Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencia Política
Nombre: Thelma Leticia Miranda López. Carrera: Ciencia Política. Carné: 9716686 Catedrático: Lic. Gregorio Trujillo Cátedra: Sistema Electoral y Legislación Política de Guatemala. Jornada: Vespertina.
ENSAYO PARTIDOS POLITICOS
Guatemala Guatema la 17 de octubre de 2016
INTRODUCCIÓN Los partidos políticos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres, y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y p or tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asum en al integrarse en tales organizaciones. Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y elegibles para todos sus cargos, a estar informados sobre sus actividades y situación económica, y a concurrir para formar sus órganos directores mediante sufragio libre y en la mayoría de los casos secreto, aunque no resulta preciso que sea directo. Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a utilizar los medios de comunicación públicos y a constituir coaliciones o agrupaciones electorales.
HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales. Para precisar su origen podemos distinguir dos acepciones. Una concepción amplia de partido nos dice que éste es cualquier grupo de personas unidas por un mismo interés, y en tal sentido el origen de los partidos se remonta a los comienzos de la sociedad políticamente organizada. En Grecia encontramos grupos integrados para obtener fines políticos, mientras en Roma la historia de los hermanos Graco y la guerra civil entre Mario y Sila son ejemplos de este tipo de ''partidos''. Los partidos políticos son el resultado de la quiebra de la sociedad tradicional o feudal y su paso a la sociedad industrial. El mundo burgués, posterior a las revoluciones en Inglaterra y Francia, requería de formas de organización política que sustituyeran a las estamentarias o corporativas por nuevos modos de organización, dependientes de grupos políticos organizados en el parlamento, con reglas claras para la circulación de la clase política. Estas reglas serían de carácter electoral y tendrían un sentido distinto al llamado mandato directo (y en ocasiones vitalicio) de los representantes respecto de sus representados; tal mandato quedó sustituido por el representativo, con el cual el diputado ya no es considerado representante exclusivo de su distrito, sino de toda la nación, y deja de estar obligado a seguir ciegamente el mandato imperativo de sus electores.
PARTIDOS Y FACCIONES, GRUPOS DE INTERES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. PARTIDOS, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA Se suele señalar que las democracias no pueden funcionar sin buenos sistemas de partidos políticos, y que los que teníamos, aun no siendo buenos, están en muchos sitios en descomposición. Es decir, se reconoce que no habrá sostenibilidad democrática sin buenos partidos, pero que las democracias seguirán deteriorándose con los partidos que tenemos. El fracaso de éstos conlleva –inevitablemente- a la desafección popular por la democracia y al vano intento por construir ciudadanía. Sin duda alguna, los países de América Latina evidencian una marcada inestabilidad del sistema de partidos. Las distintas encuestas nacionales que se realizan en los diferentes países muestran la baja estima que los ciudadanos de la región tienen respecto a los partidos políticos y a la democracia.
Según Payne (2003), el Perú es el país con el más bajo nivel de institucionalización partidaria de la región. El resultado obtenido se expresa en los altos niveles de fragmentación política, un claro ejemplo de ello, son las recientes elecciones presidenciales, regionales y locales (provincial y distrital) de abril y noviembre de 2006. Pues, el Perú nunca se caracterizó por tener una tradición democrática con gobiernos basados en partidos políticos, sino más bien por regímenes autoritarios y militares, donde sólo una minoría selecta gozaba de los privilegios, de los derechos ciudadanos, a diferencia de una gran mayoría marginada y excluida del sistema político. Aquellos partidos políticos que surgieron en el siglo XX, como el APRA, el Partido Socialista Peruano (después, convertido en Partido Comunista Peruano), Acción Popular, el Partido Demócrata Cristiano (posteriormente conocido como Partido Popular Cristiano), carecieron de una visión nacional integradora y de la capacidad para proteger los intereses de la mayoría. Los partidos políticos tradicionales, a lo largo de su historia, no han sido capaces de producir desarrollo y bienestar en sus sociedades, lo que significa no sólo la reducción de la pobreza y de la inequidad social, sino la creación de un ambiente propicio para cultivar toda la potencialidad humana, en un marco de respeto y garantía al ejercicio de las libertades públicas. Si bien este se constituye en uno de los criterios principales para juzgar el desempeño de los partidos. Pese a ello, se percibe una brecha entre las agendas partidistas, centradas en la lucha por el poder, y las agendas de desarrollo, que requieren acciones de largo plazo. Los partidos invierten copiosamente en el proceso de ganar las elecciones, pero no en prepararse para gobernar bien. No sólo hay endeblez programática, sino un divorcio entre los temas sociales y los temas políticos. Con el descrédito de los partidos políticos, se inicia el “boom” de las agrupaciones políticas independientes y de los llamados outsider políticos. Fujimori se convierte en un personaje que de la nada llega a ganar las elecciones presidenciales de 1990. Sin duda, un duro golpe que terminó por sepultar a los partidos de esa época. La década de 1990-2000, se destacó –además de la corrupción, del atropello a los derechos humanos- por la antipolítica, es decir, la extinción total de las instituciones democráticas, de la cancelación de los derechos ciudadanos. En otras palabras, se instauró un régimen autocrático, despótico, donde las voluntades eran doblegadas y sometidas a un propósito: la continuación en el poder de una mafia (Fujimori y Montesinos).
