REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD CATOLICA DEL TACHIRA ESPECIALIZACION DE DERECHO TRIBUTARIO VIII COHORTE PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DR. SALVADOR SANCHEZ
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA
Betty Alejandra Casas Ruiz Maurent Sohail González Arciniegas
SAN CRISTOBAL, 06 DE MARZO DEL 2010
C.I. V- 17.108.354 C.I. V-14.975.895
ESQUEMA
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INTRODUCCION
BREVE REVE RESE RESEÑA ÑA DEL DEL PROC PROCED EDIIMIEN MIENTO TO DE FISC FISCAL ALIIZACI ZACIÓN ÓN Y DETERMINACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES
ORDENA ORDE NANZ NZA A SOBR SOBRE E PATE PATENT NTE E E IMPU IMPUES ESTO TOS S DE INDU INDUST STRI RIA A Y COMERCIO DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DEL ESTADO TÁCHIRA:
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PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O DE FISC FISCAL ALIZ IZAC ACIÓ IÓN N Y DETE DETERM RMIN INAC ACIO ION N TRIBUTARIA:
DE LA DETERMINACION
DE LA FISCALIZACIÓN
DE LAS NOTIFICACIONES
COMPET COMPETENC ENCIA IA DE LA ADMINI ADMINISTR STRACI ACION ON TRIBUT TRIBUTARI ARIA A MUNCIPAL
FUNCIONARIOS COMPETENTES
ORDENA ORDENANZA NZA SOBRE SOBRE ACTIVI ACTIVIDAD DADES ES ECONÓM ECONÓMICA ICAS S DEL MUNICI MUNICIPIO PIO BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN:
FACULTADES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
DE LAS NOTIFICACIONES
SEME SEMEJA JANZ NZAS AS Y DIFE DIFERE RENC NCIA IAS S ENTR ENTRE E EL PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANALIZADOS Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO.
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CONCLUSIONES
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BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCION Constitucionalmente los ingresos municipales derivan principalmente de las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, así como por propaganda y publicidad comercial, entre otros. En Venezuela, los impuestos municipales varían según la entidad territorial municipal y su regulación se ubica en las Ordenanzas Municipales correspondientes, conforme a lo establecido en Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Uno de los aspectos que debe considerar el inversionista en su estudio de localización, son los tributos municipales, principalmente el Impuesto a las Actividades Económicas (Patente de Industria y Comercio) que requiere toda empresa o establecimiento para operar sus actividades y el Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, que debe pagarse por la sede física (construcción, terreno o edificio) de la misma.
Se detalla a continuación la información correspondiente al tributo municipal sobre actividades económicas de los Municipios Bolívar y San Cristóbal del Estado Táchira; así como una breve descripción del procedimiento de fiscalización y determinación de obligaciones tributarias.
BREVE RESEÑA DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES
Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 1983 el organismo que a nivel del gobierno central tenía atribuido el carácter de administración tributaria era la Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas, carácter que se mantuvo después de la aparición del Código Orgánico Tributario y que inclusive fue reconocido mediante sentencias emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 20 de junio de 1990. La estructura consagrada en la Constitución Nacional de 1961 reconoce tres niveles de ejercicio del poder, determina la distribución de competencias tributarias y en consecuencia, la existencia de administraciones tributarias: nacional, estadal y municipal. Esta estructura se mantiene y esta plasmada en la Constitución vigente de 1999. A nivel nacional se produjo un hecho que modificó el estado de cosas antes referido, producto del proceso que comenzó en 1989, inscrito en el proceso de reforma iniciado en aquel entonces, una de cuyas estrategias dirigida a la modernización del sector público, es la consiguiente modernización de la administración tributaria. Con la creación de este órgano administrativo que pasaría a ejercer las funciones que hasta entonces venía ejerciendo la Dirección Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda. En 1994, aparece mediante Gaceta Oficial Nº 35.407, de fecha 23 de febrero de 1994 el “Servicio Nacional de Administración y Control Tributario Servicio Autónomo” (SENACT), como parte del Programa de Modernización del Sistema de Finanzas Publicas, este plan contempla además, otros sistemas, tales como el Sistema de Control Interno Integrado de la Gestión Pública, Sistema de Aduanas de Venezuela (Servicio Autónomo), Sistema de Tesorería Nacional, Reorganización de la Escuela Nacional de Hacienda y Creación del Instituto de las Finanzas Públicas, la Reestructuración Integral del Ministerio de Hacienda y la ejecución del Programa Especial para el incremento de la recaudación tributaria. En las Haciendas Públicas Estadales y Municipales prácticamente se reproduce en nuestro país la estructura de la administración tributaria del nivel central, con la salvedad de que se han venido creando organismos iguales o similares al SENIAT. Las políticas fiscales nacionales, y en especial las
municipales en Venezuela cada vez mas se convierten en mejores instrumentos para crear y estimular el desarrollo local, por lo que se hace de gran importancia la participación e integración del pueblo y el gobierno en estos ámbitos territoriales y de poder, para desde adentro gestar juntos el desarrollo de las localidades del país. Así pues, la administración tributaria municipal dentro del proceso de modernización tributaria que se vive actualmente en el país debe perfeccionarse para aumentar la recaudación de sus ingresos propios y de esta manera promover, facilitar e incentivar a través de la asistencia ciudadana el pago voluntario y oportuno de los impuestos por parte de los contribuyentes, de este modo dicho nivel territorial tendrá indudablemente mas recursos económicos para invertir en proyectos de desarrollo local.
La Administración Tributaria del Municipio comprende el conjunto de actividades a través de las cuales el Municipio hace efectivo su derecho crediticio de fuente tributaria. Ella es ejercida por el Alcalde por intermedio de unidades especialmente creadas con estos propósitos denominados, generalmente, Superintendencias, con autonomía funcional y administrativa, o por unidades de línea como son las direcciones de hacienda municipal. El artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define a los municipios como la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley.
La autonomía de los Municipios comprende la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, esto implica el desarrollo de procedimientos para implementar y mejorar la recaudación de impuestos municipales, en este caso a través de fiscalizaciones, a fin de soportar el gasto público municipal y la inversión de los ingresos propios en obras que beneficien a la colectividad. El proceso de fiscalización en general comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, integro y oportuno pago de los impuestos. La auditoria tributaria constituye una actividad permanente de fiscalización, la cual consiste en verificar la exactitud de las declaraciones a través de la revisión de los antecedentes y documentación de los contribuyentes.
La recaudación consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios a favor del Municipio y de intereses de mora, sanciones y otros accesorios causados por infringir disposiciones contenidas en la legislación tributaria municipal. La extinción de la
obligación tributaria se realiza mediante el pago, el cual se rige por las disposiciones contendías en los artículos 40 al 48 del COT; sin embargo, existen otras formas de extinguir la obligación tributaria distintas al pago, como son la compensación, la confusión y la declaratoria de incobrabilidad, poco aplicables en los Municipios.
