temario celadores legislacion

TEMARIO JURÍDICO PARA PREPARAR OPOSICIONES DE CELADOR AL SISTEMA ARAGONÉS DE SALUD. Realizado conforme al BOA de 13/12/2013 Resolución por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Celador Temario jurídico comentado y explicado para la preparación de oposiciones a celador del SALUD. MARINA GONZÁLEZ GALÁN

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 -

TEMA 1: La Constitución Española de 1978:

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TEMA 2: El Estatuto de Autonomía en Aragón.

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TEMA 3: Población y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en

Principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Principios informadores. Estructura y contenido. La organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón. Las competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. ------------------------------------------------------------------------------------------31

Aragón. Despoblación: causas y consecuencias. ----------------------------------------------------------77 -

TEMA 4: Caracterización de la economía aragonesa.

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TEMA 5: La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:

Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras públicas y vertebración territorial-------------------------------------------------------93

El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud. La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.- Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107 -

TEMA 6: Estructura del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Decreto 6/2008, de 30 de enero, de estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud. Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón. --------------------------------------------------------------135

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TEMA 7: Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del Personal Estatutario. Derechos y Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal. Situaciones. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. La Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público: Deberes del empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva.------------------------------------------------227

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TEMA 8: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Ámbito de aplicación y principios generales. Computo de plazos. Objeto y plazos de los recursos administrativos.-----------------------------------------------279

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TEMA 9: Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia: Unidad Central y Unidades Básicas de Prevención.--------------------------------------------------------------------------299

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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL ademia de la Lengua Española, derecho es en su acepción decimocuarta, el Según la Real Academia conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Así, en su acepción decimoquinta establece que derecho también es la ciencia que estudia estos principios y preceptos. Una idea básica dentro del concepto de derecho es que se compone de una serie de principios y normas, que son los que regulan dichas relaciones humanas. A la hora de conocer este concepto esencial que son los principios y normas reguladoras del derecho, hay que ver su origen, especialmente a través de la teoría de la separación de poderes.

Poder legislativo -Título III CE -Congreso Congreso y Senado -Representación Representación del pueblo español y ejercicio de la potestad legislativa. Poder Judicial -Título VI CE -Jueces y Tribunales. -Ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado de forma exclusiva y sometidos a la ley

Poder ejecutivo. - Título V C E - Gobierno y la Administración. - Dirección Política, facultad ejecutiva, potestad reglamentaria,etc...

ley

Costumbre principios generales del derecho

CE Leyes orgánicas y leyes ordinarias Decretos Legislativos y Decretos Leyes

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PODER LEGISLATIVO ESTATAL

CORTES

PODER LEGISLATIVO AUTONÓMICO

GENERALES CONGRESO Y SENADO ASAMBLEAS

PODER "NORMATIVO" LOCAL

LEGISLATIVAS CONSTITUCIÓN LEYES ORGÁNICAS LEYES

LEYES AUTONÓMICAS

PLENOS AYUNAMIENTOS

NORMAS MENORES ORDENANZAS, BANDOS

ORDINARIAS

PODER EJECUTIVO ESTATAL GOBIERNO PRESIDENTE +

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

MINISTROS DECRETOS LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS

GOBIERNO AUTONÓMICO PRESIDENTE Y CONSEJEROS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AUTONÓMICOS

ADMINIS-

DECRETOS LEGISLATIVOS

TRACIÓN GENERAL DEL

ADMINISTRACI ÓN AUTONÓMICA

DIPUTACIONES PROVINCIALES

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Y AYUNTAMIENTOS

ESTADO

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FUENTES DEL DERECHO CE legislativo

LEYES ORDINARIAS LEYES ORGÁNICAS legislativo DECRETOS LEGISLATIVOS DECRETOS LEYES ejecutivo HAY OTRAS NORMAS DE RANGO INFERIOR A LA LEY COMO LOS REGLAMENTOS

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CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: -

Ley: Norma jurídica emanada de los órganos competentes del Estado.

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Ley Ordinaria: Las CCGG ejercen la potestad legislativa del Estado. También las CCAA ostentan potestad legislativa.

Es la norma emanada del poder legislativo a través de un procedimiento legislativo, dotado de fuerza de obligar (fuerza de ley). -

Ley Orgánica: Son leyes orgánicas: La aprobación, modificación y derogación de las mismas requiere mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. •

Las relativas al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas.

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Las que aprueban los Estatutos de Autonomía.

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El régimen electoral general.

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Las demás previstas en la CE.

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Decreto Ley: En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes.

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Decreto Legislativo: Normas dictado por el Gobierno con rango de ley.

Se necesita una ley de delegación de las CCGG que habilita al Gobierno para regular una determinada materia: •

Ley Ordinaria: autoriza a realizar un texto refundido: reúne en un único cuerpo legal varias normas dispersas en el ordenamiento jurídico.

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Ley de Bases: autoriza para realizar un texto articulado -> REGLAMENTOS: son normas con rango inferior a la Ley que desarrollan preceptos contenidos en ésta.

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RAMAS DEL DERECHO DERECHO PÚBLICO

DERECHO PRIVADO

RELACIONES DE RELACIONES DE SUBORDINACIÓN IGUALDAD ENTRE ESTADO - CIUDADANO PARTICULARES • DERECHO PENAL • DERECHO CONSTITUCIONAL • DERECHO ADMINISTRATIVO

• DERECHO CIVIL • DERECHO MERCANTIL

• ETC

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CONSTITUCIÓN T.1

ESTATUTO DE AUTONOMÍA T.2

LEY GENERAL SANIDAD

LEY ARAGONESA SALUD

T.5

T.5

DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 T.6



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TEMA 1 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 • Principios fundamentales. • Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. • Protección a la salud.

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Proceso de creación y estructura constitucional: En 1978, tras un largo periodo de de dictadura y al llegar la democracia, se promulgan por las Cortes Generales y se ratifica por el Pueblo Español la actual Constitución Española. El proceso fue: -

Aprobación por los plenos del Congreso y del Senado el día 31 de octubre de 1978.

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Ratificación mediante referéndum del pueblo español el día 6 de diciembre de 1978.

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El 27 de diciembre de 1978 fue sancionada y promulgada por el Rey.

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El 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el BOE y entró en vigor.

Se estructura de la siguiente manera: •

169 artículos.

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4 disposiciones adicionales.

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9 disposiciones transitorias.

•

1 disposición derogatoria.

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1 disposición final.

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Además, los 169 artículos se dividen en: Título Preliminar. 10 títulos que tratan: I-

De los derechos y deberes fundamentales.

II-

De la Corona.

III-

De las Cortes Generales.

IV-

Del Gobierno y la Administración.

V-

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

VI-

Del Poder Judicial.

VII-

Economía y Hacienda.

VIII-

De la Organización Territorial del Estado.

IX-

Del Tribunal Constitucional.

X-

De la Reforma Constitucional.

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a) Principios fundamentales: TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5 La capital del Estado es la villa de Madrid. Artículo 6 Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

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Artículo 7 Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

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b) Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. El Título I de la Constitución lleva como rúbrica “de los Derechos y Deberes Fundamentales”, que a su vez se divide en 5 capítulos, siendo el segundo de ellos el dedicado a “ los derechos y libertades”, el cual se divide a su vez en dos secciones: “derechos fundamentales y libertades públicas” y “derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos”. TÍTULO PRIMERO De los Derechos y Deberes Fundamentales Artículo 10 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. CAPÍTULO PRIMERO DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS Artículo 11 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12 Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

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Artículo 13 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. CAPÍTULO II DERECHOS Y LIBERTADES Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. SECCIÓN 1 De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

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3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

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Artículo 20 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 21 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 22 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

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3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena 20

y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 26 Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

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Artículo 28 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. SECCIÓN 2 De los derechos y deberes de los ciudadanos Artículo 30 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 22

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Artículo 33 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 34 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 36 La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 23

Artículo 37 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 38 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO III DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA Artículo 39 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

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2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42 El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 44 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

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3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46 Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 48 Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 49 Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 50 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

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Artículo 51 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Artículo 52 La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. CAPÍTULO IV DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Artículo 53 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Artículo 54 Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los 27

derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. CAPÍTULO V DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES Artículo 55 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

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c) Protección a la salud en la CE. Básicamente se regula en: Artículo 43 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Además, hay que tener en cuenta el reparto de competencias: • 148.1.21º: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Sanidad e higiene. • 149.1.16º: Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

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TEMA 2 1- El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. 2- La organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón. 3- Las competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. 1- El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. El Estatuto de Autonomía de Aragón es la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. En cuanto a su estructura consta de • • •

• • • •

Preámbulo. Título Preliminar. 9 Títulos. - I Derechos y principios rectores. - II Organización institucional de la CA Aragón. - III La Administración Pública de Aragón. - IV La Justicia. - V Competencias de las CA. - VI La Organización Territorial y Gobierno Local. - VII Cooperación institucional y acción exterior. - VIII Economía y Hacienda. - IX Reforma del Estatuto. 6 DA. 5 DT. 1 DD. 1 DF.

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En cuanto a su contenido: -

Título preliminar:

Artículo 1 El autogobierno de Aragón 1. Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad. 2. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan del pueblo aragonés y de la Constitución. 3. La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura. Artículo 2 Territorio El territorio de la Comunidad Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Artículo 3 Símbolos y capitalidad 1. La bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo. 2. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, rematado por la corona correspondiente, que figurará en el centro de la bandera. 3. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza. 4. El día de Aragón es el 23 de abril. Artículo 4 Condición política de aragonés 1. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda establecer. 2. Como aragoneses, gozan también de los derechos políticos contemplados en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal. Los mismos derechos corresponderán a sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad española en la forma que determine la ley. 3. Los poderes públicos aragoneses, dentro del marco constitucional, establecerán las vías adecuadas para facilitar y potenciar la participación en las decisiones de interés general de los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón. Artículo 5 Organización territorial Aragón estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias. Artículo 6 Derechos y libertades 1. Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto. 2. Los poderes públicos aragoneses están vinculados por estos derechos y libertades y deben velar por su protección y respeto, así como promover su pleno ejercicio. 3. Los derechos y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. Ninguna de sus disposiciones puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por España.

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Artículo 7 Lenguas y modalidades lingüísticas propias 1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. 2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas. 3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Artículo 8 Comunidades aragonesas en el exterior 1. Los poderes públicos aragoneses deben fomentar los vínculos sociales y culturales con las comunidades aragonesas del exterior y prestarles la ayuda necesaria, así como velar para que las mismas puedan ejercitar su derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo aragonés. Una ley de las Cortes de Aragón regulará el alcance, el contenido y la forma de ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las competencias del Estado. 2. El Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, podrá formalizar acuerdos de cooperación con instituciones y entidades de los territorios en los que existan comunidades aragonesas del exterior y solicitar del Estado la celebración de los correspondientes tratados o convenios internacionales. Artículo 9 Eficacia de las normas 1. Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad. 2. El Derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia territorial. 3. Los extranjeros que adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos a la vecindad civil aragonesa, si en el momento de su adquisición tienen vecindad administrativa en Aragón, salvo que manifiesten su voluntad en contrario, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del Estado. Artículo 10 Incorporación de otros territorios o municipios Podrán incorporarse a la Comunidad Autónoma de Aragón otros territorios o municipios, limítrofes o enclavados, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes, sin perjuicio de otros que puedan legalmente exigirse:

• • •

a) Que soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados, y que se oiga a la Comunidad o provincia a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar. b) Que lo acuerden los habitantes de dichos municipios o territorios mediante consulta expresamente convocada al efecto y previa la autorización competente. c) Que los aprueben las Cortes de Aragón y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante ley orgánica.

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Título I: Derechos y Principios rectores:

CAPÍTULO I Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas Artículo 11 Disposiciones generales 1. Los derechos, libertades y deberes de los aragoneses y aragonesas son los establecidos en la Constitución y en este Estatuto. 2. Quienes gocen de la condición política de aragonés son titulares de los derechos regulados en este capítulo, sin perjuicio de su extensión a otras personas, en los términos que establezcan este Estatuto y las leyes.

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3. Los poderes públicos aragoneses promoverán las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el ejercicio de estos derechos. Artículo 12 Derechos de las personas 1. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal. 2. Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas por las leyes. Artículo 13 Derechos y deberes en relación con la cultura 1. Todas las personas tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura, al desarrollo de sus capacidades creativas y al disfrute del patrimonio cultural. 2. Todas las personas y los poderes públicos aragoneses tienen el deber de respetar el patrimonio cultural y colaborar en su conservación y disfrute. Artículo 14 Derecho a la salud 1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes. 2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario. 3. Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cumplimiento del consentimiento informado. 4. Todas las personas podrán expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes. Artículo 15 Derecho de participación 1. Los aragoneses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los términos que establecen la Constitución, este Estatuto y las leyes. 2. Los aragoneses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Aragón, así como a participar en el proceso de elaboración de las leyes, de acuerdo con lo que establezcan la ley y el Reglamento de las Cortes. 3. Los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico. Artículo 16 Derechos en relación con los servicios públicos 1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. 2. Los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de lo regulado por las leyes, tienen derecho a formular solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos ante las Administraciones Públicas y a que éstos sean resueltos en los plazos adecuados. 3. Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales contenidos en las bases de datos de las Administraciones Públicas y empresas públicas aragonesas y las empresas privadas que trabajen o colaboren con ellas. Igualmente, tendrán derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección y cancelación. Artículo 17 Derechos de consumidores y usuarios 1. Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la protección de su salud y su seguridad. 2. La ley regulará el derecho de consumidores y usuarios a la información y la protección, así como los procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles.

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Artículo 18 Derechos y deberes en relación con el medio ambiente 1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de protección que determinan las leyes. Tienen también derecho a gozar de los recursos naturales en condiciones de igualdad y el deber de hacer un uso responsable de los mismos y evitar su despilfarro. 2. Todas las personas tienen derecho a la protección ante las distintas formas de contaminación, de acuerdo con los estándares y los niveles que se determinen por ley. Tienen también el deber de colaborar en la conservación del patrimonio natural y en las actuaciones que tiendan a eliminar las diferentes formas de contaminación, con el objetivo de su mantenimiento y conservación para las generaciones presentes y futuras. 3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que establecen las leyes. 4. La actividad de los poderes públicos se guiará por los principios de prevención, precaución y respeto a los derechos de las futuras generaciones. Artículo 19 Derechos en relación con el agua 1. Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón. 2. Los poderes públicos aragoneses velarán por la conservación y mejora de los recursos hidrológicos, ríos, humedales y ecosistemas y paisajes vinculados, mediante la promoción de un uso racional del agua, la fijación de caudales ambientales apropiados y la adopción de sistemas de saneamiento y depuración de aguas adecuados. 3. Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras. CAPÍTULO II Principios rectores de las políticas públicas Artículo 20 Disposiciones generales Corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

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a) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social. b) Impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses, propugnando especialmente las medidas que favorezcan el arraigo y el regreso de los que viven y trabajan fuera de Aragón c) Promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad.

Artículo 21 Educación Los poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las singularidades de Aragón. Artículo 22 Patrimonio cultural 1. Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento.

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2. En particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio. Artículo 23 Bienestar y cohesión social 1. Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la ley. 2. Los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la integración de las minorías étnicas y, en especial, de la comunidad gitana. Artículo 24 Protección personal y familiar Los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguientes objetivos:

• • • •

a) Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. b) Garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia reconocida por el ordenamiento jurídico. c) Garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención especial a la educación, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. d) Garantizar el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e identidad de género.

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e) Garantizar la protección de la infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos tratos o abandono.

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f) Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral y a la vivienda.

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g) Garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida digna, independiente y participativa.