En el año 2000 el régimen de Fujimori colapsa. Los diferentes sectores de la sociedad cumplen un papel trascendental y decisivo en este nuevo cambio. Un gobierno democrático se instaura en el 2001, el retorno a la democracia genera muchas expectativas, pero aún persiste ese sentimiento de rechazo hacia los partidos políticos. Aparecen nuevos movimientos independientes decididos a competir con los partidos históricos en las contiendas electorales como Somos Perú, Solidaridad Nacional, Perú Posible, Frente Independiente Moralizador y otros, pero que no tienen nada que mostrar, excepto su gran improvisación y personalismo. La desilusión, la desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones democráticas crece, mientras los partidos viven en el autismo político, preocupados sólo por su supervivencia y por su dinámica interna, custodiando sus intereses individuales y políticos. No cabe duda que vivimos en una república sin ciudadanos. En un país donde más del 50% son pobres no se puede hablar de ciudadanos. La pobreza como limitación de capacidades y libertades debilita la democracia. Más aun los que debieran representar a los distintos sectores sociales no representan a nadie. La multiplicación de “partidos” no hace más que reflejar lo dividido que está nuestro país.
Democracia Con respecto a la democracia, se le define como un régimen político, es decir, una forma de gobierno y un tipo de relación entre el Estado y la sociedad. Pero no es el único régimen político posible. Pues, para hacer tal distinción debemos tener en consideración dos cosas: a.- los criterios que se establecen para el ejercicio del poder; y b.- las reglas para que las decisiones vinculen y obliguen a los ciudadanos. La democracia es una forma de entender el mundo y una forma de vida, una manera de percibirse a sí mismo y a los otros. La democracia es una cultura, es decir, una manera de comportamiento cotidiano que nos aproxima a la comprensión del otro, aún en sus errores. El sociólogo francés, Alain Touraine dice sobre la democracia: “lo que alimenta la conciencia democrática es hoy más que ayer, el reconocimiento de la diversidad de los intereses, las opiniones y las conductas; y por consiguiente la voluntad de crear mayor diversidad posible en una sociedad que también debe alcanzar un nivel cada vez más alto de integración intensa y de competitividad internacional...” El politólogo norteamericano, Robert Dahl, señala que la democracia es una poliarquía electiva. La democracia se definió en primer lugar como expresión de la soberanía popular. La democracia se define no por la separación de poderes sino por la naturaleza de los vínculos entre la sociedad civil, la
sociedad política y el Estado. Si la influencia se ejerce de arriba hacia abajo la democracia está ausente, en tanto que llamamos democrática a la sociedad en que los actores sociales ordenan a sus representantes que a su vez controlen el Estado. Porque la democratización consta de dos dimensiones por lo menos: el debate público y el derecho a la participación ciudadana.