En los municipios un proceso masivo de fiscalización corresponde a los planes que enfrentan a un número significativo de contribuyentes, a través de procesos más estructurados de atención y fiscalización, y que cuenten para su ejecución con un apoyo informático uniforme que cubra a todo el territorio municipal, con objeto de lograr eficiencia y efectividad en la fiscalización. En éstos procesos la tasa de atención se caracteriza por ser alta, dado que es una fiscalización dirigida a un proceso particular del contribuyente.
El impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto municipal, local o territorial, aplicado en el ámbito espacial de un municipio determinado. Es directo y proporcional, que grava la actividad lucrativa que produce el ejercicio de la industria, servicio, comercio o de índole similar, establecido en principio en la norma constitucional y regido por los preceptos determinados en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. De conformidad con el principio sobre los Derechos Económicos establecidos en el artículo 112 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, toda persona, tanto natural como jurídica puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.
La administración tributaria municipal debe contar con un profundo conocimiento de las características tributaria de cada uno de los tipos tributarios con los que cuenta el municipio, para poder unificar ciertos aspectos que conllevan a un mejor rendimiento de cada uno de los tipos tributarios, observando las diferencias y similitudes en los tributos, todo lo relacionado a la consecución del tributo, la atención al contribuyente, la forma de autoliquidación tributaria, la forma de pago, la información tributaria al contribuyente, la claridad en los procedimientos de determinación, fiscalización y sanción tributaria, que realiza los funcionarios adscritos al área de recaudación de la hacienda municipal. Además de contar con un órgano especializado que sirva de base fundamental a los avances tecnológicos y humanos. Esto permitiría sin duda una mayor eficiencia tributaria que se reflejaría en mayores ingresos al municipio, para atender las innumerables necesidades del colectivo.
A continuación estudiaremos los casos de los procedimientos de fiscalización y verificación tributaria de los Municipios San Cristóbal y Bolívar del Estado Táchira.
ORDENANZA SOBRE PATENTE E IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DEL ESTADO TÁCHIRA:
Establecido en la “Ordenanza sobre Patente e Impuestos de Industria, Comercio, Servicios e Índole Similar”, Gaceta Municipal Nº 078 del 21 de diciembre de 2004. Regula la patente o autorización que necesariamente deberá obtener toda persona natural o jurídica, cualquiera que sea naturaleza, que ejerza actividad(es) lucrativa(s) en la jurisdicción del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACION TRIBUTARIA:
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DE LA DETERMINACION
Existen dos grandes corrientes en torno a si la deuda tributaria nace al producirse el hecho imponible o si se genera al practicarse la determinación. En nuestro ordenamiento jurídico, la determinación se considera de carácter declarativo, por cuanto la deuda tributaria nace al producirse el hecho imponible y la determinación sólo exterioriza algo que ya existe. Así lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 13: “La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”.
De acuerdo con el artículo 130 del Código Orgánico Tributario, la determinación puede ser hecha por los sujetos pasivos, quienes luego procederán al pago del tributo correspondiente o en forma mixta por la Administración
tributaria, sobre la base de la información suministrada por el contribuyente o responsable. También la determinación puede ser hecha de oficio por la Administración Tributaria, bajo una de estas modalidades: sobre base cierta o sobre base presuntiva.
En este sentido, el artículo 30 de la Ordenanza sobre Patente e Impuestos de Industria, Comercio, Servicios e Índole Similar establece que las declaraciones de ingresos brutos tanto definitiva como estimada, deberán estar acompañadas por ciertos recaudos, entre ellos: Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, para el cierre del periodo establecido. b) RIF y NIT. c) Cualquier otro documento o información que la Dirección de Hacienda considere necesario para determinar el monto del Impuesto. a)
También prevé los casos de la presentación extemporánea de las declaraciones de ingresos brutos, definitiva y estimada, el contribuyente podrá ser conminado a la presentación inmediata de dicha declaración, así haya transcurrido el lapso establecido en la normativa municipal y la Administración Municipal podrá practicar la respectiva inspección fiscal de manera consensual o para practicar la determinación de oficio. Para la determinación de oficio la Ordenanza establece en su artículo 48 que solo procede en los siguientes casos: Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la Declaración Jurada dentro del lapso establecido. Cuando la Declaración ofreciere dudas debidamente fundadas y 2) razonadas relativas a su sinceridad o exactitud. Cuando el infractor estuviere ejerciendo las actividades gravadas, sin 3) haber obtenido la correspondiente Patente. Cuando el contribuyente o responsable haya agregado en la planilla 4) de Declaración Jurada códigos de actividad no autorizada en su respectiva Patente. 5) En los demás casos previstos en la Ordenanza. 1)
El Parágrafo Único del artículo anterior además dispone que la determinación de oficio conlleva a la aplicación de las sanciones que fueren procedentes. El impuesto determinado deberá ser pagado dentro de los veinticinco
(25) días hábiles siguientes a la liquidación que contendrá la Resolución Culminatoria del proceso junto con los recargos, intereses y multas que contenga la misma, si fuere el caso. El artículo 43 ejusdem establece que la determinación la podrá realizar La Dirección de Hacienda Municipal, por Resolución motivada que se fundamentará en el acta respectiva, calificando de oficio las actividades del contribuyente, estimar su movimiento económico y liquidar el impuesto correspondiente en los siguientes casos: Cuando un contribuyente no haga las declaraciones juradas requerida por esta Ordenanza. Cuando las declaraciones juradas no contengan los 2. datos exigidos por ellas. Cuando los datos de la declaración jurada no se 3. correspondan con los que aparecen en la contabilidad del contribuyente. Cuando el contribuyente no lleve la contabilidad o la 4. lleve en forma irregular o incorrecta. 1.
También procede la determinación de oficio en los casos de pequeños o medianos establecimientos, cuya organización no permita ejercer un control sobre sus ingresos brutos u otras operaciones, sin perjuicio de que ordene efectuar la correspondiente verificación mediante un funcionario fiscal por un periodo prudencial. Igualmente la Ordenanza establece que el Alcalde o el Director de Hacienda Municipal podrá solicitar la determinación del impuesto sobre de dos formas: 1.
Sobre bases ciertas con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa, a través de los elementos comprobatorios que suministre el contribuyente o responsable del pago sobre las operaciones o situaciones que constituyan el Hecho Imponible.
2.
Sobre base presunta, tomando en consideración los hechos y circunstancias que por su vinculación normal con el Hecho Imponible, permitan determinar la existencia o cuantía de la Obligación Tributaria. La determinación sobre base presunta solo procederá si el contribuyente no proporciona los elementos de juicio necesarios para practicar la determinación del impuesto sobre base cierta y a la Dirección de Hacienda Municipal le fuere imposible obtener por sí misma dichos elementos. Tomando como elemento representativo lo establecido en el artículo 2 de esta Ordenanza y en concordancia con lo establecido al respecto por el Código Orgánico Tributario.