Artículo 25 Promoción de la autonomía personal 1. Los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad. 2. Los poderes públicos aragoneses promoverán la enseñanza y el uso de la lengua de signos española que permita a las personas sordas alcanzar la plena igualdad de derechos y deberes. Artículo 26 Empleo y trabajo Los poderes públicos de Aragón promoverán el pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad; la prevención de los riesgos laborales; la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo; la formación y promoción profesionales, y la conciliación de la vida familiar y laboral. Artículo 27 Vivienda Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más necesitados. Artículo 28 Ciencia, comunicación social y creación artística 1. Los poderes públicos aragoneses fomentarán la investigación, el desarrollo y la innovación científica, tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad artística. 2. Del mismo modo, promoverán las condiciones para garantizar en el territorio de Aragón el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales y a las tecnologías de la información y la comunicación.

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3. Corresponde a los poderes públicos aragoneses promover las condiciones para garantizar el derecho a una información veraz, cuyos contenidos respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social y cultural. Artículo 29 Fomento de la integración social de las personas inmigrantes Los poderes públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para la integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública. Artículo 30 Cultura de los valores democráticos Los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, especialmente en el sistema educativo. Asimismo, facilitarán la protección social de las víctimas de la violencia y, en especial, la de género y la de actos terroristas. Artículo 31 Información institucional Los poderes públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento institucional de la información y datos obtenidos por ellos.

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Título II: Principios rectores de las políticas públicas

REMISIÓN AL APARTADO 2º DEL TEMA. -

Título III: La Administración Pública en Aragón.

Artículo 61 Disposiciones generales 1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su Administración propia conforme a la ley. 2. La Administración aragonesa ostenta la condición de Administración ordinaria en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 62 Principios de organización y funcionamiento de la Administración 1. La Administración de la Comunidad Autónoma sirve con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 2. En su actuación, respetará los principios de buena fe y de confianza legítima, y se relacionará con el resto de Administraciones Públicas españolas con arreglo al principio de lealtad institucional. 3. La Administración Pública aragonesa ajustará su actividad a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos. 4. Sus órganos e instituciones podrán establecerse en diversas localidades de Aragón. 5. La Administración de la Comunidad Autónoma gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado.

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Título IV: La Justicia

CAPÍTULO I El Poder Judicial en Aragón Artículo 63 El Tribunal Superior de Justicia de Aragón 1. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Aragón, y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales cuando no hayan concluido ante otro órgano jurisdiccional radicado en la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo. 2. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá, en todo caso, de los recursos de casación fundados en la infracción del Derecho propio de Aragón, así como de los recursos extraordinarios de revisión que contemple la ley contra las resoluciones

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firmes de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón. También ejercerá las demás funciones que en materia de Derecho estatal establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el representante del Poder Judicial en Aragón. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 4. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón podrá presentar ante las Cortes de Aragón la memoria anual. Artículo 64 El Consejo de Justicia de Aragón 1. Se crea el Consejo de Justicia de Aragón. Una ley de las Cortes de Aragón determinará su estructura, composición, nombramientos y funciones dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Administración de Justicia en los términos que establece el presente Estatuto y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. El Consejo de Justicia de Aragón tendrá la consideración, naturaleza, competencias y facultades que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, participará en todos los procesos de designación que le atribuya dicha ley. Artículo 65 Nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios en Aragón, se realizará en la forma prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo mérito preferente el conocimiento acreditado del Derecho propio de Aragón. Artículo 66 El Ministerio Fiscal en Aragón 1. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia representa al Ministerio Fiscal en Aragón. 2. Las funciones del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón son las que establece el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 3. La memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón será enviada por el Fiscal Jefe al Consejo de Justicia de Aragón y la podrá presentar ante las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón. CAPÍTULO II La Administración de Justicia Artículo 67 Medios al servicio de la Administración de Justicia 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia sobre todo el personal al servicio de la Administración de Justicia que no integre el Poder Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia en Aragón. 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales. La Comunidad Autónoma podrá, de acuerdo con el Estado, participar en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y de sus rendimientos. 4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la ordenación y organización de los servicios de justicia gratuita y orientación jurídica gratuita. Artículo 68 Demarcación y planta judiciales 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma determinar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales. La capitalidad de las demarcaciones judiciales se fijará por ley de las Cortes de Aragón. 2. El Gobierno de Aragón participará, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su territorio. Artículo 69 Cláusula subrogatoria Además de las competencias expresamente previstas por el presente Estatuto, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá todas las funciones y facultades que laLey Orgánica del Poder Judicial atribuya al Gobierno de España con relación a la Administración de Justicia en Aragón.

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Título V Competencias de la Comunidad Autónoma.

(REMISIÓN APARTADO 3º DEL TEMA) - Título VI: Organización territorial y gobierno local Artículo 81 Organización territorial de Aragón 1. La organización territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y provincias. 2. Por ley de las Cortes de Aragón podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas metropolitanas. Igualmente, regulará las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Artículo 82 El municipio 1. Los municipios son las entidades territoriales básicas de Aragón, dotadas de personalidad jurídica y autonomía para la gestión de sus intereses respectivos, y medio esencial de participación de la comunidad vecinal en los asuntos públicos. 2. El gobierno y la administración municipales corresponde al Ayuntamiento, formado por el Alcalde y los concejales. Se establecerán por ley de la Comunidad Autónoma los requisitos para la aplicación del régimen de Concejo abierto. 3. El presente Estatuto garantiza a los municipios la autonomía para el ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de la colectividad que representan. Artículo 83 La comarca 1. Las comarcas son entidades territoriales, constituidas por la agrupación de municipios limítrofes, vinculados por características e intereses comunes, fundamentales para la vertebración territorial aragonesa. 2. Las comarcas tienen a su cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial. 3. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como la determinación de sus competencias, organización y régimen jurídico se regulan por ley de las Cortes de Aragón. Artículo 84 La provincia Las provincias, como entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propia, ejercerán funciones de cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios y comarcas, atendiendo en todo caso a criterios de solidaridad y equilibrio territorial. Artículo 85 Principios y relaciones entre la Comunidad Autónoma y los entes locales 1. La actividad de las entidades territoriales aragonesas se desarrollará bajo los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y diferenciación. 2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales ajustarán sus relaciones a los criterios de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 3. La Comunidad Autónoma podrá, mediante ley de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, respetando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio. Artículo 86 El Consejo local de Aragón El Consejo local de Aragón es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas. El Consejo debe ser oído en las iniciativas legislativas y en la tramitación de planes y normas reglamentarias que afecten de forma específica a los gobiernos locales. Artículo 87 Ley de capitalidad Zaragoza, como capital de Aragón, dispondrá de un régimen especial establecido por ley de Cortes de Aragón.

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Título VII: Cooperación institucional y acción exterior.

CAPÍTULO I Relaciones con el Estado Artículo 88 Colaboración con el Estado 1. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado se basarán en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden suscribir convenios de colaboración y utilizar otros medios adecuados para cumplir objetivos de interés común. 3. En el caso de obras públicas calificadas de interés general o que afecten a otra Comunidad Autónoma, podrán suscribirse convenios de colaboración para su gestión. 4. El régimen jurídico de los convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón con el Estado, en su ámbito propio de actuación, será establecido por ley de Cortes de Aragón. 5. La Comunidad Autónoma de Aragón participará en el establecimiento de los servicios ferroviarios que garanticen la comunicación con otras Comunidades Autónomas o el tránsito internacional, de acuerdo con la normativa estatal. 6. Aragón colaborará también con el Estado mediante órganos y procedimientos multilaterales en los ámbitos y asuntos de interés común. Artículo 89 Participación en instituciones, procedimientos y organismos estatales 1. La Comunidad Autónoma de Aragón participará en los organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y en las leyes del Estado. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón participará en la elaboración de las decisiones estatales que afecten a la ordenación general de la actividad económica en el marco de lo establecido en el artículo 131.2 de la Constitución. 3. La Comunidad Autónoma participará y colaborará con el Estado, mediante los procedimientos que éste establezca, en la programación, ubicación, ejecución y gestión de las infraestructuras estatales situadas en el territorio aragonés. 4. La Comunidad Autónoma participará en los procesos de designación de los miembros de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado con el alcance y en los términos establecidos por la legislación estatal. Artículo 90 La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado 1. La Comisión Bilateral de Cooperación se configura como el instrumento principal de relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos concretos de cooperación bilateral o multilateral. 2. A tales efectos, la Comisión Bilateral de Cooperación desempeña las siguientes funciones:

• • • • •

a) Impulsar la realización de actuaciones y planes conjuntos para el desarrollo de políticas comunes y, en su virtud, suscribir los oportunos convenios de colaboración. b) Deliberar y hacer propuestas, en su caso, sobre la elaboración de proyectos legislativos del Estado que afecten especialmente a las competencias e intereses de Aragón. c) Diseñar mecanismos de colaboración mutua en los distintos ámbitos sectoriales donde confluya el interés de ambas Administraciones. d) Servir de instrumento para prevenir conflictos entre ambas Administraciones, así como intentar dirimir controversias por vía extraprocesal. e) Cualesquiera otras funciones que coadyuven a los fines de cooperación entre ambas Administraciones que le son propios.

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3. La Comisión Bilateral de Cooperación adopta sus normas de organización y funcionamiento por acuerdo de ambas partes. En todo caso se reúne en sesión plenaria y cuando lo solicite una de las dos partes, y su presidencia es ejercida de forma alternativa en turnos de un año. CAPÍTULO II Relaciones con otras Comunidades Autónomas Artículo 91 Colaboración con otras Comunidades Autónomas 1. La Comunidad Autónoma de Aragón puede establecer con otras Comunidades Autónomas, especialmente con las que tiene vínculos históricos y geográficos, relaciones de colaboración para la fijación de políticas comunes, para el ejercicio eficaz de sus competencias y para el tratamiento de asuntos de interés común. 2. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Aragón puede suscribir con otras Comunidades Autónomas convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios propios de su competencia. El Gobierno debe informar a las Cortes de Aragón de su suscripción en el plazo de un mes a contar desde el día de la firma. Igualmente se informará a las Cortes Generales a los efectos correspondientes. 3. El régimen jurídico de los convenios y acuerdos firmados con otras Comunidades Autónomas por la Comunidad Autónoma de Aragón, en su ámbito propio de actuación, será establecido por ley de Cortes de Aragón. CAPÍTULO III Relaciones con la Unión Europea Artículo 92 Relaciones con la Unión Europea 1. La Comunidad Autónoma de Aragón participará, en los términos que establece la legislación estatal, en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de Aragón. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón establecerá una delegación para la presentación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la Unión Europea. Artículo 93 Participación en la formación y aplicación del Derecho de la Unión 1. La Comunidad Autónoma de Aragón participa en la formación de las posiciones del Estado ante la Unión Europea, especialmente ante el Consejo de Ministros, en los asuntos que incidan en las competencias o intereses de Aragón, en los términos que establecen el presente Estatuto y la legislación estatal sobre la materia. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón aplica y desarrolla el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias. La existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias que establecen la Constitución y el presente Estatuto. 3. Las Cortes de Aragón participarán en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas europeas cuando afecten a competencias de la Comunidad Autónoma. Artículo 94 Participación en instituciones y organismos europeos Los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón participarán de manera directa o mediante procedimientos multilaterales en las delegaciones españolas ante las instituciones y organismos de la Unión Europea que traten asuntos de su competencia, singularmente ante el Consejo de Ministros y en los procesos de consulta y preparación del Consejo y de la Comisión, de acuerdo con la legislación estatal. Artículo 95 Acciones ante el Tribunal de Justicia 1. La Comunidad Autónoma tiene acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos que establezca la normativa europea. 2. El Gobierno de Aragón puede instar al Gobierno de España la interposición de acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de los intereses y competencias de la Comunidad Autónoma.

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CAPÍTULO

IV

Acción exterior de la Comunidad Autónoma Artículo 96 Acción exterior 1. La Comunidad Autónoma de Aragón impulsará su proyección en el exterior y promoverá sus intereses en dicho ámbito. A tal efecto, podrá establecer oficinas en el exterior, siempre que no incidan en lo previsto en el artículo 149.1.3.ª y 10.ª de la Constitución. 2. Para la promoción de los intereses de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. Artículo 97 Tratados y convenios internacionales 1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial, en las derivadas de su situación geográfica como territorio limítrofe con otras regiones europeas. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la legislación estatal, será informada previamente de la elaboración de tratados y convenios internacionales en lo que afecten a materias de sus competencias y específico interés, en su caso. En estos supuestos, podrá solicitar al Gobierno que, en las delegaciones negociadoras, se integren representantes de la Comunidad Autónoma. 3. La Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales y actos normativos de las organizaciones internacionales en lo que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma. Artículo 98 Ámbitos de cooperación exterior 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, como territorio limítrofe, promoverá la cooperación con las regiones europeas con las que comparte, por dicho carácter, intereses económicos, sociales, ambientales y culturales. 2. En el ámbito de la cooperación interregional, Aragón impulsará la cooperación con otros territorios con los que comparta intereses comunes.

- Título VIII: Economía y Hacienda CAPÍTULO I Economía de la Comunidad Autónoma Artículo 99 Marco de actuación 1. Toda la riqueza, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. 2. La Comunidad Autónoma ejercerá las competencias de naturaleza económica que se le reconocen en el presente Estatuto de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general, los objetivos de política social y económica del Estado y dentro del pleno respeto a la libertad de empresa y competencia en el marco de la economía de mercado. 3. Las instituciones aragonesas velarán por el equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y por la realización interna del principio de solidaridad, y orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de los aragoneses. Artículo 100 Planificación y fomento de la actividad económica 1. La Comunidad Autónoma, mediante ley, podrá aprobar planes económicos generales en el territorio aragonés con el fin de atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial autonómico y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, potenciar los recursos de su territorio y su aprovechamiento, y garantizar un desarrollo sostenible.

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2. El Gobierno de Aragón podrá constituir empresas públicas para la ejecución de las funciones reconocidas en el presente Estatuto. Artículo 101 Cooperación con la actividad económica de otras instituciones 1. El Gobierno de Aragón intervendrá en la elaboración de los planes y programas económicos del Estado que afecten a Aragón, en los términos que señala el artículo 131.2 de la Constitución. 2. El Gobierno de Aragón podrá constituir o participar en instituciones que fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en el territorio aragonés. Asimismo, podrá instar del Estado la creación de empresas mixtas que estimulen la actividad económica aragonesa. 3. De acuerdo con lo que establezcan las leyes del Estado, el Gobierno de Aragón designará sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuyas competencias se extiendan al territorio aragonés y que, por su propia naturaleza, no sean objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma. 4. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón podrá elaborar y remitir al Estado cualesquiera informes, estudios o propuestas relativas a la gestión de las entidades citadas en el apartado anterior o a su incidencia en la economía aragonesa. Artículo 102 Consejo Económico y Social de Aragón 1. El Consejo Económico y Social de Aragón es el órgano consultivo en que se materializa la colaboración e intervención de todos los agentes sociales en la actividad económica y social de la Comunidad Autónoma. 2. Una ley de Cortes de Aragón regulará su organización, composición y funciones. CAPÍTULO II Hacienda de la Comunidad Autónoma Artículo 103 Principios 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de la autonomía financiera que la Constitución española le reconoce y garantiza, dispone de su propia Hacienda para la financiación, ejecución y desarrollo de sus competencias, de conformidad con los principios de suficiencia de recursos, equidad, solidaridad, coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional, y en el marco de lo establecido en la Constitución, en el presente Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón gozará del mismo tratamiento fiscal que la ley otorgue al Estado. Asimismo, gozará de las prerrogativas reconocidas en las leyes para la gestión de sus derechos económicos y el cumplimiento de sus obligaciones. Artículo 104 Recursos de la Comunidad Autónoma La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:

•

1. El rendimiento de los tributos propios que establezca la Comunidad Autónoma.

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2. Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.

