El Derecho al Medio Ambiente en la Nueva Constitución Boliviana

El Derecho El Derecho al Medio al  Medio Ambiente  Ambiente en la Nueva Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional  de Bolivia Por: Abog. Por: Abog. Alan  Alan E. Vargas Lima(*)

Con motivo de los recientes conflictos suscitados  por  el  Proyecto de Construcción de una carretera en el tramo el  tramo de Villa Tunari  –  San Ignacio de Moxos, y  el  firme  firme desacuerdo expresado  públicamente por   públicamente  por los los Pueblos Indígenas Originarios que viven en la zona del Territorio del  Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Nacional  Isiboro Sécure (TIPNIS) ante el  peligro  peligro inminente de grave afectación al medio al  medio ambiente y  la biodiversidad  existente en el  sector, resulta necesario realizar  algunas  precisiones sobre la jerarquía la  jerarquía constitucional del  constitucional  del derecho derecho al medio al  medio ambiente en Bolivia, a través de la aprobación de la NCPE, y su y  su configuración como derecho colectivo o de los  pueblos,  para así  perfilar los  perfilar  los mecanismos jurisdiccionales mecanismos jurisdiccionales idóneos existentes para existentes  para su protección su  protección efectiva. (*)

Abogado Especialista en Derecho Constitucional (UMSA). Responsable del Blog Jurídico: TREN  FUGITIVO BOLIVIANO (http://alanvargas4784.blogspot.com/ )

1. La Constitución y los Principios, Valores y Fines esenciales del Estado Plurinacional Debemos comenzar señalando que de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional, el Estado Democrático Constitucional  de Derecho (que constituye la base sobre la cual  se desarrolla el  actual  Estado Plurinacional  de Bolivia), es un sistema de organización social y

política, basado en el imperio de la Constitución, como norma que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados); misma que se halla estructurada sobre la base de determinados valores supremos y principios fundamentales, según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento  jurídico, se limita y controla el poder estatal, así  como también se protegen efectivamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al respecto, es necesario considerar que desde una perspectiva  jurídica la Constitución es la Ley  Suprema del  Estado cuyas normas regulan el  sistema constitucional, lo que supone que debe  proclamar  los valores supremos y  principios y  principios  fundamentales sobre los que se organiza y  estructura el Estado; el  Estado; consagrando los derechos fundamentales derechos  fundamentales y garantías y  garantías constitucionales de las  personas; delimitando la estructura social, económica,  jurídica y  política; y   política; definiendo su régimen de gobierno, junto gobierno,  junto al establecimiento al  establecimiento de los órganos específicos a través de los cuales se ejercerá el  poder  el   poder  político,  político, determinando su estructura, organización y  el  ámbito de sus competencias.

Por otro lado, desde una perspectiva netamente política, la Constitución se puede definir como un  pacto social  y   político adoptado  por  el   pueblo, en el  cual  se define el  sistema constitucional del  constitucional  del Estado, Estado, estableciendo las reglas básicas para básicas  para lograr una lograr  una convivencia pacífica convivencia pacífica

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y la construcción de una sociedad democrática, basada en los valores supremos, como ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento  jurídico y expresarlos en su estructura social económica política; los  principios ‐

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 fundamentales, como los presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas del sistema

constitucional que orientan la política interna y externa del Estado; así  como en los derechos  fundamentales y  garantías constitucionales de las personas, que operan como límites al

ejercicio del poder político. De ahí  que, dentro del Sistema Constitucional Boliviano, y según las normas previstas por la Constitución Política del Estado de 1967 (con las reformas incorporadas en los años 1994 y 2004 respectivamente), nuestro país era concebido como un Estado Social  y  Democrático de Derecho sustentado sobre la base de los valores supremos de libertad, igualdad y  justicia,

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Sobre este aspecto se puede consultar: RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. “Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento” . Cochabamba (Bolivia): FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, FUNDAPPAC y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008.

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además de los principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales. Sin embargo corresponde hacer notar que si bien a partir de la reforma constitucional del año 2004, los valores supremos se hallaban proclamados expresamente en el texto constitucional, el tema

de los  principios  fundamentales no tuvo un tratamiento sistematizado, dado que no fueron proclamados como tales de manera explícita y ordenada en dicho texto, salvo por su desarrollo doctrinal y  jurisprudencial realizado por el Tribunal Constitucional Boliviano. En este sentido, un aspecto que debe resaltarse es que actualmente la Nueva Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, además de declarar que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social  de Derecho Plurinacional  Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con y  con autonomías. (…)” , dedica su Capítulo Segundo y  Fines del Estado”, del  Estado”, a cuyo efecto el artículo a establecer expresamente los “Principios, Valores y Fines

8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia “asume y   promueve como  principios ético morales de la sociedad  plural,  plural, los siguientes: ama qhilla, ama llulla, ama suwa ‐

(no seas  flojo, no seas mentiroso ni  seas ladrón), suma qamaña (vivir  bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi  (vida buena), ivi  maraei  (tierra sin mal) y  qhapaj  ñan (camino o vida noble)” ; y asimismo señala que nuestro Estado “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad  de oportunidades, equidad  social  y  de género en la  participación, bienestar  común, responsabilidad,  justicia social, distribución y  redistribución de 2

los productos los  productos y bienes y  bienes sociales, para sociales,  para vivir bien”  vivir  bien”  .

Por su parte el artículo 9 constitucional, en forma innovadora también dispone expresamente “Son  fines y  funciones  funciones esenciales del Estado, del  Estado, además de los que establece la Constitución y  que “Son fines la ley: 1. Constituir  una sociedad  justa sociedad   justa y  armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni  explotación, con  plena  justicia social,  para consolidar  las identidades  plurinacionales. 2. Garantizar  el  bienestar, el  desarrollo, la seguridad  y  la  protección e igual  dignidad  de las  personas, las naciones, los  pueblos y  las comunidades, y  fomentar  y  fomentar  el  respeto mutuo y  el  diálogo intracultural, intercultural y  intercultural  y  plurilingüe.  plurilingüe. 3. Reafirmar y  Reafirmar  y  consolidar la consolidar  la unidad  del   país, y   preservar  como  patrimonio histórico y  humano la diversidad   plurinacional. 4. Garantizar  el  cumplimiento de los  principios, valores, derechos y  deberes reconocidos y  consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar  el  acceso de las  personas a la educación, a la salud  y  al  trabajo. 6. Promover  y  garantizar  el  aprovechamiento responsable y  planificado y  planificado de los recursos naturales, e impulsar  su industrialización, a través del  desarrollo y  del  2

Sin embargo de lo anterior, en las normas previstas por la Ley Fundamental, también subyacen los principios de: soberanía popular  (artículo 7) separación de funciones (artículo 12), supremacía constitucional y jerarquía normativa (artículo 410), seguridad jurídica (artículo 178), legalidad (artículo 180), irretroactividad (artículo 123) y publicidad de las leyes (artículo 164), entre otros.

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 fortalecimiento de la base  productiva en sus diferentes dimensiones y  niveles, así  como la conservación del medio del  medio ambiente, para ambiente,  para el  bienestar de bienestar  de las generaciones actuales y  futuras”   futuras”  (el

subrayado me corresponde). En este sentido, y siempre en el marco de la preservación de la unidad del Estado, las naciones y pueblos indígena originario campesinos también gozan del derecho: “A vivir  en un medio

ambiente sano, con manejo y  aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”, aspecto que ahora se encuentra constitucionalmente reconocido (artículo 30, parágrafo II, numeral 10), y que pone de manifiesto la naturaleza del derecho al medioambiente como un derecho colectivo, además de ser un derecho fundamental de todas las personas, como se podrá ver a continuación. Cabe hacer notar que este derecho, halla su complemento en el numeral 15 del mismo artículo 30, parágrafo II, a través del cual, la propia Constitución establece que las naciones y pueblos

mediante  procedimientos indígena originario campesinos tienen derecho: “A ser  consultados mediante procedimientos apropiados, y  en  particular  a través de sus instituciones, cada vez que se  prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y  garantizará el derecho el  derecho a la consulta previa consulta previa obligatoria, realizada por  realizada  por el  el Estado, Estado, de buena fe buena  fe y  concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio el  territorio que habitan” .

2. Los Derechos Fundamentales de la persona En relación a lo anterior, corresponde precisar que de manera general, los derechos fundamentales son aquellas capacidades o facultades que tienen todos los seres humanos para hacer o dejar de hacer algo, para pedir y plantear la atención de sus necesidades y realizar requerimientos a sus autoridades y/o representantes. De ahí  que, los derechos fundamentales se encuentran consagrados en la Nueva Constitución Política del Estado como una fuente de garantía para su efectivo cumplimiento, resguardo y protección por parte del Estado, debiéndose considerar además que su consagración e inserción en las normas  jurídicas sólo constituyen un reconocimiento formal que hace el Estado, por cuanto los derechos fundamentales de las personas son inherentes a la naturaleza humana, y existen más allá de la norma jurídica. norma  jurídica. Ahora bien, algunos autores estiman que la expresión, “derechos humanos” o derechos del hombre, llamados clásicamente derechos naturales, y actualmente derechos morales, no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante acción procesal ante un  juez, sino ‐

criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana, y que en todo caso, una vez que determinados derechos humanos se positivizan, adquieren la categoría de verdaderos