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DE LA FISCALIZACIÓN
Realizar una fiscalización o auditoria a los contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas, requiere seguir un orden lógico, incluyendo a los que hayan sido exonerados y a los exceptuados. En la Ordenanza sobre Patente e Impuestos de Industria, Comercio, Servicios e índole similar del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, establece en su artículo 26 que con el fin de completar y mantener al día el Registro de Contribuyentes, la Administración Municipal deberá utilizar todos los medios a su alcance, entre ellos la fiscalización permanente. Además prevé que para las fiscalizaciones que han de hacerse en otra jurisdicción Municipal, el contribuyente deberá cancelar los respectivos viáticos, pasajes y todos los gastos en general que ocasionen el traslado y estadía del Funcionario Fiscal en aquella jurisdicción.
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DE LAS NOTIFICACIONES
La notificación es requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la Dirección de Hacienda Municipal y de cualquier otra Autoridad Municipal. En el Municipio San Cristóbal la Ordenanza establece en su artículo 61 que dicha notificación debe contener el texto íntegro del acto e indicar, el recurso que proceda contra el acto en cuestión, con expresión del término para ejercerlo y del Órgano o Tribunal ante el cual debe solicitarse.
Igualmente el artículo 62 de la Ordenanza sobre Patente e Impuestos de Industria, Comercio, Servicios e Índole Similar señala las formas de practicar las notificaciones entre ellas: Personalmente, entregándola contra recibo al interesado. Se tendrá también por notificado personalmente el interesado o representante que realice cualquier actuación que implique el conocimiento inequívoco del acto, desde el día en que se efectuó dicha actuación. 1)
Por correspondencia postal certificada, pública o privada, dirigida al interesado a su domicilio, con acuse de recibo para la Dirección de Hacienda Municipal, del cual se le dejara copia al destinatario en la que conste la fecha de entrega. Por constancia escrita entregada por los Funcionarios de la Dirección 3) de Hacienda Municipal en el domicilio del interesado. Esta notificación se hará a persona que habite o trabaje en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejara copia al interesado en la que consta la fecha de entrega. Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita en 4) el Artículo anterior, se procederá a la publicación del acto en el diario de mayor circulación en el Municipio o en la Gaceta Municipal y en este caso, se entenderá notificado el interesado, cinco (05) días continuos después de la referida publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa. 2)
El artículo 63 y 64 de la Ordenanza arriba señalada igualmente señala que el presidente, gerente, director, administrador de sociedades civiles o mercantiles, el presidente de las asociaciones, corporaciones o fundaciones, están facultados para ser notificados a nombre de esas entidades, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actas constitutivas de dichas razones sociales. Además que las notificaciones se practicaran en día y horas hábiles y finalmente en los casos que sobre base errónea de información contenida en la notificación, el interesado hubiere intentado algún procedimiento, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta a los efectos de determinar el vencimiento de los plazos que le correspondan a los contribuyentes para intentar el recurso apropiado.
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COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
El artículo 42 de la Ordenanza sobre Patente e Impuestos de Industria, Comercio, Servicios e Índole Similar señala que la Administración Tributaria siempre tendrá la facultad de practicar la determinación tributaria de manera consensual con el contribuyente, cualquiera que sea el periodo de esa actuación dentro del Año Fiscal; esto tomando siempre en cuenta al contribuyente y la disposición de éste para ello, se haya presentado o no la declaración. En este caso el artículo 68 ejusdem determina que la Dirección de Hacienda Municipal posee ciertas atribuciones, entre ellas las siguientes:
1) 2)
3) 4) 5) 6) 7)
8)
9)
Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal adscrito a su despacho. Dirigir y coordinar todo lo relativo a la formación y actualización del Registro del Contribuyente Municipal, también conocido como “Estatuto del Contribuyente” Expedir la Patente o Autorización establecida en la presente Ordenanza, previo el cumplimiento por el interesado de los requisitos pertinentes. Liquidar mediante Resolución motivada, los Impuestos, Intereses Moratorios, así como las Sanciones previstas en esta Ordenanza. Expedir Solvencias con el pago de los Impuestos previstos en la presente Ordenanza. Supervisar la Fiscalización, Liquidación y Recaudación de los Impuestos señalados en esta Ordenanza. Requerir información a terceros relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades haya contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como exigir documentación relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributación. Practicar Inspecciones de tipo Fiscal en la sede de los contribuyentes, según su criterio a fin de hacer las averiguaciones procedentes en cada caso. Delegar facultades Tributarias en los Funcionarios Fiscales Auditores, especialmente Intervenciones Fiscales y cualquier otra función que sea delegable de conformidad con la ley.
En este sentido establece el artículo 57 y siguientes de la Ordenanza antes mencionada, que la Dirección de Hacienda Municipal dispondrá de amplias facultades de fiscalización e investigación de todo lo relativo a la aplicación de la referida Ordenanza. Entre sus facultades se exponen las siguientes: Examinar libros, documentos y papeles que registren o puedan registrar o comprobar las negociaciones u operaciones que se presuman relacionadas con los datos que deben contener las declaraciones juradas. 2) Emplazar a los contribuyentes o a sus representantes para que contesten interrogatorios que les formulen sobre actividades u operaciones de las cuales puedan detectarse la existencia de derechos del Fisco Municipal conforme a la Ordenanza. 3) Incautarse los libros y documentos cuando la gravedad del caso lo requiera. A tal efecto, se levantara acta en la cual se especificaran los libros y documentos incautados. La medida estará limitada a quince (15) días, prorrogables por los órganos jurisdiccionales competentes cuando fueren indispensables, por lapsos que en su conjunto no excederán de tres (03) meses. 1)
4)
Requerir el auxilio de la fuerza publica cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para practicar el respectivo trabajo tributario.
También dispone que para efectos de la efectiva aplicación de las disposiciones de fiscalización establecidas en la tantas veces mencionada Ordenanza la Dirección de Hacienda Municipal deberá disponer de los Funcionarios Fiscales que sean necesarios para el cumplimiento de tal fin. Además que los particulares y especialmente los diferentes gremios y asociaciones de esta Jurisdicción Municipal tienen el deber de cooperar a fin de orientar a sus Agremiados o Socios hacia el fiel cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias Municipales. Los respectivos Directivos de cada Gremio incursos en la violación de este mandato legal se tendrán como los infractores del mismo. A dichos infractores se les abrirá individualmente, un procedimiento administrativo tributario, breve y sumario con su respectiva oportunidad de defensa en cuanto a los alegatos y pruebas que consideren pertinentes en su descargo para finalmente dictar resolución sobre cada caso, de conformidad con el Código Orgánico Tributario el cual se aplica a la Ordenanza de manera supletoria.
El artículo 58 establece además que las autoridades civiles, políticas, administrativas, militares y fiscales de la Nación y de los Estados destacados en Jurisdicción Municipal, así como las autoridades municipales, están obligados a prestar su concurso a todos los órganos, funcionarios y empleados de fiscalización a fin de facilitar el cumplimiento de las funciones fiscales y resguardar el orden público.