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3. El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

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4. Otros recursos financieros derivados de la aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas vigente en cada momento. 5. La participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, de acuerdo con su normativa reguladora. 6. Las asignaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 158.1 de la Constitución, de acuerdo con su normativa reguladora. 7. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la Unión Europea o de otros Entes nacionales o internacionales. 8. Los ingresos derivados de la aplicación del artículo 107.

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•

9. Los ingresos derivados de la aplicación de lo previsto en el artículo 108.

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10. El producto de la emisión de deuda y de operaciones de crédito.

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11. El rendimiento del patrimonio de la Comunidad.

• • •

12. El rendimiento de las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan a la Comunidad Autónoma por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas tanto en régimen de Derecho público como de Derecho privado. 13. Ingresos de Derecho privado, legados, herencias o donaciones. 14. Cualquier otro ingreso de Derecho público o privado que pueda obtenerse por la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Artículo 105 Potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón 1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene capacidad normativa para establecer sus propios tributos y los recargos sobre tributos del Estado. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la ley de cesión, en relación con los tributos cedidos totalmente, en todo caso, tendrá competencia normativa en relación con la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota. 3. En caso de tributos cedidos parcialmente, la Comunidad Autónoma de Aragón tendrá la capacidad normativa que se fije por el Estado en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución o en la respectiva ley de cesión de tributos. 4. La potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón responderá a los principios de generalidad, progresividad y equitativa distribución de la carga fiscal entre los ciudadanos. 5. El ejercicio de las capacidades normativas a que se refieren los apartados 2 y 3 se realizará en el marco de las competencias del Estado y de la Unión Europea. Artículo 106 Aplicación y revisión en vía administrativa de los tributos en la Comunidad Autónoma de Aragón 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos y, por delegación del Estado, las relativas a los tributos cedidos totalmente por el Estado a Aragón, de conformidad con la ley. La cesión de tributos comportará, en su caso, las transferencias de los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de dicha gestión de acuerdo con lo establecido en su ley reguladora. 2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cedidos parcialmente corresponde a la Administración del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Comunidad Autónoma pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 3. La revisión por la vía económico-administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos dictados en materia tributaria por la Comunidad Autónoma corresponderá a sus propios órganos económico-administrativos, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación de criterio que correspondan a la Administración General del Estado. 4. Mediante una ley de las Cortes de Aragón podrá crearse una Agencia Tributaria de Aragón, a la que se encomendará la aplicación de todos los tributos propios, así como de los tributos estatales cedidos totalmente por el Estado a Aragón, con respeto a lo dispuesto en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución. 5. La Administración tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón fomentarán los medios de colaboración y coordinación que sean precisos. 6. En desarrollo de lo previsto en el apartado anterior, para la gestión tributaria de los tributos cedidos parcialmente, especialmente cuando lo exija la naturaleza del tributo, se constituirá, de acuerdo con el Estado, un instrumento o ente equivalente en el que participarán, de forma paritaria, la Administración Tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma. Artículo 107 Transferencias, mecanismos de nivelación y solidaridad 1. El sistema de ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará, en los términos previstos en la Ley Orgánica que prevé el artículo 157.3 de la Constitución, los recursos financieros que, atendiendo a las necesidades de gasto de Aragón y a su

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capacidad fiscal, aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos asumidos, sin perjuicio de respetar la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional en los términos del artículo 138 de la Constitución. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón participará en los mecanismos de nivelación y solidaridad con el resto de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo dispuesto en el sistema general de financiación, a fin de que los servicios públicos de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por las diferentes Administraciones autonómicas a sus ciudadanos se sitúen en niveles similares, siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar. Los citados niveles serán fijados por el Estado. La determinación de los mecanismos de nivelación y solidaridad se realizará de acuerdo con el principio de transparencia y su resultado se evaluará quinquenalmente. 3. Cuando la Comunidad Autónoma, mediante los recursos tributarios derivados del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, no alcance a cubrir un nivel mínimo equiparable al resto del conjunto del Estado para los citados servicios públicos, se establecerán los mecanismos de nivelación y solidaridad previstos en la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución. En la misma forma, y si procede, la Comunidad Autónoma de Aragón aportará recursos a los mecanismos de nivelación y solidaridad. 4. En todo caso, cualquier actuación del Estado en materia tributaria que suponga una variación de ingresos, o la adopción por aquél de medidas que puedan hacer recaer sobre la Comunidad Autónoma de Aragón una variación de sus necesidades de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, o a la suscripción del Acuerdo previsto en el artículo siguiente, determinarán la adopción de las medidas de compensación oportunas. De acuerdo con el principio de lealtad institucional a que se refiere el artículo 103, la valoración de las variaciones se referirá a un periodo de tiempo determinado y tendrá en cuenta los efectos positivos y negativos de las disposiciones generales dictadas por el Estado y los citados efectos que las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma tengan sobre el Estado. 5. Para determinar la financiación que dentro del sistema corresponde a la Comunidad, se atenderá al esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales. Artículo 108 Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado A los efectos de concretar lo dispuesto en el artículo 104, y de forma especial la participación territorializada de Aragón en los tributos generales que se determine y las condiciones para la aprobación de recargos sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de lo dispuesto en el artículo 157.3 de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial. Artículo 109 Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón 1. La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón es el órgano bilateral de relación entre ambas Administraciones en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas y dentro del marco establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. A tal efecto, le corresponde la concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas de cooperación en relación con el sistema de financiación, así como las relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones y, especialmente, la adopción de las medidas previstas en el artículo 107 del presente Estatuto. 2. Corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón:

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a) Acordar el alcance y condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos estatales cedidos parcialmente. b) Establecer los mecanismos de colaboración entre la Administración tributaria de Aragón y la Administración tributaria del Estado, así como los criterios de coordinación y de armonización fiscal de acuerdo con las características o la naturaleza de los tributos cedidos.

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c) Negociar el porcentaje de participación de Aragón en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos.

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d) Estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Aragón.

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• • • • •

e) Acordar la valoración de los traspasos de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma. f) Establecer los mecanismos de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado que sean precisos para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión en vía económico-administrativa. g) Acordar los mecanismos de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Estado para el ejercicio de las funciones en materia catastral. h) Seguimiento del cumplimiento del Acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108. i) En consonancia con lo establecido en el artículo 107.4, proponer las medidas de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio del sistema de financiación que establece el presente Título.

3. La Comisión adoptará su reglamento interno de funcionamiento por acuerdo entre ambas delegaciones. Los miembros de la delegación aragonesa en la Comisión rendirán cuentas a las Cortes de Aragón sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Artículo 110 Operaciones de crédito 1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá realizar operaciones de crédito para cubrir sus necesidades transitorias de tesorería, respetando los principios generales y la normativa estatal. 2. La Comunidad Autónoma, mediante ley de Cortes de Aragón, podrá recurrir a cualquier tipo de préstamo o crédito, así como emitir deuda pública o títulos equivalentes para financiar gastos de inversión, con arreglo a lo dispuesto en la Ley a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución. 3. El volumen y las características de las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia, en colaboración con el Estado y respetando los principios generales y la normativa estatal. 4. Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos. Artículo 111 Presupuesto 1. Corresponde al Gobierno de Aragón la elaboración y ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda, aprobación y control. 2. El presupuesto de la Comunidad Autónoma será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público autonómico, así como el importe de los beneficios fiscales correspondientes a los tributos que generen rendimientos a la Hacienda aragonesa. 3. El presupuesto de la Comunidad Autónoma tendrá carácter anual. No obstante, si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. 4. El Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso. Artículo 112 Cámara de Cuentas de Aragón 1. La Cámara de Cuentas de Aragón es, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, fiscalizará la gestión económico-financiera, contable y operativa de las entidades locales del territorio aragonés, sin perjuicio de las competencias que en este ámbito ostente el Tribunal de Cuentas. 2. La Cámara de Cuentas de Aragón dependerá directamente de las Cortes de Aragón y ejercerá sus funciones por delegación de éstas. 3. Una ley de Cortes de Aragón regulará su composición, organización y funciones.

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CAPÍTULO III Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón Artículo 113 Patrimonio 1. La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de patrimonio propio. 2. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón estará integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición. 3. Una ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa. CAPÍTULO IV Hacienda de las Entidades Locales Aragonesas Artículo 114 Relaciones financieras con las Entidades Locales Aragonesas 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera respecto de las entidades locales, respetando, en todo caso, la autonomía reconocida a las mismas en los artículos 137, 140, 141 y 142 de la Constitución. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón colaborará con las entidades locales en la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos que tienen atribuidos, respetando su autonomía financiera y de conformidad con lo establecido en la legislación básica del Estado y la emanada de las Cortes de Aragón. 3. Los ingresos de las entidades locales consistentes en participaciones en tributos y en subvenciones incondicionadas estatales que se perciban a través de la Comunidad Autónoma, se distribuirán por ésta de acuerdo con los criterios legales establecidos por el Estado para dichas participaciones. 4. Con arreglo al principio de suficiencia financiera, la Comunidad Autónoma participará en la financiación de las Corporaciones Locales aragonesas aportando a las mismas las asignaciones de carácter incondicionado que se establezcan por las Cortes de Aragón. Los criterios de distribución de dichas aportaciones se aprobarán mediante ley de las Cortes de Aragón y deberán tener en cuenta las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los entes locales. 5. El conjunto de las aportaciones realizadas a las Corporaciones Locales se integrará en el Fondo Local de Aragón.

-

Título IX: Reforma del Estatuto

Artículo 115 Procedimiento de reforma 1. La iniciativa de la reforma de este Estatuto corresponderá al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón a propuesta de un quinto de sus Diputados y Diputadas y a las Cortes Generales. 2. La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. 3. Aprobada la reforma por las Cortes de Aragón, el texto será presentado en el Congreso de los Diputados. 4. Las Cortes de Aragón elegirán de entre sus miembros una delegación para participar en la tramitación de la propuesta de reforma en las Cortes Generales, mediante la constitución de una comisión mixta paritaria o el procedimiento que prevea el Reglamento del Congreso de los Diputados. 5. Las Cortes de Aragón, por mayoría de dos tercios, podrán retirar la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales, antes de que sea aprobada de forma definitiva. En este caso, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente. 6. Si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Aragón o por las Cortes Generales, la misma no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que haya transcurrido un año. 7. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales, mediante ley orgánica, incluirá la autorización del Estado para que el Gobierno de Aragón convoque referéndum de ratificación del cuerpo electoral de Aragón en un plazo de seis meses desde la

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votación final en las Cortes Generales. El Gobierno de Aragón convocará tal referéndum si así lo acuerdan previamente las Cortes de Aragón con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

2- La organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón. Artículo 32 EAar: Las Instituciones de la CA de Aragón son: -

Las Cortes. El Presidente. El Gobierno o Diputación Provincial. El Justicia.

1- Las Cortes de Aragón. Título II: Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón CAPÍTULO I Las Cortes de Aragón Artículo 33 Disposiciones generales 1. Las Cortes de Aragón representan al pueblo aragonés, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma, impulsan y controlan la acción del Gobierno de Aragón, y ejercen las demás competencias que les confieren la Constitución, este Estatuto y el resto de normas del ordenamiento jurídico. 2. Las Cortes de Aragón son inviolables. Artículo 34 Autonomía parlamentaria Las Cortes establecen su propio reglamento, aprueban sus presupuestos y regulan el estatuto de sus funcionarios y personal. El reglamento se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 35 Sede La sede permanente de las Cortes de Aragón es la ciudad de Zaragoza, en el Palacio de la Aljafería, sin perjuicio de que se puedan celebrar sesiones en otros lugares dentro del territorio de Aragón. Artículo 36 Composición Las Cortes de Aragón, según se establezca en la ley electoral, estarán integradas por un número de Diputados y Diputadas comprendido entre sesenta y cinco y ochenta, correspondiendo a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes

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necesarios para asignar un diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a la menos poblada. Artículo 37 Régimen electoral 1. Las Cortes de Aragón tendrán carácter unicameral y estarán constituidas por Diputados y Diputadas elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 2. Las Cortes de Aragón serán elegidas por un período de cuatro años. 3. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional, que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. 4. La circunscripción electoral será la provincia. 5. Serán elegibles a Cortes de Aragón los ciudadanos y ciudadanas que, teniendo la condición política de aragoneses, y de acuerdo con lo previsto en la ley electoral, estén en el pleno uso de sus derechos políticos. 6. La ley electoral, aprobada en las Cortes de Aragón por mayoría absoluta, determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados. Artículo 38 Estatuto de los diputados 1. Los Diputados y Diputadas a Cortes de Aragón no estarán vinculados por mandato imperativo y serán inviolables, aun después de haber cesado en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. 2. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Fuera de dicho territorio, su responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Artículo 39 Organización 1. Las Cortes de Aragón elegirán, de entre sus miembros, a un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente. 2. Las Cortes funcionarán en Pleno y en Comisiones. 3. Las Comisiones serán permanentes y, en su caso, especiales o de investigación. Las Comisiones permanentes tendrán como función fundamental, entre otras, dictaminar los proyectos y proposiciones de ley, para su posterior debate y aprobación en el Pleno. 4. Durante el tiempo en que las Cortes de Aragón no estén reunidas, hubiese expirado su mandato o hubiesen sido disueltas, se constituirá una Diputación Permanente, cuya composición, elección de sus miembros, procedimientos de actuación y funciones regula el Reglamento de las Cortes.

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5. Los Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón se constituirán en grupos parlamentarios, cuyas condiciones de formación, organización y funciones regula el Reglamento de la Cámara. Dichos grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y Comisiones, en proporción a su importancia numérica. Artículo 40 Funcionamiento 1. Las Cortes de Aragón se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. 2. Los períodos ordinarios de sesiones tendrán lugar entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo. 3. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de las Cortes de Aragón, con especificación, en todo caso, del orden del día, a petición de la Diputación Permanente, de una quinta parte de los diputados o del número de grupos parlamentarios que el Reglamento de las Cortes determine, así como a petición del Gobierno de Aragón. Artículo 41 Funciones Corresponde a las Cortes de Aragón: •

a) La elección, de entre sus miembros, del Presidente de Aragón.

•

b) La elección, nombramiento y cese del Justicia de Aragón, conforme a lo establecido en la ley que lo regule.

•

c) La designación de los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución. Esta designación deberá hacerse en proporción al número de diputados de cada grupo parlamentario, en los términos que establezca una ley de Cortes de Aragón.

•

d) El ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la Constitución.

•

e) El ejercicio de la iniciativa de reforma de la Constitución.

•

f) La fijación de las previsiones de índole política, social y económica que, de acuerdo con el artículo 131.2 de la Constitución, haya de suministrar la Comunidad Autónoma de Aragón al Gobierno de España, para la elaboración de los proyectos de planificación.

•

g) La ratificación de los acuerdos de cooperación a que hace referencia el artículo 145.2 de la Constitución y el conocimiento de los convenios de gestión y prestación de servicios en los términos previstos en el artículo 91.2 del presente Estatuto.

•

h) La aprobación del programa del Gobierno de Aragón.

•

i) El examen y la aprobación de sus cuentas y de las cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control que corresponda a la Cámara de Cuentas de Aragón o, en su caso, al Tribunal de Cuentas.

•

j) La interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional en los conflictos de competencias. 50

•

k) La aprobación de los planes generales relativos al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de los objetivos marcados por la política económica general.

•

l) La recepción de la información que proporcionará el Gobierno de España sobre tratados internacionales y proyectos de legislación aduanera, en cuanto se refieran a materias de particular interés para Aragón.

•

m) El ejercicio de la potestad tributaria y la autorización del recurso al crédito.

•

n) El control de los medios de comunicación social cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma.

•

ñ) El control del uso de la delegación legislativa a que hace referencia el artículo 43, sin perjuicio del control por los tribunales.