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derechos protegidos procesalmente, transformándose en derechos fundamentales vigentes en un determinado ordenamiento  jurídico, lo que equivale a decir que los derechos fundamentales son derechos humanos positivados por la legislación interna de un determinado Estado. En otras palabras, lo anterior significa que bajo la expresión “derechos  fundamentales” , se designa a los derechos garantizados y reconocidos por la Constitución y, en

cambio, la denominación “derechos humanos”  hace referencia a los derechos proclamados y garantizados por las normas e instrumentos internacionales; los primeros tienen como fuente de producción al legislador constituyente, y los segundos, a los Estados y Organismos 3

internacionales . Estos derechos humanos, convencionalmente se encuentran clasificados en tres grupos, de acuerdo al orden de su aparición histórica y reconocimiento positivo, lo que no importa una  jerarquización de los mismos, dado que todos ellos son aplicables en un plano de igualdad. En este sentido se tienen los siguientes:

a) Los Derechos Civiles y  Civiles  y Políticos, Políticos, que son aquellos que responden a la concepción liberal del hombre, considerado como sujeto particular dotado de potestades, facultades y capacidades propias, en el marco de la exaltación del valor supremo de la libertad individual; vale decir, que se trata de aquellos derechos individuales de inspiración liberal, que fueron proclamados de manera formal y sistematizada por primera vez, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), y que tienen por objetivo esencial el reconocimiento de aquellas facultades y capacidades inherentes a la persona humana, frente a los posibles abusos del poder público. En este grupo de derechos, de manera enunciativa y no el  derecho a la vida, a la igualdad ante igualdad  ante la ley, a la libertad  física  física o de limitativa, se pueden citar: el derecho locomoción, a la  propiedad   privada, al  honor  y  la buena imagen, a la inviolabilidad  del  domicilio, a la seguridad  e integridad  personal, integridad  personal, a la  petición, a la libertad  de conciencia, a la libertad de libertad  de expresión, a la libertad de libertad  de elegir y  elegir  y ser  ser elegido, elegido, al debido al  debido proceso,  proceso, a la presunción la  presunción de 4

inocencia, y así un así  un largo etcétera de manifestaciones .

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DURAN RIBERA, Willman R. Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. Santa Cruz – Bolivia: COMUNICACIONES EL PAÍS, 2005. Págs. 99-100. 4 La doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera que los derechos civiles y políticos constituyen obligaciones negativas para el Estado, porque demandan una actitud pasiva del Estado, quien debe abstenerse de invadir el ámbito individual de la persona, y por lo mismo, se halla impedido de restringir o suprimir sus derechos; dicho de otra forma, significa que el Estado debe abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano, debiendo limitar su acción a garantizar su efectividad mediante la creación de mecanismos jurisdiccionales de protección. Cfr. RIVERA S., José Antonio; JOST, Stefan y otros. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: Comentario Crítico. Tercera Edición, actualizada con las reformas del 2004. Cochabamba (Bolivia): Talleres Gráficos KIPUS, 2005. Pág. 38.

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b) Los Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales, que se conocen también como los derechos de segunda generación, son aquellos que responden a una concepción del hombre como un ente social, con capacidades y facultades inherentes a su desenvolvimiento en el grupo social; de ahí que, ahí  que, partiendo de la prevalencia del valor supremo de la igualdad frente a la libertad, se manifiestan como la expresión de la solidaridad humana, con un profundo contenido social. Estos derechos, fueron proclamados inicialmente en las Constituciones de los Estados, a partir del surgimiento del Constitucionalismo Social , es decir durante el período comprendido entre finales de la primera e inicios de la segunda guerra mundial (período de entreguerras), y básicamente, estos derechos tienen la finalidad de asegurar a los seres humanos, condiciones de vida fundamentadas en la dignidad humana, y a través de ella se reclama el derecho de todo ser humano a tener seguridad social y a la atención de las mínimas necesidades económicas, sociales y culturales. En este segundo grupo de derechos, con carácter enunciativo y no limitativo, se pueden mencionar: el  derecho al  trabajo, a la seguridad  social, a la libertad  sindical, a la huelga, a la asistencia social, al descanso, al  descanso, a la vivienda, a la distribución equitativa de la riqueza social, a la educación, a adquirir  cultura, a la  familia, además de la función social de la propiedad, y otro 5

largo etcétera de posibles manifestaciones .

c) Los Derechos Colectivos o de los Pueblos, que se conocen también como los derechos de tercera generación, son aquellos que corresponden al hombre en relación con su entorno (hábitat), ello en relación con el territorio, su cultura, sus costumbres y tradiciones; vale decir, que son derechos inherentes a las colectividades humanas, como las minorías étnicas o políticas, o los grupos religiosos, considerando al hombre como sujeto universal de derechos. Estos derechos humanos de tercera generación se basan en la premisa de conceder o aceptar que todos los pueblos del mundo en general, deben tener las condiciones mínimas para su desarrollo, a través del derecho a la paz, a un medio ambiente sano y equilibrado, al desarrollo sostenible, entre otros, lo que significa que el sujeto de estos derechos, más que el individuo mismo, es la colectividad, el pueblo y la humanidad entera. Sin embargo, el contenido de estos derechos no está totalmente determinado, dado que los mismos, al igual que los

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La doctrina internacional considera que estos derechos “constituyen obligaciones positivas para el Estado, es decir, para la gestión estatal en el orden social, económico y cultural, pues el ejercicio efectivo de un derecho social requiere de la creación e implementación de las condiciones necesarias y básicas por parte del Estado, para que los seres humanos puedan tener acceso a estos derechos acorde con las condiciones económicas de cada nación”. RIVERA S., José Antonio; JOST, Stefan y otros. Obra Citada. Pág. 39.

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anteriormente nombrados, son producto de determinados cambios históricos de la humanidad, por lo que aún se encuentran en proceso de definición concreta, encontrándose consagrados

en

diversas

disposiciones

de

algunas

convenciones

e

instrumentos

internacionales.

Entre los derechos humanos colectivos o de los pueblos, con carácter enunciativo y no limitativo, se pueden nombrar: el  derecho a un medio ambiente sano, el  derecho a un orden ecológico equilibrado, el  derecho a la identidad  cultural, el  derecho al  uso y  respeto de la lengua materna o de origen, el  derecho a la libre determinación de los pueblos, los  pueblos, el derecho el  derecho a la  paz, el  derecho al  desarrollo humano sostenible y  sustentable, el  derecho de acceso a la  propiedad de  propiedad  de la tierra, el derecho el  derecho al espacio al  espacio público,  público, entre muchos otros.

Al respecto, cabe agregar también, que si bien nuestra Constitución pese a las reformas ‐

efectuadas en los años 1994 y 2004

‐

no contemplaba en el catálogo de derechos

fundamentales, a los denominados “derechos de tercera generación” , entre los cuales se encuentra precisamente el derecho a un medio ambiente sano, sin embargo, la denominada “cláusula abierta”  de los derechos fundamentales prevista por el art. 35 de la CPE abrogada,

abrió la posibilidad del reconocimiento y protección de estos y otros derechos consagrados en 6

instrumentos internacionales sobre derechos humanos , “(…) con la  finalidad  de que las autoridades  jurisdiccionales,

especialmente

el 

órgano

encargado

del 

control  de

constitucionalidad y, constitucionalidad  y, a través de él, de la  protección de los derechos humanos, pueda humanos,  pueda  positivar  y   judicializar  los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, integrándolos al  catálogo de los derechos  fundamentales  previstos  por  la Constitución Política del  Estado, a través de la interpretación integradora aplicando el   principio de la  fuerza expansiva de los derechos humanos”  (SC 0051/2005, de 18 de agosto). 6

Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional de Bolivia, sostuvo que un Estado Democrático de Derecho se organiza y rige por los principios fundamentales, entre ellos, el de seguridad jurídica, el de buena fe y la presunción de legitimidad del acto administrativo. La seguridad implica "exención de   peligro o daño, solidez, certeza plena, firme convicción" y, la seguridad jurídica, conforme enseña la doctrina es "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" concepto que ha sido asumido por el Tribunal en su jurisprudencia. En consecuencia, es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales proclamados por la Constitución, los tratados, convenios y convenciones suscritos y ratificados por el Estado como parte del bloque de constitucionalidad, así como las leyes ordinarias (SC 95/01, de 21 de diciembre de 2001). Y fue a partir de éste entendimiento, que el Tribunal Constitucional Boliviano fue integrando las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, lo que en la práctica constituyó un proceso de constitucionalización de los derechos humanos en la legislación boliviana.

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3. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61º de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cabe hacer notar que aunque una declaración de la Asamblea General no es un instrumento coercitivo del Derecho Internacional, sin embargo representa el desarrollo internacional de las normas legales, reflejando el compromiso de la Organización de Naciones Unidas y los Estados miembros. De ahí  que, para la ONU, la Declaración constituye un marco importante para el tratamiento de los pueblos indígenas del mundo y será indudablemente una herramienta significativa hacia la eliminación de las violaciones de los derechos humanos contra más de 370 millones de indígenas en el mundo, para apoyarlos en su lucha contra la discriminación. En este sentido, la Declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Asimismo, enfatiza en el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y 7

a propender por su propia visión económica y social . La importancia de la Declaración, respecto al tema del presente ensayo, consiste en que la misma fue adoptada, precisamente reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas, contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente, y en este sentido, el artículo 29 destinado a proclamar el derecho al medio ambiente, establece que los Pueblos Indígenas: “tienen derecho a la conservación y  protección  protección del medio del  medio ambiente y de y  de la capacidad  productiva  productiva de sus tierras o territorios y  recursos. Los Estados deberán establecer  y  ejecutar  programas ejecutar  programas de asistencia a los 8

 pueblos indígenas para indígenas  para asegurar esa asegurar  esa conservación y  protección,  protección, sin discriminación”  .

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En la Asamblea General, 143 países votaron a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y hubo 11 abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania); 34 estados se no estuvieron presentes en la votación. Mayores detalles en la Página Web: http://es.wikipedia.org/  8 El mismo artículo 29 también dispone expresamente que: “Los Estados adoptarán medidas eficaces  para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los  pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. (…)”.

