixico, núm. TI-7S t enero-junio de 1970. pp. 383-423: reproducido en Rnista tk Derecho Procesal lberotl1lll!ricOIIQ, Madrid, 1971, pp. 361-408. 2 Cfr. Fix-Zarnudio. Héctor. "Derecho de amparo y derecho comparado", Boldln Maicano de Derecho Comparado. núm. 8. mayo-agosto de 1970, pp. 5-63; id.. "El juicio de amparo en Latinoamérica". Memoria de El Colegio NaciolUlI, 1977, México, 1978. pp. 101-138: id. La protecdcm jurúlica y procesal de los derechos ÑlmatlOS ante las jurisdicciones nociolUlles. Madrid, UNAM-Cívitas, 1982, pp. 97~133. Entre otros estudios del mismo autor, el más reciente es "La protección judicial de los derechos humanos en Latinoamérica y en el sistema interamericaoo", Revista del IlIstilulo Inleramericano tk Derechos HIlIJ1QIlOS, San José, Costa Rica, núm. 8, julio-diciembre de 1988, pp. 11-19; traducción al inglés de Antonio Canchola y José de Jesús Orozco, "Judicial Protection of Human Rights in Latin America and the Inter-American Court ofHuman Rights", en la obra Judicial Prolection 01 Human Rights allhe Narional and Inlernat¡onal Level, Milano, Giuftre, 1991, vol. l., pp.

386-466. 3 Además de los trabajos mencionados en la nota anterior. cfr.. Fut-Zamudio, Héctor, "El derecho de amparo en México y en España. Su influencia recíproca", Revista de Estudios PoUticos, Madrid. enero-febrero de 1979, pp. 227#267

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similares tales como el mmrdado de seguran>a brasileño. que algunos tratadistas han traducido al castellano como "mandamiento de amparo .... así como el recurso de protección regulado por la Constitución chilena de 19RO.' y más recientemente, la llamada "acción de tutela", de la Carla fundamental colombiana promulgada el 6 de julio de 1991. 8. Además, los representantes mexicanos en las reuniones o asambleas internacionales han promovido la consagración del derecho de amparo, también en su enfoque tradicional, y así ha ocurrido con los instrumentos establecidos en los artículos XVID de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expedida en Bogotá, Colombia, en el mes de mayo de 1948;6 8p. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en París en diciembre del año de 1948;' 20., inciso 3, del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, suscrito en Nueva York en diciembre de 1966;' y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969,' En varios de estos preceptos se utiliza el vocablo "amparo" en la versión oficial en castellano. 4 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Mandato de seguridad y juicio de amparo", Boletln del Instituto tU! Derecho Comparado de Mfxico. núm. 46, enero-abril de 1963, pp. 3-60. reproducido en el volumen Tres estudios sobre el mandato de seguridad brasileíio. UNAM. 1963. pp. 3-69. en colaboración con

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Alejandro Ríos Espinoza. El tratadista español Manuel Fraga lribame tradujo dicha institución brasileña como "mandamiento de amparo", en su versión castellana de la Constitución brasileña de 1946. en la obra de Cavalcanti, T. V" Las Constituciones del Brasil, Madrid, Instituto de Estudios Poüticos, 1958. pp. 222. 683-685. 5 Cfr. Soto KIos. Eduardo. El recurso de protecci6n. prlgenes, doctrina y jurisprudencia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1982; Paillas. Enrique, El recurso de protecci611 ante el derecho comparado, Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 1990 6 Dicho precepto dispone: ''Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado constitucionalmente". 7 "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci6n o por la ley". 8 La citada disposici6n del Pacto de las Naciones Unidas, establece en su parte relativa:" 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violaci6n hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial. administrativa o legislativa. o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades del recurso judicial; e) Las autoridades competentes cumplirán toda decisi6n en que se haya estimado procedente el recurso". 9 El artículo 25 del Pacto de San José dispone: "Protecci6njudicial. l. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci6n. la ley o la presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. y e) a garantizar el


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9. De una manera menos directa, en el artículo 13 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobada en Roma. Italia, en noviembre de 1950, se establece un procedimiento de tutela similar a los que se han mencionado. 'o 10. Lo anterior significa que, para comprender nuestro derecho de amparo, debemos analizarlo desde una triple perspectiva, es decir, histórica, comparativa y procesal, ya que de otra forma resultaria muy difícil desentrañar una institución tan compleja. que ha sufrido una paulatina evolución, para abarcar varios instrumentos con una sola denominación, como lo hemos señalado.

11. Por otra parte, el juicio de amparo mexicano, tanto en su configuración histórica como en su multiplicidad actual, ha sido objeto de estudio por numerosos tratadistas nacionales; pero también por parte de juristas latinoamericanos; de los Estados Unidos; de España; de Italia, y Alemania" 12. Sería prácticamente imposible abordar en pocas líneas todos los aspectos y lineamientos jurídicos de nuestro derecho de amparo, desde las diversas perspectivas que hemos señalado, por lo que en este sencillo estudio nos limitaremos a trazar un breve esquema panorámico. un simple esbozo, que nos pennita vislumbrar de manera preliminar la institución procesal más importante del ordenamiento jurídico mexicano. II. BREVE RELACIÓN DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS

13. El juicio de amparo mexicano fue el resultado de una lenta y dolorosa evolución, en la que se combinaron elementos externos y factores nacionales. 12 14. La influencia externa puede dividirse en tres grandes corrientes: 15. al La más ostensible es la que proviene del derecho público de los Estados Unidos, como ocurrió también en la mayoría de los países latinoamericanos en los primeros años de su independencia de España,13 ya que los creadores del amparo mexicano pretendieron introducir en México los principios esenciales de la revisión cumplimiento. por las autoridades competentes. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". 10 El citado artículo 13 del Pacto de Roma establece: "Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales". 11 Véase la bibliografía básica (nacional y extranjera) que, sobre el juicio de amparo, se incluye en el apartado XIV de este trabajo. 12 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juicio de amparo mexicano y el derecho constitucional comparado",op. u/t. cit., pp. 419-431. 13 Fix-Zamudio. Héctor. "Influencia del derecho angloamericano en la protección procesal de los derechos humanos en América Latina". en la obra Feslschrift für KarJ Loewenslein (Libro de Homenaje para Karl Loewenstein), TUbingen, J. C. B. Mohr (Panl Siebeck), 1971, pp. 485-508.

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judicial de la constitucionalidad de las leyes, pero entendiéndola en la forma en que la había divulgado la clásica obm del publicista francés Alexis de Tocqueville, De la dénwcratie en Amerique,14 cuya primera edición en español, traducida por D. A. Sánchez de Bustamante y publicada en París en el año de 1836, se conoció en México en el año siguiente. y además. se hizo una reimpresión de la misma en nuestro país en 1855, año de la convocatoria del Congreso Constituyente del cual emanó la carta federal de l857 15 16. También debe señalarse la influencia de la clásica institución angloamericana del /uJbeas corpus, que se incorporó al juicio de amparo, pero sin el nombre tradicional con el cual se le conoce en los demás países latinoamericanos. 10 17. El mismo derecho público de los Estados Unidos tuvo ascendiente en la adopción del régimen federal, cuya tutela se encomendó posteriormente al juicio de amparo, y también, en la denominación de los tribunales federales que son los que resuelven este medio de impugnación." 18. b) La influencia española fue menos evidente, pero inevitahle después de tres siglos de dominación cultural y política en la Nueva España, y por ello es que el nombre mismo del amparo proviene de antecedentes castellanos y aragoneses" y también le debemos el centralismo judicial implantado en la época colonial, que determinó la concentración posterior de todos los asuntos judiciales del país en los tribunales fedemles, por medio del propio juicio de amparo, y que debe estimarse contraria a la estructura del régimen fedeml que, como se ha dicho, se tomó de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. 19 14 La primera edición en francés de esta obra fue publicada en París por Charles Gosslein en 1835, mismo año en que apareció una edición traducida al inglés por Henry Reeve. Democracy in America. Landon. Saunders and Otley, 1835, de esta última se han hecho múltiples reimpresiones en diferentes épocas. tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. 15 De la democracia en América del Not1e, traducción de D. A. Sánchez de Bustamante, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1855.2 v01s. 16 Cfr. Eder, Phanor J., en su clásico estudio "Habeas Corpus Disemboided: The Latin American Experience", en la obraXXth. Century Comparative and COllflicts Law. Legal EssayJ ill HOllor o/ Hessel E. Yntema. Leyden, 1961, pp. 473 Y ss. 17 En efecto, la primera Constitución de la época independiente recibió el nombre de "Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos", y el artículo 123 de la esta carta fundamental estableció: "El poder judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito yen los juzgados de distrito", lo que reflejó la influencia directa de la organización judicial federal de los Estados Unidos. 1& Mucho se ha escrito sobre los antecedentes hispánicos del juicio de amparo. pero nos limitamos a señalar la influencia de los fueros aragoneses de acuerdo con el erudito y documentado estudio del historiador y jurista español Fairén Guillén, Víctor, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, México, UNAM, 1971. Las aportaciones del derecho de Castilla que se aplicaron directamente en las colonias españolas en América han sido expuestas por Lira González, Andrés. El amparo colonial y el juicio de amparo mexica/lO. México, Fondo de Cultura Económica, 1972, Véase también el estudio de Coy, P. E. B., "Justice for de Indian in Eighteenth Century Mexico", American ]oumal o/Legal History, 1968, pp. 41-49. 19 Cfr. Noriega Cantú, Alfonso, "El origen nacional y los antecedentes históricos del juicio de amparo", lus, México, septiembre de 1942, pp. 151-172.

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19. cl Advertimos un influjo del derecho francés. en primer término por conducto de las declaraciones de los derechos del hombre. calificadas en nuestras constituciones como "garantías individuales".20 Yque en un principio se estimaron como el contenido de la protección del juicio de amparo;" en segundo lugar. en cuanto se pretendió implantar una copia del Senado Conservador de la Constitución francesa del año por conducto del llamado Supremo Poder Conservador introducido en las leyes constitucionales de 1836.22 Y en una tercera dirección. que estimamos la más trascendente. también influ~eron en nuestro juicio de amparo. como lo expresamos más adelante. varios elementos de la casación francesa." 20. Por lo que se refiere a 10sfaclOres de carácter nocional. éstos se tradujeron en la convicción en los hombres públicos y los juristas mexicanos. de la necesidad de crear un instrumento proces~1 eficaz para la tutela de los derechos fundamentales de los gobernados frente al poder público. incluyendo la impugnación de las leyes inconstitucionales. 21. La formación de esta conciencia fue muy paulatina y en ocasiones bastante imprecisa. por lo que nos limitaremos a señalar las etapas más destacadas: 22. al En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824 se introdujeron. sin una plena comprensión. dos instituciones para la tutela de las normas constitucionales. o sea, la que atribuyó al Congreso federal la facultad de reprintír las violaciones a la carta federal. y que tiene su antecedente en la Constitución española de Cádiz de 1812." y al ntísmo tiempo. se confIrió a la Suprema Corte Federal. esta vez por influencia de la Constitución Federal de los

vm.

20 Cfr. nurgoa Orihuela. Ignacio. Las garant(as individuales, 18a. OO .• México. PonUa. 1984, pp. 154-200. 21 La Constitución Federal de 1857 estableció en la fracci6n 1 del artículo 101. que el amparo procedería solamente en contra de la violación de las garantías individuales. 22 Esta institución fue introducida en la Segunda Ley Constitucional de 20 de diciembre de 1836. que se refiere exclusivamente a la ''Organización de un supremo poder conservador". y constaba de 23 artículos. Dicho organismo se inspiró claramente en el Senado Conservador francés establecido en la carta de diciembre de 1799, de acuerdo con las ideas del abate Sieyes. 23 Esta influencia fue reconocida ampliamente por la doctrina mexicana, especialmente por el tratadista Vega, Fernando, en su estudio "El juicio de amparo y el recurso de casación francés", que apareció originalmente en la Revista de ILgislación y Jurisprudencia, México, 1889. pp. 69-86, Y fue reimpreso en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, Julio-septiembre de 1946,

pp. 231-238. 24 De acuerdo con los artículos 372 y 373 de la Constitución espafiola de Cádiz de 1812: "Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella" y ''Todo español tiene derecho a representar a las Cortes y al Rey para reclamar la observancia de la Constitución", preceptos fundamentales que pueden equipararse con los artículos 164 y 165 de la Constitución Federal mexicana de 1824: "El congreso dictaB todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta constitución o la acta constitutiva", y "Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta constituci6n y del acta constitutiva".


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Estados Unidos, la competencia para decidir sobre las infracciones de la Constitución y leyes federales." En la práctica, sin embargo, predominó claramente la primera solución, si tomarnos en cuenta que el citado Congreso federal anuló varias leyes expedidas por los órganos legislativos de las entidades federativas, por considerarlas contrarias a la Constitución Federal." 23. b) En las llamadas Siete Leyes Constitucionales de 1836, de carácter unitario o centralista, se efectuó el primer intento para establecer un órgano protector de la Constitución, de carácter político, llamado Supremo Poder Conservador, y que sin duda se inspiró en el sistema similar establecido, de acuerdo con las ideas del abate Siey~s, en la Constitución francesa del 22 frimario del año VID (13 de diciembre de 1799), según se expresó anteriormente, y cuyas facultades desorbitadas y más

bien ingenuas, detenninaron su fracaso. 27 • 24. c) En varios proyectos que se elaboraron durante los años de 1840 a 1842, con el propósito de reformar las citadas leyes constitucionales de 1836, o bien para sustituirlas con otro documento constitucional, se propuso la supresión del Supremo Poder Conservador -que fue abolido efectivamente en el año de 1841- para sustituirlo por un instrumento procesal que recibió el nombre de "reclamo", el que debía ejercitarse ante los tribunales federales y particularmente ante la Suprema Corte de Justicia, con objeto de proteger tanto las normas constitucionales, en general, como las "garantías individuales", es decir, los derechos del hombre, en particular. 28 Si bien estos proyectos no llegaron a obtener consagración legislativa, es evidente que prepararon el terreno a fin de que pudiera implantarse pocos años más tarde el juicio de amparo en el ámbito na~ional.29 2S La citada Constitución Federal de 1824 dispuso en su artículo 137, fracción V. inciso sexto, que la Suprema Corte de Justicia podía conocer de "las infracciones de la Constitución y leyes generales. según se prevenga por la ley", Este precepto se inspiro claramente del artículo III. sección 2. de la carta

federal de los Estados Unidos, que en su parte cohducente establece que: "}. El poder judicial se extenderá a todos los casos de ley y equidad que dimanen deesta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos ... •·

26 Varias declaraciones hechas por el Congreso federal que anularon leyes de los estados por considerarlas inconstitucionales, en particular durante el año de 1829. pueden consultarse en la obra de Dublán. Manuel, y Lozano, José María. Legislación mexicana. México, 1876, vol. n. pp. 89-223. 27 Con respecto a esta institución francesa, puede consultarse. entre otros. a B1ondel. André, Le contrblejuridictionnel M la constitutionnalitl MS lo;s: étude critique comparative États Ullis-FTtlllce. París. 1928, pp. 173 Yss. Sobre el Supremo Poder Conservador en las leyes constitucionales mexicanas de 1836, cfr. Noriega Cantú. Alfonso. El pensamiento conservador y el cOIut'rvadurismo mexicallo. México, UNAM, 1972. tomo 1, pp. 207-248; Moreno, Daniel, "El Supremo Poder Conservador", Revista de la Facultad de Derecho de Máico, núms. 69-70, enero-junio de 1968. pp. 255-296; Fix-Zamudio. Héctor, "Tres instituciones francesas revolucionarias y el derecho constitucional mexicano", en la obra colectiva Bicentenario de la Revolución francesa, México. UNAM. 1991. pp. 60-64.

28 Cfr.• entre otros, Gaxiola, Jorge F., "Los tres proyectos de la Constitución de 1842", en la obra. Derechos MI pueblo mexicano. México a través de sus constituciolles. 3a. ed .. México. Cámara de Diputados-Miguel Ángel Pomía, 1985. tomo nI. pp. 67-107. 29 Cfr. Gaxiola. Jorge F., op. ulr. cit. pp. 107-114.

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1lI. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL AMPARO 25. Podemos afinnar que el amparo mexicano se creó de manera paulatina en tres etapas sucesivas, por conducto de las cuales se fue perfilando y perfeccionando la institución.

26. a) En primer ténnino, el amparo surgió, inclusive con este nombre, en la Constitución del estado de Yucatán de 31 de marzo de 1841, y según el proyecto elaborado en el mes de diciembre de 1840 por el ilustre jurista mexicano y nativo de dicha entidad federativa, Manuel Crescencio Rejón, estimado con toda razón como uno de los creadores de nuestra máxima institución procesal, y también el primero que en Latinoamérica detenninó la consagración legal de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. 30 27. El motivo por el cual el amparo mexicano apareció en una entidad federativa se debe a que en esa época se libraba una lucha encarnizada entre los partidarios del restablecimiento del sistema federal, que eran los miembros del partido liberal, y los conservadores que sostenían el régimen unitario consagrado en las mencionadas siete leyes constitucionales de 1836, y en esos momentos dominaba en el estado de Yucatán un gobierno local partidario de la unión federal." 28. b) En el ámbito nacional, el amparo fue establecido en el Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847, que debe su nombre a que dicho documento introdujo modificaciones a la Constitución Federal de 1824, cuya vigencia había sido restablecida. 29. La citada Acta de Reformas se inspiró en forma indubitable en el proyecto redactado por otro distinguido jurista y político mexicano, Mariano Otero, considerado como el segundo padre del amparo, ya que en el artículo 25 del propio documento constitucional se implantó la disposición calificada como "fórmula Otero", que todavía subsiste, y de acuerdo con la cual, la sentencia que otorgue la protección no debe contener declaraciones generales, de manera que cuando se combate la inconstitucionalidad de una ley, dicha tutela se traduce en la desaplicación del ordenamiento impugnado exclusivamente en beneficio de la parte reclamante. J2 30 Cfr. Eder, Phanor 1.. "Judicial Review in Latin America", Ohio State La ..... Joumal, 1960, pp. 571-572. JI Cfr. el volumen publicado por la Suprema Corte de Justicia, HOrMnaje a dOIl Manuel Crescencio Rejón, México, 1960. 32 Sobre escritos jurídicos y políticos de Mariano Otero, cfr. Reyes Herales. Jesús, "Estudio preliminar", en el volumen recopilativo Ole ro. Obras, México. POITÚa, 1967. pp. 74-82 Y 349-383, respectivamente. El artículo 25 del Acta de Refonnas de 1847 dispuso: "Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la R~pública en el ejercicio y conservación de los derechos que le


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30. el Apoyándose en la evolución anterior, los miembros del Congreso Constituyente de 1856-1857, entre los cuales sobresalen Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y León Guzmán, establecieron en los artículos lO! y 102 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857, los lineamientos fundamentales del juicio de amparo, algunos de los cuales han llegado hasta el presente, por lo que deben considerarse como la etapa final en el nacimiento de la institución, y constituye el punto de partida de su desarrollo posterior, hasta alcanzar el alto grado de complejidad con el que la conocemos en nuestros días. 33 31. A partir de la Constitución de 1857 advertimos un notable desarrollo del juicio de amparo que, no obstante haber nacido exclusivamente como un instrumento procesal para la tutela de las llamadas "garantías individuales", su ámbito protector se amplió en forma paulatina, y para explicar brevemente esa evolución podemos trazar las siguientes etapas: 32. al El amparo se perfeccionó en los diversos ordenamientos reglamentarios que se expidieron con apoyo en los citados artículos lO! y 102, como lo fueron las Leyes de Amparo de 1861, 1869 Y 1882, habiéndose incorporado posteriortnente en los Códigos de Procedimientos Civiles Federales de 1897 y 1908; ordenamientos que recogieron las enseftanzas de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que transfortnó este medio de impugnación, de un instrumento sin contornos precisos, en un verdadero proceso contra las autoridades infractoras, tutelando preferentemente la vida y la libertad de los gobernados, ya que con frecuencia se utilizó para arrancar de los pelotones de fusilamiento a los condenados a muerte por delitos políticos o bien evitó, así sea con limitaciones, el servicio forzado de las armas o las detenciones indebidas, lo que le dio el prestigio popular que conserva actualmente" 33. De acuerdo con estas leyes reglamentarias y las disposiciones relativas de los códigos mencionados, el juicio de amparo se tramitaha por medio de un procedimiento de doble instancia, la primera ante los jueces federales de distrito y la segunda de oficio ante la Suprema Corte de Justicia, con independencia de los actos que se reclamaran y de las partes que intervinieran. concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Respecto al significado de este precepto, entre otros, Oñate, Santiago, "EI Acta de Refonnas de 1847", en la obra Derechos del pueblo mexicano, cit., supra nota 28, tomo 1I1, pp. 142-150. 33 Cfr. Zarco, Francisco, HiJlOria del Congreso Extraordinario COIISfifuyellle (1856-1857), México, El Colegio de México, 1956, pp. 988~999. 34 Los ongenes, debates y desarrollo de las primeras leyes de amparo han sido analizados por el tratadista Barragán Barragán, José, Primera Ley de Amparo de 1861, y Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869, ambos, México, UNAM, 1980, reimpresos en 1987.


34. b) Pero la transfonnación más importante fue la introducción del juicio de amparo contra sentencias judiciales por incorrecta aplicación de la ley secundaria, y esto ocurrió debido a una serie de causas de carácter social Y político, que presionaron a la Suprema Corte para aceptar una inlerpretación sumamente discutible del artículo 14 de la citada Constitución Federal de 1857. 35. En efecto, debido a tres siglos de centralismo judicial en la época colonial española, que a su vez provocó la concentración de los abogados en las ciudades de Méxi~" YGuadalajara, en las cuales residían las dos únicas audiencias (tribunales de apelación), con posterioridad a la independencia fue preciso integrar con magistradOS improvisados los tribunales superiores de las entidades federativas, con la consiguiente falta de confianza en dichos tribunales locales. los que también quedaron sujetos a la influencia política de los gobernadores de las propias entidades. 36. Debido a tOdo lo anterior. los abogados acudieron a tOdos los medios, iru:lusive a la mencionada interpretación del artículo 14 constitucional. para sustraer los asuntos judiciales de las manos de los tribunales locales, aun tratándose de la aplicación de las leyes de los estados. para llevarlos a los tribunales federales a través del juicio de araparo y finalmente, a la Suprema Corte de Justicia. que concentró así todos los asuntos judiciales del país, movimiento incontenible que llevó a la propia Suprema Corte a declarar inconstitucional el artículo 80. de la Ley de Amparo de 1869 que prohibió expresamente la interposición del juicio de amparo contra sentencias judiciales." 37. e) La Constitución vigente de 5 de febrero de 1917 recogió la evolución anterior y estableció en sus artículos 103 y 107 los lineamientos esenciales del juicio de amparo. particularmente en el segundo. que regula. en ocasiones con minuciosidad. las bases de la institución. 38. Al respecto. debe llamarse la atención sobre el hecbo de que el Constituyente. después de acalorados debates. consagro expresamente en el artículo 14 de la carta federal vigente la procedencia del amparo contra sentencias judiciales por la violación de las leyes secundarias. Si se toma en cuenta además el principio de legalidad del artículo 16 constitucional,36 la esfera protectora del amparo. se ba 35 Dicho precepto disponía de manera cate,g6rica: ''NQ es admisible el ~ de amparo en negocios judiciales", Existe una amplia bibliografía sobre esta disposición y su posterior inconstituci01lalidad establecida de manera implícita por la Suprema Cortt: de Justicia. Podernos mencionar. entre otros estudios, 10$ recientes de Noriega Cantú. Alfonso. La consolidaci.6n lÚ!l juicio tU amparo (El caso tkl artfculo Ba. de la Le)'de 1869), México. Clreulo de Santa Mqarita. 1980. pp. 9-21~ Barntglin Barragán. José, Proceso de discusi6n tk la Ley de Amparo de 1869, cit. nota anterior. pp. 25~33; Carrillo Flores, Antonio. "La Suprema Corte mexicana romo poder y como tribunal". en su libro La Constituci6n. la Suprema Corte y los derech(JS hllnklfU')S. Méxiro. Porrúa, 1931. pp. 57-84. 36 El citado artículo 14 de la Constitución federal de 1911 dispone en su parte conducente. que: "En los juicios.del orden criminal queda prohibido imponer. por simple analogía y aun por mayoría de razOO. pena alguna que 00 esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de qoo se trata. En los

BREVE INfRODUCCIÓN ALllJICIO DE AMPARO

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ampliado a tal grado que, a partir de entonces, y salvo los casos limitados que la Constitución y la ley reglamentaria señalan, en los cuales no procede la impugnación, el amparo protege todo el orden jurídico nacional, desde los más elevados preceptos constitucionales hasta las disposiciones de un modesto reglamento municipal, lo que explica la complejidad que ha asumido la institución en nuestros días. 37 39. d) El problema esencial que se produjo con la aplicación de los artículos 103 y 107 a través de las leyes reglamentarias de 1919, y la actual de 10 de enero de 1936, consistió en una mayor acumulación de los juicios de amparo en los tribunales federales y particularmente ante la Suprema Corte, fenómeno que ya había sido observado por el distinguido jurista mexicano Emilio Rabasa en los primeros años de este siglo," de manera que las reformas esenciales a la legislación de amparo, tanto en su aspecto constitucional como reglamentario, de 1951 y 1968, se dirigieron esencialmente a disminuir el rezago que pesaba sobre la propia Suprema Corte de Justicia. 40. En efecto,las reformas de 1951 crearon los tribunales colegiados de circuito, inspirados en los tribunales de circuito de apelación de los Estados Unidos,"

precisamente con objeto de auxiliar a la Suprema Corte en el conocimiento de los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra. o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecbo". La llamad.a "garantía de legalidad". se consagra en la parte relativa del artículo 16 de la misma carta fundamental. el que en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio. papeles o

posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. que funde y motive la causa legal del procedimiento". 37 En efecto. el juicio de amparo me:\icano tutela todo el orden jurídico nacional. con excepción de algunas hipótesis. ya que la carta federal y la Ley de Amparo establecen limitaciones a la procedencia del propio juicio de amparo, Entre las restricciones podemos mencionar. la negativa a otorgar o la revocación a los particulares. de la autorización para establecer un centro educativo (artículo 30. constitucional); las resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras o aguas a los campesinos que carecen de ellas. salvo que los propietarios afectados posean los llamados "certificados de inafectabilidad" (artículo 27 constitucional. fracción XIV): la e:\pulsión de extranjeros indeseables, sin previo juicio. p:>r parte del Ejecutivo Federal (artículo 33 constitucional); las determinaciones del Congreso de la Unión para calificar las elecciones de sus miembros y del presidente de la República (artículos 60 y 74, fracción I. de la Constitución federal). así como las resoluciones en materia electoral (artículo 73. fracciones VII y VIII. de la Ley de Amparo); y las decisiones del Congreso federal sobre la procedibilidad del enjuiciamiento de los altos funcionarios federales y locales, por delitos comunes (artículo 111 constitucional), o sobre la responsabilidad política de los mismos funcionarios (artículo 110 de la misma carta fundamental). Sobre esta materia puede consultarse a Burgoa Orihuela, Ignacio. El juicio di! amparo, 21a. ed., México. POlTÚa, 1984, pp. 451-499. 38 Cfr. Rabasa. Emilio. El aTf{culo 14. Estudio constitucional. México, POITÚa, 1955. pp. 103-110. intitula el capítulo XIII de esta obra "La imposible tarea de la Corte". 39 Cfr., entre otros autores norteamericanos. Abraham, Henry J., The Judicial Process, 5a. ed., New York. Oxford University Press.1986, pp. 159-173, sobre la organización y funcionamiento actual de los citados tribunales de circuito de apelación en los Estados Unidos. Sobre la creación de dichos tribunales federales como auxiliares de la Suprema Corte Federal en el año de 1891. cfr. Swisher, Carl Brent, El desarrollo constitucional de Jos Estados Unidos. trad. de Hugo Charny, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. tomo I. pp. 436-441.

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juicios de amparo, y la segunda refonna, que entró en vigor en octubre de 1968, además de incrementar el número de los tribunales colegiados,40 hizo una distribución de los juicios de amparo entre dichos tribunales y la Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta criterios sociales, económicos, así como de interés público y social, de manera que a partir de entonces sólo los juicios de amparo de mayor importancia se tramitan y resuelven por el más alto tribunal de la República." IV. SmJACIÓN ACfUAL. DIVERSOS SECTORES QUE LO INTEGRAN

41. El juicio de amparo mexicano ha llegado a adquirir en la actualidad una estructura juódica sumamente compleja, que bajo su aparente unidad comprende varios instrumentos procesales, que si bien poseen ciertos principios generales comunes, cada uno de ellos tiene aspectos peculiares de carácter autónomo, lo que no resulta extraño si tomamos en cuenta que inclusive los ordenamientos jurídicos latinoamericanos más próximos al derecho mexicano, que regulan varios de estos instrumentos en fonna independiente del juicio de amparo en sentido estricto." 42. En consecuencia, el juicio de amparo mexicano debemos considerarlo como una federación de instrumentos procesales, cada uno de los cuales posee una función tutelar específica, que a su vez determina una serie de aspectos peculiares que no pueden comprenderse sino por conducto de su análisis autónomo. 43. En efecto, en el amparo mexicano podemos descubrir cinco funciones diversas, ya que puede utilizarse para la tutela de la libertad personal; para combatir las leyes inconstitucionales; como medio de impugnación de las sentencias judiCiales; para reclamar los actos y resoluciones de la administración activa, y 40 Las reformas posteriores, hasta llegar a la de 1988. aumentaron de manera paulatina y creciente el número de los tribunales colegiados de circuito, los cuales fueron especializados por materia tanto en la ciudad de México como en la de Guadalajara, de manera que en la actualidad son casi de 70 en toda la República, en relación con los primeros 5 introducidos en las reformas de 19S1. Sobre esta evolución, cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "SeTenta y cinco alios de evoluci6n del Poder Judicial en México ", en la obra México. 75 años de revolución política l/, México, Instituto Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revolución Mexicana-Fondo de eullura Económica. 1988. pp. 303-313. 41 Esta evolución, como se verá más adelante en el texto. culminó con las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor ell5 de enero de 1988. de acuerdo con las cuales sólo se conservó en la competencia de la Suprema Corte de Justicia los juicios de amparo en los cuales se plantean conflictos directamente constitucionales, y todos los asuntos de legalidad se enviaron a los tribunales colegiados de circuito. Cfr.. entre otros. Fix-Zamudio, "La Suprema Corte como tribunal constitucional", en la obra colectiva ÚJS nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano. La reforma judicial 1986-1987, México. POrfÚa, 1987, pp. 495-541. 42 Cfr., entre otros trabajos. Fix-Zamudio. Héctor. "El juicio de amparo en Latinoamérica". Memoria de El Colegio Nacional, 1977. México. 1978, pp. 101-138. reproducido en el libro recopilativo del mismo autor, Latinoamérica: Constituci611, proceso y derechos humanos, México. Miguel Ángel POflÚa, 1988. pp. 275-310.

BREVE INTRODUCCIÓN AL nrrCIO DE AMPARO

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finalmente para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria. 43 44. A) En primer ténnino, el amparo mexicano realiza fUnciones similares al /U¡beas corpus de origen inglés, que tomó de la legislación y la jurisprudencia de los Estados Unidos, y por ello es que el ordenamiento mexicano se aparta en este aspecto de los restantes países latinoamericanos que consagran esta institución independientemente del amparo. 44 45. De acuerdo con la Ley de Amparo vigente, contra los actos que importen el peligro de privación de la vida, alaques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal" puede interponerse juicio de amparo por cualquier persona en nombre del afectado que se encuentre imposibilitado para hacerlo, aun cuando el promovente sea menor de edad. El juez está provisto de amplias facultades de investigación y dirección del proceso, con la atribución de dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del presunto agraviado, después de resol ver sobre la medida cautelar denominada "suspensión del acto reclamado", la que debe otorgarse de oficio con excepción de la privación de la libertad, que debe solicitarse expresamente (artículos 17, 18 Y 123, fracción 1, de la Ley de Amparo). 46. El ejercicio de la acción procesal no está sujeto a plazo preclusivo, sino que puede hacerse valer en cualquier tiempo (artículo 22, fracción lI), e inclusive a cualquier hora del día o de la noche (artículo 23, segundo párrafo de la citada Ley de Amparo). 47. La demanda puede formularse por comparecencia. es decir, oralmente, en

los casos urgentes (artículo 117) o inclusive por telégrafo, pero debe ser ratificada por escrito dentro de los tres días siguientes (artículos 113 y 119), Y para hacer más fácil su interposición es posible presentar la demanda no sólo ante el juez federal de distrito, quien generalmente reside en la capital de la entidad federativa, sino también ante el juez local de primera instancia, o en su defecto, ante cualquier funcionario judicial del lugar en el cual se pretende ejecutar el acto que se reclama. 43 Cfr. Fix~Zamudio. Héctor. "Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo", Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 56. octubre-diciembre de 1964, pp. 959-1012. 44 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La protección jurfdica y procesal de los derechos humanos alife las jurisdicciones nacionales, cit.. supra nota 2, pp. 121-126. 45 El artículo 22 de la Constitución rederal establece: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos. el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

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48. Los citados jueces locales están facultados para detener provisionalmente la ejecución del acto lesivo de la libertad o de la integridad trsica del afectado, remitiendo el expediente al juez federal respectivo, quien debe continuar el procedimiento (artículos 38, 39 Y40). 49. B) El sector preponderante es el relativo a la impugnación de las leyes inconstitucionales por medio del juicio de amparo y que ba recibido el nombre de amparo contra leyes, el cual se inspiró, según se expresó con anterioridad, en la revisión judicial de la inconstitucionalidad de las leyes, consagrada en la legislación de los Estados Unidos," pero que ha asumido peñ1ies peculiares, que describiremos brevemente: 50. En primer lugar, es preciso advertir que en los primeros años de aplicación de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, Yde acuerdo con el punto de vista de los distinguidos juristas mexicanos, ambos magistrados de la Suprema Corte en diversas épocas, José María Lozano e Ignacio Luis Vallarta.47 se considero que sólo se podía combatir una ley inconstitucional a través de los actos de aplicación, y únicamente era posible señalar como autoridades demandadas a las que realizaran dicba aplicación en perjuicio de los afectados, pues una ley, mientras no se aplicara concretamente, "era letra muerta y no causaba perjuido ..... 51. Pero ya en la ley vigente de 1936 pueden combatirse en forma directa los ordenamientos legales cuando se estimen inconstitucionales, es decir, al señalar como actos reclamados la expedición y promulgación de los mismos ordenamientos y como autoridades demandadas, a las de carácter legislativo," es decir, ya se admite lo que el ilustre procesalista italiano Francesco Carnelutti calificaba como "proceso al legislador" 50 46 Los países latinoamericanos que han seguido más de cerca el sistema difuso de revisi6njudiciaI de la inconstitucionalidad de las leyes. han sido Argentina y Brasil. por conducto dellIamado '"recurso extraordinario de inconstitucionalidad". Cfr. Fix-Zamudio. Héctar. La protecci6n jurldica y procesal, cit.. supra nota 2. pp. 88-89. 47 José María Lozano fue miembro de la Suprema Corte de Justicia en 1873 y posteriormente. de 1888 a 1893. Ignacio Luis Vallarta desempeñó con excepcional brillantez el cargo de presidente de la

propia Suprema Corte durante los años de 1877 a 1882. de tal manera que no obstante la diferencia ostensible de duraci6n en sus funciones su labor ha sido comparada con la de Joho Marshall. presidente de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos por más de treinta años (1801-1835). 48 Esta frase es compartida por ambos autores. Cfr. Lozano. José Maria. Tratado de los derechos del hombre. Estudio del d1'recho constifucional patrio en lo rt!lOlivo a los threchos d,1 hombre, México. Pomía. 1972, y ValIarta. Ignacio Luis. El juicio de amparo y el writ o/habeas corpus. México. Imprenta de J. J. Terrazas. 1896. pp. 439 Y 119. respectivamente. 49 Como autoridades que intervienen en el procedimiento legislativo en el nivel federal. deben considerarse el presidente de la República. que generalmente envía las iniciativas y además promulga las leyes aprobadas. y el Congreso federal. por medio de sus dos Cámaras. de Diputados y de Senadores. cualquiera de las cuales puede ser la de origen. En las entidades federativas. con exclusi6n del Distrito Federal. que tiene una Asamblea de Representantes que expide disposiciones reglamentarias. los gobernadores tienen facultades de iniciativa y de promulgaci6n. y las disposiciones legislativas son aprobadas por las legislaturas locales. de carácter unicameral. Cfr. Tena Ramírez. Felipe. Derecho constitucional mexicano. 19a. ed .• México. Pornía, 1983. pp. 247-297.


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52. El principio fundamental del amparo contra leyes en el derecho mexicano es el de la relatividad o efectos paniculares de la sentencia, que otorga la protección de acuerdo con la llamada "fórmula Otero", pues los artículos 107, fracción n, de la Constitución federal y 76 de la Ley de Amparo disponen: Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos paniculares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare.'! 53. El amparo contra leyes asume actualmente en el sistema mexicano una doble configuración: S2 54. al Por conducto de lo que hemos calificado como acci6n de inconstitucionalidad, en virtud de que implica un ataque frontal, directo, contra el ordenamiento legislativo, entendido éste en su sentido material, es decir, que comprende también las disposiciones reglamentarias y los tratados internacionales aprobados por el Senado federal. 55. De acuerdo con esta vía se impugnan las normas legislativas por medio de un verdadero proceso en el cual figuran como contrapartes del promovente los órganos del Estado que intervinieron en el procedimiento legislativo, es decir, en la esfera federal, el Congreso de la Unión y el presidente de la República, y en las entidades federativas, la legislatura local y el gobernador respectivo, que son los órganos encargados de la expedición y la promulgación de las normas legislativas. En el supuesto de los reglamentos, debe señalarse como autoridad demandada el

so "Aspetti problematici del processo allegislatore", Rivista di Diriuo Processuale, Padova,1969, pp. 10-13. 51 Aun cuando un gran porcentaje de ordenamientos latinoamericanos, de acuerdo con el modelo del sistema estadounidense, calificado como "americano", tanto por su origen como por su aplicación en casi todo el continente. siguen el principio de la desaplicación de las leyes en cada caso concreto;

sin embargo. existe la tendencia hacia la declaración general de inconstitucionalidad en determinadas hipótesis, primero por el ejemplo de la llamada "acción popular de inconstitucionalidad" de los ordenamientos de Colombia y Venezuela, pero también en virtud de la creciente adopción del sistema calificado de "austriaco" o "europeo continental", que implica el establecimiento de tribunales especializados en la solución de conflictos constitucionales, como ocurre, entre otros, en Guatemala (1965-1985); Chile (1970-1973-1980); Ecuador (1978-1984) y Perú (1979), así como salas autónomas especializadas en el Seno de la Corte Suprema El Salvador (1983) y Costa Rica de (1989), además de la reciente Corte Constitucional establecida por la Constitución colombiana de 6 de julio de 1991. Cfr.. entre otros, Cappelletti, Mauro, "El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado", en su obra La justicia constitucional (estudios de derecho comparado), trad. de Luis Dorantes Tamayo, México. UNAM. 1987. pp. 99-111; Fix-Zamudio, Héctor, "La protecci6njudicial de los derechos humanos en Latinoamérica y en el sistema interamericano". cit., supra nota 2, pp. 21-32. 52 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Algunos problemas que plantea el amparo contra leyes". en su obra El juicio de amparo, México. POITÚa, 1964. pp. 167-194. Aguilar Álvarez y de Alba, Ernesto, El amparo contra leyes. México, Trillas. 1989. pp. 136-152.

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titular del Ejecutivo federal o local correspondiente, así como al Senado de la República en cuanto a la aprobación de los tratados internacionales. 56. La reclamación debe hacerse en primera instancia ante el juzgado de distrito, de acuerdo con lo establecido por los anfculos 107, fracción VII, de la Constitución federal y 114, fracción 1, de la Ley de Amparo, así como 51, fracción V, 52, fracción I1I, 53, fracción n, y 54, fracción VIII, según la materia, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 57. Contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los citados juicios de amparo, procede el llamado recurso de revisión (en realidad, de apelación) ante la Suprema COrte de Justicia, de acuerdo con lo establecido por los anfculos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución federal, y 84, fracción 1, inciso a), de la Ley de Amparo, siempre que en el citado recurso subsista la cuestión de inconstitucionalidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal atribuye al Tribunal en Pleno el conocimiento del segundo grado de los citados juicios de amparo, cuando en ellos se impugne la incO'1stitucionalidad de leyes federales o locales, así como tratados internacionales (anfculo 11, fracción V, inciso a), y a las Salas, de acuerdo con su materia. en los supuestos de que se reclame la inconstitucionalidad de reglamentos expedidos por el presidente de la República o por los gobernadores de los estados (anfculos 24, 25, 26 Y 27, en todos ellos fracción I, inciso a)." 58. La Ley de Amparo vigente estableció en su texto original dos oportunidades para combatir, en vía de acción, las disposiciones legales contrarias a la carta federal, en un primer momento cuando se trate de preceptos que al entrar en vigor afecten los intereses jurídicos del promovente. Estos ordenamientos son calificados por la doctrina y la jurisprudencia como "autoaplicativos"54 y el plazo para interponer la demanda es de treinta días contados a panfr de la entrada en vigor de los preceptos reclamados (anfculo 22, fracción r, de la Ley de Amparo). 59. Una segunda oportunidad fue implantada por el anfculo 73, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, para toda clase de disposiciones legales, o sea, tanto para las que se consideren autoaplicativas y no se hubiesen impugnado con motivo de su entrada en vigor, como aquellas que S3 Debe tomarse en consideración que la competencia para conocer de la segunda instancia del unparo contra leyes en vía de acción. ha sufrido varias transfonnaciones hasta llegar a la situación actual. Así. de acuerdo con el sistema original de las leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el conocimiento de dichos juicios de amparo se conftrió a las Salas de la Suprema Corte de Justicia. según su materia. En la reforma a la citada Ley Orgánica que entró en vigor en enero de 1958 se atribuyó en su totalidad la resolución de la segunda instancia de los amparos contra leyes al Tribunal en Pleno, hasta las modificaciones que entraron en vigor en octubre de 1968, en las cuales se adoptó un régimen de colaboración entre el Pleno y las Salas, que sufrió posteriores cambios, ya que ninguna de estas soluciones pudo superar el rezago en esta materia.

54 Cfr. FlX-Zamudio, Héctor, "Algunos problemas que plantea el amparo contra leyes". cit.. supra nota 52. pp. 180-188, Agullar ÁlvateZ y de Alba, Ernesto, El amparo contra leyes. cit.. supra nota 52. pp. 117-128.


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requieren de actos de aplicación por parte de alguna autoridad, y todas ellas deben reclamarse dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 21 de la propia Ley de Amparo, contados a partir del conocimiento, por el interesado, del primer acto de aplicación en su perjuicio del ordenamiento que estima inconstitucional. 60. También debe advertirse que con anterioridad a las reforlllas a la legislación de amparo que entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fijó criterio jurisprudencial en el sentido de que, cuando se impugnaba la inconstitucionalidad de una ley, no era necesario que se agotaran los medios jurídicos de defensa de carácter ordinario, imperativos como regla general para hacer valer el juicio de amparo, de acuerdo con el llamado "principio de definitividad del acto reclamado" (artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo)." 61. Pero al mismo tiempo, la propia Suprema Corte introdujo la tesis de que el agotamiento de los medios jurídicos ordinarios de defensa no interrumpía el plazo para impugnar una ley reclamada por su inconstitucionalidad, por considerar que a través de dichos medios no se podría resolver sobre dicha inconstitucionalidad, sino exclusivamente respecto a la legalidad de los actos de su aplicación." 62. Estos dos criterios provocaron una serie de problemas prácticos de difícil resolución, y por ello, en las citadas reformas de 1968, se adicionó un nuevo párrafo a la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que: Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley, si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso O medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. 63. b) La segunda vía para impugnación de las leyes inconstitucionales por conducto del amparo la hemos calificado como recurso de inconsTitucionalidad y tiene su apoyo en el artículo 133 constitucional (que proviene del artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos)," y lo llamamos recurso porque S5 cfr. Azuela Rivera, Mariano. "Aportación al estudio del amparo contra leyes", Revista JurúJica Veracruzana, Jalapa, 1957, pp. 7-43. 56 Cfr. Aguilar Álvarez y de Alba. Ernesto. El amparo contra leyes, cit., supra nota 52, pp. 136.139. 57 El artículo 133 de la Constitución federal dispone: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados,

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados". Cfr. Carpizo, Jorge, "La interpretación del artículo 133 constitucional", en su libro Estudios

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no combate directamente un ordenamiento legal, sino la legalidad de una resolución ordinaria, y a través de ella se decide previamente si son constitucionales o no las disposiciones legislativas aplicadas por el tribunal que pronunció dicha sentencia. 64. En consecuencia, cuando el reclamante estima que un juez o tribunal ha dictado un fallo en el cual, contrariando lo dispuesto por el citado articulo 133 constitucional, se aplica en su peIjuicio un ordenamiento legal que estima contrario a la carta federal, puede impugnar dicha sentencia en el juicio de amparo de una sola instancia, ante los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con las reglas de la competencia para el juicio de amparo contra sentencias judiciales, y que se señalarán más adelante. 65. La Suprema Cone de Justicia sostuvo durante mucho tiempo el criterio del llamado "monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes por pane de los tribunales federales", pero terminó por reconocer la necesidad de coordinar lo dispuesto por los anículos 103 y 133 de la Constitución federal, que en una época se consideraron contradictorios." 66. En las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en enero de 1984 se reconoció plenamente la impugnación de las disposiciones legislativas por medio de una sentencia judicial, en cuanto el párrafo segnndo de la fracción IV del articulo 166 de la Ley de Amparo, que se refiere a los requisitos de la demanda de una sola instancia, dispone en lo conducente que: Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiese puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de este por el tribunal de amparo se hará en la pane considerativa de la sentencia. 67. Este procedimiento ha sido calificado erróneamente como "vía de excepción", en cuanto se supone que es el demandado en el proceso ordinario quien plantea la cuestión de inconstitucionalidad, lo que no siempre ocurre, por 10 que debe estimarse como una cuestión "prejudicial o incidental"," ya que el juez que conoce

constituciolUlles. 2a. ed.. México, Gran Enciclopedia Mexicana. 1983, pp. 13-41; Aguilar Álvarez y de

Alba. Ernesto, op. ull. cil., pp. 90-96. 58 Cfr. TeDa Ramírez. Felipe, Deucho constitucionallMx;cano. cit, supra nota 49. pp. 542-543. Al respecto este ilustre constitucionalista sostiene que el artículo 133 constitucional es, "por cualquier lado que se le considere, un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sistema". S9 La doctrina procesal italiana ha desarrollado de manera profunda este concepto. Como ejemplo puede consultarse a Cappelletti, Mauro. La pregiudil.ialittl costituzionale nel proceso civile. Milano, Giuffre. 1957, pp. 4-68.


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del asunto debe resolver previamente sobre la constitucionalidad de la ley aplicable al caso, antes de resolver el problema de fondo. 68. Sin embargo, esta vía, inspirada en la revisión judicial estadounidense, como hemos señalado con anterioridad, posee una diferencia importante respecto del sistema americano original, que han seguido otros países latinoamericanos, como Argentina y Brasil," de acuerdo con el procedimiento calificado como "difuso", es decir, que corresponde a todos los jueces decidir sobre las cuestiones de inconstitucionalidad que le son planteadas en los procesos ordinarios de los cuales conocen. En efecto, no obstante que el artículo 133 de la Constitución federal mexicana, que se inspira casi literalmente en el VI de la carta federal de los Estados Unidos," dispone en su parte final que los jueces de cada estado deben arreglarse a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes de los estados, dichos jueces locales no cumplen con dicha obligación,62 de manera que la cuestión de inconstirJcionalidad se plantea por medio del juicio de amparo ante los tribunales federales, específicamente los tribunales colegiados de circuito, en la inteligencia de que, cuando estos últimos se pronuncian sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas por esta vía del amparo de una sola instancia, sus resoluciones pueden impugnarse, por medio del recurso de revisión, ante el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia (articulos 107, fracción IX, de la Constitución federal, 83, fracción V, y 84, fracción n, de la Ley de Amparo, y 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 69. Finalmente debemos destacar que existe una corriente doctrinal que tiene cada vez más adeptos y que propugna la superación de la llamada "fórmula Otero", que ya cumplió su misión histórica y, por consiguiente, debe modificarse el principio de los efectos particulares de la sentencia que otorgue el amparo contra 60 Cfr.. entre otros, Vanossi, Jorge Reinaldo A., Recurso extraordinario federal. Control tk constitucionalidad, Buenos Aires, Editorial Universidad. 1984. Sagüés. Néstor Pedro. Recurso extraordinario, 2a. ed.. Buenos Aires. Astrea, 1989; 2 vols.; Silva. José Afonso da. Curso de direilo constitucional positivo, 2a. ed.. Sao Pauto. 1990, pp. 49·54 (respecto a la carta federal de 1988). 61 El citado precepto de la Constitución norteamericana dispone en lo conducente: "Esta

Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se promulgaren y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo la autoridad de los Estados Unidos. serán la suprema ley del país, Los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición contraria en la Constitución o en las leyes de los Estados", 62 Es decir. que se ha establecido una costumbre constitucional a partir de la vigencia del artículo 126 de la carta federal de 1857. similar al 133 vigente, de abstención de parte de los jueces locales. para resolver, en los casos concretos de su competencia. las cuestiones de inconstitucionalidad que Plidieran plantearse, y todas las impugnaciones en contra de las disposiciones legislativas inconstitucionales se canalizaron por medio del juicio de amparo, e inclusive en alguna época se habló del monopolio del Poder Judicial federal para conocer y resolver las citadas cuestiones de inconstitucionalidad. Cfr, Martínez Báez, Antonio, "El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes", Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. núm. 15. julio-septiembre de 1942. pp. 243-253.

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disposiciones legislativas inconstitucionales, para sustituirlo por la declaración general de inconstitucionalidad (de una manera paulatina, puesto que se requiere de un periodo de adaptación)." 70. Esta tendencia no se apoya exclusivamente en la experiencia de los tribunales europeos, que pueden parecer lejanos a nuestra tradición jurídica, sino especialmente en la práctica que han seguido desde hace tiempo varios ordenamientos latinoamericanos, que han implantado la citada declaración general de inconstitucionalidad sin suprimir la desaplicación en cada caso concreto en relación con la cuestión planteada en los procesos ordinarios. En este sentido, podemos señalar la acción popular de inconstitucionalidad que se ha implantado en los ordenamientos constitucionales de Colombia y Venezuela desde los primeros años de este siglo, y recientemente, en El Salvador y Panamá;" pero también se ha establecido la declaración general, si es promovida por persona afectada, en Costa Rica y varias provincias argentinas," así como en la Constitución brasileña de octubre de 1988." 71. Además de lo anterior, podemos observar la influencia del modelo de los tribunales especializados europeos en varias constituciones latinoamericanas, y al 63 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "La justicia constitucional en Iberoamérica y la declaración general de inconstitucíonalidad", Revista de la Facultad de Derecho de Mbcico, núm. 111. septiembre-diciembre de 1978, pp. 641-694; id., "La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo", Boletfn Mexicano de Derecho Comparado. núm. 10-11. enero-agosto de 1971, pp. 53-98. 64 La bibliografía sobre esta institución es muy amplia, por lo que nos remitimos a los autores citados en nuestros trabajos. Fix-Zamudio, Héctor.lA protecciónjurldica v procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales. cit .• supra nota 2. pp. 137-144, Y "La protección judicial de los derechos humanos en Latinoamérica y en el sistema interarnelicano". en el libro del mismo autor, Protección jurúlica de los derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1991. pp. 112-114. 65 Respecto de Costa Rica se observa una sustancial evolución de acuerdo con la refonna al artículo 10 de la Constitución de 1969, en agosto de 1989, que estableció una Sala especializada autónoma en la Suprema Corte de Justicia, así como la Ley de Jurisdicción Constitucional promulgada el 11 de octubre del mismo año. Este último ordenamiento regula en el título IV. capítulo 1, la acción de ¡nconstitucionalidad. y en el artículo 88 se establece que: "Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados. producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento... ". Cfr.• para los antece::ientes del sistema. Sáenz CarbonelI. Jorge Francisco, "Orígenes del control de constitucionalidad en Costa Rica (1812-1937)", Revista de Derecho COlIStitucional, San José. enero-abril de 1991, pp. 27-64. Como ejemplo de las diversas Constituciones provinciales argentinas. que se han renovado recientemente y que consignan la declaración general de inconstitucionalidad. podemos mencionar el artículo 175 de la Constitución vigente de Santiago del Estero expedida el 15 de marzo de 1986. en la cual se establece que: "La declaración de inconstitucionalidad producirá la caducidad de la ley, resolución. decreto, ordenanza o reglamento en la parte afectada por la declaración". También podemos citar a la Constituci6n local más reciente, que es la de Tucumán. sancionada el 18 de abril de 1990, en la cual se establece un Tribunal Constitucional especializado, una de cuyas atribuciones es la declaración general de ¡nconstitucionalidad (artículo 134, fracción la), si se toma en cuenta que el diverso artículo 22 de dicho ordenamiento fundamental preceptúa en su parte conducente que: "Quien tenga suficiente interés jurídico podrá demandar ante el Tribunal Constitucional, la declaraci6n de jnconstitucionalidad con ~fectos g~ntraJ~s d~ duogaci6n de la norma impugnada [... ]". 66 Cfr. artículo 102. fracción I. inciso a) de la Constitución federal de 5 de octubre de 1988.


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respecto citamos la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965-1985); el Tribunal Constitucional chileno (1970-1973-1980); y los Tribunales de Garantías Constitucionales de Ecuador (1978) y Perú (1979), en los cuales, como es comprensible, se adoptó la declaración general de inconstitucionalidad." También se estableció una Corte Constitucional en los artÍCulos 239-245 de la Constitución colombiana de 6 de julio de 1991. 72. Las razones que se han expresado para introducir dicha declaración general se apoyan en el principio de igualdad de los gobernados ante la ley, y además, por motivos prácticos. ya que resulta lento e ineficaz el sistema actual de los efectos

particulares de la sentencia de inconstitucionalidad. 68 73. C) El amparo contra resoluciones judiciales, como lo señalamos anteriormente, se impuso desde el siglo anterior por requerimientos de carácter social y político, y es el que constituye el sector de mayor trascendencia desde el punto de

vista cuantitativo. ya que en la práctica un porcentaje cercano al sesenta o setenta por ciento de los juicios de amparo que se promueven ante los tribunales federales se refieren a este sector. 74. Este aspecto del juicio de amparo posee estrechas vinculaciones con el recurso de casación de origen francés," ya que tiene como finalidad el examen de la legalidad de las resoluciones de última instancia dictadas por todos los tribunales del país, y con este carácter fue aceptado de manera expresa en todas sus consecuencias por el articulo 14 de la Constitución de 1917. 70 75. En cuanto a su materia, el amparo-casaci6n puede dividirse en cuatro secciones, según se impugnen sentencias de tribunales penales. civiles (incluyendo la materia mercantil), administrativos y laborales, y su tramitación a partir de las reformas que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, se realiza en única instancia ante los tribunales colegiados de circuito, salvo los casos de excepción, en los que las Salas de la Suprema Corte, según su materia, ejerzan potestad de atracción de 67 La bibliografía sobre el creciente número de tribunales constitucionales en los ordenamientos latinoamericanos es muy amplia. por lo que nos remitimos a la que consignamos en el trabajo "La protección judicial de los derechos humanos en Latinoamérica y en el sistema interamericano", cit., supra nota 64, pp. 109-112; id., Los tribunales constitucionales y los derechos humanos, 2a. ed., México, POITÚa, 1985, pp. 43-201. 68 Cfr. Los trabajos mencionados en la nota 63 de este estudio. Como tratadistas que postulan la citada declaración general de inconstitucionalidad en el ordenamiento mexicano, podemos citar a Headrick, William Cecil, "El control judicial de las leyes", Revista de la Facultad de Derecho de México, abril-junio de 1966, pp. 463-467, Y Castro Juventino Y., Hacia el amparo evolucionado, 2a. ed., México, POITÚa, 1977, pp. 23-48; id, "Todavía más sobre la fónnula Otero", Revista de Investigaciones Jurúlicas, México, núm. 12,1988, pp. 65-77. 69 Esta similitud la señaló en la última década del siglo anterior el tratadista Vega, Fernando, "El juicio de amparo y el recurso de casación francés", publicado originalmente en Rl'Visla de Legislaci6n y Jurisprudencia, México, 1989, tomo 1, pp. 69 Y SS., Yreimpreso en Revista de fa Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 231-248. 70 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a través del juicio de amparo mexicano", Memoria de El Colegio Nacional 1978, México, 1979, pp. 101-155.

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oficio, o a petición fundada de los citados tribunales colegiados de circuito o del procurador general de la República (artículos 107, fracción V de la Constitución federal y 24, 25, 26 Y 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 76. El amparo de una sola instancia contra resoluciones judiciales se promueve contra sentencias definitivas, y de acuerdo con las reformas de 1988, procede también contra las resoluciones que ponen fm al juicio, contra las cuales los ordenamientos procesales no otorguen ningún recurso o medio de defensa ordinarios por los cuales puedan ser modificadas o revocadas (artículo 46 de la Ley de Amparo). 77. De acuerdo con las reglas clásicas de la casación, las violaciones alegadas se dividen en violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, siempre que afecten las defensas del promovente y trasciendan al resultado del fallo (errores in procedendo), las que están previstas en materia penal por el artículo 160 de la Ley de Amparo, y en las restantes ramas de enjuiciamiento, en el artículo 159 del mismo ordenamiento. En segundo término, también pueden combatirse las violaciones de fondo, es decir, las cometidas por el juez o tribunal en la sentencia o la resolución que pone fID al juicio (errores in iudicantln) (artículo 158 de la citada Ley de Amparo). 78. Debe tomarse en consideración que las infracciones procesales sólo pueden impugnarse con motivo de la resolución de fondo, es decir, de la sentencia definitiva o la que pone fin al proceso, salvo en el caso de aquellas dictadas fuera de juicio (jurisdicción voluntaria); después de concluido (en ejecución del fallo); que tengan sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación, o bien cuando afecten a personas extrañas al proceso ordinario, ya que en ese supuesto dichas violaciones deben impugnarse en forma autónoma por medio del juicio de amparo de doble instancia, la primera ante los jueces de distrito y la segunda ante los tribunales colegiados de circuito (articulos 107, fracción VD de la carta federal; 114, fracciones IlI, N y V Y85, fracción 11 de la Ley de Amparo, y 44, fracción IIJ, de la Orgánica del Poder Judicial Federal). 79. En virtud de la influencia del individualismo liberal que imperó en nuestro sistema jurídico durante el siglo XIX y los primeros años del presente, en el texto original del artículo 79 de la Ley de Amparo se había consagrado de manera anacrónica el llamado amparo de estricto derecho en materia judicial civil y que la jurisprudencia habia extendido, a nuestro modo de ver de manera injustificada, a los amparos contra actos y resoluciones administrativos. Dicha disposición implicaba que el tribunal de amparo debía sujetarse a los estrictos términos de la demanda sin poder suplir ni ampliar nada en ella. 7I 71 Cfr. Tena Ramírez. Felipe. "El amparo de estricto derecho. Orígenes, expansión,


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80. Sin embargo. como uno de los aspectos esenciales de la modernización de nuestra máxima institución procesal. las refonnas que entraron en vigor en enero de 1984 suprimieron el citado amparo de estricto derecho. ya que a partir de entonces los tribunales de amparo deberán corregir los errores no sólo en la cita de preceptos constitucionales. sino también de las disposiciones legales que se estimen infringidas. y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios. así como los demás razonamientos de las partes. a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 81. Finalmente. debe destacarse que también de acuerdo con los principios del

recurso de casación. el examen de las sentencias y resoluciones impugnadas en amparo debe limitarse al estudio de su legalidad. de acuerdo con los lineamientos de los artículos 14 constitucional y 158 de la Ley de Amparo. sin que pueda hacerse un nuevo análisis de los hechos. los que deben apreciarse tal como fueron demostrados ante los tribunales ordinarios (artículo 78 de la Ley de Amparo). 82. D) Además de las funciones anteriores. el juicio de amparo mexicano. debido a la ausencia de tribunales administrativos en sentido estricto. los que son de

creación relativamente reciente. si se toma en consideración que se introdujeron con el Tribunal Fiscal de la Federación que inició sus funciones en 1937." debió absorber la impugnación de los actos y resoluciones de la administración activa. tanto federal como de las entidades federativas. y desde este punto de vista se le ha considerado como un proceso de lo contencioso administrativo." 83. Sin embargo. debe advertirse que este sector del juicio de amparo C011W contencioso administrarivo se ha restringido en los últimos años. debido a la creación de varios tribunales administrativos de competencia genérica y no exclusivamente tributaria. tendencia que se inició con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. establecido en 1971.74 y de acuerdo con este inconvenientes", Revista tk la Facultad de Derecho de Mixico, núm. 13. enero-marzo de 1954. pp. 19-20. 26-27. La parte conducente del artículo 79 de la Ley de Amparo. en su texto original. establecía: "El juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, y por tanto. la sentencia que en él se dicte. a pesar de lo prevenido en este

artículo (corrección del error en la cita del precepto constitucional violado). se sujetará a los términos estrictos de la demanda. sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella ". 72 Cfr., entre otros, Carrillo Aores, Antonio, "Orígenes y desarrollo del Tribunal Fiscal de la Federación'" en su libro Estudios de derecho administrativo y conslitucio1la1. México. UNAM,1987. pp. 201-214. 73 Esta denominación de origen francés, y que ha tenido consagración en la Constitución federal. primero en la refonna al artículo 104, fracción l. que entró en vigor en octubre de 1968. y posteriormente en el artículo 73. fracción XXIX-H, según modificación de agosto de 1987. aun cuando de manera precisa, la denominación corresponde al concepto del "proceso administrativo". Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Proceso administrativo", en su libro Estudios procesales, Madrid. Tecnos.1975. pp. 451-460. 74 Cfr., entre otros. Vázquez Galván, Annando y García Silva, Agustín. El Tribunal de lo ContellCioso Administrativo del Distrito Federal. México. Ediciones Horto. 1977; González Pérez. Jesús, Derecho procesal administrativo tnt'xicano, México. PorTÚa. 1988. pp. 374~450.

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modelo se han creado varios lrihunales de lo contencioso administrativo en los estados de Sonora (1977); I1idalgo (1977); Jalisco (1983); Guanajuato y Querétaro (1985); México (1986); Baja California (1988) y Veracruz (1989). 84. Esta evolución debe acrecentarse en un futuro próximo debido a la reforma constitucional promulgada en fehrero de 1987, de acuerdo con la cual se adicionó la fracción IV del articulo 116 de la carta federal, para disponer que las Constituciones y las leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo con plena autonomia para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particu-

lares. 75 85. Por otra parte, todavía se conservan, aun cuando con propensión a transformarse en tribunales de competencia genérica, algunos exclusivamente de carácter tributario (aun cuando lo son en sentido amplio), tales como el Tribunal Fiscal de la Federación (en funciones, como se ha dicho, desde 1937), y los tribunales fiscales de Tamaulipas (1951) y el juzgado Fiscal del Estado de Nuevo León (1985). 86. Además, una solución peculiar fue adoptada por la legislación del estado de Chiapas. en virtud de que en ella se introdujo una Sala especializada en materia administrativa en el Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la Ley de Justicia Administrativa de 27 de diciembre de 1988. 87. Como puede observarse, se ha impuesto de manera paulatina la impugnación de actos y resoluciones administrativos ante tribunales especializados, con lo que se reduce este ámbito deL amparo como sector autónomo, es decir, como un proceso de lo contencioso administrativo. ya que esta función la realizan los citados tribunales. cuyo número se incrementa de manera constante. con mayor razón con posterioridad a la citada reforma constitucional de la fracción IV del articulo ll6 de la carta federal. Inclusive se han presentado varios proyectos con objeto de transformar el actual Tribunal Fiscal de la Federación en un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con apoyo en lo dispuesto por la actual fracción XXIX-H del artículo 73 de la ley fundamental. 76

75 Cfr. Caballero Cárdenas. José Luis, "La justicia contenciosa administrativa con especial relación a la competencia de los respectivos tribunales locales", y Tumbull. José Pastor. "Avanees y perspectivas de las reformas constitucionales de 1987 en el plano de la jurisdicción contencioso administrativa", ambos en el libro Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano, lA reforma judicial 1986-1987, México, POCTÚa, 1987, pp. 837-883. 76 Cfr., entre otros, Heduán Virués. Dolores. "Hacia un tribunal federal de justicia administrativa", en el volumen colectivo Estudios tU derecho público contemporáMo. Homenaje a Gabino Fraga, México, Fondo de Cultura Econ6mica-UNAM. 1972, pp. 127-140; Fix-Zamudio. Héctor, "Hacia un tribunal federal de justicia administrativa", en Tribunal Fiscal de la FeCÚ!ración. Cuarenta y cinco aIIos al servicio de Mlxico, México. 1982. tomo 11, pp. 379-414; Annienta Calderón. Gonzalo. El proceso tributario en el derecho mexicano. México. Textos Universitarios, 1977, pp. 354-359; id.. "La refonna judicial y la justicia administrativa", en la obra lAs nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano, cit., supra nota 75. pp. 833-835.


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88. Por otra parte, la situación de los medios judiciales de impugnación de los actos y resoluciones administrativos en el ordenamiento mexicano ha pasado por varias etapas, ya que en un primer momento. tanto por la tradición

de la época colonial como por la influencia del derecho público de los Estados Unidos, se desarrolla lentamente en un periodo bastante largo que va de la independencia hasta el año de 1936, en el cual se expidió la Ley de Justicia Fiscal que creó el ciIado Tribunal Fiscal de la Federación, el que inició sus funciones en enero de 1937, periodo en el cual imperó el sistema de la reclamación de los actos y resoluciones administrativos ante los tribunales ordinarios,

tanto federales como locales. 89. El citado Tribunal Fiscal Federal fue creado a imagen del Consejo de Estado francés, como órgano de jurisdicción delegada, con una competencia limitada que se incrementó de manera paulatina, por lo que en la actualidad, de acuerdo con la Ley Orgánica que entró en vigor en el mes de agosto de 1978, decide sobre cuestiones más amplias que las estrictamente tributarias y además posee plena autonolIÚa para dictar sus fallos, de manera que debe considerarse como un órgano judicial autónomo, que de hecho forma parte del Poder Judicial Federa!." 90. Sin embargo, la situación del administrado en el derecho mexicano es muy incierta. ya que no existe un sistema unitario de impugnación de las resoluciones y actos administrativos, pues en algunos supuestos el gobernado puede acudir ante un tribunal administrativo, pero en otros sólo dispnne de medios de defensa ante la misma autoridad administrativa, pero en todo caso, siempre podrá utilizar como instrumento final el juicio de amparo. 91. En virtud de la situación anterior, existen dos vías en el derecho de amparo para reclamar actos y resoluciones administrativos. En un primer supuesto, cuando los mismos no pueden combatirse ante un tribunal administrativo, se reclaman de manera inmediata en la vía de amparo, después de haberse agotado previamente ante la administración activa los medios de defensa ordinarios, de acuerdo con el principio de definitividad (artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo)." En este caso la tramitación se sigue en dos instancias, la primera ante los jueces de distrito y la segunda ante los tribunales colegiados de circuito. 92. Cuando los actos y resoluciones administrativos puedan impugnarse ante tribunales administrativos, eljuicio de amparo debe promoverse contra la sentencia definitiva que pronuncien dichos tribunales, en amparo de una sola instancia, de acuerdo con los lineamientos del que hemos llamado "amparo-casación". 77 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial", en la obra colectiva El sistema presidencial mexictl11O. Algunas reflexiones, México, UNAM, 1988, pp. 297-302. 18 Sobre los dos procedimientos del amparo en materia administrativa. cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Introducción a lajusticia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional. 1983. pp. 111-121; González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrativo mexicano, cit.. supra nota 74, pp. 709-799.

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93. En ambos casos, es decir, en amparo de doble grado o de una instancia, la segunda o única instancia se sigue ante los citados tribunales colegiados de circuito, pero en casos excepcionales, puede conocer de los mismos, por virtud de la facultad de atracción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con apoyo en el artículo 107, fracciones V y VllI, de la carta federal, y 25, fracciones 1, c) y llI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 94. E) El quinto y último sector del juicio de amparo mexicano surgió con motivo ",' las refomlas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el 5 de febrero de 1963, y tuviemn por objeto establecer un sistema especial de protección procesal en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria. Estos principios culminaron con la reforma a la propia Ley de Amparo, promulgada el 28 de mayo de 1976, por virtud de la cual se extrajeron del texto de la misma las disposiciones relativas al amparo, en materia agraria, y con ellas se redactó un libro segundo (artículos 212-234), que se refiere a lo que podemos calificar como amparo socilll agrario. 95. En efecto, debe tomarse en cuenta que en el ordenamiento mexicano y de acuerdo con la reforma agraria que se inició con motivo de Ley de 6 de enero de 1915, incorporada en 1934 al artículo 27 de la Constitución federal, como resultado de la revolución social iniciada en 1910, la propiedad de la tierra se divide en dos grandes sectores: propiedad particular que no debe exceder de determinado límite, pues de lo contrario puede ser afectada para beneficiar a los campesinos que carecen de ella, y por otra parte la propiedad social, dividida a su vez en dos modalidades: la propiedad comunal que corresponde a los poblados indígenas. que se remonta a la época prehispánica, y que se les ha reintegrado cuando se demuestra que han sido despojados; y la propiedad calificada como "ejidal",la que se otorga a los campesinos que anteriormente carecían de ella, tomándola de los predios de propiedad privada que exceden de los límites que se consideran como "pequeña propiedad"." 96. En los supuestos de las propiedades comunal y ejidal, la titularidad corresponde a los poblados respectivos, y sus integrantes sólo tienen el usufructo, que pueden transmitir por herencia, pero aun para los poblados está limitada, ya que no pueden enajenarla o arrendarla; todo ello se encuentra regulado por la actual Ley Federal de Reforma Agraria de 1971.

79 Ambas representan la meta social fundamental de la Revolución mexicana de 1910. de acuerdo con los procedimientos de dotación y restitución iniciados en la Ley Agraria de 6 de enero de 1915. incorporada en 1934 al artículo 27 de la Constituci6n federal. Al respecto. la fracción XV del citado artículo 27 constitucional dispone en lo conducente: "se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien Mcláreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tie"as. en explotaci6n". Cfr .. entre muchos otros, pero desde el ángulo predominantemente jurídico, Ricord, Humberto E.,/ntroducci6I1jurfdica a la reforma agraria mexicana, México, 1972. pp. 221-281.


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97. Fue precisamente en beneficio de los campesinos que integran los poblados sujetos a la reforma agraria, que se introdujeron reformas a la Ley de Amparo en 1963, tomando en cuenta que con anterioridad, cuando acudfan en amparo contra las autoridades agrarias -que pertenecen a la administración pública federal, pues dependen de la Secretaria de la Reforma Agraria-, se les aplicaban las mismas reglas del sector que calificamos equivalente al proceso administrativo, considerado entonces por la jurisprudencia de la Suprema Corte como de "estricto derecho",8Q lo que ocasionaba su indefensión por falta de asesorfa jurfdica adecuada. 98. Se estimó con toda razón que los campesinos pertenecientes a los poblados comunales y ejidales estaban en desventaja en relación con los trabajadores industriales, ya que éstos pueden hacer la defensa de sus derechos ante los órganos tripartitas llamados Juntas de Conciliación y Arbitraje, que entre otros antecedentes tomaron como modelo a instituciones similares de Australia y Nueva Zelanda," a través de un procedimiento en el cual se les otorgan ventajas procesales frente a los empresarios, de acuerdo con la nueva corriente que se agrupa bajo la denominación de "derecho procesal social", que pretende lograr el equilibrio y la igualdad real de las partes, compensando la situación de la parte débil." 99. Por otra parte, se ha insistido en la necesidad de establecertribunales agrarios en los cuales los citados campesinos puedán hacer la defensa efectiva de sus derechos, tomando en cuenta la corriente que se advierte en varias partes del mundo,83 e inclusive en algunos países latinoamericanos que han intentado una reforma agraria similar a la mexicana, como ha ocurrido en Bolivia (1953); Chile (1967), Perú (1969), Venezuela (1976), Costa Rica (1982), y Colombia (1989).84 Esta 80 La Suprema Corte de Justicia consideró que el amparo agrario tiene carácter administrativo. Cfr. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1965, Segunda Sala, pp. 105-106. 81 Cfr., entre otros, Portu~, J. H., AustraUan Compulsory Arbitra/ion 1900-1970, Sydney, 1971; Mathieson, D. L.. Industrial Law in New Zeland, Wellington, 1970, pp. 293-303. Sobre la situación actual de las juntas de conciliación y arbitraje en México, cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Carpizo, Jorge, Naturaleza jurfdica de las jU1JJas de conciliaci6n y arbitraje, México, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 1975; Trueba Urbina, Alberto, Nuevo derecho procesal del trabajo. 4a. ed., México, Poma, 1978, pp. 199-324. Buen Lozano, Néstor de, Derecho procesal del trabajo. México, Poma, 1988, pp. 159-216; Climent Beltrán, Juan B., Elementos de derecho procesal del trabajo. México, Editorial Esfinge, 1989. pp. 59-80. 82 Cfr. Couture. Eduardo B .• "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo", en su libro Estudios de derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediar, 1948, tomo 1, pp. 271 Y ss.; Fix-Zamudio, Héctor, "Introducción al estudio del derecho procesal social", Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid, 1965, pp. 9-38; reproducido en Estudios procesale.{ en memoria de Carlos Viada, Madrid, 1965, pp. 497~526. 83 Cfr. Germano, Alberto,ll proceso agrario: studio comparativo sul diritto europeo occidenlale, Milano, Giuftre, 1973. 84 Cfr. Masrevery, J., Derecho agrario y justicia agraria, Roma, FAO. 1974, pp. 35-69; Zeledón Zeledón, Ricardo, Proceso agrario comparado en América Latina, San José, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1982; id., Derecho procesal agrario, San José. ILANUD. 1990, tomo 1, pp.3t-107.

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tendencia culminó en el derecho mexicano en virtud de la refonna al artículo 27

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de enero de 1,;91, en cuya fracción XIX se dispuso, en su parte conducente, que: "[ ... ] para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores y en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente". La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente de la República, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el26 de fehrero de 1992. De acuerdo con dicho ordenamiento, se establece un Tribunal Superior Agrario formado por cinco magistrados y por tribunales unitarios agrarios (artículo 2°). El citado Tribunal Superior radica en el Distrito Federal y los unitarios en los distritos en que se dividirá el territorio de la República, cuyos límites territoriales son fijados por el Tribunal Superior, que además los podrá modificaren cualquiertiempo (artículos 3° y 5°). 100. En las citadas reformas de 1963 y 1976 se estahlecen disposiciones que otorgan beneficios procesalc& a los campesinos. tales como una representación

subsidiaria cuando no promuevan el amparo en un plazo de quince días los

representantes legales, denominados comisariados ejidalcs o comunales, ya que en ese caso puede intervenir inclusive cualquier integrante de la comunidad respectiva en defensa de los derechos colectivos agrarios (artículo 213, fracción II de la Ley de Amparo). 1Ol. Se reducen al ntinimo las formalidades de la demanda de amparo, ya que bastan los datos elementales, pues las omisiones deben ser subsanadas de oficio por el juez federal (artículo 221); se estableció la institución denominada "suplencia de la queja deficiente" (artículo 107, fracción n, de la Constitución federal y 227 de la Ley de Amparo), que significa que el propio juez federal.está obligado a corregir los errores y deficiencias de la demanda de amparo, de las exposiciones, comparecencias y alegatos, así como de los recursos de los propios campesinos, pero además debe obtener los medios de prueba que no hubiesen aportado los campesinos reclamantes y que también están obligadas a presentar las mismas autoridades demandadas (artículo 223 de la Ley de Amparo). 102. Se modifican los plazos para interposición del juicio de amparo, de manera que los ejidatarios y los comuneros en lo individual tienen ahora treinta días contados a partír de su conocimiento de los actos que estiman violalOrios para presentar su demanda (antes era de quince días) (artículo 218 de la Ley de Amparo); y no existe plazo en el caso de reclamaciones de derechos colectivos agrarios (artículo 217, del mismo ordenamiento). 103. Cuando los derechos que se estiman infringidos tienen carácter colectivo, los campesinos afectados pueden acudir a los jueces de primera instancia de los lugares en los cuales se pretendan ejecutar los actos impugnados, si en ellos no


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reside unjuez federal de distrito. y dicho juez local ordenará la suspensión de dichos actos y enviará el expediente al propio juez federal (anículos 3R, 40 Y 220 de la Ley de Amparo); este último debe ordenar de oficio la suspensión de los actos, que se prolongará hasta la resolución definiliva de amparo (anículo 233 de la referida Ley de Amparo), 104. Dos disposiciones de gran imponancia debemos destacar en esta materia. La primera establece la prohibición del desistimiento del amparo por pane de los

campesinos sujetos a la reforma agraria cuando reclamen actos que afecten sus derechos colectivos (anículo 231, fracción 1, de la Ley de Amparo), con la única excepción de que la renuncia a continuar la tramitación del amparo se acuerde por

la Asamblea General de los campesinos afectados. con objeto de evitar que dichos campesinos sean engañados por las autoridades agrarias o los propietarios agrícolas; y en segundo término, el anículo 225 del mismo ordenamiento determina que el juez del amparo, cuando otorgue la protección solicitada, dehe hacerlo respecto de los actos reclamados cuya existencia efectivamente se huhiese demostrado en el expediente, aun cuando hayan sido señalados equivocadamente por los campesinos reclamantes, ya que generalmente carecen de asesoramiento jurídico. flS V.

PROCEDIMIENTOS: AMPARO DE UNA SOLA INSTANCIA Y DE DOBLE GRADO

105. A) El amparo de doble instancia se promueve en primer grado ante unjucz federal de distrito. y la tramitación es sumamente sencil1a, inspirada en los principios de oralidad, concentración y economía procesales. puesto que una vez admitida la demanda, después de un examen in limine sobre su procedencict y regularidad (artículos 146 y 147 de la Ley de Amparo), el propio juez federal solicita informe a las autoridades demandadas, las que deben rendirlo en un plazo de cinco días, que puede ampliar hasta otros cinco, acompañando los documentos justificativos de su actuación u omisión. Dicho informe tiene todos los efectos de la contestación de la demanda en el proceso ordinario, ya que su ausencia determina que se tengan por cienos los actos que se reclaman, y además la imposición de una multa (artículo í49 de la Ley de Amparo); corriéndose traslado al tercero interesado, si lo hay (artículo 147).

85 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en el derecho mexicano", Revista de la Facultad de Derecho de Mlxico, núm. 52, octubre-diciembre de 1963. pp. 920-938; id .. "El juicio de amparo en materia agraria". Revista de la Facultad de Derecho de México. núm.1I6. mayo-agosto de 1980. pp. 439-463; Lanz Cárdenas. Fernando, El juicio de amparo en materia agraria. México. Jus. 1977; Toto. Mireya. El amparo de la pequeña propiedad agraria, México. Grijalbo.1986; Ponce de León. Luis M.. Derecho procesal agrario. México, Trillas, 1988. pp. 123-148; Burgoa. Ignacio. El juicio de amparo, cit.. supra nota 37, pp. 883-987.

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106. En el mismo proveído por el cual se admite la demanda. se fija la fecha para la celebración de una audiencia pública (artículo 154). en un plazo que no debe exceder de Ircinta días (artículo 147); audiencia en la cual. después de recibirse las pruebas. se formulan los alegatos (que generalmente se presentan por escrito). y en su caso. el diclamen del Ministerio Público Federal; asimismo. debe dictarse el fallo que corresponda (artículo 155). 107. En la segunda instancia. que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia o ante los tribunales colegiados de circuito. su presidente examina la regularidad y procedencia del recurso de apelación respectivo. señalando a las partes un plazo de diez días para formular alegatos. transcurrido el cual se envía el expediente al Ministerio Público Federal para que redacte su dictamen. si lo considera pertinente (artículo 90 de la Ley de Amparo). 108. En los casos que corresponden a la Suprema Corte de Justicia. el asunlO se turna a un ministro. quien debe formular el proyecto de sentencia en un plazo prorrogable de treinta días (artículo 182). y una vez distribuida esa ponencia entre los restantes mini sIros que integran la Sala o el Tribunal en Pleno. según corresponda. el presidente de la Sala o el de la Cone. en el caso del pleno. citará para una audiencia en la que se discuta y vote públicamente el fallo (artículo 186).86 pero si no fuere aprobado. se designa a un ministro de la mayoría para que redacte la sentencia correspondiente (artículo 188). autorizándose en todo caso a los que no estuvieren conformes con el sentido del fallo. para que formulen sus opiniones disidentes. que reciben el nombre de "votos particulares"." 109. En los lribunales colegiados de circuito. el recurso de apelación se tramita en la misma forma que en la Suprema Cone. con la diferencia de que el plazo para formular la ponencia es más breve (quince días) y además. no existe discusión pública de la senlencia • ya que el proyecto debe aprobarse en sesión secreta (artículo 184). II O. El amparo de una sola instancia debe interponerse por escrito ante el tribunal que dicló la sentencia impugnada. el cual debe distribuir las copias respectivas y emplazar a las partes para que comparezcan ante el tribunal del amparo a defender sus derechos (artículo 168). 111. También en el amparo de una sola instancia se hace un examen previo de la procedencia y regularidad de la demanda (artículos 177 y 178) por el presidente 86 Esta práctica de la Suprema Corte mexicana ha llamado la atención de los estudiosos extranjeros. para quienes resulta extraño que se impida a los litigantes la participación en la audiencia pública, y que por el contrario. sean los magistrados los únicos autorizados para exponer sus argumentos con relación al proyecto de sentencia. Puede consultarse. por ejemplo. a Calamandrei. Piero. Proceso ydemocracia. trad. de Héclor fil(-Zamudio. Buenos Aires. EJEA.I960, pp. 18-20. 87 Respecto a las opiniones disidentes en las cortes o tribunales supremos, puede consultarse la obra colectiva, Le op;nioni dissenzietll; de; giudici eoslilUziotulli ed intemaziotulli (Serill; raccolti a eura de Coslan1;no Mortal;), Milano, Giuffre, 1964. Este volumen contiene estudios comparativos del destacado traladi~ta Denti, Vittorio y otros autores.


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de la Suprema Corte o por el del tribunal colegiado respectivo, y una vez admitida, se turna al Ministerio Público federal para que, en su caso, formule el dictamen que corresponda. 112. El tercero interesado, o sea la contraparte del promovente del amparo en el juicio ordinario en el cual se pronunció la resolución que se combate, y el agente del Ministerio Público que hubiese intervenido como acusador en el proceso penal, pueden presentar sus alegaciones por escrito directamente ante la Suprema Corte de Justicia o el tribunal colegiado de circuito, dentro de un plazo de diez dias a partir de la notificación correspondiente (articulo 180). 113. Son comunes con el recurso de apelación los trámites relativos a la redacción de la ponencia, su discusión y aprobación del fallo. 114. Debe advertirse que, no obstante la intención del legislador de establecer el procedimiento oral, debido a la ausencia de una tradición similar a la angloamericana sobre la oralidad, se tramita generalmente en forma escrita, y también debe advertirse que, si bien predomina en el citado procedimiento el principio del impulso oficial, la gran acumulación de juicios de amparo, en especial tratándose de la impugnación de sentencias judiciales, actos administrativos y recientemente. también de disposiciones legales que se estiman inconstitucionales, ha detenninado la introducción, a partir de 1951, de la obligación de las partes de impulsar el procedimiento. con algunas excepciones. con la sanción, en caso de inactividad procesal, de la tenninación del procedimiento sin resolverse el asunto en cuanto al fondo. 115. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 74, fracción V. de la Ley de Amparo. en los juicios de amparo en los cuales se impugnen sentencias judiciales en materia civil (comprendida la mercantil) o actos de autoridades administrativas. se sobreseerá el juicio de amparo, si tratándose de la primera instancia en los de doble grado o bien en los de una sola instancia, el reclamante no solicita la resolución del amparo, cuando ha quedado paralizado, dentro de un plazo de trescientos días contados a partir de la última actuación procesal. Si se trata de la segunda instancia del juicio de amparo de doble grado, el que interpuso el recurso de apelación debe vigilar la marcha del procedimiento en los mismos ténninos, pues en caso de no actuar también en dicho plazo de trescientos días. se decreta la caducidad de la instancia. 116. La diferencia entre el sobreseimiento y la caducidad de la instancia por inactividad procesal de las partes consiste en que, en el primer caso, el procedimiento queda sin validez, como si el amparo no hubiese sido interpuesto, y en e] segundo, se declara firme la sentencia de primer grado. 117. Se excluyen del sobreseimiento, o de la caducidad por inactividad procesal, los juicios de amparo en materia laboral y penal, así como los promovidos por los campesinos sujetos a la reforma agraria, pero en cambio se aplica a la parte

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empresarial y a los propietarios privados que soliciten amparo contra actos de autoridades agrarias, que son administrativas. En un principio también se exceptuaban los juicios de amparo solicitados contra disposiciones legales inconstitucionales, pero el gran recargo de la Suprema Corte de Justicia en esta materia determinó que en 1975 se expidiera una refortna del texto de la carta federal para suprimir esta excepción. 118. La frecuencia con la cual se aplican estas sanciones del sohreseimiento y de la caducidad en losjuiciosde amparo, no obstante la crítica que la doctrina ha hecho de estas instituciones. 8s nos indican. por un lado, el número excesivo de juicios de amparo que recargan en fortna considerable la labor de los tribunales federales y, por la otra, que las partes abandonan a menudo la tramitación y no cumplen con la obligación que establece el mismo artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, de informar a los tribunales de amparo cuando exista una causa por la cual ya no es necesaria la continuación del proceso que hubiesen promovido. o en el cual participen. 89 VI. TRIBUNALES DE AMPARO

119. Tienen competencia para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia, los trihunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, y como auxiliares de estos órganos de la justicia federal intervienen los tribunales locales del Distrito Federal y de las restantes entidades federativas, en jurisdicción concurrente o en competencia auxiliar.

120. Al La Suprema Corte de Justicia se integra por su presidente, nombrado cada año con posihle reelección indefinida, así como por veinte ministros numerarios y cinco supernumerarios, que funcionan en pleno y en salas. El primero se forma con el presidente y los veinte ministros numerarios. Las salas son cuatro, divididas por materias. con cinco ministros numerarios cada una. Por otra parte, los ministros supernumerarios, además de suplir en sus ausencias temporales a los numerarios (yen ese supuesto integran el pleno), actúan también en una sala auxiliar que conoce de los asuntos de rezago que le remite el propio Pleno.

88 Cfr. Burgoa Orihuela. Ignacio, El juicio eh amparo, cit. supra nota 31. pp. 519-521; Borboa Reyes. Alfredo, El sobreseimiento en el juicio de amparo por inactividad procesal. México. 1957, pp.

130-201. 89 De acuerdo con el segundo párrafo de la citada fracci6n IV del artículo 74 de la Ley de Amparo: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento. la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así. y si no cumplen esa obligaci6n. se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso", Desafortunadamente muy rara vez, si alguna ocasión se ha presentado, se ha impuesto una sanción de esta naturaleza,


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121. De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución federal, los ministros de la Suprema Corte son nombrados por el presidente de la República con aprobación del Senado,'" y desde su designación son inamovibles, es decir, no pueden ser destituidos de su cargo sino por motivo de responsabilidad. Permanecen en el mismo hasta la edad de retiro forzoso, que se ha fijado en los setenta años. 122. En materia de amparo y de acuerdo con las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en enero de 1988, el tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce, por medio del11amado recurso de revisión, de la segunda instancia de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo en los cuales se impugne la inconstitucionalidad de una ley federal o local o de un tratado internacional. si en la propia revisión subsiSle la cuestión de inconstitucionalidad. 123. También conoce el citado tribunal en Pleno, de la impugnación de las sentencias de los jueces de distrito pronunciadas en los juicios de amparo en los cuales se controviertan, por afectación personal, los actos o leyes que invadan la esfera federal o local, respectivamente, así como en segundo grado de los fallos dictados por los trihunales colegiados de circuito en una sola instancia, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley (artículos 84, fracciones I y n, de la Ley de Amparo, y 11, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). 124. La competencia de las Salas, por lo que se refiere a los juicios de amparo, puede sintetizarse en tres aspectos esenciales, además de otros que no es posible detallar en esta oportunidad, con la advertencia de que su conocimiento está determinado por materias, es decir, asuntos penales en la Primera Sala; administrativos en la Segunda; civiles (incluyendo los mercantiles), en la Tercera; y laborales, en la Cuarta, sin peIjuicio de que el Pleno les pueda turnar, en caso de que lo estime necesario, los que correspondan a las otras salas. 125. a) En primer lugar, dichas salas deciden, según su materia, del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo en los cuales se controvierta la constitucionalidad de un reglamento 90 Este sistema de designación se introdujo en las reformas constitucionales de 1928, ya que de acuerdo con el texto original del artículo 96 de la carta federal, los magistrados de la Suprema Corte eran nombrados por el Congreso de la Unión. El procedimiento actual está lomado del que se sigue en los Estados Unidos respecto de todos los jueces federales, pero la práctica es muy diversa, especialmente por cuanto se refiere a los miembros de la Corte Suprema Federal, ya que la aprobación del Senado es muy complicada, y no es infrecuente que rechace los nombramientos presidenciales. Existen numerosos estudios sobre la selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo que citaremos en vía de ejemplo el estudio de Kurtland, Philip, "The Appointment and Dissapointment of Supreme Court Justice", Law and Social Order (Symposium of the Arizona State University Law Joumaf). t 972, pp. 183-237; Abraham, Henry J., The Judicial Process. An Introductory Analysis ofthe Courts ofrhe Vni/ed States, England ami Frailee, 5a. ed., New York, Oxford University Press, 1986, pp. 22-95.

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federal expedido por el presidente de la República o de un reglamento local que corresponda al gobernador de un estado. siempre que en la segunda instancia subsista la cuestión de inconstitucionalidad. y también en aquellos supuestos en que en el fallo se interprete directamente un precepto de la carta federal (articulos 24.25.26 Y27. fracción a). de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 126. b) De los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito. en amparo de una sola instancia. cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de un reglamento federal o local. o interpreten directamente un precepto de la Constitución (articulos 24. 25. 26 y 27. fracción 11. de la citada Ley Orgánica). 127. e) La facultad de atracción en amparo de único grado o de doble instancia comprende los asuntos que correspondan a los tribunales colegiados de circuito. cuando consideren dichas saJas de la Corte. que por sus caracteñsticas especiales, es decir, por su particular importancia, deban ser conocidos por la sala respectiva, según su materia, facultad que pueden ejercer de oficio, a petición fundada del tribunal colegiado respectivo o del procurador general de la República (articulos 107 constitucional. fracciones V y VIII, y 24, 25, 26 y 27, fracciones 1, inciso b) y I1I, de la Ley Orgánica). 128. d) De la resolución de las contradicciones entre las tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito, en los juicios de amparo y respecto de la materia que corresponde a cada una de las saJas, para determinar cuál es la que debe prevalecer con carácter obligatorio, pero sin modificar los fallos correspondientes (articulos 197-A de la Ley de Amparo y 24, 25, 26 y 27, fracción XII, dela mencionada Ley Orgánica). 129. B) Los trihunales colegiados de circuito fueron establecidos en las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, con el propósito de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los asuntos de amparo. Están integrados por tres magistrados, designados por un periodo de seis años por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al fin del cual, si son confirmados en el cargo, adquieren inamovilidad hasta la edad de retiro, a los setenta años (artículo 97 de la Constitución federal). 130. Su número se ha incrementado de manera considerable en virtud de que paulatinamente se descargó a la Suprema Corte de los juicios de menor importancia jurídica, social o económica, pero en las citadas reformas de enero de 1988 se les confirió competencia genérica para el conocimiento de los juicios de amparo de una sola o de doble instancia, en los cuales se impugne la indebida aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias ordinarias, por lo que, en esencia, se han convertido en tribunales de casación. 131. De manera excepcional, dichos tribunales colegiados pueden conocer y decidir cuestiones de inconstitucionalidad, en particular en los juicios de amparo contra disposiciones legislativas por conducto de una sentencia judicial en la cual

BREVE INIRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO

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se hubiese aplicado dichos preceptos. por medio de lo que calificamos con ante-

rioridad como "recurso de inconstitucionalidad". 132. En esa hipótesis. si los propios tribunales colegiados resuelven sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas o interpretan directamente un precepto de la carta federal. sus fallos pueden ser impugnados por los afectados por medio del recurso de revisión. y la segunda instancia corresponde. en el primer supuesto. al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia. excepto si tienen carácter reglamentario. pues en ese supuesto son competentes las salas. y en el

segundo. a la Sala respectiva de la propia Corte. según la materia (artículo 107. fracción IX. de la Constitución federal). En todos los demás casos. los fallos de los citados tribunales colegiados se consideran firmes. ya que no admiten impugnación. y por ello adquieren autoridad de cosa juzgada. 133. En la actualidad existen sesenta y nueve tribunales colegiados de circuito (en 1951 se crearon sólo cinco en toda la República). divididos en veintiún circuitos. el primero de los cuales radica en la ciudad de México. con veintidós tribunales especializados. de los cuales tres son penales. seis administrativos. seis civiles y siete en materia de trabajo. El tercer circuito. que está situado en la ciudad de Guadalajara. cuenta con nueve tribunales colegiados. también especializados. de los cuales uno es penal. cuatro en materia administrativa. tres civiles y uno del trabajo. 134. Los restantes tribunales no están especializados. y residen respectivamente en las ciudades de Toluca (tres); Monterrey (tres); Hermosillo (dos); Puebla (tres); Veracruz (cuatro); Torreón (dos). San Luis (dos); VilIahermosa; Morelia (dos); Mazatlán (dos); Oaxaca. Mérida. Mexicali (dos); Guanajuato (dos); Chihuahua (dos); Cueroavaca. Ciudad Victoria (dos); Tuxtla Gutiérrez. y Chilpancingo (dos). 135. C) En la actualidad existen ciento cuarenta y seis juzgados de distrito. de carácter unitario. Los jueces de distrito son designados por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia; duran seis años en su encargo. pero si son confirmados o ascendidos. se consideran inamovibles hasta la edad de retiro a los setenta años (artículo 97 constitucional). 136. Los citados juzgados de distrito se encuentran distribuidos en las ciudades de mayor importancia del país. Treinta de ellos residen en la ciudad de México y están especializados: doce en materia penal; diez administrativos; seis civiles y dos laborales. En Guadalajara también se han especializado los mencionados juzgados de distrito: siete penales. tres administrativos y dos civiles. en total doce. 137. A los citados jueces de distrito les corresponde decidir. en primera instancia. de los juicios de amparo señalados por los artículos 107. fracción VII. de la carta fundamental y 114 de la Ley de Amparo. cuando por medio del amparo se reclame en vía de acción la inconstitucionalidad de una ley. de un tratado interoacional o de los reglamentos federales o de carácter local; se impugnen actos provenientes de las autoridades administrativas que no puedan plantearse ante los

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tribunales judiciales o administrativos; se combatan las resoluciones judiciales pronunciadas en vía de jurisdicción voluntaria; las que tengan sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación; o bien, si se afectan a personas ajenas al proceso y no exista un medio ordinario de defensa.

138. Debe hacerse la aclaración de que en las reformas de 1988 se excluyó del amparo de doble instancia, y por tanto, del conocimiento de los citados jueces de distrito. la impugnación de las resoluciones judiciales. que sin tencr el carácter de sentencias definitivas, sin embargo impliquen la terminación del proceso, es decir, pongan fin al juicio sin posibilidad de acudir a un recurso o medio de defensa ordinario (artículo 47 de la Ley de Amparo). 139. Por otra parte, debe señalarse que con motivo de las propias reformas que entraron en vigor en enero de 1988, se adicionó el articulo 94 constitucional para otorgar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad de determinar el número, división en circuitos. jurisdicción territorial así como especialización por materia, de los tribunales colegiados de circuito y de los juzgados de distrito, atribución que correspondía anteriormente al Congreso de la Unión, por medio de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que hacía muy complicada la creación y distribución de los tribunales federales, de manera que ahora pueden establecerse de manera más flexible y oportuna, por medio de acuerdos generales. 140. D) Como auxiliares de la justicia federal intervienen en el procedimiento del juicio de amparo los jueces locales de las entidades federativas, en dos casos: en el primero, tratándose de actos que ponen en peligro la vida, afecten la libertad personal fuera de procedimiento judicial o violen el articulo 22 constitucional, o bien cuando se reclamen derechos individuales o colectivos agrarios, según se expresó anteriormente, cuando en el lugar en el cual se pretenden ejecutar dichos actos no existe juez de distrito (articulos 38 a 40 y 220, de la Ley de Amparo). Esta intervención de los jueces locales se califica de competencia auxiliar, ya que por este procedimiento, dichos jueces de carácter local reciben la demanda, ordenan la suspensión de los actos impugnados y remiten el expediente al juez de distrito para la continuación del juicio. 141. En segundo término, cuando se reclamen ciertos actos en materia penal, como los comprendidos en los articulos 16 (orden de aprehensión); 19 (auto de formal prisión o sujeción a proceso) y 20, fracciones 1 (libertad bajo caución), VIII (plazos máximos de duración del proceso) y X, párrafos primero y segundo (duración máxima de la prisión preventiva), todos ellos de la Constitución federal. En estos supuestos, el promovente puede optar, al interponer su demanda de amparo, entre acudir ante un juez de distrito, o bien dirigirse al tribunal de apelación de carácter ordinario, que sea el superior del juez que dictó la resolución respectiva. En este último caso, el citado tribunal superior actúa en sustitución del juez de


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distrito, y por ello se califica a este procedimiento como jurisdicción concurrente (artículo 37 de la Ley de Amparo).

VII. PARTES 142. De acuerdo con lo establecido por el artículo 50. de la Ley de Amparo, pueden participar en el juicio el promovente del amparo, las autoridades demandadas, los terceros interesados y el Ministerio Público federal. 143. A) El promovente del amparo es denominado "agraviado" por la fracción 1 del citado artículo 50. de la Ley de Amparo, y es toda persona, individual o colectiva, que sufra una afectación personal, actual y directa por un acto de autoridad (artículo 40. del propio ordenamiento)'1 144. En principio sólo pueden interponer el amparo las personas jurídicas privadas, pero excepcionalmente también las entidades públicas cuando actúen en defensa de sus intereses patrimoniales (articulo 90. de la Ley de Amparo); pero además, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que los titulares de las entidades oficiales, tanto del gobierno federal o del Distrito Federal, como los organismos descentralizados de carácter federal, pueden impugnar en juicio de amparo de una sola instancia las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el organismo que se encarga de resolver las controversias de carácter laboral entre dichas entidades y los empleados que prestan

en ellos sus servicios. 92 145. B) Las autoridades demandadas son aquellas a las que se les imputan los actos violatorios de la esfera jurídica de los particulares, y se califican como "responsables" por la fracción II del citado artículo 50. de la Ley de Amparo, debiendo considerarse como tales no sólo a las que ejecutan, sino también a las que ordenan los actos y disposiciones generales que se reclaman (artículo 11 de la Ley de Amparo)'3 146. Debe tomarse en cuenta, además, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha configurado un concepto de autoridad en el sentido clásico, de la entidad o del funcionario que dispongan de la fuerza pública para imponer sus 91 De acuerdo con la jurisprudencia tradicional de la Suprema Corte de Justicia, no puede promoverse el amparo en el supuesto de un interés indirecto. Cfr. la tesis 1030. página 1662. vol. IV, Salas y Tesis Comunes. del Ap¿ndice al Semanario Judicial de la Federación. publicado en el año de 1988, de acuerdo con la cual: "La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama". 92 Cfr. tesis 1969, páginas 3182-3183, vol. VII. Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la FederaciólI, publicado en el año de 1988. 93 El texto actual del artículo 11 de la Ley de Amparo dispone: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado".

BREVE INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO MEXICANO VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Partes Medidas cautelares Recursos Sentencia y ejecución Jurisprudencia obligatoria Responsabilidad Conclusiones Bibliografía básica

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distrito, y por ello se califica a este procedimiento como jurisdicción concurrente (artículo 37 de la Ley de Amparo).

VII. PARTES 142. De acuerdo con lo establecido por el artículo 50. de la Ley de Amparo, pueden participar en el juicio el promovente del amparo, las autoridades demandadas, los terceros interesados y el Ministerio Público federal. 143. A) El promovente del amparo es denominado "agraviado" por la fracción 1 del citado artículo 50. de la Ley de Amparo, y es toda persona, individual o colectiva, que sufra una afectación personal, actual y directa por un acto de autoridad (artículo 40. del propio ordenamiento)'1 144. En principio sólo pueden interponer el amparo las personas jurídicas privadas, pero excepcionalmente también las entidades públicas cuando actúen en defensa de sus intereses patrimoniales (articulo 90. de la Ley de Amparo); pero además, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que los titulares de las entidades oficiales, tanto del gobierno federal o del Distrito Federal, como los organismos descentralizados de carácter federal, pueden impugnar en juicio de amparo de una sola instancia las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el organismo que se encarga de resolver las controversias de carácter laboral entre dichas entidades y los empleados que prestan

en ellos sus servicios. 92 145. B) Las autoridades demandadas son aquellas a las que se les imputan los actos violatorios de la esfera jurídica de los particulares, y se califican como "responsables" por la fracción II del citado artículo 50. de la Ley de Amparo, debiendo considerarse como tales no sólo a las que ejecutan, sino también a las que ordenan los actos y disposiciones generales que se reclaman (artículo 11 de la Ley de Amparo)'3 146. Debe tomarse en cuenta, además, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha configurado un concepto de autoridad en el sentido clásico, de la entidad o del funcionario que dispongan de la fuerza pública para imponer sus 91 De acuerdo con la jurisprudencia tradicional de la Suprema Corte de Justicia, no puede promoverse el amparo en el supuesto de un interés indirecto. Cfr. la tesis 1030. página 1662. vol. IV, Salas y Tesis Comunes. del Ap¿ndice al Semanario Judicial de la Federación. publicado en el año de 1988, de acuerdo con la cual: "La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama". 92 Cfr. tesis 1969, páginas 3182-3183, vol. VII. Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la FederaciólI, publicado en el año de 1988. 93 El texto actual del artículo 11 de la Ley de Amparo dispone: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado".

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detenninaciones. y no toma en consideración a los organismos públicos descentralizados, cada vez m~s numerosos y que cuentan en ocasiones con mayor poder que las autoridades dependientes directamente de los gobiernos federal y de las entidades federativas." 147. Únicamente se acepta por la propia jurisprudencia que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda señalarse como autoridad demandada para efectos del amparo, pero sólo en cuanto determina y ordena el cobro de las cuotas obrero-patronales, con las cuales se integran además de las aportaciones del gobierno federal- sus recursos financieros, ya que en este sentido la ley reglamentaria de esa institución le otorga el carne ter de organismo fiscal autónomo (articulos 267 y 268 de la Ley del Seguro Social de 1973); y por el contrario no se considera autoridad por lo que se refiere a la prestación de los servicios sociales que tiene encomendados. 95

148. En una situación similar se encuentra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (lNFONA VI1), ya que el articulo 30 de su ley también lo califica como organismo fiscal autónomo." 149. e) Se califica como "tercero perjudicado", en realidad tercero interesado, a aquel que tiene interés en la subsistencia del acto o resolución reclamadas, ya que le benefician. 150. a) El anlculo 50. fracción IlI, de la Ley de Amparo, distingue tres categorías de terceros interesados. 151. Tratándose de la materia civil en sentido amplio, es decir,la que comprende aspectos mercantiles o laborales se considera tercero aquel que ba figurado como contrapane en el proceso en el cual se ha dictado la sentencia o resolución judicial impugnada en amparo, pero cuando el propio amparo hubiese sido promovido por un tercero extraño. tienen esa categoría las dos partes del procedimiento ordinario. 152. En consecuencia, cuando se trata del amparo contra sentencias y resoluciones judiciales, que calificamos en su oportunidad como amparo-casación, el llamado 94 Cfr. 1a.leSlS 300. página 519, vol. 1, Salas y Tesis Comunes, del AphuJ.ice al Semanario Judiciol de la Federación publicado en el año de 1988. de acuerdo con la cual: "El ténnino autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fueJU pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo están en disposici6n material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". 95 Cfr. tesis 1761. página 2828, vol. VI, Salas y Tesis Comunes, del Aplndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988, la que establece: "A partir de la refonna del artículo 135 de la Ley del Seguro Social (la anterior de 1942), que establece la facultad del Instituto del Seguro Social para determinar el monlo de las aportaciones obrero-patronales que deben cubrirse para atender los servicios que presta. es de estimarse que el propio Instituto actúa como organismo fiscal autónomo y que, por tanto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo que contra él se interponga". 96 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "La defensa jurídica de los particulares frente a los organismos paraestatales", Revisla de la Facultad de Derecho de Mbico, núms. 133-135, enero-junio de 1984, pp. 135-172. reproducido en el volumen del mismo autor Prolecci6n jurldica de Jos derechos hIlmanos. Estudios comparativos. México, Comisión Nacíonal de Derechos Humanos, 1991, pp. 57-78.

BREVE INTRODUCCIÓN AL MCIO DE AMPARO

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tercero petjudicado es en realidad la contraparte del reclamante en el amparo, pues sólo de manera artificial el legislador ha hecho figurar al juez o tribunal que dictó la resolución impugnada como autoridad demandada, cuando en realidad carece de este carácter. ya que su actuación se reduce a enviar los autos del proceso respectivo, y en casos excepcionales, a formular un informe justificativo (articulos 163 y 169 de la Ley de Amparo), 153. b) En materia penal, la Ley de Amparo sólo otorga el carácter de tercero interesado a las personas que tienen derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil proveniente del delito, pero no a la víctima por lo que se refiere a la imputahilidad del acusado que promueve el amparo contra la sentencia condenatoria, ya quesegün los códigos federal y locales de procedimientos penales, el ofendido por el delito no es parte en el proceso penal, ni siquiera de carácter subsidiario, pues el Ministerio Público posee el monopolio del ejercicio de la acción penal. Por ello, el mencionado ofendido sólo puede intervenir en dicho proceso respecto a la reparación del daño (que se estima parte de la pena), y la responsabilidad civil que se atribuye a terceros que tienen a su cargo la patria potestad, la custodia o vigilancia del acusado (artículo 50, fracción JII, inciso b), de la Ley de Amparo)." 154. Por otra parte, el artículo 180 de la propia Ley de Amparo, sin afirmarlo en forma expresa, otorga al Ministerio Público federal o local que ha llevado la acusación en el proceso penal en el cual se dictó la resolución impugnada en amparo, la calidad de ter=o interesado, ya que lo faculta para formular alegatos ante el tribunal del amparo. 155. c) Cuando el amparo se solicita contra actos o resoluciones administrativos, se confiere el carácter de tercero interesado a la persona o personas que hubiesen gestionado a su favor dichos actos o resoluciones reclamados, o tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado, tomando en cuenla que, en ocasiones y tratándose de determinaciones de beneficio general, es imposible admitir en el amparo a todas las personas beneficiadas, por lo que se requiere acreditar la gestión previa respectiva (artículo 50., fracción JII, inciso e, de la Ley de Amparo)." 97 Cfr. tesis 22 y 23. páginas 32 y 36. voL l. Salas y Tesis Comunes del Apéndice del Semanario Judicial de la Federació/J publicado en el año de 1988. A su vez,la diversa t~sis 1224, página 1965, vol.

IV. Salas y Tesis Comunes. del mismo Apéndice. establece que es improcedente el juicio de amparo promovido por el ofendido sobre la responsabilidad penal del procesado. por no encontrarse "dentro de ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal[ ... ]". Estos criterios de jurisprudencia han sido impugnados por un sector de la doctrina. Al respecto deben citarse los trabajos de Castro. Juventino V.. El Ministerio Público el1 M¿x;co. Funciones y di.ifunciones. 6a. ed .• México. Pomía.1985. esp. pp. 94-105: Fix-Zamudio. Héctor. "La función constitucional del Ministerio Público", en Anuario Ju,.ú/ico. México. V. 1978. pp. J83-195. 98 Cfr. tesis 1928. páginas 3105-3106, vol. VII. Salas y Tesis Comunes del Apllldice al SemQ1ra,.¡o Judicial de la Federación publicado en el año de 1988. la cual dispone: "En el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 50.. fracción 111, inciso e), de la Ley de Amparo. quien haya gestionado en su favor e! acto que se reclama. Tiene asimismo esta

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156. d) Finalmente, el legislador otorga al Ministerio Público federal la calidad de parte (artículo 50 .. fracción IV, de la Ley de Amparo), En el texto original de este precepto, el propio Ministerio sólo tenía la facultad de formular dictámenes respecto de ciertas resoluciones procesales y de fondo, ya que era necesario o

conveniente que expresara su opinión, así como de realizar actividades de fiscalización del procedimiento y de la ejecución de la sentencia protectora (artículos 113, 157 Y 232 de la Ley de Amparo). En este sentido se le había calificado como "parte equilibradora" en el juicio de amparo. 99 157. Sin embargo, de manera paulatina, a partir de las reformas introducidas en 1976 y otras posteriores, en especial la que entró en vigor en 1984, el citado precepto fue modificado para atribuir al citado Ministerio Público federal verdaderas atribuciones de parte procesal. En efecto, la redacción vigente del citado artículo 50" fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que, con independencia de las facultades que correspondan al citado Ministerio Público para procurar la pronta y expedita administración de juslicia, podrá intervenir en todos los juicios de amparo e interponer los recursos que señala el propio ordenamiento,loo VIII. MEDIDAS CAlJfELARES

158. En el juicio de amparo se ha establecido una institución denominada suspensión de los actos reclamados, que en un principio tuvo como propósito, de manera exclusiva, la paralización de la actividad de la autoridad que se impugnaba en el amparo, para evitar que se consumaran de manera irreparable los mismos actos reclamados, dejándolo sin materia, 159. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte y actualmente los tribunales colegiados de circuito, han establecido reglas aceptadas paulatinamente por el legislador para perfeccionar la institución de acuerdo con los principios de

las medidas cautelares. IOl calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como

contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte. admitiendo que, dados los términos del artículo 14 constítucional, los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectado o menoscabado. por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo. sin que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra. con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus intereses económicos". 99 Cfr. Burgoa Orihuela. Ignacio, E/juicio de amparo, cit.. supra nota 37. pp. 348-353. 100 Cfr. Castro, Juvenlino V., "La reforma de 1983 a las leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial de la Federación". en el volumen La reforma jurldica de 1983 en la administración de justicia. México. Procuraduría General de la República. 1984. pp. 206-211. 101 Cfr. Burgoa Orihuela. Ignacio. El juicio de amparo, cit. supra nota 37. pp. 703-715.


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160. De acuerdo con la situación actual, podemos dividir esta materia en dos

grandes categorías. 161. A) La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo de doble instancia, cuya dctcnninación corresponde a los jueces de distrito en primer grado, y por medio del recurso de apelación. a los tribunales colegiados de circuito en la

segunda instancia. 102 162. A su vez, esta medida precautoria se subdivide en dos sectores: 163. a) La llamada suspensión de oficio, es decir, aquella que otorga el juez federal de distrito sin audiencia de la autoridad demandada o el tercero interesado,

cuando en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los que ponen en peligro la vida; los de deportación o destierro; los actos prohibidos por el artfculo 22 constitucional; los que pueden quedar consumados de manera irreparable; o cuando se trate de la reclaruación de actos que afecten derechos colectivos de campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria (artículos 123 y 233 de la Ley de Amparo). 164. Para la mayor eficacia de esta medida, su otorgamiento puede comunicarse telegráficamente a las autoridades demandadas cuando no resida en el lugar el juez federal respectivo. 165. b) El segundo sector corresponde a la medida que se otorga sólo cuando se solicita por]a parte reclamante, y se concede después de una tramitación incidental en la cual se llama tanto a las autoridades demandadas como a los terceros interesados, si los hay, solicitándose a las primeras un informe sobre la existencia de los actos impugnados y la procedencia de la medida solicitada, y sólo después de una audiencia en la que se rinden pruebas y se formulan alegatos por las partes, el juez federal decide sobre la procedencia de la petición (artículos \31 a 134 de la Ley de Amparo). 166. La medida precautoria no puede otorgarse cuando con ella pueda causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Al efecto, la ley reglamentaria enumera algunos casos en los cuales no se puede conceder la medida, tomados de la jurisprudencia, corno la continuación del funcionamiento de centros de vicio; la producción y el comercio de drogas enervantes; cuando se permita la consumación de delitos o sus efectos, etcétera, y además se exige que los daños y perjuicios que se causen al reclaruante con la ejecución del acto que se reclama, sean de diffcil reparación (artículo 124). 167. Si con la concesión de la medida precautoria se pueden causar daños y peIjuicios a terceros. el reclamante debe constituir una garantía que pennita 102 Con anterioridad a las refonnas de 1951, la !'ócgunda instancia de la tramitación de las medidas cautelares en el juicio de amparo se resolvía por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la materia de la controversia de fondo, y a partir de entonces, esa segunda instancia corresponde en exclusiva a los tribunales colegiados de circuito.

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resarcirlos en el caso de que no obtenga una sentencia favorable y. a su vez, cuando se trate de cuestiones patrimoniales. los terceros pueden otorgar una contragarantía con objeto de que se ejecuten los actos reclamados y puedan responder de los daños que con esa ejecución se causen al peticionario del amparo (anfculos 125 a 127 de la Ley de Amparo). El monto de la garantía y de la contragarantfa son fijados por el juez federal de distrito (artículo 128). 168. En el caso de que se reclamen actos o resoluciones de autoridades tributarias. el pc~icionario debe garantizar el interés fiscal mediante depósito del monto de los impuestos impugnados. a no ser que previamente se hubiese otorgado una garantía ante las propias autoridades tributarias .. en los términos de los ordenamientos respectivos (artículo 135). 169. También debe tomarse en cuenta que la medida precautoria puede concederse en dos oportunidades. o sea. en un primer momento. cuando exista urgencia por considerarse inminente la ejecución de los actos que se reclaman y los perjuicios que se puedan ocasionar al peticionario del amparo sean notorios. el juez federal puede ordenar en forma discrecional la paralización de tales actos en tanto se tramita el incidente respectivo en el cual se decidirá sobre la medida solicitada. y esta providencia se califica como "suspensión provisional" (artfculo 130 de la Ley de Amparo). 170. Si se concede la medida calificada como provisional. ésta se prolonga hasta que se decida sobre la que se otorga como resultado de la tramitación incidental antes mencionada. procedimiento en el que se oye a las panes y se presentan pruebas para acreditar la existencia de los actos y la procedencia de la medida. 171. Ya sea que se conceda la medida de urgencia o que sólo se otorgue la que se califica de "definitiva". esta última se prolonga durante toda la tramitación del amparo hasta que se pronuncie sentencia firme. a no ser que exista un cambio en la situación jurídica que determinó su expedición. 172. En efecto. las medidas precautorias son un instrumento del proceso principal. ya que pretenden la conservación de la materia del juicio y evitar perjuicios a las panes. Siempre se otorgan de acuerdo con el principio rebus sic stantibus. es decir. en tanto que no cambien las situaciones de hecho que sirvieron de apoyo a su concesión. de manera que si existe este cambio. el juez federal de distrito está facultado para dictar una nueva providencia. aun cuando la primera resolución hubiese sido confirmada en segunda instancia por el tribunal colegiado de circuito correspondiente (artículo 140 de la Ley de Amparo). y esa nueva medida puede impugnarse nuevamente. 173. También se establece por el legislador que si la medida no se pide al presentarse la demanda. en tanto que no se resuelva definitivamente el amparo. puede solicitarse en cualquier tiempo por el reclamante (anículo 141 de la Ley de Amparo).

BREVE INTROOUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO

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174. Según se ha dicho, las resoluciones que en materia de providencias precautorias pronuncien los jueces de distrito, pueden impugnarse ante los tribunales colegiados de circuito a través del recurso de apelación (artículo 139). En las reformas de 1984 se introdujo el recurso de queja contra las resoluciones de los jueces de distrito que decidan sobre la suspensión provisional, resolución que anteriormente no admitía impugnación (artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo). 175. B) La segunda categoría de las medidas precautorias está formada por las que se conceden en el juicio de amparo de una sola instancia contra sentencias judiciales, y en ese supuesto la resolución respectiva debe pronunciarse por el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia impugnada en amparo. Debe otorgarse de oficio y sin tramitación si se trata de una sentencia condenatoria en materia penal (artículO 171). 176. Cuando la sentencia reclamada es de materia civil (y mercantil), la suspensión de la ejecución de dicha sentencia está sujeta a los lineamientos de la medida en el amparo de doble instancia (artículo 173), y si se trata de una resolución de un tribunal laboral, debe tomar en cuenta que el trabajador pueda subsistir mientras se resuelva el juicio, y por ello la providencia sólo tendrá efectos en cuanto exceda de lo necesario para asegurar esa subsistencia (artículo 174).103 177. La resolución del juez o tribunal respectivo sobre la providencia precautoria puede impuguarse ante la Suprema Corte de Justicia o ante el tribunal colegiado de circuito que esté conociendo del amparo en cuanto al fondo, por medio del recurso de queja (artículo 95, fracción Vil!, de la Ley de Amparo). 178. Fiualmente, debe tomarse en cuenta que si bien un sector de la doctrina mexicana,I04 y de la jurisprudencia de la Suprema Cone establecida cuando conocía en segunda instancia en esta materia,105 han estimado que las medidas precautorias en el juicio de amparo tienen efectos exclusivamente conservativos, de acuerdo con su nombre original, la misma Ley de Amparo y algunas tesis de jurisprudencia nos penniten llegar a la conclusión de que, si bien la regla general es en el sentido indicado, en algunos casos es preciso otorgar a la medida efectos 103 De acuerdo con lo establecido por la tesis de jurisprudencia 1875. página 3035. vol. VI. Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988: "EI artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor del Presidente de la .Iunta de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo. y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser éste el ténnino considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías". 104 Especialmente Burgoa Orihuela.lgnacio, Eljuicio de amparo, cit., supra nota 37, pp. 707·71 lOS Según la redacción bastante imprecisa de la tesis 1871, página 3016, vol. VI, Salas y TeSIS Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988; "Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo".

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ENSA VOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

constitutivos y aun restitutorios, como lo señala el artfculo 136 de la propia Ley de Amparo, cuando se trata de un juicio de amparo contra actos de privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, ya que el efecto de la medida precautoria consiste en poner en libertad al reclamante, pero sujetándolo a medidas de seguridad para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia en tanto se resuelve el fondo del amparo; y por ello, otro sector de la doctrina mexicana ha señalado la necesidad de otorgar mayor Oexibilidad a la medida precautoria, que en ocasiones

se concede o niega en forma mecánica. debiendo asumir en ciertos casos lo que se ha calificado de "amparo provisional".I06 IX. RECURSOS

179. La Ley de Amparo establece tres medios de impugnación tratándose de la tramitación del juicio de amparo, que denomina revisión, queja y reclamación. 180. A) El llamado recurso de revisión, que en realidad constituye una verdadera apelación, según se expresó con anterioridad, procede contra algunas resoluciones que se consideran importantes, en especial las sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por los jueces federales de distrito. 181. El nombre de recurso de revisión se debe a que las leyes de amparo de 1869 y 1882 Ylos Códigos Federales de Procedimientos Civiles que regularon la materia, establecieron la revisión forzosa de las sentencias pronunciadas por los jueces federales de distrito en los juicios de amparo, las que debían remitirse a la Suprema Corte de Justicia para que dictase la resolución final del asunto. 182. El citado recurso de apelación procede contra resoluciones pronunciadas durante la tramitación del juicio de amparo que se consideran primordiales, como el desechamiento de la demanda; la decisión sobre las providencias precautorias, o el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia (artículO 83 de la Ley de Amparo). 183. La apelación de mayor trascendencia es la que procede contra las sentencias de fondo pronunciadas por los citados jueces federales de distrito en la primera instancia del juicio de amparo de doble grado, y en ese supuesto corresponde a la Suprema Corte su conocimiento cuando se trate de los juicios de amparo en los cuales se reclame la inconstitucionalidad de una ley federal o local, de un tratado internacional, así como de reglamentos expedidos por el presidente de la República o los gobernadores de los estados. 184. Excepcionalmente también pueden impugnarse en apelación, según se expresó con anterioridad y ante la Suprema Corte de Justicia, las sentencias pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo 106 Sobre este aspecto es particulannente relevante el estudio del destacado tratadista mexicano Couto. Ricardo. Tratado teórico -práctico de la suspensión en el amparo, México. Poma, 1957, pp. 21'-26().


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contra sentencias judiciales, cuando en ellas se decida sobre la ¡nconstitucionalidad de una ley O se interprete directamente un precepto de la Constitución federal (articulos 83, fracción V, y 84, fracción 11, de la Ley de Amparo). 185. Todos los juicios de amparo en apelación que no correspondan expresamente a la Suprema Corte dc Justiciade la Nación, se atribuyen en segundo grado a los tribunales colegiados de circuito (artículo 85, fracción 11, de la Ley de Amparo). 186. B) El recurso de queja procede tanto contra aquellas resoluciones que no admiten el recurso de apelación, como contra las que se dictan durante el procedimiento cuands no puedan repararse en la sentencia definitiva; cuando dichas resoluciones se pronuncian después de resuelto el juicio en primera instancia y se encuentran en el segundo grado; o bien respecto de las resoluciones de los tribunales que dictaron el fallo impugnado en amparo de una sola instancia, en relación con las providencias precautorias (artículo 95, fracciones VI y VIII de la Ley de Amparo). 187. También procede el recurso de queja contra las autoridades demandadas cuando las mismas no cumplen correctamente, por exceso o por defecto, las resoluciones de los jueces de amparo en cuanto al otorgamiento de las providencias precautorias o respecto de la sentencia firme que otorgue el amparo (artículo 95, fracciones Il, IV YIX), pero a su vez, contra las resoluciones que se dicten por los jueces federales de distrito con motivo de los citados recursos de queja, procede una segunda queja ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito, según les corresponda el conocimiento del juicio en cuanto al fondo (articulo 95, fracción V). 188. Cl. El recurso de reclamaci6n procede contra las resoluciones de trámite del presidente de la Suprema Corte de Justicia o los de los tribunales colegiados de circuito, ante el Tribunal en Pleno, la Sala o el mismo tribunal colegiado que deban conocer el asunto en cuanto al fondo (articulos 103 de la Ley de Amparo, y 13, fracción VII, 29, fracción [JI y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). X. SENTENCIA y EJECUCIÓN

189. La sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo puede otorgar el amparo, negarlo o sobreseer el juicio por considerar que existe un obstáculo jurídico O material que impide su resolución en cuanto al fondo. 190. Las sentencias que niegan el amparo o lo sobreseen son puramente declarativas, en cuanto la primera establece que es legal o constitucional la conducta de las autoridades demandadas, y la segunda que no es posible jurídicamente resolver en cuanto al fondo.'01

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191. La sentencia que otorga la protección al reclamante tiene el carácter de un fallo de nulidad, de acuerdo con los principios de la casación francesa, y por lo tanto se limita a expresar que es fundada la reclamación del peticionario y remite el asuntO a las autoridades demandadas o al juez o tribunal que dictó el fallo impugnado en amparo, a fin de que se restituya al afectado en el pleno goce de sus derechos infringidos.108 192. No obstante tener el carácter de un fallo de nulidad, la sentencia de amparo también posee naturaleza de sentencia de condena, en cuanto establece imperativamente un mandato dirigido a la autoridad demandada, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, para que vuelvan las cosas al estado que se encontraban. antes de afectarse los derechos del solicitante de la protección, si los actos impugnados tienen carácter positivo; y por el contrario, si dichos actos consisten en una omisión, las autoridades demandadas deben cumplir con lo ordenado por las disposiciones legales o constitucionales relativas, y en este sentido existe similitud con los mandamientos denominados injunction y mandamus del derecho angloamericano. 109 193. Al referimos a la sentencia de amparo, es preciso mencionar la institución que se estima peculiar del juicio de amparo mexicano y que el legislador denomina suplencia de la deficiencia de la queja, 110 y que en esencia consiste en la facultad, o inclusive en la obligación, que se confiere al juzgador en el juicio de amparo para corregir los errores o deficiencias en que pueda incurrir la parte débil por falta de asesoramiento, en especial en la demanda o en las instancias del procedimiento, pero que puede extenderse al material probatorio .• 194. Dicha suplencia fue introducida en la Constitución de 1917 sólo en provecho del acusado en material penal, cuando el mismo hubiese interpuesto el juicio de amparo ante la Suprema Cone de Justicia (artículo 107, fracción n, del texto original de la misma carta federal), pero en las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, dicha suplencia se amplió a todos los jueces de amparo y abarcó también la materia laboral en beneficio del trabajador, y tratándose de actos apoyados en disposiciones legales que la jurisprudencia obligatoria de la 107 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. Eljuicio de amparo, cit, supra nota 52, pp. 287-288. 108 Acerca de los efectos generales de las sentencias de los tribunales de casación, cfr. Ancel. Marc, "Reflexions sur l'étude comparative des cours supr@:meselle recours en cassation" , AnnaIes de ¡'/nstitur de Droit Comparé de la Uníversitl de Paris.1938, pp. 286-30l. 109 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, La prolecci6n jurldica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, cít., supra nota 2. pp. 89-93. 110 Son escasos Jos estudios monográficos sobre esta institución tutelar, por lo que nos limitamos a citar a Chávez Camacho, Armando, "La suplencia de la queja", lus, México, núm. 67, febrero de 1944, pp. 82-194; Castro, Juventino Y., La suplencia tk la queja deflcieme en el juicio de amparo, México, Jus, 1953; Trueba Olivares, Alfonso y otros, La suplencia tU la queja en el juicio de amparo, México, Cárdenas, 1977; Serrano Robles, Arturo. "La suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales", en Problemas jurldicos de Mlxico, México, Jus, 1953, pp. 47-61.


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Suprema Corte hubiese declarado inconstitucionales (articulos lO7, fracción n, de la Constitución federal y 76 de la Ley de Amparo). 195. En los tres supuestos mencionados. es decir, en materias penal y laboral y respecto de leyes inconstitucionales según la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, la suplencia de la queja constituía una facultad del juez de amparo y no tenia entonces carácter obligatorio para el mismo. 196. Un desarrollo considerable de la citada suplencia se debió a una nueva reforma constitucional promulgada en octubre de 1962, y que adicionó al artículo 107, fracción 11, de la carta federal. Dicha modificación fue reglamentada por las adiciones a la Ley de Amparo que entraron en vigor el 5 de febrero de 1963, y que introdujeron, como una protección obligatoria, la suplencia de la queja en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria, es decir, de los ejidatarios, comuneros y los respectivos núcleos de población respecto de los derechos colectivos agrarios. 197. Una nueva reforma, de 29 de octubre de 1974, extendió la suplencia de la queja, también de carácter obligatorio, en beneficio de los menores e incapacitados cuando figurasen como partes en el juicio de amparo. 198. Esta evolución culminó con una última modificación a la ci tada fracción II del articulo 107 de la Constitución federal, por decreto legislativo promulgado el 20 de marzo de 1986, reglamentada por la reforma a la Ley de Amparo promulgada el 17 de abril y publicada el 20 de mayo del mismo año de 1986. 199. En esta última se adicionó dicho ordenamiento con el artículo 76 bis, en el que, además de precisar la citada suplencia de la queja en los juicios de amparo anteriormente mencionados, la extendió a otras materias, en estas últimas cuando se advierta que ha habido en contra del promovente o del panicular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa. 200. Los sectores en los que la mencionada suplencia tiene mayor amplitud, son los relativos, en primer lugar, a la materia penal en la que opera en favor del acusado promovente, aun en ausencia de conceptos de violación o de agravios (articulo 76 bis, fracción 11, de la Ley de Amparo); yen materia social agraria en la que no sólo comprende la corrección de las instancias de los campesinos sujetos a la reforma agraria (articulo 227), sino también en cuanto a los instrumentos probatorios que deben ser aportados de oficio por el juzgador (articulos 225 y 226). 201. Al suprimirse en 1984elllarnado "amparo de estricto derecho" y ampliarse en 1986 la suplencia de la queja, si bien con matices, pero ahora de carácter obligatorio a todas las materias, podemos afmnar que en el derecho de amparo mexicano opera la institución que la doctrina ha calificado como iura Mvir curia, la que significa que el juez conoce el derecho y debe aplicarlo aun cuando las partes no lo invoquen correctamente, que es el género al cual corresponde la propia "suplencia de la queja".lll

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202. Por otra pane, es preciso hacer referencia al procedimiento de ejecución de la sentencia que otorga el amparo al reclaruante. La Ley de Amparo establece un procedimiento muy enérgico de ejecución cuando se trata de actos de autoridad diversa de las judiciales, de tal manera que corresponde al juez federal de distrito vigilar ese procedimiento cuando las autoridades demandadas no hubiesen iniciado la propia ejecución dentro de las veinticuatro horas de notificada la sentencia protectora, cuando la naturaleza de los actos impugnados lo permita, o se encuentren en disposición de cumplir con la propia sentencia (anículos 104 y 105). 203. En primer término, el juez federal debe conminar a las propias autoridades demandadas, y si no cumplen en un plazo razonable, entonces debe exigir la ejecución de la sentencia protectora a las autoridades jerárquicamente superiores, hasta llegar a la más elevada (articulo 105). 204. Debe hacerse la aclaración de que el fallo que otorga el amparo contra la inconstitucionalidad de una ley, y que como expresamos en su oponunidad, sólo protege al reclaruante que lo hubiese solicitado, no puede imponerse en forma coactiva a las autoridades legislativas, sino exclusivamente respecto de las que apliquen o pretendan aplicar las disposiciones legislativas correspondientes. 112 205. Por lo que se refiere a las sentencias que otorguen el amparo en relación con resoluciones judiciales, corresponde a la Suprema Cone de Justicia o a los tribunales colegiados de circuito que las hubiesen dictado, vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los jueces o tribunales que pronunciaron los fallos impugnados en amparo, que como se ha dicho implican la reposición del procedimiento en el caso de violaciones procesales o dictar un nuevo fallo de acuerdo con los lineamientos de la sentencia de amparo (articulo 106). 206. Según la jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia, deben cumplir con el fallo que otorgue el amparo no sólo las autoridades que participaron en el juicio respectivo en calidad de demandadas, sino todas aquellas que están obligadas a intervenir en la eJecución por razón de sus funciones. 113 lI1 Sobre la citada institución, cfr. Sentís Melendo, Santiago, El juez y el derecho (;ura novit curia), Buenos Aires. EJEA. pp. 9-40; Jolowicz, J. A., "Da mihi factumdabo tibi jus. A Problem ofDemarcation in English and French Law", Multum non multa. Feslschrift ftJr Karl Lipstein aus Anlass seims 70 Geburtslages, Heidelberg-Karlsrube. C. F. MüUer, 1981. pp. 79-99. 112 Cfr. el trabajo de Rupp von BrUnneck. Wiltraut; Vigorini. Vicenzo y Linde. Hans A .. "Admonitory Functions of Courts", American Journal 01 Comparar;v#! Law. 1972. pp. 387-430. Los tres autores representan, respectivamente. a la República Federal de Alemania, Italia y los Estados Unidos. En general estos estudios tratan del problema de la ejecución de sentencias que declaran la inconstitocionalidad de leyes expedidas por legislaturas estatales o nacionales. III De acuerdo con la tesis 735, página 1206. vol. m, Salas y Tesis Comunes del Apindice al Senumario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988: "Las ejecutorias de amparo debeD ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por ra.z6n de susfunciones deba intervenir en Sil ejecllci6n. pues atenta la parte final del artículo 10 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constituci6n Federal. no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad. que por sus funciones. tenga que intervenir en la ejecuci6n de este fallo".

BREVE INfRODUCCIÓN AL JUICIO DE AMPARO

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207. Si las órdenes del juez de amparo no son obedecidas por las autoridades demandadas, o si las mismas retardan el cumplimiento de la sentencia protectora por medio de evasivas o procedimientos ilegales, o insisten en repetir los actos reclamados, ya sea a petición del reclamante o de oficio por el mismo juez federal, se envía el expediente al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que, después de estudiar la situación, si se comprueban estas violaciones, se aplique lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución federal, según la cual, la autoridad que realice tales actos u omisiones debe ser destituida de Su cargo y consignada a un juez federal para que se le siga un proceso penal (artículos 105 y lOó de la Ley de Amparo). 208. Cuando la autoridad que incurra en falta de cumplimiento de la sentencia que otorgue el amparo esté dotada de fuero constitucional (en estricto sentido, inmunidad), es decir, que sólo pueda ser destituida previo juicio ante las dos Cámaras del Congreso federal en los términos del artículo 110 de la Constitución, 114 la resolución del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte debe comunicarse al propio Congreso para que inicie el procedimiento respectivo (artículo 109 de la Ley de Amparo). 209. Finalmente, la misma Ley de Amparo dispone que si la naturaleza del acto lo permite y en caso de rebeldía de las autoridades demandadas, el mismo juez federal o un magistrado comisionado por el tribunal colegiado respectivo, puede trasladarse al lugar en que deba cumplirse el fallo y ejecutarlo directamente. Cuando se trate de la libertad personal, si la autoridad demandada se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución respectiva en un plazo prudente, que no puede exceder de tres días, el juez federal o el tribunal colegiado ordenarán que se ponga en libertad al reclamante, sin perjuicio de que la propia autoridad demandada dicte la resolución que proceda, y los encargados de las prisiones deben respetar las órdenes de los tribunales federales en este sentido (artículo III de la Ley de Amparo). XI. JURISPRUDENCIA OBUGATORIA

210. Aun cuando no existe en el ordenamiento mexicano una institución similar al stare decisis del derecho angloamericano, se ha establecido la l1arnadajurisprudencia obligatoria, es decir, que los fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales colegiados de circuito, cuando cumplen determinadas condiciones, deben respetarse imperativamente por los tribunales federales o locales. I 15

114 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, cit.. supra nota 49. pp. 553-573. 115 Cfr. Cabrera Acevedo. Lucio. "La jurisprudencia ". en el volumen LA Suprema Corte th Justicia y el pensamiento jurúlico. México, Suprema Corte de Justicia, 1985. pp. 225-267.


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211. Esta institución es original del derecho mexicano, puesto que se introdujo en la Ley de Amparo de 1882, y tuvo su consagración en los articulas 785 a 788 del Código Federal de Procedimientos Civiles de diciembre de 1908 en su regulación del juicio de amparo, y posteriormente se elevó a rango constitucional en las reformas de 1951 (articulo 107, fracción xm de la Constitución federal).116 212. En un principio, la jurisprudencia obligatoria sólo podía establecerse por la Suprema Cone de Justicia, en materia de amparo y tratándose de la interpretación de la Constitución, leyes federales y tratados internacionales, ya que se procuraba respetar formalmente la autonomía jurisprudencial de los tribunales de las entidades federativas, aun cuando de hecho, estos últimos seguían los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia (articula 192 de la Ley de Amparo en su texto original). 213. Sin embargo, en las reformas que entraron en vigor en octubre de 1968 se culminó la evolución de la institución, incorporándola al articulo 94 de la Constitución federal, que amplió el ámbito de la jurisprudencia obligatoria a la interpretación de las disposiciones legales locales, y confirió la facultad para establecerla a los tribunales federales no sólo respecto del amparo sino también para los asuntos ordinarios de su competencia,JI7 214. En la actualidad, de acuerdo con los articulas 192 a 194 de la Ley de Amparo y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la Suprema Cone de Justicia y los tribunales colegiados de circuito pueden establecer jurisprudencia obligatoria cuando reiteren su criterio en cinco resoluciones no interrumpidas por otra en contrario, si dichos fallos son aprobados cuando menos por catorce ministrOs cuando son pronunciados por el Tribunal en Pleno; por cuatrO, si corresponde a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como por los tres magistrados que integran los tribunales colegiados de circuito. 215. También tienen carácter obligatorio las tesis que pronuncien el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia cuando decidan las contradicciones que se presenten entre las propias Salas o entre los diversos tribunales colegiados de circuito (articulas 197 y 197-A de la Ley de Amparo). 216. Dicha jurisprudencia puede interrumpirse cuando se pronuncie un fallo en contrario por los mismos votos mencionados anteriormente, siempre que se expresen las razones para cambiar la jurisprudencia anterior, y se modifica cuando se vuelvan a dictar cinco fallos en el nuevo sentido (articula 94 de la Ley de Amparo).

116 Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio, op. uft. cil .. pp. 247-256. La parte relativa del citado artículo 94 constitucional establece: "La Ley fijará los ténninos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. así como los requisitos para su intenupci6n y modificaci6n [... ]". lJ7

BREVE INTRODUCCIÓN AL mICIO DE AMPARO

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217. Un procedimiento para modificar la jurisprudencia obligatoria establecida por el Tribunal en Pleno y las salas de la Suprema Cone, está regulado por el citado anículo 197 de la Ley de Amparo, en cuanto faculta a las propias salas, a los ministros que las integran, a los tribunales colegiados de circuito y a los magistrados que las fonnan. para solicitar, con motivo del conocimiento de un caso concreto. que se cambie la jurisprudencia establecida por la Cone, expresando las razones que apoyan dicha solicitud. El más alto tribunal, previo dictamen del procurador general de la Repúhlica o del agente que designe, si el mismo procurador estima conveniente intervenir, decidirá si modifica o no su criterio anterior, que en caso

de ser sustituido, también tendrá carácter obligatorio. 218. Por otra pane, las resoluciones de amparo y los votos paniculares de los ministros y magistrados respectivos deben publicarse en el órgano oficial creado en 1870 y que se denomina Semnnario Judicial de la Federación por razón de su origen, siempre que dichos faIlos sean necesarios para formar jurisprudencia obligatoria o para contrariarla, pero también se incluyen las resoluciones cuya publicación hubiesen acordado de manera expresa el Pleno o las salas de la Suprema Cone así como los tribunales colegiados (aniculo 197-B de la Ley de Amparo) 219. Además, la Suprema Cone de Justicia de la Nación ha publicado aproximadamente cada diez años un Apéndice al citado Semnnario Judicial de la Federación, en el cual se consignan los criterios de la jurisprudencia obligatoria y otras tesis que considere necesarias. El último de dichos apéndices apareció en el año de 1988 y comprende el material que se estima aplicable a panir de 1917 en que entró en vigor la Constitución actual, hasta la fecha en que se publicó este apéndice. 118 220. En época reciente se ha actualizado la publicación del citado Semanario Judicial de la Federación, que durante muchos años había adolecido de gran retraso, pero ahora aparece con mayor periodicidad y al día. Por otra pane, desde el año de 1988 se publica una Gaceta de Jurisprudencia, de carácter mensual por mandato expreso del artículo 195, fracción IV, segundo párrafo de la propia Ley de Amparo, y que contiene las tesis de jurisprudencia aprobadas por el Pleno, las salas de laCone y los tribunales colegiados de circuito. Finalmente, la misma Cone edita el informe anual de su presidente, que también contiene las tesis de jurisprudencia que se aprueban en el periodo respectivo, si bien ahora se incluyen en la citada Gaceta mensual.

XII.

REsPONSABILIDAD

221. La Ley de Amparo tiene un título especial, el quinto, en el cual regula de manera expresa la responsabilidad en el propio derecho de amparo, pero se refiere 118 Cfr. Guerrero Lara. Ezequiel. Manual para el manejo del Semanario Judicial de la Federaci6n. México, UNAM, 1982.

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de manera exclusiva a la de carácter penal, es decir, a los delitos que pueden cometer los sujetos procesales con motivo de la tramitación del proceso respectivo. 222. Debemos tomar en cuenta que no es el único tipo de responsabilidad que puede exigirse en relación con el juicio de amparo, ya que puede afl11ll3ISe que existen varias categorías: civil, administrativa o disciplinaria, de naturaleza penal y de carácter procesal. 119 223. Al La responsabilidad civil o patrimonial está prevista para todos los funcionarios públicos incluyendo los juzgadores federales, por el articulo 1928 del Código Civil del Distrito Federal, aplicable a toda la República en materia federal, que establece la responsabilidad subsidiaria del Estado por los daños causados por los citados funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, lo que significa que sólo puede exigirse al propio Estado cuando se demuestre la insolvencia total o parcial del funcionario respectivo l20 224. Estamos convencidos de que resulta insuficiente la simple responsabilidad personal de los servidores públicos, y en particular del juzgador, cuando incurren en errores o defectos intencionales o culposos por la prestación de los servicios públicos, entre ellos el jurisdiccional, tanto por la falta de recursos patrimoniales de una buena parte de los empleados públicos, como por la necesidad de demostrar el dolo o la negligencia en sus actividades oficiales, lo que no resulta sencillo. La tendencia contemporánea se dirige hacia la responsabilidad directa y objetiva del Estado, cuando exista una indebida o defectuosa prestación de los servicios públicos. 121 225. Bl La responsabilidad administrativa o disciplinaria se aplica al juez del amparo, a las autoridades que figuran como demandadas y a los particulares que participan en el juicio de amparo. Está más desarrollada respecto del juzgador al cual se pueden aplicar sanciones administrativas que van desde la amonestación hasta la suspensión temporal, y en los supuestos más graves, la destitución del cargo. 226. Las sanciones administrativas fueron elevadas al rango constitucional por la reforma al título IV de la Constitución federal, de diciembre de 1982, si se toma 119 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "J..aresponsabilidad de los sujetos procesaleseneljuiciodeamparo", Revista de la Facultad di! Derecho de México. núm. 59,julio-septiembre de 1965, pp. 613-631; Olivera Toro. Jorge y VilIagordoa Mesa. Manuel. IH la responsabilidad en los juicios de amparo, México. PorTÚa.1989. 120 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La responsabilidad de los jueces en el ordenamiento mexicano", en el volumen Comunicaciones mexicanas al XI Congreso Infemac;oM[ de D'-recho Comparado (Caracas 1982), México. UNAM.1984. pp. 59-71. 121 Como ejemplo de la evolución de la responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado. puede mencionarse lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución espaiíola de 1978: "Los daños causados por error judicial. así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia. darán derecho a una indemnizaci6n a cargo del Estado. conforme a la ley". Cfr.. entre otros. Martín Rebollo. Luis. Jueces y responsabilidad tkl &tado. El articulo 121 tú la COlUlituci6n. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1983.


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en consideración que el texto actual de la fracción III del articulo 109 de la carta federal dispone que se aplicarán sanciones disciplinarias a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 122 227. La autoridad facultada para imponer a los jueces de amparo dictias sanciones administrativas o disciplinarias es el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en los términos del articulo 12, fracción XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la que dispone en su parte conducente que dicho Tribunal en Pleno puede imponer correcciones disciplinarias a los magistrados de circuito y jueces de distrito, en el caso de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 228. A su vez, el articulo 51 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, promulgada en diciembre de 1982, establece que :a Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 47 de dicho ordenamiento,123 así como para aplicar las sanciones reguladas en ese capítulo, 124 de acuerdo con las correspondientes leyes orgánicas del Poder Judicial. 229. Por lo que se refiere a las autoridades demandadas, son los jueces de amparo los que pueden imponer sanciones económicas por el incumplimiento de determinadas obligaciones procesales, y únicamente en vía de ejemplo podemos mencionar que si dichas autoridades no rinden informe justificado o lo hacen sin las constancias justificativas pertinentes, se les impondrá una multa de diez a ciento cincuenta días de salario (articulo 149 de la Ley de Amparo); la falta de informe previo en el incidente de suspensión hace incurrir a la autoridad omisa en una 122 Cfr. Soberanes Fernández. José Luis, "La responsabilidad administrativa de los servidores públicos", en el volumen Las responsabilidades de los servidores públicos, México. Manuel Pomía~UNAM,1984, pp. 131-143. 123 El citado anículo 47 de la Ley de Responsabilidades establece en sus XXII fracciones las obligaciones específicas que deben cumplir los servidores públicos de los gobiernos federal y del Distrito Federal y que se resumen en el primer párrafo del mismo precepto: ''Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas [... ] ". 124 De acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley de Responsabilidades. las sanciones púr falta administrativa, consistirán en: "1. Apercibimiento privado o público; ll. Amonestación privada o pública; III. Suspensión; IV. Destitución del puesto; V. Sanción económica, e; VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios. será de seis meses a tres años si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario núnimo mensual vigente en el Distrito Federal y de tres años a diez años si excede dicho límite".

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corrección disciplinaria impuesta por el juez de distrito (artículo 132 de la Ley de Amparo), entre otros supuestos. 230. En cuanto a las correcciones a los justiciables, éstas pueden aplicarse por el Tribunal en Pleno y por las salas de la Suprema Cone de Justicia a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que se hagan ante dichos Pleno y salas falten al respeto a la Suprema Corte, a alguno de sus miembros o a cualquier otro funcionario del Poder Judicial de la Federación (artículos 12, fracción XXI y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 231. Los jueces de distrito y los magistrados de circuito pueden imponer sanciones disciplinarias a las partes con apoyo en los artículos 54 o 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente, de acuerdo con el artículo 20. de la Ley de Amparo. 125 232. C) Sanciones de carácrer penal. Como habíamos seíialado, son las que se regulan de manera expresa en el título V, primer libro de la Ley de Amparo, que se refiere a los delitos que pueden cometer los jueces y tribunales de amparo, las autoridades demandadas y las partes, pero estas últimas entendidas únicamente como el promovente y el tercero interesado. 233. a) La conducta tipificada corrw delito de las autoridtuJes que intervienen en la tramitación y resolución del juicio de amparo puede ser sancionada de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal aplicable a toda la República en materia federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial federal y dicho título V de la Ley de Amparo. En síntesis, podemos señalar que en la mayor parte de los casos, dichos preceptos de la Ley de Amparo se refieren a los artículos 215 Y 225 del propio Código Penal, que regulan los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. 126 234. En cuanto a la responsabilidad penal de los juzgadores federales antes mencionados, debe tomarse en consideración que, en primer término, no pueden ser destituidos o suspendidos de su cargo cuando han alcanzado la inamovilidad, sino por conducto del juicio político o la declaración de procedencia (esto último en el supuesto de delitos comunes), según los artículos no y III de la Constitución federal y la Ley Federal de Responsabilidades. 235. Por otra parte, cuando se sigue en contra de los jueces y magistrados federales un proceso criminal, no Pl.eden ser detenidos ni proseguirse dicho proceso, sin que previamente sean suspendidos en sus cargos por el Tribunal en 125 El artículo 55 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles establece corno correcciones disciplinarias: "l. Apercibimiento; II. Multa que no exceda de quinientos pesos, y III. Suspensión del empleo hasta por quince días. Esta última fracción sólo es aplicable al secretario y demás empleados del tribunal que imponga la corrección". 126 Cfr. Bunster. Alvaro, "La responsabilidad penal del servidor púbUco", en el volumen Las responsabilidades de los servidores públicos, cit. supra nota 127, pp. 9-28.


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Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a solicitud de la autoridad judicial que siga el citado proceso. cuando esté comprobado el cuerpo del delito y existan datos

suficientes para hacer probable la responsabilidad del funcionario judicial acusado (artículo 12. fracción XXXITI. de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). 236. También es preciso destacar que el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que: "los ntinistros de la Suprema Corte de Justicia sólo serán responsables. al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten. cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe". 237. b) La respons(l/Jilidad penal de las autoridades demandadas está regulada por los artículos 204 a 210 de la Ley de Amparo. los que establecen las hipótesis más comunes. como son la falsedad en sus declaraciones; desobediencia o resistencia a cumplir mandatos u órdenes judiciales: repetición del acto reclamado o el retraso injustificado en cumplir la sentencia protectora; conductas que se sancionan de acuerdo con lo establecido por la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución federal. mencionada anteriormente. y por los preceptos del Código Penal distrital relativos al abuso de autoridad. 127 238. c) Finalmente. el artículo 211 de la Ley de Amparo establece la tipificación de la conducta delictuosa del promavente del amparo y del tercero perjudicado. cuando afirmen hechos falsos u ontitan los que les consten. o bien cuando designen como autoridad ejecutora una que no lo sea para darle competencia a un juez de distrito. siempre que no se trate de actos que afecten la vida. la libertad o la integridad personales (artículo 17 de la Ley de Amparo); así como cuando presenten testigos o documentos falsos.I 28 239. D) Es conveniente hacer una breve referencia a la responsabilidad procesal de las partes en el juicio de amparo. las cuales están obligadas a comportarse de buena fe. de acuerdo con los principios de lealtad y probidad. que no son lineantientos exclusivamente de carácter ético. sino que también asumen naturaleza jurídica. puesto que su inobservancia se sanciona con penas pecuniarias. siempre que no lleguen a constituir conductas delictuosas. t29 127 La citada fracción XVI del artículo 107 de la carta federal establece: "Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal. será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de Distrito que corresponda". 128 Cfr. Olivera Toro. Jorge, y Villagordoa Mesa. Manuel, De la responsabilidad en los juicios de amparo, cit. supra nota 124, pp. 29-32. 129 Este principio que tradicionalmente sólo tenía carácter ético fue introducido con naturaleza imperativa por el artíQdo 88 del Código Procesal Civil italiano promulgado el 28 de octubre de 1940, en el cual se dispone: "lAs partes y sus defensores tendrán la obligaci611 de conducirse con lealtad y probidad en el proceso. Cuando los defensores faltan a ese deber, el juzgador lo comunicará a las autoridades que ejerzan el poder disciplinario sobre ellos". A su vez, en las Bases ullifomres para la reforma de la legislación procesal civil de los pa(ses la/inoamericanos, redactadas por los procesalistas uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi y publicadas en un apartado de la Justicia Uruguaya.

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240. La mala fe procesal de las partes se sanciona por el juez o tribunal de amparo por medio de multas, pero las establecidas en el texto original de la Ley de Amparo, en virtud de la disminución acelerada del valor de la moneda, en especial en los últimos años, habían perdido todo significado disuasivo, por lo que en las reformas que entraron en vigor en enero de 1984, además de establecer la indexación de dichas multas, de acuerdo con el monto del salario mínimo del Distrito Federal, con objeto de darles efectividad,I3° se crearon otras sanciones pecuniarias para ciertas conductas procesales indebidas que se han utilizado con frecuencia para entorpecer el procedimiento o evitar el cumplimiento de actos administrativos o de mandatos judiciales, todo eBo de acuerdo con el concepto moderno de la colaboración de las partes con el juez para la adecuada marcha y eficacia del proceso, t 3 t aun cuando dichas medidas provocaron una controversia en la doctrina mexicana. 132 XIII. CONCLUSIONES

241. De acuerdo con la breve visión panorámica que hemos trazado en relación con el juicio de amparo mexicano, podemos Begar a las siguientes conclusiones: 242. Primera. El juicio de amparo mexicano es una institución procesal que se originó debido a influencias externas y a una evolución nacional, por medio de las cuales se pretendió implantar en un México el sistema de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad similar al consagrado en la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, pero que en nuestro país adquirió perfiles propios y peculiares. 243. Segunda. Después de una lenta y constante evolución, el derecho de amparo en México ha Begado a configurar una institución procesal muy compleja, pues además de sus funciones originales de tutela de los derechos de la persona humana Montevideo. 1974. se propone en la base 44: "Moralizaci6n del proceso. Se establecerán normas que impongan a los sujetos del proceso una actuación conforme a la regla moral; entre otros el deber de decir verdad y el de lealtad y probidad. así como la regla de la buena fe y la exclusión del fraude procesal" Cfr. Vescovi. Enrique. Derecho procesal civil. Montevideo. Ediciones Idea, 1974. tomo pp. 322-328. IJO Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "Algunas consideraciones sobre las recientes reformas a la Ley de Amparo", en la obra Deucho federal mexicano, México. Miguel Ángel Pomía. 1984, tomo l. pp. 411-414.

n.

IJI Como ejemplo podemos citar el reciente Código General del Proceso de Uruguay. promulgado el18 de octubre de 1988 Y en vigor en julio de 1989, que es el ordenamiento procesal más moderno de América Latina, y cuyo artículo 50. dis(Xtne: "Buenafe y lealtad procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe. El tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria". 132 Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, "Arbitrariedad. Multas en el amparo", Excilsior, México, 20 de marzo de 1984, pp. 8 Y 9, primera sección.


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consagrados en el texto constitucional y de] equilibrio entre las facultades de la

Federación y de las entidades federativas, ha asumido otras atribuciones por motivos de carácter histórico-social, que le han otorgado una estructura singular, inclusive respecto de otros instrumentos del mismo nombre establecidos en varios ordenamientos latinoamericanos. 244. Tercera. Las funciones del juicio de amparo mexicano tienen como propósito, en primer término, la tutela de la libertad y de la integridad personales de acuerdo con los lineamientos del habeas corpus angloamericano; en segundo lugar se utiliza como el único medio efectivo de impugnación de las disposiciones legales que se estiman contrarias a la Constitución federal, por conducto del llamado "amparo contra leyes". El juicio de amparo permite también el ataque a la ilegalidad de las resoluciones judiciales tanto de carácter federal como locales, en forma similar al recurso de casación, y por ello se ha calificado como "amparo-

casación". En una cuarta dirección el juicio de amparo se usa como un medio para combatir resoluciones o actos de autoridades administrativas federales y locales, cuando las controversias respectivas no pueden plantearse ante tribunales adminis~ trativos o judiciales ordinarios, y en este sentido puede considerarse como un

"proceso contencioso-administrativo". Finalmente, el amparo protege los derechos individuales y colectivos de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria, por medio de un procedimiento peculiar que se ha calificado como "amparo-social agrario". 245. Cuana. En su conjunto, el juicio de amparo mexicano es uno de los instrumentos procesales más extensos de nuestra época, pues constituye la etapa final de todo el régimen procesal mexicano, si se toma en cuenta que todos los conflictos juridicos culminan ante los tribunales federales por conducto del juicio de amparo, y que implican la aplicación desde las normas supremas de la Constitución federal hasta las más modestas disposiciones de un reglamento municipal.

XIV. BmuOGRAFÍA BÁSICA l. Autores nocionales

Debido a que la bibliografía mexicana sobre el juicio de amparo es abundante, hacemos mención únicamente de los trabajos más relevantes y accesibles. Entre éstos incluimos los clásicos, como los de Vallarta, Luis Ignacio, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, México, Imprenta de J. 1. Terrazas, 1896; id., Votos. Cuestiones constitucionales, 4 vals., México, Ed. de Antonio de J. Lozano, México, 1894 (la. ed., 1879-1883); Rabasa, Emilio, El anículo 14. Estudio constitucional, México, 1906, reimpreso conjuntamente con El juicio constitucional, del mismo autor, México, Porrúa, 1955; Lozano, José Maria, Estudio del derec/w constitucio-

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nal clásico en lo relativo a los derec/ws del /wmbre, México, 1876, edición facsimilar, México, Porrúa, 1972; Moreno Cora, Silvestre, Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales, México, La Europea, 1902. Entre los estudios más recientes, podemos citar, entre otros: Burgoa Orihuela, Ignacio, Eljuicio de amparo, 28a. ed., México, Porrúa, 1991; Castro, Juventino V., Lecciones de garantías y amparo, 6a. ed., México, Porrúa, 1989; Fix-Zamudio, Héctor, E; juicio de amparo, México, Porrúa, 1964; Hemández, Octavio A., Curso de amparo. Instituciones fundamentales, 2a. ed" México, Porrúa, 1983; Instituto de Especialización Judicial. Suprema Corte de Justicia, Manual del juicio de amparo, 3a. reimpresión, México, Themis, 1989; Noriega Cantó, Alfonso, LeccioneS de amparo,. 3a. ed., México, Porrúa, 2 vols. 1991. 2. Autores latinoamericanos Podemos citar entre otros, a Bidart Campos, Germán, Derecho de amparo, Buenos Aires, Ediar, 1961; id, Régimen legal y jurisprudencial del amparo, Buenos Aires, Ediar, 1968; Bielsa, Rafael, El recurso de amparo, Análisis doctrinal. Jurisprudencia, Buenos Aires, 1965, pp. 279-288; Estudios de derec/w público, Buenos Aires, 1952, vol. ID; Lazzarini, José Luis, El juicio de amparo, 2a. ed. Buenos Aires, La Ley, 1988, pp. 37-50; linares Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia de derec/w constitucional argentino y comparado, 2a. ed., Buenos Aires, Plus Ultra, 1980, tomo 6, pp. 255-260; id., Acción de amparo. Estudio comparado con el juicio de amparo mexicano y el mandaro de seguridad del Brasil, Buenos Aires, 1960, pp. 39-56; Morello, Augusto Mario, Régimen procesal del amparo. En la Provincia de Buenos Aires (Ley 7166), La Plata, Editorial Platense, 1966, pp. 37-42. Entre los brasileños podemos incluir a Agrícola Barbi, Celso, Do mandado de segurOJlfa, 3a. ed., Rio de Janeiro, Forense 1977, pp. 33-37; Buzaid, Alfredo, "Juicio de amparo y mandado de seguran~a", en Actas del Primer Congreso Mexicano y Segundas JornadtJs Latinoamericanas de Derec/w Procesal, México, UNAM, 1960, pp. 107-150; Castro Nunes, José, Do mandado de segurOJlfa, 6a. ed., Rio Sao Paulo, Forense, 1961, pp. 52-63; Cavalcanti, Thentistocles Brandao, Do mandado de segurOJlfa, 4a. ed., Rio-Sao Paulo, Freitas Bastos, 1957, pp. 33-40; Sidou, J.M. Othon, Do mandado de segurOJlfa, 3a. ed., Sao Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1969, pp. 131-162; id., O juicio de amparo, Recife, Cambio, 1958; Wald, Amold, Do mandado de seguranca na prática judiciária, 3a. ed., Rio de . Janeiro, Forense, 1968, pp. 68-76. Otros destacados juristas latinoamericanos que se ocupan del juicio de amparo mexicano, así sea con brevedad, son Gelsi Bidart, Adolfo, "El amparo y el sistema

BREVE INTRODUCCiÓN ALJUICIO DE AMPARO

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de garantías jurisdiccionales en el derecho uruguayo", en las citadas Actas del Primer Congreso Mexicano y Segundas Jornadas Latinoamericanas, pp. 169-183; Vescovi, Enrique El proceso de inconstitucionalidad de la ley, Montevideo, Facultad de Derecho, 1967, pp.32-33, Y en su artículo "La protección procesal de las garantías individuales", Revista Iberoamericana de Derec/w Procesal, Madrid, 1967, pp. 478-481; El tratadista boliviano Oblitas Poblete, Enrique, Recurso de amparo, 2a. ed. La Paz, Ediciones Populares Camerlinghi, 1979, pp. 18-27; el autor paraguayo, Sosa, Enrique A., La acción de amparo. Derecho paraguayo y comparado, Asunción, 1988, pp. 41-45, Y el chileno Paillas, Enrique, El recurso de protección ante el derecho comparado, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1990, pp. 63-66.

3. Autores estaunidenses El estudio más completo sobre el juicio de amparo publicado en los Estados Unidos es el de Baker, Richard D., Judicial Review in México: A Study of the Amparo Suit, Austin, University of Texas Press, 1971. Además, se han elaborado numerosos artículos monográficos, entre los cuales pueden citarse los de. Clagett, Helen L., "The Mexican Suit of Amparo", Georgetown Law Joumal, 1945, pp. 418-437; Eder, Phanor J .. "Judicial Review in Latin America", Ol:io Stale Law Jomal, 1960, pp. 570-615; Karst, Kennelh L., Latin American Legal Institutions. Problems for Comparative Study, Los Angeles, 1966, pp. 614-646; Karst, Kennelh, y Rossen, Keilh, S., Law and Development in Latin America. A Case Book, Berkeley, Los Angeles-Londres, 1975, pp. 127-160; Rosenn, Keilh, S., "Judicial Review in Latin America", Ohio Stale Law Joumal, 1974, pp. 785-819; Biles, Robert E., ''The Position of Ihe Judiciary en Ihe Political Systems of Argentina and Mexico", Lawyer ofthe Americas, 1976, pp. 278-319; Clark, David S .. "Judicial Protection of Ihe Constitution in Latin America", Hastings Constitutional Law Quaterly, 1975, pp. 405-442. A los anteriores deben agregarse los documentados estudios comparativos del destacado tratadista Schwarz, Carl E., ''The Mexican Writ of Amparo. Extraordinary Remedy against Official Abuse on Ihe Individual Rights (1969-1970)", Public Affairs Report, Berkeley, diciembre de 1969- febrero de 1970; "Exceptions to Ihe Exhaustions of Administrative Remedies under Mexican Writ of Amparo. Sorne Possible Applications to Judicial Review in Ihe United States", "Judges under Ihe Shadow. Judicial Independence in Ihe United States and Mexico", ambos en California Western Intemational Law Joumal, 1971 y 1973, pp. 331-354 Y 260-337, respectivamente. El último fue traducido al castellano por Fausto E. Rodríguez García, en Anuario Jurídico, 2-1975, México, 1977, pp. 143-219; "Rigths and Remedies in Ihe Federal Trial Courts of Mexico and Ihe United States", Haslings Constitutional Law Qualerly, 1977, y la tesis doctoral

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inédita, The Mexican Writ ofAmparo and Extraordinary Judicial Remedies Against Official Abuse in the Uniled States, Santa Bárbara, 1971. Dos importantes ensayos fueron escritos por tratadistas estadounidenses y publicados en español en nuestro país: Grant, J. A. c., "El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes", y Headrick, W. c., "El control judicial de las leyes", ambos en Revista de la Facultad de Derecho de México, 1963 y 1966, pp. 156-174, y 436-467, respectivamente.

4. Autores españoles Alcalá-Zamora y Castillo, "Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales", Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional, Buenos Aires, Editorial Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, pp. 524-526; González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrativo, 2a. ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos, 1974, vol. 1, pp. 240-270; id., "El proceso de amparo en México y en Nicaragua", Revista de Administración Pública, Madrid, 1954, pp. 297-321; id., Derecho procesal administrativo mexicano, México, Porrúa, 1988, pp. 708-797; Gómez de Baquero, E., "El amparo del derecho: jurisdicción o recurso", Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1928, pp. 114-121; Alvarado, Jorge E., El recurso contra la inconstitucionalidad de /as leyes, Madrid, 1920, pp. 72 Y ss., Reyes, Rodolfo, La defensa constitucional: recursos de inconstitucionalidad y amparo, Madrid, Calpe, 1934, y "Para España: motivos constituyentes", Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid,I931, pp. 571-598; García Ruiz, J. Luis, El recurso de amparo en el derecho español, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 37-47.

5. Autores italianos La doctrina italiana ha demostrado un interés especial en el estudio de nuestro derecho de amparo. Son dignos de mencionarse, en primer ténnino, los estudios comparativos del notable jurista italiano Cappelletti, Mauro, profundo conocedor de nuestra institución procesal: "Amparo", voz publicada en la Enciclopedia del Diritto, trad. al casteIlano por Héctor Fix-Zamudio en Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, núm. 33, septiembre-diciembre de 1958, pp. 63-67; Lajurisdicción constitucional de la libertad, trad. de Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, 1961; El control judicial de constitucionalidad de /as leyes, trad. de Cipriano Gómez Lara y Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM,I966, publicado posteriormente en Italia, como 11 controllo giudiziario di constituzionalitil del/e leggi nel diritto comparato, 5a. reimpresión, Milano, Giuffré, 1975; incorporado al volumen que reúne varios trabajos del mismo autor, y traducido directamente de

BREVE INfRODUCC¡ÓN ALJU¡C¡O DE AMPARO

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la versión italiana por Luis Dorantes Tamayo, La justicia constitucional (estadios de derecho comprado), México, UNAM, 1987, pp. 17 -111; id., Judicial Review in rhe Contemporary World, lndianapolís-Kansas City-New York, Bobbs Merry1, 1971. También pueden mencionarse los trabajos de los tratadistas italianos Secei, Mauro, "Proftli costitu~.ionali e processuali del juicio de amparo messicano", Rivista Italiana dí Diritlo e Procedura Penale, Milano, 1967, pp. 209-236, traducido al castellano por Hiletor Fix-Zamudio como "Lineamientos constitucionales y procesales del juicio de amparo mexicano", en Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, núm. 60, septiembre-diciembre de 1967, pp. 461-487; Esposito, Enrieo, "Amparo: il giudizio de leggiltimit~ costituzionali negli Stati Uniti del Messico", Temí ROmal1il, 1967, pp. 362-385; Franco, Luigia de, Il giadizio di amparo messicano e il simiilcato de legittimitá costituzionale delle leggi in ItalÍll, tesis inédita, Facultad de Derecho de la Universidad de Roma, 1967-1968.

6. Autores alelnanes Rohr, Hans-Cristoph van, Der argentinische Amparo Prozess unter BerUcksichtigung I1nhlicher Verjahrensarten in Brasilien, Mexiko und Peru (El proceso de amparo argentino considerado en relación con proc~.dimientos similares de Brasil, México y Perú), Bonn, 1969: Hom, lIans-Rudolf, "Das Amparo Verfahren in Mexiko" (El procedimiento de amparo en México), Verjassung umi Recht in Uebersee (Constitución y derecho en ultramar), Hamburgo, 1968, pp. 162-174; Barberis, Julio A., "Verfassungsgerichtsbarkeit in Mex.iko" (Jurisdicción constitucional en México), en la obra colectiva Verjassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart (Jurisdicción constitucional en la actualidad), KOlIl-Berlin, 1962, pp. 392-416.

7. Trabajos de autores nacionnles publicados en el extranjero. Además de los autores mencionados en las notas anteriores, conviene tener en cuenta los estudios de tratadistas mexicanos que han divulgado el derecho de amparo mexicano en el extranjero, e¡;tre los que podemos mencionar, Gual Vidal, Manuel, "Mexican Amparo Proceedings", American Bar Associa¡ion of lnternarional and Comparative Law. Selected Papers ami Reports, 1941, pp. 82 Y ss; Cabrera, L. y Headrick, W. C" "Notes on Judicial Review in Mexico and the UlÚted States", lnter-American Law Review, 1963, pp. 253-276; Fix-Zamudio, HilelOf y Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, aparecidos con el mismo título "Judicial Protection against!he Executive in México", en la obra colectiva Gerichtschutz gegen die Executive (Protección judicial contra el ejecutivo), Ktiln-Dobbs Ferry, New York, Heymann-Oceana, 1969, volIT, pp. 713-770 Y 771-791, respectivamente;

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Bermúdez, Fernando, lA procédure d' amparo con/re les actes et les lois cOn/raires a la Constitution du Mexique, París, 1914; Echánove Trujillo, Carlos A., "La procédure mexicaine d' amparo", y Escalante, Daniel, "Le contentieux de la egalité des actes administratives", Revue Internationa/e de Droit Comparé, París, 1949 y 1952, pp. 229-248 Y596-611, respectivamente; Fix-Zamudio, Héctor, "Las garantías colectivas e individuales en la Constitución mexicana ejemplificadas por el juicio de amparo, Revista Procesal Iberoamericana, Madrid, 1978, pp. 789-835; id., "El derecho de amparo en México y en España. Su influencia recíproca", Revista de Estudios Políticos, Madrid, enero-febrero de 1979, pp. 227-267; id. "n diritto d'amparo in Messico e in Spagna. Influenze reciproche", trad. de Paolo Saitta, Dirino e Societa, Padova, 1979, pp. 233-262; id., ''Lajusticia constitucional en el ordenamiento mexicano", en el volumen editado por Giorgio Lombardo, Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato, Rimini, Maggioli, 1985, pp. 233-292; id.,"EI juicio de amparo mexicano y el derecho constitucional comparado", en la obra colectiva Studi in onore di Paolo Biscaretti di Ruffia, Milano, Giuffre, 1987, tomo 1 pp. 413-460; id., "A Brief Introduction 10 !he Mexican Writ of Amparo", trad. de Carl E. Schwarz, en California Western Internation Law Journal, primavera de 1979, pp. 306-348.

REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA PROCESAL DEL AMPARO

1. El amparo a la luz de la teoría general del proceso II. Diversas teorías que se han expuesto para calificar su natu...... raleza III. El amparo como interdicto IV. Como institución política V. Como cuasi-proceso . . VI. Como proceso en todos sus aspectos VII. Como proceso autónomo de impugnación VIII. Como instrumento de control . . . . IX. Tesis de Emilio Rabasa sobre el carácter mixto del amparo X. El amparo de doble instancia como proceso .... XI. El amparo judicial y el recurso de casación. . . . . . XII. Relaciones entre el amparo administrativo y la revisión fiscal XIII. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . .