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FUNCIONARIOS COMPETENTES
El artículo 45 de la Ordenanza instituye que los funcionarios fiscales son los competentes, previa designación del Alcalde o Director de Hacienda Municipal, a fin de realizar las siguientes actividades: 1) Practicar Revisiones Fiscales a los establecimientos industriales, comerciales, de servicios o de índole similar que señale la Dirección de Hacienda.
2) Verificar los datos suministrados en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes a la Dirección de Hacienda Municipal. Una vez que le sea ordenado por dicha Dirección. 3) Practicar Reparos e Intervenciones Fiscales en general que les sea ordenada por la Dirección de Hacienda. 4) Verificar si las sanciones han sido aplicadas y pagadas de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y si encuentra observaciones, comunicarla a su inmediato superior a los fines consiguientes. El artículo 46 establece los casos en que se requiere la intervención fiscal en la sede del contribuyente las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades lucrativas dejaren de presentar la Declaración de Ingresos Brutos que trata él capitulo V, la Dirección de Hacienda Municipal deberá ordenar una Intervención Fiscal en la sede del respectivo contribuyente a fin de recabar toda la información fiscal necesaria para la determinación Impositiva. El artículo 47 igualmente dispone que los funcionarios fiscales deben dejar constancia a través de un acta, de de los casos en que exista oposición por parte de los contribuyentes al cumplimiento de las funciones fiscalizadoras. El Director de Hacienda o el funcionario delegado para tal función puede proceder a requerir la presentación de todos los documentos contables y en general de toda información y otros documentos que considere necesarios a los fines de registrar la información fiscal del contribuyente, en el término de cinco (05) días hábiles a partir de la correspondiente notificación. Aquel contribuyente afectado por dicho requerimiento que haga caso omiso al mismo procederá la Administración al vencimiento de termino anteriormente señalado a la apertura de un procedimiento administrativo breve y sumario con la audiencia del contribuyente a fin de dilucidar la controversia surgida, rigiéndose por las normas establecidas en el Código Orgánico Tributario.
ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADES BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA:
ECONÓMICAS DEL
MUNICIPIO
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN:
El control del cumplimiento tributario municipal corresponde a las acciones que realiza la Administración Tributaria Municipal, representada por el Servicio Autónomo de la Administración Tributaria del Municipio Bolívar, a fin de evaluar el comportamiento de los contribuyentes en todas las interacciones dadas por obligaciones periódicas que contemplan las leyes nacionales y las ordenanzas en material tributaria. La fiscalización preventiva es muy útil para dicho control, esta se sustenta de la información histórica del comportamiento de los contribuyentes y se procesa para identificar potenciales incumplidores, con los cuales es necesario adoptar medidas más restrictivas en cuanto al nivel de facilidades que se le otorga. Así deben concurrir más seguidos a la dependencia del SAMAT para ser controlados, evitando de esta manera el incumplimiento de las obligaciones tributarias con la municipalidad.
La Ordenanza de Actividades Económicas del Municipio Bolívar del Estado Táchira, publicada en gaceta Extraordinaria No. 061 de fecha 04 de noviembre de 2008 establecía en su artículo 67 y siguientes sobre las fiscalizaciones y el control fiscal y específicamente en su artículo 68 señalaba que “efectuada la liquidación del impuesto por el contribuyente o por la Administración del Alcalde o funcionario en quien delegue o autorice, por iniciativa propia o a solicitud del Sindico Procurador Municipal, podrá examinar las declaraciones, realizar investigaciones y pedir la exhibición de los libros y comprobantes del contribuyente para verificar la exactitud de los datos suministrados, o la sinceridad de las actividades realizadas o ingresos declarados. Si de las investigaciones y verificaciones efectuadas, se encontrare que debe modificarse la clasificación de la actividad o el monto del impuesto, se procederá en consecuencia y se notificara de inmediato al contribuyente, de conformidad a lo dispuesto en esta Ordenanza y las demás leyes nacionales sobre la materia”.
Igualmente en el artículo 70 señalaba que cuando se comprobaré que existen impuestos causados y no liquidados o impuestos liquidados por un monto inferior al correspondiente, el Alcalde o el Funcionario en quien éste delegue o autorice de oficio o a instancia de parte interesada, hará la rectificación del caso, mediante Resolución motivada; practicara la liquidación complementaria a que
hubiese lugar y expedirá al contribuyente la planilla complementaria respectiva, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Además la referida Ordenanza establecía que la Administración Tributaria Municipal podría verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo previsto en la ordenanza y en otras disposiciones relativas a su objeto, y verificar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas del contribuyente, así como investigar las actividades de aquellos que no la hubieren presentado, siendo extensiva a quienes se dedicaran a actividades industriales, comerciales o económicas de índole similar en jurisdicción del Municipio Bolívar, aun cuando no tengan licencia o estén exentos o exonerados del pago del impuesto previsto en ella.
En este sentido dicha ordenanza establecía que el procedimiento de fiscalización se efectuara conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, al igual que las actuaciones y actos que a ella se deriven y siguiendo esta corriente, en el ejercicio de las funciones de fiscalización los Órganos competentes podían realizar las siguientes actuaciones: 1. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza, y especialmente, el contenido de las declaraciones juradas del contribuyente, a investigar las actividades de quienes las hubiesen presentado. 2. Examinar los libros, documentos o papales que registren o puedan registrar o comprobar las negociaciones u operaciones que se presuman relacionadas con los datos que deben contener las declaraciones juradas. 3. Emplazar a los contribuyentes y a sus representantes para que contesten interrogatorios que se les formulen sobre actividades u operaciones de las cuales pueda desprenderse la existencia de derechos del Fisco Municipal, conforme a esta Ordenanza. 4. Exigir al contribuyente o responsable, la exhibición de sus libros y documentos, así como su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar la información que le sea requerida. 5. Requerir información de terceros que por el ejercicio de sus actividades o de hechos que se relacionen con el ejercicio económico del contribuyente, así como exigirle la exhibición de la documentación que repose en su poder, que se relacione o vincula con la tributación fiscalizada. No podrá exigirse información en los casos y de las personas previstas en el artículo 112º del Código Orgánico Tributario. 6. Practicar inspecciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados por cualquier titulo, por los contribuyentes y responsables, para
realizarlas en locales fuera de las horas hábiles, será necesario Orden Judicial de allanamiento, de conformidad con el Derecho Común. 7. Los demás señaladas en el Código Tributario vigente. Dichas actuaciones debían ser autorizadas mediante Resolución motivada, por el Alcalde o funcionario en quien delegaba funciones. Las informaciones y documentos que se obtengan de los contribuyentes, representantes o terceros, por cualquier medio, tendrán carácter reservado. Los funcionarios que ejecutaban la fiscalización dejaban constancia razonada en acta sellada por la dependencia respectiva, firmada por el funcionario actuante y el contribuyente o su representante, los reparos, los motivos y resultados de las actuaciones que practicaren en las fiscalizaciones. Una copia de dichas actas quedaba en poder del contribuyente o su representante, en prueba de la notificación de las inspecciones con los reparos, objeciones u observaciones consignadas en ella.