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4. Los Derechos de la Madre Tierra A los efectos de comprender en su integridad la temática abordada en el presente ensayo, también es importante poner de relieve que en fecha 21 de diciembre de 2010, se ha puesto en vigencia en Bolivia la Ley  Nº71 de Derechos de la Madre Tierra, que tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así  como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de esos derechos. En este sentido, entre los principios de obligatorio cumplimiento (artículo 2), que rigen la referida Ley, sobresalen precisamente el Principio de Bien Colectivo, en virtud del cual, “el  interés de la sociedad, en el  marco de los derechos de la Madre Tierra,  prevalecen en toda actividad humana actividad  humana y  por sobre  por  sobre cualquier derecho cualquier  derecho adquirido” ; asimismo, el Principio de Garantía de regeneración de la Madre Tierra, establece que “el  Estado en sus diferentes niveles y  la sociedad, en armonía con el  interés común, deben garantizar  las condiciones necesarias  para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra  puedan absorber  daños, adaptarse a las  perturbaciones, y  regenerarse sin alterar  significativamente sus características de estructura y   funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad  de regenerarse, y  que la humanidad  tienen límites en su capacidad  de revertir  sus acciones” . En

complemento de lo anterior, el Principio de Respeto y  defensa de los Derechos de la Madre Tierra, establece que “el Estado “el  Estado y cualquier  y  cualquier  persona  persona individual o individual  o colectiva respetan, protegen respetan,  protegen y  garantizan los derechos de la Madre Tierra para Tierra  para el Vivir  el  Vivir Bien Bien de las generaciones actuales y las y  las  futuras” ; y a través del Principio de No mercantilización se ha dispuesto expresamente que “no  pueden ser mercantilizados ser  mercantilizados los sistemas de vida, ni los ni  los procesos  procesos que sustentan, ni  formar   formar  parte  parte del  patrimonio privado  patrimonio  privado de nadie” .

Ahora bien, de acuerdo a la Ley (artículo 3), la Madre Tierra se entiende como aquel sistema viviente dinámico conformado  por  la comunidad  indivisible de todos los sistemas de vida y  los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y  complementarios, que comparten un destino común, de ahí que ahí  que la Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de

las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Y precisamente los sistemas de vida que reconoce la Ley (artículo 4), son aquellas comunidades complejas y  dinámicas de  plantas, animales, micro organismos y  otros seres y  su entorno, donde interactúan comunidades humanas y  el  resto de la naturaleza como una unidad  funcional, unidad  funcional, bajo la influencia de  factores climáticos,  fisiográficos y  geológicos, así  como de las  prácticas  productivas, y  la diversidad  cultural  de las bolivianas y  los bolivianos, y  las cosmovisiones de las naciones y   pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas y  afrobolivianas.

En el ámbito estrictamente  jurídico (artículo 5), debe considerarse que para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de

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interés  público, por lo que ella y todos sus componentes, incluyendo las comunidades

humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la misma Ley, por lo que, la aplicación de los derechos de la Madre Tierra debe tomar en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes, siendo que además los derechos establecidos en la misma Ley, no limitan la existencia de otros derechos inherentes a la Madre Tierra, según su naturaleza. En definitiva, todas las bolivianas y bolivianos que formamos parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, podemos ejercer los derechos establecidos en la mencionada Ley, de forma compatible con nuestros derechos individuales y colectivos, teniendo presente que el ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, por lo que cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la citada Ley. Finalmente, en forma enunciativa, y de ninguna manera limitativa, de acuerdo a lo previsto por el artículo 7 de la misma Ley, la Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

1.  A la vida: Es el derecho “ 1. A el  derecho al mantenimiento al  mantenimiento de la integridad de integridad  de los sistemas de vida y  los  procesos naturales que los sustentan, así  como las capacidades y  condiciones  para su regeneración; 2.  A la diversidad  de la vida: Es el  derecho a la  preservación de la diferenciación y  la variedad  de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser  alterados genéticamente ni  modificados en su estructura de manera artificial, de tal 

3.  Al agua: agua: Es  forma que se amenace su existencia, funcionamiento existencia,  funcionamiento y  potencial  y  potencial  futuro;  futuro; 3. Al  el  derecho a la preservación la  preservación de la funcionalidad  la  funcionalidad  de los ciclos del  agua, de su existencia en la cantidad  y  calidad  necesarias  para el  sostenimiento de los sistemas de vida, y  su  protección frente  protección  frente a la contaminación para contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra

4.  Al aire aire limpio: Es el derecho y todos y  todos sus componentes; 4. Al  el  derecho a la preservación la  preservación de la calidad  y  composición del  aire  para el  sostenimiento de los sistemas de vida y  su  protección  frente a la contaminación,  para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y  todos sus componentes; 5.  Al equilibro:  Al  equilibro: Es el  derecho al  mantenimiento o restauración de la interrelación,

interdependencia,

complementariedad 

y   funcionalidad 

de

los

componentes de la Madre Tierra, de  forma equilibrada  para la continuación de sus ciclos y  la reproducción de sus procesos sus  procesos vitales; 6. A 6.  A la restauración: Es el  derecho a la restauración oportuna y  efectiva de los sistemas de vida afectados  por  las actividades humanas directa o indirectamente; 7. A el  derecho a la 7.  A vivir libre vivir  libre de contaminación: Es el derecho  preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como así  como de residuos tóxicos y radioactivos y  radioactivos generados por  generados  por las las actividades humanas” .

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5. El Bloque de Constitucionalidad y el Convenio 169 de la OIT9  A) La Teoría del Bloque del Bloque de Constitucionalidad  La teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; dicha teoría expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones las  jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su constitución normas a las que concede ese valor  supralegal  que las convierte en parámetro de constitucionalidad; así  en Bolivia, la  jurisdicción constitucional ha concedido al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la SC  1420/2004 R, de 6 ‐

de septiembre, estableciendo lo siguiente: “(...) conforme ha establecido este Tribunal  Constitucional, a través de su  jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y  ratificado el  Estado boliviano  forman  parte del  bloque de constitucionalidad  y  los derechos consagrados  forman  parte del  catálogo de los derechos  fundamentales  previstos  por  la Constitución.” ; entendimiento ratificado en la SC 1662/2003 R, de 17 de noviembre, en ‐

la que se expresó que: “(...) este Tribunal  Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, constitucional  integradora, en el  marco de la cláusula abierta prevista abierta  prevista por   por  el  art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y  convenciones internacionales en materia de derechos humanos,  forman  parte del  orden  jurídico del  sistema constitucional  boliviano como  parte del  bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter  normativo y  son de aplicación directa,  por  lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables  por  las  personas y  tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y  amparo constitucional conforme constitucional conforme corresponda” .

De la  jurisprudencia glosada, se deduce que el bloque de constitucionalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos ratificados; de lo expuesto queda claro que no todo tratado, declaración, convención o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos referidos a los derechos humanos; dicha comprensión es posible, como lo explica la jurisprudencia la  jurisprudencia glosada, por la cláusula abierta prevista por el art. 35

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Este acápite está basado íntegramente en los Fundamentos Jurídicos de la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0045/2006 de 2 de junio, disponible virtualmente en: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/ 

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de la CPE, ya que tal como la doctrina de otros países de la región concibe, sólo es posible aceptar a las normas internacionales dentro del bloque de constitucionalidad, cuando existe

abril  de 2005, de una permisión expresa en la Constitución, así la así  la Sentencia C  401/05, de 14 de abril de ‐

la Corte Constitucional de Constitucional de Colombia, expresa lo siguiente: “la incorporación de una norma al  bloque de constitucionalidad  debe tener   fundamento expreso en la Carta. Es lo que ocurre con los tratados de derechos humanos, los cuales  fueron integrados expresamente  por  la Constitución al  bloque de constitucionalidad  al  señalar  que sus normas  prevalecen en el  orden interno y  al   prescribir  que los derechos y  deberes constitucionales serán interpretados de conformidad  con los tratados de derechos humanos ratificados  por  Colombia (...). Con todo, la Constitución colombiana no señala en ninguna de sus disposiciones que el  conjunto de los tratados ratificados  por  Colombia debe ser  tenido en cuenta  por  la Corte al  examinar  la constitucionalidad  de las leyes. Esto significa, si  se sigue el   principio que  permite identificar  la normatividad  que conforma el  bloque de constitucionalidad, que no todos los tratados internacionales forman internacionales  forman parte  parte de él” .

B) El Convenio El Convenio Nº  Nº 169 169 de la OIT  y   y  su  su vigencia en Bolivia Es necesario establecer que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia mediante Ley  Nº 

1257  de 11 de  julio de 1991,  forma  parte del  bloque de constitucionalidad  boliviano, porque además de ser un Convenio sobre derechos humanos, su objeto es promover en los países del mundo la efectiva aplicación y respeto de los derechos fundamentales de las personas, asumiendo políticas tendientes a evitar la discriminación a los pueblos indígenas y tribales, para que puedan gozar en forma efectiva de los derechos humanos consagrados para toda la humanidad. En la Constitución Boliviana (reformada el año 1994) las normas previstas por el art. 171.I de la CPE reconocían en forma expresa los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional (aspecto que actualmente se encuentra regulado en los artículos citados de la Nueva Constitución Boliviana aprobada en enero de 2009), y por esta razón los derechos consagrados por el Convenio 169 de la OIT deben ser considerados como una norma integrante del bloque de constitucionalidad, en cuanto consagra derechos de los pueblos indígenas y tribales, siendo por ello un parámetro para verificar la constitucionalidad o no de una ley. Uno de los derechos consagrados  por  el  Convenio 169 de la OIT, es el  derecho, de los  pueblos indígenas y  tribales a ser  consultados sobre la existencia o no de perjuicio de  perjuicio a sus intereses por  intereses  por  la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras, en países en los cuales como en Bolivia, la propiedad de los minerales

e hidrocarburos pertenece al Estado, así  a tiempo de consagrar dicho derecho, las normas del

art. 15.2 del Convenio del  Convenio 169 de la OIT  disponen lo siguiente:

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“En caso de que  pertenezca al  Estado la  propiedad  de los minerales o de los recursos del  subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer  o mantener  procedimientos mantener  procedimientos con miras a consultar  a los  pueblos interesados, a  fin de determinar  si  los intereses de esos  pueblos serían  perjudicados, y en y  en qué medida, antes de emprender o emprender  o autorizar cualquier  autorizar  cualquier  programa  programa de  prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los  pueblos interesados deberán  participar  siempre que sea  posible en los beneficios que reporten tales actividades, y   percibir  una indemnización equitativa  por  cualquier  daño que  puedan sufrir como sufrir  como resultado de esas actividades” .