•

o) La convalidación de los Decretos-leyes a que hace referencia el artículo 44.

•

p) Cualesquiera otras que le atribuyan la Constitución, el presente Estatuto o el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 42 Potestad legislativa 1. Las Cortes de Aragón ejercen la potestad legislativa. 2. La iniciativa legislativa corresponde a los miembros de las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón, en los términos que establezcan la ley y el Reglamento de las Cortes. Por ley de Cortes de Aragón se regulará la iniciativa legislativa popular. Artículo 43 Delegación legislativa 1. Las Cortes de Aragón pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de dictar normas con rango de ley. No cabrá la delegación para la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, la regulación esencial de los derechos reconocidos por el Estatuto, el desarrollo básico de sus Instituciones o el régimen electoral. 2. Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada se denominan Decretos Legislativos. 3. La delegación debe ser expresa, mediante ley, para una materia concreta y con la determinación de un plazo cierto para ejercerla. La delegación se agota por transcurso del plazo o por aprobación del decreto legislativo correspondiente. No puede hacerse uso de la delegación cuando el Gobierno se encuentra en funciones por disolución de las Cortes. 4. Cuando se trate de autorizar al Gobierno de Aragón para formular un nuevo texto articulado, las leyes de delegación fijarán con precisión las bases y criterios a las que debe ajustarse el Gobierno en el ejercicio de la delegación legislativa. Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir textos legales, la ley habilitante determinará el alcance y los criterios de la refundición.

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5. El control parlamentario de la legislación delegada se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón y, en su caso, por la misma ley de delegación. Artículo 44 Decretos-leyes 1. En caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 2. Los Decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los treinta días siguientes al de su publicación no fuesen convalidados expresamente por las Cortes de Aragón después de un debate y una votación de totalidad. 3. Sin perjuicio de su convalidación, las Cortes de Aragón pueden tramitar los Decretos-leyes como proyectos de ley adoptando el acuerdo correspondiente dentro del plazo establecido por el apartado anterior. Artículo 45 Promulgación y publicación de las leyes Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», en un plazo no superior a quince días desde su aprobación. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón». 2- El Presidente. Título II: Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón CAPÍTULO II Artículo 46 Disposiciones generales 1. El Presidente de Aragón es elegido por las Cortes de Aragón, de entre sus Diputados y Diputadas, y nombrado por el Rey. 2. El Presidente ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en este territorio. Preside el Gobierno de Aragón y dirige y coordina su acción. 3. El Presidente responde políticamente ante las Cortes de Aragón. Artículo 47 Estatuto personal El Presidente de Aragón no podrá ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Artículo 48 Investidura

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1. El Presidente de las Cortes de Aragón, previa consulta con las fuerzas políticas representadas parlamentariamente, y oída la Mesa, propondrá un candidato a Presidente del Gobierno de Aragón. 2. El candidato presentará su programa a las Cortes. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. Caso de no conseguir dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente, debiendo mediar entre cada una de ellas un plazo no superior a diez días. 3. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitución de las Cortes de Aragón ningún candidato hubiere sido investido, las Cortes electas quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. Artículo 49 Cuestión de confianza 1. El Presidente del Gobierno de Aragón, previa deliberación de éste, puede plantear ante las Cortes de Aragón la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. 2. La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente obtenga la mayoría simple de los votos emitidos. 3. El Presidente, junto con su Gobierno, cesará si las Cortes de Aragón le niegan la confianza. Deberá, entonces, procederse a la elección de un nuevo Presidente. Artículo 50 Moción de censura 1. Las Cortes de Aragón podrán exigir la responsabilidad política del Presidente y del Gobierno de Aragón, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por un quince por ciento de los Diputados y Diputadas, y deberá incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. 3. El Reglamento de las Cortes de Aragón regula su procedimiento. 4. Si las Cortes de Aragón aprueban una moción de censura, cesarán el Presidente y, con él, su Gobierno. El candidato a la Presidencia se entenderá investido del cargo y el Presidente de las Cortes lo comunicará al Rey para su nombramiento. 5. Si la moción de censura no es aprobada por las Cortes, sus signatarios no podrán suscribir otra hasta transcurrido un año desde la fecha de la votación. Artículo 51 Cese El Presidente cesa por la celebración de elecciones a Cortes de Aragón, por la aprobación de una moción de censura, por la pérdida de una cuestión de confianza, por dimisión, por incapacidad permanente que le imposibilite para el ejercicio de su cargo reconocida por las Cortes de Aragón por mayoría absoluta, por sentencia firme que le inhabilite para el ejercicio 53

de su cargo, por pérdida de la condición de diputado o diputada a Cortes de Aragón o por incompatibilidad no subsanada. Artículo 52 Disolución de las Cortes de Aragón 1. El Presidente, previa deliberación del Gobierno de Aragón y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la legislatura. 2. La disolución se acordará por decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable. 3. Las Cortes de Aragón no podrán ser disueltas cuando esté en trámite una moción de censura. 4. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 48, apartado 3. 3- El Gobierno o la Diputación de Aragón. Título II: Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón CAPÍTULO III Artículo 53 Disposiciones generales 1. El Gobierno de Aragón ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. 2. El Gobierno de Aragón estará constituido por el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros, a los que el Presidente nombra y separa libremente. 3. El Gobierno de Aragón responde políticamente ante las Cortes de Aragón de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. Artículo 54 Sede 1. La sede del Gobierno de Aragón es la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de que se puedan celebrar reuniones en otros lugares dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. 2. Por ley de Cortes de Aragón podrá modificarse la sede del Gobierno de Aragón. Artículo 55 Estatuto personal de los miembros del Gobierno de Aragón 1. El Presidente y los demás miembros del Gobierno de Aragón, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en supuesto de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 2. Fuera del ámbito territorial de Aragón, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

54

3. Una ley de Cortes de Aragón determinará el estatuto, las atribuciones y las incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Aragón. Artículo 56 Cese 1. El Gobierno de Aragón cesa cuando lo hace su Presidente. 2. El Gobierno de Aragón cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Artículo 57 Procedimientos ante el Tribunal Constitucional El Gobierno de Aragón podrá interponer recursos de inconstitucionalidad, plantear conflictos de competencias y personarse en el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 58 El Consejo Consultivo de Aragón 1. El Consejo Consultivo de Aragón es el supremo órgano consultivo del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia. 2. Su organización, composición y funciones se regularán por una ley específica de las Cortes de Aragón. 4- El Justicia de Aragón. Título II: Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón CAPÍTULO IV EL JUSTICIA DE ARAGÓN. Artículo 59 Disposiciones generales 1. El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el artículo 54 de la Constitución y su coordinación con la misma, tiene como misiones específicas:

•

a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto.

•

b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.

•

c) La defensa de este Estatuto.

2. En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá supervisar: •

a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de personalidad jurídica dependientes del mismo.

55

•

b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la ley del Justicia.

•

c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa de alguna institución de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. El Justicia rendirá cuentas de su gestión ante las Cortes de Aragón. Artículo 60 Ley del Justicia de Aragón Una ley de las Cortes de Aragón concretará el alcance de las funciones del Justicia, así como el procedimiento de su elección por aquéllas y el régimen de incompatibilidades.

3- Las competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. Artículo 70 Disposiciones generales 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el presente título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto. 2. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Aragón, excepto los supuestos a que hacen referencia expresamente el presente Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. La Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance territorial superior al del territorio de Aragón, ejerce sus competencias sobre la parte de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración que se establezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas. Artículo 71 Competencias exclusivas En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias: •

1.ª Creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con arreglo al presente Estatuto.

•

2.ª Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su sistema de fuentes. 56

•

3.ª Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés.

•

4.ª Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

•

5.ª En materia de régimen local, la determinación de las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de los entes locales, creados por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral. •

6.ª La organización territorial propia de la Comunidad.

•

7.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia. Bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.

•

8.ª Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental.

•

9.ª Urbanismo, que comprende, en todo caso, el régimen urbanístico del suelo, su planeamiento y gestión y la protección de la legalidad urbanística, así como la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad.

•

10.ª Vivienda, que, en todo caso, incluye la planificación, la ordenación, la gestión, el fomento, la inspección y el control de la vivienda de acuerdo con las necesidades sociales de equilibrio territorial y de sostenibilidad; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción; las normas sobre la habitabilidad de las viviendas, la innovación tecnológica aplicable a las viviendas y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.

•

11.ª Planificación, ejecución y gestión de las obras públicas que no tengan calificación legal de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma, así como la participación en la planificación, en la programación y en la gestión de las obras públicas de interés general competencia del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca la ley estatal.

•

12.ª Ferrocarriles, que, en todo caso, incluye la coordinación, explotación, conservación y administración de las infraestructuras de su titularidad, así como la participación en la planificación y en la gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca la ley estatal.

•

13.ª Carreteras y otras vías cuyo itinerario transcurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma que, en todo caso, incluye la ordenación, planificación, 57

régimen financiero y conservación de la red viaria, así como la participación en la planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca la ley estatal. •

14.ª Aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte en el territorio de Aragón que no tengan la calificación legal de interés general, así como la participación en la planificación, en la programación y en la gestión de las infraestructuras que tengan tal calificación en los términos que establezca la ley estatal.

•

15.ª Transporte terrestre de viajeros y mercancías por carretera, por ferrocarril y por cable, así como el transporte fluvial, que transcurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia de la titularidad de la infraestructura. Centros y operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, logística y distribución situadas en Aragón.

•

16.ª Servicio de meteorología y de climatología de la Comunidad Autónoma.

•

17.ª Agricultura y ganadería, que comprenden, en todo caso: la concentración parcelaria; la regulación del sector agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal; la seguridad alimentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comercialización, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones agrarias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo rural.

•

18.ª Denominaciones de origen y otras menciones de calidad.

•

19.ª Tratamiento especial de las zonas de montaña que garantice su modernización y un desarrollo sostenible equilibrado.

•

20.ª Montes y vías pecuarias, que, al menos, incluye la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de sus usos, así como de los pastos y los servicios y aprovechamientos forestales.

•

21.ª Espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón.

•

22.ª Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático.

•

23.ª Caza, pesca fluvial y lacustre y acuicultura, así como la protección de los ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades, promoviendo reversiones económicas en la mejora de las condiciones ambientales del medio natural aragonés.

•

24.ª Promoción de la competencia. El establecimiento y regulación del Tribunal Aragonés de Defensa de la Competencia, como órgano independiente al que

58

corresponde en exclusiva tratar de las actividades económicas que se lleven a cabo principalmente en Aragón y que alteren o puedan alterar la competencia. •

25.ª Comercio, que comprende la regulación de la actividad comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales, respetando la unidad de mercado, así como la regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta, con especial atención a la promoción, desarrollo y modernización del sector. Ferias y mercados interiores.

•

26.ª Consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la protección y defensa de los consumidores y usuarios; el fomento de las asociaciones; la formación y educación para el consumo responsable, así como la regulación de los órganos y procedimientos de mediación.

•

27.ª Consultas populares, que, en todo caso, comprende el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad Autónoma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la regulación del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución.

•

28.ª Publicidad, que, en todo caso, incluye la regulación de la actividad publicitaria conforme a los principios de objetividad y veracidad.

•

29.ª Cámaras de Comercio e Industria, Agrarias y otras Corporaciones de Derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.

•

30.ª Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

•

31.ª Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social.

•

32.ª Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad y, en especial, la creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad. Participación, en su caso, en la gestión del sector público estatal.

•

33.ª Cajas de Ahorros con domicilio en Aragón e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía.

•

34.ª Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.

59

•

35.ª Voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la participación solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio de entidades públicas o privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como la ordenación de las relaciones entre las Administraciones públicas y dichas entidades.

•

36.ª Cooperación para el desarrollo en expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos.

•

37.ª Políticas de igualdad social, que comprenden el establecimiento de medidas de discriminación positiva, prevención y protección social ante todo tipo de violencia, y, especialmente, la de género.

•

38.ª Juventud, con especial atención a su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.

•

39.ª Menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo.

•

40.ª Asociaciones y fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial, deportivo y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón.

•

41.ª Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, que comprende, en todo caso, la planificación, programación y coordinación de la actividad investigadora de la Universidad y de los demás centros públicos y privados, la transferencia de conocimientos y el fomento y desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información.

•

42.ª Biotecnología, biomedicina y genética.

•

43.ª Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de Aragón.

•

44.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga, conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de interés para la Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal.

•

45.ª Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma, en especial las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón.

•

46.ª Cinematografía, que incluye, en todo caso, las medidas de protección de la industria cinematográfica y la regulación e inspección de las salas de exhibición cinematográfica.

•

47.ª Artesanía, que comprende la regulación y el establecimiento de medidas para el fomento y desarrollo de las empresas artesanales, la promoción de sus productos y la creación de canales de comercialización. 60

•

48.ª Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.

•

49.ª Estadística para los fines de la Comunidad Autónoma y, en especial, la creación de un sistema estadístico oficial propio de la Comunidad Autónoma.

•

50.ª Juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.

•

51.ª Turismo, que comprende la ordenación y promoción del sector, su fomento, la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos, así como la coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los términos que establezca la legislación estatal.

•

52.ª Deporte, en especial, su promoción, regulación de la formación deportiva, la planificación territorial equilibrada de equipamientos deportivos, el fomento de la tecnificación y del alto rendimiento deportivo, así como la prevención y control de la violencia en el deporte.

•

53.ª Tiempo libre, que incluye, en todo caso, el fomento y la regulación de las actividades que se lleven a cabo en Aragón y el régimen jurídico de las entidades que tengan por finalidad el ejercicio de actividades de tiempo libre.

•

54.ª Espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación general del sector, el régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y establecimientos públicos.

•

55.ª Sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La Comunidad Autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud pública

•

56.ª Ordenación farmacéutica.

•

57.ª Protección civil, que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación, la coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil ante incendios, catástrofes naturales, accidentes y otras situaciones de necesidad.

•

58.ª Seguridad privada, que comprende el establecimiento de los requisitos que deben reunir las personas físicas y jurídicas que adopten medidas de seguridad; la autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio o ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma; la formación del personal que realiza funciones de seguridad e investigación privada, así como la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la Policía autonómica y las policías locales de Aragón.

•

59.ª Administración de Justicia en lo relativo a medios personales y materiales.

61

•

60.ª Cualesquiera otras que le correspondan de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto o el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 72 Aguas COMPETENCIA SINGULARIZADA O DISTINGUIDA 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de aguas que discurran íntegramente por su territorio, comprendiendo dicha competencia: •

a) La ordenación, la planificación y la gestión de las aguas, superficiales y subterráneas, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, incluida su concesión, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general.

•

b) La planificación y el establecimiento de medidas e instrumentos específicos de gestión y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al agua.

•

c) Las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua.

•

d) La organización de la administración hidráulica de Aragón, incluida la participación de los usuarios.

•

e) La regulación y la ejecución de las actuaciones relativas a las obras de regadío.

También corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de aguas minerales y termales, así como de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución española y las leyes que lo desarrollan, participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón. Asimismo, le corresponde la adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos; la ejecución y la explotación de las obras de titularidad estatal, si se establece mediante convenio, y las facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación estatal, participando en la fijación del caudal ecológico. 3. En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas. Artículo 73 Enseñanza Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, 62

inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal docente; la garantía de la calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria. Artículo 74 Medios de comunicación social 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual. 2. La Comunidad Autónoma podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, cualquier medio de comunicación social para el cumplimiento de sus fines, respetando la autonomía local. Artículo 75 Competencias compartidas En el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en normas con rango de ley, excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Constitución, desarrollando políticas propias. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en las siguientes materias: •

1.ª Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico.

•

2.ª Régimen minero, en especial, la regulación y el régimen de intervención administrativa de las minas y recursos mineros, así como la restauración de los espacios afectados por actividades extractivas.