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REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA PROCESAL DEL AMPARO Sumario: l. El amparo a la luz de la teoría gmeral del proceso. 11. D;\'er.ms (eorias que se IuIn expuesto para calificar su naturaleza. IIl. El amparo como ;",erdicto. IV. Como institución política. V. Conw cuasi-proceso. VI. Como proce.w en 1000.5 SUJ aspectos. VII. Como proceso autónomo de impugnación. VIII. Como jmtrumento de control. IX. Tesis de Emilio Rabasa sobre el carácter mixto del amparo. X. El amparo de doble instancia conw proceso. XL El amparo judicial y el recurso de casaóóII. xrr. Relacionts elltre el amparo administrativo y la revisión fiscal. XIII. Conclusiones.

1. EL AMPARO A LA LUZ DE LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO l. No obstante que el juicio de amparo mexicano constituye una institución más que centenaria, los tratadistas no se han puesto de acuerdo sobre su naturaleza jurídica. 2. Los motivos de esta falta de precisión son de diversa índole, pero a nuestro modo de ver, el fundamental radica en que el análisis sustantivo del amparo se ha extralimitado de tal manera que se ha descuidado'el aspecto instrumental, a pesar de que se trata de una institución de naturaleza procesal.' 3. Las grandes figuras de José María Lozano,' Ignacio Mariscal,' Fernando Vega,' José María Iglesias,' Ignacio L. Vallarta,' Silvestre Moreno Cora' y Emilio Rabasa,' para no mencionar sino a los principales, todos ellos ilustres constitucio-

1 Cfr. Fix·Zamudio. Héctor "La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana", en el libro El juicio de amparo, México, 1964, pp. 5 Yss. 2 Tratado de los derechos del hombre. México. 1876. 3 Refkxiones ~'obre el juicio de amparo. México. 1878. Reimpreso en la Re\'ista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. núm. 21-22. México. enero-junio de 1944. pp. 215-2;\5. 4 La Nueva Ley de Amparo. México. 1883. 5 Estudio constitucional sohrefacullades de la Corte de Justicia. México. lR74. Reimpreso en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. núm. 30. México, abril-junio de 1946. pp. 257-295. 6 Eljuicio de amparo y el writ ofhabeas corpus, México. 1881. 7 Tratado del juicio de amparo cOllfomle a las sentencias de los trihunaln federales, México, 1902. 8 El art(culo 14. El juicio constilucional (en un solo volumen), 2- ed .• México. 1955.

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nalistas, examinaron nuestra institución jurídica desde el punto de vista sustantivo. y la luminosidad de sus estudios oscureció el otro aspecto del amparo. 4. Por otra parte, no puede desconocerse la trascendencia del examen del amparo desde el ángulo o prisma constitucional, si se toma en cuenta que las bases fundamentales están consagradas por el texto mismo de la ley suprema (artículos \03 y \07) Y por ello es que en la actualidad los más destacados constitucionalistas mexicanos como Felipe Tena Ramírez,' Miguel Lanz Duret,'· Manuel Herrera y Lasso,' I Antonio Martínez Báez," Antonio Carrillo Flores," F. Jorge Gaxiola 14 y Alfonso Noriega Ir." se han ocupado del juicio de garantías y han realizado aportaciones esenciales sobre esta institución, a la que el ilustre Emilio Rabasa, precisamente por esta vinculación con las normas fundamentales denominó Hjuicio constitucional" .16 5. Pero esta apreciación sustantiva, por importante que se le considere, constituye una visión parcial o fragmentaria, especialmente tratándose de una institución de carácter procesal, por lo que resulta indispensable llevar al análisis el aspecto menos explorado, para lograr IDI equilibrio entre los estudios constitucionales y procesales del amparo. 6. La doctrina ha empezado a preocuparse por la configuración procesal de nuestra institución, primeramente de manera puramente descriptiva o procedimentalista, tal como ocurre con la obra de Demetrio Sodi,l7 y posteriormente ya de manera sistemática en los libros de Ignacio Burgoa" y Romeo León Orantes." 7. Pero inclusive estos dos últimos autores se encuentran bajo el peso de la tradición constitucionalista, si se toma en cuenta que el primero niega expresamente la autonomia de la acción de amparo" y una postura semejante, aunque implícita,

9 Especialmente, Derecho constitucional mexicano. S· ed., México. 1961, capítulos XXVI y XXVII. pp. 416-460, así como numerosos estudios monográficos. 10 Derecho constitucional mexicano, 5& oo., México. 1959. título VI, capítulo V, pp. 316-343. 11 Entre otros: "Los constructores del amparo". en Revista Muicana de Derecho Público. vol. l. núm. 4, abril-junio de 1947, pp. 369-384. ''El aspecto humano del amparo. Su sentido nacional", en México ante el pensamienlo jurldico-social tU Occuunle, México, 1955, pp. 177-180. 12 Entre otros: "El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federaci6n para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes, en Revista tU la Escuela Nacional di! Jurisprudencia, núm. 15, México, julio-septiembre de 1942, pp. 243-253. 13 Entre otros: lA defensa de los particulares frente a la administracj6n, México 1939, capítulos XII-XVI, pp. 217·297. 14 Entre otros: Mariano Otero, creador dl!l juicio de amparo, México, 1937. 15 Especialmente: "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio de amparo", enJus, núm. 50, México, septiembre de 1942, pp. 151-174. 16 El juicio constitucional, dt. 17 Proadimientosfederales, México, 1912, pp. 319434. 18 Eljuicip tU amparo, 5- ed., México, 1962. El amparo en materia agraria, México, 1964. 19 EljuicioJtamparo, 3&ed., Fuebla, 1957. 20 01'. cit., p. 283.

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se desprende de la exposición de León Orantes;'! y precislúllente en el reconocimiento de la independencia de la acción de amparo respecto de los derechos subjetivos que protege, se encuentra la clave para el reconocimiento pleno de la naturaleza procesal del amparo. 8. Sólo en los trabajos más recientes de Jorge Trueba Barrera" y de manera más decidida en J. Ramón Palacios,23 se advierte en mucho mayor grado la preocupación por analizar el amparo con un criterio y con un método de carácter procesal. Y a este respecto no debemos olvidar la importante aportación que significó el estudio monográfico y comparado de Alejandro Ríos Espinoza. 24 9. Nos encontramos ya en el período científico que nos hemos permitido calificar de "reivindicación procesal del amparo"" lO. Sin embargo, si pretendemos lograr una estructuración procesal compatible con los adelantos que ha alcanzado el procesalismo científico de nuestra época, que como lo advierte eljurista italiano Salvatore Satta" ha contribuido a reelaborar, en relación con el proceso, todos los grandes problemas de teoría general del derecho, resulta indispensable la vinculación de nuestra materia con la nueva disciplina que ha logrado reunir como en una confederación, a todas las rantas procesales; nos referimos a la Teoría general del proceso. 11. Esta vinculación resulta tanto más necesaria, en cuanto la extraordinaria complejidad de nuestro juicio de amparo determina que, como lo ha advertido con toda claridad del procesalista español Jesús González Pérez," corresponda a todas o casi todas las ramas en 'que tradicionalmente se viene dividiendo el derecho procesal. 12. En tales condiciones, resulta necesario establecer en qué consiste esta teoría general del proceso, de acuerdo con la denominación utilizada por el procesalista alemán James GoldscJunidt'8 13. Como tal podemos considerar la sistematización de los principios comunes a ¡odas las ramas de enjuiciamiento, estimadas de manera unitaria y que conforman las instituciones fundamentales de toda disciplina procesal. Podemos utilizar el símil del régimen federal, en el cual existen varias provincias autónomas, con cierta libertad para organizar su régimen interior, pero que están unidas a un gobierno central, al que corresponden atribuciones de carácter general.

21 Op. cit., pp. 212-213. 22 El juicio de amparo en materia de frabajo. México, 1963. 23 InstituciOnes de amparo, Puebla, 1963. 24 Amparo y casación, México, 1960. 25 Cfr. Fix-Zamudio, El juicio de amparo. cit.. pp. 52, 170. 26 "Delia procedura civile al ditiuo procesuale civile", en Revista Trimeslrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, marzo de 1964, p. 31. 27 Derecho procesal administrativo, tomo I. Madrid. 1955, p. 230. 28 Teorla general del proceso. Madrid, 1936.

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14. Eduardo B. Carlos" lo expresa con claridad cuando sostiene que existe la posibilidad y aun la necesidad de una teoría general que vincule las diversas disciplinas procesales a una rama general que abarque el estudio del derecho procesal y sus nociones sistemáticas. 15. Por otra parte, una disciplina científica de esta naturaleza, que nació en virtud de la reciente independencia de las distintas ramas procesales, algunas de la cuales puede decirse que apenas ayer se ntanumitieron del derecho sustantivo, se encuentra apenas en periodo de formación, y como según lo expresa la autorizada opinión de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo;" pero esta juventud ha sido tan vigorosa que ha implicado una verdadera transformación de los conceptos tradicionales del derecho. 16. Además, cada una de las disciplinas que podemos llamar "provinciales" del derecho procesal, han ido aportando sus conceptos al fondo común representado por la t""ría general, y esta última revierte sobre las ramas particulares, provocando un acercamiento y un intercambio que ha enriquecido considerablemente el campo del proceso. l? Esta misma situación, aunque incipiente, la advertimos en el juicio de amparo mexicano, el cual, con independencia de su evidente compl~jidad, posee ciertos principios peculiares que le otorgan su personalidad procesal y que con gran acierto han sido calificados por Ignacio Burgoa como los principios jurídicos fundamentales de/juicio de amparo, o sean aquellos que se consideran propios de nuestra institución y le confieren su unidad orgánica y funcional, y precisamente por ello han sido consignados, en calidad de bases esenciales, en nuestra Constitución federal.'! 18. Estos principios jurídicos fundamentales no son incompatibles con los genéricos de la teoría general del proceso, de la misma manera que las normas provinciales no pueden ni deben contravenir las disposiciones de carácter nacional, e inclusive si analizamos algunos de sus principios peculiares citados por la doctrina, podemos concluir en el sentido de que varios de ellos no constituyen sino una aplicación de los establecidos por la teoría general, y tal ocurre, para citar un ejemplo, con el llamado principio de iniciativa o instancia de parte, que no es sino una traducción del principio supremo del proceso moderno, en el sentido de que no puede iniciarse de oficio (salvo casos excepcionales) (nemo iudex sine aclore)." 19. Lo mismo debe decirse en cuanto a la relatividad de la sentencia de amparo, que constituye aplicación del principio común a toda rama de enjuiciamiento, en

29 Introducción al estudio del derecho procesal. Buenos Aires, 1959, p. 92. 30 "Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso", en Jus, núm. 140. México. marzo de 1950, p. 177. 31 El juicio de amparo. cit., pp.

237 Y ss. 32 Cfr. Pedro Aragoneses Alonso, Proceso y derecho procesal, Madrid, 1960, pp. 94 Y ss.

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el sentido de que los fallos judiciales sólo tienen autoridad en relación con las partes

que han intervenido directa o indirectamente en el procesoY 20. En consecuencia, los principios peculiares deben armonizar con los generales, pues todo conflicto se traduce en un obstáculo para su evolución recíproca, y esta situación la podemos descubrir en determinados momentos en nuestro juicio de amparo, que se ha visto detenido en su desarrollo procesal, cuando se ha pretendido regular sus instituciones a través de principios que no corresponden al campo del proceso, sino a la materia sustantiva. 11. DIVERSAS TEORÍAS QUE SE HAN EXPUESTO PARA CALIFICAR SU NATIJRALFZA

21. Hasta la fecha no se ha hecho un intento sistemático para estudiar las diversas teorías que se han expuesto sobre la naturaleza del juicio de amparo mexicano, no obstante que este análisis es indispensable para alcanzar una visión de conjunto. 22.l.a multiplicidad de doctrinas puede explicarse tanto en razón de la evolución histórica del amparo como por virtud de su complejidad procesal, de manera que en algunas ocasiones se ha examinado la institución en sus comien:ws, yen otros se ha visto ya evolucionada. pero tomando en cuenta uno o varios puntos de referencia, con olvido de su unidad total. 34 23. Así, los tratadistas que vieron nacer el amparo como un instrumento dirigido especialmente a la tutela de los derechos del hombre, particulannente los relativos a la vida y libertad, fijaron su atención en su tramitación sumaria y sus efectos restitutorios, y por ello encontraron similitud con los interdictos. 24. Otro sector de publicistas apreciaron la función que desarrolla el amparo, así sea indirectamente, como un sistema de control de las leyes inconstitucionales y de protección al sistema federal, manteniendo a los órganos de la Unión y de los estados, en sus respectivas esferas, y por ello la consideraron como una institución

netamente política. 25. En tiempos más recientes, la doctrina dominante ha tomado en cuenta que desde un punto de vista puramente formal, el amparo constituye el instrumento por medio del cual se resuelven controversias de carácter constitucional (directa o indirectamente) entre los particulares y los órganos del Estado, por lo que se establece, aun en el amparo judicial, una relación jurídico-proceSal de naturaleza autónoma y constitucional. todo lo cual deterntina la existencia de un proceso

autónomo. 33 Cfr. Enrico Tullio Liebman. Eficacia y auloridad dI! la sentencia. trad. de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, 1946. pp. 100 Y ss. 34 qr. Fix-Zamudio, Eljuicio de amparo, cit. pp. 265 Y ss.


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26. Finalmente, y tomando como base de partida las acertadas aunque fragmentarias observaciones de Emilio Rabasa" sobre la diferencia entre el control constitucional y el de legalidad, y respecto de la peculiar estructura del amparo contra resoluciones de carácter judicial, se ha encontrado una doble configuración, separando por un lado las controversias directamente constitucionales, que constituyen un verdadero proceso, y por otro, aquellas en que solamente se discute la aplicación de preceptos de carácter secundario y que únicamente pueden detenIÚnar la existencia de un recurso; y en esta forma se ha llegado a la convicción de que el amparo mexicano tiene una naturaleza mixta, pues en parte es un recurso y en otra un proceso.

27. A estas cuatro teorías fundamentales se han agregado otras secundarias o accesorias, como son las de los autores que pretenden considerar al amparo como control, como cuasi-proceso y como proceso aut6rwmo de impugnación. III.

EL AMPARO COMO INTIlRDICfO

28. El amparo. tal como salió de las manos fecundas de los constituyentes de 1857, podía considerarse aún como una figura apenas bosquejada o como una planta sin raíces profundas en nuestro suelo, y en su sencillez se consideraba como una institución llana, de buena fe, que podía ser utilizada libremente por todos los ciudadanos, sin necesidad de que éstos tuvieran conocimientos especiales en materia jurídica. 29. Este medio rápido y fugaz, para usar las palabras de Fernando Vega,36 con su tramitación sencilla y breve y sus efectos restitutorios, fue cotejado con aquellas figuras procesales con las cuales tenía semejanza externa, es decir, con los interdictos. 30. Fueron tres los autores clásicos del amparo que pensaron esa similitud del amparo con los interdictos: José María Lozano, Ignacio L. Vallarta y Fernando Vega. 31. José María Lozano" vio en el interdicto de despojo una figura similar al amparo en virtud de que, en su concepto, ambos tenían por objeto restimir rápidamente al afectado, la posesión de una cosa o derecho, sin prejuzgar sobre las cuestiones ajenas a la violación, de acuerdo con la máxima latina spoliatus ante

omnia restituendus.

35 El al"tfculo 14. Estudio constitucional. cit.. capítulo xn, intitulado precisamente "El amparo, juicio y recurso" pp. 95 Y ss. 36 lA Nueva Ley de Amparo. cit., p. 208. 37 Tratado tú los tUruhos del hombre. cit.. pp. 257-259. I

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32. No se trata de un juicio plenario, sino de un procedimiento en cierto modo provisional, que tenía por objeto restituir al agraviado en el goce del derecho fundamental violado, volviendo la situación al estado anterior al despojo. 33. Ignacio L. Vallarta no fue tan explícito como el autor anterior, pero resulta significativo que en su obra fundamental, es decir, El juicio de amparo y el writ of /ulbeas corpus" se hubiese referido al interdicto de homine libero exhibendo, como uno de los antecedentes de estas dos instituciones, y además consignó el texto de este interdicto romano en el apéndice de su libro. 34. Por otra parte, se ha demostrado que este ilustre jnrisconsulto y magistrado jalisciense redactó, por encargo del entonces secretario de Justicia, don Ezequiel Montes, el proyecto de Ley de Amparo, que fue presentado al Senado el 4 de octubre de 1881 y que sirvió de base fundamental a la Ley de 14 de diciembre de 1882. 39 35. Ahora bien, en la exposición de Motivos de esa iniciativa, publicada en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1881, se habla expresamente del amparo como el interdicto de recuperar el goce de las garant{as violadas. Fernando Vega, el distinguido comentador de la propia Ley de Amparo de 14 de diciembre de 1882, abunda en las ideas de los ilustres publicistas anteriormente mencionados, y considera que el amparo mexicano guarda estrecha analogía y posee naturaleza semejante a la de interdictos restitutorios, ya que tanto el amparo como los interdictos establecen un procedimiento "ecléctico" con el único fin de restituir rápidamente al afectado en el goce de su cosa o derecho, e inclusive se refiere a nuestra institución con el nombre de interdicto constitucional. 4O 36. Existe cierto paralelismo entre el sector de la doctrina mexicana y los tratadistas brasileños, los que en un principio utilizaron los interdictos posesorios para proteger los derechos del hombre y posteriormente, una vez establecido el mandato de seguridad, que es una institución tutelar de tales derechos contra actos de autoridad, especialmente en el campo administrativo, encontraron semejanzas de esta última institución (en cierta manera similar a nuestro amparo, con los interdictos posesorios. 37. Efectivamente, a fines del siglo pasado, el ilustre constitucionalista brasileño Ruí Barbosa, el cual puede parangonarse con nuestro Ignacio L. Vallarta, sostuvo con éxito, que los interdictos podían ser utilizados para la defensa de la posesión de los derechos de las persona humana, y logró que en julio de 1896 los tribunales

38 Aunque en la propia obra se refiere al amparo como "proceso legal", p. 29. 39 Ver, especialmente, el dictamen de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. de 27 de octubre de 1881, publicado en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores, Undécimo Congreso Constitucional, tomo 1, México, 1886, pp. 105-107. 40 Lo. Nueva Ley de Amparo, cit., pp. 209-221.

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mantuvieran en sus funciones a los profesores de la Escuela Politécnica, que injustamente habían sido suspendidos durante tres meses.· ' 38. Claro es que los interdictos a que se refería el ameritado Ruí Barbosa no eran los configurados por el derecho romano clásico, que fundamentalmente estaban dirigidos a la protección de los bienes o de los derechos reales, sino tal como fueron perfeccionados por el derecbo canónico, que los extendió a la tutela de los derechos personales, y como tales fueron utilizados, inclusive de manera excesiva, para evitar el despojo de tales derechos personales, en tanto se decidía la cuestión de fondo.·2 39. Esta influencia de la concepción interdictal se advierte en la redacción del artículo 15 de la vigente Ley sobre el mandato de seguridad, número 1533, de 30 de diciembre de 1951, en el cual se establece que la decisión que recaiga en este medio de protección no peljudica al ejercicio de otros derechos que pudieran pertenecer al reclamante, especialmente en el aspecto patrimonial'" 40. Resulta, pues, explicable que prestigiados autores brasileños contemporáneos hayan encontrado sintilitud entre el mandato de seguridad y los interdictos posesorios, de acuerdo con lo expuesto por 1. M. Olbon Sidou" y Luis Eulalio de Bueno Vidigal:' aunque el primero encuentra el parentesco más cercano respecto del llamado "mandato liminar" equivaleDle a nuestra suspensión del acto reclamado. 41. Esta doctrina de los tratadistas mexicanos y brasileños no carece por completo de fundamento, al menos desde un punto de vista puramente formal y para determinado sector del amparo y del mandato. 42. Una ojeada superficial a'la evolución de los interdictos nos demuestra la aproximación de los mismos, respecto a la protección de los derechos personales, y entre ellos, los de carácter fundamental. 43. En el periodo formulario los interdictos constituían una petición al pretor para que ordenara a la contraparte a observar determinada conducta, o a abstenerse de cierta actividad, todo ello de manera condicional, y sólo en el caso de desobediencia, se planteaba la controversia judicial, en sus dos fases (ante el pretor y ante el juez), previa la redacción de la fórmula respectiva y mediante la promesa 41 Cfr. Wald Amold, o mondado de seguraJlfo no práticajudicidria, Rio de Janeiro. 1958, pp. 55 y ss. 42 Cfr. Eicbmann. Eduard Matlual de derechc ecluiástico al tenor del Coda /uris Canonici. trad. de T. Gómez Piñán. tomo n. Barcelona. 1931, pp. 363 Y SS.; Calviclioli, Juan, Derecho canónico, trad. de Ramón Lamas Lourido, vol. n, Madrid, 1947. pp. 424 Y ss. 43 Cfr. Fix-Zamudio "Mandato de seguridad y juicio de amparo". en el libro. El juicio de amparo. cit., pp. 331 Y ss. 44 Especialmente en el folleto O mandado de seguratlfa liminar e a influencia dos inlerditos ronuuws, Belén, Pará, 1956, pp. 31-32. 45 "Do mandado de seguran~a (protezione del cinadino contro gli atti arbitrari dell'autorita nel diritto brasiliano)", en Serilli giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. n, Padova, 1950, p. 549.

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recíproca de cubrir una suma en el supuesto de no tener la razón, de acuerdo con Jo resuelto por el juez.46 44. Por tanto, en esa época los referidos interdictos se estimaban como parte del

imperium del pretor, es decir, como órdenes de carácter administrativo, y no como resoluciones jurisdiccionales. las cuales sólo se dictaban con posterioridad, en el

juicio en el cual se discutía sobre los derechos de las partes. aunque existen autores como Carlos Gioffredi" que consideran que tales mandatos pretorianos también deben considerarse jurisdiccionales. en virtud de su finalidad. 45. Los interdictos romanos eran de tres clases: restitutorios, prohibitorios y

exhibitorios" y paulatinamente se fueron transformando de órdenes administrativa" en verdaderas acciones judiciaJes. 49

46. Ya hemos visto que el derecho canónico amplió la esfera tutelar de los interdictos posesorios. para abarcar los derechos personales. debiendo recordarse que Jos exhibitorios ya eran utilizados {Xlf los juristas romanos para exigir la presentación de una persona injustamente secuestrada, además de la exhihición de

documentos (piénsese en el homine libero exhibendo). 47. Por otra parte. el mismo derecho anglosajón. que tanto predicamento ha tenido en nuestro derecho público. también recibió la influencia de los interdictos posesorios de origen romano, como lo ha puesto de relieve un jurista del presti gio

de Paul Vinogradoff.'" todo ello a través del filtro del derecho canónico. por lo que no resulta temerario pensar en que el interdicto de homine libero exhibendo trascendiera al menos exteriormente. en la configuración y terminología del habeas

corpus. 48. En tal virtud. puede encontrarse cierta afinidad formal entre el amparo y los interdictos. tanto los posesorios como el de exhibición -ya que ambos se tramitan a través de un procedinúento sumarísimo, con el fin de restablecer la situación

anterior a la violación o despojo del afectado. e inclusive el mismo amparo puede sustituir a los interdictos posesorios. cuando se reclama la perturbación o la privación de la posesión de un inmueble. según Jo advierte el tratadista mexicano Eduardo Paliares." 49. Pero esta analogía es puramente procedimental. ya que los partidarios de esta doctrina. además de referirse a una institución todavía imperfecta. no tomaron en consideración que los interdictos tienen un efecto estrictamente provisional,

sujeto a una revisión posterior. a través de un juicio plenario. en tanto que el amparo 46 cfr. Sohm, Rodolfo Instituciones de derecho privado romano. trad. de W. Roces, Madrid. 1936, pp. 672 Y ss.; Margadant. Guillennq F. El derecho privado romano, México, 1960. pp. 487 Y ss. 47 Contributi aUo studio del processo civile romano, Milano. 1947. p. 94. 48 Cfr. Margadant, op. cit., p. 488. 49 Cfr. Gioffredi, op. cit.. pp. 90-94. 50 Diritto romano nellEuropa medioerale, trad. de S. Riccobono, red .. Milano. 1950. pp. 75 Y ss. 51 Tratado de los interdictos. México. 1945, p. 93.

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decide definitivamente sobre la situación planteada, a través de una sentencia fmne, que, con excepción del sobreseimiento, adquiere autoridad de cosa juzgada en los límites de la controversia, si excluimos los casos en que se cuestiona puramente la posesión, según lo expresamos anteriormente.52 50. En consecuencia, resulta más acertado el pensamiento del tratadista brasileño, mencionado con anterioridad. J. M. Othon Sidou, cuando encuentra que la mayor similitud con los interdictos existe respecto del "mandato liminar", que como nUL1a suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, constituye una medida cautelar, y resulta significativo a este respecto e independientemente de su conveniencia," que el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1942, hubiese suprimido los interdictos posesorios y los hubiese subsumido dentro de la institución de las medidas precautorias.'" IV. COMO INSlITUCIÓN POLtncA

51. Casi todos los tratadistas que estudian el juicio de amparo consideran que realiza funciones de carácter político, pero algunos de ellos acentúan dicho aspecto, hasta el extremo de sostener que se trata de una institución política. 52. Entre los partidarios de la naturaleza política del amparo destacan Silvestre Moreno Cora," Rodolfo Reyes" y Ricardo Couto,"los cuales coinciden esencialmente al afirmar que el amparo mexicano constituye una institución política revestida de un ropaje jurídico, o sea, que en su concepto, la naturaleza, la estructura,la esencia misIna del amparo es de carácter político, y sólo exteriormente, podríamos decir, que únicamente la piel de ese cuerpo político asume carácter jurídico, en cuanto debe tramitarse a través de un procedimiento judicial y plantearse ante los tribunales federales."

52 Cfr. la tesis de jurisprudencia número 831. p. 1514 del Apéndice al Semanario Judicial publicado en el año de 1955, de acuerdo con la cual. las cuestiones de propiedad no pueden decidir en el amparo sin que antes se hubiesen resuelto ante la autoridad judicial ordinaria. quedando a salvo los derechos de quienes aleguen esa propiedad. para que los ejerzan en la vía y forma que correspondan. ante las autoridades del orden común. 53 Esta modifICación es criticada por Eduardo Paliares, Tratado de los interdictos, cit., pp. 231 Y ss. 54 Especialmente artículos 384-388. ss Tratado del juicio de amparo, cit., pp. 49 Y ss. 56 La bfensa constitucional, Madrid. 1934, pp. 234 Y ss. 57 Tratado te6rico-prdcrico de la suspensi6n en el amparo, 2·'ed. México, 1957, pp. 32-33. 58 En esta concepción, al menos por lo que se refiere a los dos primeros tratadistas, debió influir la redacción del primer párrafo del articulo 102 de la Constitución de 1857: ''Todos los juicios de que habla el articulo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del ordenjurldico, que detenninará una ley".


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53. ESla politicidad del juicio de amparo es muy difícil de delenninar, en virtud de que el concepto de la política es uno de los más equívocos de las disciplinas de carácter social, y sus relaciones con la función judicial constituye una cuestión sumamente controvertida entre los tratadistas de muy diversas épocas." 54. Haciendo a un lado la acepción vulgar del vocablo; y ocupándonos exclusivamente de sus connotaciones más o menos científicas, podemos observar que se habla de l~ política como arte y como ciencia, así como de ciencia política o de

ciencias políticas.60 55. La situación se complica cuando se relaciona la política con el derecho y se configura un "derecho político", entendido para un sector de la doctrina, especialmente alemana, como un estudio del Estado o teoría general del Estado.'! en tanto que para otra corriente, conectada con la tradición francesa, se aproximaría al análisis de las instituciones constitucionales, y por ello el tratadista Carlos Sánchez Viamonte estima que: "el derecho político es el derecho constitucion11l anterior a las Constituciones escritas y el derecho constitucional es el derecho ulterior a ellas"." 56. Por otra parte, frecuentemente se califica a la ley fundamental como "Constitución Política", y además se considera la posibilidad de la existencia de un proceso de naturaleza política o "proceso político" que tendría por objeto el planteamiento y decisión de las controversias surgidas entre los órganos del poder. 63 57. En virtud de toda esta complicación, podemos preguntamos. ¿A cuál de todos estos conceptos se referían los autores mencionados cuando afirmaban la naturaleza esencialmente política del amparo? 58. A nuestro modo de ver, dichos tratadistas pensaban en nuestro juicio constitucional como un instrumento para decidir los conflictos entre los diversos órganos estatales; en la defensa de los particulares frente a los funcionarios públicos; en el equilibrio entre los funcionarios federales y locales; es decir, en uno de los aspectos que se consideran integrantes de la moderna ciencia política, tal como la conciben los tratadistas franceses Maurice Duverger," que considera que

59 Ideas fundamentales respecto a las relaciones entre la política y la justicia pueden leerse en el bello libro de Calamandrei, PieI'Q, Proceso y democracia. trad. de Héctor Fix-Zamudio. Buenos Aires. 1960. capítulu n. denominado: "Justicia y política. Sentencia y sentimiento", pp. 57-83. 60 Cfr. la clásica exposición de Adolfo Posada, Trazado de derecho pol(lico, 5- ed., Madrid, 1935, tomo l. pp. 12 YSS., 22 Yss. 61 Cfr. lleller. Hermann. Teor{a del Estado. trad. de Luis Tobio. 4- ed.. México. 1961. p. 20; González Uribe, Héctor, Naturaleza, objeto y mitoclo de la leorfa general del Estado, México, 1950, pp. 37-42. 62 Manual de derecho polltico, Buenos Aires, 1959, p. 13. 63 Cfr. Aragoneses Alonso, Proceso y derecho procesal, cit.. pp. 258.261; González Pérez, Derecho procesal administrativo, cit., tomo 1, pp. 78 Y ss. (i4 Melhodes de la science politiqueo París. 1959, pp. 13 Y ss,


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dicha ciencia debe ocuparse de la autoridad, de los gobernantes y del poder; y Georges Burdeau'" el cual afirma que dicha disciplina se propone estudiar las relaciones de autoridad y obediencia y los efectos de éstas sobre el componamiento de los hombres, para llegar a una explicación coherente de la estructura y dinamismo de las sociedades políticas. 59. y es que efectivamente, el amparo mexicano nació con dos propósitos esenciales; el primero, la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, que de acuerdo con el articulo primero de la Constitución de 1857, constituían: "la base y el objeto de las instituciones sociales"; y en segundo lugar, se pretendía la defensa del régimen federal, a través de un sector del propio juicio constitucional. que algunos autores han denominado "amparo soberanía".66 60. Esto explica la redacción del articulo 102 de la mencionada cana fundamental de 1857, y que es idéntico al texto del articulo 103 de la Constitución vigente de 5 de febrero de 1917, en el sentido de que el amparo procede respecto de leyes o actos de autoridad que violen las "garantías individuales"; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal. 61. Apreciado de acuerdo con estas dos finalidades iniciales a las cuales se le han ido incorporando otras varias,67 resulta evidente que nuestra institución realiza una función política en cuanto tiene por objeto el respeto de los derechos esenciales de la persona humana (pane dogmática de la ley fundamental) y el equílibrio entre las di versas esferas, manteniendo a los órganos federales y locales dentro de sus respectivas atribuciones (parte orgánica de la misma Constitución federal). 62. Pero, ¿hasta qué punto puede calificarse de política esta delicada actividad de garantía y proteeción que realiza el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo? 63. Hay que tomar en consideración que se ha discutido con gran apasionamiento respecto a la influencia de la política sobre la función judicial, y que por ejemplo Carl Schmitt habla con cierto desprecio de la "politiquización de la justicia"" en tanto que Eduard Lambert se refería a la fuerza política de la Suprema Corte de los Estados Unidos con la denominación ya clásica de "gobierno de los jueces",", París, 1921; mientras que más recientemente, según lo advierte Otto Bachof, un sector de la doctrina alemana contemporánea, al referirse a las funciones del 6S Mltooo de la ciencia política. trad. de Juan Carlos Puig, Buenos Aires. 1961. p. 50. Cfr. Palacios. 1. Ramón, Instituciones de amparo, cito capítulo m intitulado: ''El amparo-soberanía", pp. 142-188; León Orantes, Eljuicio de amparo, cit., pp. 51-60. 67 Cfr. Tena Ranúrez, Felipe "El amparo mexicano, medio de protección de los derechos humanos", en Bolettn de Informaci6n Judicial, México. núm. 169. septiembre de 1961, pp. 533-576. 68 La defensa de la Constitución, trad. de Manuel Sánchez SlI.rtO. Barcelona. 1931. pp. 33 Y ss. 69 Le gouve1'7ltnenl des judges et la lune contre la legislation social aux ÉstalS Unir 66


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Tribunal Constitucional Federal establecido por la Constitución de 1949, expresan que se ha creado un verdadero "Estado judicial".'o 64. Sin embargo, contra los prejuicios de la corriente tradicional que se apoyan en el predominio del Parlamento y la intangibilidad de la voluntad general que supuestamente representa. la ciencia jurídica contemporánea ha esclarecido el alcance de las relaciones entre la política y la función judicidl, y especialmente respecto de los jueces que integran los tribunales constitucionales, creados o restablecidos en la segunda posguerra. 65. El juez constitucional, más que ningún otro, desarrolla una [unción política, en cuanto que, como lo ha hecho notar la doctrina italiana, muchas de las disposiciones consagradas en la ley fundamental no estatuyen un mandato o señalan atribuciones detenninadas, sino que trazan un programa o marcan una dirección a los órganos del poder, y por ese motivo se califican de normas "programáticas"." 66. Frente a estas normas fundamentales, los integrantes de los tribunales constitucionales especiales, de las cortes supremas, cuando a ellas se confía la guarda e integridad de la Constitución" como ocurre con la Suprema Corte de los Estados Unidos o nuestro máximo tribunal, deben decidir, al resolver los problemas sometidos a su conocimiento, si los órganos del Estado han cumplido con el programa o han seguido fielmente la dirección, marcados por el Constituyente. Así lo ha puesto de relieve el tratadista italiano Mauro Cappelletti en un profundo trabajo, en el cual señala la vinculación exclusivamente finalista o teleológica del juez constitucional respecto de las disposiciones fundamentales. 73 67. Otto Bachof señala como un hecho indiscutible, que en los regímenes contemporáneos (y entre ellos desde luego el de la República Federal de Alemania) se ha acentuado el control judicial sobre los otros poderes del Estado, lo que significa un incremento de las facultades de los tribunales, y, necesariamente, una disminución proporcional de esos otros dos poderes tradicionales." 68. Sin embargo, a simple vista podemos observar que la actividad política que desarrollan los jueces constitucionales, y entre ellos los de amparo, no tiene la misma naturaleza ni opera en el mismo nivel, de la que realizan las otras dos grandes ramas del poder, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo.

70 Jueces y Constitución, trad. de Rodrigo Bercovitz Rodríguez Cano, Madrid, 1963, pp. 15-17. 71 Cfr. Crisafulli, Veno, La Costituzione e le sue disposiúone di principio, Milano, 1952, pp. 51 Y ss. 72 Una declaración expresa en este sentido existe en los artículos 214 y 167, respectivamente, de las Constituciones vigentes de Colombia y Panamá: "A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución". 73 "L'attivita e i poteri del giudice costituzionale in rapporto con illoro fine generico. (Natura tendenzialmente discrezionule del provvedimento de attuazione della norma costituzionale)". sobretiro de Jos Scriui giilridici in memoria di Piero Calomandrei, Padova, 1957, pp. 42 Y ss. 74 Jueces y Constitución, cit., p. 15.

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69. El depanamento judicial, cuyo carácter de poder inclusive se ha negado" no actúa directamente en la lucha polftica, no interviene en lo que en el lenguaje común se ha denominado "polftica militante", ni tampoco interfiere otlciosamente en la marcha de las funciones públicas, además de que carece de fuerza material para enfrentarse a los otros dos depanamentos del Estado. Es en este sentido que el Barón de Montesquieu consideraba al departanlento judicial como "casi nulo". 76 70. Su única fuerza no es material sino jurfdica y su actividad polftica se realiza siempre a través de un proceso, planteado por los afectados, y que se resuelve aplicando al caso controvertido, las normas establecidas por la Constitución. 71. Ya lo había dicho con elegancia el ilustre Calamandrei, que en el sistema de la legalidad: "el juez no tiene contacto directo con la polftica; entre él y la polftica está de por medio la muralla sin ventanas de la ley".n Nosotros agregaremos que, entre el juez constitucional y la política se encuentra la pared transparente de la Constitución, con sus grandes ventanas abienas hacia el futuro." 72. Es en este sentido que el juez del amparo realiza una función política, no activa, no directa, no de fuerza, sino discreta y ponderada, siempre a través de un procedimiento jurfdico, que se inicia a petición de los afectados y que culmina con una resolución que decide sobre la confomudad del acto o ley reclanllidos, con los principios fundamentales establecidos por la Constitución. Es por este medio indirecto que se logra ese equilibrio entre los particulares y los funcionarios públicos y entre las autoridades nacionales y locales, y es también desde este punto de vista, que el amparo puede calificarse de "proceso político", al menos en algunos de sus aspectos, como lo ha hecho el procesalista español Jesús González Pérez. 79 73. En consecuencia, podemos concluir que tienen razón los tratadistas antes mencionados en cuanto sostienen la coloración polftica del amparo, pero su equivocación radica en atribuir a nuestra institución una naturaleza polftica. Lo político reside en algunos de sus fmes fundamentales (aunque posea otros secundarios), pero su estroctura, su naturaleza, su esencia, es claramente jurfdica, y más precisamente procesal, con mayor razón en cuanto ha ido incorporando el examen de la legalidad de las resoluciones judiciales y de las autoridades adnllnistrativas,

75 Véase lo que para nuestros tribunales expresaba Emilio Rabasa en su obra lA Constituci6n y la dictadura. 3- ed.. México. 1956, p. 189. en el sentido de que al órgano de la función judicial le faltan las condiciones esenciales de los órganos de poder. 76 El ~sp{rihl tk las leyes. trad. de Nicolás Estevanez y Matilde Huid. Buenos Aíres, 1951. p. 206. TI Proceso y democracia, cit, p. 72. 78 Esta idea es también del jurista florentino. en cuanto hablaba de la Constitución italiana de 1948. como un gran edificio todavía sir. tenninar. en el cual se abren muchas ventanas hacia el futuro. Cenni inlroduttivi sulla Cosliluenle e su; Javori. Firenze. 1949, pp. CXXXVIll·CXXXIX. 79 Derecho procesal administrativo. cit., tomo I. p. 231.


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aspecto en el cua!.la función política es menos evidente, como lo subraya Antonio Carrillo Flores. so V.

COMO CUASI-PROCESO

74. Este punto de vista, que no es sino un corolario de la configuración política del amparo, fue sustentada por el procesalista michoacano Arturo Valenzuela, quien lo considera como una institución netamente política, que no por desarrollarse bajo las fonnas tutelares de un proceso, se transforma en funciónjurisdiccional. SI

75. Pero como esta caracterización es insuficiente, puesto que como ya habíamos expresado con anterioridad, el aspecto político del amparo se concentra en su finalidad, pero no afecta su estrnctura, con una gran sutileza Valenzuela pretende exphcar esta apariencia procesal que encuentra en el amparo, a través de una figura que califica de cuasi-proceso, pues en su opinión, la forma procesal del amparo se utiliza fuera del proceso, para el desarrollo de una función que no es jurisdiccional, sino política. 82 76. A esta doctrina se le pueden hacer dos críticas fundamentales." En primer término, puede decirse que no expresa la verdadera naturaleza de la institución, porque hablar de cuasi-proceso, como cuando se pensaba en la existencia del cuasi-contrato o del cuasi-dehto, sólo se está haciendo referencia a una vaga aproximación entre dos instituciones que se consideran semejantes pero al mismo tiempo diversas, ser y no ser en el mismo momento, y por tanto existe una evasión al problema fundamental, que equivale a sostener la naturaleza sui generis de algún concepto. 77. En segundo lugar, podemos observar que la formación procesalista de Valenzuela lo aproximó a la verdadera naturaleza del amparo, pero se deslumbró con la coloración política de la institución, y pensando en los términos de la doctrina tradicional, quedó suspendido entre dos ideas que se consideran irreconciliables: política y jurisdicción, no obstante que como ya lo hemos advertido con anterioridad, la función judicial es también política, en cuanto al Poder Judicial es también ... un Poder.

lA defensa de los particulares frente a la administraci6n. cit.. pp. 180 Y ss. 81 lA forma procesal del amparo. Mocelia, 1960. p. 23. 32 Op. cit., pp. 26-27. 83 Véase la crítica que formula a esta doctrina Alcalá-Zamora y Castillo. en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 45, enero-marzo de 1962. p. 192. 80

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VI. COMO PROCESO EN roDOS SUS ASPECTOS 78. Un importante sector de la doctrina ha considerado que el juicio de amparo constituye un proceso en el estricto sentido del vocablo, y en todos sus aspectos, incluyendo aquellos que se relacionan con la impugnación de las resoluciones judiciales. 79. Entre los tratadistas partidarios de esta concepción pueden citarse a Ignacio Burgoa,84 Romeo León Orantes," Roberto A. Esteva Ruiz,86 Ignacio Medina," Carlos Franco SodiS8 y Jorge Trueba Barrera. '" 80. Los argumentos expuestos por dichos autores pueden resumirse como sigue: el amparo es un verdadero juicio, entendido este concepto en su sentido amplio, o sea, como sinónimo de proceso autónomo90 en virtud de que, aun cuando se trate de la impugnación de resoluciones judiciales, se constituye una controversia independiente de la que se ha planteado ante la jurisdicción ordinaria, si se toma en consideración que en el amparo se discute, en todo caso, un problema de inconstitucionalidad, puesto que, cuando se examina la legalidad de un fallo judicial, se debe estudiar si se ha respetado el derecho subjetivo público, o "garantía individual" de la debida aplicación de la ley, que reglamentan los artículos 14 y 16 de la ley suprema. 8!. Las partes de esta controversia constitucional son diversas de las que han interverudo en el proceso ordinario en el cual se dictó la resolución combatida, ya que en el amparo, el litigio se plantea entre un particular y las autoridades consideradas como responsables. 82. Tampoco se presenta la revisión del fallo judicial ante el superior jerárquico, como ocurre normalmente en los recursos, ya que la autoridad que conoce del amparo pertenece a una jurisdicción de diversa categotia, o sea, el Poder Judicial de la Federación. 83. Los argumentos de los partidarios de la naturaIeza del amparo como proceso, estimado en todos sus aspectos, inclusive el judicial, son correctos parcialmente, es decir, son plenamente aceptables en cuanto se justifican respecto a sectores del

84 Eljuicio de amparo, cit., p. 169. 85 El juicio de amparo, cit., p. 28. 86 Indicación motivada de las reformas al C6digo de Procedimienlos Federales en el eap(rulo destinado al juicio de amparo, México, 1909. pp. 148 Y ss. 87 "La sentencia civil impugnada en amparo en el derecho mexicano", sobretiro de los Serini giuridici in memoria di Piero CaJamandrei, Padova, 1957, p. 4. 88 El procedimiento peTUlI mexicano, 4- ed., México, 1957, p. 351. 89 El juicio de amparo en materia de trabajo, cit.. pp. 186 Y ss. 90 Cfr. Trueba Barrera. op. ult. cit., pp. 187-188, pretende distinguir entre juicio y proceso, pero

en realidad, ambos vocablos son equivalentes en el lenguaje procesal hispánico, puesto que si bien es verdad que el juicio, en su sentido estricto, equivale al razonamien:G del juez en el fallo, en sentido amplio constituye un equivalente del término proceso, que es de origen italiano.


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juicio de garantias en los cuales se plantea en fonna directa e inmediata una cuestión de constitucionalidad, pero no tienen aplicación a la impugnación de las resoluciones de la autoridad judicial. 84. Claro es que si analizamos el problema desde un punto de vista única y estrictamente formal, encontramos que en todos los casos se presenta un problema de constitucionalidad, en cuanto el principio de la debida aplicación de la ley ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental, según se ha visto, y por ello es que tambiénfonna/mente, o más bien, aparentemente, en la impugnación de los fallos judiciales en la vía de amparo puede afirmarse que se presenta una situación autónoma de naturaleza constitucional, a través de una relación jurídica procesal independiente en la que figuran partes diversas y un órgano jurisdiccional de diversas categorías. 85. Pero si no nos quedamos en la superficie, sino que nos adentramos en el problema, descubrimos una situación diversa, que por rarones de carácter histórico-politico tuvo que adoptar un disfraz de constitucionalidad, para poder centralizar lajusticia en el Poder Judicial Federal, sustrayendo a los tribunales locales la última palabra en las controversias planteadas ante ellos, sin tener que privarlos expresamente de su autonomía judicial (de la cual, por otra parte, carecían en la práctica).91 86. Lo cierto es, y sobre esto volveremos más adelante, que con el ropaje fastuoso de la constitucionalidad, encontrarnos en la mayoría de los casos, un modesto, aunque respetable, litigio de carácter ordinario, una especie de burgués

gentilhombre. 87. En consecuencia, la doctrina que examinamos no puede calificarse de incorrecta, pero sí de fragmentaria. como todas las anteriores, ya que sólo nos sirve para explicarnos una parte del amparo, pero naufraga en cuanto pretende aplicarse al amparo judicial, y en cierto modo, también respecto de la impugnación de los actos de la administración activa. VIT. COMO PROCESO AUTÓNOMO DE IMPUGNACIÓN

88. Como una ligera variante de la doctrina anterior, algunos tratadistas mexicanos han estimado al amparo como un proceso impugnativo. 89. Mientras Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga" lo denominan proceso aUl6noT1UJ de impugTUlCión, José Becerra Bautista" lo califica de proceso impug-

nativo extraordinario de carácler federal.

91 Cfr. Fix-Zamudio, El juicio Ik amparo. cit.. pp. 227 Y ss. 92 Instituciones Ih derecho procesal civil. 4- ed., México. 1958. p. 309; 6- ed .• 1964, p. 323. 93 El proaso civil en Máico. Libro tercero, los procesos impugnativos. México. 1963, p. 202.

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90. Considerar al juicio de garantías como proceso impugnativo tampoco nos aclara la situación. pues no obstante la imprecisión del concepto de los medios de impugnación. uua gran mayoña de los procesalistas coutemporáneos. encabezados nada menos que por el ilustre Francesco Carnelutti'" estima que dicho vocablo constituye nn género. al cual corresponden una serie de instrumentos que tienen por objeto corregir. anular. rescindir o revisar los actos y las resoluciones procesales equivocados. ilegales o injustos. 91. En lo que no existe acuerdo es en cuanto a las diversas especies que deben quedar comprendidas dentro de esa idea genérica de las impugnaciones; y sin examinar detalladamente las distintas posiciones. lo cual excedeña los límites de este trabajo. es posible llegar al convencimiento de que existen cuando menos cuatro medios impugnativos: los recursos propiamente dichos;95las oposiciones;96 los remedios procesales!' y finalmente. los verdaderos procesos impugnativos" 92. Resulta. por tanto. acertada la aseveración de que el amparo constituye nn medio de impugnación. ya que a través del mismo se combate la ilegalidad o la inconstitucionalidad de los actos de autoridad. pero lo que no se aclara es a qué especie o especies de este género corresponde nuestra institución. 93. Los tratadistas que hemos mencionado. al sostener que el juicio de garantías constituye nn proceso impugnativo. implícitamente se afilian a la corriente que considera que nuestra institución conforma un proceso autónomo en todos sus aspectos. y desde este ángulo merecen las mismas críticas que hemos enderezado a los partidarios de esa opinión.

vrn. COMO INSlRUMENTO DE CONlROL 94. Un distingnido procesalista mexicano. Humberto Briseño Sierra. ha establecido nn peculiar pnnto de vista sobre ia naturaleza jurídica del juicio de amparo

94 Siskm4 de MUcho pToasal civil, trad. de Niceto Alcalá·Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo.Buenos Aires, 1944. tomo m, pp. 620 Yss.ld.ln.stihlCiones del proceso civil. trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires. 1959, tomo 1. pp. SS4 y ss. 9S Especialmente lbüez Frocbam. Manuel. Tratado de los T(!CllrsOS en d proceso civil, r ed., BueoosAires. 1957. pp. 56 Yss. 96 Particularmente Alcalá-Zamora y Castillo. Niceto, Examen crltico tkl C6digo de Procedimientos Civiln th ChihuoIuul, Chihuahua, 1959. pp. 161-163. 97 Desarrollado puticuJanneote por la doctrina alemana (Rechtswhelfr). Cfr. Schüoke. Adolfo, Derecho procesol civil, tnId. española. Barcelona, 19S0. pp. 299 Y ss. Tambi6t hablan de remedios procesales los tratadistas españoles. Cfr. Prieto Castro, Leooardo, Derecho procual civil (ntaIJIUIl), Madrid, 1956. tomo n. pp. 302 Yss. 98 Ioclusive existe una corrienle doctrinal que considera que muchos de los recursos constituyen verdaderos procesos impugnativos. Cfr. Becerra Bautista. El procuo civil en Mixico. Libro tucero,

cit., pp. 11-66.


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mexicano, y para caracterizarlos nos hable de un control constitucional de los actos de autoridad, que violen las "garantías individuales"," 95, De manera inteligente elude una posible objeción de fonnalismo, en el sentido de considerar al amparo como un sistema de protección de las nonnas fundamentales, no obstante que también tutela el orden jurídico secundario, sosteniendo que se trata de un control constitucional y no "de la constitucionalidad", porque es la Ley Fundamental la que lo establece, y sirve, tanto para garantizar los derechos establecidos para los individuos en la Constitución, como de los derechos nacidos de las leyes comunes y aún surgidos de la libre voluntad de los particulares en las convenciones y pactos privados, 96, Briseño Sierra considera que el amparo, en su sentido puro o natural, no constituye juicio ni recurso, porque no hay estricta contención sino impugnación del quejoso contra los actos de la autoridad responsable, y cuando la ley habla de demanda, en realidad se refiere a una petición para obtener el apoyo de los tribunales federales que le asegure el libre uso de los derechos constitucionales, volviendo las cosas al estado que tenían antes de consumarse la violación, "JO 97, Sin embargo, en otro lugar reconoce que el amparo sigue los cauces de un proceso, específicamente en materia administrativa y contra actos de las propias autoridades del ramo, pero en otras la institución parece inclinarse hacia los recursos, como cuando se interpone contra sentencias definitivas en lo civil, y solamente marcha por su sendero natural cuando se intenta contra leyes o en lo penal, en lo laboral y en materia agraria,'·' 98, Que el amparo es un control constitucional e inclusive en ciertos aspectos de la constitucionalidad, no puede discutirse, pero a este respecto ya el constitucionalista mexicano Felipe Tena Rarnfrez'02 habia señalado la gran amplitud del vocablo "control" que en su opinión connota a la vez: "defensa, vigilancia, y en cierto modo, jurisdicción", 99, El jurisconsulto italiano serio GaIeotti, que en nuestro concepto, es quien ha estudiado con mayor profundidad el concepto de control constitucional, nos expresa que el vocablo "control" preexistía en el lenguaje común antes de penetrar en el de los juristas, y en general debe considerarse como una actitud de valoración de un objeto cualquiera, y se traduce en la práctica en el aseguramiento del respeto a los principios, normas e intereses que pretenden salvaguardarse frente a la operatividad Odestino del objeto del propio control.'·' 99 El arbitraj~ en~l tkr~choprivado. SiIuoci6n interntJCit»wl, México. 1963. pp. 289-290. Der~cho 1964, pp. 666 Y ss.

proc~sal jiscal. El rlgimen f~tkral maicano, México, 100 El arbitraj~ ~n ~l tkr~cho privado, cit., p. 289. 101 Ikr~cho procesal fiscal, cit, p. 667.

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Der~cJw

cqnsutucionol maicano, cit, p. 420. nota 405.

ENSAYOS SOBRE EL DEREOlO DE AMPARO

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lOO. Pero aun considerando el control con un criterio estrictamente jurídico, de acuerdo con el pensamiento de Galeotti, abarca un campo demasiado extenso para que pueda utilizarse como idea defutitoria del juicio de amparo mexicano, en cuanto según este autor, el control jurídico puede considerarse como un juicio sobre los valores tutelados, en relación con el modo de ser o de actuar del órgano controlado, valoración que en el supuesto de ser desfavorable, puede detenninar la implantación de medidas de relación con la conducta del propio órgano controlado; '04 en la inteligencia de que ese control jurídico puede adoptar la forma jurisdiccional, cuando se ejercite por órganos judiciales sobre actos de esa naturaleza. los 10 1. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el concepto utilizado por Briseño Sierra, de control constitucional, aunque formulado de manera brillante y atractiva, no puede servimos para determinar con precisión la naturaleza del juicio de amparo mexicano, en virtud de su extraordinaria complejidad actual. 102. Es cierto que el amparo se creó corno una institución sencilla y simple, estructurada como un procedimiento en el cual intervenfa una sola parte, o sea el quejoso, ya que la autoridad responsable carecía legalmente del carácter de parte, en las Leyes de la Dtateriade 1861,1869, 1882 y aun en el Código de Procedimientos Federales de 1897, pues de acuerdo con estos ordenamientos, la actividad de las propias autoridades se limitaba a la rendición de un informe, que tenfa por objeto justificar su conducta denunciada corno ilegal o contraria a la ley supreDta, pero la jurisprudencia, por necesidades ineludibles de la práctica, fue otorgando cada vez Dtayor participación a las citadas autoridades, y aunque en la actualidad todavía las autoridades responsables tienen que formular su informe justificado, en la realidad y particularmente en el juicio de doble instancia, se configura una verdadera contestación a la demanda (articulo 149 de la Ley de Amparo).'" 103. Esta situación de las autoridades responsables corno verdaderas partes demandadas, reconocida primeramente por la jurisprudencia, según se ha visto, fue consagrada expresamente por el Código de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, que estableció defutitivarnente el carácter contradictorio del juicio dto garantíasU17 y las prupias autoridades responsables ya tienen expresamente el carácter de partes, corno se establece en los articulos 11, fracción n, de la Ley de 14 de octubre de 1919, Y50., fracción n, de la vigente. 104. Actualmente el juicio de amparo rebasa la idea de un simple control jurídico, independientemente de que en la realidad nunca lo ha sido, pues asume

IntrodMt)one aJúJ teorm bi controUo cosrihlZionoli. Milano. 1963, p. 39. Op. dI., p. 72. lOS GaIeotti. op. cil.. p. rn. 106 Cfr. Fix-Zamudio, El jllicio tU amparo. cil, pp. 235 Y ss. 107 Cfr. Sodi. Ileo:drio. Procet:limUnlO$ f~rnhs. cit .. pp. 34S y ss. 103 104

LANATU~PR~ALDELAMPARO

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naturaleza jurisdiccional, en cuanto la reclamación del quejoso es algo más que una simple queja, por el contrario constituye una verdadera demanda, de acuerdo con los articulos 116 y 166 de la Ley de la materia, que plantea una controversia (sobre la que puede discutirse si es constitucional en todos los casos, o simplemente legal en otros, o bien si asume naturaleza autónoma o impugnativa) y en la cual figuran como contrapartes las autoridades responsables, cuyos "informes justificados" hacen las veces, al menos en el amparo indirecto o de doble instancia, de contestación a dicha demanda, y por último, la sentencia que se pronuncie, con excepción de la de sobreseimiento, adquiere autoridad de cosa juzgada. 105. Queda en pie el interrogante que nos hemos planteado al principio de estas lineas. El amparo es un control constitucional: exacto. Pero dentro de ese género, como dentro del género de los medios de impugnación, ¿cuál es la especie a la que corresponde?

IX. TEsIS DE EMILIO RABASA SOBRE EL CARÁCJ'ER MIXTO DEL AMPARO 106. Este ilustre constitucionalista mexicano intuyó el doble carácter estructural del amparo mexicano, considerándolo como juicio (es decir, como proceso en sentido estricto) y como recurso, simultáneamente, no obstante que no cultivó especialmente la disciplina del derecho procesal, y además en una época en que todavla no se introducla el procesalismo científico germano-italiano en nuestra patria, si tomamos en consideración que la primera edición de su obra fundamental El anículo 14, se publicó en el año de 1906, es decir, escasos tres años después de la clásica lección inaugural pronunciada por Giuseppe Chiovenda en la Urtiversidad de Bolortia, y que marca el irticio del florecimiento del procesalismo italiano. I08 107. En efecto, en su citada obra El anículo 14, "" Rabasa afirmó que no se debería otorgar el mismo tratamiento a la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, finalidad esencial de nuestra institución, al menos en sus comienzos, que a la revisión de los fallos judiciales, particularmente los pronunciados en materia civil. 108. En esta materia judicial civil Rabasa encuentra que el juicio de garantías constituye úrticamente un recurso, y que el ordenarrtiento entonces vigente, o sea el Código de Procedimientos Federales de 1897, aunque en apariencia reglamentó el amparo como juicio, es decir, como proceso, al establecer un plazo preclusivo para interponer la demanda, estatuyó un recurso.

108 Lección inaugural intitulada: "La acción en el sistema de los derechos", en Ensayos de derecho procesal. trad. de Santiago SenÚs Melendo. Buenos Aires. 1949. vol. l. pp. 3 Y ss. 109 2- ed. cit .• pp. 95-102.


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109. Concluye este amerilado autor en el sentido de que el amparo debe constituir un proceso, pero en virtud de la llamada "garanúa de la exacta aplicación de la ley" o "garantia de justicia", que se dedujo indebidamente del articulo 14 de la Constitución de 1857, el amparo judicial es un simple recurso, siendo esta última característica la que prevaleció en el citado Código de 1897. 11 • 1l0. Aunque el propio Rabasa reconoció en su clásico libro lll que el amparo judicial se habia iInpuesto debido a necesidades ineludibles de la práctica, luchó incansablemente por transformar el articulo 14 constitucional de la carta fundamental anterior, para despojarlo de la garanúa de la legalidad, restaurando la pureza constitucional del amparo, e iniciando, de esta manera, lo que en otras ocasiones hemos denominado corriente ortodoxa del jnicio de amparo. 112 111. No obstante que las ideas dt'1 ilustre constitucionalista influyeron decisivamente en muchos aspectos, en el seno del Constituyente de 1916-1917,1\3 sin embargo no se aceptaron sus puntos de vista en cuanto a la ortodoxia constitucional de nuestra institución, sino que por el contrario, se reafmnó el control de la legalidad, a través de una redacción más precisa del articulo 14 constitucional vigente. 112. Pero esta intuición de Rabosa sobre la doble naturaleza del juicio de garanúas no se perdió, sino que indirectamente se manifestó en la redacción del articulo 107 de la ley suprema vigente, y de las leyes reglamentarias de 1919 y la vigente de 1935, en cuanto modificaron el sistema de procedituiento único para toda clase de amparos, establecido en las leyes de 1869 hasta el Código Federal de Procedituientos Civiles de 1908, para introducir dos procedituientos: uno de doble instancia configurado como un proceso autónomo, y un amparo directo, que se le ha estructurado iInplícitamente como un recurso judicial (infra, núms. 10 y 11). 113. Por otra parte, el ameritado publicista, en su esfuerzo por tratar de depurar el amparo de lo que consideraba un lastre, o sea, de su aspecto de recurso judicial, en el Congreso Jurldico Nacional de 1921 propuso que esta materia se atribuyera a través de un procedimiento independiente, a un nuevo órgano jurisdiccional denotuinado Tribunal Central de Casación, idea que fue apoyada por los congre-

sistas. tl4 114. Lo que no puede aceptarse del pensamiento del distingnido jurista es su estimación del amparo judicial como una "degeneración" o "conupción de nuestra institución,lIS ya que el amparo-recurso se ha establecido como resultado de una ItO 111

Op. cit., p. 102.

L.J Con.rtituci6n y lo dictadura, cit, pp. 2~221. 112 Cfr. FlX-Zamudio. Eljuicio tk amparo. cit. pp. 121, 127 Y 259. 113 Cfr. Gaxiola. F. Jorge. prólogo a la ediciÓD conjunta de El artfado 14 y El juicio constitucional. de Emilio R.abasa. cit, pp. XIX-XXI. 114 M~moritJ tkl Primer Congreso )Jlrldico Nacional, México. 1922. 115 El juicio constitucional, cil, pp. 313 Y ss.


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evolución incontenible, que ha fundido en una unidad indisoluble a los dos aspectos básicos del amparo, y así se reconoció expresamente en la sesión de 16 de febrero de 1960, del Primer Congreso Mexicano y Segundas Jornadas Latino-America- nas de Derecho Procesal, en la que se aprobó por aclamación la proposición de que el amparo debe conservar sus alcances de doble control: de constitucionalidad y de legalidad 1l6 X. EL AMPARO DE OOBLE INSTANCIA COMO PROCESO 115. Tal como lo había establecido Emilio Rabasa en sus profundos estudios analizados brevemente en el número anterior, el amparo fue concebido por los constituyentes de 1857 como un verdadero juicio, es decir, como un proceso de carácter constitucional, con objeto de tutelar los derechos fundamentales de la persona humana, e indirectamente, para establecer un equilibrio entre las esferas de las autoridades nacionales y locales, pero la redacción defectuosa del artfcuJo 14 de dicha carta suprema abrió la puerta al amparo en material judicial por "inexacta aplicación de la ley", el cual constituyó una corriente inconteuible que desbordó el dique de la pureza constitucional de la institución. 116. El Constituyente reunido en Querétaro en 1916-1917 no podia desconocer esta situación que se encontraba presente en la conciencia jUlidica no sólo de los abogados mexicanos, sino en la sensibilidad misma del espíritu popular, ya que uno de los anhelos más persistentes de nuestra Revolución iniciada en 19 lO, fue el establecimiento de una auténtica administración de justicia. 117. Como el amparo había constituido una de las escasas instituciones que habían sido utilizadas, aun en las épocas más aciagas de la anarquía y de la dictadura, como escudo protector de los ciudadanos contra los actos arbitrarios de las autoridades tanto federales como de los estados, su reglamentación preocupó hondamente a los pensadores revolucionarios, y por ello, en el proyecto que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, presentó a los integrantes del citado Constituyente de Querétaro, el lo. de diciembre de 1916, su artfculo 107 consagraba con minuciosidad, casi en forma reglamentaria, las bases esenciales de nuestra institución, tal como habían sido conformadas paulatinamente por la jurisprudencia de la Suprema Corte. 118. y en las fracciones vm y IX del citado artfcuJo 107 del mencionado proyecto se advierten claramente las ideas de Emilio Rahasa sobre la doble naturaleza del amparo, ya que en dichas fracciones se introducen dos procedimientos diversos: uno directo, de una sola instancia, ante la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los lineamientos del recurso de casación, para la impugnación de 116 Actas, México, 1961. p. 258.

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las sentencias definitivas de naturaleza judicial (civil y penal); yen la fracción IX se establece un procedimiento de doble grado, el primero ante los jueces de distrito, y el segundo, a través de una revisión (apelación) a petición de parte, ante la propia Suprema Corte de Justicia, cuando se hiciera valer contra actos y leyes de autoridades diversas de la Judicial, y también contra actos y resoluciones de esta última, cuando fueran dictados fuera de juicio, después de concluido, dentro del proceso, pero de imposible reparación, o que afectaran a personas extrañas a la controversia. tI7 119. La Comisión de Constitución (Segunda), que dictaminó sobre este aspecto del proyecto con fecba 20 de enero de 1917, se dividió en dos grupos inconciliables; el primero, integrado por Paulino Machorro Narváez y por Arturo Méndez, aceptó en sus términos el texto propuesto por el Ejecutivo, en tanto que los miembros restantes, o sean Hilarlo Medina y Heriberto Jara, se opusieron al amparo en materia judicial, formulando voto particular en el cual se expusieron casi los mismos argumentos de Emilio Rabasa sobre la pureza constitucional del amparo. 120. Los partidarios del amparo judicial, además de sostener que yaen el artículo 14 se consagraba expresamente la "garantía de justicia", agregaron esta frase muy significativa, en el sentido de que la Comisión babía tenido en cuenta: "para sostener la procedencia del amparo en materia civil, que dicba institución, como garantía de justicia, forma parte de la conciencia jurídica de nuestro país, y que suprimirlo por viejos escrúpulos es privar al pueblo de un elemento de justicia". 118 121. En la discusión que se entabló en la sesión del día 22 de enero de 1917, defendieron el dictamen Machorro Narváez, Lizardi, Truchuelo y Alberto M. González, y lo impugnaron, de acuerdo con su voto particular, los constituyentes Medina y Jara, quienes pugnaban por que se volviera a la redacción que tenía el artículo 102 de la Constitución de 1857,la que concebía al amparo como un proceso constitucional autónomo, debiendo suprimirse la reglamentación minuciosa del amparo judicial. 119 122. Aun cuando se babló del amparo como juicio y como recurso, y en ello se advertía la presencia espiritual de Emilio Rabasa, los mismos defensores del amparo judicial negaron rotundamente, como si se tratara de un pecado jurídico, que éste tuviera el carácter de recurso, a pesar de que los impugnadores del dictamen tenían razón, al menos en este punto, al sostener que se le configuraba como tal en el proyecto respectivo. Fmalmente, el precepto fue aprobado en sus términos por 139 votos contra cuatro de los representantes Jara, Medina, Meza y Ramírez G.I20

111 Diario th los lhbal~s tUl Congreso Constituynúe. tomo 1, México. 1917, pp. 356-357. 118 Diario de los lhbaUs thl Congreso Constituyente. cit., tomo México. 1917, pp. 500 Y 501. 119 Diario de los Deba/es. cit.. tomo pp. 559 Y ss. 120 Diario de los Debares. cit., tomo pp. 560-593.

n. n.

n.

LA NAlURALEZA PROCESAL DEL AMPARO

105

123. Lo cierto es que tal como quedó el texto de las fracciones VllI y IX del artículo 107 constitucional, que corresponden, con ligeras modificaciones, a las actuales fracciones VI y VII del mismo precepto fundamental (tal como quedaron después de las reformas que entraron en vigor en mayo de 1951), al introducirse un procedimiento doble, se aceptó, aun cuando sin reconocerse expresamente, el carácter mixto de nuestro juicio de amparo, como proceso y como recurso. 124. Las Leyes Reglamentarias de 14 de octubre de 1919 y la vigente promulgada el 30 de diciembre de 1935, desarrollaron los lineamientos constitucionales, y consolidaron ampliamente esta doble configuración de nuestra institución. 125. Debemos hacer la aclaración de que el juicio de amparo mexicano, tal como se encuentra reglamentado en la actualidad, contiene aspectos que rebasan con mucho su doble configuración procedimental, puesto que podemos descubrir cinco figuras autónomas, dentro de su unidad exterior, como son los que nos hemos permitido denominar: el amparo-libertad: amparo contra leyes; amparo-casaci6n, amparo administrativo l2l y después de las reformas de 30 de octubre de 1962 y 3 de enero de 1963, también se puede hablar de un amparo en materia agraria ejidal y comunal. l22 126. También resulta conveniente aclarar que no coinciden exactamente, el procedimiento de doble instancia con el control de la constitucionalidad, ni el de un solo grado, o directo, con el contrOl de la legalidad, ya que tomando como ejemplo los actos de las autoridades administrativas, muchos de ellos se impugnan por vicios exclusivamente legales, en tanto que en algunos casos las resoluciones judiciales pueden adolecer de inconstitucionalidad, inclusive por apoyarse en disposiciones legales contrarias a la carta fundamental, no obstante lo cual, se tramitan en amparo directo. l23 127. Por tal virtud no deben confundirse las figuras que Niceto Alcalá-Zamora y Castillo ha denominado tipos de proceso, o sean los cinco aspectos mencionados con anterioridad, con las formas de procedimiento, es decir, esta duplicidad del amparo de doble instancia y amparo directo. l24 128. Nos vamos a referir, pues, a las formas de procedimiento para confirmar nuestra aseveración, de que la legislación mexicana ha estructurado al amparo de doble instancia como un proceso autónomo, todo ello con independencia de los tipos de proceso a los cuales se aplican estas formas, pues si examinamos los diversos actos que pueden impugnarse a través de ese procedimiento que Ignacio 121 122

123

Cfr.

Fix~

Zamudio. Eljuicio de amparo, cit.. pp. 376 Yss.

Cfr. Burgoa, Ignacio, El amparo en materia agrarUJ. México. 1964. pp. 111 Yss. Cfr. Fix-Zamudio. Eljuiciode amparo, cit.. pp. 175 Yss.

124 "Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso", cit.. p. 170, Y "Proceso administrativo", en Revista di! la Facultad de Derecho de Mb:ico, núm. 51. julio-septiembre de 1963. p. 608, trabajos en los cuales este distinguido procesalistaconsidera que la idea del proceso corresponde a una contemplación teleológica, en tanto que la del procedimiento obedece a un enfoque fonnalista.

106


Burgoa ha denominado "bi-instancial", '" advenimos que el articulo 114 de la Ley Reglamentaria del Juicio de garantías ha agrupado una serie de situaciones disímbolas, algunas de las cuales, por su naturaleza real, no justifican ese doble grado. 129. Podemos citar a este respecto, las resoluciones o actuaciones procesales pronunciadas dentro de juicio, cuando sean de imposible reparación, O aquellas que se dictan en el procedimiento de ejecución o sea después de concluido el conocimiento del negocio, los cuales no pierden su naturaleza de actos judiciales, y por lo tanto debían impugnarse en la vía directa, y lo mismo puede decin;e respecto a las resoluciones dictadas por los tribunales administrativos, como por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Federación, cuyos fallos tienen naturaleza jurisdiccional, aunque se consideren formalmente administrativos, y por tanto se justificaría la existencia, en tales casos, de un amparo directo administrativo.'26 130. De acuerdo con los articulos 1I6a 121 y 145 a 156, de Ja Ley Reglamentaria del juicio constitucional, el primer grado de este proceso autónomo debe iniciarse por demanda escrita, y, en casos excepcionales, por comparecencia, ante el juez de distrito en el cual tiene su residencia la autoridad que ejecuta o pretende ejecutar el acto reclamado (articulo 36), aun cuando en ciertos casos en que exista peligro de privación de la vida o de la libertad fuera de procedimiento judicial, el procedimiento se puede iniciar ante las autoridades judiciales locales, en los lugares donde no resida juez de distrito, aunque este último es el que debe continuar y fallar el asunto (articulos 38-40), y además, existe jurisdicción concurrente, a elección del quejoso, ante el superior del tribunal al que se atribuya la violación, cuando se trate de infracción de ciertos derecbos fundamentales del acusado (articulo 38). 131. Con la demanda se COrre traslado a \as autoridades responsables y al llamado tercero peIjudicado (es decir, aquel que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado). Dichas autoridades tienen obligación de rendir un "informe justificado" (articulo 149), que no obstante su nombre, y como lo habíamos establecido con anterioridad, tiene todos los efectos de la contestación a la demanda, tomando en consideración que de acuerdo con el citado precepto, la falta de este informe establece la presunción Ik ser cieno el acto reclamado, salvo prueba en contrario, es decir, que se produce la misma situación que provoca la rebeldía del demandado en el proceso ordinario. m 132. En consecuencia, es factible afmnar que se forma una relación jurídicoprocesaI autónoma, la que se inicia con la presentación de la demanda y se 5S4 y SS. 126 Uoa doble configuración del amparo administrativo, según se enderece contra actos de la administración activa. o en impugnación de fallos de tribunales administrativos, ha sido claramente establecida por Tena Ramírez. Felipe. "Fisonomía del amparo en materia administrativa". en el volumen El p'n.MmiOllO jurldico tk Mhico en el iUrecho constihlcionol, Mbico, 1961. pp. 111-132. 127 Cfr. los artfcu10s 271 Y 332. respectivamente, de los Códigos de Procedimientos Civiles. para 125 Eljuicio tk amparo, cit., pp.

el Distrito y Territorios Federales. y Federal.

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107

perfecciona con la contestación o "informe justificado" de las autoridades señaladas como responsables o bien con la rebeldía de las mismas, esta última sancionada con una pena pecuniaria por el juez del amparo (párrafo tercero del invocado articulo 149). 133. El perfeccionamiento o integración de esta relación jurídico-procesal a través de la presentación del "informe", produce en el juicio constitucional, los siguientes efectos, que son los mismos que señala el procesalista argentino Hugo Alsina para el proceso común: 128 134. a) Quedan establecidos los sujetos de la relación procesal. 135. b) Quedan fijadas las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez.

136. Efectivamente, en cuanto se rinden los informes relativos, se determina la materia de la controversia, que ya no puede variarse por las partes, produciéndose lo que la jurisprudenda denomina. aunque impropiamente: litis contestatio. l29 137. Sólo se admite la moditicación de la demanda con posterioridad a la rendición del informe, cuando del mismo aparezcan hechos o autoridades diversas de las que hubiese tenido conocimiento el quejoso en el momento de la presentación de su demanda.'30 138. El procedimiento tiende a la concentración, puesto que los actos procesales esenciales tienen lugar en una audiencia pública, en la cual predomina la oralidad, y que reúne los tres estados de pruebas, alega/os y sentencia (articulo 155 de la Ley) debiendo tomarse en cuenta, además, que son admisibles toda clase de medios de convicción, pertinentes para demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos que se reclaman, excepto la prueba de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho (articulo 150). 139. La segunda instancia que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito, según la naturale7-'1 de la controversia (articulo 84), se abre sólo a petición de parte, a través de lo que la Ley llama recurso de "revisión",l3l pero que en realidad constituye una apelación contra el fallo de primera instancia. 128 Tratado teórico-prdcrico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, 1956. tomo 1, p. 433. 129 Tesis 117, página 259, del Apéndice al Semanario Judicial th la Federaci6n publicado en el año de 1955, que establece: "La Corte ha establecido el criterio de que la litis contesta/io en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden su informe con justificación. por tanto. mientras tal informe no !>e rinda, el agraviado puede ampliar su demanda o modificarla. en cuanto a sus derechos convenga. siempre que esté dentro del término legal para pedir amparo". 130 Véase las tesis relacionadas, publicadas en ~ páginas 260 y 261 del citado Apéndice jurisprudencial. 13I Esta denominación constituye una reminiscencia del régimen anterior al establecido por la Constitución vigente. es decir, cuando las sentencias dictadas por los jueces de distrito eran revisadas de oficio por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el sistema adoptado por las leyes de la materia. a partir de la de 1869. hasta el Código de Procedimientos Civiles de 1908.

!O8


140. El procedimiento de segundo grado también se concentra en una sola audiencia, en la que se discute públicamente la sentencia, si el asunto corresponde a la Suprema Cone (artículo 186), y en una sola sesión secreta. cuando se trate de un amparo encomendado a los tribunales colegiados de circuito (art. 184, fe. ll). 141. También resulta importante advertir que la providencia cautelar denominada "suspensión de los actos reclamados" asume en la Ley de Amparo una tramitación peculiar tratándose del amparo de doble instancia, puesto que en los casos en le: que se concede a petición de parte (anículo 124), asume la categoría de una cuestión incidental y contradictoria (anículo 131), que admite el establecimiento de medidas de urgencia, conocidas con el nombre de "suspensión provisional" (anículo 125), con todas las características que la doctrina señala para el establecimiento de las medidas precautorias en el proceso ordinario.'" 142. Del análisis un tanto superficial que hemos efectuado respecto del procedimiento establecido por la Ley Reglamentaría del Juicio Constitucional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la fracción vn del anículo 107 constitucional, en relación con el amparo indirecto, de doble grado, o "bi-instancial", aparece con claridad que dicho procedimiento se ha configuradO en vista de la estructuración de un proceso autónomo, en el cual se establece una relación jurídico-procesal independiente de la situación jurídica que motivó los actos reclamados, relación en la cual aparecen, por una parte, el afectado con los propios actos que considera viol.torios de la Ley o de la carta fundamental, y por la otra, autoridades o funcionarios públicos, que asumen la calidad de demandados en el juicio de garantías. 143. En cuanto al llamado "tercero peJjudicado", no obstante que la Ley Reglamentaría le otorga la calidad de parte (anículo 50. fracción ID), en el amparo de doble instancia tiene una participación todavía no precisada, puesto que su intervención es forzosa, sin que pueda modificar la cuestión controvertida entre el quejoso y las responsables'" pero tampoco puede estimarse como un simple coadyuvante de estas últimas, ya que no está subordinado a las mismas para la interposición de los recursos relativos.

132\:'fr. CaIamandrei. Piero, Inlroducci6n al esruJio sutem4Jico de las provUknc;as cautelares. trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1945. pp. 34 Y ss. 133 De acuerdo COD la tesis 1076. página 1942. del citado Aplndiu al Semanario Judicial tú la Fetkracron publicado en el año de 1955.105 terceros pe!judicados deben sujetarse al estado en que ![le encuentra el juício de amparo, al presentarse en él.

LA NATURALFZA PROCESAL DEL AMPARO

109

XI. EL AMPARO WDICIAL y EL RECURSO DE CASACiÓN

144. Si ahora intentamos una visión panorámica y de conjunto del procedimiento en el amparo directo Ode única instancia, podremos observar que, sin pretenderlo intencionalmente, se encuentra orientado, por las necesidades ineludibles de la práctica, hacia la tramitación de un simple recurso, que por otra parte, sigue muy de cerca los lineamientos del recurso de casación. 145. Es cieno que la terminología que emplea la Ley Reglamentaria, de acuerdo con los principios establecidos en la fracción VI del referido artículo 107 constitucional, corresponden a la que puede aplicarse a un proceso autónomo, pero la propia terminología no corresponde a la situación real que pretende regularse. 146. El artículo 166 de la Ley de Amparo nos habla de demanda, y para la misma fija requisitos similares a los que se exigen en el diverso artículo 116 para la demanda de amparo de doble grado, pero la estrecha vinculación de la instancia directa con el fallo judicial impuguado, que se descubre en la simple lectura de las diversas fracciones del propio artículo 166, nos lleva al convencimiento de que nos encontramos ante un escrito en el cual se plantea un recurso y no una demanda auténtica. 147. y si pensamos en la relación juridico-procesal, la idea del recurso se reafirma, si se toma en cuenta que el informe justificado que debe rendir la autoridad judicial señalada como responsable, además de que no tiene plaw preclusivo, su omisión no tiene, ni con mucho, los efectos de la rebeldía del demandado, que sí advertimos en la ausencia de tal informe tratándose de autoridades demandadas en el amparo de doble instancia, ya que de acuerdo con el artículo 169 de la Ley Reglamentaria, no existe carga ni obligación estricta de rendir el informe por parte de la autoridad judicial, que únicamente puede ser requerida por la Suprema Cone o el tribunal colegiado de circuito, en su caso, para que formule dicho informe, el cual tiene esa naturaleza y no de contestación de la demanda. 148. Por el contrario, el artículo 163 del propio ordenamiento establece a cargo del quejoso (o con mayor propiedad, recurrente) la carga procesal de solicitar de la autoridad judicial respectiva, copia certificada de las constancias necesarias para demostrar tanto la existencia del fallo combatido como las violaciones que le atribuye. 149. Todo esto significa que de manera artificiosa se ha hecho figurar como autoridad responsable al tribunal que ha dictado el fallo combatido, cuando que su situación real es precisamente esa: la de un juzgador cuya resolución ba sido recurrida ante una instancia de mayor jerarquía, que por lo mismo se encuentra sólo obligada a informar sobre su aCtuación y elevar los autos relativos.

llO


150. !\demás, la costumbre judicial ha consistido en que el tribunal señalado como responsable se limita, en la mayoría de los casos, a remitir el expediente en el cual pronunció el fallo impugnado, en vía de informe con justificación. 151. Las partes contrapuestas son, en realidad, las mismas que participaron en el proceso ordinario en el cual se dictó el fallo combatido, y en el amparo pueden cambiar la posición, como ocurre en los recursos, de manera que la parte demandada puede quedar en situación activa, como quejosa, o bien conservar su actitud de defensa, en calidad de tercero perjudicado, pero de cualquier manera es ese tercero interesado, y el agente del Ministerio Público que ba llevado la acusación en el proceso penal, los que efectivamente comparecen ante la Suprema Corte o los tribunales colegiados a defender sus derechos, formulando las alegaciones pertinentes (articulo 180). 152. Sería inusitado que el tribunal que dictó el fallo impugnado, que de una manera puramente fonnal figura como demandado, pero que en realidad carece de interés directo de la controversia, se apersonara en el amparo de única instancia para formular alegatos, con independencia de que carece de facultades legales para hacerlo. 153. Todo esto nos hace pensar que la relación jurídico-procesal que se establece en el amparo directo. es una relación impugnativa. que continúa la iniciada en el proceso ordinario, y por tanto carece de verdadera independencia, y si bien es verdad que sufre modilicaciones, respecto de la del proceso común, debido al carácter extraordinario del juicio de garantías, estas alteraciones afectan únicamente el alcance o extensión de la cuestión debatida, pero no cambian la naturaleza de la relación procesal. 154. Otras dos instituciones reglamentadas por la Ley de Amparo en relación con el amparo de única instancia, conftrman nuestra aseveración de que se trata de un recurso: nos referimos a la llamada "reparación constitucional", por una parte, y por la otra, a la "suspensión del acto reclamado", tal como se tramita en esta clase de juicios. 155. La reparación constitucional, según la denominación que le ha dado la jurisprudencia, ,3< "incidente de reclamación", o "preparación del amparo directo", de acuerdo con la doctrina,'" y vulgannente "amparoide", consiste en la obligación establecida por los artículos 161 y 162 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, de reclamar ante el juez del orden común toda violación procesal que el afectado considere cometida en su perjuicio, inconformidad que en el supuesto de existir recursos ordinarios, debe hacerse valer también en la vía

134 Véase la tesis 906, páginas 1679-1680, del último Apindic~ publicado del St!IfI(UI(lT;O Judicial tU la Ft!chrocidn. 135 Cfr. Burgoa, Ignacio. Eljllicio tk amparo, cit., pp. 605 Yss.

LA NA11JRALEZA PROCESAL DEL AMPARO

111

de agravio, fonnulándose una protesta, en caso de no realizarse la reparación respectiva. 156. Por tanto, aunque esta institución figura en el articulado de la Ley de Amparo, en realidad no corresponde estrictamente a la materia del juicio de garantías, sino que constituye un aspecto de procedimiento ondinario, ya que contra lo que generalmente se piensa, esta tramitación no configura un medio de preparación del juicio de amparo directo en materia civil y penal (no se exige en la materia laboral), ya que su función, de acuerdo con su origen, es la depuración del procedimiento común de los vicios de carácter procesal, de manera que por econollÚa también procesal. se subsanen dichas violaciones en la vía ortlinaria. y no exista necesidad de hacerlas valer en la vía extraordinaria del amparo. l36 157. Este medio de depuración procesal, que debe tramitarse no ante el juez del amparo, como sería lógico si formara parte del procedimiento del juicio constitucional, sino ante los tribunales comunes, no constituyó una innovación del Constituyente de 1917, ya que esta figura procesal ya había sido consignada en los Códigos de procedimientos civiles y penales, anteriores a la carta fundamental vigente, en cuanto reglamentaban el recurso de casación, i37 y su fuente se ha ubicado, según lo ha puesto en relieve el joven tratadista mexicano Alejandro Ríos Espinoza, en el régimen de la casación española. 138 158. En efecto, este sistema de impugnación y protesta contra las violaciones procesales, dentro del mismo procedimiento común y como un instrumento de depuración procesal y medio de acreditar su inconformidad respecto de dichas violaciones, para poder impugnarlas posterionnente en casación, cuando se dicte la sentencia defirútiva, fue introducido por el articulo 50. del Real Decreto de 4 de noviembre de 1838, y fue acogido por los articulos 1019 y 1020, y 1696 Y 1697, de las Leyes de Enjuiciarrúento Civil de 1855 y 1881. 139 159. En cuanto a la suspensión de las resoluciones judiciales reclamadas en amparo directo, ésta se distingne claramente de la medida cautelar en el juicio de doble instancia, si tomamos en consideración que la primera se confia a los mismos triburtales señalados como responsables (articulo 107 constitucional, fracción XI, y articulos 170 y siguientes de la Ley de Amparo), en la inteligencia de que para su otorgarrúento no se requiere de una secuela incidental contradictoria, sino que se resuelve de plano (articulos 171, 173 y 174 de la Ley Reglamentaria, para las materias penal, civil y laboral, respectivamente).

136 León Orantes, al considerar este medio de depUración procesal sólo como un instrumento de preparaci6n del amparo,lo califica de procedimiento Sul generis, híbrido en cuanto involucra denU'O de la jurisdicción ordinaria la del amparo y desde todo punto de vista antijurídico y absurdo. 131 Cfr. FIx-Zamudio, El juicio de amparo. cit, p. 262, nota 203. 138 Amparo y casación, cit.. pp. 191 Y ss. 139 Cfr. de la Plaza. Manuel,lA casación civil, Madrid, 1914, pp. 367 Y ss.


112

160. De manera que más que una medida cautelar, en el sentido estricto del concepto, la suspensión en el amparo directo tiene estrecha relación con la situación jurídica que se plantea respecto de las sentencias apelables, que pueden serlo en ambos efectos (devolutivo y suspensivo), lo que equivale al otorgamiento de la propia suspensión, y en un solo efecto (devolutivo), lo cual se asemeja a una determinación que niega la medida suspensiva en el propio amparo directo.'''' 161. Después de concluir en el sentido de que el amparo judicial se tramita, de acuerdo con la Ley Reglamentaria, como un simple recursO y no como un proceso autónomo, resulta oportuno hacer referencia a las relaciones que existen entre el propio amparo judicial y el recurso de casación, relaciones que son tan estrechas, que nos han llevado a calificar a este sector de nuestro juicio constitucional como

"amparo-casación

lO

,141

162. Sin embargo, estas analogías no han sido comprendidas por un numeroso sector de la doctrina mexicana, ya que existen tratadistas que sostienen que tales semejanzas son más aparentes que reales'42 en tanto que otros las niegan categóricamente. 143

163. Este prejuicio anticasacionista se advirtió entre los constituyentes de 1917, ya que en el seno de dicho Congreso se pronunciaron juicios muy severos contra la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, que funcionaba como Tribunal de Casación, y el representante Alberto M. González, quien por cierto fue uno de los defensores del proyecto del Ejecutivo sobre el amparo judicial. Se hizo eco del sentir general de los abogados de la época, al considerar que el recurso de casación, tal como estaba reglamentado en los códigos mexicanos que lo admiúan, era tan dificil y tan técnico, que solamente dos abogados en nuestro país lo conocían: Agusún Rodríguez'" y el licenciado Silva, pero el ntismo representante tuvo que reconocer que el amparo en materia civil, tal como lo proponía el Ejecutivo, subsanaba todos los vicios de la casación.'45 164. No obstante lo anterior, un gran número de jurisconsultos mexicanos han realizado estudios comparados entre el amparo judicial y el recurso de casación, y han tenido que reconocer algunos y aceptar plenamente otros, que nuestro juicio

1040 Cfr. artículos 694-702 del Código de ProcedimienlOS Civiles para el Distrito y Territorios Federales. y 242 Y 251 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 141 Cfr. Flx-Zamudio, ElftUcio tú amparo. ciL. pp. 258 Y 381-382. 142 Cfr. De Piña YCastiUo Larrañaga.,lnsrihICioMs tk derecho procesal civil. cit.• p. 522. q ed. cit.. p.56!. 143 Rodolfo Reyes. en UD artículo que public6 en El Universal el día 26 de septiembre de 19S3. llegó a sostener que nada hay más opuesto al espíritu de nuestra magna institución que el recurso t6cnico y sutil de la casación. 144 Este famoso abogado mexicano es autor de un magnífico estudio sobre la casación reglamentada en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales. de 1884, La casaciÓD civil, publicada en la RMsto tú ugisloci6n y Jurisp1Vdettcia. México, julio-diciembR: de 1903. 145 Diario tú los lhbatu, cit.. p. 572.


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de garantías y el recurso de casación son parientes cercanos, y tratándose de violaciones de carácter procesal, se llega casi a la identidad, como lo demuestra un cotejo entre los motivos establecidos por los artículos 159 y 160 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, y las disposiciones de los códigos procesales que reglamentaban la propia casación en México, hasta que fue suprimida. 146 165. Ya en el siglo pasado, el tratadista Fernando Vega, al que nos hemos referido en otras ocasiones como distinguido comentador de la Ley de 1882, realizó un análisis comparado entre el amparo judicial y el recurso de casación francés, advirtiendo sus grandes puntos de contacto. 147 170. Posteriormente se insistió en esta similitud en el Congreso Jurídico Nacional de 1921, en el cual ya hemos visto que se aprobó la propuesta de Emilio Rabasa para que se creara un Tribunal Central de Casación. l4' 171. Actualmente son numerosos los autores que señalan las analogías entre ambas instituciones, entre lOS cuales pueden citarse a Miguel Alatriste de la Fuente,!" Teófilo Olea y Leyva,!50 Alejandro Ríos Espinoza!'! y J. Ramón PalaCiOS.1 52

172. Por otra parte, debemos señalar el reconocimiento implícito dcllegislador

mexicano en el sentido de que tanto el amparo judicial como la casación realizaban las mismas funciones, en cuanto suprimió la segunda, expresamente en el artículo 90. transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios Federales, de 9 de septiembre de 1919, e implícitamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, que ya no acogió la casación federal que reglamentaba el Código de 1897. I53

146 Cfr. Fix-Zamudio, Eljuicio de amparo, cit., p. 261, nota 201. "El juicio de amparo y el recurso de casación francés", en Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, 1899, tomo 1, pp. 69 Y ss., reimpreso en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 231-248. 148 Cfr. las opiniones de Miguel S. Macedo y Antonio Pérez Verdía, Memoria del Primer Congreso Jurldico Nacional, cit., pp. !i3-64. 149 El juicio de amparo~. el ucurso de casación civil, México, 1948150 "Genealogía jundÍca de la casación y el amparo en materia penal", en el volumen Problemas jurldicos y sociales de México, México, 1955, pp. 41-90. 151 Amparo y casación, cit. 152 En varios artículos, entre los cuales destaca "El mito del amparo", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 24, octubre-diciembre de 1956, pp. 275-301. Y más recientemente en su libro Instituciones de amparo, cit., pp. 343 Y ss. 153 A este respecto también debe tomarse en consideración lo que estable~ió el artÍCulo 30, segundo párrafo, de la Ley de Amparo de 18 de octubre de 1919. de acuerdo con el cual se consideraba como sentencia definitiva para efectos del amparo directo: "La que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ya más recurso que el de casación y otro similar", con lo que prácticamente dej6 sin efecto el recurso de casaci6n que todavía subsistía en las legislaciones procesales de la República, y que no había sido derogado expresa o implícitamente de acuerdo con la tendencia abolicionista que se advierte a partir de la vigencia de la Constitución actual. 147

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173. De todo lo anterior, resulta en cieno modo paradójico que un sector considerable y prestigiado de la doctrina mexicana insista en que el amparo judicial tiene carácter de proceso autónomo (supra núm. 6), no obstante que resultan evidentes las analogías de nuestra institución con el recurso de casación. 174. La explicación puede residir en factores emocionales, en cuanto la palabra "casación" resulta poco simpática a los juristas nacionales, porque despiena el recuerdo amargo del excesivo formalismo con el cual estaba reglamentado este medio de impugnación en las leyes procesales mexicanas, particularmente en el Código de Procedintientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 1884; por el contrario, el nombre de "amparo" revive el noble sentintiento de la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. 175. Pero por poca inclinación que sintamos hacia la casación y por mucho cariño que justificadamente guardemos a nuestro juicio de garantías, tenemos que reconocer que la primera se infiltró en el segundo, de tal manera que en la actualidad forma parte del mismo. y esto no por imitación de las instituciones europeas, sino

por necesidades de nuestra evolución jurídica, que hicieron indispensable centralizar toda la justicia del pals en el Poder Judicial de la Federación. 176. No aceptar la situación anterior equivale a sostener que en todo caso el amparo mexicano está dirigido a la protección de los derecho del hombre ' " pensando injustificadamente que el control de la legalidad tiene menos imponancia o realiza fines de carácter secundario, no obstante que la seguridad jurídica que deriva del "amparo-casación" resulta fundamental en el mundo agitado de nuestra época, que como lo hiciera notar el ameritado Ravio López de Oñate, busca desesperadamente la "ceneza del derecho". "S 177. Para señalar las semejanzas entre la casación y el amparo debemos tomar en consideración a la primera de estas instituciones, en sus principios genéricos, y no tal como fue reglamentada por el mencionado Código de Procedintientos Civiles de 1884. 178. Los dos grandes principios que inspiran el recurso de casación abstractamente considerado, por encima de las diferencias legales en el gran número de pafses que lo han aceptado, los puso de relieve el ilustre jurisconsulto florentino Piero Calamandrei: en primer lugar una función negativa, que dicho autor intitula

154 Por este motivo. el constitucionalista argentino Rafael Biel$a dirige una sutil crítica a la doctrina mexicana sobre el juicio de amparo, a la que considera "algo apologética" ,lA protecci6n constitucional y ~l recurso txtraordinario. 2- ed., Buenos Aires. 1958. p. 180. ¡SS Lacerleza del derecho, trad. de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Buenos Aires, 1953. pp. 67 YSS., especialmente merecen citarse estas palabras: "La crisis del derecho {... ) es crisis del individuo contemporáneo que se ha perdido a sí núsrno. Para reconquistarse a sí núsrno. deberá recorrer un camino ni breve ni fácil y deberá reconquistar necesariamente. después de reconocida la necesidad y la validez de la ley. la ar1~za dellkucho, qu~ no pu~de arbitrariamente s~pararse de la ar1~l.a lk la ley".


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nomijilaquia,'56 que tiende a impedir que los órganos jurisdiccionales infrinjan las disposiciones jurídicas que deben aplicar a los negocios sometidos a su conocimiento, y la otra positiva, que asegura en el Estado la unidad de la jurisprudencia, y por consiguiente, la unidad e igualdad de derecho objetivo, a través de la revisión y de la selección de las diversas interpretaciones coexistentes respecto de una misma normajurídica. 157 179. Pero además de estas dos finalidades, la casación se distingue de los otros medios de impugnación, en que implica la nulidad o anulabilidad de los actos procesales o resoluciones judiciales que adolecen de ilegalidad, y además, porque tiene carácter extraordinario. en un doble sentido: en cuanto sólo examina el aspecto jurídico del asunto (questio iuris), quedando la apreciación de los hechos a la jurisdicción común, hasta que se han agotado los recursos ordinarios.'" 180. Atendiendo a estos lineamientos generales, en otra oportunidad nos hemos atrevido a describir la casación, en su aspecto genérico. como el remedio de anulación, que examina la actividad procesal del juez para determinar su legalidad, unificando la jurisprudencia y depurando el derecho objetivo '59 en la inteligencia de que su evolución la lleva cada vez más a cuidar de los derechos particulares de las partes, estableciendo un equilibrio entre el ius liligatorios y el ius constilulionis. 181. Es cierto que en sus comienzos, la institución, tal como fue configurada en el año de 1790 por la Asamblea Constituyente francesa, tenía por objeto exclusivamente la defensa de la ley en abstracto, estimada como el resultado de la voluntad general, y sólo entonces, cuando era una figura ligada al Poder Legislativo, podía acusársele de sacrificar el hombre a la ley, pero a partir de la independencia de la Corte de Casación francesa, según la Ley de lo. de abril de 1837, se transformó en un medio de impugnación procesal, que atiende no sólo el interés público sino también el particular de las partes en el proceso. lOO 182. El error muy divulgado de considerar que la casación está dirigida únicamente a la defensa del derecho objetivo, con olvido de los intereses particulares, ha sido combatido con gran agudeza por el procesalista español Urbano Ruiz

156 Por referencia a 10$ funcionarios atenienses denominados NomoJilacos Q guardinales de las leyes, Carlos Sánchez Viamonte, Las instituciones polfficas en la historia universal, Buenos Aires, 1958, p. 141. 157 La casación civil, traJo de Santiago Sentís Melendo, tomo n. Buenos Aires, 1945 (reimpresión. 1961), pp. 101 Y ss. 158 Por este motivo, en un reciente trabajo, el procesalista italiano Elio Fazzalari, Il giudizio civj{e di cassazione, Milano, 1960, pp. 197 Y SS., considera que la casación no implica el efecto "devolutivo" que tienen los recursos comunes, en cuanto se limita al examen de la questio i/iris, para declarar si procede la nulidad de la sentencia impugnada. por lo que no se lraduce, como en la apelación, en un nuevo juicio de mérito sobre la totalidad del problema planteado. 159 Cfr. Fix-Zamudio, Eljuicio de amparo, de, p. 130. 160 Cfr. Calamandrei, lA casación civil, cit., tomo l. vol. 11. pp. 128 Y ss. Emile Chenon, Origines, conditions er effects de la cassalion, París, 1882, pp. 81 Y ss.

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Gutiérrez, el cual afinna que cuando se dice que: "la casación protege el interés público en la defensa de la ley, no hace más que afinnarse que protege el interés privado del caso concreto y los intereses privados de todos los casos posibles y semejantes. cuya suma es el interés público. 161 183. Por otra parte, el fonnalismo no constituye una característica esencial y connatural con la casación, sino que depende de la reglamentación que se adopte, y tan es así, que podemos tomar como ejemplo a la casación alemana (revisión), que resulta más liberal que nuestro amparo en material judicial civil, pues en tanto que la institución mexicana es de "estricto derecho" de manera que la sententía que en él se dicte "se sujetará a los ténninos de la demanda, sin que sea pennitido suplir ni ampliar nada en ella" (artículo 79, segundo párrafo, de la Ley de Amparo), los artículos· 554-556 de la Ordenanza Procesal Civil Alemana establecen que el tribunal que conoce de la casación (actualmente lo es la Corte Federal)!" no se encuentra vinculado por las alegaciones de las partes para examinar si fuera de ellas la ley ha sido infringida, siempre que se trate de violaciones de fondo y no de procedimiento.!63 184. En consecuencia, la casación tiende a superar el fonnalismo que indebidamente se le asignó en algunas legislaciones, y su aspiración par.. el futuro de acuerdo con el pensamiento del ameritado procesalista italiano Salvatore Satta, es lograr que el juez de casación, más allá de todas las formas, tenga el control supremo del proceso, para asegurar su correspondencia a la justicia sustancial.!" 185. Finalmente, resulta necesario observar que los motivos por virtud de los cuales puede acudirse al recurso de casación se dividen tradicionalmente en dos grupos: a) Los errores in procedendo o por quebrantamiento de la forma, y b) Los errores in iudicando por infracción de la ley o de la doctrina legal. 186. Ahora bien, si efectuamos un cotejo de la reglamentación del amparo judicial con los lineamientos fundamentales que hemos relacionado, y que conforman el recurso de casación, no podemos menos que concluir que tales principios

resultan también aplicables a nuestra institución.

161 "Crítica de la casación penal española", en Revista de Derecho Procesal, Madrid, núm. 1, 1963. p.52. 162 Stella Richter. Mario, Theo Riuerspach y Heinz Schuster, "La organización y las funciones de la Cone Federal Constitucional y de la Corte Federal de Alemania Occidental", trad. de Héctor Fix-Zamudio, en Revista de la Facultad de Derecho de Mb:ico, núms. 31-32, julio-diciembre de 1958, pp. 296 Yss. l(i3 Cfr. Goldschntidt, James, Derecho procesal civil, trad. de Leonardo prieto castro, Barcelona, 1963, p. 842; Schonke, Adolfo, Derecho procesal civil, cit., pp. 318-319; Rosemberg, Leo, Tratado de derecho procesal civil, trad. de Ángela Romero Vera, Buenos Aires, 1955, Tomo 11, p. 424. Esta siluación de la casación alemana equivale a una suplencia de la queja, según la tenninología de nuestra Ley de Amparo. 164 "Passato e avvenire de la cassazione", en Revista Trimestrale di Dirifto e Procedura Civile, año XVI, núm. 3, septiembre de 1962, pp. 966-967.


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187. En primer ténnino, el amparo directo en materia judicial realiza las dos funciones esenciales señaladas por Calamandrei, en cuanto, por una parte, tiene por objeto corregir las violaciones legales en que hubiesen incurrido las autoridades judiciales en su actuación procesal (nomofilaquia), y en segundo lugar, detennina la unidad de la jurisprudencia, a través de la obligatoriedad de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que llenen detenninados requisitos (articulas 193 y 193 bis de la Ley de Amparo). 188. En relación con este último aspecto, aunque es verdad que la obligatoriedad de la jurisprudencia se refiere exclusivamente a la interpretación de la Constitución y de las leyes federales, de hecho se obtiene el mismo resultado en cuanto a las leyes locales, ya que los tribunales de los Estados siguen, por regla general, el criterio señalado por el más alto tribunal de la República respecto de las disposiciones estaduales. 165 189. Desde otro punto de vista, el amparo mexicano constituye un recurso de invalidación de carácter extraordinario, en el doble sentido a que hemos hecho referencia, en cuanto la concesión de la protección federal en beneficio del quejoso implica, en los ténninos del artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, la restitución del agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la infracción, efectos restitutorios que constituyen también el resultado de la declaración de nulidad de los actos procesales o de los fallos judiCiales a través del recurso de casación. 190. Por otra pane, el examen del juez del amparo se limita exclusivamente a la cuestión de derecho, quedando el material fáctico a la apreciación de la autoridad judicial común (articulo 78 de la Ley de Amparo). Además, el juicio de amparo es también extraordinario en cuanto no puede hacerse valer sino hasta que se hubiesen agotado todos los recursos ordinarios de carácter procesal (articula 73, fracción XlII, de la misma Ley Reglamentaria). 191. Existe también en el amparo judicial la división clásica entre los motivos de casación, en errores in procedendo, que nuestra ley denomina "violaciones cometidas durante la secuela de procedimiento" (artículo 158 bis, fracción 1) y errores in iudicarulo, o violaciones en las sentencias judiciales. 192. Los motivos de casación por violaciones procesales están enumerados en los artículos 159 (para los juicios civiles y los seguidos ante las juntas de conciliación y arbitraje) y 160 (para los procesos penales), coincidiendo en gran pane con los consignados en las leyes procesales que consagraban en México el recurso de casación, según 10 expresamos anterionnentc.

165 Cfr. Iñárritu, Jorge, "El estatuto de lajurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia" . en Boletln de Infonnación Judicial, México, núm. 92, marzo de 1955, pp. 141~142.

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193. Yen cuanto a las causas por las cuales puede solicitarse el amparo en cuanto al fondo, se consignan en el artículo 158 bis, fracción n, de la referida Ley de Amparo, y no son otras sino las establecidas esencialmente en el artículo 14 constitucional. l66

194 En suma, de todo lo anteriormente expuesto puede concluirse en el sentido de que el amparo judicial constituye, de acuerdo con su reglamentación por la Ley del Juicio de Garantías, un recurso extraordinario de nulidad, y no un proceso autónomo. XII. RELACIONES ENTRE EL AMPARO ADMtNISTRATIVO Y LA REVISIÓN FISCAL

195. Otro aspecto poco explorado en la materia que examinamos radica en la vinculación y paralelismo que existe entre el amparo administrativo contra sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, y el llamado recurso de revisión fiscal, creado por la reforma al artículo 104 constitucional, de acuerdo con el Decreto de 30 de diciembre de 1946, reglamentado por dos leyes, la primera relativa a la materia federal, promulgada en la misma fecha, es decir, el 30 de diciembre de 1946 y reformada por Decreto de 30 de diciembre de 1949, y la segunda que se contrae a los asuntos relacionados con la hacienda pública del Departamento del Distrito Federal, es de fecha 28 de diciembre de 1948 con reforma de 30 de diciembre de 1950. 196. Ya hemos mencionando que la doctrina mexicana ha descubierto en el amparo administrativo. una doble naturaleza,I67 ya que por un lado se utiliza como

medio de impugnación contra los actos de la administración activa, y en esta dirección, realiza una función equivalente al llamado "contencioso-administrativo"; 168 y por otro lado. funciona como recurso contra las resoluciones dictadas por los tribunales adlninistrativos autónomos (de jurisdicción delegada), partícularmente, del Tribunal Fiscal de la Federación. 197. En este último sentido, no obstante que el juicio de garantías se tramita a través de un procedimiento de doble grado, pues debe iniciarse ante los jueces de distrito, en los términos del artículo 114, fracción n, de la Ley de la materia, en el 166 Dicho precepto establece. en lo conducente: "s610 será procedente el juicio de amparo conlra sentencias definitivas pronunciadas en juicios civiles y respecto a los laudos de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecbo, a falta de ley aplicable; cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio o cuando no las comprendan todas, por omisi6n o negativa expresa". 167 Cfr. Tena Raoúrez, Fisonomla thl amparo m {Mlaia adminislrativa, cit., pp. 126 Y SS., Y Canino Aores. La thfensa tk los paniculares/reflte a la adminislroci6n, cit., pp. 275 Y ss. 168 Terminología criticada acertadamente por Alcalá-Zamora y Castillo. Proaso administrativo. dL.p.607.


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fondo equivale a un recurso extraordinario de carácter judicial, similar al amparo directo contra resoluciones de los tribunales ordinarios, y por este motivo debe estimarse como una casación administrativa. 198. Ahora bien, el referido recurso de revisión fiscal se creó en virtud de la necesidad de restablecer el equilibrio procesal entre las autoridades fiscales y las administrativas. pues con anterioridad a la citada refonna del artículo 104 constitucional por el citado Decreto de 30 de diciembre de 1946, la situación del particular que acudía ante el Tribunal Fiscal de la Federación para demandar la nulidad de un proveído tributario era, procesal mente hablando, más favorable que la de la autoridad o autoridades demandadas, ya que en el supuesto de que la sentencia le fuera desfavorable, podía y actualmente puede, interponer el juicio de amparo indirecto (articulo 114, fracción n, de la Ley Reglamentaria); en tanto que en el Caso contrario, es decir si el fallo resultara opuesto a los intereses fiscales, el mismo debía estimarse firme, porque las autoridades exactoras no podían acudir, -y actualmente tampoco les está permitido- al juicio de garantías. 199. Durante mucho tiempo luchó el fisco para que se le otorgara la posibilidad de acudir al amparo contra las referidas sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, pero la jurisprudencia de la Suprema Corte, inspirada en el criterio de un juicio de garantías exclusivamente orientado a la defensa de los derechos del hombre, le ha negado sistemáticamente esa posibilidad. 169 200. La doctrina, en términos generales, tampoco ha sido favorable a la concesión del juicio constitucional en beneficio de las autoridades fiscales, tomando en consideración a nuestro juicio de garantias únicamente como un instmmento de protección de los derechos de la persona humana, y en esta dirección se sostiene que aceptar esa situación equivale a admitir que el Estado puede pedir amparo contra sí mismo, para defender derechos del hombre, de los cuales carecen, evidentemente las autoridades tributarias l10 20 l. Esta posición contraria a la admisión del amparo en beneficio del fisco no toma en cuenta la evolución de nuestra institución, que se ha transformado, superando por completo la etapa inicial, para acumular entre sus funciones la del 169 Tesis 503, página 951 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1955, y que dice: "El Fisco, cuando usa su facultad soberana de cobrar impuestos, multas u otros pagos fiscales obra ejerciendo una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual TlO puede concebirse que elpoder pida amparo en defensa tÚI propio poder. Y esto es evidente, pues cuando ante el Tribunal Fiscal de la Federaci6n ocurre el Fisco Federal, o sea el Estado por conducto de uno de sus 6rganos. si es verdad que acude como parte litigante, también lo es que el acto qUe defiende no difiere del acto genuino de autoridad, ti no puede ser considerado como un derecho dLI hombre, o como una garantía individual para el efecto de que la autoridad que lo dispuso estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual suya". 170 Cfr. Burgoa, Ignacio, Eljuiciode amparo, cit., pp. 291 Y ss.; por el contrario, Hurnberto Eriseño Sierra. con argumentos muy acertados, considera factible otorgar el amparo a las autoridades fiscales, Derecho procesal fiscal, cit., p. 632.

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control de la legalidad de los actos de los tribunales administrativos, y en esta última dirección no existe obstáculo jurídico para lograr un equilibrio, dentro del mismo sistema impugnativo, respecto de las panes en el procedimiento fiscal. 202. Claro que sería absurdo pensar en una autoridad dotada de derechos públicos de carácter individual, pero ya no resulta tan inconcebible que pueda defender la legalidad de sus actos, frente a la sentencia dictada por un tribunal que ejercite funciones de lo contencioso-administrativo, y la prueba de esta aseveración radica en el reconocimiento por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de que el llamado "Estado-patrono" (en estricto sentido, los órganos del gobierno en relación con sus empleados) puede acudir al amparo en defensa de sus derechos contra las resoluciones desfavorables del tribunal de arbitraje (actualmente Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje);111 en la inteligencia de que el citado tribunal burocrático realiza, procesalmente hablando, funciones similares a las del Tribunal Fiscal de la Federación, aunque se ejerciten sobre diversa materia.'" 203. En esta materia burocrática se ha elaborado sin necesidad alguna, una ficción, la del Estado como titular activo de una relación laboral, para eludir la objeción de que los órganos del poder no pueden tener derechos del hombre, y por ello es que se asimila al Estado (en realidad, gobierno) a los particulares, de acuerdo con la superada doctrina de la doble personalidad estatal, no obstante que el primero nunca pierde sus atribuciones de imperio por el solo hecho de que acuda ante los tribunales en plano de igualdad (procesal) respecto de los gobernados. 204. Pero la situación actual nos la podemos explicar con mayor precisión si lOmamos en consideración los antecedentes de la revisión fiscal, y que de acuerdo con el tratadista León Orantes I7l radican en el recurso de súplica, establecido en el texto primitivo del artículo 104 constitucional y reglamentado en materia fiscal por los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación de 1932. 114 205. Resulta significativo que la Ley de Amparo de 18 de octubre de 1919 hubiese regulado ese recurso de súplica del artículo 104 constitucional (artículos

l7i Cfr. Tesis de jurisprudencia núm. 451, página 875, del Apindice al Semallilrio Judicial de la Federación publicado en el año de 1955. 172 En el mismo sentido Briseño Sierra, op. cit., p. 636. 173 Eljuicio de amparo. cit., pp. 72-89. 174 El texto primitivo de la fracción 1 del anículo 104 constitucional establecía lo siguiente: "Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: ... L- De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales, o CQn motivo de los tratados celebrados con potencias extranjeras, Cuando dichas controversias sólo afecten a intereses paniculares, podrán C<>llOCer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. lk las sentencias que se dicten en segunda instancia, podr6n suplicarse paro anle la Supremo. Col1e de Justicia de lo Nación, preparándose. introduciéndose y substanciándose el recurso en los ténninos que detennine la ley",


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131-146) en fonna paralela al juicio de amparo directo en materia judicial, de manera que el afectado con una resolución judicial dictada en segunda instancia

por un tribunal federal o por los de los estados, del Distrito Federal y territorios, con motivo del cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados celebrados con potencias extranjeras, podía elegir entre estos dos medios de impugnación. t15

206. Existiendo la súplica también en materia fiscal, se lograba el equilibrio procesal entre las autoridades demandadas y los particulares inconformes con un proveído tributario, puesto que en los ténninos de la Ley de Amparo mencionada y la Orgánica de la Tesoreña de la Federación, el causante podía elegir entre el amparo (con funciones de casaCión) y la citada súplica (con efectos de apelación) para combatir directamente ante la Suprema Corte de Justicia, una resolución desfavorable dictada por el tribunal urútario de circuito correspondiente, en las controversias ordinarias federales que se tramitaban con anterioridad al cstablecirrúento del Tribunal Fiscal de la Federación (artículo 42, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) para combatir las detenninaciones adrrúnistrativas; y la autoridad, aunque no pudiera acudir al amparo, sí estaba facultada para bacer valer sus derechos a través de la mencionada súplica. 207. Tal situación cambió con motivo de la supresión de la súplica, al modificarse en este sentido el artículo 104 constitucional, por decreto publicado en el Diario Oficial de 18 de enero de 1934. Y no obstante que por diverso decreto de 30 de diciembre de 1935 se pretendió resucitar dicha súplica exclusivamente en beneficio de las autoridades fIscales, la Suprema Corte declaró inconstitucional este medio impugnativo, por considerar que babía SIdo suprirrúdo totalmente del artículo 104 constitucional, según se ba visto. 208. Cuando se creó el Tribunal Fiscal de la Federación en la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, con objeto de sustituir con el juicio de nulidad los lentos y poco prácticos juicios de oposición ante los tribunales federales, se hizo patente la necesidad de restablecer el equilibrio procesal de las partes en dichos juicios de nulidad, y esta es la razón fundamental de la creación del recurso que exarrúnamos, que ahora ya no se denorrúnó súplica, sino "revisión fiscal", aunque en estricto sentido constituye una apelación federal. l "

175 El artículo 131 de dicho ordenamiento preceptuaba: "Las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los tribunales federales. o por los Tribunales de los Estados, del Distrito Federal y Territorios, con motivo de las controversias que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados celebrados con las potencias extranjeras podrán combatirs~ ante la Suprema Corte por medio del recurso de amparo. cuando se reú1UJIJ los requisitos que al efecto exige

el Ululo primero de la presente ley. o por el de súplica, en 10$ tlnninos que establece este capItulo. El

uso de uno de dichos recursos excluye al otro". 176 Resulta conveniente transcribir la modificación vigente del referido artículo 104 constitucional, segundo párrafo de su fracción 1: "En los juicios en que la Federaci6n está interesada, las leyes podrán

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ENSA VOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

209. Lo cieno es que en la aClUalidad coexislen dos medios de impugnación respecto de una misma materia, es decir, contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, lo cual ha provocado una serie de problemas de muy difícil solución, tomando en cuenta que las leyes que reglamentan dicho recurso de revisión fiscal se remiten expresamente para su tramitación a los dispuesto por la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional respecto del recurso de revisión en amparo de doble instancia, en tanlO que la citada Ley de 1919, con mayor lógica, establecía un procedimiento especial para la súplica. 210. Por otra parle, inclusive se presenta la duda de la legitimación para acudir en revisión fiscal, pues en tanto que la Ley que establece dicho medio de impugnación en materia federal lo otorga tanto en beneficio de las autoridades como de los particulares afectados (estos últimos pueden elegir entre el amparo y la revisión) siempre que la cuantía del asunto sea superior a veinte mil pesos, por el contrario, el diverso ordenamiento que regula el propio recurso respecto de los asuntos relauvos a la hacienda del Deparlamento del Distrito Federal sólo lo otorga a las autoridades demandadas. 211. A tal extremo existe incertidumbre sobre esa materia, que primeramente la Segunda Sala de la Suprema Cone de Justicia había establecido jurisprudencia obligatoria estimando que los particulares no estaban facultados para interponer la revisión fiscal en asuntos relativos a la hacienda local del Distrito Federal,'" pero más recientemente ha rectificado su criterio, y ha establecido que sí pueden hacerlo, con apoyo en lo dispuesto por la Ley del 30 de diciembre de 1946, reformada en 1949. 178 212. La confusión aumenta cuando observamos la posibilidad de que contra un mismo fallo del Tribunal Fiscal, que resulta parcialmente favorable al promovente, pueden interponerse simultáneamente, por un lado el juicio de amparo promovido por el particular respecto de la parle de la sentencia que le es contraria, y por otro la revisión formulada por la autoridad hacendaria, en cuanto al resto de la resolución, en la inteligencia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia puede dictar sentencia sobre cada una de estas intpugnaciones. 1" establecer recursos an~ la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por la ley federal. siempre que dichos tribunales estén dolados

de plena autonomía al dictar su fallos", 117 Cfr. dicha tesis de jurisprudencia publicada en las páginas 38 y 39, Segunda Saja, del Informe de Labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia correspondiente al año de 1959. 178 Cfr. reclamaci6n en revisión fiscal número 487-960. Fundaci6n de Beneficencia Privada "Ana Maria Mier de Escand6n", faIJado el 3 de junio de 1961. por mayoría de cuatro votos contra el del ministro Rivera Pérez Campos, quien formul6 voto particular. Tesis publicada en el/nforme de Labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia correspondiente al año de 1961, Segunda Sala, pp. 116-128. 179 Resoluciones dictadas en los siguientes asuntos: amparo en revisión 993-957, "AutO-Camiones", $. A.. fallado el8 de enero de 1958. por unanimidad de cuatro votos, tesis publicada


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213. Lo más grave, a nuestro entender, radica en el cumplimiento de los fallos dictados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en los recursos de revisión fiscal, si se toma en cuenta que siendo el Tribunal Fiscal de jurisdicción delegada y con funciones de anulación (artículo 203 del Código Fiscal de la Federación), sus fallos carecen de carácter ejccutivo,180 y como quiera que la Suprema Corte funciona en estos casos como tribunal de segunda instancia respecto del juicio de nulidad, el resultado de esta situación desembcx::a en la consecuencia de que los fallos del más alto tribunal de la República comparten la misma naturaleza de sentencias declaraIivas de nulidad, por lo que no puede lograrse su cumplimiento coactivo, en el supuesto de que las autoridades tributarias no las acaten espontáneamente, en tanto que la ejecución forzosa sí puede lograrse en el juicio de amparo (artículos 104 a 113 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional). 214. En tal virtud, si las autoridades demandadas en el juicio de nulidad respectivo se niegan rotundamente a cumplir con la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en una revisión fiscal, o bien, la ejecutan con exceso o defecto lSl en todo caso de incumplimiento debe interponerse el juicio constitucional indirecto. IS2 215. Esta situación extrema a la que lleva la coexistencia de dos medios de impugnación teóricamente diversos, respecto de una misma clase de resoluciones materialmente jurisdiccionales, es lesiva de la respetabilidad de los fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia, ya que en el caso de la revisión fiscal, si la sentencia resulta favorable al particular, su cumplimiento tiene que exigirse a través de un juicio de amparo indirecto que puede llegar en revisión, a la Segunda Sala del propio alto tribunal que resolvió la revisión fiscal, lo que, además, resulta contrario a la econoITÚa procesal. 216. Por estas razones hemos sostenido en otra oportunidad que la revisión fiscal constituye, en el fondo, un juicio de amparo disfrazado de apelación,183 esto no en

en el/nforme de Labores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia correspondiente al año de 1958,

Segunda Sala. p. 108. Trámite en revisión fisca14IO-957 y en el amparo en revisión 2719-958. "Teatro Virginia Fábregas", S. A .• resuelto ellO de octubre de 1962, tesis publicada en el Informe de Labores de 1962, Segunda Sala, pp. 38-40. 180 Cjr. Briseño Sierra, Derecho procesal fiscal, cit., pp. 613 Y ss. 1St La misma Suprema Corte ha establecido que no procede el recurso de queja establecido por el anículo 95, fracci6n IV. de la Ley de Amparo, contra el exceso o defecto de cumplimiento de un fallo dictado por el propio alto tribunal en una revisi6n fiscal. Reclamaci6n en queja 120-962, "Suleana", S. A., fallada el 14 de enero de 1963. por unanimidad de cuatro votos, tesis publicada en el Boletfn de Información Judicial, núm. 188, México, abril de 1963, pp. 141-142. 182 Según se desprende implícitamente de la tesis de jurisprudencia núm. 1109. páginas 1987-1988, y de la tesis relacionada que aparece en la página 1989, todas del Apindia Ql Se"umario Judicial (h la Fukración publicado en el año de 1955. 183 Cfr. Fix-Zamudio, El juicio de amparo, cit., pp. 264-383.

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el sentido de que ambas impugnaciones se identifiquen en su tramitación y en sus

efectos. sino en cuanto realizan la misma función de controlar la legalidad de los fallos del Tribunal Fiscal de la Federación. 217. Todo esto sería más sencillo si se admitiera de manera franca y sincera, y sin necesidad de ficciones inútiles, como la del gobierno patrono, que las autoridades fiscales puedan acudir al juicio constitucional en defensa. no de los derechos del hombre, sino de la legalidad de sus determinaciones, en la inteligencia de que siendo el Tribunal Fiscal de la Federación un órgano materialmente jurisdiccional,'" en el mismo sentido que lo son las juntas de conciliación y arbitraje (aunque éstas posean plena jurisdicción), nada se opone, y por el contrario, resulta aconsejable que se establezca un amparo administrativo de única instancia de la misma manera como se creó en la Ley de Amparo vigente un amparo directo laboral, que pudiera ser utilizado tanto por los particulares interesados como por las autoridades tributarias afectadas por los fallos del propio Tribunal Fiscal, haciéndose valer ante la Suprema Corte, siempre que los negocios tuvieran determinada cuantía, para que el más alto tribunal de la República sólo resuelva los asuntos de verdadera importancia.

XIII.

CONCLUSIONES

218. a) Resulta necesario relacionar el problema de la naturaleza del juicio de amparo con la disciplina de la teoría general del proceso, con el fin de establecer, con apoyo en los adelantos dogmáticos alcanzados por esta nueva ciencia jurídica, los lineamientos de nuestra institución que hasta muy recientemente sólo era examinada desde el punto de vista sustantivo o constitucional. 219. b) Son numerosas las doctrinas que se han expuesto para explicar la naturaleza jurídica del juicio constitucional, siendo la primera la que lo consideró como similar a los interdictos, especialmente posesorios, e inclusive llegó a definírsele como el interdicto para recuperar el goce de los derechos fundamentales del hombre.

U4 No compartimos, por tanto, la respetable opinión de la Magistrada del Tribunal Fiscal de la Federación. Doctora. Dolores Heduan Virues, en el sentido de que un tribunal judicial no debe funcionar como revisor de los actos de uno administrativo, sin violentar el principio de la división de poderes. "La administración de la justicia fiscal en México", en el volumen Problemas jurldicos'y sociales tú Máico, México, 1955, p. 138, Yen el libro Las funciones del TribufUJ.{ Fiscal de la Feduación. México, 1961, pp. 296-297. Y no estamos de acuerdo con este criterio porque una rígida división de poderes no admite la existencia de tribunales administrativos con jurisdicción delegada, pero por el contrario, si admitimos una colaboraci6n de poderes, como quiera que esos tribunales realizan funciones materialmente jurisdiccionales, nada impide que sus resoluciones puedan impugnarse ante los órganos judiciales de mayor jerarquía,


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220. Al respecto debe decirse que si bien puede encontrarse cierta afinidad formal entre ambas instituciones, ya que se tramitan a través de un procedimiento sumruisimo con el fin de restablecer la situación anterior a la violación o despojo de los derechos o bienes de] afectado, sin embargo esta analogía es puramente externa, debido a que los interdictos tienen una eficacia estrictamente provisional,

pues su otorgamiento está sometido a una revisión posterior, a través de un proceso plenario, en tanto que en el amparo se decide definitivamente sobre la situación planteada, a través de una sentencia firme, que con excepción de la de sobreseimiento, adquiere autoridad de cosa juzgada. 221. e) Varios autores han considerado que, en realidad, el amparo mexicano constituye una institución esencialmente política, pero l1eva extcrioffilcnte un ropaje de carácter jurídico.

222. Aunque es exacto que el juicio de garantías realiza una función política, que como toda actividad jurisdiccional, no tiene el mismo carácter ni opera al mismo nivel de la que realizan Jos otros órganos del poder. sin embargo. la naturaleza misma del proceso constitucional es plenamente jurídico, y específica-

mente, procesal. y con mayor razón en cuanto se le ha ido incorporando el examen de la legalidad de las resoluciones judiciales y de los actos administrativos, respecto de los cuales, inclusive la finalidad política resulta menos evidente. 223. d) Como una derivación del punto de vista anterior, se ha llegado a opinar que, al constituir el amparo una institución política sujeta a formalidades procesales, debe calificarse como cuasi-proceso. 224. Esto equivale a evadir el problema fundamental, ya que tal definición es

sumamente vaga e imprecisa, y además deben forrnulársele las mismas críticas que a la mencionada en el inciso anterior. 225. e) La corriente mayoritaria afirma que el amparo mexicano constituye un proceso en todos sus aspectos. no s6lo en cuanto tutela directamente disposiciones de carácter constitucional, sino en el aspecto de control de la legalidad y específicamente en la materia judicial, porque en su concepto siempre existe una controversia constitucional, que motiva la existencia de una relación procesal autónoma en la que figuran diversos sujetos procesales de los que actuaron en el procedimien-

to del orden común. 226. El razonamiento es correcto en cuanto se refiere a los aspectos de nuestra institución en los cuales se plantean cuestiones directamente constitucionales desde un punto de vista material, pero es inaceptable en cuanto al amparo que se endereza contra resoluciones de carácter judicial. 227. En efecto, si no nos detenemos en cJ aspecto puramente formal del problema, descubrimos que el amparo judicial constituye un reCurso extraordinario, similar a la casación, en cuanto por su conducto sólo se cuestiona la legalidad del fallo combatido, continuándose la misma controversia iniciada rulte la jurisdicción común, de manera que existe una prolongación de la relación procesal

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ordinaria. en la que actúan las mismas panes. pues el tribunal considerado como

responsable, únicamente de manera artificiosa se le puede hacer figurar como parte demandada. 228. fJ Aquellos que consideran que nuestra institución conforma un proceso autónomo de impugnación. confunden la institución genérica con los instrumentos específicos que la integran, y en cuanlo parecen compartir la opinión de que se trata de un proceso autónomo, aunque de naturaleza impugnativa, se les pueden hacer las mismas observaciones que a la tesis relacionada en el inciso anterior. 229. g) Tampoco resulta plenamente satisfactorio, aunque sea parcialmente correcto, el criterio que defme al amparo como un medio de control constitucional, ya que esta última expresión es lambién de carácter genérico, además de que, en la actualidad, el juicio de garanúas rebasa la idea del simple control, ya que asume naturaleza jurisdiccional en cuanto la reclamación del quejoso es algo más que una simple queja, pues asume el carácter de una verdadera demanda, al menos en el amparo de doble instancia, en el cual se plantea una controversia ya sea constitucional o simplemente legal entre el quejoso y las autoridades responsables, en la inteligencia de que el llamado "informe justificado" que deben presenlar las últimas, produce los mismos efectos que la contestación a la demanda, y por último, esta controversia se decide a través de una sentencia que con excepción de la de sobreseimiento, adquiere autoridad de cosa juzgada. 230. h). El ameritado tratadista mexicano Emilio Rabasa intuyó la verdadera naturaleza procesal del anlparo al considerar que reúne el doble aspecto de proceso autónomo y de recurso extraordinario. 231. Tal como se encuentra reglamentado nuestro juicio de garanúas en la actualidad, asume esa doble naturaleza, en cuanto el procedimiento biinstancial está estructurado para la tramitación de un proceso autónomo, mientras que el relativo al amparo directo o de única instancia, configura un simple recurso. 232. Si examinamos, en primer término, el procedimiento de doble grado, tenemos que aclarar previamente que no coincide exactamente con el amparo como proceso. ya que existen aspectos que no obstante tramitarse en esta vía. son recursos desde un punto de vista material, como ocurre, por ejemplo, con los amparos que se interponen contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación; y tampoco se identifica este procedimiento de doble instancia con el control de la constitucionalidad en estricto sentido. si tomamos en cuenta que muchos actos de autoridades administrativas se impugnan por vicios puramente legales, en tanto que existen resoluciones judiciales que no obstante combatirse en amparo directo, pueden plantearse respecto de las mismas infracciones a la carta fundamental. 233. Tomando en cuenta sólo el aspecto formal del procedimiento de doble instancia, lo vemos orientado hacia la tramitación de un proceso autónomo, y esto sucede en la mayor pane de los casos, puesto que se inicia con una demanda,,de la cual se corre traslado a las autoridades responsables y a los terceros perjudicados,


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en la inteligencia de que tales autoridades tienen la carga y la obligación de rendir un "informe justificado", que configura una verdadera contestación a la demanda, ya que su ausencia produce el mismo efecto que la rebeldía del demandado en el proceso común, es decir, la presunción iuris rantum de que son cienos los actos que se les imputan. Además, desde el momento en que se presenta el citado informe, ya no puede variarse. sino en casos excepcionales, la materia de la controversia. 234. Por otra pane, el procedimiento de la primera instancia tiende a concentrarse en una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, y esta última es impugnable ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito, según la materia, a través de un recurso que la ley llama de "revisión", pero que en realidad constituye una apelación, ya que sólo de las disposiciones relativas al procedimiento de la segunda instancia, son también aplicables al amparo directo o de única instancia, precisamente porque en ambos casos se trata de recursos y no de instancias autónomas. 235. Finalmente, reafirma la convicción de que el amparo de doble instancia está confonnado para reglamentar un proceso, la manera como está estructurada la suspensión de los actos reclamados en esta clase de amparos. ya que se configuran verdaderas providencias cautelares, tanto de urgencia como de conservación de la materia del litigio, que se inician y resuelven por los mismos jueces de amp'uo, a través de un procedintiento incidental contradictorio. 236. i) Por el contrario, el procedimiento del amparo directo está conformado para la tramitación de un simple recurso, si se advierte que la demanda a que se refiere la ley de la materia solamente constituye recurso. por la estrecha vinculación de la instancia con el fallo judicial impugnado, y C\pecialmente porque a diferencia del amparo de doble grado, el informe justificado del trihunal señalado como responsable, carece de los efectos de la contestaciÓn a una demanda, ya que independientemente de que la autoridad no tiene la carga de presentarlo, su omisión no produce la consecuencia de tenerse por ciertos lns actos reclamados, sino que la carga de demostrar la existencia de tales actos y sus violaciones, recae enteramente sobre el promovente del amparo judicial, a través de la presentación de las copias cenificadas peninentes. 237. Todo esto significa que sólo de una manera artificial se ha hecho figurar al tribunal que dictó el fallo como pane demandada, ya que las que verdaderamente actúan como contrapanes del promovente del amparo directo en materia judicial, son los terceros perjudicados y los agentes del Ministerio Público que llevaron la acusación en el proceso criminal, ya que son los únicos facultados para formular alegatos ante el juez del amparo. 238. También debe tomarse en cuenta que la suspensión de la ejecución de los fallos reclamados en el amparo directo no tiene las características de las medidas cautelares, sino que se asimila a la situación que guarda una sentencia judicial que ha sido impugnada ante una instancia superior, ya que las impugnaciones pueden

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adrrútirse en el efecto devolutivo o en ambos efectos (o sea también en el suspenSivo), ya que la decisión de la propia suspensión está encomendada a los rrúsmos tribunales que dictaron los fallos combatidos, y lo hacen de plano, y no por conducto de un procedirrúento incidental contradictoria, como ocurre en el amparo de doble instancia. 239. En cuanto a las semejanzas del amparo judicial con la casación, éstaS son

evidentes, si apreciamos esta última institución procesal en sus rasgos genéricos. y no como ha sido reglamentada en las legislaciones particulares, y menos aún como lo estuvo en el Código de Procedirrúentos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 1884, que se distinguía por su rigidez y formalismo. 240. Son varios los tratadistas que han señalado las analogías entre estos dos medios de impugnación, y un cotejo con las disposiciones que reglamentaban la

casación mientras estuvo vigente en nuestra patria, nos confirma estas similitudes. 241. Así, el amparo y la casación poseen finalidades comunes, como lo son el control sobre la legalidad de los fallos judiciales (nomofilaquia) y la unificación de la jurisprudencia. 242. También existe analogía en cuanto los dos instrumentos procesales configuran recursos extraordinarios de anulación, y comprenden dos aspectos fundamentales en cuanto a los vicios impugnables: errores in iudicando y errores in

procedendo. 243. Finalmente, lo extraordinario de ambos recursos debe entenderse en una doble dirección: en que sólo pueden interponerse hasta que se hubiesen agotado los recursos ordinarios, y en segundo lugar, en cuanto se reducen al examen de la questio iuris, abandonado el aspecto fáctico a los tribunales comunes. 244. j) Por último, existe una estrecha vinculación entre el amparo adrrúnistrativo contra resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación y el llamado recurso de revisión fiscal, introducido por la reforma al anfculo 104 constitucional segtln Decreto de 30 de diciembre de 1946, reglamentado por las Leyes, de la misma fecha para la materia federal, y de 29 de diciembre de 1948, respecto de los asuntos de la hacienda pública del Departamento del Distrito Federal. 245. No obstante que ambos medios de impugnación poseen diversa naturaleza, pues el amparo constituye un recurso de anulaciÓn en esta materia, y la revisión fiscal asume la forma de una apelaciÓn federal, los dos realizan el mismo cometido, o sea, decidir sobre la legalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que no se justifica la existencia de dos instrumentos procesales para resolver la misma cuestión jurídica, pues independientemente de que provocan problemas de dificil solución sería mucho más sencillo si se adrrútiera la posibilidad de que las autoridades fiscales pudieran acudir al juicio de garantías, ya que éste no sólo tiene como función proteger los derechos de la persona humana, sino

LA NATIlRALEZA PROCESAL DEL AMPARO

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también el examen de la legalidad de las detenninaciones de las autoridades administrativas. 246. Además, siendo el aludido Tribunal Fiscal de la Federación un órgano jurisdiccional desde el punto de vista material, resulta conveniente el establecimiento de un amparo directo de carácter fiscal, en la misma forma que en la Ley vigente se consagró Un amparo directo en materia laboral en relación con los laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, que también SOn tribunales administrativos. 247. Este juicio de única instancia podria ser utilizado tanto por los particulares q\le hubiesen intentado el juicio de nulidad ante dicho Tribunal Fiscal, como las autoridades demandadas, en el caso de que el fallo de anulación afectase sus intereses jurídicos, en la inteligencia de que bien pudiera exigirse que el negocio tuviese una cuantía determinada, como presupuesto de admisibilidad, con objeto de que sólo los asuntos verdaderamente importantes llegaran al conocimiento del más alto tribunal de la República.


1. Necesidad de un análisis comparativo del amparo mexicano 11. Aislamiento de la doctrina nacional . IlI. La doctrina extranjera frente al amparo mexicano IV. Derecho comparado y derecho de amparo . . .

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DERECHO COMPARADO Y DERECHO DE AMPARO SUMARIO: I. Necesidad de un análisis comparativo del amparo mexicano. 11. Aislamiento de la doctrina nacional. III. La doctrina extranjera frente al amparo' mexicano. IV. Derecho comparado y derecho de amparo.

I.

NECESIDAD DE UN ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AMPARO MEXICANO

1. Si el juicio de amparo es una institución genuinamente mexicana como se ha aseverado constantemente, no sólo por la doctrina nacional sino por la extranjera,' aparentemente podría considerarse un contrasentido el que se señalara el imperativo de estudiarla desde un punto de vista comparativo, lo que significa contrastar nuestra máxima institución procesal con otras similares existentes en diversos

ordenamientos jurídicos. Sin embargo, precisamente por el acentuado nacionalismo de nuestra doctrina y jurisprudencia sobre el amparo mexicano es que resulta, ya no conveniente, sino imprescindible, realizar ese estudio comparativo, pues los más ilustres comparatistas han insistido con argumentos profundos y convincentes que no es posible conocer en todos sus matices una institución jurídica nacional si ésta no se examina bajo la luz del método comparativo. 2. Son muy conocidos los símiles que han utilizado distinguidos juristas para señalar esta función fundamental de los estu4ios jurídicos comparativos.' y así, mientras Tullía Ascarelli afirmaba gráficamente que, como los que viajan lejos de su patria descubren a través de la observación de palses extranjeros las características del propio, en el cual observan en su plenitud aqueIJos detalles que por naturales han pasado inadvertidos, 3 René David nos indica que los astrónomos han 1 Cfr. Pbanor J. Eder, "Judicial Review in Latin America", en Omo Sta/e Law }oumal, otoño de 1960, pp. 599 Y ss. 2 Inclusive el tratadista español Antonio Hemández Gil en su prólogo al Tratado tk duecho civil comparado de René David. pp. XVIll-XIX. indica que la más elevada función del derecho comparado consiste en el mejor conocimiento del derecho nacional 3 "Premesse allo studio del diritto comparato". en el volumen Studi di dirillo comparato e in tema de interpretazione. Milano. 1952. pp. 10 Yss.


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descubierto las leyes de gravitación de la TIerra mediante la observación de otros planetas, por lo que, de igual modo, alejándonos del derecho propio llegamos a dominar el derecho nacional a través del estudio de los derechos extranjeros, valorizándolo comprensivamente en esta nueva dimensión.· 3. Casi no existe comparatista que no reitere estas ideas en el sentido de que los estudios jurídicos comparativos constituyen el instrumento necesario para la comprensión del derecho nacional en todos sus aspectos, ya que su análisis unilateral deja en la obscuridad una serie de elementos esenciales que precisamente por verlos constantemente terminarnos por no percibirlos, por lo que resulta necesario el contraste, y es precisamente el derecho comparado el que suministra, corno lo afuma un autor español,' el juego de luces y sombras que nos sirven para señalar los contrastes que una sola perspectiva no nos permite descubrir. 4. En esta misrna dirección podernos invocar la autoridad de juristas tan destacados como Mario Sarfatti,· H. C. Gutteridge,' Hessel E. Interna.' Felipe de Solá Cañizares' y José Castán Tobeñas. IO 5. Pero en el caso de juicio del amparo mexicano, además de los razonamientos irrebatibles de la doctrina antes señalada, existen otros dos argumentos que fortalecen nuestra convicción en el sentido de que no sería posible un análisis profundo de nuestra institución sin el auxilio de los estudios comparativos: 6. al En primer lugar, el juicio de amparo mexicano ha ejercido una influencia directa o indirecta en una gran parte de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, a tal grado que en la actualidad son, además de México, doce legislaciones latinoamericanas las que consagran la institución tutelar del amparo precisamente con esta denominación, a saber, por orden alfabético: Argentina, BOlivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela," y esto sin contar con el mandamiento de seguridad del

"

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Tratado tU derecho civil comparado. trad. die Javier Osset. Madrid. 1953. pp. 93-94. Cfr. Hem'ndez Gil. Antonio, Prologo, ciL, p. XIX. Introdru:ci6n al estudio del derecho comparado, trad. del Instituto de Derecho Comparado de

México. México, 1945. pp. 8·10. 7 El tkrecho compatado.lntrodwxidn al mltodo comparativo en la invest;goci6n y en el eshldio tkl derecho. trad. de Enrique Jardí, BarceIODa. 1954, pp. 47-49. 8 "Los estudios comparativos de derecbo a la luz de la unifICación legislativa". en RevistaJurldica La lLy. tomo 29. Buenos Aires. enero-marzo de 1943. pp. 813-818; ''Comparative leSal research" en Michigon Law R~Uw. Ann Arbor. Michigan. 1956. pp. 904 YSS.; ''Comparative Legal sbldies and the Mission of tbe American Law Scbool", eo_Louisiana Law R~iew. Baton Rouge, abril de 1957. pp. 498499 9 Inicioci6n al derecho comparado, Barcelona. 1954. pp. 110-111. 10 "Reflexiones sobre el derecho comparado y el ~ comparativo". en Revista General tk Legisloci6n YJllrispnukncio. Madrid, 1957, pp. 536-538. ti Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La protección procesal de las garantías individuales en Ambica Latina". en R~ista iÚ la Comisi6n Inle17lQCiona] tU Juristas. Ginebra, vol. IX, odm. 2, diciembre de 1968. pp. 9().100.


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Brasil que posee muchos puntos de contacto con nuestro juicio de amparo, especialmente en materia administrativa,12 a todo lo cual debe agregarse la consagración del amparo en la Constitución española de 1931, también por influencia

mexicana,13 En tal virtud, no sería posible la comprensión de todas las facetas de nuestra institución nacional del juicio de amparo sin examinar el alcance de su extraordinaria proyección en otras legislaciones de países hermanos del continente americano e inclusive en la madre patria. 7. b) En segundo lugar, es bien sabido que, precisamente por las gestiones de las delegaciones mexicanas en las reuniones internacionales respectivas, el juicio de amparo mexicano se ha consagrado en dos instrumentos de carácter internacional, o sea, en primer término, en el articulo XVIII" de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expedida en el mes de mayo de 1948" Y a los pocos meses, es decir en diciembre del propio año, en el articulo 8°16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre," sin contar con la configuración de instituciones similares en otros documentos también de carácter internacional. 18

12 Las semejanzas entre el mandamiento de seguridad brasileño y el juicio de amparo, especialmente en materia administrativa. han sido señaladas por la doctrina de ambos países. Cfr.• entre otros, Buzaid. Alfredo, "Juicio de amparo e mandado de seguran~a (contrastes e confrontos)", en las Actas del PF'i1Mr Congreso Mexicano y Segundas Jornadas lAIirwatnencanas de Derecho Procesal. México, 1960. pp. 1m-ISO; Fix-Zamudio. Héctor. Alejandro Ríos Espinoza y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Tres estudios sobre el mandato de seguridad brasileño. México. 1963 Ríos Espinon, Alejandro. "Mandamiento de seguridad", en Revista de la Facultad de Derecho de Mlxico. nÚIn. 53. enefO-marzo de 1964. pp. 77-182. I3 Es indudable la influencia de las enseñanzas del jurista mexicano Rodolfo Reyes, que por razones políticas residi6 en España en los años que precedieron a la promulgaci6n de la Constituci6n republicana de 1931, Y por su parte Niceto Alcalá-Zamora y Castillo expresa que la instituci6n española se inspira hasta en el nombre en el régimen constitucional mexicano, a través del cual recoge España su propia tradici6njurídica, "Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales", en el volumen Ensayos de derecho procesal civil. pe1UJl y constitucional, Buenos Aires, 1944, p. 525. 14 Dicho precepto dispone: ''Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen. en perjuicio suyo. algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." 15 Cfr. Fernández del Castillo, Germán, "La Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", en el volumen Mbico en lo IX Conferencia lnunracional A"",ricana, México, 1948, pp. 133-167. 16 El mencionado arto se de la Declaración Universal establece: ''Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. ante los tribunales nacionales competentes. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley." 17 Cfr. Tena Ramírez. Felipe, "El aspecto mundial del amparo. Su expansión internacional", en el volumen Mlxico ante el pensam~nlO jurldico social de Occitknre, México, 1955, pp. 129-152. lB Cfr., entre ottos, García Bauer, Carlos. Los tUTl!cJws humanos, PTI!OCIlfNlCi6n wUVl!rsaI, Guatemala, 1960, pp. 213-225.

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8. No es posible,' por tanto, reducimos al ámbito nacional respecto de una institución que ha traspasado nuestras fronteras en una doble dimensión, pues primeramente penetró en otras legislaciones de los países iberoamericanos para después ascender orgullosamente al ámbito internacional. 9. En este sentido, nos adberimos plenamente a los agudos conceptos del tratadista italiano Mauro Cappelletti, el cnal, en un reciente trabajo considera que las instituciones jurídicas y patticularrnente las procesales -y nuestro juicio de amparo tiene una categoría estrictamente procesal-19 deben estudiarse comparativamente tomando en cuenta la progresiva tendencia hacia la asinúlación, sino precisamente hacia la uuificación de los diversos ordenamientos jurídicos, ya que la cultura de los hombres de cualquier país civilizado se encuentra de tal manera relacionada e intefdependiente, que no se concibe en la actualidad que un movimiento cualquiera de pensamiento, que sirva de apoyo a otro movinúento de transformación, inclusive jurídico, no sea al. mismo tiempo, de algún modo, derivación y causa de otras transformaciones y rnovinúentos análogos en otros países.'"

n. AIsLAMtENrO DE LA DOCTRINA NACIONAL 10. No obstante lo que hemos expresado anteriormente, que nos llevaría decidida y objetivamente al examen comparativo de nuestro juicio de amparo, hasta la actualidad, y con pocas excepciones, la doctrina mexicana se ha manteuido estrictamente en el campo nacional, sin tomar en consideración los magníficos adelantos científicos que se han operado en el campo del derecho comparado. 11. Esto, que resulta extraño a primera vista, tiene su clara explicación en varias circunstancias, unas patticuiares y las otras de carácter general. 12. En primer ténnino,los juristas mexicanos estamos tan justamente orgullosos de nuestro juicio de amparo que inconscientemente la doctrina se ha vuelto, en cierto modo, apologética, corno lo hizo notar el distinguido jurista argentino Rafael Bielsa." 13. Esto nos ha llevado a olvidamos, hasta cierta medida, de la interdependencia e influencia reciprocas de los diversos ordenamientos, con mayor razón de los 19 Cfr. Fut-Zamudio, Héctor. "Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo", en Revista de la FfJC'IllttJd de Derecho de Mlxico. nÚDl. 56, octubre-diciembre de 1964, pp. 959-1012. 20 "Ideologías en el derecho procesal". trad. de Miguel Spagna Berro. en La Revista de Derecho y Admini$l.rtlCi6n, Montevideo. tomo 58, nÚJD. 4, abril de 1962. pp. 85-99. 21 literalmente expresó el destacado constitucionalista argentino. recientemente desaparecido: "Los juristas y publicistas mexicanos se muestran orgullosos. y ajusto título. de una de sus instituciones, el recurso es. en efecto. algo apologllico. Se considera que este recurso ha surgido y se ha desenvuelto segtin una cooc:epc:i6n propia o aut6noma[ lA prOleccidn cmurilllcional y el reCllTSO utraordintJrio, 2"' ed.. Buenos Aires, 1958, p. 180. o ••] "


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latinoamericanos, que se encuentran vinculados en tantos aspectos, y por ello nos hemos encerrado en un nacionalismo jurídico que en estos tiempos resulta ya superado. 14. Por otra parte, y también en razón de la evolución peculiar de nuestro juicio de amparo, hasta hace poco tiempo la doctrina se encontraha desvinculada en relación con el procesalismo científico que actualmente puede considerarse internacional, ya que surgido en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, fue desarrollado en forma extraordinaria por los juristas italianos a partir de los primeros años de este siglo, y en la actualidad ha trascendido vigorosamente a los tratadistas iberoamericanos.22 15. En este sentido, es muy conocida una reciente polémica entre dos destacados juristas mexicanos, es decir Ignacio Burgoa" y Santiago Oñate," respecto a si el juicio de amparo mexicano constituye una institución peculiar del derecho mexicano, y por tanto sui géneris, o bien si debe vincularse con la llamada teoría general del proceso o del derecho procesal. 2S 16. Esta controversia doctrinal nos indica hasta qué punto se encuentra arraigada en los tratadistas mexicanos la idea de que el juicio de amparo debe examinarse exclusivamente a través de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacionales, sin tomar en cuenta las aportaciones de juristas extranjeros. cuyas ideas se consideran inaplicables e inclusive "extranjerizantes"" 17. Sobre estas circunstancias particulares pesan las de carácter general que se observan en un sector considerable de juristas nacionales, en todo el mundo 22 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, El juicio tk amparo y la enseñanza tkl derecho procesal. comunicación al IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal (Cuemavaca, 17-20 de abril de 1969). 23 Palabras previas sobre la sexta edición de su libro Eljuiciodl! amparo, México. 1968. pp. 21-23.

Y artículo en el periódico El Heraldo de 2 de julio de 1968. Dichas palabras previas se reproducen en la'" ed.• México, 1970. mismas páginas 21-23. 24 Artículos en los periódicos Excllsior de 7 de junio y El Heraldo de S de julio. de 1968. 25 Cfr.• entre otros, Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto. "Trayectoria y contenido de una teoría general de proceso", enJus. México. núm. 140. marzo de 1950, pp. 153-177; id. "La teoría general del proceso y la enseftanza del derecho procesal", en Revista Iberoamericana de lkrecho Procesal, Madrid, 1958, pp. 9-91; Fairén Guillén. Víctor. Víctor. "Ideas sobre una teoría general del derecho procesal". en Revista de Derecho Procesal, Madrid, núms. JI y m. abril-junio y julio-septiembre de 1966, pp. 27-63 Y9-44, respectivamente; Eduardo B. Carlos. "Acotaciones al problema de la unidad del derecho procesal", en Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1951, vol. 1, pp. 169-182; id. Introducción al utudio del derecho procesal, Buenos Aires, 1959, etcétera. 26 En sus ya mencionadas "palabras previas", el destacado jurista mexicano Ignacio Burgoa sostiene en la parte conducente, que: "Seria francamente absurdo que se diese a conocer el amparo mediante la aplicaci6n de teorías procesalistas extranjeras. es decir, que éstas viniesen a descuhrir la esencia jurídica de UDa instituci6n que es tan nuestra y que ha sido objeto durante muchos años de una copiosa expücitaci6n jurisprudencial y de una importante literatura mexicana. El amparo no debe ser extranjerizado sino internacionalizado. Es una institución que México orgullosamente puede exportar. El jurista mexicano está en condiciones de enseñarlo y DO en la situación de aprenderlo mediante conceptos y ténninos importados de la doctrina extranjera que, o no lo conoce, o apenas se M asomado a él. y en este último caso en actitud admirativa[ ... }", Eljuicio de amparo, cit., p. 22.

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jurídico. que asumen. frente a los estudios jurídicos comparativos una actitud en ocasiones de hostilidad. o al menos de indiferencia. porestimar que las instituciones propias deben examinarse de acuerdo con los principios peculiares que se han venido conformando de manera tradicional. 18. Así podemos señalar una aparente paradoja. ya que frente al extraordinario desarrollo de los estudios jurídicos comparativos a partir de los primeros años de este siglo y que se vienen incrementando constantemente hasta el punto de que justificadamente se habla. como lo hace el tratadista Luis Recaséns Siches. de la "disciplina jurídica de moda en nuestros tiempos"." nos encontramos también con una general actitud de incomprensión. e inclusive de oposición frente al derecho comparado. debido al peso de una tradición nacionalista que lo mismo se advierte en los países de ascendencia romanista" que en aquellos de tradición angloarneri-

cana. 29 19. Nos encontramos en la actualidad ante dos tendencias fundamentales en el campo jurídico: aquella que se aferra a la tradición y. como nos dice H. C. Gutteridge. contempla con desconfianza a los estudios comparativos debido a un temor injustificado a los efectos corruptores o disgregadores de una infiltración de las instituciones o leyes extranjeras'" y por otro lado. un sector ya importante de juristas que han llegado al convencimiento de que no es posible un estudio que penetre hondamente en todos los aspectos del derecho nacional sin acudir al método jurídico comparativo. el cual no sólo no introduce elementos perturbadores en las instituciones propias. sino que constituye el instromento indispensable para descubrir y analizar los matices peculiares de las referidas instituciones. 20. Si realizarnos un ligero examen de la doctrina mexicana sobre el jnicio de amparo. podemos observar que hasta la actualidad ha predominado la corriente nacionalista. pues los tratadistas se han aislado tanto en relación con el estudio de sistemas extranjeros. similares al nuestro. como respecto de la teoría general del proceso o del derecho procesal. 21. Sin embargo. y especialmente entre los cMsicos de nuestra disciplina, se advierte una preocupación por contrastar nuestro juicio de amparo al menos con

27 ~Nuevas perspectivas del derecbocomparado". en R~istath ID FaCfIllOdth Derecho th Múico. nolm. lO. aOOl-jnnio de 1953. pp. 227-228. 21 Cfr. Asca1eri. Tu1lio, "Función del derecho comparado en la interpretación del derecho Y metodología del derecho comparado", trad. de M. Falc6n. en Revi.ruJ tUI InstilfllO de IHrecho Comparado, Barcelona. julio-diciembre de 1953. pp. 31-32; David, Reu!. Tratado de tkr~clto civil contpll1lldo, cit., pp. 98-99. 29 Cfr. Gutteridge. H. C. El tkrecho contpll1lldo, cit .• pp. 47-49; Yntema. Hessel E..l.Ds estudios comparalivos th Mucho a lo luz tk la Illlificaci6n l~gislativtJ. cit.. pp. 40S Yss.; id. Companuiv~ hgol R~uarch. cil. pp. 908 Y ss. 30 El der~clw comparado, ciL. pp. 47-48.


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las instituciones angloamericanas, respecto de las cuales encontraban una mayor similitud. 22. Podemos señalar en esta dirección a los ilustres juristas Ignacio Mariscal, Ignacio L. Vallarta y Emilio Rabasa, en cuyos estudios sobre el juicio de amparo abundan las referencias de tipo comparativo en relación con nuestra institución y las similares del derecho angloamericano, particularmente estadounidense, con el cual se encontraban especialmente familiarizados. 23. En efecto, tanto en la Exposición de Motivos del proyecto de Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo -{lue sirvió esencialmente de base a la Ley de 20 de enero de 1869- que en su calidad de secretario de Justicia envió al Congreso de la Unión -en aquel entonces unicameraJ- con fecha 30 de octubre de 1868,'1 como en su estudio publicado en la misma época con el nombre de AlgU1UJS reflexiones sobre el juicio de amparo," Ignacio Mariscal exploró, con bastante profundidad, las instituciones angloamericanas relacionadas con nuestro juicio de amparo, a través de constantes referencias a la doctrina, legislación y jurisprudencia de los Estados Unidos. 24. Es muy conocido el estudio claramente comparativo del insigne Ignacio L. Vallarta intitulado Eljuicio de amparo y el writ of habeas corpus," en el cual el profundo jurista jalisciense contrasta sistemáticamente nuestro juicio de amparo con la clásica institución angloamericana protectora de la libertad individual. 25. A este respecto. conviene transcribir algnnas frases muy siguificativas del propio VaJlarta, que nos indican su agnda comprensión sobre las necesidad de los estudios comparativos en relación con nuestra máxima institución procesal y que desafonunadamente no fueron acogidas por la mayoría de los tratadistas posteriores: "(. .. )Me propongo, pues, hacer un estudio comparativo y tan minucioso como es posible dentro de Ifmites siempre estrechos para materia tan vasta, entre el juicio de amparo y el writ of habeas corpus, y al ir haciendo esa comparación, abonlat las principales cuestiones siquiera a que esos recursos han dado origen. Así. no sólo podré hacer notar su semejanza y sus diferencias, sino que anoJiwndo nuestra ley, nuestra jurisprudencia, a la luz de /as extranjeras. tendré frecuentes ocasiones de recomendar las prácticas de los pueblos libres y cultos que debemos imitar. Y no necesito decir que, al tocar esos puntos, señiJlaré los huecos que hay en nuestra ley para que se llenen; indicaré la conveniencia de ciertas reformas, presenlando a la consideración de nuestros legisladores. magistrados. publicistas y jurisconsultos,

31 Publicado en Tovar, Pantale6n, Histori4 parlamentaria ~l CJlarto Congreso Constitucional. tomo m. México, 1874. pp. 444446.

32 Publicado primeramente como folleto en el año de 1178. Y reproducido en la R~visla tk la Nacional tk Jurisprudencia, México, nÚIDs. 21-22. enero-junio de 1944, pp. 215-235. 33 Cuya primera edición apareci6 en 1881. y una segunda. como tomo quinto de las Obras computas del e.tic. Ignacio L. Vallarta, México, 1896. EsCll~la

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/as doctrinas equivalentes en el writ of habeas corpus, para que se peifeccione nuestra legislación en materia tan interesan/e[ .. ,)''''' 26, Palabras verdaderamente admirables si tomamos en consideración que se redactaron en una época en la cual no se tenía una idea precisa de la función de los estudios jurídicos comparativos que, como es bien sabido, adquieren un carácter ya plenamente científico a partir del famoso 1 Congreso de Derecho Comparado celebrado en París en el año de 1900, pues si bien existen precedentes, como la fundación en el año de 1869, también en París, de la Société de Ugislation Comparée y la aparición de su clásico Boletín, corresponden al citado Congreso de 1900 los primeros intentos serios para fijar las funciones y finalidades de los estudios jurídicos comparativos," 27. Pero Vallarta no se Jintitó a utilizar sus amplios conocimientos de las instituciones angloamericanas en su clásico tratado mencionado anterionnente, sino que los empicó profusamente en otra de sus obras fundamentales, es decir, en sus Votos. Cuestiones constitucionales," en los cuales, como es bien sabido, se consignan los comentarios a los principales fallos de la Suprema Corte de Justicia dictados en la época en que fonnó parte del citado Tribunal (mayo de 1878 a noviembre de 1882, en los dos últimos años como presidente)," y en los cuales encontramos frecuentes y documentadas referencias particularmente a la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos sobre materias de derecho constitucional. 28. En cuanto a Emilio Rabasa, otro de los más distingnidos tratadistas sobre nuestro juicio de amparo, también dedicó una de sus obras fundamentales al estudio comparativo de las instituciones estadounidenses de tutela de los derechos fundamentales de la persona humana y de la supremacía constitucional, cotejándolas con los principios que se desprendían de la regulación del propio juicio de amparo mexicano, y comprendiéndolas bajo la denominación de '1uicio constitucional"." 29. Precisamente como resultado del examen comparativo entre los sistemas de México y los Estados Unidos, en la época de su estudio (primer decenio de este siglo), Emilio Rabasa logró un mejor conocimiento de la institución mexicana, que lo que había obtenido anteriormente en El anículo 14,39 y al efecto podemos transcribir algnnas frases que nos permiten valorizar la utilidad del análisis reali34 op. ult. cit.. 2- ed .. introducci6n, pp. 9-10. 35 Cfr. Solá Cañizares, Felipe de, lnicioci6n al der~cho comparado. cit. pp. 62 Y SS.; Castán Taheñas. José. Reflexiones sobre el tUrecho comparado y el milodo comparativo. cit.. pp. 249-250. 36 México. tomo 1, 1879; tomo n, 1881; tomo m. 1882; tomo IV. 1883. Segunda edición, México,

tomos 1 yn. 1894; tomo m, 1896; tomo IV. 1897. 37 Cfr. Burgoa, Ignacio, Ignacio ValJarra, jurista y polftico singfllar. México. 1966. pp. 3S y SS.; González Navarro, Moisés. ValJal1a y su ambiente polftico·jurldico. México, 1949, pp. 21 Y ss. 38 El título de esta obra comparativa es precisamente El juicio conslituciotUJl, Paris--México, 1919; y una segunda edición conjuntamente con El artkulo 14 del mismo autor, México. 19S5. 39 Esta obra cuyo título completo es El artkulo 14. Estudio constitucionol. fue publicada originalmente en el año de 1906.


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zado por el ilustre jurista chiapaneco: "El juicio constitucional mexicano (es decir, el juicio de amparo), no puede considerarse como insriruci6n TUJCional ni rampoco decirse superior al del pafs de su origen (los Estados Unidos); pero considerado en su estructura jurídica (puesto que no se ha realizado en la práctica) teniendo en cuenta las circunstancias de los países latinos de América y considerando épocas diferentes de aplicación, presenra ventajas para lo porvenir que pueden granjearle los mejores drulos, presenrarlo como un modelo digno de imiración y ser más rarde un ripo nuevo peculiar y superior del sisrerrul de suprerrulCía judicial. Para ver esra con claridad es preciso rener en cuenca la posici6n acrual de la docrrina americana.

en vinud de su ejercicio hasra el presenre".'" 30. Algunos años más tarde un abogado estadounidense que realizó sus estudios y radicó definitivamente en México, es decir Maurice Minchen, al efectuar un estudio también de tipo comparativo entre las Constituciones de México y los Estados Unidos, dedicó un capítulo especial al cotejo entre "El juicio de amparo y sus equivalente en el derecho norteamericano"·' 31. Un análisis similar, o sea, entre el juicio de amparo mexicano y los instrumentos procesales equivalentes en el derecho angloamericano, especialmente de los Estados Unidos, fue emprendido por el tratadista mexicano Óscar Rabasa en dos trabajos muy documentados, en los cuales contrasta nuestro juicio constitucional y algunos de los writs que se han considerado situi1ares en cuanto a sus funciones, tales como los de habeas corpus, error, mantlomus, etcétera.·' 32. Debe también mencionarse el agudo análisis de carácter histórico-comparativo que redactó el tratadista mexicano Alfonso Noriega, en relación con los antecedentes hispánicos sobre nuestro juicio de amparo, que habían quedado oscurecidoS por los más aparentes de carácter angloamericano destacados por los tratadistas clásicos de nuestra institución.·' 33. En las diversas ediciones que ha tenido el tratado más completo sobre nuestra institución tutelar, es decir,las del libro de Ignacio Burgoa,44 se ha ido perfeccionando el análisis comparativo, en su mayor parte de carácter histórico, sobre instituciones similares que han influido sobre el juicio de amparo mexicano, particularmente de Inglaterra, España, Francia y los Estados Unidos, pero se

40 El juicio constitucional. cit., T ed.. p. 323.

41 Comparaci6n general de las Constituciones de Mbico y de los Estados Unidos del None (tesis), México, 1923. cap. IX, pp. 154-174. 42 El threcho angloamericano. México, 1944. cuarta parte, "Analogías constitucionales entre el derecho mexicano y el angloamericano", esp. pp. 591 Y SS.; "Diferencias entre el juicio de amparo y los recursos constitucionales norteamericanos", en Revista Mexicana de lkr~cho Público, vol. 1, núm. 4, México, abril~junio de 1947 pp. 385-405. 43 "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio de amparo". en lus, núm. 50, México. septiembre de 1942, pp. 151-174. 44 El iuicio de amparo. \' ed. 1943; 2' 1946; 3'1950; 4' 1957; 5'1962; 6' 1968 Y 7' 1970.


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advierte la ausencia del cotejo minucioso con instrumentos procesales protectores de los derechos fundamentales en otros países latinoamericanos, que llevan el mismo nombre y que coexisten con el amparo nacional, y sólo en la penúltima edición, aparecida en el año de 1968, se hace referencia sucinta al propio amparo en Argentina y Nicaragua y al mandamiento de seguridad de Brnsil.4S 34. También descubrimos una breve pero documentada referencia comparativa a los diversos sistemas que actualmente existen sobre justicia constitucional en el manual que sobre el juicio de amparo ha publicado el jurista mexicano Octavio A Hernández.'" 35. De la breve descripción que hemos hecho anteriormente podemos llegar a la conclusión de que con excepción de los esfuerzos realizados por algunos tratadistas clásicos, y muy pocos posteriores, de cotejar nuestro juicio de amparo casi exclusivamente con las instituciones similares del derecho angloamericano, y específicamente estadounidense, no se han realizado por la doctrina mexicana trabajos comparativos entre el amparo y las instituciones similares que existen en otros países, especialmente latinoamericanos, que llevan inclusive el mismo nombre del amparo y que han sufrido la influencia directa o indirecta de nuestro sistema jurídico y comparten los mismos antecedentes exteriores, estudios que ostensiblemente son indispensables para valorizar nuestro juicio de amparo en sus justos términos. 36. Hace muy poco tiempo se ha iniciado la corriente estrictamente comparativa en relación con nuestro juicio de amparo, y en este sentido podemos citar los trabajos redactados por Niceto Alcaiá-Zunora y Castillo, Héctor FIx-Zunudio y Alejandro Ríos Espinoza, y publicados con el titulo de Tres estudios sobre el mandato de seguridad brasileño," y posterionnente algunos ensayos sobre la siguificación jurídica del amparo en el derecho iberoamericano," o que pretenden destacar la función del amparo mexicano y latinoamericano como instrumento procesal para la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana en América Latina."

4' 046

Op. ult. cit., 6-ed., pp. n-SI, 7"ed..pp. 79-83.

Curso tk amparo. Instituciones ~n1ahs. México. 1966. esp. pp. 27-41.

47 Ver nota 12.

4B Cfr. Ftx-Zamudio. Héctor". "Diversos significados jurídicos del amparo en el derecho Iberoamericano". en Boutfn ehl lnstitJdo de Derecho Conrparado tk MIxico. nWn. S2. enero-abril de 1965, pp. 119-152; r Agrario, Milano, juli<>-septiembn: de 1967, pp. 502-543. 49 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, ''La protecCión procesal de las garantías individuales en Am&ica Latina", Revista IWrotl1Mncana tk Ikrecho Procesal, Madrid. 1967, pp. 393-469; reproducida en Boletfn del Cokgio de Abogados tk GUlJlonoIo., año XV. núms. 1 y 2. enero-abril Y011)'0-880lI0 de 1967. pp. 2-18; 2-22. respc:ctivamenle. y actualizado en RevisuJ tU la ComisitRt Inul'lftlCÜ1NlltU Juristas. Ginebra, diciembre de 1968, pp. 69~111, traducido en este dltimo caso, al fraocá, ing16s y alemán; Canw-go. Pedro Pablo. "L'amparo au Mexique el en Am&ique Latine comme instrumeDl de

DERECHO CONIPARADO y DERECHO DE AMPARO

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37. Muy recientemente una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruz, Mireya Toto Gutiérrez, redactó como tesis de licenciatura un trabajo muy documentado con el título muy significativo, de: El amparo mexicatW y la acción de amparo argentina. Estudio comparativo (Xalapa, Veracruz, 1968). 38. Sin embargo podemos señalar, desde otro punto de vista, que los tratadistas mexicanos se bao preocupado por divulgar nuestro juicio de amparo en el extranjero, ya que bao publicado varios trabajos en este sentido en diversos pafses y épocas con el propósito de dar a conocer a nuestra máxima institución procesal a los juristas extranjeros que, como veremos más adelante, han demostrado un gran interés por entender y apreciar al juicio de amparo mexicano. 39. La primera obra de que tenemos noticia en esta dirección es la redactada en 1914 por el abogado mexicano Fernando Bermúdez" bajo el título Ú1 procédure d'amparo contre les actes et les lois contraires a la Constitution du Mexique, como tesis para obtener el doctorado en derecho en la Universidad de Paris." 40. El distinguido jurisconsulto mexicano Rodolfo Reyes, que durante muchos años por motivos de carácter polftico vivió en España, realizó varios estudios para divulgar el amparo mexicano entre los juristas españoles alcanzando un resultado muy satisfactorio, ya que el Constituyente republicano estableció, por influencia mexicana, el recurso de amparo de garantías constitucionales, debiendo señalarse como esencial el libro del citado tratadista intitulado Ú1 defensa constitucional (Madrid, 1934), en el cual realiza un estudio comparativo entre las instituciones de justicia constitucional en México y en la Constitución republicana española de diciembre de 1931, y por supuesto, el cotejo ,entre el amparo español y el mexicano. 52 41. Posteriormente se bao publicado otros dos trabajos, también en francés, para divulgar a nuestro juicio de amparo: el primero en el año de 1949 por Carlos A. Echánove Trujillo con el nombre de "La procédure mexicaine d'amparo"" y el segundo en 1952 por Daniel Escalante, que si bien se refiere en general a "Le contentieux de la legalité des actos administratives", analiza además, como es lógico, la función del amparo como instrumento de protección contra los actos de la administración en México. 54

protectiondes droits de l'homme". en Les droils de l'homme, human righls, Revue de Droit [nlemalionaI el Compart, París. 1968, pp. 332-362. so Nacido en Durango en 1888, pero no se conoce ningún otro trabajo de este autor. SI Publicada en el mismo año por A. Pendone. París. 1914. 111 pp. se refiere esta obra, por supuesto. al funcionamiento del amparo mexicano según lo dispuesto por los arts. 101 y 102 de la Constitución de 1857 y la parte relativa del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. 52 Cfr .. especialmente, la secci6n C, recurso de amparo, pp. 226-306. 53 En Revue Intemationale de Droit Comparl, París. agosto-septiembre de 1949, pp. 229-248. 54 En la misma Revue lnternationale de Droit Comparto París, julio-septiembre de 1952, pp. 596-611.

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42. El procesalista mexicano, profesor Ignacio Medina, redactó un interesante estudio sobre La sentencia civil impugnada en amparo, que fue publicado en Italia en uno de los volúmenes de homenaje dedicados a la memoria del ilustre jurisconsulto florentino Piero CaJamandrei." 43. Algunos jóvenes abogados mexicanos han elegido como tema de tesis para obtener su doctorado en derecho por la Universidad de París, precisamente, el tema del amparo mexicano comparativamente estudiado con las instituciones francesas con las cuales puede guardar alguna similitud, y en este sentido debemos citar los trabajos de Pedro G. Zorrilla Martinez, Le controle administratif y judiciare de I'administration au Mexique et en France (parís, 1958), que por supuesto se refiere al amparo considerado como "control judicial extraordinario" de los actos de las autoridades administrativas mexicanas," y muy recientemente Chanes Nieto, José, Le procédure mexicaine d' amparo et le recours pour exces de pouvoir (parís, 1966), el cual efectúa un análisis comparativo entre nuestro juicio de amparo contra actos de autoridades administrativas y el recurso de exceso de poder que en forma tan magistral ha sido conformado por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. 44. También debemos mencionar, finalmente, el breve pero sustancioso estudio elaborado por el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez y que apareció en el primer número de la publicación bilingüe Inter-American Law Review. Revista Jurídica Interamericana con el titulo: "La expansión internacional del amparo mexicano. The intemational expansion of the mexican amparo" (Nueva Orleáns, 1959, pp. 159,-162 Y 163-169, respectivamente). 45. Tanto el autor de este trabajo como el procesalista español radicado entre nosotros, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, redactamos, por encargo del Instituto Max-Planck de Heidelberg, dos comunicaciones sobre el tema "Judicial protection ofthe individual against the Executive in México", en los cuales, además de otras

insti tuciones. se analiza el juicio de amparo mexicano como el instrumento protector más completo de los derechos de los particulares frente a los actos de las autoridades administrativas en nuestro país." 46. Finalmente, el que esto escribe colaboró en el libro de homenaje dedicado a la memoria del jurisconsulto venezolano Lorenzo Herrera Mendoza con un trabajo intitulado Algunos aspectos comparativos del derecho de amparo en

México y Venezuela." 55 Sohretiro de los Seri1l; giuridici in memoria dei Piero Calamandrei, Padova. 1957. 5ó pp. 47-74 del ejemplar mecanografiado. 57 Ambos publicados en la obra dirigida por el citado Max-Planck-Institut fUr ausllindisches offentliches Recht und V6lkerrecht. con el título ''Gerichtsschutz gegen die Executive. Judicial

protection against the Executive, La protection juridictionnelle contre l'exécutif', Ktsln-Berlin-Bonn Münschen-New York. tomo 2, pp. 771-791,713-770, respectivamente. 58 Tomo n, Caracas, 1970. pp. 335-390.