Con la entrada en vigencia de la ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 084 San Antonio del Táchira, 27 de noviembre de 2009, se establece que la Administración Tributaria realizará el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria, independientemente de que tal actividad conduzca o no a la aplicación de sanciones, siguiendo el procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario.
El artículo 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario desarrollan claramente el procedimiento de fiscalización tributaria estableciendo que toda fiscalización, a excepción de las fiscalizaciones en las oficinas de la Administración Tributaria, en el caso del Municipio Bolívar del Estado Táchira por la División de Tributos, y con su propia base de datos; se iniciará con una providencia de la Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que se indicará con toda precisión el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales. Dicha providencia deberá notificarse al contribuyente o responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización y demás disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos adicionales para la validez de su actuación.
El artículo 73 de la referida Ordenanza señala que cuando la Administración Tributaria fiscalice el cumplimiento de obligaciones de naturaleza administrativa, independientemente de que tal actividad conlleve o no a la aplicación de sanciones, se seguirá el procedimiento administrativo establecido en el artículo 76 ejusdem, el cual establece el procedimiento administrativo sancionatorio.
Los artículos 74 y 75 establecen cuales serán las obligaciones tributarias y administrativas de los contribuyentes que ejerzan actividades económicas en el Municipio Bolívar, describiendo las siguientes:
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 1. Presentar la declaración para el anticipo. 2. Presentar la declaración definitiva de ingresos brutos. 3. Llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas respectivas. 4. Presentar los libros, registros y demás documentos cuando así sea requerido por la Administración Tributaria. 5. Pagar el anticipo de impuesto calculado en la declaración para el anticipo. 6. Pagar el impuesto determinado según la declaración definitiva de ingresos brutos. 7. Pagar los reparos que le sean impuestos. 8. Cualquier otra establecida en la presente Ordenanza que por sus características se entienda de naturaleza tributaria.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 1. 2. 3. 4.
Solicitar y obtener la Licencia de Actividades Económicas. Solicitar y obtener modificaciones a la Licencia de Actividades Económicas. Solicitar y obtener el traslado de la Licencia de Actividades Económicas. Cualquier otra establecida en ésta Ordenanza que por sus características se entienda de naturaleza administrativa.
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FACULTADES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
La Administración Tributaria, según lo establecido en el artículo 71 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Bolívar del Estado Táchira, dispondrá de amplias facultades de fiscalización para comprobar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ordenanza, todo de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario y demás leyes especiales, así como podrá elaborar y ejecutar planes de inspección conjunta y/o coordinada con las demás administraciones tributarias. En este sentido la Administración Tributaria dispondrá de los funcionarios que sean necesarios y podrá requerir el auxilio de la Policía Municipal o de cualquier fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
El artículo 76 de Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Bolívar prevé que las sanciones que imponga la Administración Tributaria Municipal por las infracciones de obligaciones de carácter administrativo tipificadas en la normativa municipal referida a este caso, deberán estar contenidas en un acto administrativo motivado, previo cumplimiento del siguiente procedimiento: El funcionario fiscal de la Administración Tributaria Municipal, debidamente autorizado mediante providencia administrativa del Alcalde o el funcionario delegado por él para tal fin, levantará un informe debidamente fundamentado sobre la infracción cometida por el contribuyente. 2. El Director General de Administración y Finanzas o el funcionario delegado por él para tal fin, dictará un acto de apertura de procedimiento administrativo que contendrá en forma clara y precisa la infracción que se le imputa al contribuyente y su consecuencia jurídica. 3. Dicho acto administrativo será notificado al contribuyente, y a partir de éste momento se entenderá abierto un plazo de diez (10) días hábiles para que el contribuyente exponga sus alegatos y promueva las pruebas conducentes a su defensa. 4. Culminado este lapso, y analizados los hechos y los elementos de derecho, el Director General de Administración y Finanzas o el funcionario delegado 1.
por él para tal fin procederá a emitir la resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la cual deberá ser notificada al interesado. 5. Contra esta resolución procederán los recursos administrativos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Igualmente el artículo 78 de la referida Ordenanza dispone que las sanciones que imponga la Administración Tributaria por el incumplimiento de las obligaciones de carácter formal tributario tipificadas en la normativa municipal referida a este caso, deberán estar contenidas en un acto administrativo motivado, previo cumplimiento del siguiente procedimiento: 1. El funcionario fiscal de la Administración Tributaria Municipal, debidamente autorizado mediante providencia administrativa del Alcalde o el funcionario delegado por él para tal fin, levantará un informe debidamente fundamentado sobre la infracción cometida por el contribuyente. 2. El Director General de Administración y Finanzas o el funcionario delegado por él para tal fin, dictará un acto de apertura de procedimiento administrativo que contendrá en forma clara y precisa la infracción que se le imputa al contribuyente y su consecuencia jurídica. 3. Dicho acto administrativo será notificado al contribuyente, y a partir de éste momento se entenderá abierto un plazo de cinco (05) días hábiles para que el contribuyente exponga sus alegatos y promueva las pruebas conducentes a su defensa. 4. Culminado este lapso, y analizados los hechos y los elementos de derecho, el Director General de Administración y Finanzas o el funcionario delegado por él para tal fin procederá a emitir la resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la cual deberá ser notificada al interesado. 5. Contra esta resolución procederán los recursos administrativos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
La verificación tiene por objeto realizar los ajustes respectivos a las declaraciones de los contribuyentes o responsables, para liquidar las diferencias a
que hubiere lugar. Asimismo, la Administración Tributaria Municipal podrá verificar el cumplimiento los sujetos pasivos o contribuyentes, de los deberes formales previstos en la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Bolívar, el Código Orgánico Tributario, demás disposiciones de carácter tributario y los deberes de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar.
El artículo 77 de la Ordenanza objeto de estudio señala que la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter formal tributario en la sede de la Administración Tributaria o en el establecimiento del contribuyente o responsable. Para el último caso, deberá existir autorización expresa emanada esta Dependencia, la cual indicará el contribuyente, su domicilio y el funcionario designado para tal fin.
En el Municipio Bolívar del Estado Táchira el procedimiento de verificación se realiza por el funcionario designado para tal fin, una vez que el sujeto pasivo realiza la determinación de su tributo, la cual va seguida de la autoliquidación y pago del impuesto correspondiente. Siendo esta implementación novísima en la aplicación de procedimientos de determinación municipal reflejado en la Ordenanza Sobre Actividades Económicas vigente. Para realizar la verificación, el sujeto pasivo debe hacer una declaración jurada en los formularios que le suministra la Administración Tributaria Municipal a través de su página Web www.tributosbolívar.net.