Del análisis del artículo descrito, se establecen las siguientes normas:

i) una norma determinativa del campo de aplicación del derecho a la consulta, que establece que el referido art. 15.2 del Convenio 169 de la OIT sólo es aplicable en los países en los cuales el Estado tenga la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo, como en Bolivia (arts. 136, 138 y 139 de la CPE reformada en 1994);

ii) una segunda norma que impone la obligación que tiene el Estado de establecer mecanismos para consultar, a los pueblos indígenas y tribales sobre la afectación a sus intereses, antes de iniciar cualquier trabajo tendiente a explotar los recursos del subsuelo; y

iii) una tercera norma destinada a conceder el derecho de dichos pueblos a participar de los beneficios que la explotación de los recursos de su subsuelo reporten, siempre que sea posible, lo que equivale a decir que participarán de los beneficios si es que éstos existen; así  como a percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir por las actividades que se desarrollen.

En conclusión, lo que la norma analizada impone es una obligación al Estado para consultar la existencia de afectación a los intereses de pueblos indígenas y tribales, atendiendo las particulares circunstancias sociológicas de éstos; y no que dicha consulta sea con carácter determinativo o definitivo para conseguir la aquiescencia de dichos pueblos, sin la cual no sea posible explotar los recursos del subsuelo que son propiedad del Estado, sino que más bien la norma analizada impone el deber de consultar cuál el daño que pueden sufrir sus intereses, para que sea debida y equitativamente indemnizado; por tanto, la consulta no puede ser entendida como la solicitud de una autorización, sino como un acto efectivo de consultar a los pueblos indígenas y tribales asentados en los territorios objeto de la explotación sobre la cuantificación del daño a sus intereses, que sufrirán como efecto de dicha extracción; y mucho menos puede ser entendida como una facultad para impedir la explotación de la riqueza del

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subsuelo que pertenece al Estado, pues por encima de los intereses de grupo de cualquier índole, se encuentra el supremo interés de la mayoría, expresado por las autoridades del Estado.

6. El territorio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos10 6.1. El territorio El territorio como uno de los criterios para criterios para la definición de pueblo de pueblo indígena El territorio está íntimamente vinculado a la definición de pueblos indígenas, pues se constituye en un elemento para su caracterización. Dicha definición aunque con una visión integracionista y subordinada, tiene su inicio en el Convenio 107  de la Organización

Internacional del  Internacional del Trabajo Trabajo (OIT) de 1957  que en su art. 1 sostiene que el Convenio se aplicaría:

“a) a los miembros de las  poblaciones tribal  o semitribales en los  países independientes, cuyas condiciones sociales y  económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada  por  los otros sectores de la colectividad  nacional  y  que estén regidas total  o  parcialmente  por  sus  propias costumbres o tradiciones o  por  una legislación especial; b) a los miembros de las  poblaciones tribuales o semitribales en los  países independientes, consideradas indígenas  por  el  hecho de descender  de  poblaciones que habitaban en el  país,  país, o en una región geográfica a la que pertenece que  pertenece el   país, en la época de la conquista o la colonización, y  que, cualquiera que sea su situación  jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y  culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que  pertenecen” ;

ratificado  por Bolivia Bolivia mediante Ley 1257, Ley  1257, posteriormente, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por  en el art. 1 estableció que el Convenio se aplica a “b) a los  pueblos en  países independientes, considerados indígenas  por  el  hecho de descender  de  poblaciones que habitaban en el  país  país o en una región geográfica a la que pertenece que  pertenece el  país  país en la época de la conquista o la colonización o del  establecimiento de las actuales  fronteras estatales y  que, cualquiera que sea su situación  jurídica, conservan todas sus  propias instituciones sociales, económicas, culturales y  políticas, y  políticas, o  parte de ellas” . Añadiendo

posteriormente que: “2. La conciencia de su identidad  indígena o tribal  deberá considerarse un criterio  fundamental  para  fundamental  para determinar  los grupos a los que se aplican las disposiciones del  presente  presente Convenio” .

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Este acápite está basado íntegramente en los Fundamentos Jurídicos de la jurisprudencia constitucional contenida en la reciente Sentencia Constitucional 2003/2010 de 25 de octubre, disponible virtualmente en: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/ 

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Por su parte, Martínez Cobo, en el Estudio del problema de la Discriminación contra pueblos indígenas, sostiene que: “Son comunidades,  pueblos y  naciones indígenas los que, teniendo una continuidad  histórica con las sociedades anteriores a la invasión y   precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora  prevalecen en esos territorios o en  parte de ellos (…) y  tienen la determinación de  preservar, desarrollar  y  transmitir  a  futuras generaciones sus territorios ancestrales y  su identidad  étnica como base de su existencia continuada como pueblo, como  pueblo, de acuerdo con sus propios sus  propios patrones  patrones culturales, sus instituciones sociales y sus y  sus sistemas legales”.

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Por otra parte, las organizaciones internacionales y expertos han establecido criterios para la definición de los pueblos indígenas, que han sido resumidos por Irene A. Daes:

a) Prioridad  en el  tiempo con relación a la ocupación y  el  uso de un determinado territorio;

b) la voluntaria distinción cultural  y  la necesidad  de que la misma se  perpetúe (lenguaje, organización social, religión, valores, modos de  producción, normas e instituciones);

c)  Autoidentificación y  el  reconocimiento de esa identidad   propia  por   parte de las autoridades y de y  de otros grupos; y,

d) Experiencia de marginación, exclusión o discriminación,  persistan o no dichas 12

condiciones

En Bolivia, inicialmente, en la reforma constitucional de 1994, se utilizaron los términos de pueblos indígenas y comunidades indígenas y campesinas. Actualmente, la Constitución vigente utiliza los siguientes términos como una unidad: “Naciones y   pueblos indígena originario campesinos”. El art. 30 de la Constitución, otorga una definición sobre Nación y

pueblo indígena originario campesino, como “(…) toda la colectividad  humana que comparta identidad  cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad  y  cosmovisión, cuya existencia es anterior a anterior  a la invasión colonial española”. colonial  española”.

Como se puede apreciar, en Bolivia se han unificado varios términos (Nación y pueblo indígena originario campesino) que unidos tienen un significado similar al que internacionalmente se le ha dado al término pueblos indígenas, pues contiene la mayoría de los criterios internacionales para su definición. Así, respecto a la prioridad en el tiempo con relación a la ocupación y el uso 11

MARTINEZ COBO, José, Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones  Indígenas - Conclusiones, Propuestas y Recomendaciones, Naciones Unidas, 1987, pág. 30. 12 United Nations Economic and Social Council, Standard-Setting Activities: Evolution of Standards Concerning the Rights of Indigenous People, United Nations, 1996, pág. 22.

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de un determinado territorio señala que la existencia de la colectividad humana debe ser anterior a la invasión española; con relación a la distinción cultural, se establece que dicha colectividad debe compartir identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión; respecto a la experiencia de marginación, exclusión, si bien el art. 30 comentado no hace expresa mención a este elemento, el mismo se encuentra implícito en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, en el que se puede leer: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se  formaron lagos. Nuestra Amazonía, Nuestra  Amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros y  nuestros llanos y  valles se cubrieron de verdores y   flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y  comprendimos desde entonces la  pluralidad  vigente de todas las cosas y  nuestra diversidad  como seres y  culturas.  Así  conformamos nuestros  pueblos, y  jamás y  jamás comprendimos el  racismo hasta que los sufrimos desde los  funestos tiempos de la colonia…”.

Entonces, uno de los elementos que caracterizan a la nación y pueblo indígena originario campesino es la territorialidad, y de ahí que ahí  que las normas internacionales y la propia Constitución Política del Estado, incidan en el reconocimiento de los derechos sobre los territorios que ancestralmente ocupan.

6.2. El derecho El derecho a la tierra y  tierra y al  al territorio territorio El Convenio 107 de la OIT, reconociendo la importancia de la tierra, estableció en el art. 11, segunda parte, el siguiente texto: “Se deberá reconocer  el  derecho de  propiedad, colectivo o individual, a  favor  de los miembros de las  poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por  ocupadas  por  ellas”. Posteriormente, el Convenio 169 de la OIT, en su art. 7,

señala que: “los  pueblos indígenas deben tener  el  derecho de decidir  sus  propias  prioridades en lo que atañe al   proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y  bienestar  espiritual  y  a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y  de controlar, en la medida de lo  posible, su  propio desarrollo económico, social  y  cultural.  Además dichos  pueblos deberán  participar  en la  formulación, aplicación y evaluación y  evaluación de los planes los  planes y  programas  programas de desarrollo nacional y  nacional  y  regional susceptibles regional susceptibles de afectarles directamente” .

El art. 13 del mismo Convenio sostiene que al aplicar las disposiciones de la Parte II del Convenio (Tierras), los “gobiernos deberán respetar  la importancia especial  que  para las culturas y  valores espirituales de los  pueblos interesados reviste su relación con las tierras o

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territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y  en  particular los  particular  los aspectos colectivos de esa relación”.