III.

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LA DOCTRINA EX1RANJERA FRENTE AL AMPARO MEXICANO

47. La posición de la doctrina extranjera ha sido muy distinta de la asumida por los tratadistas mexicanos que, en términos generales, y de manera predominante, han tomado una actitud de retraimiento en relación con los estudios de derecho comparado respecto del derecho de amparo. 48. En efecto, los juristas de otros países se han ocupado con gran interés y con insistencia del cotejo de sus propias instituciones con el amparo mexicano, hasta el extremo de que el tratadista francés H. Barthélemy expresaba en el año de 1932, que existía una verdadera moda entre los tratadistas para abordar el estudio del amparo mexicano" 49. A) Ha sido la doctrina latinoamericana, como es natural, la que ha realizado la mayor parte de estos estudios comparativos sobre el amparo mexicano, algunos de carácter específico y otros en obras más genéricas. predominantemente de derecho constitucional. 50. a) Un sector bastante considerable de los constitucionalistas argentinos ha

dedicado su atención al amparo mexicano, comparativamente con las instituciones similares existentes en su ordenamiento jntidico, en particular, la acción de amparo. 51. De manera específica se han referido al juicio de amparo mexicano Rafael Bielsa,oo Segundo V. Linares Quintana," Carlos Sánchez Viamonte," Germán J. Bidart Campos," José Luis Lazzarini," Carlos M. Giuliani Fonrouge," etcétera. 52. b) En el Brasil se ha despertado un gran interés por el estudio del amparo mexicano, que indudablemente tiene grandes puntos de contacto con la institución denominada "mandamiento de seguridad" (mandado de seguran¡:a), a tal punto que ha sido traducido dicho vocablo, por algunos autores, como "mandamiento de amparo",66 59 Prlcis de droit constitutionnel. París, 1932, p. 110. 60 En varias de sus obras y especialmente en sus Estudios de derecho público, tomo 11, Buenos Aires. 1952, parágrafo 14. 61 Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentirw y comparado. tomo V, Buenos Aires, 1956, pp. 381-384: Acción de amparo. Estudio comparado con el juicio de amparo de México y el mandato de seguridad del Brasil, Buenos Aires, 1960, esp. pp. 39-56. 62 El habeas corpus. Garant{a de libertad, 2- ed., Buenos Aires, 1956; "Habeas corpus", en Enciclopedia Jurúfica Omeba, tomo XIII, Buenos Aires, 1960, pp. 470-472: Juicio de amparo, Buenos Aires, 1963. 63 Derecho de amparo, Buenos Aires, 1961, tratadista que constantemente se refiere a la

legislación, jurisprudencia y doctrina mexicanas sobre el juicio de amparo. 64 Eljuicio de amparo, Buenos Aires, 1967, esp. pp. 41-53. 65 "Facultad de declarar la inconstitudonalidad de las leyes", publicado primeramente en lA Ley, Buenos Aires, 23 de julio de 1943, y reproducido en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núms. 18-20, México, abril-diciembre de 1963, pp. 115-126. 66 Manuel Fraga Iribarne en su versión española de la ConstituciÓn brasileña de 1946, en el volumen de T. B. Cavalcanti, Las ConstituciolU!s del Brasil, Madrid, 1958, pp. 685-686; Sánchez Viamonte, Carlos, Juicio de amparo, cit., pp. 43-47; Lazzarini, José Luis, Eljuicio de amparo, cit., pp. 53-64; Oblitas Poblete, Enrique, Recurso de amparo, La Paz, 1967, pp. 24-26.

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53. Por otra parte, dos destacados juristas brasileños ban redactado estudios directa y concretamente dedicados al análisis del amparo mexicano, debiendo señalarse, en primer ténnino, el magnífico estudio comparativo de Alfredo Buzaid presentado como una comunicación al Pimer Congreso Mexicano y Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecbo Procesal (México, febrero de 19(0) bajo el título muy significativo de "Juicio de amparo e mandado de seguran\'ll",67 y también el excelente estudio redactado por J. M. Othón Sidou bajo la denominación, también bastante gráfica, de "O juicio de amparo (mexicano). Subsidios ao estudo do mandado de seguran~a no direito comparado" (Recife, Brasil, 1958) 54. Pero otros muchos juristas brasileños al elaborar sus estudios sohre el mandamiento de seguridad abordan, con mayor O menor extensión, al amparo mexicano, estimado como un antecedente indirecto y además como institución similar de la brasileña. En este sentido podemos señalar a Castro Nunes, Jose;" Wald, Amol," Brandao Cavalcanti, Themistocles,70 etcétera. 55 e) Los tratadistas uruguayos Adolfo Gelsi Bidart" y Enrique Vescovi n ambos distinguidos procesalistas, se han ocupado de analizar el amparo mexicano relacionándolo con las instituciones uruguayas con las cuales guarda alguna similitud, y lo mismo ha hecho recientemente el jurista boliviano Enrique Oblitas Poblete en su libro sobre Recurso de amparo n 56. B) En los Estados Unidos se ha despertado, especialmente en los últimos años, un verdadero entusiasmo por el estudio del amparo mexicano, comparativamente con las instituciones angloamericanas de carácter similar, e inclusive ha sido objeto de tesis de doctorado en varias universidades. 57. Sería muy difícil pasar revista a los numerosos trabajos que se han elaborado en esta materia, por lo que nos limitaremos a mencionar los más importantes, a nuestro juicio, pero suficientes para señalar gráficamente el atractivo que ban sentido los juristas estadunidenses por la institución mexicana del amparo. 58. En primer ténnino cabe señalar el erudito y profundo estudio comparativo sobre el control de la constitucionalidad de las leyes en Latinoamérica, redactado

67 Ver nota 12. Do mandado de segurallfa, 6& ed.. Rio-Sao Paulo, 1961, pp. 52 y ss. Do mandado di! seguTtlnfa na prdlica judicidria. 3& ed.. Rio de Janeiro. 1968, pp. 68-76. 70 Do mandado de seguTatlfa, 4& ed .• Rio-Sio Paulo. 1957, pp. 33-40.

68 69

71 "El amparo y el sistema de garantías jurisdicionaIes del derecho uruguayo". en Actas del Prinur Congreso Maicano y Segundas Jornadas lAIirroamericanas tk Derecho Procesal. México, 1960. pp. 169-183. 72 El proceso de inconstitucionalidad de lo ley. Montevideo, 1967, esp. pp. 32-33; "a protección procesal de las garantías individuales en América Latina" en Rl!Vista Ilnroomericano th Derecho Procesal, Madrid. 1967. pp. 478-48l. 13 La Paz, Bolivia, 1967, esp. pp. 11-19.


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por el jurista Phanor J. Eder, y que analiza al amparo mexicano como instrumento de impugnación de las leyes inconstitucionales." 59. Asimismo, debemos destacar el profundo análisis. también de tipo comparativo. que sobre nuestro juicio de amparo ha efectuado el tratadista J. A. C. Grant en sus magníficas conferencias sustentadas en nuestra Facultad de Derecho, en el mes de septiembre de 1962.75 60. Además, merecen mencionarse los estudios que sobre el amparo mexicano ha redactado el jurista estadunidense que realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, William C. Headrick. el primero de los cuales, de carácter comparativo entre las instituciones mexicana y la de Estados Unidos, lo elaboró en colaboración con el tratadista mexicano Lucio Cabrera,76. y. un segundo trabajo dedicado preferentemente al amparo nacional. 77 61. Existe igualmente una documentada tesis de doctorado redactada por el profesor Richard D. Baker, en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, intitulada precisamente The Judicial Control of ConstitutioTUllity in Mexico; a Study ofthe Juicio de Amparo (1963. inédita. 436 pp.)." 62. También debe mencionarse el estudio realizado por el jurista estadunidense Carl E. Schwartz que intituló: '''Ibe Mexican Writ of Amparo: an Extraordinary Remedy Against Official Abuse ofIndividual Rights".79 63. C) Los juristas europeos se han ocupado extensamente del amparo mexicano desde el ángulo comparativo. En primer término pasaremos revista. así sea superficial, a la doctrina española. que se sintió atraída hacia nuestra máxima institución procesal debido a las enseñanzas, ya mencionadas. del tratadista mexicano Rodalfo Reyes. 64. Pero inclusive ya con anterioridad a las publicaciones de Rodolfo Reyes se hablan ocupado del juicio de amparo mexicano los juristas españoles A. Jorge Alvarado'" y Eduardo Gómez de Baquero." 65. Posteriormente pueden mencionarse los trabajos de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo" y Jesús González Pérez." ambos muy destacados procesalistas, y que, 7.4 Judicial Rl!View in Latin America, cit., pp. 599 Y ss. 7S El controljllrisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. México. 1963. quien se refiere al sistema mexicano en las pp. 51-69. 76 "Notas sobre la justicia constitucional en México y los Estados Unidos", versión bilingüe en Revista Jllrldica lnrertJlMricona. vol. V, ntím. 2, Nueva Orleáns, julio-diciembre de 1963, pp. 229-276. TI "El control judicial de las leyes", en R~vista d~ la Facultad tk Tkr~cho tk Máico, núm. 62, abril-junio de 1966, pp. 437-467. 78 Una copia del ejemplar mecanografiado nos fue proporcionada por el jurista Illf".dcano Antonio Martínez Báez, quien estuvo asesorando al profesor estadounidense. 79 Publicado en P"blic Affoirs Report. Bulletin oflM Ins,ilu/~ ofGov~rnm('n,al S,udies, Berkeley, California, diciembre de 1969 Y febrero de 1970. 80 El ~urso contra la inconstirucionalidad tk las l~s, Madrid, 1920, pp. 72 Y ss. 81 "El amparo del derecho, ¡jurisdicción o recurso?", en R~isla G~neraJ d~ úgislación y Jurispnukncia, Madrid, agosto de 1928, pp. 114-121.

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por lo tanto, han examinado nuestro juicio de amparo tanto desde el punto de vista comparativo como desde el ángulo de la teoría general del proceso. 66. O) Los tratadistas italianos, especialmente los procesaiistas, han abordado el amparo mexicano con verdadero entusiasmo, que ha ido creciendo en los últimos años, al extremo de que puede hablarse sin exageración de una comente doctrinal italiana sobre nuestro juicio de amparo. 67. La atracción hacia nuestra institución protectora la despertó uno de los más ilustres juristas italianos, el insigne Piero Calamandrei, quien tuvo breve contacto con nuestra experiencia en este campo durante su visita a la ciudad de México en el mes de febrero de 1952 para sustentar una serie de inolvidables conferencias que se reurtieron bajo el Útulo muy sigrtificativo de "Proceso y democracia" ... 68. Esta rápida comurticación de Calamandrei con el juicio de amparo mexicano, no obstante su lintitación, impresionó su agudísimo espíritu jurídico, como lo pone de manifiesto en el prólogo del libro en el cual se reunieron sus brillanúsimas conferencias antes mencionadas," y este interés en la institución mexicana ha sido continuado brillante y profundamente por su discípulo Mauro Cappelletti. quien ha abordado nuestra institución desde el ángnlo comparativo en varias obras sumamente documentadas y profundas, hasta el punto que podemos considerarlo como el impulsor en Italia de los estudios sobre el amparo. lió 82 Significado yfunciones del Tribunalde GaranJÚJSConsrirllCionaks, cit., pp. 524-526; "El juicio de amparo" intervención en el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil. en Aai del CORgresso lnternozionale di Diritro ProcesslUJle Ci\lik. Padova. 1953. p. 64. 83 Derecho procesal administrativo. 2" ed.• Madrid, 1964. tomo l. pp. 240-270; "El proceso de amparo en México y en Nicaragua", en Revista de Administraci6n Pública, Madrid. año V, núm. 14. mayo-agosto de 1954. pp. 297-32l. 84 Ed. taliana. Processo e democraz,ia. Padova, 1954, pp. 13-14; trad. española de Héctor Fix-Zamudio, Proceso y democracia. Buenos Aires. 1960, pp. 22-23. 85 Al respecto, sostuvo el inolvidable maestro de Florencia: ''También en el campo del derecho procesal, del cual me ocupé más de cerca durante mi viaje, existen en México instituciones originales que pueden servir de enseñanza a las legislaciones procesales europeas; como la discusión pública de la sentencia que bajo ciertos aspectos es preferible a nuestro sistema de secreto de la cámara de consejo, o como el originalúimo recurso onU la Suprema Corte Federal, denominado amparo, del cualestdn orgullosos con justicia los jueces mexicanos, y que para garantizar la libertad de los cilldadanos, reJJN las funciones que en el ordenamiento italiano son encomendadas a tres diversas instituciones: los recursos de casaci6n, ante el Consejo de Estado Y ante la Corte Constitucional, por violaci6n de la Ley Supremaf, .. ]".op. ull. cit., p. 23. 86 Voz "Amparo" en la Enciclopedia Ilaliana del Deruho. trad. de Héctor Fix~Zamudio. en BoJetln tUl Instituto tU Derecho Comparado tU Mixico", núm. 33, septiembre~djciembre de 1958; realiza constantes referencias a nuestra instituci6n en sus estudios comparativos. "La jurisdicci6n constitucional de la libertad". trad. de Héctor Fix-Zamudio. México, 1961. y "El control judicial de la constitucionalidad de las leyes", trad. de Cipriano G6mez Laca y Héctor FIx-Zamudio, México. 1966. que incluye como Apéndice una mesa redonda sobre el tema "Amparo y Casación", efectuada en la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la presidencia del Dr. Ignacio Medina y la participaci6n del propio Cappelletti y los profesores Humberto Briseño Sierra, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. H6ctor Fix-Zamudio Y Luis Capín Martínez: esta última monografía del profesor CappeUetti fue publicada en italiano con el título 11 con/rollo giudiziorio di constituzionalitil chile leggi nel dirino compara/o, Milano. 1968.


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69. En los últimos años se han elaborado excelentes ensayos dedicados específicamente al estudio del amparo mexicano, como los redactados por Mauro Secci, que por su trascendencia hemos traducido al español," y por Enrico Esposito;" pero también una excelente y extensa tesis profesional que elaboró Luigia de Franco en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Roma durante el año académico de 1967-1968. 89 70. E) Aun cuando no tenemos noticia de que los tratadistas alemanes se hubiesen ocupado concretamente del juicio de amparo mexicano podemos mencionar, debido a su amplia divulgación entre los juristas de lengua alemana, el documentado estudio que realizó el jurista argentino Julio A. Barberis para un coloquio organizado por el Instituto Max-Planck de Heidelberg sobre el tema genérico de la "Jurisdicción Constitucional en la Actualidad", y cuyos trabajos fueron publicados en el año de 1962.'" 71. También, desde el punto de vista de la divulgación en lengua alemana, no sólo del amparo mexicano, sino de las institucionales similares en Latinoamérica, nos atrevemos a citar nuestro estudio que sobre "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina" publicó la Revista de la Comisi6n lntemacional de Juristas" IV.


72. Después de haber efectuado un examen panorámico, y forzosamente superficial, sobre el contraste existente entre un gran sector de la doctrina mexicana, predominantemente nacionalista, y por otra parte el creciente interés de los tratadistas extranjeros por el conocimiento tanto de nuestro juicio de amparo, como en el estudio comparativo de esta institución tutelar de los derechos de la persona humana en relación con instrnmentos similares o análogos, creemos haber demos-

87 "Profili costituzionali e processuali del 'juicio de amparo', messicano", en Rivisla Italiana di Diritto e Procedura PenaJe. Milano. año X, núm. 1. enero-marzo de 1967, pp. 209-236. trad. por Héctor Fix-Zamudio, con el nombre de "Lineamientos constitucionales y procesales del juicio de amparo

mexicano". en Boletln del Instituto de Derecho Comparado de Mlxico. núm. 60, septiembre-diciembre de 1967, pp. 461-487.

88 "Amparo; il giudino di legíttimita costituzionali negli Stati Unití del Messico", en Temi Ronwna, Milano, año XVI, núms. 7-9, pp. 362-385. 89 11 giudizio di amparo messicano e il sindicato de legittimit~ costituzionale delle leggi in Italia. 90 El citado trabajo se intitula "Verfassungsgerichtsbarkeit in Mexiko" (Jurisdicción constitucional en México), publicado en el volumen "Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart" (Jurisdicción constitucional en la actualidad). Koln-Berlin. 1962. pp. 392-416. Y una gran parte de este trabajo está dedicada al juicio de amparo. 91 Cfr. Fix-Zamudio. "éctor. "Der Prozessuale Rechtschuts des einzelnen in Latinamerika" (La protección procesal de los particulares en Latinoamérica). en Journal der Intemationalen juristen-Kommision. Genf. 1968, pp. 69-108. esp. pp. 88-98 dedicadas al "amparo".

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trado la necesidad ineludible de despertar una mayor atracción de los juristas mexicanos por los estudios comparativos, particulannente en esta materia de la protección procesal de los derecbos del hombre, en la cual ha destacado tan notablemente nuestro juicio de amparo. 73. Pero si lo anterior no fuese suficiente para suscitar el entusiasmo de nuestros tratadistas para superar la etapa nacionalista en el juicio de amparo, que ya ha cumplido su misión, queremos presentar algunas reflexiones sobre el ineludible empleo del método comparativo si no queremos quedamos rezagados en el constante progreso de los estudios juridicos de nuestra época. 74. En efecto, el florecimiento de los estudios de derecho comparado en los últimos años ha traldo consigo una comunicación más estrecha entre los juristas de diversos países, particulannente los del mundo occidental, pues se han percatado de que sus diferencias, que naturalmente existen, especialmente entre los dos grandes sistemas del derecho angloamericano y el de origen romanista o continental europeo, no son tan profundas como anteriormente se pensaba. y por ello es que el distinguido comparatista René David ha hablado de la existencia de un "derecho occidental'·.92 76. Pero inclusive, en cuanto se van conociendo con mayor profundidad otros sistemas juridicos contemporáneos, como el inspirado en el modelo soviético, se van advirtiendo puntos de contacto con el de los países occidentales, especialmente en los últimos años en que, aun cuando con ciertas alternativas, después de la muerte del dictador Stalin -que marcó la culminación de la rigidez marxista-leninista-los países socialistas se han aproximado lenta pero inexorablemente a los que califican como pafses burgueses, advirtiéndose un fenómeno que ha sido calificado por el destacado comparatista John N. Hazard, como "humanismo socialista".93 77. Lo cieno es que paulatinamente existe un acercamiento entre los grandes sistemas juridicos de nuestra época," motivado por la creciente interdependencia económica, política y social de los pueblos de nuestro planeta, constantemente empequeñecido por los vertiginosos adelantos de la técnica. 78. y es precisamente el derecho comparado uno de los instrumentos más preciosos para resolver los problemas que trae consigo esa creciente aproximación de los sistemas juridicos, pues como lo ha destacado otro brillante comparatista, Felipe de Solá Cañizares, el propio derecho comparado ha dejado de ser una

92 "Existe-t-il un Droit Occidental'!", en el volumen XX Cenhlry CompartJlive and Conflicts 01 Law, úgal Essays in honor of Hessel E. Yntema. Leyden. 1961, pp. 56-64. 9) Humanismo et soeúJlisnu!. París. 1965. 94 Cfr. Sarfatti. Mario.lntrodMcci6n al t!studio del dert!cho comparatkJ, cit., pp. 93 Y SS.; David, ReM. Tral4tJb del .Tt!CM civil comparado. ciL. pp. 200 Y SS.; Solá Felipe de. Cañizares. lnici4ciM al túrecho comparado. cit.• pp. 169 Y ss.


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disciplina puramente teórica para converurse en una ciencia jurídica fundamentalmente útil, inspirada en un espíritu práctico, y precisamente su gran porvenir radica en sus aplicaciones a la vida jurídica como instrumento magnífico para ellegislador, el profesor, el juez, el abogado, el diplomático, como medio para desarrollar las relaciones económicas entre los países y para canalizar en un ambiente de recíproca comprensión las relaciones políticas internacionales." 79. Esto es lo que debemos comprender los cultivadores del derecho de amparo, que ha rebasado nuestras fronteras, transformándose rápidamente en una disciplina latinoamericana, además de que su creciente interés en el extranjero puede extender todavía más su ámbito protector de los derechos humanos, por lo que ya no puede estudiarse exclusivamente con un criterio particular. tradicional y nacionalista, que no se observa ni siquiera en los clásicos de nuestro amparo, que, como hemos visto, procuraron contrastarlo al menos con las instituciones angloamericanas respecto de las cuales lo consideraban más próximo y vinculado. 80. Una de las razones por las cuales los cultivadores de las disciplinas calificadas tradicionalmente como "científicas" -e inclusive otras denominadas "humanistas", tales como la economía y la sociología- han considerado a los juristas como técnicos y no como estrictamente científicos" radica precisamente en su resistencia para elevarse sobre su derecho propio y llegar a constituir una disciplina mucho más amplia e inclusive universal. 81. El propio René David expresa magistralmente que la función esencial del derecho comparado es devolver al derecho el carácter universal de toda ciencia, pues entre todas las disciplinas científicas, sólo la del derecho ha creído falsamente que podía ser puramente nacional; mientras que los teólogos, los historiadores, los médicos, los químicos, los astrónomos y todos los demás hombres de ciencia se sentirían avergonzados por ignorar los progresos que su ciencia hace en el extranjero. un sector bastante numeroso de juristas se ha acantonado en el estudio del derecho nacional," y en este sentido abunda Hessel E. Yntema cuando afirma que el concepto de una ciencia nacional del derecho es tan descabellada -no obstante ser frecuente- como una ciencia nacional de la biología o algo similar.". 82. Sin ilusionarnos en una meta todavía lejana, de acuerdo con nuestras posibilidades actuales, de una ciencia universal del derecho comparado, como lo ha pensado Giorgio del Vecchio," se está abriendo paso cada vez con mayor firmeza, entre los juristas de las más diversas tendencias, la convicción de que no 95 Iniciaci6n al derecho comparado. cit., pp. 109. 110. 96 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "En tomo a los problemas de la metodología del derecho", en Revista de la Facultad tk Derecho de Mb:ico, esp. 469-476. 97 Prólogo a la edición francesa de su Tratado de derecho civil comparado. cit., pp. XXXIII. 98 Los estudios comparativos de derecho a la luz de la unificaci6n legislativa. cit.. p. 545.

99 "La unidad del espíritu humano como base de la comparación jurídica", trad. de Julio Ayasta González, en Revista Jurfdica del Perú, Lima, enero-abril de 1951. esp. pp. 6-7.

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se puede alcanzar un verdadero nivel científico en los estudios jurídicos sin el empleo del método comparativo, que va acercando paulatinamente a los diversos sistemas, lima asperezas y procura un mayor entendimiento entre los cultivadores de los distintos sistemas jurídicos y, lo que es más importante, constituye el auxilio indispensable para la comprensión más profunda de los derecbos nacionales, e inclusive va logrando muy lentamente pero sin retrocesos, la formación de un lenguaje jurídico internacional "JO que existe en tantas otras disciplinas, pero del cual carece el derecho, dificultando así su configuración estrictamente científica. 83. Si aplicamos los pensamientos anteriores a nuestro juicio de amparo, es posible descubrir la utilidad práctica de los estudios jurídicos comparativos, que se han iniciado con tanta timidez y que requieren un impulso mucho mayor. 84. Con independencia del mejor y más profundo conocimiento del juicio de amparo mexicano por los tratadistas nacionales, si lo contrastan con instituciones similares, como lo hemos señalado Con anterioridad, el empleo del método comparativo en el examen de nuestra más destacada institución procesal tendría las siguientes ventajas: 85. a) En primer término podría lograrse una armonización o unificación de las instituciones similares existentes en Latinoamérica, inclusive con el mismo nombre, según se ha dicho, de tal manera que se pueda lograr la determinación de hases generales para estructurar armónicamente los instrumentos de tutela de los derechos fundamentales de la persona humana a través del amparo, movimiento que se va perfilando paulatinamente entre los juristas latinoamericanos. 86. Uno de los fmes esenciales de los estudios jurídicos comparativos es lograr la unificación O al menos la armonización óe las instituciones jurídicas en aquellos ordenamientos en los cuales existan aspectos similares que permitan esta unificación,lOI y el derecho de amparo es uno de los sectores jurídicos en los cuales existen aspectos coincidentes, inclusive de terminología, que facilitan, si se hace un estudio comparativo de tales aspectos, la unificación jurídica. al menos en el sector latinoamericano. 87. b) Si como hemos visto existe una aproximación de las instituciones jurídicas que protegen procesalmente los derechos fundamentales de los habitantes de los países latinoamericanos, esencialmente a través del amparo, mandamiento de seguridad u otras instituciones similares, su análisis comparativo, además de la armonización institucional de la que se ha hablado en el párrafo anterior, puede lograr un mayor acercamiento científico entre los cultivadores de la que podemos calificar "jurisdicción constitucional de la libertad" ,102 inclusive a través de una 100 Cfr. Ascarelli. Tullio. Preml!ss allo sludio del dirino comparalo. cit., pp. S Yss. Cfr. el clásico estudio de Ernesto Rabel, . 'Teoña y necesidad del derecho comparado", trad. de Roberto Goldschmidt y Carlos Pizarro Crespo, en Bohtfn de la Facultad de Derecho y Ci~ncias 101

Sociahs", Córdoba. Argentina. marzo-junio de 1947. pp. 103-119.


151

tenninología y una conceptuación unifonnes,lo que puede constituir un paso muy apreciable hacia una elevación científica de los estudios jurídicos en este sector ya

que, como se ru. expresado anteriormente, para que el derecho recupere su carácter científico debe tender hacia la universalidad. 103 88. e) La existencia de una disciplina científica que estudie comparativamente el amparo en toda Latinoamérica nos proporcionaría la posibilidad de un derecho de amparo latinoamericano que se integraría con el acervo de experiencias, de esfuerzos, de estudios, de todos los juristas latinoamericanos que se han preocupado por establecer los principios jurídicos necesarios para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona humana frente a los actos de autoridad y que han vivido y sufrido con mayor O menor intensidad en carne propia las frecuentes y constantes extralimitaciones de un poder cada vez más vigoroso, inclusive por las mismas necesidades de nuestros pueblos en vías de desarrollo. I04 89. Ya no serían los esfuerzos aislados de los juristas de los pueblos latinoamericanos los que tendrían por objeto el perfeccionamiento de los límites y barreras jurídicas a las extralimitaciones de las autoridades frente a los actos de las autoridades, sino que existiría una conciencia común que otorgaría una mayor solidez a la defensa jurídica de la libertad. 90. El comparatista Ferdinand E. Stone ha sostenido que no existe una precisión de los fines de los estudios comparativos y que, en su concepto, el objeto fundamental que debe perseguir el derecho comparado debe consistir en el establecimiento de barreras al ejercicio arbitrario del poder, de tal manera que los hombres puedan vivir juntos como buenos vecinos a través del reconocimiento de la dignidad humana. 10' 91. A este respecto son varios los tratadistas que consideran que el derecho comparado constituye en la actualidad un verdadero humanismo jurídico en cuanto crea, entre los juristas de diversos países y de las más diversas tendencias, un espíritu de comprensión más allá del análisis riguroso y de la lógica dialéctica,lOó

102

Denominaci6n afortunada debida al jurista italiano Mauro Cappelletti. lA jurisdicciÓn

constitucional di! la libertad, cit.

103 Sin embargo no se puede lograr una armonización universal sin intentar como pasos previos indispensables. el de las unificaciones de carácter regional y aun subregional. Cfr. J. Limpens, '1...a evolución de la unificación del derecho", trad. de Federico de Mallol, enR~vis'a de/Instituto tU Derecho Comparado, Barcelona. núms. 14-15, enero-diciembre de 1960, pp. 9-18. 104 Sin contar con los regímenes de carácter militar que desafortunadamente han proliferado en Latinoamérica, se advierte una clara tendencia al predominio del Ejecutivo, Cfr. Fix-Zamudio, Héctar, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", en el volumen ComunicacioMs Mexicanas al VII Congreso Inlemacional tU Derecho Comparado, México, 1967, pp. 131-181. lOS "The end lo be served by comparative law", en Tulane lAw Review, Nueva Orleáns, abril de 1951, pp. 334-335. 106 Cfr. Marc Ance, "Le droit comparé, science humaniste", en Revue de Droillnlernarional el tU Droil CompQré, Bruselas, 1949, esp., pp. 30-31.

152

ENSAYOS SOBRE EL DERECHO DE "'MPARO

que pretende descubrir el fondo de humanidad que es común a todas las legislaciones,l07 y a través de la observación objetiva busca establecer y formularen términos racionales los elementos comunes de la experiencia humana que se refieren al derecho y a la justicia. lllO 92. Queremos finalizar estas someras reflexiones sobre la necesidad del estudio comparativo de nuestro juicio de amparo, haciendo nuestras las profundas palabras de René David: [... ] En todas las esferas y en numerosas hipótesis puede emplearse con fruto el método comparativo. El jurista que no es capaz de utilizarlo y que se da cuenta de su utilidad está privado de un medio a menudo esencial, que le podría ayudar a cumplir mejor su tarea; no conoce ntás que imperfectamente su profesión y no le puede servir de excusa el alegar que no es un com~ra tista: todo jurista que quiera estar a la altura de su misi6n debe serlo.

107 Cfr. Vecchio, Giorg;o del. La IInidad ikl esp{ritu hllmanocomo base de lacomparoci6njllrldica. cit., p.6. 108 Cfr. Yntema. Hessel E. o "Comparative Law and Humanism", en 1ñ~ American Joumal vf ComparaJive lAw. Ann Albor. Mich.igan. otoño de 1958. esp., p. 498. 109 TraJado Ih duecho civil comparado, cit.. pp. 34-35.

LA DECLARACIÓN GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD y EL JUICIO DE AMPARO I. Il. IlI. IV.

Planteamiento de la cuestión El amparo contra leyes y la fónnula de Otero . . . . Evolución del amparo contra leyes y su situación actual Los dos grandes sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes . . . . . . . . . . . . . . . V. La declaración general de inconstitucionalidad. ventajas e

inconvenientes.

. .

. . . . . .

. . . . .

VI. Los tribunales constitucionales europeos y la declaración general de los países latinoamericanos . . . . . . VII. Su posible introducción a través del juicio de amparo mexicano . . . VIII. Conclusiones

153 161 166

172

175 185 191 194

LA DECLARACIÓN GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD y EL JUICIO DE AMPARO 1 SUMARIO: l. Planteamiento de la cuestión. II EL amparo contra leyes y laf6rmula de Olero. liI Evolución del amparo contra leyes y su situación actual. IV. Los dos grandes sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes. V. La declaración general de ¡nconstitucionalidad, ventajas e inconvenientes. VI. Los tribunales constitucionales europeos y la declaración general de los pa{ses latinoamericanos. VII. Su posible introducción a través del j~icio de amparo mexicano. VIII. Conclusio/les.

1.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. El juicio de amparo mexicano ha constituido un ejemplo para los países latinoamericanos, en cuanto una institución siotilar, y del otismo nombre ha sido introducida en once países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Cosla Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, El Salvador y Venezuela,' debiendo agregarse el mandamiento de seguridad brasileño, que por sus semejanzas con la citada institución procesal, ha sido calificada por varios (raladistas como mandamiento de amparo".' 2. También constituye un hecho indiscutible que el juicio de amparo mexicano, en su aspecto más notable de protección de los derechos fundamentales de la persona humana consagrados constitucionalmente, fue elevado a la categoría de instrumento internacional, debido a las gestiones de los representantes mexicanos, en los articulos XVIII y 8', respectivamente, de las Declaraciones Americana y

1 Este trabajo fue presentado como comunicación del autor al Quinto Congreso Mexicano de Derecho Procesal. efectuado en las ciudades de Culiacán y Mazatlán. Sincloa. durante los días 20 a 25 de noviembre de 1970 2 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina", en Revista de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra. diciembre de 1968, pp. 90-100 3 Cfr.• en este último sentido, la traducción del precepto relativo en la Constitución brasileña de 1946, por Manuel Fraga lribame, en la obra de T. B. Cavalcanti, lAs Constituciones de los Estados Unidos de Brasil. Madrid. 1958, pp. 683 Y685; en la misma dirección, Carlos Sánchez Viamonte, Juicio de amparo, Buenos Aires. 1963, pp. 43-47; Y José Luis Lazzarini, El juicio de amparo, Buenos Aires, 1967. pp. 53-64

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Universal de los Derechos del Hombre, expedidas en Bogotá y París en mayo y diciembre de 1948.' 3. Sin embargo, por una de las paradojas que se presentan en la evolución de las instituciones jurídicas, nuestra máxima institución procesal se ha venido rezagando en el desarrollo del juicio de amparo que podemos calificar de "latinoamericano".' 4. Tal parece que las instituciones inspiradas en nuestro juicio de amparo, con el vigor de su juventud, están sobrepasando, en algunos aspectos, al instrumento tutelar creado por Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero y los constituyentes de 1857,' el cual, no obstante su experiencia centenaria en la defensa de los derechos esenciales de los mexicanos, se está quedando atrás en el dinamismo de la justicia constitucional que se advierte en esta segunda y más dolorosa posguerra.' 5. En este sentido podemos destacar dos aspectos esenciales en los cuales el juicio de amparo mexicano permanece estacionario respecto de la evolución que se advierte en otras instituciones latinoamericanas de control constitucional de los actos de autoridad. 6. al En efecto, por una parte la doctrina, la jurísprudencia y la legislación mexicanas relativas al juicio de amparo continúan inmersas en un concepto tradicional de autoridad, no obstante que se ha advertido, en esta segunda posguerra, una transformación vigorosa en la estructura de los actos de imperio, que no sólo se atribuyen a los órganos del poder, sino también a los organismos descentralizados y a los grupos profesionales y económicos que componen la sociedad contemporánea, que se ha transformado en una comunidad grupal sumamente compleja'

4 Los citados preceptos disponen: "Artículo 8" (De la Declaración Universal) Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la ConstituciÓD o la Ley," "Artículo XVllI (De la Declaración Americana). Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra

actos de la autoridad que violen. en su perjuicio. alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." Cfr. para lo relativo a la influencia mexicana en la redacción de estos artículos a Felipe Tena Ranúrez, El aspecto mundial tUl amparo. Su expansi6n imernacional, en el volumen "México ante el pensamiento jurídico social de Occidente", México, 1955, pp. 129-152; Gennán Femández del Castillo, La Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre, en el volumen editado por la Secretaría de Relaciones, "México en la IX Conferencia Internacional Americana", México, 1948, pp. 133-167. 5 Sobre la tendencia hacia la configuración de un amparo latinoamericano, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina". cit. pp. 103-106. 6 Cfr., entre otros. Herrera y Lasso, Manuel. "LosconsbUctoresdel amparo". enRnista Muicana tU Derecho Público. México. abril-junio de 1947, pp. 369, 384. 7 Cfr., Fix-Zamudio. Héctor. Veinticinco años de evoluci6n tU la justicia const;tuc;onol, 1940-1965, México, 1968, pp. 9-18. 8 Cfr. Bidart Campos. Germán J.• Doctrino chl Estado tUmocrdtico. Buenos Aires. 1961, pp. 251-261.

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7. De acuerdo con el criterio clásico de los derechos subjetivos públicos,' éstos se otorgan a los gobernados para exigir de los órganos del poder una abstención con objeto de obtener el respeto de Su esfera de libertad y, consecuentemente con esta idea, rnatizada hasta cierto punto con la consagración de los derechos o garantías sociales establecidas en nuestra carta fundamental de 1917, \O nuestro jnicio de amparo procede únicamente contra actos y resoluciones de autoridad en sentido estricto y de ninguna manera respecto de la actividad de organismos descentralizados o grupos sociales," con la única excepción del Instituto Mexicano del Seguro Social, exclusivamente por lo que ve a la detenninación de las cuotas obrero patronales. l2 8. Por el contrario, en varios países latinoamericanos se observa la tendencia de ampliar la procedencia del juicio, acción o recurso de amparo contra actos de "particulares", aun cuando, en realidad, con esta expresión se pretende hacer referencia a los grupos sociales -grupos de interés y de presión-,l3 y esto ocurre en relación con la jurisprudencia de los tribunales argentinos a partir del famoso fallo de la Corte Suprema de la Nación en el asunto "Samuel Kot" (5 de septiembre de 1958),'4 si bien la Ley de Amparo vigente en el ámbito nacional, o sea la número 9 Cfr. la obra clásica de Jellinek. Jorge, Sistema dei diritti pubblici subbietlivi, trad. al italiano de Gaetano Vitagliano. Milano. 1912 y en relación con el derecho mexicano, Lozano. José María. Tralano de los derechos del hombre. México. 1876, y Montiel y Duarte. Isidro, Estudio sobre garant(as individuales. México, 1873. 10 Respecto al surgimiento del constitucionalismo social en la ley fundamental mexicana de 1917, cfr.• entre otros, Rouaix, Pastor. Génesis de los art{culos 27 y 123 de In Constitución de 1917. 2- ed., México. 1959, esp. pp. 27 Y SS.; Burgoa. Ignacio, Las garanlfas individuales, 6- ed., México, 1970, pp. 241-268; Madrid Hurtado, Miguel de la, "El Congreso Constituyente de 1916-1917", en la obra Derechos del Pueblo Mexicano. Mlxico a travis de sus Constituciones, vol. 11, México, 1967, pp. 606-615; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana tk 1917, México, 1969, pp. 61 Y ss. t1 La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia en el sentido de que "El término autoridades, para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya que de hecho y, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", y "Actos de particulares. No pueden ser objeto del juicio de garantías que se ha instituido para combatir los de las autoridades, que se estimen violatorios de la Constitución", tesis 54 y 13, pp. 155 Y 41, respectivamente, del volumen relativo al Tribunal Pleno y a las Salas, del Apéndice al Semanario Judicial de la FederacióIl publicado en el año de 1965. 12 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció jurisprudencia, tesis número 239, p. 290, del volumen relativo a dicha Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Feduación publicado en el año de 1965 y que dispone: "A partir de la refonna del artículo 135 de la Ley del Seguro Social (por Decreto de 3 de febrero de 1949) que establece la facultad del Instituto del Seguro Social para determinar el monto de las aportaciones obrero-patronales que deben cubrirse para atender los servicios que presta, es de estimarse que el propio Instituto, actúa como organismo fiscal autónomo, y que por tanto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo que contra él se interponga." 13 Existe una amplia bibliografía sobre grupos de interés y de presión, pero nos limitaremos a citar a Gil, Federico G., "Perspectivas para el estudio de los grupos de presión en América Latina", en Revista Juridica de Buenos Aires, abril-junio de 1969, pp. 39-57; Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia del tkrecho constitucional argentino y comparado, Buenos Aires, 1960, tomo VII, pp. 675-718. 14 Sobre los antecedentes y aspectos fácticos del caso "Kot", cfr. Orgaz, Alfredo, El recurso tk

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16986, de 7 de octubre de 1966, se refiere exclusivamente a los actos y omisiones de la autoridad pública; pero un sector de la doctrina considera que al no prohibirse la citada acción de amparo respecto de la actividad y omisión de los particulares, se entiende que también procede contra éstos, entendidos como grupos sociales. l ' 9. El amparo argentino ha influido en el establecimiento de la misma institución procesal en los recientes ordenamientos constitucionales de Bolivia y Paraguay, en cuyos artículos 1916 Y 77,17 respectivamente, de las leyes fundamentales de estos países, expedidas el2 de febrero y 25 de agosto de 1967, la acción, recursoojuicio de amparo, procede tanto respecto de actos u omisiones de autoridades públicas, como de los que provienen de particulares (en realidad, grupos de interés y de presión). 10. También se observa en varios ordenamientos latinoamericanos la tendencia de equiparar los organismos públicos descentraIizados de carácter autónomo, y en ocasiones las asociaciones profesionales y hasta empresas de servicio público, a las autoridades gubernamentales en sentido estricto, con objeto de extender la

Amparo. ComenJarios a los casos "Sirj" y "KOI", Buenos Aires. 1961, pp. 41-58; Houssay, Abel. Amparo judicial. El caso Kat y su influencia en lajurispnuJencia,. Buenos Aires. 1961. pp. 11-49; y en cuanto a la trascendencia de la tesis sustentada por la Corte Suprema en ese asunto, además de las obras anteriores. deben consultarse. entre otros, Carri6, Genaco R.. Recurso de amparo y tlcnica judicial (Análisis critico del caso "Kal"), Buenos Aires, 1959, pp. 147-183; Tagle. Carlos A .• "El amparo judicial de los derechos fundamentales", en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires. 4 de noviembre de 1958, pp. 1-5; Linares Quintana, Segundo V., "La doctrina de la Corte Suprema sobre el amparo de la libertad y los grupos de interés y de presión", en Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 20 de diciembre de 1958. pp. 1-4. 15 Cfr. Bidart Campos, Gennán J., "La nueva Ley de Amparo". en Jurispnul.t!ncia Argentina, Buenos Aires. 20 de noviembre de 1966. pp. 3-4; Lazzarini, José Luis, El juicio de amparo. cit.• pp. 373-374; 01cese. Ricardo M., "Procedencia del amparo contra actos de particulares ", en Jurisprutkncia Argentina. Buenos Aires, 22 de septiembre de 1960. pp. 8-10. 16 El referido artículo 19 de la Constitución boliviana dispone en lo conducente: "Fuera del recurso de habeas corpus a que se refiere el artículo anterior (contra actos privativos de la libertad personal). se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan. supriman o amenacen restringir los derechos y garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes (... ]" qr. Oblitas Poblete. Enrique, Recurso de amparo. La Paz. 1967, pp. 36 Y ss. 17 El artículo 77 de la carta fundamental paraguaya preceptúa: ''Toda persona que por un acto u omisión ilegítimo de autoridad o de un particular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo. de modo grave. en un derecho o garantía que consagre esta Constitución. o la ley. y que por la urgencia del caso no pudiera remewarse por la vía ordinaria. pcdrá recurrir ante cualquier juez de primera instancia a reclamar amparo. El procedimiento será breve. sumario. gratuito y de acción pública. y el juez tendrá facuhad para salvaguardar el derecho o garantía. o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. La ley reglamentará el procedimiento." Aun cuando no se ha expedido la ley reglamentaria respectiva. existen varios proyectos. entre ellos uno presentado a la Cúnara de Senadores. por uno de sus miembros. el Dr. Juan Asencio Aponte. y que fue publicado en el folleto del mismo representante intitulado Proyecto tk ley qUl! estableCt! nonnas procesales de la accidn di! amparo, Asunción, 1968. en cuyo artículo 7" se propone expresamente: "Si la acción versara sobre un acto u omisión de un particular. el Juez señalará una audiencia para oírlo dentro de las 24 boras."

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protección de la acción, recurso o juicio de amparo, respecto de los actos realizados por las citadas autoridades y organismos. 11. En este sentido podemos citar el articulo 12 de la Ley de Procedintientos Constitucionales de El Salvador, promulgada el 14 de enero de 1960;18 el artículo 1", inciso primero, de la Ley número 1 533 de 31 de diciembre de 1951, que con algunas reformas regula el mandamiento de seguridad brasileño: I ' y los articulos 8" y 9" de la Ley de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad, de Guatemala, de 3 de mayo de 1966. 20 12. Lo cierto es que el concepto tradicional de autoridad, estimada como aquella que se confiere al funcionario estatal para imponer coactivamente sus resoluciones a los particulares, se encuentra actualmente en crisis, ya que la noción de "imperio" no opera como criterio distintivo entre los funcionarios públicos y los grupos u organismos que se han mencionado, y así lo demuestra la creciente preocupación tanto de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación de los países latinoamericanos que hemos mencionado, las que se esfuerzan en descubrir medios para tutelar eficazmente los derechos humanos frente a estas entidades, algunas de las cuales, como ocurre con los organismos públicos descentralizados de carácter autónomo,

¡S El precepto invocado preceptúa en lo conducente, que la acción de amparo procedente ante la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la Constitución política contra toda clase de acciones y omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus organismos descentralizados. que violen los citados derechos u obstaculicen su ejercicio: cfr. Bertrand Galindo. Francisco, "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina. en Revista Iberoamericana de lkrecho Procesal. Madrid, 1967. pp. 496-497. 19 En su parte relativa, la citada disposición establece que el mandamiento de seguridad, o en otras palabras el mandamiento de amparo, procede para proteger derecho líquido y cierto no tutelado por habeas corpus, siempre que ilegalmente o con abuso de poder alguien sufra violación o tenga justo temor de sufrirla, por parte de una autoridad de cualquier categoría, cualesquiera que sean las funciones que ejerza, en la inteligencia de que el inciso primero del mismo precepto dispone que debe considerarse como autoridad para efectos del citado ordenamiento, a los administradores o representantes de las enlicúules autdrquicas (autónomas) y las persQfUlS naturales o jurldicas con ftmciones tklegadJu tkl poder público, solamente en lo que se refiere a las citadas funciones. Cfr. Castro Nunes, José. Do mandado de segurtulfa e de oulros me;os de tU/esa contra actos do poder publico. 6& ed., Rio-SAo Paulo. 1961, pp. 162 Y ss.; Seabra Fagundes, Miguel. O conlr61e dos atas pelo poder judiciario, 4- ed., Rio. 1967, pp. 40 Y ss.; Brandio Cavalcann, Themistocles Do l'tUJIJdado de seguratlfa, 4- ed., Rio-Sáo Paulo. 1957. pp. 247-249. 20 Estos preceptos incluyen entre los grupos y organismos contra los cuales se puede solicitar el proceso de amparo por violación de los derechos fundamentales -por supuesto. además de las autoridades propiamente dichas-a los gerenles. jefes o presitknles de las enlidades descentralizadas, aut6nomas o semiaut6nomas del Estado, o de sus Cl«rpos directivos. consejos o junlas rectoras de toda clase; los colegios profeswnahs, y cuaIquiera otra entidad no es~cificad4 en forma expresa: cfr. Medrano Valenzuela, Gabriel Antonio, El amparo en la legisloción guatemalteca, inédito. Guatemala. 1969, pp. 22·23 del ejemplar mecanografiado; Fuentes Charnaud. Gregario, El amparo en la legislación guatemalteca (tesis), Guatemala, 1970, pp. 42-46; Calderón Calderón, Antonio Rafael, Fundamentación de los derechos hunuuws y su pro1«ci6n en la kgisloci6n guatemalteca: amparo y habeas corpus (tesis), Guatemala, 1970, pp. 85·86.

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deben estimarse como entidades paraestataIes, pero en todo caso, como de carácter intennedio entre el individuo y el Estado." 13. También podemos señalar que en el artículo 25 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos suscrito en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969, se adoptó el criterio similar al del artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, finnado el 16 de diciembre de 1966,22 en el sentido de que la protección procesal de los derechos humanos debe operar aun en el supuesto de que la violación de los mismos hubiese sido cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales,23 por lo que implícitamente se está reconociendo que el juicio de amparo, que debe funcionar en los paises americanos, procede también contra actos de particulares --() con mayor precisión-, respecto de grupos sociales." 14. b) El segundo sector en el cual encontramos una situación estática de nuestro juicio de amparo radica precisamente en la impuguación de las leyes inconstitucionales, es decir, en el "amparo contra leyes", en cuanto seguirnos conservando un criterio que se está transfonnando no sólo en el derecho constitucional europeo a través de la creación de tribunales constitucionales especlficos,2S sino también en varios paises latinoamericanos, en los cuales se está abriendo paso la declaración general de inconstitucionalidad, como ocurrió ya desde hace tiempo en Colombia y Venezuela26 y más recientemente en P.dIlamá, El Salvador y Costa Rica."

21 Cfr. Fix.Zamudio, Héctor, "Algunos aspectos de la protección de los derechos humanos en las relaciones entre particulares en México y Latinoamérica", en Revista Jurldica Vuacruzana. Jalapa,

abril-mayo-junio de 1970, pp. 21-31. 22 En la parte relativa del artículo 2" del citado Pacto Internacional de Derecbos Civiles y Políticos.

párrafo 3°, inciso a, se establece: "Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados. podrá interponer un recurso efectivo. aun cuando tal violación hubiese sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales l ... ]" 23 El párrafo 10 del citado artículo 25 de la Convención de San José establece en su parte relativa: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales [... ]" 24 Cfr. Ricord, Humberto E., Los di!rechos humanos y la Organizaci6n de los Estados Americanos,

México, 1970, pp. 110-111. 25 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Veinticinco años de evoluci6n di! la justiciCl cOlUtitucional, cit., pp. 68-69. 26 Cfr. sobre el régimen imperante en Colombia y Venezuela, Copete Lizarralde, ÁlvaroúcciOMs de derecho constitucional colombiano, 3" ed., Bogotá, 1960, pp. 228-229; Paula Pérez, Francisco de, Derecho constituciOlUlI colombiano, 5" ed., Bogotá. 1962. pp. 449 Y ss.; Grant. J. A. C., "Estudio comparativo de los sistemas de Control de la constitucionalidad de las leyes", en Revista de lo &c.ula Nacional di! Jurisprudencia. núm. 32, México. octubre-diciembre de 1946, pp. 121-130; id. El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, México, 1963, pp. 75 Y SS.; La Rache, Humberto J., Derecho constitucional general, 10" ed.. Maracaibo, 1969, pp. 126-128. 27 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La protección procesal de las garantías individuales", cit., p. 88.

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15. En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia y la legislación mexicanas, con algunas excepciones que señalaremos más adelante, siguen pugnando por los efectos particulares de la sentencia que otorga el amparo contra las disposiciones inconstitucionales, de acuerdo con el principio que se condensa en la llamada "fórmula de Otero", que como es bien sabido se ha conservado casi sacramentalmente a partir de su establecimiento en el artículo 25 del documento constitucional conocido como "Acta de Reformas", promulgado el 21 de mayo de 1847, y que se inspiró en las ideas del ilustre jurista mexicano Mariano Otero.28 16. Sin embargo, este principio, que no es incompatible con la declaración general, como lo demostraremos oportunamente, ya no resulta adecuado como un sistema único y absoluto en la complejidad de la vida jurídica contemporánea, que exige una rápida y clara definición de los principios constitucionales por parte de los órganos judiciales supremos, con el fin de que pueda realizarse de manera efectiva el principio capital de la igualdad de los ciudadanos --<:on mayor precisión-, de los gobernados ante la ley." 17. Para no referimos sino en fonna concreta al amparo contra leyes en nuestro sistema vigente, podemos observar que su eficacia resulta discutible en virtud de la lentitud con la cual se tramitan las impugnaciones contra las disposiciones legislativas que se estiman contrarias a la carta federal. 18. En la vía que hemos calificado como "acción de inconstitucionalidad"'" la demanda de amparo contra una ley debe interponerse en primera instancia ante un juez de distrito (artíCUlo 144, fracción 1, de la Ley de Amparo), y en segundo grado, si se hace valer el recurso de revisión, corresponde su conocimiento al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia (artículo n, fracción IV bis, inciso aJ, de la Ley Otgánica del Poder Judicial de la Federación), y si bien es verdad que las reformas a la legislación de amparo que entrarOn en vigor en el mes de octubre de 1968, establecieron la posibilidad de turnar a las Salas de la propia Suprema Corte de Justicia, los juicios de amparo en revisión en esta materia, cuando el Tribunal en Pleno hubiese establecido jurisprudencia obligatoria en la cuestión de inconstitucionalidad planteada, de cualquier manera se requiere el pronunciamiento, por el propio Tribunal en Pleno, de cinco resoluciones en el mismo sentido, no

28 Como es sabido. dicho precepto dispuso: "Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales. contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. ya de la Federación. ya de los Estados; limitándose dichos tri~una1es a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare." 29 Sobre el principio de igualdad considerado genéricamente, cfr. Tawney, R. H., LA igualdad, trad. de Francisco Giner de los Ríos, México, 1945, pp. 127 Y ss., Y respecto de su aplicación en el derecho constitucional mexicano, Burgoa, Ignacio, lAs garant(as individuales, cit., pp. 269-279. 30 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, El juicio de amparo, México, 1964, pp. 175-180.

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intenumpidas por otra en contrario. y con el votO aprobatorio. cuando menos. de catorce ministros (artículo 192 dela Ley de Amparol. para que el asunto respectivo pueda ser turnado a alguna de las Salas. 19. La experiencia nos demuestra que una decisión de la Suprema Corte de Justicia en el amparo contra leyes puede tardar varios años. con mayor razón si se trata de impugnación de disposiciones tributarias. que son las que provocan la inconformidad del mayor número de peticionarios del amparo. recargando considemblemente la labor de los tribunales federales. y así lo reconoció expresamente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de 15 de noviembre de 1965. que constituye la base de las refonnas de octubre de 1968 y que se apoyó. a su vez. en un anteproyecto formulado por la misma Suprema Corte de Justicia." 20. En algunas ocasiones. como personalmente nos fue posible constatar. la aplicación o la entrada en vigor de un ordenamiento legal. especialmente de carácter fiscal. puede provocar la interposición de cientos y aun de miles de demandas de amparo. cuya acumulación en los juzgados de distrito correspondientes. en los términos del artículo 57 de la Ley de Amparo. ocasiona dificultades muy serias. inclusive de carácter material. puesto que debe integrarse un expediente elefantiásico y dictarse una sentencia de enorme extensión. ya que el juzgador debe examinar los diversos rnzonamientos de los distintos promoventes de los juicios de amparo respectivos. que a veces suelen coincidir. pero que no siempre son iguales. 21. Esta situación se complica si se interponen recursos de revisión distintos contra el fallo del juez de distrito ante la Suprema Corte de Justicia. ya que el Tribunal en Pleno debe examinar el voluminoso expediente. cuyo estudio pormenorizado puede llevar varios meses. 22. Pero aun en el supuesto de que no se trate de asuntos tan complicados. la tramitación y resolución de un amparo contra leyes en sus dos instancias. no puede terminar en poco tiempo. por la gmn cantidad de asuntos que se plantean en los tribunales federales debido a la concentración en ellos de todos los negocios judiciales y admirtistrativos del país. a través del mismo juicio de amparo."

31 En la parte relativa de la citada exposición de motivos se sostuvo: "A partir del decreto de 30 de diciembre de 1957 el pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce de los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadal. por los jueces de distrito en los amparos contra leyes. La refonna invocó justificadamente la trascendencia social de la declaraci60 de ioconstitucionalidad de la ley, para que el conocimiento del amparo contra leyes se sustrajera a las salas y se atribuyera a la Suprema Corte funcionando en pleno. Mas si la refonna fue justificada. DO tomó en consideraci6n que el gran acervo de amparos contra leyes. en desproporción con la limitación del número de sesiones del pleno. incapacitaña a este órgano supremo del Poder Judicial Federal para realizar de manera expedita la misión que se le encomendó [...]" Cfr. FIX·Zamudio. Héctor. "Reformas constitucionales al Poder Judicial Federal". en R~isla de la Facllltad tk Ikrecho de Mbico. núm. 65, enefO..marZO de 1967, pp. 117-118. 32 Sobre la complejidad del juicio de amparo mexicano. cfr. Fix-Zamudio. Héctoc. El juicio tk amparo, cit., pp. 241 Y ss.

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23. Pero con independencia del recargo de las labores de los referidos tribunales federales y particularmente de la Suprema Cone de Justicia, debido a la interposición simultánea o continua de juicios de amparo contra la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, los efectos particulares de la sentencia que otorga la protección, afectan al principio de la igualdad de los gobernados ante la ley, principio básico del sistema democrático, según lo ha puesto de relieve un sector de la doctrina. 24. En efecto, si el fallo protector sólo tutela a aquellos que lo han solicitado, de manera que el ordenamiento declarado inconstitucional puede aplicarse a los que no interpusieron el juicio de amparo o no tuvieron éxito en su planteamiento, se produce una desigualdad en perjuicio de los que no han obtenido una sentencia favorable, no obstante que existe una declaración -o inclusive varias- del más alto tribunal de la República, en el sentido de que la Ley respectiva es contraria a la Carta Federal. 33 25. Todo lo anterior nos lleva al convencintiento de que debe plantearse nuevamente la cuestión relativa a los efectos particulares o generales de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, con objeto de exantinar los conceptos básicos en los cuales se apoya el amparo contra leyes a la luz de las nuevas corrientes de justicia constitucional y tornar partido en un debate que puede ser decisivo para el futuro de nuestro juicio de amparo.

n. EL AMPARO CONTRA LEYES Y LA FÓRMULA DE OrERO 26. Ante todo, debemos preguntamos nuevamente, y con una perspectiva actual, la razón del establecintiento de la fórmula sacramental establecida por Mariano Otero en 1847 y que se ha prolongado hasta nuestros días. 27. El motivo por el cual pretendemos exantinar este problema, que por otra parte ha sido estudiado profusamente por la doctrina mexicana desde el ángulo histórico-jurídico, radica en la necesidad de establecer si el principio funda:nental de los efectos particulares de la sentencia, que otorga el amparo contra una ley, se justifica en la situación presente de la evolución de nuestro juicio de amparo. 28. No es necesario insistir en la influencia que ejerció el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en Am¿rica, en la creación del juicio de amparo. tanto en Manuel Crescencio Rejón 34 como en Mariano Otero 35 y posteriormente en los constituyentes de 1856-1857. 36 J3

Cfr. Headrick, William Cecil, "El controljudlcial de las leyes", en Revisra de la Facultad de

Derecho de Mixico, núm. 6°, abril-junio de 1966. pp. 463-467; en el mismo sentido, Fix-Zamudio, Héctor, "Valor actual del principio de la división de poderes y su consagración en las Constituciones de 1857 y 1917",en Boletln del Instituto de. Derecho Comparado de México. núms., 58-59, enero-agosto de 1967, pp. 96-98.

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29. Resulta evidente, por tanto, como expresamente lo afirma el propio Mariano Otero en su admirable "voto particular" que sirvió de base el Acta de Reformas de 1847, que los creadores de la institución pretendieron establecer en nuestro país, a través del juicio de amparo y adaptándola a nuestras necesidades, la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes que existía en los Estados Unidos. 37 En Norte América este poder salvador provino de la Constitución y ha producido los mejores efectos. Allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la Constitución, y de aquf resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley secundaria, aplica aquélla y no ésta, de modo que sin hacerse superior a la ley ni ponerse en posición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso particular en que ella debfa herir, la hace impotente. Una institución semejante se hace del todo necesaria entre nosotros [... j". Cfr. Tena Ramirez, op. u/t. cit., p. 465; Gaxiola, Jorge F., Mariano Otero, creador de/ juicio de amparo, México, 1937, pp. 137 Yss. y una de las caracteñsticas de la citada revisión judicial, de acuerdo con las palabras de Tocqueville, consiste en la facultad conferida a cualquier juez para desaplicar con efectos entre las partes y en un proceso concreto, la ley inconstitucional aplicable al caso. 38

34 Pueden observarse en la exposición de motivos del proyecto de Constitución para el Estado de

Yucatán de 23 de diciembre de 1840. las citas directas que Rejón hace del libro de Tocqueville, particularmente en la parte relativa a las facultades del Poder Judicial como órgano protector de la Constitución. Cfr. Suprema Corte de Justicia. Homenaje a don Manuel Crescencio Rej6n, México. 1960. pp. 63-66. 35 En el famoso "Voto particular" de Mariano Otero figuran varias frases tomadas evidentemente de Tocqueville, en cuanto a la función del Poder Judicial en los Estados Unidos, como órgano protector de la Constitución. cfr. Tena Ramírez, Felipe, Leyes jutuÚmumlaJes de México, 1808-1964,2- ed., México, 1964. pp. 464-465; Reyes Heroles. Jesús "Estudio preliminar", en la obra de Mariano Otero. Obras, México, 1967. tomo 1, pp, 74-82. 36 Tanto en la exposición de motivos del proyecto de Constitución redactado por la Comisión del Congreso Constituyente de 1856-1857, como en diversas intervenciones que se efectuaron en las sesiones de 28 y 29 de octubre de 1856. se invocó frecuentemente la obra de Tocqueville, en particular en cuanto a este aspecto de las facultades del Poder Judicial de los Estados Unidos para conocer y decidir sobre la ¡nconstitucionalidad de las leyes. Cfr, Tena Rarnírez, op. ult. cit., pp. 546-549; Zarco, Francisco Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), México, 1956, pp. 988-996. 31 En la parte relativa del citado "Voto particular", el propio Otero manifestó: "[".J y por esto yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a grande altura el Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo. ya de los Estados o de la Unión. 38 Son clásicas las frases del ilustre pensador francés, consignadas en el capítulo VI de la primera parte de su libro. capítulo intitulado "El Poder Judicial en los Estados Unidos y su acción sobre la sociedad política": "[".1 Si el juez hubiera podido atacar las leyes de una manera teórica y general, si hobiese podido tomar la iniciativa y censurar al legislador, hubiera entrado brillantemente en la escena política convertido en campeón o adversario de on partido, suscitando todas las pasiones que dividen el país al tomar parte en la lucha. Pero cuando el juez ataca una ley en un debate oscuro y sobre una aplicación particular. oculta en parte a las miradas del público la importancia del ataque, Su fallo sólo tiene por objeto lesionar un interés individual, pero la ley no se siente herida más que por casualidad.

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30. Pero éste no es el único motivo que impulsó al jurista jalisciense para redactar su fórmula sacramental sino, además, el recuerdo reciente del Supremo Poder Conservador establecido por las leyes constitucionales de 1836, de acuerdo con el modelo del Senado Conservador de la Constitución francesa del año VIII," y al cual se le habían otorgado facultades desorbitadas para anular con efectos generales y a petición de uno de los tres órganos del poder, las resoluciones, actos o leyes de los otros dos." 31. Este órgano político, con atribuciones que se consideraban omnímodas, pero que en realidad pecaban de ingenuas, provocó conflictos especialmente con los

otros departamentos, que se consideraron inconvenientes, y esto explica las expresiones del mismo Mariano Otero en su voto particular, en el sentido de que los tribunales en los Estados Unidos no se hacían superiores a la ley, no se ponían en oposición con el Poder Legislativo, no derogaban sus disposiciones, sino que hacían importante a la ley en cada paso particular en que ella debía herir.'! 32. Estos dos factores, revisión judicial estadounidense y rechaw del Supremo Poder Conservador, explican la construcción limitativa y negativa de la propia fórmula consignada en la parte final del artículo 25 del Acta de Reformas de 1847: 33. [... ]limitándose dichos tribunales [de la Federación] a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare". 34. Estas mismas ideas las vemos reiteradas en el Constituyente de 1856-1857, ya que en la exposición de motivos del proyecto de Constitución redactado por la comisión respectiva, se hace una explicación muy amplia de la "reforma tal vez más importante que contiene el proyecto" y que se refiere precisamente a la introducción definitiva del juicio de amparo, como un trasplante del sistema de la

Por otra parte, la ley así censurada está destruida: su fuerza moral ha disminuido, pero su efecto material no se suspende. Sólo poco a poco, y bajo los golpes repetidos de la jurisprudencia, llega a sucumbir al fin {... ]" La democracia en América. trad. de Luis R. Cuéllar, México. 1957, p. 94. 39 La Segunda Ley Constitucional se refería a la "Organización de un supremo poder conservador", que de acuerdo con el artículo primero se depositaba en cinco individuos, de los que debía renovarse uno cada dos años. por sorteo hecho en el Senado. La elección de los miembros de este organismo se hacía de acuerdo con un complicado sistema en el cual intervenían las juntas departamentales y el Congreso (artículos 30 y 4"). qr. Tena Ramírez. Felipe. Leyes fundamentales de México. cit.. pp. 209-212; Herrera y Lasso. Manuel. "Centralismo y federalismo (1814-1843)", en la obra Derechos tkl pueblo mexicano, vol. 1, México, 1967, pp. 630-632. 40 No se ha hecho un estudio minucioso de la actuación real del citado órgano político, cuyas facultades aparentemente omnímodas no tuvieron eficacia prácuca debido a la fuerza evidente del Ejecutivo, que con diversos pretextos eludió el cumplimiento de las escasas decisiones que lo contrariaban: Cfr. Moreno Cora, Silvestre, Tratado del juicio de amparo conforme a las sentenci4s de los tribunales fetkrales, México, 192, pp. 4-11; Moreno, Daniel. "El Supremo Poder conservador", en Revista tk la Facultad tk Derecho de México, núms. 69-70, enero-junio de 1968, pp. 255-296. 41 Ver nota 36. Cfr. Oñate, Santiago "El acta de Refonnas de 1847", en la obra Derechos del P~blo Mexicano. cit. vol. n, México, 1967, pp. 37-44.


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revisión judicial de los Estados Unidos, de acuerdo con la descripción que de la misma aparece en el mencionado libro de Tocqueville." 35. Resulta muy significativo el siguiente párrafo de la referida exposición de

motivos: 36. "No habrá, pues, en adelante, y siempre que se trate de leyes o actos anticonstitucionales, ya de la Federación o ya de los Estados aquellas iniciativas ruidosas, aquellos discursos y reclamaciones vehementes en que se ultrajaba la soberanía federal o la de los Estados con mengua y descrédito de ambos, y notable perjuicio de las instituciones, ni aquellas reclamaciones públicas y oficiales que muchas veces fueron el preámbulo de los pronunciamientos; habrá sí un juicio pacífico y tranquilo y un procedimiento en formas legales que se ocupe de pormenores y que dando audiencia a los interesados, prepare una sentencia, que si bien deje sin efecto en aquel caso la ley de que se apela, no ultraje ni deprima al poder soberano de que ha nacido, sino que lo obligue por medios indirectos a revocarla por el ejercicio de su propia autoridad. .. "" 37. Por otra parte, se tenía la intención por los autores del proyecto, de establecer un sistema similar al de los propios Estados Unidos, otorgando tanto a los tribunales locales como a los federales la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, en relación con el juicio de amparo previsto en el artículo 102 del proyecto, en el que se disponía: 38. ''Toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad, que violaren las garantías individuales, o de la Federación que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o de éstos cuando invadan la esfera de la autoridad federal, se resuelve, a petición de la parte agraviada, por medio de una sentencia y de procedimientos y formas del orden jurídico, ya por /os tribunales de ia Federaci6n exclusivamente, ya por éstos juntamente con los de /os Estados, según los diferentes casos que establezca la ley orgánica [.. .]"44 39. Y si esta disposición la relacionamos con el diverso artículo 123 del proyecto, que se transformó en el 126 del texto aprobado de la Constitución de 1857, y que corresponde al 133 de la carta federal vigente, inspirado casi literalmente en el artículo VI de la ley suprema de los Estados Unidos," nos percatamos 42

Cfr. Tena Ranúrez, Felipe. Leyes fundtJmentales tÚ México. cit., pp. 546-550; Zarco. Francisco.

Historia del Congreso Exrraordinario Constituyente, cit .. pp. 323.324~ Labastida, Horado. "Las luchas ideológicas en el siglo XIX y la Constitución de 1857". en la obra DuecMs del prubJo mexicano, cit., vol. 11, México, 1967, pp. 270-271. 43 Cfr. Tena Ramírez, op. /lIt. cil .. p. 549: Zarco. op. uJt. cit., p. 326. 44 Cfr. Tena Ramírez, op. uJt. cit., pp. 558-559; Zarco. op. /lJt. cil., pp. 340-341. 45 El citado artículo 126 de la Constituci6n de 1857 establecía: "Esta Constituci6n, las leyes del

Congreso de la Uni6n que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobaci6n del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados." El modelo, es decir, el texto del artkulo

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de que originalmente los redactores del citado proyecto pretendían configurar un control de carácter difuso, que como veremos es el que existe en los Estados Unidos; pero en las discusiones se eliminó la intervención de los tribunales locales en el juicio de amparo,46 conservándose la obligación de los jueces de las entidades federativas de preferir la Constitución y leyes federales sobre cualquier disposición de carácter local, provocando un debate que subsiste hasta nuestros días, como lo señalaremos oportunamente. 40. Desde otro punto de vista, los efectos particulares de la declaración de inconstitucionalidad se reaftrman en las discusiones sobre la introducción del juicio de amparo, considerándose como una de las ventajas fundamentales de la institución, como se desprende claramente de las palabras del ilustre Ponciano Arriaga, miembro de la comisión redactora y apasionado defensor del amparo: 41. [... ] Se requiere que las leyes absurdas, que las leyes atentatorias sucumban parcialmente, paulatinamente, ante los fallos de los tribunales, y no con estrépito ni con escándalo en un palenque abierto a luchas funestas entre la soberanía de los Estados y la soberanía de la federación [... ]47 42. Otro ilustre miembro de la comisión y defensor de la institución que se pretendía establecer, José María Mata, confinna las ideas anteriores y se refiere expresamente al modelo establecido por Mariano Otero: 43.[ ... ] el medio propuesto no es invento de la Comisión, ni idea nueva en México, puesto que el anículo 25 del acta de reformns disponía que los tribunales de la federación ampararán a los habitantes de la República en el ejercicio de los derechos que les concedía la Constitución contra todo ataque de los poderes federales o de los Estados, limitándose a impartir protección en el caso particular, sin hacer declaración respecto de la ley o acto que lo motivare. En seguida defendió el artículo explayando las razones del señor Arriaga y exponiendo cuál es la

práctica en los Estados Unidos." 44. En esta fonna se consolidó la mencionada fónnula de Otero en la parte relativa del artículo 102 dela Constitución de 1857, que prácticamente es la misma que consigna la fracción II del artículo 107 de la carta federal vigente, pero introduciendo el primero de los preceptos mencionados una ligera modificación VI de la Constitución de los Estados Unidos dispone, en su parte relativa, lo siguiente: "Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella. y todos los tratados

celebrados o que se celebran bajo la autoridad de los Estados Unidos. serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constituci6n o las leyes de cualquier Estado ..... ; cfr. Carpizo. Jorge, La ¡lite/prelación del art(cu[o 133 constitucional, en Bolet(n Mexicano de Derecho Comparado, núm. 4, enero-abril de 1969. pp. 3-32. 46 Cfr. Zarco. Francisco. Historia'del Congreso Extraordinario Constituyente. sesi6n del 29 de

octubre de 1856, pp. 993-996. 47 Cfr. Zarco. op. ull. cit., p. 990. 48 Cfr. Zarco. op. ult. cit .• p. 993.

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inspirada en el criterio individualista y liberal del Constituyente de 1856-1867, en cuanto sustituyÓ la palabra "caso particular" del articulo 25 del Acta de Reformas, por "individuos particulares", lo que provocó posteriormente apasionados debates sobre el alcance de esta disposición. 45. En efecto, dicho precepto, en la parte conducente, estableció: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"."

III. EVOLUCIÓN DEL AMPARO CONTRA LEYES Y SU SmJACIÓN ACTIJAL

46. A) De acuerdo con los antecedentes mencionados, resulta comprensible que tanto la doctrina como la jurisprudencia y las leyes reglamentarias del juicio de amparo sólo consideraran la posibilidad de la impugnación indirecta contra las leyes inconstitucionales, es decir, exclusivamente respecto de los actos de aplicaciÓn de las propias leyes y en relaciÓn con las autoridades ejecutoras, ya que los distinguidos tratadistas y magistrados José Maria Lozano'" e Ignacio L. Vallarta,'1 coincidieron al señalar que mientras una ley no se ejecutaba o aplicaba, debía considerarse como letra muerta, en virtud de que no ofendía ni causaba peIjuicio. 47. Durante toda la vigencia de la ConstituciÓn de 1857, e inclusive en virtud del articulo 12 de la Ley de Amparo de 18 de octubre de 1919, primera que se expidiÓ durante la vigencia de la carta federal de 1917," no se concebía que pudiese combatirse directamente una disposición legislativa inconstitucional ni menos aún que se demandase a las autoridades que intervienen en su expediciÓn y promulgación de manera que sólo se podía interponer el juicio de amparo en una sola vía, la de carácter indirecto, es decir, contra el acto de la autoridad que aplicaba a un caso concreto y en peIjuicio del quejoso, la ley que se estimaba contraria a la carta fundamental. 48. Por otra parte, de acuerdo con la frase del articulo 102 constitucional de que la sentencia de amparo sólo podía ocuparse de individuos particulares, durante 49 El carácter individualista del juicio de amparo durante la vigencia de la Constitución de 1857 se condensa en la frase del jurista Fernando Vega, el cual manüest6 al respecto. que: "Nuestra instituci6n [el juicio de amparo] se halla constituida sobre un principio cuya existencia debemos conservar como un título de honra nacional: 'El inJerls individual sobre el imerls colectivo' [.o.r. lA Nueva 1Ly de Amparo. México, 1883. pp. 161-162. so Tratado de los derechos del hombre. dt. pp. 439-440 SI Eljuicio de amparoyel wrighlofhabeas corpus. México, 1896. pp. 117-121. 52 El citado artículo 12 de la Ley de Amparo de 1919 disponía: "Es autoridad responsable la que ejecuta o trata eh ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en una resolución judicial o administrativa. se tendrá también como responsable a la autoridad que le baya dictado."

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mucho tiempo se discutió por la doctrina y la jurisprudencia si las personas juridicas colectivas (o como se les calificaba y aún se denomina incorrectamente, las personas morales), podían solicitar la protección federal contra los actos -y por tanto, en forma indirecta contra las disposiciones legislativas cuya aplicación les afectasen-," discusión que se prolongó hasta los primeros años de este siglo" 49. En consecuencia, en esta primera etapa se limitó el amparo contra leyes a la impugnación de los actos de aplicación por las personas ffsicas, y con ciertas reticencias respecto de las personas "morales", no obstante que el ilustre Emilio Rabasa demostró con argumentos convincentes que una disposición legislativa puede y debe combatirse desde el momento que afecta la esfera juridica de los particulares, inclusive desde su promulgación -en realidad, de su entrada en vigor- sin esperar el acto de aplicación, que no en todos los casos resulta necesario:" preparando este autor el terreno para el establecimiento de la vía directa o de acción, que introdujo la Ley de Amparo vigente. 50. B) Una segunda etapa en la evolución del amparo contra leyes se inicia con la entrada en vigor ellO de enero de 1936 de la Ley de Amparo promulgada el 30 de diciembre de 1935, la que invirtió el sistema que se había seguido en esta materia, al introducir la vía directa o de acción para impugnar las leyes contrarias a la carta federal. 51. En efecto, de acuerdo con los articulas n, 22, fracción 1, 73, fracción V, y 114, fracción 1, del citado ordenamiento, que fueron complementados por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el amparo contra una disposición legislativa debía hacerse valer en dos instancias, la primera ante un juez de distrito y la segunda, a través del recurso de revisión -en realidad, apelación ante la Sala respectiva, según la materia, de la misma Suprema Corte de Justicia, pero enderezando la demanda contra el acto legislativo y respecto de las autoridades que intervinieron en el procedimiento también legislativo. 52. Surgió en esta ley de 1936 el concepto de ley autoaplicativa, que tantos dolores de cabeza produjo en la jurisprudencia del más alto tribunal de la República, la que no configuro un criterio preciso que pudiese guiar a los afectados para impugnar este tipo de disposiciones legislativas." 53. Esta situación de inseguridad provocó un notorio recargo en los tribunales federales, ya que los inconformes con la entrada en vigor de un ordenamiento que consideraba inconstitucional, para evitar que su impugnación se estimara extem53 Cfr. Moreno Cora, Silvestre, Tratado thljuicio de amparo, cit., pp. 62-115. Cfr. Esteva Ruiz. Roberto, "¿Las personas morales gozan de los derechos establecidos por la Constituci6n federal mexicana?", en la obra del mismo autor Ensayos Jurtdicos. México, pp. 347-386. ss Eljuicio constitucional, 2- ed., México, 1955. pp. 284-303. 54

S6 Cfr. Azuela, Mariano. "Aportaci6n al estudio del amparo contra leyes". en Revista Jurldica Veracruzana, Jalapa, marzo de 1957, pp. 19-24: id. Introducci6n al estudio thl amparo. Monterrey, 1%8. pp. 153-156.

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poránea en los ténninos de los artículos 22, fracción 1, y 73, fracción XII, de la propia Ley de Amparo, invariablemente y ad cautelam interponían su demanda de amparo dentro del plazo de treinta días de la entrada en vigor de la ley respectiva, y si los tribunales federales sobreseían el juicio por considerar que la propia ley no tenía el carácter de autoaplicativo, se volvía a acudir ante ellos en una segunda ocasión, cuando se presentaba el acto de aplicación en perjuicio de los reclamantes. 54. C) Las reformas a la legislación de amparo que se publicaron en febrero, y entraron en vigor en mayo de 1951, establecieron varias innovaciones importantes en la impugnación de la inconstitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo. 55. a) En primer ténnino se adicionó la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, de manera que tratándose de las leyes autoaplicativas, el afectado dispone a partír de entonces, de dos oportunidades, la primera con motivo de la entrada en vigor de la misma, dentro del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 22, fracción 1, del mismo ordenamiento; y una segunda ocasión, si no interpone el amparo dentro de la primera, en el plazo genérico de quince días previsto por el artículo 21, contado a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso," con lo cual se tenninó con el inconveniente de una doble interposición ad cautelam. 56. b) En segundo lugar se amplió la institución de la suplencia de la queja, que de acuerdo con el texto primitivo de la carta federal de 1917 se aplicaba sólo en favor del acusado en el amparo penal." entre otras materias, también a los actos que se apoyasen en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia. 57. Este significa que a partír de las citadas reformas, cuando se reclama un acto o una resolución que tiene su fundamento en disposiciones legales que hubiesen sido calificadas como contrarias a la Constitución federal por cinco resoluciones no interrumpidas por otra en contrario y con el voto afmnativo, al menos de cuatro ministros de una Sala o catorce del Tribunal en Pleno, de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de amparo tienen la facultad de corregir no sólo los errores en que hubiese incurrido el quejoso en su demanda, sino inclusive los defectos de técnica en la interposición del amparo, tales como el no señalamiento, en calidad de demandadas, de las autoridades legislativas, o del ordenamiento respectivo, como acto reclamado." 57 Cfr. Burgoa. Ignacio. Eljuicio tÚ! amparo, ~ ed., México, 1970, pp. 469·570. 58 En efecto. el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, en su texto primitivo. disponía: "La Suprema Corte. no obstante esta regla, podrd suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal. cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de

la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación." Cfr. Chávez Annando, Camacho, "La suplencia de la eficiencia de la queja", en lus, México, febrero de 1944, pp. 95 Y ss.

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58. Aun cuando la suplencia en esta materia no implica el desconocimiento de eficacia particular de la sentencia dc amparo, de acuerdo con la fórmula de Olero tantas veces mencionadas, sin embargo atempera su exagerado individualismo y permite la ampliación de los efectos de la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia, que resulta imperativa no sólo para las autoridades judiciales sino también para las administrativas, ya que estas últimas no pueden aplicar una ley declarada inconstitucional por la referida jurisprudencia definida, pues el acto o resolución respectiva serán anulados por los tribunales federales a través del juicio de amparo, aun cuando el quejoso no impugne el ordenamiento como contrario a la carta federal, en virtud de la citada suplencia,'" la cual, según la doctrina, debiera ser obligatoria y no potestativa, para los propios tribunales federales 61 59. el Un aspecto muy importante y controvertido de las reformas de 1951 fue la consagración implícita de la posibilidad de impugnar las leyes inconstitucionales en la vía indirecta,62 que incorrectamente se conoce como "vía de excepción", pero en realidad de carácter prejudicial o incidental, como veremos en su oportunidad. y que, en otras palabras, consiste en acudir ante el juez del amparo en contra de una resolución judicial, alegándose que la misma se dictó violando el artículo 133 constitucional, por haberse apoyado dicha resolución en una ley inconstitucional. 63 60. Esta vía incidental o prejudicial, la hemos calificado en trabajos anteriores como "recurso de inconstitucionalidad de las leyes"," en virtud de que se hace valer en amparo directo o de una sola instancia contra sentencias definitivas en materia civil, penal, laboral y recientemente administrativa, cuando en Jos conceptos de violación se alega que los fallos respectivos· se apoyan en disposiciones legales contrarias a la carta fundamental, y esta vía ha sido aceptada por la Suprema Corte de Justicia después de muchos debates, al superar el criterio tradicional de que la impugnación de las leyes inconstitucionales sólo podía hacerse a través del

59 Cfr. Serrano Robles, Arturo, "La suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales ", en Problemas jurfdicos de México, México 1953, pp. 57 Y ss. 60 Cfr. Gaxiola, Jorge F., "Los efectos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declara la inconstitucionalidad de una ley", en el volumen El pensamiento jurfdico de México en el derecho constitucional, México, 1961, pp. 136-167" esp. pp. 158 Y ss. 61 Cfr. Castro, Juventino V .,LA suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, México, 1953,pp.116yss. 62 Esta consagraci6n implícita se descubre a través del establecimiento del recurso de revisi6n regulado por el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en amparo directo, entre otro supuesto, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, E/juicio de amparo, cit., pp. 178-180. 63 Sobre los problemas que presenta la aplicaci6n del artículo 133 constitucional, cfr. Tena RaITÚrez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 7- ed., México, 1964, pp. 500-507; Carpizo, Jorge, "La interpretaci6n del artículo 133 constitucional ", cit., pp. 16-32. 64 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Eljuicio de amparo, cit., pp. 250-252.


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amparo de doble instancia, es decir, por la vía directa o de acción, demandando al legislador. 65 61. D) Una cuarta etapa en la evolución del amparo contra leyes podemos descubrirla en el decreto promulgado el 30 de diciembre de 1957, que otorgó competencia al Tribunal en Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión contra las sentencias de los jueces de distrito y

de los tribunales colegiados de circuito, cuando decidiesen sobre la cuestión de constitucionalidad de una ley, competencia que correspondía anteriormente, respecto de los primeros, a las Salas de la propia Corte, según la materia respectiva,66 62. E) Finalmente, las refomaas a la legislación de amparo que entraron en vigor el 28 de octubre de 1968, en lo relativo al amparo contra leyes, establecieron una distribución de competencias entre el Tribunal en Pleno, que conservó el conocimiento primario de las cuestiones de inconstitucionalidad, y las Salas de la Suprema Corte de Justicia. 63. En efecto, el propio Tribunal en Pleno decide, en principio, de los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias de los jueces de distrito cuando se impugne una ley por inconstitucional; pero una vez establecida jurisprudencia obligatoria, las revisiones pasarán en turno al conocimiento de las Salas, las que fundarán su resolución en dicha jurisprudencia, no obstante lo cual, si las propias Salas estiman que en una revisión en trámite hay razones graves para dejar de sustentar la jurisprudencia, las darán a conocer al Pleno, para que éste resuelva el caso, ratificando o no esa jurisprudencia (articulo 84, fracción 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). 64. También conserva el Tribunal en Pleno la facultad de conocer de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo de una sola instancia, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley; pero en este supuesto, no tienen intervención las Salas de la Suprema Corte de Justicia, ya que una vez establecida jurisprudencia definida por el citado Tribunal en Pleno, ésta debe ser aplicada por los mencionados tribunales colegiados de circuito, y los fallos apoyados en dicha jurisprudencia son inatacables a través del referido recurso de revisión (articulos 83, fracción V, 84, fracción II de la Ley de Amparo y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación)."

6S Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. op. ull. cit .. nota 42. p. 179. acuerdo con esta reforma legislativa, el artículo n, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponía: "Corresponde a la Suprema Corte conocer en Pleno: .. JUn. De los recursos de revisión a que se refieren los artículos 83. fracción V. párrafo primero. y 84. fracción l. inciso a, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales. siempre que se impugne la aplicación de una ley federal o local. por estimarla inconstitucional [... ]" 67 En efecto, según los citados preceptos, sólo procede el recurso de revisión contra las sentencias 66 De

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65. Al respecto, conviene transcribir la parte relativa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de 15 de noviembre de 1965. que siIvió de base a las

reformas mencionadas, que entraron en vigor en octubre de 1968, ya que podemos invocar posteriormente los argumentos que en dicha exposición se esgrimen para apoyar nuestra tesis de la declaración general: 70. A partir del decreto de 30 de diciembre de 1957, el pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce de los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los amparos contra leyes. La reforma invocó justificadamente la trascendencia social de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, para que el conocimiento del amparo contra leyes se sustrajera a las salas y se atribuyera ala Suprema Corte funcionando en pleno. Mas si la reforma fue justificada, no tomó en consideración que el gran acervo de amparos contra leyes, en desproporción con la limitación del número de sesiones del pleno incapacitaría a este órgano supremo del Poder Judicial de la Federación para realizar de manera expedita la misión que se le encomendó. 71. A fin de conciliar la necesidad de que la calificación de la constitucionalidad de las leyes impugnadas en amparo sea hecha en segunda instancia por el pleno de la Suprema Corte, con las exigencias de la expedición de la administración de justicia, se propone una adición a la fracción VIII, inciso a) del artículo 107 constitucional, que en el texto definitivo de las reformas se llevó a las leyes reglamentaria y orgánica respectivas. De acuerdo con ellas, las revisiones en amparo contra una ley serán sometidas inicialmente al conocimiento del pleno, pero una vez que dicho alto cuerpo haya sustentado criterio en cinco ejecutorias que integren jurisprudencia, se turnarán a conocimiento de las salas los amparos en revisión en que la jurisprudencia establecida resulte aplicable. Las resoluciones de las salas podrán emitirse en toda facilidad, puesto que en el caso de que la ley impugnada sea declarada inconstitucional, aunque los conceptos de violación que se hagan valer en las diversas demandas sean distintos, existirá la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja aplicando la jurisprudencia del pleno. 72. Con objeto de dar oportunidad al pleno de revisar Su jurisprudencia, se propone que las salas, si encuentran razones graves para dejar de sustentarla, en una revisión en trántite, las comuniquen al pleno para que éste resuelva el caso, ratificando o no la tesis de jurisprudencia establecida.

de los tribunaies colegiados de circuito pronunciadas en amparo directo, siempre que ''no estén fundadas en la jurisprudencia --se entiende, obligatoria- establecida por la Suprema Corte de Justicia".

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IV. Los DOS GRANDES SISTEMAS DE CONTROL DE LA CONSrrruCIONALIDAD 73. Desde un punto de vista puramente dogmático, podemos señalar dos categoñas de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y consiguientemente, de las disposiciones legislativas: 74. A) En primer lugar, la que podemos calificar de "americana", no sólo por haberse establecido en principio en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 -aun cuando con antecedentes en la legislación y jurisprudencia de las colonias inglesas en América-," sino también por haber servido de modelo con sólo dos excepciones -Perú y Ecuador-, y sólo de manera relativa," en la abrumadora mayoña de los paises americanos, de Argentina al Canadá. 70 75. En principio, este sistema americano de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes podemos caracterizarlo, en forma abstracta, como la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Constitución y con efectos sólo para las partes que han intervenido en esa controversia. 76. Este principio básico ha sido calificado por el tratadista estadounidense J. A. C. Grant como "una contribución de las Américas a la ciencia política"." 77. Además, si pretendemos presentar una visión esquemática de este sistema llamado americano, podemos afirmar que sus elementos esenciales consisten en el control por órgano judicial difuso -es decir, por todos los jueces- de la constitucionalidad de las leyes, siempre que la cuestión respectiva sea planteada por las partes y aun de oficio por el juez respectivo en una controversia concreta -lo que incorrectamente se ha calificado como vía de excepción- y que los procesalistas italianos han denominado como "cuestión prejudicial"," o también incidental, tomando en consideración que el problema de inconstitucionalidad constituye una aspecto incidental -procesalmente hablando- de la controversia principal en la cual se plantea. 78. Un aspecto muy importante consiste en los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley, y que se traduce en la desaplicación de la

68 Cfr. CappeIletti. Mauro, El control judicial tU la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado. trad. de Cipriano G6mez Lara y Héctor Fix-Zamudio. México. 1966. pp. 27-33. 69 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, lA protecci6n procesal tú las garant{as individuales en Amlrica Latina. cit., pp. 86-88. 70 Cfr. Eder. Phanor J., "Judicial Review in Latin America", en Ohio S,aft Law Jouma!. vol. 21. núm. 4, otoño de 1960. pp. 570-615, 71 El control jurisdiccional de la constitucionalidad tú las leyes. México, 1963, cuyo subtítulo es precisamente Una contribución de las Américas a la ciencia poJ(t;ca. 72 Cfr. CappeIJetti, Mauro, La pugiudiz.ialild cosliluz.i01UJle nel processo civile, Milano, 1957, esp. pp. 50-59.

LA DECLARACIÓN DE INCONSlTIUCIONALIDAD

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propia ley en ese caso concreto. ya que el fallo únicamente afecta a las partes en la controversia en la cual se planteó o surgió la cuestión de inconstitucionalidad. 79. B) La segunda categoría de control podemos calificarla como "austriaca", tomando en consideración que surgió en la Constitución austriaca de 1920, debido a la inspiración del ilustre Hans Kelsen. 73 80. También esquemáticamente podemos caracterizar el sistema que hemos denominado austriaco, como la atribución a un órgano específico, llamado Corte o Tribunal Constitucional -y cuya naturaleza sigue siendo debatida-14 para decidir todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, que no pueden ser conocidas por los jueces ordinarios, por lo que deben plantearse siempre en la vía principal o vía de acción, por los órganos del Estado afectados por el ordenamiento inconstitucional, en la inteligencia de que el fallo del citado tribunal especializado que declara la inconstitucionalidad, tiene efectos generales -erga omnes-, es decir, implica la ineficacia de la ley respectiva a partir del momento en que se publica la decisión de inconstitucionalidad." 81. En tal virtud, si examinamos en forma abstracta estas dos categorías, descubrimos en cada una de ellas las características contrarias de la otra. como 10 puso de relieve de manera penetrante el destacado procesalista florentino Piera Calamendrei, cuando afirmaba que los caracteres del binomio aparecen de ordinario agrupados según cierta necesidad lógica, de modo que el control judicial, es decir, el americano, es necesariamente difuso, incidental, especial y declarativo; y viceversa: el que califica como autónomo, o sea el austriaco, es concentrado, principal, general y constitutivo.76 82. Sin embargo, en la práctica estos elementos aparecen matizados, y si bien el predominio de varios de ellos nos permite calificar a un sistema de americano o

austriaco, no podemos considerarlos en fonna pura. ya que se encuentran entremezclados en la práctica, e inclusive se observa la tendencia hacia la combinación de ambos a través de sistemas mixtos, que utilizan las ventajas de ambos y eluden los inconvenientes de una estructura rígida." 83. Nos apartaría de nuestro propósito analizar los diversos instrumentos que se han venido implantando en los últimos anos aprovechando la experiencia de ambos 73 Cfr. Frisch Philipp. Walter, "La forma en que se plasmó la "Teoría pura del derecho" de Hans Kelsen en la jurisdicción constitucional austriaca, creada por él", trad. de Eisa Bieler, en JurúJica. Anuario de la Escuela €k Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, julio de 1970. pp. 125-15l. 74 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juez ante la nonna constitucional". en Revista de la Facultad de Derecho de Mlxico. núm. 57, enero-marzo de 1965, pp. 60-67. 75 Cfr. Cappelletti. Mauro, El control judicial €k la constitucionalidad de las leyes. cit .. pp. 63-75. 76 "a ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil", en la obra Estudios sobre '!l proceso civil, trad. de Santiago Sentfs Melendo. Buenos Aires, 1962. p. 33. 77 Cfr. Cappelletti, Mauro, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes, cit.. pp. 34-38; Fix-Zamudio. Héctor, Veinticinco alfos de evolución de la justicia constitucional. cit.. pp. 9-18.

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sistemas. tema que por sí solo puede dar lugar a una monografía; pero podemos referimos al amparo contra leyes del derecho mexicano, que presenta varias de las caracteristicas del sistema americano. Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo se aceptaba, a partir de la Ley de Amparo de 1935, que únicamente podía plantearse en la vía de acción o directa, que es uno de los elementos del sistema austriaco, y sólo ante los tribunales federales, negándose a los jueces ordinarios la facultad de desaplicar las leyes inconstitucionales en los procesos concretos -<:ontrol difuso- ya que, por el contrario, se afirmó el llamado "monopolio del poder Judicial Federal" ." 84. Inclusive en los Estados Unidos, cuna de la categoria "americana", resulta más aparente que real el principio de los efectos particulares del fallo que declara la inconstitucionalidad, si tomamos en cuenta la regla del llamado stare decisis, que se puede traducir como "obligatoriedad de los precedentes", con lo que se quiere significar que todo fallo judicial es obligatorio. aun siendo aislado, para todos los jueces de la misma categoría a los inferiores;" y fundamentalmente, el prestigio moral de la Corte Suprema Federal, cuyos fallos de inconstitucionalidad son cumplimentados por todas las autoridades y particulares, de modo que prácticamente tienen efectos de carácter general. 80 85. Desde el punto de vista opuesto, podemos señalar el ejemplo significativo de la justicia constitucional italiana consignado en la Constitución republicana que entró en vigor ello de enero de 1948'1 y particularmente a partir de 1956, cuando inició sus funciones la Corte Constitucional, ya que no obstante haberse inspirado en el sistema austriaco, además de la acción directa de inconstitucionalidad, que pueden plantear el gobierno de la República y los de las regiones autónomas, respectivamente, contra las leyes nacionales y locales que estimen contrarias a la ley suprema,82 se ha establecido una vía incidental o prejudicial.

78 Podemos citar en vía de ejemplo que primeramente el mismo Tribunal Fiscal y con posterioridad la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han negado a dicho Tribunal la facultad para desaplicar las leyes inconstitucionales, en los casos concretos de su conocimiento, en los términos del invocado artículo 133 conslitucional, como se desprende la tesis 27, pp. 74-75, del volumen relativo al Tribunal en Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n publicado en el año de 1965, según la cual: "El Tribunal Fiscal de la Federación carece de competencia para estudiar y resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, ya que tal facultad corrlsponde al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo." 79 Sobre el principio del stare decisis en el derecho angloamericano, cfr. Cueto Rúa, Julio El cornmon law. Su estructura. Su enseñanza, Buenos Aires, 1957, pp. 121~143. 80 Cfr. Cappelletti, Mauro, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes, cit., pp. 67-68. 81 Cfr. Cappelleui, Mauro, "Lajusticia constitucional en Italia", trad. de Héctor Fix-Zamudio. en Bolet(n del Instituto tU Derecho Comparado de México, núm. 37, enero-abril de 1970, pp. 41-47; Sandulli. Aldo M. "Ua giustizia costituzionale in Italia" sobretiro de la revista Giurisprudenza Coslituzionale, Milano, 1961. 82 Cfr. Calamandrei, Piero, "Corte constitucional y autoridad judicial", en el volumen Estudios sobre el proceso civil, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1962, p. 128; Rubio Llocente,

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86. En efecto, sólo en un proceso concreto puede plantearse por las partes, el Ministerio Público, o de oficio por el juez, la cuestión de inconstitucionalidad, que si se estima pertinente y no se declara manifiestamente infundada por el mismo juez de la causa, este último posee la posibilidad de llevar esa cuestión a la Corte Constitucional,s3 de manera que debe considerarse como una vía indirecta, ya que sólo por medio de la autoridad judicial ordinaria, la citada Corte Constitucional puede avocarse la cuestión respectiva, que una vez en sus manos se desvincula -aunque no en forma absoluta- del proceso concreto,84 ya que la propia Corte especializada conoce sólo del problema de constitucionalidad y si declara que las disposiciones impugnadas son contrarias a la ley suprema, los efectos son de carácter general, en virtud de que, a partir de la publicación del fallo, las propias disposiciones pierden su eficacia. 85 87. Los ejemplos anteriores, que podrlan aumentarse considerablemente, nos indican que las dos categorlas mencionadas sólo pueden considerarse en abstracto para efectos de estudio, pero que en la realidad se han entrelazado, de tal manera que sólo podemos hablar del predominio de la una o de la otra, pero no de sistemas puros, con la tendencia que hemos señalado, a combinarse e inclusive a coexistir, según señalaremos más adelante. V. LA DECLARACIÓN GENERAL DE INCONS1TIlJCIONALIDAD. VENTAJAS E INCONVENIENTES

88. Sin petjuicio de señalar en su oportunidad que la declaración general de inconstitucionalidad puede presentarse tanto en el sistema americano como en el austriaco, no obstante su aparente contradicción, sí podemos afirmar que el estudio sistemático de los problemas derivados de dicha declaración general se han planteado con motivo del establecimiento de los tribunales constitucionales inspirados en el modelo austriaco.

F., "La Corte Conslitucional italiana", en Revista de la Facultad de Dereclw, núm. 31, Caracas, 1965. pp. 229·232. 83 Piero Calamandrei observó agudamente que el juez ordinario es el único que está facultado para abrir o cerrar el camino de la cuestión de inconstitucionalidad que ha surgido en el proceso concreto correspondiente, ya que a él le corresponde exclusivamente decidir sobre la relevancia y procedencia de la propia cuestión. Corte constitucional y autoridad judicial. cit.. pp. 164-165. S4 Sobre la autonomía de la cuestión incidental de inconstitucionalidad. cfr. Cappelletti. Mauro. LA pregiudizialita costituzionale nel processo civile. cit.. pp. 50-70.

85 El artículo 136 de la Constitución italiana vigente establece categóricamente: "Cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una disposición legal o de un acto con fuerza de ley. la nonna cesará de tener eficacia a partir del día siguiente de la publicación de la decisión", y a su vez, la parte relativa del artículo 30 de la Ley núm. 87 de 1953 detennina que: "Las nonnas declaradas inconstitucionales no pueden ser aplicada a partir del día siguiente a la publicación de la decisión [... ]"

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89. Efectivamente, con motivo de la creación de los tribunales constitucionales específlcos de acuerdo con el modelo de la Constitución austriaca de 1920-1929, la doctrina, especialmente en Italia y Alemania, comenzó a plantearse la interrogante de la naturaleza de los citados órganos de justicia constitucional y de los efectos generales de sus resoluciones declaratorias de inconstitucionalidad. 90. Existe un acervo sorprendente en los últimos años, de libros, anículos y

monografías sobre esta apasionante materia.8(j en la cual se refleja la preocupación por perfeccionar un sistema adecuado que permita lograr lo que el ilustre Jellinek veía como una simple aspiración a principios de este siglo, es decir, la existencia de un orden jurídico constitucional inviolable." 91. Especialmente un sector de tratadistas alemanes. que siguiendo en esta cuestión a Carl Schmitt," han manifestado el temor de que las facultades otorgadas a los jueces constitucionales pudieran llevar hacia un gobierno judicial o inclusive hacia una dictadura de los jueces, temor que ha resultado injustificado en la práctica, debido al tacto y la autolimitación de los tribunales constitucionales en su fundamental actividad de control de la constitucionalidad de las leyes, como lo demuestran. entre otros, las profundas reflexiones del jurisconsulto alemán Otto Bachof" 92. Lo cierto es que, corno resultado de un apasionado debate, un sector mayoritario de los jurisconsultos gerrnano-italianos que, como hemos afirmado, son los que se han ocupado con mayor intensidad de esta materia, ha llegado a la conclusión de que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una disposición legislativa con efectos generales, constituye un acto jurisdiccional,oo no

86 Cfr. 9-18.

Fix~Zamudio.

Héctor. Veinticinco años de evolución de lajllSlicia constitucional, cit., pp.

87 Teorra general del Estado, trad, de Fernando de los Ríos Urruti. tomo n, Madrid, 1915. p. 537. 88 La defensa de la Constitución, trad. de Manuel Sánchez Sarto. Barcelona, 1931, pp. 21-32. 89 Juez y Constitución, trad. de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Madrid, 1963, pp. 35-59; id.

"1 juez constitucional entre derecho y política", trad. de León Cortiñas Peláez, en Vniversitas, Stuttgart, 1%6, pp. 125-140. 90 Entre los numerosos tratadistas que se afilian a esta postura podemos mencionar a Garbagnati. Eduardo, "Sull'efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale", en Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelulli. vol. IV, Padova, 1950, pp. 208 Y SS.; Galeazzo Stendardi, Gian, lA Corte Costiluzionale, Milano, 1955. pp. 110-111; Curci. Pascuale, lA Corte CosliluzionaJe. Milano, 1956. pp. 24-25; Cereti. Carlos, Corso di diritocostituzionale italiano,4-ed .• Torino, 1955, pp. 454 Yss; Pergolesi, Ferruccio. Dirillo costituzionale, ll- ed .• Padova, 1956, pp. 390 Y ss.; Esposito, Carlos, "11 controllo giurisdizionale sulla costituzionalita delle leggi", en Alli del Congreso lnlernazionale di diritto processuale civile, Padova 1953, pp. 27 Y SS.; Andrioli, Virgilio "Profili processuali del controllo giurisdizionale deBe leggi", en las citadas Atli del Congreso Intt17ltlZionale, pp. 43 Y ss.; Gianozzi, Giancarlo, "Riflezioni intomo all' oggetto del processo costituzionale", en lus, Milano,julio-diciembre de 1963, pp. 395 Y ss.; Paladin, Livio, "Leggitimitá delle leggi nel processo costituzionale", en Rivista Trimestrale di Dirillo e Procedura Civile", Milano, marzo de 1964, pp. 304 Y ss.; Pierandrei. Franco, "La decizione degli organi della giustizia costituzionale", en su libro Serilli di diritto costituzionale, vol. 111, Torino, 1964, pp. 87 Y ss.; Y con la variante de considerar esta función como "jurisdicción

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obstante la opinión de tratadistas tan autorizados como el mismo Hans Kelsen, que consideró la función de los tribunales constitucionales de carácter "legislativ<>-negativo"91 o Piero Calamandrei, que la calificaba de "paralegislativa".'2 93, Sin embargo, y con independencia de considerar la sentencia declarativa de inconstitucionalidad con efectos generales como acto jurisdiccional O paralegislativo, lo que importa a nuestro propósito es dilucidar las ventajas e inconvenientes de esta declaración erga omnes en relación con el de los efectos particulares, que se traducen en la desaplicación de las disposiciones legales impugnadas. 94, A este respecto resulta ilustrativo el debate que se ha producido entre los

jurisconsultos canadienses, que sin tomar partido directo en las corrientes europeas, sino exclusivamente por razones pragmáticas, han analizado este problema en

relación con las dos instituciones que coexisten en el ordenamiento constitucional del Canadá. 95. En efecto, en el derecho constitucional canadiense se ha establecido, por una parte, la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes similar a la estadunidense, o sea con efectos particulares, al menos en principio, que se traducen en la desaplicación de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales por los jueces ordinarios, en un proceso concreto;93 pero también se ha configurado un sistema de declaración general que se atribuye fundamentalmente a la Suprema Corte de Canadá -yen ciertos casos a los Tribunales Supremos de las Provincias- a través de una institución aparentemente consultiva que se califica como reference cases, pero que se ha traducido como "opinión judicial consultiva".94 96. Esta institución puede describirse muy sucintaqlente como la atribución que se otorga a los citados tribunales para que, a petición del gobernador de la Unión o de los vicegobernadores de las provincias, o bien, de las autoridades legislativas del dominio O de las propias provincias, se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley o inclusive, aunque con menor frecuencia, de un proyecto de ley; decisión que formalmente aparece como una opinión de tipo consultivo, pero que se publica como sentencia y se obedece como tal por las autoridades respectivas, en la inteligencia de que esa resolución produce efectos generales, ya que la ley considerada inconstitucional no puede aplicarse en el futuro." voluntaria", Carnelutti, Francesco. "Aspetti problematici del processo allegislatore", en Rivista di diritto processuale, Padova, pp. 10-13; y Cappelletti, Mauro. entre otros trabajos. en "n controllo di costituzionalitA delle legge nel quadro delle funzione dello Stano", en el volumen Studi in onore di Guido Zanobini, vol. 111, Milano, 1962, pp. 112 Y ss. 91 Teorfa general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez. México, 1949, p. 282. 92 La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil, cit., pp. 84 Y ss. 93 Cfr. Grant, J. A. C., "Judicial Review in Canada, Procedural aspects", en The Canadian Bar Review, Ottawa, mayo de 1964, pp. 147 Y ss. 94 Cfr. Grant, J. A. c., El controlJurisdiccional de la constÍlucionalidadde las leyes, cit. pp. 87-88. 95 Cfr. Rubin. Gerald, "The nature, use and effect o reference cases in Canadian Constitucional

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97. En el magnífico estudio colectivo intitulado Estudios sobre el federalismo, dirigido por Roben R. Bowie y Carl J. Friedrich,96 se condensan gráficamente las objeciones que se han formulado a las citadas opiniones judiciales consultivas, y que pueden aplicarse, como los mismos autores señalan, a cualquier tipo de sentencia declaratoria de inconstitucionalidad de disposiciones legislativas con efectos generales: 98. a) Los tribunales se veóan envueltos en los procesos políticos, con el riesgo de perder el respeto popular y el abandono de la verdadera función judicial. 99. b) Se debilita y se diluye la responsabilidad de los órganos legislativos en la formulación de las leyes. 100. e) Los propios tribunales se ven privados del beneficio de la experiencia y del pleno desarrollo de los hechos, para imponer validez a la legislación. 97 101. Estas objeciones, que pudieron aceptarse durante el siglo XIX y los primeros años del presente, se desvanecen en la actualidad, debido a la revisión de los conceptos tradicionales de la división de los poderes, la función jurisdiccional, la distinción entre justicia y política, etcétera. 102. En primer lugar, ya se ha observado que contra las predicciones de la politización de la justicia de que hablaba Carl Schmitt," la intervención de los tribunales en la delicada función de proteger las disposiciones constitucionales contra las extralimitaciones de cualquier autoridad, incluyendo las legislativas, no ha producido los conflictos pollticos que se vaticinaban, sino todo lo contrario, se ha establecido una corriente de comprensión entre los órganos legislativos y los judiciales, debido a la labor eminentemente técnica y delicadamente equilibradora de los segundos." 103. Lo que ocurre es que el concepto de política se ha tergiversado y confundido con las luchas electorales y partidistas, pero no existe duda de que todo juez que decide sobre la constitucionalidad de las leyes, aun cuando se trate de un juez ordinario y lo haga respecto de un caso concreto, realiza una actividad al mismo tiempo jurisdiccional y política, entendida esta última como la interpretación y aplicación de los valores supremos contenidos en la Carta Constitucional. loo 104. Esta función política se acentúa tratándose de los tribunales constitucionales, en la inteligencia de que entendemos por tales no sólo a los de carácter law", en el volumen The Courts and ,he CanadiQn Conslitution. Toronto, 1964, pp. 220 Y SS.; Laskin, Bora. Canadian constilutionaJ law, 2- ed., Toranto, 1960. pp. 144 Y ss. 96 Trad. de Susana Barrientos. Buenos Aires, 1958.969 pp. 97 Op. cil .. p. 164. 98 La defensa de la Constitución, cit., pp. 23-25. 99 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Veinticinco años de evolución de lajuslicia constitucional, cit., pp. 73-74; 81. 100 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. El juez ante la twmta constitucional. cit.. pp. 67-74; Cappelletti, Mauro. "L' attivita e i poteri del giudice costituzionale in repporto con Hloro fine generico", en Seri"; giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1957, pp. 16 Y ss.

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específico, como los establecidos según el modelo austriaco, sino a todos aquellos cuya función esencial sea la justicia constitucional, aun cuando no sea la única, como ocurre tratándose de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos. lol 105. Pero esta actividad política de los jueces constitucionales no debe confundirse con la que realizan los otros órganos del poder, ya que la de estos últimos es la que, a falta de una designación más adecuada, puede calificarse como "activa", la que puede distinguirse de la "técnica", que es la de carácter judicial, y que se traduce, en pocas palabras, en una gran libertad de elección debido al marco amplísimo de las disposiciones constitucionales, lo cual significa un gran poder (y una gran responsabilidad) para conformar y modelar, a través de la interpretación, todo el orden juridico secundario, de acuerdo con los principios axiológicos supremos establecidos en la ley fundamental. 102 106. Por otra pane, aun desde el punto de vista técnico se ha transformado el concepto de "cuestiones políticas" political questions, como aspectos ajenos al control jurisdiccional, ya que inclusive la Suprema Corte de los Estados Unidos, que nos sirve constantemente de ejemplo, ha abandonado recientemente su criterio tradicional de abstención ante estos problemas, y a partir de 1962, en el famoso asunto Baker versus Carr, abordó aspectos electorales, con lo cual se ha acentuado su función de carácter político, siempre desde el ángulo técnico. 103

107. Pero esta creciente intervención de los jueces constitucionales en actividades anteriormente reservadas exclusivamente a los otros órganos del poder, no sólo no ha resultado perjudicial para la marcha armónica de los poderes públicos, sino inclusive necesaria, debido a la complejidad, suprema abstracción y orientaciones axiológicas de las disposiciones constitucionales. 108. En este terreno, por tanto, no existe diferencia apreciable entre la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales·y aquella que se traduce en la desaplicaciÓn para el caso concreto, ya que en ambos casos, los jueces constitucionales --en sentido amplio- realizan una función política, cuya intensidad sólo establece una distinción de grado, pero no de esencia. 109. La segunda objeción, relativa a la afectación de la labor legislativa, resulta sencilla de contestar, ya que al formular ese argumento se está pensando en un

organismo legislativo clásico, sin tomar en consideración las profundas transformaciones que ha experimentado, aun en los países en los culles teóricamente representa un papel preponderante, como en Inglaterra, y aquellos otros cuya forma de gobierno se sigue calificando como "parlamentaria".I04

101

Cfr. Kauper. Paul G .. "The Supreme Court; Hybrid oegan of State", en Southwestem Law

JoumaI, Dallas, Texas, otoño de 1967, pp. 573-590.

102 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Eljuez anJe la nonna constirucional, cit., p. 68 103 Cfr. Loewenstein, Kar!. "La funci6n política del Tribunal Supremo de los Estados Unidos", en Revista de Estudios Polflicos. Madrid, enero-febrero de 1964. pp. 5-39.


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110. Al respecto bastaría mencionar las profundas observaciones del tratadista alemán OUo Bachof, quien, sobre esta situación afirma que la función legislativa ha ido perdiendo su sentido clásico de productora de reglas generales y abstractas del comportamiento humano, ya que la ley, en términos generales y debido a las crecientes necesidades de justicia social, se ha convertido en un medio para la realización de cambiantes fines políticos, además de que la gran carga que soportan los parlamentos contemporáneos, por el excesivo número de disposiciones legales que tienen que estudiar y expedir, ha hecho preciso una revisión posterior de toda esa legislación apresurada y variable, por un órgano -el judicial- que posea la serenidad y la técnica necesarias, para vigilar su conformidad con la Constitución. lOS 111. Una ojeada, así sea superficial, de las transformaciones ocurridas desde la primera posguerra, pero fundamentalmente en esta segunda que todavía no puede lograr una paz duradera, nos permite concluir que la concepción clásica de la tripartición de los órganos del poder con una tendencia hacia la supremacía del cuerpo Legislativo, se ha alterado sustancialmente -inclusive se ha calificado de obsoleta por el distingnido constitucionalista Karl Loewenstein-,IOO y se rechaza por los juristas socialistas 107 y en todo caso partiendo del supuesto de que todavía constituye un principio esencial de los países occidentales, el departamento Ejecutivo ha aumentado tremendamente sus facultades, aun en los sistemas calificados de "parlamentarios",t08 y el contrapeso a sus actividades, no sólo administrativas y de gobierno, sino crecientemente legislativas, tanto en forma directa -
105

106 Teoria tú la COlUlituci6n, trad. de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona. 1965, pp. 54-57. Cfr. entre otros. Radew, Joroslaw, "Montesquieu und seine Lebre von der Teilung der Gewalten" (Montesquieu y su teoría de la división de los poderes), en Staal und Rechl, Berlín, diciembre de 1959, pp. 156 Y ss. 108 Cfr. el interesante estudio de Gaudement. Paul-Marie. ú pouvoir aleuti! dans les pays occUhntaux. París. 1966. 116 pp. 109 Para la situaci6n en nuestro derecho. cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", en el volumen ComlUlicacioMs maicanas al VII Congrtso Inlt17lQCjonaJ de Derecho Comparado. México. 1966. pp. 131-181. 110 Sobre el principio de la supremacía fonnal del 6rgano Legislativo en los países socialistas. de acuerdo con el principio del gobierno de asamblea. cfr. Loewenstein, Karl, "Constituciones y derecho constitucional en Orientl: y Occidente ". en Revista tk Estudios Polfticos. nd.m. 164, Madrid. marzo-abril de 1969. pp. 35-37. 107

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surgimiento de los tribunales constitucionales y la declaración general de inconstitucionalidad, sino que por el contrario, es el Ejecutivo el que ha estado ganando terreno constantemente al Parlamento, y se ha hecho necesario el fortalecimiento del organismo Judicial e inclusive el establecimiento de jueces especializados en control constitucional, para restablecer el equilibrio entre los órganos del poder.'" 113. Finalmente, el tercer argumento contrario a la declaración general posee una mayor fuerza aparente, tomando en consideración que la aplicación de una disposición legal puede producir una experiencia que puede resultar decisiva para su confrontación con las normas constitucionales; experiencia que en principio no se produce si las leyes ordinarias son declaradas inconstitucionales con efectos generales y por tanto, ya no pueden ser aplicadas al mundo cambiante de la realidad. 114. Pero este razonamiento pierde su fuerza si tomamos en consideración que no en todos los casos la impugnación de inconstitucionalidad se produce antes de que la ley pueda ser aplicada a los casos concretos; más bien, sucede lo contrario, ya que si bien es verdad que existe esa posibilidad de impugnar un ordenamiento antes de ser aplicado, o sea lo que se ha llamado "control preventivo", lo cierto es que en la mayor parte de los casos, la impugnación deriva de la aplicación de la disposición inconstitucional a una o a una serie de situaciones concretas, ya sea a través de un proceso judicial o bien en relación con actos y resoluciones administrativos. 115. Ya hemos señalado inclusive que en Italia, además de la acción directa, que cuantitativamente se presenta con menos frecuencia,lI2 en la mayoría de los casos la cuestión de inconstitucionalidad surge en u!, proceso concreto en la forma prejudiciaI ya mencionada anteriormente, y esta misma situación también existe,

para citar otro ejemplo muy importante, en el sistema de impugnaciones ante el Tribunal Federal Constitucional de Alemania Occidental, y es calificada por la doctrina como konkrete Normenkontrolle, O sea, control concreto de la constitucionalidad de las leyes,lI' y algo similar puede afirmarse en relación con la Corte Constitucional austriaca. 1l4

111 Cfr. Fix~Zamudio. Héctor. Valor actual del principio de la división de poderes, cit., pp. 86-89. 112 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Veinticinco afios de evolución th la justicia constitucional, cit.. p.

72. ll3 Cfr. Lechner, Hans, "Die Verfassungsgerichsbarkeit" (Jurisdicción constitucional) en la obra Die Grundrechte, Handbuch der IMorie UM de, Praxis derGrundrechle (Los derechos fundamentales Manual de la teoría yla práctica de los derechos fundamentaleo;). tomo m. vol. 2, Berlín. 1959, p. 660; Friesenhahn, Emsl, "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland" (La. jurisdicción constitucional en la República Federal de Alemania), en la obra Verfassungsgerichtsbarkeit in da Gegenwart (Jurisdicción constitucional en el presente), Ki)In-Berlín, 1962, pp. 136-144. 114 Cfr. Frich Philipp. Walter, lA forma en que se plasmó la teoria pura del derecho, cit., pp. 132-143; Melichar, Erwin. "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Ústerreich" (La jurisdicción constitucional en Austria), en el citado volumen Verfassungsgerichtsbarlceit in der Gegenwan, pp.


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116. Esto significa que, cuando la impugnación de inconstitucionalidad llega a los jueces constitucionales, las disposiciones legales combatidas se han aplicado o se han pretendido aplicar a la realidad juridica, por lo que la experiencia fáctica también puede influir en la interpretación que se realice por los citados juzgadores especializados en el control constitucional. 117. Por otra parte, debe tomarse en consideración que en el fondo de la objeción existe el temor de que los tribunales constitucionales, o en términos más amplios, los jueces encargados de conocer las cuestiones de inconstitucionalidad, pronuncien constantes declaraciones generales de inconstitucionalidad, afectando seriamente el funcionamiento del órgano Legislativo -o inclusive del Ejecutivo cuando legisla directamente a través de los decretos-leyes- sin tomar en consideración las situaciones prácticas, constantemente variables y complejas. 118. Pero si examinamos el resultado de la actividad de los tribunales constitucionales, podemos llegar a una conclusión tranquilizadora, ya que todos ellos parten del principio fundamental de la interpretación constitucional,lIS de que toda norma legislativa se presume constitucional y que debe apreciarse de tal manera que pueda concordarse con la carta fundamental, y sólo en el supuesto de que no pueda lograrse una armonización, debe declararse inconstitucional,lI. 119, Además, los jueces constitucionales han demostrado mucha cautela en sus declaraciones de inconstitucionalidad, que sólo han dictado en casos extremos y en una proporción bastante reducida, si se toman en cuenta las numerosas impugnaciones que se presentan ante ellos, 120, Por el contrario, la jurisprudencia de los tribunales y jueces constitucionales más destacados, como lo son los que integran la Corte Suprema Federal de los Estados U!1idos, y los Tribunales y Cortes Constitucionales de Italia, República Federal de Alemania y Austria, ha resultado de un valor incalculable en cuanto han establecido una serie de principios de gran utilidad para la integración de las normas constitucionales, que por su excesiva generalidad y proyección axiológica no pueden captarse en su integridad por el legislador, sino que se requiere la interpretación técnica de los jueces especializados, para lograr el desarrollo armónico de las propias disposiciones de la Constitución. m

458-460; Ermacora, Félix. Die Veifassungsgerichlshof(La Corte Constitucionol). Graz. Austria. 1956. pp, 214-263.

lIS Sobre el problema de la interpretación constitucional.

cfr. Flx-Zamudio, Héctor, "Algunos

aspectos de la interpretación constitucional en el ordenamiento mexicano", en Revista Jurldica Veracruzana, Jalapa. octubre-diciembre de 1970. pp. 9-22. 116 Cfr. Linares Quintana. Segundo V .• "La interpretación constitucional", en Jurisprudencia ArgenlilUl . Buenos Aires. 22 de febrero de 1960, pp. 1·5; id. Tratado de lo ci,tncia del derecho constitucional argentino y comparado, tomo 11, Buenos Aires, 1953, pp. 425 Y ss. 1I7 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Eljuez ante la norma constitucional. cit., pp. 67-74.

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VI. Los TRIBUNALES CONSTITIlCIONALES EUROPEOS y LA DECLARACIÓN GENERAL EN LOS PAíSES LATINOAMERICANOS 121. A partir de la creación de la Corte Constitucional austriaca en la Constitución de 1920, refonnada sustancialmente en 1929,118 la concepción kelseniana de un tribunal especializado en el control constitucional fue abriéndose paso paulatinamente en la doctrina europea, y al menos durante la primera posguerra inspiró la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, introducido por la Constitución Republicana Española de 9 de diciembre de 1931 (artículo l2l)n, 122. Pero en la segunda posguerra podemos afinnar que uno de los aspectos más evidentes del derecho constitucional europeo de nuestra época consiste precisamente en la tendencia al establecintiento de jurisdicciones constitucionales, con la excepción de Francia, que ha conservado su tradición de confiar el control de la constitucionalidad de las leyes a un órgano político, que durante la IV República y el imperio de la Constitución de 13 de octubre de 1946 recibió el nombre de Contité Constitucional (artículos 91 y siguientes),120 y que en la carta fundamental de 4 de octubre de 1958, que instauró la V República, se ha transformado en un Consejo Constitucional (artículos 56-63).121 123. En efecto, la Corte Constitucional austriaca que fue suprintida en 1934 por el gobierno dictatorial anterior a la invasión alemana, y que por supuesto y con mayor razón tampoco funcionó durante el dominio nacionalsocialista. fue restablecida por decreto de 1" de mayo de 1945,122 y a continuación se creó la Corte Constitucional italiana en la carta republicana de 27 de diciembre de 1947, que entró en vigor el primero de enero de 1948 -sin contar con la Alta Corte Constitucional para la región siciliana, según decreto de 15 de mayo de 1946-;123 y poco tiempo después la ley fundamental de la República Federal de Alemania de 118 Cfr. el fundamental estudio del propio Kelsen, "La garantie juricdictionelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)" en Revue de Droit Publique el de la Science Polilique en France el a l'Étranger, París, 1928, pp. 197-257; Frisch Philipp, Walter, LAforma en que se plasmó la teorla pura del derecho, etcétera, pp. 129-130. 119 Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales", en el volumen del propio autor Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional, Buenos Aires. 1944, pp. 510-533; Reyes, Rodolfo.LA defensa constitucional, Madrid,

1934, pp. 144-225. 120 Sobre el alcance de es.te sistema, Burdeau, Georges, Droit Constilutionnel e inslitutions politiques, París, 1957. pp. 90 ss. 121 Cfr. Duverger, Maurice, Inslitulions politiques el droit constitutionnel, 11- ed., París. 1970, pp. 816-919; Engel, Salo, "El control judicial posterior y el examen político previo en la Francia de la Posguerra", en Revista Jurldica Interamericana. Nueva Orleáns, 1964, pp. 73-92. 122 Cfr. Wemer, Leopold, Die osterreichischen Bundesveifassungsgesetze (Las leyes constitucionales austriacas), Wien. 1963, pp. 17-23. 123 Sobre la Corte Constitucional siciliana, cfr. Crisafulli, Verlo, "Controllo preventivo e controllo successivo sulle regionale siciliane", en Revista Trimestral di Diritto Pubblico, Milano, julio-septiembre de 1956, pp. 654 Y ss.

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23 de mayo de 1949, estableció un Tribunal Constitucional, que coexiste con varios tribunales constitucionales locales. 124 124. También se establecieron tribunales constitucionales en la ley fundamental de la República de Chipre de 16 de agosto de 1960125 y más recientemente en la Constitución griega de 23 de septiembre de 1968;126 pero lo que es muy significativo, también en dos países que se encuentran dentro de la esfera de influencia del sistema soviético, nos referimos a los tribunales constitucionales federales y en cada una de las Repúblicas Federadas establecidos en la Constitución yugoslava de 6 de abril de 1963 127 así como en la Ley Constitucional de Checoslovaquia, expedida el 27 de octubre de 1968. 128

124 Sobre el tribunal federal constitucional alemán y los tribunales constitucionales locales de Baviera, Renania-palatinado. Würtenberg-Hohenzollem. Baden-Wt.lrttenberg. Bremen y Hamburgo, existe una bibliografía muy amplia, por lo que noS limitamos a señalar los trabajos más asequibles, tales como el de Rubio L1orente, "El Tribunal Federal Constitucional Alemán", en Revista de la Facultad de Derecho, Caracas. 1962, pp. 127-167; Theo Ritterpach, Mario Stena Richter y Heiz Schuster, "La organización y el funcionamiento de la Corte Federal Constitucional y de la Corte Federal en Alemania Occidental", trad. de Héctor Fix-Zamudio, en Revista de la Facultad de Derecho de México, núms. 3132, julio-diciembre de 1958, pp. 290-295; Buertedde, Wilhelm. "La cour Constitutionnelle de la République Fédérale Allemande", en Revue Internationale de Droit Comparé" París. enero-mano de 1957, pp. 56-72; Haak, Volker, "Quelques aspects du controle de la constituionalité des lois exercé par la Cour Constitutionnelle de la République Fédérale de Allemagne", en Revue Internationalle de Droit Comparé, París, enero-mano de 1961. pp. 78-88; Lessona, Silvio, "La funzione del Tribunale Costituzionale Federale della Reppublica Tedesca", en Rivista Trimestraledi Diritto Pubblico, Milano, octubre- diciembre de 1964, pp. 799-818; Y nos remitimos a nuestro libro sobre Veinticinco aIfos de evolución de la justicia constitucional, cit.. pp. 74-85 Y a la amplia bibliografía allí mencionada. 125 Cfr. Vlachos. George, "L' organisation constitutionnelle de la Republique de Chypre", en Revue lnternationale de Droit Comparé, París, julio-septiembre de 1961, p. 528; "El sistema constitucional de la República de Chipre". publicado en la Revista de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, diciembre de 1960, pp. 38-39; Antonopoulos. Nicolas, "La Constitution de la République de Chypre", en Revue Hellénique de Droit Inrernationa/, Atenas, julio-diciembre de 1962, pp. 309-310; Bltlmel. Willi, "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Republik Zypem" (La jurisdicción constitucional en la República de Chipre), en el volumen Veifassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, cit. pp. 661-663; 667-703. 126 El texto español de la Constitución griega de 1968 puede consultarse en Informaci6n Jurldiea, núms. 299 y 300, Madrid, octubre-diciembre de 1968 Y enero-marzo de 1969, pp. 93-113 Y 89-110, respectivamente, y en cuanto al Tribunal Constitucional, núm. 300, pp. 96-100. 127 Cfr. Dimitrov, Eugeni, "L'organisation des Républiques Socialistes en Yougoslavie", Srentié, Nicola, "Les juridictions constÍtutionneIles yougoslaves", ambos trabajos son el volumen lA COlUtitution Yougoslave de 1963, París, 1966, pp. 107-108; 2Q4..205, respectivamente; de este último autor, "On lhe new constitutionale judicature of Yugoslavia", en The new yugos/aY law, Belgrado, septiembre de 1964, pp. 22 Yss.; Vigoriti, Vicenzo, "La giuridizione constitutionale in Jugoslavia ti, En Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civi/e, Milano, 1966, pp. 298-309; Djurisié, Nikola, "Experit.nce or the Constitutional Court of Yugoslavia", en Osteuropa Recht, Stuttgart, septiembre de 1970, pp. 183-190. 128 El texto español de la Ley constitucional de 1968 puede consultarse en Información Jurldiea, núm. 303, Madrid, octubre-diciembre de 1969, pp. 43·89, Ylas disposiciones relativas al citado Tribunal Constitucional, pp. 71-75; Yla versión castellana de la Constitución de 1960, en Información Juridiea, núms. 216-217, Madrid, mayo-junio de 1961, pp. 23-47; cfr. Schultz, Lolhar. "Die

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125. Pero no sólo se han creado tribunales constitucionales especializados en los países europeos antes mencionados, sino que también su ejemplo ha servido de modelo a varios países asiáticos. entre los cuales destaca el Tribunal Constitucional consagrado por la Constitución de la República de Turquía de 9 de julio de 1961,129

así como también podemos mencionar los ensayos que se fonnularon en las Constituciones de Corea del Sur de 17 de julio de 1948, reformada el 29 de noviembre de 1954,130 Yla de Vietnarndel Sur, de 24 de octubre de 1956, reformada en 1960,131 que establecieron cortes constitucionales similares a las europeas ya mencionadas, pero que se suprimieron en las subsecuentes cartas fundamentales de los propios países, de 1962 y 1967, respectivamente; y finalmente, la ley suprema de la República de lrak, de 21 de septiembre de 1968, que prevé la creación de un Tribunal Constitucional SUperiorY2 126. En todos estos tribunales o cortes constitucionales de Italia, República Federal de A1enania, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Grecia, Turquía e Irak -tomando en consideración que desaparecieron los de Chipre, i33 y los de Corea y Vietnam del Sur, con ligeras variantes-la sentencia que declara la inconstitucio-

Tschechoslawakische sozialistiche Republick eio fOderativer Staat" (La República socialista de Checoslovaquia como Estado Federal), en Osteuropa Rechl. Sttutgart, diciembre de 1969, pp. 317-332. 129 Cfr. K. Friket Arik, '1.a Coue Constitutioonelle turque", en Revue lntematiollale de Drojt Compar!, París. abril-junio de 1962, pp. 401 YSS.; Bakir Balta. Tashin, "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der TUrkei" (La jurisdicción constitucional en Turquía), en la obra Verfassungsgerichlsbarkeit in deT Gegenwart, cit., p. 559-565. 130 El texto español de dicha Constitución, incluyendo las reformas de 15 y 29 de noviembre de 1960, puede consultarse en lllfonnaci6n Jurúiica, núms. 234-235, Madrid, noviembre-diciembre de 1962, pp. 23-42, Ysobre el Tribunal Constitucional, artículos 83 ter. y 83 quater., p. 36, en la inteligencia de que la Constitución de 1962, que sustituyó a la anterior, suprimió dicha Corte Constitucional, atribuyendo la facultad de decidir las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes a la Corte Suprema, pero sólo para el caso concreto. El texto de esta última ley fundamental puede consultarse en su texto francés en la compilación de Henry Puget, Les Constitutions d'Asie el d'Auslralasie, París, 1965, pp. 265-286, esp. p. 382. 131 El texto de esta Carta Fundamental puede consultarse en la citada compilación de Henry Puget, citada en la nota anterior, pp. 838-853, esp. pp. 851-852. Sin embargo, como ocurrió con Corea, en Vietnam del Sur se.suprimió la Corte Constitucional en la ley suprema de 1" de abril de 1967. cuya traducción española de Alfonso Dlescas, puede consultarse en lnlonnaci6n Jurfdica, núm. 300. Madrid, enero-marzo de 1969, pp. 111-129, esp. pp. 123-124 sobre la Alta Corte de Justicia que concentró la facultad de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes y la última instancia de la jurisdicción ordinaria. 132 Texto castellano de esta ley fundamental, traducción de Carlos Lauces, en bljomUlción Jurfdica. núm. 302, Madrid, julio-septiembre de 1969, pp. 7-21. artículo 87, p. 20. 133 En efecto, en junio de 1964 se suprimi6la Corte Constitucional chipriota, pero sus funciones han subsistido, pues se encomendaron a una Corte Suprema como tribunal de última instancia en materia ordinaria y constitucional, cfr. Smith, S. A. de, "Constitutional Law", en ATUJual Su/vey 01 CommonweaJth law, 1965, London, 1966, pp. 77-79; Heigh L. H., y R. A. Hasson. "ConstitutionaJ Law", en la misma publicación ATUJuaJ Survey, 1966, Londan, 1967. pp. 87-88; Carpizo, Jorge Lineamientos constitucionales de la Commonwealth, México, 1971, p. 116.

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nalidad de una ley asume efectos generales -erga onmes-, de tal manera que una vez publicado el fallo, la ley impugnada pierde eficacia para el futuro. l34 127. Además de los anteriores, es preciso mencionar de manera especial al primer tribunal constitucional especializado que se ha establecido en América Latina, o sea la Corte de Constitucionalidad prevista por el artículo 262 de la Constitución de la República de Guatemala, de 15 de septiembre de 1965, y que funciona alIado de los tribunales de amparo, que conocen de la impugnación de las leyes inconstitucionales con efectos para el caso concreto, según el ejemplo del amparo mexicano contra leyes. 135 128. Este órgano de control constitucional se integra con doce miembros, de los cuales cinco son el presidente y cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por la misma, y los demás, por sorteo global que practica la propia corte Suprema entre los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo ContenciosoAdministrativo. 129. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad pronunciada por la referida Corte especializada asumen carácter general, es decir, se traducen en la pérdida de eficacia del ordenamiento combatido una vez publicado el faHo

respectivo, en los términos de los artículos 265 de la referida carta fundamental, y 108 de la Ley Reglamentaria, denominada de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad, expedida el 20 de abril de 1966136 130. Esta tendencia que se observa hacia el establecimiento de tribunales constitucionales especializados según el modelo austriaco, y que se va extendiendo

paulatinamente. pudiera considerarse como un ensayo para adaptar instituciones que han surgido en ordenamientos que se apoyan en una experiencia política superior a la de los pueblos latinoamericanos, como ocurre por ejemplo con Austria, Italia y la República Federal de Alemania y, por lo tanto, extrañas a nuestra estructura jurídica, que se ha inspirado en cuanto al control de la constitucionalidad de las leyes, en la revisión judicial estadunidense. 131. Sin embargo, con independencia de que los referidos tribunales constitucionales se están imponiendo en países de muy diversa estructura político-social, 134 Cfr. Fix.Zamudio, Héctor. Veinticinco affos

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como algunos situados en el campo socialista. otros en Asia, y finalmente, al menos de un caso, Latinoamérica. debemos señalar que la declaración general de inconstitucionalidad también se está abriendo paso en la propia América Latina con caracteres propios, a través de la que se ha denominado "Acción popular de inconstitucionalidad"I37 que se originó en los ordenamientos constitucionales de Colombia y Venezuela. 132. A) Por lo que se refiere a Colombia, el jurista estadunidense J. A. C. Grant afirma que desde 1850 cualquier ciudadano podía solicitar a la Corte Suprema la nulidad de una ordenanza provincial,l38 y posteriormente en el texto original de la Constitución de 1886 se estableció que la misma Corte Suprema debía pronunciarse con efectos generales sobre las objeciones de inconstitucionalidad de las leyes que le fueren sometidas por el Ejecutivo y, finalmente, en la reforma de dicha carta fundamental por el acto legislativo número 3 de 1910, se introdujo en forma clara la acción popular de inconstitucionalidad, que actualmente se consigna en el artículo 214 del texto constitucional vigente. 1" 133. Dicho precepto fue reglamentado por la Ley 96 de 1936, que acoge esta impugnación de una manera muy amplia, habiéndose interpretado de manera liberal por la misma Corte Suprema, la que admite inclusive que los extranjeros residentes pueden intentar esa acción de inconstitucionalidad, la cual, según la doctrina, ha tenido efectos beneficiosos en la práctica. 140

137 Institución que puede considerarse como un instrumento peculiar de Latinoamérica. cfr. Fix-Zamudio. Héctor, lA protección procesal de las garant{as individuales en Amirica Latina, cit., pp.

86-90. El control jurisdiccional ck las leyes, cit., pp. 78-79. 139 Dicho artículo 214, refonnado por acto legislativo núm. 1. de 12 de diciembre de 1968, establece: "A la Corte Suprema de Justicia se le Confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las siguientes: 1- Decidir 138

definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que han sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su fonnaci6n: 2& Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y los decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los artículos 76. ordinales 11 y 12 Y 80 de la Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstilucionalidad por cualquier ciudadano. En las acciones de enexiquibilidad deberá intervenir siempre el Procurador General de la Nación. En los casos de los artículos 121 (declaración del estado de sitio) y 123 (licencia al Presidente para dejar temporalmente el cargo) cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad a que ellos se refieren. La Corte Suprema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional compuesta por Magistrados especialistas en derecho público [... ]" 140 Sobre el alcance de la acción popular de inconstitucionalidad en Colombia, cfr. Copete Lizarraide, Álvaro, Lecciones de derecho constilllCional, cii.• pp. 228-229; Paula Pérez, Francisco de, Derecho constituciono.l colombiano, cit.. pp. 449 y SS.; Grant. J. A. C., Estudio comparativo de los sistemas de control de la constilucio1llllidad de las leyes, cit., pp. 121-130; id. El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, cit.• pp. 75 Yss.; Uprinmy, Leopoldo. "Verfassungsgerichtsbarkeit in Kolumbien" (Lajusticia constitucional en Colombia), en el volumen Verfassungsgerichlsbarlceit ein der Gegenwart, cit., pp. 372-374.

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134. B) Esta misma institución surgió en Venezuela en la Constitución de 1858, artículo 113, ordinal 8", pero sólo en relación con las leyes locales, y se fue perfeccionando hasta que se consolidó, inclusive respecto de las leyes nacionales, en la Constitución de 1893, artículos 17, Y 110, ordinal 8". '" 135. En la Constitución vigente, de 23 de enero de 1961, esta acción de inconstitucionalidad está plenamente reconocida, ya que el artículo 215, en sus ordinales 3° y 4°, establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos legislativos que sean contrarios a la Constitución, y declarar la nulidad total o parcial de las leyes locales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de las entidades federativas y de los municipios, que contradigan a la ley suprema.'4' 136. C) Descubrimos este instrumento procesal en el ordenamiento constitucional de Panamá, que lo introdujo en el artículo 188 de la carta fundamental de 2 de enero de 1941.'43 y actualmente en el artículo 167 de la carta constitucional de 1° de marzo de 1946, reglamentado por la Ley sobre Recursos Constitucionales y de Garantía, de 24 de octubre de 1956.'44 137. D) Posteriormente fue acogida esta acción popular por la Constitución salvadoreña de 1950, artículo 96.'4' que se reproduce en el precepto del mismo número de la carta fundamental vigente, promulgada el 8 de enero de 1962; y que

141 Cfr. Wolf. Ernesto. Tratado de derecho constituciono.l vt!1JLlOlimo, tomo II, Caracas. 1945. pp. 167 Y ss. 142 Cfr. La Roche. Humberto 1.. Derecho constitucional gt!MraI, cit .• Guillenno Andueza. José Guillenno. Lajurüdicci6n constitucional en el duecho veMlolano, Caracas. 1955. pp. 35 Y ss. 143 La parte relativa del referido artículo 188 de la Constitución de 1941 disponía: "A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, le corresponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todas las leyes, decretos. ordenanzas y resoluciones denunciados ante ella como inconstitucionales por cualqllier ciudadano con audiencia del Procurador General de la Nación [... ] Las decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de las facultades que este artículo le confiere, son finales. definitivas y obligatorias y deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial." Sobre el alcance de este precepto. cfr. Moseote. J. D .• El threcho constitucional panamdo, Panamá. 1943, pp. 461-463; Bolívar Pedresehi, Carlos. El pensamimto constitucional thl doctor Moscote, Panamá. 1939. pp. 139-161. 144 El referido artículo 167 de la Constitución vigente de 1946 es similar, con algunas modificaciones. al 188 de la carta anterior. cfr. sobre el alcance del nuevo precepto: M. Goytía, Víctor M .. Las ConstitucioMS tk Panamá, Madrid, 1934, pp. 762-763; Bolívar Pedreschi. Carlos. op. 1111. cit .• pp. 161-162; id. El control de la Constitucionalidad en Pananui, Madrid. 196~, pp. 178 Y ss.• id. Jurisprudencia constitucional. Panamd, 1967. pp. 17 Y SS.; Reyes de Vázquez, Marisol M .• "El control de la constitucionalidad en Panamá ", en Anuario de lkrecho, Panami. 1963-1963, pp. 113-12~; Fábrega P., Jorge, El doctor Eusebio Morales yel conrrol de la constilUCionolidod, Panami, 196~. pp. 10 YSS.; Sección de investigación Jurídica de la Universidad de Pana.má. JllrisprwknciIJ constitucional, tomo l. Panamá. 1967, pp. 13 Y ss. 1"'5 Dicho artículo 96 preceptúa: "La Corte Suprema de Justicia será el ónico Tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. decretos y reglamentos. en su fonna y contenido tU IIn modo general y obligatorio y podrd htJcerlo a petici6n tU cualqJlier ciJldad4no. "

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se reglamenta por la Ley de Procedimientos Constitucionales del 14 de enero de 1960. artículos 6° a 11. 146 138. E) En Costa Rica el llamado "recurso de constitucionalidad" está regulado por los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles de 25 de enero de 1933. refonnado el 23 de diciembre de 1937. en la inteligencia de que los fallos de la Corte Suprema conociendo de ese último recurso. tienen efectos generales. l47 139. F) En la República de Cuba la acción de inconstitucionalidad fue objeto de una paulatina evolución. ya que se había venido perfilando a partir de la Ley de 17 de marzo de 1922. en la cual. después de dos sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el Tribunal Supremo. el órgano de quien emanó la disposición debía derogarla; y posteriormente. las Leyes Constitucionales de 3 de febrero de 1934 y 11 de julio de 1935. determinaron que una sentencia del propio Tribunal Supremo producía efectos derogatorios de la disposición legislativa declarada inconstitucional. l " 140. Esta evolución culminó en la Constitución de 26 de julio de 1940. en la cual se estableció un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. que se integraba como una Sala especializada del Tribunal Supremo. fonnada por el presidente de dicho Tribunal y cuando menos por quince magistrados (artículo 172 constitucional). 141. De acuerdo con el artículo 182. inciso a). de la propia ley fundamental. el citado Tribunal tenía facultad para conocer de los "recursos de inconstitucionalidad contra las leyes". admitiendo prácticamente una acción popular. ya que podía ser interpuesta no sólo por los afectados sino por veinticinco ciudadanos. simplemente por su calidad de tales (artículo 194 constitucional. inciso b). y los efectos de la decisión que declarase la inconstitucionalidad eran de carácter general. es decir. determinaban la derogación de las disposiciones impugnadas. 14' 142. Este mismo sistema, al menos en teoría. fue incorporado en los artículos 150.160.161.172 y 173 de la ley fundamental de7 defebrerodd959. actualmente

en vigor, con numerosas refonnas. 1SO 143. G) En la misma dirección. el artículo 9" de la Constitución de la provincia argentina del El Chaco. atribuye efectos generales a las resoluciones del Superior 146 El texto de esta ley puede consultarse en el Bolet{n del Instituto de Derecho Comparado de Mú;co, núm. 40, enero-abril de 1961, pp. 111-126, esp. 112-11l 147 Aun cuando en sentido estricto no se establece una acción popular, ya que la denuncia de inconstitucionalidad sólo puede surgir en un proceso concreto, en fonna similar al sistema italiano. cfr. Alfaro Valverde. Roberto, Recurso tk amparo, San José. 1959, p. 39 (tesis mimeografiada). 148 Cfr. Merino Brito, Eloy G., El recurso de inconstilucionalidad y su jurisprudencia. La Habana, 1938. pp. 18 Y ss. 149 Cfr. Zamora. Juan Clemente. "La defensa de la Constitución en la legislación cubana", en Revista Mexicana de Derecho Pllblico. México. octubre-diciembre de 1946. pp. 123 Y ss. ISO Cfr. Menéndez. Emilio. "El poder Judicial y la Constituci6n". en Compararive Juridical Review. vol. 2. Coral Gables, Florida. 1962. pp. 77 Yss.

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Tribunal de Justicia local, cuando declaren la inconstitucionalidad de una ley, decreto, ordenanza o disposición, la caducidad de los preceptos impugnados, en la pane afectada por la citada declaración,!S1 y la doctrina, con apoyo en el diverso anículo 170, fracción 1, de la miSnta Carta fundamental, señala la existencia de una acción popular para combatir las leyes institucionales,l52 144, En los ordenamientos que mencionarnos anterionnente, cualquier ciudadano, en su calidad de tal, y sin exigirse la comprobación de su interés juridico, puede acudir a la Corte o Tribunal Supremo, para denunciar la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, en la inteligencia de que el fallo que declara la inconstitucionalidad tiene efectos generales, o sea que una vez publicado deja sin efecto la ley impugnada que ya no puede ser aplicada en ningún caso, 145, Por otra pane, en el mismo derecho latinoamericano existen ejemplos de declaración general de inconstitucionalidad, pero sin la posibilidad de una verdadera acción popular, 146, En este sentido es posible mencionar los anículos 30 y 126, fracción r, inciso eJ, de las Constituciones de las provincias argentinas del Neuquén y de Santiago del Estero, promulgadas respectivamente el 28 de noviembre de 1957 y 2 de junio de 1939 -la segunda reforntada el 7 de agosto de 1960-, preceptos que establecen la facultad de los tribunales superiores relativos para declarar la nulidad con efectos generales (caducidad), de los ordenamientos legislativos que son impugnados ante ellos por los afectados, 1" 151 El referido artículo 'Y constitucional dispone: "Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor, y losjuoces deberin declararlos inconstitucionales a requerimientos de partes. La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia produce la caducidad de la ley. decreto. ordenanza o disposición en la parte afectada por aquella declaración "; precepto que debe relacionarse con el diverso artículo 170. fracción 1, de la misma ley fundamental, según el cual: "El Superior Tribunal de Justicia. tiene en lo judicial. las siguientes atribuciones. con arreglo a las nonnas legales respectivas: 1. Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) en las demandas por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas reglamentos o resoluciones, que se promueven directamente por vía de acción; ..... cfr. Linares Quintana, Segundo V., Derecho constituciOMI tU las nlln'as provincias, Buenos Aires, 1%2, pp, % Y t20, 152 Cfr. Silva, Armando O. Acci6n de inconstituciOMlidad, Resistencia, Chaco, Argentina, 1962,

pp,66-87. 153 El artículo 30 mencionado dispone: "Toda ley. ordenanza. decreto u orden contrarios 8. esta Constitución. no tienen ningún valor y los jueces deben declararlos inconstirucionales. La inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia. en ejercicio de su jurisdicci6n originaria, produce la caducidad de la ley, ortUnanza. decreto y orden en la pane afectada por aquella declaraciÓIL" A su vez el artículo 126, fracción l. inciso a) de la carta de santiago del Estero. establece: "En materia judicial. el Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones. de conformidad con las normas que establezcan las normas de la materia: 1. Ejercerájurisdicci6n originaria y exclusiva en los siguientes casos: [... ] e) en las gestiones acerca de la constitucionalidad de las leyes. decretos. ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan en materia regida por esta Constituci6n y que se promuevan directamente ante el mismo por la v(a tU acci6n. lA tUclaraci6n de inconstilllcionalidad producird la caducidad de la ley, resolución, decreto. ordenam.a o reglamento, en la parte afectada por la declaración; [... ]",

LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIflAD

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147. Finalmente, un sistema intermedio lo descubrimos en el artículo 138 de la

Constitución de la provincia de Río Negro, también de la República Argentina, de acuerdo con el cual, cuando el Tribunal Superior declare por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma legislativa, el mismo Tribunal puede suspender su vigencia y. por lo tanto, la citada disposición ya no puede aplicarse en cuanto es publicada esta última determinación.!54 VII. Su POSIBLE INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MEXICANO

148. Con la exposición que hemos realizado hasta el momento, hemos hecho el intento de demostrar que el amparo mexicano se ha quedado rezagado respecto de otras instituciones latinoamericanas en cuanto a la impugnación de leyes ínconsti~ tucionales. puesto que conserva el exclusivo criterio tradicional de la desaplicación de la norma declarada inconstitucional, en cada caso concreto, no obstante que se advierte la tendencia creciente hacia la declaración general de inconstitucionalidad, no sólo a través de los tribunales especializados de tipo europeo, sino también por conducto de la acción popular de inconstitucionalidad de origen latinoamericano,

y otros instrumentos similares. 149. Pero el estudio comparativo realizado carecería de sentido si no planteamos la posibilidad de aplicar la citada declaración de inconstitucionalidad a nuestro juicio de amparo. no obstante su tradidón secular en cuanto a la desaplicación particular, que se condensa en la "fórmula de Otero". 150. Consideramos que tal adaptación es posible sin desvirtuar la naturaleza de nuestra máxima institución procesal, y que además resulta conveniente por razones prácticas ineludibles. 151. En efecto, ya habíamos señalado que un sistema de control constitucional en el cual se atiende exclusivamente a los efectos particulares de la ~entencia que declara la contradicción de una disposición legislativa con la carta fundamental, llega a desvirtuar el principio esencial de la igualdad de todos los gobernados frente a la ley. ya que ésta se aplica a todos los que no obtuvieron la protección, pero quedan exentos los favorecidos con la declaración particular. 152. Además de terminar con esta situación injusta se obtendría una economía procesal considerable si se reconociera la declaración general, ya que se evitaría

154 De acuerdo con el artículo mencionado: "Cuando el Tribunal Superior declare por tercera vez la inconstitucionalidad de una nonna materia de litigio, contenida en una ley, decreto, resolución, ordenanza o reglamento, originado en cualquier jurisdicción. el mismo Tribunal Superior, en resolución expresa dictada por separado, podrá declarar suspendida la vigencia de la 'IOnna inconstitucional, que dejará de ser obligatoria a panir de la publicación de dicha resolución."

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una constante interposición de juicios de amparo respecto de un ordenamiento que la Suprema Corte ha considerado inconstitucional en varias ocasiones, como podemos descubrir en la realidad. 153. Para no citar sino un ejemplo ostensible. en un gran número de resoluciones.la Suprema Corte ha estimado que es inconstitucional el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5° constitucionales. para el Distrito y Territorios Federales y para toda la República en materia federal. por considerar que prolu1>e indebidamente y en fonna absoluta a los extranjeros. ejercer las actividades profesionales reguladas por el citado ordenamiento. 154. No obstante lo anterior y de la institución de la suplencia de la queja en

materia de leyes inconstitucionales, que según expresamos, implica una extensión de los efectos de la jurisprudencia respecto de las autoridades administrativas. la Dirección General de Profesiones. dependencia de la Secretaria de Educación Pública. continúa imperturbable la aplicación del mencionado precepto de la citada Ley de Profesiones. provocando que la petición del juicio de amparo contra el mismo precepto y su aplicación por la citada dependencia. se considere como un trámite en la obtención de la cédula profesional respectiva por parte de los extranjeros afectados. 155. Desde el punto de vista opuesto y tomando en consideración que las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en los ordenamientos que las consignan. y desde luego en nuestro país. son bastante escasas en relación con los pronunciamientos negativos. estos últimos. aun cuando la doctrina considera que no adquieren autoridad de cosa juzgada. es decir. no evitan nuevas impugnaciones con argumentos distintos'" también asumirían carácter de generalidad. armonizando las disposiciones impugnadas con la carta fundamental. evitando que se siga cuestionando un ordenamiento que se considera conforme a la ley suprema. con los mismos razonamientos desechados por los tribunales encargados del control constitucional. 156. En consecuencia. propugnamos se continúe la tímida evolución que se advierte en las refonnas a la legislación de amparo de 1951 y 1968. con la introducción de la declaración general de inconstitucionalidad. que si bien a primera vista pudiera provocar ciertas dudas en cuanto a su conveniencia. e inclusive por lo que se refiere a su aparente contradicción al principio clásico de la llamada "división de poderes" -en realidad. separación de funciones- consagrado por el primer párrafo del artículo 49 de la carta federal.'S6 en ralidad ya se ha

lSS Cfr. Cappelletti, Mauro. "Pronunce di rigetto Del processo costituzionale e cosa giudicata", sobretiro de la Rivista di Dirilfo Processuale. Padova, 1956. pp. 27 Yss. 156 De acuerdo con este precepto constitucional. "El Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial [... ]". Cfr. Tena Ranúrez. Felipe. "La crisis de la división de poderes ", en Revista de La Esc/UJa Nacional de Jurisprudencia. núms. 35-36, México,

LA DECLARACIÓN DE INCONS1TIlJCIONALIDAD

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puesto en evidencia que, en ese supuesto, el departamento Judicial no invade la esfera del Legislativo, puesto que no hace sino decidir sobre una materia que tiene carácter general, como lo es una norma legislativa y, por tanto, no se aparte de la función jurisdiccional al aplicar una norma más general, o sea la Constitución, a una menos general, como lo es el precepto legal ordinario. l57 157. Así como se ha desvirtuado la vieja regla de que '1uzgar a la administración es administrar",!58 pues ya se ha visto que también es juzgar, en esta misma forma se ha ido superando el criterio implícito que se observa en los adversarios de la implantación de la sentencia de inconstitucionalidad con efectos generales, que piensan que '1uzgar al Legislativo es legislar", cuando que en realidad, también es '1uzgar" ISO 158. Sin embargo, como la introducción del criterio de la declaración general es difícil de aceptar en nuestro medio por el peso de la tradición de más de un siglo en favor de la relatividad, pudiera adoptarse el sistema intermedio que ya hemos consignado en cuanto a la Constitución de la provincia de Río Negro de la República Argentina, o el que se estableció en Cuba antes de aceptarse plenamente la fuerza decisiva de un solo fallo, ya que en esos ordenamientos se consignaba o todavía se establece, que se requieren varias decisiones del Tribunal Supremo respectivo declarando la inconstitucionalidad, para que la misma produzca la ineficacia del ordenamiento combatido. 159. Nos atrevemos a proponer que cuando el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país establezca en jurisprudencia obligatoria, con los requisitos y condiciones que señala el artículo 192 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, que determinado precepto es inconstitucional, el quinto fallo se publique en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento dicha disposición legal quede sin efecto para el futuro, sin petjuicio de su desaplicación en los juicios de amparo en los cuales surgió la cuestión respectiva. 100 160. Esta innovación requeriría una reforma constitucional que es preciso meditarse cuidadosamente, pero transformaría a nuestro juicio de amp~ro en una institución acorde con los progresos de la justicia constitucional contemporánea, que pretende alcanzar un elevado sentido social, es decir, lo convertiría

julio-diciembre de 1947, pp. 135-154; Manzanilla Schaffer. Víctor. "La teoría de la división de poderes y nuestra Constitución de 1917", en Revista de la Facultad de Derecho de México. núm. 50. abril-junio de 1963, pp. 359.376; Fix-Zamudio, Héctor, Valor actual del principio de la división de poderes, cit., pp. 52-64. 157 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, El juez ante la norma constitucional, cit.. pp. 66-67; id. Algunos aspectos de la interpretación constitucional, cit., pp. 31- 36. 158 Cfr. Sandevoir, Pierre, Études sur le recorus de pIeine jurfsdiction, París, 1964, especialmente pp. 115 Y ss. 159 Cfr. Bachof, Ouo, Jueces y Constitución, cit., pp. 19-33. 160 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Valor actual del principio de la di\'isión de poderes, cit., pp. 96-103.


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en un instrumento apto para el control constitucional respecto de todos los gobernados, inclusive de aquellos que carezcan de la posibilidad del asesoramiento técnico complejo que requiere la impugnación de un ordenamiento legislativo. 161. Por otra parte, no debemos olvidar que ya actualmente la jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia reconoce la posibilidad de impugnar indirectamente la inconstitucionalidad de una ley a través del juicio de amparo una sola instancia, señalando como acto reclamado un fallo definitivo de carácter judicial, cuyo conocioúento corresponde ya sea a los tribunales colegiados o a las Salas de la propia Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con las reglas de competencia que establecen las reformas de 1968. 162. Aquí se descubre una cuestión bastante importante, que ya se ha resuelto respecto de los tribunales colegiados de circuito, cuyas sentencias en amparo directo, si declaran la inconstitucionalidad de una ley, pueden combatirse ante el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte si no se apoyan en la jurisprudencia del más alto tribunal de la República, a través del llamado recurso de revisión, según se expresó oportunamente, pero no se presenta la oúsma solución si las Salas de la Corte formulan una declaración de inconstitucionalidad, lo que resulta comprensible en el sistema actual de relatividad de los fallos de inconstitucionalidad en nuestro juicio de amparo, pero que requirirfa de otro criterio si se aceptara la declaración general, pues debido a su trascendencia, sólo debería pronunciarse por el Tribunal en Pleno. 163. En tales condiciones, si se acepta nuestra proposición de introducir la declaración general de inconstitucionalidad, en los ténninos señalados anteriormente, se debe complementar esta institución con el establecioúento de un recurso de revisión (en realidad, apelación) ante el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia, contra los fallos de las Salas de la propia Corte, cuando declarasen la inconstitucionalidad de una ley y siempre que esta declaración no tuviese su apoyo en la jurisprudencia del Pleno, o sea en forma sioúlar a la situación de los tribunales colegiados de circuito, tomando en consideración que un pronunciamiento apoyado en la citada jurisprudencia del Pleno sería excepcional, ya que significarfa la derogación de la norma respectiva, pero el caso podría referirse a las situaciones anteriores a la publicación de la propia jurisprudencia, puesto que la declaración general, en principio, sólo tiene efectos para el futuro, es decir posee carácter

constitutivo.

VIII. CONCLUSIONES 164. Como conclusiones concretas podemos establecer las siguientes:


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165. A) El juicio de amparo mexicano ha servido de modelo, por su experiencia centenaria, a numerosas instituciones similares de Latinoamérica e inclusive.

en cuanto su aspecto protector de los derechos humanos, se ha introducido en documentos internacionales. 166. No obstante lo anterior, en algunos aspectos se ha venido rezagando en cuanto a los progresos de lajusticia constitucional que se han producido en nuestra época, inclusive en otros países latinoamericanos, y precisamente uno de estos

sectores se refiere a la impugnación de la inconstitucionalidad de las leyes, o "amparo contra leyes". 167. B) Se advierte en numerosos países una tendencia hacia el establecimiento de la declaración general de inconstitucionalidad, ya sea por conducto de tribunales constitucionales especializados según el modelo austriaco como ocurre respecto

de Italia, Alemania Occidental, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Turquía, Grecia, Guatemala e Irak, y en cierta época, Creta, Corea y Vietnam del Sur, o bien confiriéndose esta facultad a los tribunales supremos como en el caso de Colombia, Venezuela, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Cuba y las provincias argentinas de El Chaco, Neuquén y Santiago del Estero, con la situación intermedia de la también provincia argentina de Río Negro. 168. También se puede destacar que los fallos de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, aun cuando jurídicamente se traducen en la desaplicación de las disposiciones cuya constitucionalidad declara, de hecho implican también una declaración general. 169. C) En consecuencia, debe proponerse o recomendarse la adopción de la declaración general de inconstitucionalidad en el juicio de amparo mexicano contra leyes, abandonándose el criterio de la absoluta relatividad que se condensa en la llamada "fórmula de Otero", que tiene una explicación y una justificación de carácter históríco, pero que ya cumplió su misión y debe ser actualizada. 170. No resulta aconsejable un criterio radical debido a la tradición centenaria en favor de la desaplicación con efectos particulares de la sentencia de inconstitucionalidad, pero podría ensayarse un sistema intermedio como el de la provincia argentina de Río Negro, o la imperante durante algún tiempo en la República de Cuba que, llevada a nuestro ordenamiento, implicaria el establecimiento de la pérdida de eficacia de la ley impugnada, siempre que se estableciera jurisprudencia definida en este sentido por el tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con los requisitos del artículo 192 de la Ley de Amparo. 171. D) Esta solución tendría consecuencias beneficiosas en varias direcciones y, en primer lugar, se traduciría en el respeto del principio fundamental de la igualdad de los gobernados frente a la ley, que se menoscaba cuando un grupo debe obedecer una norma inconstitucional y otro no está obligado por ella si ha obtenido una sentencia protectora en los juicios de amparo respectivos y, por el otro, se traduciría en una economía procesal evidente, pues si se produce la declaración

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general, que sólo se pronuncia en casos extremos, o por el contrario, se procura armonizar la ley impugnada con la Constitución, en un solo fallo se definiría para todos los gobernados, su situación legal en relación con la carta fundamental, como lo demuestra la jurisprudencia constitucional tan rica en criterios de interpretación de la ley suprema, especialmente en Austria, Italia y Alemania Occidental, pero también fructífera en los demás países que han adoptado la citada declaración general. 172. El De aceptarse en el juicio de amparo la declaración general que se propone, a través de una reforma constitucional cuidadosamente meditada, resulta conveniente que sólo el Tribunal en Pleno esté facultado para establecer la jurisprudencia necesaria para producir la ineficacia de la ley impugnada y, por tanto, como las Salas de la propia Corte también pueden pronunciar declaración de inconstitucionalidad en los juicios de amparo de una sola instancia en los cuales se plantee en forma prejudicial esta cuestión, en los términos del articulo 103 constitucional, debe adoptarse una solución similar a la que se ha establecido para los tribunales colegiados de circuito, cuyos fallos pueden ser impugnados a través del recurso de revisión ante el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte, si declaran la inconstitucionalidad de una ley en amparo directo. 173. F) En esta forma, nuestro juicio de amparo volverá a conquistar la supremacla que por más de un siglo ha gozado entre los juristas latinoamericanos, sirviendo nuevamente de ejemplo como una de las instituciones más nobles creadas por el hombre para la defensa jurídica de la libertad.

PRESENIE Y FUTIJRO EN LA CASACIÓN CIVIL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MEXICANO 1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . ll. Concepto de la casación. . . . . . . . . . . . UI. Breves antecedentes de la casación civil en el ordenamiento mexicano . . . . . . . . . . . IV. El juicio de amparo y el recurso de casación V. Sectores del amparo judicial . . . . .

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VI. El llamado amparo de estricto derecho y la suplencia de la

queja.

. ,

VII. Necesidad de reforma

VIII. Conclusiones

. . .

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PRESENTE Y F1JTURO EN LA CASACIÓN CIVIL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MEXICANO SUMARIO: l. Planteamiento túl problema. ll. Concepto de la casación. II. Breves anJecedenJes de la casación civil en el ordenamiento mexicano. IV. El juicio de amparo y el recurso de casación. V. Sectores del amparo judicial. VI. El llamado amparo de estricto derecho y la suplencia de la queja. VII. Necesidad de reforma. VIII. Conclusiones.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1. Parecerá extraño, al menos para un sector de los juristas mexicanos, hablar de la casación en un ordenamiento que en forma aparente la ha suprimido, y además, tomando en consideración que este nombre resulta antipático para un buen número de tratadistas, abogados y jueces de nuestro país. 2. No debe olvidarse que en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917 se formularon graves censuras a la casación, tal como estaba regulada en los códigos de procedimientos de las entidades federativas, destacándose la intervención del constituyente Alberto M. González en la sesión de 22 de enero de 1917, en la cual expresó que la eficacia del amparo en materia civil evitaría las dificultades que experimentaron todos los abogados con la interposición del recurso de casación, el cual sólo era conocido por los letrados Agusún Rodriguez y Sabás Silva.' 3. En los debates relativos al proyecto del actual articulo 107 de la Constitución federal en vigor, se advierte en el citado Congreso Constituyente un criterio contrario al referido recurso de casación, por lo que, como consecuencia de la aprobación del mencionado precepto, se produce la eliminación paulatina del citado medio de impugnación en los códigos locales que todavla lo conservan, la que se inicia con la supresión expresa de la casación en el articulo 9° transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios

1 Cfr. Cámara de Diputados, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, tomo VID. México, 1967, p. 40.


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Federales, de 9 de septiembre de 1919, y en forma implícita, en el articulo 30 de la Ley de Amparo de 18 de octubre del mismo año de 1919. 2 4. No obstante lo anterior, el recurSO de casación no desapareció sino que se transformó al subsumirse en el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, como se demostrará más adelante, a pesar de que algunos tratadistas mexicanos han pretendido desconocer esta situación evidente. si tomamos en cuenta que el

distinguido jurista mexicano Rodolfo Reyes, que por cierto influyó en el establecimiento del llamado "recurso de amparo de garanUas constitucionales", en la Constitución española republicana de 1931,' llegó a sostener que: "Nosotros llegariamos hasta decir que nada hay más opuesto al espfritu de nuestra magna institución. que el recurso técnico y sutil de la casación".4 5. El problema que tenemos del propósito de plantear brevemente, se debe abordar en dos aspectos, el primero de los cuales está dirigido a precisar si efectivamente existe similitud entre el amparo judicial y el recurso de casación, ya que todavía existe controversia entre los tratadistas mexicanos al respecto; y en segundo lugar, si la respuesta es positiva, como lo hemos adelantado, es preciso examinar la situación actual del juicio de amparo, como medio de impugnación de las resoluciones judiciales y la posibilidad de su proyección en el futuro'

n. CONCEPTO DE LA CASACIÓN 6. Consideramos aventurado establecer un concepto esiricto de este medio de impugnación, el cual ha sido objeto de discusiones interminables entre los procesalistas, y además tomando en cuenta que se han desarrollado diversos modelos en los ordenamientos jurídicos de nuestra época, inspirados todos ellos, en sus aspectos esenciales, en la institución establecida por la Asamblea Nacional francesa en el año de 1790,' pero haremos un esfuerzo por elaborar una defmición aproximada, que nos proporcione un punto de vista provisional.

2

Dicho precepto dispuso qlr.e debía considerarse como sentencia definitiva para efectos del

amparo directo o de una sola instanda: "La que decide el juicio en lo principal y respecto de la cuaIlas leyes comunes no concedan ya más recurso que el de casación y otro similar". 3 Cfr., entre otros, trabajos de este autor, lA defensa constitucional, Madrid, 1934. El recurso de amparo fue restablecido en el artículo 53. inciso 2, de la Constitución española de 1978. Cfr., entre otros, ViIlarroya. Joaquín Tomás, "El Tribunal Constitucional en el Anteproyecto de Constitución", en el volumen colectivo Estudios sobre el Anteproyecto de Constituci6n, Madrid, 1978, pp. 210 Y ss. 4 En sendos artículos intitulados "El amparo", publicados en la revista Toc/Q y en el diario El Universal, los días 19 de marzo y 26 de septiembre de 1953, respectivamente. 5 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 56, octubre-diciembre de 1964. pp. 977-999. 6 Cfr. Calamandrei, Piero, lA casaci6n civil. trad. de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, 1961, tomo I. vol. 11. pp. 35-57; id., Casación civil, trad. de Santiago Sentís Melendo, y Marino Ayerra Redín, Buenos Aires. 1959. pp. 32-34.

LA CASACIÓN CIVIL A TRAVÉS DEL AMPARO

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7. Sólo partiendo de esta idea preliminar del recurso de casación, estaremos en la posibilidad de analizar su similitud con el juicio de amparo en materia judicial y señalar la evolución de ambas instituciones en el ordenamiento mexicano, las que, no obstante haber surgido en forma independiente, se fueron aproximando de manera paulatina, hasta fundirse en una sola, que adolece todavía de varios defectos que derivan, la menos parcialmente, de su dualidad de origen. 8. No abordaremos en esta oportunidad el tema relativo a los antecedentes históricos y al desarrollo inicial de la casación francesa, que han sido trazados en forma insuperable por el genio jurídico del ilustre procesalista florentino Piero Calarnandrei,' y sólo nos limitaremos a señalar su evolución, que se inicia como un instrumento del organismo Legislativo para vigilar la aplicación estricta de las disposiciones legislativas por parte del juzgador, a quien inclusive se le llegó a prohibir, de manera ilusoria, la interpretación de las propias disposiciones, hasta transformarse en ún verdadero medio de impugnación encomendado al tribunal supremo de la jerarquía judicial.' 9. También debemos prescindir del examen de las diversas definiciones elaboradas por la doctrina, ya que dicho análisis podría dar lugar a una monografía, debido a los diversos matices que se desprenden de los puntos de vista de los autores más importantes que se han ocupado del tema,' por lo que nos circunscribiremos a indicar aquellos aspectos en los que existe un principio de acuerdo, ya que es precisamente este consenso en los elementos esenciales de la institución, el que nos puede ser útil para sentar la base que nos sirva de fundamento a este trabajo. 10. Resulta evidente, de un examen superficial, que una gran parte de los procesalistas concuerdan en que la institución, debe estimarse como un medio de impugnación,1O que se traduce en el recurso,1I de carácter extraordinario,12 a través 7 Cfr. La casación civil, op. ult. cit., tomo I. vol. n. pp. 59-107. 8 Esta transfonnación culminó con la ley de primero de abril de 1837. cuyo alcance y repercusión posterior fueron analizados minuciosamente por el mismo procesalista florentino Piera. Calamandrei. en la obra citada en las dos notas anteriores. tomo 1, vol.ll. pp. 123-144. 9 La bibliografía. particularmente en cuanto a la casación civil, es muy extensa, por lo que nos limitaremos a señalar las obras de autores españoles y latinoamericanos dedicados específicamente al tema, indicados por fecha de aparición: De la Plaza, Manuel, LA casación civil, Madrid, 1944; Sartorio, José, LA casación argentina, Buenos Aires, 1951; Torres Gudiño. Secundino, LA casación civil (en la doctrina, en la jurisprudencia y en las legislaciones europeas y americanas), Panamá, 1957; Cuenca Humberto. Curso de casación civil, dos tomos, Caracas, 1962 y 1963; Morales M.. Hernando, Técnica de casación civil, Bogotá, 1963; De la R6.a, Fernando, El recurso th casación en el derecho positivo argentino, Buenos Aires, 1968; y a estas obras deben agregarse otras que si bien no se concretan a la casación, se refieren a los recursos en materia civil, entre los cuales destacan ampliamente a esta institución: Podetti, Ramiro J., Tratado de los recursos, Buenos Aires, 1958, pp. 401-455; Fairén Guillén, Víctor, "Doctrina general de los medios de impugnación y parte general del derecho procesal", en el volumen del mismo autor Estudios de derecho procesal. Madrid, 1955, pp. 328-344; Ibáñez Procham, Manuel, Trasado de los recursos en el procesQ civil, 4-. ed., Buenos Aires, 1969, pp. 223-402; y Barquín Álvarez, Manuel, Los recursos y la organización judicial en materia civil, México, 1976, pp. 135-147.