Ciudadanía Según O’Donnell, “históricamente, la ciudadanía se desplegó junto con el capitalismo, el Estado moderno y el derecho racional-formal y la definición de ciudadano ‘corresponde exactamente al sujeto jurídico capaz de contraer libremente obligaciones’. El ciudadano es, en este marco, “el que tiene derecho a cumplir los actos que resultan en la constitución del poder de las instituciones estatales, en la elección de los gobernantes que pueden movilizar los recursos de aquellas y reclamar obediencia, y en la pretensión de recurrir procedimientos jurídicamente preestablecidos para ampararse de intromisiones que considera arbitrarias”. En este sentido, la noción de ciudadanía incluye a partir del siglo XVIII un conjunto de derechos civiles, a los que se suman progresivamente los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales a partir del siglo XX, asumiendo las siguientes características: · Los derechos civiles, compuesto por los derechos esenciales para la libertad individual, como la libertad de expresión, de pensamiento y la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la justicia. · Los derechos políticos, como derechos colectivos vinculados a la ciudadanía civil y se refieren al derecho de participar en el ejercicio del poder político, como votar, ser representado o participar directamente del sistema. · Los derechos sociales, más extensos y flexibles que los anteriores, se definen dentro de un rango que incluye desde el derecho al bienestar y la seguridad económica, hasta el derecho de compartir dentro de la comunidad la herencia social y vivir de acuerdo a criterios estandarizados aceptables para cada sociedad.
LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS La preocupación por revitalizar o fortalecer, renovar los p artidos y, por ende, crear un sistema de partidos estable con un número menor de partidos, para evitar la fragmentación política, hace necesaria la aprobación de una ley de partidos (Ley 28094, de octubre de 2003). Según la ley, los partidos requieren acreditar comités en cuando menos un tercio de las provincias del país y dos terceras partes de los departamentos, con cuando menos cincuenta afiliados en cada uno de ellos. Los partidos nacionales necesitan también presentar las adhesiones de 128,293 ciudadanos (el equivalente al 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional) para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además, la ley establece la obligatoriedad del seguimiento de mecanismos de democracia interna para la elección de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular. En términos generales, la ley busca tener partidos democráticos, basados en la participación de sus afiliados, con una presencia y cobertura nacional. De otro lado, para combatir la fragmentación de la representación en el Congreso se estableció la barrera del 5% de votos nacionales (Martín Tanaka, 2006). Sin embargo, la ley de partidos no ha tenido éxito, porque no ha logrado modificar el comportamiento de los partidos. Son nulas las medidas adoptadas que sirvan para mejorar la gobernabilidad democrática como son los acuerdos de partidos y las coaliciones parlamentarias para dar continuidad a las políticas públicas y promover agendas legislativas sustanciales; capacitar a los líderes partidarios para enfrentar los retos económicos y sociales; complementar el enfoque cuantitativo de la participación política de los grupos indígenas, minorías étnicas, mujeres y jóvenes, por uno de orden cualitativo en el que se utilicen mecanismos innovadores como la organización en red, el funcionamiento temprano y el acceso a cargos de dirección y elección popular al interior de los partidos; incrementar la transparencia del financiamiento de los partidos mediante el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuenta y de divulgación.
CONCLUSIONES Para influir positivamente en los destinos de una nación, un partido debe disponer de un proyecto de país, que encarne los anhelos y aspiraciones de convivencia armónica y bien común de un vasto conglomerado social. Ese proyecto de país debe expresarse a través de una doctrina o ideología que a su vez contenga todo un sistema de valores que permita establecer marcos de referencia sobre los distintos aspectos de la economía, la política, la sociedad, la cultura y la ética que resultan fundamentales para la consolidación de las instituciones democráticas y la promoción del desarrollo. Hay otros aspectos que nos parecen importantes en el rescate de la confianza de los partidos políticos por parte de la ciudadanía que tiene que ver con el establecimiento de lazos de solidaridad de las organizaciones partidistas con la gente y la recuperación de la mística como herramienta de concienciación y movilización popular. Los pueblos están cansados de ver partidos políticos y dirigentes sólo interesados en ellos como objeto electoral, esto es, como instrumentos de legitimación de aspiraciones individuales, y, por consiguiente, reclaman que la actividad política se convierta en un medio de sensibilización social que permita la realización colectiva de las aspiraciones humanas de paz, progreso y libertad.