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DE LAS NOTIFICACIONES
La notificación del acto es un medio de protección de los derechos individuales de los administrados ante la acción desplegada por la Administración Tributaria, por cuanto el desconocimiento de los mismos, causa la indefensión. Aún más, si el fiscal actuante no presenta la debida autorización, el contribuyente o responsable no está obligado a entregarle los libros y comprobantes respectivos para que proceda a realizar la investigación.
El artículo 79 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Bolívar dispone que los actos emanados de la Administración Tributaria en aplicación de las disposiciones tributarias municipales que produzcan efectos particulares deberán ser debidamente notificados. Las notificaciones de actos de naturaleza esencialmente tributaria serán realizadas en la forma regulada en el Código Orgánico Tributario, y los actos de naturaleza administrativa serán notificados conforme lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y deberá contener el texto de la Resolución, indicando los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS MUNICIPIOS ANALIZADOS Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO .
Los procedimientos de fiscalización y determinación de obligaciones tributarias municipales en Venezuela emanan, en su mayoría, de las normas establecidas por el Código Orgánico Tributario, el cual se aplica de manera análoga cuando los instrumentos normativos municipales no establecen disposiciones específicas en los casos arriba señalados.
Dentro de las actividades de fiscalización existen dos de suma importancia que constituyen el fundamento de la Auditoria Fiscal, como son: la determinación y la liquidación. Determinación es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al Fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur). Existen tres modos de determinación: por sujeto pasivo, cuando la realiza el contribuyente o responsable, la cual va seguida de la autoliquidación y pago del tributo; mixta, cuando la realiza la Administración Tributaria con la cooperación del sujeto pasivo, no obstante que el impuesto a pagar lo fija la Administración y, de oficio, cuando la practica la Administración Tributaria, sobre base cierta –con base en elementos conocidos- o sobre base presuntiva, esto es, basada en indicios.
La liquidación comprende, en sentido amplio, el procedimiento u operación matemática de convertir en una cifra concreta el impuesto a pagar por el
contribuyente, así como también todas las actividades previas necesarias para ello. Durante el proceso de fiscalización se abrirá un expediente en el que se incorporará la documentación que soporte la actuación de la Administración Tributaria, y en donde se hará constar los hechos u omisiones que se hubieren apreciado, y los informes sobre el cumplimiento o incumplimiento de normas tributarias o situación patrimonial del fiscalizado.
El procedimiento de fiscalización culmina con el levantamiento de un Acta Fiscal, en la cual se declara la situación tributaria del contribuyente o responsable investigado. El resultado de la fiscalización puede ser favorable al contribuyente o responsable, en cuanto es correcta su situación tributaria, en cuyo caso el Acta Fiscal se redactará en forma que pueda servir de Acta de Conformidad; si los resultados no son favorables, se levanta un Acta de Reparo, que podría ser la misma Acta Fiscal, la cual será notificada al contribuyente o responsable y en donde se describen los resultados de la comprobación e investigación del cumplimiento de la obligación tributaría, al mismo tiempo que se emplaza al contribuyente o responsable a presentar declaraciones omitidas o rectificar las presentadas y a pagar los tributos resultantes y demás accesorios y derivados.
El contribuyente puede aceptar totalmente el reparo, procediendo al pago de lo adeudado por concepto de tributo, multa e intereses moratorios a que hubiere lugar o puede aceptarlo parcialmente, en cuyo caso se procederá a la apertura del Sumario correspondiente a la parte no afectada. Una vez presentadas las pruebas por el contribuyente y se procederá a la culminación del Sumario. Luego el contribuyente o responsable puede intentar dos tipos de recursos, como son: el recurso jerárquico y el recurso contencioso administrativo. El primero es el que se interpone ante la máxima autoridad administrativa, que en el caso del Municipio, es el Alcalde o Alcaldesa. El recurso contencioso tributario es aquel que el contribuyente hace valer ante los tribunales de la República, en contraste con las autoridades administrativas municipales. Lo ejerce el contribuyente, en el supuesto caso que la Administración Tributaria no haya contestado favorablemente a los recursos por ellos interpuestos, y si éstos persisten en que sus derechos han sido afectados.
El procedimiento de fiscalización de un contribuyente, cualquiera sea el tributo objeto de examen, se inicia, como se establece en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario, con una Providencia Administrativa, en el caso de tributos municipales, la competencia para autorizar la Providencia Administrativa le
corresponde al Alcalde o Alcaldesa, quien podría delegar esta responsabilidad en el Director de Administración Tributaria o en el Director de Hacienda, según corresponda en el esquema organizativo de la Alcaldía, previa Resolución Administrativa publicada en Gaceta Municipal; sin embargo, de existir una Superintendencia u organismo similar responsable de la administración tributaria del Municipio, la Providencia Administrativa será emitida por ese organismo.
Por tratarse de un acto administrativo, la Resolución de Fiscalización debe sujetarse a los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y debe ser emitida en papel con membrete de la Alcaldía del Municipio de que se trate, en original y tres (3) copias mínimo, a un mismo tenor, que serán distribuidas de la siguiente manera:
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Original: Para ser archivado en lo que será el Sumario Administrativo de loa fiscalización, debidamente firmada la Notificación por el contribuyente o responsable. Duplicado: Para ser entregado al contribuyente o su representante. Triplicado: Para ser archivado en los papeles de trabajo de la fiscalización. Cuadruplicado: Para ser archivado por el supervisor de la fiscalización en su archivo personal.
Cuando la fiscalización sea practicada en la propia sede de la Administración Tributaria, sobre la base de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables y con su propia base de datos en ellas contenidos, no se requiere de la Providencia Administrativa; pero sí de un Acta de Inicio, la cual contendrá los mismos requisitos que se exigen para el Acta de Reparo contemplada en el artículo 183 del Código Orgánico Tributario.
Por otra parte, el artículo 162 del Código Orgánico Tributario establece, que las notificaciones se practican, sin orden de prelación, en algunas de estas formas:
1. Personalmente, entregándola contra recibo al contribuyente o responsable. 2. Por constancia escrita entregada por cualquier funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable.
3. Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación, telegráfico, facsimilares, electrónicos y similares, siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción.
Igualmente establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 166 que en los casos que haya podido determinarse el domicilio del contribuyente o responsable o cuando fuere imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los medios antes señalados, se practicará mediante la publicación de un aviso de presa que contendrá la identificación del contribuyente o responsable, y la identificación de acto emanado de la Administración Tributaria, con expresión de los recursos administrativos o judiciales que procedan. Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación de la capital de la República, o de la ciudad sede de la Administración Tributaria que haya emitido el acto y una vez publicado, deberá incorporarse en el expediente respectivo.
Además las providencias administrativas, actas y cualquier información de interés para el contribuyente o responsable que surjan durante el procedimiento de fiscalización o reparo, deberán notificarse al contribuyente o responsable, como requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la Administración Tributaria, cuando estos produzcan efectos individuales, contemplado en el artículo 161 Código Orgánico Tributario.