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del cual se examina la legalidad de la actividad del juez en el procedimiento y en la sentencia, y que de ser acogido, puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el citado procedimiento, o con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo. J3 11. En primer lugar, estamos conscientes de que existe imprecisión en la determinación de los medios de impugnación, debido a los diversos enfoques ensayados por los más distinguidos procesalistas italianos, como ocurre, en vía de ejemplo, con la distinción elaborada por Francisco Camelutti entre impugnación e invalidación,14 y la separación no menos importante desarrollada en forma brillante por Piero Calamandrei, entre medios de impugnación y medios de gravamen. l ' 12. Para evitar las dificultades inberentes a la elaboración de una doctrina sobre este sector tan complejo de la ciencia procesal, consideramos más simple otorgar a los medios de impugnación un carácter genérico, adbiriéndonos al concepto establecido por el distinguido procesalista colombiano Hemando Devis Echandía, en cuanto afinna que la impugnación comprende todo medio de ataque a un acto procesal o a un conjunto de ellos, inclusive a todo un proceso, sea en el curso del mismo o a través de otro posterior. 16 13. Si tomamos esta idea amplia mencionada en el párrafo anterior, los medios de impugnación comprenden varios instrumentos entre los cuales pueden mencionarse los procesos impugnativos, los recursos y los remedios procesalesi' y para 10 En este aspecto coinciden los autores señalados en la nota anterior. y así podemos citar a De la Plaza, op. cit., pp. 30-41; Cuenca. op. cit., tomo l. pp. 26-32; Morales. op. cil., pp. 16-21; De la Rúa, op. cit., pp. 50-57; Podetti, op. cit., pp. 30-32; FaíI"én Guillén. op. cil.• pp. 336-337; Ibáñez Forcham, op. cit .• pp. 28~54; Barquín. op. cit., pp. 135*140. 11 Además de los autores, obras y páginas mencionados en la nota anterior. pueden indicarse, sólo en vía de ejemplo. ya que la lista sería intenninable, a Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, trad. de Emilio Gómez Orbaneja, voL lI, Madrid, 1954, pp. 112-117; Redenti, Enrico. Derecho procesal civil. trad. de Santiago Sentís Melendo, y Marino Ayerra Redín, Buenos Aires, 1957; tomo n, pp. 3-16; Rosenberg. Leo. Tratado de derecho procesal civil, trad. de Ángela Romero Vera. tomo lI, Buenos Aires, 1955, pp. 340-359; Alsina, Hugo, Tratado teórico prdctico de derecho procesal civil y comercial. 2-. ed., tomo IV, Buenos Aires, 1961. pp. 315-319. 12 Entre muchos otros, SchOnke, Adolfo, Derec/w procesal civil, trad. de Leonardo Prieto Castro, Barcelona, 1950, pp. 299-305; Goldschmidt, James, Derecho procesal civil, trad. de Leonardo Prieto Caslro, Barcelona, 1936; pp. 119-431; Micheli, Oían Antonio. Derecho procesal civil. trad. de Santiago Sentís Melendo, voL n. Buenos Aires, 1970, pp. 337-343. 13 A este respecto, el tratadista argentino Podeui Ramiro J. clasific6 los recursos en positivos y nega.tivos, según el objeto genérico que procuran conseguir; a este respecto los primeros se encaminan a modificar, completar o sustituir la resolución que se impugna, es decir, el llamado iudicium rescissorium; en tanto que los segundos s610 buscan hacer caer, anular. casar, dejar sin efecto una resoluci6n judicial. es decir, el llamado iudicium rescintkns, A este segundo grupo corresponde en principio la casaci6n. Tratado de los recursos, cit. supra nota 9. p, 33. 14 Sistemil de derecho procesal civil. trad, de Niceto Alcalá-Zamora, y Santiago Sentís Melendo, vol.ill, Buenos Aires, 1944, pp. 605-627, 15 Vicios de la sentencia y medios de gravanun, en el volumen recopilativo del propio autor, "Estudios sobre el proceso civil", trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires. 1961, pp. 421-461, 16 Nociones generales de derecho procesal civil. Madrid. 1966, p. 664,


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no tomar partido en la controversia tan difícil sobre la delimitación de estos tres sectores específicos, nos limitamos a afirmar que mientras los procesos impugnativos implican un proceso autónomo diverso de aquel en el cual se ha pronunciado la resolución que se combate. los recursos implican la continuación de un proceso anterior, en forma total o parcial, y que a su vez pueden distinguirse en tres sectores, es decir, los recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales. 1. 14. Un grupo importante de procesalistas estima que la casación es un recurso, en tanto que implica la continuación de un proceso anterior. pero que no configura una verdadera instancia, 19 ya que no determina la revisión integral del procedimiento respectivo, sino de manera exclusiva de la legalidad, ya sea del propio procedimiento o de la sentencia de fondo, de tal manera que se requiere un nuevo fallo que anule los actos procesales combatidos (iudicium rescindens) a fin de que se reponga

el procedimiento, o en su caso, se pronuncie una nueva sentencia de fondo (iudicium rescissorium), por todo lo cual se califica al propio recurso de casación, como extraordinario. lO 15. El recurso de casación se considera extraordinario en una triple dirección. En un primer sentido, dicho medio de impugnación sólo puede interponerse por los motivos expresamente establecidos por el legislador; en segundo término y salvo los casos excepcionales de la llamada casación per saltum,21 previamente a su interposición deben agotarse todos los medios de impugnación ordinarios, por lo que en la mayor parte de los casos su conocimiento corresponde al tribunal supremo respectivo; y en tercer lugar, el juez de casación no examina los aspectos fácticos de la controversia (questio factO, sino que en principio debe constreñirse al análisis de las cuestiones jurídicas (questio iuris), relativas a la legalidad del

17 Aun cuando numerosos autores coinciden en esta triple categoria de instrumentos o medios de impugnación, sin embargo les otorgan diversos significados. Cfr., entre otros, Podetti. Ramiro J., Tratado de los recursos, cit., supra nota 9, pp. 11-15; Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, cit. supra nota 11, vol. m, pp. 363-399; Alsina, Hugo, Tratado teórico práclico, cit., supra nota 11, tomo IV, pp. 183-193; SchOnke, Adolfo, Derecho procesal civil, cit., supra nota 12, pp. 299-305. etc. 18 También son numerosos los autores que acogen esta clasificación. pero para tener un concepto preciso puede consultarse el certero examen de Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Los recursos en nuestras leyes procesales", en el volumen del propio autor Estudios de derecho procesal, Madrid, 1934, especialmente pp. 64-65. 19 Aquí se concibe la instancia como la continuación del procedimiento en todos sus aspectos, como ocurre respecto del recurso de apelación. Cfr. Podetti, Ramiro 1., Tratado de los recursos, cit. supra nota 9, pp. 403-406. Devis Echandía, Hemando, Nociones generales de derecho procesal civil, cito supra, nota 16, p. 681. 20 Cfr. De la Plaza, Manuel, La casación civil, cit. supra nota 9, pp. 30-36. 21 La llamada "casación per saltum", es decir, aquella que no requiere el agotamiento previo del recurso de apelación, existe en el ordenamiento alemán, en los términos del artículo 556 a) de la Ordenanza Procesal Civil (ZPO), reformado por novela de 1924; cfr. Rosenberg. Leo, Tratado de derecho procesal civil. cit. supra nota 11, tomo n, p. 405, Rosenberg, Leo y Schwab, Karl Heinz, Zivilprosessrecht (Derecho procesal civil), 12". ed., Milnchen, 1977, p. 809.

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procedimiento o del fallo impugnados, si bien esta última división no debe considerarse tajante. como se expresará después. 22 16. Se puede añadir otra caracteóstica de la casación, en cuanto la misma no implica un examen directo y total del proceso en el cual se plantea, como ocurre respecto de la apelación, en la cual el tribunal de segunda instancia se sustituye al del primer grado para examinar nuevamente los actos procesales combatidos,23 ya que el tribunal de casación se limita a constatar si el juez de la causa cumplió con las disposiciones legales respectivas, y en caso contrario, sólo anula (casa) los actos procesales irregulares, y por este moti va se ha sostenido, con todo acierto, que la casación constituye un recurso extraordinario de nulidad. 24 17. Es importante para configurar el concepto provisional que estamos elaborando, determinar las dos finalidades esenciales de la casación, señaladas de manera muy penetrante por Piero Calamandrei, quien expresó que, a través de este instrumento de impugnación, por una parte se efectúa una función que calificó de nomofilaquia, es decir, de vigilancia de la legalidad procesal, y en segundo término, con la misma trascendencia, la institución tiene el propósito de lograr la urtificación del ordenamiento juódico, a través de la urtidad de su interpretación. 2S 18. Estas dos funciones son inseparables -10 que conviene tener presente al analizar las vinculaciones de la casación con nuestro juicio de amparo--- y deben considerarse como dos enfoques del mismo instrumento, a las que el propio Calamandrei, con la profundidad que caracterizó su pensamiento, reunió en su concepción del interés privado al servicio del interés público, en cuanto el recurrente -sal va el caso excepcional de la llamada "casación en interés de la ley"-26 impugna a través del recurso de casación los actos procesales que le afectan, con objeto de obtener una resolución favorable a sus intereses (jus litigatoris), pero al 22 Cfr. Fairén Guillén, Víctor, "a doctrina legal y el control de los hechos en la casación civil y laboral española" en la obra del mismo autor Temas del Ordenamiento Procesal, vol. 11, Madrid, 1969, pp. 1025-1138. 23 Cfr. Podetti. Ramiro J., Tratado de los recursos, cit. supra nota 9. pp. 144-156; Ibáñez Frochan, Manuel, Tratado de los recursos en el proceso civil, cit. supra nota 9, pp. 131-171; Barquín Álvarez, Manuel, Los recursos y la organización judicial en materia civil, cito supra nota 9, pp. 117-133. 24 Sobre el problema de la nulidad de los actos procesales, Cfr. Carnelutti, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, cit. supra nota 14, tomo m, pp. 576-599, Y sus relaciones con la impugnación, mismo volumen, pp. 604-637; Devis Echandfa, Hemando, Nociones generales de derecho procesal civil, cit. supra nota 16, pp. 684-699. 25 La casación civil, cit supra nota 7, vol. L tomo 1, pp. 85 Y ss. tomo [1, pp. 101 Y ss. El nombre de nomofilaquia hace referencia a los funcionarios atenienses denominados "nomofilacos" o guardianes de las leyes. Cfr. Sánchez Viamonte, Carlos, lAs instituciones poUticas en la historia universal, Buenos Aires, 1958, p. 141. 26 Esta institución subsiste en la actualidad, pero sin verdadera eficacia práctica en los Códigos Procesales Civiles de España, Ilalia y Francia. Cfr. Calamandrei, Piero, La casación civil, ciI. supra nota 6, tomo 11, pp. 121 Yss; De Pina, Rafael. "El recurso de casación en interés de la ley", en su libro Temas de derecho procesal 2-. ed. México. 1951, pp. 11 y ss; Torres Gudiño, Secundino. La casaci6n civil. cit. supra nota 9, pp. 158 Y 191.


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mismo tiempo, favorece la unidad de la interpretación jurídica, esta última en beneficio del interés público (ius constitutionis)." 19. Para disponer de los elementos necesarios que nos permitan obtener el concepto que estamos buscando, todavía es preciso señalar los modelos contemporáneos del recurso de casación, utilizando el método jurídico comparativo, así sea de manera superficial, en virtud de la complejidad de los matices que asumen dichos ejemplos. 20. Sin descender, por tanto, a los aspectos peculiares de la institución, sino atendiendo de manera exclusiva a las características esenciales, podemos descubrir cuatro modelos en los ordenamientos jurídicos de nuestra época, tomando como base las facultades del tribunal de casación en relación con el fondo de la contro-

versia. 28 21 a) La Corte de Casación francesa se limita a pronunciar la nulidad, ya sea del procedimiento o de la sentencia impugnados. y en todo caso, reenvía el asunto a un tribunal de la misma categoría de aquel que dictó el fallo casado, es decir, también en el supuesto de la nulidad del mismo, por errores en la decisión de fondo (errores in iudicando)." 22 b) El régimen contrario es el español, ya que el Tribunal Supremo, una vez que dicta la resolución de nulidad, sólo en el caso de que se apoye en violaciones procesales (errores in procedendo) puede ordenar el reenvío del asunto al juez de la causa para que reponga dicho procedimiento, pero si la nulidad de la sentencia se funda en vicios cometidos por el juzgador al pronunciarla, el mismo Tribunal Supremo, por economía procesal, dicta también el fallo de fondo, evitando el reenvío. 30 23 e) Un criterio intermedio siguen los ordenamientos de Italia, de la República Federal de Alemania y de Austria, ya que los tribunales supremos de estos países, con excepción de los supuestos en los cuales ordenan la reposición del procedimiento, por violaciones cometidas durante la secuela, están facultados para decidir, si al casar la sentencia impugnada por vicios en la misma, se ordena el reenvío del asunto al juez de la causa para que pronuncie un nuevo fallo, o bien, si consideran

27 Cfr. Calamandrei, Piero, La casación civil. citado en la nota anterior. tomo n. pp. 147~180. 28 Por su parte. De la Rúa, Fernando, El recurso de casación, cit. supra nota 9, pp. 58-63, considera cuatro modelos, refiriéndose a las legislaciones de Francia. Italia. Alemania y España; en tanto que Cuenca. Humberto. Curso de casaci6ncivil, cito supra nota 9. tomo I. pp. 39-68, además de las anteriores, dedica especial atenci6n a la casaci6n soviética. Puede consultarse también el estudio comparativo efectuado por Barquín, Manuel, Los recursos y la organización judicial en materia civil, cito supra nota 9. pp. 140-157. 29 Además del minucioso examen de la casaci6n francesa efectuado por Calamandrei. Piero. La casación civil, cit. supra nota 6. tomo l. vol. n. pp. 145·177; véanse los autores mencionados en la nota anterior. 30 Cfr. De la Plaza. Manuel, lA casación civil, cit. supra nota 9, pp. 461491.

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que cuentan con elementos suficiemes, pueden los cilados tribunales supremos, diclaf la sentencia de fondo, sustituyéndose al propio juez" 24 d) Finalmente, podemos mencionar a los ordenamientos sociaJislas, que se inspiran en el ejemplo soviético, el cual se rige actualmente por las bases del proceso civil de 1961. y por los c6digos procesales de las Repúblicas Federadas, especialmente el de la República rusa, según los cuaJes, se ba hecho una refundición de los elementos de la apelación con los de la casación, de tal manera que desde la segunda instancia, el tribunal revisor puede sustituirse al juez de primer grado, o bien Iimilafse a la anulación de los actos procesales, incluyendo la sentencia impugnada, ordenando el reenvío, sistema que se sigue en las últimas instancias, ante las Cortes Supremas de las Repúblicas Federadas y ante la Corte Suprema de la URSS32 25. Con todos los elementos que hemos reunido, nos encontramos en posibilidad de intenlaf una descripción, más que una verdadera defmición, del recurso de casación, el cual podemos configurar como el medio de impugnación que se traduce en el recurso extraordinario de nulidad, a través del cual el tribunal de casación examina la legalidad de los actos procesales, anulando, en su caso, los que estime incorrectos, ordenando la reposición del procedimiento o bien el pronunciamiento de un nuevo fallo, para lo cual está facullado para reenviar el expediente al juez de la causa o a uno de la misma categoría, o bien para sustituirse a dicho juzgador y diclaf la sentencia de fondo, todo ello con la doble finalidad de tutelar los intereses jurídicos del recurrente y de obtener la unidad del ordenamiento jurídico.

III. BREVES ANTECEDENTES DE LA CASACIÓN CNIL EN EL ORDENAMIENTO MEXICANO

26. En forma muy esquemática, podemos mencionar que el antecedente del recurso de casación en el ordenamiento mexicano lo fue el llamado "recurso de nulidad", introducido en el artículo 261, inciso noveno, de la Constitución española de Cádiz de 1812, y que se refiere exclusivamente a las violaciones de carácter procesal, n el que a su vez tiene su origen en el derecho francés,34 y que pasó 31 Para la institución en Italia, además de los tratadistas de esta nacionalidad señalados en las notas 6. 11 Y 12, de este trabajo, debe citarse a Fazzalari. Elio, JI guidizio civil di CasSaziOIU, Mílano, 1960, pp. 141-164; Y por lo que respecta al recurso de revisi6n (casación) en el derecho alemán. consúltese a los tratadistas Rosenberg. ScMnke y Goldschmidt, mencionados en las mismas notas 11 y -12. 32 Cfr. Cuenca, Humberto, Curso de casaci6n civil. cito supra nota 9, torno l. pp. 59-68: Gurvitch, M. A., Derecho procesal civil soviético, trad. de Miguel Lubán. México, 1971. pp. 403-448. 33 De acuerdo con dicho precepto: "Toca a este Supremo Tribunal: Noveno: conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo. y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el articulo 254. Por lo relativo a ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias en la forma que se dirá en su lugar".


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posterionnente a los artículos 12, fracción Xl y 22, fracción n, de la Quinta Ley constitucional mexicana de 1836," 27. En una forma más precisa, el citado recurso de nulidad fue regulado en la Ley que Arregla los Procedimientos Judiciales en los Tribunales y Juzgados del Distrito y Territorios FederaJes, de 4 de mayo de 1857, conocida como "Ley Comonfort",36 y también en el ordenamiento similar expedido el año siguiente, es decir, en 1858, por el gobierno conservador del generaJ Félix Zuloaga,37 y en ambas leyes, inspiradas probablemente en la institución que proviene de la Constitución de Cádiz, el citado medio de impugnación s610 procedía por violaciones de carácter procesal. 28. La casación propiamente dicha y con ese nombre, se introdujo, por influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855,38 en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California de 13 de agosto de 1872, tanto por violaciones procesales como respecto del fondo del negocio, y en este último supuesto, cuando se alega que la sentencia era contraria a la ley expresa, a su interpretación natural y genuina, o cuando comprendiera personas, cosas o acciones que no hubiesen sido objeto del juicio, o no comprendiera todas las que lo hubiesen sido." 29. El propio recurso de casación fue regulado sin modificaciones apreciables por los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorio de

34 Cfr. De la Plaza. Manuel, La casación civil. cit. supra nota 9 pp. 95-96; Fairén Guillén. Víctor, "La recepción en España del recurso de casación francés (1812-1813)", en su obra Temas del ortknamiet1to procesal. cito supra nota 22, pp. 197 ~235. 35 Según los preceptos mencionados: "Artículo 12. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son: [... ] XI. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas

en úitima instancia, por los tribunales superiores de tercera de los departamentos". Artículo 22. Las atribuciones de estos tribunales (superiores de los departamentos) son las que siguen: [... ] 1II. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan en las sentencias dadas por los jueces de primera instancia enjuicio escrito. y cuando no tuviere lugar la apelación. y de las de vista que causen ejecutoria". También puede com¡ultarse, para el intento de reglamentación de estos preceptos, el minucioso estudio de Alcalá-Zamora y Castillo. Niceto,. "El proyecto de ley de 1&3& para el arreglo de la Administra- ción de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Comón", en su obra Derecho procesal mexicano. México, 1976, tomo l. pp. 488 Y 490. 36 Los lineamientos del recurso de nulidad regulado por dicha Ley están consignados en los artículos 59 a 83. 37 Este ordenamiento se denominó también "Ley para el arreglo de la administración de justicia en los tribunales y juzgados del fuero común", y fue promulgado el 29 de noviembre de 1958; regulándose el recurso de nulidad en los artículos 434 a 441. Cfr. para el examen del recurso de nulidad tanto en este ordenamiento como en la llamada "Ley Comonfort", el libro de Roa Bárcenas, Rafael, Manual razonado de prdctica civilforen.se, 3a. ed., México. 1869, pp. 447-449. 38 Sobre la regulación del recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil español de 1855, cfr. De la Plaza. Manuel, La easaci6n civil, cit. supra nota 9, pp. 102-106. 39 Al respecto, debe compararse el artículo 1613 del citado Código de Procedimientos Civiles de 1872, con el texto vigente del artículo 158 de la Ley de Amparo.

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la Baja California, de 15 de septiembre de 1880 y 15 de mayo de 1884, el segundo inspirado en la Ley española de Enjuiciantiento Civil de 1881. 40 y además sirvió de ejemplo a la mayor parte de los códigos de procedimientos civiles en las entidades federativas, hasta su supresión, según se ha dicho, como consecuencia de la aprobación del artículo 107 de la Constitución federal de 1917.41 30. En virtud del influjo ya señalado de las dos leyes españolas deenjuiciantiento civil de 1855 y 1881, en los códigos distritales de 1872, 1880 Y 1884, este último seguido por las leyes procesales locales, la Sala respectiva del Tribunal Superior de la entidad federativa -la Primera Sala en el Tribunal del Distrito Federal- a la que competía conocer del citado recurso de casación, cuando dicho medio de impugnación se interponía en cuanto al fondo del negocio, una vez que decidía sobre la nulidad planteada, si casaba la sentencia, dictaba también el fallo de fondo, sustituyéndose al juez o tribunal de la causa, sin posibilidad de reenvío, de acuerdo con el modelo español. 42 31. El Código de Comercio de 1889, todavía vigente en sus aspectos procesales, siguió claramente, al regular el recurso de casación, a los códigos procesales civiles de las entidades federativas, a las cuales otorgó el carácter de supletorios, y en especial, al Código distrital de 1884." Puede interponerse: 1. En cuanto al fondo del negocio: 11. Por violación de las leyes que establecen el procedimiento. Bajo cualquiera de estos aspectos la casación exige para prosperar el estricto cumplimiento de lo que prescriben las leyes locales respectivas. Como la apelación, se admitirá o denegará de plano y se substanciará con sólo el escrito en que se interponga, el en que se mejore y el informe en estrados. Para la comparación de las disposiciones procesales del citado Código de Comercio con las relativas del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1884, cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Examen del enjuiciantien-

40 Para la regulación del recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. cfr. Manresa y Navarro, José Maria.. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4a. ed., Madrid, 1921, tomo VI, pp. 209-291. 41 Por lo que se refiere a la influencia del Códigodistrital de 1884en la gran mayoria de los Códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas, cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, SIntesis del derecho procesal (civil. mercantil y penal)", en su obra Duecho procesal mexicano. cito supra nota 35, tomo 11. 1977. pp. 329-330. 42 Cfr. Rodríguez, Agustín, "Casaci6n civil. Breves apuntes", publicada originalmente en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, tomo XXV, julio-diciembre de 1903. pp. 180-230, Y reimpreso en Anuario Juridico, 11. 1975. México. 1977, pp. 479-515. especialmente, pp. 508-510. 43 Según lo que disponían los artículos 1344 y 1345. del citado Código de Comercio de 1889: "El recurso de casaci6n s6lo procede contra las sentencias definitivas dictadas en la última instancia de cualquier juicio y que no hayan usado en autoridad de cosa juzgada".


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to mercantil mexicano y conveniencia de su reabsorción por el civil", en su obra ya mencionada, Derecho procesal mexicaoo, supra nota 35, tomo 1, pp. 10 l - 106. 32. También se introdujo la casación en el Código de Procedimientos Civiles Federales, de 6 de octubre de 1897, con características similares a las señaladas con anterioridad ..1.4 33. Finalmente, es preciso destacar que la casación mercantil fue derogada implícitarUente por el artIculo 30 de la Ley de Amparo de 1919, pero que por el contrario, la institución establecida por el Código de Procedimientos Civiles Federales de 1897, fue suprimida expresamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, por considerarse, según la exposición de motivos, que el referido recurso de casación federal resultaba inútil en virtud de la existencia del juicio de amparo, que la sustituía con ventaja." IV.

EL JUICIO DE AMPARO Y EL RECURSO DE CASACIÓN

34. Existe un debate apasionado en la doctrina mexicana respecto a las relaciones entre el recurso de casación y el juicio de amparo, pues en tanto que un sector importante señala a su similitud, otro grupo también numeroso sostiene que se trata de instituciones muy diferentes e inclusive, antagónicas. 35. Ya desde el siglo anterior, varios autores señalaron las semejanzas entre las dos instituciones, si bien fueron cuidadosos en destacar que el recurso de casación regulado por los códigos locales de procedimientos civiles, que con su modelo, el código distrital de 1884, seguían el sistema español, por lo que, si se casaba la sentencia por vicios de fondo, no existía reenvío, sino que el mismo tribunal de casación dictaba el fallo respectivo; contrariamente a lo que ocurría con el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, en el cual siempre existía reenvío al juez de la causa, con lo cual existía mayor similitud con el ordenamiento francés. 36. Así, el distinguido jurista Fernando Vega, autor de un importante libro sobre el juicio de amparo," publicó en el año de 1899, un estudio en el cual efectuó la comparación del propio amparo con el recurso de casación francés, resaltando la

44

Cfr. los artículos 527 a 562 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897. En

la exposición de motivos del citado Código se expresó que para regular dicho recurso de casación se tomaron en consideración las disposiciones respectivas del Código de Procedimientos del Distrito

(1884) y las legislaciones procesales de España y de Francia, 45 En efecto, en dicha exposición de motivos se afirmó. en lo conducente, que existiendo entre nuestras instituciones el juicio de amparo, en su presencia pierde todo valimiento y resulta sencillamente inútil el recurso de casación. por su carácter complicado y formalista, por lo que era necesario suprimirlo, tornando en cuenta que el amparo se hallaba esencialmente en armonía con los más altos principios y con los más graves intereses sobre que pueda versar el recurso de casación, cuales son el velar por la rigurosa observación y aplicación de las leyes y mantener incólume el sagrado depósito de la justicia. 46 La nueva Ley de Amparo, México, 1883.

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similitud entre ambas instituciones." y un criterio similar fue sostenido por el ilustre constitucionalista Emilio Rabasa, especialmente en su monografía sobre el artículo 14 de la Constitución de 1857. en la cual. como es sabido. calificó al amparo contra resoluciones judiciales como "degeneración" ,48 Y por ello sostuvo en el Primer Congreso Jurídico Nacional de 1921. la necesidad de establecer un Tribunal Central de Casación. para depurar al amparo de sus aspectos casacionistas." opinión a la cual se adhirieron en dicho Congreso. los distinguidos jurisconsultos Miguel S. Macedo y Antonio Pérez Verdia'" 37. Advertimos un criterio similar en la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. redactada por Victor Manuel Castillo. ya que como fundamento para la supresión del recurso de casación introducido en forma paralela al juicio de amparo por el anterior Código de Procedimientos Civiles Federales de 1897. expresó que la mayoría de la Comisión respectiva considero necesario eliminar la casación federal. ya que ambas instituciones --<:asación y amparo- realizaban las mismas funciones y no era conveniente duplicarlas." 38. En la misma dirección. Agustín Rodríguez. uno de los pocos conocedores de la técnica compleja de la casación civil regulada por el Código Distrital de 1884 y autor de una extensa monografía sobre esta institución publicada en el año de 1903. afinnó en la parte final de su estudio. que el recurso de casación estaba desapareciendo. ya que en forma paulatina era eliminado por el juicio de amparo. el cual se estaba utilizando cada vez con mayor frecuencia de manera preferente a la propia casación. por las facilidades que proporcionaba. 51 39. En contra de la corriente doctrinal antes mencionada. ya desde los últimos años del siglo anterior y con motivo del estudio de Fernando Vega señalado en el párrafo 36 de este trabajo. se elaboraron varios trabajos. entre ellos el del tratadista Emilio Velasco." cuyos argumentos fueron acogidos por el distinguido jurista Silvestre Moreno Cora en su extenso tratado sobre el juicio de amparo publicado

47 "El juicio de amparo y el recurso de casaci6n francés", publicado originalmente en Revista de Legislación y Jurisprudencia. tomo 1, México. 1899, pp. 69 YSS., Yreimpreso en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 31. México, julio-septiembre de 194ó. pp. 231-248. 48 El capítulo XVII de su clásica obra El juicio constitucional (aparecido originalmente en 1919), 2-. ed., conjuntamente con "El artículo 14", México, 1955, pp. 313-322, se intitula "Corrupción del juicio de amparo". 49 Cfr. Memoria del Primer Congreso Juridico Nacional, México, 1922, pp. 16 Y ss. SO Op. ult. cit., pp. 63-64. Se opuso a esta tesis enérgicamente el tratadista Eduardo. Paliares, p. 60. 51 Esta exposición de motivos puede consultarse en la Memoria de la Secretaría de Justicia, México, 1908, pp. 301 Y ss. S2 Casación civil, cit. supra nota 43, pp. 513-514. También puede .consultarse, en relación con el criterio cambiante de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a la necesidad o por el contrario. la opción de agotar el recurso de casación local previamente a la interposición del amparo, a Sodi Demetrio, Procedimientos federales, México, 1912, pp. 404-408. 53 El recurso t!e casación en sus caracteres constitucionales. México. 1895.


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en el año de 1902, y que fueron sintetizados por este último en dos razonantientos esenciales, que se han seguido utilizando hasta la actualidad por los autores que niegan la similitud entre ambas instituciones. 54 40 a) En tamo que el recurso de casación está orientado hacia la protección de la ley en sí ntisma, ya que sus fines están dirigidos a obtener la uniforntidad de la jurisprudencia y la inviolabilidad del ordenantiento jurídico, por el contrario, el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, si bien obtiene resultados sintilares, los ntismos sólo constituyen un medio para lograr la proteccjón de los derechos del hombre y de las garantías individuales. 41 b) Mientras que el juicio de amparo es una institución liberal, de buena fe, desprovista de todo formalismo, la casación establece una serie de lintitaciones y de fórmulas en perjuicio del recurrente, de tal manera que respecto de esta última puede afirmarse que "la fórmula se sobrepone al derecho", o de manera más simple, se sacrifica al hombre en beneficio de la majestad de la ley. 55 42. En nuestros días la controversia ha continuado, por lo que tratadistas tan distinguidos como el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramirez, después de recordar los argumentos expuestos por Emilio Velasco y Silvestre Moreno Cora, sostiene que la influencia de la casación en el amparo ha sido funesta y la califica de "gangrena", y añade un razonamiento que han repetido otros autores: "Este [el amparo l. no es· un recurso, y por lo mismo, no es una continuación de las instancias precedentes, sino que es un juicio donde varían al respecto del anterior, las partes, el juez, el procedintiento y (esto último con cierta reserva), la materia dellitigio. 56 43. La corriente que ha negado la sintilitud del juicio de amparo con el recurso de casación ha sido acogida por distinguidos procesalistas, como los profesores Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga, quienes sostuvieron que las semejanzas entre ambas instituciones son más aparentes que reales, como lo demostraba la circunstancia de que en la Constitución española de 1931, se regulaban como instrumentos independientes." 44. Por su parte, el destacado procesalista mexicano Ignacio Medina Lima, además de sostener la naturaleza de proceso autónomo del juicio de amparo frente al recurso de casación y reiterar el argumento de la distinción de las partes, la materia y la jurisdicción señaladas por Tena Ramirez, agrega la opinión de que el concepto de interés individual es inseparable de la acción tutelar de garantías, por

54 Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales. México. 1902. pp. 633-642. 55 Cfr. Moreno Cora, Silvestre, op. ult. cit., pp. 635-637. 56 "El amparo de estricto derecho. Orígenes, expansión, inconvenientes", en Revista de la Facultad de Derecho de México. núm. 13, enero-marzo de 1954, pp. 19-20,26-27. 57 Instiruciones de derecho procesal civil, 7-. ed., México, 1964, p. 323.


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lo que no cabe siquiera imaginar en el ordenamiento mexicano. la posibilidad del amparo en interes de la ley." 45. A su vez. el conocido procesalista Humberto Briseño Sierra niega la semejanza entre ambas instituciones al afmnar que la casación pretende la estricta aplicación de la ley. ya que no contempla al derecho individual sino al mantenimiento de la norma objetiva. En el amparo. apenas en uno de sus sectores es de estricto derecho. y en ese sentido pueden utilizarse aspectos conceptuales semejantes. pero no en forma absoluta. porque ni siquiera el quejoso alega inexacta aplicación de la ley. sino del contrato. ni está prohibido que al impugnar la sentencia judicial combata también la constitucionalidad de la ley por violación a los derechos individuales. 59 46. Pero esta situación parece cambiar en los últimos años. en los cuales el número de autores que han sostenido el carácter casacionista del amparo contra resoluciones judiciales ha aumentado de manera paulatina. y resulta significativo que uno de los más destacados tratadistas sobre el juicio de amparo. el profesor Ignacio Burgoa Orihuela. en sus primeras cinco ediciones de su clásica obra,60 calificó al propio amparo como un procedimiento sui géneris y negó que pudiera equipararse al recurso de casación. en virtud de que ambas instituciones son diversas por las partes. el juez y la materia;" pero en cambio. a partir de la sexta edición aparecida en 1968. modificó su opinión inicial y reconoce que el amparo contra resoluciones judiciales tiene gran similitud con el recurso de casación. concluyendo con la aseveración de que: "[ ... ] el amparo directo. aunque conserve la designación de 'juicio', desde el punto de vista de su teleología y substanciación procesal. entraña un recurso extraordinario similar a la casación. a través del cual se ejercita el control de legalidad contra la indicada especie de actos de autoridad (amparo casacional)"." 47. En efecto. por una parte se han elaborado varias monografías sobre el tema específico de las relaciones del juicio Ge amparo con el recurso de casación. entre las cuales pueden citarse las elaboradas por Miguel Alatriste de la Fuente;" Teófilo Olea y Leyva." J. Ramón Palacios Vargas;" la breve pero muy penetrante de

58 "La sentencia civil impugnada en amparo en el derecho mexicano", sobretiro de los "Scritti in memoria di Piero Calamandrei", Padova. 1957, p. 4. Algo similar opina el procesa lista mexicano Becerra Bautista. José, El proceso civil en México. 4-, ed., México, 1974. pp. 694-698. 59 Teor(a y técnica del amparo, Puebla. 1966, tomo n. pp. 297~300; id., El amparo mexicano, México. 1971, pp. 167-168. También le niega el carácter de recurso el profesor Bazderesch, Luis, Curso elemental del juicio de amparo. Guadalajara, 1972, pp. 20-21. La primera edición apareció en México, 1943. y las posteriores en 1946, 1950, 1957 Y 1962. El juicio de amparo, 6-. ed., México, 1968. pp. 170- 17I. 62 Op. cit., Ila. ed., México, 1977. p. 184. 63 Eljuicio de amparo y el recurso de casación civil, México, 1948. 64 "Genealogía jurídica de la casación y el amparo en materia penal", en el volumen Problemas jurfdicos y sociales de Múieo, México. 1955, pp. 41-90. 60

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Niceto Alcalá-Zamora y Castillo;" y en particular, la minuciosa investigación del malogrado jurista mexicano Alejandro Ríos Espinoza." 48. Pero además, los jurisconsultos más recientes que se han ocupado del juicio de amparo han establecido la gran similitud de este instrumento con el recurso de casación, y adoptado la terminología de amparo-casación, que hemos propuesto en varios trabajos," y en esta dirección podentos señalar las opiniones de los conocidos tratadista Alfonso Trueba Olivares" y Juventino V. Castro. 70 49. Haciendo un esfuerzo por resumir brevemente los argumentos de los sostenedores de la semejanza entre ambas instituciones, se puede afirmar, en primer térntino, que existe una confusión en los autores que niegan esa similitud, al identificar a la casación, como institución genérica, con uno de sus modelos, el español, que fue el seguido por los códigos procesales civiles mexicanos hasta la entrada en vigor de la carta fundamental de 1917, Yque efectivamente adolecía de un excesivo formalismo, que también ha sido denunciado respecto de su ordenamiento, por los tratadistas españoles. 71 50. En segundo lugar, no es exacto que eljuicio de amparo tenga como propósito exclusivo la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados (ius litigatoris), en tanto que el recurso de casación sólo esté dirigido a la tutela del ordenamiento jurídico (ius constitucionis), ya que se olvida que el recurso de casación si bien surgió con este propósito inicial en la Asamblea Nacional francesa, puesto que el Tribunal de Casación dependía del órgano Legislativo,72 pronto se transformó en un verdadero instrumento procesal que podía interponerse ante la Corte de Casación como órgano judicial supremo,73 y a partir de entonces son 65 En varios artÍCulos entre los cuales destaca "El mito del amparo", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 24, octubre-diciembre de 1956, pp. 275-301, Y más recientemente en su libro Instituciones de amparo, 2a. ed., Puebla, 1969, pp. 343 Y ss. 66 "Amparo y casación", en su obra Derecho procesal mexicano. cit. supra nota 35, tomo 1, pp. 526-541. 67 Amparo." casaci6n, México, 1960. 68 El juicio de amparo, México, 1964, pp. 121-134; 258-265; 381-382; id. "Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 56, octubre-diciembre de 1964, pp. 989-999. 69 Derecho de amparo, México, 1974, pp. 115-117. 70 Lecciones de garantlas y amparo, 2-. ed., México, 1978, pp. 303-307. 71 Entre otros, Prieto Castro y Ferrándiz, Leonardo, "Deberes ineludibles e inaplazables (El laberinto de la quiebra y de la jurisdicción voluntaria y el formalismo de la casación)"; V ázquez Sotelo, J. L., "Rasgos definidores de la casación civilespañola"; id. "Análisis sociológico de la casación civil"; todos en la Revista de Derecho Procesal Iberoamericano", Madrid, 1969, 1974 Y 1975, pp. 8-15; 859-926; 143-163, respectivamente. 72 Es la situación que guarda el llamado Tribunal de Casación establecido por la ley de 27 de noviembre primero de diciembre de 1790, subordinado a la Asamblea Nacional. Cfr. Calamandrei. Piero, La casaci6n civil, cit. supra nota 6, tomo 1, vol. 2, pp. 35-107. 73 Esto ocurrió con motivo de la ley de primero de abril de 1837, que consolidó la posición de la Corte de Casación, en sustitución del anterior Tribunal, como el órgano supremo del Poder Judicial francés, Cfr. Calamandrei, Piero, op. u/t. cit., pp. 109-144.


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inseparables ambas funciones de protección de los intereses jurídicos de los recurrentes y la unificación del derecho objetivo, funciones que, como expresamos anteriormente, se conjuntan en el concepto de Piero Calamandrei, sobre el interés privado al servicio del interés público." 51. Este error tan divulgado de considerar a la casación dirigida únicamente a la defensa del derecho objetivo, ha sido combatido con gran penetración por el procesalista español Urbano Ruiz Gutiérrez, quien sostuvo que, cuando se dice: "la casación protege al interés público en la defensa de la ley, no hace más que afirmarse que protege el interés privado en el caso concreto y los intereses privados de todos los casos posibles y semejantes, cuya suma es el interés público"." 52. Otro argumento en el cual se ha insistido, es el relativo al carácter liberal y flexible del amparo frente a la naturaleza rígida y formalista del recurso de casación, en recuerdo de la reglamentación de este último instrumento en los códigos procesales civiles mexicanos y el estrecho criterio de las Salas de Casación de los tribunales superiores respectivos. 53. Pero este razonamiento se puede desvirtuar con facilidad realizando un simple cotejo entre el llamado "amparo de estricto derecho" regulado por el artículo 79 de la Ley de Amparo" con el artículo 559 de la Ordenanza Procesal Civil Alemana (ZPO) de 1877,77 para llegar a la conclusión de que la situación es precisamente la contraria, si se toma en cuenta que en el amparo contra sentencias judiciales de carácter civil, el juez debe sujetarse estrictamente a los términos de la demanda, sin poder suplic ni ampliar nada en ella, mientras que en el ordenamiento alemán, el tribunal de casación, cuando analiza violaciones de fondo (errores in iudicando) no está obligado a sujetarse a los argumentos de las partes. 78 54. Los razonamientos que han impresionado con mayor fuerza a un sector de la doctrina, son los relativos a la función de control de la constitucionalidad que se atribuye al juicio de amparo, inclusive tratándose de la impugnación de las sentencias judiciales, lo que significa, según este punto de vista, que tanto las partes

n.

Op. u/t. cit .. tomo pp. 147·180. 75 "Crítica de la casación penal española", en Revista de Derecho Procesal. Madrid, 1963, p. 52. 76 El segundo párrafo del citado artículo 79 de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo por inexacta aphcación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil. es de estricto derecho, salvo los casos de amparo que afecten derechos de menores o incapaces y. por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido silplir ni ampliar nada en ella". 77 De acuerdo con lo establecido por el citado artículo 559: "Estarán sujetos al examen del tribunal de casación únicamente los petitorios planteados por las partes y. cuando la casación Se funde en violación a la ley en lo tocante al procedimiento, sólo los motivos de casación que hagan valer en los términos de los artículos 554 y 556. Al examinar si hubiera habido alguna otra violación de la ley. el tribunal de casación no estará vinculado por los motivos de casación planteados por las partes". 78 Cfr. Gold.schmidt, James. Derecho procesal civil. cito supra nota 12, pp. 421-423; SChOnke, Adolfo, Derecho procesal civil. cito supra nota 12, pp. 321-323; y para la situación actual. Rosenberg, Leo y Schwab, Karl Heinz. Zivilpro1.essrechl, cito supra nota 21. pp. 822-830. 74


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como la materia y el juzgador son diversos de aquellos que intervienen en el proceso ordinario en el cual se dictó el fallo combatido en amparo. 79 55. Sin embargo. un examen menos superficial del citado juicio de amparo contra sentencias judiciales. por incorrecta aplicación de las disposiciones legales secundarias. nos lleva al convencimiento de que es artificial el carácter de proceso constitucional que formalmente se le atribuye. como lo advirtió con claridad el distinguido procesalista español que por tantos años residió entre nosotros. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. y por ello profundo conocedor del derecho de amparo. cuando sostuvo que el amparo-casación no tiene por qué continuar valiéndose como trampolín. o más bien como muletas. de preceptos constitucionales cuya supuesta violación tantas veces se invoca y tan raras ocasiones se acredita, para a través de ellos combatir la infracción de leyes ordinarias; debiendo evitarse semejante rodeo o ir directamente al grano. 80 56. Con otras palabras. el ilustre Emilio Rabasa señaló en su época Gue. cuando los justiciables invocaban el articulo 14 de la Constitución de 1857. como fundamento para combatir sentencias judiciales por incorrecta aplicación de disposiciones legales secundarias. sólo se estaba empleando un subterfugio para hacer intervenir a los tribunales federales en una controversia ordinaria. en forma opuesta al espíritu de dicha ley suprema;'1 y algo similar puede decirse en la actualidad. cuando mecánicamente los recurrentes señalan como fundamento del juicio de amparo contra resoluciones judiciales. a los articulos 14 y 16 de la Constitución federal vigente. no obstante que la misma carta fundamental hubiese admitido esta situación. 82 57. Pero existen otros dos aspectos que resaltan la similitud del juicio de amparo mexicano con el recurso de casación y que se refieren. por una parte. a los errores jurídicos en que puede incurrir el juzgador y que en terminología de la legislación

79 Cfr. los argumentos del distinguido constitucionalista Tena Ramírez. Felipe, El amparo de estricto derecho, cit. supra nota 57, pp. 23-30; id .. "El amparo de estricto derecho y la suplencia de la queja", en el volumen colectivo Problemas jur(dicos y sociales de Mtxico. México. 1955, pp. 27-40. 80 Amparo y casació/I. cit. supra nota 67, pp. 540-54l. 81 El artículo 14. Estudio constitucional (publicado originalmente en México en 19(6); 2-. ed., conjuntamente con El juicio constitucional del mismo autor, México, 1955, especialmente páginas

51-94. 82 De la parte relativa de la exposición de motivos del proyecto de Constitución presentado por don Venustiano Carranza el primero de diciembre de 1916 al Constituyente de Querétaro, se expresa con claridad esta situación, en cuanto se afinnó, en lo conducente, que "[ ... ] Sin embargo de esto, hay que reconocer que en el fondo de la tendencia a dar al artkulo 14 ulla extensión indebida. estaba la necesidad ingente de reducir a la autoridad judicial de los Estados a sus justos límites, {... ] El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles, para librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el Gobierno a mi cargo ha creído que sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva necedad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para su reglamentación[ ... ]".

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de amparo reciben el nombre de "violaciones a las leyes del procedimiento que afecten a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo" (errores in procedendo) y "violaciones cometidas en las sentencias o laudos" (errores in iudicando), las que corresponden al concepto de "causas" o "motivos" de la casación. 58. El otro sector en el cual descubrimos la semejanza del juicio de amparo con la casación y más concretamente, con el modelo español, es el relativo de la institución ya desaparecida, pero que estuvo vigente hasta que fue suprimida por las reformas que entraron en vigor en octubre de 1968, y que llevó el nombre de "reparación constitucional". 83

59. Por lo que se refiere a las "violaciones" que pueden invocarse en el juicio de amparo, están previstas por los artículos 159 y 160de la Ley de Amparo, cuando las mismas tienen carácter procesal y se refieren a las materias civil, en sentido amplio, y penal; y en el artículo 158 en cuanto a las violaciones cometidas en las sentencias definitivas. 84 60. No resulta difícil descubrir la fuente de estas causas o motivos para la interposición del juicio de amparo contra violaciones procesales, si se cotejan los

referidos artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, con los artículos 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 15 de mayo de 1884 y 532 del Código de Procedimientos Civiles Federales de 6 de octubre de 1897; así como en el artículo 516 del Código de Procedimientos Penales también para el Distrito y Territorios Federales de 6 de jumo de 1894;" y por lo que se refiere a las violaciones cometidas en la sentencia, es decir, las consideradas de fondo, la redacción de la parte relativa del artículo 158 de la Ley de Amparo, es casi idéntica, con la única adición de los principios generales de derecho introducida por el artículo 14 de la Constitución vigente," al texto de los artículos 711 Y 531 de los mencionados Códigos de Procedimientos Civiles, tanto distrital como Federal, respectivamente. 87 61. Además de lo anterior, podemos hacer una breve referencia a la que se calificó de "reparación constitucional" de acuerdo con la jurisprudencia," o bien 83 Cfr. Le6n Orantes, Romeo, El juicio de amparo, 3-, ed. Puebla, 1957. pp. 394-397. S4 Cfr. Burgoa, Ignacio, El juicio de ampcro, cit. supra nota 63, pp. 677~678. 85 Cfr, Fix-Zamudio. Héctor. E/juicio de amparo, cit. supra nota 69, p. 263. 86 El cuarto y último párrafo del artículo 14 constitucional establece: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra. o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". 87 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, El juicio de amparo. cit. supra nota 69, p. 261, y nota 201, en la misma página. 88 Según la tesis 323, página 984 del volumen correspondiente a la Segunda Sala, del Aptndice al SemalUlrio Judicial de la Federación publicada en 1975: "La reclamación constitucional de que trata la fracción 11 de la Suprema Ley del país, tiene por objeto evitar que se estime consentida la infracción legal que se atribuye a la autoridad responsable".


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de "incidente de reclamación" o de "preparación del amparo directo", de acuerdo con la doctrina,89 y consiste en la obligación establecida en el texto primitivo de los artículos 161 y 162 dela Ley de Amparo, para reclamar ante el juez del orden común la violación procesal que el afectado consideraba cometida en su perjuicio, inconformidad que en el supuesto de existir recursos ordinarios, debía hacerse valer

también en vía de agravio, formulándose una propuesta en caso de no otorgarse la reparación respectiva. 90 62. Si bien esta institución estaba regulada por la Ley de Amparo, en realidad no correspondía estrictamente a esta materia, sino que formaba parte del procedi-

miento ordinario, ya que contra lo que generalmente se afirmaba durante su aplicación, la tramitación no configuraba un medio de preparación del juicio de amparo de una sola instancia civil y penal (pues no se exigía en materia laboral), ya que su función, de acuerdo con su modelo, es decir, los artículos 1606 Y 1697 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española y de 1881,91 era la depuración del procedimiento común de los vicios de carácter procesal, de manera que por economía, también procesal, se subsanaran dichas violaciones en la vía ordinaria, y no existiera necesidad de hacerlas valer en la extraordinaria de amparo."63. La llamada "reparación constitucional" se desvirtuó en la práctica y sólo funcionaba como un formulismo inútil y complicado, por lo que con toda justificación se restringió de tal manera, que prácticamente se suprimió, en las refonnas a la Ley

de Amparo que entraron en vigor en octubre de 1968, de acuerdo con las cuales, se derogó el artículo 162 y se modificó el 161, limitando los requisitos formales, al agotamiento de los recursos ordinarios, los que tampoco se exigen tratándose de amparos que se interpongan contra actos que afecten a menores e incapacitados. 93 89 Cfr, Burgoa. Ignacio, El juicio de amparo, cito supra nota 63. pp. 676-677. 90 Era tan complicado y engorroso el trámite en ese llamado incidente de "reparación constitucional", conocido en el lenguaje forense vulgar como "amparoide", que el tratadista Romeo León Orantes, El juicio de amparo, cit. supra nota 84, p. 395, lo calificó como "procedimiento sui géneris, híbrido en cuanto involucra dentro de la jurisdicción ordinaria, la del amparo, y desde todo punto de vista antijurídico y absurdo[ .. .}" 91 Preceptos que corresponden esencialmente a los artículos 1019 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, y que se remonta al artículo 5°. del Real Decreto de 4 de noviembre de 1838. Cfr. De la Plaza, Manuel, La casación civil, cit. supra nota 9, pp. 377~382; Ríos Espinoza, Alejandro, Amparo y casación, cito supra nota 68, p. 191; Fix~Zamudio, Héctor, Eljuicio de amparo, cito supra nota 69 p. 262 Y nota 203, en la misma página. 92 Cfr. Fix~Zamudio. Héctor, Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo, cito supra nota 52 pp. 990-992. 93 El texto vigente del articulo 161 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva. En los juicios civiles. el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: l. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior, si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se

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64. Consideramos que son suficientes las reflexiones anteriores para dejar demostrado en fonna clara, la similitud del juicio de amparo contra resoluciones judiciales, con el recurso de casación y para sostener que en el ordenamiento mexicano subsiste el propio recurso de casación, sólo que actualmente se encuentra incorporado al amparo. V. SECfORES DEL AMPARO JUDICIAL

65. Antes de abordar este tema, es preciso señalar previamente que durante la vigencia de la Constitución de 1857, las diversas leyes de amparo ---eon exclusión de la primera, expedida en 1861-94 es decir, las de 1869 Y 1882, así como la parte respectiva de los Códigos de Procedimientos Civiles Federales de 1897 y 1908, que incorporaron a la institución, establecieron un solo procedimiento para la tramitación del juicio de amparo, con independencia de la naturaleza de los actos o leyes reclamados, incluyendo las resoluciones judiciales, por lo que, de acuerdo con este procedimiento único, existían dos instancias, la primera ante los jueces federales de distrito, y la segunda, de oficio, ante la Suprema Corte de Justicia, la cual decidía de manera definitiva." 66. El destacado jurista mexicano Emilio Rabasa demostró con sólidos argumentos, que existía una situación diferente cuando se impugnaban resoluciones

judiciales, respecto de las cuales el juicio de amparo funcionaba exclusivamente como un recurso, en tanto que cuando se combatía otro tipo de actos o leyes inconstitucionales, el propio amparo asumía las características de un verdadero proceso impugnativo, con autonomía respecto del procedimiento en el cual se habían expedido dichos actos o normas legislativas. 96 67. Aun cuando no se mencionó expresamente en las discusiones del Constituyente de Querétaro, resulta evidente la influencia del pensamiento de Emilio Rabasa, en cuanto al articulo 107 de la carta fundamental de 1917, en el cual se establecieron dos procedimientos. el primero de una sola instancia. entonces

cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces. ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia". 94 En esta Ley promulgada el 30 de noviembre de 1861. establecía tres instancias, de acuerdo con los artículos 16 y 18, ya que contra la sentencia dictada por el juez de distrito procedía el recurso de apelación, ante los tribunales (unitarios) de circuito, y si fuese modificada o revocada, por dichos tribunale-s, procedía la súplica ante la Suprema Corte de Justicia, Cfr. Rojas. Isidro y García. Francisco Pascual. El amparo y sus reforma5, México. 1907, pp. 70-71. 95 Cfr. Rojas, Isidro y García, Francisco Pascual, op. ult. cit. pp. 77-164; Burgoa, Ignacio, Eljuicio de mnparo, cito supra nota 63, pp. 138-141; 672. 96 El art(culo 14. cit. supra nota 82. pp. 95-102; el capítulo XII de este fundamental trabajo se intitllla: "El amparo, juicio y recurso".


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exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia, respecto de la impugnación de sentencias judiciales, y otro procedimiento de doble grado, el primero ante los jueces de distrito y el segundo ante la misma Suprema Corte, sólo a petición de parte, y no de oficio, como anteriormente, tratándose de la impugnación de otro tipo de actos o de leyes inconstitucionales. 97 68. Las Leyes Regla.q¡entarias de 14 de octubre de 1919 y la vigente promulgada el 30 de diciembre de 1935, desarrollaron los lineamientos constitucionales mencionados y consolidaron ampliamente esta doble configuración de nuestra institución, es decir, como recurso y como proceso autónomo. 98 69. En la legislación mexicana se ha estructurado el amparo de doble instancia como un proceso autónomo, todo ello con independencia de los tipos de proceso a los cuales se aplican estas nonnas,99 pues si examinamos los diversos actos que pueden impugnarse a través de este procedimiento que el tratadista Ignacio Burgoa ha denominado "bi-instancial",lOo advertimos que el articulo 114 de la Ley de Amparo ha agrupado un conjunto de situaciones disímbolas, algunas de las cuales, por su naturaleza, no justifican ese doble grado. 70. Podemos citar, a este respecto. las resoluciones o actuaciones procesales dentro del juicio, cuando sean de imposible reparación, o aquellas que se dictan en el procedimiento de ejecución, o sea después de concluido el conocimiento del asunto. todas las cuales no pierden su naturaleza de actos judiciales. como se expresará con mayor detenimiento más adelante. 71. De acuerdo con los artículos 116 a 121 y 145 a 156 de la Ley del Amparo, el primer grado de este proceso autónomo debe inictarse por demanda escrita, y en casos excepcionales. en forma oral, ante el juez de distrito en cuya jurisdicción tiene su residencia la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado (artículo 36), pero con la posibilidad, a elección del quejoso, se interpone la misma demanda ante el órgano superior del tribunal al que se atribuye la violación, cuando se trate de infracción de ciertos derechos fundamentales del inculpado (artículo 37). 72. Con la demanda se corre traslado a las llamadas autoridades responsables y al calificado como tercero perjudicado, es decir, aquel que tiene interés en la 97 Por lo que se refiere al proyecto, discusión y aprobación del artículo 107 de la Constitución de 1917, en cuanto al doble procedimiento, cfr. Derechos del pueblo mexicano, cit. supra nota 1, tomo VIII. pp. 28-67. 98 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo, dI. supra nota 5, pp. 982-984. 99 Para la distinción entre formas de procedimiento y tipos de proceso, cfr. el estudio fundamental del distinguido procesalista Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso", en su obra Estudios tk reor{a general e historia del proceso (1945-1972), México, 1974, p. 518, en cuanto estima que la idea del proceso corresponde a una contemplación teleológica, en tanto que la del procedimiento obedece a un enfoque formalista. 100 Eljuicio de amparo, cit. supra nota 63, pp. 621-672.

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subsistencia del acto reclamado. Dichas autoridades tienen la obligación de presentar un "informe justificado" (artículo 149), el cual, no obstante su nombre,

posee los efectos de la contestación de la demanda, ya que de acuerdo con el citado precepto, la falta de este informe establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, es decir, que se produce la misma situación que provoca la rebeldía del demandado en el proceso ordinario. lO! 73. En consecuencia, es posible aseverar que se fonna una relación jurídico-procesal autónoma, la que se inicia con la presentación de la demanda y se perfecciona con la contestación o "informe justificado" de las autoridades señaladas como responsables o bien con la rebeldía de las mismas, esta última sancionada también con una pena pecuniaria por el juez del amparo (párrafo tercero del invocado artículo 149), y por eUo produce los mismos efectos que señala el procesalista argentino lIugo Alsina, para el proceso común. 10' 74. El procedimiento tiende a la concentración, que no siempre se logra en la práctica, puesto que los actos procesales esenciales tienen lugar en una audiencia pública, en la cual predomina, al menos formalmente, la oralidad, ya que reúne las tres etapas de pruebas, alegatos y sentencia (artfculo 155 de la Ley), debiendo tomarse en cuenta que son admisibles toda clase de medios de convicción pertinentes para demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad de los actos que se reclaman, excepto la prueba de confesión y las que fueren contra la moral o contra el derecho (artfculo 150). 75. La segunda instancia se tramita ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito, según la naturaleza de la controversia (artículo 84), y sólo se inicia a petición de parte, a través de lo que la Ley de la materia califica como recurso de "revisión",103 pero que en realidad constituye una apelación contra el fallo de primera instancia. 76. Este procedimiento de segundo grado también se concentra en una sola audiencia, en la que se discute públicamente la sentencia, si el asunto corresponde a la Suprema Corte de Justicia (artículo 186), y en una sola sesión secreta cuando se trata de un amparo encomendado a los tribunales colegiados de circuito (artfculo 84, fracción 11).

101 Véase los artículos 271 y 332, respectivamente. de los Códigos de Procedimientos Civiles. para el Distrito Federal. y el Federal. 102 Tratado Teórico-práctico del derecho procesal civil y comercial. cit. supra nota ll, tomo 1, Buenos Aires, 1956. p. 433. 103 Esta denominación constituye una reminiscencia del régimen anterior al establecido por la Constitución vigente, es decir, cuando las sentencias dictadas por los jueces de distrito eran revisadas de oficio por la Soprema Corte de Justicia, de acuerdo con el sistema ya mencionado y regulado por las leyes de la materia. a partir de la segunda expedida en 1869, hasta el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. Consúltense los autores mencionados en la nota 96 de este trabajo.


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77. También resulta importante destacar que la providencia cautelar denominada "suspensión de los actos reclamados", asume en la Ley de Amparo una tramitación peculiar tratándose del amparo de doble instancia, puesto que en los casos en los que se otorga a petición de parte (artículo 124), asume la categoría de una cuestión incidental y contradictoria (articulo 131), que admite el establecimiento de medidas de urgencia conocidas con el nombre de "suspensión provisional" (articulo 125), con todas las características que la doctrina señala respecto de las medidas precautorias en el proceso ordinario. 104 78. Del análisis superficial que hemos efectuado respecto del procedimiento establecido por la Ley de Amparo, de acuerdo con los lineamientos trazados por la fracción VII del anículo 107 constitucional,lO' en relación con el amparo indirecto, de doble grado o bi-instancial, contra resoluciones judiciales que no tengan el carácter de sentencia judicial definitiva, aparece con claridad que dicho procedimiento se ha configurado en vista de la estructuración de un proceso autónomo, en el cual se establece una relación jurídico-procesal independiente de la situación jurídica que motivó los actos reclamados. relación en la cual aparecen, por una parte, el afectado con los propios actos que considera violatorios de la ley secundaria o de la carta fundamental, y por la otra, autoridades o funcionarios públicos, que asumen la calidad de demandados, con el nombre de "responsables". 79. En cuanto al llamado tercero perjudicado, no obstante que la Ley de Amparo le otorga la calidad de parte (artículo 5", fracción I1I), en el amparo de doble instancia tiene una participación todavía no precisada, puesto que su intervención no modifica la cuestión controvertida entre el quejoso y las autoridades,l06 pero tampoco puede considerarse como un simple coadyuvante de estas últimas, ya que no está subordinado a las mismas para la presentación de medios de prueba o la

interposición de recursos. 80. Pero cuando el amparo se interpone contra sentencias judiciales definitivas,l07 el procedimiento es de una sola instancia, según se había dicho, tal como se 104 Entre otros, consúltese la fundamental obra de Calamandrei, Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, trad. de Santiago, Sentís Melendo, Buenos Aires, 1945, pp. 34 Y ss.

lOS De acuerdo con el citado precepto constitucional: "El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante eljuez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia[ ... ]" 106 De acuerdo con la tesis 220. p. 359, del cuaderno relativo a la jurisprudencia común al Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1975. los terceros perjudicados deben sujetarse al estado en que se encuentre el juicio de amparo, al presentarse en él. 107 En los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo: "Para los efectos de los dos artículos

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introdujo en el artículo 107 de la carta fundamental de 1917. Con las características de un recurso, si bien la terminología que utiliza la Ley de Amparo pertenece a la que puede aplicarse a un proceso autónomo. pero los vocablos no corresponden a la situación real que pretende regularse. 81. En efecto. el artículo 166 de la Ley de Amparo nos habla de demanda. y para la misma fija requisitos similares a los que se exigen en el diverso artículo 116 para la demanda de amparo en el procedimiento de doble grado, pero la estrecha vinculación y del amparo unünstancial con el fallo judicial impugnado. que se descubre de la simple lectura de las diversas fracciones del propio artículo 166. nos lleva al convencimiento de que nos encontramos ante un escrito en el cual se plantea un recurso y no una demanda en sentido estricto. '08 82. Y si pensamos en la relación jurídico-procesal, la idea del recurso se reafirma, si se toma en cuenta que el informe justificado que debe rendir la autoridad judicial señalada como responsable, además de que carece de plazo preclusivo. su omisión no produce los efectos de la rebeldía del demandado. que sí advertimos en la ausencia del informe tratándose de autoridades demandadas en el amparo de doble instancia. ya que de acuerdo con el artículo 169 de la Ley de Ampary. no existe carga procesal ni obligación estricta de presentar el informe por anteriores (es decir del amparo contra sentencias definitivas o laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma), se entenderán por senlencias tkJinitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias defmitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan. si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia", En el último supuesto se config'J1'8 una institución similar a la casación per saltum del derecho alemán, pero que no se presenta en la práctica, ya que las leyes procesales civiles de nuestro ordenamiento nopenniten la renuncia del recurso de apelación para acudir inmediatamente al amparo contra los fallos de primera instancia. 108 En efecto, según el mencionado artículo 166 de la Ley de Amparo: "La demanda de amparo deberá fonnularse por escrito, en la que se expresarán: 1. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre; n. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; m. La autoridad o autoridades responsables; IV. El acto reclamado; y si se reclamaren violaciones a leyes del procedimiento. se precisará cuál es la parte de éste en que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado; V. La fecha en que se haya notificado la sentencia o laudo al quejoso o en que se haya tenido conocimiento de la resolución recUrrida; VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación; VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las kyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho. Cuando .se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados. VID. Los datos necesarios para precisar la cuantía del negocio, cuando ésta detennine la competencia para conocer del juicio". A la luz de la doctrina general del recurso de casación, las violaciones a las leyes del procedimiento y las violaciones de fondo son equivalentes a los clásicos conceptos de errores in procetkndo e in iudicando, y los conceptos de violación, a los motivos de la propia casación.


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parte de la autoridad judicial, que únicamente puede ser requerida por la Suprema Cone o por el tribunal colegiado de circuito, en su caso, para que se fonnule dicho informe, el cual tiene esa naturaleza y no de contestación de la demanda,"" con independencia de que en la práctica, el juez de la causa se limita a enviar los autos en vía de infonne. 83. Todo esto significa que de manera artificiosa se ha hecho figurar como autoridad responsable al tribunal que ha pronunciado el fallo combatido, cuando su situación real es precisamente esa: la de un juzgador cuya resolución ha sido recurrida ante una instancia de mayor jerarquía, que por lo mismo está obligada únicamente a informar sobre su actuación y a enviar el expediente relativo. 84. Las partes contrapuestas son, en realidad, las mismas que participaron en el proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia impugnada, y en el amparo, pueden cambiar de posición, como ocurre en los recursos, de manera que la parte demandada puede quedar en situación activa, como quejosa en el amparo, o bien conservar su actitud de defensa, en calidad de tercero perjudicado, pero de cualquier manera es ese tercero interesado y al agente del Ministerio Público que ha llevado la acusación el proceso penal l10 los que efectivamente comparecen ante la Suprema Cone o los tribunales colegiados, en defensa de sus derechos, o del interés jurídico que tienen encomendado, fonnulando las alegaciones pertinentes (artículo 180). 85. Sería inusitado que el tribunal que dictó el fallo impugnado, y que de alguna manera puramente formal figura como demandado en el amparo, pero que en realidad carece de interés directo en la controversia, se apersonara en el propio juicio de amparo de una sola instancia para fonnular alegatos, con independencia de que carece de facultades legales para hacerlo sin perder su imparcialidad. llI

109 El artÍCulo 169 de la Ley de Amparo regula esta institución de la siguiente manera: "Al dar cumplimiento la autoridad responsable -juez o tribunal que dictó el fallo impugnado- a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo anterior ---entrega de las copias de la demanda a las partes- rendirá su ¡nfonne con justificación a la Suprema Corte de Justicia o al tribunal colegiado de circuito, según el caso, exponiendo de manera clara y breve, las razones que funden el acto reclamado

y dejará en autos copia de dicho informe. Esta regla se observará también en el caso del párrafo segundo de la fracción VI del artículo 107 de la Constitución federal. Si la autoridad responsable no rindiere el infonne, la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda. la prevendrán que lo haga dentro del ténnino de tres días". 110 Es preciso tomar en consideración que de acuerdo con los Códigos de Procedimientos Penales, tanto Federal como del Distrito y de las restantes entidades federativas. el ejercicio de la acción penal corresponde en exclusiva al Ministerio Público. a través de 10 que se ha calificado como "monopolio del ejercicio de la acción penal" por dicho Ministerio. La doctrina sobre esta materia es muy amplia, de manera que nos limitamos a citar entre otros, a García Raoúrez, Sergio. "La acción en el proceso penal". en Revista de la Faculmd de Derecho de México. núm 65, enero-marzo de 1967, pp. 133-172; Castro, Iuventino V., El Ministerio Público en México. Funciones y disfunciones, México, 1976, pp. 100-107. III La independencia y la imparcialidad. son dos de las características esenciales de la función del juzgador. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Constitución y proceso civil en LAtinoamérica, México. 1974, pp.

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86. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la relación jurídico-procesal que se establece en el amparo directo, es una relación impugnativa, que continúa la iniciada en el proceso ordinario, y por tanto, carece de verdadera independencia, y si bien es verdad que sufre modificaciones, respecto del proceso común, debido al carácter extraordinario del juicio de amparo, estas alteraciones afectan únicamente el alcance o extensión de la cuestión debatida, pero no cambian la naturaleza de la relación procesal. 87. En cuanto a la suspensión de las resoluciones judiciales impugnadas en amparo de una sola instancia, ésta se distingue claramente de la medida cautelar en el juicio de amparo de doble grado, si se lOma en consideración que la primera se confía a los ntismos tribunales demandados (artículo 107 constitucional, fracción XI y artículos 170 y siguientes de la Ley de Amparo), en la inteligencia de que para su otorgamiento no se requiere de una secuela incidental contradictoria. sino que se resuelve de plano (articulos 171, 173 Y 174 de la Ley de Amparo, para las materias penal, civil y laboral, respectivamente),112

88. De manera que más que una medida cautelar, en el sentido estricto del concepto, la suspensión en el amparo directo tiene estrecha relación con la situación jurídica que se presenta respecto de las sentencias apelables, que pueden serlo en ambos efectos (devolutivo y suspensivo), lo que equivale al otorgamiento de la propia suspensión, y en un solo efecto (devolutivo), que se asemeja a una deterntinación que niega la medida suspensiva en el propio amparo de una sola instancia. 1l3 89. En resumen, el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, no obstante que en el fondo realiza la ntisma función casacionista, se tramita a través de un doble procedintiento, el primero, de doble instancia cuando se impugnan resoluciones judiciales que no tienen carácter de sentencias definitivas, y el segundo, de una sola instancia, cuando la propia impugnación se formula contra dichas sentencias. VI. EL LLAMADO AMPARO DE ESTRICTO DERECHO Y LA SUPLENCIA DE LA QUEJA

90. Ya hicimos breve referencia al calificado como "amparo de estricto derecho", regulado por el artículo 79 de la Ley de Amparo, estudiado en sus antecedentes y proyecciones por el distinguido constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez, pero contra lo que sostiene este tratadista, esta institución na se estableció debido a la influencia del recurso de casación,'l4 pues ya hemos expresado nuestra 112 Cfr., entre otros, Noriega Cantú, Alfonso, Lecciones de amparo, México. 1975. pp. 965·980. Cfr. los artículos 694-702 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 242 Y 251, del Código Federal de Procedimientos Civiles. 113


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convicción de que el fonnalismo no es consustancial a la propia casación, y en el caso del estricto derecho, surgió paulatinamente en los Códigos de Procedimientos Federales de 1897 y 1908, especialmente en este último, con el propósito de limitar el crecimiento explosivo del amparo contra resoluciones judiciales,lI5 hasta llegar al formalismo ex:remo en el citado precepto de la Ley de Amparo actualmente en vigor. 91. La jurisprudencia ha agravado todavía más la situación, en que se ha extendido, a nuestro modo de ver, indebidamente, el estricto derecho a la materia administrativa, no obstante que el citado articulo 79 se refiere sólo a la impugnación de las resoluciones judiciales de carácter civil, apoyándose dicha jurisprudencia en el criterio de que las materias que no están comprendidas por la llamada "suplencia de la queja", caen forzosamente en el estricto derecho. lló 92. En la práctica, por otra parte, los tribunales de amparo no aplican en forma rígida las disposiciones del mencionado articulo 79 de la Ley de Amparo, pero no por ello dejan de tener una orientación pasiva frente a las alegaciones de las partes, tomando en cuenta que cuando se trata de la impugnación de resoluciones civiles y administrativas, deben limitarse a los argumentos y a los elementos de convicción presentados por las partes, siguiendo una orientación todavía individualista, que está desapareciendo en las modernas concepciones del proceso, inclusive el civil. 117 93. Afortunadamente se ha introducido un elemento importante de modernización del juicio de amparo, a través de la mencionada institución calificada como "suplencia de la queja", que se ha expandido constantemente, si se toma en consideración que fue introducida en el texto originario del artículo 107, fracción n, de la Constitución de 1917, exclusivamente en materia penal y atribuida únicamente a la Suprema Corte de Justicia,lIs pero en 1951 se extendió a todos los 114 Consúhense los estudios y páginas mencionados en la nota 80 de este trabajo. liS Por lo que se refiere al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, cfr. Rojas, Isidro y García. Francisco Pascual, El amparo y sus refol7llas, cito supra nota 95, pp. 147~164; Y en relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, cfr. Sodi, Demetrio, Procedimientos Federales, cit. supra nota 53, pp. 319~424. 116 Sin embargo no existe un criterio de jurisprudencia expreso en el cual se afinne abiertamente esta modalidad, que se aplica constantemente, aun cuando sin una rigidez exagerada. 117 Entre la abundante bibliografía que se ha producido en los años recientes, destaca el magnífico estudio comparativo del distinguido procesalista italiano CappeUetti, Mauro, El proceso civil en el derecho comparado. Las gratules tendencias evolutivas, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1973, especialmente el capítulo destinado a la síntesis de los resultados de la investigación y las conclusiones, pp. 133-140. 118 En efecto, en el segundo párrafo del referido artículo 107, fracción JI. en su texto original, dispuso: "La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando se encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación". Para el alcance de esta disposición consúltese el estudio monográfico de Chávez Camacho. Annando, "La suplencia de la deficiencia de la queja", en lus, México, febrero de 1944. pp. 95 Y ss.

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tribunales federales y respecto a las controversias laborales, en beneficio del trabajador y tratándose de actos apoyados en disposiciones legales que la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte hubiese declarado inconstitucionales (artículos 107, fracción n, de la Constitución federal y 76 de la Ley de Amparo). "' 94. En las refonoas de 1963 y 1976 que introdujeron en la legislación de amparo varios privilegios procesales en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la refonoa agraria, que comprendieron por supuesto y en fonoa bastante amplia, la referida suplencia de la queja. 120 95. Finalmente, en el año de 1974 se amplió la suplencia de la queja en relación con los juicios de amparo solicitados por menores e incapacitados, también en fonna extensa. 121 96. La referida suplencia de la queja asume diversos matices en las materias en las cuales se ha introducido, ya que en los supuestos de los juicios de amparo solicitados por trabajadores, por los inculpados y por los afectados por leyes 119 La parte relativa de la fracción n del artículo 107 constitucional quedó redactada de la siguiente manera, con motivo de reforma publicada el19 de febrero de 1951: "[ .. ,] Podrá suplirse la deficiencia

de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo. cuando se encuentre que ha habido, en contra del agraviado, una violación manifiesta. de la ley que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal. además, cuando se le haya juzgado por UDa ley que no es exactamente aplicable al caso[ ... ]" qr. Castro. Juventino V .• lA suplencia de la queja tkficiente en el juicio th amparo, México, 1953; Serrano Robles. Arturo. La suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales. en el volumen colectivo Problemas Jurldicos th México. México. 1953. pp. 47-6l. 120 La refonna publicada el2 de noviembre de 1962. agregó un párrafo a la propia fracción n del articulo 107 constitucional. redactado en los siguientes términos: "[... 1En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tenga o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras. aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con 10 que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución y no procederán en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal[ ... ]" Esta disposición se incorporó al artículo 76 de la Ley de Amparo por Decreto publicado el 4 de febrero de 1963: y posteriormente. al establecerse un libro segundo dedicado al amparo en materia agraria. por Decreto publicado el 29 de junio de 1976. se incluyó la suplencia de la queja en el artículo 227 de la propia Ley de Amparo. en forma muy amplia. pues comprende '.ambién la suplencia de e1.:posiciones. comparecencias y alegatos, así como en los recursos interpuestos por los campesinos con motivo de los juicios de amparo respectivos. qr. Burgoa, Ignacio. El amparo en maJeda agrada. México. 1964, pp. 123-125; monografía incorporada al libro del mismo autor. El juicio th amparo. cit. supra nota 63, en el cual incluye la refonna de 1976, pp. 942-~; Noriega Canlú, Alfonso, Lecciones th amparo, México, 1975, pp. 721-725. 121 Por Decreto de 20 de mano de 1974 se adicionó nuevamente al referido artículo 107, fracción n, de la Constitución federal, con el siguiente párrafo: "Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución". disposición que fue incorporada al artículo 76 de la Ley de Amparo por diverso Decreto publicado el 29 de octubre del mismo año de 1974. Cfr. Burgoa Ignacio, Eljuicio de amparo. cit., en la nota anterior, pro 305-306.


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inconstitucionales de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales federales, ésta se limita a subsanar los errores, deficiencias y omisiones de los promoventes del amparo, en fonna potestativa,122 en tanto que tratándose de menores e incapacitados, la función del'juez del amparo es obligatoria para corregir tales deficiencias, pero además podrá aportar de oficio los medios de prueba que estime pertinentes (articulo 78, último párrafo de la Ley de Amparo). 97. Pero en el sector en el cual la suplencia es no sólo obligatoria, sino muy extensa, es en la materia agraria, en beneficio de los campesinos sujetos a la reforma agraria, ya que comprende no sólo la corrección de todos los errores en que hubiesen incurrido los poblados ejidales y comunales, así como los ejidatarios y comuneros, al interponer su demanda, sino también tratándose de cualquier actuación procesal, estableciéndose obligaciones muy amplias para el juez y las autoridades demandadas, por lo que se refiere a la presentación y desahogo de elementos de convicción. 123 98. Se consideró tan importante este sector del juicio de amparo introducido en 1963, para beneficiar desde el punto de vista procesal a los referidos campesinos, que en el año de 1976 se dividió la Ley de Amparo en dos libros, el primero sobre los demás aspectos de la institución, y el segundo referido de manera exclusiva a

la materia agraria ejidal y comunal, con numerosas disposiciones protectoras y tutelares de la parte débil en el proceso, ampliando todavía más el ámbito de la suplencia de la queja, al reiterarse el precepto que se habfa establecido en 1963,124 Y disponerse en el articulo 225 que el juez del amparo debe resolver sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos reclamados, tal como hubiesen sido probados. aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, si es en beneficio de los campesinos sujetos a la reforma agraria. l " 99. En resumen, según nuestro ordenamiento en vigor, existen dos grandes sectores en cuanto a las facultades del juez del amparo respecto a la actuación de las partes, es decir, a la intervención de los solicitantes del amparo, las autoridades

122 Cfr. Castro, Juventino V., lA suplencia de la queja deficiente en e/juicio de amparo, cit. supra nota 120, pp. 59-60. 123 Según lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 225 de la Ley de Amparo: "En los amparos en materia agraria. además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten. la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que se mencionan en el artículo 212 (es decir. a las poblaciones o campesinos sujetos al régimen de reforma agraria) ... " Burgoa, Ignacio. El juicio de amparo, cit. supra nota 63, pp. %2-963. 124 En efecto, en el cuarto párrafo del citado artículo 78 se estableció la siguiente disposición: "[ ... ] En los amparos en materia agraria, se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda". 125 Cfr. Burgoa. Ignacio, El juicio de amparo, dí. supra nota 63, pp. 954-955: Noriega Cantú, Alfonso. Lecciones de amparo, cit.. supra nota 121, p. 723.

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demandadas y los terceros interesados; ya que cuando el juicio de amparo se interpone contra actos o resoluciones de carácter civil o administrativo, el juez federal debe sujelarse estricrarnente a los términos de la demanda, pero con respecto a los trabajadores en materia laboral, al inculpado en un proceso penal o a los poblados campesinos tanto ejidales como comunales y sus integrantes, los tribunales de amparo, con algunos matices, están facultados o inclusive obligados a subsanar los errores y omisiones de estos sujetos procesales de acuerdo con la institución calificada como suplencia de la queja. 100. No se ha hecho una revisión integral del juicio de amparo en cuanto a las facultades del juez, no obstante las modificaciones sustanciales efectuadas en los años de 1951 y 1968, ya que se ha mantenido esta dualidad de estricto derecho frente a la suplencia de la queja, no obstante que constituye una superposición de orientaciones sobre la función del juzgador, que por supuesto, trasciende al sector del amparo contra resoluciones judiciales, puesto que por un lado, con el estricto derecho se mantiene la figuradeljuez pasivo, de acuerdo con una concepción de carácter individualista y liberal,'" en tanto que se han otorgado en ciertas materias y para la parte débil -trabajador, acusado, campesino- facultades de dirección procesal, más acordes con el concepto moderno del proceso. 127 101. Por tanto, es preciso tomar en consideración que las dos instituciones señaladas deben examinarse de acuerdo con el principio general del iuris novit curia, que ha resurgido en la actualidad, como una orientación esencial del proceso moderno, que se ha transformado paulatinamente, al menos en las materias civil y administrativa, de un sistema exageradamente dispositivo, que dejaba ala iniciativa de las partes, tanto el impulso como el contenido de la controversia, en un proceso en el cual se confiere aljuez la dirección del procedimiento, lo que implica también su facultad de corregir deficiencias de las partes, cuando las mismas pueden quedar sin defensa, particularmente si tienen una situación de debilidad, ya que la igualdad del contradictorio debe tener un carácter material y no simplemente formal. I28

126 Cfr. el agudo análisis del tratadista venezolano Rodríguez U., José,AutoriOOddeljuezy principio dispositivo. con un ex:tenso prólogo de Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto; Valencia. Venezuela. 1968; también puede consultarse sobre la evolución contemporánea del mismo principio. a la obra ya mencionada de Cappelletti, Mauro, El proceso civil en el derecho comparado, cit. supra nota 118. pp. 3-39. l27 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Introducción al estudio del derecho procesal social", en el libro colectivo Estudios procesales en memoria de Carlos Viada, Madrid, 1965, pp. 497·526. 128 Cfr. Fix·Zamudio, Héctor, Constitución y proceso civil en Latinoamirica. cit. supra nota 112. pp. 63-64.


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VII. NECESIDAD DE REFORMA

102. Hemos trazado un panorama forzosamente superficial de la situación actual del recurso de casación incorporado o subsumido en el juicio de amparo contra resoluciones judiciales en el derecho mexicano. 103. Resulta evidente, de acuerdo con este examen, que es preciso realizar modificaciones sustanciales a la institución a fin de que pueda adecuarse al proceso moderno, que como se ha expresado gráficamente por el tratadista italiano Mauro Cappelletti, se ha transformado en un fenómeno de masas. l29 104. Esta reforma debe orientarse en varias dlfecciones, la primera de las cuales se refiere a la modernización del recurso de casación civil, como se ha postulado por la doctrina contemporánea, particularmente la española,I3O por tratarse de un medio de impugnación exageradamente formalista, de acuerdo con su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, lo que no podía ser de otra manera debido a la orientación predominantemente individualista y liberal del citado ordenamiento. m 105. Los intentos que se han hecho por los procesalistas españoles y el anteproyecto de Bases para el Código Procesal Civil, elaborado por el Ministerio de Justicia en el año de 1966,132 para modernizar el recurso de casación en España, nos pueden servir de orientación para las modificaciones que requiere nuestro juicio de amparo contra resoluciones judiciales, particularmente en cuanto a sus motivos o causas y a las facultades del juzgador, tomando en cuenta que en estos aspectos, a través del Código distrital de 1884, la Ley de Amparo se inspiró inconscientemente en la mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, si bien, según se expresó con anterioridad, nos hemos apoyado en el modelo francés por lo que se refiere al reenvío. 106. Uno de los aspectos en los cuales se requiere un nuevo examen del recurso de casación en general. con independencia de sus diversos modelos, es el relativo al principio de la separación absoluta de las cuestiones fácticas y las jurídicas,!l3 dejando la apreciación de las primeras al juez de la causa, y exclusivamente las últimas al tribunal de casación, ya que se ha puesto de relieve por la doctrina, que

129 "El proceso como fenómeno social de masa", en su libro Proceso, ideologías, sociedad, trad. de Santiago Sentís Melendo y Tomas A. Banzhaf, Buenos Aires, 1974, pp. 131-138. 130 Véanse los autores y obras mencionadas en la nota 72 de este trabajo. 131 Cfr. Alcalá·Zamora y Castillo, Niceto, "La refonna del enjuiciamiento civil español y el mundo procesal hispanoamericano", en su libro Estudios procesales, Madrid, 1975, pp. 204·220. 132 Cfr. Fairén Guillén, Víctor, Sugerencias sobre el "Anleproyeclo de Bases para el C6digo Procesal Civil de 1966", Valencia, España, 1966, pp. 230-240, base 86. 133 Con exclusión de la casación soviética, que siguen la mayoría de los ordenanúentos socialistas, y en la cual no se hace esta distinción. V éanse autores y obras citados en la nota 32 de este trabajo.

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esta separación no puede mantenerse en fonna radical, por la imposibilidad de distinguir de manera precisa dichos aspectos en la realidad.'34 107. Además de la modernización de los principios tradicionales del recurso de casación que se está operando en nuestra época, debemos efectuar otras modificaciones especificas en cuanto a la regulación del amparo contra resoluciones judiciales en el ordenamiento mexicano, debido a matices peculiares de nuestra institución. 108. Sintéticamente señalaremos los aspectos en los cuales es preciso realizar reformas sustanciales a la regulación del juicio de amparo contra resoluciones judiciales en materia civil, de acuerdo con el tema que pretendemos abordar en este trabajo. 109. En primer lugar, resulta necesario suprimir radicalmente el principio del amparo de estricto derecho regulado por el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el mismo responde a una orientación individualista y liberal del proceso, que resulta totalmente superada en nuestra época, en la cual, como se expresó anteriormente, ya no resulta justificado que el juez desempeñe un papel pasivo, abandonando a las partes la iniciativa procesal, sino que debe asumir su función de director del proceso, la cual requiere que el propio juzgador pueda orientar el procedimiento, subsanando los errores y omisiones de las partes que afecten sus defensas, incluyendo también la posibilidad de aportar los elementos de convicción que estime necesarios, con objeto de lograr la verdadera igualdad de las partes y la obtención, hasta donde sea posible, de la verdad legal sobre la puramente formal.'" 110. En materia civil ya se inició una modemización parcial, con la llamada suplencia de la queja respecto de menores e incapacitados, introducida en el año de 1974, y que no sólo comprende la corrección de errores y omisiones de la demanda, sino también en materia probatoria, como 10 dispone expresamente el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, adicionado en esa época, en los siguientes términos: "En los amparos en que se controviertan derechos de menores o incapaces, el tribunal que conozca del juicio, podrá aportar de oficio, las pruebas que estime pertinentes"."" 111. Pero esta última refonna tiene un alcance muy limitado, y por ello, el principio de iuris novit curia debe extenderse a todo el sector del juicio de amparo contra resoluciones judiciales en materia civil, y para ello sena necesario, como primer paso, derogar el anacrónico artículo 79 de la Ley de Amparo.'" 134 Cfr. entre otros, Guasp, Jaime. Derecho procesal civil, 3a. ed., Madrid, 1977. tomo

n, pp.

806-807. Fairén Guillén. Víctor. lA doctrina legal y el conlrol th los heCMS en la casación civil espaíiola, cit. supra, nota 122, pp. 1025-1138. I3S Cfr. para un examen reciente del amparo-casaci6n. el estudio cuidadoso de Castro, Juventino V"' Hacia el amparo evolucionado, 2-. ed .. México. 1977. pp. 65-89136 Cfr. Burgoa.lgnacio, Eljuicio eh amparo, cito supra nota 63. pp. 305-306. 137 De acuerdo con la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia


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112. Otra modificación importante es la relativa a la unificación del procedimiento tratándose de la impugnación de resoluciones judiciales a través del amparo. pues ya hemos mencionado en el inciso V de este trabajo. que la Ley de Amparo en vigor. de acuerdo con lo establecido por las fracciones V. VI y VII del artículo 107 constitucional. establece un procedimiento diverso si la impugnación se efectúa respecto de resoluciones judiciales que tienen efectos de imposible reparación; que son pronunciadas en el procedimiento de ejecución. o afectan a terceros extraños al juicio (fracciones III. IV Y V del artículo 114 de la Ley de Amparo). o en relación con sentencias definitivas. de tal manera que en el primer supuesto. el procedimiento es de doble grado y en el segundo. de una sola instancia. 138 113. Esta división es artificial y no se justifica. pues tanto en el supuesto de la impugnación de las sentencias definitivas como de otras resoluciones judiciales. se configura un recurso de casación. como se ha demostrado. no obstante lo

cual se dan a la misma institución dos soluciones diversas. sin que exista un motivo sut1ciente para ello.

114. Ya habíamos expresado que el procedimiento de doble instancia en el juicio de amparo está orientado a la tramitación de un proceso impugnativo. pero que el de una sola instancia se configura sólo un recurso. 13' 115. Tal vez el motivo -
to presunto carece de solidez, si se toma en cuenta que si bien el recurso de casación se interpone en principio contra sentencias definitivas de segunda instancia con excepción de los casos de la casación per sa/tum. admitida por algunas legislaciones. también procede de manera limitada respecto de otras resoluciones judiciales que tengan efectos definitivos en el proceso o bien que establezcan situaciones jurfdicas que no pueden examinarse en el fallo de fondo. o se dicten en el procedimiento de ejecución del mismo.'40 de amparo debe limitarse estrictamente al examen de los llamados "conceptos de violación", los que deben atacar los fundamentos del fallo reclamado, en virtud de que el juez de amparo no puede corregir las deficiencias de dichos conceptos. ya que esto equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, lo que no está admitido en materia civiL salvo los supuestos de los juicios de amparo promovidos por menores o incapacitados. Pueden consultarse al respecto las tesis de jurisprudencia números 121 y 122. páginas 357 y 360. del volumen relativo a la Tercera Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1975. 138 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. "Breve introducción al juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional, México, 1977, pp. 160-170. 139 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Reflexiones sobre Ja lIaturaleza procesal del amparo, cit. supra nota 5, pp. 980-999. 140 Un antecedente puede descubrirse en el artículo 52 del Código Federal de Procedimientos Civiles

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116. La unificación del procedimiento tratándose del amparo contra resoluciones judiciales incluyendo la sentencia definitiva, en el amparo de una sola instancia, no es aconst
1897, en el cual el recurso de casación procedía no sólo contra la sentencia dictada en última instancia del juicio. y que causara ejecutoria. sino también contra las siguientes resoluciones: "1. Las que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. n. Las que se dicten sobre aprobación de cuentas de administración. aunque no tengan el carácter de sentencias. en los términos de la ley; m. Las que se dicten en las providencias de jurisdicción voluntaria, que sean irrevocables y no dejen abierta contención sobre la providencia solicitada; IV. Las que se dicten para la ejecución de sentencia. pero sólo cuando impliquen exceso o defecto de lo ejecutoriado; V. Las que manden ejecutar una sentencia de tribunal extranjero en contravención a las disposiciones de este Código". En cierta manera coincide este precepto con el artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española en cuanto dispone que: "Tendrán el concepto de di!:finitivas para los efectos del artículo anterior (procedencia del recurso de casación). además de las sentencias que terminan el juicio: 10 las que, recayendo sobre un incidente o artículo. pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, y las que resuelven los incidentes sobre la aprobación de cuentas de los administradores abintestatos. testamentarios de los síndicos de los concursos, en el caso del artículo 1,245. 2 Las que declaren haber o no lugar a oír a un litigante que haya sido condenado en rebeldía. 3° Las que pongan término al juicio de alimentos provisionales; 4° Las que tr'rrninen los juicios de deshaucio. Las pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria. en los casos establecidos por la ley". Por lo que se refiere al precepto español. Miguel y Romero. Mauro, y Miguel y Alonso. Carlos, Derecho procesal prdctico. lla. ed., Barcelona, 1967, pp. 489-490. 141 Cfr. Alcalá':Zamora y Castillo, Niceto. "El antagonismo juzgador partes: situaciones intennedias y dUdosas", en su libro Estudios de teor{a general e historia del proceso", dt. supra nota 35. tomo l, pp. 248-278. 0


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constitucional. en cuanto al derecho o garantía de audiencia. es decir. por infracción al principio del debido proceso legal.!" la impugnación de resoluciones judiciales. incluyendo la sentencia de fondo. debe dar lugar a un solo procedimiento. es decir. el de única instancia. por configurar un recurso y no un proceso autónomo. como lo puso de relieve el ilustre Emilio Rabasa. opinión aceptada por el Constituyente de Querétaro. el cual no llevó este principio a todas sus consecuencias.!" 119. Una reforma como la propuesta ya se ha efectuado en la legislación de amparo. si se recuerda que según la Ley de Amparo de 1919. la impugnación de los llamados laudos (en realidad. sentencias) de las juntas de conciliación y arbitraje. como tribunales laborales. se realizaba en amparo de doble instancia. por considerarse como actos formalmente administrativos.!44 lo que se corrigió al expedirse la Ley de Amparo en vigor. promulgada el 30 de diciembre de 1935. en la cual se introdujo el amparo de una sola instancia contra dichas resoluciones de fondo, asimiladas a las sentencias judiciales definitivas;145 y lo mismo ocurrió respecto de las sentencias de los tribunales administrativos. específicamente del Tribunal Fiscal de la Federación establecido en la Ley de Justicia Fiscal de 1936. que se estimaron como actos administrativos comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción TI del artículo 114 de la Ley de Amparo.!46 pero esta situación fue

142 Sobre el derecho o garantía de audiencia, cfr. Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, lOa. ed., México, 1977, pp. 540-580; Castro, Juventino V., Lecciones de garantías y amparo, cito supra nota 71. pp. 217·228. 143 El artIculo 14, cit. supra nota 82, pp. 95-102. 144 Cfr. artículo 70 de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919. que a su vez se remite a la fracción IX del artículo 107 constitucional en su texto primitivo, que actualmente corresponde a la fracción VII del mismo precepto fundamental. 145 En la parte relativa de la exposición de motivos del proyecto enviado por el presidente de la República don Lázaro Cárdenas al Congreso de la Unión y que sirvió de fundamento a la Ley de Amparo vigente, se sostuvo: "[...1 Mucho más podría decirse para justificar, confonne a una interpretación revolucionaria del artículo 107 de la ConstituciÓn de 1917, la adopción del sistema de amparo directo en materia de trabajo. pero todos los argumentos que pudieran aducirse no añadirán nada seguramente a la honda convicción que en este sentido han llegado a adquirir, por la fuerza misma del ambiente en que vivimos desde la etapa inicial de la revolución, los miembros del Poder Legislativo, y baste decir que, según lo expuesto entre el doble aspecto de autoridades administrativas y judiciales que puede distinguirse en las juntas de conciliación arbitraje, domina fuertemente este último, ya que el primero se debe sólo a su composición y el segundo a un fenómeno fundamental, (le mucha mayor entidad, constituido por su función misma. Y si sus sentencias son defmitivas, y si de este modo lo ha reconocido lajurisprudencia de la Corte, no sólo al resolver las competencias antes aludidas, sino también al haberles reconocido desde hace muchos años jurisdicción para resolver e imperio para ejecutar sus laudos. es evidente que la fracción IX del artículo 107 constitucional (ahora fracción VII) no reza con los amparos que se promueven contra sus actos[...]" 146 En efecto, el primer párrafo de la fracción 11 del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, en su texto original, establecía que el amparo se pediría ante el juez de dismto: "Contra actos de autoridades distintas de las judiciales o de las juntas de conciliación y arbitraje", en tanto que el mismo precepto en su texto vigente, reformado en 1968, establece la competencia del propk juez de distrito para conocer de los juicios de amparo solicitados: "Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo{... 1".

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superada por las refonnas a la misma Ley de Amparo que entraron en vigor en 1968, que modificaron la fracción V, inciso B) del artículo 107 constitucional y los artículos 158 y 159 del referido ordenamiento, para asimilar dichos fallos administrativos a las senlencias judiciales,'" por lo que a partir de entonces, la impugnación de las sentencias pronunciadas por tribunales administrativos debe efectuarse a través del procedimiento de una sola instancia,'" 120. En tal virtud, se advierte en el ordenamiento mexicano una tendencia bacia la unificación el procedimiento de una sola instancia, respecto de la impugnación de las resoluciones judiciales a través del juicio de amparo, tendencia que debe culminar con la supresión de la vía de la doble instancia en esta materia, para evitar

los graves inconvenientes que señalamos anterionnente. VIII. CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriormente podemos llegar a las siguientes conclusiones: 121. Primera. En apariencia, el recurso de casación ba desaparecido en el ordenamiento mexicano, al baberse suprimido el medio de impugnación existente en los códigos procesales de las entidades federativas, por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Fuero Común del distrito y Territorios Federales de 1919 e implícitamente según el artículo 30 de la Ley de Amparo del mismo año. 122. Segunda. No obstante lo anterior, el propio recurso de casación se incorporó al juicio de amparo, que babía venido funcionando también como casación con anterioridad, al regularse expresamente en el artículo 107 de la Constitución vigente de 1917, en el cual inclusive se introdujo el procedimiento de una sola instancia rospecto de la impugnación de las sentencias definitivas. 123. Tercera. Se ban controvertido las semejanzas y las diferencias entre el propio recurso de casación y el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, pero se trata de una discusión mal planteada, ya que no se puede confundir la institución procesal apreciada en sus elementos esenciales, con uno de sus modelos

147 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "Algunas consideraciones respecto a las refonnas constitucionales al Poder Judicial Federal", en Boletfn tkl InstituiD di! Derecho Comparado tk México, núm. 55. enero-abril de 1966. pp. 40-63. 148 En la parte relativa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que sirvió de base para las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en octubre de 1968. se sostuvo: "[... ] Si en los ténninos de la fracción m del artículo 107 en vigor. las reglas. sobre procedencia,del amparo en materia judicial se aplican a la del trabajo, 16gicamente debe quedar también sujeto a esas reglas al amparo contra tribunales administrativos, ya que los procedimientos que éstos instruyen. al igual que los seguidos ante los tribunales del trabajo. lo son en fonna de juicio. De ahí la relonna que se propone a la mencionada fracci6n m, para que las mismas nonnas de procedencia rijan el amparo contra tribunales judiciales, administrativos y del trabajo; y la fracci6n N seguirá regulando el amparo en materia administrativa contra resoluciones no dictadas por tribunales[... ]"

LA CASACIÓN CIVIL A 1RAvÉS DEL AMPARO

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específicos, el español, que fue el que imperó en los códigos procesales civiles de la entidades federativas, inspirados en el Código distrital de 1884, que a su vez recibió la influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. 124. Cuarta. Si comparamos el sector del amparo contra resoluciones judiciales, con los elementos fundamentales del recurso de casación, es preciso llegar a la conclusión de que poseen características similares, ya que ambos son recursos extraordinarios de nulidad, que tienen por objeto el examen de la legalidad de la actividad del juez, ya sea en el procedimiento o en la sentencia de fondo, tanto en beneficio de los justiciables afectados como de la unidad del derecho objetivo. Las diferencias de los diversos modelos se refieren a las facultades del tribunal de casación en cuanto a la sentencia de fondo, estableciendo o evitando el reenvío. 125. Quinta. Así, mientra> en el modelo español, que es el que han seguido casi todos los códigos procesales civiles latinoamericanos, y también los mexicanos con anterioridad a la Constitución vigente de 1917, el tribunal de casación no se limita a anular el fallo impugnado sino que también dicta la sentencia de fondo: en el modelo ftancés, que es el seguido por la legislación de amparo en este aspecto, el juez del amparo se limita a anular la sentencia combatida y reenvía el asunto al mismo juez de la causa para que dicte un nuevo fallo de acuerdo con los lineamientos de la sentencia de amparo. 126. Sexta. De acuerdo con la legislación de amparo mexicana, la impugnación de las resoluciones judiciales se tramita a través de dos procedimientos, uno de ellos, de una sola instancia, que se utiliza para la impugnación de las sentencias definitivas, en tanto que el procedimiento de doble grado está dirigido a la impugnación de las resoluciones judiciales que carezcan de la naturaleza de los fallos de fondo. 127. Séptima. También en el ordenamiento mexicano existen dos instituciones contrapuestas calificadas como "estricto derecho" y "suplencia de la queja", la primera en relación con la impugnación de las resoluciones judiciales en materia civil-que la jurisprudencia ha extendido a los actos y resoluciones administrativos- según la cual el juez federal debe limitarse estrictamente a los términos de la demanda, sin poder corregir ni ampliar nada en ella; y la segunda en relación con las controversias laborales, y penales, sólo en beneficio de trabajadores e inculpados; las que afecten a menores e incapacitados, a los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria, o a los justiciables que reclamen actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales; respecto de todos los cuales, el juez del amparo está facultado y en ciertos casos, obligado, a corregir los errores y suplir las deficiencias de los sujetos procesales mencionados, incluyendo también, en algunos supuestos, la aportación de los elementos de convicción que el propio juzgador considere necesarios. 128. Octava. La situación actual del amparo contra resoluciones judiciales, calificado también como amparo-casación, reqniere de reformas sustanciales,

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sobre la regulación de la casación en general, pero que también deben abarcar la situación especffica del citado sector del juicio de amparo mexicano, todo ello con ohjeto de modernizar la institución y adaptarla a las necesidades del proceso civil moderno. 129. Novena. En esta virtud, resulta indispensable suprimir definitivamente y en foana radical, la figura del llamado "amparo de estricto derecho", la que obedece a una concepción individualista y liberal de las instituciones procesales, actualmente superada, ya que debe restablecerse el viejo principio iuris novit curia, de manera que el juez del amparo se transforme de un sujeto procesal pasivo, atado a la iniciativa de las partes, en el verdadero director del proceso, lo que implica la facultad de corregir los errores y omisiones de los justificables, cuando afecten sus defensas procesales, incluyendo la posibilidad de aportar los elementos de convicción que considere necesarios para la obtención de la verdad material y no la de carácter puramente foanal que le quieren presentar las partes. 130. Décima. Una segunda reforma importante es la unificación del procedimiento tratándose del amparo contra resoluciones judiciales, ya sea que se trate de sentencias definitivas o de otras resoluciones judiciales, las que sólo deberían impugnarse en el amparo de una sola instancia, ya que en todos los casos se trata de un recurso y no de un proceso impugnativo autónomo, además de que el procedimiento de doble instancia existente actualmente propicia situaciones inconvenientes, al transformar al juez de la causa en parte demandada dentro del juicio de amparo, con facultades para contestar la demanda, presentar pruebas, alegar e interponer recursos, todo lo cual afecta su carácter imparcial.

EL DERECHO DE AMPARO EN MÉXICO Y EN ESPAÑA. SU INFLUENCIA RECíPROCA I. Introducción

. . . . . . . . . . . . "

n. Antecedentes hispánicos del juicio de amparo mexicano lll. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Evolución y lineamientos actuales . . . . . . El juicio de amparo en Latinoamérica . . . . . Influencia mexicana en el recurso de amparo español El amparo en la Constitución republicana de 1931 El amparo sindical en el régimen franquista El recurso de amparo en la Constitución española de 1978 Bases generales de una posible legislación reglamentaria Conclusiones . . . . . . . . . . . . . .

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EL DERECHO DE AMPARO EN MÉXICO Y EN ESPAÑA SU INFLUENCIA RECÍPROCA SUMARIO: 1. Introducci6n. 11. Antecedentes hispánicos del juicio de amparo mexicano. 1lI. Evoluci6n y lineamientos actuales. IV. El juicio de amparo en Latinoamérica. V. Influencia mexicana en el recurso de amparo español. VI. El amparo en la Constitución republicana de 1931. VII. El amparo sindical en el régirnenfra/lquista. VIII. El recurso de amparo en la Constitución española de 1978. IX. Bases generales de una posible legislación reglamentaria. X. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

1. Tomando en consideración que el artículo 53 de la Constitución española. aprobada por las Cortes el 26 de octubre de 1978. ha establecido. o más bien restablecido. el llamado recurso de amparo para la tutela de las libertades y derechos fundamentales reconocidos por la misma ConstituCión,' ha renacido el interés tanto de los tratadistas españoles como de los mexicanos. y en general de los latinoamericanos. en el análisis del juicio de amparo mexicano. que sin duda alguna ha influido de manera predominante en la introducción del propio amparo en la Constitución republicana de 1931 y ahora en la reciente Ley fundamental de 1 El referido artículo 53. 2 se refiere expres.amente a las libertades. y derechos re~onocidos en el articulo 14 y en la sección 1- del capítulo segundo de la propia Constitución, el primero (~e los cuales se refiere a la igualdad de los españoles ante la ley. y la referida secci6n 1- contiene una amplia declaración de derechos y libertades fundamentales que sería difícil enumerar, pero podemos citar como los principales: el derecho a la vida y a la integtidad física y moral (artículo 15); libertad ideol6gica, religiosa o de culto (articulo 16); derecho a la libertad y seguridad (articulo 17); el derecho al honor. a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18); libertad de residencia y de circulación (articulo 19); derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos. ideas y opiniones (artículo 20); el derecho de reunión (artículo 21); el derecho de asociación (artículo 22); el derecho de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos (artículo 23); el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (artículo 24); derecho a no ser sandonado o condenado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa (artículo 25); prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales (artículo 26); derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (artículo 27); derecho a la sindicación libre (artículo 28); derecho de los españoles a la petición individual y colectiva (artículo 29).

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1978, Y por otra parte, la doctrina mexicana ha reconocido, a su vez, el ascendiente de la tradición hispánica en el nacimiento y en la evoluciÓn del juicio de amparo en nuestro país.' 2. Debido a lo anterior, este breve informe tiene por objeto resaltar el influjo recíproco del derecho de amparo en México y en España, utilizando la experiencia, especialmente del primero, para la futura regulación de esta instituciÓn en la legislación española que debe dictarse con motivo de la próxima entrada en vigor de la referida Constitución democrática, aprobada, según se ha dicho, por las Cortes españolas el 26 de octubre de 1978, y refrendado por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. 3. Además, no debe olvidarse que el juicio de amparo mexicano ha ejercido vigorosa atracción sobre otras legislaciones latinoamericanas que también bao introducido el derecho de amparo en sus respectivos ordenamientos constitucionales, ya sea con esta denominación u otra similar,' y que al desarrollo de la institución, a menudo difícil en muchos· de los países de este continente, ha permitido la introducción de aspectos peculiares que constituyen innovaciones en relación con el modelo mexicano; por lo que, apreciados en su conjunto, todos los referidos ordenamientos latinoamericanos, incluyendo el nuestro, permiten deducir principios comunes que nos autorizan a hablar de un "derecho de amparo latinoamericano".4 4. En consecuencia, consideramos que es frucúfero el análisis comparativo del derecho de amparo, más que centenario en la legislación mexicana, en relación con la instituciÓn española, ya que esta última tuvo escasas posibilidades de aplicación durante la vigencia de la carta republicana de 1931, debido a la guerra civil y los cuarenta años de gobierno autoritario, y es precisamente con motivo de su restablecimiento en la Constitución de 1978 cuando el amparo tiene la posibilidad de desarrollarse ampliamente y ser utilizado como instrumento eficaz para la tutela

2 Entre los tratadistas mexicanos que se han ocupado en fonna amplia respecto de la influencia del derecho español en el amparo mexicano. merecen citarse Noriega Canlú. Alfonso, "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio de amparo", en la revista lus. núm. 50, México.

septiembre de 1942. pp. 151-174; Esquivel Obregón, Toribio. La Consli1Ución de Nueva EspaiúJ y la primera Constiluci6n de Mlxico independiente. México. 1925; Barragán Barragán, José. E/juicio de amparo mexicano y el recurso de conlrafuero, Valencia, España, 1976; (d.: El juicio de responsabilidad en la ConstilucMn de 1824 (Anteceden/e inmediato del amparo), México, 1978; (d,: "Los reales amparos", en el volumen del propio autor Temas del liberalismo gaditano. México. 1978, pp, 167-203. YLira González. An~s, El amparo colonial y el juicio de amparo maicano, México, 1972. 3 Nos referimos. por una parte, al mandado de segurCUlfO brasileño, que algunos autores han traducido al español como "mandamiento de amparo", y por la otra. al habeas corpus peruano, el cual ha sido objeto de una reciente ley expedida el 24 de octubre de 1968. que ha sido calificada como "ley de amparo" por la doctrina, 4 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "El juicio de amparo en Latinoamérica", en Memoria de El Colegio Nacional correspondiente al año de 1977, México, 1978, pp. 136-138.

EL AMPARO EN MÉXICO Y EN ESPAÑA

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de las libertades y derechos fundamentales consagrados en forma muy extensa en dicha ley fundamental.

!l.

ANTECEDENTES HISPÁNICOS DEL mlclo DE AMPARO MEXICANO

5. La doctrina mexicana ha puesto de relieve que nuestro juicio de amparo tuvo su génesis en un conjunto de factores nacionales de carácter político-social, pero que además sufrió la influencia de varias instituciones jurídicas externas. entre las cuales se encuentra la tradición hispánica, la que penetró profundamente en dicho espíritu nacional, si bien no en la forma tan aparente como otros influjos provenientes de los ordenamientos angloamericanos, particularmente de la Constitución Federal de los Estados U nidos de 1787 y de algunos elementos del ordenamiento constitucional francés' 6. Es bien sabido que los distingnidos juristas mexicanos que contribuyeron al nacimiento de nuestra institución, es decir, Manuel Crescencio Rejón, quien participó decisivamente en la elaboración de la Constitución del estado de Yucatán, expedida en 1841;' Mariano Otero, autor del llamado "voto particular", que fue el origen del documento constitucional denominado "Acta de Reformas" (a la Constitución Federal de 1824), promulgado en 1847,' y finalmente, los constituyentes de 1856-1857, entre ellos especialmente Ponciano Aniaga, quienes intervinieron en la expedición de la carta federal de 5 de febrero de 1857, 8 fueron influidos por la revisión judicial de la constitucionalidad de .las leyes del sistema constitucional de los Estados Unidos, tal como fue divulgada por la obra clásica de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, misma que fue invocada expresamente portodos ellos. 9

5 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Breve introducción aljuicio de amparo". en Memoria de EL ColegiQ Nacional. correspondiente a 1976. México, 1977, pp. 144-146. 6 Cfr. el volumen publicado por la Suprema Corte de Justicia, Homenaje a don Manuel Crescenci o Rej6n. México. 1960. pp. 63-66. 7 Sobre los escritos jurídicos y políticos de Mariano Otero, véase Reyes Heroles. Jesús, "Estudio preliminar", en el volumen Mariano Otero. Obras, tomo I. pp. 74-82 Y 349-383. El artículo 25 del Acta de Refonnas de 1847 dispuso: Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare". g Cfr. Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Consritu.wnte (1856-1857). México, 1956, pp. 230-268. 9 La primera edición en francés de esta obra fue publicada en París por Charles Gosslein en 1835 y al año siguiente fue traducida al español por D. A. Sánchez de Bustamante. traducción tambif-n aparecida en París, en el año de 1836, mismo año en que la obra fue conocida en México. y de la cual se efectuó una reimpresión por la Imprenta de Ignacio Cumplido, México. 1855. dos volúmenes. mismo año en el cual se publicó la convocatoria para el Congreso Constituyente.

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7. También debe señalarse el influjo del derecho francés en cuanto a la elaboración de las declaraciones de derechos humanos en nuestras Constituciones del siglo XIX, especialmente en la Federación de 1857, que en principio debían constituir el contenido tutelar del juicio de amparo en su configuración original, de acuerdo con lo establecido por la última carta federal mencionada,lo y con posterioridad también se tomaron elementos de la legislación francesa, si bien no de

manera consciente, en cuanto a la conformación del llamado "amparo judicial", es decir, el promovido contra sentencias judiciales por la aplicación de disposiciones legales ordinarias, ya que resulta evidente, al menos en cuanlO al sistema de reenvío, que dicho sector de nuestro juicio de amparo se inspiró en la casación francesa, 11 aun cuando también debe hacerse la aclaración que se tomaron aspectos de la casación española, la que se había introducido paralelamente al amparo, en los códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas, inspirados en el Distrito Federa!. 12 8. Por lo que se refiere a la influencia española, no resulta tan ostensible como las de origen angloamericano y francés, pero al mismo tiempo es más penetrante, si se toma en cuenta la huella imborrable de tres siglos de dominación política y cultural hispánicas, en el territorio que por su afinidad con la metrópoli llevó el nombre significativo de Nueva España, y por ello fue que la implantación de una institución angloamericana, como la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, en un suelo abonado con la tradición romano-canónica, estadounidense que se pretendió imitar. i3 9. Esta influencia española sobre el juicio de amparo se ha señalado en varios sentidos, ya que, por una parte, el notable jurista e historiador Toribio Esquivel Obregón hizo referencia a la posibilidad de impugnar ante las audiencias (de México y Guadalajara) los actos de gobierno del virrey, asíl4 corno también respecto del llamado "recurso de fuerza", para detenninar la competencia entre los asuntos civiles y los eclesiásticos pertenecientes a diversas jurisdicciones. l'

10 Cfr. Rabasa, Emilio, El juicio constitucional. 2a. ed., conjuntamente con El articulo 14. del mismo autor, México 1955, pp. 230-268. 11 Por este motivo, ya desde el siglo anterior. la doctrina señaló la similitud del amparo con el recurso de casación francés. como lo demuestra el estudio de Vega, Fernando, "El juicio de amparo y el recurso de casación francés", en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México. julio-septiembre de 1946. pp. 231-248; publicado originalmente en la Revista de Legislación y JurisprudefICia, tomo 1, México, 1889, pp. 69 Yss. 12 Cfr. Rodríguez, Agustín, "Casación civil", en Anuario Jurldico, 2, México, 1975, pp. 479-515. 13 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Breve inlroducción aljuício de amparo mexicano, cit., supra nota 5. pp. 151-152. 14 La Constitución de la Nueva España y la primera Constitución del México independiente, cit., supra nota 2. pp. 34-37. 15 Cfr. Esquivel. Toribio, Apuntes para la historia del derecho en Mlxico, México, tomo 11. 1938, pp. 348-352.


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lO. En otra dirección. el jurista y también historiador mexicano José Barragán Barragán encuentra estrechas vinculaciones entre nuestro juicio de amparo y el juicio· de residencia de los altos funcionarios en la época colonial. transformado a

partir de la Constitución Federal de 1824, en juicio de responsabilidad;!6 en tanto que el propio Barragán y particularmente el profesor Andrés Lira González analizan minuciosamente la trascendencia del llamado "amparo colonial" en el juicio de amparo mexicano actual,l7 pero sin que olvidemos que esta institución

colonial fue también estudiada, en relación con su aplicación en el antiguo virreinato de Nueva Granada, por el destacado historiador español José María Ots Capdequí con el nombre de "reales amparos".!8 11. Un análisis muy agudo de la influencia del derecho hispánico en la génesis y evolución del juicio de amparo mexicano fue realizado por el distinguido jurista mexicano Alfonso Noriega Can tú, quien hizo hincapié en el centralismo judicial

de la época colonial que condujo a la centralización de todos los procesos judiciales a través del juicio de amparo ante los tribunales federales y en especial en la Suprema Corte de Justicia, la que de esta manera sustituyó tanto a las Audiencias de la Nueva España como al Consejo de Indias, como la última instancia de todos los asuntos judiciales del país.!9 12. Un sector importante de los tratadistas mexicanos están de acuerdo en sostener que un antecedente indirecto, pero de una gran tradición literaria, lo conformaron los procesos forales aragoneses, que no tuvieron aplicación en América, tanto por su decadencia provocada por Felipe II en su lucha, muy desigual para los aragoneses, contra el último Justicia don Juan Lanuza, que terminó trágicamente en el año de 1591,'° como por la circunstancia de que el derecho supletorio de la legislación de Indias estaba constituido por el ordenamiento de Castilla. 2! 13. Sobre el influjo de los procesos forales aragoneses en el juicio de amparo mexicano, y en general respecto del derecho de amparo de varios países latinoa-

16 El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824. cit., supra nota 2, pp. 144-182. 17 Cfr, Lira González, Andrés, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, y Barragán Barragán, José, Los reales amparos, ambos citados supra nota 2, pp. 7-69 Y 167-203. respectivamente 18 Espaiia en Amirica. El régimen de tierras en la época colonial, México, 1959, pp. 38 Y ss. 19 "Origen nacional y antecedentes hispánicos del juicio de amparo", dt. supra nota 2, pp. 151-174 20 Faitén Guillén, Víctor, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, México, 1971. p. 28, Y Marañón, Gregorio, Antonio Pére'l (El hombre. el drama y la época), tomo 11. Buenos Aires, 1947, pp. 152 Y ss. 21 El tratadista estadounidense Phanor J. Eder: "Habeas Corpus Disemboided. The LatinAmerican Experience ", en el volumen colectivo XXth. Century Comparative and Conflicls Lal\'. Legal Ensays in Honor of Hes,~el E. Interna, Leyden, 1961, p. 464, afinnó certeramente que el derecho indiano se estructuró esencialmente sobre el modelo del derecho de CastillOi y por este motivo los procesos formales aragoneses no trascendieron a las Leyes de Indias. Por otra parte, es bien sabido que en la ley II del título primero del libro segundo de la Recopilación de las leyes de los Reinos de las Indias, FA. Madrid, 1841, lomo 1, p. 145, se estableció que deberían guardarse las Leyes de Castilla en lo que no estuviera decidido por las de las Indias.

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mericanos, son decisivos los profundos estudios del notable procesalista e historiador español Víctor Fairén Guillén." 14. Por nuestra parte. hemos expresado en trabajos anteriores23 que la influencia

del derecho español sobre nuestro juicio de amparo se adviene en tres sentidos: 15. a) El nombre mismo de la institución, calificada acenadamente por el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ranúrez como "castizo, evocador y legendario",24 tiene su origen en forma indudable en el derecho español y se vincula emotivamente con los citados procesos aragoneses, pero también se apoya en algunas acepciones del derecho castellano" y por eso no es extraño que varios ordenamientos latinoamericanos que han introducido una institución similar le hubiesen dado el mismo nombre." 16. b) La influencia centralista del derecho colonial, que determinó la concentración de los asuntos judiciales en las audiencias, y en última instancia en el Consejo de Indias, determinó en forma sustancial, como es bien sabido, que en vinud de una interpretación desorbitada del anículo 14 de la Constitución Federal de 1857 se impusiera el criterio jurisprudencial de la procedencia del juicio de amparo contra todas las sentencias judiciales pronunciadas por los tribunales del país, tanto locales como federales, en vinud de la aplicación incorrecta O indebida en opinión de los afectados -se utilizaba la frase "inexacta aplicación" -," de las leyes ordinarias respectivas, lo que dio lugar a una evolución -que algunos autores como el ilustre Emilio Rabasa calificaron de "corrupción" o "degeneración"28-, que transformó nuestra institución, en este aspecto, en el último grado procesal de todos los asuntos judiciales del pafs. 17. c) También debe tomarse en cuenta el influjo de la casación española, que, según el modelo establecido por las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881, 22 Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, cito supra nota 20, pp. 77-105; (d.: "El proceso aragonés de Manifestación y el británico de Habeas Corpus", en su obra Temas del ordenamiento procesal, tomo l. Madrid, 1969. pp. 131-170. 23 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. Breve introducciÓn aljuicio de amparo mexicano. cit. supra nota 5, pp. 145-146; (d.: "Diversos significados jurídicos del "amparo" en el Derecho iberoamericano", en Rivista di Dirillo Agrario, julio-septiembre de 1967, pp. 507-518. 24 Derecho constitucional mexicano, 15- ed., México, 19n, nota 8, p. 524.

25 Para el insigne jurista e historiador español Rafael de Altamira y Crevea el vocablo "amparo" era conocido en España muchos siglos antes como una relación entre gentes desvalidas y las que pudieran protegerlas, y que también sirvió para denominar el documento en el que se consignaban los mutuos derechos del protector y el elegido, de manera que se designaba con el nombre de cartas de amparo a los documentos que expedía el monarca para que nadie ofendiese al beneficiado con ellas,_bajo ciertas penas, Diccionario castellano de palabras jurldicas y técnicas tomodar Ih la legislaci6n indiana, México, 1951. pp. 17-18. 26 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Diversos significados juódicos del "amparo" en el derecho iberoamericano", cit. supra nota 23, pp. 512-528. 27 Cfr. Rabasa, Emilio, El artfculo 14. Estudio constitucional, reimpreso conjuntamente con El juicio constitucional. T' ed., México, 1955. pp. 51-57. 28 El juicio constitucional. dt. supra nota 10. pp. 313-322.


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se introdujo en los códigos procesales adoptados por las entidades federativas, de acuerdo con el ejemplo de los Códigos del Distrito Federal de 1871, reformado en 1880 y sustituido por el de 15 de mayo de 1884; recurso de casación que subsistió paralelamente al juicio de amparo contra sentencias judiciales hasta que fue suprimido en el año de 1919." 18. Respecto a la propia casación, no se trata, como es notorio, de una institución que corresponda a la tradición juridica española y menos aún de la época colonial, sino que se introdujo en España por influencia del Derecho francés,JO pero que adoptó caracteres peculiares, en cuanto el modelo francés implica siempre el reenvío cuando se casa la sentencia por violaciones de fondo. en tanto que en el sistema español se evita el propio reenvío en virtud de que una vez anulada la propia sentencia el Tribunal Supremo pronuncia a continuación la resolución definitiva y firme'! 19. Pero la importancia de la casación española respecto del juicio de amparo mexicano no se encuentra en el procedimiento, ya que como lo expresamos anteriormente ha sido tomado de la institución francesa, toda vez que dictada la sentencia de amparo que concede la protección por violaciones de fondo, siempre se utiliza el reenvío para el juez o tribunal de la causa, a fin de que dicte el nuevo fallo en cumplimiento del de amparo;" en forma diversa dicha influencia hispánica

se ha centrado en los moti vos para promover el amparo contra sentencias judiciales. ya sea respecto al fondo," como respecto a las violaciones procesales --es decir, equivalente a los que la Ley de Enjuiciamiento Civil califica como "infracción de ley o doctrina legal", y como "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio""- y que fueron tomadas del sistema español por conducto de los citados códigos procesales locales que la regularon, según se ha dicho, hasta el año de 1919. 29 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo", en Revista eh la Facultad de Derecho de Mbcico. núm. 56. octubre-diciembre de 1964, pp. 993-994 30 Cfr. Plaza. Manuel de la. LA casaci6n civil, Madrid. 1944, pp. 63-71, Y Lasso Gaite, Juan Francisco, "Evolución histórica de la casación penal en España", en Revista de Derecho Procesal Ibero~ericana,~adrid, 1974,pp.843~860 )1 Cfr. Vázquez Sotelo, J. L., "Rasgos definidores de la casación civil española", en Revista de Derecho Procesal/beroameriCQ11(l, Madrid, 1974, pp. 883~930, y Plaza, ~anuel de la, La casaci6n civil, cit. supra nota 30, pp. 463-491 )2 Sobre los efectos de la sentencia de amparo respecto a resoluciones judiciales, cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, 11- ed., ~éxico, 1977, pp. 550~554 )) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo: "Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas de tribunales civiles o administrativos, o contra laudos de tribunales de trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan personas, acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negativa expresa". Puede confrontarse este precepto con lo dispuesto por el artículo 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 15 de mayo de 1884, y éste a su vez. con la parte relativa del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Cjvil española de 1881.

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lIT. EVOLUCIÓN y LINEAMIENTOS ACJUALES

20. El juicio de amparo mexicano, establecido con el propósito original de la tutela de las llamadas "garantías individuales", respecto de las leyes o actos de cualquier autoridad y a través de dichos derechos fundamentales, también la protección de las esferas recíprocas de competencia de la Federación y de los estados, en los términos del articulo 101 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857," fue evolucionando o "degenerando", según el punto de vista que se adopte, de tal manera que incorporó paulatinamente instituciones procesales que poseen autonomía en otros ordenamientos juñdicos latinoamericanos similares al nuestro, y también en el derecho español, entre ellas el proceso de lo contenciosoadministrativo, la casación contra sentencias judiciales y muy recientemente el proceso social agrario, de manera que en la actualidad, con escasas excepciones," protege todo el ordenamiento jurídico nacional, desde los preceptos de un modesto reglamento municipal hasta los más elevados del texto constitucional." 21. Si bien un sector de la doctrina mexicana, encabezada por el conocido tratadista Ignacio Burgoa Orihuela, sostiene que el juicio de amparo mexicano es

34 Los motivos de la procedencia del amparo contra sentencias judiciales civiles, administrativas y del lrabajo. o en materia penal, cuando se consideren violadas las leyes del procedimiento y que se afecten la defensas del quejoso. están previstas por los artículos 159 y 160, respectivamente, de la Ley de Amparo. y al respecto el primer precepto puede compararse con el artículo 714 del citado Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 15 de mayo de 1844. y con el 1.693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881; en tanto que los motivos previstos por el anículo 160 pueden confrontarse con el artículo 516 del Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales de 1884 y los artículos 911 y 912 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 14 de septiembre de 1882. 35 El citado artículo 101 de la Constitución de 1857 disponía: "Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: l. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. n. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. m. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal" . 36 En efecto. tanto la Constitución como la Ley de Amparo establecen limitaciones a la procedencia del juicio de amparo respecto de determinados actos de autoridad, como los relativos a la autorización o revocación para impartir educación primaria, secundaria y normal (artículo 30 constitucional); limitación del amparo contra resoluciones presidenciales agrarias a los propietarios que poseen el documento llamado certificado de inafectabilidad (artículo 27 constitucional); impugnación de la calificación de I..s elecciones federales por parte del Congreso de la Unión (artículo 60 constitucional); decisión del propio Congreso sobre la responsabilidad política de altos funcionarios de la Federación y de los estados (artículo 111 de la propia Constitución). etcétera. Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, cit. supra nota 32. pp. 447-492; Noriega Cantú, Alfonso, Lecciones de garanlfas y amparo, México, 1975, pp. 402-518, Y Castro, Juventino Y., Lecciones de garOllllas y amparo, red., México, 1978. pp. 335-3óO. 37 Por este motivo, el distinguido procesalista y administravista español Jesús González Pérez (Derecho procesal administrativo, tomo 1, 2- ed., Madrid, 1964, p. 243) afirma que: "es imposible encerrar el proceso de amparo en alguna de las ramas en que tradicionalmente se viene dividiendo el derecho procesal, por la sencilla razón de que afecta a todas, o al menos a varias de ellas [... ]".


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una institución unitaria," por nuestra parte, atendiendo no a la materia de la controversia. sino a las diversas funciones que realiza la institución y que corresponden a diversas instituciones procesales que pueden identificarse claramente, hemos afirmado nuestra convicción de que en la época actual el juicio de amparo constituye, en esencia, una federación de instrumentos procesales que pueden separar en cinco sectores, cada uno de ellos COIl aspectos peculiares" 22. al De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el derecho de amparo en el ordenamiento mexicano comprende un sector cuyo propósito es tutelar esencialmente la vida y la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, y cuyos lineamientos coinciden con el clásico habeas corpus angloamericano, introducido ahora en el artfculo 17, inciso 4, de la Constitución española de 1978.'" 23. bl En segundo término, el juicio de amparo es el único instrumento a través del cual pueden impugnarse las leyes inconstitucionales en el derecho mexicano, en la inteligencia de que la sentencia protectora se traduce únicamente en la desaplicación de los preceptos estimados contrarios a las disposiciones constitucionales y sólo en beneficio del promovente del amparo'! y que resulta equivalente, aun cuando con la diferencia de los efectos erga omnes, del fallo protector con el recurso de inconstitucionalidad también consagrado por los artículos 161.1, al; 162.1, al; 163 y 164 de la referida Constitución española de 1978."

38 El juicio de amparo, cito supra nota 32, pp. 175-177. 39 Cfr. Fix-Zamudio, Héctar, "El juicio de amparo mexicano y la enseñanza del derecho procesal", en Revista tk Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, 1971, pp. 399-402 40 Dicho precepto dispone: "4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata respuesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional". 41 Sin embargo, existe una corriente que postula la necesidad de establecer la declaración general de inconstitucionalidad en el juicio de amparo. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo", enBolet{n Mexicano de Derecho Comparado, núms. 10-11, enero-agosto de 1971, pp. 53-98; Headrick, William Cecil, "El control judicial de las leyes", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 62, abril-junio de 1966, pp. 463-467; Castro, Juventino V., : Hacia el amparo evolucionado, 2- ed., México, 1977, pp. 23-48; (d.: Lecciones de garant{as y amparo, cit. supra nota 36, pp. 295-302. En el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional efectuado en la ciudad de México durante los días 25 a 30 de agosto de 1975 se aprobó sobre este aspecto la siguiente conclusión: "En la realización del control de la constitucionalidad de las leyes, los tribunales latinoamericanos deben superar el principio adoptado por razones históricas de la desaplicación concreta de la ley para consignar el de declaración general de inconstitucionalidad, tomando en cuenta las particularidades y experiencias de cada régimen jurídico, con el objeto de darle verdadera eficacia práctica", en el volumen colectivo Funci6n del POtkr judicial en los sistemas constitucionales lati1WCl17lericanos, México, 1977, p. 202. 42 Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto por los artículos 161.1 a) y 164.1, de la Constitución española de 1978, que en 10 conducente establecen: "Artículo 161.1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidod contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una nonna jurídica con rango de ley, interpretada por la

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24. c) El sector de mayor importancia práctica, o sea, aquel que absorbe un porcentaje mayoritario de los juicios de amparo que se tramitan ante los tribunales federales, está constituido por la impugnación de las sentencias judiciales de todas las materias, es decir, civil, penal, administrativa,43 laboral y militar,'" de todos los tribunales del pafs, por lo que resulta equivalente el recurso de casación del derecho español que se confiere al Tribunal Supremo. Este sector del amparo mexicano, debido a sus vinculaciones con el recurso de casación, genéricamente considerado, se ha calificado como "amparo judicial" o "amparo casación" y es peculiar del ordenamiento mexicano.4S

25. d) Tratándose de la impugnación de los actos, resoluciones o disposiciones provenientes de la administración activa, tanto federal como de las entidades federativas, cuando las mismas no quedan comprendidas dentro de la competencia limitada de los tribunales administrativos que se han establecido de manera paulatina en nuestro ordenamiento,46 el juicio de amparo funciona como un proceso de lo contencioso administrativo, pero con aspectos poco precisos que han sido objeto de la crítica de la doctrina,47 y si bien corresponde al proceso administrativo español," estimamos que este último se encuentra mejor estructurado que el sector jurisprudencia. afectará a ésta. si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada". "Artículo 164.1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Bolet{n Oficiol del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. lAs q/Jt! declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho. tienen plenos efectos frente a todos". Cfr. Joaquín Tomás Villarroya: El Tribunal Const;lIlCional en el Anteproyecto de Constitucidn, en el volumen colectivo Estudios sobre el proyecto tk Constitución, Madrid, 1918, páginas 206-210. - 43 Estimamos como casación administrativa la impuin-ación de las sentencias pronunciadas por los tribunales administrativos que en el ordenamiento mexicano no tienen competencia genérica, sino específica. tales como el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Distrito Federal y los tribunales fiscales recientemente establecidos en los estados de México, Veracruz, Sinaloa y Sonora; cfr. González Pérez, Jesús, "La justicia administrativa en México", en Revista de Derecho ProcesallberoamericQII(l, Madrid, 1972, pp. 751-815. 44 De acuerdo con lo establecido por el artículo 24, fracción In, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n, corresponde a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (Penal), conocer de los juicios de amparo de única instancia promovidos contra las sentencias pronunciadas por los tribunales militares. 45 El tratadista español Jesús Gonz.ález Pérez (Derecho procesal administrativo, cit. supra nota 37, tomo 1, pp. 244-245) califica este sector del juicio de amparo mexicano como "proceso de casación". 46 Véase nota 43. 47 Cfr., entre otros, Carrillo Flores, Antonio, Lajusticiafetkral y la administracidn pl1blica,:za OO., México. 1973. pp. 251-265_ 48 Sobre el proceso administrativo español son fundamentales los trabajos de Jesús Goniález Pérez. además de su lkrecho procesal administrativo. en tres volúmenes, 1:' ed., Madrid. 1964-1967, recientemente "La justicia administrativa". en el libro colectivo El Estado y la politica. volumen tercero de la obra La Espalla tk los aIios 70. Madrid. 1974. pp. 167-269; La justicia administrativa en Espalla, Madrid. 1974; "El proceso administrativo y la Constitución", en Civitas. Revista EspalJtJla tk Derecho Administrativo. Madrid. julio-septiembre de 1977, pp. 365·386; véase también GarcCa de Enterria. Eduardo y Tomás Ramón Femández, Curso tk tkrecho administrativo. tomo n, Madrid, 1977, pp. 46t-561.


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equivalente del amparo mexicano, de acuerdo con la Ley española de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 49 26. e) Finalmente, en el año 1963 se introdujo en la legislación de amparo un nuevo sector, a través del otorgamiento de privilegios procesales en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria, para la tutela de sus derechos individuales (correspondientes a ejidatarios y comuneros) y colectivos (relativos a los núcleos de población ejidal o comunal), entre los cuales pueden citarse la corrección por el juez del amparo de los errores en que hubiesen incurrido los reclamantes en sus promociones; obligación del propio juzgador, que comparte con las autoridades agrarias demandadas, para la presentación de elementos de convicción no ofrecidos por los propios campesinos; otorgamiento del amparo, en el supuesto de ser fundadas las pretensiones deducidas, respecto de los hechos demostrados y no en cuanto a los alegatos, en el caso de defectos en el planteamiento, etcétera. so 27. A este sector, al cual podemos calificar de "amparo social agrario", se le ha otorgado gran importancia por el legislador si se toma en consideración de que al reformarse la Ley de Amparo por decreto legislativo de 20 de marzo de 1976 se dividió el propio ordenamiento en dos libros, el primero relativo al "amparo en general" y el segundo dedicado expresamente al "amparo en materia agraria". Respecto a este sector no podemos encontrar equivalente preciso en el derecho español en virtud de que en España no existe una reforma agraria similar a la mexicana y a la de otros países latinoamericanos que han seguido su ejemplo." 28. Sin embargo, no podemos considerar este nuevo sector del amparo mexicano

como una innovación estrictamente peculiar. ya que se relaciona con la reforma procesal iniciada en el campo del proceso laboral y que pretende lograr lo que el ilustre procesalista uruguayo Eduardo 1. Couture denominó "igualdad por compensación"," es decir, el otorgamiento de ventajas procesales a la parte débil del proceso, para lograr la igualdad real de ambas partes, y que se ha extendido a otras ramas procesales como la agraria y la de la seguridad social, todas las cuaks pueden agruparse dentro del campo que se ha denominado "derecho procesal social"."

49 Coincide con esta opinión Barragán Barragán. José, El juicio de amparo mexicano y el recurso de cOnJrafuero, cito supra nota 2, p. 107. so Sobre el amparo en materia agraria, cfr. Fix·Zamudio, Héctor. Breve illtroducci6n al juicio de amparo mexicano, cit. supra nota 5. pp. 164-167; Burgoa Orihuela.lgnacio. El juicio de amparo, cit. supra nota 32. pp. 875·970, YToro Calero, Luis del, Evoluci6n del amparo agrario y la Ley de Justicia Agraria (tesis doctoral mimeografiada), 2 vols., México, 1976.

51 Cfr., entre otros, Bailarín Marcial, Alberto, Derecho agrario, Madrid. 1965. y Alonso Olea, Manuel; Gaspar Bayón Chacón y otros, La problemática laboral de la agricultura. Madrid, 1974. 52 "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo", en su obra Estudios de derecho procesal civil, tomo 1, Buenos Aires, 1948, pp. 271 Yss. 53 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Introducción al estudio del derecho procesal social", en el volumen

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29. En resumen, podemos afirmar que al comparar la compleja estructura funcional del juicio de amparo mexicano con las instituciones procesales españolas, nos lleva a concluir en el sentido de que sólo un sector del propio amparo, situado en gran parte dentro del campo administrativo" es equivalente al recurso de amparo introducido en la Constitución de 1978, pero que en los demás aspectos puede equipararse al habeas corpus, al recurso de inconstitucionalidad, a la casación en las diversas ramas de enjuiciamiento, así como al proceso administrativo. IV. EL JUICIO DE AMPARO LATINOAMERICANO

30. En relación con el somero bosquejo que pretendemos trazar a grandes pinceladas sobre la imagen del derecho de amparo tanto en México como en España, resulta indispensable la referencia, así sea también de manera panorámica y superficial, a la consagración y desarrollo de la acción, recurso o juicio de amparo, en varios ordenamientos latinoamericanos inspirados en el modelo de la institución mexicana, pero en los cuales ha fructificado ampliamente debido, entre otros factores, a la común tradición jurídica proveniente del derecho hispánico, o si se quiere ibérica, si comprendemos también al derecho brasileño." 31. Hemos puesto de relieve en trabajos anteriores" que el derecho de amparo se ha implantado y desarrollado en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador (al menos de 1967 al golpe de Estado de 1971), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, instrumentos a los cuales deben agregarse el mandado de segurll1lfa del Brasil, el cual, por sus puntos de contacto con nuestra institución, se ha traducido al castellano por algunos tratadistas, como "mandamiento de amparo", y también el habeas corpus establecido en el derecho peruano, especialmente a partis de los decretos-leyes de octubre de 1968 y marzo de 1974."

colectivo Estudios jurldicos en memoria de Carlos Viada. Madrid. 1965, págs. 497-526.

54 Este sector ha sido calificado por el jurista mexicano Juventino V. Castro (Lecciones de garanl{as y amparo, dt. supra nota 36, pp. 302-303) como "amparo garantías" y comprendería también el procedimiento similar al habeas corpus que ahora se separa del amparo en la Constitución española de 1978, pero que estaba comprendido en el recurso del mismo nombre en la carta republicana de 1931. ss Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, EljuiciotU amparo en Latinoamérica. dI. supra nota 4, pp. 105·109. 56 Cfr. Ftx·Zamudio. Héctor; además del trabajo seiíalado en la nota anterior pueden citarse los siguientes: "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina", en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid. 1967. pp. 57·74; "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina", en Revista de la Comisi6n Internacional de Juristas, Ginebra, Suiza. diciembre de 1968, pp. 9Q..l00; "Protección procesal de los derechos humanos", en Revista de Derecho Procesal Iberoanuricana. Madrid, 1972, pp. 454-459. Y "VerfassungskontroUe in Lateinamerika" (Control constitucional en Latinoamérica), trad. al alemán de Hans-Dieter Nahme y Hans.Rudolph Hom, en Jahrbuch des offentlichen Rechls der Gegenwart, tomo 25. TUbingen. 1976. pp. 666.684. 57 Cfr. García Belaúnde. Domingo. El habeas corpus interpretatlb, Lima. 1971, pp. 25-36; (d.:


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32. En todas estas legislaciones. y en particular en los ordenamientos argentino y brasileño, el amparo ha tenido un amplio desarrollo tanto legislativo como juris¡irudencial," asuntiendo su concepción clásica de instrumento protector de los derechos fundamentales de la persona humana consagrados constitucionalmente --en su dimensión individual y social- y excluyendo a la libertad personal, ya que ésta se tutela a través del tradicional habeas corpus. 33. Constituyen excepciones a los instrumentos anteriores el amparo chileno, que sólo protege dicha libertad personal," y el habeas corpus peruano, ya que este último, según se ha visto, se ha extendido hasta comprender todos los derechos humanos consagrados constitucionalmente. 34. Estamos conscientes de que el derecho de amparo, en el ámbito de los países latinoamericanos, ha sufrido y padece graves lintitaciones en aquellos ordenantientos en los cuales imperan regímenes ntilitares, y que desafortunadamente son varios, ya que dichos gobiernos autoritarios, a través de la~ llamadas Actas Institucionales, Revolucionarias, de las Fuerzas Armadas, de Reconstrucción Nacional, etcétera, prohíben o menoscaban seriamente la procedencia de la insti-

"Legislación peruana sobre habeas corpus", en Revista de Derecho y Ciencias PoUticas, Lima. enero-diciembre de 1975, págs. 27-49; íd.: "La jurisdicción constitucional en el Perú", en Revista de la Univer,~idad Cat6lica. mayo de 1978, págs. 127-131, YAlberto Borea Odria: La defensa constitucional: el amparo, Lima, 1977. págs. 25·113. 58 La bibliografía sobre el amparo argentino es muy profusa; nos limitamos a señalar los libros más recientes elaborados sobre esta materia, entre los que se encuentran los de Houssay. Abel. Amparo judicial, el caso Kol y su influencia e/1 lajurisprudencia. Buenos Aires. 1961; Orgaz, Alfredo, El recurso de amparo, CotnLntario a los casos Sir; y Kot. Buenos Aires. 1961; Sánchez Viamonte. Carlos. Juicio de amparo. Buenos Aires. 1963; Bielsa, Rafael. El recurso de amparo, Análisis doctrinaL Jurisprudencia, Buenos Aires. 1965; Morello, Mario Augusto, Régimen procesal del amparo en la provincia de Buenos Aires (Ley 7166), La Plata. 1966; José Lazzarini, Luis. El juicio de amparo, Buenos Aires, 1977; Bidart Campos, Gennán l. Derecho de amparo. Buenos Aires, 1961, id,: Régimen legal y jurisprudencial del amparo, Buenos Aires. 1968, también es muy extensa la bibliografía sobre el mandado de seguratlfa brasileño. por lo que citamos las obras más recientes y significativas: Castro Nunes, José. Do mandado de segurOllfa, 6- ed,. Río-Sao Paulo, 1961; Wald, Amold, Do mandado de segura"fa na prdtica judicidria. Río, 1968; López Meirelles. Hely Mandado de seguranfa e acao popular, 2- ed" 1969, Othon Sidou. J, M" Do mandado de seguranfa, 3- ed., 1969. {d.: As garantias activas dos direitos coletivo: habeas corpus, acao popular, mandado de seguranfa, Río de Janeiro, 1977. pp. 229A18, YFix-Zamudio. Héctor; Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Alejandro Ríos Espinoza: Tres estudios sobre el mandamiento de seguridad brasileño, México, 1963. 59 Véase el artículo 16 de la Constituci6n chilena de 1925, reformada en varias ocasiones, precepto reglamentado por los artículos 306 a 317 del Código de Procedimiento Penal de 30 de agosto de 1934. así como el auto acordado de la Suprema Corte, de 19 de diciembre de 1932. sobre tramitación y fallo del propio proceso de amparo; y en cuanto a la doctrina pueden consultarse los estudios de Silva Bascuñán, Alejandro. Tratado de derecho constitucional, tomo Santiago, 1963. pp. 243-246; Bemaschina González. Mario, Manual de duecho constitucional. 3- ed., tomo n, Santiago, 1958, pp. 161-163; Quinzio Figueredo, Jorge Mario, Manual de derecho constitucional, Santiago. 1969, pp. 324-332; Estévez Gasmuri, Carlos, Elementos tk derecho constitucional. 3- ed., Santiago. 1949. pp, 143-144, Y Caffarena de Giles, Elena, El recurso de amparo¡reme a los reg{menes de emergencia, Santiago. 1957, pp. 152-187,

n.


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tución tutelar, pero tenemos la esperanza de que el amparo sea restablecido en su plenitud en cuanto se retorne al orden constitucional, como ba ocurrido precisamente en España en la Constitución democrática de 1978 que estamos examinando. 60

35. Si apreciamos en conjunto la acción, juicio o recurso de amparo en las mencionadas legislaciones latinoamericanas, podemos destacar, como un primer factor importante, que si se toma en cuenta su ámbito tutelar poseen una aproximación mayor con el recursO de amparo establecido en la citada ConstituciÓn española de 1978, que la compleja y considerablemente más extensa instituciÓn

mexicana. 36. Por otra parte, en los citados ordenamientos constitucionales de Latinoamérica, o en sus leyes reglamentarias, se bao introducido elementos que constituyen innovaciones procesales en relación con el modelo del amparo mexicano, el cual todavía conserva aspectos tradicionales derivados de su evolución histórica, y entre estos factores novedosos que pueden constituir materia de reflexión en una futura regulación del recurso de amparo español podemos mencionar la extensión del concepto clásico de autoridad, para comprender también a los organismos públicos descentralizados," los que se han multiplicado de manera extraordinaria en los últimos años, ya que según nuestra legislación estos últimos no pueden ser demandados a través del juicio de amparo, salvo dos excepciones." 37. También debe tomarse en cuenta la aportación de la jurisprudencia de los tribunales federales argentinos y, en especial, de la Suprema Corte, iniciada en el 60 cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "La protección procesal de los derechos humanos en América Latina y las situaciones de emergencia", en El Foro, México, enero-marzo, abriHunio de 1973, pp. 63-75 Y 29-45, respectivamente, estudio traducido al francés por Monique lioos Signoret y publicado en el volumen colectivo Travaux du dixieme Coloque lnternational de Droi, Comparé. Proceedings o/Ihe Tenth Intemalional Symposium on Comparative Law, Ottawa, Ontario, 1973, pp. 67-100. 61 Fix-Zamudio, Héctor, "Algunos aspectos de la protección de los derechos humanos en las

relaciones entre particulares en México y Latinoamérica", en Revista Jurldica Veracruzana, Jalapa, Veracroz, México, abril-junio de 1970, pp. 5-47; traducido al francés y publicado con el título "Quelques aspects de la protection des droits de l'hornme dans les rapports entre persoillles privées au Mexique et en Amerique Latine", en la obra colectiva Reni Cassin Amicorum Discipulorumque Liber, tomo n, París. 1971, pp. 279-310; Rivera, Jean. "La protection des droits de I'homme dans les rapports entre personnes privées", en la misma obra. tomo n, pp. 311 Y ss. 62 En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia únicamente pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en materia tributaria. ya que de acuerdo con los artículos 267 y 268,.y 30, respectivamente, de las leyes orgánicas correspondientes. las cuotas que deben aportar los trabajadores y los empresarios tienen carácter fiscal ya las re'ipectivas entidades se les considera como organismos fiscales autónomos; por el contrario. las restantes resoluciones de los propios organismos. en materia de seguridad social, no tienen el carácter de actos de autoridad. Véase la tesis número 291, p. 492, del volumen relativo a la jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala (Administrativa) de la Suprema Corte de Justicia. Aplndice del Semanario judicial de Ja Federaci6,. publicado en 1975 sobre el carácter de autoridad fiscal que se atribuye al mencionado Instituto Mexicano del Seguro Social.


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famoso caso "Samuel Kot", resuelto en el año 1958," en el sentido de que la tutela de los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente. procede también respecto de grupos o asociaciones sociales, económicas y culturales, tales como sindicatos, asociaciones profesionales y deportivas, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, etcétera." 38. Si bien la Ley nacional sobre acción de amparo de 18 de octubre de 1966 redujo el ámbito de la institución argentina exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales frente a las autoridades públicas," no se abandonó la tutela de tales derechos respecto a los grupos sociales, e inclusive en relación con los particulares, todo ello por conducto del llamado ')uicio sumarisimo", regulado por el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de 20 de septiembre de 1967. 66 39. El principio de la protección de los derechos fundamentales, consagrados constitucionalmente no sólo frente a las autoridades públicas y organismos descentralizados, sino también respecto a los grupos o asociaciones de carácter social, entendidas en un sentido amplio y actuando como grupos de presión que pueden afectar aún más gravemente que algunas de las propias autoridades a los citados derechos humanos, ha sido también adoptado en época reciente por otras legislaciones latinoamericanas, si bien lo han hecho con cautela."

63 Han sido numerosos los comentarios sobre el citado casp Kat, y entre ellos pueden citarse los trabajos de Carri6. Genaro R .• Recurso de amparo y r!cnicajudicial. Buenos Aires, 1959, libro que lleva el subtítulo de Análisis cr{fico del caso Kot; Houssay, Abel, Amparo judiciaL El caso Kot y su influencia en la jurispruckncia, y Orgal, Alfredo. El recurso de amparo. Comentario a los casos Siri y Kot. ambos citados supra nota 58. 64 qr. Linares Quintana. Segundo V., "La doctrina de la Corte Suprema sobre amparo de la libertad y los grupos de interés", en Jurisprudencia Argenrina, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1958, pp. 1-4; Vocos Conesa, Eduardo, "La demanda de amparo en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, desde Siri y Kot hasta el 25 de octubre de 1969", en Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 12 y 15 de diciembre de 1969, pp. 1-31 Y 19-29, respectivamente. 65 Cfr. Robredo, Alberto F., "La acción de amparo en la reciente Ley 16.986", en lA Ley, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1966, p. 3; Fiarlni, Bartolomé A., "Acción de amparo. Graves limitaciones e inconsecuencias que la desnaturalizan", en lA úy, Buenos Aires., 24 de noviembre de 1966, pp. 1-3; Bidart Campos, Germán J., "La nueva Ley de Amparo", en Jurisprudencia Argenrirw, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1966, pp. 1-3, Y Dana Montaño, Salvador, "La reglamentación legal de amparo jurisdiccional de los derechos y garantías", en La úy, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1966, pp. 1-7. 66 Dicho artículo 321 dispone: "Proceso sumar{simo. Será aplicable el procedimiento establecido por el artículo 498 (procedimiento muy rápido y concentrado), cuando se reclame contra un acto u omisiÓn de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garanf{a expUcira o impUcirameme reconocida por la Constitución Nacional, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza. no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por Código u otras leyes [.,.]"; cfr. Bidart Campos, Germán J., Rigimen legal y jurisprudencial del amparo, cit. supra nota 58, pp. 113-118. 67 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, El juicio de amparo en Lari/wamlrica, cil. .{upra nota 4, pp. 129-130.

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40. También merecen destacarse como innovaciones que pueden tomarse en cuenta en la futura regulación del recurso de amparo español. por una parte. el principio de la preferencia de la tramitación de los instrumentos tutelares de los derechos humanos en relación con los procesos ordinarios que se establece en el ordenamiento juridico brasileño." y en segundo término. la interpretación extensiva de los preceptos constitucionales con objeto de brindar la máxima protección a los afectados por la violación de sus derechos fundamentales. según lo establece la legislación guatemalteca." V. INFLUENCIA MEXICANA EN EL RECURSO DE AMPARO ESPAÑOL

41. La doctrina española ha reconocido abiertamente que el "recurso de amparo de garantías constitucionales" introducido por los artículos 105 y 121. inciso b). de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931. y por la parte relativa de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de jurtio de 1933. se inspiró directamente en el juicio de amparo mexicano. en virtud de las enseñanzas del jurista mexicano Rodolfo Reyes. quien residió durante muchos años en España. en la cual se refugió debido a los avatares de la Revolución mexicana iniciada en 1910. 42. En esta dirección. Rodolfo Reyes realizó una labor de divulgación similar. tomando en cuenta las debidas proporciones a la efectuada por A1exis de Tocqueville respecto de las instituciones estadourtidenses. que fueron tomadas en cuenta por los creadores del amparo mexicano. según se expresó con anterioridad. ya que las conferencias y artículos. así como las obras del citado jurista mexicano. publicados en España desde varios años antes y durante la época de la génesis de la Constitución republicana de 1931. inspiraron al Constituyente español para la introducción del instrumento procesal que denominaron "recurso de amparo de las garantías constitucionales". 43. El ilustre procesalista español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. en su profundo estudio sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales. consagrado por la referida Constitución de 1931. señaló que el mencionado recurso de amparo no se enlazaba directamente con el derecho medieval aragonés. sino que "se inspira artículo 17 de la Ley 1533. de 31 de diciembre de 1959. sobre el nuuuJado "Los procesos de mondado tU segura"fo tendrán prioridad sobre todos los actos judiciales. con excepci6n del habeas co1pus [... ]". 69 El artículo 31 de la Ley guatemalteca de Amparo. 1uJbeas cotpus y de constitucionalidad. expedida en octubre de 1966. establece: "El tribunal de amparo examinará todos y cada uno de Jos fundamentos de derechos alegados por las panes. anali7.ará las pruebas y actuaciones y todo aquello que

68 La parte relativa del tÚ! segural'lfo establece que:

de lo actuado en el negocio resulte pertinente. Con base en las consideraciones anteriores pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constituci6n tk la Rep'¡blica cuando ista fueTe invocada, con el objeto de brindar la máxima protecci6n en materia tk amparo".


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hasta en el nombre en el régimen constitucional mejicano. a través del cual recogemos nuestra tradición jurídica, ya reaparecida cuando se presentó en el año 1928 a la pseudo Asamblea Consultiva un proyecto de Tribunales de Amparo

Ciudadano'·.70 44. En el citado proyecto de 1928 ya se descubre la influencia de Rodolfo Reyes a través de artículos y conferencias, en las cuales dio a conocer la institución mexicana, al menos en su concepción primitiva de instrumento tutelar de los derechos fundamentales de la persona humana, y así lo sostuvo expresamente uno de los comentadores del referido proyecto, el tratadista español Eduardo Gómez de Vaquero, al citar una carta del mismo Rodolfo Reyes dirigida al director de El Sol sobre la forma en que se había desarrollado el juicio de amparo en la legislación mexicana, calificada por el jurista mexicano como la más fecunda institución jurídico-política de nuestra América. 7I 45. El citado autor Gómez de Vaquero sostuvo que: "Hasta el nombre deljuicio de amparo viene de Méjico. La legislación mejicana es la que ha desarrollado de una manera orgánica y completa este procedimiento de garantía de los derechos individuales y de la armonía entre las facultades del poder federal y de los Estados".72 46. Además de sus conferencias y artículos el jurista mexicano publicó dos obras más extensas, en las cuales comentó en forma minuciosa la regulación juridica y el funcionamiento del juicio de amparo, y en la segunda de ellas realizó un estudio comparativo con las instituciones españolas establecidas tanto en la Constitución de 1931 como en la Ley Reglamentaria del Tribunal de Garantías Constitucionales. Nos referimos a los libros intitulados Ante el momento constituyente 'español. Ejemplos)' experiencias americanos (Madrid, 1931) Y La defensa constitucional. Recursos de inconstitucionalidad)' amparo (Madrid, 1934). 47. También puede reconocerse la labor de Rodolfo Reyes en las Cartas prólogo de los juristas españoles Angel Osorio y Víctor Pradera, y en las alusiones a los trabajos del tratadista mexicano en el seno de las Cortes Constituyentes, en partícular con motivo de la aprobación de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, de acuerdo con la infortOación consignada en el segundo de los libros mencionados,73 48. Confirma la trascendencia del modelo mexicano el destacado tratadista español Javier Malagón Barceló, en cuailto afrrtnó que: "España ha sido influida

10 "Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales", en el volumen Ensayos de derecho procesal civil. penal y COftStiruciolUll, Buenos Aires. 1944. p. 525. 71 "El amparo del derecho: jurisdicci6n o recurso", en Revista General de Ltgislaci6n y JurisprutkltCia, Madrid. agosto de 1928. p. 114. 72 73

Op, cil. 61timamente. p. 115. Lo defensa constitucioruJl.. Madrid. 1934. pp. 7-16.

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por cienas instituciones de las naciones hispánicas del Nuevo Mundo, y así tenemos que la Constitución de 1931 recoge el recurso de amparo (que a su vez había sido tomado de la legislación aragonesa), que aparece en la Constitución mexicana de 1917 [... ]".74 49. Es conveniente anotar que si bien la institución española recibió en la cana fundamental de 1931, como ahora en la de 1978, el nombre de "recurw de amparo", en el anteproyecto redactado por la Comisión Jwídica Asesora que sirvió de base para las discusiones parlamentarias en el seno del Constituyente de 1931, proponía en su artículo lOO la creación de una alta jurisdicción constitucional, que entre otras funciones tenía la del conocimiento del juicio de amparo, cuando hubiere resultado ineficaz la gestión ante otras autoridades," 10 que nos convence con mayor fuerza, en el caso de existir alguna duda, sobre el ascendiente de nuestra institución. 50. Finalmente, también debe tomarse en cuenta que la imagen del juicio de amparo mexicano que difundió en España Reyes no era la que correspondía a la evolución de la institución, recogida en el artículo 107 de la carta federal de 5 de febrero de 1917, sino más bien el concepto clásico y primario de la uúsma, si citamos la definición del jurista mexicano que la consideraba como el "remedio constitucional, por su origen y su forma juicio, por su objeto recurw, que lleva por finalidad restituir al sujeto quejoso en el goce de las garantías individuales y en general constitucionales, que una ley o un acto de cualquier autoridad le lesionan, o que la autoridad federal o las de los Estados federados vuelvan a sus respectivas órbitas cuando mutuamente se invadan. Este juicio sumarisimo es seguido dentro de fórmulas judiciales y solicitado siempre por individuo lesionado, ampara sólo en el caso concreto sin hacer declaraciones ni producir efectos generales". 76 VI. EL AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN REPUBUCANA DE 1931 51. El recurw de amparo de garantías constitucionales fue intrOducido por los artículos 105 Y 121, inciso b), de la Constitución republicana del 9 de diciembre de 1931, Yregulado en forma bastante escueta por el título IV, artículos 44 a 53, de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933, con reformas de 10 de julio y 9 de septiembre del uúsmo año, así como por el título VII, artículos 76 a 82 del Reglamento del propio Tribunal de Garantías, formulado por él uúsmo. n 74 "Influencia del derecho español enLatinoamérica". cnAmuJriotk Estudios .4tMriccuws. Sevilla. 1966. p. 18t8. 75 Cfr. Reyes. Rodolfo. La tkfensa constitucional. Cil supra nota 73. p. 52. 76 Op. cit. 6ltimamente. p. 33. n Tanto la parte relativa de la Ley Orgánica como del Reglamento meoc:ionados. pueden

EL AMPARO EN MÉXIco y EN ESPAÑA

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52. De acuerdo con el artículo 45 de la referida Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, para la procedencia del amparo se requería: 53. a) Que existiera un acto concreto de autoridades gubernativa, judicial o de cualquier otro orden que con respecto a un individuo determinado hubiese infringido alguno de los derechos fundamentales consagrados por la ley suprema. 54. b) Que no hubiese sido admitida o resuelta la petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal de Urgencia previsto por el artículo 105 de la mencionada Constitución republicana, o que dicho tribunal hubiese dictado resolución denegatoría. 55. De manera que el Tribunal de Garantías venía a ser un órgano de última instancia para los asuntos de amparo, los cuales se encomendaban en primer grado a los llamados Tribunales de Urgencia, previstos por el invocado artículo 105 de la propia ley fundamental, que establecía: "La ley organizará Tribunales de Urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales". 78 56. Como dichos tribunales no llegaron a establecerse ni tampoco a expedirse la ley orgánica respectiva, la tramitación se efectuó de acuerdo con lo previsto por la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, de acuerdo con la cual: "Mientras no estén constituidos los tribunales de urgencia a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, no podrá interponerse el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías sin el requisito previo de que haya resultado ineficaz la reclamación ante la autoridad competente. Se entenderá por autoridad competente, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el superior jerárquico inmediato del agente o autoridad que haya causado el agravio. La reclamación se formuiará en el plazo de cinco días siguientes, transcurridos los cuales sin resolución se considerará denegada". 57. En los términos del artículo 47 de la Ley Orgánica referida el recurso de amparo podía ser interpuesto por la persona que se considerara agraviada, utilizándose una terminología similar a la de la Ley de Amparo mexicana,79 pero también podía presentarse por cualquier ciudadano o persona jurídica .. lo que significaba la introducción de una verdadera acción popular, y en ese supuesto se exigía a quien no fuese el agraviado una caución establecida por la Sala del Tribunal de Garantías a la cual se encomendara el conocimiento del asunto. 58. Segón los preceptos relativos, el procedimiento debería ser breve y sumario, con una vista que podía ser pública, segón el criterio discrecional de la Sala consultarse en el citado libro de Rodolfo Reyes: La ehfensa constitucional, cit. supra nota 73, págs. 379-380 y 395-396. 78 Cfr. Pérez Serrano. Nicolás. La Constituci6n espaíWla (9 eh diciembre eh 1931 J. Antecedentes, texto, comentarios. Madrid. 1932. pp. 304-30S. 79 En la parte relativa del artículo So, fracción 1, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo S-. Son partes en el juicio de amparo: L El agraviado o agraviados [... ]" Sobre el concepto de agravio, cfr. Burgoa Orihuela. Ignacio, Eljuicio eh amparo, cito supra nota 32, pp. 327-331.


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del conocimiento. y en ese supuesto la audiencia debía celebrarse con el informe del defensor del recurrente y de la autoridad (demandada) o un representante de ella. que podía ser comisario designado al efecto por el gobierno o funcionario de Ministerio Fiscal nombrado a tal fin (artículo 49. incisos 3 y 4. de la Ley Orgánica del Tribunal de GaranÚas). 59. Un aspecto importante del referido procedimiento y que nos confirma una vez más la influencia mexicana radicaba en la posibilidad de tramitar un incidente de suspensión. so regulado por los afÚculos 52. de la Ley mencionada. y 82 del Reglamento interno expedido por el mismo Tribunal. Este último precepto disponía: . El incidente de suspensión de la medida objeto del recurso se tramitará. a petición del interesado. en escrito fundado. La sección (constituida en Sala) reclamará de la autoridad inculpada los antecedentes que estime necesarios e informe de la misma sobre el extremo incidental. todo ello en el plazo de diez días. y resolverá lo que estime procedente. tomando las medidas necesarias para que la persona del agraviado no se sustraiga a la acción de la justicia.

60. A este respecto. afirmaba Rodolfo Reyes que la suspensión del acto reclamado estaba tomada a todas luces de la legislación mexicana. pero que su reglamentación era defectuosa. ya que parecía referirse sólo a las afectaciones de la libertad personal. no obstante que en realidad se aplicaba a toda clase de actos de autoridad. 81 61. El recurso de amparo debía interponerse ante una de las secciones del Tribunal de GaranÚas. las que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica actuaban indistintamente en Salas de Justicia y de Amparo. y cuando intervenían con el último carácter conocían exclusivamente de los recursos de ese nombre ''para la defensa de /as garant(as individuales definidas por la Constitución. cuando éstas hubiesen sido desconocidas. después de agotar las instancias jerárquicas a virtud de legal reclamación ante las autoridades competentes y ante los Tribunales de Urgencia" (artículo 26 de la propia Ley Orgánica). 62. Debido a las convulsiones políticas que precedieron a la guerra civil. la que concluyó. a su vez. con la supresión del sistema republicano. el amparo español tuvo una aplicación limitada durante la vigencia de la carta constitucional de 1931.

80 Sobre la suspensión en el juicio de amparo, cfr.. entre otros, Couto, Ricardo. Tralado te6rico·prdctico de la suspensi6n en el amparo, 3& ed .• México, 1973; Soto Gordoa, Ignacio y Gilberto Liévana Palma. La sus¡unsión del acto reclamado en el juicio tú amparo. México. 1959, y Trueba, Alfonso. La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. La providencio cautelar en el juicio de amparo, México. 1975. 81 lA defensa constitucional. cit. supra nota 73, pp. 387-396.

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y por otra parte, sólo en época reciente se ha iniciado el análisis de los fallos que en esta materia pronunció el citado Tribunal de Garantías Constitucionales"

VII. EL AMPARO SINDICAL EN EL RÉGIMEN FRANQillSTA 63. El amparo como institución procesal no desapareció con ese nombre del ordenamiento jurídico posterior a la propia guerra civil, ya que en la legislación del régimen franquista subsistió, pero reducido a una lIÚnima expresión, por supuesto que perdiendo su carácter de instrumento específico para la tutela de los derechos humanos, lo que resulta explicable en un régimen político autoritario, ya que sólo tuvo aplicación dentro del sistema sindical, de carácter corporativo y vertical, para la impugnación de actos muy concretos de organismos grentiales. 64. El citado medio de impugnación podía interponerse ante los organismos que, no obstante su nombre de Tribunales de Amparo de la Organización Sindical, de acuerdo con el decreto de 12 defebrero de 1944 y la orden de 12 de enero de 1948, carecían de naturaleza jurisdiccional, según la autorizada opinión del notable adntinistrativista y procesalista español Jesús González Pérez, en cuanto que sólo eran entidades grentiales carentes de independencia judicial y, por tanto, a lo más podían considerarse como órganos arbitrales dentro del sistema sindical franquista, que dirilIÚan conflictos planteados por actos dictados por una de las autoridades de dicha organización y que formalmente afectaban a personas pertenecientes a las ntismas, y sólo en forma muy tílIÚda se pretendió obtener la imparcialidad de los ntiembros integrantes del tribunal competente a través de la recusación establecida por los artículos 15 al 18 del decreto de 12 de enero de 1958." 65. La competencia de los citados tribunales se dividía por razón del territorio entre el Tribunal de Amparo Central y los Tribunales de Amparo Provinciales, y se efectuaba de acuerdo con criterios sintilares a los que informan la delintitación de competencias entre la Sala de lo Contencioso Adntinistrativo del Tribunal Supremo y las audiencias territoriales; pero desde el punto material dicha competencia deberla considerarse como "residual", según la acertada calificación del ntismo tratadista González Pérez, en el sentido de que sólo podía hacerse valer ese recurso de amparo contra aquellos actos que no era posible combatir ante las

82 Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo. Niceto • Significado y funcio1U!s chl Tribunal de Garanl{as Constitucionales. cit. supra nota 70, p. 526, nota l. En realidad falta un estudio minucioso de los recursos de amparo resueltos por el citado Tribunal de Garantías Constitucionales. por lo que resulta sumamente útil el trabajo presentado a este Simposio sobre garantías constitucionales por la profesora Rosa María Ruiz Lapeña intitulado "El recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República". en el cual analiza algunos de los fallos más importantes en esta materia. 83 Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrativo, cito supra nota 37. tomo m, p.

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autoridades judiciales ordinarias o por la vía contencioso-administrativa en los términos de los ordenamientos mencionados de 1944 y 1948 Y algunos otros de carácter complementario. como la orden de 17 de abril de 1963 que regulaba el recurso de revisión en materia de elecciones de carácter sindical" 66. En tal virtud. el amparo de la época franquista estaba reducido a un recurso administrativo de carácter interno dentro de la organización sindical." para tutelar ciertos derechos o prestaciones de carácter económico. en ausencia de un medio de impugnación específico ante la jurisdicción ordinaria." por lo que ni en su aspecto más favorable. si es que tuvo alguno. podía concebirse como un instrumento de protección procesal de los derechos humanos. carácter que poseía. por el contrario y de manera amplia. el llamado recurso de amparo en el ordenamiento constitucional republicano de 1931. según lo expresarnos con anterioridad. aun cuando se hubiese aplicado sólo en forma limitada.

vm. EL RECURSO DE AMPARO EN LA CONSlTIUCIóN ESPAÑOLA DE 1978 67. En la citada carta fundamental se ha restablecido el llamado recurso de amparo. tomando como ejemplo a la Constitución de 1931. y por este motivo podemos afirmar que recibe la influencia de la institución mexicana. así sea de manera indirecta. ya que. como lo señalamos en su oportunidad. nuestro juicio de amparo fue el modelo determinante para la introducción de este medio de impugnación en el ordenamiento constitucional republicano. 68. Son tres los preceptos de la nueva ley suprema que regulan el citado recurso de amparo. es decir. en primer término. el articulo 53. inciso 2. situado en el capítulo cuarto del título l. que se refiere a las garantías de las libertades y derechos fundamentales; en segundo lugar. el articulo 161. inciso 1. letra b). y fmalmente. el 162. inciso l. letra b). en la inteligencia de que los últimos están ubicados en el título IX. que se refiere al Tribunal Constitucional; disposiciones que conviene citar de manera literal. ya que es necesario examinar conjuntamente estos preceptos para tener una idea. así sea aproximada. de los propósitos perseguidos por el Constituyente al regular la institución. 69. a) "Artículo 53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y en la sección primera del capítulo segundo." ante los tribunales ordi1Ulrios. por un procedimiento basado Cfr. González Pérez. Jesús, op. cil. áltimamente, pp. 271-280. 85 Sobre los recursos adrrunistrativosen el sistema español, cfr. González Pérez. Jesús, Los recursos adnUnislrarivos. 2& ed., Madrid, 1969. pp. 31-93. 86 Lo que se complicó por la expedición de la Ley Sindical de 1971. según la autorizada opinión de Almagro Nosete. José. "Protección procesal de los derechos humanos en España", en Rnlisra tk Duuho ProcesQII"'ro~ricana. Madrid, 1973. pp. 27-29. s.t


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en los principios de preferencia y sumariedad y. en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30"." 70. b) "Articulo 161.1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: ... b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el articulo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca." 71. c) "Articulo 162. Están legitimados: .,.b) Para interponer el recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal" ," 72. Como no tenemos a la vista los debates del Constituyente y sólo contamos con el informe de la ponencia del Congreso de los Diputados de 12 de abril de 1978,90 que tampoco nos aclara el sentido preciso de estos preceptos en el anteproyecto presentado a las Cortes, debemos guiamos en forma exclusiva por el texto escueto de las disposiciones transcritas, las que sólo podemos apreciar de manera superficial comparándolas con las relativas de la Carta republicana de 1931, respecto de la cual se advierten algunas diferencias, en cierto modo sustanciales, aun cuando en ambos ordenamientos se comparte el mismo propósito de regular al amparo como instrumento tutelar de los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente.

87 Véase supra nota 1 de este trabajo.

88 El inciso 2 del referido artículo 30 constitucional dispone que: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará. con las debidas garantías. la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio. pudiendo imponer, en su caso, una -prestación social sustitutoria". 89 De acuerdo con lo establecido por el artículo 54 de la Constilución española que hemos venido examinando: "Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como aLto comisionado de las Corres Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título

(título I. De los derechos y deberes fundamentales), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales." Este DefeQsor se introdujo como u~a clara aplicación de los principios de la figura escandinava del Ombudsman, que ha tenido una trascendencia fundamental en esta segunda posguerra, por lo que ha sido calificada como "institución universal", por el tratadista francés André Legrand, "Une institution universelle: I'Ombudsman", en Revue International de Droit Comparé, Paris. octubre de 1973, pp. 851-861. La bibliografía sobre el Ombudsman es amplísima. por lo que nos limitamos a citar algunos de los libros fundamentales sobre esta materia, que asume cada vez mayor importancia, Legrand, André, L'Ombudsman Scandinave. Eludes comparles sur le controle de l' administration. Paris, 1970; Gellhom, Walter, Ombudsman and Others. Cambridge. Massachusetts, 1967. pp. 5-255; Napione, Giovanni. L 'Ombudsman. II controllore della pubblica amministrazione. Milán. 1969; Stacey, Frank. The Brirish Ombudsman, Oxford. 1973; Rowat, Donald C. (editor). The Ombudsman, Citizen's Defender, 2- ed .. Londres-Toronto-Estocolmo, 1968; existe tr¡ulucción de este último volumen al español por Eduardo L. Suárez. con elLÍtulo de El Ombudsman. México. 1973. 90 Véase dicho informe de la ponencia en el Boletfn Oficial de las Corus. número 82. de 17 de abril de 1978, Yla parte relativa del comentario a los preceptos relativos al recurso de amparo en las pp. 1550 Y 1609.