•

3.ª Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas

•

4.ª Energía, que comprende, en todo caso: la regulación de las actividades de producción, almacenamiento, distribución y transporte de cualesquiera energías, incluidos los recursos y aprovechamientos hidroeléctricos, de gas natural y de gases licuados; el otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones correspondientes existentes, cuando se circunscriban al territorio de la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma; la calidad del suministro y la eficiencia energética, así como la participación en los organismos estatales reguladores del sector energético y en la planificación estatal que afecte al territorio de la Comunidad Autónoma, y en los procedimientos de autorización de instalaciones de producción y transporte de energía que afecten al territorio de Aragón o cuando la energía sea objeto de aprovechamiento fuera de este territorio.

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•

5.ª Protección de datos de carácter personal, que, en todo caso, incluye la regulación, inscripción y el tratamiento de los mismos, el control de los ficheros creados o gestionados por las instituciones públicas de Aragón y, en especial, la creación de una Agencia de protección de datos de Aragón.

•

6.ª Políticas de integración de inmigrantes, en especial, el establecimiento de las medidas necesarias para su adecuada integración social, laboral y económica, así como la participación y colaboración con el Estado, mediante los procedimientos que se establezcan, en las políticas de inmigración y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación, en su caso, del contingente de trabajadores extranjeros.

•

7.ª Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

•

8.ª Mercados de valores y centros de contratación situados en el territorio de Aragón, que, en todo caso, incluye su regulación, establecimiento y solvencia, de acuerdo con la legislación mercantil.

•

9.ª Ordenación del crédito, banca, seguros, mutualidades de previsión social, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y otras mutualidades no integradas en el sistema de Seguridad Social

•

10.ª Régimen de los recursos fundados en el Derecho foral aragonés contra la calificación negativa de documentos, o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro público de Aragón.

•

11.ª El desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades Locales.

•

12.ª Régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

•

13.ª Régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Administración Local y las especialidades del personal laboral derivadas de la organización administrativa y la formación de este personal.

Artículo 76 Policía autonómica 1. La Comunidad Autónoma podrá crear una Policía autonómica en el marco del presente Estatuto y de la ley orgánica correspondiente. 2. La Comunidad Autónoma determinará las funciones de la Policía autonómica de Aragón en su ley de creación en el marco de la legislación del Estado. 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de la actuación de las Policías locales aragonesas. 4. Se creará, en su caso, una Junta de Seguridad que, con representación paritaria del Estado y la Comunidad Autónoma, coordinará las actuaciones de la Policía autonómica y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 64

Artículo 77 Competencias ejecutivas En el ámbito de las competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la legislación estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para la regulación de su propia competencia funcional y la organización de los servicios necesarios para ello, y en general podrá ejercer todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en las siguientes materias: •

1.ª Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

•

2.ª Trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas de ocupación, la intermediación laboral, así como la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo.

También le corresponde la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora propia en todo lo previsto en el párrafo anterior. A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realicen dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Comunidad Autónoma. A través de los mecanismos de cooperación previstos en el presente Estatuto se establecerán las fórmulas de garantía del ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social, ejerciéndose las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de forma coordinada, conforme a los Planes de actuación que se determinen a través de los indicados mecanismos. •

3.ª Propiedad intelectual e industrial.

•

4.ª Control metrológico y contraste de metales.

•

5.ª Ferias internacionales que se celebren en Aragón.

•

6.ª Aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte aéreo, con calificación de interés general, cuya gestión directa no se reserve la Administración General del Estado.

•

7.ª Productos farmacéuticos.

•

8.ª Gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los servicios que integran el sistema, y en el marco del respeto al principio de unidad de caja.

•

9.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal cuya gestión no se reserve la Administración General del Estado.

•

10.ª Colaboración con el Estado en la gestión del catastro.

•

11.ª Sistema penitenciario.

•

12.ª Gestión de los Parques Nacionales en Aragón.

•

13.ª Realización de obras de interés general por la Administración autonómica, en virtud de mecanismos de colaboración con el Estado, en los que se fijen la financiación y los plazos de ejecución. 65

•

14.ª Registro civil, que incluye la provisión de medios personales y materiales.

•

15.ª Seguridad ciudadana y seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado.

•

16.ª Expropiación forzosa, que incluye, en todo caso, la determinación de los supuestos, las causas y las condiciones en que las administraciones aragonesas pueden ejercer la potestad expropiatoria; el establecimiento de criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal; y la creación y regulación de un órgano propio para la determinación del justiprecio, así como la fijación de su procedimiento.

•

17.ª Defensa de la competencia en el ámbito autonómico, en los términos establecidos en la legislación estatal y europea.

Artículo 78 Notarios y registradores 1. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de conformidad con las leyes del Estado, siendo mérito preferente el conocimiento del Derecho propio de Aragón y específicamente su Derecho foral. 2. La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las Notarías y a los Registros de la propiedad y mercantiles en Aragón, de acuerdo con lo previsto en las leyes generales del Estado. 3. Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma el conocimiento de los recursos contra la calificación de documentos o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro público de Aragón y estén fundados en el Derecho foral aragonés. Artículo 79 Actividad de fomento 1. En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión. 2. En el caso de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma especificará los objetivos a los que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración central y las de la Unión Europea, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión. En las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma precisará normativamente los objetivos de las subvenciones territorializables de la Administración central y de la Unión Europea, completando las condiciones de otorgamiento, y asumiendo toda la gestión incluyendo la tramitación y la concesión. En las competencias ejecutivas, corresponderá a la Comunidad Autónoma la gestión de las subvenciones territorializables, que incluye su tramitación y concesión.

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3. La Comunidad Autónoma participa, en los términos que fije el Estado, en la determinación del carácter no territorializable de las subvenciones estatales y comunitarias y en su gestión y tramitación. Artículo 80 Cláusula de cierre 1. La Comunidad Autónoma asume las competencias expresadas en el presente Estatuto. En todo caso, las especificaciones de los distintos títulos de competencia no son excluyentes de otros posibles contenidos que deban considerarse incluidos en el título competencial respectivo, conforme a la Constitución y al presente Estatuto. 2. En las materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el Derecho propio de Aragón será aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.

-

ESPECIAL COMPETENCIA EN SANIDAD:

En el artículo 71.55º del EAAr se establece la sanidad como competencia exclusiva de la CA: Artículo 71 Competencias exclusivas En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias: •


Este precepto es desarrollado mediante la Ley 6/2002 de 15 de abril de Salud de Aragón. En el Título VII de la misma se establecen las competencias de las administraciones públicas de Aragón en esta materia, de tal manera que se dividen en: Artículo 59 Del Gobierno de Aragón Corresponden al Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, las siguientes competencias: •

a) Establecer las directrices de la acción de gobierno en la política de promoción y protección de la salud y de asistencia sanitaria y sociosanitaria.

•

b) Aprobar el Plan de Salud de Aragón, poniendo el mismo en conocimiento de las Cortes de Aragón.

•

c) Aprobar el proyecto de presupuesto del Servicio Aragonés de Salud, que se integrará en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

67

•

d) Nombrar y cesar a las personas que integran el Consejo de Dirección del Servicio Aragonés de Salud.

•

e) Nombrar y cesar al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, a propuesta del Consejero responsable de Salud.

•

f) Aprobar el reglamento de estructura y funcionamiento del Servicio Aragonés de Salud en los términos marcados en la presente ley.

•

g) Acordar la constitución de organismos dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

•

h) Autorizar la suscripción de convenios con la Administración general del Estado y con otras comunidades autónomas.

•

i) Acordar la creación o constitución de empresas o fundaciones de titularidad pública, así como la participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas.

•

j) Dictar la normativa del régimen estatutario del personal de las distintas administraciones públicas de Aragón con competencias sanitarias, de acuerdo con lo previsto por la Ley General de Sanidad.

•

k) Aprobar el mapa sanitario de Aragón.

•

l) Fijar las tarifas de los precios públicos por servicios sanitarios.

•

m) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.

Artículo 60 Del Departamento responsable de Salud 1. El Departamento responsable de Salud del Gobierno de Aragón ejercerá las funciones de aseguramiento, planificación, ordenación, programación, alta dirección, evaluación, inspección y control de las actividades, centros y servicios en las áreas de salud pública, salud laboral y asistencia sanitaria. Igualmente ejercerá la alta dirección, control y tutela del Servicio Aragonés de Salud. 2. Corresponden, asimismo, al Consejero las siguientes atribuciones: •

a) La propuesta y ejecución de las directrices y los objetivos del Gobierno de Aragón sobre la política de salud.

•

b) La estructuración, ordenación y planificación territorial en materia sanitaria.

•

c) La presentación al Consejo de Gobierno del anteproyecto de presupuestos del Departamento, incluido el Servicio Aragonés de Salud.

•

d) La propuesta al Gobierno de Aragón del Plan de Salud de la Comunidad Autónoma, oído el Consejo de Salud de la misma.

•

e) La propuesta al Gobierno de Aragón del mapa sanitario para su aprobación.

•

f) El control y la inspección de las actividades del Sistema de Salud de Aragón y su adecuación al Plan de Salud.

•

g) La aprobación de la memoria anual de actuación del Servicio Aragonés de Salud.

•

h) La elaboración del reglamento del Servicio Aragonés de Salud, elevándolo para su aprobación al Gobierno de Aragón. 68

•

i) La propuesta al Gobierno de Aragón del nombramiento y remoción del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud.

•

j) La política general de relaciones del Servicio Aragonés de Salud con otras administraciones públicas y con entidades públicas y privadas, así como su representación.

•

k) El fomento de la participación comunitaria y la protección de los usuarios de los servicios del organismo.

•

l) La aprobación y posterior tramitación del anteproyecto del presupuesto anual del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

•

m) La acreditación, autorización, seguimiento y evaluación de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

•

n) La acreditación, autorización, coordinación, inspección y evaluación de centros y servicios de extracción y trasplante de órganos y tejidos, así como la coordinación autonómica.

•

o) El catálogo y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma.

•

p) Los registros sanitarios obligatorios de cualquier tipo de instalaciones, establecimientos, actividades, servicios o artículos directa o indirectamente relacionados con cualquier uso o consumo humano.

•

q) Todas las funciones de salud pública recogidas en el artículo 29 de la presente ley.

•

r) El nombramiento y la remoción de los cargos directivos de hospitales y centros asistenciales a propuesta del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud.

•

s) La fijación de los criterios básicos de gestión de personal y su desarrollo normativo, en su caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y los nombramientos y propuestas de nombramientos de los cargos directivos del Servicio Aragonés de Salud, en los términos de esta ley y de sus normas reglamentarias.

•

t) La autorización de acuerdos, conciertos, convenios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, sin perjuicio de las competencias que atribuyen al Gobierno de Aragón la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y el apartado h) del artículo anterior.

•

u) El ejercicio de las competencias sancionadoras y de intervención pública para protección de la salud.

•

v) La concesión de subvenciones a entidades públicas o privadas para la realización de actividades e inversiones necesarias para el desarrollo de las mismas.

•

w) El establecimiento de un dispositivo sanitario de intervención inmediata en situaciones de catástrofe, en coordinación con los servicios de protección civil.

•

x) La elevación al Gobierno de Aragón de la propuesta de creación o constitución de entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho o de participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas. 69

•

y) El nombramiento y cese de los vocales del Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón.

•

z) La autorización de los reglamentos de funcionamiento interno del Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón, del Consejo de Dirección del Servicio Aragonés de Salud y de los consejos de dirección y consejos de salud de área. o

a') La definición de los contratos programa con las entidades o instituciones encargadas de la provisión de servicio.

o

b') La aprobación de la cartera de servicios de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, a propuesta del mismo, oído el Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón.

o

c') La adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, tales como disposiciones generales o particulares que impongan obligaciones de hacer, no hacer o tolerar; incautación o inmovilización de productos; suspensión del ejercicio de actividades; cierres de empresas, centros o establecimientos o de parte de sus instalaciones; intervención de medios materiales y personales, y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.

o

d') La organización y adopción de las medidas de protección al usuario del Sistema de Salud de Aragón.

o

e') Cuantas le atribuye expresamente la presente Ley y demás normativa vigente, así como todas aquellas no encomendadas específicamente a los órganos de gobierno del Servicio Aragonés de Salud.

3. Corresponde a los Servicios Provinciales, en su ámbito territorial, el desarrollo de las funciones y la prestación de los servicios del Departamento responsable de Salud, de acuerdo con el principio de desconcentración y bajo la supervisión del mismo. Artículo 61 Competencias de las entidades locales 1. Corresponden a las entidades locales, en el marco del Plan de Salud de Aragón y de las directrices y programas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las siguientes funciones: •

A) Ejercer las competencias que en materia de salud pública les atribuye la legislación de régimen local. En general, las entidades locales, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tendrán las siguientes responsabilidades respecto al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios: o

a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos y residuos peligrosos.

o

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.

o

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia pública, especialmente de los centros de restauración colectiva, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y

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guarderías, campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportiva y de recreo. o

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como sus medios de transporte.

o

e) Control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria.

o

f) Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos.

•

B) Formar parte de los órganos del Sistema de Salud de Aragón, conforme a lo dispuesto en esta ley y en la forma que reglamentariamente se determine.

•

C) Colaborar en la construcción, remodelación y equipamiento de centros y servicios sanitarios, así como en su conservación y mantenimiento, en los términos que se acuerde en cada caso.

2. Cuando el desarrollo de las funciones sanitarias lo requiera, las entidades locales podrán disponer de personal y servicios sanitarios propios para el ejercicio de sus competencias. 3. Las entidades locales donde el desarrollo de tales funciones no justifique que dispongan de personal y servicios propios deberán recabar el apoyo técnico del personal y medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén comprendidas. 4. El personal sanitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que preste apoyo a las entidades locales en los asuntos relacionados en este artículo tendrá la consideración, a estos solos efectos, de personal al servicio de los mismos, con sus obligadas consecuencias en cuanto a régimen de recursos y responsabilidades personales y patrimoniales. 5. El Gobierno de Aragón podrá delegar en las entidades locales el ejercicio de cualesquiera funciones en materia sanitaria, en las condiciones previstas en la legislación de régimen local, las leyes de Administración local de la Comunidad Autónoma de Aragón y las leyes de comarcalización. EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS E-CCAA: La distribución de las competencias entre el E y las CCAA se lleva a cabo en los artículos 148 y 149 CE: • •

148: Competencias que pueden asumir las CCAA. 149: Competencias exclusivas del Estado.

De esta clasificación inicial, hay que puntualizar, que cada CA en su Estatuto de Autonomía establece cuales son las competencias que asume. En cuanto a la distribución de estas competencias hay que matizar que las competencias exclusivas del Estado de las que habla el artículo 149 hay que distinguir entre: -

Competencias Exclusivas: El Estado o la CA lleva a cabo la legislación ejecución y desarrollo. Ejemplo: - Competencia exclusiva del E: Defensa y fuerzas armadas, 149.1.4º CE. 71

-

-

-Competencia exclusiva de la CA de Aragón: Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, 71.4º EA. 1 materia, 1 competencia exclusiva Competencias Compartidas: El Estado establece las bases y las CCAA las desarrollan y/o las ejecutan. Ejemplo: - Base que establece el Estado:Legislación sobre productos farmacéuticos, 149.1.16 CE. - Ejecución por la CA: competencia ejecutiva en Productos farmacéuticos, 77.7º EA. 1 materia, 1 competencia exclusiva (base) y desarrollo y/o ejecución. Competencias concurrentes: - El Estado y las Comunidades Autónomas tienen las mismas competencias en una materia con distinta finalidad Ejemplo: - Competencia exclusiva del Estado: bases y coordinación de la sanidad, 149.1.16 CE. - Competencia exclusiva de la CA: Sanidad y salud pública, 71.55 EA. 1 materia, 2 competencias exclusivas

En cuanto a la Sanidad, como competencia concurrente: Art 149.1.16: El Estado tiene competencia exclusiva sobre: Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. Art 148.1.21: Las CCAA podrán asumir competencias sobre las siguientes materias: Sanidad e higiene. Art 71 Estatuto de Autonomía: Competencias exclusivas En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias: •


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TIPOS DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS EXCLUSIVAS El Estado o la CA lleva a cabo la legislación ejecución y desarrollo.