El Código Orgánico Tributario establece en el artículo 127 que la Administración Tributaria tendrá amplias facultades de fiscalización, vigilancia e investigación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluyendo las de carácter municipal, pudiendo especialmente: 1. Practicar fiscalizaciones las cuales se autorizarán a través de providencia administrativa. Dichas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios períodos fiscales o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base imponible. 2. Realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas, a través del control de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables, conforme al procedimiento previsto en este Código, tomando en consideración la información suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios, y en general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable sujeto a fiscalización.
Exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcionen los datos o informaciones que se le requieran con carácter individual o general. 4. Requerir a los contribuyentes, responsables y terceros para que comparezcan antes sus oficinas a dar contestación a las preguntas que se le formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes. 5. Practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, en cualquier lugar del territorio de la República. 6. Recabar de los funcionarios o empleados públicos de todos los niveles de la organización política del Estado, los informes y datos que posean con motivos de sus funciones. 7. Retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares y tomar las medidas necesarias para su conservación. A tales fines se levantará acta en la cual se especificarán los documentos retenidos. 8. Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así como información relativa a los equipos y aplicaciones utilizados, características técnicas del hardware o software, sin importar que el procesamiento de datos se desarrolle a través de equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero. 9. Utilizar programas y utilidades de aplicación en auditoría fiscal que faciliten la obtención de datos contenidos en los equipos informáticos de los contribuyentes o responsables y que resulten necesarios en el procedimiento de fiscalización y determinación. 10. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se exija conforme las disposiciones de este Código, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así como de cualquier otro documento de prueba relevante para la determinación de la Administración Tributaria, cuando se encuentre éste en poder del contribuyente, responsable o tercero. 11. Requerir informaciones de terceros relacionados con los hechos objeto de la fiscalización, que en el ejercicio de sus actividades haya contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se vinculen con la tributación. 12. Practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables. Para realizarlas fuera de las horas hábiles en que opere el contribuyente o en los domicilios particulares, será necesario orden judicial de allanamiento de conformidad con lo establecido en las leyes especiales, la cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de solicitada, habilitándose el tiempo que fuere menester para practicarlas. 13. Requerir el auxilio del Resguardo Nacional Tributario o de cualquier fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización. 3.
14.Tomar posesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se ha cometido ilícito tributario, previo el levantamiento del acta en la cual se especifiquen dichos bienes. Estos serán puestos a disposición del Tribunal competente dentro de los cinco (5) días siguientes, para que proceda a su devolución o dicte la medida cautelar que se le solicite. 15.Solicitar las medidas cautelares conforme a las disposiciones de este Código. Así mismo, el parágrafo de este Artículo establece lo siguiente: Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la contabilidad o los medios que la contengan por un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: a. El contribuyente o responsable, sus representantes o quienes se encuentren en el lugar donde se practique la fiscalización, se nieguen a permitir la fiscalización o el acceso a los lugares donde ésta deba realizarse, así como cuando se nieguen a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de seguridad u obstaculicen en cualquier forma la fiscalización. b. No se hubieren registrado contablemente las operaciones efectuadas por uno (1) o más períodos, en los casos de tributos que se liquiden en períodos anuales, o en dos (2) o más períodos, en los casos de tributos que se liquiden por períodos menores al anual. c.
Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
d. No se hayan presentado dos o más declaraciones, a pesar de haber sido requerida su presentación por la Administración Tributaria. e. Se desprendan, alteren o destruyan los sellos, precintos o marcas oficiales, colocados por los funcionarios de la Administración Tributaria, o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados. f. El contribuyente o responsable se encuentre en huelga o en suspensión de labores. En todo caso, se levantará acta en la que se especificará lo retenido, continuándose el ejercicio de las facultades de fiscalización en las oficinas de la Administración Tributaria. Finalizada la fiscalización o vencido el plazo señalado deberá devolverse la documentación retenida, so pena de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que ocasione la demora en la devolución. En
cuanto a las facultades de fiscalización, estas serán desarrolladas indistintamente, como lo dice el Artículo 129 de la referida norma: a)
En las oficinas de la Administración Tributaria.
b) En el lugar donde el contribuyente o responsable tenga su domicilio fiscal, o en el de su representante que al efecto hubiere designado. c) gravadas.
Donde se realicen total o parcialmente las actividades
d) imponible.
Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho
De acuerdo con el artículo 129 del COT, las facultades de fiscalización pueden ejercerse en: •
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Lugar donde el contribuyente o responsable tenga su domicilio fiscal o realice total o parcialmente las actividades gravadas. En el caso del ISAE, en la sede principal de la empresa, sucursal, agencia, galpón o depósito, es decir, en donde la empresa tenga su establecimiento o establecimientos. En las propias oficinas de la Administración Tributaria y con su propia base de datos, mediante el cruce o comparación de los datos contenidos en las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, conforme al procedimiento previsto en el COT y las Ordenanzas respectivas.
En el caso de los municipios la selección del contribuyente a ser examinado debe responder a un plan de fiscalización, y debe estar a cargo de los funcionarios que dirigen la Administración Tributaria del Municipio de que se trate. Como fuente informativa para la selección de los contribuyentes a ser fiscalizados, la Administración Tributaria debe llevar, al menos dos tipos de registros: Un registro permanente de los contribuyentes, en donde queden registrados todas las actuaciones llevadas a efecto tanto por ella misma como por los contribuyentes, fecha de otorgamiento de la Licencia de Actividades Económicas, fecha de cierre del ejercicio económico, fecha de presentación de las declaraciones juradas de ingresos brutos, fecha de pago de cada trimestre, fecha de la notificación de la liquidación o determinación del impuesto, por los períodos de prórroga u otras facilidades de pago, etc.… Estos registros deben estar al día, sin atraso, en fecha •
oportuna, para que puedan servir efectivamente al objeto de las fiscalizaciones. Un registro detallado de los contribuyentes que han sido examina dos, en donde quede registrado todas las actuaciones llevadas a efecto por la Administración Tributaria Municipal como las efectuadas por el contribuyente. El objeto de esto es tener la más amplia información que permita establecer adecuadamente que tales contribuyentes deban ser considerados de nuevo dentro de los planes de fiscalización. Ellos deben tener la sensación de que no volverán a ser fiscalizados •
Cada mes, y después de terminado el plazo para presentar la declaración jurada de ingresos brutos del ejercicio fiscal, la autoliquidación y ajuste impositivo correspondiente, la Administración Tributaria deberá elaborar una lista de los contribuyentes que no hayan cumplido con esas obligaciones, tomándose en cuenta la morosidad del contribuyente y su cumplimiento del deber formal de presentación oportuna de la declaración jurada de ingresos brutos y los ejercicios que están por prescribir.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 166, dispone que el régimen de prescripción de las deudas tributarias se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. En este sentido, el COT dedica todo el Capítulo VI del Título II, a la Prescripción.