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73. Encontramos a primera vista una disparidad en la regulación constitucional del amparo entre la carta de 1931 y la ley fundamental de 1978, ya que en la primera el recurso de amparo se tramitaba en dos instancias, la primera ante los tribunales de urgencia, que no se establecieron, y por ello, en aplicación de la disposición segunda transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, este primer grado se tramitó ante el superior jerárquico de la autoridad que hubiese causado el agravio (véase supra apanado VI). 71. En forma diversa, según los dos primeros preceptos de la Constitución de 1978 transcritos con anterioridad, paree concebirse al derecho de amparo como un recurso de una sola y última instancia al Tribunal Constitucional, ya que los afectados en sus derechos fundamentales deben acudir previamente ante los tribunales ordinarios por conducto de un procedimiento de carácter preferente y sumario, y en este sentido existe aproximación al derecho alemán federal si se toma en cuenta que la institución traducida libremente al español como "recurso constitucional" (Verfassungbeschwerdei sólo puede intentarse en única y sola instancia ante el Tribunal Federal Constitucional para la defensa de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, ya que salvo casos excepcionales91 se exige

el agotamiento de los instrumentos procesales ordinarios que procedan contra los actos impugnados (articulo 90, inciso 2, de la Ley Reglamentaria del citado Tribunal)." 74. Por otra parte, este posible acercamiento con el recurso constitucional alemán debe considerarse como relativo en cuanto que el procedimiento preferente y breve establecido por el referido artículo 48 constitucional no puede equipararse con los medios de impugnación ordinarios, ya que más bien descubrimos el pro- pósito del Constituyente de configurar un instrumento 91 Cfr. Rubio Uorente. Francisco, El Tribunal Constilllcional Federal Alenutn. Caracas. 1962. pp. 113-126; en la parte relativa del inciso 2 del artículo 90. de la Ley del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo de 1951 se dispone: "[ ... ] El Tribunal Constitucional Federal puede. sin embargo, decidir inmediatamente un recurso constitucional. introducido antes de agotar la vía ordinaria, cuando es de impOrtancia general o cuando amenaza al recurrente un perjuicio grave e irremediable en caso de que se le remita previamente a la vía ordinaria." 92 En efecto. de acuerdo con la regla general establecida en el mismo precepto transcrito en la nota anterior: "Si puede seguirse contra la infracción la vía jurídica ordinaria. sólo podrá fonnularse el recurso constitucional cuando se hayan agotado todas las instancias." Cfr. Cappelletti, Mauro, La jurisdicción constitucional tk la libertad. trad. de Héctor Fix·Zamudio, México, 1961. pp. 76-77; Friesenhann, Erost. "Die Verfassungsgerichtsbark:eit in der Bundesrepublik Deutschland" (La jurisdicción constitucional en la República Federal de Alemania), en el volumen colectivo Veifassungsgerichlsbarbit in tkr Gegenwart (La jurisdicción constitucional en la actualidad). KOln·Berlín, 1962, p. 164; Vogel, KIaus, "Der gerichtliche Rechstsschutz der Einzelnen gegentlber der vollzienden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland" {La protección judicial del particular contra el Poder Ejecutivo en la República Federal de Alemania). en el volumen colectivo Gerichlsschull, gegen die Execulive (Protección judicial contra el Ejecutivo). KOln·Berlín·Bonn· MUncllen. Dobbs Ferry. Nueva York. tomo l. 1969. pp. 165·166. Y Cascajo. José Luis. "La jurisdicción constitucional de la libertad", en Revista de Estudios PoUlicos. Madrid. 1975. pp. 170·174.


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procesal específico para la tutela de los derechos fundamentales, pero diverso del amparo, y en esta dirección no deja de ser significativo que en el artículo 45, inciso 2, del anteproyecto presentado a las Canes se calificara al amparo como "recurso extraordinario". 75. Pe.,o aún de acuerdo con la conclusión anterior se nos plantean dos interrogantes de imponancia, y la primera de ellas se refiere a la naturaleza de este procedimiento que debe agotarse previamente ante los tribunales ordinarios a fin de que pueda combatirse la resolución denegatoria respectiva ante el Tribunal Constitucional por conducto del recurso de amparo, ya que si se trata de un proceso constitucional específicamente configurado para la tutela rápida y eficaz de los derechos fundamentales," que no debe entenderse como un instrumento procesal ordinario, no se comprende la razón por la cual no se le consideró como la primera instancia de un verdadero juicio o proceso de amparo similar al que debía agotarse ante los Tribunales de Urgencia en la Constitución republicana, ya que precisamente el derecho de amparo se caracteriza por regular a los procedimientos preferentes y breves para la tutela de los derechos humanos, y por ello no vemos una diferencia esencial del citado procedimiento previo con el "recurso de amparo" que puede hacerse valer ante el Tribunal Constitucional. 76. En segundo término, tampoco nos queda muy claro si ese procedimiento previo debe intentarse en todos los grados de la jurisdicción ordinaria, con la posibilidad de llegar en casación al Tribunal Supremo," ya que en ese supuesto compartimos la preocupación del tratadista español Joaquín Tomás Villarroya, quien al analizar la consagración de la institución en el anteproyecto estima que debiera precisarse el grado jerárquico de los tribunales ordinarios que pueden conocer del amparo ~n realidad el autor se refiere al procedimiento preferente y sumario-, pues, como acenadamente lo sostiene dicho jurista, si el particular ha de agotar toda la serie de recursos que procedan en la vía judicial ordinaria, el pronto remedio del agravio que le ha sido inferido queda aplazado indefinidamente.9S

93 Cfr. Fix~Zamudio. Héctor, "Los derechos humanos y su protección ante las jurisdicciones nacionales", en el volumen colectivo Miscellam!a W. J. Ganshofvan túr Meersch. Studia ab discipulis amiscisque in honoum egregi professoris edita. Bruselas-París, 1972. pp. 114-119; sobre la clasificación de los instrumentos procesales de tutela de los derechos humanos. 94 De acuerdo con el artículo 123. inciso 1, de la Constitución espaiíola de 1978. "el Tribunal

Supremo. con jurisdicci6n en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. salvo lo dispuesto en materia de garantfas constitucionales". Esta última frase se refiere indudablemente a la competencia del Tribunal Constitucional, en los ténninos del artículo 161. incisos 1 y 2. para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. 95 El Tribunal Constitucional en el anteproyecto de Constitución, cito supra nota 42. p. 211. Véase el proyecto presentado a las Cortes españolas por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia. sobre protecci6n jurisdiccional de los derechos j'und4mentales de la persona y publicado en el BoletEn Ofu:ial de las Cortes, núm. 59. de 11 de febrero de 1978. pp. 1029·1034.

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77. El mismo autor propone, no sin razón, que sólo exista una tramitación previa ante los jueces de primera instancia y que contra sus resoluciones denegatorias se acuda directamente al Tribunal Constitucional en vía de amparo para evitar que se desvirtúe el carácter de sumariedad o brevedad que se pretende otorgar al citado procedimiento ante los tribunales ordinarios"· 78. Otra diferencia sustancial que advertimos en cuanto a la consagración del amparo en las leyes fundamentales de 1931 y 1978 se refiere a la amplitud protectora de la institución, ya que en la nueva Constitución se separó la libertad personal de los otros derechos fundamentales y su tutela la atribuye al procedimiento especifico del habeas corpus en los términos del articulo 17, inciso 4,97 en tanto que en la carta republicana dicha libenad personal se comprendía también dentro del objeto del amparo, pues como se puso de relieve anteriormente en la regulación del llamado incidente de suspensión, se deba gran imponancia a las medidas necesarias para que la persona del agraviado no se sustrajera a la acción de la justicia (véase supra, apartado VI). 79. Finalmente, podemos destacar el uso de la palabra "ciudadano" en el citado articulo 53, inciso 2, de la Constitución de 1978 para referirse a los promoventes, tanto del procedimiento preferente sumario como del recurso de amparo, para la defensa de sus derechos y libertades fundamentales, pues de la gran mayoría de los preceptos que consagran estos derechos, y además del examen del articulo 162 de la misma ley suprema, se llega a la conclusión de que dichos instrumentos procesales pueden ser utilizados por toda persona f!sica y jurídica que esté sometida al ordenamiento jurídico español, es decir, comprende tanto nacionales como extranjeros" y no exclusivamente los ciudadanos españoles en sentido estricto. Hubiese sido preferible utilizar algún otro vocablo, como "persona", "habitante" o "gobernado", para indicar la generalidad de la protección. 80. En virtud de lo anterior, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que será necesario expedir con motivo de la aprobación de las disposiciones constitucionales respectivas, debe precisar en forma muy cuidadosa, entre otros aspectos, la indefinición de que adolecen algunas de las disposiciones constitucionales que hemos examinado, con el propósito de permitir el funcionamiento eficaz del

9(i op, cil. últimamente. p. 21 I. 97 Véase supra nota 40. 98 De lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución española de 1978 se desprende que los derechos y deberes fundamentales se aplican tanto a nacionales como a extranjeros. es decir, en general

a todo gobernado. En efecto, dicho precep10 establece: "1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes. el libre desarrollo de la personalidad. el respeto ala ley y a los delechos de los demás son fundamento del orden poICtico y de la paz social. 2. Las nonnas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que: la Constitución reconoce, se: interpretarán de confonnidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España."


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amparo para la tutela de los derechos y libertades fundamentales consagrados tan generosamente en la propia Constitución de 1978. IX. BASES GENERALES DE UNA POSIBLE LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA

81. Las bases o principios generales que podemos sugerir al respecto deben ser muy amplias y flexibles, ya que sería una temeridad de nuestra parte proponer disposiciones concretas, las que sólo pueden ser el resultado de un análisis meticuloso efectuado por los juristas españoles más distinguidos, ya que un instrumento tan delicado como lo es el amparo, que debe ser estructurado para la defensa y tutela eficaz de los derechos de la persona humana en sus dimensiones individual y social, sólo puede ser regulado después de un cuidadoso estudio. 82. Con las modificaciones necesarias que requiere la situación constitucional española actual, consideramos que pueden utilizarse las "Bases uniformes para un amparo latinoamericano", que fueron propuestas por el autor de este trabajo en las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuadas en las ciudades de Caracas, Valencia y Venezuela durante los últimos días de marzo y primeros de abril de 1967," ya que en ellas se recogen los principios generales derivados de las legislaciones y de la práctica de las instituciones latinoamericanas. 83. a) En primer ténnino, debe precisarse que tanto el procedimiento preferente y sumario como el recurso de amparo pueden ser promovidos por toda persona jurídica individual o colectiva que invoque un interés legítimo, entendido como la

afectación de uno o varios derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y señalados en el artículo 53, 2, de la nueva carta fundamental de 1978; por conducto de escritos carentes de formalismo y sin exigirse papel sellado u otro requisito de carácter fiscal, y en casos urgentes, en la primera instancia debe admitirse la promoción oral o inclusive a través del telégrafo sujeta a ratificación posterior, y si el promovente carece de la asistencia de un abogado el juez debe procurarle un defensor a la mayor brevedad, cuyos honorarios deben ser cubiertos con fondos públicos. 1qo

99 Cfr. Fix·Zamudic>, Héctor, lA protecci6n procesal de las garantfas individuales en América LAfina. cit. supra nota 56. pp. 74·80.

100 Esto de acuerdo ton la evolución reciente de los instrumentos de asesoramiento jurídico a las personas de recursos económicos insuficientes, que están desembocando en una institución de seguridad social, materia sobre la Cllal también existe una bibliografía muy amplia, pero como en otras ocasiones citaremos algunos trabajos recientes, como el excepcional libro elaborado porCappelletti, Mauro; James Gordeley y Earl Johnson (jr.) intitulado Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in MothmSocielies, Milán, DobbsFerry, Nueva York, 1975, y Fix·Zamudio, Héctor, "Breves reflexiones sobre el asesoramiento jurídico y procesal como institución de seguridad social", en AnUO/lO Jur{dico, 2,1975, México. 1977, pp. 63·101.

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84. ó) Por lo que se refiere a la legitimación del Defensor del Pueblo para interponer el recurso de amparo. como dicho funcionario. en su carácter de delegado de las Cortes. y de acuerdo con el modelo escandinavo del Om/Judsman. tiene la función esencial de supervisar la actividad de la administración en los ténninos del anículo 54 de la Constitución; su función debe consistir en la tutela de los derechos fundamentales colectivos o de grupo. o inclusive los de carácter difuso. cuando sean afectados por cualquier acto o resolución de las propias autoridades administrativas. y algo equivalente puede afmnarse de la impugnación que corresponde al Ministerio Fiscal en forma similar a la procedencia de las class oc/ions del derecho estadounidense y de las relator oc/ions del ordenamiento inglés.IO! 85. e) El procedimiento sumario que debe anteceder al llamado recurso de amparo. de acuerdo con las caracterfsticas señaladas por el invocado anículo 53. 2. de la carta fundamental. implica preferencia sobre cualquier otro procedimiento ordinario. con exclusión del habeas corpus. el cual debe gozar de preferencia absoluta. 86. d) Este procedimiento previo debe ser sencillo y breve. lo que significa que estará regido por los principios formativos de concentración. oralidad y oficialidad, de tal manera que la protección pueda ser rápida y oportuna. ya que de otra manera la reclamación resultaría inútil. pues la tutela de los derechos de la persona humana no puede definirse cuando ya se han causado peljuicios graves o irreparables al afectado por la violación de los mismos, y con la misma finalidad es preciso suprimir. hasta donde ello sea posible. las cuestiones incidentales y limitar a lo indispensable las impugnaciones. 87. e) En virtud de que el citado procedimiento previo debe utilizarse como la primera instancia del recurso de amparo sería conveniente que se precisara el grado de los tribunales ordinarios ante los cuales debe interponerse para evitar que se prolongue. a través de todas las impugnaciones ordinarias. hasta llegar en casación al Tribunal Supremo. por lo que sería preferible que se pudiese promover ante los jueces de primera instancia de la materia de la controversia y la resolución denegatoria sólo pudiese combatirse a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 88.j) Inútil resulta subrayar que es esencial para la eficacia de la protección que el citado juez de primera instancia cuente con amplias facultades de dirección del

JOl Como trabajos recientes sobre estas instituciones angloamericanas, podemos citar los documentados estudios de Cappelletti, Mauro, ''The Role of the Ministere Public. the Prokuratura. and the Attomey General in Civil Litigation". en el volumen redactado en colaboraci6n con J. A.lolowicz: Public ¡merest Porties and 1M Active Role O/1M ludge in Civil ü/iga/ion, Milán·Dobbs Feny, Nueva York, 1975. pp. 100-113. Y "Acces to Justice. Comparative General Report". en Rabels Zeilschrift fUr awliJndisches /too inurnarionales PrivalTechl, TUbingen, 1976, pp. 693-704.


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proceso. así como de iniciativa probatoria. de manera que disponga oportunamente de los elementos necesarios para establecer la certeza de violación. subsanando los errores excusables en que hubiera incurrido el presunto agraviado al suplir las omisiones y defectos de la demanda cuando se deben a ignorancia o falta de asesoramiento. ya que la tntela de los derechos del hombre no puede quedar subordinada en forma exclusiva a cuestiones de carácter puramente técnico. 89. g) También resulta indispensable un sistema eficaz de medidas precautorias que se sometan a la discreción del juzgador para evitar la consumación irreparable de las violaciones o para mantener la materia del proceso durante su tramitación; providencias cautelares que puedan llegar a la paralización de los efectos de los actos o resoluciones reclamados o inclusive tener carácter constitutivo. adelantando provisionalmente algunos efectos de la futura sentencia protectora cuando la situación lo requiera. pero preservando también los derechos de terceros o el interés público a través de un sistema flexible de garantías.'02 90. h) Respecto de las autoridades demandadas. es conveniente implantar dos principios esenciales: el primero. relativo al concepto mismo de autoridad. el que debe entenderse. como en varios ordenamientos latinoamericanos. a los funcionarios de los organismos públicos descentralizados y también. en ciertos supuestos. a las asociaciones o agrupaciones sociales. económicas y cultnrales. cuando su actividad pueda afectar los derechos fundamentales de sus miembros o terceros. siempre que no existan medios de impugnación adecuados para tutelar estos derechos. En segundo lugar. deben considerarse como tales autoridades demandadas no sólo aquellas encargadas del cumplimiento del acto o la resolución reclamados. sino también las que lo han emitido. por lo que siguiendo al derecho mexicano se puede hablar de autoridades ordenadoras y autoridades ejecutoras. 103 91. i) Las propias autoridades que se señalan como demandadas en el procedimiento tutelar no deben gozar de una situación de privilegio frente a los peticionarios de la protección. sino. por el contrario. es preciso establecer. en beneficio de los gobernados afectados por el acto o la resolución reclamados. ciertos aspectos defensivos que puedan equilibrarlos procesalmente en relación con el poder real de las propias autoridades de acuerdo con el principio de "igualdad por compensación" .,<>1 Lo anterior significa que, al menos, los actos o resoluciones de las autoridades

102 Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio. El juicio tU amparo, cito supra nota 32. pp. 697-798; Castro. Juventino V., LeCciOl1U de garanl(as y amparo, cit., supra nota 36. pp. 469-488. Y Noriega Cantil. Alfonso Lecciones tk amparo, cit. supra nota 36. pp. 865-966. 103 De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Amparo "es autoridad responsable (demandada) la

que dicta u ordena. ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Cfr. Burgoa Orihuela. Ignacio. op. dI. últimamente, pp. 336-340. Y Noriega Cantó. Alfonso, op. cit. últimamente, pp. 580-583. 104 Cfr. CQuture, Eduardo J., "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo", en su obra Estudios t:k tkrecho procesal civil, tomo l. Buenos Aires. 1948, p. 272.

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no deben contar con la presunción de legalidad (en este caso de constitucionalidad) que nonnaImente se les atribuye en el proceso admínísttativO. I05 92. j) El procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios debe cumplir con una sentencia fIrme cuando otorgue la protección a los reclamantes, salvo casos excepcionales en los cuales sea necesario admitir la apelación de las autoridades demandadas ante el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que aleguen y dicho Tribunal lo acepte discrecionalmente que la cuestión tenga una gran importancia para la interpretación de las disposiciones constitucionales respectivas o cuando se infrinja la jurisprudencia o doctrina legal del mismo Tribunal Constitucional, pero en todo caso sin implicar la suspensión de los efectos de la sentencia protectora.

93. k) La propia sentencia protectora debe ser clara y precisa, fIjando la conducta que la autoridad demandada debe realizar para restaurar el derecho constitucional infringido,l06 instaurándose además un procedimiento de ejecución enérgico que obligue a las mismas autoridades demandadas y a todas aquellas que por la naturaleza de sus funciones deben intervenir en el cumplimiento a obedecer con lo dispuesto en el fallo tutelar, y cuando la naturaleza del acto lo permita, el mismo jutgador debe estar facultado para intervenir en el cumplimiento, imponiendo sanciones graves a los que se opongan o pretendan rehuir la ejecución. 107 94. 1) Cuando la resolución pronunciada por los tribunales ordinarios niegue la protección solicitada, procederá el "recurso de amparo" ante el Tribunal Constitucional promovido por los agraviados con los actos violatorios de sus derechos fundamentales, por el Defensor del Pueblo o por el Ministerio Fiscal, en su caso,

lOS Son las autoridades administrativas. por la Índole misma de sus actividades y de su creciente intervención en la vida económica, social y política de la sociedad moderna, las que infringen con mayor frecuencia los derechos fundamentales de los gobernados; cfr. González Pérez, Jesús, Administraci6n pública y libertad, México. 1971, pp. 21-66. lOó Al respecto, el artículo 80 de la Ley de Amparo establece: "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte,lo'que la misma garantía exija." En algunas provincias argentinas el cumplimiento de la sentencia de amparo se traduce en la expedici6n por el juez respectivo de mandamientos: de ejecuci6n y prohibici6n, según la naturaleza de los actos reclamados. y como una adaptaci6n de los wri,s angloamericanos de injunction y mondamus; cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Influencia del derecho angloamericano en la protecci6n prx:esal de los derechos humanos en América Latina", en el volumen colectivo Festschrift fUr Karll...oewt1l$ft;n, TfJbingen. 1971, pp. SOS-S08 107 La fracción XVI del artículo 107 de la Constituci6n federal mexicana establece: "Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiese en la repetici6n del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal. será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez (federal) de Distrito que corresponda." Cfr. fix-Zamudio, Héctor. "La responsabilidad de los sujetos procesales en el juicio de amparo", en Revis,a tú la Facultad tú Dertclw de Mlxico, núm. 59, julio-septiembre de 1965. pp. 613-631.


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recurso que tendrá por objeto el examen de la legalidad del procedimiento y de la sentencia respectiva en virtud de la instancia previa ante los referidos tribunales ordinarios, es decir, que operaria de manera similar al recurso de casación, pero sin los formalismos de que adolece esta última institución en el derecho español. \08 95. m) Es necesario que el Tribunal Constitucional organice comisiones de admisión a fin de examinar discrecionalmente la procedencia del recurso equivalente al ceniorari del derecho estadounidense,1<)9 con objeto de que el propio Tribunal se descargue del peso de recursos notoriamente infundados de aquellos que no planteen problemas constitucionales o cuyo rechazo no produzca efectos irreparables a los promoventes, en forma similar a la manera en la cual opera el Tribunal Constitucional Federal alemán para la admisión del recurso constitucional. HO 96. n) Las Salas del Tribunal Constitucional deben proceder con gran flexibilidad en el procedimiento de amparo, recabando los informes que consideren necesarios y señalando una audiencia en la cual puedan presentarse los argumentos orales de los agraviados y de las autoridades demandadas, pero sin que las propias Salas se encuentren vinculadas forzosamente a los razonamientos de las partes cuando adviertan que existan violaciones que hubiesen dejado sin defensa a los 108 Sobre la necesidad de suprinúr el excesivo formalismo y de actualizar la regulación de la casación civil en el ordenamiento español. entre otros, cfr. Fairén Guillén, Víctor, Sugerencias sobre el "anteproyecto de bases para el Código procesal civil" de 1966, Valencia. España. 1966, pp. 230-240, Y Pérez Gordo. Alfonso, "El sistema de recursos y el proceso de ejecución singular, ante la corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil". en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, 1975. pp. 886-889. 109 Sobre el certiorari existe una abundantísima bibliografía. especialmente de los tratadistas estadounidenses, y por ello nos limitamos a citar un trabajo de Warren, Herbert A.. y Samuel A. Saadi. '''The Procei!lural Acts of Certiorari", en Miami LAw Quaterly, 1950, pp. 367-379. Para su posible aplicación en el ordenamiento mexicano, cfr. Carrillo Flores, Antonio, Reflexiones del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia, México, 1975, pp. 99-100. 110 Las comisiones de Admisión, integradas por tres magistrados para calificar la procedencia del recurso constitucional ante el Tribunal Federal Constitucional alemán, debido al recargo considerable que experimentaba dicho tribunal en esta materia, fueron introducidas por las reformas a la Ley Orgánica respectiva, por decreto$ de 21 de julio de 1956, 3 de agosto de 1963 Y 21 de diciembre de 1970, en las cuales es estableció un procedimiento previo para desechar las impugnaciones notoriamente infundadas que no planteen problemas de constitucionalidad o cuyo rechazo no produzca perjuicios irreparables a los promoventes; cfr. Rupp, Hans, "Die Verfassungsbeschwerde im Rechtsmittelsystem" (El recurso constitucional en el sistema de los medios de impugnación) en Zetschrift für Zivillprozess (Revista de Derecho Procesal Civil), Koln, enero de 1969, pp. 5-8. A este respecto, el profesor Ingo von Münch: "Die Verfassungsbeschwerde als Instrument des Rechts und der Politik" (El recurso constitucional como instrumento del derecho y de la política), presentado a este Simposio. señala que desde la introducción del recurso en la Ley de 1951 hasta fines de 1975 se habían planteado 31.300 recursos constitucionales y que gracias a los procedimientos previos de admisión sólo un limitado número llegó a las Salas del Tribunal Federal Constitucional, y de ellos, un porcentaje más aún reducido fue resuelto favorablemente a los promoventes, es decir, aproximadamente el uno por ciento de la totalidad de los planteados ante el propio Tribunal, lo que nos indica que son muy pocos los que tienen un verdadero interés constitucional. -

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reclamantes. En la sentencia respectiva también deben figurar los votos de disidencia de los magistrados que no concuerden con la mayoría en los ténninos del articulo 164 de la Constitución española de 1978. 111 97. o) El Pleno del Tribunal Constitucional fijará obligatoriamente lajurisprudencia o doctrina legal en materia de amparo. resolviendo las contradicciones entre las Salas del propio Tribunal o respecto de los criterios establecidos por los tribunales ordinarios en el procedimiento previo. En esta dirección pueden admitirse las reclamaciones de los afectados tanto agraviados como autoridades. así como la denuncia presentada por los interesados. los jueces que tramiten el procedimiento previo. los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros del Ministerio Fiscal. pero en los últimos supuestos sin afectar las situaciones concretas correspondientes. 112 98. p) Es recomendable que el propio Tribunal Pleno conozca de las impugnaciones o denuncias contra las autoridades demandadas. cuando incurran en defecto o exceso en la ejecución del fallo protector pronunciado en su contra. ya sea en el procedimiento de primera instancia o por el Tribunal Constitucional al resolver el recurso de amparo. así como también de la repetición de las violaciones impugnadas o de las evasivas o negativas de las autoridades para cumplir con el propio fallo. En su caso. el citado Tribunal Constitucional debe comunicar su decisión. cuando sea condenatoria. al órgano competente para conocer de la responsabilidad criminal. en caso de haberla. de los funcionarios respectivos. 1Il

111 El problema de los votos disidentes o particulares no es sencillo de resolver. ya que presenta ventajas e inconvenientes que seguramente fueron apreciados por el Constituyente español al establecer en el inciso 1, del mencionado artículo 164 de la carta fundamental, que la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional debe incluir a los votos particulares. si los hubiere. La tradici6n angloamericana de los votos particulares se ha transmitido a los ordenamientos latinoamericanos. entre ellos el mexicano. ya que esta situación está expresamente prevista en el artículo 186 de la Ley de Amparo. segundo párrafo. Al respecto. resulta indispensable. para los preocupados por esta institución, la lectura del libro colectivo elaborado por los profesores Vittorio Denti. Giuliano Amato. Kurt H. Nadelmann y otros autores, intitulado Le opinioni dissenzienri dé giudici eo.ftiruzionali ed intemazionali (Serini raceolti a eura di Constantino Mortali), Milán, 1964. 112 Según los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, cuando se denuncia la contradicción de tesis existentes entre los diversos tribunales colegiados de circuito o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia. denuncia que puede ser planteada por los magistrados de los referidos tribunales, de las Salas respectivas. por los interesados en los asuntos correspondientes o por el procurador general de la República, quien siempre debe intervenir para expresar su opini6n jurídica sobre dicha contradicci6n, la resoluci6n sobre la tesis que debe prevalecer, que corresponde a la Sala de la materia de la Suprema Corte cuando se plantea entre tribunales colegiados y el Tribunal en Pleno, si se trata de contradicci6n entre Salas de la propia Corte, "no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en el que fueron pronunciadas". 113 Debe tomarse en cuenta que según el artículo 102, inciso 1, de la Constituci6n española de 1978, "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo.


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99. q) En el procedimiento sumario y en el recurso de amparo deben imperar, más que en otros tipos de proceso, los deberes de veracidad y probidad de las partes,

de manera que en ordenamiento respectivo es preciso incluir las disposiciones que sancionen severamente la temeridad, la falsedad y la mala fe, tanto de los reclamantes como de las autoridades que figuren como demandadas. así como de

cualquier otro sujeto procesal que deba intervenir en ambos procedimientos, y también debe castigarse con rigor el abuso que se haga del instrumento protector con objeto de evitar que sus nobles fines sean desvirtuados por litigantes audaces. X. CONCLUSIONES

lOO. De las breves reflexiones anteriores podemos llegar a las siguientes conclusiones, expuestas también de manera concisa: 101. Primera. Tanto el juicio de amparo mexicano como el recurso de amparo español han recibido la influencia recíproca, tanto directa como indirecta, de los ordenamientos de ambos países, por lo que su estudio comparado puede ser muy fructífero para los juristas de los dos sistemas jurídicos, especialmente en este momento en el cual se ha aprobado el restablecimiento de la institución en la carta democrática española de 1978. 102. Segunda. Es evidente que el derecho de amparo mexicano ejerció una influencia preponderante a través de las enseñanzas de nuestro compatriota Rodolfa Reyes, quien vivió varios años en España, en su introducción en la Constitución republicana de 1931, pero debe tomarse en cuenta que este influjo se refiere de manera exclusiva al sector original del amparo mexicano, o sea el relativo a la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana consagrados constitucionalmente y no a los restantes sectores de nuestra institución, la que, como es bien sabido, fue ampliando su esfera hasta comprender la protección, en último grado, de todo el ordenamiento jurídico mexicano. 103. Tercera. Si cotejamos el juicio de amparo mexicano, de acuerdo con su regulación actual, con los instrumentos procesales españoles, se puede observar que el primero tiene equivalencia con elluJbeas corpus y con el recurso de amparo, regulados por la nueva carta de 1978, pero también con el recurso de casación en todas las materias, cuyo conocimiento corresponde en España al Tribunal Supremo, y también puede compararse, en un cierto sentido, con el proceso administrativo, reglamentado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 104. Cuana. En este sentido también resulta útil el análisis, así sea somero, del derecho de amparo, tal como fue consagrado, también por influencia de la institución mexicana, en varios ordenamientos constitucionales latinoamericanos, como los de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador (sólo de 1967 a 1971), El

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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela; procedimientos que reciben el nombre de acción, recurso o juicio de amparo y a los que deben agregarse los similares, relativos al nuurdado de seguranra brasileño y al habeas corpus de la legislación peruana, ya que en la mayoría de estos ordenamientos el derecho de amparo tiene por objeto la tutela de los derechos de la persona humana, en su dimensión individual y oocial, consagrados constitucionalmente, con exclusión de la libertad personal protegida por el habeas corpus. 105. Quinta. El recurso de amparo restablecido por la Constitución española de 1978 ha sido influido indirectamente por la institución mexicana y también por el derecho de amparo que puede calificarse como latinoamericano por conducto de la carta republicana de 1931, pero respecto de esta última se advierten, en relación con la actual, algunas divergencias esenciales, entre las cuales se observa, en primer ténnino, que se ha reducido con amplitud protectora, ya que la nueva Constitución ha excluido de la esfera tutelar del amparo a la libertad personal, protegida ahora por el habeas corpus, que estaba comprendida en el amparo por la Constitución de 1931, y en segundo lugar, la ley fundamental de 1978 establece un procedimiento preferente y sumario ante los Uibunales ordinarios como instancia previa al recurso de amparo propiamente dicho, el cual debe interponerse ante el Tribunal Constitucional. 106. Sexta. Utilizando la experiencia de la aplicación más que centenaria del juicio de amparo mexicano y la menos antigua, pero no por ello menos importante, de las instituciones similares de varios países latinoamericanos, es posible sugerir algunos principios generales para la legislación que debe expedirse con el propósito de reglamentar la institución establecida por los articulos 53, 2; 161, bj, Y162, bj, de la Constitución española de 1978, y entre esos principios pueden destacarse las bases relativas a la doble instancia del derecho de amparo, ya que el procedimiento preferente y sumario de carácter previo que debe seguirse ante los tribunales ordinarios, aun cuando no se le otorgue el mismo nombre, en realidad configura el primer grado del amparo, el que por otra parte no puede admitir todos los recursos hasta llegar en casación hasta el Tribunal Supremo, en virtud de que lo anterior difería indefinidamente la tutela de los derechos fundamentales, que requiere de rapidez y efectividad. 107. Séptima. Resulta conveniente que dicho procedimiento previo se haga valer ante los jueces de primera instancia a través de una secuela en la cual imperen los principios de concentración, oralidad, publicidad, inmediación y gratuidad, y en este primer grado la sentencia protectora debe considerarse firme, con la excepción de aquellos casos en los cuales las autoridades demandadas acudan en apelación ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la cuestión debatida implica un problema constitucional importante, o se infrinja la jurisprudencia o doctrina legal del mismo Tribunal Constitucional, según el criterio discrecional de este último.


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108. Octava. Los jueces de primera instancia deben contar con amplias facultades para otorgar medidas precautorias provisionales o permanentes que eviten la

consumación de las violaciones reclamadas, o bien que se causen perjuicios graves o irreparables a los peticionarios de la protección, así como la atribución de ordenar a las autoridades respectivas el cumplimiento del fallo tutelar que pronuncien dichos jueces, así como el pronunciado en segundo grado por el Tribunal Constitucional, pero correspondiendo a este último decidir sobre la ejecución defectuosa

o excesiva, repetición de los actos reclamados o bien de las evasivas o negativas de la ejecución de la sentencia por parte de las autoridades demandadas. 109. Novena. El recurso de amparo propiamente dicho debe interponerse por los afectados, por el Defensor del Pueblo o el Mirtisterio Fiscal ante el Tribunal Constitucional y contra la resolución denegatoria de los jueces de primera instancia, por conducto de una petición similar al certiorari del derecho estadounidense, de manera que el citado Tribunal Constitucional, por conducto de comisiones de admisión, pueda examinar y rechazar, en su caso, las peticiones claramente inadmisibles que no planteen verdaderos problemas constitucionales o que no produzcan efectos irreparables a los promoventes. 110. Décima. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional debe tener por objeto únicamente el examen de la legalidad del procedimiento previo ante los jueces de primera instancia, así como del fallo denegatorio pronunciado por éstos en forma flexible y amplia, oyendo en audiencia pública a las partes, pero sin sujetarse estrictamente a 10 alegado por las mismas, cuando se advierta que las violaciones procesales o de fondo hubiesen dejado sin defensa a los gobernados agraviados en sus derechos fundamentales por los actos de autoridad impugnados.


1. 11, TII, IV, V, VI, VII.

Introducción , , , , , , , , , Breve relación de antecedentes , , , , , , , Los dos grandes sectores del amparo en materia agraria El amparo de la pequeña propiedad , , , , El derecho procesal social , , . , , , . , " Problemas procesales del amparo social agrario . ' . Las relaciones del juicio de amparo con los futuros tribunales agrarios , , VTII. Conclusiones , , . . , . , , , , , , , , ,

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EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA' SUMARlO: 1. Introducci6n, n. Breve relación de anJecedenles. m. Les dos grandes sectores del amparo en materia agraria. IV. El amparo de la pequeña propiedad. V. El derecho procesal social. VI. Problemas procesales del amparo social, agrario. vn. Las relaciones del juicio de amparo con los futuros rribunales agranos. VIII. Conclusioru!'s.

1. INTRODUCCIÓN 1. El tema relativo al juicio de amparo en materia agraria es uno de los más debatidos en la doctrina jurídica mexicana, y también uno de los sectores, al menos por lo que se refiere a la tutela de los derechos sociales agrarios, que ha mostrado un extraordinario dinamismo, pues no obstante su reciente introducción en las reformas de 1963, actualmente ha determinado la división de la Ley de Amparo en dos libros, uno de los cuales está dedicado totalmente a regular la protección de los referidos derechos sociales agrarios. 2. No obstante lo anterior, todavía no se han resuelto algunos problemas procesales esenciales, de manera que no resulta ocioso examinar en un Congreso Mexicano de Derecho Procesal, esta institución, que si bien ha sido objeto de numerosos estudios monográficos, entre los cuales destaca ellmportante y exhaustivo libro del distinguido amparista Ignacio Burgoa Orihuela, publicado en el año de 1964 y que posteriormente incorporó su clásico tratado sobre el juicio de amparo; así como dos excelentes tesis, una de licenciatura también en el año de 1964 y la otra de doctorado presentada en 1976, ambas en la Facultad de Derecho de la UNAM y redactadas por el profesor Luis del Toro Calero, así como otros trabajos de menor extensión que mencionaremos en el curso de esta sencilla ponencia; de ninguna manera podemos afirmar que el tema se encuentra agotado, ya que está en constante evolución y forzosamente debemos descubrir nuevos

'"

Ponencia presentada ante el VID Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Jalapa. Yeracruz.

del 12 al 16 de noviembre de 1979.

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ENSAYOS SORRE EL DERECHO DE AMPARO

problemas y proponer soluciones, dentro de una realidad angustiosa como es la relativa al régimen jurídico de la propiedad rural en nuestro país. 3. Debido a la existencia de una doctrina procesal agraria muy sólida en nuestro país, no pretendemos en esta ocasión, examinar nuevamente, a través de una visión panorámica, las diversas categorías del amparo en materia agraria, de manera que nos limitaremos a señalar los aspectos que presentan problemas de carácter procesal y sobre los cuales es posible plantear soluciones que puedan discutirse en este Congreso nacional. 4. Por otra pane, expresamos nuestra convicción de que el planteamiento jurídico es esencial para tratar de agilizar y bacer más expedita la resolución de los conflictos agrarios, pero constituye sólo un elemento entre varios otros que deben ser examinados de acuerdo con el prisma de las restantes ciencias sociales, por lo que resultaria necesario un estudio pluridisciplinario con objeto de partir de fundamentos más sólidos para prevenir y canalizar, en lo posible, tales conflictos, limitando la inseguridad juridica que todavía impera en el campo mexicano. 11. BREVE RELACIÓN DE ANTECEDEN'IES

5. Es preciso señalar que la institución del amparo ba estado presente en diversas etapas históricas, como insu"Umento para la tutela, si bien no exclusiva, de los derechos agrarios de los mexicanos. 6. a) En esta dirección, es posible afirmar que el llamado "amparo colonial" o "real amparo ", operó durante el régimen colonial como un instrumento procesal de carácter interdictal para la tutela de derechos personales, pero también de fundos rústicos, y subsistió inclusive en los primeros años de la Independencia, en tanto se siguieron aplicando las disposiciones jurídicas españolas. 7. De acuerdo con los estudios efectuados por el ilustre tratadista español José María 015 Capdequí y por el jurista e historiador mexicano Andrés Lira González, el citado amparo colonial fue utilizado por varias comunidades indígertaS para la protección de sus derechos colectivos contra los colonos españoles que pretendían despojarlos de sus bienes colectivos, los que babían sido confirmados por la legislación española. 8. Debe hacerse la aclaración que este interdicto de amparo fue una institución de derecho castellano, ya que fue el que trascendió a la legislación de Indias, y no tiene relación directa con los fueros procesales aragoneses, y por supuesto, tampoco constituye un antecedente directo del juicio de amparo creado paulatinamente por Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero y los constituyentes de 1856-1857, pero de cualquier manera no es ocioso mencionarlo, ya que funcionó con un éxito así sea relativo en la defensa de los derechos agrarios colectivos de las comunidades indígenas, y además influyó en cierta medida, en el concepto que tuvieron algunos

EL JUICIO DE AMPARO EN MA ITRIA AGRARIA

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de los primeros tratadistas que pretendieron explicar la naturaleza jurídica del

amparo en sus primeros años de aplicación bajo la vigencia de la Constitución de la carta federal de 1857, si se toma en cuenta que los distinguidos juristas Ignacio L. Vallarta, José María Lozano y Fernando Vega, lo calificaron como interdicto constitucional. lO. b) Ya durante la vigencia de la propia Constitución de 1857, es decir, ya

habiéndose consagrado nuestro juicio de amparo en sentido moderno, el mismo intentó utilizarse para la defensa de los derechos colectivos agrarios tanto de las comunidades como de los ejidos de los pueblos -en el sentido tradicional de la propiedad ejidal- pero sin éxito en esta ocasión, debido especialmente a las disposiciones de la Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856 -el equivalente bastante retrasado de la Ley Chapelier francesa-, así como de acuerdo con la estrecha interpretación que se hizo del texto del anlculo 27 de la propia ley suprema anterior; ordenamientos que desconocieron la personalidad jurídica de las corporaciones civiles y religiosas, así como su capacidad para poseer propiedades rurales, y ordenaron el reparto de los bienes de las primeras, entre los integrantes de las comunidades y las poblaciones. Es muy conocido el fenómeno de la concentración de la riqueza agrícola en nuestro país durante la segunda mitad del siglo anterior y primeros años del

presente, para reiterarla en este momento. pero s610 consideramos conveniente destacar que, debido a la interpretación que se dio a los ordenamientos señalados en el párrafo anterior, se declaró improcedente la interposición del juicio de amparo por parte de las citadas comunidades agrarias, en defensa de sus derechos colectivos, en varias resoluciones de la Suprema Corte deJusticia, y de las cuales podemos destacar las dictadas el 9 de enero y el 9 de noviembre de 1882, en los juicios de amparo solicitados, el primero por Cipriano Castillo Mercado, en representación de los indígenas de Chicontepec, contra actos del gobierno de Veracruz, el cual ordenó la venta de parte de los terrenos de dicha comunidad para pagar los gastos del repanlmiento de los restantes; y el segundo por Juan Estrada. en representación de los pueblos de San Bartolomé Tepetitlán y San Francisco Sayula, contra la resolución del Tribunal de Distrito que negó a esos pueblos indígenas personalidad para litigar; fallos que fueron comentados ampliamente por el ilustre Ignacio L. Vallarta en sus Votos, ya que dicho jurista influyó decisivamente en el criterio exageradamente individualista de la interpretación de la Suprema Corte, la que sostuvo en su jurisprudencia, que las disposiciones constitucionales y legales sobre desamortización habían desconocido expresamente la personalidad jurídica de las corporaciones civiles, entre ellas, las comunidades indígenas. para poseer bienes raíces, y hahía úrdenado su disolución, así como el reparto de los bienes colectivos entre sus integrantes, lo que implicó que las propias comunidades careclan de legitimación procesal para interponer el juicio de amparo en defensa de los citados bienes colectivos, lo que sólo podían hacer los antiguos comuneros en lo individual.

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11. Ese mismo criterio fue sostenido con posterioridad en varias resoluciones de la misma Suprema Corte en los últimos años del siglo anterior y los primeros del presente, de acuerdo con el cuidadoso estudio de jurisprudencia efectuado por el distinguido tratadista Silvestre Moreno Cora. 12. Estamos convencidos de que si no hubiese predominado esta interpretación judicial tan rígida sobre las disposiciones de desamortización, se hubiese atenuado, ya que no evitado, el despojo de que fueron objeto dichas comunidades, privadas de todo medio de defensa jurídica para proteger sus derechos colectivos, y en cierta medida así lo reconoce implícitamente la fracción VIII, inciso a) del articulo 27 de nuestra Constitución federal vigente, en cuanto dispone que: Se declaran nulas [... ] Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 Y demás leyes y

disposiciones relativas. 13. En esta dirección nos encontramos con una contradicción evidente, en cuanto en el aspecto que examinamos, es decir, de la tutela de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y de los ejidos de los pueblos, fue mucho más liberal el simple interdicto de amparo de la época colonial, que el juicio de amparo moderno, dirigido a la protección de los derechos fundamentales, si bien esta incongruencia fue resuelta en forma limitada por la legislación de amparo expedida durante la vigencia de la Constitución vigente de 1917, y satisfactoriamente a través de las reformas de 1963, al menos para el sector social del amparo agrario. 14. e) La última gran etapa se inicia con la expedición de la Ley de 6 de enero de 1915, que no sólo restableció la personalidad jurídica de las comunidades indígenas para acudir a los tribunales en defensa de sus derechos colectivos -introduciendo además un nuevo concepto de propiedad colectiva, que calificó como ejidal-, sino que además estableció dos vías procesales para la reestructuración de la propiedad de la tierra en nuestro pars, es decir, los procedimientos de restitución y dotación. 15. De acuerdo con la citada Ley agraria y el texto primitivo del articulo 27 d~ la carta fundamental vigente de 5 de febrero de 1917, Carta que inició el movimiento incontenible del constitucionalismo social, se restableció la procedencia del amparo en beneficio de la nueva propiedad colectiva de naturaleza social de las comunidades y de los ejidos, así como de sus integrantes individuales, pero también respecto de los propietarios afectados con las resoluciones presidenciales respectivas, conformando así dos sectores del amparo en materia agnuia: el de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria y el de los titulares del derecho de propiedad privada reconocida también, si bien con limitaciones, por los mismos ordenamientos.


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16. A partir de los primeros años de vigencia de nuestra carta fundamental de 1917, se inició la evolución del amparo en materia agraria, con repercusiones sociales de gran trascendencia, si tomamos en cuenta el interpuesto por los propietarios afectados por las resoluciones presidenciales de dotación o restitución de tierras yaguas, el cual fue objeto de grandes debates e inclusive de decisiones políticas fundamentales, todavía abienas a la discusión a través de las reformas del artículo 27, en su actual fracción XIV, según los Decretos de 9 de enero de 1934 y 12 de enero de 1944. 17. Para no incurrir en repeticiones superfluas por lo que respecta a las diferentes etapas que ha experimentado el amparo en materia agrariJ a panir de la Ley del 6 de enero de 1915, hasta la reforma a la legislación de amparo en 1963, nos remitimos a lo expuesto con precisión y profundidad por el conocido tratadista Ignacio Burgoa Orihuela.

IlI. Los DOS GRANDES SECTORES DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA 18. Cuando hablamos del amparo en materia agraria podemos incurrir en el equívoco de considerarlo como unitario, no obstante que a panir de 1931 ha tenido un doble tratamiento y en 1963 se dividió inclusive desde el punto de vista del procedimiento mismo, en dos grandes sectores que actualmente poseen lineamientos diversos, los que inclusive en algunos aspectos podemos considerar como opuestos, por lo que resulta necesario para la mejor comprensión de la institución, examinar separadamente las distintas categorías procesales de esta división fundamental. 19. Desde este punto de vista, es preciso dividirla institución que denominamos como "amparo en materia agraria", en amparo de la pequeña propiedad, por una parte, y por la otra lo que se ha calificado como amparo social agrario o como amparo agrario ejidal y comuTUlI, ya que el primero se refiere a la legitimación que tienen los propietarios afectados por resoluciones dotatorias o restitutorias, para interponer el juicio de amparo, siempre que demuestren que su predio no excede de los límites que señala la misma ley suprema; en tanto que la titularidad del segundo corresponde a las comunidades y poblaciones sujetas al régimen de la reforma agraria, tratándose de derechos colectivos y a sus integrantes, es decir, a los comuneros y ejidatarios, respectivamente, en relación con sus derechos de carácter individual. 20. Tenemos la convicción, como lo trataremos de demostrar en los párrafos siguientes, que se ha llegado a exagerar el diverso tratamiento de ambos sectores de amparo, debido a cienas experiencias negativas que se han producido, con la utilización del primero de los aspectos mencionados, sin tomar en cuenta que dichos efectos indeseables no se han generado exclusivamente por la interposición

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del juicio de amparo por parte de los afectados con la reforma agraria, sino que derivan de los vicios del procedimiento administrativo anterior ---que en gran parte de los casos debe considerarse como una instancia procesal previa-, ya que el propio amparo no constituye sino la culminación del referido procedimiento y no puede corregir de manera oficiosa los defectos del mismo.

IV. EL AMPARO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD 21. Este primer sector del amparo en materia agraria, que podemos considerar como maltrecho. visto con desconfianza e inclusive amenazado en varias ocasiones con su desaparición, en nuestro concepto ha sufrido las consecuencias que no le corresponden, de un procedimiento defectuoso ante las autoridades agrarias, que si bien se ha ido perfeccionando paulatinamente, todavía no ha logrado superar sus inconvenientes tradicionales. como seguramente se pondrá en relieve en otras ponencias que se presentan en este Congreso. 22. En efecto, el mal uso que se hizo del juicio de amparo por algunos grandes propietarios y las dilaciones que sufría su resolución debido a la complicación del procedimiento, particularmente a partir del cambio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el año de 1929, al estimar que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915, antes de promover amparo, los propietarios afectados con resoluciones presidenciales dotatorias, deberian acudir a la vía ordinaria federal, determinó una oposición vigorosa de los dirigentes de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria, y por ello se modificó dicho artículo 10, que se consideraba de carácter constitucional, por Decreto de 23 de diciembre de 1931, prohibiendo a los referidos propietarios afectados, la interposición del juicio de amparo, en forma absoluta, pero debido a las objeciones que se hicieron a esta reforma, se promulgó el Decreto de 9 de enero de 1934, al cual nos hemos referido anteriormente (ver supra nota párrafo 17), que suprimió la citada Ley del 6 de enero de 1915 e incorporó varias de sus disposiciones al artículo 27 constitucional, consagrando la citada prohibición en la fracción XIV de dicho precepto fundamental. 23. Esta proscripción tajante y categórica fue objeto de criticas severas por parte de distinguidos juristas mexicanos, como Luis Cabrera, Narciso Bassols, e inclusive por parte de uno de los actores principales en la elaboración del proyecto de artículo 27 constitucional en el Congreso de Querétaro, el ingeniero Pastor Rouaix; ninguno de los cuales pueden considerarse como defensores del latifundismo, sino por el contrario, como decididos promotores de la reforma agraria. 24. Los argumentos esenciales que entonces se expusieron para considerar indebida esa supresión del amparo de la pequeña propiedad, no obstante los abusos a que su empleo indebido había dado lugar; nos parecen contemporáneos, y con


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frecuencia son olvidados por los actuales detractores de este sector del amparo en materia agraria, ya que desde entonces se señaló que muchos de los vicios que se atribuyen aljuicio de amparo provienen del defectuoso procedimiento y la indebida aplicación de las disposiciones agrarias. por parte de las autoridades administrativas correspondientes. 25. Esta situación fue atenuada, en nuestro concepto con acierto, si bien no con una técnica muy depurada, por la reforma constitucional de 12 de febrero de 1947, la que conservó la anterior prohibición. pero admitió la posibilidad de que los propietarios afectados pudiesen promover el juicio, siempre que sus predios se encontrasen en explotación y además que contasen con la prueha preconstituida del documento público suscrito por la máxima autoridad agraria en la esfera administrativa, es decir, por el presidente de la República, y que recibe el nombre de certificado de inafectabilidad. 26. Esta refonna constitucional es ponderada y cautelosa. sin embargo, en tiempos recientes ha sido calificada de reaccionaria por algunos sectores campesinos, que la han considerado como un obstáculo a la realización de la reforma agraria, y pretenden volver a la supresión tajante del amparo de la pequeña propiedad, establecida en la mencionada reforma de 1934. 27. La jurisprudencia de la Suprema Corte, a nuestro modo de ver con acierto, ha extendido la legitimación para interponer el juicio de amparo a todos aquellos que se encuentran en los supuestos de los artículos 66 del Código Agrario de 1942 y 252 de la actual Ley Federal de Reforma Agraria, es decir, cuando demuestren ser poseedores de modo continuo, pacífico y público de tierras yaguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable; las tengan en explotación. y siempre que dicha posesión sea, cuando menos, cinco años anterior a la fecha de la publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, y además, no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden en el estado comunal. 28. No obstante algunas críticas que se han hecho a la tesis de jurisprudencia señalada en el párrafo anterior,la consideramos acorde con el espíritu de la reforma constitucional de 1947, en cuanto en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que dio origen a la misma, se expresó la intención de reformar la ley de la materia, a fin de que el derecho al amparo de los pequeños propietarios no quedara condicionado a la entrega de los certificados, evitando la consumación irreparable de afectaciones o privaciones ilegales de pequeñas propiedades. 29. Si bien es verdad que la citada adición a la legislación de amparo no llegó a efectuarse, es clara la intención de la reforma constitucional mencionada de 1947, de no adoptar un criterio exageradamente rígido en cuanto a la exigencia previa del referido certificado de inafectabilidad como requisito para la interposición del amparo y por otra parte, los citados preceptos del Código Agrario de 1942. y de la Ley de Reforma Agraria en vigor, consideran la posesión de la pequeña propiedad

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que llene los mencionados requisitos. como equivalente a título legalmente requisitado. 30. Otro aspecto sumamente controvertido se refiere a la tesis de jurisprudencia de la propia Suprema Corte. en el sentido de que procede la interposición del juicio de amparo contra los mandamientos provisionales expedidos por los gobernadores de las entidades federativas. con objeto de dar posesión a los campesinos de las tierras o aguas que han solicitado en dotación. ampliación o restitución. siempre que el peticionario de la protección federal sea titular de un certificado de inafectabilidad. y en la inteligencia de que aun en el supuesto de que se otorgue dicha protección en cuanto al fondo. ésta no impide la continuación del procedimiento agrario correspondiente a la segunda instancia. y deja abierta la posibilidad de que el presidente de la República. en calidad de suprema autoridad agraria en la esfera administrativa, invalide el mencionado certificado. si existen razones legales que le sirvan de fundamento. 31. Este criterio de jurisprudencia es el que ha sido objeto de los ataques más enconados. por considerarse que retrasa los procedimientos tendientes a otorgar

bienes agrarios a los campesinos solicitantes. pero si se exatIÚna con cuidado esta tesis. la Suprema Corte no ha hecho otra cosa que interpretar en forma correcta 10 dispuesto por las fracciones XIV y XV del artículo 27 constitucional. si se toma en cuenta que esta última prohíbe en forma categórica a las Comisiones Mixtas. los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias. que afecten a la pequeña propiedad agrícola y ganadera en explotación. 32. El precepto de la carta fundamental antes mencionado es tenninante con la prohibición de las afectaciones a las pequeñas propiedades. e incluye entre los obligados ~ respetarla a los gobiernos de las entidades federativas. por lo que no puede hacerse distinción entre los mandamientos provisionales de dichos gobiernos y los definitivos contenidos en las resoluciones presidenciales; y por ello si el peticionario es titular de un certificado de inafectabilidad. se encuentra claramente en la hipótesis prevista por el último párrafo de la fracción XIV del referido artículo 27 de la carta federal. con la limitación. señalada también por la jurisprudencia. según se ha visto. de que si se le otorga protección de la justicia federal. no por ello se suspende el procedimiento agrario respectivo. 33. No obstante que las mencionadas tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia son correctas y estrictamente apegadas a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. han sido objeto de constantes ataques. en ocasiones virulentos. que provienen de algunos sectores de agrupaciones cantpesinas poco informados; por el programa de algún partido político de izquierda. e inclusive por el gobernador de una entidad federativa; que no se han atrevido a declarar en forma categórica su deseo de transformar el sistema de la propiedad agrícola en nuestro país. ya que en tanto subsistan las disposiciones actuales del artículo 27 constitucional. poseen la misma jerarquía y la misma


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protección jurídica, tanto la propiedad social de las comunidades y los ejidos, como la pequeña propiedad privada en explotación, 34. En esta dirección, consideramos muy sensata y muy precisa la defensa que respecto de estos ataques a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia efectuó el entonces presidente de dicha sala, magistrado Arturo Serrano Robles, en el informe que rindió al Tribunal en Pleno de dicho alto tribunal al finalizar el año de 1976, y cuya lectura sería muy conveniente para todos aquellos que por desconocimiento siguen insistiendo en la desaparición del juicio de amparo de la pequeña propiedad. 35. Finalmente, en relación con los problemas procesales más importantes en este sector del amparo en materia agraria, consideramos conveniente destacar O(ros dos que en nuestro concepto merecerían un mayor estudio, con objeto de proponer modificaciones a la legislación de amparo. Nos referimos, por una parle, a la palpitante cuestión de la contrafianza que pueden otorgar los campesinos solicitantes de bienes agrarios, como terceros perjudicados en los juicios de amparo solicitados por los propietarios afectados por mandamientos provisionales o bien con resoluciones definitivas dotatorias o restitutorias de dichos bienes; y en segundo término, la anacrónica institución del amparo de estricto derecho regulada por el articulo 79 de la Ley de Amparo. 36. al Por lo que se refiere a la primera cuestión, ésta se apoya en un acuerdo presidencial reciente, que faculta a la Secretaria de la Reforma Agraria para proporcionar los fondos necesarios a fin de que los campesinos que figuren como terceros perjudicados, puedan otorgar una contragarantía, en los términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. 37. Aun cuando esta medida es acenada en principio y en ténninos generales, al pennitir a los propios campesinos entren en posesión de los bienes agrarios solicitados, aun cuando los propietarios afectados hubiesen obtenido la suspensión de los actos reclamados, presenta algunos aspectos difíciles de resolver satisfactoriamente, de acuerdo con las reglas esenciales de las providencias precautorias, a cuyo género pertenece la suspensión de los actos reclamados, y esto implica que su concesión o negativa, y en su caso, las garantías y contragarantías, deben establecerse de acuerdo con la apreciación preliminar de la existencia de los derechos de las partes. 38. En la hipótesis que nos ocupa, la situación se complica, ya que según lo hemos señalado en varias ocasiones, la fracción XIV del artÍCulo 27 constitucional legitima para acudir al juicio de amparo, al propietario titular de un certificado de inafectabilidad; y según la jurisprudencia, por extensión también posee esta legitimación el poseedor que se encuentra dentro de lo dispuesto por el articulo 252 de la actual Ley de Reforma Agraria (ver supra párrafo 31 l. Si el propietario solicitante del amparo es titular del certificado, tiene a su favor una prueba preconstituida que consta en un documento público suscrito nada menos que por el presidente de la

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República, lo que hace innecesaria la apreciación preliminar de su derecho, pero esto no ocurre en la segunda hipótesis, y es en esta última, del poseedor de una pequeña propiedad, en la que procede el estudio de la concesión o negativa de la suspensión, así como de la garantía y contragarantía, según esta apreciación preliminar, y por ello sería necesario, en nuestra opinión, introducir modificaciones legales al actual régimen de la suspensión, autorizando al juez del amparo para efectuar ese estudio, exclusivamente para efectos de la medida precautoria. 39. Tratándose del propietario titular de un certificado de inafectabilidad, estimamos que no procedería la contragarantía en beneficio de los campesinos. cuando se le otorgue la suspensión de los actos que le afecten sus derechos agrarios. ya que significaría desconocer, sin un procedimiento previo de cancelación del mismo certificado, la presunción que otorga ese documento sobre la calidad de pequeña propiedad inafectable de los bienes a que se refiere el citado documento. y el único supuesto en el cual podría discutirse. tanto la procedencia de la suspensión, como la admisión de la contragarantía para dejar sin efecto la medida otorgada en beneficio del solicitante del amparo por el juez del amparo. sería respecto de la prueba sobre explotación de los bienes agrarios respectivos, de acuerdo con la exigencia de las disposiciones constitucionales y legales respectivas. ya que de no comprobarse dicha explotación, o una causa justificada de la suspensión temporal de la misma, la presunción del certificado se invertiría en beneficio de los campesinos beneficiados por los actos reclamados en el amparo. y que figuren como terceros perjudicados, todo ello de acuerdo con los principios del derecho social agrario. 40. Por lo que se refiere a la instiíución del amparo de estricto derecho.

reafirmamns nuestra convicción de que debe considerarse como un verdadero anacronismo, ya que obliga al juez del amparo a sujetarse estrictamente a los términos de la demanda, sin que le sea permitido suplir ni ampliar nada en ella. con un criterio ya superado de la función judicial. como simple aplicación mecánica del texto legislativo. 41. y si esta institución no debe aplicarse a la materia procesal civil. menos aún lo debe ser en el amparo administrativo. ya que no consideramos correcto el concepto expresado implícitamente por la jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de que todo aquello que no sea objeto de la suplencia de la queja. debe considerarse como de estricto derecho. ya que en el proceso modemo (y nuestro juicio de amparo no debe quedarse rezagado en las ideas decimonónicas sobre carácter estrictamente pasivo del juzgador), se ha vuelto a implantar el viejo pero trascendente principio iura novit curia, respecto de cual, la institución de la suplencia de la queja en nuestro juicio de amparo no es sino una de sus manifestaciones más vigorosas, ya que dicha suplencia que surgió endeble y sólo en materia penal en el texto original del artículo 107 de la carta federal de 1917. pero se ha fortalecido paulatinamente, al extenderse a las materias laboral, en beneficio de


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trabajador respecto de actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por lajurisprudencia ohligatoria de la Suprema Corte de Justicia; en fonua muy amplia, en el amparo social agrario; y recientemente tratándose de menores e incapaces. 42. Si el amparo de estricto derecho debe desaparecer en materia civil (incluyendo la mercantil), con mayor razón respecto del amparo solicitado contra actos de autoridades administrativas, y entre ellas, particulannente, las de carácter agrario, ya que su subsistencia implica la presunción de que todos los propietarios afectados con resoluciones presidenciales, y en general por actos o resoluciones de las autoridades agrarias, son personas que cuentan con medios suficientes para obtener el asesoramiento de abogados de gran prestigio y conocimientos, y si bien ello sucede así en algunos supuestos, nuestra realidad social nos demuestra que son numerosos los verdaderos pequeños propietarios que no poseen estos medios, pues basta recordar la existencia del minifundio en varias regiones del país. 43. Con lo anterior no pretendemos que se otorgue la misma protección a los propietarios o poseedores, que a los campesinos sujetos al régimen de la refonua agraria, pero estimamos indebido que se confiera al amparo de la pequeña propiedad un régimen procesal tOlalmente opuesto al de carácter social, pues lo equilibrado y pertinente es otorgar al juez del amparo la posibilidad de llegar a una solución justa y no simplemente legal, en ambos sectores del amparo en materia agraria, con un mayor grado de protección procesal para los campesinos sujetos a la reforma agraria, ya que su situación es más desfavorable, en principio, que la de los propietarios o poseedores privados. 44. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia no se ha limitado al desairado papel que le pretende otorgar el artículo 79 de la Ley de Amparo, y ha tomado una actitud más flexible, ya que sin invocar expresamente el principio ius Ilovit curia, lo ha aplicado acertadamente en los criterios de jurisprudencia que hemos examinado con anterioridad, pero de todas fonuas resulta ya indispensable suprimir de nuestra Ley de Amparo, la reliquia histórica que significa el amparo de estricto derecho. V. EL DERECHO PROCESAL SOCIAL

45. Antes de examinar el segundo sector del amparo en materia agraria, es preciso formular algunos comentarios sobre la institución del derecho procesal social, ya que sus principios son los que han inspirado a las refonnas a la legislación de amparo de 1963 y 1976. 46. En efecto, en muy breves palabras podemos señalar que debido a la necesidad de superar los obstáculos del derecho procesal civil tradicional, inspirado en criterios liberales e individualistas, empezó a abrirse paso la necesidad de encontrar nuevas fónnulas procesales para tutelar los derechos de los gmpos

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sociales más débiles de la sociedad, y por ello tomando en cuenta que tales derechos forman parte del sector del mundo jurídico que se conoce con el nombre sugestivo, aun cuando equfvoco, de derecho social, cuya denontinación ya ha penetrado profundamente en la ciencia jurídica contemporánea, fue necesario establecer las normas procesales adecuadas para la debida realización de tales derechos considerados como sociales. 47. En esta dirección surgió, primeramente, como es bien sabido, el derecho procesal del trabajo, como aquella rama independizada del proceso civil tradicional, en la cual se estableció el principio fundamental que el ilustre tratadista uruguayo Eduardo J. Couture denontinó certeramente igualdad por compensación, y que significa otorgar a la parte débil del proceso, en ese supuesto, al trabajador, deterntinadas ventajas procesales que pudiesen equilibrar su situación real respecto de la parte más poderosa, es decir, el empresario, lo que implicó el establecimiento de otros principios formativos derivados del primero. entre los cuales podemos enumerar brevemente: la supresión de los formalismos excesivos; la concentración del procedintiento; la inmediación del juzgador con las partes, lo que implica la implantación, asf sea lintilada, de la oralidad; la inversión en algunos supuestos, de los principios tradicionales de la carga de la prueba; yel otorgantiento al juzgador de facultades de dirección del proceso, entre las cuales destacan las relativas a la facultad de aportar oficiosamente elementos de convicción no ofrecidos por las partes, pero necesarios para la resolución justa de la controversia; la corrección de errores de la parte débil en el proceso; la supresión de la prueba legal o tasada y su sustitución por el sistema de valoración de la sana crítica o razonada de las ntismas pruebas, etcétera. 48. Estos principios introducidos primeramente en el proceso laboral, se proyectaron posteriormente, en lo que resultaban aplicables, al derecho procesal agrario, al menos en sus aspectos de tutela de los campesinos en relación con los terratenientes, y en especial respecto a los diversos sistemas de reforma agraria implantados por numerosos ordenantientos, entre ellos los latinoamericanos, estos últimos según el modelo de la reforma agraria mexicana, dando lugar a lo que se ha denontinado derecho procesal agrario, el cual ha florecido extraordinariamente en esta segunda posguerra. 49. También se ha extendido el derecho procesal social a otras ramas de enjuiciamiento, que han adoptado en épocas más recientes algunos de los aspectos tutelares que hemos mencionado anteriormente, y en esta dirección es posible mencionar a los procedintientos de seguridad social, que están superando la etapa de la trantitación adntinistrativa para asumir categorías claramente jurisdiccionales a través de tribunales especializados; y en cierta manera también puede afirmarse algo sintilar respecto a la tutela procesal de la fantilia, asf como la de los menores

e incapacitados. que también se encamina cada vez con mayor fuerza, inclusive en


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Latinoamérica y desde luego en nuestro país, hacia la especialización procesal y judicial. 50. En resumen, nos atrevemos a afinnar que en la actualidad existe un sector robusto en el campo del proceso, que se puede calificar como derecho procesal social, y que comprende, al menos en la situación actual de su desarrollo, tres ramas claramente confonnadas, con aspectos peculiares, pero que comparten varios principios fundamentales, y que son las relativas al derecho procesal laboral, agrario, y de la seguridad social, con algunos aspectos que se van incorporando, como los del proceso familiar, de menores e incapacitados. 51. Por otra parte, la evolución pujante del derecho procesal social de nuestra época ha influido en la modernización de otras ramas de enjuiciamiento. como la anquilosada del derecho procesal civil tradicional, al incorporar algunos de los principios formativos introducidos por el proceso social, como Jos relativos a la supresión de fonnalismos, la concentración del proceso, la tutela de la parte débil, las facultades de dirección del juzgador y la apreciación razonada y critica de las pruebas, entre otros. 52. Lo anterior lo consideramos como esencial para comprender e interpretar correctamente el alcance de los aspectos esenciales del amparo social agrario, y evitar la creencia ingenua de que se trata de un descubrimiento nacional de carácter revolucionario, aun cuando sin desconocer que sus creadores tuvieron el mérito de recoger (en la mayor parte de los casos de manera acertada), los principios del derecho procesal social que se desarrollaron en nuestro país a partir de la implantación del constitucionalismo social introducido en los artículos 27 y 123 de la carta fundamental de 1917, pero que en otros ordenamientos figuraban anterionnente en disposiciones legales secundarias, especialmente en materia lahoral. VI. PROBLEMAS PROCESALES DEL AMPARO SOCIAL AGRARIO

53. Como lo expresamos en la introducción de este trabajo, no haremos el intento de trazar una visión panorámica de los origenes y el desarrollo de este importantísimo sector del juicio de amparo, iniciado en las reformas de 1963 y concentrado en un libro especial en las modificaciones a la Ley de Amparo en el año de 1976, ya que en un estudio como el presente nos veriamos obligados a repetir los análisis más profundos de otros tratadistas que han analizado con mayor extensión esta materia (ver supra párrafo 2). 54. Nos concentraremos, por tanto, en dos instituciones procesales que ya han sido examinadas por la doctrina, particulannente por el conocido tratadista Ignacio Burgoa Orihuela, pero sobre las que es conveniente reflexionar nuevamente, debido a que en nuestro concepto resulta indispensable proponer modificaciones legislativas para subsanar los graves inconvenientes que su aplicación, de acuerdo


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con los preceptos en vigor. está ocasionando en la práctica. ya que no obstante las críticas que se le hicieron. fueron recogidas nuevamente en las reformas de 1976. 55. a) En primer ténnino abordamos la cuestión de la falta de preclusión del plazo para interponer el juicio de amparo por lo que respecta a la defensa de los derechos colectivos de las comunidades o de los ejidos. tal como lo estableció el segundo párrafo de la fracción n. del artículo 22 de la Ley de Amparo reformada en 1963. y lo dispone actualmente el articulo 217 de la misma Ley de Amparo. 56. Ya el distinguido profesor Burgoa habla señalado con agudeza los inconvenientes de la ausencia de plazo para solicitar el amparo por los campesinos sujetos a la reforma agraria en defensa de sus derechos colectivos. con mayor razón si se toma en cuenta la representación subsidiaria establecida por el articulo 8° bis fracción del texto anterior y del actual articulo 213. fracción de la Ley de Amparo. 57. Pero es preciso hacer hincapié. ya que el legislador de 1976 desatendió las objeciones justificadas de la doctrina sobre los inconvenientes no sólo prácticos sino inclusive para el régimen procesal de nuestro juicio de amparo que produce

n.

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esta disposición exageradamente proteccionista. toda vez que el propio legislador

no tomó en cuenta nuestra realidad social. en cuanto es frecuente que. cuando se afectan derechos colectivos de las comunidades agrarias. las autoridades respectivas lo hacen en beneficio de otras comunidades. y no para favorecer a propietarios -aun cuando también lo último puede ocurrir-, si se toma en consideración que al crecer el número de núcleos de población ejidal y comunal. existen conflictos entre ellos, que deben resolver las autoridades agrarias. por lo que no resulta conveniente establecer y mantener un sistema de inseguridad jurídica. que ha sido uno de los factores de inquietud en el campo mexicano. 58. Pero aun en el supuesto, que no siempre existe, según lo hemos mencionado. de que los conflictos se presenten entre los derechos colectivos de las comunidades agrarias y los individuales de los pequeños propietarios, no es posible resolver los problemas relativos a la propiedad a través del juicio de amparo. como lo ha señalado con acierto la jurisprudencia. pues aun partiendo de la base de que los bienes agrarios de los núcleos de población son inalienables. imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, en los ténninos del articulo 52 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, tal situación podrá discutirse por conducto de un juicio de reivindicación. pero no en el de amparo. 59. La equiparación que se hizo en las reformas de 1963, de los derechos colectivos de las comunidades agrarias con los actos que importen peligro de privación de la vida. ataques a la libertad personal, deportación. destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. para cuya impugnación a través del amparo no existe plazo preclusivo. en los ténninos del articulo 22, fracción n. de la Ley de Amparo. no se justifica jurídicamente. toda vez que


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estas hipótesis poseen fundamentos muy diversos, ya que no es posible sujetar a un término ni pueden estimarse consentidos tácitamente. actos que afectan a la existencia y la integridad corporal de la persona humana, y aun cuando los bienes de las comunidades agrarias asumen una gran importancia social, constituyen derechos de propiedad situados en una dimensión distinta de los anteriores. 60. En tal virtud, consideramos conveniente la posibilidad de señalar un plazo preclusivo para la interposición del amparo tratándose de la afectación de los bienes sociales agrarios. que desde luego no puede reducirse al genérico de quince días que se aplicaba con anterioridad a las reformas de 1963, sino que debe ser lo suficientemente amplio para pertnitir la defensa eficaz de tales bienes, pero no indefinido como en la actualidad. Estimamos que un lapso razonable sería el de un año, contado a partir de que los campesinos integrantes de los núcleos de población respectivos tuviesen conocimiento efectivo de los actos rec1amados. 61. Por el contrario, estimamos que es correcta la disposición del artículo 230 de la Ley de Amparo, anteriormente fracción IV del artículo 97 según las reformas de 1963, en el sentido de que no existe plazo para la interposición de la queja por defecto o exceso en la ejecución de la sentencia de amparo, ya que cuando se ha dictado una sentencia protectora, su cuntplimiento no está sujeto a preclusión, y menos aún en materia de interés social, como en el supuesto que examinamos. 62. b) El otro aspecto importante, se refiere al otorgalniento de la suspensión de oficio)' de plano, en beneficio de las comunidades agrarias, cuando soliciten el

amparo contra actos que afecten sus derechos colectivos de carácter agrario. en los términos del artículo 233 de la Ley de Amparo, y 123, fracción I1I, del texto reformado en 1963. 63. El mismo tratadista Ignacio Burgoa había criticado severamente la última disposición citada, que calificó en tono dramático como "monstruosidad". No compartimos un calificativo semejante, pero sí estimamos que esta disposición, también exageradamente proteccionista, además de haber producido en la práctica resultados desfavorables inclusive para aquellos que se ha pretendido proteger, infringe los principios esenciales de las medidas precautorias, y por supuesto, el régimen de la suspensión en el juicio de amparo. 64. Piénsese en la hipótesis, que ya se ha producido según informaciones periodísticas, de la invasión de tierras comunales o ejidales, por parte de otros campesinos carentes de bienes agrarios, o del despojo que se ha producido en algunas pequeñas propiedades por parte ya no de auténticos campesinos, sino de personas citadas por dirigentes oportunistas, y que, cuando las autoridades agrarias ordenan su desalojo, dichos grupos invasores solicitan amparo, alegando que se les pretende privar de sus derechos colectivos. En ese supuesto, el juez de distrito está obligado a decretar de plano la medida hasta la resolución del fondo de amparo, con los consiguientes perjuicios para los afectados.

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65. Y es que en nuestro concepto, el legislador de 1963 incurrió en el error, que se reiteró en 1976, de confundir la suspensión de oficio, que no significa otra cosa que la medida se estudie sin que lo solicite al promovente de la demanda, con su otorgamiento de plano, es decir, sin audiencia de la contraparte y sin posibilidad de modificarla durante la tramitación del juicio; pues esta última situación se justifica en las hipótesis previstas por las actuales fracciones 1 y II del articulo 123 de la Ley de Amparo, ya que es correcto jurídicamente que cuando se trata de proteger la vida y la integridad corporal o bien si se trata de actos que de llegar a consumarse sería ffsicamente imposible restituir al afectado en el goce de sus derechos violados. la medida precautoria se conceda no sólo oficiosamente, es decir, sin pedirlo al reclamante de tales actos, sino inclusive sin una tramitación previa, es decir, de plano, sin audiencia de la autoridad responsable o de los posibles terceros perjudicados, ya que eljuez debe decretar la medida con apoyo en la simple lectura de la demanda, en la cual se reclaman dichos actos. 66. Pero no puede seguirse la misma regla cuando se trata de derechos patrimoniales, aun cuando los mismos tengan carácter social. como los comunales o ejidales, pues si bien es correcto que la medida precautoria se tramite oficiosamente, e inclusive se otorgue de manera provisional por la autoridad judicial local, en los casos de la jurisdicción auxiliar, de acuerdo con el actual artículo 220 de la Ley de Amparo, y 39 reformado en 1963, y que también pueda decretarse por el juez de distrito, la medida de urgencia calificada como suspensión provisional por el artículo 139 de la misma Ley de Amparo; la concesión de la medida cautelar en beneficio de los campesinos solicitantes debe sujetarse a la tramitación contradictoria señalada para la llamada suspensión definitiva, ya que entonces el juzgador tiene conocimiento de la situación real y puede decretar o no la propia suspensión, apreciando preliminarmente los derechos de las partes, y tomando en cuenta los requisitos del artículo 124 sobre el perjuicio al interés social o la contravención de normas de orden público, y además el mismo juez de distrito estará facultado para modificar o revocar el auto en que se otorgó o negó la suspensión, en tanto no se dicte sentencia finne en el amparo, cuando existe un hecho superviniente que le sirva de fundamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, todo ello según el principio esencial de las medidas cautelares, que son de carácter instrumental y debe resolverse sobre ellas, según el criterio de rebus sic stantibus. 67. y si se quiere extremar la protección a los derechos colectivos agrarios, sin incurrir en la exageración de las disposiciones vigentes antes señaladas, podría también disponerse que en el supuesto de que el juez de distrito negase la suspensión definitiva, esa resolución sería revisable de oficio por el Tribunal Colegiado correspondiente, con audiencia de la autoridad responsable y del tercero perjudicado.


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68. En resumen, estamos proponiendo una medida precautoria intermedia entre la de oficio y de plano, y la que se otorga a petición de parte, de acuerdo con un procedimiento contradictorio; de manera que cuando se afecten derechos colectivos agrarios, la medida se otorgue de oficio y en forma provisional, ya sea por la autoridad judicial local en competencia auxiliar, o por el juez de distrito, en los términos del artículo 130 de la Ley de Amparo; y también de oficio se tramite el procedimiento contradictorio del artículo 131, para que, con audiencia de las partes, se conceda o se niegue la medida. según la situación concreta examinada y el examen preliminar de los derechos de las propias partes, y cuando la medida se niegue por el juez de distrito, ya sea con motivo de la tramitación contradictoria o por haber cambiado la situación de hecho, en la hipótesis del anículo 140 del propio ordenamiento; esa resolución debería ser revisada también de oficio por el tribunal colegiado respectivo, con todo lo cual se protegerían en forma suficiente los derechos colectivos de las comunidades y de los ejidos solicitantes de tierras o aguas, sin desconocer la situación concreta y los derechos o atribuciones de las otras partes en el juicio de amparo respectivo.

VII. LAS RELACIONES DEL JUIC'IO DE AMPARO CON LOS AnUROS TRIBUNALES AGRARIOS

69. Sin pretender invadir el campo reservado a otros temas que se discuten en este Congreso, es conveniente expresar algunas ideas sobre las relaciones del juicio de amparo en cuanto se establezcan los tribunales agrarios, por los cuales ha venido luchando un sector imponante de la doctrina mexicana. 70. En efecto, desde hace mucho tiempo se ha puesto de manifiesto que las autoridades administrativas agrarias, al intervenir en los procedimientos relativos a la dotación, restitución, ampliación, conflictos de límites, etcétera, realizan, desde el punto de vista material, una verdadera función jurisdiccional, en cuanto resuelven (o debieran hacerlo), de manera imparcial, los conflictos jurídicos que se plantean entre diversos sectores agrarios, por lo que se ha propuesto en varias

ocasiones, que se establezcan tribunales especializados, que decidan en forma técnica y jurídica los referidos conflictos. 71. No es necesario reiterar en este trabajo, ya que seguramente se pondrán de relieve en los debates relativos a este apasionante tema, los sólidos argumentos que se han expuesto en favor de la creación de los citados tribunales agrarios, pero baste a nuestro propósito señalar que ya en el Primer Congreso Revolucionario de Derecho Agrario efectuado en la ciudad de México en el mes de julio de 1945, se recomendó el establecimiento de un Tribunal Federal Agrario; que en el Congreso Nacional Agrario de Toluca, celebrado en esa ciudad del 26 al 30 de octubre de 1959, se propuso la creación de un sistema de justicia ejidal y de colonias, y que

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han sido varios los tratadistas mexicanos que han insistido en que se instituya una jurisdicción agraria especializada. Por otra parte, se han fonnulado algunos proyectos de organización y funcionamiento de los citados tribunales agrarios, y en esta dirección merece destacarse el relativo a una Ley de Justicia Agraria, elaborado por el profesor Luis del Toro Calero en su tesis de doctorado, presentada en la Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 1976 (ver supra párrafo 2), según el cual se propone la creación de un Tribunal de Justicia Agraria con el número de Salas Regionales que sean necesarias y además, una o varias Salas Superiores, y entendemos que se tratarla de una sola instancia, salvo hipótesis restringidas, en las cuales se admitirían recursos contra resoluciones de las Salas Regionales, ante las Superiores. 73. El mencionado proyecto del profesor Del Toro Calero se aproxima bastante en cuanto a organización y funcionamiento, al sistema de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación promulgada el 30 de diciembre de 1977, y que entró en vigor el primero de agosto de 1978, de acuerdo con la cual se establecieron trece Salas Regionales y una Sala Superior, esta última con facultades de gobierno y administración de todo el citado Tribunal, así como órgano unificador de la jurisprudencia de las Salas Regionales. 74. Por otra parte, desde el punto de vista comparativo, existe una poderosa tendencia contemporánea dirigida hacia la creación de tribunales agrarios especializados, no sólo en el derecho europeo continental, como lo puso de relieve el excelente y documentado estudio del tratadista italiano Alberto Gennano, sino también en varios países latinoamericanos, que han establecido sistemas de refonna agraria próximas a la mexicana, y en esta dirección podemos señalar los tribunales agrarios introducidos porlos ordenamientos de Bolivia (1952), Chile (1967), Perú (1969), Venezuela (1976), y posiblemente en fecha no lejana, en Costa Rica,los que han sido estudiados cuidadosamente por el tratadista costarricense Ricardo Zcledón. 75. Partiendo de la base de que en un futuro más o menos próximo será ineludible el establecimiento de tribunales agrarios, y con independencia del sistema que se adopte en cuanto a su organización, competencia, atribuciones y funcionamiento, los mismos deberán influir forzosamente en el amparo en materia agraria, y por ello, adelantándonos a esta posibilidad, consideramos conveniente plantear desde ahora algunos problemas que esa relación entre el propio derecho de amparo y los referidos tribunales pueden producir. 76. El primero de ellos, y a nuestro modo de ver, el más sencillo, se refiere al procedimiento que deberá seguirse al interponerse el juicio de amparo contra las resoluciones de los tribunales agrarios, por la parte afectada, ya que en ese supuesto no existe duda de que debe eliminarse el procedimiento de doble instancia que actualmente se utiliza, y sustituirse por el amparo de una sola insrancill, ya que entonces no podrá seguirse un verdadero proceso contra actos de autoridades

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administrativas, como en la actualidad, sino exclusivamente un recurso de casación contra las sentencias y resoluciones definitivas de los propios tribunales administrativos, siguiendo en esto la paulatina evolución que se advierte a partir Je la expedición de la presente Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935. que introdujo el amparo directo o uniinstancial en materia laboral. y posteriormente las refonnas de 1968, que instituyeron el amparo de una sola instancia contra resoluciones de los tribunales administrativos. 77. En tal virtud. las facultades tan amplias sobre suplencia de la queja que actualmente se atribuyen a los jueces de distrito para la tutela de los derechos sociales agrarios. de acuerdo con las reformas de 1963 y 1976. así como aquellas otras que ahora se confieren a las autoridades administrativas agrarias, en las disposiciones procesales de la Ley Federal de Reforma Agraria. deberán trasladarse a los jueces o tribunales agrarios que conozcan de los conflictos respectivos, ya sea en primera y única instancia. por lo que a los tribunales colegiados de circuito--en el supuesto de derechos individuales de ejidatarios y comuneros- o a la Suprema Corte de Justicia. cuando los conflictos se refieren a derechos colectivos agrarios o a la pequeña propiedad, les corresponderá exclusivamente el examen de la legalidad del procedimiento y de las resoluciones de los propios tribunales agrarios. pero con el espíritu de justicia social necesario para resolver correctamente estos conflictos tan importantes para la paz social en el campo mexicano. 78. El problema más complicado. entre otros que pueden surgir. es el rdativo a la situación del presidente de la Repúhlica. a quien tanto el artículo 27 de la Constitución federal como la Ley Federal de Justicia Agraria. lo califican como suprema autoridad agraria. y por este motivo. al recomendarse la creación de un Tribunal Federal Agrario. por el Primer Congreso Revolucionario de Derecho Agrario enjulio de 1945 (ver supra párrafo 71). se propuso que el citado presidente de la República revisara los fallos del referido Tribunal en casos verdaderamente trascendentes. 79. Lo cierto es que el titular del organismo Ejecutivo federal sólo es la autoridad agraria de mayor jerarquía en la esfera administrativa. por lo que en la hipótesis de la creación de una verdadera jurisdicción agraria, no podría revisar o conocer de las resoluciones de los tribunales respectivos. aun cuando los mismos, como ocurrió con el Tribunal Fiscal de la Federación en cuanto conservó su situación de órgano de jurisdicción delegada en la Ley de Justicia Fiscal de 1936 y el Código Fiscal Federal de 1938. quedarán situados formalmente dentro de la administración; de manera que el presidente de la República sólo podría figurar como parte en el proceso agrario respectivo. cuando interviniese en la tramitación administrativa correspondiente. 80. Establecer que el propio presidente pudiera conocer de algunos de los fallos de los tribunales agrarios, significaría desvirtuar el funcionamiento de ulla vcrdaderajurisdicción agraria. ya que implicaría la conservación del sistema actu.. l. en

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el que funciona como última instancia dentro del procedimiento administrativo, el organismo denominado Cuerpo Consultivo Agrario, que formula los proyectos de resolución de los conflictos agrarios, turnados después al referido residente de la República para su consideración final, y además, el citado organismo ha sido desconcentrado regionalmente en forma similar al sistema de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación. 81. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, dicho Cuerpo Consultivo Agrario constituye un órgano de jurisdicción retenida, que formula proposiciones de resolución, suscritas posteriormente por el presidente de la República, en tanto que el establecimiento de Tribunales Agrarios en sentido estricto implicaria la creación de órganos de jurisdicción autónoma, como lo son en la actualidad el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; o cuando menos, como un primer paso, de organisnws de jurisdicción delegada, como lo fue el propio Tribunal Fiscal con anterioridad a su Ley Orgánica de 1967. 82. La solución que puede proponerse. en el supuesto de la introducción de la jurisdicción agraria especializada. respecto a la postura del mencionado presidente de la República como suprema autoridad agraria en la esfera administrativa, sería la de otorgarle legitimación p:tra interponer un recurso de apelación ante la Sala Superior o el Pleno. de un posible Tribunal Federal Agrario, en forma similar al Código Fiscal Federal de 1967, regula la impugnación que califica de "revisión", ante el Tribunal en Pleno, y ahora Sala Superior, contra las sentencias de las Salas, que pueden interponer los titulares de las dependencias administrativas u organismos públicos descentralizados. cuando consideren que el asunto es de importancia y trascendencia; y una vez resueIta esta instancia, si es desfavorable a la autoridad, puede ésta interponer un segundo recurso calificado como "revisión fiscal" ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, si se demuestra dicha importancia y trascendencia del asunto. 83. Algo semejante se puede proponer respecto de los fallos de la Sala Superior o del Pleno del Tribunal Federal Agrario, de tal manera que el mismo presidente de la República o el procurador general de la nación, este último en su carácter de consejero jurídico del gobierno federal, quedarían legitimados para acudir ante la Suprema Corte de Justicia, en los asuntos de mayor trascendencia, a través de una . 'revisión agraria". VIII. CONCLUSIONES

84. Con apoyo en las breves reflexiones anteriores, podemos formular las siguientes conclusiones, que expresamos también de manera sucinta:


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85. Primera. El juicio de amparo en materia agraria se divide en el ordenamiento mexicano, en dos grandes sectores, que podemos denominar: a) amparo de la pequeña propiedad, y b) amparo social agrario o amparo agrario ejidal o comutUll. 86. Segunda. El amparo de la pequeña propiedad ha sido objeto de numerosos ataques, que inclusive \legaron a su supresión en las reformas constitucionales de 1931 y 1934, pero en 1947 volvió a restablecerse en forma limitada, es decir, sólo para aquellos propietarios que posean certificado de inafectabilidad, habiendo extendido la jurisprudencia esa legitimación en beneficio de los poseedores de bienes agrarios, cuando cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 252 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 87. Tercera. La circunstancia de que en ocasiones se hubiese utilizado de manera abusiva el amparo de la pequeña propiedad, no debe implicar su desaparición, pues muchos de los defectos que se le atribuyen son imputables al procedimiento administrativo en el cual se dictan las resoluciones combatidas a través del propio amparo, ya que este último no puede depurar oficiosamente los errores de dicho procedimiento; y por otra parte, en tanto subsista la fracción XV del articulo 27 de la Constitución federal, la pequeña propiedad en explotación debe recibir una protección jurídica de la misma jerarquía que la que se confiere a la propiedad social y colectiva de las comunidades y de los ejidos. 88. Cuana. El amparo de la pequeña propiedad debe perfeccionarse, y por lo mismo, suprimirse el \lamado amparo de estricto derecho establecido por el artículo 79 de la Ley de la materia, y además introducirse en dicho ordenamiento, las disposiciones necesarias para regular la concesión y negativa de la suspensión de los actos reclamados y la admisión de garantías y contragarantías, de acuerdo con el examen preliminar de la existencia del derecho de las partes, en la inteligencia de que el certificado de inafectabilidad implica una prueba preconstituida que hace innecesario dicho examen, por la"resunción que establece en beneficio del titular, y sólo puede examinarse, para efectos de la propia suspensión, la comprobación de la explotación de los bienes agrarios controvertidos, de acuerdo con las reglas esenciales de las providencias precautorias o medidas cautelares, a cuyo género pertenece la propia suspensión. 89. Quinta. El amparo social agrario surgió con las reformas a la legislación de amparo de 1963 y se perfeccionó con las de 1976, que dividieron la Ley de Amparo en dos libros, el último de los cuales concentra todas las disposiciones sobre este sector, los que tienen por objeto establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de los núcleos de población comunales o ejidales, así como respecto de los individuales de sus integrantes, de acuerdo con los lineamientos esenciales del derecho procesal social, en el cual impera el principio de la igualdad por compensación, es decir, el equilibrio real de las partes, al reforzarse procesalmente la posición de la parte débil.

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90. Sexta. Si bien en principio y en ténninos generales. estos lineamientos proteccionistas de 1963 y 1976 introducidos en la Ley de Amparo. deben estimarse acertados. resulta conveniente analizar dos problemas esenciales. que requieren de modificaciones legislativas. en virtud de que su exagerado proteccionismo ha producido efectos desfavorables. inclusive para aquellos grupos sociales a los que se pretende tutelar. 91. Séptima. En primer término. se considera necesario fijar un plazo preclusivo para la interposición del juicio de amparo contra la afectación de bienes agrarios colectivos. con mayor razón en cuanto la Ley de Amparo establece una representación subsidiaria amplísima. pues la situación actual. sin plazo alguno. provoca inseguridad en la propiedad de los bienes agrarios. y por otra parte no es el amparo el instrumento procesal para discutir la propiedad de dichos bienes agrarios. considerados imprescriptibles e inalienables. sino el juicio reivindicatorio. En tal virtud se propone para la interposición del amparo. el plazo de un año contado a partir de la fecha en la que el núcleo de población respectiva tenga conocimiento efectivo de los actos de afectación realizados por las autoridades agrarias. 92. Octava. También se considera necesario modificar el sistema actual de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. cuando el amparo se interponga contra la afectación de los bienes colectivos agrarios, ya que además de que este sistema resulta contrario a la técnica jurídica, produce efectos nocivos en la práctica. y por ello puede mantenerse el sistema de suspensión de oficio, pero no de plano sino sólo en el sentido de que se otorgaria la medida provisional, tanto por las autoridades judiciales locales en jurisdicción auxiliar, como por el juez de distrito en los ténninos del artículo 130 de la Ley de Amparo. e iniciarse también de oficio el procedimiento contradictorio necesario para otorgar o negar la medida

definitiva, de acuerdo con las verdaderas circunstancias fácticas; incluyendo para mayor protección de los núcleos de población respectivos, una revisión oficiosa de la resolución denegatoria del juez de distrito, por el tribunal colegiado de circuito correspondiente. 93. Novena. En el supuesto de que llegar a establecerse, de acuerdo con una tendencia cada vez más vigorosa. una jurisdicción agraria, preferiblemente autónoma, las resoluciones de los tribunales respectivos deberán impugnarse en el juicio de amparo de una sola instancia. ante los tribunales colegiados de circuito O la Suprema Corte de Justicia. según las reglas de competencia actualmente establecidas, introduciéndose, además, la legitimación del presidente de la República y del procurador general de la nación, para combatir los fallos defirútivos de los propios tribunales agrarios, ante la Suprema Corte de Justicia, a través de una revisión agraria. en forma paralela a la llamada revisión fiscal. es decir, sólo en los asuntos de verdadera importancia y trascendencia nacionales.

EL JUICIO DE AMPARO EN MA'fERIA AGRARIA

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EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . II. El derecho de amparo individualista del siglo XIX III. Las primeras tesis jurisprudenciales en aplicación del articulo 123 constitucional. . . . . . . . . . . . IV. La socialización paulatina: las Leyes de Amparo de 1919 y la Ley Federal deITrabajo de 1931 . . . . . . . . . V. El amparo de una sola instancia en materia laboral y la Ley de Amparo de 1936 . . . . . . . . . . . . . V!. La suplencia de la queja en el amparo del trabajo y las reformas a la legislación de amparo en 1951 . . . . . . . VII. Desarrollo del derecho de amparo durante la vigencia de la Ley del Trabajo de 1931 VIIl. Conclusiones . . IX. Bibliografía básica

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EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 SUMARIO: I. Introducción. n. El derecho de amparo individualista del siglo XlX. III. Las primeras tesis jurisprudenciales en aplicación del art(culo 123 constitucional. VI. La socialización paulatina: las leyes de Amparo de 1919 y la Federal del Trabajo de 1931. V. El amparo de una sola instancia en materia laboral y la Ley de Amparo de 1936. VI. La suplencia de la queja en el amparo del trabajo y las reformas a la legislación de amparo en 1951. VII. Desarrollo del derecho de amparo durante la vigencia de la Ley del Trabajo de 1931. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía básica.

1.

INTRODUCCIÓN

1. Para abordar el tema del derecho de amparo durante la vigencia de la primera Ley Federal del Trabajo, promulgada el 18 de agosto de 1931, Y que fue sustituida por la actual, que entró en vigor el primero de mayo de 1970, es preciso realizar un recorrido que se inicia con las primeras etapas del desarrollo de la máxima institución procesal durante el siglo XIX, en que se caracterizó por su espíritu predominantemente individualista, y que se modificó sustancialmente con motivo de la consagración de los derechos sociales en los artículos 27 y 123 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917, pero que no penetraron plenamente en el derecho de amparo durante los primeros años de aplicación de dichos preceptos constitucionales, especialmente en materia laboral, debido a la inercia de los criterios imperantes durante el siglo anterior, y que se reflejaron en la jurisprudencia de la Suprema Corte de 1917 a 1924, que negó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje facultades para decidir imperativamente los conflictos en materia de trabajo; y también en esa primera época se advierte una incomprensión para ciertos principios introducidos por las leyes de trabajo de las entidades federativas, las cuales, por otra parte, tampoco establecían criterios precisos en cuanto las nacientes normas procesales de carácter social. 2. La promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931, expedida con apoyo a la reforma constitucional de 1929, que centralizó la legislación laboral en el Congreso de la Unión, significó un paso adelante en la precisión de los aspectos del derecho procesal del trabajo, que forzosamente se reflejaron en

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el juicio de amparo, que constituye su culminación, pero todavía con algunos aspectos del llamado "amparo de estricto derecho", debido a los lineamientos del amparo administrativo, ya que la tramitación del propio juicio de amparo seguía los principios del procedimiento de doble instancia en esa materia, en virtud de la disposiciones relativas de la Ley de Amparo de 1919. 3. Fue con la Ley de Amparo de 1936, expedida bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando realmente puede afinnarse que se consolida el amparo social en materia de trabajo, al establecerse el procedimiento de una sola instancia para la impugnación de los llamados laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. que de esta manera se equipararon toralmente a las sentencias judiciales. género al que realmente peneneéen. 4. Como sería necesario un estudio muy extenso para señalar con precisión las etapas de evolución del derecho de amparo en materia laboral durante la etapa de vigencia de la Ley Federal del Trabajo, cuya aplicación se prolongó por casi cuatro décadas, nos limitaremos a señalar los lineamientos sobresalientes de este desarrollo tanto en SuS aspectos legislativos como jurisprudenciales, así como en los escasos trabajos doctrinales que se han ocupado específicamente de esta materia, ya que sólo podemos mencionar un estudio monográfico sobre este sector de nuestra máxima institución procesal, redactado por el malogrado y brillante jurista mexicano Jorge Trueba Barrera (El juicio de amparo en materia de trabajo, México, 1965) y que desafonunamente no volvió a publicarse. 11. EL DERECHO DE AMPARO INDIVIDUALISTA DEL SIGLO XIX

5. Sabemos con precisión que el juicio de amparo tal como fue consagrado en los articulas 101 y 102, de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857, se estebleció con el propósito de proteger de manera exclusiva los derechos individuales de la persona humana, en su sentido clásico, y que en dicha carta fundamenta! recibieron la denominación de "garantías individuales". 6. Por otra parte, resultaba muy comprensible que el predominio de la corriente jurídica de inspiración individualista y liberal, determinara que la protección jurídica a través del derecho de amparo, se restringiera exclusivamente a la persona jurídica individual, y así lo expresaba con claridad la redacción del articulo 102 de la citada carta federal, la que, al recoger el principio de los efectos particulares de la sentencia de amparo, introducida en el Artículo 25 del Acta de Refonnas de 1847, debida al genio de Mariano Otero (y que por ello se conoce como "fónnula Otero") dispuso en la parte conducente del primer precepto, que: "la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos paniculares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO

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7. A lo anterior deben agregarse los principios establecidos por la Ley de Desamortización de 25 de junio de 1856, que resulta equivalente a la famosa Ley Cbapelier de la Revolución Francesa, y que si bien tenía por objeto evitar la concentración eclesiástica de la propiedad raíz, desconoció la personalidad jurídica de las corporaciones civiles y religiosas, lo que se reflejó en el criterio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de ámparo, que acentuó el carácter individualista de la institución, en dos aspectos esenciales: en primer término, al estimar improcedente las demandas de amparo promovidas por los representantes de las comunidades agrarias en defensa de sus propiedades comu-

nales; y por la otra, en cuanto a su criterio restrictivo sohre la legitimación de las personas jurídicas colectivas, es decir, las llamadas morales, para promover el propio amparo. 8. Respecto a las sociedades mercantiles, por imperativo del desarrollo económico del país que se manifestó en la segunda mitad del propio siglo XIX, se aceptó como una excepción a la regla de la protección individual que pudiesen promover el juicio de amparo en contra de los actos de autoridad que afectasen su patrimonio, pues como lo sostuvo la jurisprudencia de la propia Suprema Corte, comentada por los distinguidos juristas Ignacio Luis Vallarta y Silvestre Moreno Cara, dichas

empresas. como personas morales. podrían ser afectadas como cualquier individuo. y sus propiedades estaban bajo la protección de la carta fundamental, protección que requerirían contra los actos arbitrarios de la autoridad, 10 mismo que cualquier individuo; aun cuando este punto de vista no era compartido por otros destacados tratadistas mexicanos de esa época, los cuales consideraban que el juicio de amparo procedía estrictamente, según el texto constitucional, sólo respecto de personas físicas. 9. A este respecto, el conocido tratadista Fernando Vega, al comentar la Ley de Amparo de 1882, en su clásico libro intitulado La Nueva Le" de Amparo aparecido en 1883 (páginas 161-162) sintetiza el espíritu del derecho de amparo de esta época, con las siguientes frases: "Así pues, considerada la institución bajo su aspecto verdadero, de seguro no fue concebida para proteger los intereses sociales, los del Estado, ni los del Gobierno mucho menos, sino única y especialmente el derecho individual, abstracción hecha de cualquier otro interés, social, particular o político. Nuestra institución se halla constituida sobre un principio cuya existencia debemos conservar como un título de honra nacional: "el interés individual sobre el imerés coleclivo" .

10. Todo lo anterior no tiene otro objeto que destacar la enorme transformación que significó la consagración de los derechos sociales en la Carta Federal de 1917, y el pleno reconocimiento de los grupos sociales desfavorecidos, campesinos y trabajadores, para acudir al juicio de amparo, no sólo para la tutela de sus derechos individuales, sino tamhién los de carácter social, y la necesidad de una evolución paulatina para la creación del qu!, podemos caJi fíear como


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amparo social, que se consolidó en materia laboral epla Ley de Amparo de 1936, y las reformas de 1951, sobre la suplencia de la queja en beneficio de los propios trabajadores, y en materia agraria, con las reformas de 1963, que lo separaron del amparo administralivo. IIJ.

LAS PRIMERAS TESIS JURISPRUDENCIALES EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

11. No podemos realizar el examen por la índole de este trabajo, de los ordenamientos laborales anterWres a la promulgación del artfculo 123 de la Constitución Federal. es decir, las Leyes de Trabajo de Jalisco de Manuel Aguirre Berlanga de 7 de octubre de 1914; la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz promulgada por Cándido Aguilar el 19 de octubre de 1914, y especialmente las Leyes de Salvador Alvarado de 14 de mayo y 11 de diciembre de 1915, que establecieron las primeras disposiciones procesales en materia de trabajo. 12. Nos limitaremos a señalar en forma muy superficial los principales criterios de carácter instrumental seguidos por las leyes expedidas por las Entidade Federativas con apoyo en el texto original del preámbulo del mencionado artículo 123 de la Carta Federal de 1917, a fin de relacionar estas disposiciones con el criterio seguido por la Suprema Corte de Justicia en sus primeras resoluciones. 13. Debe destacarse que estos ordenamientos locales adoptaron criterios similares sobre la competencia y funcionamiento de las propias Juntas. Como ejemplos podemos señalar la Ley del Trabajo de Veracruz, expedida por Cándido Aguilar el 14 de enero de 1917, en la cual se establecieron Juntas municipales exclusivamente de conciliación y una Junta Central de Conciliación y Arbitraje, esta última con facultades imperativas para resolver todo tipo de controversias laborales, individuales y colectivas, mediante laudos o sentencias (artículo 178), la que no debía considerarse como un tribunal de derecho, ya que los miembros que la integraban decidían conforme a su conciencia y la equidad, pero sin que señalara un procedimiento de ejecución de tales resoluciones. 14. El otro modelo que siguieron las restantes legislaciones locales, fue el de Código del Trabajo de Yucatán, expedido por Felipe Carrillo Puerto el 2 de octubre de 1918, que recogió disposiciones procesales más amplias, estableciendo Juntas Municipales y una Junta Central, todas ellas de Conciliación y Arbitraje, con facultades para decidir imperativamente todo tipo de controversias laborales, tanto individuales como colectivas, pero a diferencia de la ley veracruzana, contiene preceptos sobr... el cumplimiento de las decisiones de las referidas Juntas, ya que de acuerdo con los artículos 195 y 198 de dicho ordenamiento, los citados orgartismos podían utilizar tanto los medios de apremio como las disposiciones relativas a la ejecución de sentencias, del Código de Procedimientos Civiles de la


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citada entidad federativa, con algunas reglas específicas en materia de embargo previstas por el diverso articulo 199 de la citada Ley Laboral. 15. Las restantes leyes del Trabajo de las entidades federativas, siguen en general los modelos de Veracruz y de Yucatán, en la inteligencia de que algunas entidades promulgaron leyes orgánicas y procesales para reglamentar las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, como las de los Estados de México y Sonora (1918); Sinaloa (1920); Guanajuato (1922), y Nuevo León (1924). Si bien existen variantes en el funcionamiento y facultades de las Juntas, en todos estos ordenamientos se atribuye a dichos organismos competencia para conocer y decidir imperativamente todo tipo de conflictos laborales, es decir tanto individuales y colectivos, aun cuando con diversidad de procedimientos de ejecución, pues algunas leyes se remiten al Código de Procedimientos Civiles local, otras encomiendan dicho cumplimiento a las autoridades judiciales ordinarias, y finalmente, algunas, a las autoridades administrativas. 16. No obstante dicha legislación local, las primeras resoluciones pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, a través de los juicios de amparo promovidos contra las resoluciones de dichas Juntas de Conciliación y Arbitraje, por una parte establecieron el criterio de que dichos organismos eran de carácter público y por tanto debían considerarse como autoridades para efectos de la procedencia del propio amparo; pero por la otra, el más Alto Tribunal estimó que carecían de facultades para decidir imperativamente los conflictos de trabajo, ya que sólo podían funcionar como órganos de avenencia en conflictos de carácter colectivo. 17. Así, en un primer fallo con motivo del juicio de amparo promovido por J. Crasseman Sucesores, S. en c., contra la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y resuelto por la Suprema Corte el2 de noviembre de 1917, se estableció la tesis de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje teñían como única función avenir a los patrones y empresarios con los obreros, criterio que se desarrolló con mayor amplitud en dos sentencias que se han considerado como clásicas en este primer periodo de la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la República, es decir las pronunciadas los días 8 de marzo y 23 de agosto de 1918, en los juicios de amparo solicitados por Guillermo Cabrera y Lane Rincon Mines Incorporated, contra las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados de Yucatán y México, respectivamente. 18. De manera muy sintética podemos citar los argumentos de la Corte en el primer fallo, en el sentido de que la fracción XX del articulo 123 no podía extenderse a las demandas que atañían a las consecuencias de un contrato de trabajo que hubiere expirado o que debía exigirse, ya que las mismas deberían hacerse valer ante los tribunales ordinarios y no ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues de aceptarse que los citados organismos tuvieran facultades para conocer de las demandas civiles o comerciales que derivaran de un contrato de trabajo, dándoles carácter ejecutivo a sus resoluciones, dejarían de ser tales juntas, al

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extender indebidamente sus facultades, invistiéndose de una jurisdicción que no les confería la carta fundamental, y que estaban reservadas al poder judicial de la Federación o de los Estados. A su vez, en el fallo pronunciado en el segundo asunto mencionado, se sostuvo que las referidas Juntas de Conciliación y Arbitraje no fueron establecidas para aplicar la ley en cada caso concreto, ni tampoco en los conj/ictos de derecho, obligando a las panes a someterse a sus determinaciones, ya que carecían de imperio y no podían considerarse como tribunales, sino como instituciones de derecho público establecidas para evitar los trastornos de la lucha entre trabajadores y patrones, proponiendo nuevas bases de trabajo para que se terminase con el conflicto. 19. Se advierte así una diferencia radical en los criterios de interpretación de las fracciones XX y XXI del artículo 123 de la Constitución Federal, pues en tanto que las leyes locales expedidas con apoyo en dichos preceptos constitucionales, otorgaron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje facultades para resolver de manera imperativa todo tipo de controversias laborales, tanto individuales como colectivas, la jurisprudencia de la Suprema Corte las consideró como organismos públicos de avenencia, para resolver conflictos colectivos que le sometieran voluntariamente las partes, y este punto de vista del más Alto Tribunal de la República se mantuvo hasta el año de 1924, cuando se presentó un cambio notorio en la jurisprudencia, como resultado de la transformación socializadora del proceso laboral, que en un principio encontró una clara oposición no sólo en la mencionada jurisprudencia sino en la doctrinajurfdica predominante, en la cual imperaba todavía la influencia de la corriente individualista tradicional, no obstante los cambios introducidos en la Cana Federal. IV. LA SOCIALIZACIÓN PAULATINA, LAS LEYES DE AMPARO DE 1919 y LA FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931

20. La penetración de las corrientes socializadoras del proceso laboral en el juicio de amparo no fue inmediata a la vigencia del artículo 123 constitucional, en virtud de la tradición individualista que hemos señalado con anterioridad (ver supra párrafos 9-10), sino por el contrario, se realizó de manera paulatina tanto en el campo de la jurisprudencia, como en el de la doctrina y de la legislación. 21. Podemos señalar como un comienzo de modernización del derecho de amparo, la promulgación de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919, que recogió los nuevos lineamientos del artículo 123 constitucional, y que sustituyó a las disposiciones del Código local de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, el cual, como es de suponer, estaba inspirado en los principios exageradamente dispositivos del proceso civil tradicional, al regular al juicio de amparo como uno de sus capítulos.

EL JUICIO DE AMPARO EN MA URJA DE TRABAJO

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21 a. Sin embargo, las modificaciones de esta nueva Ley de Amparo no son muy notorias en el campo del derecho social, ya que por una parte el artículo 2" de este nuevo ordenamiento hace referencia sólo a los individuos particulares, y en el artículo 6" sólo regula la legitimación de las personas morales privadas, tales como las sociedades civiles y mercantiles. las instituciones o fundaciones de beneficencia particular y otras semejantes, sin hacer mención a los grupos sociales de obreros y los campesinos, y finalmente. tampoco se introdujeron disposiciones específicas sobre la suspensión de los actos reclamados en relación con las decisiones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por ello no resulta sorprendente el criterio expresado por la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia en los juicios de amparo promovidos por M. B. Reyes y Compañía y por la Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros, resueltos los días 26 de febrero y 2 de marzo de 1932, en el sentido de que los sindicatos carecían de personalidad jurídica, la que sólo correspondía a sus miembros en lo individual. 22. No obstante lo anterior, la Suprema Cone pudo utilizar esta nueva legislación como instrumento de los cambios que se introdujeron en su jurisprudencia. que experimentó una transfonnación significativa en otros dos fallos que también se han considerado clásicos, pronunciados los días primero de febrero y 21 de agosto de 1924, en los juicios de amparo solicitados por La Corona, S. A. y por la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A., en los cuales rechazó, en primer ténnino el argumento de la inconstitucionalidad del funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de acuerdo con la legislación de las entidades federativas, por violación del artículo 13 de la Constitución Federal, pues con todo acieno, la propia Suprema Cone estimó que no debían considerarse contrapuestas dos disposiciones de la Ley Suprema (artículos 13 y 123), sino que por el contrario deberían coordinarse y, en esta dirección eran tribunales con facultades para resolver de manera imperativa los conflictos tanto individuales como colectivos; y además, que tenían atribuciones para ejecutar sus laudos o sentencias, ya que de otra manera sólo serían cuerpos consultivos que no estarían encargados de dirimir las controversias relativas al contrato de trabajo, sino que formularían simples declaraciones de derecho, en cuyo caso sus funciones serían estériles y no llenarían su objeto, desde el momento que la finalidad perseguida con su establecimiento fue la pronta resolución de las controversias laborales en beneficio de los trabajadores. 23. El primero de los fallos citados provocó conmoción entre los abogados mexicanos y por ello resulta significativo que con fecha 20 de febrero del citado año de 1924 (el asunto de La Corona fue resuelto el primero del propio febrero), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos convocó a un concurso sobre el tema "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Interpretación de las fracciones XX y XXI del artfculo 123 constitucional", concurso en el cual, como es bien sabido, obtuvo el primer premio el destacado

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tratadista Narciso Bassols, pero también participaron y fueron publicadas las opiniones de otros distinguidos juristas como Roberto A. Esteva Ruiz; Maximiliano Camiro; Trinidad García; Paulino Machorro Narváez y Francisco de P. Morales, entre los cuales predominó la opinión que había sustentado la Corte con anterioridad, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no estaban facultadas para decidir imperativamente los conflictos laborales. 24. No obstante este punto de vista contrario de la doctrina jurídica predominante, la Suprema Corte mantuvo su criterio jurisprudencial establecido a partir de 1924, favorable a las atribuciones imperativas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aun cuando no precisó su opinión sobre la naturaleza jurídica de las propias Juntas, predominando en sus resoluciones la idea de que se trataba de organismos administrativos, sin que por ello dejasen de poseer atribuciones del orden judicial en los casos señalados por la Constitución Federal. 25. Dos importantes ordenamientos legislativos influyeron en la jurisprudencia • las de la Suprema Corte, al introducir disposiciones procesales más precisas que consignadas en las leyes del trabajo de las entidades federativas. Nos referimos a los Reglamentos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, expedidos por el presidente Plutarco Elías Calles el 8 de marzo de 1926 y el 17 de septiembre de 1927, ya que en ambos ordenamientos se introducen instituciones que posteriormente se recogieron en la Ley Federal del Trabajo de 1931, y entre ellas podemos señalar en vía de ejemplo, la disposición de que los laudos debían dictarse a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según los miembros de la Junta lo creyeron debido en conciencia (artlculos 87 del Reglamento Distrital y 81 del Federal); el precepto que encomendaba al Presidente de la Junta respectiva la ejecución de los propios laudos (artlculos 89 y 88 respectivamente); y además en el articulo 87 del Reglamento de la Junta Federal, se introduce la debatida institución de la caducidad de la instancia --{jue indebidamente se ha calificado como desistimiento de la acción- en cuanto dicho precepto dispuso que: "Se tendrá por abandonada toda reclamación en la que durante dos meses no se haga promoción de las partes para continuar su tramitación, siempre y cuando su continuación no pueda proseguirse sin esa promoción".

26. En el periodo qe sigue a la vigencia de los ordenamientos mencionados en el párrafo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte establece criterios importantes en el amparo laboral, entre ellos la tesis jurisprudencial en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no eran tribunales de derecho y que debfan dictar sus resoluciones apreciando las pruebas sin sujetarse a reglas jurfdicas, sino como lo creyeren debido en conciencia, de acuerdo con el espfritu del artículo 123 constitucional, y por ello se estimaron inconstitucionales las disposiciones legales de las Entidades Federativas que remiúan al procedimiento establecido por los códigos locales de Procedimientos Civiles (ver entre otras, la sentencia

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE 1RABAJO

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dictada el 14 de noviembre de 1930, en el juicio de amparo solicitado por El Centro Campechano). 27. Por otra parte, la misma Suprema Corte consideró en otras resoluciones, que las propias juntas de conciliación y arbitraje, aun cuando decidieran los conflictos laborales de acuerdo a su conciencia, estaban obligadas a recibir pruebas, oír las alegaciones de las partes, y seguir un pwcedimiento que reuniera los requisitos esenciales de todo juicio (Competencia entre la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resuella el 9 de mayo de 1930). 28. También en esta época se inició el estudio sobre los lineamientos peculiares de la suspensión de las resoluciones pronunciadas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tomando en cuenta que dichas resoluciones se consideraban como actos administrativos desde el punto de vista formal, y por ello el amparo contra las mismas se tramitaba en el procedimiento de doble instancia, correspondiendo a los jueces de Distrito en primer grado y a la Suprema Corte de Justicia en segunda instancia, decidir sobre la propia suspensión de acuerdo con las escuetas disposiciones de la Ley de Amparo de 1919 (artículos 51-66). 29. Al respecto, la jurisprudencia de la misma Suprema Cone estimó en principio, que no debía otorgarse la suspensión contra los laudos pronunciados por las Juntas, por considerarse que eran de interés público y que en su ejecución estaba interesada la sociedad, pero que ese principio no era absoluto, por lo que no debía privarse al juzgador del derecho de examinar en cada caso, si efectivamente se perjudicaban los intereses de la sociedad y del Estado cuando se otorgaba la medida precautoria (véase entre otras, la resolución pronunciada por el más Alto Tribunal de la República, en el incidente de suspensión relativo aljuicio de amparo solicitado por la Compañía Transcontinental de Petróleo, S. A., y resuelto el 17 de enero de 1931). 30. Al expedirse la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931, que contenía disposiciones procesales más precisas, apoyadas en la experiencia de las leyes locales y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, especial en su título IX, relativo al procedimiento ante las Juntas, el amparo laboral recibió un impulso considerable, ya que pudo apoyarse sobre una base más firme que la otorgada por las imprecisas e incompletas disposiciones procesales de las leyes de trabajo de las entidades federativas, aun cuando las mismas habían sido perfeccionadas por los Reglamentos de las Juntas Distritales y de la Federal, mencionados anteriormente (ver supra párrafo 25). 31. La citada Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931 configuró el procedimiento de un verdadero juicio, de acuerdo con las exigencias del artículo 14 constitucional, y si bien consagró la disposición que provocó numerosos debates sobre la naturaleza juódica de las Juntas, en el sentido de que los laudos deberían dictarse a verdad sabida sin necesidad de reglas sobre estimación de las pruebas,

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sino apreciando los hechos según los miembros de las Juntas creyeran debido en conciencia (articulo 550); en el precepto siguiente se otorgó a los propios laudos las características esenciales de las sentencias judiciales. al establecerse que los mismos deberían ser claros. precisos y congruentes con la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el negocio. haciéndose las declaraciones que exigían dichas pretensiones. condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo sobre todos los puntos litigiosos que hubiesen sido objeto de debate (articulo 551). 32. Implícitamente se reconoció el carácter de tribunales de derecho de las mencionadas Juntas de Conciliación y Arbitraje. en cuanto por una parte, se dispuso que los presidentes de los referidos organismos. es decir. los representantes gubernamentales, deberían ser abogados. con título expedido por autoridad competente. o especialistas en derecho industrial (articulo 397, fracción lJI), y a los secretarios de las Juntas Centrales o de la Federal se les exigió ser abógados o licenciados en econoDÚa. titulados legalmente, dándose preferencia a los que hubiesen hecho del derecho obrero una especialidad en sus estudios (articulo 399). creándose. además. la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con el propósito esencial de asesorar técnicamente y en su caso. representar, a los trabajadores o sus sindicatos. cuando lo solicitaran. ante las autoridades competentes. con motivo de los conflictos laborales entre ellos y sus patronos, otorgándoseles la facultad de interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios para la defensa del trabajador (incluyendo el juicio de amparo) (articulo 408, fracciones I y II). 33. Entre preceptos procesales que influyeron en el desarrollo del juicio de amparo. podemos mencionar la amplia legitimación procesal de los sindicatos para comparecer ante las Juntas como actores o demandados en defensa de sus derechos colectivos y de los derechos individuales que correspondieran a sus miembros. en calidad de asociados. sin perjuicio del derecho de éstos para obrar directamente o intervenir en la controversia (artículo 460). así como un minucioso procedimiento para la ejecución de los laudos pronunciados por las Juntas (Capítulo VIII); atribuyéndose además a los presidentes de las Juntas Centrales y al de la Federal. la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los propios laudos (articulo 584). 34. No obstante que la citada Ley Federal del Trabajo estableció la organización de las juntas de conciliación y arbitraje como verdaderos tribunales y les confirió facultades claramente jurisdiccionales. recogiendo asl la evolución tanto de la legislación local como de la jurisprudencia de la Suprema Corte posterior a 1924 (ver supra párrafo 22); el juicio de amparo procedente contra sus resoluciones, calificadas por el peso de la tradición como laudos. debla tramitarse en doble instancia. por considerarse, de acuerdo con la Ley de Ampa¡o de 1919, que eran actos administrativos desde el punto de vista formal.


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35. Poco tiempo antes de la promulgación de la citada Ley Federal del Trabajo, el insigne jurista Narciso Bassols, en un estudio también clásico publicado en el año de 1930 en la Revista General de Derecho J' Jurisprudencia, con el nombre de "¿Qué son, por fin, las Juntas de Conciliación y Arbitraje?" (páginas 185-211), sostuvo que dichos organismos debían considerarse como los tribunales del trabajo, ya que no existía ninguna tendencia doctrinal importante, ni corriente alguna de intereses obreros o patronales, que pudieran imponer una modificación sustancial en esa materia, con lo cual se queóa significar que el cambio de la jurisprudencia de la Suprema Corte en el año de 1924 (ver supra párrafo 22) y a la cual se había opuesto el propio Bassols en un estudio anterior (ver supra párrafo 23), debía considerarse como plenamente consolidada e irreversible, pues si bien dicho tratadista no la consideraba como la mejor solución, había alcanzado la estabilidad necesaria para convertirse en una realidad que nadie tenía empeño en destruir. 36. Con motivo de la reforma constitucional de 20 de agosto de 1928 al artículo 94 de la Cana Federal, que dividió la Susprema Corte en tres Salas, (ya que en el texto original de dicho precepto fundamental, dicho Alto Tribunal debería funcionar siempre en Pleno), la segunda instancia de los juicios de amparo contra las resoluciones de l&s Juntas de Conciliación y Arbitraje, se atribuyó a la Segunda Sala de la propia Corte, especializada en la materia administrativa. V. EL AMPARO DE UNA SOLA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL Y LA LEY DE AMPARO DE

1936

37. Durante la vigencia de la I,ey Federal del Trabajo de 1931, un paso esencial en la configuración del juicio de amparo laboral, como un verdadero proceso social, está representado por el establecimiento del amparo de una sola instancia en esta materia, que se encomendó a una Sala especializada, la Cuana (creada con motivo de la reforma al artículo 94 constitucional, según Decreto de 15 de diciembre de 1934), en la Ley de Amparo promulgada el 30 de diciembre de 1935, y que entró en vigor el 10 de enero de 1936, la que todavía sigue vigente, pero con reformas sustanciales. 38. En la parte relativa de la exposición de motivos del proyecto que sirvió de base a la mencionada Ley de Amparo, enviado porel Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se expresó: "Mucho más podóa decirse para justificar, conforme a una interpretación revolucionaria del artículo 107 de la Constitución de 1917, la adopción del sistema 1Ie amparo directo en materia de trabajo, pero todos los argumentos que pudieran aducirse no añadióan nada seguramente a la honda convicción que en este sentido han llegado a adquirir, por la fuerza misma del ambiente en que vivimos desde la etapa inicial de la revolución, los miembros del poder legislativo, y baste decir que, según lo expuesto entre el doble aspecto de


autoridades administrativas y judiciales que puede distinguirse en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. domina fuertemente este último. ya que el primero se debe sólo a su composición y el segundo a un fenómeno fundamental. de mucho mayor entidad. constituido por su función misma. Y si sus sentencias son definitivas. y si la esencia de estos tribunales es judicial. y si de este modo lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte. no sólo al resolver las competencias antes aludidas. sino también al haberles reconocido desde hace muchos años jurisdicción para resolver. e imperio para ejecutar sus laudos. es evidente que la fracción IX del artículo 107 constitucional no reza con los amparos que se promueven contra sus

actos ... " 39. El equiparse plenamente los llamados laudos de las juntas de conciliación y arbitraje para efectos del amparo. con las sentencias judiciales. y estahlecerse una Sala especializada en materia de trabajo. deslindando el amparo laboral de su vinculación con la materia administrativa, con la que anteriormente se asimilaba, la jurisprudencia pudo desarrollar una orientación socializadora más vigorosa. que se advierte claramente a partir del funcionamiento de la Sala del Trabajo de la Suprema Corte de Justicia. 40. Si bien la citada Ley de Amparo de 1936. además de establecer el procedimiento de una sola instancia contra los laudos de la juntas de conciliación y arbitraje, no contiene disposiciones que establezcan una distinción entre el amparo

laboral y las otras ramas del derecho de amparo contra sentencias judiciales. sin embargo se advierte un cambio general de orientación en su artfculo 76. ya que al referirse a los efectos particulares de la sentencia de amparo. no se limitó a reproducir la disposición de la fracción II del artfculo 107 de la Carta Federal. que sólo hace mención a individuos particulares. sino que se refiere también a las personas morales. privadas u oficiales. que hubiesen solicitado la protección; con lo que implícitamente comprende la legitimación amplia de los grupos sociales. 41. Pero el precepto de la nueva Ley de Amparo que merece una atención especial. es el que establece las modalidades específicas de la suspensión en el amparo de una sola instancia en materia laboral. ya que el artfculo 174 dispone que tratándose de laudos de las juntas de conciliación y arbitraje. la suspensión se concederá en los casos en que. ajuiciodel presidente de la junta respectiva. no se ponga a la parte que obtuvo. si es la obrera. en peligro que de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. en el cual sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 42. La significación de este precepto se pone de relieve en la exposición de motivos del proyecto respectivo. el cual otorgó una atención especial en su parte conducente, que resulta conveniente transcribir: "Pero no obstante que se instituye el amparo directo contra esos laudos. la resolución de los conflictos de trabajo se vería gravemente estorbada si. llevando la equiparación al máximo. no se establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensión y se adoptara estrechamente


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el sistema de las fracciones V y VI del propio artículo 107 constitucional, dado que ello resultaría antitético con el carácter que distingue el llamado derecho industrial. cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad, y por ello la ejecución de las resoluciones dada a los connictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo demás también diferentes entre sí, que la ejecución de las sentencias de carácter penal o civil, en materia de suspensión del

acto reclamado ... "

VI.

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO DEL TRABAJO

Y LAS REFORMAS ALA LEGISl.ACIÓN DE AMPARO DE

1951

43. No obstante el progreso que significó el establecimiento del amparo de una sola instancia en materia laboral y el funcionamiento de una Sala especializada en asuntos de trabajo en la Suprema Corte de Justicia, la regulación del mismo no debía considerarse completa, en cuanto no se distinguía su tramitación respecto de otros sectores del amparo contra sentencias judiciales, ya que si bien no quedaba comprendido dentro del anacrónico concepto de estricto derecho señalado para la materia civil por el artículo 79 de la Ley de Amparo y que lajurisprudencia extendió a nuestro modo de ver forzadamente -a los amparos administralivos- tampoco se otorgaba facultades amplias al juez del amparo para corregir los errores en que incurriera la parte trabajadora al promover el juicio de amparo contra las resoluciones de las juntas que les fueran desfavorables. 44. En el texto primitivo de la fracción II del artículo 107 constitucional, se estableció la institución denominada "suplencia de la queja", pero sólo en favor del acusado y otorgándose la facultad de aplicarla exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia en el juicio de amparo de una sola instancia en materia penal. Sin embargo, en las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en mayo de 1951, se extiende dicha suplencia también en beneficio de la parte trabajadora en el amparo laboral, cuando se encuentre que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa (artículos 107, fracción II, tercer párrafo de la Constitución Federal, y 76, tercer párrafo de la Ley de Amparo). 45. Esta institución es de gran trascendencia en el amparo lahoral, ya que una de las características que se han señalado en el proceso del trabajo en particular, y social, en general, es la necesidad de otorgar al juzgador facultades para subsanar los errores en que incurre la parte débil, por la dificultad que existe en número importante de casos, para que dicha parte obtenga un asesoramiento técnico adecuado. Es muy clara la intención del legislador, si destacamos la parte relativa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de las citadas reformas constitucionales, en cuanto afirmó que: "Y también podrá suplirse esta deficiencia

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(de la queja) en amparos del trabajo, directos o indirectos, porque las normas constitucionales contenidas en el artículo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de los trabajadores, y esta clase muchas veces no está en posibilidad de defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigorismos técnicos". VII. DESARROLLO DEL DERECHO DE AMPARO DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABNO DE 1931

46. Después de la breve reseña de los distintos aspectos del derecho de amparo laboral, procuraremos trazar una visión panorámica de su evolución durante la vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, tomando en consideración que nuestro juicio de amparo constituye la culminación de todos los procesos judiciales, y por eUo se encuentra estrechamente vinculado con las disposiciones adjetivas del citado ordenamiento. 47. A) Un primer sector que podemos examinar es el relativo al procedimiento, cuya primera etapa estuvo determinada por la regulación de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919 que estaba vigente cuando se expidió la citada Ley del Trabajo de 1931, y de acuerdo con el primer ordenamiento, los juicios de amparo promovidos contra las resoluciones de las juntas de conciliación y arbitraje ya se tratara de autos definitivos o de laudos, es decir, sentencias de fondo, se tramitaban en dos instancias, el primer grado ante los jueces de Distrito y el segundo ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ya que de acuerdo con la jurisprudencia (ver supra párrafo 36), las citadas juntas debían considerarse formalmente como organismos administrativos. También la suspensión de las resoluciones reclamadas se encomendaba a los citados jueces de amparo. 48. Al expedirse la Ley de Amparo que entró en vigor el 10 de enero de 1936, se puede señalar una segunda fase, ya que dicho ordenamiento, según se expresó anteriormente (ver supra párrafos 37-39), estableció el amparo de una sola instancia contra los llamados laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, que se encomendaba a la Cuarta Sala de la propia Suprema Corte de Justicia, recientemente creada. Cuando se trataba de autos definitivos irreparables jurídicamente, su impugnación debla plantearse en primer grado ante los jueces de Distrito y la segunda ante la misma Cuarta Sala (artículO 114, fracción IV, de l~ citada Ley de Amparo). Por lo que se refiere a la medida precautoria de la suspensión de los laudos laborales, se encomendó su resolución al Presidente de la junta respectiva, con la posibilidad de impugnar la determinación correspondiente ante la misma Cuarta Sala, a través del recurso de queja (artículOS 174 y 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo). 49. Con motivo de las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, se conservó el amparo de una sola instancia contra los laudos en

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materia laboral. pero se dividió la competencia entre la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito creados en esas reformas, correspondiendo a los segundos el examen de las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento y reclamados en los propios laudos, (artículo 158 bis, fracción 1, de la citada Ley de Amparo); en tanto que a la Suprema Corte correspondió el conocimiento de las violaciones de fondo de los propios laudos (artiCUlo 158 del citado ordenamiento). 50. Las diversas formas que entraron en vigor en octubre de 1968, significaron nuevas modificaciones en el procedimiento, en virtud de que se unificó el conocimiento de las violaciones procesales y de fondo, pero se dividió la competencia entre la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados, atendiendo a la importancia juridica, económica o social de los amparos respectivos, y por ello se atribuyó a la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia los juicios de amparo contra los laudos pronunciados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y exclusivamente los conflictos resueltos por las Juntas Centrales, correspondiendo los de naturaleza individual, a los Tribunales Colegiados de Circuito, y de acuerdo con este criterio, también se dividió el conocimiento en los de doble grado contra autos definitivos irreparables, así como respecto al recurso de queja contra las decisiones de los Presidentes de las propias juntas, en materia de suspensión (artiCUlas 158 de la Ley de Amparo y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 51. B) Otro aspecto panorámico del amparo durante ese periodo es el relativo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia' materia laboral (tomando en cuenta que la de los Tribunales Colegiados de Circuito se considera obligatoria hasta las citadas reformas de 1968), es decir, primero el Tribunal en Pleno (1917-1928), después la Segunda Sala (1928-1936), y posteriormente la Cuarta Sala, de la propia Corte. Como observación general podemos señalar que si bien en los primeros años de vigencia del articulo 123 constitucional y las leyes del trabajo de las entidades federativas el criterio de nuestro más Alto Tribunal no fue muy preciso, debido a la tradición individualista del propio juicio de amparo; a la novedad de los problemas planteados por la socialización jurídica introducida en materia laboral por el articulo 123; por la variedad de soluciones adaptadas por las leyes locales, y la confusión entre las materias administrativa y la estrictamente laboral, en virtud del carácter formalmente administrativo atribuido a las juntas de conciliación y arbitraje. 52. Pero a partir del establecimiento de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia y la configuración del amparo de una sola instancia contra los laudos de las propias juntas, se perfeccionaron los criterios jurisprudenciales, creándose una base sólida para la evolución de la propia jurisprudencia. En vía de ejemplo podemos señalar que en esos primeeos años de funcionamiento de la nueva Sala laboral de la Suprema Corte, se dictó una resolución fundamental para el derecho laboral

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mexicano, es decir el fallo pronunciado por dicha Cuarta Sala el primero de marzo de 1938 en el juicio de amparo promovido por la Compañía de Petróleo El Aguila y coagraviados contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (publicado en el Semnnario Judicial de la Federación, Quinta época, Tomo LV, páginas 20072126, Yque sirvió de apoyo para la expropiación petrolera, 53. También debemos señalar como significativa la circunstancia de que en el proyecto de esa fundamental sentencia de amparo intervino decisivamente el entonces Secretario en dicha Sala, el ilustre jurista mexicano don Mario de la Cueva, nuestro más destacado tratadista de derecho laboral, recientemente desaparecido y quien también publicó en esos años es decir, en 1938, los dos volúmenes de su monumental obra Derecho mexicano del trabajo, 54. C) El segundo aspecto que podemos destacar es el relativo a lajurisprudencia de la Suprema Corre de Justicia en materia de amparo laboraJ, que se vigorizó considerablemente durante la vigencia de casi cuatro décadas de la Ley Federal del Trabajo de 1931, y algunos de esos criterios de nuestro más Alto Tribunal fueron tomados en consideración tanto para las modificaciones que experimentó dicho ordenamiento como para las disposiciones procesales consagradas en la Ley Federal del Trabajo de 1970, y en la refonoa esencial en esta materia, expedida en 1980. 55. Debido al carácter sumario de este pequeño trabajo, no sería posible pasar revista de las principales tesis jurisprudenciales, ya no digamos en materia sustantiva, pero ni siquiera en cuanto a las disposiciones procesales y específicamente en relación con su culminación en el juicio de amparo, tomando en cuenta el largo periodo de vigencia de la citada Ley Federal del Trabajo de 1931. 56. A eJte respecto podemos mencionar que los criterios considerados obligatorios (por estar contenidos en cinco resoluciones no interrumpidas y aprobadas al menos por el voto de cuatro magistrados en las Salas o por catorce, en los asuntos de competencia del Tribunal en Pleno, de acuerdo con los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo) se publicaron en varios apéndices al Semnnario Judicial de la Federación, entre los cuales citaremos los relativos a los tomos XXXVI (octubre de 1935); L (noviembre de 1938); LXIV (noviembre de 1940); LXXVI (junio de 1945); XCII (agosto de 1949) y CXVlII (1955); todos ellos de la quinta época; y posteriormente el apéndice que no está relacionado COo un tomo en particular, publicado en 1965 (el último apareció en 1975), de cuya lectura se puede apreciar el desarrollo y progreso del amparo en materia laboral y la paulatina pero vigorosa construcción jurisprudencia!. 57. Dando un breve vistazo al último apéndice de jurisprudencia obligatoria que apareció cuando todavía estaba en vigor la referida Ley Federal del Trabajo de 1931, es decir, el publicado en el año de 1965, bajo la dirección del ministro inspector don José Castro Estrada y dividido por materias, correspondiendo la Quinta Parte, a la Cuarta Sala de la Suprema Corte; señalamos en vía de ejemplo

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algunos de sus criterios relacionados con la interposición del juicio de amparo y en primer ténnino es importante destacar que la citada Sala Lahoral de nuestro más Alto Tribunal consideró que las juntas de conciliación y arhitraje no eran tribunales de derecho y por lo mismo no estaban obligadas al pronunciar sus laudos a sujetarse a los mismos principios que los tribunales ordinarios (tesis 95, página 103). 58. Dicho criterio jurisprudencial es sólo aparente y deriva de una concepción más sentimental que jurídica sobre los organismos de justicia lahoral, ya que en otras tesis, la misma Sala estimó que dichas juntas no eran soberanas para la interpretación de la Ley ni para la aplicación del derecho; puesto que si lo fueran

la intervención de la justicia federal contra sus actos sería ociosa (tesis 94, páginas 102 y 103); y que la audiencia de discusión y resolución del negocio regulada por los artículos 538, 539 Y 540 de la referida Ley Federal del Trabajo, en relación con los 546 y 547 cuando las juntas respectivas funcionahan en pleno, constituye una formalidad esencial del procedimiento cuya omisión produce indefensión (tesis 97, páginas 104-105). 59. Contradiciendo su apreciación de que las juntas de conciliación y arbitraje no son tribunales de derecho, en las tesis 100, páginas 106-107, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió que los laudos pronunciados por dichos organismos deben contener el estudio de las pruebas rendidas, pues si bien dichas juntas no están obligadas a sujetarse a reglas para la apreciación de las pruebas, esto no las faculta par.. dejar de examinar todas y cada una de las que aporten las

partes. dando las razones en que se funden para darles o no, valor en el asunto sometido a su decisión, y finalmente en la 123, página 122, la misma Sala sostuvo que la estimación de las pruebas por parte de las juntas, es violatoria de los derechos del afectado, si altera los hechos o incurre en defectos de lógica en el raciocinio; criterios jurisprudenciales que se encuentran muy alejados de la expresión simbólica del articulo 550 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, sobre la apreciación de los hechos en conciencia, que sólo puede aplicarse a los jurados populares, cuyo veredicto es inatacable por corresponder a una convicción íntima que carece de fundamentación jurídica. 60. En relación al problema de la legitimación de las organi7.aciones gremiales para intervenir en el proceso laboral y por consecuencia, en el amparo respectivo, la tesis 172, página 161, superó algunas reticencias de la Sala Administrativa en los primeros años de aplicación de la Ley Federal del Trabajo de 1931 (ver supra párrafo 2Ia), ya que apoyándose en la fracción XVI del artículo 123 constitucional, la Sala Laboral de la Suprema Corte consideró que dicho precepto autorizó tanto a los obreros como a los empresarios para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales, por lo que resultaba incuestionable que dichas corporaciones tenían personalidad jurídica para la defensa de los derechos de sus miembros, por medio de los órganos de su representación.

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61. Tratándose de la suspensión del cumplimiento de las sentencias de las juntas de conciliación y arbitraje favorables a los trabajadores. la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia estimó que dicha medida precautoria no procede tratándose de las resoluciones que ordenan el pago de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por despido injustificado. ya que dichas indenmizaciones se equiparan a alimentos (tesis 8. página 23). y por lo que se refiere a la interpretación del articulo 174 de la mencionada Ley Federal del Trabajo de 1931 (ver supra párrafos 41-42). la Cuarta Sala del más Alto Tribunal de la República sustentó el criterio de que la suspensión contra los laudos impugnados en amparo de una sola instancia es improcedente hasta por el importe de seis meses de los salarios efectivamente obtenidos por los trabajadores. por considerarse como el plazo necesario para la tramitaci,ón del propio juicio de amparo (tesis 176. página 166).

VIII. CONCLUSIONES 62. Apoyándonos en las superficiales reflexiones que hemos hecho en este sencillo trabajo. podemos establecer como resultado del mismo. las siguientes conclusiones: 63. Primera. Para comprender el desarrollo del derecho de amparo en relación con la Ley Federal del Trabajo promulgada el 18 de agosto de 1931. es preciso tomar en cuenta que el espíritu del derecho social introducido en el articulo 123 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917. no pudo penetrar rápidamente en nuestra máxima institución procesal debido a numerosos factores. entre ellos. el espíritu individualista del propio juicio de 3mparo que predominó en la legislación del siglo XIX; la diversidad de interpretaciones sobre la naturaleza y funciones de las juntas de conciliación y arbitraje en las leyes del trabajo de las Entidades Federativas anteriores a la reforma centralizadora de 1929; e inclusive la doctrina juridica mayoritaria que negaba a los propios organismos la facultad de decidir de manera imperativa los conflictos laborales. 64. Segunda. Los principios socializadores del derecho procesal del trabajo fueron consolidándose paulatinamente en el derecho de amparo en virtud de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. y a través de la aplicación del artículo 123 constitucional y las disposiciones laborales de las leyes locales. ya que en un principio. es decir durante el periodo que va de 1917 a 1924. la propia jurisprudencia acogió la tesis .de que las juntas de conciliación y arbitraje carecían de funciones decisorias. particularmente tratándose de conflictos individuales entre trabajadores y empresarios. pero el peso que significó la circunstancia de que la totalidad de las leyes del trabajo de las entidades federativas. incluyendo los reglamentos expedidos en 1926 y 1927 para las juntas del Distrito Federal y la Junta


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Federal de Conciliación y Arbitraje, otorgaran facultades imperativas a las propias juntas terminó por imponerse, y el más Alto Tribunal de la República modificó sustancialmente Su jurisprudencia primitiva en e! año de 1924, para reconocer el carácter judicial de los citados organismos. 65. Tercera. No obstante el cambio de la jurisprudencia que estableció el carácter de tribunales del trabajo a las juntas de conciliación y arbitraje, la evolución hacia la plena aceptación de los principios del derecho social en e! proceso del trabajo y en su culminación, el juicio de amparo, no fue sencilla debido al peso de la tradición, e inclusive porque la misma legislación evolucionó de manera paulatina, como lo demuestra la Ley de Amparo de 1919, que sirvió de fundamento al procedimiento de doble instancia para la tramitación del juicio de amparo contra los llamados laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, los cuales fueron considerados como actos formalmente administrativos, y por este motivo, cuando se estructuró la Suprema Corte en tres Salas divididas por materias, de acuerdo con la reforma constitucional de 1928, correspondió el segundo grado del amparo contra los citados laudos, a la Segunda Sala, en materia administrativa. 66. Cuarta. Un paso en firme para la evolución en el derecho de amparo en materia de trabajo, lo dio la Ley de Amparo todavía en vigor, promulgada el 30 de diciembre de 1935, con vigencia a partir de! 10 de enero de 1936, y en la cual se estableció el amparo de uná sola instancia en materia laboral contra los laudos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, el cual se encomendó a la Cuarta Sala, de Trabajo. creada con motivo de la reforma constitucional de 1934. En estos primeros años de funcionamiento de la referida Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, y en aplicación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se sentaron tesis fundamentales a través del juicio de amparo, que establecieron las bases para el desarrollo de los principios tutelares del derecho del trabajo mexicano. 67. Quinta. Una etapa esencial en la evolución del juicio de amparo en materia laboral se estableció en las reforma~ de la legislación de amparo que entraron en vigor el 20 de mayo de 1951, ya que modificaron la fracción 11 del artículo 107 constitucional y el artículo 76 de la Ley de Amparo con el objeto de extender la institución denominada "suplencia de la queja", reconocida por el Constituyente de Querétaro exclusivamente en heneficio del acusado en amparo penal, allOra también en favor del trabajador peticionario de la protección federal, cuando hubiese habido una violación que huhiese dejado sin defensa, ya que uno de los principios esenciales del proceso laboral en particular y social.en general, consiste en la facultad y en ocasiones, inclusive la obligación del juzgador de orientar a la parte débil, que en un buen número de casos carecen de asesoramiento técnico adecuado. 68. Sexta. Todo este desarrollo, lento y difícil, de los principios sociales del proceso laboral a través del juicio de amparo durante la vigentia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, al establecer los principios esenciales de carácter tutelar para

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la pane débil, hizo posible el scnsible perfeccionamiento de las disposiciones procesales de la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el primero de mayo de 1970, y preparó el terreno para la fundamental reforma procesal introducida en la citada Ley Federal del Trabajo en el año de 1980, y que en el fondo, no consiste sino en el desarrollo del principio de la suplencia de la queja, es decir de la corrección de los errores y deficiencias de la pane débil que se inició con las citadas reformas a la legislación de amparo en el año de 1951. IX. BlBI.IOGRAF!A BÁSICA No nos referimos a las obras consultadas para la elaboración de estas breves reflexiones, que es mucho más amplia, sino aquellas que pueden utilizarse para

profundizar las ideas que se sustentan en el mismo, tomando en cuenta. además. que sobre el tema especffico los estudios monográficos son escasos. BASSOLS, Narciso, "¿Qué son, por fin, las Juntas de Conciliación y Arbitraje", en Obras, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, pp. 83-100; y en Revista General de Derecho y Jurisprudencia, México, 1930, tomo l, pp. 185-211. Burgoa Orihuela, Ignacio, Eljuicio de amparo, 15a. ed., México, Porrúa, 1980. CAPPELLETIl, Mauro, "Un procedimiento nuevo para una nueva 'justicia del trabajo' ", trad. de Luis Dorantes Tamayo, en Revista de la Facultad de Derecho de México, enero-junio de 1974, núms. 93-94, pp. 43-64. CARPIZO, Jorge, "La naturaleza jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 15, septiembre-diciembre de 1972, pp. 383-416; reproducido en el folleto del mismo nombre editado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 1975, pp. 35-70. CASTRO, Juventino V., Lecciones de garantías y amparo, 2a. ed., México, Porrúa, 1978. - - - - " El sistema del derecho de amparo, México, Porrúa, 1979. CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, México, 1924. COUTO, Ricardo, Tratado te6rico-práctico de la sllspensi6n en el amparo, 3a. ed., México, Porrúa, 1973. COUTURE, Eduardo J., "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo", en Estudios de derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediar, 1948, tomo 1, pp. 271 Y ss. CUEVA, Mario de la, Derecho mexicano del trabajo, México, POrrúa, 2 volúmenes, 1967.

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1. Las tres etapas de la evolución del amparo administrativo

n. Los lineamientos esenciales del amparo en materia administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Los daños y petjuicios en el cumplimiento de las sentencias IV. Antecedentes y desarrollo de la revisión fiscal V. La revisión fiscal en los códigos tributarios federales de 1967 y 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. La revisión ante el Pleno del Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Distrito Federal

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EL AMPARO MEXICANO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LA REVISIÓN FlSCAL SUMARIO: 1. Las tres etapas de la evolución del amparo administmtivo. l. lA tradición judicialista. 2. El procedimiento uniforme. 3. Nacimiento del amparo judicial administrativo. 11. Los lineamientos esenciales del amparo en materia administrativa. 111. Los daños y perjuicios en el cumplimiento de las UIl/endas. IV. Anrecedentes y desarrollo de la revisión fiscal. V. La revisión fiscal en los códigos tributario.~ federales de 1967 y 1982. VI. LA revisión anfe el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

I. LAS TRES ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL AMPARO ADMINISTRATIVO 1. La rradici6n judicialisra Nuestro sistema de jurisdicción administrativa y no obstaOle la tendencia hacia el establecimiento de tribunales especializados separados de os ordinarios, "sigue los lineamientos del sistemajudicialista", en cuanto las decisiones de dichos tribunales administrativos no adquiere firmeza, ya que pueden ser impugnadas ante los tribunales federales a través del juicio de amparo; pero además, como algunos de los organismos judiciales administrativos, entre ellos el Tribunal Fiscal de la

Federación, no conocen sino de un sector detenninado de las controversias de esta materia, las restantes, es decir las que no pueden someterse a los citados tribunales, deben combatirse inmediatamente a través del propio juicio de amparo, el cual asume en este segundo aspecto el carácter de un proceso contencioso administrativo,l Esta división del derecho de amparo en materia administrativa en dos grandes campos no resulta comprensible sin un breve examen a las diversas etapas por las cuales se ha desarrollado este sector del mismo amparo mexicano, y que a nuestro

1 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Introducción al estudio del proceso tributario", en la obra colectiva Perspectivas del derecho público en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagués-LAso. tomo I1I, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1969. pp. 1110-1131.

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modo de ver, y exclusivamente para efectos de sistematización. pueden dividirse en tres periodos. La primera etapa del amparo administrativo se inicia con el establecimiento detinitivo de la institución en los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, de 5 de febrero de 1857 y se prolonga hasta la entrada en vigor de la Ley de Amparo expedida en 1919 durante la vigencia de la Carta Federal vigente de 5 de febrero de 1917, Ycorresponde de cierta manera a la tradición judicialista de la impugnación de las resoluciones y actos adntinistrativos ante los tribunales ordinarios. Durante este largo periodo, y en virtud de factores sociales, políticos y económicos bien conocidos, se estableció sólidamente la interpretación artificiosa del artículo 14 de la citada ley fundamental de 1857, que permitió a la jurisprudencia la adntisión del llamado "amparo contra sentencias judiciales", y que ahora se conoce como "amparo casación"', ya que a pesar de la prohibición expresa el artículo 8° de la Ley de Amparo de 1869 (que fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia), se reconoció por la Jurisprudencia la adntisión del amparo contra

sentencias judiciales y se consagró expresamente en legislación posterior. 3 En este primer periodo, el juicio de amparo desarrolló una doble función, ya que por una parte se utilizó para impugnar las sentencias de los tribunales judiciales ordinarios que resolvían las controversias adntinistrativas; pero como dichos tribunales no tenían competencia genérica, el amparo podía interponerse contra aquellos actos o resoluciones de la administración activa que no podían combatirse ante los propios órganos ordinarios del Poder Judicial Federal de las Entidades Federativas; en este sector se contiguró un verdadero proceso contencioso-adntirtistrativo en relación con la impugnación inmediata de los actos de la adntinistración activa, ante los jueces de amparo. Sin embargo, con excepción de la primera Ley de Amparo, expedida en 1861, que estableció un procedintiento de tres instancias, que se estimo excesivamente prolongado.' los restantes ordenantientos, es decir, las leyes de amparo de 1869 y 1882, y los Códigos Federales de Procedintientos Civiles de 1897 y 1908, regularon

:z Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Presente y futuro de la casación civil a través del amparo": en Memoria de El Colegio Nacional. 1978. tomo IX, núm. 1, México, El Colegio Nacional, 1979, pp. 91-138, trabajo en el cual se contiene un resumen de las corrientes doctrinales sobre la materia. 3 Sobre esta ley de Amparo de 1869 se han elaborado varios estudios recientes. Cfr. José Barragán Barragán. Proceso de discusión de la Ley de Amparo de /869. México. UNAM. 1980. quien transcribe las discusiones parlamentarias bastante prolongadas del citado artículo 8°, incluyendo un documentado discurso del Secretario de Justicia y destacado jurista Ignacio Mariscal, en la sesión del 9 de enero de 1969, pp. 179-281. Yespecíficamente, Alfonso Noriega Cantú, La consolidación del Amparo (El caso del (lrt(culo 8" de la Ley de /869), México, Círculo de Santa Margarita, noviembre de 1980, especialmente pp. 11-52. 4 Cfr. Isidro Rojas y Francisco Pascual García, El amparo y sus refonnas, México, Tipográfica de la Compañía Editorial Católica, 1907, pp. 63-75; José Barragán Barragán. Primera Ley de Amparo de /86/, México, UNAM, 1980, pp. 35·103.

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un procedimiento de doble instancia, la primera ante los Jueces de Distrito, y la segunda, por conducto de una revisión forzosa, ante la Suprema Corte de Justicia, que pronunciaba el fallo definitivo y firme; dicho procedimiento era uniforme con independencia de la naturaleza de las controversias planteadas, y por ello se aplicó tanto en el supuesto de impugnación de sentencias dictadas por los mbunales ordinarios para decidir conflictos administrativos, como en el caso de que se combatieran directamente los actos y resoluciones de la administración activa que no podían someterse al conocimiento de los citados tribunales ordinarios.'

2. El procedimienro uniforme Una segunda etapa se inicia con la expedición de la Ley de Amparo de 18 de octubre de 1919, la primera bajo la vigencia de la Constitución actual, ya que el articulo 107 de la carta federal de 1917, debido a la influencia indubitable del pensamiento del ilustre jurista mexicano Emilio Rabasa, estableció un doble procedimiento, que subsiste hasta nuestros días; es decir el llamado amparo de una sola instaUcia, contra sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales judiciales; y de doble instancia cuando se trate de otro tipo de actos, entre ellos los de carácter administrativo. 6 Otro aspecto importante de la citada Ley de Amparo de 1919 fue la regulación delllarnado "recurso de súplica", introducido por el articulo 104, fracción 1, de la Carta Federal de 1917,' y que influyó posteriormente en la creación del recurso de revisión fiscal (ver infra párrafos 22-23). En tal virtud, y de acuerdo con este ordenamiento, las controversias administrativas asumían una triple modalidad: en primer lugar, cuando se impugnaban de manera inmediata los actos y resoluciones de la administración activa, debían plantearse en amparo de doble instancia, la primera ante los Jueces de Distrito y la segunda ante el Tribunal en Pleno de la

5 Entre otros, Cfr. Silvestre Moreno Cora. Tratado del juicio de amparo confonne a las sentencias de los tribunalesfederales. México, Tipográfica La Europea. 1902, pp. 510-534. 6 Las ideas esenciales del ilustre jurista chiapaneco. se contienen en el capítulo XII, de su obra clásica El art(culo 14. Estudio constitucional, 2- ed .. México, Porrua. 1955. pp. 95-102, intitulado "El amparo, juicio y recurso". 7 El texto original del artículo 104, fracción I. de la Constitución Federal. establecía lo siguiente: "Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: 1. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes federale~, con motivo de los trabajos celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias s610 afecten a intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. De las sentencias que se dicten en segunda instancia.podrán suplicarse para ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparándose, introduciéndose y substanciándose el recurso, en los términos que determine la ley".

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Suprema Cone de Justicia, por conducto del llamado "recurso de revisión", pero ahora a instancia de la pane afectada (por lo que en realidad se configura una apelación). En segundo término, si se planteaba la impugnación de las sentencias judiciales

definitivas que resolvieran controversias administrativas. en principio debían combatirse en amparo de una sola instancia también ante la Suprema Cone de Justicia, pero en el supuesto de fallos en los cuales se aplicaban disposiciones legales de carácter federal, el particular afectado tenia opción de combatirlas ya sea en amparo o bien por conducto del citado "recurso de súplica" que configuraba la tercera vía impugnativa, también ante la Suprema Cone; pero cuando la pane inconforme era la autoridad administrativa, esta última sólo podía acudir al recurso de súplica, ya que la jurisprudencia le impedla la posibilidad de interponer el Juicio de Amparo, todo lo cual configuraba un sistema excesivamente complicado. 8 Pero aundentro del este segundo periodo se observa una transformación paulatina, debido a los cambios experimentados en la justicia administrativa mexicana, pudiendo señalarse por una pane, la creación de tres salas en la Suprema Cone para conocer de las diversas materias en el Juicio de Amparo, según la reforma constitucional del 20 de agosto de 1928,' y a una de estas salas, la Segunda, se le atribuyeron las controversias administrativas, en los tres sectores mencionados en los dos párrafos anteriores, es decir, en amparo de una sola instancia; el segundo grado en el amparo de doble instancia; y el recurso de súplica en materia admirtistrativa; pero al poco tiempo se suprimió el citado recurso de súplica según decreto publicado el 18 de enero de 1934, lo que coincidió con la paulatina desaparición de los juicios ordinarios de oposición. Por otra pane, durante este periodo de transformación de la justicia admirtistrativa, se expidieron conjuntamente, el 30 de diciembre de 1935, las Leyes de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación que entraron en vigor el 8 Todavía tiene aplicación la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, número 183. páginas 317-318. del volumen relativo a la Segunda Sala. del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1975: "Fisco Improcedencia del Amparo promovido por él. El Fisco,

cuando usa su facultad soberana de cobrar impuestos. multas u otros pagos fiscales. obra ejerciendo una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el Poder pida amparo en defensa de un acto del propio Poder, y esto es evidente, pues cuando ante el Tribunal Fiscal de la Federación ocurre el Fisco Federal, o sea el Estado. por conducto de uno de sus órganos, si es verdad que acude como parte litigante. también lo es que el acto que defiende no difiere del acto genuino de autoridad, el cual no puede ser considerado como un derecho del hombre o como una garantía individual, para el efecto de que la autoridad que lo dispuso estuviera en aptitud de defenderlo mediante el Juicio de Amparo. como si se tratara de una garantía individual suya". 9 La parte relativa del texto primitivo del artículo 94 constitucional disponía que: "La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se compondrá de once ministros y funcionará siempre en tribunal pleno... "; mientras que la reforma de 1928. modificó este precepto de la siguiente manera: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de dieciséis ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en tres salas, de cinco ministros cada una, en los términos que disponga la ley .....

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10 de enero de 1936,10 Ypocos meses más tarde, en agosto de 1936 se promulgó la Ley de Justicia Fiscal que creó el Tribunal Fiscal de la Federación. De acuerdo con los citados ordenamientos y en virtud de la supresión de los juicios de oposición y del recurso de súplica, las controversias administrativas podían plantearse ya sea de manera inmediata ante los jueces de amparo, o bien si eran de la competencia del citado Tribunal Fiscal, primero ante dicho organismo, y sus fallos, podían combatirse sólo por los particulares afectados, ante los propios tribunales de amparo, pero con la circunstancia, de que en cualquiera de los supuestos, el procedimiento era el de doble instancia; la primera ante los Jueces de Distrito y el segundo grado ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ya que las sentencias del propio Tribunal Fiscal se consideraron como actos administrativos, en los ténninos del articulo 114, fracción Il, de la J,ey de Amparo. ll No obstante este procedimiento unifonne de dos instancias. la doctrina señaló con precisión la doble naturaleza del Juicio de Amparo en materia administrativa, yen especial destacamos el penetrante estudio realizado por el distinguido constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramirez, en el cual señaló que sólo en el supuesto de que el amparo se interpusiera contra actos o resoluciones de la administración activa, se podía considerar como "sustitutivo del contencioso-administrativo", pero cuando se hacía valer contra sentencias del entonces único tribunal administrativo, el Fiscal de la Federación, el amparo funcionaba como un proceso de carácter judicial, o sea, no tenía por objeto juzgar el acto administrativo, sino la "actuación jurisdiccional que apreció el acto dentro de un proceso". 12

3. Nacimiento del amparo judicial adminiSTraTivo El señalamiento de la doble función del Amparo en materia administrativa influyó decisivamente en las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en octubre de 1968, las cuales además de constitucionalizar los tribunales administrativos, establecieron la distinción entre ambos tipos de amparo adnlinistrativo separándolos en su tramitación, de manera que se conservó el doble procedimiento para la impugnación de los actos y resoluciones de la administración activa (texto actual del articulo 114, fracción Il, de la Ley de Amparo), pero se introdujo el amparo de una sola instancia contra las sentencia pronunciadas por

10 Ambos ordenamientos continúan en vigor. pero con numerosas modificaciones. entre las cuales deben mencionarse como de mayor importancia, las de 1951 y 1968. 11 Cfr. Héctor Fix-Zamudio. "Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano"; en Memoria de El Colegio NaciOl1a11980. México. El Colegio Nacional. 1981. pp. 131-134. 12 "Fisonomía del.amparo en materia administrativa": en el volumen colectivo, El pellsamielllo jurldico en México en el Derecho Constituciollal. México. Lihrcría de Manuel POITÚa, 1961. pp. t 11-132.

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los tribunales administrativos, a los cuales se reconoció su carácter plenamente judicial. \3 Esta es la situación actual, ya que el ordenamiento en vigor regula dos grandes sectores del derecho de amparo en la materia administrativa, el primero puede considerarse como sustitutivo de un "proceso contencioso administrativo", pues

se integra con la impugnación inmediata ante los tribunales de amparo, a través de un procedimiento de doble instancia, de los actos y resoluciones de la administración activa; y el segundo está constituido por el juicio de amparo de una sola instancia contra las sentencias de los tribunales administrativos, y puede considerarse como un "recurso de casación administrativa" .14

n. Los UNEAMIENTOS ESENCIALES DEL AMPARO EN MAITRIA ADMINISTRATIVA Rebasarla los propósitos de este trabajo señalar los lineamientos concretos de ambos sectores y las reglas de competencia de la distribución de los juicios de amparo en una sola instancia o en el segundo grado, entre los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia, que son bastante complejos, IS pero sí podemos señalar algunos aspectos esenciales del derecho de amparo en materia administrativa, como son: en primer término, la tendencia hacia la paulatina restricción de la impugnación inmediata de los actos de la administración activa, que ya se contieren atribuciones cada vez más amplias a los tribunales administrativos, como lo podemos destacar tratándose de la creación del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal, de competencia genérica el establecimiento de algunos tribunales locales también como competencia general; y tinalmente la posibilidad de extender el conocimiento del actual Tribunal Fiscal para constituir un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo con los anteproyectos de 1964 y 1973. Un segundo aspecto fundamental que observamos en la regulación actual del derecho de amparo en el sector que examinamos, es el relativo a la creciente especialización de los tribunales de Amparo en la materia administrativa, pues como lo había señalado desde hace tiempo el distinguido jurista mexicano Antonio Carrillo Aores, resulta inconveniente encomendar el conocimiento de las contro-

13 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Refonnas constitucionales al Poder Judicial Federal", en Revista de la FacuIfad de Derecho de M¿xico, núm. 65. enero-marzo de 1967. pp. 83-123; Jesús Ortega Calderón. "EI amparo en materia administrativa", en el volumen colectivo Curso de actualización de amparo, México, UNAM. 1976, pp. 72-78. t4 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Breve introducción al juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional, 1976, México, El Colegio Nacional, 1977, pp. 161-164. 15 Cfr. entre otros, Ignacio Burgoa Orihuela, Eljuicio de amparo, lla. ed. México, POITÚa, lm7; Alfonso Noriega Cantú, Lecciones de amparo", Pomía, México, ImS. pp. 384-397.

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versias administrativas a tribunales de competencia general, dehido al carácter cada vez más técnico de las citadas controversias. 16 Así, podemos observar que la especialización de los tribunales federales se va ampliando -no sólo en esta disciplina-, y en la actualidad funcionan tres tribunales colegiados en materia administrativa en el Distrito Federal, y en dicha circunscripción residen nueve juzgados de distrito de la misma especialidad, y si bien los tribunales de amparo que funcionan en los restantes circui tos del país conocen de todas las'materias. recientemente se han especializado los juzgados de distrito en Jalisco. si se toma en cuenta que en Guadalajara se han instalado ocho juzgados de distrito, dos de ellos en materia administrativa," y por supuesto debemos recordar a la Segunda Sala (administrativa) de la Suprema Corte de Justicia, establecida en las reformas constitucionales de 1982,18 Un tercer aspecto genérico del Amparo administrativo, consiste en la implantación (así sea en forma muy limitada), en virtud de la gran trascendencia actual de las controversias administrativas, de la facultad discrecional de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, para decidir si se avoca al conocimiento de los juicios de amparo en una sola instancia o en el segundo grado, cuando tienen una cuantía inferior a un millón de pesos (cantidad que determina la competencia regular de la propia Sala), cuando la misma considere que existe interés nacional en ese asunto; 19 y esta regla guarda semejanza con el sistema del "certiorari" para fijar la competencia discrecional de la Corte Suprema Federal de los Estados Uilidos, debiéndose tomar en cuenta que un sector de la doctrina considera que esta institución debe adoptarse de manera más amplia en relación con nuestra Suprema Corte de Justicia. 20

IlI. Los DAÑOS y

PERJUICtos EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

El último aspecto que tenemos el propósito de destacar se refiere a la tendencia muy reciente de introducir en e] cumplimiento de las sentencias de amparo. particularmente cuando protegen al administrado, la sustitución de la prestación específica señalada en dichos fallos por el pago de los daños y pcrjuicios respectivos, cuando no se logra ese cumplimiento. Esta corriente se advierte con motivo Lajusticiafederal y la administración pública. México, PoITÚa. 1973. pp. 233~250. qr. artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación refonnado por decreto del 28 de diciembre de 1979. 18 Véase la parte relativa de la refonna de 1928 al artículo 94 de la Constitución Federal. en la 16

17

nota 9 de este trabajo. 19 Cfr. artículos 81, fracción 1, inciso e). de la Ley de Amparo. y 25. fracciones l. inciso d) y 111. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 20 Cfr. Antonio Carrillo flores. Reflexiones del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia. México. Suprema Corte de Justicia, 1975. pp. 99~100.


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de la resolución pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal con fecha 4 de mayo de 1979, en la cual estableció que, en virtud de la imposibilidad de cumplir la sentencia protectora de Amparo respectiva en sus términos estrictos, deberla sustituirse ese cumplimiento por el pago de daños y perjuicios por parte de la autoridad administrativa responsable, correspondiendo al Juez Federal de Distrito formular la liquidación respectiva." Esta corriente ha culminado con la reforma al artfculo 106 de la Ley de amparo" por decreto promulgado el 29 de diciembre de 1979, el cual adicionó dicho precepto con un párrafo final, en el cual se dispone: "El quejoso podrá solicitar que se cumpla la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, y el Juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente, y si procede, la forma y cuantía de la restitución, señalando un plazo final para el debido acatamiento de la ejecutoria". Debe tomarse en consideración que en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que sirvió de base a la citada adición, se relacionó la disposición transcrita con una propuesta de modificación al diverso artIculo 126 de la Ley de Amparo, para establecer la posibilidad de que las autoridades demandadas y no de manera exclusiva el tercero perjudicado, pudiesen otorgar una contragarantía a fin de ejecutar el acto reclamado cuando se hubiese concedido al quejoso la suspensión del mismo,23 pero como la segunda reforma no fue aprobada por el Congreso Federal, debe entenderse que en todo supuesto de incumplimiento, si el afectado lo solicita, pueda sustituirse la obligación especifica, por el pago de daños y perjuicios, y esto tiene aplicación esencialmente en materia administrativa. En la misma exposición de motivos mencionada en el párrafo anterior, se hace referencia a una realidad fácilmente observable, cuando se sostiene: "En la práctica, y a fin de que las ejecutorias no queden incumplidas, los quejosos solicitan el cambio de la obligación de hacer, por la obligación de dar, a cargo de las 21

Cfr. Alfonso Noriega Cantú. Los suceddneos en el cumplimiento de la ejecutorias de amparo,

México, febrero de 1980. pp. 9-18. 22 A nuestro modo de ver, esta adición está mal situada en el citado artículo 106 de la Ley de Amparo. ya que este precepto se refiere a la ejecuci6n de las sentendas de amparo en una sola instancia. las cuales deben ser cumplidas por los jueces o tribunales que pronunciaron el fallo impugnado en

amparo, y por ello. estimamos que dicha modificación debió colocarse en el artículo 105. que regula la ejecución de los fallos dictados en amparo de doble instancia. respecto de los cuales sí cabría la sustitución respectiva. 23 También consideramos que esta reforma al artículo 126 no estaba bien planteada y fue correctamente desechada por el Congreso Federal, ya que además de no ser conveniente que las autoridades demandadas pudiesen otorgar una contragarantía para continuar en la ejecución del acto reclamado, en el supuesto de haberse concedido la suspensión al quejoso; los daños y perjuicios derivados de esta contragarantía pueden liquidarse con intervención del Juez de Distrito ante la cual se otorgó. a través de un incidente regulado por el artículo 129 de la propia Ley de Amparo. Humberto Briseño Sierra. "El artículo 129 de la Ley de Amparo", en R~vista de la Facultad de Duecho fh Múico, núm. 71.julio-septiembre de 1968, pp. 553-615.

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autoridades responsables. Con la refonna que se propone (adición al artículo lOó antes transcrito) se regularizaría este sistema, con el cual se afirma la fuerza legal de la cosa juzgada". Consideramos que esta reforma al mencionado artÍCulo lOó constituye un paso positivo, ya que modifica el criterio tradicional, que todavía sostiene un sector de la doctrina, en el sentido de que no es posible sustituir el cumplimiento específico de una sentencia de amparo, por el pago de daños y perjuicios, los cuales deben exigirse en un juicio ordinario federal posterior;24 punto de vista que se apoya en el concepto clásico que ya no corresponde a la realidad presente, de que el juicio de amparo sólo se utiliza para proteger derechos fundamentales consagrados

constitucionalmente. pues como es notorio, especialmente en materia administrativa, normalmente se discute la legalidad y no la constitucionalidad estricta, de la actividad de las autoridades respectivas. IV. ANTECEDENTES y DESARROLLO DE LA REVISIÓN FISCAL

Este medio de impugnación paralelo al juicio de amparo en materia administrativa, tuvo su origen en el "recurso de súplica" estahlecido por el texto primitivo del artículo 101, fracción 1, de la Constitución Federal de 1917, que fue suprimido en la refonna constitucional de 1934 (ver supra párrafo 9)," ya que al crearse el Tribunal Fiscal Federal en el año de 1936, las autoridades tributarias no podían acudir al Juicio de Amparo para impugnar sus fallos como lo hacían los particulares afectados, de acuerdo con el criterio de la jurisPrudencia de la Suprema Corte de Justicia," lo que motivó que la Secretaría de Hacienda insistiese en su desigualdad procesal frente a los administrados y logró finalmente, una nueva modificación a la fracción 1 del articulo 104 constitucional, según decreto del 30 de diciembre de 1946, en la que se estableció en el fondo la antigua "súplica", pero calificada ahora de "revisión fiscal", es decir limitada exclusivamente a la materia tributaria. 27 La citada disposición constitucional fue reglamentada por dos leyes, la primera relativa a la materia federal, promulgada en la misma fecha, es decir, 30 de diciembre de 1946, refonnada posteriormente por decreto del 30 de diciembre de 1949; y la segunda, que se refirió a los asuntos relacionados con la hacienda pública 24 Cfr. Alfonso Noriega Cantú, Los suceddneos en el cumplimiento de las sentmcias de amparo, cit., nota 21, pp. 43·92. 25 Cfr. Romeo León Orantes, Eljuicio de amparo", 3a. ed .. Puebla. Editorial José María Cajica. 1957, pp. 72-87. 26 El criterio jurisprudencial se transcribe en la nota 8 de este trabajo. 27 El texto de la refonna de diciembre de 1946. establecía lo siguiente: "En los juicios en que la Federación esté interesada. las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por ley federal. siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos .....

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del Departamento del Distrito Federal (que en esa época también se encomendaba al citado Tribunal Fiscal Federal) de fecha 28 de diciembre de 1948, reformada a su vez, el 30 de diciembre de 1950. De acuerdo con las referidas leyes reglamentarias, se podían impugnar ante la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia, los fallos del propio Tribunal Fiscal, cualquiera que fuese su cuantía en materia local, o cuando su monto fuese superior a veinte mil pesos en la esfera federal, a través del mismo procedimiento de la segunda instancia en el amparo de doble grado, conformándose durante la vigencia de las citadas leyes reglamentarias una jurisprudencia variable de la Suprema Corte sobre la posibilidad de que sólo las autoridades fiscales, o también los particulares (los que estaban facultados para interponer el amparo), pudiesen acudir a este medio de impugnación." Este nuevo recurso conformado como una apelación federal provocó numerosos problemas a la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia por el gran número de asuntos que interponían las autoridades fiscales. las cuales en fonna indiscriminada hacían valer el recurso si la cuantía del asunto se los permiUa, no obstante que en su gran mayoría se declaraban infundados por la citada sala de la Corte. 29 V. LA REVISIÓN FISCAL EN LOS CÓDIGOS TRlBUT ARIOS FEDERALES DE

1967 Y 1982

En el Código Fiscal de 1967 se limitó de manera considerable la procedencia del mismo recurso de revisión fiscal, ya que se suprimió el defectuoso sistema de las leyes mencionadas de 1946 y 1948, y si bien se ha mantenido la prohibición de que las autoridades tributarias interpongan el juicio de amparo, reservado a los particulares, se reglamentó en forma muy severa la posibilidad de acudir a la citada impugnación ante la Corte; medio de defensa que se atribuyó de manera exclusiva a las propias autoridades."

28 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre la naturaleza procesal de amparo"; en Revista de la Facultad de Derecho de México. núm. 56. octubre-diciembre de 1964. pp. 999-1006. 29 La comisión redactora del proyecto de Código Fiscal, que sirvi6 de base al que entró en vigor en abril de 1967, expresó, en cuanto a la revisión fiscal. que: "Nuestro más alto tribunal debe conocer únicamente de los asuntos realmente de importancia y trascendencia y el procedimiento que se eligió garantizará asimismo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentre con más asuntos de los que su capacidad le pennita resolver". "Informe razonado al Secretario de Hacienda de la comisión redactora del Código Fiscal Vigente". en Investigaci6n Fiscal, núm. 43. México, julio de 1969, p. 92. 30 Cfr. "Informe ..... , cit., nota anterior. pp. 90-92, Alfonso González Rodríguez, "Los recursos de revisión estahlecidos por los artículos 240 y 242 del Código Fiscal de la Federación", en Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, cuarto númerO extraoróinario. México. 1971. pp. 57-72.