El Estado establece las bases y las CCAA las desarrollan y/o las ejecutan. Ejemplo:

CONCURRENTES El Estado y las Comunidades Autónomas tienen las mismas competencias en una materia con distinta finalidad

- Base que establece el Estado:Legislación sobre Ejemplo: - Competencia exclusiva productos del E: Defensa y fuerzas farmacéuticos, 149.1.16 - Competencia exclusiva armadas, 149.1.4º CE. CE. del Estado: bases y coordinación de la - Competencia exclusiva - Ejecución por la CA: sanidad, 149.1.16 CE. de la CA de Aragón: competencia ejecutiva Lenguas y modalidades en Productos - Competencia exclusiva lingüísticas propias de farmacéuticos, 77.7º EA. de la CA: Sanidad y Aragón, 71.4º EA. salud pública, 71.55 EA. 1 materia, 1 1 materia, 1 competencia exclusiva 1 materia, 2 competencia exclusiva (base) y desarrollo y/o competencias exclusivas ejecución Ejemplo:

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SANIDAD COMPETENCIA • ARTÍCULO 148: COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

CONSTITUCIÓN

• ARTÍCULO 149: COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO. - EXCLUIVAS: POTESTAD LEG, REG, EJEC. - COMPARTIDAS: LAS CCAA PUEDEN LLEVAR A CABO SU DESARROLLO Y/O EJECUCIÓN. -CONCURRENTES:: MISMAS FUNCIONES, CON INTERESES DIFERENTES, POR EJ: CULTURA.

CONCURRENTE (TIENEN LAS MISMAS FUNCIONES EL ESTADO Y LA CA PERO CON DISTINTOS INTERESES)

ARTÍCULO 149.1.16 ESTABLECE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO EN BASES Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA SANIDAD LEY GENERAL DE SANIDAD ARTÍCULO 148.1.21 ESTABLECE LA COMPETENCIA EN SANIDAD QUE PUEDEN ASUMIR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS • ARTÍCULO 70 RECONOCE TENER COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y EJECUTIVAS.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

• ARTÍCULO 71: C. EXCLUSIVAS: POTESTAD LEG, REG, EJEC. • ARTÍCULO 75: C. COMPARTIDAS: DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA. ARTÍCULO 77: C. EJECUTIVAS: SOLO EJECUCIÓN.

ARAGÓN ASUME SUS COMPETENCIAS EN SANIDAD EN EXCLUIVA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN ARTÍCULO 71.1.55 LEY DE SALUD DE ARAGÓN

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

INICIATIVA GOBIERNO ARAGÓN CORTES ARAGÓN 1/5 CORTES GENERALES

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA - POR >2/3 CORTES ARAGÓN - CORTES GENERALES LO

PRESENTACIÓN DEL TEXTO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SI NO SE RETIRA, PERO NO ES APROBADA POR LAS CORTES DE ARAGÓN O GENERALES, NO PODRÁ SOMETERSE NUEVAMENTE A DEBATE Y VOTACIÓN HASTA 1 AÑO DESPUÉS

LA APROBACIÓN DE LA REFORMA POR CCGG MEDIANTE LO INCLUIRÁ LA AUTORIZACIÓN DEL E PARA QUE EL GOB DE ARAGÓN CONVOQUE REFERENDUM DE RATIFICACIÓN EN 6 MESES DESDE LA VOTACIÓN DE LAS CCGG SE CONVOCARÁ EL REFERÉNDUM SI ASÍ LO APRIEBAN 2/3 PARTES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

CORTES DE ARAGÓN POR > 2/3 PUEDEN RETIRAR PROPÙESTA DE REFORMA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE SU APROBACIÓN DEFINITIVA

CORTES DE ARAGÓN ELEGIRÁN UNA DELEGACIÓN PARA PARTICIPAR TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA EN CCGG

75

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TEMA 3 1-Población y territorio de Aragón. 2-Desequilibrios demográficos de Aragón. 3-Despoblación: causas y consecuencias.

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1- Población y territorio de Aragón. a) Territorio. Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Aragón: El territorio de la Comunidad Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Por otro lado el artículo 3.3 del mismo establece: La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza. Y por último el artículo 5 dice: Aragón estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias. Estos preceptos son desarrollados en el Título VI del propio Estatuto que lleva como rúbrica Organización territorial y gobierno local y establece los siguientes artículos: Artículo 81 Organización territorial de Aragón 1. La organización territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y provincias. 2. Por ley de las Cortes de Aragón podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas metropolitanas. Igualmente, regulará las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Artículo 82 El municipio 1. Los municipios son las entidades territoriales básicas de Aragón, dotadas de personalidad jurídica y autonomía para la gestión de sus intereses respectivos, y medio esencial de participación de la comunidad vecinal en los asuntos públicos. 2. El gobierno y la administración municipales corresponde al Ayuntamiento, formado por el Alcalde y los concejales. Se establecerán por ley de la Comunidad Autónoma los requisitos para la aplicación del régimen de Concejo abierto. 3. El presente Estatuto garantiza a los municipios la autonomía para el ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de la colectividad que representan. Artículo 83 La comarca 1. Las comarcas son entidades territoriales, constituidas por la agrupación de municipios limítrofes, vinculados por características e intereses comunes, fundamentales para la vertebración territorial aragonesa.

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2. Las comarcas tienen a su cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial. 3. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como la determinación de sus competencias, organización y régimen jurídico se regulan por ley de las Cortes de Aragón. Artículo 84 La provincia Las provincias, como entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propia, ejercerán funciones de cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios y comarcas, atendiendo en todo caso a criterios de solidaridad y equilibrio territorial. Artículo 85 Principios y relaciones entre la Comunidad Autónoma y los entes locales 1. La actividad de las entidades territoriales aragonesas se desarrollará bajo los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y diferenciación. 2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales ajustarán sus relaciones a los criterios de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 3. La Comunidad Autónoma podrá, mediante ley de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, respetando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio. Artículo 86 El Consejo local de Aragón El Consejo local de Aragón es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas. El Consejo debe ser oído en las iniciativas legislativas y en la tramitación de planes y normas reglamentarias que afecten de forma específica a los gobiernos locales.

Artículo 87 Ley de capitalidad Zaragoza, como capital de Aragón, dispondrá de un régimen especial establecido por ley de Cortes de Aragón. En el mismo estatuto, y en su artículo 71 donde se establecen sus competencias exclusivas, en el apartado 8 establece como tal: Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental. A su vez, en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón desarrollan el régimen de los municipios y provincias y comarcas respectivamente. 79

-

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón:

Establece en su artículo 2 las entidades locales aragonesas: 1. El municipio es la entidad local básica de Aragón, dotada de personalidad jurídica, naturaleza territorial y autonomía para la gestión de sus intereses peculiares. 2. Tienen, asimismo, la condición de entidades locales de Aragón: a) las provincias, b) las comarcas, c) la entidad metropolitana de Zaragoza, d) las mancomunidades de municipios, e) las comunidades de villa y tierra, y f) las entidades locales menores. Al ser el municipio la entidad local básica de Aragón, le dedica todo el título II de la Ley, estableciendo el régimen jurídico por el que se regirán todos los municipios de la CA de Aragón. El título III lo dedica a las demás entidades locales, de tal manera que la provincia se desarrolla en el capítulo I de dicho título y las comarcas en el capítulo II, remitiendo la regulación de las mismas a la Ley de Comarcalización de Aragón. -

Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón:

El objeto de la presente ley es establecer las normas generales a las que se ajusta la organización comarcal de Aragón.

Con estas bases estatutarias y el desarrollo legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de Aragón, podemos decir que el Territorio de la misma es el que se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como de otras entidades locales como la entidad metropolitana de Zaragoza, las mancomunidades de municipios, las comunidades de villa y tierra, y las entidades locales menores. Como definición de las tres principales entidades locales podemos decir que son: •

Municipios: entidad local básica de Aragón, dotada de personalidad jurídica, naturaleza territorial y autonomía para la gestión de sus intereses peculiares. (Art. 2 LALA).

80

•

•

Provincias: las provincias aragonesas son entidades locales determinadas por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. (Art. 62 LALA). Comarcas: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley de Comarcalización de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, con personalidad jurídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. En todo caso, la comarca deberá tener continuidad territorial. (Artículo 75 LALA, desarrollado en la Ley de Comarcalización).

El territorio de Aragón ocupa 47.719 km2, lo que supone el 9,4% de la superficie de España y el 1,1% del territorio de la UE.

b) Población. En cuanto a la población, el capítulo II del título II del la LALA, se dedica a la población de los municipios, y hay una definición en el artículo 20 de la misma, estableciéndose que: 1. El conjunto de vecinos constituye la población del municipio.

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2. Son vecinos de un municipio las personas que, residiendo habitualmente en el mismo, se encuentren inscritos en el padrón municipal. 3. Sólo se puede ser vecino de un municipio. Además se establece: Artículo 21 El Padrón de habitantes 1. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio. 2. La formación, actualización, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al municipio, de acuerdo con las normas emanadas del Estado y las instrucciones complementarias que pueda establecer la Comunidad Autónoma dentro de su competencia en estadística para fines de su interés. 3. La Diputación General de Aragón y las diputaciones provinciales apoyarán técnica y económicamente a los municipios para la gestión y explotación del padrón, pudiendo formalizar convenios que regulen la colaboración recíproca en su elaboración y mantenimiento y el acceso a sus datos para el ejercicio de sus competencias y la elaboración de estadísticas. Artículo 22 Derechos y deberes de los vecinos La condición de vecino confiere los siguientes derechos y deberes: a) Ser elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal. c) Utilizar los servicios públicos municipales de forma acorde con su naturaleza y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a su regulación propia. d) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con los expedientes y la documentación municipal. e) Pedir consulta popular en los términos previstos en la ley. f) Solicitar la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, así como exigirlos en el supuesto de constituir un servicio de carácter obligatorio. g) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las actividades, obras y servicios municipales. h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.

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Una vez establecida la definición y el régimen de la población, hay que ver según los datos del Instituto Aragonés de Estadística la población existente en Aragón en el año 2012 distribuida por edad y sexo es: EDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

%

0 a 14

186.792

96.118

90.674

13,84

15 a 34

317.239

163.799

153.440

23,51

35 a 54

420.550

218.363

202.187

31,16

55 a 64

154.258

76.580

77.678

11,43

65 a 84

225.786

101.858

123.928

16,73

85 y más

44.842

15.180

29.662

3,32

La evolución de la población de Aragón desde el año 2002 al año 2012 es: AÑO

POBLACIÓN

VARIACIÓN ANUAL

2002

1.217.514

1,1

2003

1.230.090

1,0

2004

1.249.584

1,6

2005

1.269.027

1,6

2006

1.277.471

0,7

2007

1.296.655

1,5

2008

1.326.918

2,3

2009

1.345.473

1,4

2010

1.347.095

0,1

2011

1.346.293

-0,1

2012

1.349.467

0,2

83

Podemos llegar a la conclusión de que la población de Aragón con los datos de 2012 supone un 2,85% de la población total de España, siendo su territorio, como se ha establecido anteriormente, el 9,4% respecto del total del territorio español. Además, es una población que está relativamente envejecida, debido a que el mayor rango de edad es de 34 a 54 años, con 420.550 habitantes. Además, la evolución anual de la población es muy escasa, de manera que en la última década aunque la tendencia ha sido generalmente el aumento de población, ha sido muy escaso, no llegando a un aumente del 2% en ninguno de los casos.

84

2- Desequilibrios demográficos de Aragón. Hay que analizar en primer lugar la distribución de la población aragonesa según las poblaciones donde reside: TIPOS DE POBLACIÓN

POBLACIÓN

%

Capitales de provincias

767.761

56,89

Municipios que no sean 581.706 capitales

43,11

Hasta 100 habitantes

10.093

0,75

De 101 a 500 habitantes

85.070

6,30

De 501 a 1.000 habitantes

62.178

4,61

De 1.001 a 5.000 habitantes

178.478

13,23


78.673

5,83


146.040

10,82

Más de 20.000 habitantes

21.174

1,57

TOTAL

1.349.467

100

Hay que destacar que: -

Sólo Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud superan los 20.000 habitantes.

-

El 56% de la población aragonesa se concentra en capitales de provincia, lo que supone que esa población se concentra en tan sólo 3 poblaciones (Zaragoza, Huesca y Teruel).

-

En el restante territorio se distribuye el resto de la población (el 43 %), la mayoría de ellos en poblaciones de entre 1000 y 5000 habitantes (el 13,23%).

85

De los datos extraídos, podemos concluir que la mayoría de la población en Aragón reside en capitales de provincia, y Calatayud, y habiendo una concentración especial de población en la Comarca de Zaragoza, produciéndose graves desequilibrios en el restante territorio, que es básicamente territorio rural. Así, las normas aragonesas y en especial el Estatuto de Autonomía de Aragón han tenido en cuenta esta situación y tienden a la corrección de esta situación, de tal manera que se establece en el Estatuto: Artículo 20 Corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas competencias: c) Promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad.

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Artículo 71 Competencias exclusivas 32.ª Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad y, en especial, la creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad. Participación, en su caso, en la gestión del sector público estatal. Artículo 99 3. Las instituciones aragonesas velarán por el equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y por la realización interna del principio de solidaridad, y orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de los aragoneses. Por otro lado y como se hace referencia en el apartado anterior, entre las competencias exclusivas que se le atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón en el artículo 77 de su estatuto en su apartado 8º, es la ordenación del territorio conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socieconómico y ambiental. De tal manera que esto tiene su desarrollo en la ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. La misma tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio por la Comunidad Autónoma, y estableciendo como objetivos entre otros el de establecer condiciones de calidad de vida equivalentes para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma con independencia de su lugar de residencia, haciendo efectiva la cohesión territorial y social. Establece como estrategias para conseguir dichas finalidades, entre otras: a) Policentrismo, mediante el desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y de una asociación cooperativa e integrada entre los núcleos urbanos y los espacios rurales, fundamentada en la organización comarcal. b) Accesibilidad, a través de la garantía de un acceso equivalente, eficaz y sostenible a infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, en especial mediante redes de transporte integrado, de tecnologías de la información y la comunicación y de difusión cultural. Además, y porque esta distribución territorial es la tónica que siguen otros territorios de España como es el caso de Castilla y León, las Cortes Generales dictan la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. La misma tiene por objeto: regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.

87

Y establece como principales objetivos: a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible. Por otro lado establece un Programa de desarrollo rural sostenible, desarrollado en el Título I de la Ley, a través de: •

Cooperación entre Administraciones Públicas con Convenios de colaboración, directrices y planes.

•

Un seguimiento y evaluación tanto interno como externo.

•

Acciones generales para el desarrollo rural sostenible.

•

Medidas para el desarrollo rural sostenible como son la diversificación económica, conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, creación y mantenimiento del empleo, infraestructuras, equipamientos, y servicios básicos, energías renovables, etc

Para la realización de estos fines, hay una previsión específica de financiación de los mismos desarrollada en el Título II de la Ley.

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3- Despoblación: causas y consecuencias. A la hora de hablar de despoblación hay que empezar por comprender una serie de conceptos, como son: • Población absoluta: número de habitantes de un determinado territorio. • Población relativa o densidad de población: promedio de habitantes de un determinado territorio en relación a una superficie. Es esencialmente importante este último concepto de densidad de población, el cual tiene la siguiente fórmula: Densidad= población = habitantes/km2 Superficie(km2)

Así, con estas definiciones podemos llegar a la conclusión de que un lugar con una mayor densidad de población, como es el caso de las capitales de provincia aragonesas, son los lugares más poblados, en contraposición a los lugares con una menor densidad de población, como son las zonas rurales aragonesas, que son lugares con despoblación.