El Convenio adopta una concepción integral del término tierras, pues, de acuerdo al art. 13.2 “el  concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del  totalidad  del hábitat  hábitat de de dicha denominación incluye “el concepto las regiones que los pueblos los  pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” . los  pueblos interesados el  derecho El art. 14 del Convenio dispone que: “Deberá reconocerse a los pueblos de  propiedad  y  de  posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.  Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas  para salvaguardar  el  derecho de los  pueblos interesados a utilizar  tierras que no estén exclusivamente ocupadas  por  ellos,  pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso  para sus actividades tradicionales y  de subsistencia.  A este respecto, deberá prestarse deberá  prestarse  particular  atención a la situación de los  pueblos nómadas y  de los agricultores itinerantes” .

El parágrafo 2 del artículo antes anotado, sostiene que: “Los gobiernos deberán tomar  las medidas que sean necesarias  para determinar  las tierras que los  pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar  y  garantizar la la protección  protección efectiva de sus derechos de propiedad  de  propiedad  y  posesión”,  posesión”, y  el  parágrafo el  parágrafo 3, sostiene que: “Deberán instituirse procedimientos instituirse  procedimientos adecuados en el  marco del  sistema  jurídico nacional  para nacional   para solucionar  las reivindicaciones de tierras  formuladas  por  los  pueblos interesados” .

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los  pueblos

indígenas, ratificada por  ratificada por Bolivia Bolivia mediante Ley 3760, Ley  3760, señala en el art. 26 que: “1. Los  pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y  recursos que tradicionalmente han  poseído, ocupado o de otra  forma utilizado o adquirido; 2. Los  pueblos indígenas tienen derecho a  poseer, utilizar, desarrollar  y  controlar  las tierras, territorios y  recursos que  poseen en razón de la  propiedad  tradicional  u otra  forma tradicional  de ocupación o utilización, así  como aquellos que hayan adquirido de otra  forma; 3. Los Estados asegurarán el  reconocimiento y   protección  jurídicos de esas tierras, territorios y  recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y  los sistemas de tenencia de la tierra de los  pueblos indígenas de que se trate” .

El art. 27 de la misma Declaración, sostiene que los Estados establecerán y aplicarán conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y

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recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. El art. 28.1 de la misma Declaración sostiene que: “Los  pueblos indígenas tienen derecho a la reparación,  por  medios que  pueden incluir  la restitución o, cuando ello no sea  posible, una indemnización  justa, imparcial  y  equitativa,  por  las tierras, los territorios y  los recursos que tradicionalmente hayan  poseído u ocupado o utilizado de otra  forma y  que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre,  previo e informado” . “El   pueblo En ese sentido, en el preámbulo de la Constitución boliviana, se sostiene que: “El  pueblo boliviano, de composición plural, composición plural, desde la profundidad  la  profundidad de de la historia, inspirado en las luchas del   pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas  populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y  sindicales, en las guerras del  agua y  de octubre, en las luchas  por  la tierra y  territorio, y  con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”.

En el marco de dichas normas internacionales y el preámbulo, el art. 2 de la Constitución

y  pueblos Política del Estado garantiza el  derecho a la libre determinación de las naciones y  pueblos indígena originario campesinos en el  marco de la unidad  del  Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. En ese ámbito, el art. 30.4), 6) 15) de la CPE, reconoce el derecho a la libre determinación y territorialidad y a la titulación colectiva de tierras y territorios. Por otra parte, debe considerarse que la actual organización territorial del Estado, de acuerdo al art. 269 de la CPE, comprende a los “departamentos,  provincias, municipios y territorios y  territorios indígena originario campesinos” ; territorios que deben ser reconocidos

de manera integral, pues de acuerdo al art. 403 de la CPE, comprenden áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. De las normas antes glosadas, que conforman el bloque de constitucionalidad, de conformidad al art. 410 de la CPE, se extrae que los pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: han  poseído, ocupado, utilizado o adquirido; 2. 1.  A las tierras, territorios que tradicionalmente han poseído,  A  poseer, utilizar  y  controlar  dichas tierras y  territorios; 3.  A que el  Estado garantice el  reconocimiento y   protección  jurídica de dichas tierras y  territorios, incluidos los recursos existentes en ellos.

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A lo anotado debe agregarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el

Informe sobre las “Comunidades Cautivas: Situación del  Pueblo Indígena Guaraní  y  formas y  formas contemporáneas de esclavitud  en el  Chaco de Bolivia”  de 24 de diciembre de 2008, en las recomendaciones señaló que para prevenir, investigar y sancionar estas formas de esclavitud, se debía: “13. Proveer  los recursos económicos, técnicos y  de recursos humanos necesarios  para  fortalecer el   fortalecer  el Tribunal  Tribunal  Agrario  Agrario Nacional y  Nacional  y  facilitar la  facilitar  la capacidad de capacidad  de que dicho Tribunal, en coordinación con el  Ministerio Público y  otras instituciones de la administración de  justicia y  de reforma agraria, colabore en la investigación y  sanción de las  prácticas análogas a la esclavitud  en el  Chaco y  otras regiones del  país. del  país. Impulsar  la resolución  por  parte  por  parte de este órgano de las impugnaciones de las órdenes de reversión o de otra  índole como parte como  parte del  proceso  proceso de saneamiento a  favor del   favor  del  pueblo  pueblo guaraní”.

En cuanto a las Recomendaciones específicas para la reconstitución del territorio del pueblo Indígena Guaraní, señaló: “16.  Adoptar  un  plan integral  para integral   para la reconstitución territorial  del  pueblo del   pueblo indígena guaraní  con especial  atención a los derechos de  propiedad  colectiva, autogobierno, educación salud, vivienda y  servicios de capacitación en el  área de agricultura y  otras actividades económicas”. “18.  Asegurar  que las medidas actuales tomadas  por  el  Estado en esta materia, tal  como el  proceso el  proceso de saneamiento bajo la legislación agraria y  el  Plan Interministerial  Transitorio 2007  2008  para el  Pueblo Guaraní, se adecuen a los estándares ‐

internacionales en cuanto al  alcance y  contenido de los derechos de los  pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recurso naturales,  formas de organización social,  política y  cultural; y  el  derecho a la consulta y  el  consentimiento  previo, libre e informado de los  pueblos indígenas.  Al  respecto, especial  atención debe darse a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados  por  el  Estado,  particularmente el  Convenio 169 de la OIT  sobre  pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los  pueblos Indígenas y los y  los estándares establecidos en la jurisprudencia la  jurisprudencia del sistema del  sistema Interamericano de derechos humanos como interpretación de los derechos consagrados en la Convención Americana Convención Americana sobre Derechos Humanos”. “19.  Asegurar  que todas las medidas tomadas  por  el  Estado  para la restitución del  territorio del  pueblo del  pueblo guaraní, tales como el  saneamiento, expropiación y  reversión de tierras, sean consensuadas con el   pueblo guaraní, conforme a sus  propios  procedimientos de consulta, valores, usos y derecho y  derecho consuetudinario”.

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“22. Garantizar  el  derecho de las comunidades del  pueblo del  pueblo guaraní, antes y  después de obtener el  obtener  el reconocimiento reconocimiento legal de legal  de sus territorios, de determinar y  determinar  y elaborar  elaborar sus sus propias  propias  prioridades y estrategias y  estrategias para  para el desarrollo el  desarrollo (…)”  “24. Asegurar  “24.  Asegurar que que los derechos de propiedad  de  propiedad  colectiva que adquieran las comunidades guaraníes garanticen también los derechos sobre los recursos naturales dentro de sus territorios”  “25. En relación con otros tipos de medidas, actividades, leyes o  políticas que afecten los intereses de las comunidades del  pueblos del   pueblos guaraní, el  Estado debe garantizar  la  participación de dichas comunidades mediante un  proceso de consulta que conlleva la obligación de que se obtenga su consentimiento  previo, libre e informado conforme a sus propias sus  propias costumbres y tradiciones”. y  tradiciones”. “27. Identificar  y  resolver  las  posibles demandas insatisfechas de Tierras comunitarias de Origen, particularmente Origen,  particularmente en el  Alto  Alto Parapetí, como resultado de los anterior  procesos  procesos de saneamiento que se hayan realizado en la región. La resolución de dichas demandas deberán conformarse a los mismo estándares sobre derechos de los  pueblos indígenas mencionados anteriormente”.

Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones para garantizar el acceso a la  justicia por parte del pueblo Indígena Guaraní  y demás pueblos indígenas en Bolivia, se tienen las siguientes: “28.  Adoptar  y  reformar  las  políticas y  leyes nacionales con el  fin el  fin de que se instituyan  procedimientos eficaces  para solucionar  las reivindicaciones de tierras  formuladas  por  los  pueblos indígenas con especial  atención a la situación de las comunidades ‐

guaraníes en la región del Chaco”  del  Chaco”  “29. Adoptar  “29.  Adoptar  y  reformar la reformar  la legislación nacional  para nacional  para que los  pueblos indígenas  puedan iniciar   procedimientos legales, sea  personalmente o mediante sus organismos representativos,  para asegurar  el  respeto de sus derechos humanos. Tales  procedimientos deben ser  equitativos y  justos y  justos y  que conduzcan a decisiones  prontas con reparaciones efectivas  por  la lesión a sus derechos individuales y  colectivos. Particular  atención debe darse a los casos relacionados con lesiones sufridas  por  individuos indígenas que han sido víctimas de actos de violencia”. “30.  Asegurar  que los trámites de los  procedimientos  para la reivindicación de tierras indígenas sean accesibles y  simples y  que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y  materiales necesarias  para dar  oportuna respuesta a las solicitudes hechas por  hechas  por los los pueblos  pueblos indígenas en el marco el  marco de dichos procedimientos dichos  procedimientos (…)”.