Artículo 59:
“Prescriben a los cuatro (4) años los siguientes derechos y acciones: 1. El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus respectivos accesorios.
2. La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de la libertad. 3. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos”…
La prescripción, como medio de extinción de la obligación tributaria, opera tanto a favor de los contribuyentes como del Fisco. El contribuyente o responsable tiene un lapso de prescripción de cuatro (4) años para solicitar de la Administración Tributaria la devolución de lo pagado en forma indebida por concepto de tributos. El origen de estos pagos pudieran ser retenciones que luego resultaron excesivas, o pagos con fundamento en declaraciones estimadas cuyo monto sobrepasa lo derivado de las declaraciones definitivas, o también en pagos realizados por error del deudor, y en general, por pagos de lo indebido, pues, todo pago supone una deuda y lo pagado sin deberse está sujeto a repetición, como lo establece el artículo 1.178 del Código Civil.
En todo caso, la prescripción requiere de tres elementos: • • •
El transcurso de un determinado tiempo. La inacción de las autoridades tributarias y, La ausencia del reconocimiento por el sujeto pasivo de la obligación tributaria a su cargo.
Ahora bien, existen circunstancias agravantes, contempladas en el artículo 56 del COT, que pueden extender el término de la prescripción, como por ejemplo, que el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible, o no inscribirse en el Registro de Contribuyentes, o no llevar contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleva doble contabilidad. Igualmente, dispone el COT, sobre lapso para la prescripción de acciones para imponer penas restrictivas de la libertad; la prescripción de penas restrictivas de la libertad; la prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias firmes y el cómputo del término de la prescripción.
La Providencia Administrativa, en el caso de los tributos municipales, debe contener lo siguiente:
a. Identificación del contribuyente o responsable. b. Razón social o denominación comercial. c. RIF y número de Licencia de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar y/o registro de contribuyente sin licencia si lo posee. d. Tributos de los cuales se trata.
e. Períodos a fiscalizar y/o a auditar. f. Elementos constitutivos de la base imponible (en su caso) a fiscalizar. g. Identificación de los funcionarios. h. Cualquier información que permita individualizar las actuaciones fiscales.
La Administración Tributaria podrá solicitar de los contribuyentes alguna información y/o documento requerido, de lo cual se dejará expresa constancia de solicitud en la llamada Acta de Requerimientos, la cual constituye el instrumento utilizado para dejar constancia de la información y o documentación solicitada al contribuyente o responsable sometido a una fiscalización. Las copias de dichas actas deberán ser firmadas por el contribuyente o responsable, como prueba de haber recibido el original.
En esta acta, que debe ser firmada conjuntamente por el auditor actuante y el contribuyente, se le concederá un plazo contado en días hábiles, a partir de la fecha de emisión del acta, para que el contribuyente haga entrega de los recaudos indicados en la misma, correspondientes a los ejercicios fiscales comprendidos entre las fechas igualmente indicadas en el acta. Se le recuerda al contribuyente el cumplimiento de los deberes formales, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas en la Ordenanza del Impuesto Sobre Actividades Económicas y en concordancia con el artículo 104 del COT.
Durante el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria podrá tomar ciertas medidas de tipo administrativo, para impedir la desaparición, destrucción o alteración d documentos o pruebas, que puedan ser útiles en el desarrollo de dicho proceso. El COT, en el artículo 128, se refiere a estas medidas, entre las cuales se destacan las siguientes: • • •
Retención de archivos. Retención de documentos. Retención de equipos electrónicos de procesamiento de datos.
Las medidas administrativas procederán cuando la administración tributaria lo estime conveniente. Así, por ejemplo, la retención de la contabilidad del contribuyente o responsable se justificaría en las siguientes circunstancias:
1. Negativa a permitir la fiscalización o la misma se obstaculice. 2. Existencia de sistemas de contabilidad, registros o libros sin cumplir los requisitos legales. 3. Dos o más sistemas de contabilidad paralelos con diverso contenido. 4. Falta de presentación de dos o más declaraciones. 5. Desprendimiento, alteración o destrucción de sellos, precintos o marcas oficiales. 6. Huelga o suspensión de labores del contribuyente o responsable.
Las medidas administrativas a las cuales se refiere el artículo 128 en comentario, se complementan con lo dispuesto en el artículo 139 del COT, en cuanto a la obligación de reserva de informaciones y datos por parte de los funcionarios de la Administración Tributaria en relación con los datos suministrados por los contribuyentes, responsables y terceros, así como los obtenidos en uso de las facultades legales de aquella, sin perjuicio de que tales informaciones y datos puedan ser comunicadas a la autoridad judicial o cualquier otra autoridad en los casos que establezcan las leyes. El uso indebido de la información reservada dará lugar a la aplicación de las sanciones respectivas.
Dentro de las facultades de la Administración Tributaria Municipal se destacan: 1) Recaudación de los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios; 2) Verificación del cumplimiento de la obligación tributaria; 3) Determinación de la obligación tributaria y, 4) Fiscalización.
CONCLUSIONES
De acuerdo con modernas concepciones, la misión de la Administración Tributaria municipal, al igual que la de la nacional o estadal, va más allá de la recaudación de los tributos propiamente, por cuanto incorpora también la preocupación de la forma de recaudar, atendiendo al entorno en que se desempeña el organismo administrativo y preocupándose en preservar los legítimos intereses de los contribuyentes, estableciendo a la sociedad como un todo. Desde este punto de vista, se podría definir la misión de la Administración Tributaria Municipal como aquella que se avoca a realizar la aplicación eficaz del sistema tributario, con equidad y eficiencia, logrando la confianza pública en su actuación y promoviendo el cumplimiento espontáneo y oportuno de la obligación tributaria, para contribuir al bienestar de la comunidad, implicando la ejecución de la legislación tributaria para lograr los efectos fiscales y extra-fiscales perseguidos por el sistema tributario, igualdad de tratamiento en la ejecución de las leyes tributarias a todas las personas en igual situación y trato desigual en situaciones desiguales; minimizar los costos de la administración y de los contribuyentes para el cumplimiento de la obligación tributaria; actuar con transparencia e integridad y brindar un servicio de calidad; tener presente el bienestar general como finalidad trascendente de la actuación de la administración tributaria y su cumplimiento voluntario.
Igualmente en materia tributaria rige el principio de la legalidad, entendiéndose que la actuación de la administración tributaria debe estar sujeta a las normas jurídicas, de forma que es necesario entender al principio la legalidad como la conformidad a la regla de Derecho y poner de relieve que la administración, incluida la tributaria, está sometida al Derecho. El hecho de que la Administración Tributaria se mantenga real y objetivamente dentro de los límites que le fijan los principios de legalidad y de reserva de ley, es de trascendental importancia, por cuanto sólo la sujeción a tales reglas puede contribuir determinantemente a crear una verdadera conciencia tributaria.