De tal manera que con los datos que manejamos respecto a Aragón y a España, podemos decir que las densidades de población existentes son las siguientes: En España: 47.265.321 = 93,4 habitantes/km2 505.988 En Aragón: 1.349.467 = 28,2 habitantes/km2 47.719

89

Estos datos hay que ponerlos en relación a la densidad de población del año 2012 con el resto de Comunidades Autónomas en España: NÚMERO RÁNKING

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN PERSONAS/KM2

1

MADRID

808,4

2

PAÍS VASCO

302,2

3

ISLAS CANARIAS

285,6

4

CATALUÑA

235,0

5

ISLAS BALEARES

222,9

6

COMUNIDAD VALENCIANA

220,0

7

REGIÓN DE MURCIA

129,9

8

CANTABRIA

111,5

9

ASTURIAS

102,0

10

ANDALUCÍA

96,2

11

GALICIA

94,5

12

LA RIOJA

64,0

13

NAVARRA

61,8

14

ARAGÓN

28,2

15

CASTILLA Y LEÓN

27,6

16

EXTREMADURA

26,6

17

CASTILLA LA MANCHA

26,6

Así, podemos comprobar que Aragón es una de las Comunidades Autónomas con menor densidad de población y por tanto más despobladas de España, solo por encima de Castilla y León, Extremadura y Castilla la Mancha, con un 28,2% de población.

90

a)Causas de la despoblación: La situación de despoblación mencionada ha de ser objeto de estudio y análisis respecto a sus causas: •

Geográficamente, el clima aragonés tiene lugares extremadamente calurosos y áridos como la zona de los Monegros, y otros lugares extremadamente fríos como la zona pirenaica y la zona de Teruel. Además, las precipitaciones son escasas e irregulares.

•

Estas circunstancias hacen que no haya un suelo especialmente fértil históricamente ni circunstancias favorables para industrias agrícolas ni ganaderas, y por lo tanto no han proliferado explotaciones de este tipo en sector primario, con todas las consecuencias económicas y de disminución de empleo y por tanto de disminución poblacional en la región.

•

Con el éxodo rural de las décadas pasadas la población tendió a abandonar el campo y a asentarse en las ciudades, de tal manera que en Aragón tan sólo hay 4 poblaciones con más de 20.000 habitantes (Zaragoza, Huesca, Teruel y Caltayud), lo cual propicia una migración de población hacia ciudades y poblaciones de otras Comunidades Autónomas.

•

Además, la tendencia poblacional española en general, ha tendido a envejecerse, de manera que las mejoras en la calidad de vida hacen que la esperanza de vida de las personas aumente de manera sustancial, pero a su vez, la población también ha tendido a controlar y disminuir su reproducción, de forma que proliferan los ciudadanos de mayor edad, y por tanto aumentando las defunciones, y disminuyendo la natalidad. El estudio de la proporción entre nacimientos y defunciones se denomina saldo vegetativo, e indica el aumento o descenso de la población como resultado de tal diferencia. Así, en España el saldo vegetativo es negativo, pero al igual que el saldo aragonés.

•

Económicamente, Aragón no es un lugar donde haya proliferado el sector secundario o industrial, pero sí ha ocurrido en otros territorios limítrofes, como en Cataluña, o cercanos, como en el País Vasco, y por tanto ha habido una tendencia migracional de aragoneses a dichos territorios, así como otros donde prolifera el sector servicios y que también son limítrofes, como Comunidad Valenciana.

•

La crisis económica actual, hace que la población más joven deba buscar trabajo y formación en otros lugares tanto del territorio nacional como en el extranjero.

•

La tendencia de migraciones de extranjeros a España, también ha ido disminuyendo a consecuencia de dicha crisis económica actual, de manera que actualmente la tendencia es el retorno a los países de origen en muchos casos.

91

b)

Consecuencias de la despoblación:

Es evidente que la despoblación tan sólo puede tener consecuencias negativas, que al igual que las causas, se pueden contemplar desde múltiples aspectos: •

Desde un punto de vista demográfico y geográfico, va a suponer que los territorios donde haya disminuciones de población, no se vaya a reponer la misma, y consecuencia de ello es que va a ser difícil que dichos núcleos sobrevivan, disminuyendo el número de ayuntamientos o poblaciones adscritas a los mismos, desapareciendo muchas de ellas.

•

El hecho de que haya zonas despobladas, hará que no se proporcionen servicios que sí que se proporcionarán a lugares más poblados, como comunicaciones, trasportes, instalaciones, servicios sanitarios, educativos, etc… básicamente por una cuestión de eficiencia económica.

•

Este hecho de que disminuyan los servicios en las zonas despobladas, hacen que haya una disminución en el nivel y calidad de vida de los ciudadanos, y por lo tanto propicia que haya migraciones hacia otros territorios.

•

Además, no hace propicia la llegada de nuevos habitantes, debido a la falta de servicios, comunicaciones y comodidades.

•

Económicamente, las empresas no optarán por asentarse en territorios despoblados y con deficiencias de servicios y comunicaciones, por lo tanto van a tender a asentarse en otros lugares con mayor población, disminuyendo así el empleo en la Comunidad Autónoma, y propiciando una mayor despoblación.

92

TEMA 4 1- Caracterización de la economía aragonesa. 2- Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. 3- Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. 4-Infraestructuras públicas y vertebración territorial.

93

1-Caracterización de la economía aragonesa. En cuanto a la introducción y marco legal de la economía aragonesa, hay que decir que el Título VIII del Estatuto de autonomía lleva como rúbrica Economía y Hacienda, y el Capítulo primero tiene como título Economía de la Comunidad Autónoma, donde se establece lo siguiente: Artículo 99 Marco de actuación 1. Toda la riqueza, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. 2. La Comunidad Autónoma ejercerá las competencias de naturaleza económica que se le reconocen en el presente Estatuto de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general, los objetivos de política social y económica del Estado y dentro del pleno respeto a la libertad de empresa y competencia en el marco de la economía de mercado. 3. Las instituciones aragonesas velarán por el equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y por la realización interna del principio de solidaridad, y orientarán su actuación económica a la consecución del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de los aragoneses. Artículo 100 Planificación y fomento de la actividad económica 1. La Comunidad Autónoma, mediante ley, podrá aprobar planes económicos generales en el territorio aragonés con el fin de atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial autonómico y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, potenciar los recursos de su territorio y su aprovechamiento, y garantizar un desarrollo sostenible. 2. El Gobierno de Aragón podrá constituir empresas públicas para la ejecución de las funciones reconocidas en el presente Estatuto. Artículo 101 Cooperación con la actividad económica de otras instituciones 1. El Gobierno de Aragón intervendrá en la elaboración de los planes y programas económicos del Estado que afecten a Aragón, en los términos que señala el artículo 131.2 de la Constitución. 2. El Gobierno de Aragón podrá constituir o participar en instituciones que fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en el territorio aragonés. Asimismo, podrá instar del Estado la creación de empresas mixtas que estimulen la actividad económica aragonesa. 3. De acuerdo con lo que establezcan las leyes del Estado, el Gobierno de Aragón designará sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuyas competencias se extiendan al territorio aragonés y que, por su propia naturaleza, no sean objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma. 4. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón podrá elaborar y remitir al Estado cualesquiera informes, estudios o propuestas relativas a la gestión de las entidades citadas en el apartado anterior o a su incidencia en la economía aragonesa.

94

Artículo 102 Consejo Económico y Social de Aragón 1. El Consejo Económico y Social de Aragón es el órgano consultivo en que se materializa la colaboración e intervención de de todos los agentes sociales en la actividad económica y social de la Comunidad Autónoma. 2. Una ley de Cortes de Aragón regulará su organización, composición y funciones.

Para empezar a hablar de las características de la economía aragonesa, hay que empezar empe a hablar del concepto de Producto Interior Bruto o PIB, PIB, entendiéndose como tal la medida de actividad económica, es el valor de los bienes y servicios producidos en una región menos los bienes y servicios que se utilizan para producirlos. Así, en el año o 2012 el PIB en Aragón y en España se obtuvo de los siguientes componentes en la siguiente proporción:

COMPONENTES PIB ARAGÓN 2012 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS 8%

AGRICULTURA 4%

ENERGÍA 5% INDUSTRIA 16%

SERVICIOS 58%

CONSTRUCCIÓN 9%

COMPONENTES PIB ESPAÑA 2012 AGRICULTURA 2%

ENERGÍA 3% INDUSTRIA 13%

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS 8% SERVICIOS 66%

CONSTRUCCIÓN 8%

Los siguientes conceptos a tener en cuenta son:

95

-

Sectores económicos: División de la actividad económica en un territorio determinado, en relación a la actividad económica. Tradicionalmente se dividen los sectores económicos en: •

Sector primario: Es el sector que obtiene los productos de la naturaleza, obteniendo materias primas y que incluye los sectores: Agropecuario. Pesquero. Minero. Forestal.

•

Sector secundario: es aquel que trasforma materias primas obtenidas en el sector primario en otros productos mediante su elaboración o trasformación. Incluye: Energético. Industrial.

•

Sector terciario o servicios: es el sector que se dedica a prestar servicios y no a obtener ni a producir bienes. Se entienden incorporados en el mismo: Administrativo. Trasportes. Educación. Sanitario. Financiero. Comercial. Etc…

Teniendo en cuenta estos conceptos básicos económicos, y teniendo en cuenta los datos obtenidos de la distribución económica española y aragonesa del año 2012, podemos decir que la actual distribución de la economía por sectores tanto en España como en Aragón es la siguiente:

Importancia predominante del sector servicios, suponiendo el 58% del PIB aragonés y el 66% del PIB español.

El siguiente de los sectores que más PIB produce, tanto a nivel estatal como autonómico, es el sector secundario, suponiendo el 30% en Aragón y el 24% en España, siendo la actividad predominante dentro de este sector la industria, seguida de la construcción y la energía en similares proporciones tanto en España como en Aragón. 96

El sector que tiene a día de hoy escasa importancia, es el sector primario, primario que supone un 4% en Aragón y el 2% en España.

Por otro lado vamos a tener en cuenta la producción del PIB en España durante el año 2012 por CCAA:

% PIB POR COMUNIDADES EN 2012 18,7

17,6 13,5 9,6 6,2 5,4 5,4

-

3,9 3,5 3,2 2,6 2,5 2,2 1,7 1,6 1,2 0,8 0,1 0,1

ARAGÓN REPRESENTA EL 3,2% DEL PIB DE ESPAÑA. LA MEDIA DE PIB POR COMUNIDADES ES DEL 5,26%.

Así podemos llegar a las siguientes conclusiones sobre las características de la economía aragonesa: a) Aragón produce un 3,2% del PIB español, siendo la producción media de 5,26% por comunidad, por lo que se encuentra por debajo de la media,, aunque dicha media tiene importantes desproporciones por comunidades, comunidades, puesto que Cataluña y Madrid producen más del 18 y del 17% del PIB respectivamente, pero habiendo 12 Comunidades Autónomas que producen un PIB por debajo de la media, siendo la de Aragón muy similar a Canarias, Castilla la Mancha, Mancha, Murcia y Baleares. b) En n cuanto a la distribución del PIB por sectores económicos, hay que tener en cuenta que la distribución aragonesa, sigue la tónica de la distribución general en España, siendo predominante el sector servicios, seguido del sector secundario, y teniendo muy escasa importancia el sector primario.

2-Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. 97

En cuanto a las magnitudes más relevantes de la economía aragonesa, hay que ponerlas en perspectiva en relación a los múltiples sectores y actividades dentro de los mismos:

Sector primario en Aragón: RAMAS DE ACTIVIDAD

MILLONES DE EUROS

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura

1.428

4,3

TOTAL

1.428

4,3

Sector secundario en Aragón: RAMAS DE ACTIVIDAD

MILLONES DE EUROS


Industria extractiva y suministros

7.131

21,3

Industria manufacturera

5.387

16,1

Construcción

3.041

9,1

TOTAL

15.559

46,5

98

Sector terciario en Aragón: RAMAS DE ACTIVIDAD

MILLONES DE EUROS


Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

6.772

20,2

Información y comunicaciones

816

2,4

Actividades financieras y de seguros

1.264

3,8

Actividades inmobiliarias

2.155

6,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

1.592

4,8

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

5.579

16,7

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

962

2,9

TOTAL

19.140

57,2

99

3-Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Vamos a analizar el PIB en Aragón desde el año 2007:

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MILLONES DE EUROS 32.895 34.672 33.137 33.262 33.307 32.543

TASA DE VARIACIÓN % 4,5 0,8 -4,4 0,4 0,1 -2,3

Por otro lado, el PIB en España desde el año 2007: AÑO

MILLONES DE EUROS 2007 1.053.161 2008 1.087.788 2009 1.046.894 2010 1.045.620 2011 1.046.327 2012 1.029.002 EVOLUCIÓN DEL PIB DESDE 2007 EN ESPAÑA Y ARAGÓN:

TASA DE VARIACIÓN % 3,5 0,9 -1,0 -0,2 0,1 -1,6

5 4 3 2 1

ARAGÓN

0 -1

ESPAÑA 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2 -3 -4 -5

100

Así, y viendo en comparativa el PIB español y aragonés desde el año 2007, podemos apreciar que: •

•

De manera conjunta: la evolución durante el año 2007 era el crecimiento del PIB durante el auge económico del país, pero que se vio seriamente disminuido al llegar el año 2008, con el inicio de la crisis económica, viéndose ya en el año 2009 el decrecimiento del PIB con cifras negativas, y por tanto, retroceso habiendo leves mejorías durante los años 2010 y 2011 pero con un crecimiento muy escaso respecto a 2009, y disminuyendo de nuevo seriamente en 2012. En cuanto a Aragón de forma específica: Sigue de forma general la evolución española, aunque con ligeras variaciones. Así, en 2007 la tendencia del crecimiento del PIB coincide con la de España, y la disminución del mismo en el año 2008 también. Una cifra llamativa es la seria disminución del año 2009, con un porcentaje negativo de 4,4%, que aunque teniendo España una disminución también, no es tan brusca como la aragonesa. Determinados informes económicos hablan de un gran auge de la economía sumergida en Aragón, que generaron dicha brusca disminución. El año 2010, experimenta una notable mejoría y pasa del brusco retroceso económico, a obtener una cifra positiva, que respecto a las cifras españolas, aunque también mejora el PIB en dicho año, no llega a obtener una cifra positiva. Durante el año 2011 aunque manteniendo cifras positivas, empeora la situación, de manera contraria a España, que también obtiene cifra positiva, pero mejorando el PIB respecto 2010. En el año 2012 de nuevo se experimenta tanto a nivel nacional como autonómico recesión obteniendo de nuevo cifras negativas y disminuyendo el PIB bruscamente.

101

4-Infraestructuras públicas y vertebración territorial. Podemos decir que infraestructura es el conjunto de elementos o servicios necesarios para creación y funcionamiento de una organización social, siendo a su vez la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Así, en Aragón podemos distinguir entre las principales infraestructuras:

TRANSPORTES. EMBALSES Y REGADÍOS. CENTRALES ELÉCTRICAS. RESIDUOS URBANOS. DEPURADORAS. POLÍGONOS INDUSTRIALES.