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7. El derecho a la consulta previa en las normas del bloque de constitucionalidad13 El derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la

OIT, cuyo art. 6.1 estableció que al aplicar las disposiciones del Convenio 169, los gobiernos deberán: “a) consultar  a los  pueblos interesados, mediante  procedimientos apropiados y  en  particular  a través de sus instancias representativas, cada vez que se  prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” . El art. 6.2 del Convenio

señaló que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena  fe y  de una manera apropiada a las circunstancias, con la  finalidad  de llegar  a un acuerdo o lograr el  lograr  el consentimiento consentimiento acerca de las medidas propuestas.”  medidas  propuestas.”  La consulta, de acuerdo al art. 15.2 del Convenio 169, se extiende a los recursos existentes en las tierras de los  pueblos indígenas, al señalar que cuando la propiedad de los minerales o

recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en esas tierras. Dichas normas fueron ampliadas y precisadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el art. 19 establece que: “Los Estados celebrarán consultas y  cooperarán de buena  fe con los  pueblos indígenas interesados  por  medio de sus instituciones representativas antes de adoptar  y  aplicar  medidas legislativas y  administrativas que los afecten, para afecten,  para obtener su obtener  su consentimiento libre, previo libre,  previo e informado”.

Además, el art. 32 de la Declaración, específicamente respecto a las tierras y territorios, sostiene: “1. Los  pueblos indígenas tienen derecho a determinar  y  elaborar  las  prioridades y  estrategias para estrategias para el desarrollo el  desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros y  otros recursos. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán y  cooperarán de buena fe buena  fe con los pueblos los  pueblos indígenas interesados  por  conducto de sus  propias instituciones representativas a  fin de obtener  su consentimiento libre e informado antes de aprobar  cualquier  proyecto cualquier  proyecto que afecte a sus tierras o territorios y  otros recursos,  particularmente en relación con el  desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces  para la reparación  justa y  equitativa  por 

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Este acápite también se basa en los Fundamentos Jurídicos de la reciente Sentencia Constitucional 2003/2010 de 25 de octubre, disponible virtualmente en: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/ 

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esas actividades, y  se adoptarán medidas adecuadas  para mitigar  sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o cultural  o espiritual”.

Por su parte, la Constitución Política del Estado reconoce en el art. 30. 15), el derecho: “A ser consultados ser  consultados mediante procedimientos mediante procedimientos apropiados, y en y  en particular   particular a a través de sus instituciones, cada vez que se  prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, añadiendo  posteriormente que “se respetará y  garantizará el  derecho a la consulta  previa obligatoria, realizada  por  el  Estado, de buena  fe y  concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el  territorios que habitan”.

En cuanto a los recursos naturales, el art. 403 de la CPE, reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. Ahora bien, a la luz de las normas constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas,

que

como se

‐

tiene señalado

‐

forman parte

del bloque

de

constitucionalidad, de conformidad a lo establecido en el art. 410 de la CPE, se puede concluir que la consulta previa es un deber del Estado, tanto en el nivel central, como en las entidades territoriales autónomas, que debe realizarse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias en los siguientes casos:

a.  Antes de adoptar  o aplicar  leyes o medidas que  puedan afectar  directamente a los  pueblos indígenas (arts. 6.1. del  Convenio 169, 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 30.15 CPE); b.  Antes de aprobar  cualquier  proyecto cualquier  proyecto que afecte sus tierras o territorios y  otros recursos (art. 32.2. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); c.  Antes de autorizar  o emprender  cualquier  programa cualquier  programa de  prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan  pueblos indígenas (arts. 15.2 del  Convenio 169, 32.2. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 30.15 y  403 de la CPE); y, d.  Antes de utilizar  las tierras o territorios indígenas  para actividades militares (art. 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

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La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado. Ahora bien, cabe aclarar que este consentimiento se constituye en una finalidad de la consulta, pero no un derecho en sí mismo, sí  mismo, salvo en las dos situaciones previstas tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 1. Traslados de las tierras que ocupan y  su reubicación (arts. 16.2 del Convenio 169 y 10 de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); y, 2.  Almacenamiento o eliminación de materiales  peligrosos en las tierras o territorios de los  pueblos indígenas (art. 29 de la

Declaración). A los dos supuestos anotados, debe añadirse un tercero, que fue establecido del  Pueblo  jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, en el que reconoció el derecho al consentimiento “(…) cuando se trate de planes de  planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto mayor  impacto dentro del  territorio Saramaka, el  Estado tiene la obligación, no sólo de consultar  a los Saramakas, sino también debe obtener  el  consentimiento libre, informado y   previo de éstos, según sus costumbres y  tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre "consulta"  y  "consentimiento"  en este contexto requiere de mayor  análisis” . En la misma Sentencia, se Relator  Especial de de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las y  las señaló que “(…) el  Relator Especial  libertades  fundamentales de los  pueblos indígenas ha observado, de manera similar, que: [s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas  por   pueblos indígenas, es  probable que estas comunidades tengan que atravesar  cambios sociales y  económicos  profundos que las autoridades competentes nos son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos  principales […] comprenden la  pérdida de territorios y  tierra tradicional, el  desalojo, la migración y  el  posible el   posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios  para la subsistencia  física y  cultural, la destrucción y  contaminación del  ambiente tradicional, la desorganización social  y  comunitaria, los negativos impactos sanitarios y  nutricionales de larga duración [y], en algunos casos, abuso y  violencia. En consecuencia, el  Relator  Especial  de la ONU determinó que '[e]s esencial  el  consentimiento libre,  previo e informado  para la  protección de los derechos humanos de los  pueblos indígenas en relación con grandes proyectos grandes  proyectos de desarrollo'” .

14

14

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, Serie C No. 172. Conforme a lo anotado, para implementar los proyectos de los tres supuestos antes señalados, se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, lo que significa que en dichos casos los pueblos tienen la potestad de vetar el proyecto; en los demás casos cuando la consulta se desarrolla de buena fe, con métodos e información apropiada, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración del proyecto, debiendo el Estado actuar bajo márgenes de razonabilidad, sujeto a normas, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, entre ellos el principio de legalidad y la prohibición de arbitrariedad; respetando los derechos de las comunidades originarias, evitando impactos nocivos a su hábitat y modus vivendi.

23

8. El Derecho al Medio Ambiente Medio  Ambiente En base a lo anterior, es necesario hacer notar que actualmente la Nueva Constitución Boliviana pone de relieve la necesidad existente de protección y preservación del medio ambiente, reconociendo expresamente en su texto, entre los Derechos Sociales y  Económicos, el  Derecho al  Medio  Ambiente, que consiste  principalmente en que todas las  personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un medio ambiente saludable,  protegido y  equilibrado, a cuyo efecto, el  ejercicio de este derecho debe  permitir  a los individuos y  colectividades de las  presentes y  futuras  futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal  y  permanente  permanente. Es por esta razón que cualquier persona, a título individual o en representación

de una colectividad, se encuentra plenamente facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del  derecho al  medio ambiente, sin perjuicio de la obligación que tienen las

autoridades e instituciones públicas, de actuar de oficio (sin necesidad de requerimiento previo) frente a los atentados contra el medio ambiente, todo ello al tenor combinado de lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Nueva Constitución Boliviana, considerando sobre todo que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 14, parágrafo III constitucional). En complemento de lo anterior, todas las bolivianas y bolivianos, tenemos el deber ineludible de proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos (artículo

108,

numeral

16

constitucional).

Del

postulado

constitucional

expuesto

precedentemente, se pueden inferir las siguientes características del  derecho al  medio ambiente:

a) La Concepción derecho deber  de un ambiente sano en cuanto a su exigibilidad  y  ‐

 participación en la tarea de  protección y   preservación del  mismo. De ahí  que, y por la naturaleza de la cuestión involucrada en el “contenido” de ese derecho, el bien  jurídico protegido y el correspondiente deber, convierte a los ciudadanos y habitantes del país, en verdaderos “agentes”  en el cuidado ambiental. Sin embargo, las obligaciones, pesan también sobre el Estado, en toda su amplitud de “autoridades”  en cualquiera de los niveles de gobierno (central, departamental, municipal, e indígena originario campesino), dado que ahora los mismos se hallan involucrados no sólo en la obligación de “no dañar”  sino también en la realización de ejercicios positivos (acciones de oficio) de preservación ambiental, es decir, de evitar que otros destruyan el medio ambiente, y exigir a los particulares cada deber concreto en cada circunstancia que afecte el tema ambiental.

b) Compromiso

intergeneracional  de  preservación del  medio ambiente ,  para las

generaciones presentes generaciones  presentes y  futuras,  futuras, dentro de un concepto de desarrollo que amplía la gama de

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opciones para las personas, inspirado en las metas de largo plazo de una sociedad; lo que significa que el consumo y/o producción actual no puede financiarse incurriendo en deudas económicas que otros tendrían que reembolsar en el futuro, y por ende, “los recursos naturales deben utilizarse de  forma que no creen deudas al  sobreexplotar  la capacidad  de 15

sostenimiento y  producción  producción de la tierra”  .

c) Recepción de la noción de “desarrollo sustentable” 16: lo cual comprende una mejor comprensión de la diversidad de ecosistemas, solución localmente adoptada para problemas ambientales y mejor control del impacto ambiental producido por las actividades de 17

desarrollo .

d) Apto d)  Apto para  para el desarrollo el  desarrollo humano: concepto del cual la Argentina fue la primera Constitución en incorporarlo, de acuerdo a la visión de Naciones Unidas en sus Programas para el “el  proceso mediante el  cual  se Desarrollo. Este organismo define al desarrollo humano como “el  proceso amplían las oportunidades del  ser  humano”  en donde se anotan las de disfrutar de una vida

prolongada y saludable y tener acceso a los recursos necesarios para una vida decente, es decir que los beneficios sociales deben verse y  juzgarse en la medida que promueva el bienestar humano. Por lo que el concepto de desarrollo humano es amplio e integral. No es simplemente un llamado a la protección ambiental, sino que implica un nuevo concepto de crecimiento económico, que provee  justicia y oportunidades para toda la gente del mundo. Este es el gran interrogante y el gran problema para los países en desarrollo, donde el atraso económico muchas veces produce el equívoco de presentar a la necesidad de “industrializarse”  de elaborar productos con mayor valor agregado, como contrapuesta a la

preocupación ambiental.

e) Jerarquía e)  Jerarquía constitucional de constitucional de la obligación de resarcir el  resarcir  el daño daño ambiental según ambiental  según lo establezca la ley. El artículo 347 constitucional es claro en ese sentido, al establecer que quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad 18

necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales .

15

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, 1987. Actividades productivas satisfacen las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras - DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO, 1992. 17 Al respecto, el Artículo 346 constitucional establece que el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley l ey establecerá los principios y disposiciones para su gestión. 18 Marcelo Alberto López Alfonsín y Carlos Eduardo Tambussi. El Medio Ambiente como Derecho  Humano. Disponible en: http://www.gordillo.com/Pdf/DH--5/Capitulo_XIII.pdf  16

25

Indudablemente, el art. 33 de la Constitución optó por categorizar como derecho colectivo de todos los habitantes, el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Y esta afirmación se ratifica al comparar la citada norma con la regulación de la Acción Popular prevista en el art. 135 constitucional, que especifica los derechos e intereses colectivos tutelables por vía de esa acción constitucional, aludiendo a los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el  medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la misma Constitución. Como se puede ver, ciertamente son importantes e innovadoras las disposiciones que se insertaron el nuestro texto constitucional, a fin de preservar por entre todos los peligros el derecho al medio ambiente de que goza toda persona por su condición de tal, siendo el mismo de naturaleza ambivalente (como derecho y deber fundamental) e inherente al ejercicio de sus demás derechos en relación con sus semejantes. Sin embargo, la temática del medio ambiente como tal, no solamente se limita a su concreción 19

como un derecho fundamental de las personas , sino que también extiende sus alcances al ámbito educativo, dado que la educación, además de constituir una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado (quien tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla), debe estar orientada “al  desarrollo de competencias, aptitudes y  habilidades  físicas e intelectuales que vincule la teoría con la  práctica  productiva” ,

así  como “a la conservación y  protección y  protección del  medio ambiente, la biodiversidad  y  el  territorio  para el vivir  el  vivir bien”  bien” , ello de acuerdo a lo previsto expresamente por el artículo 80 constitucional.

9. El derecho humano al medio ambiente en América en América Latina En este punto, se debe señalar que la consagración del derecho humano a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, es un acto lógico dentro del derecho constitucional comparado, y que se ha reflejado en diversas Constituciones de los pueblos de América Latina. En este sentido, muchas de las Constituciones Latinoamericanas ya incorporaron ese derecho bajo distintas formas y modalidades (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela). En las últimas décadas, la reforma constitucional de 1994 introdujo la consagración de ese derecho en Costa Rica, y años más tarde, en 1999 la República Bolivariana de Venezuela también logró un avance similar. En este sentido, la Constitución de Argentina (1994), dispone que “todos los habitantes gozan del  derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto  para el  desarrollo humano y  para y  para que las

19

Al respecto, se debe considerar también que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, en cuya virtud la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente, ello de acuerdo al tenor combinado de los artículos 342 y 343 de la Nueva Constitución Boliviana.

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actividades  productivas satisfagan las necesidades  presentes sin comprometer  las de las generaciones  futuras…” . Por su parte, la Constitución de Brasil (1988), establece que “todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado…” . Asimismo, la Constitución “el  derecho a vivir en vivir  en un medio ambiente libre de de Chile (1980), asegura a todas las personas “el derecho contaminación” . De manera específica, la Constitución de Costa Rica de 1949, a partir de su

reforma en el año 1994, establece que “toda  persona tiene derecho a un ambiente sano y  ecológicamente equilibrado” ; en tanto que, la Constitución del Ecuador (1998) tomando como ‐

modelo los preceptos de las Constituciones de Brasil y Chile , incluye entre los derechos de las ‐

vivir  en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y  libre personas “el  derecho de vivir en de contaminación” . La Constitución de Nicaragua (1987) señala expresamente que “los nicaragüenses tienen derecho a habitar  en un ambiente saludable” , y la Constitución de

Colombia (1991) prevé que “todas las  personas tienen derecho a gozar  de un ambiente sano. La ley  garantizará la  participación de la comunidad  en las decisiones que  puedan afectarlo. Es deber  del  Estado  proteger  la diversidad  e integridad  del  ambiente, conservar  las áreas de especial  importancia ecológica y  fomentar  y  fomentar  la educación  para el  logro de estos  fines” . Por su “toda  persona tiene derecho a habitar  parte, la Constitución de Paraguay (1992) estableció que “toda persona en un ambiente saludable y ecológicamente y  ecológicamente equilibrado” ; y la Constitución de Perú (1993) dice

que toda persona tiene derecho “a gozar de gozar  de un ambiente equilibrado y adecuado y  adecuado al desarrollo al  desarrollo de su vida” . Finalmente, la Constitución de Venezuela (1999), haciendo amplia referencia a los y  un deber de deber  de cada que denomina como “derechos ambientales” , establece que “es un derecho y un generación  proteger  y  mantener  el  ambiente en beneficio de sí  misma y  del  mundo  futuro. Toda  persona tiene derecho individual  y  colectivamente a disfrutar  de una vida y  de un ambiente seguro, sano y  ecológicamente equilibrado. El  Estado  protegerá el  ambiente, la diversidad  biológica, genética, los  procesos ecológicos, los  parques nacionales y  monumentos naturales y demás y  demás áreas de especial importancia especial  importancia ecológica. (…) Es una obligación fundamental  obligación  fundamental  del  Estado, con la activa  participación de la sociedad, garantizar  que la  población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el  aire, el  agua, los suelos, las costas, el  clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente  protegidos, de conformidad con conformidad  con la ley” . Conforme se puede apreciar, en estos últimos años es sobresaliente la

tendencia de las Constituciones Latinoamericanas, de consagrar en su texto normativo, el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, a fin de favorecer el desarrollo humano de las generaciones 20

presentes y futuras .

20

Al respecto, puede verse un interesante trabajo sobre los Derechos al Medio Ambiente adecuado y su

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10. El derecho al medio ambiente en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos  A) Instrumentos de alcance general  alcance general  Principio 1 El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera, quedan condenadas y deben eliminarse.

Principio 2 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo,1972)

Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

Principio 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables.

Principio 4 El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.

Principio 11 Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían cuartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de

Protección, en: http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html; y también una ponencia sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=248

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la aplicación de medidas ambientales.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 11 Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y el mejoramiento del medio ambiente.

B) Instrumentos sobre Instrumentos sobre pueblos  pueblos indígenas Artículo 7 (...)

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio 21 ambiente de los territorios que habitan.

11. Garantías Constitucionales en defensa del Derecho al Medio  Ambiente en Bolivia A efecto de indagar sobre las garantías existentes en el sistema constitucional boliviano, para la defensa del derecho colectivo al medio ambiente sano, se debe hacer necesaria referencia a los alcances del control de constitucionalidad, cuyo ejercicio se halla encargado al Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a la Nueva Constitución Boliviana aprobada en enero del año 2009. En este sentido, respecto a los alcances de la labor de control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional en Bolivia, cabe considerar que la

21

Esta información ha sido extractada de la Página Web de la Comisión Andina de Juristas.

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Constitucional Nº 0051/2005 0051/2005 de 18 de 18  de  jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Nº  agosto, ha establecido lo siguiente: “(…) Con carácter  previo  previo a dilucidar la dilucidar  la problemática  problemática planteada,  planteada, este Tribunal considera Tribunal  considera necesario precisar  necesario  precisar  los alcances del  control  de constitucionalidad  que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por  inconstitucionalidad,  por  cualquiera de las dos vías reconocidas directa ‐

o indirecta . En ese orden, cabe señalar  que el  control  de constitucionalidad  abarca los ‐

siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad  o incompatibilidad  de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, del  Estado, lo que incluye el  sistema de valores supremos,  principios  fundamentales, así  como los derechos  fundamentales consagrados en dicha Ley  Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así  como de la disposición legal  sometida al  control  desde y  conforme a la Constitución Política del  Estado; c) el  desarrollo de un  juicio relacional   para determinar  si  una norma legal  es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente determinando  previamente el significado el  significado de la norma legal  por vía  por  vía de interpretación; y  d) la determinación de mantener  las normas de la disposición legal  sometida al control. al  control. (…)” 

Como se puede apreciar, ésos son los ámbitos esenciales en que debe desarrollar sus funciones el nuevo T RIBUNAL RIBUNAL C ONSTITUCIONAL ONSTITUCIONAL PLURINACIONAL , mismo que, de acuerdo a su configuración constitucional, ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad de defensor de los Derechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así  como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. Precisamente para el cumplimiento eficaz de esas funciones, los arts. 202 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y el 12 de la nueva Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, enumeran las competencias específicas atribuidas al referido Tribunal, para que ésta institución desarrolle su labor jurisdiccional labor  jurisdiccional especializada, en una triple dimensión: 

el control  el  control normativo normativo de constitucionalidad ;



el control  el  control sobre sobre el ejercicio el  ejercicio del  poder   poder  político  político; y



el control  el  control tutelar  tutelar de de los derechos fundamentales derechos  fundamentales y garantías y  garantías constitucionales.

A los efectos de este ensayo, únicamente nos interesará desarrollar el ámbito del control tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en razón de que la problemática planteada se encuentra directamente vinculada a los derechos colectivos en general, y al derecho a un medio ambiente sano, en particular.