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El citado Código Fiscal que entró en vigor en abril de 1967, estableció un filtro para evitar la proliferación de las revisiones fiscales que se había producido anterionnente, y para ello señaló dos criterios, el primero a través de la introducción de un primer recurso de apelación, calificado también como revisión, y además, el concepto de la "importancia y trascendencia", señalando, además como un lineamiento objetivo de dicha importancia, respecto de la segunda apelación, una base económica de quinientos mil pesos. Así, los artículos 240 y 241 del citado Código Fiscal Federal de 1967 regulaban la primera revisión. señalando que la misma procedía contra las sentencias definitivas o las resoluciones de sobreseimiento pronunciadas por las salas regionales, y podía interponerse ante la Sala Superior a instancia de las autoridades afectadas, cuando el asunto fuera de importancia o trascendencia a juicio del titular de la secretaría, o del departamento de estado o de los directores o jefes de los organismos descentralizados correspondientes. Si la resolución de la Sala Superior era también desfavorahle a la autoridad que presentó el primer recurso, procedía el segundo, que es el que recibía la denominación de "revisión fiscal", la que podía interponerse por la misma autoridad afectada ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio de un escrito firmado por el titular de la dependencia respectiva, siempre que a su juicio fuera de importancia y trascendencia; pero no era suficiente la simple afirmación, sino que debían exponerse las razones que justificaran esta situación, a no ser que el asunto tuviera una cuantía mínima de quinientos mil pesos. pues en este supuesto, se consideraba que tenía las caracteósticas requeridas para ser objeto del recurso; yen los demás casos, los argumentos de la autoridad eran examinados por la misma Segunda Sala para detenninar si procedía la admisión de la mencionada revisión fiscal. 3' Esta regulación de la revisión fiscal fue constitucionalizada posterionnente por la reforma que entró en vigor el 28 de octubre de 1968, la cual modificó los párrafos tercero y cuarto del artículo 104, fracción 1, de la carta federal, al establecer que procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones definitivas de los tribunales administrativos, sólo en los casos que señalen las leyes federales, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. 12 31 Cfr. Dolores Heduán Virués. Cuarta dicada del Tribunal Fisca/. México. Academia de Derecho Fiscal. 1971. pp. 282-284. Alfonso González Rodríguez. op. u/t.. cit.. pp. M_69. Jesús Ortega Calderón, El amparo en materia administrativa. cit.. supra, nota 12. pp. 80-90; Gonzalo Annienta Calderón, El proceso tributario, México, Librería de Manuel PoITÚa. 1977, pp. 323-330. 32 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "México. El organismo judicial (19~O-1975)··. en el-libro colectivo Evolución de la organización polftico constitucional en Amlrica Latilla. tomo I. México. UNAM, 1978, pp. 21-28.

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Tenemos la convicción que hemos expresado en otros trabajos,33 en el sentido de que dicha "revisión fiscal" no es sino un juicio de amparo disfrazado, debido a que ha persistido la orientación tradicional recogida por la jurisprudencia, en el sentido de que el propio amparo sólo puede utilizarse por los particulares afectados en la defensa de sus derechos constitucionalmente consagrados pero no por las autoridades que carecen de tales derechos; lo que ya no corresponde a la situación contemporánea de nuestro derecho de amparo, el cual tutela no sólo dichos derechos humanos, sino también a todo el ordenantiento jurídico nacional, incluyendo otros preceptos constitucionales, pero también las disposiciones legales ordinarias e inclusive las normas reglamentarias más modestas. 34 Pero la ntisma legislación y posteriormente la Jurisprudencia de los tribunales federales han utilizado instrumentos artificiales para atribuir a las autoridades la posibilidad de interponer el juicio de amparo, conservando la apariencia de una pureza constitucional que no existe y que sólo tuvo aplicación en la primera época de nuestro derecho de amparo, es decir, hasta que se aceptó el amparo contra sentencias judiciales; podemos citar como ejemplos, en primer térntino la posibilidad que se otorga a las pmpias autoridades para interponer amparo contra actos de otras autoridades que afecten sus derechos patrimoniales, en los térntinos del artículo 8° de la Ley de Amparo;" y la elaboración, por la citada jurisprudencia, del concepto de "Estado patrono" con el objeto de admitir la impugnación de las sentencias del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que dirige los conflictos entre las dependencias y organismos públicos y sus trabajadores (empicados y funcionarios), por parte de las ntismas entidades oficiales, las que sólo de manera muy forzada pueden considerarse carentes de imperio para los efectos del juicio de amparo. 36 No existe un obstáculo ni teórico ni práctico para atribuir a las autoridades adntinistrativas la facultad de acudir al amparo de una sola instancia contra las sentencias de los tribunales administrativos, yen vía de ejemplo podemos mencionar que es indiscutible y ha logrado consagración legislativa, la legitimación de las propias autoridades para interponer una demanda ante nuestms organismos de 33 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre la naturaleza proce~l del amparo". cit.. supra nota 28. pp. 1005; Id. E/juicio de amparo, México, Poma, 1964, pp. 264 Y 383. 34 Cfr. Héctor Fix·Zamudio. "Breve introducci6n al juicio de amparo". cit., supra nota 14, pp. 152-167. 3~ Dicho articulo 8" dispone: "Las personas morales oficiales podrán ocunir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las Jeyes. cuando el acto o la ley que se reclamen afecten los intereses patrimoniales de aquéllas". 36 Sobre el llamado "Estado patrono", puede consultarse la tesis juri!iprudencial número 92, páginas 99·100, del volumen relativo a la Cuarta Sala, del Apéndice al S~ma"ario Judicial de la Federaci6n publicado en 1975. Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, El juicio de amparo. cit., supra nota 15, pp. 334-335.

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jurisdicción administrativa especializada. solicitando]a nulidad de las resoluciones de las mismas o de otras autoridades. cuando en dichas decisiones se reconocen derechos de los particulares, y por lo mismo, no pueden ser revocadas de oficio por las referidas autoridades. Lo anterior no significa que propongamos se otorgue la legitimación a las autoridades administrativas para interponer el juicio de amparo con la misma libertad que se reconoce a los administrados, ya que deben conservarse las restricciones que se han establecido para la revisión fiscal antes mencionada, a fin de evitar una proliferación excesiva de tales reclamaciones. ~7 El Código Fiscal Federal de 1982 no introdujo modificaciones de importancia en la regulación de la primera revisión ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal ni tampoco en la revisión fiscal propiamente dicha, que se interpone ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ya que los artículos 248-250 de este último ordenamiento. incorporan con camhios muy secundarios. lo dispuesto por los artículos 240-244 del código anterior, que hemos analizado brevemente en los párrafos anteriores. Podemos señalar que estas modificaciones de detalle, que consisten, en primer término en separar en dos partes distintas (Sección Tercera y Sección Cuarta) la regulación de las dos revisiones. que anterionncnte figurahan en una sola (Sección I1I). En segundo término, el artículo 249 del código más reciente agrega un párrafo a lo establecido anteriortnente por el artículo 241 que regulaha el trámite de la primera revisión, en el sentido de que según el ordenamiento de 1982, la Sala Superior debe resolver únicamente sobre los agravios alegados contra la resolución recunida, tomando en consideración sólo las pruebas que se huhiesen rendido ante la Sala Regional, confirtnando, revocando o modificando la resolución o sentencia que se impugne. Finalmente, el artículo 250 del Código de 1982 aumenta a un millón la cuantía del negocio para que se considere de importancia y trascendencia. en lugar de los quinientos mil pesos señalados por el artículo 242 anterior, con lo cual el nuevo precepto no hace sino recoger el monto que para la procedencia del amparo en materia administrativa, tanto de doble como de una sola instancia. establecen los artículos 84, fracción 1, inciso e) de la Ley de Amparo y 25. fracciones 1, inciso d) y I1I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

37 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha estahlecido varios criterios jurisprudenciales sobre la procedencia de la llamada revisión fiscal. que implican la facultad discreÓOh¡¡.l de dicha sala para examinar los argumentos de importancia o trascendencia del asunto que expongan las autoridades recurrentes, cuando los asuntos no tengan una cuantía superior a medin millón dl' pe~ns laLlualnu'llte un millón); tesis 276 a 282, páginas 462-474. del volumen de la S('gunda Sala. dI.'! Apéndice al Semallario Judicial de la Federación publicado en 1975.

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VI. LA REVISIÓN ANTE EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

Finalmeme. debe hacerse mención muy breve a un recurso de revisión (en realidad. de apelación). similar al descrito en los párrafos 27 a 36 de este trabajo. regulado por el artículo 86 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. de acuerdo con el cual. las resoluciones de las Salas del mismo Tribunal que decreten o nieguen sobreseimientos y las que pongan fin al juicio (sentencias en sentido estricto). serán recurribles por las autoridades. ante el Tribunal en Pleno. cuando el "asunto sea de imponancia y trascendencia" a juicio del jefe del Depanamento del Distrito Federal. Cuando dicha revisión se resuelva de manera desfavorable a las autoridades que la hicieron valer. no puede interponerse una segunda apelación. similar a la revisión fiscal. en virtud de que no ha sido reglamentada. pero no existe obstáculo para la creación de una "revisión administrativa" ante la Suprema Corre de Justicia. ya que la resolución del Pleno del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal. se encuentra dentro de lo previsto por la reforma constitucional al articulo 104. fracción I. de la cana federal. que mencionamos en el párrafo 29 de este estudio. En el supuesto de crearse esta segunda impugnación. tenOOa las mismas caracteristicas y se le podrian formular las mismas criticas que hemos hecho respecto de la "revisión fiscal" (ver sl/pra párrafos 30-31).

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES REFORMAS A LA LEY DE AMPARO l. Introducción . . . . . . . . . . . El amparo contra leyes . . . . . . . . III. El principio iura oovit curia y la suplencia de la queja IV. La probidad procesal y la elevación de las sanciones pecuniarias . . . . . . . . . V. La actividad del Ministerio Público VI. Simplificación del procedimiento . VII. Corrección de algunos textos legales VIII. Conclusiones . . . . . . .

n.

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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES REFORMAS A LA LEY DE AMPARO SUMARIO: 1. Inrroducci611. 11. El amparo contra leyes. III. El principio iura novit curia y

la suplencia de la queja. IV. La probidnd procesal y la elevación de las sanciones pecuniarias. V. La actividad del Ministerio Público. VI. Simplificación del procedimiento. VIL Corrección de algunos textos legales. VIII. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN l. En la consulta popular convocada por la Procuraduría General de la República por instrucciones del señor Presidente de la República licenciado Miguel de la Madrid Hurtado para recoger opiniones en toda la República sobre los distintos aspectos de la impartición de justicia, resulta indudable que una de las comisiones que recibió un gran número de propuestas de muy diversos sectores sociales. fue la de Justicia de Amparo, tomando en consideración que nuestro derecho de amparo es el que preocupa con mayor fuerza a todos los mexicanos, por constituir el instrumento procesal de mayor jerarquía para la tutela de todo el ordenamiento jurídico nacional, y en particular, de los derechos fundamentales. 2. Con apoyo en el análisis de las numerosas sugerencias que se presentaron o se hicieron llegar a dicha Comisión, así como de las propuestas formuladas por los miembros de la misma, se redactaron las conclusiones de la Comisión de Amparo, las cuáles fueron presentadas ante el mismo señor Presidente de la República el 8 de agosto del propio año de 1983 en la Biblioteca Emilio Portes Gil de la Procuraduría General de la República. I 3. Todo este material se turnó a la Comisión integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República, presidida por los titulares de ambos organismos, y en la cual también se tomaron en consideración los estudios elaborados por el más Alto Tribunal de la República sobre los problemas más apremiantes de la legislación de amparo. El estudio de 1

Cfr. el folleto editado por la Procuraduría General de la República intitulado Consulta Nacional

sobre Administraci611 di! Justicia y Seguridad Pública, México, 1983, pp. 11-14.

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esta Comisión partió de dos supuestos esenciales: el primero fue el relativo a la necesidad de aplazar para un análisis más profundo las propuestas que exigieran

modificaciones constitucionales. las que por su trascendencia requieren mayor reflexión, y el segundo, la conveniencia de revisar la legislación de amparo vigente para proponer las reformas de mayor urgencia, dejando para un segundo momento, como se propone en las conclusiones mencionadas de la Comisión de Justicia de Amparo, la elaboración de una nueva Ley de Amparo, que requeriría de un tiempo mucho más prolongado. 4. En tal virtud, los anteproyectos formulados por la citada Comisión de la Suprema Corte y la Procuraduria General de la República, en relación con las Leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial Federal, y que en sus aspectos esenciales constituyen la base de las iniciativas presidenciales aprobadas con modificaciones accesorias por el Congreso de la Unión, no pretenden realizar reformas profundas a la legislación vigente, sino exclusivamente introducir las más urgentes pará lograr una mayor rapidez y eficacia en la impartición de justicia. 2 5. Finalmente, nos ocuparemos de manera exclusiva del análisis de las reformas a la Ley de Amparo promulgadas en el mes de diciembre de 1983 con simples referencias a las de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se encuentran relacionadas. en virtud de que son objeto de otro trabajo en este mismo volumen.

11. EL AMPARO CONTRA LEYES 6. Este es el sector del derecho de amparo mexicano que asume una mayor trascendencia constitucional. puesto que debe considerarse como la única vía efectiva a través de la cual se pueden plantear las cuestiones relativas a la contradicción entre los preceptos legislativos ordinarios y los de la Constitución Federal. si tomamos en consideración que la posibilidad de presentar estas cuestiones en las controversias constitucionales reguladas por el artículo 105 de la Ley Suprema. además de referirse a la afectación de las Entidades públicas respectivas, ha tenido escasa aplicación práctica. 3 2 En la parte final de las Conclusiones mencionadas en la nota anterior. se sostiene... "En este sentido tenemos la convicción de que es posible proponer refonnas inmediatas a dicha legislación para resolver los problemas de mayor urgencia, pero que en una segunda etapa es preciso designar una comisión que se ocupe de estudiar y revisar cuidadosamente la propia legislación. con el objeto de que, si se considera conveniente, elabore una nueva, en virtud de que la que se encuentra actualmente en vigor ha sido modificada, en ocasiones sustancialmente como en 1951, 1968 Y 1976, de manera que no existe una concordancia precisa entre sus diversos preceptos, algunos de los cuales ya resultan anacrónicos, y por otra parte no existe en nuestra tradición jurídica la fónnula de los textos unificados o revisados, con los cuales pudiera resolverse el problema", J Cfr, Héctor Fix-Zamudio, "Las garantías constitucionales en el derecho mexicano", en Anuario

LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO

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7. Las modificaciones que se introdujeron en el campo del amparo contra leyes en las últimas reformas pueden dividirse en dos categorías: a) las relativas al planteantiento de la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas aplicadas en una sentencia definitiva de carácter judicial; y b) en relación con un procedintiento más acelerado cuando existe jurisprudencia obligatoria en esta materia. 8. A) Cuando se iI>1pugna la inconstitucionalidad de una ley en el juicio de amparo de u~a sola instancia, y que para efectos de estudio hemos calificado como recurso de inconstitucionalidad, (para distinguirlo de la que podemos denontinar acción de inconstitucionalidad que implica un ataque frontal a la ley combatida en amparo de doble instancia), 4 el planteantiento de la inconstitucionalidad se realiza a través de lo que se ha denontinado cuestión incidental o prejudicial, (que indebidamente se ha considerado como vía de excepción), , lo que debe considerarse reciente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que tradicionalmente se consideró que existía un "monopolio" del poder judicial federal para conocer de la incoostitucionalidad de las leyes por cooducto del amparo de doble instancia. 9. En efecto, en los años cuarenta, con motivo de la famosa tesis sustentada por el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia el destacado jurista Oabino Fraga, se discutió ampliamente sobre si otros organismos judiciales (en ese caso, el Tribunal Fiscal de la Federación) podían desaplicar las leyes inconstitucionales con apoyo en lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, como una transcripción casi literal del artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos y que incorporamos al artículo 126 de la Carta Federal de 5 de febrero de 1857. 6 Sin deslindar los problemas, la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal reafirmó su criterio sobre la vía de doble instancia como única para impugnar las leyes Jurfdico. IlJ~N. 1976.1977. México. UNAM. 1978, pp. 88-99. 4 Cfr. Héctor Fix-Zamudio. El Juicio de amparo, México, POIJÚa 1964, pp. 246-247; Id. "Breve introducción al juicio de amparo mexicano". en Memoria de El Colegio Nacional, 1976. México, 1977.

pp. 154-160. S Sobre el concepto de cuestiones prejudiciales en problemas de constitucionalidad de la ley, véase el clásico estudio de Mauro Cappelletti. La pregiudizialita costituzionale nel processo civile, Milano, Giuffre. 1957. El artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos. en su parte condu¡;:;ente. dispone: "Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y todos los tr~tados celebrados o que se celebren bajo su autoridad, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado están obligados a observarlos, a pesar de cualquier disposición en contrario que se encuentre en la Constituci6n o las leyes de los propios Estados... " Por su parte. el artículo 126 de nuestra Carta Federal de 5 de febrero de 1857. estableció: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República. con aprobación del Congreso. serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constituci6n. leyes o tratados. a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados", ambos textos muy similares al del actual artículo 133 constitucionaL Cfr. Jorge Carpizo. "La interpretación del artículo 133 constitucional", en su libro Estudios constitucionales, 2a. &l .• México. Gran Enciclopedia Mexicana, 1983. pp. 13~41.

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inconstitucionales, motivando dos estudios muy importantes de los destacados juristas mexicanos Antonio Martínez Báez y Antonio Carrillo Flores. 7 10. En los años subsecuentes existió incertidumbre sobre la posibilidad de plantear las cuestiones de inconstitucionalidad no sólo en el aruparo de doble instancia sino también al combatir una sentencia judicial de carácter definitivo, situación ésta última regulada indirectamente en las reformas a la legislación de aruparo que entraron en vigor en mayo de 1951, puesto que en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal y en los artículos 83, fracción V, y 84, fracción 11, de la Ley de Amparo, se introdujo el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en el aruparo de una sola instancia cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. 11. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia admitieron en los años sesenta la impugnación de las disposiciones legales aplicadas en las sentencias combatidas en amparo de una sola instancia, pero sin una precisión sobre la forma del planteamiento respectivo, pues en ocasiones se consideraba necesario emplazar a las autoridades legislativas federales o locales, o enviar los autos al juez de Distrito para que conociera de la cuestión de inconstitucionalidad. 8 12. La explicación anterior es necesaria para comprender el alcance de la edición a la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo que regula los requisitos de la demanda en el juicio de aruparo de una sola instancia, y en la cual se dispone que cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de

violación de la demanda, sin senalar COfTW acto reclamado la ley, y la calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la pane considerariva del fallo respectivo. 13. B) Desde el punto de vista del procedimiento, la reforma de diciembre de 1983 ha procurado acelerar la tramitación cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de una ley (además de establecer la obligatoriedad de la suplencia de la queja, ver infra párrafo 15). Los artículos 156 para el aruparo de doble instancia y 182 bis para el de un solo grado, reducen los plazos normales para la tramitación del proceso, en el primer

1 Cfr. Antonio Martínel Báez, "El indebido monopolio del poder judicial de la Federación para conocer de: la constÍlucionalidad de las leyes", y Antonio Carrillo Flores. "El ejecutivo y las leyes

inconstitucionales", ambos en la Revista de la Escuela Nacional tU Jurisprudencia, Núm. 15. julio-septiembre de 1942. pp. 243-253, Y 255-266. respectivamente. 8 Como ejemplo de la imprecisión del problema podemos destacar la opinión del insigne constitucionalista y también por muchos años, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Felipe Tena Ramírez, Derecho constituciorull mexicano, 19a. Ed., México, Porrúa, 1983, p. 542, quien afmna: "El artículo 133 (de la Constitución Federal), es por cualquier lado que se le considere, un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sistema... "


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supuesto, siguiendo el que ya estaba establecido para la jurisdicción concurrente (artículo 37 de la Ley de Amparo), se señalan tres días improrrogables para la rendición del informe justificado y diez días contados desde el siguiente de la adntisión de la demanda, para la celebración de la audiencia de fondo o audiencia constitucional. En el amparo de una sola instancia los plazos para alegar, pedimento del Ministerio Público y formulación de la ponencia, se reducen a la ntitad de los previstos por los artículos 180 y 185 de la propia Ley de Amparo. lJI. EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA Y LA SUPLENCIA DE LA QUEJA

14. Uno de los aspectos esenciales del proceso contemporáneo consiste en el abandono del criterio exageradamente dispositivo del enjuiciamiento civil decimonónico así como la materia del proceso, en virtud de que una parte considerable de los códigos procesales contemporáneos, inclusive algunos latinoamericanos, 9 han conferido al juzgador la dirección del proceso, la que incluye también la presentación de oficio los elementos de convicción que el propio juez considere necesarios y que las partes no hubiesen aportado, y además, también dichas atribuciones de dirección implican la obligación de aplicar las normas jurídicas nacionales, las que se supone debe conocer e interpretar, -sólo el derecho extranjero y en deterntinadas condiciones requiere de prueba- aun cuando las propias partes no lo hubiesen invocado de manera correcta, que es precisamente el alcance, en este supuesto, del citado principio jura novit curia. 10 15. Uno de los aspectos esenciales del citado principio en nuestro juicio de amparo está representado por la llamada suplencia de la queja, que surgió con el propósito de atemperar el exagerado fortnalismo que había adquirido el ntismo amparo en los códigos federales de procedintientos civiles de 1897 y 1908, en el artículo 107 de la Constitución Federal, pero exclusivamente en beneficio del acusado en materia penal y sólo por parte de la Suprema Corte de Justicia, 11 pero

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Entre los códigos procesales civiles latinoamericanos pueden citarse el de Guatemala de 1964;

el de la Naci6n Argentina de 1967; el de Colombia de 1970; y el de Brasil que entró en vigor en 1974.

Para un examen panorámico sobre esta materia puede consultarse la obra de Enrique Véscovi. Elementos para una teoT(a general del proceso civil latinoamericano. México. UNAM. 1978, 10 Sobre la función del juez para la aplicación del principio iura novil curia, puede consultarse el clásico estudio del destacado procesalista Santiago SentÍes Melendo, El juez y el derecho (iura novit curia), Buenos Aires. EJEA. 1957. en especial pp. 9-40; recientemente el agudo análisis del jurista inglés J.A. Jolowicz. "Da mihi factum dabo tibi jus: A problem of demarcation in English and French Law", en el volumen Multum non Mulla, Festhchrift für Karl Lipstein aus Anlass sielles 70 Geburtstages, (libro de homenaje a Karl Upstein con motivo de su septuagésimo aniversario, Heidelberg*Karlsruhe. Cf. MUller. 1980. pp. 79-99. 11 Sobre la implantación inicial de la suplencia de la queja, cfr. Armando Chávez Camacho, "La suplencia de la queja", en luso Núm. 67, México, febrero de 1944, pp. 89*124; y Castro, lA suplencia de la queja deficiente en el juicio tk amparo, México, 1953.

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en 1951 se extendió a los actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. en beneficio de los trabajadores en materia laboral; en 1963 para favorecer a los campesinos sujetos a la reforma agraria y finalmente en 1974. para proteger a los menores e incapaces. 12 16. En este sector de la suplencia de la queja las reformas de diciembre de 1983 sólo son aclaratorias. puesto que se adicionó el artículo 76 de la Ley de Amparo. para modificar este precepto. que consagraba de mane!'a potestativa la suplencia de la queja respecto de los actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia la que abora se transforma en obligatoria para los jueces de amparo. los cuales. además deben sujetarse a los plazos más breves introducidos en los artículos 156 Y 182 bis del mismo ordenamiento. comentados anteriormente (ver supra párrafo 13). 17. La reforma realmente importante se refiere a los supuestos en que no procede la suplencia de la queja. en los cuales se aplicaba el llamado amparo de estricto derecho regulado en materia civil por el texto original del artículo 79 de la Ley de Amparo. y que se extendió a las controversias administrativas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 13 18. Este principio del amparo de estricto derecho. criticado acervarnente y con toda razón por la doctrina. 14 proviene de los artículos 759 y 767 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908 l' que pretendían restringir

12 Cfr. específicamente sobre la materia de amparo contra leyes, Arturo Serrano Robles, "La suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales". en el volumen colectivo Problemru jurldicos de México, Editorial Jus, 1953, pp.

47·6t. 13 El texto antericrdel referido artículo 79. disponía: "La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, en sus sentencias podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garanlÍa cuya violación reclame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda. El juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, salvo los casos de amparo que afecten derechos de menores e incapaces y, por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo, se ~ujetará a los térmiMS eh la demantkl, sin que sea ptrmifido suplir ni ampliar nada en ella" . . 14 Cfr. Felipe Tena Ramírez, "El amparo de estricto derecho: orígenes, expansión, inconvenientes", en Revista de la Facultad eh Derecho eh México, Núm. 13, México, enero-marzo de 1954, pp. 9-30; Id. "El amparo de estricto derecho y la suplencia de la queja", en el volumen Problemas jurúJicos y socia/es de México, México, Editorial Jus, 1955, pp, 27-40, 15 El artículo 759 establecía: "La Suprema Corte de Justicia y los jueces de Distrito en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso". A su vez el artículo 767, disponía: "El juicio de amparo contra los actos judiciales del orden civil por inexacta aplicación de ley, es de estricto derecho; en consecuencia, la resolución que en aquél se dicte, a pesar de lo prevenido en el artículo 759, deberá sujetarse a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ellos", En la parte relativa de la exposición de motivos de la comisión redactora. al referirse al segundo de los citados preceptos, expresó: " ... el autorizar el juez del amparo para suplir de oficio las omisiones en que hubiere


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el amparo contra sentencias judiciales. el que se había convertido en un verdadero problema para la Suprema Corte de Justicia como claramente lo había previsto el ilustre Emilio Rabasa. 16 todo ello por la influencia extremadamente formalista y dispositiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. 17 19. La nueva redacción del artículo 79 de nuestra Ley de Amparo, de acuerdo con las reformas de diciembre de 1883, pretende recoger los lineamientos del citado principio iura novit curia, a través de una corrección menos amplia que la relativa a la mencionada suplencia de la queja (ver supra párrafos 15 y 16) Y por ello se reduce a la enmienda del error en la cita -sólo de los preceptos estrictamente constitucionales. que en la mayor parte de los casos, como ocurre con la invocación mecánica de los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema cuando no se impugna su violación directa, sólo se utilizan como un simple apoyo formal para llevar el asunto al conocimiento de los tribunales federales. 18 20. La modificación que se introduce en este aspecto en la reforma de diciembre de 1983 al texto del citado artículo 79, se refiere a la rectificación en la mención de los preceptos de carácter legal, 10 que resulta más frecuente, tomando en cuenta que una equivocación en las disposiciones legales aplicables a la controversia respectiva, no debe constituir un obstáculo en un sistema procesal moderno, para que el juez resuelva (con mayor razón cuando son evidentc...;;) sobre las violaciones legales invocadas, puesto que debe conocer y aplicar las normas correctas. 21. El segundo aspecto del nuevo precepto legal se refiere a la facultad que se otorga a los propios tribunales de amparo para examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes. a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin alterar los hechos expuestos en la demanda. Debe tomarse en consideración que por falta de asesoramiento, es frecuente que los argumentos de las partes no se expongan en forma adecuada y sistemática, pero los conocimientos que deben poseer los jueces federales les permite; al analizar en su conjunto dichos argumentos, interpretarlos en forma

incurrido la demanda, al exponer el hecho y afinnarel derecho. sería aliciente y estímulo de los amparos aventurados, es decir, a los que frecuentemente se promueven sin fundamento legal ni seguro. y por otra parte daría lugar al abuso, porque de todo punto de derecho, al contraerse con la ley. es susceptible de múltiples y diversas soluciones según los aspectos de hecho o derecho bajo los cuale~ se presenta ... ". 16 Cfr. Emilio Rabasa, El art[culo 14 y el juicio constitucio/lal. conjuntamente con El juicio cO/lStitucional del mismo autor, 2a. Ed., México, POITÚa, 1955. cuyo capítulo 1II, se intitula "La imposible tarea de la Corte", pp. 103-110. 11 Cfr. Demetrio Sodi, Procedimiellfos Federales, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, México, 1912, pp. 408-413. 18 La corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales infringidos fue introdUl:ida en el artículo 41 de la Ley de Amparo de 1882, cuyo anteproyecto fue elaborado por el ilustre Ignacio Luis Vallarta, y de ahí pasó al artículo 824 del Código Federal de Procedimientos Civi le~ de 1897. Y casi literalmente al 759 del Código de 1908, este último transcrito en la nota 15 de este trahajo.


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correcta y pronunciar una sentencia que debe aspirar a una solución justa de la controversia y no a una decisión puramente convencional que se escude en la falta de claridad de los propios agravios o de los conceptos de violación. 22. Debemos tomar en consideración que no sólo en nuestro país sino en muchos otros, no existe un sistema eficaz de acceso a la justicia, por lo que los litigantes de escasos o inclusive medianos recursos económicos no tienen la posibilidad de contar con un asesoramiento profesional eficaz, indispensable en ]a impugnación de resoluciones judiciales y administrativas, que plantean problemas cada vez más técnicos y complejos. 19 IV. LA PROBIDAD PROCESAL Y LA ELEVACIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS

23. Uno de los aspectos que ha producido debates, especialmente entre los abogados litigantes, pero también en algunos tratadistas, se refiere a la elevación de las multas establecidas por la Ley de Amparo, introduciendo algunas otras que antes no existían; y se ha llegado a sostener que estas modificaciones constituyen una restricción a la procedencia del juicio de amparo. 24. Es preciso, por tanto, examinar la nueva situación de las sanciones pecuniarias de acuerdo con los principios del proceso moderno, y no de manera aislada como lo hacen los opositores a esta refonna. En efecto, uno de los aspectos del procesalismo contemporáneo consiste en exigir a las partes una conducta de colaboración con el juez para llegar a una solución justa de la controversia, desalentando el comportamiento indebido de las propias partes o de sus asesores, que utilizan todo tipo de maniobras para agotar y desorientar al adversario y al juez. Estos lineamientos éticos se califican como probidad procesal. 2. 25. Debemos partir de dos supuestos apoyados en la experiencia judicial: el primero se refiere al abuso que se ha hecho del juicio de amparo, el cual se ha acrecentado en los últimos años, especialmente en la impugnación de las sentencias 19

Cfr. Fix.-Zamudio, Héctor. "Breves reflexiones sobre el asesoramiento jurídico y procesal. como

institución de seguridad social", en Anuario Jurldico, 2-1975, México, UNAM, 1977, pp. 63-101. 20 Este principio de carácter ético fue introducido con carác'er imperativo en el artículo 88 del Código Procesal Civil italiano promulgado el 28 de octubre de 1940, en el cual se dispone: "Las partes )' sus defensores tendrán la obligación de conducirse con lealtad y probidad en el proceso. Cuando los defensores falten a ese deber, el juzgador lo comunicará a las autoridades que ejerzan el poder disciplinario sobre ellos". A su vez en las Bases unifonnes para la refonna de la legislación procesal civil de los paises latilloamericanos, redactadas por los procesalistas uruguayos, Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Véscovi y publicadas en un apartado de la Justicia Uruguaya, Montevideo, 1974, se propone en la Base 44: "Moralizaci6n del proceso. Se establecerán normas que impongan a los sujetos del proceso una actuación conforme a la regia moral; entre otros el deber de decir verdad y el de lealtad y probidad, así como la regla de la buena fe y la exclusión del fraude procesal". Cfr. Enrique Véscovi, Derecho procesal civil, Tomo 11, Montevideo, Ediciones Idea, pp. 322-328.


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y resoluciones judiciales, y en segundo ténnino, que al menos parcialmente, esa conducta indebida de los litigantes tenía como causa a la ineficacia de las multas establecidas para sancionar dicho comportamiento, cuya cuantía se njó en su mayor parte en la época en que entró en vigor la actual Ley de Amparo (lO de enero de 1936); monto que se había convertido en irrisorio por la pérdida del valor de la moneda y tampoco poseían eficacia intimidatoria las pocas que se habían modificado con posterioridad, puesto que también datan de varios años. " 26. Por tanto, las modificaciones de diciembre de 1983 tuvieron dos propÓSilOS esenciales; por una parte actualizar el monto de las multas y por la otra, apoyarse en un criterio flexible que hiciera innecesario reformas continuas para adecuar dicho monto a las constantes variaciones monetarias que en los últimos años han sido muy acentuadas. Por ello fue necesario introducir un nuevo precepto en la Ley de Amparo, el artículo 3" bis, según el cual las multas previstas por el cllado ordenamiento deben imponerse a razón de días de salario, tomando como base para su cálculo el minimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de realizarse la conducta sancionada. 27. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los preceptos refonnados implican sólo actualización de multas anteriormente existentes, como ocurre con los artículos 16,41,51, 71, 90, 102, 149 Y 152, Y sólo en algunos otros como son los artículos 49, 61, 81 (éste sólo parcialmente), 103, 153 Y 164, es decir los menos, introducen nuevas sanciones que no estaban previstas anteriormente, pero claramente justificadas puesto que pretenden desalentar conductas indebidas muy frecuentemente en la práctica judicial. 28. Además, debemos destacar que contra lo que algunos de los opositores a las refonnas han alegado. dichas multas no se imponen con motivo de errores, equivocaciones o por el hecho de no obtener una resolución favorable, (esto último equivaldría a una condena objetiva en costas), puesto que, aun cuando se encontraba implícito, el Congreso de la Unión, a propuesta de las comisiones respectivas, adicionó el citado artículo 3" bis (ver supra pármfo 26), con una disposición en el sentido de que: "El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a Su juicio, hubieran actuado de TrUlla fe n. 22 21 Sólo los artículos 81 y 102 en su redacción amenN n.m~agraban multas de mil a diez nú! pesos, pero en los demás la sanción era muy reducida. así los artÍl'.J\os 16 y 119, fijaban la mulla de diez a cien

pesos: el 149, de diez a trescientos; el 152 de veinticinco a trescientos; los artículos 41. 51, Y 71, de doscientos a mil; y finalmente, el artículo 90. de quinientos mil. 22 En la parte relativa del dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados fonnulado el 27 de diciembre de 1983, se expuso: " .. ,La Comisión de Justicia recogió de los miembros de los diversos grupos parlamentarios que la componen la preocupación manifestada en relación con las consecuencias que la actualización de las multas pudiera tener y por lo mismo con el propósito de que quede suficientemente claro que éslas de ninguna manera tienen por objeto limitar el ejercicio del juicio de amparo", proponen adiCIOnar al artículo 3" bis un segundo párrafo con el texto siguiente: "El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieren

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29. Resulta significativo el examen del artículo 81 de la Ley de Amparo en su redacción actual, pues si bien en su primer párrafo la reforma sustituye el monto de la multa anterior de mil a diez mil pesos, por la de diez a ciento ochenta días de salario, cuando el juicio de amparo se sobresea o se niegue la protección solicitada por haberse interpuesto la demanda sin motivo, los otros dos párrafos de este precepto nos pueden aclarar el criterio genérico que se ha adoptado para sancionar la conducta ilícita de las panes. 30. En efecto, alIado de una situación específica relativa al sobreseimiento por las causas de improcedencia apoyadas en la litispendencia o la cosa juzgada (fracciones III y IV de anículo 73 de la Ley de Amparo), que indican en el mejor de los casos, un comportamiento negligente de los promoventes de dos juicios de amparo idénticos; las siguientes disposiciones pueden considerarse como de carácter general, puesto que consideran como impropia la conducla procesal de ÚlS

panes que liene como propósilO entorpecer la Iramilación y solución del asunto, y además, se agrava severamente la sanción en casos de reincidencia de ese comportamiento prohibido, la que puede elevarse hasta tres tantos de la surna máxima señalada. 31. Precisamente en relación con este artículo 81, el destacado tratadista Ignacio Burgoa Orihuela ha publicado recientemente un artículo periodístico en el que denuncia en tono dramático, que: "La modificación de este precepto entraña un baldón para nuestro juicio de amparo", por considerar que se traduce en una grave limitación para la interposición del mismo, especialmente para los gobernados de

escasos recursos. 23 Tenemos la convicción de que el conocido jurista mexicano ha interpretado sin la debida serenidad la citada reforma, que no significa, contra la respetable opinión del profesor Burgoa, una condena de carácter objetivo (ver supra párrafo 28), que se impondría por el solo hecho del vencimiento, sin una sanciÓn por conducta ilícita, que se calificará de acuerdo con un criterio discrecional del juzgador, el que debe apoyarse en parámetros objetivos señalados por el legislador y que pretenden excluir la arbitrariedad, que puede presentarse en casos aislados, como ocurre en cualquier decisión judicial, pero que pueda corregirse a través de los recursos correspondientes. 32. Por otra pane, debemos tomar en consideración que la elevación de las sanciones económicas ya existentes y la introducción de algunas nuevas, tiene como finalidad obligar a los promoventes del amparo (que no son los únicos a los que .pueden multarse), a las autoridades demandadas, así como a los terceros interesados, a conducirse, de una manera leal y correcta, evitando maniobras y subterfugios que desafortunadamente se han arraigado en nuestra actividad forenactuado de mala fe ... ". 23 Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, "Arbitrariedad Multas en el amparo", en Excélsior, 20 de marzo de 1984. pp. 6 Y 9, primera sección.


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se. En otros ordenamientos existen varios instrumentos establecidos para desalentar la conducta i\fcita de las partes, y en particular de los abogados que las asesoran, como son la condena en costas no sólo por criterios estrictamente objetivos, es decir, con motivo de resoluciones desfavorables, sino también con apoyo en el comportamiento indebido de las partes, que llega hasta el cobro de dichas costas inclusive al vencedor". 24 Tampoco existen en nuestro sistema jurídico los códigos de ética profesional a los cuales deban sujetarse los defensores letrados de las partes, ni tampoco su afiliación obligatoria a los colegios de abogados, una de cuyas funciones es la de vigilar la conducta profesional de sus miembros, de manera que el único freno de nuestro ordenamiento para desalentar la conducta ilíci ta, es el de las sanciones pecuniarias, las cuales habían perdido toda su fuerza y era necesario vigorizar.

v. LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO PúBLICO 33. La situación de este representante social en el juicio de amparo ha sido muy variable, en virtud de que en las primeras leyes de amparo se encomendó al llamado promotor fiscal la función de defender la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. al no reconocerse a la autoridad cuyos actos se impugnaba, como la parte demandada, 25 y cuando expresamente se olorgó a esta última la calidad de parte en el artículo 670 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, 26 se confirió al propio Ministerio Público Federal la 24 Al respecto debe tomarse en consideración que el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. aliado del sistema objetivo de condena en costas por virtud del vencimiento, también establece el criterio subjetivo, es decir, cuando una de las partes ha procedido con temeridad o mala fe. tomando en cuenta además, que se consideran como justificativos de la citada condena el que no se rinda ninguna prueba para fundar acciones (pretensiones) o excepciones, si se apoyan en hechos disputados, o cuando se presentaren instrumentos o documentos falsos. o testigos falsos o sobornados. Cfr. José Becerra Bautista, El proceso civil en México, lOa. Ed., México, Pomía, 1982, pp. 187-192; José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, México, Harla, 1982, pp. 171-173. 25 Aun cuando esta situación no es clara y se prestaba a diversas interpretaciones, de acuerdo con lo establecido por los artículos 7", 9", 28 Y 753. de las leyes de amparo de 1861, 1869 Y 1882, Y del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, respectivamente, todos los cuales negaban a la autoridad de la cual emanaron los actos reclamados la calidad de parte, y por el contrario se la conferían expresamente al promotor fiscal. no obstante 10 cual además del informe con justificación otorgaron a la primera las facultades de presentar pruebas y formular alegatos. El distinguido jurisla mexicano Silvestre Moreno Cara, en su excelente y clásico libro Tratado deljuicio de amparo según las sentencias de los tribunales federales, México, Tipografía y Litografía "La Europea", 1902, p. 522. al referirse a la situación del promotor fiscal (entonces denominado ya ministerio público por las reformas al citado ordenamiento de 3 de octubre de 19(0), lo califica como tercero coadyuvante de los derechos del quejoso o de los que da la autoridad responsable. según lo crea justo, en virtud de que defendía los derechos de la sociedad. 26 El artículo 670 del citado Código de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, disponía: "En el juicio de amparo serán COnsiderados como partes el agraviado, la autoridad responsable

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función de promoción y vigilancia de la administración de justicia. que se tradujo en opiniones orientadoras y en la fiscalización de las actuaciones judiciales, de acuerdo con la concepción española del ministerio fiscal. 27 34. Esta fue la situación del citado representante social en los artículos 11, fracción lII, de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919, y el texto original de la fracción IV del artículo 5" del ordenamiento vigente a partír del diez de enero de 1936. Por este motivo, tanto la doctrina como la jurisprudencia calificaron a dicho Ministerio Público Federal como "parte reguladora" o "parte equilibradora" en el juicio de amparo, pero en estricto sentido no tenía la calidad de parte procesal puesto que no asumia una actividad contradictoria dentro del procedimiento respectivo, toda vez que no le estaba permitido presentar elementos de convicción, formular alegatos o interponer recursos. 28 35. Sin embargo, esta situación se fue transformando de manera paulatina en las sucesivas reformas al citado precepto legal, primero en 1951, que autorizó a dicho representante para intervenir sólo en los juicios de amparo en los cuales considera que existe interés público, intervención que en la práctica se limitaba a la elaboración de un dictamen, calificado como pedimento. Mayor importancia posee la modificación del mismo precepto el 20 de marzo de 1976 que autorizó al propio Ministerio Público para interponer todos los recursos establecidos por la referida Ley de Amparo, con lo cual se le confería, así fuera formalmente, el carácter de una verdadera parte, pero todavía de manera imprecisa en relación con las otras partes que asumen una actitud contradictoria en la controversia. 29 36. A pesar de lo anterior, la posición del Ministerio Público Federal no quedó aclarada, por lo que se realizó una nueva refortna por decreto legislativo promulgado el 29 de diciembre de 1980, que señaló sus dos funciones esenciales, es decir:

y el agente del Ministerio Público", Cfr. Demetrio Sodi, Procedimientos federales. cit., supra nota 17. pp. 345-348. 27 Sobre la situación del Ministerio Fiscal en España, cfr. entre otros, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, . 'Lo que debe ser el Ministerio Público", en su obra Estudios de Derecho Procesal, Ediciones Góngora, Madrid, 1934, pp. 1·22; M~riano Femández Martín Granizo, El ministerio fiscal en España. Madrid, 1977, especialmente pp. 87-100; Víctor Faieén Guillén, "La situación actual del ministerio fiscal", en Revista de derecho procesal iberoamericana, Madrid. 1970. pp. 763·776. Su comparación con el ministerio público en el derecho mexicano puede consultarse en Héctor Fix-Zamudio, "La función constitucional de organismo judicial en México y España (H)", en Revista de estudios poJ{ticos, Núm. 11, Madrid, 1979, pp. 44-51. 28 Cfr. Ignacio Surgoa Oribuela, El juicio de amparo, 11a. Ed., México, P9rrúa, 1977, pp. 346-350; Alfonso Noriega Cantú, Lecciones de amparo, 2a. Ed., México, Pomía, 1980, pp. 341-355; Juvcntino V. Castro, úcciones de garant{as y amparo, 2a. Ed., México, Porrúa, 1978, pp. 423-425. 29 Sobre la situación intermedia que puede asumir el ministerio público entre las partes propiamente dichas y el juzgador, Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, "El antagonismo jUlgador-panes: situaciones intermedias o dudosas", en su obra Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), tomo I. México, UNAM, 1974, pp. 303-309.


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"para promover la pronta y expedita adIlÚnistración de justicia", y en segundo término para "interponer los recursos que señala la misma (Ley de Amparo)". 30 37. No obstante, la incertidumbre persistió respecto a la legitimación del referido Ministerio Público Federal para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de los jueces de Distrito, en virtud de que algunos Tribunales Colegiados de Circuito estimaron que el propio Ministerio no resultaba afectado, como las otras partes, por las mencionadas resoluciones al carecer de la calidad titular de un derecho subjetivo o de la representación de los intereses contradictorios. 31 38. En tal virtud, la modificación del invocado artículo S° fracción IV, de la Ley de Amparo por la reforma de diciembre de 1983, se concretó a aclarar con toda precisión las dos funciones del Ministerio Público Federal, señalando que el mismo podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicha Ley, independientemente de las obligaciones que la IlÚsma precisa para procurar la pronta y expedita adIlÚnistración de justicia, lo que está relacionado con las atribuciones que el artículo 3° fracción 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República promulgada el 17 de noviembre de 1983, otorga al citado Ministerio Público Federal en cuanto a la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad y que comprende su intervención como parte en todos los juicios de amparo. 32 39. Por otra pane, ninguna de las reformas relacionadas con la situación procesal del Ministerio Público ha tomado en cuenta su función de acusador en el proceso penal, en virtud de que el citado artículo 5° de la Ley de Amparo, al referirse al tercero interesado en el juicio de amparo promovido por el inculpado, sólo menciona al ofendido o a las personas que, confonne a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la cOIlÚsión de un delito, en cuanto al propio ofendido no es pane para los efectos de la resolución de fondo en el IlÚsmo proceso penal, 13 pero no se hace referencia al Ministerio Público, local o federal, que hubiese intervenido como acusador en el proceso ordinario y a quien el diverso anículo 180 de la propia Ley de Amparo le

30 La redacción de dicho precepto, según la reforma de 29 de diciembre de 1980, quedó así: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: .. .IV. El Ministerio Público Federal, quien intervendrá cuando el caso de que se trate afecte, a su juicio, el interés público en los demás casos. podrá hacerlo para promover la pronta y expedita administración de justicia. En los asuntos en que intervenga lo hará en ténninos de esta ley, y podrá interponer los recursos que señala la misma", 31 Cfr. Juventino V. Castro, El Ministerio Público en México. 3a. Ed .• México, 1980, pp. 120-125. 3:2 Este precepto dispone: "Artículo 3°. La vigilancia de la constitucionalidad y legalidad comprende; 1. La intervención del Ministerio Público como parte en todos los juicios de amparo, promoviendo la estricta observancia de la ley y la protección del interés público, confonne a lo dispuesto por el artículo 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y por el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". 33 Cfr. entre otros, Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, 4a, Ed., México, Poma, 1983. pp. 237-246.

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otorga la facultad de foonular alegatos en el amparo de una sola instancia contra la sentencia definitiva. 34 VI. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

40. Una de las peticiones más insistentes que se escucharon o recibieron por la Comisión de Justicia de Amparo durante la consulta pública correspondiente, se refirió a la necesidad de hacer más sencillo el trámite, puesto que ha adquirido una extraordinaria complejidad que dificulta la intervención de las partes en el mismo. Lo anterior no resulta sencillo si se toma en consideración que el juicio de amparo asume varias funciones en alguna de las cuales es posible seguir un procedimiento sencillo y rápido cuando, por ejemplo, se protege la libertad personal, especialmente fuera de procedimiento judicial, por seguirse los lineamientos esenciales del habeas corpus; pero no sucede lo mismo cuando se trata de impugnar resoluciones judiciales o actos de la administración acti va, respecto de las cuales el amparo posee las características del recurso de casación o del proceso de lo contencioso administrativo, que tienen naturaleza técnica y compleja. " 41. No obstante lo anterior, se puede lograr la depuración del procedimiento de amparo. en todos sus aspectos. si se suprimen fonnulísmos y tecnicismos innecesarios, para lo cual es preciso realizar una revisión minuciosa de toda la Ley de Amparo, la que ha sufrido numerosas refoonas que no siempre han sido cuidadosas. Como esto no era posible en las refoonas parciales aprobadas en diciembre de 1983, se optó por modificar las situaciones más ostensibles, de la cuales sólo comentaremos las que a nuestro criterio asumen mayor significado. 42. Entre las refoonas que pretenden la simplificación del procedimiento de amparo debemos destacar las que suprimen la alternativa que existía en la legislación anterior para presentar la demanda o el recurso de revisión, ya sea ante el juez o tribunal que pronunció la resolución impugnada, por conducto de un juez de Distrito, o directamente ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales Colegiados, según lo dispuesto por el texto original de los artículos 167 y 85 de la Ley de Amparo; opción que se prestaba a maniobras dilatorias de los litigantes y en todo

caso. se traducía en el retraso de la tramitación del asunto.

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34 El citado precepto establece: "Artículo 180. Ellercero perjudicado y el Ministerio Público que haya intervenido en el proceso en asuntos del orden penal. podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, en el término de diez días contados desde el siguiente al del emplazamiento a que se refiere el artículo 168 párrafos primero y segundo". 3S Sobre las diversas funciones procesales del juicio de amparo en el ordenamiento actual, cfr. Héctor Fix~Zamudio. El juicio de amparo y Breve inTroducción al juicio de amparo mexicano. cit., supra nota 4, pp. 241·265. Y 152·167, respectivamente; y Juventino V. Castro, Lecciones de garant{a.t y amparo, cit .. supra nota 28, pp. 293·310.


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43. El actual artículo 163 de la Ley de Amparo, siguiendo el principio general de interposición de los medios de impugnación, dispone que en todo caso la demanda de amparo contra sentencias definitivas debe presentarse por conducto de la autoridad judicial demandada, y que ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie de ese escrilO la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y de la presentación de la instancia. Si no consta en autos la citada fecha de notificación, dicha autoridad, de acuerdo con el artículo 164 en vigor y sin perjuicio de enviar los autos o constancias al tribunal de amparo, debe remitir la constancia respectiva dentro de las veinticuatro horas siguientes de aquella en que obre en su poder dicha información, pues en caso de ontitirla o no enviarla en tiempo se le sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. 44. Al cambiar la complicada tramitación de los preceptos anteriores, los actuales artículos 167 y 169 simplifican el procedintiento de presentación de la demanda, la distribución de las copias de la ntisma y el emplazamiento ante el tribunal del amparo, al cual debe enviarse el expediente o las constancias necesarias. sancionando también al juez o tribunal demandado con una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario cuando no rentite dichos autos o constancias dentro de las veinticuatro horas siguientes de la presentación regular de la demanda, o en el plazo máximo de tres días en el supuesto de expedición de copias certificadas. 45. El motivo plenamente justificado que se adujo en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial para adoptar este nuevo procedimiento, se apoya en el razonantiento de que el juez o tribunal que dictó el fallo impugnado y ante el cual debe presentarse la demanda, es el que tiene la obligación de decidir sobre la suspensión del aclO reclamado, de emplazar a juicio a las partes, consignar la fecha de notificación de la resolución reclamada y rentitir el expediente ante el órgano competente para conocer el juicio de anaparo. Se agrega en dicha exposición de motivos, que con esa medida, además de lograrse mayor celeridad en la trantitación, se evita la. maniobra frecuente de los litigantes de presentar directamente la demanda con el único propósito de retrasar la solución del asunto. 46. Por razones sintilares a las anteriores, se suprimió también la opción prevista en el artículo 86 de la Ley de Amparo en su redacción original, que autorizaba a los concurrentes a interponer el recurso de revisión ya sea ante el juez de primer

36 La parte relativa de los citados preceptos, disponían: "Artículo 167. La demanda de amparo contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales o administrativos, o contra laudos de tribunales del trabajo, deberá preseTltarse directamente allte la Suprema Corle de Justicia o alife los Tribunales Colegiados de Circuito, según que la competencia corresponda a éstos o aquélla, o remitiéndosela por conducto de la autoridad responsable, o deljuez de Distrito denlro de cuyo territorio jurisdiccio/'wl se encuentre dicha autoridad responsable ... " "Artículo 86. El recurso de revisión sólo podrá interponerse por cualquiera de las partes en el juicio, ya sea ante el juez de Distrito o autoridad que conozca del mismo, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según que su conocimiento corresponda a ésta aquéL."

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grado (de Distrito o superior del tribunal respectivo) o directamente ante la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados competentes. de manera que según el mismo precepto pero en su texto actualmente en vigor. el recurso debe presentarse únicamente ante eljuez o tribunal de primera instancia. y además se amplió el plazo de cinco días anterior. al de diez días contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. 47. Con el propósito de superar la costumbre fuertemente arraigada de presentar demandas o recursos ante la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados. en los artículos 165 y 86 de la Ley de Amparo. se adopta la disposición enérgica de que dicha presentación directa (actualmente suprimida). no interrumpe los plazos respectivos. lo que implica una sanción rigurosa que obligará a los promoventes. y especialmente a sus ahogados asesores. a tener mayor cuidado en el cumplimiento

de las nuevas disposiciones. 48. Además de la ventaja que significa la simplificación y celeridad del procedimiento en la presentación de las demandas y recursos de revisión. debe destacarse la mejoría que implica para los litigantes el acudir a los jueces o tribunales que se encuentran próximos a su residencia habitual. y de no tener la necesidad de trasladarse a los lugares donde funcionan los Tribunales Colegiados de Circuito o inclusive hasta la ciudad de México para acudir ante la Suprema Corte de Justicia. o bien de encargar esos negocios a los ahogados que realizan sus actividades profesionales en las últimas poblaciones. VII. CORRECCIÓN DE ALGUNOS 1EXTOS LEGALES

49. Las reformas de diciembre de 1983 a la Ley de Amparo también comprenden la enmienda en la redacción de algunos preceptos que en su texto original o con motivo de las numerosas modificaciones posteriores. requerían de aclaración o precisión. Dichas correcciones son numerosas. por lo que nos limitaremos. dada la índole de este sencillo comentario. a mencionar el ejemplo que consideramos de mayor trascendencia. 50. Esta modificación se refiere al perfeccionamiento de varios de los preceptos que regulan la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales. que adolecían de numerosas repeticiones. y por el contrario. faltaba precisión en otros. Para lograr este propósito en las citadas reformas. se funden en uno solo los anteriores artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. de carácter reiterativo y se unen en el 192 actual. en el cual se establecen los lineamientos de la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. tanto la sustentada por el Tribunal en Pleno como en las Salas. y se adicionan dos párrafos. necesarios para aclarar que también constituyen jurisprudencia las tesis que diluciden las contradicciones de sentencias de las salas. y que. cuando se trate de resoluciones sobre constitucionalidad o inconstitu-


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cionalidad de leyes de los Estados, dicha jurisprudencia podrá formarse con independencia de que las sentencias en las que se apoye provengan de una o varias de las propias Salas, tomando en consideración que dichos asuntos los conocen por turno y no por materia. El anículo 193 vigente regula los requisitos de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales colegiados de circuito. 51. En las refonnas que analizamos se introdujo un nuevo precepto, el 194 bis, que también era indispensable, en virtud de que la publicación de la tesis de jurisprudencia obligatoria carecía de lineamientos precisos y en ocasiones daba lugar a confusiones. En dicha disposición actual se establece que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los tribunales colegiados de circuito, deben aprobar el texto de las citadas tesis de jurisprudencia, así como, en su caso, las que interrumpan O modifiquen dicha jurisprudencia, a fin de que determinen en fonna expresa su contenido y alcance, puesto que estos criterios podían redactarse anterionnente por otros funcionarios judiciales, sin la intervención del órgano creador de la propia jurisprudencia. 37 VIII. CONCLUSIONES

52. De las breves reflexiones que hemos expresado con anterioridad, es posible establecer las siguientes conclusiones: 53. Primera. Las refonnas a la Ley de Amparo promulgadas en el mes de diciembre de 1983 son el resultado de un análisis cuidadoso de los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión de Justicia y Amparo y de los estudios efectuados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República, en la inteligencia de que no se efectuó una revisión exhaustiva y de que no se propusieron cambios que implicaran reformas de carácter constitucional. 54. Segunda. La iniciativa presidencial respectiva se propuso efectuar las modificaciones más urgentes, no obstante lo cual abarcaron numerosos preceptos de la Ley de Amparo, por lo que en un breve comentario sólo pueden destacarse las de mayor significación, como aquellas que se refieren a la precisión de la vía incidental para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes aplicadas en una sentencia judicial definitiva, con apoyo en el articulo 133 de la Constitución Federal, y a través del amparo de una sola instancia.

37 Sobre los problemas de la jurisprudencia obligatoria, cfr. Héctor Fix·Zamudio, "Breves reflexiones acerca del origen y de la evolución de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales", en Lecturas Jurtdicas, Núm, 41, Universidad de Chihuahua, octubre·diciembre de 1969, pp. 87~llO; Ezequiel Guerrero Lara, Manual para el manejo del Semanario Judicial de la Federaci611, México, UNAM. 1982.

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55. Tercera. También es importante el cambio que se ha establecido en relación con la suplencia de la queja, transformada en obligatoria cuando los actos reclamados que se apoyan en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia, y en la supresión del llamado "amparo de estricto derecho" regulado con antecedentes en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, en el anterior anlculo 79 de la Ley de amparo, en vinud de que el texto actual autoriza al juez del amparo para corregir los errores en la cita de los preceptos tanto constitucionales como legales invocados, y para analizar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, con el objeto de resolver la controversia efectivamente planteada, pero sin alterar los hechos expresados en la demanda. 56. Cuarta. Una cuestión controvertida es la que se refiere a la elevación del monto de las multas establecidas por la Ley de Amparo y la creación de algunas otras, de acuerdo con un criterio flexible apoyado en el salario mínimo general del Distrito Federal, en vinud de que algunos opositores consideran estas modificaciones como un obstáculo a la interposición del juicio de amparo, sancionando la conducta ilegitima de las mismas, pero de ninguna manera como una condena patrimonial por el simple hecho del vencimiento. La mayoría de estas multas ya se hablan establecido, pero su monto se habla transformado en irrisorio, y deben considerarse como el único medio para evitar el abuso ostensible del amparo, en vinud de que en nuestro ordenamiento no existen la condena en costas, los códigos de ética profesional, ni tampoco los colegios de abogados, cuya afiliación es voluntaria, pueden fiscalizar la conducta de los profesionistas. 57. Quinta. Otra reforma trascendente ha consistido en precisar la situación del Ministerio Público Federal como pane en el juicio de amparo, pues no obstante las diversas modificacioiles anteriores al texto original de la fracción IV del anlculo 5° de la Ley de Amparo, no existía una definición precisa de sus dos esenciales funciones: la de representación de los intereses sociales dentro del procedimiento y la de procuración de la pronta y expedita administración de justicia, que en la disposición actual se fijan con toda claridad y se reitera su facultad de imerponer todos los recursos establecidos por el citado ordenamiento, tomando en consideración también las atribuciones que confiere al citado Ministerio la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, promulgada el 17 de noviembre de 1983. 58. Sexta. Varias de las modificaciones introducidas en diciembre de 1983 se refieren a la simplificación del procedimiento, la principal de las cuales implica la supresión de la alternativa anteriormente existente para presentar la demanda de amparo contra sentencias definitivas o el recurso de revisión interpuesto contra los fallos de primera instancia, ya fuera ante los jueces o tribunales que dictaron dichas resoluciones o directamente ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, lo que se habla traducido tanto en retrasos cuando se elegla dicha presentación directa, como en maniobras para promulgar y retrasar dicho


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procedimiento. Actualmente tanto las demandas como los recursos deben interponerse ante los jueces o tribunales que pronunciaron las sentencias respectivas con lo que, además de evitarse dichas dilaciones, se tiene la ventaja de que los afectados acuden ante el organismo judicial más próximo a su residencia, 59, Séptima. Finalmente, otros cambios tuvieron como ohjeto corregir la redacción defectuosa de varias disposiciones de la Ley de Amparo, entre las cuales destacan las relativas a la regulación de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales, lo que adolecía de preceptos reiterativos, omisiones y falta de precisión, de manera que los nuevos preceptos introducen mayor claridad y eficacia en los lineamientos de la propia jurisprudencia.

EL ¡melO DE AMPARO MEXICANO Y EL DERECHO CONSlTnJOONAL COMPARADO

l. Introducción

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Il. El derecho constitucional comoarado v el derecho de amnam lit El juicio de amparo mexicano en la confluencia del common

'\~1

law y el derecho continental europeo ..... IV. Influencia del derecho constitucional de los Estados Unidos en la creación del amparo mexicano

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V. Evolución y desarrollo peculiares.

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VI. Su amplitud protectora actual . . . . . . . . VII. Semejanl
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EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO Al ilustre constitucionalista italiano profesor PaoIo Bi'\Caretti di Ruffia SUMARIO: 1 Introducción. n. El derecho constitucional comparado y el derecho de amparo. 111. El juicio de amparo mexicano en la confluencia del cornmon law y el derecho continental europeo. IV. Influencia del derecho constitucional de ¡(IX Estados Unidos mia creación del amparo mexica/lo. V. Evolución y desarrollo peculiares. VI. Su amplitud protectora actual. VIL Semejanzas y diferencias con las instituciones similares en Latinoamérica y España. VIII. Necesidad de actualizar el amparo mexicano. IX. Conclusiones.

1.

INTRODUCCIÓN

1. En un trabajo anterior señalamos la necesidad de utilizar el método jurídico comparativo para analizar el juicio de amparo mexicano, en cuanto dicho instrumento de investigación es necesario para el análisis de cualquier institución jurídica, la que no puede entenderse, aun de acuerdo con el derecho positivo nacional, si no se contrasta con otros ordenamientos similares.! 2. Pero además de lo anterior, es bien sabido que el derecho de amparo mexicano ha tenido una doble trascendencia, primero en el ámbito transnacional, pues como se señalará más adelante (ver infra párrafos 53-56), ha tenido una influencia directa o indirecta en las instituciones del mismo nombre y en otras semejantes que funcionan en otros ordenantientos iberoamericanos; y en segundo lugar, en el ámbito internacional, las delegaciones mexicanas han propuesto la introducción de un instrumento protector de los derechos humanos, inclusive con el mismo nombre de amparo en las versiones oficiales en castellano de las declaraciones o pactos

! Cfr. Fix~Zamudjo. Héctor, "Setenta y cinco años de evolución del derecho comparado en la ciencia jurídica mexicana", en la obra LXXVaflos de evoluci6n jurfdica en el mundo, Historia del derecho y derecho comparado. México. UNAM, 1977; vol. 11, pp. 158-166.


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internacionales que regulan los derechos humanos, y en esta dirección podemos mencionar los artículos XVIII y 8°, respectivamente, de las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos Humanos, expedidas en mayo y diciembre de 1948, y reguladas en los articulas 25, de la Convención Americana de los Derechos del Hombre (San José, Costa Rica, noviembre de 1969), y 2°, fracción 111, del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, diciembre de 1966).' 3. Como si lo anterior no fuese suficiente, el derecho de amparo mexicano

ha sido analizado por numerosos juristas extranjeros, y es impresionante la bibliografía tanto en español como en otros idiomas, sobre nuestra institución y que contrasta con los escasos estudios, la mayor parte muy recientes, de los tratadistas mexicanos sobre las instituciones semejantes al propio juicio de amparo. 3

4. Como seóa muy difícil y además nos apartaría del tema central de estas sencillas reflexiones, hacer referencia a dichos estudios, nos remitimos al inventario de los trabajos de juristas extranjeros sobre la institución tutelar mexicana, que hemos realizado en trabajos anteriores.4 5. En tal virtud, haremos el intento de señalar las relaciones del derecho constitucional comparado con el análisis del juicio de amparo mexicano, referido especialmente a la confluencia que se observa en dicha institución entre dos de las más importantes familias o sistemas juódicos, es decir, el llamado common law o derecho angloamericano, y los ordenamientos pertenecientes al derecho continental europeo o de tradición juódica romano canónica.'

2

Cfr. entre otros, Tena Ranúrez. Felipe, "El amparo mexicano. medio de protección de los

derechos humanos", en el volumen El amparo mexicano y los derechos humallos, México, Suprema Corte de Justicia, 1975. pp. 13-75. 3 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Eljutcio de amparo en Latinoamérica", en Memoria de El Colegio Nacional. 1977. México, El Colegio de México. 1978. pp. 101-138; "The Writ of Amparo in Latin America", trad. de Carl E. Schwarz, en Lawyer of (he Americas. The University of Miami Jourrull of ¡nlemationa[ Law, invierno de 1981, pp. 361.391; "11 diritto d'amparo en Messico e in Spagna, Influence reciproche", trad. de Paolo Saitta, en Diritto e societa, Padova, 1979, pp. 233·262, 4 Cfr. Fix·Zamudio, Héctor, "Derecho comparado y derecho de amparo", en Bole/in Mexicano de Derecho Comparado, México, mayo--agosto de 1970, núm. 8, pp. 328-349; "Breve introducción al juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional, 1976, México, El Colegio Nacional, 1977, pp. 141·148; "A Brief Introduction to the Mexican Writ of Amparo", trad de Carl E. Schwarz, en California Western ¡uternational Law Journal, primavera de 1979, pp. 306·208. 5 Cfr. David, René, Les Grands Systemes de Droit Contemporains, 7a. ed., Paris, Dalloz, 1978; pp. 21·31; existe traducción al italiano con el título ¡ gr(1lt(/j sistemi guiridici contemporani, Milano, Giuffre; 1967; Marryman, John Henry, La Iraducciónjurldica romano canónica, trad. de Carlos Sierra, México, fCE, 1971; existe también versión italiana La Iradizione di Civil Law Nell 'analisi di un giurisla di Common Law, trad. Ana de Vita, Milano, Giuffre. 1973.

EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO

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n. EL DERECHO CONsrrruCIONAL COMPARADO y EL DERECHO DE AMPARO 6. Como lo ha señalado de manera muy penetrante el notable constitucionalista italiano Paolo Biscaretti di Ruffia, el derecho constitucional comparado, si bien se encuentra estrechamente relacionado, por una parte con el método jurídico comparativo y por el otro con el derecho constitucional particular y con el derecho constitucional general, tiene sustantividad propia, puesto que no es suficiente utilizar la investigación estrictamente jurídica, sino que es preciso que con mayor vigor que en otras disciplinas tomar en consideración las restantes ciencias sociales para entender los constantes cambios en los ordenamientos estatales que, como señala correctamente dicho tratadista, se inspiran esencialmente en la política y en la economía más que en la técnica jurídica en sentido estricto. 6 7. Por otra parte, la materia que pretendemos examinar está relacionada con un sector particular del derecho constitucional comparado, es decir, el relativo al control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, o justicia constitucional, cuyo análisis asume también lineamientos específicos, como lo ha puesto de relieve el mismo profesor Biscaretti di Ruffia.' 8. En efecto, el examen comparativo del derecho de amparo pertenece a un sector de la justicia constitucional que ha recibido el nombre ya consagrado de jurisdicción constitucional de la libertad, que le otorgó el distinguido comparatista italiano Mauro Cappelletti,' estrechamente vinculado a su vez con el derecho procesal comparado (o en sentido más estricto, derecho procesal constitucional comparado),9 y con los estudios relativos a los derechos humanos, que varios autores también consideran como una disciplina autónoma. 10 9. De las funciones que se atribuyen al derecho constitucional comparado, de acuerdo con el certero señalamiento del destacado constitucionalista italiano Giuseppe de Vergottini,ll nos guían en este superficial estudio, en esencia. los relativos al mejor conocimiento del derecho de amparo, que requiere todavía de 6 Cfr. Biscarelti di Ruffia, PaoIo, /lIlroduziolle al diritto costituzionale compararo, 5a. ed., Milano, Giuffre. 1984, pp. 3-33. 7 Cfr. Biscaretti di Ruffia, Paolo, op. ult. cit., pp. 610-625. 8 Cfr. Cappelletti, Mauro, La giurisdizione cosriruzionale del/e ¡¡benit Milano, Giuffre. 1957, trad. castellana de Héctor Fix-Zamudio con el título: La jurisdicción constitucional de la libertad, Imprenta Universitaria, México, 1961; Cascajo Castro, José Luis, "La jurisdicción constitucional de la libertad", en Revista de estudios poUticos, Madrid, 1975, pp. 149-198; Fix-Zamudio, Héctor, La protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, Madrid, UNAM-Civitas, 1982, pp. 57-59. 9 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Veinticinco alíos de evolución de la justicia constirucionaJ (1940-1965), México, UNAM, 1968, pp. 9-18. 10 Cfr. entre otros, García Bauer, Carlos, ¿Puede elaborarse ya una disciplillajurfdica autónoma de los derechos humanos?, México, UNAM, 1974, pp. 463-472. 11 Cfr. Vergottini, Giuseppe de, Diritto costiruzionale compararo, Padova, Cedam, 1981, pp. 11-17.


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profundización; una mejor interpretación del mismo y, también, proponer modificaciones necesarias, en vinud de que, en nuestro concepto, ha quedado rezagado en relación con la dinámica evolución tanto del ordenamiento constitucional mexicano, como respecto del desarrollo que se observa de las instituciones similares en otros ordenamientos iberoamericanos. 12 III. EL JUIC[O DE AMPARO MEXICANO EN LA CONFLUENCIA DEL COMMON LAW Y DEL DERECHO CONTINENTAL EUROPEO

10. No obstante que un sector imponante de los juristas mexicanos reconocen la considerable influencia del derecho constitucional estadounidense en la creación y desarrollo del juicio de amparo" e inclusive su combinación con la tradición hispánica que penenece al derecho continental europeo," así como también la penetración de los principios de la casación francesa en una etapa de evolución de nuestra institución procesal de mayor jerarquía," es preciso, además, un estudio comparativo que delimite el ámbito de la trascendencia de todas estas corrientes, cuya fusión con los elementos peculiares de la situación social, política, económica y aun cultural de nuestro país, conformaron lentamente a nuestro actual derecho de amparo. 11. En tal vinud, iniciamos este estudio con el examen de la corriente más ostensible que influyó en nuestro juicio de amparo, que deriva de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y de la jurisprudencia de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Cone. Sobre este aspecto existe una amplia bibliografía inclusive de tratadistas noneamericanos además de otros elaborados en inglés, precisamente por el interés en conocer la extensión y límites de la trascendencia angloamericana en el propio juicio de amparo. 12. Podemos citar entre dichos estudios, los de Helen L. Clagget;l' Phanor J. Eder; 17 Richard D. Baleer,l' Kenneth I. Karst y Keith S. Rosenn; 19 Robert E. Biles;'"

12

Cfr. entre otros, Castro.luventin~ V., Hacia el amparo evolucionodo. 2a. ed., México. POn'Úa,

[977. 13 Cfr. Rabasa, Osear. "Diferencias entre el juicio de amparo y los recursos constitucionales norteamericanos", en Revista de Derecho Público, México, abril-junio de 1947, núm. 4, pp. 385-405; Burgoa. Ignacio, El juicio de amparo, lla. ed., México. Porrúa, 1977, pp. 80-86; Noriega Cantó,

Alfonso. Lecciones de amparo, 2a. ed., México, POJIÚa, 1980, pp. 66-75. 14 Cfr. Nonega Cantú, Alfonso, op. ull. cit., 59-64. Id. "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio de amparo", en lus, México, 1942, pp. 151-172. 15 Cfr. FlX-Zamudio, Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a través del juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional. 1978, México, El Colegio Nacional, 1979, pp. 91-138. 16 Cfr. Clagget, Helen L., ''The Mexican Suit of Amparo", en Georgetown Law loumal, 1945, pp. 4[8-437. 17 Cfr. Eder, Pbanor J., "Judicial Review in Latin America", en Ohio Stale Law lournGl, 1960, pp. 570-6[5.

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David S. Clark;21 varios trabajos del destacado tratadista Carl E. Schwarz,22 ",í como dos recientes del autor de estas líneas." 13. En tal virtud, con apoyo en dichos trabajos y sin pretender sintetizar lo expuesto en los mismos, lo cual puede resultar reiterativo. intentaremos destacar brevemente la situación actual del derecho de amparo mexicano, el cual no sólo

asume un carácter peculiar respecto de las instituciones semejantes de Iberoamérica y de la revisión judicial de los Estados Unidos, sino que se encuentra un momento en el cual es preciso introducir cambios esenciales exigidos por las transformaciones recientes en los sistemas de justicia constitucional de nuestra época, para

rescatar su primordial función de instrumento protector de los derechos humanos, el que se ha desdibujado y debilitado de manera progresiva, debido a la incorporoción de otras funciones procesales paralelas al recurso de casación y al proceso contencioso-administrativo. 24

18 Cfr. Baker, Richard D., Judicial Review in Mexico. A 5fUdy af (he Amparo Suif, Austin, University of Texas, 1971 . 19 Cfr. Karst, Kenneth L.. LAtir! American Legal lnstitutions: Problems for Compararive Studv, Los Angeles. University of California, 1966. pp. 616-646; Karst Kennet L.. y Rosenn. Keíth S .• Law ami Developmenf in Latin America A Case Book. Berke1ey-Los Angeles-London, Univer:-.ity of California, 1975. pp. 127-160; Roseno. Keith S., "Judicial Review in Latio America", en Oflio St.1Te Law Joumal. 1974, pp. 785-819. . 20 Cfr. Biles, Robert E.. "The Position of the Judiciary in the Política! Systems of Argl>ntina and Mexico", en Lawyer o[the Americas. 1976. pp. 287-319. 21 qr. Clark. David S .• "Judicial Protection ofthe Constitution in Latin America". en HasfÍngs Constitutiond Law Quaterly, 1975. pp. 405-442. 22 Cfr. Schwarz, Carl. E., ''The Mexican Writ of Amparo; Extraordinary Remedy Aginst Official Abuse of Individual Rights (1969-1970)", en Public Affairs Report. Berkeley. diciembre de 1969-febrero de 1970; "Exceptions to the Exhaustion of Administrative Remedies under Mexican Writ of Amparo: Sorne Possible Applications toJudicial Review in the United States", en Califomia WeSlel7i Law Review, 1971. pp. 331-353; "Judges underthe Shadow: Judicial Independcnce in lhe United Stales and Mexico", en California Western International Law Joumal, 1971, pp. 260-337. trad. española de Fausto E. Rodríguez García, en Anuario Jurldico. 2-1975, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1977, pp. 143-219; "Rights and Remedies in the Federal Trial Courts of Mexico and United Stales". en Haslings Constitulional Law Quaterly; 4, (1977), Y la tesis doctoral inédita TIte Mexictln Writ ofAmparo and Extraordinary Judicial Remedies Against Official Abuse i" the United Sfaft'S (Santa

Bárbara, 1971). 23 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, A Brie[ lntroduclion lo Ihe Mexican W,-it o[ Amparo y T/¡e W"ir of Amparo en Latin America, citados supra notas 3 y 4. a los cuales deben agregarse otros trabajos anteriores. como "Latin American Procedures for the Protection of the Individual". en Journa[ of the

lnternational Commision of Jurisl. Ginebra, 1968, pp. 59-95; Y "Judicial Protection of Ihe Individual against the Executive in México". en la obra colectiva Gerichtssuchulz gege1l die Execulive. vol. 2. Heymann-Oceana. Berlín, Bonn, München. Dobbs-Ferry, New York, 1970. 24 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La adecuación de proceso a la protección de los derechos", en Revista de la Facultad de Derecho, México, UNAM, enero-marzo de 1966. núm. 61, pp. 07-105.

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IV. INFLUENCIA DEL DERECHO CONSlTIUCIONAL DE LOS EsTADOS UNIDOS EN LA CREACIÓN DEL AMPARO MEXICANO

14. Existe la opinión pacífica en el sentido de que los creadores del juicio de amparo, es decir Manuel Crescencio Rejón en la Constitución Yucateca de 1841, Mariano Otero en el documento intitulado Acta de Reformas (a la Constitución Federal de 1824), expedido en 1847, y los constituyentes de 1856-1857, se inspiraron en el modelo de la revisión judicial de los Estados Unidos, divulgado en toda América Latina primordialmente en el clásico libro de Alexis de TocquevilIe, La democracia en América del None, a través de la traducción española de Sánchez de Bustamante," y en menor grado por el conocimiento fragmentario de la clásica obra de El Federalista." 15. Sin embargo, el "trasplante legal"," del principio de la revisión judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y específicamente de la constitucionalidad de las leyes, forjado en la tradición jurídica del cornmon law o del derecho angloamericano, en un trasfondo hispánico de más de tres siglos, perteneciente al sistema romano canónico," produjo una institución diversa del modelo norteamericano, en cuanto se estableció un instrumento procesal específico desarrollado en ordenamientos especiales, que se aparta de la revisión judicial estadounidense, la cual, como lo ha afirmado con profundidad el distinguido tratadista J.A.c. Grant, se aplica a través de numerosos instrumentos procesales, y por lo mismo constituye un principio y no una vía particular. 29 16. Lo que más impresionó a los juristas y políticos mexicanos del siglo XIX en cuanto a la revisión judicial norteamericana, fue su carácter difuso e incidental, es decir, para destacar las palabras de Tocqueville que encontramos reiteradamente mencionadas en los citados creadores del amparo mexicano: "Pero cuando el juez ataca una ley en un debate oscuro y sobre una aplicación particular, oculta en parte a las miradas del público la importancia del ataque. Su fallo sólo tiene por objeto 25 Esta traducción española apareció en París en 1836. La primera edición de esta obre fue publicada en francés por Charles Gosslein (1835), y la primera traducción al inglés como Democracy in America, trad. de H. Reeve (Landon. 1935). Es significativo que una reimpresión de la traducción de Sánchez de Bustamanle se publicó en México en 1855, año en que se cor;:vocó al Congreso Constituyente que expidi61a Carta Federal de 1857, la que consagro definitivamente el amparo. 26 Según el tratadista mexicano Reyes Heroles. Jesús, El liberalismo mexicano. tomo 111, México, UNAM. 1958, pp. 343·347, El FeduaJista fue publicado fragmentariamente en español en varios

periódicos mexicanos, entre los años 1827 a 1830. 27 Cfr. Watson. Alan. Legal Transplants, Edimburg, 1974, sobre los problemas del encuentro de las dos influencias del comnu:m law y del derecho continental europeo de origen romanista, y que se ha presentado en el derecho escocés. claro que en forma diferente a América Latina. 28 Un excelente estudio sobre las relaciones y diferencias de estas dos grandes tradiciones jurídicas es el de Merryman, John Henry. La tradiciónjurfdica romano canónica. cit. supra nota 5. 29 Cfr. Grant. J. A. C.. El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Una contribución de las Amlricasa la Ciencia Polflica. México. UNAM, 1963. pp. 29-47.


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lesionar un interés individual, pero la ley no se siente herida más que por casualidad. Por otra parte, la ley así censurada está destruida: su fuerza moral ha disminuido, pero su efecto material no se suspende. Sólo poco a poco, y bajo los golpes repetidos de la jurisprudencia, llega a sucumbir".JO 17. Con apoyo en este principio de la desaplicación de la ley inconstitucional en el caso concreto, Mariano Otero elaboró el texto del artículo que fue aprobado con el número 25 de la citada Acta de Reformas promulgada el 21 de mayo de 1847, que se conoce con el nombre de "fórmula Otero", y que ha tenido un carácter casi sacramental en la regulación del derecho de amparo, y que en su parte relativa disponía: "limitándose dichos tribunales (de la Federación), a impartir su protec-

ción en el caso particular sobre el cual verse el proceso. sin hacer ninguna declaración general de la ley o del acto que lo motivare".'l 18. En la parte relativa de la exposición de motivos del voto particular al dictamente de la Comisión de Constitución," que sirvió de apoyo al citado documento de reformas constitucionales, Otero recoge las ideas de Tocqueville, al sostener: "".En Norteamérica este poder salvador provino de la Constitución, y ha producido los mejores efectos. Allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la Constitución y de aquí resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley secundaria, aplica aquélla y no ésta de modo que sin hacerse superior a la ley ni ponerse en oposición contra el poder legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso particular en que ella debía herir, la hace impotente. Una institución

semejante es del todo necesaria entre nosotros ... ". 33 19. Otra institución que influyó en el juicio de amparo mexicano, pero no de una manera directa como sí lo fue en la gran mayoría de las legislaciones latinoamericanas del siglo XIX," y que se incorporó al derecho de amparo desde el 30 Cfr. Tocqueville, Alexis, lA tkmocracia en América, trad. de Luis R. Cuéllar. México. FeE, 1957, capítulo VI, "El poder judicial en los Estados Unidos y su acción sobre la sociedad civil", p. 94. 31 El texto completo del citado precepto expresaba lo siguiente: "Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y consetvación de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que 10 motivare". 32 La denominación de este documento, que en realidad es un proyecto de reformas constitucionales a la Carta Federal de 1824, se debió a la inconformidad de Mariano Otero al dictamen de la mayoría de la Comisión de Constitución del Congreso reunido en diciembre de 1846, pero que se presentó el 5 de abril siguiente, y en el cual los integrantes de esa mayoría opinaron que en virtud de la guerra con los Estados Unidos y dado que el ejército norteamericano se aproximaba a la ciudad de México, debería restablecerse simplemente la citada Carta de 1824, introduciendo reformas una vez que se hubiese logrado la paz. Cfr. Oñate, Santiago, "EI Acta de Reformas de 1847" en la obra colectiva Los derechos del pueblo mexicano, 2a. ed., México, Manuel Porrúa, 1978, tomo 11, pp. 13-181. 33 Cfr. Oñate, Santiago, op. ult. cit., p. 134. Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México (1808-1893), México, Porrúa, 1983, pp. 465. 34 Cfr. Eder, Phanor. "Habeas Corpus Disemboided: TIte Latin American Experience", en XX

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momento mismo de su consagración definitiva en la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857, puesto que los artículos 101 y 102 de esta Carta se refirieron en general a la protección de todas las llamadas "garantías individuales", es decir, de los derechos del hombre consagrados en su texto, y que incluían también la tutela de la libertad personal contra detenciones indebidas." 20. No se hizo la distinción, por lo que se refiere a la protección encomendada al juicio de amparo, entre dicha libertad personal y los demás derechos fundamentales, por ese motivo el más destacado estudioso del juicio de amparo e ilustre magistrado de la Suprema Corte, Ignacio Luis Vallarta, realizó un estudio comparativo entre el juicio de amparo el "wrir of habeas corpus" norteamericano, con el objeto de señalar sus semejanzas y diferencias con la institución mexicana." 21. Otros dos aspectos en los cuales se observa claramente la trascendencia del derecho público de los Estados Unidos en la creación del derecho de amparo, son los relativos a la organización de los tribunales federales, y el régimen federal. Por lo que respecta a los tribunales federales, la primera Constitución Federal, promulgada el 4 de octubre de 1824, se apartó de la tradición española, y adoptó la organización judicial estadounidense. que se ha conservado, con algunas variantes, hasta la fecha, en virtud de que el artículo 123 de dicha Carta Fundamental estableció que "El poder judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia. en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito", que es similar a lo dispuesto por los artículos 90 y 94, de las Cartas Federales de 1857 y 1917, respectivamente. 37

22. En cuanto al régimen federal, y sin tomar partido entre los que sostienen que fue una copia o bien responde a un movimiento descentralizador que se originó en la última etapa de la vida colonial, especialmente favorecido por las Diputaciones Provinciales creadas por la Constitución española de Cádiz de 1812, que tuvo vigencia en México por breves periodos en 1812 y 1820, esta última tesis sostenida por la insigne tratadista de la Universidad de Texas en Austin, Nettie Lee Benson;" lo cierto es que, aun cuando sea con ciertas modalidades derivadas de la mezcla

Celltury Comparalive and Conflicts Law. Legal ESSQys in Honoro! Hessel E. Yntema, (K. Nadelmann. A. von Mehren y J. Hazard, editores). Leyden. Sijthoff. 1961, p. 473. 35 Cfr. Lozano, José María, Estudio del derecho constitucional patrio tn lo relativo a los derechos del hombre. México. 1876 (edición facsimilar, México, Pomía. 1972), pp. 294-368; Montiel y Duarte. Isidro. Estudio de las garantfas individuales. México, 1873, (edición facsimilar, México, Pomía. 1972); pp. 317-374. 36 Cfr. Vallarta. Ignacio L.. El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, México. Imprenta de F. Díaz de León. 1881. 37 Cfr. Mayers. Lewis. El sistema legal norteamericano. 2a. ed .. trad. Atanasio Sánchez. Buenos Aires,Omeba, 1969, Abraham. Henry J.; The Judicial Process. 3a. ed., New York, Oxford University

Press, 1975; pp. 95-242. 38 Cfr. Benson, Nettie Lee. lA diputación provincial y elfederalismo mexicano, México, UNAM. t955.


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que se hizo entre el derecho constitucional norteamericano y la propia Constitución de Cádiz, se tomaron los principales aspectos del federalismo de los Estados Unidos, como lo demuestra inclusive el título de nuestra Carta de 1824: "Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos", denominación que conservamos todavía. 39 En efecto, las fracciones II y III del artículo 101 de la Constitución Federal de 1857, que tienen su equivalente en las del mismo número en el artículo 103 de la Carta Federal vigente, establecían la protección de las competencias de las autoridades federales y locales, respectivamente, también por conducto de la afectación de los derechos fundamentales de carácter individual, por lo que de manera indirecta se protegía el referido sistema federal. 40 V.

EVOLUCIÓN y DESARROLLO PECULIARES

23. Decíamos que el trasplante de la revisión judicial norteamericano en la tradición hispánica heredada de la época colonial, determinó un producto híbrido, en el cual el modelo aparente era el estadounidense, pero el mismo nombre de la institución, "castizo, evocador y legendario", de acuerdo con la acertada frase del ilustre constitucionalista mexicano Felipe Tena Ranúrez,41 se origina en los instrumentos protectores de los derechos de Castilla y Aragón;" y además debía funcionar por conducto de un organismo judicial que en apariencia dividía la competencia entre los tribunales federales y tribunales locales, pero que tenía en su contra un centralismo judicial que concentraba la resolución de los asun-

tos en las audiencias (tribunales de apelación) de México y de Guadalajara y finalmente en el Consejo de Indias, como culminación de la tramitación de las controversias importantes de todas las colonias españolas en América. 24. Por este motivo, con toda razón se ha sostenido que la Suprema Corte de Justicia de México, no obstante su denominación inspirada en el más alto tribunal federal norteamericano, sustituyó a las Audiencias de México y Guadalajara y al Consejo de Indias'" 39 El nombre oficial de nuestra Carta vigente de 5 de febrero de 1917. es la de "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 40 Las citadas fracciones II y lIT de los artículos 101 y 103 de las Constituciones federales de 1857 Y 1917, respectivamente. tienen la misma redacción: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite; ... 11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos. que invadan la esfera de la autoridad federal". 41 Cfr. Tena Ramírez. Felipe. Derecho cOl1StituciolUl1 nU!xicallo. 19a. ed .. México. POITÚa, 1983. p.492. 42 Cfr. Fairén Guillén. Víctor. Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo. México. UNAM, 1971; Lira González, Andrés. El amparo colonial y eljuicio de amparo mexicallo. México. FCE. 1972; Coy, P. E. B .. "Justice tor tbe Indian in Eighteenth Century Mexico", en American ]oli11lal of Legal History. 1968. pp. 41-49.

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25. Fue en esta primera etapa en la cual se consolidó la institución y obtuvo el prestigio popular que ha conservado hasta la fecha, pues en la época tormentosa que siguió a la guerra civil (1868-1861), Ya la intervención extranjera (1862-1867), es decir, al triunfo definitivo de la República, el juicio de amparo se utilizó para la protección de los derechos de libertad y de propiedad de los gobernados, en una función similar a la del habeas corpus y la revisión judicial de Nortearnérica, en virtud de que los jueces federales con frecuencia arrancaron a los solicitantes del amparo de los escuadrones de fusilamiento; de las cárceles en las cuales estaban detenidos sin orden judicial; de su incorporación forzosa al ejército a través de la leva; y además evitaron en numerosas ocasiones la confiscación de bienes o la aplicación de leyes notoriamente contrarias a la Carta Federal." 26. Sin embargo, el trasfondo romanista del derecho hispánico fue ganando terreno en las diversas leyes reglamentarias del amparo expedidas en 1861, 1869 y 1882, y en forma todavía más acentuada en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, pues en estos dos últimos se advierte con claridad la configuración del juicio de amparo en un proceso que seguía las reglas del proceso civil tradicional, es decir, una especie de casación federal. bajo la influencia de las leyes de Enjuiciamiento Civil españolas de 1855 y 1881" De acuerdo con los citados ordenamientos nacionales, el juicio de amparo se tramitaba a través de un procedimiento de doble instancia, la primera ante los jueces federales de distrito y la segunda, de oficio, ante la Suprema Corte de Justicia, con independencia de los actos que se reclamaran y las partes que intervinieran. 28. Pero la transformación más importante, debido precisamente al peso de la tradición del derecho español (el que, por otra parte, siguió aplicándose en México con ligera, modificaciones con posterioridad a la independencia en las materias de derecho privado y penal, hasta la expedición de los códigos federales y locales en la segunda mitad del siglo XIX)," fue la introducción del juicio de amparo contra las sentencias y resoluciones judiciales de todos los jueces, locales y federales, del 43 Cfr. Noriega Cantú, Alfonso. El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio tú! amparo, cit. supra nota 14; Soberanes Femández. José Luis. "Tribunales ordinarios", en el libro colectivo LJJS tribunales de la Nueva España. México. UNAM. 1980. pp. 19·83. 44 Cfr. Rojas, Isidro, y García, Francisco Pascual. El amparo y sus reformas. México. Compañía

Editorial Católica, 1907, pp. 3146; Rabasa, Emilio, El juicio constitucional, México, 1919, reimpresi6n conjuntamente con El art{culo /4, del mismo autor, México. POlJÚa, 1955. 45 Sobre la influencia de las Leyes de Enjuiciamiento Civil españolas en el derecho procesal mexicano, cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Síntesis del derecho procesal (civil, mercantil y penal). en su obra DuecM procesal mexict'no, tomo 11, México, POfTÚa, 1977), pp. 320-506; Id., "La refonna del enjuiciamiento civil español y el mundo procesal hispanoamericano", en su libro Estudios procesales, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 204-22. 46 En relación con el derecho español aplicable en México hasta la expedición de los primeros Códigos, el primero de los cuales, en materia procesal civil se expidió para el Distrito Federal en 1872, se publicaron varios estudios inspirados en obras españolas, y entre ellos destaca la obra atribuida a Juan Rodríguez de San Miguel, Curia Filfpica Mexicana, México, 1850.


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país. aun cuando no se plantearan cuestiones directas de ¡nconstitucionalidad, y

esto ocurrió debido a un conjunto de causas sociales y políticas bien conocidas, que forzaron a la Suprema Corte de Justicia para aceptar una interpretación sumamente discutible del artículo 14 de la referida Constitución Federal de 5 de febrero de 1857 47 29. En efecto, debido a tres siglos de centralismo judicial en la época colonial espafiola, al cual nos hemos referido con anterioridad (ver supra párrafo 15), que provocó la reunión de los abogados en las ciudades de México y Guadalajara, residencia de las Audiencias coloniales; con posterioridad a la independencia fue preciso integrar los tribunales superiores de las entidades federativas con magistrados improvisados, con la consiguiente falta de confianza en dichos tribunales locales, los que también quedaron sujetos a la influencia política de los gobernadores de los estados. 30. Debido a lo anterior, los abogados acudieron a todos los medios que tuvieron a su alcance, y en particular la mencionada interpretación del artículo 14 constitucional, para sustraer todos los asuntos judiciales de las manos de los tribunales locales, aun tratándose de la aplicación de las leyes de los Estados, para llevarlos a los tribunales federales a través del juicio de amparo, y finalmente a la Suprema Corte de Justicia, la cual concentró el conocimiento d~ todos los asuntos judiciales del país, con lo que la propia Corte se transformó de manera predominante en un tribunal de casación, lo que se advierte con claridad en el momento que declaró implícitamente la inconstitucionalidad del articulo 8° de la Ley de Amparo de 20 de enero de 1869, precepto que prohibió expresa y categóricamente la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones de carácter judicia1. 48 31. Lo curioso es que a través de una sentencia muy escueta que carecía de una extensa fundamentación jurídica, como la importancia del caso lo requería, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte revocaron el 20 de julio de 1869 la resolución del juez federal de distrito que había desechado, con apoyo en el citado artículo 8° de la Ley de Amparo, la demanda de amparo interpuesta por Miguel Vega en contra de una resolución judicial, y ordenó la admisión y tramitación de la propia demanda, con lo cual la propia Suprema Corte consagró la procedencia del amparo contra todas las resoluciones judiciales, iniciando así una enconada controversia tanto doctrinal como política (puesto que dicho fallo provocó un grave 47 La parte conducente del artículo 14 de la Constitución Federal de 1857. disponía: "Nadie puede ser juzgado.ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él. por el tribunal que previamente haya establecido la ley", cfr. el clásico análisis de Rabasa, Emilio. El articulo 14. Estudio Constitucional. México. 1906, reimpreso en 1955, ver supra nota 46; Fix-Zamudio, Héctor, Presente y futuro de la casación civil Q través del juicio de amparo, cit, supra nota 15. pp. 91-138. 48 El citado articulo 8° disponía categóricamente: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales".

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enfrentamiento de la Corte con el Congreso Federal), y en la cual se observan las contradicciones entre las influencias angloamericana y del derecho continental europeo.49

32. Esta oposición entre las dos tradiciones jurídicas mencionadas, es decir la angloamericana y la española, se advierte en el prolongado debate efectuado en el Congreso Federal (entonces unicameral) al analizar el proyecto de Ley de Amparo presentado ante dicho Congreso el 30 de octubre de 1868, por el Secretario de Justicia y destacado jurista mexicano Ignacio Mariscal, quien además conocía con profundidad el derecho público de los Estados Unidos. En dicho proyecto se pretendía resolver el problema de la impugnación de las resoluciones judiciales a través del amparo, al proponerse en el artículo 25 que el juicio de amparo sólo era admisible contra la sentencia definitiva de última instancia y siempre que se alegara una violación directa de la Constitución Federal.'" 33. En su defensa del citado proyecto ante el Congreso, el secretario Mariscal sostuvo en la sesión de 9 de enero de 1869, que en este aspecto, la iniciativa pretendía copiar la legislación de los Estados Unidos, y específicamente la sección 25 de la ley de 24 de septiembre de 1789, de acuerdo con la cual: "contra la decisión última que pronunciara en un negocio un lribunal de un estado, si ella afectaba la inteligencia de la Constitución Federal o contrariaba alguna disposición federal, existía un recurso extraordinario denominado writ of error, que se seguía ante la Suprema Corte Federal"." No obstante estos argumentos, la mayoría de los miembros del Congreso sostuvo la prohibición absoluta del amparo contra resoluciones judiciales, apoyándose en el argumento de que de admitirse dicha impugnación se infringiría la autonoDÚa de los estados y se sustituirían los recursos ordinarios existentes en las leyes procesales. 52 49 Un examen pormenorizado del amparo promovido por Miguel Vega puede consultarse en el estudio de Noriega Cantú, Alfonso, lA consolidacitJn del juicio de amparo (El caso del articulo 8" de la

Ley de 1869), México, Círculo de Santa Margarita. 1980. pp.

21~2.5.

so De acuerdo con los artículos 23. 24 Y 25 del citado proyecto. se propuso: "Artículo 23. Contra los actos de un tribunal de la federación no habrá recurso de amparo, sinO solamente el de responsabilidad. cuando se han agotado los demás que franqueen las leyes. Artículo 24. Sólo se podrá entablar un recurso de amparo cuando la consumación de la providencia de que se trata no pueda evitarse por alguno de los medios judiciales que las leyes autoricen. Artículo 25. Dicho recurso no tendrá lugar en ninsún litigio, sino después de pronunciada la sentencia principal que cause ejecutoria; y sólo se admitird por una de las violaciones de la Constitución a que se refiere el artículo 4° (precepto relativo a los supuestos de la procedencia del amparo de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Federal de 1857) cuando semejante violación haya ocurrido en la última instancia". Si La intervención completa del secretario de Justicia Mariscal en la sesión de 9 de enero de 1869 puede consultarse en el libro de Barragán Barragán. José, Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869. México, UNAM. 1980, pp. 256-281 Yque a su vez está tomada de la obra de Tovar, Pantaleón, Historia parlamentaria del cuarto congreso constitucional, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1874, tomo m, pp. 1007-1023. 52 El citado artículo 8" de la Ley de Amparo de 1869 fue aprobado en la mencionada sesión de 9 de enero de ese año, por 64 votos contra 44, después de apasionados debates que se prolongaron por


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34. De haberse aceptado la solución que proponía Ignacio Mariscal. se hubiese establecido un sistema similar al norteamericano. en el cual la impugnación de una sentencia pronunciada por un juez local sólo puede plantearse ante los tribunales federales, y específicamente, ante la Suprema Cone, cuando se plantea la contradicción con la ley aplicable al caso con la Carta Federal o con una ley federal, que es el sistema que han establecido los ordenamientos federales de Argentina y Brasil, por conducto del recurso extraordinario. 53 lo que hubiese evitado la excesiva centralización judicial que padecemos, pero por el contrario, al decidir el Congreso, de acuerdo con la tradición romanista, utilizar únicamente los recursos procesales ordinarios, prohibiendo el amparo, provocó la reacción de la Suprema Corte en el mencionado asunto Miguel Vega, pocos meses después, y con ello el surgimiento de una casación federal. 35. Como es bien sabido, la Constitución Federal vigente de 5 de febrero de 1917 aceptó de manera expresa la evolución anterior y estableció en sus articulas J03 y J07 los lineamientos esenciales del juicio de amparo, en particular en el segundo, que regula, en ocasiones con minuciosidad, las bases de la institución. 36. Al respecto, debe llamarse la atención de que el Constituyente de Querétaro, después de acalorados debates consagró expresamente en el artículo 14 de la Carta Federal vigente, la procedencia del amparo contra sentencias judiciales por violación de las leyes secundarias, tomando además, en cuenta, el principio de legalidad del artículo 16 constitucional," con lo cual culminó la ampliación de la esfera protectora del amparo, de manera que a partir de entonces, salvo los casos limitados que la misma Constitución y la ley reglamentaria señalan y en los cuales no procede impugnación, el juicio de amparo mexicano protege todo el orden jurídico nacional, desde los más elevados preceptos constitucionales, hasta las disposiciones de un modesto reglamento municipal, lo que explica la complejidad que ha asumido la institución en nuestros días. VI. Su AMPLITUD PROTECTORA ACTUAL 37. Si no nos quedamos en la superficie, sino que procuramos analizar la estructura procesal contemporánea del juicio de amparo mexicano, podemos varias sesiones. del 28 de diciembre hasta la fecha citada. en forma continua. Cfr. Barragán Barragán, op. ult. cit., pp. 178-272; Tovar. op. ul1. dt .. pp. 881-1023. 53 qr. entre otros Imaz. Esteban y Rey, Ricardo E., El recurso extraordi"ario. 2a. ed., actualizada por Rey, Ricardo E. y Palacio. Lino Enrique, Buenos Aires, 1%2, pp. 13-16; Pinto Ferreira, Luis, Curso dedireito constitucional, 3a. ed., tomo 11, Sáo Paulo, 1974, pp. 378-379. 383-385: Fix-Zamudio, Héctor. "Lajusticia constitucional en lberoamérica y la declaración general de inconstitucionalidad". en Revista de la Facultad de Derecho de México, septiembre-diciembre de 1979, pp. 653-654. 54 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, Presente y futuro de la casaci6n civil a (mvls del juicio de amparo mexicano, cit. supra nota 15. pp. 91-138.

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observar que el mismo abarca varios instrumentos procesales como la última instancia de los procedimientos legislativos. administrativos y judiciales del país. yen los cuales se combinan de manera complicada, las influencias de las tradiciones jurídicas que hemos mencionado. es decir. la angloamericana y la romanista. 38. En prímer lugar, es evidente que el derecho de amparo que se hace valer contra los actos de autoridad que ponen en peligro la vida, que restringen la libertad personal fuera de procedimiento judicial. o implican el menoscabo de la integridad física o moral de los gobernados en vinud de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal," sigue los lineamientos esenciales del habeas corpus de origen angloamericano (pero sin utilizar esta denominación), en cuanto puede ser interpuesto por cualquier persona en nombre del afectado, inclusive oralmente; el juez debe lograr la presentación del detenido. y a través de un procedimiento rápido, estudiar los motivos de la detención. para en su caso ordenar su libertad. ya sea de manera provisional a través de la medida precautoria denominada "suspensión del acto reclamado" o bien en la sentencia protectora" 39. Un segundo sector del amparo, que también corresponde con algunas variantes, a la influencia de la revisión judicial de los Estados Unidos, es la impugnación de las leyes constitucionales, pero que ha adoptado algunos aspectos de la tradición española. 40. En efecto. si se toma en cuenta que durante la vigencia de la Carta Federal de 1857, tanto la legislación como la jurisprudencia sólo admitieron la impugnación de las disposiciones legislativas a través de su aplicación concreta, pero no el control difuso del modelo noneamericano. es decir. que los jueces ordinarios pudiesen desaplicar las leyes inconstitucionales en un proceso concreto, pues la reclamación debía hacerse ante los tribunales federales y a través del amparo; de manera que desde entonces este sector se calificó como "amparo contra leyes" y esto a pesar de que la Carta Federal de 1857. había consagrado casi literalmente la disposición del artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos sobre

ss De acuerdo con su texto actual, el citado artículo 22 de la Constitución Federal dispone: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial. para el pago de la responsabilidad resultante de la comisión de un delito. o para el pago de impuesto o multas. ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109 (cuando los servidores públicos aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran o se conduzcan como dueños sobre ellos y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar). Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás. sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera. al parricida. al homicida con alevosía. premeditación y ventaja. al incendiario. al plagiario. al salteador de caminos. al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar". 56 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. A Brief lnlroduction lO,he Mexican Writ 01Amparo. cit.. supra nola 23, pp. 317-319.


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la supremacía constitucional, en cuanto Su artículo 126, dispuso: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso (con posterioridad a la restauración del Senado Federal en 1874, esta facultad se atribuyó a dicha Cámara), serán la ley suprema de toda la Unión. Los

jueces de cada estada se arreglarán a dic/w Constituci6n, leyes o tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados"." 41. De acuerdo con la vigente Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935, que entró en vigor el 10 de enero de 1936 (con numerosas reformas posteriores), el amparo contra leyes asume modalidades peculiares, puesto que la vía más importante es la de acción, más de acuerdo con la tradición española, es decir, que se puede interponer el amparo en un ataque frontal contra las autoridades legislativas federales (Presidente de la República y Congreso de la Unión) o de carácter local (gobernadores y legislaturas) en un procedimiento de doble instancia, la primera ante los jueces federales de Distrito y la segunda ante la Suprema Corte de Justicia, en pleno si se trata de impugnación de leyes federales, o se somete al conocimiento de las Salas, si se combaten disposiciones de carácter local (artículo 84, fracción 1, inciso a) de la Ley de Amparo). Es el proceso al legislador, de acuerdo con la terminología del ilustre procesalista italiano Francesco Carnelutti." 42. Después de una larga tradición que se inició el siglo anterior (ver supra párrafo 39), de acuerdo con la cual la jurisprudencia de la Suprema Corte consideró que sólo a través del amparo, en un principio con motivo de la aplicación y actualmente también de manera directa por la entrada en vigor de la ley, se podía impugnar su inconstitucionalidad, lo que se calificó como "monopolio del poder judicial federal sobre la decisión de la inconstitucionalidad de las leyes";" la propia Corte admitió hace años de manera implícita, que con apoyo en el articulo 133 de la Constitución Federal de 1917, muy similar al artículo 126 de la Carta de 1857, transcrito con anterioridad," se podían combatir las leyes constitucionales a través

57 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, op. u/t. cir., pp. 318-323. 58 Cfr. Camelutti, Ffancesco. "Aspeui problematíci del processo allegislatore", Rivüta di dirino processuale, Padova. 1959, pp. 10-13.

S9 Cfr. el penetrante estudio de Martínez Báez, Antonio, "El indebido monopolio del poder judicial de la Federación para conocer de la constitucionalidad de las leyes", en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, julio-septiembre de 1942, pp. 243-253. 60 El texto actual del artículo 133 establece: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución. leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". Cfr. Carpizo, Jorge, "La interpretación del artículo 133 constitucional", en su libro Estudios c011StiruGÍollales, 2a. ed .. México. La Gran Enciclopedia Mexicana, 1983. pp. 13-41.

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de la impugnación de las sentencias judiciales combatidas en amparo, en fonna

prejudicial o incidental," lo que se aproxima al sistema angloamericano de revisión judicial, pero sin admitir todavía el control difuso, a pesar del texto constitucional, y que no ha podido implantarSe debido a que los jueces locales no han cumplido con lo dispuesto por la parte final del citado artículo 133 constitucional en virtud del centralismo judicial de origen colonial (ver supra párrafo 27). 43. Pero no obstante los ingredientes romanistas del amparo contra leyes. se conserva la infiuencia original de los efectos particulares del fallo protector, que se tomaron de la revisión judicial norteamericana y que se consagraron. como es bien sabido, en el artículo 25 del Acta de Refonnas de 1847, Y con el nombre de "fórmula Otero" (ver supra párrafo 17) que todavía tiene vigencia en el articulo 107. fracción n, primer párrafo de la Constitución Federal de 1917, Y en el artículo 75, primer párrafo de la Ley de Amparo, si se toma en cuenta que según el segundo precepto: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere. en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"." 44. El tercer sector del juicio del amparo es claramente de influencia española y en cierto modo también francesa, en virtud de que implica la impugnación de todas las resoluciones judicia-pronunciadas por todos los jueces del país, tanto locales como federales, y por lo mismo configura una casación nacional, ya que se limita el examen de la legalidad del procedimiento y de las resoluciones mismas, y por lo mismo a ese sector se le ha calificado como "amparo-casación"," en la inteligencia de que si el juez del amparo otorga la protección al peticionario, la decisión implica la nulidad del procedimiento o de la sentencia que se combaten, remitiéndose el asunto al juez o tribunal que dictó el fallo para que conozca nuevamente de la causa, en cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que implica semejanzas con la regulación de la casación francesa, en la que siempre existe

61 Sobre el concepto de cuestiones prejudiciales en problemas de la ¡nconstitucionalidad de las leyes. cfr. Cilppelleui, Mauro. La pregiudiziaJita costituzionale nel processo civile, 4-68 Milano. Gíuffre, 1957, pp. 4-68.

62 La fórmula constitucional es todavía más individualista. en cuanto dispone en lo conducente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y fanoas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... 11. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare ... ". 63 Esta denominación ha sido adoptada por la doctrina extranjera, y así Baker. supra nota 18, pp. 175-196, utiliza la frase "amparo as cassation"; y Karst,lAIin American Legallnstilulions. supra nota 19. pp. 627-629. "amparo and cassation in Mexico".


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reenvío, pues en el sistema de la casación española, el Tribunal Supremo, además de anular el fallo en cuanto al fondo, dicta la nueva resolución." 45. Un cuarto instrumento encomendado al juicio de amparo mexicano es el relativo a la impugnación de los actos o resoluciones de la adntinistración activa, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, sector en el cual existen actualmente dos aspectos en el primero, debido al injerto de algunos elementos del sistema de contencioso adntinistrativo francés, se creó en el año de 1936 el Tribunal Fiscal de la Federación, entonces como un organismo de jurisdicción delegada," que adquirió plena autonomía en la ley orgánica de este tribunal expedida en 1967,66 Y debido al crecintiento de sus facultades y de su prestigio como órgano independiente, se adicionó el artículo 104, fracción 1, de la Constitución Federal, por reforma que entró en vigor en octubre de 196R, para autorizar la creación de tribunales federales de lo contencioso administrativo de plena autononúa, para dirimir controversias entre los particulares y las autoridades administrativas de la Federación y del Distrito Federal." Con apoyo en este precepto se promulgó el 28 de enero de 1971 la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y siguiendo este ejemplo se han establecido tribunales tributarios o de amplia competencia en varias entidades federativas: México (1958); Veracruz (1975); Sinaloa (1976); Sonora (1977); I1idalgo (1979); Jalisco (1984) y Guanajuato (1985)." 46. De acuerdo con esta evolución, en la actualidad cuando los actos o resoluciones de la adntinistración activa están comprendidos dentro de la competencia de los citados tribunales adntinistrativos, deben combatirse ante ellos y una vez resueltos, si el fallo es desfavorable al particular, éste puede acudir al juicio de

64 Cfr. Vega, Fernando, "El juicio de amparo y el recurso de ca!!;ación francés" publicado origmalmente en Revista de Legislación y Jurisprudencia, México. 1899. tomo I. pp. 69 Yss. Yreimpreso

en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México,julio-sepliembre de 1946. núm. 31, pp. 231·248. 65 Cfr. Carrillo Flores, Antonio, "Orígenes y desarrollo del Tribunal Fiscal de la Federación", en Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1966, tercer número ex.traordinario, pp. 17-32. 66 El anículo primero de la citada Ley Orgánica, que se reitera en el precepto del mismo número de la Ley vigente publicada el 2 de febrero de 1978. dispone: "El Tribunal Fiscal de la Federación es un tribunal administrativo. dotado de plma autollom{a para dictar sus fallos. con la organización y

atribuciones que la ley establece". 67 El segundo párrafo de la fracción 1 del artÍCulo 104 de la Constitución Federal. dispone: "Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo c01ltencioso-administratil'0 dolados de plena autOllomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversia~ que se susciten entre la administraci6n pública Federal o del Distrito Federal. y los paniculares. estahlcciendo las normas para su organizaci6n, su funcionamiento. el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones ... ". Cfr. Fix-Zamudio. Héctor./ntroducción a la justicia administrativa en el orde/lamiento mexicano. México. El Colegio Nacional, 1983. pp. 84-88. 68 Cfr, Ovalle Favela. José, "La legislaci6n mexicana reciente sobre justicia administrativa", en Gaceta lnfonnativa de Legislación y Jurisprudencia, México. UNAM. enero-abril de 1978. núm. 23. pp. 135-142.

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amparo de una sola instancia ante la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, según las reglas de competencia establecidas por los artículos 25, fracción III y 7" bis, fracción 1, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." 47. Por el contrario, si los actos administrativos no pueden impugnarse ante dichos tribunales, o bien en ciertos casos ante los jueces ordinarios, es preciso acudir de manera inmediata al juicio de amparo, que en esas condiciones funciona como un proceso de lo contencioso administrativo, en un procedimiento de doble instancia, la primera ante los jueces federales de Distrito y la segunda ante la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, según las normas de competencia de los articulos 84, fracción 1, inciso e), y 85, fracción II de la Ley de Amparo: 70 48. No obstante esta influencia del sistema francés de lo contencioso administrativo que hemos señalado, en el amparo contra actos de las autoridades o sentencias de los tribunales administrativos, se conserva la tradición norteamericana de la revisión judicial, tomando en cuenta que según el propio régimen francés, los fallos del Consejo de Estado son firmes y no pueden impugnarse ante los jueces ordinarios, pero en el amparo mexicano las sentencias de los tribunales administrativos pueden combatirse en el último grado ante los tribunales federales por conducto del juicio de amparo. En forma similar, las resoluciones de los diversos órganos administrativos con funciones de decisión de controversias (conocidos con el nombre genérico de tribuna/s), tales como Commiltees, Boards, Public Corporations, etcétera, que han proliferado en los últimos años en los ordenamientos federal y local de los Estados Unidos, son, por regla general impugnables ante los tribunales ordinarios a través de la revisión judicial. 71

69 Cfr. Fix·Zamudio. Héctor. "Reformas constitucionales al poder judicial federal", en Revista de la Facultad de Derecho de México. México. enero-marzo de 1967, núm. 65, pp. 88-123; Ortega Calderon, Jesús, "El amparo en materia administrativa", en el volumen colectivo Curso de acllializaci6n de amparo, México, UNAM. 1976. pp. 72-78; Fix-Zamudio. Héctor,/mroducci6n a la justicia administrativa. cit. supra nota 69, pp. 111·127. 70 Esta doble estructura del amparo en materia administrativa fue descrita, inclusive con anterioridad a las reConnas de 1968, que establecieron el amparo de una sola instancia contra las

sentencias de los tribunales administrativos, por el destacadoconstitucionalista mexicano Tena Ramírez, en el volumen colectivo El pensamiento jurldico de Mlxico en el derecho constitucional. México, Jus, 1961, pp. 111-132. 71 La bibliografía es muy amplia y nos limitaremos a citar algunos estudios en vía de ejemplo: Cfr. Jaffe, Louis y Nathason, Nathaniel, L.. Administralive Law. Cases and molerials, 2a. ed., Boston, 1961, pp. 778-801; Schwartz. Bemard./mroduclion lo American Administralive Law, 2a. ed., London. 1962, pp. 173-189; Gelhom, Walter; Byse. Oark y Strauss, Peter L.. Administrative Law. Cases and comments, 7a. ed" New York. Mineola. 1979. pp. 915-114; Vigoriti. Vincenzo, "Constituzione e giustizia amministrative negli, Stati Uniti d'America", en Rivista Trimestrale di Dirillo Pubblico, Milano, 1970, pp. 1201-1222.


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49. El último sector del juicio de amparo se refiere a las reglas específicas para la tramitación de las reclamaciones en las cuales intervienen los campesinos sujetos a la reforma agraria, es decir, ejidatarios, comuneros o los respectivos poblados, según se trate de la discusión de derechos individuales o colectivos. Estos lineamientos peculiares corresponden a una corriente procesal que se observa no sólo en los ordenamientos latinoamericanos, que siguiendo el ejemplo mexicano de la reforroa agraria iniciada con la Ley del 6 de enero de 1915, han creado jurisdicciones especializadas como ocurre en Bolivia (1952); Chile (1967); Perú (1969) y Venezuela (1976),72 sino también en varios países europeos, y no sólo pertenecientes al Continente, pues también se observa en Inglaterra." SO. Brevemente puede afirmarse que en esa orientación de lo que podemos calificar de "derecho procesal social agrario", se otorgan ventajas procesales a la parte débil (campesinos) frente a la que puede considerarse fuerte (autoridades y propietarios) con el objeto de lograr la igualdad real y no simplemente formal de las partes, confiriéndose facultades al juez para suplir los errores y deficiencias de la parte débil, que en general carece de asesoramiento jurídico, incluyendo también la posibilidad de aportar medios probatorios no presentados por las partes, con lo cual se pretende superar la rígida etapa del proceso civil tradicional de carácter romanista, en el cual el juez es un simple espectador del proceso y debe sujetarse al material y a la actividad de las partes. 74 SI. Estos nuevos principios que surgieron primeramente en el proceso laboral," se están imponiendo de manera paulatina en otras ramas procesales, e implican el restablecimiento del principio iura novil curia, que posee desde hace tiempo una gran trascendencia en el derecho angloamericano. 76 52. Debe advertirse que la tramitación y resolución de los conflictos derivados de la aplicación del régimen y de la reforroa agraria corresponde a las autoridades administrativas federales que dependen de la Secretaría de la Reforma Agraria, atribuyéndose la decisión de las controversias más importantes al Presidente de la República. 77 Son las resoluciones finales las que se impugnan a través del juicio de 72 Cfr. Zeledón Zeledón, Ricardo, Proceso agrario comparado en América Latina, San José, 1982. 73 Es decir los Agricultural Land Tribunals. en Inglaterra y Gales y Scottish Land Courts en Escocia, cfr. Germano, Alberto, Jl proceso agrario. Studio comparativo su! diri1to europeo occidentale. Milano. Giuffre. 1973. pp. 122-126. 74 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en el derecho mexicano". en Revista de la Facultad de Derecho de México. México, 1963, núm. 52. pp. 893-938. 75 Estos lineamientos fueron expresados en fonna muy certera por el destacado procesalista uruguayo Couture. Eduardo L., "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo" en su obra Estudios de derecho procesal civil. tomo 1, Buenos Aires, Ediar. 19948, pp. 271 Y ss. 76 Cfr. Jolowicz, J.A., "Da mihi factum dabo tibi jus: A problem of demarcation in English and French law", en el volumen colectivo Multum no Multa Fetschriftfür Karl Lipstein aus Anlass seines 70 Geburtages. Heidelberg-Krulsruhe. 1981. pp. 79-99. 77 Cfr. Chávez, Martha. El proceso social agrario y sus procedimientos, 4a. ed.. México, PotTÚa,

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amparo. con ciertas restricciones cuando la reclamación se interpone por los propietarios afectados." 53. Las reglas peculiares sólo se han establecido en beneficio de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria, y no a los propietarios cuando figuran como partes en el amparo, a los que se aplican las reglas generales. Los lineamientos específicos fueron introducidos en la reforma al articulo 107, fracción I1, de la Constirución Federal. promulgada en octubre de 1962, y se desarrollaron a través de las modificaciones de la Ley de Amparo de 3 de enero de 1963, y por su gran significación social se concentraron, de acuerdo con la reforma, a dicho ordenamiento de 20 de marzo de 1976, en un segundo libro de la propia Ley de Amparo, que antes no existía, quedando en el primer libro los lineamientos generales. 79 VII. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LAS INSlTIUCIONES SIMILARES EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA

54. Para no reiterar una información bien conocida de la doctrina, en cuanto se han elaborado varios estudios comparativos tanto de autores estadounidenses como

de otros países, pero en lengua inglesa,so nos limitaremos a señalar la combinación de influencias tanto del common law, en especial el proveniente de los Estados Unidos, como del derecho ibérico (español y portugués), que constituye el trasfondo común de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, y que han servido de base para configurar de manera paulatina los instrumentos de justicia constitucional. 55. En nuestro Continente predomina el modelo de la revisión judicial norteamericana, inclusive en aquellos países como Ecuador y Perú, los que por mucho tiempo se mantuvieron fieles a la comente francesa contraria a la propia revisión judicial, debido al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau sobre el predominio del organismo legislativo," y por ello se justifica la denominación del sistema ameri-

1983. Sobre las refonnas de diciembre de 1983 a la Ley de Reforma Agraria. cfr. Ruiz Massieu. Mario, "Refonnas y adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria"; Rodríguez Barrera, Rafael, "Las modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria", ambos trabajos en el volumen colectivo Derecho federal mexicano. Legislación refonnada 1983. México. Miguel Angel PoITÚa. 191W. tomo l. pp. 193-207,211-225, respectivamente. 78 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. "El juicio de amparo en materia agraria". en el volumen colectivo Memoria del VIl! Congreso Mexicano de Derecho Procesal, México. Talleres Gráficos de la Secretaría de la Reforma Agraria, 1979-1980. pp. 219-239. 79 Cfr. Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, cit. supra nota 13. pp. 875-970. 80 Cfr. los trabajos de Eder. supra nota 17; Rosenn. supra nota 19. 81 De acuerdo con la parte final del artículo 138 de la Constitución ecuatoriana vigente de 15 de enero de 1978, "la corte Suprema --en los casos particulares en los que avocare conocimientodeclarará inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución. Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas materia de su pronunciamiento". Por lo que se refiere al


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cano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. tomall(h) en cuenta que también Canadá sigue los lineamientos esenciales de este sisterna. IH 56. Pero la tradición hispánica, como hemos señalado respecto del ordenamiento mexicano, ha matizado el modelo angloamericano, y uno de los aspectos en los que ha influido dicha tradición (que en cierto modo es similar a la portuguesa por lo que se refiere al ordenamiento brasileño), es en el de la creación de instrumentos protectores de los derechos humanos similares al juicio de amparo mexicano, inclusive con este nombre tomado del derecho colonial, como ha ocurrido con los ordenamientos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, tomando en consideración que tarlto Chile como Ecuador lo consagraron en alguna época s3 A los anteriores debemos agregar tanto el mandado de seguranro brasilello, que algunos autores han traducido al español como "mandamiento de amparo", por su similitud con esta instituciÓn.84 así como el reciente "recurso de protección" incorporado al artículo 20 de la Constitución chilena aprobada en plebiscito de septiembre de

1980." ordenamiento peruano, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 se introdujo la desaplicación de las leyes inconstitucionales por decisión de los tribunales, lo que se confirma en el articulo 236 de la Constitución vigente de julio de 1979, en la cual se disJXlne: "En caso de incompatibilidad entre una nonna constitucional y una legal ordinaria. el Juez prefiere la primera. Igualmente prefiere la nonna legal sobre todó. otra norma subaltema". 82 Cfr. Cappelleui, Mauro, JI controllo giudiziairo di costituzionalita delfe leggi /UI diriuo compara/o, 3a. ristampa, Milano, Giuffre, 1972; id., Judicial Review ill the Collfempora/}' World, Indianapolis (Kansas City) New York, 1971. 83 El amparo chileno que sólo protegía la libertad personal y por lo tanto era un equi valentt: del /U;¡beas corpu~', estaba regulado por el artículo 25 de la Constitución de 1925, y fue sustituido por el llamado "recurso de protección" establecido por el artículo 2" del Acta Constitucional Núm. 3, de 13 de septiembre de 1980. Por lo que se refiere al amparo ecuatoriano, sólo tuvo consagraLión en el artículo 28, inciso 15. de la Constitución de 1967, suspendida porlos golpes de Estado de 1970 y 1971, Y ahora sustituida por la Carta de 1978, que no consagra al amparo. Fix-Zamudio, Héctor, The WrÍf of Amparo en Latín America, cit. supra nota 3, pp. 367, 379-380. 84 El tratadista español Fraga hibarne, Manuel. traduce mandado de ugurallfa como "mandamiento de amparo" en su versión caSlCllana de la Constitución Federal de 1946. que se contiene en la obra de Cavalcanti, T. B., Las constituciones del Brasil, Madrid, Centro de Cultura llistórica, 1958, pp. 685-686; Ytambiélllos autores argentinos califican a la institución bras.ileña como "amparo", cfr. Lazzarini. José Luis, El juicio de amparo, Buenos Aires, La Ley, 1967, pp. 53-64; Y Sánchez Viamonte. Có.rlos. Juicio de amparo, Buenos Aires, Omeba. 1963, pp. 43~47. 85 El citado artículo 20 dispone: "El que por causa de actos u omisiones arhitrarias o ilegales sufra plivacióll, perturbación o amenaza en el legftimo ejercicio de los dercrhos y garamías estableCIdos, en el artículo 19, números 1" (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona); 2" (Igualdad ante la ley); 3.... inciso cuarto (prohibición de juzgamiento por comisiones especiales); 4° (respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia); S" (inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada); (libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio lihre de todos los cultos); cr inciso final (libre elección del sistema de salud); 11" (derecho de abrir, organizar y mantenerestabiecimientos educacionales); 12" (libertad de emitir opinión y de informar); 13" (derecho de reunión pacífica y sin armas); 15" (derecho de asociación sin permiso previo); 16", en lo relativo a la lihertad de trabajo y al derecho a su lihre

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57. Por otra parte, existe la tendencia a extender el ámbito del derecho de amparo a otras legislaciones latinoamericanas que todavfa no lo consagran, cuando menos de aquellos que han suscrito la Convención Internacional Americana de los Derechos del Hombre, expedida en San José Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, cuyo articulo 25 dispone en su parte conducente: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare (según el texto oficial en espafiol) contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Este precepto, como su antecedente, el artfculo XVIIJ, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expedida en Bogotá en mayo de 1948, fueron elaborados a proposición de las respectivas delegaciones mexicanas, las que tuvieron como modelo a nuestro juicio de amparo." 58. A lo anterior debe agregarse el recurso de amparo introducido en Espafia también por influencia mexicana, en la Carta Republicana de 9 de diciembre de 1931, y los articulas 44-53 de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933; y restablecido en los articulos 53.2, 161.1 Y 162.1 de la Constitución que entró en vigor el 29 de diciembre de 1948, y reglamentados por el tilUlo IlI, articulos 41 a 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional promulgada el 3 de octubre de 1979'7 elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto (sólo puede prohibirse lIn trabajo cuando se oponga a la mora, a la seguridad o a la salubridad públicas, o el interés nacional); 19" (derecho de sindicalizaci6n); 21° (derecho a desarrollar cualquier actividad económica); 22° (derecho de no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica); 23° (derecho de adquirir dominio de toda clase de bienes); 24° (el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales); y 25 (derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas); podrá acudir por sí por cualquiera en su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.--Procederá también, el recurso de protección en el caso del inciso octavo del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada". Este precepto fue reglamentado en cuanto a su procedimiento por el Auto Acordado de la Suprema Corte de Justicia de 29 de marzo de 1977. Cfr. el documento libro del tratadista chileno Soto KIoss, Eduardo, El reCllrso de protecci6n. Orlgenes, doctrina y jurisprudencia, Sanúago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1982. 86 Cfr. Femández del Castillo, Germán, "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", en el volumen M¿xico en la IX Conferencia lntenu:u:ionaJ Americana, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1948, pp. 149-166. 87 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. "El derecho de ampaM en México y en España. Su influencia recíproca", en Revista de Estudios PoUticos, Madrid, enero-febrero de 1979, pp. 227-267, trad. italiana cil. supra nota 3, AlcalÁ-Zamora y Castillo, Niceto, "Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales", en su obra Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitudonal, Buenos Aires, Revista de Jurisprudencia Argentina. 1944, pp. 524-526; Reyes, Rodolfo, lA defensa constitucional, 0

ELJUICIO DE AMPARO MEXICANO

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S9. Con independencia de los matices que existen entre todas estas instituciones similares al amparo mexicano, pues éste ha influido en su creación de manera directa o indirecta, podemos señalar que en términos generales coinciden con el ordenamiento mexicano en cuanto configuran un procedimiento sencillo y breve dirigido a la protección de los derechos de la persona humana consagrados en las Constituciones respectivas, pero en cambio difieren, por una parte, en cuanto la libertad personal está tutelada de manera independiente, aun cuando forme parte del mismo ordenamiento procesal, a través del habeas corpus, si se toma en cuenta que en la Carta española de 1931 comprendía dentro del amparo la tutela de la propia libertad personal, pero la Constitución de 1978 ha separado ambas instituciones. 8s 60. Otro aspecto esencial que establece una clara distinción entre el amparo mexicano y los mencionados instrumentos semejantes, es la amplitud de la institución mexicana. en la cual como se ha dicho anteriormente (ver supla párrafos 37-49), se protege todo el ordenamiento jurídico nacional, comprendiendo tanto las disposiciones constitucionales como las de carácter ordinario y aun de naturaleza reglamentaria, particularmente a través de la impugnación de las resoluciones judiciales de todos los jueces del país, si tomamos en consideración que sólo por excepción, o cuando se invocan violaciones constitucionales directas, en el derecho latinoamericano y español, se pueden impugnar resoluciones judiciales por conducto del recurso, acción o juicio de amparo, mandado de seguran,a o recurso de protección, y por la otra, salvo algunos ordenamientos centroamericanos, que por su proximidad con el derecho mexicano admiten el amparo contra leyes (Guatemala, Honduras y Nicaragua),89 existen instrumentos específicos para la impugnación de las leyes inconstitucionales, generalmente calificados como recurso o acción de inconstitucionalidad. 90

Madrid, Espasa Calpe, 1934; García Ruiz. José Luis, El recurso de amparo en el derecho espaflol.

Madrid, Editora Nacional. 1980. 88 En efecto. el inciso 4 del artículo 17 de la citada Constitución española establece: "La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposici6n judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asinúsmo por ley se detenninará el plazo máximo de duración de la prisión provisional". cfr. Fairén Guillén. Víctor, "La defensa procesal de la libertad y dignidad personales en una futura Constitución española: el proceso cautelar de manifestación", y "Comentarios a la Constituci6n de 1978; el habeas corpus del artículo 17-4 y la manifestación de las personas". ambos trabajos publicados en Revista de Administraci6n Pública. Madrid, mayo-agosto de 1977. y enero-abril de 1979, pp. 9-57 Y7-54. respectivamente. 89 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "El juicio de amparo latinoamericano", en el volumen colectivo Estudios jur(dicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado, México. POITÚa, 1982. pp. 212-217. 90 Podemos señalar como ejemplo a la acci6n popular de inconstitucionalidad que está regulada por los ordenanúentos constitucionales de Colombia. Venezuela, Panamá y El Salvador. de acuerdo con los cuales cualquier persona, aun cuando no sea afectada, puede acudir a la suprema corte respectiva para solicitar la declaraci6n de ¡nconstitucionalidad de las disposiciones legales que estime contrarias a la carta fundamental. declaraci6n que tiene efectos generales. Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, La protecci6n

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61. Finalmente es preciso destacar otro sector en el cual el desarrollo del amparo mexicano ha establecido una situación peculiar, que lo distingue tanto de los citados

instrumentos similares. como del sistema de la revisión judicial angloamericana. en cuanto a su aplicación al régimen federal, si tomarnos en consideración que

mientras en los ordenamientos constitucionales federales que subsisten en Latinoamérica (con excepción de Venezuela que unificó hace relativamente poco tiempo su organismo judicial);91 es decir Argentina y Brasil, conservan su doble sistema de jurisdicción: federal y de las entidades federativas, y por este motivo como lo

señalamos anteriormente. para poder impugnar una sentencia pronunciada por un tribunal local ante los tribunales federales, a través del recur,-o extraordinario (ver supra párrafo 34), es preciso que se plantee una contradicción entre el ordenamiento local aplicable y la Constitución federal o una ley federal, con lo cual se conserva la autonomía de ambos organismos judiciales paralelos. 62. Por el contrario, el juicio de amparo mexicano, debido a la influencia del centralismo judicial, procede contra las sentencias de todos los jueces del país (ver supra párrafos 29-31), con lo que se ha producido la inoperancia del doble sistema de jurisdicción, que en la actualidad se ha unificado de hecho, aun cuando nuestra Constitución Federal mantenga teóricamente la autonomía de las dos esferas de jurisdicción, puesto que los tribunales locales quedan subordinados a los federales, debido a que sus fallos son impugnados ante estos últimos por conducto del amparo, que realiza las funciones de una casación nacional, con la circunstancia de que los citados tribunales locales no conservan su propia interpretación de las leyes locales, según lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal reformado en 1968, en el sentido de que la jurisprudencia de los tribunales federales es obligatoria no sólo respecto de la Constitución, leyes federales y tratados como se disponía con anterioriaad a esta reforma, sino también respecto de las leyes locales, con lo cual la unificación de la jurisdicción nacional ha quedado consumada." 63. Con lo anterior, el sistema judicial mexicano se aproxima al de los regímenes de la República Federal de Alemania y de Austria, en lo cuales los tribunales inferiores son organizados por las entidades federativas, pero sus decisiones son impugnables ante los tribunales federales, que son los de rango superior," sin que

procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, cil. supra nota 8, pp. 136-144. 91 Cfr. La Roche, Humberto, InsTituciones cOflStiTuciona/es tkl EsTado Venezolano. 9a. ed., Maracaibo, 1984, pp. 259-293. 92 De acuerdo con la parte conducente del artÍCulo 94 de la Constitución Federal. párrafo quinto. se establt'ce: "La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del poder judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución. leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. así como los requisitos para su interJUpci6n y modificación". Este precepto está reglamentado por los artículos 192 a 197 de la Ley de Amparo y 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. 93 Cfr. Maunz. Theodor, DeutscMS Staatsrecht, 25a. ed.• MUnchen. C. H. Beck. 1983, pp. 303-330;


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lo anterior signifique que se recibió la influencia de estos ordenamientos europeos. sino el peso de la tradición centralista del régimen español colonial. VIII. NECESIDAD DE ACTIJALIZAR EL AMPARO MEXICANO

64. Estamos de acuerdo con la aseveración de los comparatistas. en el sentido de que los sistemas de justicia constitucional tanto el calificado como "americano" por predominar en nuestro Continente. como el "austríaco". que impera en Europa Continental, se están aproximando de manera inevitable.94 y esto que lo hemos observado en la evolución y desarrollo del juicio de amparo mexicano, el que. como lo hemos sostenido, se encuentra en un punto de confluencia entre las corrientes angloamericanas y continental europea, y se vigoriza todavía más esta relación con estos dos sistemas, en los planteamientos que ha señalado la doctrina mexicana contemporánea para actualizar nuestro juicio de amparo, a fin de que cumpla satisfactoriamente sus funciones de tutela de los derechos humanos y de la constitucionalidad de las leyes, que se le encomendaron en sus orígenes. 65. Son tres los aspectos que podemos contemplar, para centrar nuestras reflexiones sobre la problemática de mayor trascendencia: en primer término darle efectividad a la protección del juicio respecto de los derechos fundamentales que nuestra Constitución Federal otorga tanto a las personas individuales como a las colectivas; en segundo término es preciso establecer, así sea de manera paulatina, el principio de la declaración general de inconstitucionalidad, superando la llamada "fórmula Otero" y finalmente restringir la competencia de la Suprema Cone de Justicia a las controversias sobre cuestiones estrictamente constitucionales. en

virtud de que en la actualidad nuestro más alto tribunal de la República está dedicado de manera preferente a conocer de la legalidad de resoluciones judiciales, es decir funciona predominantemente como tribunal de casación.

66. Por lo que respecta a la eficacia de la esfera protectora del juicio de amparo mexicano en relación con los derechos humanos, ya hemos sostenido con anterioridad (ver supra párrafo 26) que la función para la cual surgió el juicio de amparo fue la relativa a la tutela de las "garantías individuales", pero esta protección ha disminuido notablemente su fuerza debido a que a través del propio amparo se plantean cuestiones sobre la legalidad de las resoluciones judiciales y de los actos administrativos, las que abruman a los tribunales federales y les impiden conocer y resolver con rapidez las controversias relativas a los derechos fundamentales, por

Hesse, Konrad. Grunzllge des Verfassungsrechts da Bundesrepublik Deurachland, 9a. ed.. HeidelbergKarlsruhe. C.F. MOller. 1976. pp. 221-226. 94 Cf,.. Cappelletti, Mauro, Judicial Review in ,he Contemporary World, cit. supra nota 84. pp. 97-tOO.

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lo que ya a principios de este siglo, el notable jurista mexicano Emilio Rabasa la calificó como la "imposible tarea de la Corte"." 67. Por otra parte, tomando como modelo a la reforma judicial de los Estados Unidos promulgada en 1891, que creó los tribunales de circuito de apelación (The United Slales (Circuit! Courls oJ Appeals),% se introdujeron en las refonnas del año de 1951 los Tribunales Colegiados de Circuito, para aliviar a la Suprema Corte del gran rezago que entonces había llegado a un nivel angustioso, y las refonnas de 1968, ampliaron la competencia de dichos tribunales, confiriéndose a la Suprema Corte el conocimiento de los juicios de amparo de mayor trascendencia económica, jurídica y social." 68. Se ha mejorado la situación a partir de 1968 y las reformas subsecuentes por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia, pero la situación dista mucho de ser satisfactoria si se toma en cuenta que en el periodo de primero de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1984, tanto el pleno comO las salas (cuatro numerarias y una auxiliar), de la Suprema Corte resolvieron 5,476 asuntos en su gran mayoría juicios de amparo, con una existencia para el año de 1985, con 4,290 negocios, en tanto los tribunales colegiados (actualmente son 28, integrados por tres magistrados y distribuidos en 16 circuitos), pronunciaron en ese mismo periodo 34,764 resoluciones de amparo y les quedan pendientes 19,892 al iniciar el año de 1985; los juzgados de distrito (unitarios), ascienden a 110 en toda la República y decidieron 127,530 asuntos de amparo, con un remanente de 16,587 negocios al comenzar 1985, todo ello sin perjuicio de la competencia ordinaria federal de los últimos para conocer de las materias civil y penal." 69. Para superar esta complicada situación se han sugerido varias medidas, además de la más simple, que consiste en el incremento en el número de los jueces de distrito y magistrados de circuito." Entre las propuestas para agilizar el trámite de los juicios de amparo en los cuales se solicite la protección para la tutela directa de los derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, destaca la que pide la adopción de una regla preferencial para aquellos juicios de amparo en los cuales se impugnen actos que pongan en peligro la vida, detenciones sin

9S Cfr. Rabasa. Emilio, El articulo 14. Estudio constitucional, México. 1906; reimpresión conjuntamente con su obra Eljuicio constitucional, México. Porrúa. 1955, pp. 103-110. 96 Cfr. Swisher. Carl Brent, American Constitutional Developnumt. trad. castellana de Hugo

Charny. El desarrollo constitucional de los Estados Unidos. Buenos Aires. Editorial Bibliográfica Argentina. 1958. tomo I. pp. 417-438. 97 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "México: el organismo judicial (1950-1975)", en el volumen colecüvL Evolución de la organización polftico-constitucional en Amirica LAtina, México, UNAM, tomo I, 1978, pp. 18·23. 98 Cfr. Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal en Pleno, México. 1984. tomo I. sección estadística. 99 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evoluci6n y reformas de 1977 a 1982, México, Suprema Corte de Justicia. 1983, pp. 473-547.


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orden de aprehensión, deportación o destierro y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (ver supra párrafo 38), puesto que tienen similitud con el habeas corpus; y también respecto de aquellos otros que afecten los restantes derechos humanos de carácter constitucional, todo ello en forma similar a 10 dispuesto por el artículo 17 de la Ley brasileña Número 1,533 de 1951, el cual dispone que los procesos de nulndado de seguran,a tienen preferencia sobre todos los actos judiciales, con excepción dellwbeas corpus. 100 70. Es cierto que la Ley de Amparo regula un procedimiento de urgencia tratándose de la interposición del amparo contra actos que afecten la vida y la libertad fuera de procedimiento judicial, puesto que la demanda puede presentarse por cualquier persona por escrito, oral o telegráficamente (artículos 17-18 de la Ley de Amparo), ante una autoridad judicial local cuando no resida en el lugar en que se ejecutan los actos, un juez federal de distrito (artículos 38-40), y la citada demanda debe ser admitida a cualquier hora del día O de la noche, horas que también son hábiles para tramitar la medida precautoria que se conoce como "suspensión de los actos reclamados" (artículo 23). Pero como no existen tumos especiales, con exclusión del trámite de la suspensión, los citados jueces de distrito deben resolver al mismo tiempo numerosos juicios de amparo en los cuales se reclaman violaciones de leyes ordinarias, por lo que no pueden respetar los breves plazos legales en esta materia similar al habeas corpus, que por otra parte, teóricamente también son más breves respecto de los restantes tipos de amparo (artículos 145-157).101 71. Una segunda propuesta de actualización del derecho de amparo y que cada vez adquiere más adeptos entre los tratadistas mexicanos. no obstante que ha

producido una apasionada polémica, se refiere a la declaración general de inconstitucionalidad cuando se conceda el amparo contra leyes contrarias a la Constitución Federal, lo que implica la supresión de la llamada "fórmula Otero" (ver supra párrafo 43), la cual ya cumplió su destino histórico. lO¡ Se propone, por tanto, incorporar a nuestro ordenamiento una institución que a primera vista es contraria al sistema de revisión judicial angloamericana, la que implica los efectos particu-

100 El citadQ artículo establece: "Los procesos de mandado de seguran~a tendrán prioridad sobre todos los actos judiciales con excepción del habeas corpus. En la instancia superior deberán reSolverse en la primera sesión que sigue a la fecha en que hecha la distribución, fueron concluidos por el juez relator. Parágrafo único. El plazo para la conclusión no podrá exceder de veinticuatro horas contadas a partir de la distribución". 101 Cfr. Fix.-Zamudio, Héctor, "El problema de la lentitud de los procesos y su solución en el ordenamiento mexicano", en Revista de la Facultad de Derecho de México, México, enero-junio de 1971, núms. 81-82, pp. 96-101. 102 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La declaración general de inconstitudonalidad y el juicio de amparo", en Bolet(n Mexicano de Derecho Comparado, México, enero-agosto de 1971. núms. 10-11, pp. 53-98, Headrick. William Cecil, "El control judicial de las leyes". en Revista de la Facultad de Derecho de Mlxico. México, abril-julio de 1966, núm. 62. pp. 463-467; Castro, Juventino V., Hacia el amparo evolucionado. cit. supra nota 12, pp. 33~48.

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lares del fallo respectivo; es decir, la desaplicación de la disposición legal combatida,lO) pero en realidad, al menos por lo que se refiere a las resoluciones de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, sólo en apariencia tienen efectos particulares para el caso concreto en el cual se dictó la resolución y únicamente para las partes, pues lo cierto es que debido al principio de stare decisis y del prestigio moral de la propia Corte, ninguna autoridad judicial o administrativa se atreve aplicar el ordenamiento que dicha Corte ha declarado inconstitu cionalidad,l04 72. También existen ejemplos de ordenamientos latinoamericanos en los cuales se ha implantado el principio de la declaración general de inconstitucionalidad, como ocurre con la llamada acción popular de inconstitucionalidad en los ordenamientos constitucionales de Colombia (Constitución de 1886, articulo 214); Venezuela (Constitución de 1961, articulo 215); El Salvador (Carta de 1983, articulo 203), pero también deben tomarse en cuenta los ordenamientos de Costa Rica (Código de procedimientos civiles de 1937, articulos 962-969), así como las Cartas fundamentales de algunas provincias argentinas. En todos estos ordenamientos se confiere a la Suprema Corte la facultad de hacer la declaración general respectiva. lOS 73. A las anteriores deben agregarse los tribunales especializados que se han establecido, por influencia del derecho de Europa Continental en Latinoamérica, tales como la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965); el Tribunal Constitucional de Chile (1970 y 1980); y el Tribunal de Garantías Constitucionales de Perú (1980).1()6 74. Son dos los principales argumentos que sirven de apoyo a la propuesta de la declaración general en el ordenamiento mexicano, en primer lugar que el sistema 103 Cfr. Cappelletti. Mauro, Judicial Review... , cil., supra nota 84. pp. 85-88.

104 Claro que esta regla no es absoluta y existen algunos casos en los cuales se produce resistencia por parte de los tribunales federales o locales o de las autoridades administrativas para cumplir las decisiones de la Suprema Corte. o bien se interpretan de manera distinta. pero estas situaciones son excepcionales, Cfr. Abraham, Henry l .. The Judicial Process. 3a. ed .. New York, Oxford University

Press, 1977, pp. 223-230, 337-339. 105 Cfr. Fix-Zarnudio, Héctor, "La justicia constitucional en Iberoamérica y la declaración general de inconstitucionalidad", en Revista dI! la Facultad de Derecho de México, México, septiembre-diciembre de 1979, núm. 111, pp. 641-694. En el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional (Derecho y realidad constitucional en América Latina), efectuado en la ciudad de México durante los días 25 a 30 de agosto de 1975, se aprobó la siguiente recomendación: "En la realización del control de la constitucionalidad de las leyes, los tribunales latinoamericanos deben superar el principio adoptado por razones históricas de la desaplicación concreta de la ley, para consignar el de la declaración general de inconstitucionalidad tomando en cuenta las particularidades y experiencias de cada régimen jurídico, con el objeto de darle verdadera eficacia práctica", en el volumen colectivo Función del poder judicial tm los sistemas constitucionales lalinoamericanos, México, UNAM. 1977, p. 202. :06 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, lA protección procesal de los derechos humanos, cit. supra nota 8, pp. 221-232.


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de desaplicación concreta viola el principio esencial del Estado democrático de

derecho. de la igualdad de los gobernados ante la ley, en cuanto a que algunos de e!los han contado con asesoramiento jurídico, puesto que normalmente tienen mayores recursos económicos, y no están obligados a cumplir con los mandatos de una ley inconstitucional, en tanto que los que no han obtenido la

protección, que generalmente son los más numerosos, deben obedecerla; y en segundo lugar. no resulta eficaz el examen. caso por caso, de los numerosos juicios de amparo que se presentan en la actualidad, en especial tratándose de disposiciones fiscales. lo que además agrava el rezago crónico de los tribunales federales. \07 75. Existen otros problemas que dificultan la implantación de la declaración general de inconstitucionalidad, tales como los efectos retroactivos o s610 para el futuro (ex tune o ex nune) de la sentencia respectiva, tomando en consideración que en teoría, el sistema americano ha adoptado el primero y el austríaco el 'segundo, pero como lo ha puesto de relieve un reciente estudio del notable jurista norteamericano J. A. C. Grant, en las dos categorías mencionadas se ha llegado a soluciones intennedias que los aproximan de manera considerahle. l '" 76. Mas complicada es la cuestión relativa al procedimiento práctico para modificar una tradición de más de un siglo de la "fórmula Otero", pero consideramos que pueden proponerse algunas alternativas, la primera de las cuales consistiría en darle efectos generales sólo al criterio de los tribunales federales que se hubiese reiterado en cinco ocasiones. con el voto favorable de catorce magistrados

en el pleno, cuatro en las salas de la Suprema Corte, y de los tres magistrados de los tribunales colegiados, de acuerdo con los requisitos que se exigen para la formación de lajurisprudencia obligatoria, que es un sistema peculiar del derecho mexicano, paralelo al stare decisis (artículo 192-194 de la Ley de Amparo). Una vez establecido este principio, de manera paulatina se puede reducir el número de fallos, por ejemplo de tres l '" para aproximarse al verdadero stare decisis, de manera que se llegue a la obligatoriedad de un solo fallo que declare la inconstitucionalidad de una ley. 77. Otra posibilidad consiste en otorgar imperatividad al primer fallo de los tribunales federales pero adoptando medidas de prudencia para evitar enfrentamientos con el órgano legislativo, y para ello pueden servir de ejemplo las soluciones que se han establecido en los ordenamientos constitucionales de Yu-

107 Véanse los autores y estudios mencionados en la nota 104 de este trabajo. 108 Cfr. Grant, J. A. c., "The Legal Effect of Ruling that a Statute is Unconstitutional", Derroif College of lAw Review, verano de 1978, pp. 201-239. 109 Así, en el artículo 138 de la Constitución de la Provincia Argentina de Río Negro, se dispone que cuando el Tribunal Superior declare por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma legislativa, el mismo Tribunal puede suspender su vigencia, y por tanto la citada disposición ya no puede aplicarse en cuanto es publicada la resolución respectiva. Cf,.. Fix-Zamudio, Héctor. La. justicia cOlutifuciollal en lberoamérica, cit. supra nota 107, pp. 657-658.

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goeslavia (1963 Y 1974) Y de Perú (1980), en los cuales la sentencia del Tribunal Federal Constitucional en el primer caso, o del Tribunal de Garantías Constitucionales en el segundo, se comunica al órgano legislativo para que sustituya el ordenamiento inconstitucional, y si no lo hace en determinado plazo, el respectivo tribunal publica el fallo, que produce efectos generales, 110 78. Finalmente, el tercer aspecto esencial de actualización se refiere a la reducción de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de México, la cual se ha disminuido paulatinamente en las reformas de 1951, 1968 y 1983, que trasladaron hacia los tribunales colegiados de circuito numerosos juicios de amparo que anterionnente debía resolver la propia Corte. 79. Un aspecto importante de las citadas reformas de 1968 a la legislación de amparo fue la introducción de un principio de competencia discrecional para la Segunda Sala de la Suprema Corte, tratándose de juicios de amparo de una o dos instancias, en virtud de que, dicha Sala debe conocer imperativamente de los propios juicios soJicitados contra actos de autoridades o sentencias de tribunales administrativos federales, cuando la cuantía de los mismos sea superior a cuarenta veces el salario mínimo anual en el Distrito Federal; pero discrecionalmente puede avocarse a la decisión de aquellos que, con independencia de su cuantía sean considerados por la citada Sala de la Suprema Corte de: "importancia trascendente para el interés nacional" (artículos 84, fracción 1, inciso d) de la Ley de Aparo, y 25, fracción 1, inciso D) y fracción IlI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 80. A nuestro modo de ver, esta competencia discrecional, si bien muy limitada, introduce una institución similar al eertiarari, ante la Suprema Corte Federal de 110 En efecto. de acuerdo con el artículo 384 de la Constitución Federal yugoslava vigente, de 1974, y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal (pero exislen similares disposiciones en las legislaciones de las Repúblicas Federadas respecto de los efectos de la.~ sentencias de los tribunales constitucionales locales), la resolución del Tribunal Constitucional Federal que declara la inconstitucionalidad de una ley de la Asamblea Federal, se comunica a la Asamblea de la cual emanó el ordenamiento respectivo para que dicho órgano legislativo armonice los preceptos inconstitucionales con la Ley Suprema Federal, pero en el supuesto de que en seis meses no se cumpla con esta obligación. dicho Tribunal está facultado para declarar la invalidez de las disposiciones correspondientes. Cfr. Vigorini, Vincenzo. "La giurisdizione constituzionale in Jugoslavia", en Rivista Irimestrale di diritto e procedura civile. Milano, marzo de f966, pp. 307-309. Por lo que se refiere al ordenamiento peruano, de acuerdo con los artículos 301 de la Constitución de 1979 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales promulgada el 19 de mayo de 1982, dicho Tribunal comunica al Presidente del Congreso la sentencia de ¡nconstitucionalidad de nonnas emanadas del Poder legislativo con el objeto de que el propio Congreso, tomando en cuenta dicho fallo, apruebe una ley que derogue la nonna inconstitucional, pero si transcurridos cuarenta y cinco días naturales sin que se hubiese promulgado la derogatoria, se entiende derogada la norma inconstitucional y el Tribunal ordena publicar la sentencia en el diario oficial. Cfr. Power Manchego-Muñoz, Jorge, "El Tribunal de Garantías Constitucionales en el Perú", en la obra editada por el Ministerio de Justicia, Ley Orgdnica del Tribunal de Garantlas ConstilucionaJes. Ley de Habeas Corpus, Lima, s. f., pp. 117-140. Corso Masías, Alfredo. El Tribunal de Garan/fas Constitucionales. Promuario, Arequipa, Perú, Edigraf, S.f., pp. 137-147.


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los Estados Unidos, que ha permitido a dicho Alto Tribunal conocer un número

razonable de asuntos, con independencia de su competencia ohligatoria, que también es reducida. 111 81. Un sector importante de la doctrina mexicana ha propuesto, a nuestro modo de ver con acierto, que se amplíe dicha competencia discrecional hasta hacerla semejante al propio ceniorari, de manera que la Suprema Corte pudiera detenni-

nar discrecionalmente su competencia respecto de todos los juicios de amparo y de todas las materias y sectores, con exclusión de algunas hipótesis en las que

sea clara la matcria directamente constitucional de las controversias, como es la relativa a los amparos contra leyes en los cuales la competencia debe ser obligatoria. 112 82. De acuerdo con esta tendencia, en las refonnas promulgadas en diciembre de 1983 a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, artículos 24, fracci6n XIV; 26, fracción XII y 27, fracción X, se ampliaron las facultades de las salas penal,

civil y laboral de la Suprema Corte, de manera que cuando dichas salas consideren que un amparo promovido ante ellas carece de importancia y de trascendencia sociales, podrán discrecionalmente enviarlos a los tribunales colegiados de circuito que correspondan, para su resolución, y a la inversa, cuando las propias salas

estimen que un amparo del cual conozca un tribunal colegiado de circuito, por su especial entidad, deba ser resuelto por ellas, le ordenarán a dicho tribunal que les

remita dicho asunto, para el efecto indicado. En ambos supuestos las salas procederán únicamente de oficio o a petición del Procurador General de la República.!!J 83. Con lo anterior nuestra Suprema Corte ha evolucionado hacia la posibilidad

futura de abandonar su función muy importante pero no esencial, de tribunal de casación, que pasaría a los tribunales colegiados de circuito, para transformarse en un verdadero tribunal constitucional, como de hecho ha ocurrido cnn la Suprema Corte Federal de los Estados, ya que precisamente por la competencia discrecional de esta última, un porcentaje muy elevado de los asuntos que resuelve, implican la interpretación directa de disposiciones de carácter constitucional; !!4 observándose

111 Entre muchos otros, Abraham. Henry J., lhe Judicial Process, cit. supra nota 106. pp, 169-242; Cume, David P., Federal Jurísdictioll, Saiht Paul. Minn., West Publishing. 1976. pp. 45-89. 112 Cfr. Carrillo Flores, Antonio, "Reflexiones con motivo del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia", en su libro lA Constitución, la Suprema Corte y los derechos humallos. México, Pomía. 1981, pp. 171-174. 1I3 Cfr. Fix-Zamudio, Béctor, "Breves reflexiones sobre algunos aspectos de las reformas a la Ley de Amparo", en el volumen colectivo, La re[ol7l/ajurldica de 1983 en la admilli.~lracióll de justicia. México, Procuraduría General de la República. 1984. pp. 181-197; id., "Algunas consideraciones sobre las recientes refonnas a la Ley de Amparo", en la obra Derecho federal mexicallo. Méx.ico. Miguel Angel Poma, 1984, tomo 1, pp. 403-423. 114 C/r. Kauper, Paul B., "The Supreme Court; Hybrid Organ of State". en Soulh\'\'e.5lel7l La\'\' Joumal. DalIas, Texas. otono de 1967, pp. 573-590.

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también aquí y una vez más. el acercamiento entre los dos grandes sistemas de justicia constitucional. el americano y el austríaco. IX. CONCLUSIONES

84. De las breves reflexiones anteriores. podemos establecer las siguientes conclusiones: 85. Primera. Para un fructífero análisis del derecho de amparo mexicano es preciso utilizar el método jurídico comparativo y destacar las relaciones que existen entre esta materia y el derecho constitucional comparado. así como la vinculación de este estudio con la justicia constitucional comparada. específicamente con el sector calificado como jurisdicción constitucional de la libertad. que se ocupa del examen de los instrumentos. predominantemente procesales. que se han establecido en los diversos ordenamientos para la tutela jurídica de los derechos humanos consagrados constitucionalmente. pues como lo han señalado reiteradamente los comparatistas. sólo se puede comprender de manera profunda una institución nacional cuando se examina contrastándola con otras similares en otroS sistemas normativos.

86. Segunda. El juicio de amparo mexicano se fOIjÓ en el encuentro de dos grandes corrientes jurídicas. es decir. la angloamericana o del comnwn law, en especial a través del derecho público norteamericano, y de la familia romanista o continental europea, que se manifestó a través de la tradición española. Es decir, los creadores de nuestra máxima institución procesal se inspiraron en el modelo de la revisión judicial de los Estados Unidos, divulgada por el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América del Norte, pero el producto de este "trasplante legal", asumió características propias al fructificar en una tradición jurídica hispánica, perteneciente al derecho romano canónico. 87. Tercera. Precisamente por la confluencia de estos grandes sistemas jurídicos, unidos a los avatares de nuestro desarrollo constitucional posterior a la independencia de España, el juicio de amparo mexicano se desarrolló de manera peculiar, al agregar de manera paulatina a las funciones iniciales que le atribuyeron sus creadores y que se consagraron en los artículos 101 y \02 de la Constitución Federal de 1857, es decir la tutela de los derechos humanos de carácter individual ("garantias individuales"), y por conducto de las mismas, también, las competencias recíprocas de las autoridades federales y locales, establecidas en dicha Constitución; el conocimiento de controversias jurídicas en las cuales no se planteaba de manera directa cuestiones de carácter constitucional, sino la aplicación de disposiciones legales ordinarias, como ocurrió con el amparo contra las sentencias judiciales de todos los jueces del pais, debido a una interpretación desorbitada del articulo 14 de la citada carta fundamental. asi como el conocimiento de los juicios


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de amparo en materia administrativa, de manera que en la actualidad el juicio de amparo mexicano tutela todo el ordenamiento jurídico nacional, desde las disposiciones de la Cana Fundamental hasta los preceptos de un reglaruento municipal. 88. Cuana. Debido a esta amplitud excepcional del juicio de amparo mexicano y no obstante que el mismo ha influido de manera directa o indirecta a los ordenamientos constitucionales de varios países latinoamericanos y de España, para la creación de instituciones similares con el nomhre de amparo, de origen hispánico; fIUlndadO de seguran¡:a, de ascendencia portuguesa, o de significado similar, como el recurso de protección chileno; el instrumento mexicano tiene funciones propias que se apartan de estas instituciones semejantes, en cuanto, por una parte, nuestro amparo comprende la tutela de la libertad individual, que en esas otras legislaciones se protege específicamente por el habeas corpus: y por otra parte, en las últimas sólo de manera excepcional este medio de impugnación procede contra resoluciones judiciales, lo que por el contrario es una regla en el derecho mexicano, y además debido a la impugnación general de las resoluciones judiciales, que han convertido al amparo en una casación nacional, se ha producido la unificación de los organismos judiciales tanto locales como federales. puesto que los primeros están subordinados a los segundos por conducto del propio juicio de aruparo, fenómeno de concentración que está más cercano al centralismo judicial de la época colonial que el modelo del federalismo estadounidense que pretendimos implantar. 89. Quinta. Tomando en cuenta el desarrollo peculiar del juicio de amparo mexicano en virtud de la combinación de influencias angloamericana y europea continental, existe actualmente la inquietud por actualizar nuestra máxima institución procesal en tres direcciones; en primer lugar para lograr la efectividad de la protección directa de los derechos humanos, individuales y sociales, consagrados por nuestra Constitución Federal, que se ha perdido de manera paulatina por el rezago que han producido en los tribunales federales los otros sectores del propio aruparo, y para ello se proponen reglas preferenciales como las que existen en la legislación brasileña del fIUlndadO de seguran¡:a. En segundo lugar, un sector importante de la doctrina mexicana propone se adopte el principio de la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes también a través del juicio de amparo, pero tomando en cuenta la difícil situación de la "fórmula Otero", que consagró desde 1847 los efectos particulares de la sentencia de amparo en esta materia y finalmente, tamhién se proyecta ampliar aun má, la competencia discrecional de la Suprema Corte de Justicia que las reformas de 1968 introdujeron sólo para la materia administrativa y las de 1983, para las restantes. de tal manera que se establezca un sistema similar al ceniorari ante la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, y que ha transformado de hecho a esta última en un tribunal constitucional.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL JUICIO DE AMPARO I. Introducción

n. Antecedentes III. La creación del juicio de amparo IV. La primera etapa (1861-1868) . V. La imposible tarea de la Corte y el amparo judicial (18691908). . . . . . . . .

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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL JUICIO DE AMPARO SUMARIO: I. [mroducción. 11. Antecedentes. 1lI. La creación del juicio de amparo. IV. La primera etapa (1861-1868). V. La imposible tarea de la Corte y el amparo judicial (/869-1908). VI. lAs discusiones en el COll.Stituyente de Querltaro. VIL lA Suprema Corte en la primera década de la Revolución (1918-1928). VIII. La división m Salas, IOl' tribunales colegiados y el rezago (1936-1968). IX. Hacia U/I tribunal constitucional. X. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN l. En virtud de que en este volumen conmemorati vo de la Suprema Corte de Justicia

se incluyen otros estudios de destacados juristas.mexicanos sobre aspectos relacionados con la materia de este superficial ensayo, trataré de abordar el tema de manera que se eviten repeticiones innecesarias, aun cuando forzosamente deben hacerse referencias a problemas que son comunes. 2. La cuestión fundamental que se analiza en estas líneas se refiere a la tarea de la Suprema Cone de Justicia como el tribunal de última instancia, no sólo como lo pretendieron los creadores del juicio de amparo, para decidir sobre la protección de los derechos de la persona humana consagrados en la Carta Federal, sino también de todo el ordenamiento jurídico nacional, como actualmente ocurre, labor que el ilustre Emilio Rabasa calificó de "imposible", y que se ha traducido en una lucha constante para superar, hasta donde ello es posible, el padecimiento terrible del rezago, que resurge nuevamente a pesar de los esfuerzos para combatirlo. 3. Con anterioridad a la creación del propio juicio de amparo en la Constitución yucateca de 1841, el Acta de Reformas de 1847 y en la Carta Federal de 1857; se adviene una tendencia para conferir a la Suprema Cone de Justicia la función esencial de intérprete final y guardián de la Carta Fundamental frente a la idea que predominó en los primeros documentos constitucionales expedidos con posterioridad a la Independencia, para conferir dicha atribución al cuerpo legislativo o bien a un órgano político especial. 4. Pero una vez consagrado el derecho de amparo en fonna definitiva en los artículos 101 Y 102 de la citada Carta Federal de 5 de febrero de 1857, la Suprema Cone de Justicia de México ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo

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de nuestra máxima institución procesal, la que se introdujo de manera débil e imprecisa y por ello se configuró de manera paulatina por la jurisprudencia del máximo Tribunal de la República, que le otorgó lentamente el perfil peculiar que lo caracteriza. Se puede comprobar que al elaborarse las diversas leyes de amparo, tanto el ejecutivo federal que presentó las iniciativas como el Congreso de la Unión que las aprobó. se inspiraron esencialmente, salvo algunos aspectos secundarios, en los lineamientos señalados por la Suprema Corte. 5. En relación con el juicio de amparo, el más alto Tribunal ha pasado por varias etapas, que van desde los primeros años posteriores a la aprobación de la Carta Federal de 1857. durante los cuales no existía una conciencia clara sobre la nueva institución. Además, los dolorosos avatares de la guerra de reforma y la intervención francesa, no permitieron una aplicación real de la primera ley de 1861. En un segundo periodo que se inicia con el ordenamiento reglamentario expedido en 1869, la evolución se dirige claramente hacia la incorporación dentro del derecho de amparo, del recurso de casación, que convierte de manera paulatina al máximo tribunal del país en una corte de casación de acuerdo con el modelo francés, el que llega a su culminación con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos

Civiles de 1908. 6. Con las transformaciones originadas en el movimiento revolucionario de 1910 y consagradas en la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917, que incorporó los derechos sociales, la Suprema Corte participó de manera decisiva en la interpretación de las nuevas normas, pero al mismo tiempo continuó con su función de tribunal de casación, que hizo necesaria su división en Salas en la reforma constitucional de 1928. 7. A partir de entonces y debido al convencimiento de que la Suprema Corte no puede resolver en último grado todas las controversias judiciales del país, fue indispensable introducir reformas esenciales, como las de 1951 y 1968 a la legislación de amparo, con el objeto de descartar del enonne peso a la corte, a la cual se le confiere el conocimiento y resolución de los juicios de amparo de mayor importancia económica, social y jurídica, remitiéndose los restantes a los tribunales colegiados de circuito, creados en 1951, de acuerdo con el modelo de los de circuito de apelación introducidos en los Estados Unidos en 1891. 8. En los últimos años se observa la tendencia, que se acentúa de manera progresiva, de atribuir a la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de los juicios de amparo en los cuales se plantean controversias de trascendencia nacional, especialmente de carácter constitucional. En efecto, en 1968 se otorgaron facultades discrecionales limitadas a la Segunda Sala de la propia Suprema Corte, que se extendieron a las restantes en las reformas de diciembre de 1983, a fin de que puedan enviar a los citados tribunales colegiados de circuito, o por el contrario, solicitar de los mismos, los juicios de amparo en los cuales consideran que carecen

LA SUPREMA CORTE Y EL JUICIO DE AMPARO

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de importancia o de trascendencia socIales, o a la inversa. que poseen especial significado, respectivamente. 9. Lo anterior indica que se ha pretendido, no siempre de manera consciente, que la Suprema Corte de Justicia de México se transforme, en forma similar a lo que ha ocurrido COn el máximo tribunal federal de los Estados Unidos, en un órgano de justicia constitucional, y por tanto, como el intérprete final de las normas supremas de la Carta Federal.

n. ANTECEDENTES lO. En este apartado tengo la pretensión de señalar de manera breve la evolución que se observa en los documentos constitucionales mexicanos anteriores a la creación del juicio de amparo, para atribuir a la Suprema Cone de Justicia, introducida en la Constitución Federal de 4 de octubre de 1824, competencia para conocer de controversias sobre aplicación de disposiciones fundamentales. 11. A este respecto debe recordarse que tanto la Constitución española expedida en Cádiz en 1812, como el Decreto Constitucional para la Libenad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, confirieron al órgano legislativo la decisión sobre las violaciones e interpretación de las normas de las propias Constituciones, según lo establecido por los anfculos 372 y 373 de la primera y 237 de la segunda, respectivamente. 12. En relación con la Carta española, que como es bien sabido estuvo vigente en varias ocasiones en la Nueva España a partir de su promulgación, el citado articulo 373 dispuso que: "Todo español riene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución". Dicho precepto tuvo una aplicación práctica al menos en el territorio metropolitano, según los estudios realizados por el tratadista español Víctor Fairen Guillén,! y por el mexicano José Barragán Banagán,' puesto que fueron numerosas las reclamaciones presentadas por los ciudadanos españoles contra las violaciones a la citada Ley Fundamental efectuadas por diversas autoridades en perjuicio de sus derechos fundamentales, lo que motivó la elaboración del proyecto presentado a las Cortes el 12 de julio de 1813, en el cual se encomendó el conocimiento de los delitos contra dicha Ley Suprema, a la jurisdicción ordinaria.

1

"Las relaciones entre el poder legislativo y el judicial y las infracciones a la Constitución ue

1812 (en tomo al caso Fitzgerald)", en Anuario de Derecho Pmal y Ciencias Penales, Madrid, mayo-agosto de 1957, pp. 265-282. 2 En su libru Algullos documentos para el estudio del origen del juicio de amparo 1812-1861, México, UNAM, 1980, pp. 6()..119 (discusiones parlamentarias de julio y agosto de 1813. respecto al proyecto de ley sobre responsabilidad de los infractores de la Constituci6n).

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13. En cuanto a la Carta constitucional de Apatzingán la situación no es tan clara, puesto que una facultad similar a la del documento de Cádiz aparece en una disposición escondida en la parte final del mencionado artículo 237 del citado Decreto Constitucional relativo a la irreformabilidad de las bases esenciales de la forma de gobierno consagrada por el mismo Decreto, en tanto no se redactara la Constitución definitiva; precepto en el cual se estableció: "Cualquier ciudadano tendrá derecho para reclamar las infracciones que notare" (se entiende, de dicha Carta ConstitucionaI)3 14. No se determina en dicha disposición la autoridad ante la cual se podía formular la reclamación, ni el procedimiento para tramitarla, pero sí se toma en consideración que este precepto se inspiró de manera evidente en el transcrito artículo 373 de la Constitución española de 1812 (ver supra párrafo 12), puede concluirse en el sentido de que la denuncia hubiera podido hacerse tanto ante el Congreso como ante el poder ejecutivo (este último de carácter colectivo, según el articulo 132 de la Ley Constitucional de 1814).' 15. Esto no significa que los constituyentes que redactaron el documento político promulgado en Apatzingán hubiesen tenido el propósito preciso de establecer un procedimiento destinado a la tutela de los derechos fundamentales consagrados en la misma (que se tomaron de las Constituciones francesas revolucionarias de 1791 y 1793),' ya que en esa epoca existía la cre.encia romántica de que la garantía de los derechos consistía en su consagración constitucional; pero indirectamente hubiera podido llegarse a dicho resultado, como ocurrió en España, con fundamento en el mencionado articulo 373 de la Carta de 1812. 16. En esta misma dirección, podemos mencionar, esta vez debido a la influencia del derecho público francés, el proyecto presentado al Congreso el 16 de mayo de 1823, como un documento previo a la discusión del proyecto de Constitución Federal aprobada en 1824. Este instrumento se denominó "Plan de Constitución Política de la Nación Mexicana", suscrito por el diputado José del Valle y otros representantes entre los cuales destacamos a Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala y José María de Bocanegra, yen cuya base 8a. se propuso la creación de un Senado conservador, si se torna en cuenta que entre sus facultades se encontraban las de: "celar la conservación del sistema constitucional", así como

3 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La defensa de la Constitución en el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana. sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814", en el libro colectivo Esludios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, México. UNAM, 1964, pp. 605-607.

4 El citado artículo 132 disponía: "compondrán el Supremo Gobierno tres individuos. en quienes concurran las calidades expresadas en el artículo 52 (requisitos para ser diputados); serán iguales en autoridad, alternando en cuatrimestres en la presidencia, que sortearán en la primera sesión para fijar invariablemente el orden con que han de turnar y 10 manifestaran al congreso." S Cfr. Gamas Torruco, José "Los derechos del hombre en 1a Constitución de Apatzingán" en el volumen Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit, supra nota 3, pp. 357461.