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12. Control tutelar sobre la vigencia de los Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales Como se ha señalado en el trabajo de mi autoría: Reflexiones Críticas a la Nueva Ley  del  22

Tribunal Constitucional  Tribunal  Constitucional Plurinacional  Plurinacional  , ésta forma de control tiene la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que operan como límites al ejercicio del poder público del Estado. En este sentido, y de acuerdo a lo establecido en la Atribución 7ma., del art. 12 de la Ley Nº 27, el TCP debe ejercer este control a través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes acciones:

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a)  Acción de Libertad  , que extiende su ámbito de protección hacia toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal; vale decir que en el nuevo sistema constitucional boliviano se han ampliado los alcances de ésta acción tutelar, con la finalidad de dar una efectiva protección no sólo a quienes se encuentran

22

VARGAS LIMA, Alan E.   Reflexiones Críticas sobre la Nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Obra inédita de próxima publicación. La Paz (Bolivia): Agosto de 2011. 23 En lo referente a la configuración actual de la  Acción de Libertad  y la ampliación de su ámbito de protección en relación al habeas corpus anteriormente vigente, cabe considerar los argumentos del Voto  Disidente formulado en fecha 22 de julio de 2010 por el Magistrado Marco Antonio Baldivieso, respecto al entendimiento contenido en la Sentencia Constitucional 0451/2010-R de 28 de junio, en cuya oportunidad se ha señalado lo siguiente: “El art. 18.I de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), establecía que: "Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notarial o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales…". Similar previsión está contenida en el art. 125 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), que sostiene que "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por  cualquier a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal…". Como se puede apreciar, entre ambas normas no existen diferencias substanciales, manteniendo la Constitución vigente las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo,   por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la  protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. Cabe hacer notar, sin embargo, que la Constitución Política vigente acentúa algunas de las características anotadas: 1. El informalismo, pues actualmente se amplía la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad, que antes estaba reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor de edad o incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre y; 2. La inmediación, ya que la Constitución Política del Estado señala que la autoridad judicial, una vez presentada la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención, última   posibilidad que no estaba contemplada en la Constitución abrogada y que es fundamental para comprobar las condiciones en que la persona se encuentra privada de libertad, especialmente cuando existe denuncia de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o si se ha vulnerado el derecho a la integridad física o existe amenaza a su vida. (…)”. Disponible virtualmente en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/ 

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ilegalmente privados de libertad, sino también a quienes consideren que su libertad física o personal y su propia vida estén amenazadas.

b)  Acción de  Amparo Constitucional 24, que extiende su ámbito de procedencia contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; vale decir que se trata de una acción extraordinaria que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, siempre que no exista otro medio o recurso legal para su defensa, a cuyo efecto ésta acción tutelar se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad  e inmediatez, lo que implica la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que en su momento resultaren lesionados.

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c)  Acción de Protección de Privacidad  , que se activa en favor de toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer,

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Al respecto cabe recordar que la Acción de Amparo Constitucional prevista en el artículo 128 de la NCPE (anteriormente consagrado como un Recurso en el art. 19 de la CPEabrg), es una acción tutelar de carácter extraordinario tendiente a la protección de los derechos fundamentales de las personas: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución  y la ley”; instituyéndose en el art. 129.I y II, los principios esenciales de subsidiariedad e inmediatez que la caracterizan, al disponer que podrá interponerse: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal  para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (…) en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Sobre el Principio de Inmediatez que lo caracteriza, se puede consultar la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0521/2010 de 5 de julio. Asimismo, en cuanto se refiere al Principio de Subsidiariedad , es de importancia recurrir a la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional 0770/2010 de 2 de agosto, así como el entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional 1337/2003-R de 15 de septiembre, que establece las reglas y sub-reglas de improcedencia del Amparo por subsidiariedad. 25 Respecto a la naturaleza jurídica y los nuevos alcances de la Acción de Protección de Privacidad , la reciente jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1999/2010 de 26 de octubre, ha establecido que: “La nueva Constitución Política del Estado cambia el nomen juris del hábeas data a acción de protección de privacidad, pero no así su esencia tutelar, empero contempla algunos cambios específicos en cuanto a su redacción, en especial el art. 130. I, en el que se refiere a los casos de legitimación activa que si bien es muy similar al texto del art. 23.I de CPEabrg, tiene una diferencia notoria cuando afirma; “…Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o   familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”. Observamos en primer lugar que se añaden a las personas colectivas como posibles legitimados activos, o futuros accionantes, concibiendo que las personas colectivas también tienen acceso a los derechos reconocidos por el art. 21.2 de la CPE, los cuales son: derecho a la intimidad, honra, propia imagen y dignidad. Se entiende que el texto del art. 130.I al reconocer como posibles accionantes a personas colectivas, se refiere a aquellas de orden público como privado, pero con

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objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho  fundamental  a la intimidad  y   privacidad  personal o  personal  o  familiar, o a su propia su  propia imagen, honra y reputación y  reputación.

d)  Acción de Cumplimiento26, que procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida; a cuyo efecto, dicha acción es susceptible de interponerse por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre

algunas diferencias en cuanto a los derechos tutelados para estas, es decir, que las personas colectivas no podrán aducir la vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar, que son derechos  fundamentales de índole personal, pero sí podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen  y a la reputación. (…)”. 26 Respecto a la configuración constitucional de esta nueva acción de defensa, la reciente jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0258/2011 de 16 de marzo, ha establecido que: “(…) la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional, por las siguientes razones: i) Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado; ii) Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional; iii) Tiene como objeto garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad    y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos  fundamentales y garantías constitucionales. La acción de cumplimiento está integrada por una serie de actos de procedimiento como la demanda, el informe, la audiencia, la resolución y posterior revisión por  el Tribunal Constitucional, que configuran un proceso constitucional autónomo, de carácter  extraordinario, tramitación especial y sumaria, en el que se reclama la materialización de un deber constitucional o legal- omitido, existe en tal sentido una pretensión, partes discrepantes, un   procedimiento específico conforme al cual se desarrolla la acción, y un juez o tribunal que resuelve otorgar o denegar la tutela. Cabe resaltar que esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda   persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la   jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos   previstos en la Constitución y en la Ley (…)”. Y más adelante, la referida Sentencia agrega también: “(…) La acción de cumplimiento, de acuerdo al texto constitucional contenido en el art. 134 de la CPE,  procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores  públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Conforme a dicho texto, la acción de cumplimiento, tiene como objeto garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido. Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a)  Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2   y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE) (…)”.

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con poder suficiente, ante  juez o tribunal competente, debiendo tramitarse de acuerdo a las mismas reglas de procedimiento previstas para la Acción de Amparo Constitucional.

e)  Acción Popular , que de acuerdo al texto constitucional vigente, procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que vulneren o amenacen con vulnerar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar

naturaleza

reconocidos

por

la

misma

Constitución

(artículo

135

27

constitucional) .

Asimismo, se ha previsto que la  Acción Popular  podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos, a cuyo efecto, y para interponer esta acción, no será necesario agotar la vía  judicial o administrativa que pueda existir, de donde se desprende que ésta vía tutelar no tiene carácter subsidiario, sino que por el contrario es de activación inmediata, sin necesidad de trámite y/o formalidades previas.

Además de lo anterior, podrá interponer esta acción cualquier persona afectada, a título individual o en representación de una colectividad (con la acreditación legal correspondiente) y, con carácter obligatorio, el  Ministerio Público y  el  Defensor  del  Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos,

debiéndose aplicar el procedimiento previsto para la tramitación de la Acción de Amparo Constitucional (ello según lo previsto por el artículo 136 constitucional, en concordancia con lo previsto por los artículos 128 y 129 constitucionales).

De las normas previstas por la Constitución, se infiere que tanto el Ministerio Público, que debe actuar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y; el

Defensor  del  Pueblo, que tiene el deber constitucional de velar por la vigencia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, tienen ahora una obligación

27

Para mayor información sobre estas nuevas acciones tutelares  ( Acción de Cumplimiento y  Acción Popular ) que recientemente se han incorporado al sistema constitucional boliviano, y con amplia referencia a la doctrina y jurisprudencia comparadas, ahora puede consultarse: REVISTA BOLIVIANA DE DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL “ La Jurídica”. Nº 1. (La Paz – Bolivia: Ediciones El Original, Marzo de 2011), Págs. 11-43.

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constitucional pendiente en defensa del derecho al medio ambiente que nos corresponde a todos los bolivianos en general, y a los Pueblos Indígenas Originarios que viven en la zona del Territorio Indígena – Indígena  – Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en particular, y que ahora se halla en peligro de ser desconocido y suprimido, ante la existencia de intereses comerciales extranjeros y compromisos inconsultos contraídos en esferas gubernamentales a nombre del pueblo boliviano, lo cual ahora pretende mimetizarse con planes de desarrollo e integración.

En definitiva y como lo ha sostenido el Presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, ‐

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Dr. José Antonio Rivera

, siendo el medio ambiente un derecho colectivo de los bolivianos y

‐

las bolivianas, en cumplimiento del deber que le impone la Constitución al Estado Plurinacional para la protección y conservación del medio ambiente, y la biodiversidad, el Gobierno nacional debió consultar a la población, en general, y a los Pueblos Indígenas Originarios del TIPNIS, en particular, sobre la construcción de la mencionada carretera, ya que éstos serán los directos afectados con la construcción de la misma, con la aclaración de que la consulta que debe formular obligadamente el Gobierno Nacional no es una mera exigencia de los afectados, y menos puede estar sometida al criterio discrecional de los gobernantes, sino que es un derecho reconocido por la misma Constitución que todos los (las) bolivianos(as) hemos aprobado por decisión unánime, y que rige con obligatoriedad para gobernantes y gobernados.

La Paz, septiembre de 2011.

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Al respecto puede consultarse la posición del citado constitucionalista boliviano, en el sitio web: http://t.co/fzvQT35; a la que nos adscribimos plenamente y que nos ha servido de base para este ensayo. http://t.co/fzvQT35;

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