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reclamar al Congreso nacional las leyes que fuesen contrarias a la Constitución o

que no fuesen discutidas o aprobadas en la foona que la misma prescribiera; o bien juzgar a los altos funcionarios del Estado.' 17. Predomina en los documentos anteriores la influencia europea, pero que se combina con la de carácter angloamericano, especialmente la que provenia del modelo de la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, en la expedición del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, los dias 31 de enero y 4 de octubre de 1824, ordenamientos en los cuales podemos advertir una mezcla de los modelos de las Leyes Supremas tanto la española de 1812 como la norteamericana. 18. En los dos instrumentos constitucionales de 1824 se deposita el ejercicio del poder judicial federal en la Suprema Corte de Justicia (aniculo 18 y 123), respectivamente, nombre en el cual advertimos la clara influencia del prototipo estadounidense, ya que no se califica como en España al órgano judicial de mayor jerarquia, de Supremo Tribunal de Justicia (articulo 259 de la Cana de Cádiz), aun cuando si se utiliza el vocablo justicia, del cual carece el tribunal norteamericano, como lo ha puesto de relieve el destacado jurista mexicano Antonio CarrilloFlores.' 19. Por otra pane, el citado articulo 123 de la Carta Federal de 1824 adopta la organización judicial federal de los Estados Unidos, de acuerdo con la ley Orgánica Judicial de 1789,8 puesto que el poder judicial de la Federación se integra por la citada Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito; pero al insertarse en la tradición hispánica, la propia Suprema Corte no obstante su modelo norteamericano, fue la heredera de la Audiencia de México y del Consejo de Indias, en cuanto a sus atribuciones de carácter judicial.' 20. Esta combinación de paradigmas determinó que en la citada Constitución Federal de octubre de 1824, se adoptaran dos sistemas diversos respecto a la decisión de conflictos derivados de la aplicación de las normas fundamentales: por 6 Cfr. Plan. de la Constitución Polltica de la Nación Mexicana. México, Imprenta Nadonal del Supremo Gobierno, 1823. La exposición de motivos en cuanto al Senado Conservador, pp. 35-40. Yla

Base 8a. del proyecto sobre esta institución, pp. 63-64. con un voto particular de Servando Teresa de Micr, quien se opone al mencionado Senado conservador, cuyo nombre le recuerda el que inventó Napoleón en París, y en cambio sugiere que dicho Senado actúe como una segunda camara legislativa, pp. 66-83. Este documento puede consultarse también en la excelente obra de Tena Ramírez, Felipe, Leyesfundamentales de México, 1808-1985, ed., México, Pomía. 1985, pp. 147-152. 7 Reflexiones con motivo del Sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia, en lA Constituci6n, la Suprema Corte y los derechos humanos, México, PoITÚa. 1981, pp. 86-104. También el Supremo Tribunal de la Constitución de Apatzingán de 1814, por influencia española, se califica como de Justicia. (artículo 181). 8 Sobre la expedición de esta Ley Orgánica de 1789. cfr. Swisher. Carl Brent, El Msarrollo constitucional de los Estados Ullidos, trad. de Hugo Carny, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, tomo I. pp. 51-57. 9 Cfr. Noriega Cantú. Alfonso, "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del juicio de amparo", en Jus, México, septiembre de 1942. pp. 151 Y ss.

na.

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FNSAYOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

una parte se siguió el ejemplo de la Constitución española de 1812 (ver supra párrafo 12), a disponer en sus artículos 164 y 165, que: "El Congreso [General] dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes a fin de que haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o el Acta Constitutiva" y que "sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva". 21. Pero por otra parte, en el artículo 137, fracción V, párrafo Sexto, se sigue el prototipo norteamericano,lO al conferirse a la Corte Suprema de Justicia, entre otras atribuciones, la de conocer "de las infracciones de la Consrirución y leyes genera-

les, según se prevenga por la ley". 22. Duninte la vigencia de la mencionada Carta Federal de 1824 se advierte la incertidumbre sobre el alcance de los preceptos mencionados que regulaban dos sistemas diversos de control constitucional, al plantearse la posibilidad de aplicación de las facultades de la Suprema Corte, a través de la reclamación intentada en 1826 ante la referida Suprema Corte de Justicia por dos magistrados cesantes del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, por virtud de la ley que redujo la integración de dicho tribunal, con apoyo en lo dispuesto por el citado artículo 137, fracción V, párrafo sexto de la Carta Federal. 23. Como lo relata el ilustre constitucionalista Felipe Tena Ranúrez, la propia Cone consultó el caso con el Congreso General de acuerdo con la función interpretativa otorgada por el artículo 165 de la ntisma Ley Suprema (ver supra párrafo 29). El Congreso manifestó que no estaba comprendida dentro de las atribuciones de la Suprema Cone, la de conocer de las demandas promovidas contra las legislaturas de los Estados, por las leyes dictadas por ellas, con lo que el control de constitucionalidad quedó sustraído, de hecho, de la órbita del Poder Judicial Federal. 11 24. Por el contrario, la práctica constitucional se inclinó por el modelo español. Por lo anterior, entre los años de 1828 y 1830, el Congreso Federal declaró la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad, de varias leyes expedidas por las legislaturas de las entidades federativas, por considerar que las ntismas contradecían a la Constitución Federal n

10 Eilla parte relativa del artículo 111 de la Constitución Federal de los Estados Unidos, se dispone: "El poder judicial [federal] se extenderá a todos los casos, en derecho y equidad, que surjan de la

Constitución, de las leyes de los Estados Unidos, y de los tratados aprobados o que en lo futuro se aprueben bajo su autoridad ... " 11 El control de la constitucionalidad bajo la vigencia de la Constitución de 1824, en Revista th la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, abril-junio de 1950, núm. 46, pp. 34-36. 12 Los decretos del Congreso Federal que nulificaron varias leyes de las entidades federativas. pueden consultarse en la obra de Dublán. Manuel y Lozano. José María. Legislación mexicana. México, Imprenta del Comercio. 1876, tomo n. pp. 89-223.

LA SUPREMA

CORn~

y EL JlJICIO DE AMPARO

391

25. Las Leyes Constitucionales de veintinueve de diciembre de 1836 se inspiraron esencialmente en el constitucionalismo francés,13 y por este motivo introdujeron como órgano esencial de justicia constitucional al Supremo Poder

Conservador, que tomó como paradigma al Senado Conservador Francés establecido de acuerdo con las ideas de] Abate Sieyes en la Carta de 22 Frimario del año VIII (13 de diciembre de 1799)14 y que ya tuvo su expresión en el citado proyecto de 1823 (ver supra párrafo 16). Dicho organismo tenía como funciones esenciales declarar la nulidad de las resoluciones, decretos o leyes contrarios a la Constitución, cuando fueran impugnadas por alguno de los titulares de los órganos del poder respecto de los restantes. 15

26. Este órgano político tenía atribuciones en apariencia desorbitadas, y se integraba con cinco miembros que, según el articulo 17 del citado ordenamiento, no eran responsables sino ante Dios y la opinión pública. Su ineficacia demostró la ingenuidad de aquellos que confiaban en la actuación de un instrumento político para resolver los contlictos de carácter constitucional, pues no obstante que la

desobediencia a sus resoluciones se consideraba como un "crimen de alta traición", según el diverso artículo 15, las decisiones que pronunció, cuando eran desfavorables a los órganos legislativos y especialmente, el ejecutivo, no fueron acatadas

con diversos pretextos o simplemente ignoradas. 16 27. No obstante lo anterior, en dicho ordenamiento fundamental se introduce un esbozo de protección judicial de uno de Jos derechos individuales consignados en U Cfr. Noncga C'antlÍ. Alfonso. El pmsamiell10 conservador y el conservadurismo mexicano. México. UNAM. 1972, tomo 1. pp. 57-64. 14 Con respecto a la institución francesa, cfr. entre otros, Blondel. André. Le Collfróle Jurisdictionne/ de la Constiturionalitée des Loi.!>: Etude Critique Comparative Etats Unis+France, Paris, 1928, pp. 173 Y ss. La parte de la citada Constitución del ano VIII. relativa al Senado Conservador. Título II, artículos 15 a 24. puede consultarse en la obra de Debgach. Charles y Pontier. Jean Mane, Les Cnnstifutions de la France, París, Dalloz. 1983. pp. 101-102. J5 Entre las facultades esenciales que el artículo 12 de la Segunda Ley Constitucional confirió ingenuamente al citado Supremo Poder Conservador. pueden señalarse las siguientes: "1. Declarar la nulidad de una ley o decreto. dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución y le exijan dicha declamción. o el supremo poder Ejecutivo. o la alta Corte de Justicia. o parte de los miembros del poder Legislativo. en representación que firmen dieciocho por lo menos. 11. Declarar. excitado por el poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes. haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades respectivas. m. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes. y sólo en el caso de usurpación de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito proceda a la formación de causa, y al fallo que hubiera lugar ... " 16 Sobre las resoluciones dictadas por el Supremo Poder Conservador, cfr. Moreno Cora, Silvestre. Tratado deljuicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales, México. Tipográfica La Europea. 1902. pp. 4-11; Noriega Cantú. Alfonso. El pensamiento cOI/servador, cit., supra nota 13. pp. 204-248; id.• "El Supremo Poder Conservador", en Revista de la Facultad de Derecho de México, septiembre, dicitunbre de 1978, núm. 111, pp. 737-778.

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la primera de las citadas leyes constitucionales. En efecto, en el artículo 2" de esta ley, al consignarse los derechos del mexicano, se estableció en la fracción IlI, que ninguna persona podía ser privada de su propiedad ni del libre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en parte, sal vo cuando algún objeto de general y pública utilidad exigiera lo contrario, si se declarase por el Presidente y sus cuatro ministros en la capital, por el gobierno y lajunta departamental en los Departamentos, y fuese

previamente indemnizado. 28. La declaración de utilidad pública necesaria para la privación de la propiedad podía ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la capital y en los Departamentos ante el tribunal superior respectivo. Dicho reclamo suspendía le ejecución (de la exploración), hasta el fallo correspondiente. Así, se confirió una facultad expresa a la Suprema Corte de Justicia para conocer y decidir los llamados reclamos contra la declaración de expropiación por causa de utilidad pública, con la cual tenía la función de tutelar uno de los derechos esenciales de los mexicanos, como era el derecho de propiedad, incluyendo la suspensión de los actos impugnados hasta la decisión de fondo. 29. A partir de este momento se advierte una clara tendencia para conferir a los tribunales federales y en particular a la Suprema Corte de Justicia, la facultad de conocer y decidir sobre los conflictos constitucionales incluyendo los derivados de la violación de los derechos fundamentales de los gobernados, y en este sentido podemos señalar como un primer paso la proposición de reforma de las citadas leyes constitucionales de 1836, que se contienen en el voto particular atribuido al diputado José Fernando Ramírez y formulado el 30 de junio de 1840. 17 30. En el citado voto particular se propone la supresión del Supremo Poder Conservador, y en su lugar se sugiere conceder a la Suprema Corte de Justicia una nueva atribución, por la que: "cuando cierto número de diputados, de senadores, de Juntas Departamentales reclaman alguna ley o acto del ejecutivo como opuesto a la Constitución, se diese a ese reclamo el carácter de contencioso y se sometiese al fallo de la Cone de Justicia". 31. Es conocida la argumentación en la que se apoya el autor de esta proposición para fundamentar su criterio, dentro de la cual se puede destacar su razonamiento, de que si bien la idea de atribuir al más alto tribunal la competencia para conocer de la impugnación de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del ejecutivo pudiera parecer extraña a primera vista. la misma ni era enteramente nueva ni carecía de sólidos fundamentos, pues se encontraba apoyada en la razón y en la

17 Este documento puede consultarse en la obra de Tena Ranúrez, Felipe. Leyesfundilmentales de México, cit., supra nota 6. pp. 286-302. Los tratadistas Gaxiola, Jorge F., y González Prieto, Alejandro. en "Los tres proyectos de la Constitución de 1842", en la obra Derechos del pueblo mexicano. Mlxico a travls de sus constituciolles, 2a. ed., México, Manuel Pomía. 1978, tomo I. pp. 651.654, sostienen que el autor del citado voto particular fue Pedro Ramírez.


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experiencia. Y agregó que: "Una obra moderna, que hizo mucho ruido en Francia (La democracia en América, de Alexis de Tocqueville), casi se ocupa toda en demostrar que la paz y la tranquilidad de la República del Norte no se debe a otra cosa que a la influencia que ejerce en ella su Cone de Justicia" .18 31. Nos encontramos ya en el umbral de la creación del juicio de amparo, cuyos antecedentes inmediatos se descubren en los documentos presentados en el Congreso Constituyente de 1842, que debe considerarse como una de las asambleas con proyección histórica, no obstante su disolución por la fuerza de las armas realizada por el despotismo de Antonio López de Santa Ana, que en forma aparente se había retirado de la presidencia. 19 32. En dicho Congreso se presentaron tres proyectos, de Constitución: el primero, elaborado por la llamada mayona de la comisión, formada por Antonio Díaz Guzmán, Joaquín Ladrón de Guevara, José Fernando Ramírez y Pedro Ramirez, conservaba el régimen unitario y propuso un sistema de conservación de la Ley Fundamental que se confió de manera predominante a los órganos políticos tradicionales. En efecto, se atribuyó a la Cámara de Diputados la declaración de la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia o de sus salas, en el único caso en que se excedieran de sus atribuciones constitucionales (artículo 170); al Senado se le confirió la facultad de declarar la nulidad de los actos del poder ejecutivo contrarios a la constitución general, particular de los departamentos y de las leyes generales; así como decidir acerca de la petición de la mayona de las asambleas departamentales de que el presidente debía revocar en todo o en parte de ministerio (artículo 171). Al presidente de la República le otorgó la curiosa y paradójica atribución de restablecer el orden constitucional cuando hubiese sido disuelto el poder legislativo (no obstante que la experiencia demostraba que era precisamente el ejecutivo el que decretaba con frecuencia dicha disolución) (artículo 172). 33. A la Suprema Corte de Justicia dicho proyecto confirió la función muy restringida en cuanto a la conservación del orden constitucional. de suspender por una sola vez la ejecución de las órdenes del gobierno supremo cuando fueran contrarias a la Constitución y a las leyes generales (arlículo 173). Independientemente, en el mismo proyecto, se otorgó a dicho alto tribunal, como parte de sus atribuciones ordinarias, la de conocer de las infracciones de la Constitución y de las leyes, según se previniera por una ley (artículo 112, fracción Y), disposición que sin duda se tomó de la contenida en el artículo 137, fracción y, párrafo sexto de la Carta Federal de 4 de octubre de 1824 (ver supra párrafo 20). 34. El segundo proyecto elaborado por la minona de la Comisión y presentado también el 21 de agosto de 1842, fue suscrito por Juan José Espinoza de los 18 Cfr, Tena Ramírez. Felipe. LeyesfulldamentaLes de México. cit., supra nota 6. pp. 296-298. 19 Cfr. Ríva Palacio. Vicente, México a través de Los siglos, reimpresión. 17a. ed., México. Editorial Cumbre. s. f., tomo VIII. pp. 55-60.

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Monteros. Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo, destacándose la intervención del segundo, en virtud de que varias de las ideas del ilustre jurista y político jalisciense expresadas posteriormente en su voto particular de 1847, se advierten en este documento constitucional. 20 Este proyecto tenía una clara inspiración federalista y estableció una intervención sustancial de la Suprema Corte de Justicia, para la tutela de los derechos humanos consagrados constitucionalmente (en dicho documento se consagraba una declaración de derechos individuales, en sus artículos 4° a 6°). 35. En efecto, la institución más importante del proyecto de la minoría se encuentra en el titulo X, sección primera, relativa a la conservación de las instituciones. El artículo 81, fracción 1, dispuso: "Todo acto de los poderes legislativo o ejecutivo de alguno de lo. estados que se dirijan a privar a una persona determinada de alguna de las garantías que otorga esta Constitución, puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Cone de Justicia, la que deliberando a mayoría absoluta de votos, decidirá definitivamente el reclamo. Interpuesto el recurso, pueden suspender la ejecución los tribunales superiores respectivos. En el caso anterior, el reclamo deberá hacerse dentro de 'os quince días siguiemes a la publicación de la ley u orden, en el lugar de residencia del ofendido". 36. En este precepto se descubren algunos de los lineamientos esenciales de la creación del derecho de amparo en el Acta de reformas de 1847 (ver infra párrafos 57-62), puesto que con el nombre de reclamo, que como hemos visto anteriormente se utilizó para calificar la instancia judicial en 1836 y en el proyecto de reformas de 1840 (ver supra párrafos 29 y 30), se establece un medio de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia, de manera específica, para que decidiera sobre la violación de los derechos individuales de carácter constitucional realizada por los órganos legislativo y ejecutivo de las Entidades Federativas, excluyendo las de carácter federal. Dicha instancia podía interponerse por el ofendido en el lugar de su residencia dentro de un plazo de quince días (que es el genélico que se aplica en la actualidad) y con la posibilidad de la suspensión de los actos violatorios por parte de los tribunales superiores de carácter local. 37. Pero además del control judicial encomendado a la Suprema Corte de Justicia, el mencionado proyecto sugiere la participación del órgano legislativo federal y de los Estados para conocer de la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas. En el citado artículo 81, fracción n, se consigna la reclamación que pueden hacer el presidente de la República de acuerdo con su consejo, por dieciocho diputados, seis senadores, o tres legislaturas locales, dentro de un mes 20 Cfr. Reyes Heroles. Jesús, "Estudio preliminar", en Mariano Otero. Obras. México. PoO'Úa, 1967. vol. l. pp. 74-82. Y 349-383. respectivamente; Gaxiola. Jorge F.. Mariano Otero, creador dt!l

juicio de amparo, México, Editorial Cultura. 1937, pp. 138-147; Gaxiola. Jorge F., y González Prieto. Alejandro. "Los tres proyectos de la Constitución de 1842", cit., supra nota 17, pp. 677-679.


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de publicada una ley del Congreso general y anle la propia Suprema Cone de Justicia. por considerarla inconstitucional. Pero el más alto trihunal sólo tenía la

función de enviar la ley federal impugnada a la revisión de las legislaturas, las que dentro de tres meses debían dar su voto, el cual se remitía a la Corte para que publicara el resultado, de acuerdo Con la decisión de la mayoría de las citadas legislaturas.

38. La decisión sobre la inconstitucionalidad de las leyes de carácter local correspondía al Congreso General, pudiendo llegarse hasta la intervención armada y la destitución de las autoridades respectivas, cuando se resistieron a cumplir con la decisión del propio Congreso que declarase la inconstitucionalidad o nc se obedeciere la prevención del órgano legislativo federal dentro de un plazo perentorio.

39. En la exposición de motivos del proyecto de la minoría que hemos analizado brevemente, se justifica la introducción de estos sistemas de garantía constitucional de la siguiente manera y en la parte relativa: "Y todavía. Señor, no contentos con estas garantías, que en todos los países ilustrados del mundo se consideran bastantes, hemos dado al poder general la facultad de anular todos los actos contrarios a los principios solemnemente consignados en esta Constitución; y para que se viera cómo no despreciábamos ni la última precaución, hemos dndo a IOdns los mmbres

el derecho de quejarse de cualquier aclO de los poderes legislativo y ejecutivo de los Es/ados, ante la Suprema Corte; poder tutelar de las garantías civiles, que tendrá derecho de vindicarlas, en el caso bien remolO de que aún fuesen holladas con tantas precauciones ... "21 40. Los miembros de la Comisión de Constitución que se habían dividido para formular los dos proyectos mencionados anteriormente. se reunieron para elaborar un tercer proyecto conjunto de transacción que fue leído en la sesión de 3 de noviembre de 1842, con una orientación unitaria o centralista, y en el cual se consignaron los dos sistemas de garantías constitucionales que contemplaban los dos proyectos anteriores, con lo cual el sistema de protección de las disciplinas fundamentales se hizo muy complejo. Por lo que se refiere a la intervención de la Suprema Corte como órgano de justicia constitucional, en el artículo 94, fracción V, se le atribuye la función de conocer: "de las infracciones de la Constitución y leyes según se prevenga por una ley" y en el articulo 150, se consigna el reclamo de toda persona que fuese lesionada en sus derechos individuales por las autoridades pertenecientes al ejecutivo o a las legislaturas locales, en los mismos términos en que se proponía en el articulo 81, fracción 1, del proyecto de la minoría (ver supra párrafo 35).

21 Cfr. Tena Ranúrez, Felipe, Leyesfundamentales de México, cit.. supra nota 6, p. 345.

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41. No obstante que el proyecto conjunto conservaba el régimen central o unitario. y que se habían combinado los puntos de vista de los dos proyectos anteriores. la discusión del mismo provocó grandes inquietudes en los sectores conservadores más radicales. y por ello fue ordenado por el gobierno la disolución del Congreso el 19 de diciembre del citado año de 1842. 22

m. LA CREACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 42. Varios autores han analizado las diversas etapas de creación del juicio de amparo. por lo que sólo se destacan los aspectos esenciales de esa evolución. en especial las que se refieren a la función preeminente que se otorgó por los creadores de nuestra máxima institución procesal. a la Suprema Corte de Justicia como la protectora de mayor jerarquía tanto de los derechos fundamentales de naturaleza individual como en general de las normas fundamentales. en especial las que establecían las competencias de las autoridades federales y las de carácter local. 43. Por otra parte. también se ha señalado que nuestro derecho de amparo se configuró debido a influencias externas y a una maduración paulatina nacional. esta última descrita muy brevemente en la parte anterior de este trabajo. A mi modo de ver, resulta evidente que el amparo mexicano se inspiró en varios modelos extranjeros. entre los cuales destaca la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes establecida en sus principios esenciales en el artículo m de la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787." desarrollado posteriormente por la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal. pero que ya se practicaba en los colonias inglesas en América" todo ello a través del clásico libro de Alexis de Tocqueville. La democracia en América del Nane. el cual divulgó la función esencial de los jueces y tribunales para desaplicar las leyes inconstitucionales. con efectos particulares y en el caso concreto." obra que fue ampliamente conocida por

22 Los resultados de la discusión fueron recogidos por Tena Ramírez, Felipe. op. ult. cit., pp. 370-386; Gaxiola y González Prieto, "Los tres proyectos de la Constitución de 1842", cit., supra notas 17 y 20, pp. 680-686. 23 Cfr. dicho precepto constitucional supra nota 10. 24 Pueden consultarse las reflexiones de Alexander Hamilton (Publio). en relación con las facultades de revisión que se encomendaron al Poder Judicial Federal en la Carta de ! 787. El Federalista. trad. de Gustavo R. Velasco, México, FCE. 1957, pp. 338·343. Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, México. UNAM. 1961, tomo 1II. pp. 343·347. señaló que este libro norteamericano fue conocido en nuestro país en la segunda década del siglo XIX. especialmente la parte atribuida a Hamilton y que se tradujeron al castellano algunos fragmenlos de esta obra en los periódicos publicados entre 1827 a 1830. 25 La democracia en América, trad. de Luis R. Cuéllar, México. FCE. 1957, capítulo VI, "El poder judicial en los Estados Unidos y su acción sobre la sociedad política", pp. 90·95. Son significativas estas palabras el autor francés. que se reiteraron por los creadores del amparo, p. 94: "Si el juez hubiera podido alacar las leyes de una manera teórica y general, se hubiese podido tomar la iniciativa y censurar

LA SUPREMA COR1E y EL flJICJO DE AMPARO

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los juristas y políticos mexicanos desde 1837, en que llegó a México la versión castellana de Sánchez de Bustamante. 26 44. Si bien fue la citada revisión judicial la que se pretendió trasplantar a nuestro ordenamiento constitucional; el nombre de la institución deriva de la influencia hispánica, puesto que se apoya en la existencia del interdicto que se conoce como amparo colonial, de origen castellano," y en los procedimientos forales aragoneses, especialmente el de manifestación de las personas, similar al habeas corpus inglés," y que también recibía el nombre de amparo." Por otra parte, la misma tradición hispánica adquirió un peso esencial en la centralización judicial que se produjo en cuanto se estableció el sector calificado como "amparo judicial" (ver i'!fra párrafos 107-111). 45. Finalmente, también debemos señalar la penetración del derecho francés en el juicio de amparo mexicano en dos direcciones fundamentales: a) la primera que se refiere a la creación del Senado Conservador en las leyes constitucionales de 1836, y que no obstante su inoperancia se considera como un ente dentro del propio amparo en cuanto órgano de garanUa constitucional (ver supra párrafo 32); b) en segundo término por la proyección del recurso de casación en los lineamientos que se otorgaron al amparo contra resoluciones judiciales, que por este motivo recibe actualmente la designación generalmente aceptada, de "amparo casación" (ver i'!fra párrafos 120-141).30 46. Como es bien sabido a través de las influencias externas y la evolución de nuestros ordenamientos constitucionales de carácter nacional. el juicio de amparo se introdujo en tres etapas sucesivas por conducto de la Constitución del Estado

al legislador, hubiera entrado brillantemente en la escena política convertido en campeón o adversario de un partido. suscitando todas las pasiones que dividen al país al tomar parte en la lucha. Pero cuando

eljuez ataca una ley en un debate oscuro y sobre una aplicación particular, oculta en pa/te a las miradas del público, la importancia del ataque. Sufallo sólo tiene por objeto lesionar un interés particular, pero Ja ley no se siente herida mas que por casualidad. Por ofra parte, la ley asf censurada no está destruida; su fuerza moral ha disminuido, pero su efecto material no se suspende. Sólo poco a poco y bajo los golpes repelidos de la jurisprudencia, llega a sucumbir. " 26 Sobre la llegada a México y el interés que despertó la obra de Tocqueville a partir del citado año de 1837. Cfr. Echánove Trujillo. Carlos, "El juicio de amparo", en Revista de la Facultad de Derecho de México, enero-junio de 1951, núrns. 1 y 2, pp. 93-94. 27 Respecto del interdicto de amparo en la Nueva España, cfr. Lira González. Andrés, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, México, FCE. 1972; y Barragán Barragán. José, "Los reales amparos", en su libro Temas del liberalismo gaditano. México, UNAM. 1978, pp. 167-203. 28 Cfr. Fairén Guillén, Víctor, "Consideraciones sobre el proceso aragonés de 'manifestación de las personas' en relaci6n con el 'habeas corpus' británico", en su libro Temas del ordenamiento procesal, Madrid, Tecnos, 1969, tomo 1, pp. 131-170; Sáenz de Tejeda y de Olozaga, El derecho de manifestación aragonés y el "habeas corpus", inglés. Madrid, s. f .. pp. 25 Y .. s. 29 Cfr. Fairén Guillén, Víctor, AnJecelÚ!ntes aragoneses de los juicios de amparo, México, UNAM, 1971. 30 gr. Fix-Zamudio, Héctor. "Presente y futuro de la casaci6n civil a través del amparo mexicano", en Memoria de El Colegio NacioruU, 1978. México, El Colegio Nacional, 1979, pp. 91-138.

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de Yucatán de 16 de mayo de 1841; el Acta de Refonnas (a la Carta Federal de 1824), y la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857, en la cual se estableció la institución de manera definitiva. 47. A) Por lo que respecta a la Carta Yucateca, la misma tiene su origen en el proyecto suscrito el 23 de diciembre de 1840 por los diputados Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Pérez y Darío Escalante, pero se advierte la intervención decisiva del primero, a quien se considera como uno de los padres del amparo." 48. En el citado proyecto se observa una clara tendencia para conferir de manera exclusiva al órgano judicial, y en especial a la Corte Suprema de Justicia del Estado, la función de control constitucional, que se establece en dos direcciones: a) en primer lugar por conducto del juicio de amparo, cuya denominación se utiliza por vez primera, y b) en segundo término en virtud del llamado "control difuso", es decir en la atribución a todos los jueces para decidir sobre la constitucionalidad de la ley aplicable al caso concreto de su conocimiento. Estos dos sectores se inspiran de manera evidente, en especial el segundo, en el sistema norteamericano de revisión judicial. 32 49. a) Por lo que respecta al derecho de amparo, en el proyecto de Rejón se establecen tres categorías. La primera, propuesta en el articulo 53, fracción r, se atribuyó a la Cone Suprema de Justicia del Estado, en pleno, la facultad de amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que fueran contrarios a la Constitución; o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido (se sugirió la introducción de un ejecutivo colegiado, al asociarse dos cónsules al gobernador), cuando en ellas se hubiesen infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. 50. Los otros aspectos del amparo tutelaban exclusivamente los derechos o "garantías individuales", establecidos en el mismo proyecto de Constitución. Cuando dichos derechos fuesen infringidos por autoridades administrativas diversas del gobernador o ejecutivo colegiado, la reclamación debía hacerse ante los jueces de primera instancia, los que debían decidir breve y sumariamente (articulo 63), y respecto de las violaciones a los mismos derechos cometidas por dichos jueces, la impugnación se planteaba ante los superiores (las salas Segunda y Tercera por turno, de la Corte Suprema, integradas por un magistrado cada una, en los términos del articulo 141 de la Ley de 31 de marzo de 1841, Reglamento de

31 Cfr. Suprema Corte de Justicia. Homenaje a Manuel Crescencio Rejón, México, Suprema Corte de Justicia, 1960. pp. 63-66.

32 Por este motivo el destacado comparatista norteamericano &ler. Phanor J.• "Judicial Review in Latin America", en Ohio State WW Joumal, 1960. pp. 571-572, sostuvo que fue Rejón el primer tratadista que logró introducir en un texto constitucional latinoamericano la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes de origen estadounidense.


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Administración de Justicia). los que resolvían la reclamación con la misma preferencia y sumariedad. y además debían enjuiciar inmediatamente a los infractores de las citadas "garantías individuales" (artículo 64 del proyecto). 51. b) Pero además del amparo. en el proyecto se establece la obligación. inspirada directamente en el anículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos." de que los jueces del Estado deberían preferir la Constitución sobre cualquier otra disposición de menor jerarquía. En cuanto el artículo 70 del citado proyecto dispuso: "En la administración de justicia arreglarán los jueces sus fallos a lo prevenido en esta Constitución. prescindiendo de lo dispuesto contra ena por leyes o decretos del Congreso del Estado"; sistema que se conoce. según se ha dicho, como "control difuso". 34 52. Aquí advertimos en forma directa la trascendencia de la obra de Tocqueville que como hemos dicho anteriormente (ver supra párrafo 41) se había difundido en nuestro país pocos años antes y era conocida por Manuel Crescencio Rejón. quien cita expresamente al francés en la pane relativa de la exposición de motivos del proyecto que se comenta: "Así es que. aunque según el proyecto. se da al poder judicial el derecho de censurar la legislación. también se obliga a ejercerlo de una manera oscura y en casos particulares. ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las facciones. Sus sentencias. pues. como dice muy bien Tocqueville no tendrán por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal. y la ley sólo se encontrará ofendida por casualidad. De todos modos la ley así censurada no quedará destruida; disminuirá sí su fuerza moral. pero no suspenderá su efecto material. Sólo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia..... Y concluye Rejón: "En resumen. señores la comisión al engrandecer al poder judicial, debilitando la omnipotencia dellegislativo, y poniendo diques a la arbitrariedad del gobierno y sus agentes subalternos, ha querido colocar las garantías individuales. objeto esencial y único de toda institución polftica. bajo la salvaguarda de aquél. que responsable de sus actos, sabrá custodiar el sagrado depósito que se confía a su fidelidad y vigilancia. Por eso no sólo consulta que se le conceda la censura de las leyes en los términos ya indicados, sino también que se le revista de una autoridad suficiente para proteger

.e

33 El segundo párrafo del artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos. dispone: "Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella. y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos. serán la ley suprema del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos. a pesar de cualquier disposición en contrario. que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado." 34 Las diferencias de los llamados controles difuso y concentrado. también calificados como "americano" y "austriaco". respectivamente, pueden consultarse en el excelente libro comparativo del notable tratadista italiano Cappeletti. Mauro. El control de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado, trad. de Cipriano Gómez Laca y HéctOf Fix-Zamudio, México. UNAM. 1966.

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al oprimido contra las demasías de los empleados políticos del ejecutivo del Estado .... " 53. El citado proyecto fue aprobado por el Congreso del Estado con ligeras modificaciones y promulgada la Constitución e131 de marzo de 1841. El artículo 53 del citado proyecto (ver supra párrafo 43), pasó a ser el 62, cuya fracción 1 introdujo dos modificaciones. La primera se refiere a la supresión a la referencia del ejecutivo colegiado, puesto que al entonces gobernador Santiago Méndez no le agradó, como era comprensible, compartir sus funciones con los dos cónsules propuestos por Rejón, y tampoco aceptó la posibilidad de que se pudiesen impugnar los actos del ejecutivo del Estado que violasen las leyes locales (control de legalidad). El segundo cambio radica en la adición de que la infracción de la Carta Suprema por parte de la legislatura o del gobernador debía contrariar al texto literal de las disposiciones fundamentales. Por el contrario, los otros dos sectores del amparo, es decir, el procedente contra las autoridades administrativas y el que se admitía respecto de las judiciales, por violación de los derechos individuales, se aprobaron tal como se habían sugerido en el proyecto y sólo se hizo un cambio de numeración, al quedar consignados en los artículos 8° y 9" (que correspondían a los preceptos 63 y 63 del proyecto, ver supra párrafo 48).36 54. B) El segundo paso en la creación del derecho de amparo se produjo con la aprobación del documento denominado "Acta de Reformas" (a la Carta Federal de 1824), con fecha 17 de mayo de 1847, debido a la decisiva intervención de Mariano Otero. Es bien conocido el origen de este instrumento fundamental, por lo que sólo se recuerda que se debió a la sublevación del general Mariano Salas e14 de agosto de 1846 contra el gobierno del general Mariano Paredes y Arrillaga, quien gobernaba aparentemente con apoyo en las Bases Orgánicas centralistas de 1843. En el Plan respectivo se convocaba a un nuevo Congreso Constituyente y se restablecía la vigencia de la Constitución Federal de 1824. 37 55. El citado Congreso se reunió en esta ciudad e16 de diciembre de 1846, con funciones de asamblea constituyente y ordinaria simultáneamente, en condiciones dramáticas debido a la guerra con los Estados Unidos, que fue desfavorable al ejército mexicano. Con el objeto de decidir las reformas que requería la citada Constitución de 1824, se designó una Comisión de Constitución que estaba integrada por los diputados Juan José Espinoza de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, Joaquín Cardoza y Pedro Zubieta. De estos miembros, Espinoza de los Monteros y Otero habían suscrito el proyecto de la minoría de 1842

3S Cfr. Suprema Corte de Justicia. Homenaje a Manuel Crescencio Rejón, cit., supra nota 31. p.

65. 36 Cfr. Suprema Corte de Justicia.

op.

ull. cil., pp. 97 Y 111.

37 Cfr. Tena Ramírez, Felipe. Leyesfundamentales de Mb:ico, cit., supra nota 6. p. 405.

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(ver supra nota 34), y Rejón el inspirador del amparo en la Constitución de Yucatán de 1841 (ver supra párrafo 47). 56. Como en ottas ocasiones de nuestra historia constitucional, la citada comisión se dividió al presentar su dictamen al Congreso el 5 de abril de 1847. La mayoría de sus integrantes consideró que la grave situación del país no permitía que se realizaran de inmediato reformas a la Carta de 1824, las que se propondrian en cuanto pudiese superarse la crisis. Por su parte Mariano Otero formuló su famoso voto particular, en el cual sostuvo que precisamente por la terrible situación que atravesaba el pafs al estar ocupada la mitad de su territorio, privado del puerto de Veracruz y con las topas del General Scott próximas a la capital, era indispensable reorganizar el ordenamiento constitucional, puesto que no era posible la salvación del pueblo si se le mantenía bajo una organización que consideraba "enteramente viciosa",38 57. El citado voto particular contiene un proyecto de reformas que con ligeras variantes fue aprobado por el Congreso con el citado nombre de "Acta de Reformas". La innovación más importante de este documento es sin duda la consagración del amparo como un instrumento protector de los derechos individuales y cuyo conocimiento se atribuye al Poder Judicial Federal. El artículo 19 del proyecto que se aprobó literalmente como 25 del texto definitivo, como es bien sabido, preceptuaba: "Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales (esto último en vinud de la Carta de 1824 no contenía una declaración de derechos), contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a itnpartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"." 58. Si comparamos este precepto con el antecedente inmediato de este documento, es decir la disposición contenida en el artículo 81, fracción 1, del proyecto de la minoría en el Congreso de 1842 (ver supra párrafo 35), se adviene la sustitución del nombre de reclamo que se había venido utilizando anteriormente, por el de amparo, empleado por vez primera por Rejón en la Cana yucateca de 1841 (ver supra párrafo 49) y que como hemos dicho, es un vocablo de ascendencia hispánica (ver supra párrafo 44) y por ello fue calificado por el ilustre constitucionalista mexicano Felipe Tena Ranúrez como "castizo, evocador y legendario".'" 38 En relación con el dictamen de la mayoría de la comisión de Constitución, cfr. Tena Ranúrez, op. ult. cil., pp. 442-443; y respecto a la parte del voto particular de Otero que se menciona en el texto, p.444. 39 Sobre el significado de este precepto, entre otros, Oñate. Santiago, "El Acta de Refonnas de 184T', en la obra Los derechos del pueblo mexicano. México a travls de sus constituóoMS, México, Manuel Poma, 1978. tomo n, pp. 37-44. 40 Derecho constitucional mexicano, 19a. ed., México, Pomía, 1983, p. 492, nota 7.

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59. En segundo lugar se puede observar que se amplfa tanto el ámbito de la protección como de los organismos judiciales a los que se encomienda, en virtud que la instancia se puede interponer por todo afectado en sus derechos individuales por leyes o actos del ejecutivo y del legislativo tanto de la federación como de los estados (en el reclamo anterior sólo procedía contra estos últimos), y además podía acudirse no sólo ante la Suprema Corte de Justicia como en el supuesto anterior, sino que confería competencia genérica a los tribunales de la Federación. 60. Como ocurrió con Rejón en el proyecto yucateco de 1840, también se advierte una influencia directa del pensamiento de Alexis de Tocqueville, cuya obra conocía Mariano Otero con profundidad, pues lo menciona con frecuencia en la exposición de motivos de su voto particular. Baste citar un pequeño fragmento de dicha exposición en 10 relativo al amparo para demostrar claramente la trascendencia de La democracia en América: "por esto yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a gran altura al Poder Judicial de la federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales contra lodos los atentados del ejecutivo o del legislativo ya de los estados o de la Unión. En Noneamérica este poder salvador provino de la Constitución y ha producido los

mJ!jores efecros. Allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la Constitución; )' de allí resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley secundaria, aplica aquélla y no ésta, de modo que sin hacerse superior a la ley ni ponerse en posición contra el poder legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cado caso panicular en que ella debía herir, la hace impotente. Una institución semejante es del todo necesaria entre nosotros... "41 61. Destaca en la parte final del artículo 25 del Acta de Reformas de 1847 la redacción que adopta Mariano Otero para señalar los efectos particulares del fallo en el amparo, en el supuesto en que se impugne la inconstitucionalidad de una ley, conocida como "fórmula Otero", y que con carácter casi sacramental se reitera en el artículo 102 de la Carta Federal de 1857 (ver i'!fra párrafo 70)," y el 107, fracción n, de la Constitución vigente." 41 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Leyesftuulamenlales de Mixico, cil.. supra nota 6. p. 465. 42 El artículo 102 de Constitución Federal de 5 de febrero de 1857. dispuso en la parte relativa: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare." 4) La fracción II del artículo 107 de la Carta Federal vigente, de S de febrero de 1917, dispone en su primer párrafo: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Este precepto se reproduce en el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor. pero introduce una variante con el objeto de modemizar el precepto constitucional que como el de la Carta Federal de 1857, sólo se refiere a "individuos particulares", en tanto que el mencionado artículo 76 agrega: "o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado ... ".


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62. Pero el mismo Mariano Otero conserva algunos aspectos del control político respecto de leyes inconstitucionales, en forma similar a como lo había planteado en el proyecto de la minoría de 1842 (ver supra párrafo 37). En este sentido, el artículo 16 del proyecto y 22 del texto aprobado establecieron que: "Toda ley de los Estados que ataque a la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso, pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores". Por su parte, el artículo 17 del voto particular y 23 del Acta, preceptuaba: "Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuere reclamada como anticonstitucional o por el presidente, de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados o seis senadores o tres legislaturas, las que dentro de tres meses y precisamente en un mismo día, darán su voto. Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte y ésta publicará el resultado quedando anulada la ley si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas. 44 63. Por otra parte cabe señalar que si bien Manuel Crescencio Rejón, electo como diputado por el Distrito Federal para el Congreso reunido en 1846, habla votado con la mayoría de la Comisión por el aplazamiento de las reformas a la Carta Federal de 1824 (ver supra nota 56), no había abandonado su propósito de introducir el derecho de amparo, esta vez en el ámbito nacional, de acuerdo con el sistema que había propuesto en la Constitución yucateca de 1841. En efecto, en el documento intitulado "Programa de la mayoría de los diputados del Distrito Federal", suscrito el 29 de noviembre de 1846 por Manuel Crescencio Rejón, Femando Agreda y José María del Río, se consigna la necesidad de proteger los derechos individuales a través del amparo." 64. Se ha explorado por algunos autores la práctica que tuvo el citado artículo 25 del Acta de Reformas de 1847 (ver supra párrafo 62) en cuanto se han descubierto algunos fallos dictados con su apoyo, a pesar de que no se expidió ley reglamentaria correspondiente. La sentencia que se ha localizado y se conoce con mayor precisión, es la pronunciada por Pedro Zámano, juez de distrito suplente en el estado de San Luis Potosí el 13 de agosto de 1849, por la cual concedió el amparo a Manuel Verástegui contra la orden de destierro que había dictado en su contra el gobernador de dicha entidad sin formación de juicio, y por este motivo dicho juez consideró que se violaban sus derechos fundamentales."

44 q,.. Tena Ramírr-z, Felipe, Leyesfundamentales de México, cit., supra nota 6, pp. 471 Y 474, respectivamente. 45 El texto de este documento puede consultarse en el Irabajo de Oñate, Santiago, El Acla tk Reformas de 1847, cil., supra nota 39, pp. 112, Y específicamente la referencia al amparo en la p. 110. 46 Cfr. Oñate, Santiago, "La primera sentencia de amparo", en el volumen Homenaje de la Suprema C0/1e a la Conslituci6n de .1857, México, 1957, pp. 151 Y ss.; Barragán Barragán, José, Primera Ley de Amparo de 1961, México, UNAM. 1980, pp. 107·108.

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65. Aun cuando al parecer se dictaron otras resoluciones con fundamento en dicho precepto constitucional, en ellos no intervino la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, se han localizado cuando menos tres proyectos de ley reglamentaria del citado artículo 25, en relación con el derecho de amparo establecido por dicho precepto, los que fueron presentados ante sus respectivas cámaras por el senador Gamboa y por el diputado Vicente Romero los días 29 de enero y 3 de febrero de 1849, respectivamente, y el último por José Urbano Fonseca en febrero de 1852 en su calidad de Secretario de Justicia del Presidente Mariano Arista, ante el Congreso de la Unión. 66. Un breve examen de estos proyectos lleva al convencirniento de que se tenfa sólo la idea aproximada de la nueva institución, por lo que su regulación era muy imprecisa y no se delirnitaba con claridad la competencia de los diversos tribunales de la federación, a los cuales correspondía el conocimiento del amparo, de acuerdo con el mencionado artículo 25 del Acta de Reformas. Por lo que se refiere a la intervención de la Suprema Corte de Justicia en esta materia, la iniciativa del senador Gamboa fue muy confusa y se lirnitó a señalar el procedimiento ante los tribunales de primera y segunda instancia, sin determinar si se trata de juzgados de distrito y tribunales de circuito, o si también el máximo tribunal intervendrfa en las dos etapas del procedirniento. 47 67. El segundo proyecto, es decir el presentado por el diputado Romero establece reglas inciertas de competencia de los tribunales federales para conocer del amparo, pues se lirnita a señalar en el artículo 5° que: "Los tribunales que deben conocer en los recursos de protección y de amparo, son: La Cone Suprema de Justicia en tribunal pleno, los juzgados de circuito y jueces de distrito, caOn uno a

prevención y con igUlll autoridad"." 68. Por el contrario, en la iniciativa del secretario Fonseca de febrero de 1852, se otorga competencia exclusiva a la Corte Suprema de Justicia en tribunal pleno o a su primera sala, según la autoridad contra la cual se solicitare la protección. El artículo 4° del citado proyecto proponía que: "Si la violación fuere cometida por el poder legislativo de la Unión o por el Presidente de la República, el recurso debe interponerse y seguirse ante la Suprema Cone de Justicia, en tribunal pleno. Mas si procediere de la legislatura o poder ejecutivo de algún estado, se interpondrá y sustanciará el recurso ante la Primera Sala de la misma Corte, asistiendo a ella, a más de sus rniembros natos, los dos ministros que hagan de presidentes de la segunda y tercera saJa.' '49

.7 El texto de este proyecto, en Barragán Barragán, José. op. ult. cit.. pp. 206-211. 48 Cfr. Oñate. Santiago. "El primer proyecto de Ley de Amparo: 1849". en Boletfn de Información Judicial, México. primero de octubre de 1955. núm. 98. pp. 55()..552. 49 Este documento puede consultarse en Barragán Barragán. José, Primera úy de Amparo, cil., supra nota 46. pp. 226-2Z8; y en Moreno Cora, Silvestre. Tralado del juicio de amparo, supra nota 16, 775-776.


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69. Conviene recordar que la Suprema Corte funcionaba en esa época (en la cual se había restablecido la vigencia de la Constitución Federal de 4 de octubre de 1824 con las reformas introducidas en 1847), de acuerdo con la Ley de 14 de febrero de 1826, que ntantuvo su vigencia en gran parte, inclusive con posterioridad a la Ley de Administración de Justicia y Org~nica de los Tribunales de la Federación de 23 de noviembre de 1855, expedida por el general Juan Alvarez como presidente interino.'" El ordenamiento de 1826 dividía la Suprema Corte en tres salas, la primera de las cuales se integraba de cinco magistrados a cuya cabeza se encontraba el presidente de la propia Corte, y las otras dos se componían de tres magistrados. 70. C) La tercera y última etapa de creación del amparo se desarrolló a través del proyecto y de los debates del Constituyente de 1856-1857, en virtud de que como se ha dicho, el juicio de amparo se consagró de manera definitiva en los artículos 101 y 102 de la Carta Federal promulgada el5 de febrero de 1857. 71. El proyecto que sirvió de base a los mencionados debates fue suscrito el 16 de junio de 1856 por los diputados constituyentes Ponciano Arriaga, Mariano Yáñez, León Guz~n, Pedro Escudero y Echánove, José María del Castillo Velasco, José María Cortés y Esparza y José María Mata, los que en su mayor parte pertenecían a la corriente liberal de carácter radical, ya que entonces no podía hablarse todavía de un partido político en sentido estricto. 72. En la parte relativa de la exposición de motivos, al referirse al juicio de amparo, se consideró que era la reforma tal vez más importante que tenía el proyecto. Se invoca expresamente a Alexis de Tocqueville y su "preciosa obra" de La Democracia en América del Norte, para concluir: "No habrá pues, en lo adelante, y siempre que se trate de leyes o actos inconstitucionales, ya de la federación o ya de los estados, aquellas iniciativas ruidosas, aquellos discursos y reclamaciones vehementes en que se ultrajaba la soberanía federal o la de los estados, con mengua y descrédito de ambos, y notable peIjuicio para las instituciones (se hacía referencia al sistema de la Constitución de 1824 que confiaba al Congreso Federal la función de declarar la constitucionalidad de las leyes, (ver supra párrafo 20), ni aquellas reclamaciones públicas y oficiales que muchas veces fueron el prclmbulo de los pronunciamientos; habrá sí unjuicio pacífico y tranquilo y un procedimiento en formas legales que se ocupe de pormenores, y que dando audiencia a los interesados, prepare una sentencia, que si bien deje sin efecto en aquel caso la ley de que se apela, no ultraje ni deprima el poder soberano de que ha nacido, sino que lo obligue por medios indirectos a revocarla por el ejercicio de su propia autoridad." SI

50 Cfr. Pallares. Jacinto, El poder judicial o tratado completo de la organización, competencia y procedimientos ce los tribunilles de la República Mexicana, México. Imprenta del Comercio de Nabor

Chávez, l874. pp. 499-504.

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73. La discusión sobre el artículo 102 del proyecto," se desarrolló durante las sesiones de 28 a 30 de octubre de 1856 y los argumentos esenciales expresados por Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo en defensa de este precepto, señalaron que

la institución tutelar de los derechos fundamentaJes no era un invento de la comisión sino que estaba en práctica en los Estados Unidos y era admirada por los insignes escritores que había comentado las instituciones norteamericanas. entre ellos Alexis de Tocqueville y Paul de la Aoue." 74. En contra del precepto se destacaron Ignacio Ranúrez, "El Nigromante", y Jesús Anaya Hermosillo, quienes consideraron inadmisible que los jueces pudiesen dejar sin efecto las disposiciones legislativas expedidas por el órgano legislativo que habfa sido electo popularmente, pues ello implicaba una invasión de facultades. El primero sostuvo que: "Cuando un juez pueda dispensar la aplicación de una ley, acaba con la majestad de las leyes y las que se den después, carecerán de todo prestigio, lo cual de ninguna manera puede ser conveniente."" 75. Otro de los diputados constituyentes que sostuvo la necesidad de la introducción del amparo, es decir, José Maria Mata, insistió en el sentido de que el medio propuesto no era invento de la comisión, ni idea nueva en México, pues recordó lo dispuesto por el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, Y expuso además, la práctica de la revisión judicial en los Estados Unidos." 76. Se descubre en los debates, que los miembros de la comisión que redactaron el proyecto respectivo pretendían establecer una institución similar a la revisión judicial de los Estados Unidos, de acuerdo con la divulgación que de la misma

51 La expo~ición de motivos del proyecto de Constitución elaborado en 1856, puede consultarse en Tena Ramírez. Felipe, Leyes Fundamentales de México, cit .. supra nota 6, pp. 525-554; Zarco, Francisco. Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), edición El Colegio de México, México, 1956, pp. 306-329. 52 El artículo 102 del proyecto, fue elaborado por la Comisión de la siguiente manera: "Toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violaren las garantias individuales. o de la federación que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. o de éstos cuando invadan la esfera de la autoridad federal. se resuelven a petición de la parte agraviada. por medio de una sentencia y de procedimientos y formas del orden jurídico, ya por los tribunales de la federación exclusivamente, ya por éstos juntamente con los de los estados, según los diferentes casos que establezca la ley orgánica; pero siempre de manera que la sentepcia no se ocupe sino de individuos particulares y se limite a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que se verse el proceso sin hacer ninguna declaración respecto de la ley o del acto que la motivare. En todos estos casos los tribunales de la federación procederán con la garantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo. cuyo jurado calificará el hecho de la manera que disponga la Ley Orgánica. Exceptuándose solamente las diferencias propiamente contenciosas en que puede ser parte para litigar los derechos civiles un estado contra otro de la federación, o ésta contra alguno de aquéllos. en los que fallará la Suprema Corte Federal según los procedimientos del orden común." S3 Cfr, Zarco. Francisco, Historia del Congreso Extraordinario COfUtituyenle. cit.• supra nota 51. pp. 990-992. 54 Cfr. Zarco. Francisco. op. ult., cil .• p. 990. 55 Cfr. Zarco. Francisco, op. u!t., cil., p. 993,

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había efectuado Alexis de Tocqueville, y señalaban, además, el precedente del citado artículo 25 del Acta de Reformas de 1847 (ver supra párrafo 62). La invocación reiterada, y en ocasiones literal, de las explicaciones del notable tratadista francés sobre la función de los jueces en los Estados Unidos para desaplicar las leyes inconstitucionales en los casos concretos de su conocimiento, se explica fácilmente si se toma en consideración que La derrwcracia en América de Norte, en la misma traducción castellana de Sánchez de Bustamante (ver supra párrafo 43) fue reimpresa en México en 1855, año en el cual se realizó la convocatoria del Congreso Constituyente." 77. Sin embargo, y no obstante este conocimiento directo a la obra de Tocqueville, todavía no se tenía una idea clara de la institución noneamericana, y por ello en el proyecto se incluyó la proposición de que, para conocer del amparo, los tribunales de la federación deberían proceder con la garantía de un jurado que calificaría el hecho de la manera en que 10 dispusiera la ley orgánica respectiva. Al respecto, el ilustre Melchor Ocampo, al sostener la necesidad de introducir el derecho de amparo, consideró que una de las ventajas del proyecto consistía en establecer un jurado como representante de la opinión pública y de la conciencia, así como una apelación contra los mismos Congresos, pues la prudencia consistía en que se protegiera al agraviado sin atacar al legislador en su alta esfera de

soberanía. S7 78. Esta institución del jurado para calificar los hechos violatorios de los derechos fundamentales causó profunda impresión en los constituyentes, e inclusive el diputado Isidoro Olvera propuso que contra el veredicto respectivo procediera la apelación ante un jurado nacional. Finalmente, el texto de los artículos 100 a 102, en su nueva redacción propuesta por el mismo Melchor Ocampo, fueron aprobados, el primero por 46 votos contra 36 (relativo a la competencia de los tribunales federales para conocer el amparo); el segundo por 49 votos contra 30 (fórmula Otero). El tercero, que propuso: "En todos los casos de que hablan los dos artículos anteriores se procederá con la garantía de un jurado compuesto por vecinos del distrito a que corresponde la parte actora. Este jurado se formará y calificará el hecho de la manera que disponga la ley orgánica." Fue aceptado por 56 contra 27 votos." 79. Sin embargo y no obstante la aprobación de este último precepto relativo al jurado, el mismo no apareció en el texto definitivo de la Constitución jurada y promulgada el 5 de febrero de 1857, en la cual, los artículos 100 Y 101 quedaron S6 De la democracia en Amirica, trad. por D. A. Sánchez de Bustamante, Méx.ico, publicación del Republicano, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1855,2 vols. S7 Cfr. Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, cit.. supra nota SI. pp.996. S8 Cfr. Zarco, Francisco. op. ul1. cil .. pp. 996-999.

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como 101 Y 102." pero no se incluyó el 102 del proyecto. tal como fue aceptado por el Congreso. No se tiene un conocimiento preciso de las causas de la desaparición de este último precepto. que se debió al único miembro de la comisión de estilo. el inquieto y combativo León Guzmán. ya que los restantes integrantes de esa comisión. es decir Melchor Ocampo y Joaquín Ruiz no se presentaron. por diversas razones. para colaborar en esa tarea. y por ello el Congreso acordó que la labor fuese realizada únicamente por Guzmán. quien ha sido calificado. por haber eliminado al jurado. como "salvador del amparo".oo 80. No ha sido posible determinar si esta actitud de León Guzmán fue consciente o casual. pero tomando en cuenta su carácter enérgico puede conjeturarse que tenía conciencia de la necesidad de dejar sin efecto la invocación al jurado popular. el que no hubiese podido funcionar el relación con la nueva institución de amparo. pero que en cambio fue útil para lograr la aprobación de los preceptos respectivos. que además lo fueron por una votación dividida (ver supra párrafo 78). 81. Posteriormente varios periódicos publicaron ataques contra León Guzmán por la supresión del artículo 102 mencionado. y se defendió con la afirmación de que. después del cotejo respectivo. el Congreso aprobó la minuta. por lo que no tenía responsabilidad a1guna. O! 82. El texto de los citados artículos 101 y 102 de la Constitución Federal promulgada el 5 de febrero de 1857. fue el siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. n. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de Jos estados. m. Por Jeyes o actos de Jas autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal." ''Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán. a petición de la pane agraviada. por medio de procedimientos y formas del orden jurídico. que determinará una ley. La sentencia será siempre tal. que sólo se ocupe de individuos particulares. limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que 59 Los cítados preceptos fueron aprobados con el texto siguiente: "Articulo 101: Los nibunales de la federación resolverán toda contrcversia que se suscite: 1. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. IT. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o ff!strinjan la soberanía de los Estados. IlI. Por las leyes o actos de autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal." "Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán, a petici6n de la parte agraviada, por medio de proct'dimientCls y formas del orden jurídico que determinara una ley. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto de la ley o acto que la motivare." 60 Cfr. Gaxiola, Jorge, "León Guzmán y la Constituci6n de 1857", en El Foro, México, enero-junio de 1957, núms. 15-17, pp. 5-19. Sobre el carácter y las actividades política-jurídicas de este ilustre constituyente, Madrazo. Jorge. "Apuntes para un estudio de la vida y obra de Le6n Guzmán". en la obra Memorias del JI Congreso tk Hisloria tkl Derecho Mexicano. México. UNAM. 1981, pp. 635-651, especialmente pp. 637-640. 51 Cfr. Gaxiola. Jorge. op. u/t. cit.. pp. 17-18.

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verse el proceso. sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare." 83. En el mismo año de 1857. en el Congreso Constitucional posterior al constituyente. se presentó el primer proyecto que se conoce para reglamentar las controversias regnladas por el articulo 10 1 de la Constitución recientemente aprobada. suscrito por el diputado Domingo Maria Pérez Femández con fecha 16 de noviembre del citado año de 1857. 84. En esta iniciativa. que no llegó a discutirse en vinud de la sublevación del General Félix Zuloaga a través del Plan de Tacubaya. secundado ingenuamente por el mismo presidente Comonfon. suscrito el 17 de diciembre del propio año de 1857 y con el cual se inició la cruenta Guerra de Reforma. En dicho proyecto se estableció la competencia de la Suprema Cone de Justicia en tribunal pleno para conocer de las controversias reguladas por el anículo 10 1 de la Carta Federal. cu.ando las leyes o actos impugnados fuesen expedidos o dictados por el congreso general; las legislaturas de los estados; el presidente de la República; los gobernadores de los estados. distritos o territorios; los sf,cretarios del despacho y de los generales de división o de brigada que tuviesen bajo su mando algún ejército o hrigada (anfculo primero). Cuando los actos reclamados como violatorios de las garantías individuales fuesen realizados por autoridades distintas de las anteriores. los juicios respectivos deberian promoverse ante los jueces de Distrito y contra las sentencias que dictasen podía interponerse el recurso de apelación ante los tribunales de Circuito correspondientes (articulo 14). 85. Curiosamente y contra los precedentes establecidos en el reclamo contra la expropiación de la propiedad privada en la primera ley constitucional de 1836 (ver supra párrafo 28). o en la institución del mismo nombre propuesta en el proyecto de la minoría de 1842 (ver supra párrafo 36). que establecían la suspensión de las leyes o actos impugnados durante la tramitación del procedimiento. en la citada iniciativa del diputado Pérez Femández se adoptó el criterio opuesto. pues el articulo 20 ordenaba que: "En ningún caso podrán suspenderse por vía de providencia precautoria los efectos de la ley o acto contra el cual se pide amparo. sino que subsistirá en todo su vigor hasta que se pronuncie la sentencia que cause ejecutoria. "62

IV. LA PRIMERA ETAPA (1861-1868) 86. Debido a la gnerra civil que se inició en diciembre de 1857 y terminó con la batalla de Calculalpan efectuada el 22 de diciembre de 1860. en la cual el general 62 Cfr. Barragm Barragm. José. Algunos docununlos para el estudio del origen tUl juicio tU amparo, cit., supra nota 2. pp. 228-233.

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Jesús González Ortega al mando de las tropas liberales derrotó por completo al ejército conservador comandado por el general Miguel Miramón, ocupando la capital el 25 del propio diciembre; la Constitución Federal de 1857 quedó prácticamente suspendida, y además, precisamente por estos acontecimientos, pues el Congreso de la Unión había sido disuelto el17 de diciembre de 1857, no fue posible reglamentar los artículos 101 Y 102 de la propia Carta Fundamental. 87. En esta época difícil sólo se tiene conocimiento de un intento realizado por el ilustre constituyente y cronista Francisco Zarco, para lograr la aplicación de los preceptos constitucionales que regulaban el derecho de amparo, a través de la demanda que presentó ante el juez de distrito con residencia en la ciudad de México, para que se le protegiera contra la decisión de un juez penal que pretendía juzgarlo por un delito de imprenta, no obstante que este tipo de infracciones debería ser conocido por un jurado popular, con lo que se violaba el artículo 7° de la Carta Federal. El citado juez federal desechó dicha demanda, por resolución de 13 de octubre de 1857, con el argumento de que sin la ley reglamentaria respectiva no podían los tribunales federales normar sus procedimientos en la tramitación de los juicios de amparo establecidos por los artículos 101 y 102 de la misma Constitución. 63 88. En tal virtud, se puede afirmar que la primera fase del juicio de amparo se inició con la promulgación de la primera ley reglamentaria de los citados preceptos constitucionales, con el nombre de "Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma", el 30 de noviembre de 1861. 89. El distinguido tratadista profesor José Barragán Barragán ha examinado las diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión y los debates correspondientes para la aprobación de dicho ordenamiento. Se puede afmnar que el llamado Segundo Congreso Constitucional que inició sus actividades el 9 de mayo del propio año se tomó en consideración los proyectos presentados por J. R. Pacheco por encargo del ejecutivo federal, el elaborado por el diputado Manuel Dublán y, finalmente, el redactado por la Comisión de Justicia del Congreso, que se apoyó esencialmente en el de Dublán. 64 90. Aun cuando en las exposiciones de motivos de los mencionados proyectos se sostiene la tesis de que la institución de amparo se apoya en la práctica de la revisión judicial que se practicaba en los Estados Unidos, el ordenamiento aprobado por el Congreso el 26 de noviembre de 1861, se inserta dentro de la tradición 63 Cfr. Barragán Barragán. José. Primua Ley tU Amparo. dI., supra nota 46, pp. 108-112. 64 Cfr. Barragán Barragán, José. op. 14Jl. cil .. quien se apoya esencialmente en la obra de Buenrostro. Felipe, Historia del primuo y segundo Congresos Constifucionales tú la RepJ1blica Mexicana, México, Tip. de F. Mata. 1874-1883. 11 vols.


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del proceso civil en cuanto estableció la posibilidad de tres instancias. Las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito podían apelarse ante los tribunales colegiados de circuito, y si se confirmaban, debían considerarse firmes, pero si eran revocadas en segundo grado, procedía el viejo recurso de súplica ante la Suprema Corte de Justicia (artículo 18), que funcionaba por tanto, como tribunal de tercera instancia, según la tradición española." 91. La Ley de Amparo de 1861 por tratarse del primer ensayo de reglamentación

de los preceptos constitucionales mencionados. debe considerarse como una combinación del procedimiento civil tradicional. en virtud de las tres instancias citadas. y por otra parte, como un intento de captar el espíritu de la revisión judicial norteamericana, de manera que, regulaba separadamente las tres hipótesis del artículo 101 de la Constitución Federal. En la primera sección establecía la competencia de los tribunales federales para conocer de las instancias en las que se tratare de rebatir las leyes de la Unión o de invocarlas para defender algún derecho, y amplió la tutela 110 sólo de los derechos consignados en la Carta Federal, sino también en sus leyes orgánicas (artículos primero y segundo).'6 92. En las secciones segunda y tercera se regulaba la tramitación del amparo solicitado por cualquier habitante de la República contra leyes o actos de autoridad federal que violasen o restringieran la llamada soberanía de los Estados, y los de estos últimos que invadieran las atribuciones de los poderes de la Unión (artículos 19 y 26). 93. Entre los aspectos que merecen destacarse, en virtud de que influyeron en ordenamientos posteriores, se encuentra la disposición del artículo 11, en el cual se consagra la fórmula tradicional de la sentencia de amparo que declaraba: "la justicia de la Unión ampara y protege" al promovente cuando se demostrara que sus derechos hubiesen sido violados y el precepto del artículo 32, de acuerdo con el cual, los tribunales para fijar el derecho público nacional deberían tener como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las leyes que de ella emanaren y los tratados con las naciones extranjeras, de acuerdo con lo establecido por el artículo 126 de la citada Constitución de 1857, tomado, a su vez, casi literalmente del artículo VI de la Carta Federal de los Estados Unidos. Además, dicho artículo reiteraba lo dispuesto por el segundo párrafo del mandato constitucional, en el sentido de que los jueces de cada estado deberían preferir dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las

6j Sobre el recurso de súplica, cfr. Escriche, Joaquín. Diccionario razollado eh legislación y jurisp1'Ulkncia. Madrid, 1873. tomo 11. pp. 148-1481, 66 Cfr. Rojas, Isidro y Garera, Francisco Pascual, El amparo y sus reformas, México, Tipográfica de la Compañía Editorial Católica, 1907, pp. 67·69; Moreno Cora, Silvestre, Tratado del juicio de amparo, cif., supra nota 16, pp. 19·21.

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constituciones o leyes de las propias Entidades, el cual establecía el llamado "control difuso", que no llegó a aplicarse en nuestra realidad constitucional." 94. Un precepto muy importante, el cual no fue introducido de manera consciente, es el contenido en el artículo 3" del citado ordenamiento reglamentario del derecho de amparo, en cuanto estableció la posibilidad de que la demanda pudiese interponerse contra resoluciones de un juez federal de Distrito, ante su respectivo suplente, es decir, consagró la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones judiciales, inclusive las de carácter federal, lo que dio lugar a un debate apasionado que se prolongó durante la vigencia de la Carta Fundamental de 1857 (ver infra párrafo 136). 95. La aplicación de la primera Ley de Amparo fue muy restringida, en virtud de que poco tiempo después de entrar en vigor se inició la invasión de las tropas francesas a nuestro país con objeto de imponer un gobierno monárquico encabezado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo, y este periodo de hostilidades se prolongó de abril de 1862 hasta el 15 de julio de 1867 en el que el gobierno del presidente Benito Juárez restableció nuevamente su residencia en la ciudad de México, con lo cual terminó la desafortunada aventura imperial que tuvo su epilogo en el Cerro de las Campanas. 96. Por este motivo los tribunales federales resolvieron la mayoría de los juicios de amparo planteados ante ellos durante esta primera fase, en el año de 1868, en el cual se restableciÓ por completo el orden constitucional. La mayoría de las resoluciones de los propios tribunales federales que se conocen pertenecen a este año, y en ellas tuvieron mayor intervención los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, incluyendo la Primera Sala del Tribunal Superior del Distrito Federal en funciones de órgano de apelación en materia de amparo, pues la intervención de la Suprema Corte de Justicia, como se ha mencionado anteriormente (ver supra párrafo 90), se realizaba en tercera instancia a través del recurso de súplica, cuando la sentencia pronunciada en apelación era diversa de la de primer grado, a cargo de los jueces de Distrito." 97. Como es comprensible, estos primeros fallos de los tribunales federales sobre el nuevo derecho de amparo establecido en la Carta Federal de 1857 y reglamentado en la Ley de 1861. cuando eran favorables a los peticionarios fueron

67 El artículo 126 de la Constitución Federal de S de febrero de 1857, establecía que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso. serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución. leyes o tratados, a pesar de las disposicicones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados." Compárese este precepto con el contenido en el artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos que se consigna en la nota 33 de este trabajo. 68 Algunas de estas primeras sentencias de amparo se consignan como apéndice: en la obra de Barragán Barragán, José. Primera Ley de Amparo, cit., supra nota 46, pp. 112-200.


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recibidos con desconfianza e inclusive provocaron resistencia, por parte de las autoridades contra las cuales se había interpuesto la instancia, las que no comprendían el alcance tutelar de la que entonces era una novedosa institución procesal. Lo anterior explica las dos circulares de la Secretaría de Justicia de 8 de julio y de 22 de agosto de 1868, en las que señaló la obligación de las propias autoridades para cumplir y respetar las sentencias respectivas, sin perjuicio de exigir responsabilidad al juez que otorgó la protección cuando estimaran que el fallo era incorrecto, y por otra parte, también se indicó a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, debido a su tendencia a extralimitarse, que sólo estaban facuItados para conceder o negar el amparo y vigilar la ejecución del fallo protector. 69 98. Cabe aclarar que correspondía a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por cinco de sus once magistrados titulares, resolver los juicios de amparo que se planteaban en tercera instancia a través del recurso de súplica y que el tribunal en pleno tenía la facultad de proponer temas al Ejecutivo Federal para el nombramiento de los jueces y magistrados de la federación así como a sus respectivos promotores fiscales y secretarios, en los términos de los articulos 13, fracción IV y 6°, fracción IV, del reglamento de la propia Suprema Corte de Justicia, expedido el 29 de julio de 1862. 70 V.

LA IMPOSIBLE TAREA DE LA CORTE y EL AMPARO JUDICIAL

(1868-1908)

99. Poco tiempo tenía de aplicación efectiva la citada Ley de Amparo de 1861 en el año de 1868, cuando se consideró que era necesaria su sustitución por otra que corrigiera los defectos más ostentosos que se habían advertido en la práctica, entre los cuales se señalaban la excesiva duración de los juicios de amparo en virtud de las tres instancias y el procedimiento preliminar ante los jueces de distrito para resolver sobre la admisión de la demanda; así como la disparidad de criterios que se advertía en los jueces y tribunales federales para decidir los mismos problemas jurídicos, los cuales sólo llegaban a la Suprema corte de Justicia si existia una contradicción entre el fallo del primero y el segundo grados." lOO. Por este motivo, el secretario de Justicia del presidente Benito Juárez, el distinguido jurista Ignacio Mariscal, envió al Congreso de la Unión, a nombre del

69 Cfr. Moreno Cora, Silvestre, Traradodeljuicio de amparo, cit., supra nota 16, pp. 23-24; Rojas, Isidro y Garcia, Francisco Pascual, El amparo y sus reformas, cit., supra nota 66, pp. 73-74. 70 De acuerdo con los artículos 91 y 92 de la Constitución de 1857, la Suprema Corte de Justicia se integraba con once ministros propietarios y cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general, designados en elección directa de primer grado. por un periodo de seis años, de acuerdo con la Ley Electoral de 12 de febrero de 1857. 71 Cfr. Rojas, Isidro y García, Francisco Pascual. El amparo y sus r~fomlas, cit., supra nota 66, pp. 74-75.

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Jefe del Ejecutivo. la iniciativa de una nueva Ley de Amparo. con fecha 30 de octub¡e del propio año de 1868. en cuya exposición de motivos señalaba la necesidad de elaborar un nuevo ordenamiento. en virtud de que: "todos los que de cerca han observado esos juicios (de amparo). eslán ya de acuerdo en que la reglamentación imperfecta que como primer ensayo tuvo que dárseles en 1861. ha ocasionado abusos verdaderamente escandalosos. que hacen de semejantes recursos el tropiew constante de la administración y de la justicia. Hoy los juicios de amparo amenazan volverse una cuana instancia. inevitable en cada pleito civil o criminal. no sólo para revisar la sentencia principal o ejecutoria. sino hasta las decisiones incidentales. porque se quiere convertirlos en la panacea para toda infracción de ley verdadera o imaginaria"." 10 1. Son varias las innovaciones que se proponen en el citado proyecto de 1868. pero podemos destacar como de mayor trascendencia las relativas: a) supresión de las tres instancias anteriores. y en su lugar se establece un periodo de instrucción ante los jueces de distrito. pues se estimó que la resolución fiTUJI debía corresponder a la Suprema Cone de Justiciafuncionando en Pleno y no en Salas como /o había

hecho hosta ese momento. en vinud de que de esta manera " se logrará que las sentencias tengan. no sólo la respetabilidad sino también la uniformidad de espíritu que. según se ha demostrado. son tan esenciales para el bien público"; b) la suspensión se encomienda al juez de Distrito que es el que se encuentra siempre en el territorio de un estado y es el más próximo a la ejecución de los actos reclamados. pero se limitaba dicha suspensión en los que estuviera en peligro la vida del reclamante o los perjuicios por la ejecución de los actos reclamados no pudieran indemnizarse pecuniariamente; c) la modificación más importante se proponía en materia judicial. puesto que por una parte se prohibía de manera absoluta que pudiera interponerse el juicio de amparo contra resoluciones de los jueces federales. como lo admitfa el artículo 3° de la Ley de 1861." y respecto de los jueces y tribunales locales. sólo contra sentencias definitivas por violación directa de la Constitución y siempre que la consumación de la providencia respectiva no pudiera evitarse por algunos de los medios judiciales que las leyes autorizaban. 102. En relación con la impugnación de resoluciones judiciales. el proyecto elaborado por Ignacio Mariscal se inspiraba en las disposiciones de la Carta Federal de los Estados Unidos. asf como en la práctica de la revisión judicial de ese país. según los cuales sólo podía impugnarse una decisión judicial de los tribunales de

72 Cfr. Barragán Barragán. José. Proceso de discusión de la úy de Amparo de 1869, México, UNAM. 1980. pp. 8-9. 13 Dicho precepto establecía: "El ocurso se hará ante el juez de distrito del estado en que resida la autoridad que motiva la queja, y si el que la motivare fuere dicho juez. ante su respectivo suplenli!. En el ocurso se expresará detalladamente el hecho. fijándose cuál es la garantía violada."


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los estados cuando resolvieran sobre problemas constitucionales. pero de ninguna manera cuando se tratase de la aplicación de disposiciones legislativas de carácter local (artículos 23 a 27 del citado proyecto)." 103. Fue precisamente en esta materia del amparo judicial en la que se entabló una discusión apasionada y que ha sido señalada como de gran significación para el futuro del derecho de amparo mexicano." Las comisiones primera de Justicia y de Puntos Constitucionales, que en un principio, en su dictamen presentado el 19 de noviembre de 1868, habían aceptado los lineamientos del proyecto en cuanto al amparo en negocios judiciales, sólo cambiaron el orden de los mismos, ya que los artículos 23 a 27 del proyecto (supra párrafo 102), pasaron a los preceptos 8° a 10° del dictamen;76 pero debido a los acalorados debates, las mismas comisiones presentaron una nueva redacción del artículo 8° en el cual se propuso en forma categórica "No es admisible el amparo en los negocios judiciales", cuya discusión se inició en la sesión del 2 de enero de 1869." 104. El secretario de Justicia Mariscal compareció personalmente en el Congreso en la sesión del 9 de enero de 1869, y con argumentos muy agudos defendió el proyecto inicial en relación con el amparo contra sentencias judiciales, exclusivamente por violaciones directas de carácter constitucional, sosteniendo que el nuevo texto del citado artículo 8° debería considerarse inconsrirucional, pues era contrario al artículo 101 de la Carta Federal, ya que en los asuntos judiciales podían producirse violaciones de las señaladas en ese precepto, y agregó textualmente: "hay ciertas garantías muy preciosas, por cierto, que sólo en juicio o ante los tribunales, pueden llegar a ser violadas. Tales son, las que el artículo 20 de la

74 Dichos preceptos que integraban el capítulo IV del proyecto intitulado "Amparo en negocios judiciales", proponían lo siguientei Artículo 23. Contra los actos de un tribunal de la federación no habrá recurso de amparo, sino solamente el de responsabilidad cuando se hayan agotado los demás que franquean las leyes. Artículo 24. S610 se podrá entablar un recurso de amparo, cuando la consumaci6n de la providencia de que se trata no pueda enviarse por alguno de los medios judiciales que las leyes autoricen. Artículo 25. Dicho recurso no tendrá lugar en ningún litigio, sino después de pronunciada la sentencia principal que cause ejecutoria; y sólo se admitirá por una de las violaciones de la Constitución a que se refiere el artículo 4° (que se refiere a los tres supuestos establecidos por el artículo 101 de la Carta Federal de 1857), cuando semejante violación haya ocurrido en la última instancia. Artículo 26. Cuando, pendiente un litigio, o en el caso de tener que promoverlo, se entablare un recurso de amparo contra lo ordenado en los dos artículos anteriores. el juez de distrito lo desechará desde luego y sin fonnar artículo; y si ya se hubiese dado entrada, por no conocer los hechos, luego que éstos pongan de manifiesto que no era tiempo de admitir dicho recurso, se sobreseerá en él de oficio y sin fonnar artículo sobre este punto, Artículo 27. Contra la providencia del juez negando entrada al recurso, o sobreseyendo en él por la razón expuesta en el artículo anterior, s610 queda a la parte el remedio de exigir a dicho juez la responsabilidad ante el tribunal de circuito, 75 qr. Noriega Cantú, Alfonso, lA consolidación deljuicio de amparo. (El caso del an{culo 8" de la Ley de 1869), México, Círculo de Santa Margarita, 1980, pp, 9-21, 76 Cfr. Barragán Barragán. José, Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869, cit., supra nota 72, pp. 25-33. 77 Cfr. Barragán Barragán, José, op. ulr. cit., pp. 210-238.

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Constitución asegura a todo acusado en unjuicio criminal. Así es que por lo menos, para la violación de eSlas garanúas aun cuando hubiera controversia sobre ella, no podría una excepción contraria al texto constitucional",78

105. No ohSlame los argumentos de los defensores del amparo contra resolu-

ciones judiciales en cuanto a violaciones directas de carácter constitucional, en el Congreso se impuso la opinión contraria, con el razonamiento esencial de que con la impugnación de las decisiones judiciales de carácter local se violaria la autonomia de las emidades federativas (calificada como soberanía), y por ello no obstante la ostensible superioridad de las razones expuestas por los que sostenían el proyecto original, incluyendo al propio secretario Mariscal, el citado articulo 8° fue aprobado con su texto prohibitorio del amparo judicial, en la sesión permanente del 18 de enero de 1869. por 85 votos contra 31. 79 La nueva Ley de Amparo fue promulgada el 20 del mismo enero. 106. Con la aprobación de este plecepto no terminó la discusión sino que por el contrario se convirtió en una cuestión que despertó una apasionada polémica, pero pronto se confonnó entre los abogados y tratadistas la opinión adversa al citado artículo 8° de la segunda Ley de Amparo. de 20 de enero de 1869, y si bien en una primera elapa no existió uniformidad en el criterio de los jueces de distrito y de la Suprema Corte de Justicia, se impuso finalmente la tesis de que el citado precepto era inconstitucional y no debía aplicarse. 80 107. Sin embargo, existe consenso en la doctrina en el senlido de que fue la resolución de la Suprema Cone de 29 de abril de 1869, la que estableció el criterio anterior. En dicha resolución, redactada en fonna muy escueta, la misma Suprema Corte revocó el auto dictado por el juez de distrito en el estado de Sinaloa el 27 de marzo amerior. por el que dicho juez desechó la demanda de amparo interpuesta por el licenciado Manuel Vega contra una providencia del Tribunal Superior de la referida entidad federativa, que lo había suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado. El desechamiento lo apoyó el juez federal en la prohibición del arúculo 8° de la Ley de Amparo de 1869. La Suprema Corte ordenó que el citado juez federal admitiese dicha demanda y la tramitara confonne a derecho" 78 La comparecencia del Secretario Mariscal puede consultarse en la obra citada en la nota anterior. pp. 261-265. 79 Cfr.. Barragán Barragán, José. op. uIt. cit.. p. 31l. so Cfr. entre otros, Rojas. Isidro y García, Francisco Pascual. El amparo}' sus refonnas, cil., supra nota 66, pp. 87-97; Lozano. José María. Estudio del derecho constituciollal patrio en Jo relativo a Jos cerec;los del hombre. México. Imprenta del Comercio de Dublán y Compañía. 1876. Edición facsimilar, México, Pomía. 1972. pp. 441-443; Mejía, Miguel, Errores constitucionales. México, Tipografía La Epoca, 1886. Edición facsimilar, México. UNAM. 1978. especialmente pp. 9 Y 10. 8! La importancia del auto de 29 de abril de 1869 fue comentada tanto por tratadistas clásicos como contemporáneos y entre ellos podemos citar: Vallarta. Ignacio Luis, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico compararivo sobre estos recursos constitucionales, aparecido primeramente en México. Imprenta de F. Díaz de León. 1881. Edición de 1896. México, Imprenta de

LA SUPREMA CORIE y EL JUICIO DE AMPARO

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108. Esta decisión de la Suprema Cone de JusIicia inició una etapa esencial en lo que se ha calificado como "consolidación"." y para otros "degeneración" del juicio de amparo.8) pero de todos modos significó una transformación definiIiva de nuestra máxima institución procesal. en virtud de que se aceptó la posibilidad de acudir al juicio de amparo contra resoluciones judiciales. primero sólo por violaciones consIitucionales directas. pero posterionnente respecto de la aplicación "exacta" de las disposiciones legislativas ordinarias (ver infra párrafos 129-131 ).84 109. La resolución mencionada del más alto tribunal del país provocó una reacción violenta de un sector del Congreso que había aprobado el citado artículo 8° de la Ley de Amparo de 1869 pocos meses antes y por ello se inició un procedimiento de responsabilidad política. a través de la acusación que ante el propio Congreso presentaron los diputados Gaxiola. Sánchez Azcona. Marin y Julio Zárate el6 de mayo de 1869 en contra de los magistrados de la propia Suprema Corte que habían votado en favor de la admisión de la demanda de amparo presentada por Miguel Vega y a la que se ha hecho mención en el párrafo 107; es decir los ministros Riva Palacio. Cardozo. Castillo Velasco. Ramirez (Ignacio). Guzmán (León). y Guzmán (Simón). Se abrió el procedimiento ante la Sección del Gran Jurado. pero no siguió adelante por la oposición de la propia Suprema Corte para someterse al Congreso. en su comunicación de 17 de mayo del citado año de 1869. suscrita por su entonces presidente. el ilustre Ignacio Ramirez. con el argumento esencial de que: "Si la Cone tiene la facultad constitucional (y a nadie le es lícito negar que la tiene). de declarar en un caso dado que no se aplique una ley del Congreso. porque es contraria a la Constitución. sena un contrasentido. una monstruosidad manifiesta que el Congreso juzgase a la Cone por esas declaraciones. Entonces la facultad de la Cone no sena tal facultad. sena. sí. un lazo que la Constitución le tendía para obligarla a hacer una declaración. que después sena calificada como delito. "55

J. J. Terrazas, pp. 132-135; Moreno Cora, Silvestre, Tratado del juicio de amparo, cit., supra nota 16, pp. 782-783; Carrillo Flores, Antonio, "Reflexiones con motivo del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia", en su libro La Constitución. la Suprema Cone)' los derechos humanos, México, POClÚa, 1981, pp. 119-121. 82 Cfr. Noriega Cantú, Alfonso, La consolidació" del juicio de amparo. cit .. supra nota 75, pp.

36-52. 83 Esta es la conocida posición de Rabasa, Emilio, en su capítulo XVIJ, de su clásica obra Eljuicio constitucional, publicado conjuntamente con El articulo 14, del mismo autor. México, POITÚa, 1955, pp. 313-322. 84 Cfr. Carrillo Flores, Antonio, "Reflexiones con motivo del sesquicentenario... ", cit., supra nota 81. pp. 126-134. 85 El texto de estos documentos pueden consultarse en las obras de Noriega Cantú, Alfonso, La

consolidación. del juicio de amparo, cit., supra nota 7S, pp. 25-29, yen la de Moreno Cora, Silvestre, Tratado deljuicio de amparo, cit.. supra nota 16, pp. 784-788.

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110. Debe destacarse la circunstancia de que no obstante la trascendencia del auto pronunciado por la Suprema Corte el 29 de abril de 1869. el mismo no se encuentra debidamente fundado. pero los razonamientos que llevaron a la mayona de los magistrados del tribunal supremo para ordenar la admisión de la citada de-

manda contra una resoluci6njudicial. se encuentran en la citada comunicación de 17 de mayo siguiente a la comisión del gran jurado del Congreso Federal. y que en su parte conducente establecía: "El anículo 8° de la Ley de Amparo es notoriamente contrario al 101 de la Constitución. Este manda que sea oída enjuicio toda queja por violación de garantías individuales que cometa cualquier autoridad: aquél excluye los negocios judiciales. Ahora bien. para nadie puede ser dudoso que cuando una ley cualquiera pugna en la Constitución. los tribunales deben sujetarse a ésta y desechar aquélla. Hay otra razón muy poderosa y decisiva. El artículo 101 de la Constitución tiene por objeto favorecer y asegurar las garantías individuales. Luego el artículo 8° de la Ley de Amparo que contraría al 101 de la Constitución, ataca esas mismas garantías. Luego el artículo 8° de la Ley cae bajo la prevención del artículo constitucional. Luego el Poder Judicial de la federación tiene la facultad y el deber de conceder amparo contra el referido artículo 8°... " 111. La opinión del foro fue favorable a la posición de la Suprema Corte, como lo demuestran las crónicas judiciales de esa época. 86 Por otra parte, y como es bien sabido, la decisión de fondo sobre el mismo asunto de Miguel Vega lo pronunció la Suprema Corte el 20 de julio del mismo año de 1869, al revocar la sentencia de fondo del juez de distrito de Sinaloa y otorgar el amparo al solicitante en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia de la propia Entidad Federativa había

violado de manera clara y terminante: "la garantía consignada en el artículo 4° de la Constitución Federal, según el cual a nadie se puede impedir el ejercicio de su profesión sin ser juzgado y sentenciado en la forma regular, cuando ataca los derechos de tercero, o gubernamentalmente conforme a la ley, cuando ofende los de la sociedad ... "87 112. No es este el momento de analizar los preceptos de la citada Ley de Amparo de 1869, que todavía muestra deficiencias en la regulación del procedimiento por la falta de experiencia de los tribunales federales, en virtud del escaso tiempo de aplicación del primer ordenamiento de 1861 (ver supra párrafos 95 a 98), pero fue durante la vigencia de esta segunda ley de 1869 cuando se discutieron las cuestiones fundamentales del derecho de amparo así como la función de la Suprema Corte como la última instancia para la decisión de los juicios de amparo, tomando en cuenta que el citado ordenamiento de 1869 estableció el procedimiento que 86 Nota editorial del periódico El Derecho. de 8 de mayo de 1869. transcrito por los autores mencionados en la nota anterior. pp. 94-95 Y 783-784. respectivamente. 87 Cfr. Noriega Cantú. Alfonso. La consolidación del juicio de amparo, cit.. supra nota 75, pp.

22·24.

LA SUPREMA CORTE Y EL JUICIO DE AMPARo

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prevaleció hasta la aprobación del articulo 107 de la Carta Federal vigente de S de febrero de 1917. de acuerdo con el criterio expresado en la exposición de motivos de la iniciativa del secretario de Justicia Ignacio Mariscal de que la resolución definitiva en los juicios de amparo debía corresponder a la Suprema Corte de Justicia. para que las sentencias tuvieran no sólo la respetabilidad. sino también la uniformidad de interpretación necesaria para el bien público (ver supra párrafo 101). 113. En efecto. si bien el Congreso no aceptó totalmente las ideas del destacado jurista mexicano sobre la función meramente instructora de los jueces de distrito. puesto que el artículo 14 de la ley de 1869 en su texto aprohado encomendaba a dichos jueces dictar la sentencia de primer grado. por otra parte el mismo precepto establecía la revisión de oficio de dicho faJlo ante la Suprema Cone de Justicia. por lo que siempre correspondía a dicho tribunal supremo la decisión final en cuanto al fondo de la controversia en los juicios de amparos, 114. Por otra parte. se modificó el sistema del reglamento intemo de la propia Suprema Corte de 29 de julio de 1862. que encomendaba a la primera sala integrada por cinco magistrados la decisión de los juicios de amparo (artículos 3" y 13. fracción 6a.). y se confirió dicho conocimiento al tribunal en pleno. que también fue el sistema que prevaleciÓ en las subsecuentes leyes de amparo. orgánicas del poder judicial federal y reglamentos interiores de la propia Corte. hasta la división de la misma en salas especializadas en la reforma constitucional de 1928 (ver l~rra párrafos 203-210). liS. Son dos las grandes cuestiones que se plílltearon durante la vigencia de esta segunda Ley de Amparo de 1869 y que se prolongaron posteriormente. si bien las bases de la discusión se establecieron en el periodo que va desde la promulgación de este ordenamiento hasta que entró en vigor la tercera Ley de 14 de diciembre de 1881 (ver infra párrafo 146). 116. Estos dos problemas esenciales fueron: en primer término. si la función de la Suprema Corte de Justicia al decidir sobre los juicios de amparo era estrictamente judicial. o bien. implicaba una cÚlra actividad de carácter político. cuestión que todavía no se resolvía de manera definitiva;" y en segundo lugar. si la ampliación del amparo contra resoluciones judiciales comprendía no sólo las violaciones

88 El artículo 13 de la citada Ley de Amparo de 1R69, disponía: "Concluidtl el ténnino de prueba. se citará de oficio al actor y promotor fiscal, y se dejarán los autos por sei~ días comunes en la secretaría del juzgado, a fin de que las partes tomen los apuntes necesarios para fonnar sus alegatos escritos. que entregarán al juzgado dentro de dicho ténnino; el! el de cinco dias pronunciará el juez su selllencia definitiva: en todo caso, y sin nueva citación. remitirá los au!os a la Suprema Corte para que revise la sentencia. " 89 Y que Canillo Flores. Antonio. ha abordado con singular penetración en su estudio "La Suprema Corte mexicana como poder y como tribunal", en su libro lA Constitución, la Suprema C011e y los derechos humanos, cit.. supra nota 81, pp. 57-84.

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directas a la Constitución Federal, como fue el propósito del proyecto Mariscal (ver supra párrafos 102-105) sino también las de las leyes ordinarias, a través de la interpretación indebida del articulo 14 de la Constitución Federal de 1857. 117. A) Respecto a la función política o estrictamente judicial de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su conocimiento del juicio de amparo fue planteada, al menos hasta donde tengo noticia, por el destacado jurista mexicano Manuel Dublán, principal autor de la primera Ley de Amparo de 1861 (ver supra párrafo 89) quien en una serie de articulos publicados en El Derecho, Periódico de Jurisprudencia y Legislación en los meses de septiembre y octubre de 1869.90 En efecto, dicho autor estimó que los tribunales federales, al conocer del juicio de amparo, realizan una función política, y agregó que: "Este carácter político, constituye una de las diferencias esenciales que hay entre los tribunales federales y los tribunales comunes. Así mientras los unos tienen por objeto el derecho privado y por guía la legislación común, los otros se dirigen a la conservación del derecho

público, y tienen por suprema regla de conducta la ley constitucional del Estado; mientras los unos tienen que sujetarse estrictamente a aplicar algunas de tantas leyes como existen en nuestros diversos códigos. sin poder calificar su justicia ni su oportunidad (Lex guamvis dura, servanda esto L. 12 par. l.f. Qui est quib), los otros pueden salir de órbita tan reducida y pasando sobre el valladar de la ley secundaria pueden examinar libremente si es o no contraria a la Constitución. "91

118. La posición contraria, es decir la que sostenía que la funciones de los tribunales federales y específicamente de la Suprema Corte de Justicia tenían carácter estrictamente jurídico y no debían considerarse polfticas, fue expuesta de manera brillante por el tratadista Ignacio Mariscal, autor de la iniciativa de la Ley de 1869, en su calidad de Ministro de Justicia (ver supra párrafo 100), yespecialmente en su clásico estudio intitulado Algunas reflexiones sobre el juicio de amparo, publicado en 1878." 119. En la pane relativa de este trabajo, Mariscal sostuvo; "El fin primordial de la moderna institución del amparo (como ya hemos visto), es despojar cienas

discusiones o controversias de su carácter político, para tratarlas, cuando afecten al interés individual, ante los tribunales yen el terreno estrictamente jurídico. De aquí se infiere que cuando un acto no hiera los intereses de un individuo como particular, o cuando no sea posible prescindir del carácter esencialmente político de la cuestión, no habrá materia para el juicio de amparo... "93 90 Reproducidos en el estudio de Noriega Cantú, Alfonso, lA consolidación del juicio de amparo, cit., supra nota 75. pp. 54-66. 91 Cfr. Noriega Cantú, Alfonso, op. ull. cil., p. 61. 92 México. Imprenta del Comercio. de Dublán y Chávez. 1878, reproducido con una nota introductoria de Antonio Canillo Flores. en R~vjsta de la Escuela Nacional di' Jurisprudencia, México. enero·junio de 1944, núms. 21-22. pp. 215-235. 93 Op. uJI. cil., pp. 8 del folleto original y 221 de la reproducción en la revista citada en la nota

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120. ESla controversia ha tenido una trascendencia esencial no sólo en la concepción del juicio de amparo sino también en el carácter de las funciones de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo, puesto que la Iesis del carácter político condujo a la incompetencia de origen, y la contraria de la naturaleza estricIamente jurídica, llevó a la aceplación incondicional del amparo judicial inclusive en materia de aplicación de disposiciones legales ordinarias y por tanto, a la idea de la propia corte como tribunal de casación. 121. En efecto, por lo que se refiere al amparo como institución política con un ropaje de procedimiento jurídico ha sido adoptada por varios traladistas no sólo del periodo que nos ocupa sino Iambién más recientes. Entre los clásicos podemos mencionar a Silvestre Moreno Corao. y posteriormente han adoptado este criterio Rodolfo Reyes," Ricardo Cauto" y Fausto Vallado Berrón," entre otros. 122. Sin embargo, el distinguido polftico y magistrado que llevó a sus últimas consecuencias la orientación política de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo, lo fue José María Iglesias, quien sostuvo como presidente de la propia Suprema Corte entre 1873 y 1876, la tesis de la incompetencill de origen de las autoridades demandadas a través del juicio de amparo, criterio muy controvertido y que condujo a su autor a la desastrosa aventura de desconocer las elecciones de 1876 que culminaron en la declaratoria de don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente electo. 123. En su conocido trabajo intitulado Estudio constitucional sobre facultades de la Corte de Justicia, Iglesias explica las razones que lo llevaron a defender la mencionada opinión sobre la incompetencia de origen, que sostuvo la Suprema Corte por él presidida en varias sentencias aprobadas por mayoría, y entre las cuales deslaca la pronunciada en el juicio de amparo solicitado por varios hacendados del estado de Morelos contra la ley de hacienda local de 12 de octubre de 1873, en la cual se otorgó el amparo por estimarse que el ordenamiento era inconstitucional al ser aprobado por una legislatura local indebidamente integrada, ya que uno de los diputados era jefe político del estado, y además porque el gobernador del propio eSlado que promulgó dicha ley había sido reelecto contra la prohibición expresa de

94 Este autor define el juicio de amparo como: "una institución de car6cter polftico, que tiene por objeto proteger. bajo las fonnas tutelares de un procedimiento judicial, las garantías que la Constitución otorga. o mantener y conservar el equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan la Nación. en cuanto por las invasiones de estos, se ven ofendidos o agraviados los derechos de los individuos". Tralado del juicio de amparo. cit., supra nota 16. p. 49. El capítulo m de esta obra, se intitula precisamente "Carácter político del juicio de amparo", pp. 41-50. 95 La defensa constitucional, Madrid, Espasa Calpe, 1934, pp. 234 Y ss. 96 Tratado teórico prdctico de Jasuspensión del amparo, 2a. ed., México, Ponúa, 1957, pp. 32-33. 97 Sistemática constitucional. México, Editorial Herrero, 1965, pp. 146-147.

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la Constitución local, de manera que las autoridades respectivas carecían de legitimidad. 98 124. La tesis de la incompetencia de origen se apoyó en la disposición del anículo 16 de la Constitución de 1857, que en su pane conducente dispuso: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, donticilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... " Resulta evidente que el ilustre magistrado José María Iglesias confundió el concepto político de legitimidad de los funcionarios contra los cuales se promovía el amparo, con el estrictamente jurídico de competencia, que es el regulado por el citado precepto constitucional." 125. Es bien conocido el episodio de 1876 y el llamado Plan de Salamanca expedido por don José María Iglesias por lo que no es necesario recordarlo en esta oportunidad, pero indudablemente, aun cuando no tuvo relación con el juicio de amparo, su antecedente se encuentra en la citada teoría de la incompetencia de origen que a su vez se fundaba en la naturaleza política de la institución, la que se llevó a sus extremos debido al texto original del artículo 79 de la Carta Federal de 1857, de acuerdo con el cual, "En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, ntientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el Presidente de la Suprema Cone de Justicia", precepto que sirvió de fundamento a don Benito Juárez, entonces Presidente de la Corte, para asumir la titularidad del Ejecutivo a la renuncia del General Ignacio Comonfort, al iniciarse la llamada Guerra de Reforma a fines de 1857. 126. Esta concepción radical de la doctrina de la naturaleza política del juicio de amparo quedó insubsistente en cuanto otro ilustre jurista mexicano, don Ignacio Luis Vallarta, asuntió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia entre mayo de 1878 hasta el 21 de noviembre de 1882, pues no obstante el breve periodo de su permanencia al frente del más alto tribunal del país, se le ha comparado por la influencia ejercida en la jurisprudencia posterior, con el ilustre John Marshall que permaneció más de treinta años como presidente de la Corte Federal de los Estados Unidos. 100 127. En efecto, en la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia con fecha 23 de agosto de 1878, se otorgó el amparo solicitado por el no menos distinguido León Guzmán en calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla contra el gran jurado del Congreso de la propia entidad

98 México, Imprenta de León y Wbite, 1874. El citado trabajo fue reproducido con estudio preliminar de Santiago añate en Revisla de la Escuela Nacional de Jurisprutkncia, México, abril-junio de 1946, núm. 30. pp. 257·295. El amparo Morelos fue analizado en las pp. 281-284. 99 Op. ull. cit .. pp. 288·295. 100 Cfr. González Navarro, Moisés, Vallarta y su ambiente pol(tico jurldico, México, Junta Mexicana de Investigaciones Históricas, 1949, pp. 21-23.

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federativa, el que pretendía seguirle un juicio de responsabilidad por haberse negado a reconocer a Guzmán a la legislatura y al gobernador de dicho estado, al considerarlos ilegítimos, En dicho fallo no se apoyó en la contra vertida legitimidad de dichas autoridades, sino exclusivamente en la inconstitucionalidad del veredicto por el cual se había declarado la procedencia del juicio político de responsabilidad contra el citado peticionario del amparo. lOl

128. En el amplio estudio que efectúa el propio Vallarta sobre esta resolución, estimó que no debían confundirse los conceptos de legitimidad con el de competencia de las autoridades, pues esta última es la única que se encuentra tutelada por el articulo 16 de la Carta Federal de 1857 a través del juicio de amparo: "La legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para tal cargo público; y la competencia se relaciona sólo con la entidad moral que se llama autoridad, y, abstracción hecha de las cualidades personales del individuo, no mira sino a las atribuciones que esa entidad moral puede ejercer ... no se necesita más para asegurar con plenfsima convicción que el artículo 16 se refiere sólo a la competencia de las autoridades, legitimidad que se supone y de la que prescinde para no examinar, sino si cabe en el círculo de las atribuciones de una autoridad determinada, expedir una orden que moleste a un habitante de la República, en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones ... "!02 129. B) La otra cuestión esencial cuyo debate se inició bajo la aplicación de la segunda Ley de Amparo, se refiere a la admisión del amparo contra resoluciones judiciales, tomando en consideración que dicho ordenamiento había prohibido expresamente en su articulo 8° la impugnación de dichas resoluciones, pero como fue declarado inconstitucional implícitamente por la Suprema Corte en el asunto de Miguel Vega resuelto en abril y enjulio de 1869 (ver supra párrafos 107 y 110), quedó un vacío legislativo sobre la extensión y naturaleza del citado amparo judicial. 130. Como se trata de un problema que ha sido examinado con gran extensión y profundidad por la doctrina tanto la clásica como la moderna y ha sido objeto de una abundante elaboración jurisprudencial, sólo se destacan los aspectos esenciales de los distintos puntos de vista de los partidarios de la impugnación de las resoluciones judiciales a través del juicio de amparo y respecto a la función de la Suprema Cone de Justicia como tribunal de amparo de último grado. 131. En una breve síntesis se puede afirmar que fueron tres las corrientes que se advirtieron en esa época sobre la procedencia del juicio de amparo contra sentencias judiciales: a) la primera orientación y más ajustada al modelo de la revisión judicial de los Estados Unidos, estimó que el amparo procedía contra IOl cfr. Vallarta. Ignacio Luis, Votos. Cu~stjont!s conslitucionales. México. edición de Antonio de 1. Lozano (imprenta particular), 1894. tomo 1, pp. 78~80. 102 Cfr. Vallarta, Ignacio Luis. op. ult. cit., tomo 1, pp. 56-77.

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sentencias judiciales sólo cuando en ellas se hubiesen infringido directamente preceptos constitucionales, en las tres hipótesis señaladas por el artículo 101 de la Carta Federal de 1857, es decir, cuando se hubiesen violado los derechos o garantías individuales; y cuando se afectaran derechos individuales en la invasión de competencias de las autoridades federales y locales, respectivamente. El principal sostenedor de este punto de vista lo fue Ignacio Mariscal. tanto en la iniciativa de 1868 como en su estudio publicado en 1878 (ver supra párrafos 102 y 116). 132. b) Una segunda posición fue sustentada por Ignacio Luis Vallarta en su calidad de Presidente de la Suprema Corte, al considerar que podía admitirse el juicio de amparo contra resoluciones judiciales no sólo por violaciones directas a las garantías individuales. sino también cuando se alegaba la indebida aplicación de disposiciones legislativas ordinarias. en los términos del artfculo 14 de la Carta Federal de 1857. pero interpretando dicho precepto en el sentido de que sólo era aplicable en materia penal. Este criterio fue sostenido por Vallarta en varias resoluciones de la Suprema Corte, y además analizado cuidadosamente con motivo del fallo de dicho Alto Tribunal de 4 de junio de 1879 en el juicio de amparo solicitado por Larrache y Compañía. empresa patrocinada por el destacado abogado Alfonso Lancaster Jones. quien a su vez había publicado un estudio sobre la interpretación del mencionado artículo 14 constitucional. IO' 133. El ilustre jurista jalisciense sostuvo que el juicio de amparo sólo procede cuando se trata de proteger los derechos del hombre, pero no les de carácter civil. apoyándose en la distinción realizada por el ilustre jurista y magistrado José María Lozano de cuyo autor toma también la idea de que sólo en materia penal es posible aplicar inexactamente las leyes ordinarias. según los términos del artículo 14 constitucional. el cual se refiere únicamente a las personas y no a los negocios civiles. pues sólo en un proceso penal puede hablarse de que el acusado esjuzgado y sentenciado. 10< Agrega Vallarta que: "La sustancial diferencia que hay entre los dereclws dellwmbre y /os dereclws civiles. produce lógicamente la diferencia entre el sistema de la aplicación exacta de la ley penal y el de la racional interpretación de la ley civil. Sólo confundiendo, como en realidad se confunden, aquellos derechos, se puede sostener que esos sistemas amalgamados y unidos caben en el

103 Eshldio sobre ti artfculo 14 de la Constituci6n, México. Imprenta del Gobierno en Palacio, 1878. Una posición similar pero con variantes asumió el inquieto León Guzmán. quien coincidió con Lancaster Jones en cuanto que el artículo 14 de la Carta de 1857 comprendía también los procesos civiles y no exclusivamente los de carácter penal, ptro en cambio discrepaba por considerar que dicho precepto sólo se refería a las obligaciones civiles pero excluía la tutela de los derechos reales. "Estudio sobre el amculo 14 de la Constitución", en Revista de úgislaci6n y Jurisprudencia, México, enero-junio de 1889, pp. 286-315. Reproducido en Anuario Jurldico, 2·1975. México, UNAM, 1977. pp. 455-478. 104 Cfr. Lozano. José María, Estudio dLI derecho constitucional patrio en lo relativo a los derechos dLl hombre. México, Imprenta del Comercio, de Dublán y Compañía, 1876. Edición facsimilar, México, Pom!a. 1972. pp. 2S(}.2SS.


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precepto del artículo 14 de la Constitución ... " Y más adelante el mismo autor afirma: "Yen todos estos casos la soberanía de los estados no se lastima, porque hay textos expresos en la Constitución que facultan poder judicial federal para injerirse, bajo ciertas condiciones, en la administración de justicia criminal de los estados; pero no puede suceder lo mismo en lo civil desde el momento que falta un texto expreso que conceda iguales facultades ... "!05 134. c) La tercera corriente, que terminó por imponerse, fue defendida por aquellos que consideraban que el articulo 14 de la Constitución Federal debería interpretarse en el sentido de que establecía un derecho o garantía constitucional general para reclamar todas las resoluciones judiciales en las cuales se hubiese aplicado "inexactamente", es decir, indebida o incorrectamente las disposiciones legales secundarias, en especial, las de carácter local. Por ello no aceptaban el argumento expresado por el ilustre Ignacio Luis Vallarta, en el sentido de que dicho precepto constitucional se refería a la materia penal pero excluía la tutela de los derechos que se debatían en las controversias de carácter civil. 135. Dentro de esta posición se colocaban especialmente los abogados como Lancaster Jones (ver supra párrafo 131) y algunos tratadistas entre los cuales sustentó la posición más radical el conocido libro de Miguel Mejía, Errores consrirucioooles, !06 quien además de refutar las ideas de Ignacio Luis Vallarta sobre la limitación del amparo judicial a la materia penal, adoptó una posición extrema sobre la interpretación extensiva del referido artículo 14 de la Carta Federal de 1857, como fundamento de la impugnación de todas las resoluciones judiciales (y no exclusivamente las sentencias definitivas como lo proponía ceneramente Mariscal (ver supra párrafo 10 1) de los jueces y tribunales tanto locales como federales de todo el paíS.!07 136. No obstante la debilidad de los argumentos de los partidarios de esa interpretación desorbitada del artículo 14 de la Constitución de 1857 (precepto que según demostró de manera irrefutable Emilio Rabasa, aun cuando redactado de manera deficiente, pretendió sólo establecer el derecho al debido proceso legal o derecho de audiencia),!08 se transformó en predominante tanto en el foro como en la doctrina y la jurisprudencia debido a una serie de factores sociales, económicos, lOS Votos, cit., supra nota 101, tomo 1, pp. 143-171. 106 Esta obra lleva el largo subtítulo: lAs arbitrariedades judiciales y los juicios de amparo. Refutación de los muchos errores que han invadido la jurisprudencia constitucional y exposición de buenos principios. Examfnanse en primer lugar cueSTiones constitucionales que surgen de la aplicación de las leyes en la admin;strac;ó/l de justicia. México. Tipografía de La Epoca. 1886. Edición facsimilar con un estudio preliminar de Héctor Fix-Zamudio. México, UNAM, 1978. Mejía adoptó una posición muy radical en contra de la Suprema Corte cuando actuase en salas (competencias para conocer asuntos ordinarios federales), ya que el amparo correspondía al pleno. de acuerdo con la citada Ley de Amparo de 1869. 107 Cfr. Mejía. Miguel. op. ult., cit., especialmente pp. 65 a 79. 10& El arl{culo 14, cit., supra nota 83, pp. 3-18.

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políticos y culturales bien conocidos. por lo que sólo se hará una referencia breve de los ntismos. 137. A pesar del triunfo de la tesis de la procedencia del amparo judicial contra la aplicación de disposiciones legales ordinarias, es decir, el llamado "control de legalidad", la controversia sobre la interpretación del artículo 14 persistió durante la vigencia de dicho precepto y se ha prolongado en la actualidad. La doctrina tanto clásica109 como contemporánea 1!O ha analizado con ntinuciosidad esta controversia y las consecuencias que produjo en la evolución del juicio de amparo mexicano y de la función de la Suprema Cone de Justicia, y según los puntos de vista, se califica como positiva o negativa. 138. Los factores que incidieron para lograr el triunfo del amparo judicial como control de legalidad fueron muy complejos, pero entre ellos de manera muy sintética podemos mencionar la concentración judicial de los asuntos de mayor trascendencia durante los tres siglos de dontinación colonial en la antigua Nueva España, tanto en las Audiencias de México y de Guadalajara como en el Consejo de Indias,l11lo que trajo consigo otra serie de consecuencias, como la escasez de abogados con preparación profesional en otras regiones de la antigua colonia española y la dificultad para integrar los tribunales superiores de las entidades federativas establecidos por la Constitución Federal de 1824, que se tradujo en la desconfianza en la independencia y eficacia de los citados tribunales locales. 139. Como se ha puesto de relieve, al crearse la Suprema Cone de Justicia en la propia Carta Federal de 1824, si bien se tomó como modelo en cuanto a su denontinación y algunas de sus funciones, a la Cone Federal de los Estados Unidos, por lo que corresponde a su estructura y actividades esenciales tuvo mayor semejanza con el tribunal supremo español segón la Constitución española de Cádiz de 1812, si tomamos en cuenta los primeros ordenantientos mexicanos, es decir, las bases para el reglamento de 14 de febrero y el reglamento propiamente dicho de 13 de mayo, ambos de 1826, que dividieron a dicha Suprema Cone en tres salas, la primera integrada por cinco magistrados y las otras dos de tres, estructura que se conservó inclusive en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, promulgada el 16 de diciembre de 1908 (artículo 4°). A todo lo anterior debe agregarse que desde el decreto de 12 de mayo de 1826, hasta la llamada Ley Comonfon de 1857, la propia Suprema Cone de Justicia funcionó como tribunal 109 Además de la obra citada en la nota anterior. es lÍtilla consulta del libro recopilatorio de estudios sobre esta materia elaborados por los exponentes más destacados de las diversas corrientes, Vallarta. Martínez de Castro. Bautista. Guzmán (León), Lancaster Jones y Sánchez Gavito. Imeligencia del artfculo 14 de la Constitución, México. Imprenta de Francisco Díaz de León. 1878. 110 Cfr. entre otros, Burgoa, Ignacio. Las garanl{ar individuales. 18a. ed .. México. Porrúa, 1984. pp. 515-527. 111 Cfr. Soberanes. losé Luis, "Tribunales ordinarios", en el libro editado por el mismo autor, Los tribunales de la Nueva espolia. M~xico, UNAM, 1980, pp. 19-83.


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de última instancia de las controversias judiciales planteadas en el Distrito Federal. 1l2

140. Estas tres tesis que hemos señalado en cuanto al amparo judicial, en el fondo no sólo significan diversas concepciones del juicio de amparo sino también de la Suprema Corte de Justicia, pues en tanto que Ignacio Mariscal al limitar la impugnación de las resoluciones judiciales a través del amparo exclusivamente a las sentencias definitivas de los tribunales locales cuando afectaran las garantías individuales en fonna directa. defendía expresamente una mayor aproximación

entre la Suprema Corte de Justicia mexicana y el más alto Tribunal de los Estados Unidos (ver supra párrafos 102 y 116); por su parte la postusa de Vallarta, al restringir el amparo judicial a los procesos penales, en apariencia también se apoyó en el modelo norteamericano que invocó constantemente (ver supra párrafos 129 y 130), pero se apartó de esto, al menos en la época en la cual realizaba la comparación. No ocurre lo mismo actualmente en virtud de que, el habeas corpus federal confiere en nuestros días a la Suprema Corte de los Estados Unidos la facultad de revisar la constitucionalidad del procedimiento penal de las entidades federativas. 113

141. Por el contrario, los partidarios de la interpretación amplia del articulo 14 de la Constitución Federal de 1857, de manera consciente o sin percatarse de ello, se apegaron a la tradición hispánica, centralizando todos los asuntos judiciales del país en la Suprema Corte de Justicia, por la desconfianza que se tenía en los tribunales locales, deficientemente integrados y sin independencia efectiva respecto de los gobiernos de las entidades federativas; a esto se debió también la residencia de los abogados importantes en la ciudad de México. Con ello lograron un alejamiento definitivo del más alto tribunal mexicano respecto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al convertir el primero en la Audiencia de la República Mexicano, como lo ha sostenido con agudeza el destacado jurista mexicano Antonio Carrillo Aores,!" y más adelante en un verdadero tribunal de

casación. liS 142. Además de estas transformaciones del juicio de amparo, durante este periodo de vigencia de la segunda Ley de Amparo de 1869 en cuanto a la extensión irrestricta del amparo contra resoluciones judiciales, se puede afirmar que la

112 Cfr. Cabrera, Lucio, El poder judicial federal nu!xicano y el constituyente de 1917, México. UNAM, 1968, pp. 11-33. 113 En virtud del citado desarrollo del habeas corpus federal en los Estados Unidos, el distinguido tratadista norteamericano Grant, J. A. c.. considera que se ha transformado en una institución similar al juicio de amparo mexicano contra resoluciones judiciales de carácter penal, El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, México, UNAM, 1963, pp. 92·93. 114 Reflexiones sobre el sesquicenteoorio, cit., supra nota 81. especialmente pp. 164·165. liS Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a través de1juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional. 1978, México, 1979. pp. 91·138.

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institución sentó las bases que fueron reguladas con mayor precisión en los ordenamientos posteriores de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia. En efecto. en esta época. que se caracterizó por una inestabilidad polftica muy acentuada en virtud de las secuelas de la guerra civil y de la intervención francesa. el juicio de amparo adquirió prestigio popular. ya que los tribunales federales lograron con frecuencia rescatar a los peticionarios de la protección de los pelotones de fusilamiento.'l6 protegieron a numerosos campesinos contra el servicio forzado en el ejército a través de la "leva"; e impidieron abusos en contra de algunos de los vencidos en la lucha contra la intervención extranjera. 143. Este renombre de los tribunales federales. y en particular. de la Suprema Cone como la última instancia en el juicio de amparo. acrecentó la presión de los justiciables para plantear todas las controversias judiciales del país. obligando al más elevado Tribunal a establecer principios esenciales para resolución de estos asuntos judiciales. en virtud de que la Ley de Amparo de 1869 no hacIa referencia a su tramitación. por haber prohibido categóricamente su procedencia (ver supra párrafos 103 y 105). Para ello fueron muy útiles los lineamientos señalados por José Maria Lozano de acuerdo con su experiencia como magistrado de la Suprema Cone. en tres aspectos: a) que no debla proceder el amparo sino contra sentencias definitivas (que califica de ejecutorias); b) que deberla tenerse como parte al colitigante del quejoso en el proceso común que hubiese motivado el amparo; y c) que sólo podrfa interponerse la demanda. En un plazo perentorio. pasado el cual debía causar estado la sentencia respectiva. ll7 con lo cual se conftrió a este sector del amparo contra resoluciones judiciales un carácter de recurso. como lo destacó posterionnente Emilio Rabasa.'" y más espec(ficamente. de recurso de casación.

lió Como un ejemplo notorio podemos señalar la intervención personal del juez de distrito en el estado de Veracruz. Rafael de Zayas Enríquez. quien con su valiente actitud arrancó del paredón a varias de las personas cuya ejecución sumaria fue ordenada por el entonces gobernador de dicha entidad federativa. Luis Mier y Teno en la noche del 24 a125 de junio de 1879 con el pretexto de una presunta sublevación cívico-militar. Dicha intervención del juez federal se debió a los juicios de amparo

solicitados por los parientes de las víctimas, algunas de las cuales ya no pudieron ser salvadas. Este acontecimiento provocó la indignación de la opinión pública y la Suprema Cone de Justicia entonces presidida por el ilustre VaUarta ordenó una investigación que se encargó al mismo juez de Zayas Enríquez. la cual no tuvo un resultado práctico. pero de todas fonnas se ha considerado como un antecedente del actual párrafo tercero del artículo 97 de la Carta Federal de 1917. Cfr. Tena Ramírez. Felipe. Derecho constitucional mexicano. 19a. ed.. México, Pomía. 1983, pp. 550-552; Carpizo, Jorge, "La función de investigación de la Suprema Corte de Justicia", en El Foro. México. 1972. pp. 66-72, incluido posterionnente en su libro Estudios constitucionales. 13. ed., México, La Gran Enciclopedia Mexicana. 1983, pp. 202-206; Fix-Zamudio, Héctor, "Las garantías constitucionales en el derecho mexicano", en Anuario Jurldico 1ll-lV, 1975-1977, México, UNAM, 1977, pp. 100-101. 117 Estudio tkl tkreclw constituciomll patrio, cit., supra nota 104, pp. 442-443. 118 El anfcvlo 14. cit.. supra nota 83. en el capítulo XII. intitulado "El amparo, juicio y recurso". pp. 95-102.


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144. También durante esta época se puso de relieve el espíritu individualista del juicio de amparo. en virtud del criterio de la Suprema Corte analizado en los clásicos Votos ...• de Ignacio Luis Vallarta. debido a que con apoyo en la Ley de Desamortización de 25 de junio de 1856. se negó a las comunidades indígenas legitimación para promover el juicio de amparo en defensa de sus propiedades comunales que habían sido reconocidas por las leyes españolas. En varias sentencias. la Suprema Corte de Justicia consideró que dicha ley de desamortización. por una parte desconoció la personalidad jurídica de las corporaciones religiosas y "Civiles (entre ellas las de las citadas comunidades). para poseer y administrar bienes raíces en la República. y por la otra habfa ordenado la distribución de los bienes comunales entre los integrantes individuales de las propias comunidades. en calidad de propiedad particular. 11' 145. Como es bien sabido dicha jurisprudencia. aun cuando bien' intencionada de acuerdo con la filosofía liberal de la época. impidió la tutela de los bienes comunales por parte de las organizaciones tradicionales indígenas. que carecían de asesoramiento jurídico en lo individual y fueron presa fácil de los hacendados vecinos. los que apoyados en esta legislación y las leyes de colonización y de terrenos baldíos expedidas con posterioridad. lograron una concentración de grandes extensiones de tierras agrícolas en pocos propietarios en todo el país. l2O 146. En virtud de que la segunda Ley de Amparo de 1869 tenfa todavfa varias omisiones en la tramitación del amparo. fue necesario que la Suprema Corte de Justicia estableciera algunos principios esenciales para complementar las disposiciones legislativas. especialmente en el campo del amparo contra resoluciones judiciales. pero lo anterior demostró también que era conveniente expedir un nuevo ordenamiento que recogiera los adelantos de la jurisprudencia. promulgado el 14 de diciembre de 1882. y está plenamente demostrado que el proyecto que se tomó como base para esta nueva ley fue elaborado por el gran jurista mexicano Ignacio Luis Vallarta a petición del entonces secretario de Justicia. Ezequiel Montes. quien

119 Son varias las sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia presidida por Ignacio Luis Vallarta. en relación con diversos juicios de amparo solicitados por comunidades indígenas o respecto de resoluciones que los afectaban. y por las cuales pretendían defender sus derechos comunales. Al respecto pueden consultarse los fallos de II de enero, 18 de marzo y 19 de noviembre, todas de 1882,

en las cuales se estableció el criterio de que comunidades indígenas carecían de personalidad jurídica. y que tampoco podían poseer en común bienes raíces. puesto que las tierras comunales debían repartirse en propiedad a los integrantes individuales de estas comunidades. de acuerdo con la citada ley de 25 de junio de 1856 y el artículo 27 de la Carta Federal de 1857. Votos, cit., supra. nota 101. tomo IV. pp. 1~20. 20-23. 3051 Y 323·335. respectivamente. También puede consultarse el análisis de Moreno Cora. Silvestre. Tratado del juicio de amparo, cit.. supra nota 49, pp. 88·98. 120 Cfr. entre otros, Mendieta y Núñez, Lucio. El problema agrario de México, 8a. ed., México, Poma, 1964, pp. 109-137; Silva Herzog, Jesús, El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y critica, México. FeE. 1959. pp. 67-103.

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envió la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión el 24 de octubre de 1881. 121 147. Esta tercera Ley de Amparo de 1882, al consagrar varios principios jurisprudenciales de la Suprema Cone de Justicia fijó con mayor precisión el procedimiento de amparo en las dos instancias, primero ante los jueces de distrito y el segundo grado a través de la revisión de oficio ante la misma Suprema Corte de Justicia en Pleno. El comentarista más autorizado de este ordenamiento, el tratadista Fernando Vega señaló expresamente que en esta ley veía: "Una reproducción aunque imperfecta de las teorías más esenciales que la dedicación y estudio de nuestro primer tribunal ha llegado a establecer."122 148. Entre aquellos aspectos acogidos por dicha ley de 1882, se encuentran los relativos al carácter contradictorio del procedimiento. pues si bien se insistió en la declaración de las leyes anteriores, en el sentido de que la autoridad que ejecutara o tratara de ejecutar el acto reclamado no era pane en el procedimiento, el artículo 27 del nuevo ordenamiento estableció que, además del informe que debería rendir, se le recibirían las pruebas y alegatos que quisiera presentar para justificar sus actos. Se autorizó a los jueces letrados de los Estados, en los lugares en los cuales no residiera un juez de distrito, para recibir la demanda de amparo, suspender el acto reclamado e inclusive continuar el procedimiento hasta ponerlo en estado de sentencia bajo la dirección del juez Federal (artículo 4°), y en casos urgentes se estableció que la petición de amparo y de la suspensión podía hacerse por telégrafo,

siempre que existiera inconveniente en la justicia local. 123 149. Otro principio esencial muy debatido que acogió dicho ordenamiento fue el relativo a la admisión del juicio de amparo respecto de las resoluciones que, en asuntos ordinarios federales, pronunciaran los jueces de Distrito y los magistrados de circuito, prohibiéndose su interposición contra las decisiones pronunciadas en otros juicios de amparo y en general contra los actos de la Suprema Cone de Justicia, ya funcionando en pleno o en salas (artículo 6°). Estos lineamientos fueron señalados por el ilustre Vallarta como presidente de la Suprema Corte en la sentencia dictada por la misma el 29 de septiembre de 1879 en el juicio de amparo solicitado por Mariano F. Medrano. l "

121 La correspondencia de Vallarta con el secretario Montes. el anteproyecto y la iniciativa correspondiente. figuran como apéndice que se agregó posterionnente a la edición de 1896, de la obra de este autor, El Juicio th Amparo y el writ oC habeas corpus, de acuerdo con )a investigaci6n realizada por el destacado jurista mexicano Agtonio Martínez Báez. 122 La nun>Q Uy th Amparo th garanl{cu individuales, orgdnica de los artteN/os 101 y 102 tk la Constiluci6n. Comentarios ocuca de sus disposicioMS m4s importan/~s. Ensayo critico filos6fico de Úl úy. México. Imprenta de J. Guzmán. 1882. p. VI. 123 Cfr. Vega. Fernando. op. ult. cit .• pp. 21·61. 124 Votos. cit.. supra nota 101, tomo 1, pp. 196-205.


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150. La nueva Ley incorporó tesis jurisprudenciales importantes en cuanto a la suspensión del acto reclamado, cuyos lineamientos no habían sido precisados en los ordenamientos anteriores. En efecto, se otorgaron facultades a los jueces de distrito para decretar la medida precautoria a través de un procedimiento contradictorio, con audiencia de la autoridad ejecutora de los actos impugnados y del promotor fiscal, pero podía hacerlo de inmediato en los casos de urgencia (especialmente cuando se trataba de ejecución de la pena de muene. destierro o algunas de las penas prohibidas en la Constitución federal) (anículos 11 y 12). Se fijaron los efectos de la medida precautoria en los supuestos de privación de la libenad personal, el reclutamiento militar, así como respecto del pago de impuestos, u otras exacciones de dinero, siempre que se otorgara depósito (anfculos 14 y 15). 151. Panicularmente debe subrayarse la innovación de que, contra el auto que concediera o negara la suspensión (proveído que por otra pane podía revocarse por el mismo juez de distrito mientras no se pronunciara sentencia definitiva, y además la resolución precautoria podría dictarse durante todo el curso del juicio, anículo 16), procedía el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, el que podía interponerse por el promovente del amparo o por el promotor fiscal, este último necesariamente debía hacerlo cuando la suspensión fuese notoriamente improcedente y afectara, los intereses de la sociedad (por lo que en realidad debía considerarse como un recurso de apelación) (anículo 17).'" Este recurso es muy imponante, porque anteriormente la providencia cautelar correspondía en su totalidad a los jueces de distrito, pero a panir de entonces la decisión final sobre la suspensión se le otorgó a la Suprema Cone,la que estableció tesis jurisprudenciales que posteriormente se incorporaron en la pane relativa de los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, e inclusive algunas pasaron a la legislación actual. 152. Las tendencias individualistas del juicio de amparo se advienen con claridad en esta época, especialmente en la doctrina, si tomarnos en consideración las significativas frases del citado tratadista Fernando Vega en cuanto sostuvo que: "Así considerada la institución bajo su aspecto verdadero, de seguro no fue concebida para proteger los intereses sociales, los del Estado, ni los del gobierno mucho menos, sino única y especialmente el derecho individual, abstracción hecha de cualquier otro interés social, particular o político. Nuestra institución se halla constituida sobre un principio cuya existencia debemos conservar como un título de honra nacional: "el interés individual sobre el interés colectivo".!" 153. La evolución posterior del juicio de amparo y de manera paralela, la orientación de la jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia, no sólo en cuanto 125 Cfr. Vega. Fernando, lA nueva Ley de Amparo. cit., supra nota 122. pp. 62-132; Rojas. Isidro,

y Garcla, Francisco Pascual, El amparo y sus reformas. supra nota 66, pp. 11&.121. 126 Cfr. Vega, Fernando. op. ult. cit.. pp. 161-162.

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al fondo del amparo sino también, a partir de la citada ley de 1882, respecto de las providencias precautorias que conocía en segundo grado. se dirige cada vez más

hacia el establecimiento de una tramitación próxima a la del proceso civil tradicional y por ello resulta explicable que se concluyera con este tercer ordenamiento de 1882, la regulación autónoma del amparo, que se incorporó al Código Federal de Procedimientos Civiles promulgado el6 de octubre de 1897, 154, Previamente a la promulgación de este código, se expidió por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades legislativas calificadas de "extraordinarias", pero en realidad, delegadas, el título preliminar del propio código con fecha 14 de noviembre de 1895, (que en realidad fue la primera Ley Orgánica del Poder Judicial Federal durante la vigencia de la Constitución de 1857), En este título preliminar se confirmaron las disposiciones anteriores, confiriendo al tribunal en pleno la competencia para conocer del juicio de amparo, y se conservaron las tres salas adicionales, la primera integrada por cinco magistrados y las otras dos, con tres (artículos II a 14 y 53), También se confirmó la competencia de los jueces de distrito para conocer en primer grado de los propios juicios de amparo (artículo 60, fracción III). 155. El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 reguló el juicio de amparo en su capítulo VI, artículos 745-848. En general, este ordenamiento incorporó varios criterios jurisprudenciales de la Suprema Cone de Justicia sobre la tramitación del juicio de amparo, entre los cuales destacan los relativos a los sujetos procesales, en vinud de que el anfculo 753 insistió en considerar sólo como partes al agraviado y al promotor fiscal, pero otorgó intervención a la autoridad demandada o responsable, a la que, como ya ocurria en la Ley de Amparo de 1882 (ver supra párrafo 148), se le autorizaba para rendir pruebas y producir alegatos. Además, siguiendo una tesis jurisprudencial que ya habla sido enunciada por José Maria Lozano desde 1876 (ver supra párrafo 143), se confería igual derecho a la parte contraria al agraviado en negocio judicial del orden civil, si el amparo se pidiere contra alguna resolución dictada en el mismo negocio (artículo 753), figura que ahora se conoce como •'tercero petjudicado",127 127 En la parte relativa de la exposición de motivos de la comisión redactora. presidida por Luis G. Labastida. se sostuvo; "La Ley de 14 de diciembre de 1882. sin establecer de un modo terminante quienes eran parte en el juicio, atribuía ese carácter al quejoso y al promotor fiscal. dejando sin embargo. a la autoridad responsable el derecho de rendir pruebas y alegar dentro de los términos respectivos. El artículo 753 de este código así lo declara de un modo expreso; pero agrega algo más. La proctica ha enseffado que respecto a los amparos contra resoluciones jutJjciales del orden civil. el procedimiento resultaba monstruoso e injlLIlO para la parte contraria a la que pedla el amparo. pues sin su conocimiento. puede decirse que a sus espaldas y sin defensa alguna se substanciaba y decid{a una controversia judicial en la que evidentemenle len{a un inlerts indiscutible. La presente ley. cediendo a la justicia y a la opinión ilustrada. ha introducido en el artículo 753 la novedad de que. a pesar de DO ser

parte en el amparo ese tercero, puede rendir pruebas y alegar en el caso especial a que ese artículo se refiere."


4JJ

156. El mismo Código recoge la experiencia de la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los juicios de amparo contra resoluciones en materia judicial civil, cuando no se hubiese aplicado "exactamente" las disposiciones legales ordinarias, y entre otros lineamientos, se dispuso que en la demanda debería citarse la ley inexactamente aplicada o la que debiera haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue inexactamente (artículo 780, segundo párrafo). También fijó un plazo de veinte días para promover la demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil (y quince días en los demás casos), contados desde la fecha de notificación, si se tratare de sentencia definitiva, con reglas especiales para los ausentes del lugar en que se hubiese dictado la resolución (90 días si residieren en la República y 180 si estuvieren fuera de ella) (artículo 781). 157. Respecto de la suspensión de los actos reclamados, el nuevo ordenamiento introdujo modalidades importantes. La primera se refiere a la suspensión de oficio y de plano cuando se tratare de la pena de mnerte, destierro y demás prohibidas expresamente por la Constitución Federal (artículos 784, fracción 1, y 786); otro cambio positivo se refiere a las reglas específicas en los amparos por consignación al servicio militar, ya que el reclutamiento forzado a través de la leva era uno de los abusos más frecuentes de que eran víctimas los campesinos pobres. A este respecto, el artículo 790 disponía: "En los amparos por consignación al servicio militar, la suspensión del acto será notificada al jefe u oficial encargado de ejecutarlo. Además, por la vía más violenta y por conducto de la Secretaria de Justicia, se comunicará a la de Guerra, a fin de que ordene que el promovente permanezca en el mismo lugar en que pidió el amparo, hasta que se pronuncie sentencia definitiva, "128 158. En relación con la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia en su conocimiento del juicio de amparo, es preciso mencionar que el artículo 91 de la Carta Fundamental de 1857, cuyo texto original disponía que el más alto tribunal se integraba con once ministros propietarios, cuatro oupernumerarios, un fiscal y un procurador general, 129 fue reformado el 22 de mayo de 1900, suprimiéndose los cargos de fiscal y procurador general, como integrantes de la Corte, la que a partir de entonces se foonó exclusivamente con quince ministros, y también se modificó el artículo 96 de la propia Ley Fundamental para establecer que los funcionarios del Ministerio Público y el procurador general de la República que ha de presidirlo, serían nombrados por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la concepción francesa de la institución del Ministerio público.!30 128 Cfr. Rojas. Isidro, y García, Francisco Pascual. pp. 148-164.

129 Véase

El

amparo y sus reformas. cit., supra nota 66.

supra nota 70 de este trabajo.

130 Cfr. Fix~Zamudio, Héctor. "La función constitucional del Ministerio Público", en el libro

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159. En virtud de esta reforma constitucional de 1900, con fecha 3 de octubre de ese año se modificó el Título Preliminar del Código Federal de Procedimientos Civiles, que contenía la organización judicial federal (ver supra párrafo 154) para ajustarlo a las nuevas disposiciones, pero se conservó la facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ahora integrado por quince magistrados, para conocer del juicio de amparo en revisión forzosa de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito, así como el segundo grado en cuanto a la suspensión (articulos 3", 11 Y54). Además, con apoyo en el citado ordenamiento, la Suprema Corte de Justicia redactó su nuevo reglamento interno que aprobó el 20 de abril de 1901, en sustitución del anterior de 1862. 160. Durante la vigencia de la reglamentación del juicio de amparo por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, se multiplicó el número de juicios de amparo contra resoluciones judiciales especialmente las de carácter civil, debido a que dicho ordenamiento establecía la posibilidad de impugnar no sólo las

sentencias definitivas sino también las violaciones procesales en el momento en que se cometían, de manera que en un mismo proceso se promovían varios juicios de amparo, provocando en ocasiones un verdadero enredo procesal, además del considerable recargo de las resoluciones judiciales, y esto no obstante que tanto Ignacio Mariscal (ver supra párrafo 101), como José Maña Lozano (ver supra párrafo 143), habían señalado la necesidad de que el amparo únicamente pudiera promoverse con motivo de la sentencia definitiva. 161. Esta situación llegó a ser tan grave en la primera década de este siglo que provocó una aguda polémica, en virtud de la aparición en 1906 del clásico estudio del ilustre Emilio Rabasa que hemos mencionado anteriormente (ver supra párrafo 136) El artículo 14, eSludio Conslilucional, en el cual propuso la supresión del amparo contra resoluciones judiciales cuando en ellas se reclamara la indebida aplicación de disposiciones legales secundarias, para lo cual era preciso reformar sustancialmente el propio articulo 14 constitucional. l3I Esta obra causó un gran impacto por lo que el Colegio de Abogados de México convocó a un concurso en el mismo año de 1906 sobre las reformas que convenía hacer al Código Federal de Procedimientos Ci viles en el capitulo destinado al juicio de amparo y en el cual participaron abogados muy distinguidos.!l2

colectivo editado por José Ovalle Favela, Temas y problemas de la administración de justicia enM¿xico, UNAM-Migue1 Angel POrTÚa, 1985, pp. 113-115. 131 En la parte final de su libro. Rabasa señaló que: "La redacción del artículo [14] debe ser breve

y clara. ciñéndose a la expresión sencilla de la idea del precepto americano y que adoptaron los constituyentes: uigir como garant(a de la vida. la libertad y la propiedad, la resolución judicial que resulta 'lh un proceso. Cómo ha de ser el proceso. lo dirán las leyes de cada jurisdicción y ellas darán los medios de corregir los abusos y los errores de los jueces. En cuanto a la imposición de los gobiernos locales. habrá de corregirse por la imposición de la moralidad social y de la opinión pública". p. 126. m Colegio de Abogados de México. Concurso de 1906.1ndicación motivada de las refoT11J(JS que

LA SUPREMA COR1E y EL JUICIO DE AMPARO

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162. Con muy buen criterio, el destacado juris~1 mexicano Silvestre Moreno Cara había señalado en su conocido Trarooo publicado en el año de 1902, que el Código de 1897, por su excesiva liberalidad, había provocado un aumento considerable de los juicios de amparo, en virtud de que permitía que se pidiera amparo contra todo género de resoluciones dictadas por los jueces y tribunales, hasta contra un auto que ordenara un simple trámite, con lo que inclusive eran ilusorias las ventajas que pudieran obtener los mismos promoventes. En su calidad de magistrado de la Suprema Corte en esa época, consideraba que el número de amparos se había incrementado de tal manera, que el más alto tribunal debía pronunciar por término medio. diez sentencias por día. 133 163. Ignacio Luis Vallarta h.1hía señalndo en su libro sobre El Juicio de amparo y el writ ofhabeas corpus que la Suprema Corte había resuelto 123 asuntos en 1869 pero 2, 108 en el año de 1880, que es el último que examina.' 34 Por su parte, Silvestre Moreno Cora indicó que en el semestre de junio a diciemhre de 1901, el más alto tribunal había decidido 1,684 juicios de amparo. m 164. Emilio Rabasa al señalar con toda justicia que el incremento desmesurado de los juicios de amparo en materia judicial había convertido en imposible la tarea de la Suprema Corte de Justicia, señalaba que durante el año corrido del primero de mayo de 1904 a la misma fecha de 1905, despachó la propia Corte 4,160 juicios de amparo, y como estos asuntos debían decidirse en pleno (que se reunía cinco veces por semana), había resuelto en ese periodo un promedio de 16 negocios por día. m 165. En realidad, la labor de la Suprema Corte era agobiante y preocupó al mismo gobierno federal, por lo que, tomando en' cuenta que era difícil adoptar la tesis de Emilio Rabasa, que tenía muchos opositores, se decidió por una solución intermedia, a través de la refomla del artículo 10 1 de la Constitución Federal, en la iniciativa de la Secretaría de Gohernación a la Cámara de Diputados del primero de mayo de 1908, en cuya exposición de motivos, se sostuvo: "La reforma que se propone, como se desprende claramente de su texto, tiene por objeto directo

convendrían hacer al Código de Procedimientos Federales en el capítulo destinado al juicio de amparo. Dictamen del Jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la Mención Honorífica y los honores de la publicación, México. Imprenta El Arte Moderno, 1906. 133 Tratado del juicio de amparo, cit., supra nota 49, pp. 626-642. 134 Obra citada. p. 418 de la edición de 1896. nota 1, en la que consigna la siguiente estadística de amparos resueltos por la Suprema Corte: 1869 (123); 1870 (181); 1871 (314); 1872 (356); 1873 (1.061); 1874 (1,472); 1875 (1,697); 1876 (860); 1877 (829); 1878 (1,228); 1879 (1.810); Y 1880 (2.108). 13S Tratado del juicio de amparo, cit.. supra nota 49, p. 824. Trimestre de junio a agosto: 957;

trimestre de septiembre a noviembre, 727. 136 El artlculo 14, cit., supra nota 83, pp. 103-104. Agrega el mismo autor: "Tomando en cuenta que el acuerdo (del pleno) no dura nunca más de cuatro horas, llegamos a la conclusión de que el tiempo medio consagrado a cada asunto es de quince minutos, insuficiente sin duda. para saber de qué trata. en el negocio más sencillo .....

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impedir que la substanciación de los juicios civiles se embarace y retarde con el amparo y manteniendo el debido respeto a la garantía que otorga la segunda parte del articulo 14 constitucional, así como a todas las demás garantías. pennite que se ocurra al amparo y protección de la justicia federal, después de que haya sido

pronunciada sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación del fallo, lo cual capacita a las partes para reclamar entonces las violaciones cometidas durante la substanciación del juicio, y particularmente la sentencia definitiva, que es la más importante y trascendental de cuantas resoluciones se dictan en los juicios."137 A este respecto las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de dicha Cámara. después de señalar que la Suprema Corte se había constituido en revisora en cualquier momento de todas y cada una de las resoluciones judiciales. señaló con muy buen criterio que la modificación propuesta por el Ejecutivo debería figurar en el artículo 102 de la Carta Federal y no como se había sugerido, en el 101. 138 166. Es significativa la intervención del entonces senador Emilio Rabasa en la sesión de esa Cámara de 13 de junio de 1908, al defender el proyecto de reforma constitucional, ya aprobada por la Cámara de Diputados. contra los argumentos de los opositores a que se restringiera la procedencia del amparo en materia judicial. señaló que si bien dicha modificación no le satisfacía plenamente, porque su criterio era en favor de la supresión del amparo judicial. la reforma propuesta constituia una medida de sana prudencia, pues no era posible dar un paso brusco en ese momento. 167. La citada reforma, promulgada el 12 de noviembre de 1908. adicionó el artículo 102 de la Carta Federal, con el siguiente precepto: "Cuando la controversia

se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civi~ solamente podrá ocurrirse a los tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio )' contra la cual no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto pueda ser la revocación. .. 168. Con motivo de esta modificación constitucional. se expidió un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, promulgado el 26 de diciembre de 1908, por el Ejecutivo Federal en uso de facultades delegadas. El nuevo código siguió el ejemplo del anterior, al incorporar al juicio de amparo dentro de sus disposiciones en su capítulo VI, artículos 661-796. y reguló al derecho de amparo con mayor precisión, al consagrar en disposiciones legislativas los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Se advierte con mayor claridad la tendencia a que el amparo, no obstante que se considera como singular o sui generis, se asimile cada

1]7 Diario de los Debates de la Cdmara de Diputados. 10 de marzo de 1908. p. 219. 138 Sesi6n de 29 de marzo de 1908. Diario de 10$ Debates, citado nota anterior. p. 834.

LA SUPREMA CaRIE y EL JUICIO DE AMPARO

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vez más al proceso ordinario y en especial al recurso de casación, tema que trataremos más adelante (ver infra párrafos 175-176). 169. Un examen superficial de este ordenamiento de 1908, demuestra la afir· mación anterior, pues restringió severamente la procedencia del juicio de amparo en materia judicial civil (que era la preocupación más importante de los autores del código) con motivo de la sentencia definitiva, a tal grado que la Suprema Corte tuvo que matizar esta limitación para evitar que el segundo párrafo del articu· lo 662 del código (que no hacía sino transcribir la adición constitucional al articulo 102) (ver supra párrafo 167), se interpretara en el sentido de que el propio amparo era inadmisible respecto de autos o resoluciones que tuviesen efectos de definitivos, al poner fin O impedir la continuación del proceso ordinario. 139 170. En primer término, el citado ordenamiento da un paso adelante en la configuración del juicio de amparo como un procedimiento contradictorio, pues se aparta de los precedentes que hemos señalado y en su artículo 670 señala expresamente como partes al agraviado, la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público. Pero además, el articulo 672 permite la intervención del tercero perjudi· cado, considerando como tal, en materia judicial civil, a la parte contraria del promovente, y en el proceso penal a la persona que se hubiese constituido como parte civil. Si bien a dicho tercero no se le considera como parte (aun cuando realizara actos de ese carácter), podía rendir pruebas (artículo 735) e interponer el recurso de revisión contra el auto en el cual se resolviera sobre la suspensión del acto reclamado (articulo 723). 171. Se define claramente la situación de la autoridad que ejecutaba o trataba de ejecutar el acto o actos reclamados como parte demandada, en cuanto si bien se conserva la denominación tradicional de informe con justificación a la contestación que debe dar dicha autoridad, el artículo 731 dispuso que la circunstancia de no rendirse dicho informe, establecía la presunción de ser cierto e/ acto que se estimaba vio/atorio de garantías individua/es, pero que esta presunción cedería a las pruebas que resultaran de autos que son los efectos de la rebeldía del demandado en el proceso civil. l40 172. Por otra parte, los autores del citado código de 1908 procuraron por todos los medios poner un dique a la corriente incontenible de los juicios de amparo

139 Cfr. Sodi, Demetrio, Procedimientos federales. México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1912. pp. 321-342. 140 En la parte relativa de la exposición de motivos de la comisión redactora del código, se expresó al respecto: "Siendo lógico e indispensable que dada la naturaleza jurídica del amparo haya parte demandada, se impone la necesidad de imprimir, como es natural, ese carácter a la autoridad ejecutoria, porque ella es quien da motivo a la queja y contra quien se pide que deje sin efecto el acto reclamado; ella es la causante de ese acto y éste la materia del juicio ", que puede consultarse en la obra Conrinuaci6n de la legislación mexicana de Dublán y Lozano. México, Tipografía viuda de Francisco Diaz de León, 1910, tomo XL, p. 749.

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contra resoluciones judiciales en materia civi1, aun cuando se promovieran con motivo de las sentencias definitivas. Entre las medidas adoptadas. destaca la disposición del artículo 680 del mencionado ordenamiento. según el cual. fuera de los casos en que se reclamara la pena de muerte. la afectación de la libertad. algún otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional o la consignación al servicio militar. la falta de promoción del quejoso durante veinte días continuos después

de vencido un plazo. presumía el desistimiento y obligaba al Ministerio Público a pedir el sobreseimienro y al juez a dicrarlo. aun sin pedimento de aquél."! 173. Este precepto tan exageradamente restrictivo y formalista provocó muchos problemas de interpretación por la Suprema Corte de Justicia. pues como lo expresó el destacado jurista Demetrio Sodi en su calidad de magistrado de dicho alto tribunal. el citado artículo 680 del código de 1908 dividió hondamente las opiniones de los ministros de la Corte. hasta producir entre ellos. durante algún tiempo. fncciones desagradables y polémicas apasionadas.!" \ 74. Otra disposición limitativa del amparo contra resoluciones judiciales de carácter civil y que también puede considerarse demasiado rígida. es la contenida en el artículo 767 del código. según el cual "El juicio de amparo contra los actos judiciales del orden civil por inexacta aplicación de ley. es de estricto derecho; en consecuencia. la resolución que en aquél se dicte. a pesar de lo prevenido en el artículo 759 (la suplencia del error en la cita por el promovente del derecho constitucional violado) debaá sujetarse a los términos de la demanda. sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ellos". Tal innovación fue desafortunada y se explica en ese momento. por la preocupación del legislador en contener el torrente de amparos judiciales ante los tribunales federales y en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia. Resultó inexplicable cuando se implantó en el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente de 1935. por lo que afortunadamente fue modificado en las reformas de diciembre de 1983 (ver infra párrafo 256). 175. También en el principio del llamado "amparo de estricto derecho". la Suprema Corte tuvo dificultades para aplicarlo en forma rígida. motivo por el cual

141 En la parte conducente de la exposición de motivos se pretende justificar este precepto de la siguiente manera: "nuestras leyes no deben alentar ese espíritu de litigio que desvirtúa por completo una institución que debe conservar toda la elevación de miras que el legislador ha querido darle. como un medio supremo para mantener incólumes las garantías constitucionales y no de ofrecer un recurso extraordinario del que tanto se ha abusado en la práctica." Obra citada nota anterior, p. 752. 142 En la misma exposici6n de motivos, se sostuvo: "En los juicios de amparo contra actos judiciales del orden civil, es peligroso. más que en cualquier otro género de amparo, autorizar que el juez supla de oficio las omisiones en que hubiese incurrido la demanda. al exponer el hecho y fijar el derecho. La obligaci6n del juez en ese sentido seria un aliciente y esúmulo a los amparos aventurados, es decir, a los que frecuentemente se promueven sin fundamento legal ni seguro, y por otra parte daría lugar al abuso, porque todo punto de derecho, al contrastarse con la ley, es susceptible de múltiples y diversas soluciones según los aspectos de hecho o de derecho bajo las cuales se presente." Obra citada, p. 765.


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pretendió suavizarlo para evitar que el juicio de amparo quedara asimilado al recurso de casación local, que era considerado como excesivamente formalista. 143 176. Otro precepto inflexible y con la misma orientación restrictiva, fue el contenido en el artículo 774, según el cual: "La interpretación que los tribunales hagan de un hecho dudoso o de un punto opinable de derecho civil, no puede fundar por sí sola la concesión de un amparo por inexacta aplicación de la ley, sino cuando aparezca haberse cometido una inexactitud manifiesta e ituludable. ya sea en

fijación del hecho, ya en la aplicación de la ley." 177. Finalmente, para concluir esta superficial revisión de la etapa relativa a las actividades de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo, que llega a su culminación durante la vigencia de la Constitución Federal de 1857, con motivo de la mencionada reforma constitucional de 1908 (ver supra párrafo 167), es preciso señalar que, como complemento de la reglamentación legislativa de la mencionada modificación constitucional, se promulgó el16 de diciembre de 1908, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expedida también por el Ejecutivo Federal en uso de facultades delegadas por el Congreso de la Unión. Este nuevo ordenanniento conserva en esencia la estructura y las facultades de la Suprema Corte de Justicia que se regularon en la reforma de 1900 al título preliminar el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 (véase supra párrafo 159), es decir, el más alto tribunal estaba compuesto por quince magistrados, que funcionaba en pleno con la presencia de nueve, pero que también se dividía en tres salas, la primera con cinco y las otras dos con tres magistrados (artículo 2" a 5"). Se atribuyó nuevamente a! tribunal en pleno de la Corte el conocimiento de la segunda instancia de los juicios de amparo (artículo 36 y 39, fracción 1). VI. LAS DISCUSIONES EN EL CONSTI1UYENTE DE QUERÉTARO

178. Los debates del Constituyente de Querétaro fueron intensos en cuanto a la organización y funcionanniento del poder judicial federa! encabezado por la Suprema Corte de Justicia, y en partícular por 10 que respecta a su competencia para conocer del juicio de amparo. 179. En la exposición de motivos del proyecto presentado por don Venustiano Carranza al citado Congreso Constituyente el primero de diciemhre de 1916, se advierte la preocupación por rescatar la independencia de los tribunales tanto federales como locales, puesto que se consideraba, por una parte, que la forma de designación de los Ministros de la Suprema Corte (que según la Constitución de 1857 eran electos en segundo grado) los ponía completamente a disposición del

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Cfr. Sodi, Demetrio, Procedimientos federales. cit., supra nota 139. pp. 409-413.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL JUICIO DE AMPARO

VI. Las discusiones en el Constituyente de Querétaro VII. La Suprema Corte en la primera década de la Revolución (1918-1928) . . . . . . . . . VIII. La división en Salas, los tribunales colegiados y el rezago (1936-1968) . . . . . . IX. Hacia un tribunal constitucional X. Conclusiones . . . . . .

43'J 443 450 463 473


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pretendió suavizarlo para evitar que el juicio de amparo quedara asimilado al recurso de casación local, que era considerado como excesivamente formalista. 143 176. Otro precepto inflexible y con la misma orientación restrictiva, fue el contenido en el artículo 774, según el cual: "La interpretación que los tribunales hagan de un hecho dudoso o de un punto opinable de derecho civil, no puede fundar por sí sola la concesión de un amparo por inexacta aplicación de la ley, sino cuando aparezca haberse cometido una inexactitud manifiesta e ituludable. ya sea en

fijación del hecho, ya en la aplicación de la ley." 177. Finalmente, para concluir esta superficial revisión de la etapa relativa a las actividades de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo, que llega a su culminación durante la vigencia de la Constitución Federal de 1857, con motivo de la mencionada reforma constitucional de 1908 (ver supra párrafo 167), es preciso señalar que, como complemento de la reglamentación legislativa de la mencionada modificación constitucional, se promulgó el16 de diciembre de 1908, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expedida también por el Ejecutivo Federal en uso de facultades delegadas por el Congreso de la Unión. Este nuevo ordenanniento conserva en esencia la estructura y las facultades de la Suprema Corte de Justicia que se regularon en la reforma de 1900 al título preliminar el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 (véase supra párrafo 159), es decir, el más alto tribunal estaba compuesto por quince magistrados, que funcionaba en pleno con la presencia de nueve, pero que también se dividía en tres salas, la primera con cinco y las otras dos con tres magistrados (artículo 2" a 5"). Se atribuyó nuevamente a! tribunal en pleno de la Corte el conocimiento de la segunda instancia de los juicios de amparo (artículo 36 y 39, fracción 1). VI. LAS DISCUSIONES EN EL CONSTI1UYENTE DE QUERÉTARO

178. Los debates del Constituyente de Querétaro fueron intensos en cuanto a la organización y funcionanniento del poder judicial federa! encabezado por la Suprema Corte de Justicia, y en partícular por 10 que respecta a su competencia para conocer del juicio de amparo. 179. En la exposición de motivos del proyecto presentado por don Venustiano Carranza al citado Congreso Constituyente el primero de diciemhre de 1916, se advierte la preocupación por rescatar la independencia de los tribunales tanto federales como locales, puesto que se consideraba, por una parte, que la forma de designación de los Ministros de la Suprema Corte (que según la Constitución de 1857 eran electos en segundo grado) los ponía completamente a disposición del

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Cfr. Sodi, Demetrio, Procedimientos federales. cit., supra nota 139. pp. 409-413.


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Jefe del Poder Ejecutivo, y por la otra, que los jueces y tribunales locales se habían convertido en instrumentos ciegos de los gobernadores. l44 180. No obstante de que en la citada exposición de motivos se hace una severa critica a la centralización provocada por la interposición del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales, que menoscaba la autonomía de los estados. 14' Sin embargo, no se pretendió corregir esta situación acerbamente criticada por Emilio Rabasa,l46 sino que por el contrario, se consideró necesario, como un remedio contra la falta de independencia de los tribunales locales, conservar el propio amparo contra las citadas resoluciones judiciales, de acuerdo con un párrafo muy conocido de la misma exposición de motivos: "el pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles, para librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el Gobierno a mi cargo ha creído que seria no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para su reglamentación. "147

181. El debate más importante se centró precisamente en la conveniencia o inconveniencia de conservar el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, en virtud del voto particular de los diputados Heriberto Jara e Hilario Medina al dictamen de la comisión respectiva, favorable a las bases del artículo 107 del proyecto para regular el juicio de amparo. Estos dos destacados constituyentes sostuvieron que era necesario otorgar a los tribunales y jueces locales la facultad de decidir de manera definitiva sobre las controversias en las cuales se aplicaran disposiciones también locales, pues de lo contrario, como había sucedido, se perdía la autonomía judicial de las entidades federativas. l48 182. No obstante las extensas argumentaciones de los partidarios del proyecto o del voto particular respectivo, durante la muy larga sesión del 22 de enero del propio año de 1917, la mayoria de los diputados constituyentes consideraron que eran más graves los problemas del caciquismo local que los de la centralización judicial. Una opinión decisiva fue la del destacado asesor de don Venustiano 144 Cfr. Tena Ramírez. Felipe, Leyesjundamentales de Máico, cit., supra nota 18. pp. 746-747. En efecto, en esa parte de la exposici6n de motivos se afmn6: "El recurso de amparo, establecido con un alto fin social, pronto se ha desnaturalizado. hasta quedar primero. convertido en arma poütica, y. después, en medio apropiado para acabar con la soberanía de los Estados; pues de hecho quedaron sujetos a la revisión de la Suprema Corte hasta los aclos más insignificantes de las autoridades de aquillos ..... , Tena Ramfrez, Felipe, op. Ull. cit., p. 746. 146 En el capítulo X, de su obra El art(culo 14. cil.. supra nota 83. intitulado "El artículo 24 y la independencia de los Estados". pp. 7S-84. 147 Cfr. Tena RaDÚrez. Felipe, Leyesfundaml!nlall!s. cit.. supra nota 18. p. 7S1. 148 Este voto particular suscrito el18 de enero de 1917 proponía que el artículo 107 tuviese la misma redacción del texto original del artículo 102 de la Constitución de 18S7. Cfr. Derechos del pueblo 17II!Xicano. Mlxico a travls de sus constituciones, cit.. supra nota 17. tomo VUI. pp. 32-33. 145


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Carranza. el licenciado José Natividad Macías. quien sostuvo que de acuerdo con las bases que se proponfan en el proyecto del citado artfculo 107 constitucional. se respetaba la autonollÚa de los trihunales locales. ya que la Suprema Corte de Justicia. a través del amparo. no debfa revisar los procedimientos seguidos en las Entidades federativas. sino únicamente examinar si existía algún precepto consti-

tucional violado. 149 183. Por otra parte. también se discutieron y aprobaron en el Congreso de Querétaro varias modificaciones al sistema judicial regulado por la Constitución Federal de 1857. con el objeto de lograr independencia y eficacia en la impartíción de justicia. De manera sintética podemos señalar estas innovaciones: a) supresión de la Secretarfa de Justicia en el artículo décimo cuarto transitorio. por estimarse que era un instrumento de intromisión del ejecutivo federal en los tribunales. 150 184. b) Se introdujo un sistema diverso de designación de los magistrádos de la Suprema Corte de Justicia ya que en el texto original del artfculo 96 de la Carta Federal de 1917 se estableció que los miembros de la Suprema Corte de Justicia serfan nombrados por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral. ~on la concurrencia de las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. por mayoría absoluta de votos. entre los candidatos previamente propuestos. uno por cada legislatura de los Estados)'l 185. c) Otro mecanismo significativo para los miembros del poder judicial federal. pero particularmente para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. fue el relativo a la inamnvilidad. lS2 que se implantó de manera paulatina. pues los

149 Derechos del Pueblo Mexicano. ci'" nafa anterior. tomo VIII, pp. 33-65. El artículo 107 del proyecto fue aprobado por 139 votos por la afinnativa contra 4 por la negativa de los diputados Jara,

Medina, Meza y Ranúrez G., p. 65. 150 En algunas ocasiones se ha revivido la discusión de si es posible restablecer la Secretaría de Justicia, pero sin posibilidades prácticas. puesto que esta situación se ha consolidado. Cfr. Barra Mexicana, Colegio de Aoogados. Por una Sf'crelar(a de Justicia, México. 1961.

151 El texto original del citado artículo 96. disponía los siguiente: "Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos. uno por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley local respectiva. Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación. se repetirá entre los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos." 152 Una de las garantías judiciales de mayor trascendencia para lograr la independencia de los jueces es la relativa a su estabilidad en la función y su forma más perfeccionada consiste en la inamovilidad, considerada como el sistema en el cual la designación de los propios jueces no está sujeta a renovaciones periódicas sino que se prolonga hasta el fallecimiento o hasta la edad de retiro, salvo la remoción justificada por motivos de responsabilidad. Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Reflexiones sobre el derecho constitucional procesal mexicano" ,enMemoriade El ColegioNacionol, /981, México. 1982, pp. 57·58. Es significativo que la inamovilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia hubiese sido propuesta por el ilustre Emilio Rabasa en otra de sus obras clásicas, La Constitución y la dictadura,

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primeros designados durarian dos años; los nombrados a partir del primer periodo permanecerían cuatro y desde el año de 1923. tanto los ministros de la Corte como los magistrados de circuito y los jueces de distrito (designados por la propia Corte). sólo podrían ser removidos cuando observaran mala conducta y previo el juicio de responsabilidad respectivo (artículo 94. segundo párrafo de la Constitución Federal). 186. d) También se discutió en el Congreso de Querétaro el número de magistrados integrantes de la Suprema corte. en virtud de que el proyecto de Constitución señaló el de nueve.!53 pero ya en el dictamen presentado por la comisión en la sesión del 17 de enero de 1917. se propuso que el número fuera de once. tomando en cuenta que la reforma de 22 de mayo de 1900 al articulo 91 de la Carta Federal de 1857. elevó a quince el número de los ministros de la Suprema Corte (ver supra párrafo 158). 187. e) Otra decisión del Constituyente que figuraba en el proyecto. fue establecer el funcionamiento de la Suprema Corte únicamente en tribunal en pleno.'" y en audiencias públicas. salvo los casos en que la moral O el interés público exigieran lo contrario. como una reacción frente a las ideas de Emilio Rabasa. que fueron ampliamente discutidas en el propio Congreso. en el sentido de que no podía calificarse de verdadero poder al organismo judicial federal. en virtud de que le faltaban los tres elementos que consideraba esenciales para todo órgano de poder: iniciativa. unidad y autoridad general. '" 188. f) También se introdujo la exigencia de que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia tuvieran título de abogado (en realidad de licenciado en derecho). expedido por autoridad o corporación legalmente facultada para ello (artículo 95. fracción n. de la Constitución Federal). en contraste con lo que dispuso el artículo 93 de la Carta Federal de 1857. el cual únicamente requería que los propios magistrados del más alto tribunal fuesen instruidos en la ciencia del Derecho. a juicio de los electores.

aparecida en 1912. 3a. ed., México, Porrúa. 1956. p. 202. 153 La redacción del proyecto del artículo 94 constitucional. que fijaba en nueve el número de los magistrados de la Suprema Corte. puede consultarse en la obra Deruhos del pueblo mexicano. cit.• supra nota 17. tomo VII. p. 655. 154 Debe recordarse que desde la primera regulación de la estructura de la Suprema Corte en 1826. basta la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de 1908, la Suprema Corte funcionaba no s6lo en lribuoaJ pleno sino también en tres salas, la primera formada por cinco magistrados y las otras dos, por tres. si bien desde la Ley de Amparo de 1869. los juicios de amparo debían resolverse siempre por el pleno. 155 La Consliluci6n y la dictadura. cil.. supra nota 153. pp. 189-190. Los debates sobre la doctrina de Rabasa pueden consultarse en la obra Derechos del pueblo mexicano, cit., supra nota 16, tomo VII. pp. 655-697.


VII. LA SUPREMA

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CORTE DE JUSTICIA EN LA PRIMERA DÉCADA

DE LA REVOLUCIÓN

(1918-1928)

189. La Suprema Corte surgida de las disposiciones constitucionales de 1917 inició su funcionamiento en junio de ese año, pero no fue sino hasta el 2 de noviembre siguiente cuando se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se reglamentaron los nuevos lineamientos fundamentales sobre su composición, funcionamiento y competencia, y por lo que respecta a su conocimiento del juicio de amparo, con apoyo en el artículo 107, se confirió al tribunal en pleno de la Suprema Corte, ahora integrada por once magistrados, la única instancia para resolver los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas en materia civil y penal (fracción VIl! del artículo 107 de la Carta Federal y 6°, fracción VI, de la citada Ley Orgánica), pero en segunda instancia, a través del llamado recurso de revisión, de los juicios de amparo iniciados ante los jueces de distrito contra actos de autoridad distinta de la judicial o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio, después de concluidos o de actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación o afectara a personas extrañas al juicio (artículos 107, fracción IX, constitucional y 7°, de la Ley Orgánica). 190. La propia Suprema corte de Justicia aprobó su reglamento interno elll de abril de 1919, en tanto que la primera Ley de Amparo expedida bajo el imperio de la Carta Federal de 1917 fue promulgada el 20 de octubre del mismo año de 1919. 191. Hemos sostenido en otros trabajos que la Carta Federal de 5 de febrero de 1917, si bien inició el movimiento del llamado '.'constitucionalismo social", al introducir los derechos colectivos de los sectores marginados de los campesinos y de los trabajadores en sus artículos 27 y 123, respectivamente, y por ello, elevó a nivel fundamental estos derechos que habían sido regulados en las leyes secundarias por los ordenamientos de los países de mayor desarrollo económico; dicha Constitución mexicana debe considerarse como un documento de transición entre un sistema liberal individualista consagrado en la Carta de 1857 y las nuevas ideas de la socialización jurídica que aparecieron en la primera posguerra,15' como lo señaló con gran penetración el conocido tratadista Boris Mirkine Guetzevitch, cuando afirmó "En el siglo XX el sentido social del derecho, no es sólo una doctrina, no es s6lo una escuela jurídica, es la vida misma".!" 192. Debe tomarse en consideración, para confirmar los razonamientos anteriores, que fueron numerosos los preceptos de la Constitución Federal de 1857 que se 156 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "La democracia social", en la obra Derechos del pueblo mexicano. Mlxico a travls de SII.f constituciones, 3a. ed., México, Cámara de Diputados, 1985, Doctl;na constitucional, tomo 1, pp. 497-498. 157 Las nuevas constituciones del mundo, Madrid, Editorial España, 1931, p. 37.

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recogieron en la de 1917, a veces literalmente y en otras ocasiones con ligeras modificaciones, al lado de disposiciones novedosas que recogían las nuevas tendencias socializadoras. lo que resultaba muy comprensible si tomamos en consideración que nuestro país en esa época era esencialmente agricola y con un incipiente desarrollo industrial, por lo que no fue sino de manera paulatina a través de las reformas constitucionales posteriores que se ha configurado un ordenantiento constitucional cercano al modelo de Estado de derecho social contemporáneo.'" 193. Lo anterior perntite explicar la actuación de la primera década de actividades de la Suprema Corte de Justicia en su conocintiento del juicio de amparo, tal como había sido regulado en sus Iineantientos esenciales por el artículo 107 de la Constitución Federal de 1917 y la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919. Como era de esperarse, esos primeros años se caracterizaron por la incertidumbre de la jurisprudencia al interpretar los nuevos preceptos de contenido social que se habían incorporado a la nueva Carta Fundamental, en un contexto de tradición liberal, y ello no obstante que los primeros integrantes del más alto tribunal de la República estaban compenetrados de las ideas revolucionarias que predontinaron en el Congreso de Querétaro. 15' 194. Sólo se hace una breve referencia a los problemas de interpretación que afectaron a la Suprema Corte al conocer de los juicios de amparo promovidos en relación con la aplicación de los artículos 27 Y 123 de la Carta Federal, como ejemplos de la incertidumbre y falta de precisión de la jurisprudencia de esa época, ya que en este ntismo voluinen se incluye un profundo estudio del destacado tratadista Santiago Barajas Montes de Oca, La Suprema Corte y el constituciorwlismo social, en el cual se examinan con ntinuciosidad y profundidad la evolución de la propia jurisprudencia, que en poco tiempo superó las dificultades iniciales de este primer periodo. 195. Por otra parte, estos titubeos de la primera etapa de la Suprema Corte Mexicana deben considerarse como una experiencia en cierto modo sintilar a los de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en los años treintas, cuando se originó un enfrentantiento temporal entre los postulados de la política social o New Deal del presidente Franldin D. Roosevelt y la tradición liberal de lajurisprudencia, que también se superó en poco tiempo por el desarrollo positivo del criterio de la propia Corte hacia la aceptación de los nuevos principios socializadores.'oo 158 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, lA democracia social. cit.. supra nota 157, pp. 502-504. 159 Los primeros magistrados designados por el Congreso de la Unión para integrar la Suprema Corte de Justicia con posterioridad a la promulgación de la Carta Federal de 1917, lo fueron los abogados

Enrique M. de los Ríos. Enrique Colunga, Victoriano Pimental. Agustín del Valle. Enrique García Parra, Manuel E. Cruz. Enrique Moreno. Santiago Martínez Alonúa. José M. Truchuedo, Alberto M. González y Agustín Urdapilleta. Tomaron posesi6n el 29 de mayo del propio año de 1917, y designaron como su primer presidente al primero de los mencionados. 160 Cfr. el clásico libro de Lambert. Edouard. Le Gouverne~nl des Judges el la Lulle Conlre la Legislalioll Social aux Elal Unis. París. 1921.


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196. Los aspectos más críticos se presentaron con motivo de la falta de certidumbre sobre la naturaleza y funciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. introducidas por el Constituyente de Querétaro en las fracciones XX y XXI del artículo 123 como organismos tripartitas para resolver las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, y por ello en la primera etapa del conocilIÚento de las impugnaciones de los llamados laudos de los citados organismos laborales a través del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia iniciada en el concido juicio de amparo promovido por Guillermo Cabrera, resuelto el 8 de marzo de 1918 y en el cual se estableció que las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje carecían de competencia para decidir imperativamente los conflictos jurídicos de carácter obrero-patronal, por considerar que tenían el carácter de organismos voluntarios de arbitraje para resolver controversias

de carácter colectivo. 161 197. Pero tanto en México como posterionnente en Norteamérica, la presión ejercida por los grupos sociales logró un cambio sustancial en la actitud de ambos tribunales supremos, pues como es bien sabido, por lo que se refiere a nuestro país, la modificación jurisprudencial se inició con la resolución pronunciada por nuestra Suprema Corte de Justicia el primero de febrero de 1924 en el juicio de amparo promovido por La Corona, S. A., en la cual se acogió el criterio del carácter imperativo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para resolver todo tipo de conflictos laborales tanto individuales como colectivos, por lo que se reconoció a dichas juntas el carácter de tribunales del trabajo, lo que significó un paso muy importante en el desarrollo de la jurisprudencia en materia laboral.!62 198. Otro aspecto en el cual se advierte incertidumbre en la aplicación de las disposiciones constitucionales por la Suprema Corte de Justicia en la primera etapa de su funcionalIÚento con posterioridad a la vigencia de la Carta Federal de 1917, se observa en la reforma agraria regulada tanto por el artículo 27 de dicha Carta Suprema como en la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, que se consideraba como parte de dicho precepto fundamental. También en este sector, debido a la tradición liberal anterior, se presentó un criterio restrictivo de la citada jurisprudencia, pero a la inversa de lo ocurrido con la materia procesal laboral (ver supra párrafo 196), en una primera época la Suprema Corte estableció un criterio de mayor comprensión para los procedilIÚentos de la reforma agraria, puesto que estimó que el proceso

161 Cfr. Fix-Zamuruo. Héctor, "El juicio de amparo en materia de trabajo y la Ley Federal del Trabajo de 1931". en la obra colectiva Origen y repercusiones de la primua Ley Federal del Trabajo, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1981. pp. 166-.169. 162 Cfr. Trueba Urbina, Alberto, Nuevo derecho procesal del trabajo, 4a. ed .. México, Porrúa, 1978, pp. 230-234; Buen Lozano, Néstor de, "Los tribunales del trabajo en México", en el libro colectivo Homenaje a Salomón González Blanco. México, 1984, pp. 125-127; Cueva, Mario de la, Derecho mexicano del trabajo. 12a. ed., México, 1967. POITÚa, tomo 1, pp. 808-810.

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previsto en el artículo 10 de la citada ley del 6 de enero de 1915,163 equivalía al juicio de amparo; pero esta tesis fue modificada en 1929 para sostener que el citado procedimiento debía considerarse como un juicio ordinario federal previo al amparo, con lo que se alargaron considerablemente dichos procedimientos judiciales, provocando un creciente malestar en las organizaciones campesinas. las que lograron la aprobación de la reforma legislativa del 3 de diciembre de 1931, que modificó el citado artículo 10 del citado ordenamiento y suprimió toda defensa judicial, inclusive el juicio de amparo, contra las resoluciones dotatorias y restitutorias dictadas en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria. 199. Como esta modificación legislativa provocó una apasionada controversia en la cual intervinieron los juristas más importantes de esa época,l64 se realizó una nueva reforma, promulgada el9 de enero de 1934, para incorporar las disposiciones de la citada ley del 6 de enero de 1915 al texto del artículo 27 de la Constitución Federal (que por ello tiene las dimensiones de un verdadero código), conservándose la prohibición absoluta de defensa judicial en la fracción XIV del citado precepto constitucional. Si bien entonces concluyó la discusión sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a la resolución de los juicios de amparo promovidos con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reforma agraria, el debate resurgió nuevamente en las últimas décadas con motivo de las reformas al propio artículo 27 constitucional promulgadas el 12 de febrero de 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. 2oo. Otro de los problemas importantes que tuvo que enfrentar la Suprema Corte en la primera década de su funcionamiento, fue el relativo al recurso de súplica, introducido, de acuerdo con la vieja terminología española, como un recurso de apelación federal ante el más alto tribunal de la República, en la fracción 1, del artículo 104 de la Carta Federal de 1917 (ver supra párrafo 90).165 163 El citado artículo 10 de la ley deJ6 de enero de 191 S. disponía: "Los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución del encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus derechos dentro del término de un año. a contar de la fecha de dichas

resoluciones. pues pasado este término ninguna reclamación será admitida. En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el interesado obtenga resoluci6n judicial declarando que no procedía la restitución hecha a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a obtener del Gobierno de la Naci6n la indenmizaci6n correspondiente. En el mismo término de un afio podrán ocurrir los propietarios de terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pagárseles." 164 Cfr. Cabrera. Luis, "La reforma del artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915", en Revista General de Derecho y Jurispnukncia, México. 1932. pp. 271 Y ss.; Bassols, Narciso, lA nueva Ley Agraria, México, 1927. p. 8. 165 El texto original del artículo 104, fracci6n 1, de la Constituci6n Federal. disponía: "Corresponde a los tribunales de la federación conocer: 1. De todas ¡as controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicaci6n de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten a intereses particulares podrán conocer también de ellas a elecci6n del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los

LA SUPREMA CORTE Y ELJUlCIO DE AMPARO

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20 l. Precisamente por considerarse dicho recurso de súplica como una instancia paralela al juicio de amparo, se reguló por los artículos 131 a 146 de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919 (cuyo nombre oficial era la de "Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal), de manera que los

particulares inconformes con una sentencia definitiva de segundo grado pronunciada por el tribunal superior de una entidad federativa o por un magistrado unitario de Circuito en un proceso en el cual se discutiera la aplicación de una ley federal, tenía la opción de interponer el juicio de amparo de una sola instancia o bien el recurso de súplica, pero una vez elegida la vía, la misma resultaba excluyente (artículo 131 de la citada Ley de Amparo).!66 202. Por el contrario, para las autoridades federales, especialmente la de carácter administrativo, el citado recurso de súplica les confería la atribución de impugnar las citadas resoluciones judiciales ante la propia Suprema Corte de Justicia cuando afectasen sus intereses, ya que les estaba vedada la vía de amparo.!67 La carga que significó el conocimiento y resolución del recurso de súplica por parte de la Suprema Corte, además del juicio de amparo, tomando en consideración que funcionaba siempre en Pleno, llegó a influir de manera considerable en el rezago que de manera paulatina fue creciendo hasta constituir un verdadero agobio, y por ello, tomando en consideración que eran numerosas las autoridades federales, especialmente las de carácter fiscal las que acudían al recurso de súplica, se reformó la citada fracción 1 del artículo 104 constitucional el 18 de enero de 1934, suprimiendo definitivamente la súplica, situación que motivó la permanente inconformidad de la Secretaña de Hacienda, hasta que logró la nueva reforma de 30 de diciembre de 1946, al citado precepto constitucional, que restableció el mencionado recurso de súplica, pero ahora con la designación de "revisión fiscal" lOS 203. Estos diez años del funcionamiento de la Suprema Corte en cuanto al tribunal de amparo, terminan en el año de 1928 con una reforma sustancial a la estructura y funcionamiento de la propia Corte, que tuvo su origen en las proposiestados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato que conozca del asunto en primer grado. De las selJft'lIcias que se dicten en segunda instancia podrdn suplicarse para ante la Suprema C011e de Justicia de la Nación, preparándose, introduci¿ndose y sustanciándose al recurso e/f los ténnillos que determine fa Ley." 166 El mencionado artículo 131, dispuso: "Las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los tribunales federales o por los tribunales de los estados, del Distrito Federal y Territorios, con motivo de las controversias que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de las leyes federales Q de los tratados celebrados con las potencias extranjeras podrán combatirse ante la Suprema Corte por medio del recurso de amparo, cuando se reúnan los requisitos que al efecto exige el título primero de la presente ley. o por el de súplica. en los términos que establece este capítulo. El uso de uno de dichos recursos excluye al otro." . 167 Cfr. León Orantes, Romeo, El juicio de amparo, 3a. ed., México. José M. Cajiga, 1957, pp. 72-87. 16t Cfr. Fix~Zamudio. Héctor. ¡tlfroducdón a la jusJida administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional, 1983, pp. 121~127.

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dones que se formularon en el Primer Congreso Jurídico Nacional reunido en la

ciudad de México durante los días 14 de septiembre al I2 de octubre de 1921, en el cual participaron los juristas y abogados distinguidos de la época los que discutieron ampliamente los problemas más apremiantes de ese momento entre los cuales destacaron los relativos a la Suprema Corte de Justicia y al juicio de

amparo,l69 204. En efecto, frente a la proposición del ilustre jurista mexicano Emilio Rabasa, quien sostuvo la necesidad de devolver al juicio de amparo su función estrictamente constitucional y establecer aliado de la Suprema Corte de Justicia, un tribunal federal de casación; propuesta aprobada por la mayoría de los congresistasPO la cual no tuvo una aplicación práctica. Se presentaron otras propuestas que no alcanzaron el consenso mayoritario de los participantes del mencionado Congreso. pero que. en cambio, tuvieron una repercusión en las mencionadas

modificaciones constitucionales de 1928. 205. Nos referimos a las recomendaciones de un sector de los mencionados congresistas sobre la necesidad de cambiar el sistema original de designación de los ministros de la Suprema Cone de Justicia por el Congreso de la Unión (ver supra párrafo 184), para sustituirlo por la proposición del presidente de la República y aprobación del Senado Federal; aumento del número de los propios magistrados de la Corte a fin de que pudiese funcionar en pleno y en salas de cinco· o de siete ministros para conocer de los juicios de amparo en materia civil, penal

y administrativa. l71 206. Esta proposición de que la Suprema Corte se dividiera en salas para resolver los numerosos juicios de amparo que la agobiaban, no era novedosa, puesto que ya en su clásico estudio, Ignacio Mariscal señaló en 1878 que era necesario dividir el más alto tribunal de la República en varias salas'" No obstante que la iniciativa que presentó como Secretario de Justicia y que sirvió de base a la Ley de Amparo de 1869 (ver supra párrafos 100 Y 10 1) se propuso y así se aceptó por el Congreso de la Unión, que la Suprema Corte funcionara siempre en pleno para conocer de los juicios de amparo, y éste fue también el criterio seguido por el Constituyente de Querétaro (ver supra párrafo 187) que estableció el funcionamiento de la propia Suprema Corte en pleno pero no sólo en materia de amparo, sino en todos los asuntos de su competencia. 207. Las mencionadas proposiciones del Primer Congreso Jurídico Nacional de 1921 en cuanto al sistema de designación de los integrantes de la Suprema Corte 169 cfr. Memoria del Primer Congreso JurúJico Nacional. México, Imprenta M. León Sánchez. Sucs .. 1922. 170 Memoria cit., nota anterior. pp. 19-28. 171 Memoria cit.. notas anteriores, pp. 58-62. 172 Algunas reflexio1U!s sobre eljuicio de amparo, cil., supra nota 92. pp. 224-225.


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de Justicia y su funcionamiento en Salas especializadas para el conocimiento del juicio de amparo. fueron acogidas por el Ejecutivo Federal. el cual presentó un proyecto de reformas constitucionales las que se promulgaron el 20 de agosto de 1928. En virtud de las mismas. se modificó el articulo 94 de la Carta Federal para aumentar el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia a dieciséis. de manera que pudiera funcionar en pleno y en tres salas de cinco ministros cada una,l73 más el presidente del tribunal. 208. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación promulgada el 11 y publicada el 12 de diciembre de 1928. con el objeto de reglamentar las mencionadas reformas constitucionales. privó al tribunal en pleno (articulo 12). de su competencia para conocer del juicio de amparo. el cual encomendó a las salas por razón de la materia. de manera que a la primera de dichas salas se confirió la decisión de los amparos de carácter penal. a la segunda los de naturaleza administrativa. y a la tercera los de orden civil (y mercantil) (artículo 24). Este mismo sistema con ligeras variantes. fue seguido por la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación publicada el 31 de agosto de 1934. 209. En las propias reformas de 1928. también se modificó el sistema de designación de los magistrados de la Suprema corte de Justicia. que anteriormente eran nombrados por el Congreso Federal en sesión conjunta (ver supra párrafo 184). A partir de entonces. de acuerdo con el modelo norteamericano l " son designados por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de SenadoresY' 173 La parte relativa del artículo 94 de la Constitución Federal quedó redactada de la siguiente manera: "Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia yen Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito cuyo número y atribuciones fijará una ley. lA Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de diecislis ministros y funcionará el/. Tribunal Pleno o dividida en tres salas de cinco ministros cada una. en los términos que disponga la ley." 174 La parte relativa del artículo n, sección 2a. de la Constitución Federal de los Estados Unidos atribuye al presidente de la República la facultad de nombrar, con el consejo y la aprobación del Senado Federal, a los magistrados de la Suprema Corte y a los demás jueces federales, pero a través de un procedimiento muy complejo que se ha perfeccionado de manera paulatina en la práctica, puesto que se requieren arduas negociaciones con el Comité Judicial del propio Senado, el cual tiene una participación activa en la designación. Cfr. Abraham, Henry J., The Judicial Process, 3a. ed., London-Toronto, Oxford University Press. 1975, pp. 38-46; Chase, Harold B., "Federal ludges. The Appointing Process", en MinneSOla Law Review, diciembre de 1966. pp. 185-221; Swindler, William F., "The Politic of Advice and Consent", y Walsh. Lawrence E.. "Selection of Supreme Courtludges", ambos en American Bar Associarion Joumal, junio de 1970. pp. 533-542; 55-560. respectivamente. 175 El artículo 96 de la Carta Federal. en su texto vigente. dispone: "Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos porel Presidente de la República y sometidos a la aprobaci6n de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobaci6n dentro del improrrogable ténnino de diez días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho ténnino se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Senado, no podrán tomar posesi6n los magistrado.> de la Suprema Corte nombrados porel Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Senadores no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de una misma vacante. el Presidente de la República hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, y que será sometido a la

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VIII. LA DIVISIÓN EN SALAS. LOS TRmUNALES COLEGIADOS Y EL REZAGO

(1936-1968) 210. La tenninación de los primeros diez años de funcionamiento de la Suprema Cone de Justicia culminó. como se ha dicho anterionnente (ver supra párrafo 208). con la reforma constitucional de 1928 que dividió al más alto tribunal en tres salas especializadas para el conocimiento del juicio de amparo. con lo cual se reconoció el predominio de la función de casación que tiene encomendada, puesto que el funcionamiento de la propia Corte en pleno para conocer del amparo, introducido en la Ley de Amparo de 1869 (ver supra párrafos 100 Y 10 1) renovado por el constituyente de Querétaro, se apoyó en la idea de que en el mismo Juicio de amparo se planteaban cuestiones de carácter constitucional que dehían ser resueltas por el órgano de la mayor jerarquJa. Sin embargo, como lo había señalado ya con anterioridad Emilio Rabasa (ver supra párrafo 164) y 10 reiteró en el citado Congreso Jurídico Nacional de 1921 (ver supra párrafo 214), un gran porcentaje de los procesos de amparo planteados ante la propia Suprema Corte, se referían a la impugnación de las resoluciones judiciales, por aplicación de preceptos legislativos de carácter ordinario. 211. Esta tendencia hacia la especialización de la Suprema Corte en salas, iniciada en 1928, se continuó en la refonna del propio articulo 94 de la Carta Federal promulgada el 15 de diciembre de 1934, a través de la cual se elevó el número de ministros a veintiuno, funcionando en pleno o en cuatro salas de cinco magistrados cada unaY' El objeto de esta refonna fue el establecimiento de una sala para conocer de los juicios de amparo en materia laboral, que anterionnente correspondían a la segunda sala, administrativa, del propio alto tribunal, por considerarse que las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran actos administrativos en sentido formal. m 212. Otro aspecto importante de la reforma constitucional de 1934 fue el relativo a la supresión de la inanwvilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (y de los restantes jueces federales), que se había conservado en el texto modificado aprobación de dicha Cámara, en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, el Senado deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si 10 aprueba o nada resuelve. el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Senado desecha el nombramiento cesará desde luego de sus funciones el ministro provisional y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en los términos sei\alados."

176 En la parte relativa del texto vigente del artículo 94 de la Carta Federal. se determina: "La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se compondrá de veintiún ministros numerarios y cinco supernumerarios. y funcionará en pleno o en salas. Los mirustros supernumerarios formarán parte del pleno cuando suplan a los nulTlt"rarios ..... In Cfr. fix-Zamudio. Hél·lur. Ff juicio de amparo en materia de trabajo. cit.. supra nota 162. pp. 169-173.


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en 1928, al disponer el nuevo precepto que dichos magistrados durarían en su cargo seis años. pero que podían ser privados de. sus puestos cuando observaren mala conducta o de acuerdo con el juicio de responsabilidad respectivo. 2l3. Afortunadamente este retroceso en las garantías judiciales de los integrantes de la Suprema Corte, en cuanto a su estabilidad en el cargoY' fue reparado en la nueva reforma constitucional al mencionado artículo 94 de la Carta Federal publicada el 21 de septiembre de 1944, que volvió al sistema original del Constituyente de Querétaro (ver supra párrafo 185).179 214. El último aspecto importante de esa época relacionado con la competencia de la Suprema Corte de Justicia, fue el relativo a la reforma de la fracción 1 del artículo 104 de la Carta Federal por decreto publicado el18 de enero del citado año de 1934, por el cual se suprimió el recurso de súplica (ver supra párrafo 202), conservándose únicamente el juicio de amparo contra sentencias definitivas. 215. Todas estas modificaciones introducidas por las reformas de 1934 fueron reglamentadas por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (con reformas posteriores) publicada el 30 de diciembre de 1935 y que entró en vigor, conjuntamente con la Ley de Amparo, ellO de enero de 1936. 216. Las subsecuentes reformas, muy numerosas, a la legislación óe amparo, tanto constitucional como reglamentaria, han tenido como propósito esencial combatir el rezago de la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento del juicio de amparo, si se toma en cuenta que las citadas modificaciones de 1928 y 1934 no fueron suficientes para aliviar el peso tremendo que afectaha gravemente el funcionamiento de los tribunales federales, pero en forma especial a la propia Suprema Corte. 217. Con el propósito esencial de disminuir el rezago se elaboraron varios proyectos de reforma constitucional en los años de 1944 y 1945, que deben considerarse como antecedentes de los importantes cambios realizados en el año de 1951. 218. a) El proyecto de reformas al artículo 107 constitucional presentado al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, general Manuel Á vila Carnacho, el 21 de diciembre de 1944, fue aprobado rápidamente por ambas Cámaras, pero no se sometió a las legislaturas de las entidades federativas, debido a la oposición de la Suprema Corte de Justicia, que se manifestó en contra de las citadas reformas ISO 178 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. "Retlexiones sobre el derecho constitucional procesal mexicano", supra nota 153. pp. 57-58, 179 "La parte final del artículo 94 de la Carta Federal. lal como fue reformado en 1944, quedó redactado de la siguiente manera: "Los ministros de la Suprema Corte. los magislrados de Circuito y los jueces de Distrito podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111 [suprimido por la reforma constitucional de diciembre de 1982}, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente,"

cit"

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219. La principal innovación del citado proyecto fue depositar en el propio Congreso de la Unión la facultad de establecer la competencia de los diversos tribunales federales, sefialando de manera específica la de la Suprema Corte de Justicia, de manera similar al criterio seguido en la Constitución Federal de los Estados Unidos, la que en su artículo III sefiala la competencia de la Suprema Corte Federal, pero confiere al órgano legislativo de la Unión, la facultad de fijar, a través de ordenamiento secundario, la de los restantes tribunales de la federación. l8l 220. En dicho proyecto se proponía como competencia de la Suprema Corte de Justicia, el conocimiento de los juicios de amparo en los que se impugnara la inconstitucionalidad de una ley federal o local; cuando se reclamara la violaci6n directa de un precepto constitucional; tratándose de actos contrarios a la jurisprudencia de los tribunales federales. o los que afectaran gravemente el interés

público. 221. La principal objeción que se hiw al citado proyecto de 1944 fue la de dejar al Congreso de la Unión la determinación de la competencia de los tribunales federales, que entonces y ahora está señalada en el texto del artículo 107 de la Constitución Federal en cuanto al juicio de antparo, y por otra parte. se estimó indebida la distinción entre violaciones constitucionales directas y las de las disposiciones legales ordinarias, las que se han considerado por un sector de la doctrina y de la jurisprudencia como inseparables, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la misma Carta Federal, de acuerdo con los cuales, toda violación a una disposición legal, de cualquier natura1eza. adquiere automáticamente el carácter de infracción constitucional,l" argumento que fue esgrimido de nueva cuenta con motivo de las reformas de 1968 (ver infra párrafo 247). 222. b) Como una contrapropuesta a la iniciativa presidencial mencionada anteriormente. el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia elaboró, a su vez, un diverso anteproyecto que aprobó el 17 de julio de 1945, y que conservaba la competencia de los tribunales federales a través de reglas expresas establecidas en el texto constitucional, pero proponía que se encomendara a los tribunales de circuito (de carácter unitario creados desde la Carta de 1824) (ver supra párrafo 19) el conocimiento de la segunda instancia de los juicios de amparo en materia civil contra resoluciones judiciales que no fuesen sentencias definitivas, estas

180 Cfr. el folleto publicado por la Suprema Corte de Justicia. El problema del rezago dejuicios de amparo en materia civil. México, 1946. pp. 63·78. 181 Cfr. entre otros, Schwartz, Bernard. Los poderes del gobierno. Comentarios sobre la ConstilllCi6n de los Estados Unidos. trad. de Juan José Olloqui Labastida. México, 1966, tomo l. Poderes federales y estalales, pp. 419-445; Y Meyen. Lewis, El sistema legal norteamericano. trad. de Atanasio

Sánchez. 2a. ed., Buenos Aires, Omeba, 1969, pp. 11·16. 182 Cfr. Suprema Corte de Justicia. El problema del rezago. cit.. supra nota 181, pp. 69-77; AreUano García. Carlos. El rezago en el (Jmparo, México, 1966, pp. 8&-87.

LA SUPREMA CORTE Y ELJUICIO DE AMPARO

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últimas impugnables en amparo de una sola instancia y que debía encomendarse. como hasta entonces, a las salas de la Suprema Corte. 223. También se recomendó el establecimiento de la institución denominada "sobreseimiento por inactividad procesal", precisamente en los juicios de amparo

contra resoluciones judiciales en materia civil. configurando una carga procesal de impulsión a las partes que debían demostrar su interés en la prosecución y resolución de estas controversias. También se introdujo la caducidad de la instancia en los supuestos de inactividad procesal del recurrente, en el segundo grado del juicio de amparo. 224. La razón fundamental de las propuestas de la Suprema Corte de Justicia se debían al considerable rezago que padecía entonces su tercera sala y que con estos dos instrumentos se pretendía desahogar. m 225. e) Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán cuando con apoyo en el citado anteproyecto de la Suprema Corte de Justicia elaborado en 1945, se redactó la iniciativa que fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de los Estados, en los términos del artículo 135 constitucional, y que se tradujo en la modificación de disposiciones tanto de la citada Carta Fundamental, como de las leyes de amparo y Orgánica del Poder Judicial Federal, a través de una reestructuración orgánica y procesal de los tribunales federales en lo relativo a su conocimiento del juicio de amparo, y que algunos tratadistas calificaron como "Reforma Alemán".184 226. Sería difícil en unas cuantas líneas señalar, así sea superficialmente, las diversas modificaciones que implicó para los tribunales federales y en especial para la Suprema Corte de Justicia, la citada reforma constitucional y legal que entró en vigor en el mes de mayo de 1951, pero podemos destacar que lo más importante fue el establecimiento de nuevos Órganos de la justicia federal, al lado de los tradicionales tribunales unitarios de circuito, como órganos de apelación en materia ordinaria federal y que por lo mismo no intervienen sino excepcionalmente (tratándose de la jurisdicción concurrente señalada por el artículo 87 de la Ley de Amparo) en el conocimiento del juicio de amparo. 227. Dichos nuevos órganos fueron los rribunales colegiados de circuiro, integrados por tres magistrados, con la función específica de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los juicios de amparo tanto de una sola instancia como de doble grado, en aquellos aspectos que se consideraron de menor importancia.

183 Cfr. Suprema Corte de Justicia, op. ul1. cit., pp. 79-106; AreIlano García. Carlos, op. u/t., cit.. pp. 87.93; Burgoa, Ignacio, Eljuicio de amparo, 21a. ed., México, Porrúa. 1984. pp. 992·993. 184 Así lo denominó expresamente León Orantes, Romeo, El juicio th amparo, cit., supra nota 168,

pp. 90-138.

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228. También se aumentó el número de los magistrados de la Suprema corte con

cinco supernumerarios. con la doble función de sustituir a los numerarios e integrar una sala auxiliar con la competencia que le encomendara el tribunal en pleno. 229. La creación de los tribunales colegiados de circuito se inspiró, aun cuando no se dijera de manera expresa, en la reforma de la organización judicial de los tribunales federales de los Estados Unidos en el año de 1891, en ocasión de establecerse tribunales de circuito de apelación, precisamente para auxiliar a la Corte Suprema Federal del gran número de asuntos que impedían su debido funcionamiento. lBS 230. La separación de la competencia entre los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia fue bastante complicada, pero en el aspecto esencial del rezago, se dividió el conocimiento del juicio de amparo contra sentencias judiciales, para atribuir la resolución de las infracciones procesales a los citados tribunales colegiados, y la decisión de las violaciones en cuanto al fondo a las salas de la Suprema Corte; y respecto de los amparos de doble instancia, de los cuales el número más importante eran los enderezados contra actos de autoridades administrativas, se encomendó a la segunda sala de la Corte el conocimiento del segundo grado de los juicios de amparo fortnulados contra las autoridades administrativas federales (la jurisprudencia amplió esta categorfa con las autoridades administrativas del Distrito Federal),I86 y los restantes se enviaron a los tribunales colegiados,IB7 231. Otro aspecto importante inspirado en el anteproyecto de 1945, fue la introducción definitiva (con varios antecedentes de carácter transitorio),188 del sobreseimiento por inactividad procesal (ver supra párrafo 223), es decir, la carga de impulsión para el promovente de amparos civiles y administrativos (excluyéndose la reclamación de la inconstitucionalidad de una ley) en un plazo de ciento ochenta días consecutivos, que la jurisprudencia considero como hábiles, a partir

185 Sobre la creación de los tribunales de circuito de apelación. cfr. Brent Sweisher. Carl. El desarrollo constitucional de los Estados Unidos. trad. de Hugo Charn). Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina. tomo 1, pp. 437-438. 186 Este criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. aun cuando teóricamente correcto, contribuyó a aumentar el rezago de la propia sala y por ello en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial enviada a la Cámara ele Senadores en noviembre de 1965, para justificar la proposición de encomendar esta materia a los tribunales colegiados de circuito. se sostuvo: ''Con esta medida se descarga a la segunda sala de los numerosos amparos en revisión en que aparecen como responsables las autoridades del Departamento del Distrito Federa1, los cuales por referirse a una circunscripción territorial determinada. no hay raz6n para que se lleven ante la Suprema Corte, sino que su conoc:nUento debe corresponder a los tribunales colegiados de circuito, al igual de lo que acontece actualmente con las revisiones en los amparos en que las autoridades responsables pertenecen a la esfera local..." ] 87 Cfr. León Orantes. Romeo, El juicio de amparo, cit., supra nota 168. pp. 129-131. 188 Cfr. Borboa Reyes, Alfredo. El sobrt'Seimiento en el juicio de amparo por inactividad procesal. México. 1957. pp. 55-70.


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de la última actuación procesal. En el supuesto de no cumplir con esa carga, debía sobreseerse el juicio respectivo; institución muy discutida desde entonces por la doctrina. 189 232. En los primeros años de aplicación de estas reformas se produjo un alivio relativo en el rezago de los asuntos encomendados a la Suprema Corte de Justicia. si se toma en cuenta que al establecerse los cinco primeros tribunales colegiados de circuito en diversas regiones del país, la propia Suprema Corte se descargó nada menos que de veintisiete mil juicios de amparo que se enviaron a los referidos tribunales colegiados. pero pronto se advirtió que las citadas reformas, si bien resultaron benéficas, eran insuficientes, aparte de que contenían varios defectos importantes. 233. En primer ténnino no era afortunada la división entre violaciones procesales y de fondo para establecer la competencia del procedintiento de los juicios de amparo de una sola instancia contra las sentencias definitivas de carácter judicial, ya que sólo complicaba la tramitación de los propios juicios y provocaba serios problemas competenciales; en segundo lugar, por un error del legislador secundario. no se estableció la jurisprudencia obligatoria establecida en los fallos de los nuevos tribunales colegiados. Tampoco se introdujo un eficaz sistema de unificación de sus criterios. a los cuales no se les daba la debida publicidad. lo que provocó críticas respecto a la inseguridad jurídica que provocaba la diversidad de tesis juñdica sobre los mismos problemas. l90 234. Finalmente, también por falta de cuidado en la elaboración de la legislación reglamentaria del amparo. la inactividad procesal recayó siempre en el promovente del amparo, aun cuando se tratara de la segunda instancia y hubiese obtenido sentencia favorable en la primera. defecto que producía graves injusticias y que fue objeto de constantes críticas. 191 235. Diez años después. es decir. en 1960. la Suprema Corte ya tenía un rezago de más de ocho mil asuntos. en su mayor parte juicios de amparo. de los cuales cinco ntil se encontraban en la sala adntinistrativa. por lo que el problema radicaba entonces en el constante crecintiento de los juicios de amparo contra actos de las

autoridades administrativas. l92

Cfr. Burgoa. Ignacio. El juicio de amparo, cit .. supra nota 184. pp. 506-519. 190 Cfr. Fix-Zamudio. Héclor. "Algunas consideraciones respecto a las reformas constitucionales 189

al poder judicial federal". en Bolet(n dell/1stituto de Derecho Comparado de Mtxico. enero-abril de 1966, núm. 55, pp. 60-63. 191 Cfr. Borboa Reyes. Alfredo. El sobreseimiento. cit., supra nola 189. pp. 166-177; Burgoa. Ignacio, Eljuicio de amparo, cit.. supra nota 184, pp. 509-514. 192 Véase la parte del Informe de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. correspondiente al afio de 1960. en la parte relativa al infonne del licenciado Rafael Matos Escobedo, entonces presidente de la segunda sala. pp. 3-11.

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236. Por otra parte. la refonna de diciembre de 1957. que entró en vigor el primero de enero de 1958. modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. atribuyendo competencia al tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la segunda instancia de los juicios de amparo interpuestos contra la inconstitucionalidad de una ley. que anteriormente correspondía a las salas de la misma Corte. según la materia. por considerar el legislador que la decisión final sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales debe corresponder al órgano máximo de la justicia federal. l93 lo que provocó en pocos años un rezago también en el propio pleno. 237. En poco tiempo renació la inquietud sobre el recargo de labores de la Suprema Corte de Justicia. particularmente. como ha ocurrido siempre. en relación con su conocimiento de los juicios de amparo, y por tal motivo se propusieron nuevas refonnas. entre las cuales podemos señalar la iniciativa presentada al Congreso de la Unión por el senador Rodolfo Brena Torres. en septiembre de 1959. 194 y los anteproyectos personales elaborados en 1958 y 1959 por el conocido tratadista Ignacio Burgoa Orihuela. 238. El proyecto del senador Brena Torres volvió a resucitar. así sea en fonna relativa, la idea de la iniciativa presidencial de 1944, en cuamo a la división de la competencia entre la Suprema Corte y los restantes tribunales federales, de acuerdo con la naturaleza constitucional o legal de las violaciones alegadas en el juicio de amparo, de manera que la Suprema Corte. integrada únicamente por once ministros (en contraste con los veintiún numerarios y cinco supernumerarios que entonces y ahora componen dicho alto tribunal), debía conocer fundamentalmente de los juicios de amparo interpuestos contra la inconstitucionalidad de las leyes, remitiéndose todos los restantes. en los cuales se discutiese la legalidad de los actos de autoridad. a los tribunales colegiados de circuito. l " 239. En cuanto a las proposiciones de refonna del profesor Burgoa. en esencia pueden resumirse: en la supresión de los tribunales colegiados de circuito y el aumento de las Salas de la Suprema Corte de Justicia en el número necesario para atender los asuntos que aumentaban el rezago de la propia Corte y los citados tribunales; salas que primero propuso se concentraran en esta ciudad de México, y según segundo proyecto. debían distribuirse en toda la República. con una central en esta capital, para la unificación de la jurisprudencia. 1" 193 Cfr. CaniIlo Aores. Antonio. Reflexiones con motivo del Sesquicentenario. cit .. supra nota 81. pp. 154·155. 194 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor. Algunas consideraciones. cit .. supra nota 191, pp. 31-33; Arellano García, Carlos. El rezago en el amparo, cit., supra nota 183, pp. 99-102. 195 Cfr. Burgoa, Ignacio. Eljuicio de amparo. cil., supra nota 184, pp. 997-1000. 196 Cfr. Burgoa, Ignacio. Reformas a la ordenación positiva vigente del amparo, México, Talleres de Unión Gráfica, 1958; id., Proyecto de refonnas al poder judicial de la federaci6n, México. Talleres de Unión Gráfica. 1965.


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240. B. Reformas promulgadas en 1967. La segunda gran reforma a la legislación de amparo estuvo motivada también, de manera esencial, en el rezago de la Suprema Corte de Justicia, pues no obstante el auxilio de los citados tribunales colegiados de circuito, volvió a incrementarse de manera significativa el número de juicios de amparo sometidos al conocimiento del más alto tribunal de la República, por lo que el pleno de la propia Corte elaboró un anteproyecto en el año de 1965, que sin modificación alguna hizo suyo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y lo envió al Senado Federal como cámara de origen, en el mes de noviembre del citado año de 1965. 197 24l. Lo anterior se explica fácilmente si tomamos en cuenta que en el propio año de 1965 la Suprema Corte de Justicia terminó su ejercicio con un rezago de dieciséis mil asuntos, y como en ocasiones anteriores, la mayor parte de los juicios de amparo, de los cuales más de tres mil correspondían al tribunal en pleno y seis mil a la sala administrativa del propio alto tribunal. l " 242. En consecuencia, la preocupación principal de la Suprema Corte al elaborar el citado anteproyecto, y con posterioridad, al ser aprobado con ligeras modificaciones por el Congreso de la Unión, por parte del legislador, radicó como periódicamente ha ocurrido, en aliviar la carga de la rrúsma Corte a través de una nueva distribución de competencias. de tal manera quy se remitieran mayor número de asuntos a los tribunales colegiados de circuito, los que debían aumentarse. 243. No se advierte entonces la intención de realizar una reforma a fondo de la estructura y el funcionamiento del poder judicial federal, sino de manera predominante, la corrección de los errores técnicos en que habían incurrido las reformas de 1951, acentuando su preocupación en un nuevo reparto de competencias entre la

Suprema Corte y los propios tribunales colegiados de circuito, exclusivamente en

relación con los juicios de amparo. 244. Estas reformas constitucionales y legales fueron publicadas los días 25 de octubre de 1967 y 30 de abril de 1968, y entraron en vigor conjuntamente el 18 de octubre del último año. Los aspectos esenciales de las modificaciones mencionadas pueden enunciarse como sigue: 245. a) Se cambian las reglas de competencia para conocer del juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito, las que ya no se apoyan en las violaciones procesales o de fondo tratándose del amparo contra sentencias judiciales, sino que se toman en cuenta, respecto de los diversos tipos de amparo, criterios patrimoniales, de carácter social o constitucional, para establecer la citada distribución, reservándose a la Suprema Corte los de mayor trascendencia, como los relativos a la inconstitucionalidad de las leyes, las contro197 El texto íntegro de la citada iniciativa, incluyendo una amplia exposición de motivos, fue publicado en los periódicos de mayor circulación. el lunes 29 de noviembre de 1965. 198 Cfr. el1nfortrU! tk labores de la Suprema Corte de Justicia correspondiente al año de 1965.

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versias familiares y del estado civil; la impugnación contra las sentencias de los tribunales federales del trabajo y los de carácter penal; los conflictos sobre los derechos colectivos agrarios o de la pequeña propiedad; en materia civil y administrativa se fijaron criterios económicos mínimos y respecto de los amparos contra sentencias penales locales, se tomó en cuenta la gravedad de la pena aplicada al

acusado o a uno de ellos si fueran varios en un mismo proceso. etcétera. 246. Un aspecto importante fue la introducción de lafacultad discrecioTUlI de la segunda sala de la Suprema Cone de Justicia para conocer de los juicios de amparo de una o de doble instancia promovidos contra sentencias o actos administrativos. cuando en su concepto exista interés nacional, no obstante que por su cuanUa corresponderían en principio a los tribunales colegiados.'" 247. Este criterio de distribución apoyado en la importancia económica, social, jurídica o constitucional de los juicios de amparo respectivos. hizo renacer la polémica sobre si es posible dividir y clasificar las violaciones legales y constitucionales (ver supra párrafo), ya que se ha sostenido que todas las infracciones a cualquier norma legal, de la naturaleza o jerarquía que sean, deben considerarse de carácter constitucional con apoyo en los articulos 14 Y 16 de la Constitución Federal, y por ello se insistió por algunos juristas sobre la necesidad de que la última instancia de todos los asuntos judiciales, llegase a través del amparo, hasta la Suprema Corte de Justicia, pues en su concepto no podían concebirse violaciones constitucionales de primera o segunda categorfas."'· 248. b) En segundo lugar, tomando en cuenta el rezago que abrumaba al tribunal en pleno de la Suprema Corte, en cuanto al conocimiento de la segunda instancia de los juicios de amparo intentados contra la inconstitucionalidad que se le confirió desde 1958 (ver supra párrafo 236), se adoptó un sistema que se ha ido modificando paulatinamente (ver infra párrafos 256 a 258), para delegar en las salas del propio alto tribunal la resolución de dichos juicios de amparo, una vez establecida la jurisprudencia obligatoria del citado tnbunal en pleno (articulo 107, fracción VII/, de la Constitución Federal, y 84, fracción 1, inciso a) de la Ley de Amparo). 249. c) Se creó el amparo de una sola instancia contra las sentencias de los tribunales administrativos cuyos fallos se asimilaron a los de los ordinarios, ya que

199 cfr. Fix.Zamudio. H&tor. Algunas consideraciones, cil., supra nola 191. pp. 37-44; AreUano García. Carlos, El rezago en el amparo, cit.. supra nota 183, pp. 132-149.

200 Este último punto de vista fue expresado por el notable jurista mexicano Noriega Cantú. Alfonso. en su agudo comentario publicado en el periódico Excilsior de 23 de diciembre de 1965. p. 7-A. con el título "Respeto a la Constitución. El proyecto de refonnas al amparo". En el mismo sentido se pronunció el magislIado Alfonso Trueba en su cuidadoso artículo intitulado ''Todavía es proyecto. Mejoramiento de lajusticia", también aparecido en el periódico Excilsiorde 3 de febrero de 1966. pp. 7-8. A, en cuya parte conducente, este último autor sostuvo que: "La violación de garantías individuales tiene en todos los casos la misma naturaleza intrínseca y. por lo mismo. no puede admitirse que hay violaciones de derechos constitucionales que valen o tienen una cuantía mayor o menor que otras."


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con anterioridad se consideraban como actos fanualmente administrativos y se impugnaban por conducto del amparo de doble instancia. 20' 250. d) Se conserva. no obstante las críticas. la carga de impulsión de los juicios de amparo administrativos y civiles. exceptuándose la inconstitucionalidad de las leyes202 y aquellos que versen sobre derechos individuales y colectivos de ejidatarios. comuneros y núcleos de población. pero se corrige el grave error de técnica de las reformas de 1951. de manera que. además del sobreseimiento del juicio en primera o única instancia por inactividad del promovente del amparo. se introduce la caducidad de la instancia para el segundo grado. por lo que en este último la impulsión corresponde al recurrente. con la consecuencia de que &1 declararse dicha caducidad queda firme la sentencia de primera instancia. y en (odo caso. se amplía el plazo de promoción a trescientos días incluyendo los inhábiles (articulos 107. fracción XIV. de la Carta Federal. y 74. fracción V. de la Ley de Amparo). 251. e) Se extiende el ámbito de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales. no solamente respecto de la Suprema Corte en asuntos de amparo. sino también a los de carácter ordinario. así como en relación con las tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito, y comprende la interpretación de la Constitución. leyes federales y tratados. así como la de las leyes locales. que con anterioridad estaba excluida por un escrúpulo federalista. con lo cual culmina en forma abierta la centralización judicial (ver supra párrafo 141) (artículos 94 de la Constitución Federal. 192 a 197 de la Ley de Amparo y 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal).'o,

201 En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de 1965. se sostuvo al respecto: "Si en ténninos de la fracción m del artículo 107 en vigor. las reglas sobre procedencia en materia judicial se aplican a las del trabajo. lógicamente debe quedar también sujeto a esas reglas el amparo contra tribunales administrativos. ya que los procedimientos que éstos instruyen. al igual que los seguidos ante los tribunales del trabajo, lo son en forma de juicio. De ahí la reforma que se propone de la mencionada fracción III para que las mismas normas de procedencia rijan el amparo contra tribunales judiciales administrativos y la fracción IV seguirá regulando el amparo en materia administrativa contra resoluciones no dictadas por tribunales..... . 202 Excepción que se suprimió por refonna constitucional y legal de 29 de diciembre de 1975. por 10 que a partir de la entrada en vigor de esa modificación. también en materia de leyes inconstitucionales procede el sobreseimiento y la caducidad de la instancia por inactividad procesal, lo que parece excesivo peto que se estableci6 con el prop6sito de aliviar la carga del tribunal en pleno y de las salas en esta materia. 203 Es significativo advertir que las reglas sobre la jurisprudencia obligatoria estaban situadas. a partir de la reforma de 1951. en la fracción XIII del artículo 107 de la Carta Federal. y por tanto se aplicaba exclusivamente a la materia de amparo, pero en las modificaciones que entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, se situó la regla respectiva en el artículo 94 de la misma Constitución Federal, de la siguiente manera: "La ley fijará los ténninos en que sea oblilgatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, as! como los requisitos para su interrupción y modificación.....

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252. De acuerdo con el propósito de reducir el rezago de la Suprema Corte de Justicia, las citadas refonnas que entraron en vigor en octubre de 1968 obtuvieron una relativa eficacia, si se toma en consideración que de los quince mil asuntos (por supuesto en su mayor parte juicios de amparo, y excluyendo los del tribunal en pleno), que se encontraban en las salas antes de esa fecha, trece milfueron turnados a los tribunales colegiados de circuito, de manera que la Cone conservó sólo dos mil; y por otra parte, en esa época aumentó el número de los tribunales colegiados, de seis (dos en el Distrito Federal), que existían hasta entonces a dicha reforma de 1968, a trece, distribuidos en ocho circuitos (en lugar de los cinco anteriores), en la inteligencia de que en la ciudad de México, es decir, en el primer circuito, se inició la especialización de los mencionados tribunales, que se ha incrementado con posterioridad (uno en materia penal, tres administrativos, dos civiles y tres del trabajo). 253. Se ha continuado con posterioridad el espíritu de las reformas de 1968, en virtud de que se modificaron en varias ocasiones las reglas de competencia del artículo 107 constitucional, y se aumentó el número de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito con el propósito de absorber el creciente aumento de juicios de amparo sometidos a los tribunales federales, y en especial, a la Suprema Corte de Justicia. 254. En esta dirección podemos mencionar que se realizaron varias refonnas constitucionales y legales, en algunos casos de carácter anual, para incrementar los tribunales federales y modificar las reglas de competencia de la misma Suprema Corte, atribuyéndole de manera creciente facultades de carácter patrimonial, para ajustarlas a los niveles inflacionarios, y se restringió la competencia de la misma Suprema Corte, atribuyéndole de manera creciente facultades de carácter discrecional para decidir en algunos aspectos de su competencia, pues no obstante los ajustes anteriores, no le ha sido posible resolver todos los procesos de amparo que llegan de manera incontenible. 204 255. Son significativas las refonnas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de 1977 a 1985, varias de ellas, como se ha dicho, con el objeto de cambiar las reglas de competencia y para aumentar, de manera creciente y sustancial, el número de los tribunales federales. Como sería imposible describir de manera específica a cada una de esas modificaciones, se pueden destacar las promulgadas en diciembre de 1983, puesto que no obstante su modesta apariencia, ya que contra los precedentes, no implicaron modificaciones al artículo 107 constitucional, sin embargo asumen un especial significado en varios aspectos relativos al conocimiento de los

204 Cfr, el volumen Suprema Cone de Justicia de la Nación. Evolución y reformas de 1977 a 1982. México. 1982.


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juicios de amparo por los tribunales federales, y especfficamente por la Suprema Corte de Justicia. 205

256. En las citadas refomws promulgadas en diciembre de 1983, son tres las modificaciones que consideramos de mayor trascendencia en cuanto a la estructura y funcionamiento de loS tribunales federales, y en forma destacada, de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, la introducción de facultades discrecionales a las salas de la Suprema Corte de Justicia, en adición a las otorgadas a la segunda sala (administrativa), en las reformas de 1968; en segundo término se establecieron bases flexibles para la fijación de la cuantía de las controversias de amparo, cuando la misma sirve de apoyo para determinar la competencia del más alto tribunal de la República; y finalmente, la actualización variable de las sanciones económicas a la indebida actuación de las partes en el juicio de amparo. 206 257. a) En efecto, además de conservarse la competencia discrecional de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia introducida en las reformas de 1968, como se señaló con anterioridad (ver supra párrafo 246), en las modificaciones promulgadas en diciembre de 1983 se confirieron a las otras tres salas (penal, civil y laboral), facultades a fin de que, cuando a juicio de cada una de estas salas, consideren que un amparo promovido ante ellas carece de importancia y trascendencia sociales. podrá dicha sala discrecionalmente enviarlo al tribunal colegiado de circuito que corresponda, para su resolución, y a la inversa, cuando la propia sala estime que un amparo del cual conozca un tribunal colegiado, por su especial entidad, deba ser resuelto por ella, ordenará al tribunal respectivo que se lo remita para el efecto indicado. En estos supuestos la Suprema Corte sólo puede actuar de oficio o a petición del Procurador General de la República, a fin de evitar instancias inconvenientes (artículos 24, fracción XIV; 26, fracción XII; y 27, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).'07

205 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "México: el organismo judicial (1950-1975)" en la obra colectiva Evolución de la organización constitucional en América !Aúna, México, UNAM, 1981, tomo 1, pp. 18~23; id., "Sesenta y cinco años de evolución del poder judicial en México"; Noriega Cantú, Alfonso, "Eljuicio de amparo"; estos dos últimos en Obrajurfdica mexicana, México. Procuraduría General de la República, 1985, tomo 1, pp. 660-675, Y tomo 11, 1757~1787. 206 Cfr. Iñanitu y Ramírez de Aguilar, Jorge, "Justicia federal. reformas legislativas fundamentales"; Palacios Vargas, J. Ramón. "Las reformas a la Ley de Ampafú"; López Contreras, Felipe, "Reformas a la Ley de Amparo": Azuela Güitrón, Mariano, "Hacia una mejor justicia (algunos aspectos)"; Caballero Cárdenas, José Luis, "Breves consideraciones sobre las recientes reformas a la Ley de Amparo"; Fix·2'..amudio, Héctor, "Breves reflexiones sobre algunos aspectos de las reformas a la legislación de amparo"; y Castro, Juventino V .• "La reforma de 1983 alas leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial de la Federación", todos en la obra colectiva lA refonna de 1983 en la administración dejusticia, México, Procuraduría General de la República, 1984, pp. 53~94; 97·106; 109~153; 157·177; 181·197; y 201-213; respectivamente. 207 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Algunas consideraciones sobre las recientes reformas a la Ley de Amparo", en volumen colectivo, úgislaci6n reformada, 1983. Derechofederal mexicano, México, Miguel Angel Porrúa, 1983, tomo 1, pp. 403-423.

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258. Esta tendencia hacia el incremento de facultades discrecionales de la Suprema Corte para conocer del juicio de amparo, se advierte con claridad en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuestas por la misma Corte, promulgadas el 26 de diciembre de 1985 y publicadas el 10 de enero de 1986, en las cuales se adicionó el artículo 11 de diCho ordenamiento con la fracción V bis, según la cual: "El Pleno podrá, discrecionalmente, de oficio o a petición del procurador generaJ de la República, remitir a las salas de la Suprema COrle de JusticUI, para su resolución, aquellos asuntos que por sus caracterfsticas especiales considere que no requieren su intervención. Sin embargo, si las salas estiman que en algún caso existen razones graves para que lo resuelva el pleno, las harán aquellas de su conocimiento para que éste determine lo que corresponda. ")8 259. b) Con objeto de tener una idea de los resultados de estos cambios al poder judicial federal, y en particular a la Suprema Corte de Justicia iniciadas en 1950 hasta las promulgadas en diciembre de 1985, es útil señalar algunos datos estadísticos. Los asuntos pendientes de resolución en la propia Suprema Corte de Justicia en el año de 1950, ascendían a trein/a ,. siete mil ochocientos ochenta)' uno,"" frente a cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve al 30 de noviembre de 1985, sumas que comprenden todos los procesos de competencia del más alto tribunal de la República. 2Io 260. e) Si bien es cierto que el número de los tribunales federales ha aumentado de manera considerable a partir de las mencionadas reformas de 1950, de 1968 y la posteriores, (en las de diciembre de 1985, se crean varios tribunales de circuito y juzgados de Distrito) debemos tomar en consideración la enorme carga de trabajo que pesa sobre el más alto tribunal de la República, pues en el periodo de diciembre de 1984 a noviembre de 1985, la misma Suprema Corte recibió nueve mil trescientos sesenta y un asuntos, en gran porcentaje de juicios de amparo, y resolvió cinco mil doscientos veinticuatro, pero además quedaban pendientes del ejercicio anterior (1983-1984) cuatro mil doscientos noventa, cifras que a primera vista nos indican que aun con la labor intensiva y agotadora que realizan las salas y el pleno de la Corte: con todo y el apoyo, por otra parte considerable, de los mencionados 208 Por otra parte. también se modificó lo dispuesto por la fracción rv bis. inciso a), del propio artículo ti de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera: "Cuando se impugne un tratado internacional o Una ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo el país

o sólo en el Distrito Federal. salvo los casos en que por existir jurisprudencia del pleno. la resolución

corresponda a las salas en ténninos de lo dispuesto en los artículos 24. 25. 26 Y27 de esta ley. En estos casos y cuando el pleno ejerza la facultad discrecional que establece la fracción V bis de este artículo, los asuntos se distribuirán entre las diversas salas según el tumo que lleve la presidencia de la Suprema Corte confonne al anículo 13. fracción VIII. de esta ley ... " 209 Cfr. Informe de labores de la Suprema Cone de Justicia. correspondiente al año de 1950, pp. 142-143. 210 Cfr. Informe de labores de la Suprema Corle de Justicia, correspondiente al año de 1985. tomo

I. sección estadística.


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tribunales colegiados de circuito.2ll no ha cambiado sustancialmente la situación que señalaba Emilio Rabasa en los primeros años de este siglo, sobre la "imposible tarea de la Corte" (ver supra párrafo 164), y que deriva de la transformación del juicio de amparo, que hemos señalado anteriormente, de un proceso estrictamente constitucional para proteger los derechos de la persona humana contra los actos de toda autoridad, en un conjunto de instrumentos procesales, en los cuale~ predomina el recurso de casación que ha centralizado en la Suprema Corte de Justicia, si bien no todos los asuntos judiciales del país como antes de las reformas de 1951 que crearon los tribunales colegiados de circuito (ver supra párrafo 227), sí los de mayor trascendencia, por lo que en mi concepto, la labor casacionista del más alto tribunal de la República ha oscurecido de manera inevitable su función esencial de intérprete final y guardián de la Constitución Federal. 212

IX, HACIA UN TRIBUNAL CONSlITUCIONAL 261. Tomando en cuenta el recorrido realizado a partir de la creación del juicio de amparo y su consolidación en los articulos 10 I y 102 de la Constitución Federal de 1857 (ver supra párrafo 82) y la función que ha realizado la S!lprema Corte de Justicia para la decisión final de las cuestiones planteadas a través de nuestra máxima institución procesal, existe otra transformación que partió de la concepción del propio amparo como un proceso estrictamente constitucional (y de ahí la decisión del legislador de 1869 de que funcionase siempre en tribunal pleno para resolver los juicios de amparo) (ver supra párrafo 114) hasta convertirse en un instrumento complejo que concentra todas las cuestiones procesales del ordenamiento jurídico mexicano, puesto que tutela la aplicación tanto de las más elevadas normas constitucionales como las del más humilde reglamento municipal. 262. Basta observar el desarrollo de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo, para descubrir una doble tendencia, que se desarrolla en dos etapas fundamentales: la primera, que se inicia en la ley de 1869, concentra en la propia Suprema Corte la decisión final de todos los juicios de amparo y se prolonga hasta las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en el año de 1951; 211

Hasta noviembre de 1985 funcionaban treinta y un tribunales. de los cuales once estaban situados

en el Distrito Federal divididos por materias (uno penal. cuatro administrativos, tres civiles y tres laborales) y todos distribuidos en dieciséis circuitos. los cuales resolvieron en el periodo de diciembre de 1984 a noviembre de 1985, la respetable suma de cuartilla y un mil cielito diecinueve juicios de amparo, de acuerdo con el Infonne citado en la nota anterior. En las refonnas promulgadas en diciembre

de 1985 a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se crean cuatro tribunales colegiados más, de los cuales tres residirán en el Distrito Federal (uno penal, uno civil y otro laboral), distribuidos ahora en dieciocho circuitos, con lo cual, una vez establecidos los nuevos tribunales, funcionarán treinta y cinco en toda la República. 212 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, El organismo judicial, cit., supra nota 206, pp. 43-44.

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un segundo periodo comienza con la creación de los tribunales colegiados de circuito y ha evolucionado hacia la descentralización de los juicios de amparo en los citados tribunales a través de la modificación de las reglas de competencia para reducir el conocimiento del más alto tribunal de la República a los asuntos de mayor trascendencia económica. social. jurídica o constitucional. y confiriéndole además facultades discrecionales de manera paulatina 2lJ . 263. Sin embargo, en este momento es necesario reflexionar sobre si debe

seguirse por ese camino. es decir. que la Suprema Corte de Justicia. continúe con sus funciones de tribunal de casación. pero con atribuciones discrecionales para decidir sobre su competencia en cuanto a los juicios de amparo que considere de importancia y trascendencia nacionales. o bien asume el carácter de un tribunal que resuelva de manera exclusiva cuestiones de carácter constitucional. 264. En términos muy amplios se advierte la posibilidad de una alternativa de solución. Un primer camino. el más simple, consiste en realizar una refonna

sustancial de la estructura y funcionamiento actuales de la Suprema Corte de Justicia. adoptando los criterios señalados en la iniciativa presidencial de 1944 (ver supra párrafos 220 y 221) o bien en el anteproyecto del senador Brena Torres presentado en ,l959 (ver supra párrafos 237 y 238). En ambas proposiciones. si se hace abstracción de diferencias secundarias, existe la coincidencia de conferir a la misma Suprema Corte de Justicia la competencia para conocer exclusivamente de cuestiones estrictamente de carácter constitucional. en especial por lo que se refiere al juicio de amparo. y de atribuir a los tribunales colegiados de circuito el conocimiento de las controversias de amparo en las cuales se discutiesen la aplicación de ordenamientos legales ordinarios. 265. Esta orientación. que como hemos dicho es la más directa. no parece tener una viabilidad a corto plazo. debido a la oposición tanto del poder judicial federal como de un amplio sector del foro e inclusive de la doctrina. por lo que la evolución de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de amparo hacia un órgano de control constitucional. a menos como su competencia predominante. se ha producido de manera paulatina desde el año de 1951 al crearse los citados tribunales colegiados de circuito.'l4 pero especialmente en las reformas constitucionales y legales de 1968 (ver supra párrafos 240-252) y las subsiguientes de 1983 y 1985. puesto que en ellas se establecieron de manera progresiva,facultades discrecionales primero para la Segunda Sala. después para las Salas restantes y por último para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. con el propósito de dejar al criterio del más Alto Tribunal de la República. con independencia de las reglas de distribución de su competencia. la decisión sobre los asuntos de trascendencia nacional que considere 213 Cfr. Burgoa, Ignacio. Eljuicio de amparo, cit.. supra nota 184. pp. 850-857, 872·877. 214 Además de la bibliografía señalada anteriormente. puede citarse el folleto Los tribunales colegiados de circuito. México, Cultura y Ciencia Política. A. C. s. f., pero al parecer 1971.


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conveniente o necesario conocer, tomando en cuenta que dichas reglas también han conferido a los tribunales colegiados de circuito, de manera creciente, la resolución de los juicios de amparo que se consideran de menor entidad desde el punto de vista social, económico y jurídico, 266, Este desarrollo paulatino pero sostenido y seguramente irreversible, producirá un efecto similar, si bien con una significación política menos evidente, que el realizado en la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, a partir del establecimiento del writ of certiorari establecido en 1925,21S de manera que si bien continúa funcionando como el tribunal de mayor jerarquía en el ámbito de la organización judicial federal, de hecho se ha avocado al conocimiento de las controversias relacionadas directamente con problemas constitucionales, por lo que puede afirmarse sin exageración, que se ha convertido en un verdadero tribunal constitucional. 216 267. El notable jurista mexicano Antonio Carrillo Flores destacó la importancia de las facultades discrecionales que se introdujeron en 1968 exclusivamente para la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y sostuvo la necesidad de ampliarlas progresivamente, lo que en efecto ha ocurrido en las citadas reformas de 1983 y 1985, en cuanto a la competencia de la propia Corte para conocer del juicio de amparo 217 Si las citadas atribuciones de carácter discrecional se utilizan con un criterio muy selectivo, de manera que tanto las salas como el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia sólo conserven las controversias, de amparo de la mayor trascendencia, esta evolución culminará con el predominio de las cuestiones directamente relacionadas con la aplicación de los preceptos de la Carta Federal. 268. DentrO de este desarrollo del más alto tribunal de la República, que se perfila cada vez con mayor claridad hacia un organismo de control constitucional, podemos señalar algunos aspectos esenciales que deben analizarse con mayor profundidad que hasta este momento, para modificar criterios tradicionales que se

oponen a esa transfonnación, si tomamos en cuenta las profundas modificaciones que se observan en la justicia constitucional de nuestra época y a las cuales no podemos permanecer indiferentes, si bien debemos adaptarlas a nuestro ordenamiento a través de los lineamientos y modificaciones que requiere nuestra tradición jurídica. l1s

21S Cfr. Revised Rules af Supreme Cout1 Govl!ming Review of Certiorari, Rules 19-31; Warren, Herbert A., y Saady, Samuel L., UThe Procedural Aspects of Certiorari", Miami Law Qua/erly, abril de 1950. pp. 367-379; Ehrenzweing, Albert, y Louissel. David W., Jurisdiction Sta/e and Federal, Sto Paul, Minn., West Publishing. 1973, pp. 222·227. La doctrina argentina ha traducido el vocablo como "auto de avocación, Vanossi, Reinaldo Jorge A.", "Constitución. jurisprudencia y writ oC certiorari", en Jurisprudencia argentina, Buenos Aires, Io de mayo de 1964. pp. 1A. 216 Cfr. Kauper. Paul G., "The Supreme Court: Hubrid Organ oC State", en Southweslem Law Joumal, Texas, otoño de 1967, pp. 573-590. 217 Reflexiones con mOlivo del sesquicentenario, cit., supra nota 81. pp. 171-174.

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269. A) El primer problema que es necesario examinar es el relativo al de las llamadas "cuestiones políticas", si debido a los cambios sustanciales al criterio que por muchos años se ha conservado en la jurisprudencia de los tribunales supremos, en el sentido de que las decisiones de carácter político no podían ser examinadas por los órganos judiciales en virtud de que los mismos no estaban facultados para decidir sobre problemas que corresponden a la esfera discrecional de los restantes órganos de gobierno. En esta materia ha existido un largo camino que la doctrina ha calificado como "lucha contra las inmunidades del poder", que ha reducido paulatinamente la esfera de las cuestiones "no judiciables" 2\9 270. También en esta materia podemos acudir en vía de ejemplo, a las transformaciones operadas en la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, en la cual había predominado la exclusión en el conocimiento de las llamadas "cuestiones políticas" (Political Questions),220 pero que se modificó sustancialmente en los años sesenta de este siglo, en cuanto la misma Corte noneamericana ha resuelto controversias que tradicionalmente se estimaban dentro de esta materia, incluyendo prohlemas relativos al régimen electoral de las entidades federativas. 221 271. En el ámbito latinoamericano los tribunales han sido mucho menos audaces yen términos generales, se han mantenido dentro del esquema clásico de los actos políticos no judiciales, actitud que ha sido favorecida, cuando no provocada por la administración, para impedir la intervención judicial respecto de algunos de sus actos que han sido calificados como "actos de gobierno". 272. Sin embargo, ningún intento se ha hecho para precisar los límites del carácter político de los actos de gobierno, a través del concepto de razonabilidad, que esencialmente ha sido sostenida por la Corte Suprema Argentina,222 y en algunos ordenamientos se han establecido tribunales electorales a través de los

218 Aun cuando la bibliografía sobre e\(e lema es muy abundante. se cita sólo el penetrante análisis de Cappelletti, Mauro, que sintetiza esta evolución: "El 'formidable' problema del control judicial y la contribución del análisis comparado", Irad. de Fausto González. en Revista de Estudios PoJ(ricos, Madrid, 19f5O, núm. 13. pp. 61-10'3. 219 C.¡r. El excelente libro de (jarda de Enterria, Eduardo, LA IUCM contra las inmunidades del poder. 2a. ed., Madrid, Civitas, 1979. Re~ña de Héctor Fix-Zamudio. en BoldEn Mexicano de Derecho Comparado, enero-abril de 1982, núm. 43, pp. 243-247. 22fJ Cfr. Schwartz, Bernard, Lo.s pod,reJ del gobierno. Comen/ario sobre la Cons/iluci6n de los E~/ado.5 UnidoJ, trad. de Juan José Olloqui Labastida, México, UNAM. 1966. tomo I. pp. 576-579; Hughe~, Charles Evans.lA Supr,ma Corre de los Estados Unidos. trad. de Roberto Molina Pasquel y VKcntc Herrero. 2a. ed .• México. rCE. 1971. pp. 56-58. 221 Lntre otro<;, Loewenstein. Karl. "La función política del Tribunal Supremo de los Estados I ;nl¡)<><'''. en Hl'Visla di' E.51udio.~ /'olfti'O.f, Madrid, enero-febrero de 1964. núm. 133. pp. 5-39. 222 Cfr. Boffi Boggero, Luis, "La justicibilidad de las llamadas cuestiones políticas y contribución al retorno integral a la República", en JurúprudenciaArgentina, Buenos Aires, 29 de octubre de 19863. pp. 1-6.


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cuales se establecen los límites jurídicos de una de las materias que se han considerado "políticas" por excelencia. 22l 273. Por este motivo. entre las conclusiones que se adoptaron en el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, que se efectuó en la ciudad de México durante los días 27 a 30 de agosto de 1975, se aprobó lo siguiente: "La función jurisdiccional de los Iribunales latinoamericanos, especialmente las Cones Supremas y el ejercicio de la función de justicia constitucional, sólo podrá lograr efectividad. así sea limitada, cuando se superen los obstáculos hasta ahora insalvables de la interpretación desorbitaoo de los actos políticos y de gobiemo. así como las constantes declaraciones de emergencia y la promulgación de estatutos calificados con razón o sin ella de 'revolucionarios' y para ello podrian utilizarse los instrumentos de la 'razonabilidad' que ha sostenido valientemente la Suprema Cone argentina, y en lo que resulta aplicable, el recurso de' desvío de poder'. creado por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. para determinar los límites de las facultades discrecionales del ejecutivo".22' 274. Restringiendo el examen al juicio de amparo, la jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia desde hace tiempo ha aceptado el conocimiento y resolución de las controversias de amparo sobre las facultades discrecionales de las autoridades administrativas, en vinud de que ha sustentado la tesis obligatoria de que: "El uso del arbiIrio de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en fanna arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resulten alteradas o son inexactos los hechos en que se pretenda apoyar la resolución. o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica"21l 275. Pero en cuanto a los derechos políticos de los gobernados. la jurisprudencia obligatoria de la propia Suprema Cone de Justicia ha mantenido el criterio inalterable desde hace muchos años en el sentido de que: "La violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías

individuaJcs".226 como una orientación muy restrictiva sobre las funciones dcllll3S 223 Un ejemplo del sistema de tribunales electorales es el implantado por el Código Electoral ,k 1932 Y por la Constitución Federal brasileña de 1934, el cual se conserva en la Carta yigenll> ,k 1967-1969, en sus artículos 130-140. Cfr. Pinto Ferreira. Luis, Prillcipios gemís do dir('Í/o constitucional moden/o, 5a. ed., Sao Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 1971. tomo 1, pp. 354-355: Jacques. Paulino, Curso de direilo constitucional. 9a. ed., Rio de Janeiro. Forense. 1983. pp. 355-3till: Silva, José Alfonso da. Curso de direito constitucional comparado, 2a. ed., Silo Paulo. Editora Re\'lsta dos Tribunais. 1984, pp. 119-121. 224 En el volumen colectivo, FunciÓn del poder judicial 1'11 lo.{ sistemas comt;lIIc;OTwln lminoamer;canos. México, UNAM, 1977. pp. 201-202. 225 Tesis intitulada: Facultades discrecionales. ApreciaciÓ1/ del uso indebido de f'''a,t f'/I t'I.iIlIf';O de amparo, número 372, p. 628, segunda sala. parte JI, del apéndice al Semanario Judil.·ial d,' la Federación publicado en 1985.

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alto tribunal de la República, puesto que resulta evidente que a través de otros

aspectos de su competencia como las controversias constitucionales reguladas por el anfculo 105 de la Carta Federal o el procedimiento investigatorio a que se refieren los párrafos tercero y cuano del anículo 97 de la misma Cana Fundamental,'" ha debido conocer y en ocasiones resolver, cuestiones que pueden calificarse como de carácter políticO. 228 276. No se trata de examinar a este respecto si el juicio de amparo tiene o no carácter político, como lo sostuvo un sector de la doctrina, especialmente el siglo anterior (ver supra párrafo 117), sino reflexionar sobre si puede tutelar también, además de los derechos individuales de carácter tradicional, y los de carácter social incorporados por la Constitución de 1917 (ver supra párrafos 191 y 192), algunos de los derechos políticos otorgados por la misma Ley Suprema. 277. En este sentido, la doctrina contemporánea ha considerado que los derechos políticos son claramente derechos humanos de la misma categoría de los derechos individuales clásicos o los sociales surgidos a partir de la primera posguerra;22' pero lo más imponante es determinar si los citados derechos políticos pueden considerarse, además, como derechos fundamentales, es decir como aquellos reconocidos en la Carta Constitucional y que además poseen la posibilidad de ser tutelados

procesalmente. 230 278. Ya desde el siglo anterior y de acuerdo con las disposiciones de la Carta Federal de 1857, Ignacio Luis Vallana sostuvo que como "garantías individuales" no sólo podían invocarse en el juicio de amparo las que se consignaban en los primeros 28 anfculos de dicha Ley Suprema (como ocurre también con la Constitución vigente), sino también aquellos preceptos que si bien no hablaban de esos derechos, los explicaban y complementaban.'"

226 Tesis 128. p. 192. Jurisprudencia común al pleno y a las salas. Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985. 227 Cfr. Fix-Zamudio. Héctor, "Las garantías constitucionales en el derecho mexicano". en Anuario Jur(dico l/I-IV, 1976-1977, México. UNAM. 1977. pp. 88-99. 228 En esta materia puede consultarse el excelente estudio de González A velar, Miguel, lA Suprema Corte y la pof(tica, México, UNAM, 1979. 229 Los estudios más conocidos de los tratadistas mexicanos contemporáneos sobre el tema de los derechos humanos, han analizado casi exclusivamente los derechos individuales y sociales, pero no han examinado con la misma profundidad a los derechos políticos. Al respecto pueden consultarse las obras de Burgoa, Ignacio, Las garantfas individuales, 18a. ed., México. Pooúa, 1984, quien aborda en fonna incidental los derechos políticos al referirse al derecho de asociación y a los partidos políticos. pp. 383-388; Y a su vez, Castro, Juventino V .. Lecciones de garantlas y amparo, 2a. ed .. México, Pom1a, 1978, también examina las "libertades polílicas", en fonna accesoria, pp. 30-33. no Entre otros, Cfr. Peces Barba. Gregorio, Derechos fundamentales, Madrid, Latina Universitaria, 1980, especialmente pp. 91-105; Pérez Luño, Antonio, Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1984, especialmente pp. 181-183. 231 Votos, cit., supra nota 101, tomo 111, pp. 88-105.


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279. De acuerdo con esta tesis extensiva de los derechos consagrados constitu-

cionalmente, es decir, de los derechos fundamentales de carácter individual, ha sido posible ampliar la tutela del juicio de amparo a los derechos sociales consagrados por el artículo 123 de la Carta Federal, así como al concepto de proporcionalidad y equidad de los impuestos establecido por el artículo 31, fracción IV de la misma

Constitución. 2J2 280. Desde este punto de vista, existen algunos derechos políticos de los ciudadanos mexicanos que deben considerarse de carácter fundamental; varios de los consignados en el anículo 35 de la Constitución Federal, como son los relativos al derecho de voto y al de ser electo para cargos públicos, o al de asociación para tratar asuntos políticos, este último relacionado con el establecido en el artículo 9°

de la misma Constitución. 2B 281. Pero también existen derechos colectivos sobre la fonoación de asociaciones políticas, que se precisaron en la refonoa de diciembre de 1977, ÍIl constitucionalizarse los partidos políticos como: "entidades de interés público", que tienen como fin: "promover la panicipación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio urtiversal, libre, secreto y directo. "234 282. Como la doctrina lo ha señalado, los partidos y las asociaciones políticas están vinculados con el citado derecho de asociación a que se refieren los artículos 9° y 31, fracción I1I, de la Cana Federal,'" y por ello, en algunos aspectos pueden

considerarse como derechos tanto individuales como colectivos; o reglamentados por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada también en diciembre de 1977. 283. Sin embargo, existen actos contra los cuales no procede eljuicio de amparo, como son aquellos que derivan de las autoridades que intervienen en el procedimiento electoral, puesto que, tanto en materia federal como en el de las entidades federativas, se ha implantado el sistema de autocalificación de elecciones para los miembros del órgano legislativo, según el artículo 60 de la Constitución Federal y de la Cámara de Diputados para decidir sobre la elección del Presidente de la República, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables, como lo expresa el 232 Cfr. Burgoa, Ignacio. Las garant[as individuales. cit., supra nota 230. pp. 187-188. Sobre la procedencia del amparo respecto de los actos o disposiciones legislativas que afecten la proporcionalidad y equidad de los impuestos. véase tesis 51, pp. 96.97, tribunal en pleno, del apéndice al Senumario Judicial de la Federación publicado en 1985. 233 Cfr. Burgoa, op. ult. cit., pp. 383~384. 234 Cfr. Carpizo, Jorge. "La reforma política de 1977". en su libro Estudios constitucionales. 2a. ed .. México. La Gran Enciclopedia Mexicana. 1983, pp. 343~396. 235 Cfr. Burgoa, Ignacio, lAS garant(as individuales. cit.. supra nota 230. pp. 384~388.

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citado artículo 60 constitucional. En tal virtud son acertadas las disposiciones del artículo 73, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, que establecen la improcedencia del propio amparo contra resoluciones de carácter electoral. 236 284. Al no contar nuestro ordenamiento juódico con un sistema de tribunales electorales, no es posible que la Suprema Corte, asi sea a través del anterior párrafo tercero del artículo 97 constitucional,'J7 y menos aún en los términos del actual párrafo cuarto de dicho precepto fundamental, intervenga en el procedimiento electoral con un mínimo de eficacia, por lo que resulta inexplicable, de acuerdo con nuestro sistema juódico, la posibilidad de que el más alto tribunal de la República pueda investigar de oficio la violación del voto público cuando se ponga en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión, y si bien la Suprema Corte no puede formular la declaración correspondiente (como ocurrió en 1876 con la desafortunada intervención de José Maria Iglesias) (ver supra párrafo 122) sino sólo comunicar el resultado de la investigación a la autoridad competente, esto significa privar de legitimidad a uno de los órganos del poder. 285. Por este motivo, un sector de la doctrina se ha pronunciado en contra de la introducción del recurso de reclamación establecido en el mismo articulo 60 de la Constitución Federal, ante la Suprema Corte de Justicia, contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, a fin de que dicho tribunal examine las violaciones sustanciales que pudieron haberse cometido en el desarrollo del procedimiento electoral o en la calificación misma y comunique su dictamen a la propia Cámara para que emita una nueva resolución, ya que con independencia de que no es conveniente la intervención de la Suprema Corte en problemas electorales, tampoco ésta puede opinar sobre el procedimiento electoral sin la existencia de una instrucción previa a cargo de jueces o tribunales electorales. Por ello su intervención se ha limitado a un examen puramente formal. 23.

236 Los citados preceptos, disponen: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente ... VIT.

Contra las resoluciones o declaraciones de los presidentes de casillas. juntas computadoras o colegios electorales, en materia de elecciones. VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones pennanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios. en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana y discrecionalmente." 237 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, "La facultad de la Suprema Corte en materia electoral", en Revista Mexicana de Derecho Público, julio-septiembre de 1946, núm. 1, pp. 37-65. 238 Sobre el citado recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia existe una controversia, pues en tanto que el conocido constitucionalista Carpizo. Jorge, lA reforma poUtica, cit., supra nota 235, pp. 372-378, señala los inconvenientes de este medio de impugnación, por el contrario. los tratadistas Castro. Juventino V., "Las facultades de la Suprema Corte en materia electoral", en Revista de Investigaciones Jurldicas, México. 1978, pp. 19-28; y Del Toro Calero, Luis, lA SuprenuJ Corte de Justicia de la Nación y el proceso electoral, México, 1978. pp. 51-187, consideran que resulta benéfico el establecimiento del mencionado recurso.


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286. Por el contrario, existen otros actos o resoluciones de las autoridades que no son estrictamente electorales, como son los que se relacionan con el reconocimiento o registro de los partidos y las asociaciones políticas o con las prerrogativas de los primeros (articulos 22 a 73 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales), que pueden afectar los derechos colectivos de las agrupaciones políticas y ser por ello objeto de tutela desde un punto de vista estrictamente jurídico. Hasta el momento no se ha hecho un examen a fondo de las transformaciones que en los derechos políticos, tanto individuales como colectivos de los ciudadanos, implica la reforma política de 1977, Y sus posibles implicaciones en cuanto a su protección a través del juicio de amparo.'l9 287. No se pretende en esta oporrunidad sustentar un criterio preciso sobre esta materia en la cual la delimitación de las implicaciones jurídicas de las actividades políticas resulta complicada. pero sí es necesario revisar los criterios tradicionales para señalar, con debida cautela, la procedencia del juicio de amparo y la función de la Suprema Corre de Justicia en la tutela de cierros derechos políticos que anteriormente no podían tutelarse a través de nuestra máxima institución procesal. 288. El otro gran problema que es necesario examinar es el relativo a la declaración general de la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas por conducto del amparo, no sólo tomando como ejemplo a los tribunales constitucionales europeos,"" sino también la experiencia de la acción popular de inconstitucionalidad que ha tenido resultados satisfactorios en los ordenamientos de Colombia,241 y Venezuela,'42 y posteriormente Panamá y El Salvador.''' 239 Cfr. Carpizo. Jorge. op. ult. cit .. pp. 352-360; Patiño Camarena. Javier. Análisis de la reforma polftica, México. UNAM, 1980. 240 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Los t,.ibulla/es constitucionales y los derechos hU11Ulnos, 2a. ed., México, Poma. 1985. pp. 43-131; Favoreu, Louis; Luchaire, Francois, y otros, Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamenrales, trad. de Luis Aguiar de Luque y Maria Gracia Rubio de Casas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 241 Sobre la acción popular de inconi'Otitudonalidad en Colombia, consagrada en el artículo 214 de la Carta Fundamental de 1886, refomada en varias ocasiones, Cfr. Sanin Creiffenstein, Jaime, La defensa judicial de la Constitución, Bogotá, Temis, 1971, pp. 120-204; Sachica, Luis Carlos, Constitucionalismo colombiano, 7a. ed., Bogotá, Temis, 1983, pp. 102-110; Id. El control de constitucionalidad, Bogotá. Temis, 1980, pp. 57-193; Paez Velandia, Dídimo, El control de la

constitucionalidad en los eSlados latinoamericanos y jUndamenlalmenfe en la República de Colombia. Bogotá, Editorial de la revista Derecho Colombiano, 1985. pp. 295-497. 242 Respecto a la acción popular de inconstitucionalidad establecida por el artículo 125 de la Constitución de 1961. cfr. Andueza, José Guillenno. La jurisdicción conslitucional en el derecho venezolano, 2a. ed., Caracas. Universidad de Venezuela. Facultad de Derecho, 1974, pp. 45-54; Brewcr. AlIan R., El control de la constitucionalidad de los actos estatales. Caracas. Editorial Jurídka Venezolana, 1977, pp. 33-206; Id. InstiTuciones politkas y constitucionales. Caracas-San Cristóbal. Universidad Católica del Tachira-EditoriaJ Jurídica Venezolana. 1985, tomo 11, pp, 610-632; La Roche, Humberto J.• Inslitucio~s constitucionales del Estado venezolano. 9a. ed., Maracaibo. 1984, pp. 259-287. 243 Por lo que respecta al artículo 167 de la Constitución panameña anterior de 1946, equivalente al artículo 203, fracción 1, de la Carta de 1972, refomada en 1983, se pueden mencionar a Bolívar

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289. Esta declaración general de inconstitucionalidad referida al amparo (puesto que ya existe esa posibilidad en el anfculo 105 de la Constitución Federal, a través de las llamadas "controversias constitucionales "l, , .. ha obtenido el consenso de un sector cada vez más vigoroso de la doctrina mexicana,'" no obstante la fuerza de la tradición de los efectos particulares, aun tratándose de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas, de acuerdo con la llamada "fórmula Otero", que como se ha dicho anteriormente fue introducida por influencia de Mariano Otero en el articulo 25 del Acta de Reformas de 1847, y que todavía conservan la fracción 11 del articulo 107 de nuestra Constitución Federal y el primer párrafo del articulo 76 de la Ley de Amparo (ver supra párrafos 57 y 6\). 290. No es posible examinar en este momento los argumentos que se han expuesto en favor y en contra de la declaración general de inconstitucionalidad en el juicio de amparo, pero así sea con un periodo de transición,"" será inevitable su implantación debido a exigencias ineludibles de la vida jurfdica contemporánea, entre las cuales se encuentran, por una pane, el respeto al principio fundamental de la igualdad de los gobernados ante la ley, y por la otra,la ineficacia de la decisión particular, con el propósito, como decfa Tocqueville, de que la ley se vea herida por casualidad y sólo caiga bajo los golpes redoblados de la jurisprudencia (ver supra párrafo 43), en esta época que es preciso reprintir con celeridad las violaciones a la Carta Fundamental, no sólo por razones de justicia, sino también de seguridad jurfdica. Es además, como opera de hecho la revisión judicial en Estados Unidos, en cuyo ordenantiento surgió la fórmula de los efectos particulares cuando el fallo proviene de la Corte Suprema Federal, el cual es obedecido de inmediato

Pedreschi, Carlos. El pensamiento constiTucional del doctor Moscole, Panamá. 1959. pp. 161-162; id., JurispT'Ulhncia constitucional, Panamá. 1967, pp. 17 Yss; Fabrega P.. Jorge. El doctor Eusebio Morales y el control de la constitucionalidad, Panamá. 1965. pp. 10 Y ss. Por el contrario son escasos los comentarios al artículo 183 de la Constitución de El Salvador de 1983. que inclusive estableció una sala constitucional dentro de la Suprema Corte para conocer de esta materia. Por ello s6lo se menciona el estudio de Bove Ticas. Carlos, El recurso de inconstitucionalidad. San Salvador, agosto de 1967 (tesis doctoral mimeografiada). 244 Cfr. Fix·Zamudio, Héctor, lAs garantfas constitucionales, cit., supra nota 228, pp. 245 Cfr. Fix·Zamudio. Héctor. "La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo". en Boletln Mexicano tk Derecho Comparado. enero·agosto de 1971. núms. 1()..11 , pp. 53.98; Id. "La justicia constitucional en lberoamérica y la declaración general de inconstitucionalidad", en Revista de la Facultad tk Derecho tk México, septiembre-diciembre de 1979. núm. 111. pp. 641·694; Castro. Iuventino V., Hacia ti amparo evolucionado, 2a. ed.• México. PotTÚa, 1977. pp. 23.-48; Vallana Plata, José Guillermo. "El poder judicial y el sistema de la declaración general de inconstitucionalidad en Latinoamérica". en el volumen colectivo. Función del poder judicial en los sistenuu constitucionales latinoamericanos, cit.. supra nota 225. pp. 171·186. 246 Como ejemplo podemos señalar el sistema intermedio establecido por el artículo 138 de la Constitución de la provincia argentina de Río Negro, de acuerdo con el cual, cuando el Tribunal Superior declara por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma legislativa, el mismo Tribunal puede suspender su vigencia y por lo tanto la citada disposición ya no puede aplicarse en cuanto es publicada la resolución respectiva.


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no sólo por los tribunales sino también por todas las autoridades del país, incluso en relación con asuntos similares, en los cuales tenga aplicación la ley declarada contraria a la Carta Federal. 247 X. CONCLUSIONES

291. De acuerdo con las reflexiones anteriores. es posible llegar a las siguientes

conclusiones. expresadas de manera suscinta:

292. Primera. El juicio de amparo mexicano fue establecido debido a la influencia de factores tanto externos como nacionales. Entre los primeros y en forma destacada, se encuentra el modelo norteamericano de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes y la organización judicial federal, así como el habeas corpus, a su vez de origen británico; en segundo ténnino; la tradición hispánica de la cual proviene el nombre de la institución y el centralismo judicial de la época colonial; finalmente el derecho francés que aportó el precedente del Supremo Poder Conservador de la segunda ley constitucional de 1836, asl como los lineamientos del recurso de casación, que se incorporó a través de la impugnación de las resoluciones judiciales. 293. Segunda. El propio juicio de amparo se fue confonnando a través de diversos instrumentos constitucionales, en especial a partir de la Carta Federal de 1824, que por una parte estructura el poder judicial de la Federación de acuerdo con el modelo de la ley orgánica de los Estados Unidos de 1789, pero por la otra, conserva la influencia de la Constitución española de Cádiz de 1812. Por este motivo se adoptaron dos criterios sobre el control constitucional. Por una parte se otorgó a la Suprema Corte la facultad de conocer las violaciones a la Constitución y por la otra se atribuyó al Congreso Federal la de exigir la responsabilidad de las infracciones a la Ley Suprema, pero predominó la segunda solución, puesto que dicho Congreso declaró la inconstitucionalidad de varias leyes locales. 294. Tercera. A partir de la Carta de 1824 de manera paulatina se fue madurando la idea de que la función predominante en la protección de las nonnas constitucionales debía corresponder a los tribunales y en especial, a la Suprema Corte de Justicia, y en esta dirección pueden señalarse los procedimientos calificados de "reclamo" que se introdujeron en la primera Ley Constitucional de 1836, sólo por 241 La obligatoriedad general que adquieren los fallos de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos se apoya en dos principios esenciales: el primero es el del stare tÚ!cisis que puede traducirse libremente como "obligatoriedad sin precedentes". aun siendo aislados, para todos los jueces de la

misma categoría y la propia Corte. Sobre el citado principio puede consultarse el estudio de Cueto Rúa, Julio, El "cornmon law". Su estructura nonnativa. Su enseñanza, Buenos Aires. Editorial La Ley, 1957, capítulo III. dedicado a la institución. pp. 121-143. El otro aspecto esencial es el relativo al prestigio moral de la propia Corte, cfr. Abraham, Henry J., 1he Judicial Process,cit., supra nota 175, pp. 223-230.

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lo que respecta al derecho de propiedad; en el voto particular al proyecto de Constitución elaborado por José Fernando Ramírez en 1840 y el más próximo al amparo, redactado por Mariano Otero en el llamado "Proyecto de la minoría de 1842". 295. Cuana. El juicio de amparo surgió en tres etapas, la primera de las cuales se inició con la Constitución del estado de Yucatán de 1841, inspirada en el pensamiento de Manuel Crescencio Rejón y en la cual se introdujo el nombre del amparo como instrumento de tutela de los derechos individuales consagrados en la misma Carta local, que es, además el primer documento latinoamericano en el cual se establece la revisión judicial según el modelo norteamericano; el siguiente paso se dio en el Acta de Reformas de 1847 (a la Constitución Federal de 1824) originada en el voto particular de Mariano Otero, en cuyo artículo 25 se introdujo el juicio de amparo en el ámbito nacional, pero no se expidió la ley reglamentaria respectiva no obstante que se presentaron varios proyectos. El amparo se estableció de manera definitiva en los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857. En las tres fases se observa la influencia decisiva del sistema estadounidense divulgado por Alexis de Tocqueville, en su clásica obra La democracia en América. 296. Quinta. La primera ley de amparo se expidió el 30 de noviembre de 1861, al término de la guerra civil, pero como al año siguiente se inició la intervención francesa que condujo al Imperio de Maximiliano de Habsburgo, dicho ordenamiento no pudo aplicarse realmente sino hasta el restablecimiento de la República en julio de 1867. En dicha ley predomina el sistema procesal español, puesto que el amparo se tmmitaba en tres instancias, la primera ante los jueces de distrito, la segunda ante los tribunales de circuito, y sólo cuando eran diversos los dos fallos procedía el viejo recurso de súplica ante la Suprema Corte de Justicia. El 20 de enero de 1869 se promulgó la segunda Ley de Amparo después de un amplio y apasionado debate en el Congreso Federal, en el cual intervino Ignacio Mariscal, entonces secretario de Justicia y autor de la iniciativa, en defensa del amparo judicial pero sólo por violaciones constitucionales. En este segundo ordenamiento se prohibió categóricamente el amparo en asuntos judiciales de acuerdo con su artículo 8°, el cual fue desaplicado por la Suprema Corte de Justicia en abril de ese mismo año, lo que provocó un grave enfrentamiento con el propio Congreso. 297. Sexta. Al admitir la Suprema Corte el amparo contra resoluciones judiciales a través de una interpretación forzada del articulo 14 de la Carta Federal de 1857, en virtud de una serie de factores sociales, políticos y culturales derivados de la tradición centralista de la Colonia; se propició la concentración de todos los asuntos judiciales del país en el más alto tribunal de la República, en virtud de que según la Ley de 1869, el procedimiento del juicio era de doble instancia, la primera seguida ante los jueces de Distrito cuyas sentencias eran revisadas de oficio por la propia Suprema Corte, la cual funcionaría en Pleno para conocer del segundo grado del juicio de amparo. Durante esta época de vigencia de la Ley de 1869 se inició


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la polémica doctrinal sobre el alcance del artículo 14 de la Carta de 1857 que se prolongó hasta la primera década de este siglo, pero además se consolidó nuestra máxima institución procesal como el instrumento protector de los derechos individuales, ya que en numerosas ocasiones logró arrancar a los promoventes de los pelotones de fusilamiento. o del servicio forzado de las annas, e impidió confisca-

ciones y abusos.

298. Séptima. Los siguientes ordenamientos reglamentarios del juicio de amparo, es decir, la ley de 1882 (cuya iniciativa básica fue elaborada por Ignacio Luis Vallarta), y la parte relativa de los códigos federales de procedimientos civiles de 1897 y 1908, perfeccionaron el procedimiento al incorporar en sus preceptos las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la que transformó el propio amparo de una simple queja administrativa en un verdadero proceso, en los que incorporó como partes a las autoridades demandadas y a los terceros interesados en la subsistencia de los actos reclamados. Pero desde otros aspectos, la expansión incontenible del amparo contra resoluciones judiciales introdujo los principios básicos del recurso de casación y afectó a todos sus sectores, lo que provocó el fenómeno calificado por Emilio Rabasa como "imposible tarea de la Corte", de manera que los esfuerzos esenciales del legislador se concentraron en la creación de obstáculos para restringir el amparo judicial. 299. Octava. En el Constituyente de Querétaro volvió a plantearse el problema relativa al amparo judicial, tomando en cuenta que el proyecto presentado por don Venustiano Carranza reconoció que la interpretación del artículo 14 de la Carta Federal anterior aceptada por la jurisprudencia, había desvirtuado el espíritu del juicio de amparo, despojando a las entidades federativas de su autonomía judicial, pero no obstante, consideró que no era todavía oportuno suprimir el amparo contra resoluciones judiciales por violación de disposiciones secundarias, sino exclusivamente limitarlo en lo posible. El debate de mayor importancia se centró en el voto particular al dictamen de la comisión, formulado por los diputados Heriberto Jara e ¡filario Medina, quienes propusieron retornar al espíritu primitivo del amparo, restituyendo a los estados su autonomía de decisión judicial. Sin embargo predominó la opinión favorable al proyecto y se aprobaron los lineamientos de los artículos 14 y 107 que conservaron el amparo contra resoluciones judiciales, lo que significó constitucionalizar el recurso de casación, el cual fue suprimido en el ámbito local para evitar duplicación de funciones. 300. Novena. En la Constitución de 1917 se adoptaron nuevos criterios para la organización y funcionamiento de los tribunales federales, y en especial de la Suprema Corte de Justicia, la que debía funcionar siempre en pleno (durante el siglo anterior se dividió también en tres salas creadas en el primer reglamento de 1826); sus once integrantes eran designados por el Congreso de la Unión (en lugar de su elección indirecta según la Carta anterior); y serían inamovibles después de un periodo de transición, a partir del Cual no podían ser destituidos sino por causa

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de responsahilidad. La primera Ley Orgánica del poder Judicial Federal se promulgó el 2 de noviembre de 1917 y la de Amparo el 20 de octubre de 1919. 301. Décima. Debido a la influencia de Emilio Rabasa. el juicio de amparo se dividió en dos procedimientos. el primero de una sola instancia ante la Suprema Corte de Justicia para la tramitación de las impugnaciones contra las sentencias definitivas pronunciadas por todos los tribunales del país. de acuerdo con los principios del recurso de casación según el modelo francés. Respecto de otras resoluciones judiciales. actos administrativos. y disposiciones legislativas que se estimaran inconstitucionales. el amparo debía solicitarse en primer grado ante los jueces de distrito. y en segundo. a través de un recurso de revisión (en realidad. de apelación). ante la propia Suprema Corte de Justicia. 302. Décima primera. Durante las primeras décadas posteriores a la promulgación de la Carta de 1917. la Suprema Corte de Justicia asumió la función. casi imposible. de resolver en último grado la totalidad de los procesos del país que abarcaban prácticamente todo el ordenamiento jurídico nacional. desde las elevadas normas constitucionales hasta las del más humilde reglamento municipal. Tomando en cuenta las recomendaciones del Primer Congreso Jurídico Nacional de 1921. se modificó la estructura del más alto tribunal del país en la reforma constitucional de 1928. para dividir la propia Corte en tres Salas de cinco magistrados cada una. de acuerdo con la materia de los juicios de amparo; además se cambió el procedimiento de designación por el Congreso. según el modelo norteamericano de nombramiento del Presidente de la República. con aprobación del Senado Federal. En 1934 se reformó nuevamente la Constitución para establecer una sala más. la de carácter laboral. 303. Décima segunda. La segunda y vigente Ley de Amparo. con numerosas reformas posteriores. fue promulgada el 30 de diciembre de 1935 y si bien perfeccionó el procedimiento al incorporar la experiencia jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia. ahora funcionando en cuatro salas. no impidió que en pocos años se produjera un rezago considerable especialmente en el conocimiento del amparo contra sentencias judiciales. por lo que en el año de 1951 se introdujeron reformas constitucionales y legales importantes. entre eUas la creación de los tribunales colegiados de circuito. de acuerdo con el modelo de los de circuito de apelación. introducidos en los Estados Unidos a fines del siglo pasado. también con el objeto de auxiliar al máximo Tribunal. 304. Décima tercera. No obstante el establecimiento de los citados tribunales colegiados de circuito. en pocos años el problema del rezago volvió a afectar a la Suprema Corte de Justicia. y por eUo fue necesaria una nueva reforma que entró en vigor en octubre de 1968. en la cual se adoptaron criterios de selección apoyados en la importancia económica. social o jurídica de los juicios de amparo. conservando la Suprema Corte el conocimiento de un juicio de amparo al carecer de la cuanÚa


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exigida como mínimo. solicitaba del tribunal colegiado respectivo el asunto que estimara de trascendencia nacional. 305. Décima cuana. A pesar de todas las modificaciones anteriores. el rezago

ha golpeado nuevamente a la Suprema Cone de Justicia y en panicular. respecto a su conocimiento del juicio de amparo; por lo que se han tomado dos medidas para solucionar este problema; la primera ha consistido en aumentarJe manera paulatina el número de tribunales colegiados. y la segunda. en ampliar las facultades discrecionales. primero de las restantes salas del más alto tribunal. en la refonna de 1983. y recientemente la del tribunal en pleno, en 1985. de manera que sólo conserve la misma Suprema Cone los juicios de amparo de mayor trascendencia y los demás puedan enviarse a los citados tribunales colegiados, los que. de acuerdo con las últimas reformas llegarán a treinta y cinco distribuidos en dieciocho circuitos en toda la República. 306. Décima quinta. En la situación actual. se adviene en la Suprema Cone de

Justicia la tendencia dirigida a restringir de manera creciente su conocimiento del juicio de amparo contra resoluciones judiciales. respecto de las cuales actúa como tribunal de casación. para orientar al máximo Tribunal su función esencial de intérprete final de las normas constitucionales. Para llegar a esa meta. se intentó el camino directo propuesto en el anteproyecto de reforma constitucional de 1944 y en la iniciativa del senador Drena Torres en 1959, que pretendían dejar a la Suprema Cone exclusivamente los asuntos relacionados con cuestiones estrictamente constitucionales y enviar los juicios de amparo en los cuales se discutieran problemas de legalidad, a los tribunales de circuito, ahora colegiados. Esta solución no parece viable por la oposición que ha enfrentado. 307. Décima sexta. Desde otro ángulo y como tribunal de amparo. la Suprema Cone de Justicia se encamina, así sea lentamente. hacia la configuración de un órgano de control constitucional, como ha ocurrido con la Suprema Cone Federal de los Estados Unidos. si tomamos en cuenta que si bien no posee la amplitud de la competencia discrecional del ceniorari introducido en 1925 para dicho alto tribunal, la corte mexicana ha ampliado estas facultades que le pennitirán elegir sólo aquellos juicios de amparo que tengan una verdadera trascendencia nacional, y entre ellos. los que planteen cuestiones estrictamente constitucionales. 308. Décima séptima. Además de esas facultades discrecionales existen otras dos cuestiones que en un futuro no muy lejano pueden acentuar el carácter constitucional de la Suprema Corte. Por una pane, la revisión del criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo contra la violación de cienos derechos políticos individuales y colectivos, especialmente en virtud de la refonna de diciembre de 1977, excluyendo los relacionados directamente con los procedimientos electorales. En segundo ténnino. la necesidad de adoptar el principio de la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes impugnadas a través del juicio de amparo, con lo cual se superaría la "fórmula Otero", que ya cumplió su

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misión histórica, según el ejemplo de otros ordenamientos latinoamericanos que han consagrado este principio. Debido a la larga tradición de la desaplicación con efectos particulares, podrían establecerse soluciones intermedias y transitorias, de

las cuales también existen modelos en nuestro continente.

LA REFORMA EN EL DERECHO DE AMPARO 1. 11. 111. IV. V.

Introducción Transformaciones de la legislación de amparo I.a reforma de enero de 1984 . . . . . Las recientes modificaciones de mayo de 1986 Las tendencias esenciales de la evolución del derecho de amparo. ......... .... . VI. Las perspectivas futuras: la Suprema Corte como Tribunal constitucional y la declaración general de inconstitucionalidad . . . VII. Conclusiones

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LA REFORMA EN EL DERECHO DE AMPARO SUMARIO: I. 1ll1roducción. 11. TransfornUlciolles de la legislación de amparo. III. La refOlma de enero de 1984. IV. Las recientes modificaciones de ma:vo de 1986. V. LAs tendencias esenciales de la evolución del derecho de amparo. VI. lAS perspectivas futuras: la Suprema Corte como Tribunal constitucional y la declaración general de ¡nconstitucionalidad. VIl Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

1. En este sencillo análisis panorámico de las transformaciones de nuestro derecho de amparo, que regula a la máxima institución procesal del ordenamiento mexicano. se recuerdan las esenciales enseñanzas del ilustre procesalista español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, quien dejó tan profunda huella en los juristas de nuestro país y por ello permanece entre nosotros no obstante su sentida desaparición física. 2. En efecto, el insigne maestro señaló en' varios de sus trabajos sobre las instituciones procesales mexicanas, la estrecha vinculación del juicio de amparo con la teoría general del proceso y del derecho procesal, por ello la necesidad de su estudio de acuerdo con el método del procesalismo cicntffico, sin desconocer con ello los aspectos peculiares de nuestra institución, que derivan de su creación y desarrollo de carácter histórico. 3. Eljuicio de amparo surgió en tres etapas: primero en la Constitución Yucateca de 1841, debido a las ideas del principal redactor del proyecto, Manuel Crescencio Rejón; en segundo lugar en el documento conocido "Acta de Reformas" de 1847 (a la Constitución Federal de 1824), que se inspiró en los argumentos expresados por otro ilustre publicista mexicano: Mariano Otero; y finalmente, este desarrollo culminó con la consolidación del amparo en los artlculos. 101 y 102 de la Constitución federal de 5 de febrero de 1857. 4. El objeto esencial e inicial de la institución fue de manera exclusiva, la tutela de los derechos individuales de los gobernados, calificados como "garantías individuales", contra todo acto o disposición legislativa de cualquier autoridad, y de manera indirecta, la protección de las competencias constitucionales de la

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Federación y de las entidades federativas, pero siempre por conducto del agravio individual. 5. A partir de su consagración definitiva en la Carta federal de 1857 y en las diversas leyes reglamentarias de 1861, 1859 Y 1881, así como en su incorporación a los códigos federales de procedimientos civiles de 1897 y de 1908, el derecho de amparo experimentó un desarrollo paulatino, en especial en cuanto a la impugnación de resoluciones judiciales, de tal manera que se transformó en esta materia, en una casación de carácter nacional. en cuanto instrumento para elevar al conocimiento de los jueces federales, y en última instancia de la Suprema Corre de Justicia, todas las controversias judiciales del país, incluyendo aquellas que se hubiesen iniciado ante los jueces de las entidades federativas y en las cuales se discutiese exclusivamente la aplicación de las leyes locales, sin plantearse cuestión alguna de inconstitucionalidad, todo ello en virtud de una interpretación desorbitada del anfculo 14 de la citada ley fundamental de 1857, pero que se impuso en la jurisprudencia a partir de la resolución de la Suprema corte de Justicia pronunciada el 29 de abril 1869 en el conocido amparo promovido por el licenciado Miguel Vega contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa. Este fallo de la Corre se pronunció en contra de la prohibición expresa del anfculo 8° de la Ley de Amparo de 20 de enero del mismo año, disposición que implícitamente fue declarada inconstitucional. 6. Son conocidos los factores sociales, políticos y económicos que influyeron en la aceptación de la impugnación de todas las resoluciones judiciales pronunciadas por los jueces del país, aun cuando en las mismas sólo se decidiera sobre la legalidad de leyes de carácter local, por lo que no insistiremos en ello en esta oporrunidad; pero lo cierro es que el derecho de amparo se fue ampliando de tal manera, que en virrud del reconocimiento expreso que se hizo en los anfculos 14, 16 Y 107 de la carta federal vigente de 1917, en sus anfculos 14 Y 16, el juicio de amparo mexicano procede actualmente contra todos los actos de autoridad, (salvo excepciones muy restringidas), ya sean de carácter judicial, administrativo o legislativo, con la cual se protege a través del propio derecho de amparo, no sólo los derechos fundamentales de los gobernados, sino todo el ordenamiento jurídico del país, desde las disposiciones de un modesto reglamento municipal, hasta los preceptos de la Constitución federal. 7. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del presente, se prolongó la discusión sobre la conveniencia o defectos de esta ampliación del juicio de amparo, que se calificó de "degeneración" o de "evolución", según los diversos puntos de vista, en los cuales intervinieron los juristas más destacados de esa época, entre ellos Ignacio Luis Vallarta, Ignacio Mariscal, León Guzmán y Emilio Rabasa. En la actualidad, con apoyo en las disposiciones de los mencionados artículos 14 y 16 de nuestra OJnstitución política vigente, se considera irreversible esta transformación, y el último intento realizado por el gobierno

LA REFORMA EN EL DERECHO DE AMPARO

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del general Álvaro Obregón en el año de 1922. para retomar a la pureza constitucional del amparo. de acuerdo con las proposiciones adoptadas en el Primer

Congreso Jurídico Nacional de 1921, fue rechazado categóricamente por la Cámara de Diputados ante la cual se presentó la iniciativa de reforma al articulo 14 constitucional. 8. Tomando en cuenta lo anterior, el derecho de amparo ha sufrido una evolución paulatina pero conslante, tanto en la doctrina como en la legislación y en la jurisprudencia, que han transformado la institución de acuerdo con los lineamientos del procesalismo contemporáneo, especialmente en los últimos años, con la posibilidad de un desarrollo futuro que permitirá la incorporación de nuestro juicio de amparo a los sistemas contemporáneos de justicia constitucional, al menos en el sector que está dirigido a la resolución de cuestiones estrictamente constitucionales.

n. TRANSFORMACIONES DE LA LEGISLACIÓN DE AMPARO 9. No obstante que los articulos 103 y 107 de nuestra Constitución federal, que regulan las bases del juicio de amparo, han sido reglamentados sólo por dos leyes de amparo, promulgadas el 20 de octubre de 19-19 Y el 30 de diciembre de 1935, respectivamente, la segunda de ellas ha sido objeto de numerosas modificaciones que también han afectado a varios preceptos del articulo 107 de la Constitución federal. lO. En efecto, entre las numerosas reformas a la legislación de amparo podemos señalar las promulgadas en las siguientes fechas: 31 de diciembre de 1942; 22 de diciembre de 1949; 30 de diciembre de 1950; 30 de diciembre de 1957; 3 de enero de 1963; 26 de diciembre de 1967; 29 de octubre de 1974; 21 de diciembre de 1974; 19 de diciembre de 1975; 30 de marzo de 1976; 30 de diciembre de 1976; 29 de diciembre de 1979; 9 de noviembre de 1982; 29 de diciembre de 1983 y 26 de abril de 1986. ll. Varias de ellas sólo afectan aspectos secundarios de la Ley de Amparo, pero otras han introducido reformas sustanciales, y entre ellas podemos mencionar las promulgadas en 1950 y en 1967, que significaron una transformación importante en algunos sectores del juicio de amparo, pero que no implican todavía un intento por una reforma de fondo a su estructura procesal. La primera de ellas que también implicó cambios constitucionales, entró en vigor en mayo de 1951 y su mayor trascendencia fue el establecimiento de los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo, integrados por tres magistrados y con la función específica de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los juicios de amparo tanto de una sola instancia como de doble grado, en aquellos aspectos que se consideraron de menor importancia.

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12. La separación de la competencia entre los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia fue bastante complicada. pero en el aspecto esencial de rezago, se dividió el conocimiento del juicio de amparo contra sentencias judiciales. para atribuir la resolución de las infracciones procesales a los citados tribunales colegiados. y la decisión de las violaciones en cuanto al fondo a las salas de la Suprema Corte; y respecto de los amparos de doble instancia. de los cuales el número más importante estaba constituido por los enderezados contra actos de autoridades administrativas. se encomendó a la segunda sala de la Corte. el conocimiento del segundo grado de los juicios de amparo formulados contra las autoridades administrativas federales (si bien la jurisprudencia amplió esta categoría incluyendo a las autoridades del Distrito Federal. los restantes se enviaron a los citados tribunales colegiados. 13. Otro aspecto importante inspirado en el anteproyecto formulado por la misma Suprema Corte de Justicia en el año de 1945. y que sirvió de antecedente a estas reformas. fue la introducción definitiva (con varios precedentes de carácter transitorio). del sobreseimiento por inactividad procesal. es decir. de la carga de impulsión para el promovente de amparos civiles y administrativos (excluyéndose

la reclamación de la inconstitucionalidad de una ley). en un plazo de ciento ochenta días consecutivo.'. que la jurisprudencia consideró como hábiles. a partir de la última actuación procc,al. En el supuesto de no cumplirse con esta carga. debía sobreseerse el juicio cc'pectivo. Esta institución ha sido muy discutida desde entonces por un sector importante (l,e la doctrina.

14. La segunda reforma significativa de la legislación de amparo fue la promulgada el 26 de diciembre de 1967 y pu.Jlicada los días 25 de octubre de ese año y el 30 de abril de 1968. en vigor ell8 de octubre de este último año. Se inspiro. como la anterior. en la necesidad de aliviar el rezago de la Suprema Corte de Justicia. pues no obstante el auxilio de los tribunales colegiados de circuito. volvió a incrementarse de manera ostensible el número de juicios de amparo sometidos al conocimiento del más alto tribunal de la República; por lo que el pleno de la propia corte elaboró un anteproyecto en el año de 1965 que sin modificación alguna hizo suyo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y lo envió al Senado federal, como cámara de origen. en el mes de noviembre del citado año de 1965. 15. La preocupación principal de la Suprema Corte al elaborar el anteproyecto mencionado. y con posterioridad. al ser aprobado con ligeras modificaciones por el Congreso de la Unión, por parte del legislador • radicó. como periódicamente ha ocurrido. en aliviar la carga de la misma Corte a través de una nueva distribución de competencias. de tal manera que se remitieran mayor número de asuntos a los tribunales colegiados de circuito, cuyo número se incrementó. 16. No se advierte entonces la intención de realizar una reforma a fondo de la estructura procesal del amparo. sino de manera predominante. la corrección de errores técnicos en que habfan incurrido las reformas de 1951. acentuando su


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preocupación en un nuevo reparto de competencias entre la Suprema Corte de Justicia y los propios tribunales colegiados, exclusivamente en relación con los

juicios de amparo. Los aspectos esenciales de dichas modificaciones pueden enunciarse como sigue: 17. a) Se cambian las reglas de competencia para conocer del juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia y los ttibunales colegiados de circuito, las que ya no se apoyan en las violaciones procesales o de fondo tratándose del amparo contra

sentencias judiciales. sino que se toman en cuenta. respecto de los diversos juicios de amparo, criterios pattimoniales. de carácter social o constitucional, para establecer la citada distribución, reservándose a la Suprema Corte los de mayor trascendencia, como los relativos a la inconstitucionalidad de las leyes: las controversias familiares y del estado civil; la impugnación contra las sentencias de los tribunales federales (administrativos) y del trabajo y los de carácter penal; los conflictos sobre los derechos colectivos agrarios y de la pequeña propiedad; en materia civil y administrativa se fijaron criterios económicos mínimos y respecto de los amparos contra sentencias penales locales se tomó en cuenta la gravedad de la pena aplicada al acusado o a uno de ellos, si fueran varios en un mismo proceso, etcétera. 18. Un aspecto importante fue la introducción de lafacultad discrecional de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los juicios de amparo de una o de doble instancia promovidos contra sentencias o actos administrativos, cuando en su concepto exista interés nacional, no obstante que por su cuantía correspondieran en principio a los Tribunales Colegiados de (,ircuito. 19. Este criterio de disttibución apoyado en la importancia económica, social, juridica o constitucional de los juicios de amparo respectivos, hizo renacer la polémica sobre si es posible dividir y clasificar las violaciones legales y constitucionales, ya que se ha sostenido que todas las infracciones de cualquier norma legal, de naturaleza o jerarquía que sean, deben considerarse de carácter constitucional con apoyo en los articulos 14 y 16 de la Constitución federal y por ello se insistió por algunos juristas sobre la necesidad de que la última instancia de todos los asuntos judiciales, llegase a través del amparo hasta la Suprema Corte de Justicia, pues en su concepto no podían concebirse violaciones constitucionales de primera O segunda categoría; argumentación que consideramos discutible, y además de imposible aplicación. 20. b) En segundo lugar, tomando en cuenta el rezago que abrumaba al ttibunal en pleno de la Suprema Corte, en cuanto al conocimiento de la segunda instancia de los juicios de amparo intentados contra la inconstitucionalidad de una ley que se le confirió desde 1958, se adoptó un sistema que se ha ido modificando de manera paulatina, para delegar a las salas del propio alto ttibunalla resolución de dicho juicio de amparo, una vez establecida la jurisprudencia obligatoria del citado ttibunal en pleno, o de manera directa (articulo 107, fr. VIII, de la Constitución federal, y articulo 84, fr. 1, inciso al de la Ley de Amparo).

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21. el Se creó el amparo de una sola instancia contra las sentencias de los tribunales administrativos cuyos fallos se asimilaron a las resoluciones de los jueces ordinarios; con anterioridad se consideraban actos formalmente administrativos y se impugnaban por conducto del amparo de doble instancia. 22. di Se conservó, no obstante las críticas, la carga de impulsión de los juicios de amparo administrativos y civiles, exceptuándose la inconstitucionalidad de las leyes (excepción que se suprimió en la reforma constitucional y legal de 1975), y aquellos que versen sobre derechos individuales y colectivos de ejidatarios, comuneros y núcleos de población, pero se corrigió el grave error de técnica de las reformas de 1951, de manera que además del sobreseimiento del juicio en primera o única instancia por inactividad del promovente del amparo, se introdujo la caducidad en la instancia para el segundo grado, por lo que en este último la impulsión corresponde al recurrente, con la consecuencia de que. al declararse dicha caducidad, queda firme la sentencia de primera instancia, y en todo caso, se amplía el plaro de promoción a trescientos días incluyendo los inhábiles ( artículos 107, fr. XIV, de la carta federal, y 74, fr. V, de la Ley de Amparo). 23. el Se extendió el ámbito de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales, no solamente respecto de la Suprema Corte en asuntos de amparo, sino también a los de carácter ordinario, así como en relación con las tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito, y comprendió la interpretación de la Constitución, leyes federales y tratados internacionales, así como la de las leyes locales que con anteriondad estaba excluida por un esccúpulo federalista, con lo cual culminó en forma abierta la eentraliwciónjudieial (artículos 94 de la Constitución federal, 192 a 197 de la Ley de Amparo y 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal). III. LA REFORMA DE ENERO DE

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24. En estas modificaciones, que no implicaron reformas de carácter constitucional sino exclusivamente de las leyes de amparo y orgánica del Poder Judicial federal, se advierte ya una tendencia, que continúa en las reformas publicadas en mayo de 1986, para modernizar algunos aspectos envejecidos del derecho de amparo, tales como los relativos al concepto anacrónico del llamado "amparo de estricto derecho", así como el monto de las sanciones pecuniarias a los litigantes de mala fe, los que habían proliferado debido a que las multas fijadas en la legislación de amparo, en esta época de rápida caída del valor monetario, podían calificarse inclusive de ridículas, por lo que habían perdido totalmente su eficacia. 25. También se intentó, así sea debidamente, otorgar una repercusión mayor a la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia en relación con


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la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, especialmente a través de la aplicación obligatoria de la suplencia de la queja en beneficio de los peticionarios del amparo afectados por actos de autoridad que tengan su apoyo en los preceptos legales contrarios a la ley suprema, 26. A) Trataremos de señalar muy brevemente los principales aspectos de las citadas reformas promulgadas en diciembre de 1983, que iniciaremos con un examen sumario de las tihias modificaciones introducidas en el sector de mayor trascendencia constitucional de nuestro juicio de amparo, es decir, en el relativo a la impugnación de las leres inconstitucionales a través del propio juicio de amparo, que. es la única vía que tiene eficacia, así sea relativa. en nuestro ordenamiento jurídico si se toma en consideración que la posibilidad de plantear estas cuestiones en las controversias constitucionales reguladas por el articulo 105 de la Constitución federal, además de referirse a la afectación de las entidades públicas res!,<,ctiv.as, ha tenido escasa aplicación práctica.

27. Las modificaciones que se introdujeron en el campo del amparo contra leyes en las reformas mencionadas pueden dividirse en dos categorías: a) las relativas al planteamiento de la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas aplicadas en una sentencia definitiva de carácter judicial: y b) en relación con un procedimiento más acelerado cuando existe jurisprudencia obligatoria en esta materia. 28. Cuando se impugna la inconstitucionalidad de una ley en el juicio de amparo de una sola instancia, y que para efectos de estudio hemos calificado como recurso de inconstitucionalidad (para distinguirlo de la que podemos denominar acción de inconstitucionalidad que implica un ataque frontal a la ley combatida en amparo de doble instancia) el planteamiento de la inconstitucionalidad se realiza a través de lo que se ha denominado cuestión incidental o prejudicial (que indebidamente se ha considerado como vfa de excepción), lo que debe considerarse reciente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que tradicionalmente se consideró que existía un "monopolio" del Poder Judicial federal para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes por conducto del amparo de doble instancia. 29. En efecto, en los años cuarenta, con motivo de la famosa tesis sustentada por el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia el destacado jurista Gabino Fraga, se discutió ampliamente sobre si otros organismos judiciales (en ese caso, el Tribunal Fiscal de la Federación) podían desaplicar las leyes inconstitucionales con apoyo en lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, como una transcripción casi literal del artículo VI de la Constitución federal de los Estados Unidos y que incorporamos al artículo 126 de la carta federal de 5 de febrero de 1857. Sin deslindar los prohlemas, la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal reafirmó su criterio sobre la vía de doble instancia como única para impugnar las leyes inconstitucionales, motivando dos estudios muy importantes de los destacados juristas mexicanos Antonio Martinez Báez y Antonio Carrillo flores.

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30. En los años subsecuentes existió incenidumbre sobre la posibilidad de plantear las cuestiones de inconstitucionalidad no sólo en el amparo de doble instancia sino también al combatir una sentencia judicial de carácter definitivo, situación esta última regulada indirectamente en las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, puesto que en la fr. IX del anículo 107 de la Constitución federal y en los artículos 83, fr. V, y 84, fr. 11, de la Ley de Amparo. se introdujo el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en el amparo de una sola instancia cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. 31. Las salas de la Suprema Cone de Justicia admitieron en los años sesenta la impugnación de las disposiciones legales aplicadas en las sentencias combatidas en amparo de una sola instancia, pero sin una precisión sobre la forma del planteamiento respectivo, pues en ocasiones se consideraba necesario emplazar a las autoridades legislativas federales o locales, o enviar los autos al juez de Distrito para que conociera de la cuestión de inconstitucionalidad. 32. La explicación anteriores necesaria para comprender el alcance de la adición a la fr. IV del artículo 166 de la Ley de Amparo que regula los requisitos de la demanda en el juicio de amparo de una sola instancia, yen la cual se dispone que cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación

de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, y la calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la parte conswerativa del fallo respectivo. 33. Desde el punto de vista del procedimiento, la reforma de diciembre de 1983 ha procurado acelerar la tramitación cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Cone de Justicia sobre la inconstitucionalidad de una ley (además de establecer la obligatoriedad de la suplencia de la queja). Los anículos 156 para el amparo de doble instancia y 182 bis para el de un solo grado, reducen los plazos normales para la tramitación del proceso, en el primer supuesto, siguiendo el que ya estaba establecido para la jurisdicción concurrente (aníoulo 37 de la Ley de Amparo), se señalan tres días improrrogables para la rendición del informe justificado y diez días contados desde el siguiente de la admisión de la demanda, para la celebración de la audiencia de fondo o audiencia constitucional. En el amparo de una sola instancia los plazos para alegar, pedimento del Ministerio Público y formulación de la ponencia, se reducen a la mitad de los previstos por los anículos 180 y 185 de la propia Ley de Amparo. 34. B) El principio iura novit curia y la suplencia de la queja. Uno de los aspectos esenciales del proceso contemporáneo consiste en el abandono del criterio exageradamente dispositivo del enjuiciamiento civil decimonónico, el cual dejaba a las partes el impulso del procedimiento así como la materia del proceso, en vittud de que una parte considerable de los códigos procesales contemporáneos, inclusive


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algunos latinoamericanos, han conferido al juzgador la dirección del proceso, la que incluye también la presentación de oficio de los elementos de convicción que el propio juez considere necesarios y que las partes no hubiesen aportado, y además, también dichas atribuciones de dirección implican la obligación de aplicar las normas jurídicas nacionales, las que se supone debe conocer e interpretar -sólo el derecho extranjero en determinadas condiciones requiere de prucha- aun cuando las propias partes no lo hubiesen invocado de manera correcta. que es precisamente el alcance, en este supuesto, del citado principio iura novil curia. 35. Uno de los aspectos esenciales del citado principio en nuestro amparo está representado por la llamada suplencia de la queja. que surgió en el artículo 107 de la Constitución federal, con el propósito de atemperar el exagerado formalismo que había adquirido el mismo amparo en los códigos federales de procedimientos civiles de 1897 y 1908 exclusivamente en beneficio del acusado en materia penal y sólo por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero en 1951 se exttndió a los actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia, y en beneficio de los trahajadores en materia laboral; en 1963 para favorecer a los campesinos sujetos a la reforma agraria y finalmente en 1974, para proteger a los menores e incapaces; ampliándose a todas las materias en las reformas puhlicadas en mayo de 1986 (ver infra párrafos 76-79). 36. En este sector de la suplencia de la queja las reformas de diciembre de 1983 sólo fueron aclaratorias, puesto que se adicionó el articulo 76 de la Ley de Amparo, para modificar este precepto, que consagraba de manera potestativa la suplencia de la queja respecto de los actos apoyados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corre de justicia, la que ahora se transforma en obligatoria para los jueces de amparo. los cuales, además deben sujetarse a los plazos más breves introducidos en los articulos 156 y 182 bis del mismo ordenamiento, comentados anteriormente (ver supra párrafo 33). 37. La reforma realmente importante se refirió a los supuestos en que no procedía entonces la suplencia de la queja, en los cuales se aplicaba el llamado amparo de estricto derecho regulado en materia civil por el texto original del articulo 79 de la Ley de Amparo, y que se extendió a las controversias administrativas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 38. Este principio de amparo de estricto derecho, criticado acerbamente y cen toda razón por la doctrina, proviene de los artículos 759 y 767 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908 que pretendían restringir el amparo contra sentencias judiciales, el que se había convertido en un verdadero problema para la Suprema Corte de Justicia como claramente lo habían previsto el ilustre Emilio Rabasa, todo elJo por la influencia extremadamente formalista y dispositiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. 39. La redacción del articulo 79 de nuestra Ley de Amparo, de acuerdo con las reformas de diciembre de 1983 (modificada nuevamente en mayo de 1986),

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pretendió recoger Jos lineamientos del citado principio ¡lira novit curia. a través de una corrección menos amplia que la relativa a la mencionada suplencia de la queja y por ello se reduce a la enmienda del error en la cita no sólo de los preceptos estrictamente constitucionales, que en la mayor parte de los casos, como ocurre con la invocación mecánica de los articulas 14 y 16 de la ley suprema cuando no se impugna su violación directa, sólo se utilizan como un simple apoyo formal para llevar el asunto al conocimiento de los tribunales federales. 40. La modificación que se introdujo en este aspecto en la reforma de diciembre de 1983 al texto del citado articulo 79, se refiere a la rectificación en la mención de los preceptos de carácter legal, lo que resulta más frecuente, tomando en cuenta que una equivocación en las disposiciones legales aplicables a la controversia respectiva, no debe constituir un obstáculo en un sistema procesal moderno, para que el juez resuelva (con mayor razón cuando son evidentes) sobre las violaciones legales invocadas, puesto que debe conocer y aplicar las normas r.orrectas. 41. El segundo aspecto del nuevo precepto legal se refirió a la facultad que se otorgó a los propios tribunales de amparo para examinar en su r.onjunto los agravios y conceptos de violación, así r.omo los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin alterar los hechos expuestos en la demanda. Debe tomarse en consideración que por falta de asesoramiento, es frecuente que los argumentos de las partes no se expongan en forma adecuada y sistemática, pero los conocimientos que deben poseer los jueces federales les pennite, al analizar en su conjunto dichos argumentos. interpretarlos en forma correcta y pronunciar una sentencia que debe aspirar a una solución justa de la controversia y no a una decisión puramente convencional que se escude en la falta de claridad de los propios agravios o de los conceptos de violación. 42. Debemos tomaren consideración que no sólo en nuestro país sino en muchos otros, no existe un sistema eficaz de acceso a la justicia, por lo que los litigantes de escasos o inclusive de medianos recursos económicos no tienen la posibilidad de contar con un asesoramiento profesional eficaz, indispensable en la impugnación de resoluciones judiciales y administrativas, que plantean pwblemas cada vez más técnicos y complejos. 43. e) La probidad procesal y la elevación de las sanciones pecuniarias. Uno de los aspectos que provocó debates, especialmente entre los abogados litigantes, pero también en algunos tratadistas, tenía relación con la elevación de las multas establecidas por la Ley de Amparo, introduciendo algunas otras que antes no existían, pues se llegó a sostener que estas modificaciones constituyeron una restricción a la procedencia del juicio de amparo. 44. Es preciso, por tanto, examinar la situación de sanciones pecuniarias de acuerdo con los principios del proceso moderno, y no de manera aislada como lo hicieron los opositores a esta reforma. En efecto, uno de los aspectos del procesalismo contemporáneo consiste en exigir a las partes una conducta de colaboración

LA REfORMA EN EL DERECHO DE AMPARO

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con el juez para llegar a una solución justa de la controversia. desalentando el comportamiento indebido de las propias partes o de sus asesores. cuando utilizan

todo tipo de maniobras para agotar y desorientar al adversario y al juez. Estos lineamientos éticos se califican como probidad procesal. 45. Debemos partir de dos supuestos apoyados en la experiencia judicial: el primero se refiere al abuso que se ha hecho del juicio de amparo. el cual se ha

acrecentado en los últimos años, especialmente en la impugnación de las sentencias y resoluciones judiciales. y en segundo término, al menos parcialmente. esa conducta indebida de los litigantes tenía como causa a la ineficacia de las multas establecidas para sancionar dicho comportamiento, cuya cuantía se fijó en su mayor parte en la época en que entró en vigor la actual Ley de Amparo (lO de enero de 1936); monto que se había convertido en irrisorio por la pérdida del valor de la moneda y tampoco poseían eficacia intimidatoria las que se habían modificado con

posterioridad, puesto que también se fijaron hace varios años. 46. Por tanto, las modificaciones de diciembre de 1983 tuvieron dos propósitos esenciales: por una parte actualizar el monto de las multas y por la otra. apoyarse

en un criterio flexible que hiciera innecesario reformas continuas para adecuar dicho monto a las constantes variaciones monetarias que en los últimos años han sido muy acentuadas. Por ello fue necesario introducir un nuevo precepto en la Ley de Amparo, el artículo 3° bis, según el cual las multas previstas por el citado ordenamiento deben imponerse a razón de días de salario, tomando cnmo base para su cálculo el mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de realizarse la conducta sancionada. 47. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los preceptos reformados implicaban sólo actualización de multas anteriormente existentes. como ocurrió con los artículos 16, 41, 5 J, 71, 90, 102, 149 Y 152 Ysólo en algunos otros como son los artículos 49, 61, 81 (éste sólo parcialmente). 103, 153 Y 164, se introdujeron nuevas sanciones que no estaban previstas con anterioridad, pero claramente justificadas puesto que pretenden impedir conductas indebidas muy frecuentes en la práctica judicial. 48. Además, debemos destacar que contra lo que alegaron algunos de los opositores a las reformas, dichas multas no se imponen con motivo de errores, equivocaciones o por el hecho de no obtener una resolución favorable (esto último equivaldría a una condena objetiva en costas) puesto que, aun cuando se encontraba implícito, el Congreso de la Unión, a propuesta de las comisiones respectivas. adicionó el citado artículo 3° bis con una disposición en el sentido de que: ."El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren acruado de malilfe". 49. Resulta significativo el examen del artículo 81 de la Ley de Amparo en su redacción de acuerdo con la reforma de 1984, pues si bien en su primer párrafo se sustituyó el monto de la multa anterior de mil a diez mil pesos, por la de diez a

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ciento ochenta días de salario, cuando el juicio de amparo se sobresea o se niegue la protección solicitada por haberse interpuesto la demanda sin motivo, los otros dos párrafos de este precepto aclaraban el criterio genérico que se adoptó para sancionar la conducta ilícita de las partes. 50. En efecto, alIado de una situación específica relativa al sobreseimiento por las causas de improcedencia apoyadas en la litispendencia o la cosa juzgada (frs. III y IV del articulo 73 de la Ley de Amparo), que indicaban, en el mejor de los casos, un comportamiento negligente de los promoventes de dos juicios de amparo idénticos; las siguientes disposiciones podían considerarse como de carácter general, puesto que consideraban como impropia la conducta procesal de las partes que tenía como propósito entorpecer la tramitación y solución del asunto, y además, se agravó severamente la sanción en casos de reincidencia de ese comportamiento prohibido, la que podía elevarse hasta tres tantos de la suma señalada. 51. Precisamente en relación con este artículo 81, el destacado tratadista Ignacio Burgoa Orihuela publicó un articulo periodístico en el que denunció en tono dramático, que: "La modificación de este precepto entraña un baldón para nuestro juicio de amparo", por considerar que se traducía en una grave limitación para la

interposición del mismo, especialmente para los gobernados de escasos recursos. Tenemos la convicción de que el conocido jurista mexicano interpretó sin la debida serenidad la citada reforma, que no significó, contra la respetable opinión del profesor Burgoa, una condena de carácter objetivo, que se impondría por el solo hecho del vencimiento, sino una sanción por conducta ilícita, que debe calificarse de acuerdo con un criterio discrecional del juzgador, el que debe apoyarse en parámetros objetivos señalados por el legislador, y que pretenden excluir la arbitrariedad que puede presentarse en casos aislados, como ocurre en cualquier decisión judicial, pero que puede corregirse a través de los recursos correspondientes. Debe tomarse en cuenta, además que el propio articulo 81 de la Ley de Amparo fue modificado nuevamente en 1986, atenuando algunos de sus aspectos (ver infra párrafo 72). 52. Por otra parte, debemos tomar en consideración que la elevación de las sanciones económicas existentes entonces y la introducción de algunas nuevas, tuvo como finalidad obligar a los promoventes del amparo (que no son los únicos a los que puede multarse), a las autoridades demandadas, así como a los terceros interesados, a conducirse, de una manera leal y correcta, evitando maniobras y subterfugios que desafortunadamente se han arraigado en nuestra actividad forense. En otros ordenamientos existen varios instrumentos establecidos para desalentar la conducta ilícita de las partes y en particular de los abogados que las asesoran, como son la condena en costas no sólo por criterios estrictamente objetivos, es decir, con motivo de resoluciones desfavorables, sino también con apoyo en el comportamiento indebido de las partes, que llega hasta el cobro de dichas costas inclusive al vencedor. Tampoco existen en nuestro sistema jurídico los códigos de ética


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profesional a los cuales deban sujetarse los defensores letrados de las partes, ni tampoco su afiliación obligatoria a los colegios de abogados, una de cuyas funciones es la de vigilar la conducta profesional de sus miembros, de manera que el único freno de nuestro ordenamiento para desalentar la conducta ilícita, es el de las sanciones pecuniarias. las cuales habían perdido toda su fuerza y era necesario vigorizar.

53. O) La actividad del Ministerio Público. La situación de este representante social en el juicio de amparo ha sido muy variada, en virtud de que en las primeras leyes de amparo se encomendó al llamado promotor fiscal la función de defender la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, al no reconocerse a la autoridad cuyos actos se impugnaba, como la parte demandada, y cuando expresamente se otorgó a esta última la calidad de parte en el artículo 670 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, se confirió al propio Ministerio Público Federal la función de promoción y vigilancia de la administración de justicia, que se tradujo en opiniones orientadoras y en la fiscalización de las actuaciones judiciales, de acuerdo con la concepción española del ministerio fiscal. 54. Esta fue la situación del citado representante social en los artículos 11, fr. IlI, de la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919, y el texto original de la fr. IV del 51 del ordenamiento vigente a partir del 10 de enero de 1936. Por este motivo, tanto la doctrina como la jurisprudencia calificaron a dicho Ministerio Público Federal como "parte reguladora" o "parte equilibradora" en el juicio de amparo, pero en estricto sentido no tenía la calidad de parte procesal puesto que no asullÚa una actividad contradictoria dentro del procedimiento respectivo, toda vez que no le estaba permitido presentar elementos de convicción, formular alegatos O interponer recursos. 55. Sin embargo, esta situación se fue transformando de manera paulatina en las sucesivas reformas al citado precepto legal, primero en 1951, que autorizó a dicho representante para intervenir sólo en los juicios de amparo en los cuales considerara que existe interés público, intervención que la práctica se limitaba a la elaboración de un dictamen, calificado como pedimento. Mayor importancia posee la modificación al mismo precepto el 20 de marzo de 1976 que autorizó al propio Ministerio Público para interponer todos los recursos establecidos por la referida Ley de Amparo, con lo cual se le confería, así fuera formalmente, el carácter de una verdadera parte, pero todavía de manera imprecisa en relación con las otras partes que asumen una actitud contradictoria en la controversia. 56. A pesar de lo anterior, la posición del Minísterio Público Federal no quedó aclarada, por 10 que se realizó una nueva reforma por decreto legislativo promulgado e129 de diciembre de 1980, que señaló sus dos funciones esenciales, es decir, "para promover la pronta y expedita administración de justicia", y en segundo término para "interponer los recursos que señala la misma [Ley de Amparo]".

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57. No obstante, la incertidumbre persistió respecto a la legitimación del referido Ministerio Público Federal para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de los jueces de Distrito, en virtud de que algunos tribunales colegiados de circuito estimaron que el propio Ministerio Público no resultaba afectado, como las otras partes, por las mencionadas resoluciones al carecer de la calidad de titular de un derecho subjetivo o de la representación de los intereses contradictorios. 58. En tal virtud, la modificación del invocado artículo 5°, fr. IV, de la Ley de Amparo por la reforma de diciembre de 1983, se concretó a aclarar con toda precisión las dos funciones del Ministerio Público Federal, señalando que el mismo podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicha Ley, independientemente de las obligaciones que la misma le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia, lo que está relacionado con las atribuciones que el artículo 3°, fr. 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República promulgada el 17 de noviembre de 1983, otorga al citado Ministerio Público Federal en cuanto a la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad y que comprende su intervención como parte en todos los juicios de amparo. 59. Por otra parte. ninguna de las refonnas relacionadas con la situación procesal del Ministerio Público ha tomado en cuenta su función de acusador en el proceso penal, en virtud de que el citado articulo 5° de la Ley de Amparo, al referirse al tercero interesado en el juicio de' amparo promovido por el inculpado, sólo menciona al ofendido o a las personas que, conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en cuanto el propio ofendido no es parte para los efectos de la resolución de fondo en el mismo proceso penal, pero no se hace referencia al Ministerio Público, local o federal, que hubiese intervenido como acusador en el proceso ordinario y a quien el diverso articulo 180 de la propia Ley de Amparo le otorga la facultad de formular alegatos en el amparo de una sola instancia contra la sentencia definitiva. 60. E) Simplificación del procedimiento. Una de las peticiones más insistentes de los abogados, se ha referido a la necesidad de hacer más sencillo el trámite, puesto que ha adquirido una extraordinaria complejidad que dificulta la intervención de las partes en el mismo. Lo anterior no resulta sencillo si se toma en consideración que el juicio de amparo asume varias funciones en alguna de la cuales es posible seguir un procedimiento sencillo y rápido, cuando, por ejemplo, se protege la libertad personal, especialmente fuera de procedimiento judicial, en el cual se aplican los lineamientos esenciales del habeas corpus; pero no sucede lo mismo cuando se trata de impugnar resoluciones judiciales o actos de la administración activa, respecto de las cuales el amparo posee las características del recurso de casación o del proceso de ]0 contencioso administrativo. que tienen naturaleza

técnica y compleja.


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61. No obstante lo anterior, se puede lograr la depuración del procedimiento de

amparo, en todos sus aspectos, si se suprimen formulismos y tecnicismos innecesarios, para lo cual es preciso realizar una revisión minuciosa de toda la Ley de Amparo, la que ha sufrido numerosas reformas que no siempre han sido cuidadosas. Como esto no era posible en las reformas parciales aprobadas en diciembre de 1983, se optó por modificar las situaciones más ostensibles, de las cuales sólo comentaremos las que a nuestro criterio asumen mayor significado. 62. Entre las reformas que pretenden la simplificación del procedimiento de amparo debemos destacar las que suprimieron la alternativa que existía en la legislación anterior para presentar la demanda o el recurso de revisión, ya sea ante eljuez o tribunal que pronunció la resolución impugnada, por conducto de unjuez de distrito, o directamente anle la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados, según lo dispuesto por el texto original de los artículos 86 y 167 de la Ley de Amparo; opción que se prestaba a maniobras dilatorias de los litigantes y, en todo caso, se traducía en el retraso de la tramitación del asunto. 63. El actual artículo 163 de la Ley de Amparo, siguiendo el principio general de interposición de los medios de impugnación, dispone que en todo caso la demanda de amparo contra sentencias definitivas debe presentarse por conducto de

la autoridad judicial demandada, y que ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie de ese escrito la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y de la presentación de la instancia. Si no consta en autos la citada fecha de notificación, dicha autoridad, de acuerdo con el artículo 164 en vigor y sin perjuicio de enviar los autos o constancias al tribunal de amparo. debe remitir la constancia respectiva dentro de las veinticuatro horas siguientes de aquella en que obre en su poder dicha información, pues en caso de omitirla o no enviarla en tiempo se le sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. 64. Al cambiar la complicada tramitación de los preceptos anteriores, los actuales artículos 167 a 169 con la reforma al artículo 168 aprobada en 1986, simplificaron el procedimiento de presentación de la demanda, la distribución de las copias de la misma y el emplazamiento ante el tribunal del amparo, al cual debe enviarse el expediente o las constancias necesarias, sancionando también al juez o tribunal demandado con una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario cuando no se remiten dichos autos o constancias dentro de las veinticuatro horas siguientes de la presentación regular de la demanda, o en el plazo máximo de tres días en el supuesto de expedición de copias certificadas. 65. El motivo plenamente justificado que se adujo en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial correspondiente para adoptar este nuevo procedimiento, se apoya en el razonamiento de que el juez o tribunal que dictó el fallo impugnado y ante el cual debe presentarse la demanda, es el que tiene la obligación de decidir sobre la suspensión del acto reclamado, de emplazar ajuicio a las partes, consignar la fecha de notificación de la resolución reclamada y remitir el expediente

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ante el órgano competente para conocer del juicio de amparo. Se agregó en dicha exposición de motivos, que con esa medida, además de lograrse mayor celeridad en la tramitación, se evita la maniobra frecuente de los litigantes de presentar directamente la demanda con el único propósito de retrasar la solución del asunto. 66. Por razones sinúlares a las anteriores, se suprinúó también la opción prevista en el artículo 86 de la Ley de Amparo en su redacción original, que autorizaba a los recurrentes a interponer el recurso de revisión ya sea ante el juez de primer grado (de distrito o superior del tribunal respectivo) o directamente ante la Suprema Corte o los tribunales colegiados competentes, de manera que según el mismo precepto

pero en su texto actualmente en vigor. el recurso debe presentarse únicamente ante el juez o tribunal de primera instancia, y además se amplió el plazo de cinco días anterior, al de diez días contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. 67. Con el propósito de superar la costumbre fuertemente arraigada de presentar demandas o recursos ante la Suprema Corte o los tribunales colegiados, en los artículos 86 y 165 de la Ley de Amparo, se adoptó la disposición enérgica de que dicha presentación directa (actualmente suprinúda), no interrumpe los plazos respectivos, 10 que implica una sanción rigurosa que obligará a los promoventes, y especialmente a sus abogados asesores, a tener mayor cuidado en el cumplinúento de las nuevas disposiciones. 68. Además de la ventaja que significa la simplificación y celeridad del procedinúento en la presentación de las demandas y recursos de revisión, debe destacarse la mejoña que implica para los litigantes el acudir a los jueces o tribunales que se encuentran próximos a su residencia habitual, y de no tener la necesidad de trasladarse a los lugares donde funcionan los Tribunales Colegiados de Circuito o inclusive hasta la ciudad de México para acudir ante la Suprema Corte de Justicia, o bien de encargar esos negocios a los abogados que realizan sus actividades profesionales en las últimas poblaciones. 69. F) Correcci6n de algunos textos legales. Las reformas de diciembre de 1983 a la Ley de Amparo también comprendieron la ennúenda en la redacción de algunos preceptos que en su texto original o con motivo de las numerosas modificaciones

posteriores, requeñan de aclaración o precisión. Dichas correcciones fueron numerosas, por 10 que nos linútaremos, dada la índole de este sencillo comentario, a mencionar el ejemplo que consideramos de mayor trascendencia. 70. Esta modificación se refiere al perfeccionamiento de varios de los preceptos que regulan la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales, que adolecían de numerosas repeticiones, y por el contrario, faltaba precisión en otrOs. Para lograr este propósito en las citadas reformas, se fundan en uno solo los anteriores artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, de carácter reiterativo y se unen en el actual 192, en el cual se establecen los lineanúentos de la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia, tanto la sustentada por el tribunal en pleno como en las


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salas, y se adicionan dos párrafos, necesarios para aclarar que tamhién constituyen jurisprudencia las tesis que diluciden las contradicciones de sentencias de las salas (agregándose también las de los tribunales colegiados en las reformas de 1986) y que, cuando se trate de resoluciones sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes de los estados, dicha jurisprudencia podrá formarse con independencia de que las sentencias en las que se apoye provengan de una o varias de las propias salas, tomando en consideración que dichos asuntos los conocen por tumo y no por materia. El artículo 193 vigente regula los requisitos de lajurisprudencia obligatoria de los tribunales colegiados de circuito. 71. En las reformas que analizamos, se introdujo un nuevo precepto, el 194 bis, que también era indispensable, en virtud de que la publicación de las tesis de jurisprudencia obligatorias carecía de los lineantientos precisos y en ocasiones daba lugar a confusiones. En dicha disposición actual se establece que el pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los tribunales colegiados de circuito, deben aprobar el texto de las citadas tesis de jurisprudencia, así como, en su caso, las que interrumpan o modifiquen, a fin de que de~erntinen en forma expresa su contenido y alcance, puesto que estos criterios podían redactarse anteriormente por otros funcionarios judiciales, sin la intervención del órgano creador de la propia jurisprudencia.

IV. LAS RECIENTES MODIFICACIONES DE 20 DE MAYO DE 1986 72. Las reformas a la Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1986, introducen cambios en la redacción de varios preceptos: 2°,7°,17,19,23,25,27,46,66,73, frs. VI y XII, 76, 79, RI, 83, 91, 94, 95,99,148,166, 168, 172, 177, 180, 183, 186, Y 192, y se adiciona uno nuevo, el 76 bis. Pero en realidad la mayoría de las modificaciones sólo pueden considerarse como correcciones gramaticales de los citados textos o aclaraciones necesarias por deficiencias de técnica jurídica y son muy escasas las que pueden considerarse de carácter sustancial. Nos lintitaremos a realizar el examen de las de mayor trascendencia. 73. A) La reforma que consideramos realmente significativa es la que se refiere a la ampliación de la suplencia de la queja a todas las materias, y no exclusivamente a aquellas que se habían establecido de manera paulatina, con lo cual culntina la evolución señalada anteriormente (ver supra párrafos 35 y 36) en rclación con el principio iura novit curia. 74. Esta ampliación de la suplencia fue propuesta por un grupo de senadores federales, los que presentaron primero una iniciativa para la reforma de la fr. 11 del artículo 107 de la Constitución federal; la que fue aprobada por el órgano revisor de la ley fundamental, en los térntinos del artículo 135 de la propia Constitución,

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ENSAYOS SOR RE EL DERECHO DE AMPARO

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1986. En esta modificación constitucional se suprimieron los diversos supuestos específicos de la suplencia de la queja que consignaba dicho precepto constitucional, pero conservándose las disposiciones tutelares en beneficio de los ejidatarios, comuneros y los derechos colectivos agrarios de los respectivos núcleos de pohlación. 75. Las disposiciones mencionadas fueron sustituidas por un precepto de carácter genérico: "En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos J03 y J07 de esta constitución". 76. Con objeto de reglamentar esta disposición fundamental. y de acuerdo con la segunda iniciativa presentada por los mismos senadores federales, se introdujo en las reformas de 20 de mayo de 19R6, al nuevo artículo 76 bis, en el cual se regulan seis hipótesis, separadas en diversas fracciones, de suplencia de la queja, la que, además, es obligatoria para el juzgador en todos los supuestos: a) En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes óoclaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, disposición que conserva la situación anterior pero una mejor redacción; b) En materia penal la suplencia opera aun en ausencia de conceptos de violación o de agravios de reo, lo que ya había reconocido la jurisprudencia calificándola de "suplencia máxima", y que resulta congruente con el principio in dubio pro reo. En esta misma dirección debe advertirse que se complementó este precepto con la modificación del diverso articulo 168, segundo párrafo, que anteriormente establecía la posibilidad de que se tuviese por no interpuesta la demanda de amparo de una sola instancia en materia penal, cuando el promovente, es decir, el procesado, no presentase las copias de la citada demanda en el plam que le fijara el juez o tribunal que dictó el fallo impugnado, y que no podía exceder de diez días. El nuevo precepto dispone que la falta de presentación de copias de la demanda de amparo penal de una sola instancia no será motivo para tenerla por no interpuesta, ya que el tribunal que conozca del amparo deberá ordenar de oficio la obtención de dichas copias. 77. e) De acuerdo con el tercer supuesto, la suplencia de la queja en los juicios de amparo promovidos O en los que figuren como partes, los campesinos sujetos de la reforma agraria, deberá sujetarse a los lineamientos del articulo 227 de la propia Ley de Amparo, que establezca la obligación de los jueces de amparo para suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los campesinos mencionados interpongan con motivo de dichos juicios. En nuestra opinión la citada suplencia no se circunscribe a la corrección delos errores o deficiencias en las instancias respectivas, sino que abarca también la presentación de oficio de los medios de convicción no allegados por las partes pero necesarios para el conocimiento de los hechos y la concesión del amparo, cuando proceda, respecto de los propios hechos probados, aun cuando


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fueren diversos de los señalados en la demanda (artículo 225 de la propia Ley de Amparo). 78. d) En cuarto lugar, se dispone que la suplencia de la queja en materia laboral sólo se aplicará en favor del trabajador, lo que ya se había señalado en la redacción anterior del artículo 76 y se había precisado por la jurisprudencia. No se incluye, por el contrario, el precepto relativo a la procedencia de la propia suplencia sólo cuando hubiese habido en perjuicio del propio trabajador una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa, lo que significa que el juez del amparo debe corregir los errores, omisiones o deficiencias del referido trabajador cuando 10 considere necesario para la resolución del proceso y no exclusivamente en casos de violaciones evidentes. 79. e) También se conserva la obligación del juez del amparo de aplicar la suplencia en beneficio de los menores de edad y de los incapaces. 80. J) En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente (es decir, se excluye del beneficio a las autoridades demandadas) una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Como hemos señalado con anterioridad, este es el aspecto de mayor trascendencia de las reformas de mayo de 1986, puesto que otorga una amplitud general a la suplencia de la queja, inclusive para los juicios de amparo en materias civil y administrativa, en las que tradicionalmente se aplicaba el principio del "estricto derecho" consagrado por el texto original del artículo 79 de la Ley de Amparo, y que se suprimió en las reformas de 1984, pero sin extender la suplencia a estos supuestos. 81. Tenemos el convencimiento de que la innovación introducida en las últimas reformas a la legislación de amparo debe considerarse positiva, pues si bien crean un riesgo de posible arbitrariedad por parte de los jueces federales, los que pueden aplicar de manera desorbitada esta atribución; la implantación como regla general del principio iura novit curia es COlIsustancial con la función directiva de los tribunales contemporáneos, que no pueden permanecer impasibles ante las violaciones ostensibles de la defensa de las partes, que generalmente se efectúan en perjuicio de los litigantes sin recursos y preparación cultural y que normalmente carecen de un adecuado asesoramiento. No sólo en los procesos en los cuales intervienen trabajadores y campesinos, o tratándose del acusado en materia penal, se presenta la desigualdad real de las partes, sino también en los conflictos civiles y mercantiles, en los que es frecuente que una de las partes se encuentre en situación de inferioridad: y desde luego en el proceso administrativo, en el cual la autoridad adquiere una situación preeminente por la índole misma de sus funciones y de sus actividades. 82. La extensión a todas las materias de la suplencia de la queja, que en los amparos civiles y administrativos sólo procede en supuestos de violaciones manifiestas. es decir, (evidentes u ostensibles), al derecho de defensa de una de las partes

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(derecho de defensa previsto por el artículo 14 de la Constitución federal), y requerirá de una mayor preparación de los jueces y magistrados federales que deben aplicar esta institución. Sin embargo, este requerimiento es indispensable para todas las atribuciones de dirección del proceso que paulatinamente se han incorporado a nuestra legislación procesal en general, y de amparo en particular. En esta dirección es significativa la labor del Instituto de Especialización Judicial dependiente de la Suprema Cone de Justicia, regulado por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 83. De manera congruente con la ampliación de la suplencia de la queja, se modificó en mayo de 1986 la redacción del artículo 79 de la ley de Amparo, modificado en 1984, según lo expresamos con anterioridad (ver supra párrafos 40-41), para suprimir la referencia a los casos en que no procedía la mencionada suplencia (amparos civiles y administrativos), ya que la citada institución es aplicable ahora en todas las materias, aun cuando con modalidades específicas en algunas de ellas. 84. B) Una segunda modificación que resulta conveniente destacar aun cuando carezca de la trascendencia de la que se refiere a la suplencia de la queja, es la que afectó a la redacción del artículo 81 de la Ley de Amparo. reformado a su vez en 1984 (ver supra párrafos 49-50), en cuanto regula los principios generales para la aplicación de sanciones económicas a la conducta indebida de las partes y de sus abogados, o ambos, al promover de manera abusiva el juicio de amparo. 85. Señalamos anteriormente, que la adecuación de las multas a los valores monetarios actuales, tomando en cuenta las variaciones del salario DÚnimo general, provocó una reacción desfavorable en un grupo de abogados que objetó esos cambios establecidos en 1984, por considerar que restringfan indebidamente el acceso de los gobernados ante los tribunales de amparo. Señalamos que dichas reformas no implicaron restricción alguna al ejercicio del derecho de acción de amparo, puesto que sólo se sanciona la conducta inadmisible de los litigantes, cuando los mismos hubiesen obrado de mala fe, según lo dispuesto por el artículo 8° bis de la propia Ley de Amparo. 86. En 1986 el legislador precisó los motivos genéricos de mala fe, (además ostensibles en la práctica judicial), en la interpretación del amparo, del cual se abusa con mucha frecuencia. El artículo 81 en su redacción actual dispone que cuando se dicte sobreseimiento o se niegue la protección en el juicio de amparo, se impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, de acuerdo con las circunstancias del caso, cuando se advierta que dicho amparo se promovió con el propósito de retardar la solución del asunto del que emana el acto reclamado O de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas. 87. Se suprimieron por considerarse innecesarias las sanciones pecuniarias cuando el sobreseimiento se hubiese dictado por la improcedencia del juicio en los casos de litis penden/ia o cosa juzgada (frs. ¡¡¡ y IV del artículo 73 de la Ley de


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Amparo), supuestos en los cuales, en el mejor de los casos, existe un notorio descuido por parte de los promoventes, pero en los que, de acuerdo con la regla del articulo 3° bis del mismo ordenamiento, no podía imponerse la multa sino cuando existiera mala fe, por lo que abara con mejor técnica, tiene aplicación la regla general. 88. Por el contrario, no consideramos justificada la supresión del párrafo tercero del referido articulo 81, que establecía un agravamiento de la sanción pecuniaria, hasta tres tantos de la suma máxima señalada, en los casos de reincidencia, pero que además. sólo se imponía al representante o autorizado en el asunto. y no al promovente del amparo. Si bien es verdad que el monto actual de las sanciones pecuniarias pueden desalentar conductas indebidas de los abogados, no pueden

evitar que en algunos supuestos. cuando se controviertan cuestiones de gran valor económico, se produzca reincidencia en la mala fe de los litigantes, con mayor razón en cuanto no existe, como hemos señalado anteriormente (sl/pra párrafo 50) la colegiación obligatoria, que faculte a las asociaciones profesionales a vigilar la conducta de sus agremiados.

V. LAS TENDENCtAS ESENCIALES DE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE AMPARO

89. Después de realizar un examen superficial a las modificaciones que se han introducido en la legislación de amparo en los últimos años y tomando en cuenta también los cambios en la competencia de los tribunales federales que conocen del juicio de amparo, podemos señalar las siguientes proyecciones esenciales: 90. A) En primer término podemos observar una tendencia cada vez más acentuada para reducir la competencia de la Suprema Corte de Justicia, de manera que conozca sólo de las controversias de amparo de mayor significación jurídica, social o económica, trasladando hacia los tribunales colegiados de circuito, cuyo número se ha incrementado de manera notable, todos los demás que se consideren de menor importancia. Esta modificación constante en el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia se ha realizado a través de dos instrumentos: no sólo se advierte en las reglas de competencia del más alto tribunal de la República, particularmente en las reformas de 1950y 1967, sino también y de manera paulatina y con mayor vigor, a través de facultades discrecionales de la Suprema Corte. 91. En efecto, señalamos que en el año de 1967 se otorgaron a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia atribuciones discrecionales para solicitar de los tribunales colegiados de circuito la remisión de aquellos juicios de amparo en materia administrativa, que no obstante tener una cuantfa inferior de aquella que se exigía para su conocimiento directo por el más alto tribunal del país, se consideren,

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a juicio de dicha sala, de importancia trascendente para los intereses de la nación (ver supra párrafo 18). 92. En las reformas promulgadas en diciembre de 1983 se ampliaron de manera considerable dichas facultades discrecionales al conferirse a las salas restantes, es decir, primera (penal) tercera (civil) y cuarta (laboral), facultad discrecional de enviar a los tribunales colegiados de circuito que correspondan, para su resolución, los juicios de amparo promovidos ante ellas, cuando carezcan de importancia y de trascendencia sociales. A la inversa, dichas salas pueden ordenar a los propios tribunales colegiados que les remitan los procesos de amparo que por su especial entidad deban ser resueltos por ellas. En ambos supuestos, la Suprema Corte de Justicia procederá únicamente de oficio o a petición del Procurador General de la República ( artículos 24, fr. XIV; 26, fr. XII y 27, fr. X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). 93. Esta forma de reducir la competencia de la Suprema Corte en materia de amparo obedece a una vigorosa corriente doctrinal que ha señalado la necesidad de aproximarse al ejemplo de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, la cual conoce de un porcentaje predominante de controversias a través de su facultad discrecional que se plantea a través de la instancia conocida con la denominación de cerriorari, que le permite elegir sólo aquellos asuntos que a su juicio plantean cuestiones novedosas de constitucionalidad, y decidir que los restantes deben quedar firmes o bien trasmitirse a los tribunales de circuito de apelación, que realizan una función auxiliar, como ocurre con los colegiados de circuitos mexicanos, para que resuelvan dichos conflictos de acuerdo con la jurisprudencia de la propia Corte. 94. B) Una segunda tendencia notoria en las reformas que entraron en vigor de mayo de 1951, ha consistido en ampliar de manera paulatina pero constante, la institución correctora de las deficiencias de la parte débil o mal asesorada en el juicio de amparo, que se conoce con el nombre de suplencia de la queja, que primero sólo se aplicaba en materia penal en beneficio del acusado promovente, pero que posteriormente a dichas modificaciones se extendió a los promotores del amparo contra actos que se apoyen en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; en beneficio del trabajador y de los menores e incapaces, y de manera particular para corregir los errores de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria, puesto que, en nuestro concepto, en esta materia comprende dicha suplencia la obligación del juez del amparo de allegar al proceso las pruebas que no hubiesen aportado las partes y considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y además, la concesión de la protección respecto de los propios hechos efectivamente demostrados, aun cuando fueren diversos de los señalados en las instancias de los propios campesinos.


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95. Esta evolución culminó en las reformas constitucionales y legales publicadas en abril y mayo de 1986, por las cuales se amplió la suplencia de la queja en las materias en las que todavía no se aplicaba, es decir, civil y administrativa, de manera que en la actualidad, dicha suplencia es obligatoria para los jueces y tribunales de amparo en todas las materias, pero en los conflictos civiles y administrativos sólo en el supuesto que se advierta que ha habido en contra del quejoso o recurrente una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa. Lo anterior, en relación con el texto modificado en 1984 y 1986 del artículo 79 de la Ley de Amparo, que autoriza a dichos juzgadores para corregir los errores que cometan las partes en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, significa la implantación de manera fmne del principio iura novit curia, que se ha replanteado en los ordenamientos procesales contemporáneos como uno de los postulados esenciales del procesalismo cientffico, que atribuye al juez la dirección del proceso, aun en aquellos aspectos en que tradicionalmente había imperado el principio dispositivo. 96. el El tercer sector en el cual se observa una evolución importante en las recientes reformas a la legislación de amparo. se refiere al deber de lealrad y probidad de las partes en el juicio de amparo, y específicamente de los abogados

que las asesoren, que deja de tener un significado exclusivamente ético para asumir carácter jurídico;en cuanto la violación de este principio, desafortunadamente muy frecuente en nuestra práctica forense en materia de amparo, se sanciona con multas de cuantía elevada, con el objeto de desalentar a aquellos que pretenden lograr ventajas indebidas de subterfugios y maniobras. Este principio que se adviene ya con claridad en las reformas de 1984 y 1986, se ha reforzado en virtud de la adecuación de la cuantía de las multas, cuyo monto tiene como base el salario l1Únimo vigente en el Distrito Federal en el momento de realizare la conducta sancionada, ya que el sistema anterior de tomar en cuenta una cantidad fija, ya no tenía ninguna eficacia debido a la pérdida muy acelerada del valor monetario. En el articulo 81 de la Ley de Amparo, se establecieron las reglas generales sobre la violación de este deber de lealtad y probidad, de manera que la sanción debe imponerse por el juzgador cuando se adVierta que el juicio de amparo se promovió con el propósito de retardar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer las resoluciones respectivas, y además, siempre que los infractores hubiesen actuado da mala fe, de acuerdo con el articulo 3° bis de la misma Ley de Amparo. 97. Aun cuando esta situación ha provocado objeciones de un sector de abogados litigantes y de algunos tratadistas, la misma resulta justificada y deben perfeccionarse los instrnmentos que obliguen a los asesores de las partes a comportarse como

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verdaderos colaboradores del juez, sin descuidar su deber de defensa de la parte

respectiva, puesto que en nuestro ordenamiento. no obstante los abusos evidentes en la interposición y tramitación del juicio de amparo, no existe la condena en costas, ni tampoco la fiscalización de los colegios de abogados sobre la conducta de sus agremiados, puesto que en nuestro ordenamiento no existe la colegiación obligatoria. Por otra parte, debería seguirse el ejemplo de las recientes reformas al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, promulgadas en diciembre de 1984, y en las cuales se introduce el Registro Judicial para anotar las infracciones de los abogados de las partes que puedan motivar la imposición de sanciones, incluyendo las de carácter pecuniario (artículo 61 en su texto vigente). VI. LAS PERSPECTIVAS FUTURAS, LA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL CONSlITUCIONAL y LA DECLARACIÓN GENERAL DE INCONSlITUCIONALlDAD

98. Como hemos señalado anteriormente, se observa una marcada tendencia bacia el otorgamiento de facultades discrecionales a la Suprema Corte de Justicia para decidir sobre su propia competencia, si bien no en la forma tan amplia como la que se ha conferido a la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos a través del cerliorari (ver supra párrafos 91-93), con independencia de la modificación de las reglas de competencia del más alto tribunal de la República para dejarle sólo el conocimiento de los juicios de amparo de mayor trascendencia jurídica, económica o social. 99. En esta dirección podemos señalar el resurgimiento de los ensayos legislativos de 1944 y de 1959, en los que se presentaron iniciativas, la primera por el presidente Manuel Avila Carnacho y la segunda por el senador Rodolfo Brena Torres, a fin de que la Suprema Corte de Justicia conociera de manera exclusiva cuestiones directas de constitucionalidad, confiriendo totalmente a los tribunales de circuito (los colegiados todavía no se creaban en la primera fecha) el conocimiento de los juicios de amparo en los cuales se discutieran sólo la aplicación de disposiciones legislativas ordinarias. 100. Actualmente, las proposiciones mencionadas, que en sU tiempo fueron muy discutidas y no tuvieron aceptación, se han abierto paso de manera paulatina en la doctrina y en las modificaciones legislativas que hemos mencionado con anterioridad, pues se observa que de manera irreversible se avanza bacia la configuración de la Suprema Corte mexicana como un verdadero tribunal constitucional que conozca y decida sobre la aplicación de las disposiciones de la Constitución federal. 101. Dentro de este desarrollo del más alto tribunal de la República, podemos señalar algunos aspectos esenciales que deben analizarse con mayor profundidad que hasta este momento, con objeto de modificar criterios tradicionales que se oponen a esa transformación, si tomarnos en cuenta los profundos cambios que se


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observan en lajusticia constitucional de nuestra época y ante los cuales no podemos permanecer indiferentes. si hicn debemos adaptarlos a nuestro ordenamiento a través de los lineamientos y peculiaridades que requiere nuestra tradición jurídica. 102. El primer problema que es necesario examinar es el relativo al de las llamadas "cuestiones políticas", debido a los cambios sustanciales al criterio que por muchos años se ha conservado en la jurisprudencia de los trihunales supremos. en el sentido de que las decisiones de carácter político no podían ser examinadas por los órganos judiciales en vinud de que los mismos no estaban facultados para decidir sobre problemas que corresponden a la esfera discrecional de los restantes órganos de gobierno. En esta materia ha existido un largo camino que la doctrina ha calificado como "lucha contra las inmunidades del poder", que ha reducido paulatinamente la esfera de las cuestiones "no judiciables". 103. También en esta materia podemos acudir, en vía de ejemplo, a las transformaciones operadas en la jurisprudencia de la Suprema Cone Federal de los Estados Unidos, en la cual había predominado la exclusión en el conocimiento de las llamadas "cuestiones políticas" (Polilical Queslions) pero que se modificó sustancialmente en los años sesenta de este siglo, en cuanto la misma Cone noneamericana ha resuelto controversias que tradicionalmente se estimaban dentro de esta materia, incluyendo problemas relativos al régimen electoral de las entidades federativas. 104. En el ámbito latinoamericano los tribunales han sido mucho menos audaces yen términos generales, se han mantenido dentro del esquema clásico de los actos políticos no justiciables, actitud que ha sido favorecida, cuando no provocada, por la administración, para impedir la intervención judicial respecto de algunos de sus actos que han sido calificados como "actos de gobierno". 105. Sin embargo, algún intento se ha hecho para precisar los límites del carácter político de los actos de gobierno, a través del concepto de razonabilidad, que esencialmente ha sido sostenida por la Cone Suprema argentina, y en algunos ordenamientos se han establecido tribunales electorales a través de los cuales se establecen los límites jurídicos de una de las materias que se han considerado "políticas" por excelencia. 106. Por este motivo, entre las conclusiones que se adoptaron en el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, que se efectuó en la ciudad de México durante los días 27 a 30 de agosto de 1975, se aprobó lo siguiente: "La función jurisdiccional de los tribunales latinoamericanos, especialmente las Canes Supremas y el ejercicio de la función de justicia constitucional, sólo podrá lograr efectividad, asr sea limitada, cuando se superen los obstáculos hasta ahora insalvables de la inrerpretaci6n desorbilada de los actos polílicos y de gobierno, así como las constantes declaraciones de emergencia y la promulgación de estatutos calilicados con razón O sin ella de 'revolucionarios' y para ello podrían utilizarse los instrumentos de 'razonabilidad' que ha sostenido valientemente la Suprema Cone

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argentina, y en lo que resulte aplicable, el recurso de 'desvío de poder' , creado por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, para determinar los límites de las facultades discrecionales del ejecutivo". 107. Restringiendo el examen al juicio de amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia desde hace tiempo ha aceptado el conocimiento y resolución de las controversias de amparo sobre las facultades discrecionales de las autoridades administrativas, en virtud de que ha sustentado la tesis obligatoria de que: "El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma

arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretenda apoyar la resolución, o cuando el rawnamiento en que la misma se apoya es contrario alas reglas de la lógica" (Tesis 372, pp. 628-629, apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tercera parte, II, segunda, sala publicado en 1985). 108. Pero en cuanto a los derechos políticos de los gobernados,lajurisprudencia obligatoria de la propia Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio inalterable desde hace muchos años en el sentido de que: "La violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías individuales" (tesis 128, p. 192, del apéndice al Semanario Judicial de Úl Federación, octava parte, jurisprudencia común al pleno y a las salas, publicado en 1985), como una orientación muy restrictiva sobre las funciones del más alto tribunal de la República, puesto que resulta evidente que a través de otros aspectos de su competencia, como las controversias constitucionales reguladas por el artículo 105 de la Constitución o el procedimiento investigatorio a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del artículo 97 de la misma carta fundamental, ha debido conocer y en ocasiones resolver, cuestiones que pueden calificarse como de carácter político. 109. No se trata de examinar a este respecto si el juicio de amparo tiene o no carácter político, como lo sostuvo un sector de la doctrina, especialmente en el siglo anterior, sino reflexionar sobre si puede tutelar también además de los derechos individuales de carácter tradicional y los de carácter social incorporados por la Constitución de 1917, algunos de los derechos políticos otorgados por la misma ley suprema. 110. En este sentido, la doctrina contemporánea ha considerado que los derechos políticos son claramente derechos humanos, de la misma categorfa de los derechos individuales clásicos o los sociales surgidos a partir de la primera posguerra; pero lo más importante es determinar si los citados derechos políticos pueden considerarse, además, como dereclws fundamentales, es decir como aquellos reconocidos en la Constitución y que además poseen la posibilidad de ser tutelados procesalmente.


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1 H. Ya desde el siglo anterior y de acuerdo con las disposiciones de la cana federal de 1857, Ignacio Luis Vallana sostuvo que como "garantías individuales" no sólo podían invocarse en el juicio de amparo las que se consignaban en los primeros 28 artlculos de dicha ley suprema (como ocurre también con la Constitución vigente), sino también aquellos preceptos que si bien no hablaban de esos derechos, los explicaban y complementaban. 112. De acuerdo con esta tesis extensiva de los derechos consagrados constitucionalmente, es decir, de los derechos fundamentales de carácter individual, ha sido posible ampliar la tutela del juicio de amparo a los derechos sociales consagrados por el articulo 123 de la cana federal, así como al concepto de proporcionalidad y equidad de los impuestos establecido por el articulo 31, fr. IV, de la misma Constitución. H3. Desde este punto de vista, existen algunos derechos politicos de los ciudadanos mexicanos que deben considerarse de carácter fundamental: varios de los consignados en el artículo 35 de la Constitución federal, como son los relativos al derecho de voto y al de ser electo para cargos públicos, o al de asociación para tratar asuntos políticos, este último relacionado con el establecido en el articulo 9" de la misma Constitución. 114. Pero también existen derechos colectivos sobre la formación de asociaciones políticas, que se precisaron en la reforma de diciembre de 1977, al constitucionalizarse los partidos políticos como: "entidades de interés público", que tienen como fin: "promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo". 115. Como la doctrina lo ha señalado, los partidos y las asociaciones políticas están vinculados con el citado derecho de asociación a que se refieren los artIculos 9° y 35, fr. I1I, de la cana federal, y por ello, en algunos aspectos pueden considerarse como derechos tanto individuales como colectivos; reglamentados por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada también en diciembre de 1977. 116. Sin embargo, existen actos contra los cuales no procede el juicio de amparo, como son aquellos que derivan de las autoridades que intervienen en el procedimiento electoral, puesto que, tanto en materia federal como en el de las entidades federativas, se ha implantado el sistema de autocalificación de elecciones para los miembros del órgano legislativo, según el articulo 60 de la Constitución federal, y de la Cámara de Diputados para decidir sobre la elección del presidente de la República (articulo 74, fr. 1) cuyas resoluciones son definitivas e inatacables, como 10 expresa el citado articulo 60 constitucional. En tal virtud son acertadas las

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disposiciones del artIenlo 73. frs. VII y VIII. de la Ley de Amparo. que establecen la improcedencia del propio amparo contra resoluciones de carácter electoral. 117. Al no contar nuestro ordenamiento jurídico con un sistema de tribunales electorales. no es posible que la Suprema Corte. así sea a través del anterior párrafo tercero del artíenlo 97 constitucional. y menos aún en los térnúnos del actual párrafo cuarto de dicho precepto fundamental. intervenga el procedimiento electoral con un mínimo de eficacia. por lo que resulta inexplicable. de acuerdo con nuestro sistema jurídico. la posibilidad de que el más alto tribunal de la República pueda investigar de oficio la violación del voto público cuando se ponga en duda la legalidad de todo el proceso de elección de algunos de los poderes de la Unión. y si bien la Suprema Corte no puede formular la declaración correspondiente (como ocurrió en 1876 con la desafortunada intervención de José Marfa Iglesias). sinn sólo comunicar el resultado de la investigación a la autoridad competente. lo que significaría privar de legitimidad a uno de los órganos del poder. 118. Por ese motivo. un sector de la doctrina se ha pronunciado en contra de la introducción del recurso de reclamación establecido en el mismo articulo 60 de la Constitución federal. ante la Suprema Corte de Justicia. contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. a fin de que dicho tribunal examine las violaciones sustanciales que pudieron haberse cometido en el desarrollo del procedimiento electoral o en la calificación misma y comunique su dictamen a la propia Cámara para que emita una nueva resolución. ya que con independencia de que no es conveniente la intervención de la Suprema Corte en problemas electorales. tampoco ésta puede opinar sobre el procedimiento electoral sin la existencia de una instrucción previa a cargo de jueces o tribunales electorales. Por ello su intervención se ha limitado a un examen puramente formal. 119. Por el contrarfo. existen otros actos o resoluciones de las autoridades que no son estrictamente electorales. como son los que se relacionan con el reconocimiento o registro de los partidos y las asociaciones políticas o con las prerrogativas de los primeros (artlenlos 24 a 98 del Código Federal Electoral). que puedan afectar los derechos colectivos de las agrupaciones polfticas y ser por ello objeto de tutela desde un punto de vista estrictamente jurídico. Hasta el momento no se ha hecho un examen a fondo de las transformaciones que en los derechos políticos. tanto individuales como colectivos de los ciudadanos. implica la reforma política de 1977. Y sus posibles implicaciones en enanto a su protección a través del juicio de amparo. 120. No se pretende en esta oportunidad sustentar un criterio preciso sobre esta materia en la enalla delimitación de las implicaciones jurídicas de las actividades políticas resulta complicada. pero sí es necesario revisar los criterios tradicionales para seilalar. con debida cautela. la procedencia del juicio de amparo y la función


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de la Suprema Corte de Justicia en la protección de ciertos derechos polfticos que anteriormente no podían tutelarse a través de nuestra máxima institución procesal. 121. Esta lenta transformación de la Suprema Cone en su conocimiento del juicio de amparo. hacia un tribunal que conozca de manera exclusiva o predominante cuestiones de constitucionalidad. se ha acelerado en los últimos años y se advierte el propósito de dar un paso definitivo en esta dirección. como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Senado de la República. como Cámara de origen. el 28 de octubre de 1986. en la cual se proponen reformas constitucionales para introducir las bases sobre las garantías judiciales de los tribunales de las entidades federativas. pero además señala la posibilidad de nuevas reformas a la carta federal. que deben presentarse en un futuro próximo con la colaboración de la Suprema Cone de Justicia. a fin de que ésta reduzca su competencia en materia de amparo y federal ordinaria. a la interpretación y aplicación de las disposiciones fundamentales. 122. En la pane relativa de dicha exposición de motivos. se sostiene de manera significativa: "El Ejecutivo a mi cargo considera que ha llegado el momento

histórico en que la Suprema Corte de Justicia se convierta en un verdadero tribunal constitucional. que al no desempeñar funciones diversas a la interpretación constitucional. refuerce su prestigio. impana justicia con las calidades ya apuntadas y mejore el desempeño de sus funciones constitucionales. lo que contribuirá a un mejor cumplimiento de todo el orden jurídico de nuestro país ..... 123. B) El otro gran problema que es necesario examinar. es el relativo a la declaración general de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas por conducto del amparo. no sólo tomando como ej~mplo a los tribunales constitucionales europeos. sino también la experiencia de la acción popular de inconstitucionalidad que ha tenido resultados satisfactorios en los ordenamientos de Colombia (1886. con varias reformas posteriores); Venezuela (1961). y posteriormente en Panamá (1972-1983) y El Salvador (1983). 124. Esta declaración general de inconstitucionalidad referida al amparo (puesto que ya existe esa posibilidad en al artículo 105 de la Constitución federal. a través de las llamadas "controversias constitucionales". ha obtenido el consenso de un sector cada vez más vigoroso de la doctrina mexicana. no ohstante la fuerza de la tradición de los efectos particulares. aun tratándose de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas. de acuerdo con la llamada "fórmula Otero". introducida por influencia de Mariano Otero en el artículo 25 del Acta de Reforma de 1847. y que todavía conservan la fr. n del artículo 107 de nuestra Constitución federal y el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Amparo. 125. No es posible examinar en este momento los argumentos que se han expuesto en favor y en contra de la declaración general de inconstitucionalidad en el juicio de amparo. pero así sea con un periodo de transición. será inevitable su implantación debido a exigencias ineludibles de la vida jurídica contemporánea.

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entre lo~ cuales se encuentran, por una pane, el respeto al principio fundamental de la igualdad de los gobernados ante la ley, y por la otra, la ineficacia de la decisión particular, con el propósito, como decía Tocqueville, de que la ley se vea herida por casualidad y sólo caiga bajo los golpes redoblados de la jurisprudencia, en esta época que es preciso reprimir con celeridad las violaciones de la carta fundamental, no sólo por razones de justicia, sino también de seguridad jurídica. Es además, como opera de hecho la revisión judicial en Estados Unidos, en cuyo ordenamiento surgió la fórmula de los efectos particulares, cuando el fallo proviene de la Corte Suprema Federal, el cual es obedecido de inmediato no sólo por los tribunales sino también por todas las autoridades del país, incluso en relación con asuntos similares, en los cuales tenga aplicación la ley declarada contraria a la carta federal. VII.

CONCLUSIONES

126. De acuerdo con las reflexiones anteriores, es posible llegar a las siguientes conclusiones, expresadas brevemente: 127. Primera. La legislación de amparo ha experimentado varias reformas sustanciales a partir de la vigencia del ordenamiento de 1936, entre las cuales destacan las promulgadas en 1950 y 1967. En las primeras se crearon los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con el modelo de los de circuito de apelación, introducidos en los Estados Unidos a fines del siglo pasado, en ambos casos con el objeto esencial de auxiliar al máximo tribunal; pero como en pocos años el problema del rezago volvió a afectar a la Suprema Corte de Justicia, fue necesaria la segunda reforma, que entró en vigor en octubre de 1968, y en la cual se adoptaron criterios de selección apoyados en la importancia económica, social o jurídica de los juicios de amparo, conservando la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de los de mayor trascendencia y encomendando los restantes a los citados tribunales colegiados, cuyo número se aumentó de manera paulatina. 128. Segunda. A pesar de las modificaciones anteriores, el rezago golpeó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y en particular, en cuanto a su conocimiento del juicio de amparo, por lo que se tomaron dos medidas para solucionar este problema: la primera ha consistido en aumentar nuevamente el número de los tribunales colegiados, y la segunda, en ampliar las facultades discrecionales que se introdujeron en 1968 para la segunda sala de la Suprema Corte, y en 1983 y 1985 las de las restantes salas del más alto tribunal y también las del tribunal en pleno en los amparos contra leyes inconstitucionales; lo que permitirá a la propia Corte elegir sólo aquellos juicios de amparo que tengan una verdadera importancia nacional, especialmente los que plantean controversias estrictamente constitucionales.


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129. Tercera. Además de esas facultades discrecionales existen otras dos cuestiones que en un futuro no muy lejano pueden acentuar el carácter constitucional de la Suprema Corte. e inclusive transformarla en un verdadero tribunal constitucional especializado. Por una pane.la revisión del criterio relativo al juicio de amparo contra la violación de ciertos derechos políticos individuales y colecti-

vos. especialmente algunos de los establecidos en virtud de la reforma de diciembre de 1977. excluyendo los relacionados directamente con los procedimientos electorales. 130. Cuana. La culminación de este desarrollo se advierte en la necesidad de adoptar el principio de la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes impugnadas a través del juicio de amparo. con lo cual se superaría la "fórmula Otero" que ya cumplió su misión histórica. según el ejemplo de otros ordenamientos latinoamericanos que han consagrado este principio. Debido a la larga tradición de desaplicación con efectos particulares. podrán establecerse soluciones interme-

dias y transitorias. de las cuales también existen modeJos en nuestro continente.

ENSAYOS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO - HECTOR FIX ZAMUDIO.pdf

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