A continuación, vamos a analizar una por una dichas infraestructuras: 1- TRANSPORTES: Vamos a distinguir entre tres tipos de infraestructuras de transportes: a) AEROPUERTOS. Aragón cuenta con dos aeropuertos: el de Zaragoza y el de Huesca- Pirineos. Ambos son de titularidad pública y se encuentran explotados por AENA. Respecto de las peculiaridades de cada uno podemos destacar, que el Aeropuerto de Zaragoza se sitúa a 262,92 metros de altitud sobre el nivel del mar, está a 10 km de la capital aragonesa, tiene dos pistas de pasajeros, contando con 120,54 hectáreas de zona de servicio y 8,45 hectáreas de zona de pasajeros. Respecto el Aeropuerto Huesca-Pirineos, está situado a 539,06 metros sobre el nivel del mar, situado a 9 km de Huesca, disponiendo también de 2 pistas de aterrizaje, con una superficie de 152,54 hectáreas de zona de servicio y de 0,86 de zona de pasajeros. b) RED VIARIA. Las últimas cifras disponibles son a fecha de 2011, disponiendo Aragón, según el Anuario estadístico del Ministerio de Fomento, de una superficie total de 11.544 km de carreteras, distinguiendo: - Carreteras de una calzada: 10.720 km. - Carreteras de doble calzada: 75 km. - Autovías y autopistas libres: 591 km. - Autopistas de peaje: 157 km.

c) LÍNEAS DE FERROCARRIL:

102

Según la Regional transport statistics, y durante el año 2011, Aragón cuenta con un total 1.324 km de líneas explotadas de ferrocarril, respecto a los 15.932 km con los que cuenta España, lo q supone un 8,31% de la superficie viaria de todo el país. Se puede distinguir a su vez, las vías dobles, de las que Aragón cuenta con 444 km, respecto al total de 5.608 km de España, suponiendo el 7,91% del total, y las vías electrificadas, con 907 km en Aragón, sobre el total de 9.615 de España, suponiendo el 9,43%. 2- EMBALSES Y REGADÍOS: A) EMBALSES: En Aragón hay que distinguir dos cuencas: la del Ebro y la del Júcar. Respecto a la cuenca del Ebro hay que distinguir una serie de subcuencas que son: SUBCUENCA

Nº DE EMBALSES

CAPACIDAD TOTAL (HM3)

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA (HA)

Aguas Vivas

1

8,03

80

Alcanadre

3

80,5

355,2

Aragón

2

452,2

2.116

Arba

1

6

100

Baja Ebro

1

2010

2.029

Cinca

3

843,4

3.018,7

Ésera

1

93,2

692,7

Gállego

9

341,3

2.965,6

Guadalope

4

196,5

1.439

Huerva

1

9

77

Jalón

2

102

664,5

Martín

2

35

261,5

Matarraña

1

22

129

Nogera Ribagorzana

5

1.105

2.920,6

Queiles

1

25,3

112,3

Semibaja Ebro

1

1.534

7.720

Y respecto de la cuenca del Júcar, tan sólo existe la subcuenca del Guadalaviar, con un solo embalse, con una capacidad total de 22 hm3 ocupando una superficie total de 83 hectáreas.

103

B) REGADÍOS: CANAL

Riegos del Alto Aragón Riegos del Canal de Aragón y Cataluña Riegos de la Cuenca del Guadalope Riegos del Canal de Bardenas Riegos del Canal Imperial Riegos del Canal de Tauste Regadíos del Jalón y Jiloca Riegos del Canal de Lodosa

HECTÁREAS DE REGADÍO EN ARAGÓN 126.539

HECTÁREAS TOTALES DE REGADÍO

LONGITUD TOTAL DEL CANAL (KM)

126.539

133

62.306

104.850

124

12.107

12.107

-

40.074

81.108

132

23.600

26.508

108

6.167

9.358

44

38.000

38.000

-

2.900

29.000

127

3- CENTRALES ELÉCTRICAS: TIPO DE TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL COGENERACIÓN CICLO COMBINADO HIDROELÉCTRICA EÓLICA SOLAR FOTOVOLTAICA

NÚMERO DE CENTRALES 2

POTENCIA (MW) 1.261

45 3 107 75 -

556 1.863 1.563 1.794 147,9

4- RESIDUOS URBANOS: INFRAESTRUCTURA VERTEDEROS DE AGRUPACIÓN PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES LIGEROS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS CONTENEDORES DE RECOGIDA DE PILAS PUNTOS LIMPIOS

NÚMERO 8 2 12 53435 6.544 9.288 2.789 34

104

5- DEPURADORAS: Aragón dispone de 191 depuradores, con una estimación de la carga contaminante de dicha estación para la capacidad de depurar el agua de 2.678.878 habitantes. 6- POLÍGONOS INDUSTRIALES: Como último dato destacable, decir que Aragón cuenta en el año 2013 con 354 polígonos industriales, que ocupan una superficie total de 980.136.899 m2.

105

106

TEMA 5 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud. 2. La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente.

107

1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: a) El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. b) El Área de Salud. Estructura de la Ley: -

-

-

-

-

-

Título preliminar. Título primero: del sistema de salud. • Capítulo I: de los principios generales. • Capítulo II: de las actuaciones sanitarias del sistema de salud. • Capítulo III: de la salud mental. • Capítulo IV: de la salud laboral. • Capítulo V: de la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva. • Capítulo VI: de las infracciones y sanciones. Título segundo: de las competencias de las Administraciones Públicas. • Capítulo I: De las competencias del Estado. • Capítulo II: De las competencias de las CCAA. • Capítulo III: De las competencias de las corporaciones locales. • Capítulo IV: de la Alta Inspección. Título tercero: de la estructura del sistema sanitario. • Capítulo I: De la organización general del sistema sanitario público. • Capítulo II: De los Servicios de Salud de las CCAA. • Capítulo III: De las Áreas de Salud. • Capítulo IV: De la coordinación general sanitaria. • Capítulo V: De la financiación. • Capítulo VI: Del personal. Título cuarto: de las actividades sanitarias privadas. • Capítulo I: Del ejercicio libre de las profesiones sanitarias. • Capítulo II: De las Entidades Sanitarias. Título quinto: de los productos farmacéuticos. • Capítulo único. Título sexto: de la docencia y la investigación. • Capítulo I: De la docencia en el SNS. • Capítulo II: Del fomento de la investigación. • Capítulo III: Del fomento de la investigación (SIC). Título séptimo: del Instituto de Salud “ Carlos III”. • Capítulo único.

108

Introducción: La Ley General de Sanidad surge como forma de dar respuestas a las necesidades de reforma del sistema sanitario anterior, problemas marcados fundamentalmente por el nacimiento de la Constitución, lo que supone: -

-

Por un lado el desarrollo de los artículos 43 y 49 de la Constitución (Derecho a la Salud y proclamación de políticas públicas sobre previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos). Por otro lado la creación de las CCAA, a las que se les atribuyen competencias en materias de salud.

En cuanto al objeto, titulares de los derechos y ejercicio de los mismos el artículo 1 de la Ley establece: 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. 2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 3. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. 4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimadas, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo. En cuanto a la condición de la presente Ley en relación con el sistema de distribución de competencias, el artículo 2 de la Ley establece: 1. Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y será de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula. 2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía.

109

Respecto a los Principios Generales del sistema de salud, el Capítulo I del Título I de la Ley establece: Artículo 3 1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. 2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. 4. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias. Artículo 4 1. Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas competentes, organizarán y desarrollarán todas las acciones sanitarias a que se refiere este título dentro de una concepción integral del sistema sanitario. 2. Las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Artículo 5 1. Los Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria a través de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución. 2. A los efectos de dicha participación se entenderán comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios de proporcionalidad, según lo dispuesto en el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Artículo 6 1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas: •

1. A la promoción de la salud.

•

2. A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población.

•

3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas.

110

•

4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud.

•

5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente.

2. En la ejecución de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones públicas sanitarias asegurarán la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando su igual derecho a la salud. Artículo 7 Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Artículo 8 1. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. 2. Asimismo, se considera actividad básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. Artículo 9 Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes.

Artículo 10 Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: •

1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social.

•

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. La información deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

111

•

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

•

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.

•

7. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.

•

10. A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

•

12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

•

13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.

•

14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado.

•

15. Respetando el particular régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados.

Artículo 11 Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario: •

1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los Servicios Sanitarios.

•

2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las Instituciones Sanitarias.

•

3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. 112

Artículo 12 Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución. Artículo 13 El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. Artículo 14 Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad. Artículo 15 1. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios. 2. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan. Artículo 16 Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios: •

1. Por lo que se refiere a la atención primaria, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación de equipos y libre elección que al resto de los usuarios.

•

2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del hospital, por medio de una lista de espera única, por lo que no existirá un sistema de acceso y hospitalización diferenciado según la condición del paciente.

•

3. La facturación por atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas administraciones de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendrán la condición de propios de los Servicios de Salud. En ningún caso estos ingresos podrán revertir directamente en aquellos que intervienen en la atención de estos pacientes.

113

Artículo 17 Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a éstos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

a) El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Título III de la Ley lleva como rúbrica “de la estructura del sistema sanitario”. En el Capítulo I veremos el Sistema Nacional de Salud y en el Capítulo II los Servicios de Salud de las CCAA. -

SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

Artículo 44 1. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el sistema Nacional de Salud. 2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley.

Artículo 45 El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Artículo 46 Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: •

a) La extensión de sus servicios a toda la población.

•

b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

114

•

c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.

•

d) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.

•

e) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

Artículo 48 El Estado y las Comunidades Autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar los programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios. -

LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Artículo 49 Las Comunidades Autónomas deberán organizar sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios básicos de la presente Ley. Artículo 50 1. En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, como se establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma. 2. No obstante el carácter integrado del Servicio, cada Administración Territorial podrá mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma, a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque, en todo caso, con adscripción funcional al Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma. Artículo 51 1. Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas, al objeto de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas a la salud que se enuncian en esta Ley. 2. La ordenación territorial de los Servicios será competencia de las Comunidades autónomas y se basará en la aplicación de un concepto integrado de atención a la salud. 3. Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa autorización de la misma. 115

Artículo 52 Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondrán acerca de los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en esta Ley se establece. Artículo 53 1. Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. 2. Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se creará el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá constituir, asimismo, órganos de participación en los servicios sanitarios. 3. En ámbitos territoriales diferentes de los referidos en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma deberá garantizar una efectiva participación. Artículo 54 Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud. Artículo 55 1. Dentro de su ámbito de competencias, las correspondientes Comunidades Autónomas regularán la organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capítulo VI de este título. 2. Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, participarán en la gestión de los mismos, elevando propuesta de definición de objetivos y fines, así como de presupuestos anuales. Asimismo elevarán a la Comunidad Autónoma propuesta en terna para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.

b) El Área de Salud. El Capítulo III del Título III de la Ley General de Sanidad se dedica al área de salud: Artículo 56 DELIMITACIÓN 1. Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral.

116

2. Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. En todo caso, las Áreas de Salud deberán desarrollar las siguientes actividades: •

a) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria.

•

b) En el nivel de atención especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquéllos, se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.

3. Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 40 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad Autónoma. 4. Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del Área. Aunque puedan variar la extensión territorial y el contingente de población comprendida en las mismas, deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en esta Ley se señalan. 5. Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el apartado anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se exceptúan de la regla anterior las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un Área. Artículo 57 ÓRGANOS Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos: •

1.º De participación: El Consejo de Salud de Área.

•

2.º De dirección: El Consejo de Dirección de Área.

•

3.º De Gestión: El Gerente de Área.

Artículo 58 ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN: CONSEJO DE SALUD

117

1. Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 5.2 de la presente Ley. 2. Los Consejos de Salud de Área están constituidos por: •

a) La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcación, que supondrá el 50 por 100 de sus miembros.

•

b) Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 25 por 100, a través de los profesionales sanitarios titulados.

•

c) La Administración Sanitaria del Área de Salud.

3. Serán funciones del Consejo de Salud •

a) Verificar la adecuación de las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria y económica.

•

b) Orientar las directrices sanitarias del Área, a cuyo efecto podrán elevar mociones e informes a los órganos de dirección.

•

c) Proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar los problemas sanitarios específicos de la misma, así como sus prioridades.

•

d) Promover la participación comunitaria en el seno del Área de Salud.

•

e) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del Área y de sus adaptaciones anuales.

•

f) Conocer e informar la Memoria anual del Área de Salud.

4. Para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados anteriores, los Consejos de Salud del Área podrán crear órganos de participación de carácter sectorial. Artículo 59 ÓRGANO DE DIRECCIÓN: CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SALUD. 1. Al Consejo de dirección del Área de Salud corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del Área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la Administración autonómica. 2. El Consejo de Dirección estará formado por la representación de la Comunidad Autónoma, que supondrá el 60 por 100 de los miembros de aquél, y los representantes de las Corporaciones Locales elegidos por quienes ostenten tal condición en el Consejo de Salud. 3. Serán funciones del Consejo de Dirección: •

a) La propuesta de nombramiento y cese del gerente del Área de Salud.

•

b) La aprobación del proyecto del Plan de Salud del Área, dentro de las normas, directrices y programas generales establecidos por la Comunidad Autónoma. 118

•

c) La aprobación de la Memoria anual del Área de Salud.

•

d) El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el Área de Salud.

•

e) La aprobación de las prioridades específicas del Área de Salud.

•

f) La aprobación del anteproyecto y de los ajustes anuales del Plan de Salud del Área.

•

g) La elaboración del Reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del Área, dentro de las directrices generales que establezca la Comunidad Autónoma.

Artículo 60 ÓRGANO DE GESTIÓN: GERENTE DEL ÁREA DE SALUD 1. El Gerente del Área de Salud será nombrado y cesado por la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Dirección del Área. 2. El Gerente del Área de Salud es el órgano de gestión de la misma. Podrá, previa convocatoria, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Dirección. 3. El Gerente del Área de Salud será el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, de las propias del Plan de Salud del Área y de las normas correspondientes a la Administración autonómica y del Estado. Asimismo presentará los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de Memoria Anual del Área de Salud. Artículo 62 ZONAS BÁSICAS DE SALUD 1. Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las Áreas de Salud se dividirán en zonas básicas de salud. 2. En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta: •

a) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.

•

b) El grado de concentración o dispersión de la población.

•

c) Las características epidemiológicas de la zona.

•

d) Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.

Artículo 63 LOS CENTROS DE SALUD La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria. Los Centros de Salud desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica; a cuyo efecto, serán

119

dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha función. Como medio de apoyo técnico para desarrollar la actividad preventiva, existirá un Laboratorio de Salud encargado de realizar las determinaciones de los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis. Artículo 64 El Centro de Salud tendrá las siguientes funciones •

a) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica.

•

b) Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.

•

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios.

•

d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.

•

e) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.

Artículo 65 RED DE HOSPITALES 1. Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los problemas de salud. 2. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia. 3. En todo caso, se establecerán medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre los diferentes niveles asistenciales.

Artículo 66 1. Formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones Públicas la creación de una red integrada de hospitales del sector público. Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten. 2. Los protocolos serán objeto de revisión periódica. 3. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios. 120

Artículo 67 1. La vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el artículo anterior se realizará mediante convenios singulares. 2. El Convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a duración, prórroga, suspensión temporal, extinción definitiva del mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condiciones de prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El régimen de jornada de los hospitales a que se refiere este apartado será el mismo que el de los hospitales públicos de análoga naturaleza en el correspondiente ámbito territorial. 3. En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apartados anteriores, quedará asegurado que la atención sanitaria por hospitales privados a los usuarios del Sistema Sanitario, se imparte en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrán tener carácter lucrativo. El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, podrá ser establecido si previamente son autorizados por la Administración Sanitaria correspondiente el concepto y la cuantía que por él se pretende cobrar. 4. Serán causas de denuncia del Convenio por parte de la Administración Sanitaria competente las siguientes: •

a) Prestar atención sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el principio de gratuidad.

•

b) Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas.

•

c) Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital establecidas en el apartado 2.

•

d) Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad Social o fiscal.

•

e) Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de la Constitución cuando así se determine por Sentencia.

•

f) Cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en la presente Ley.

5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de Salud estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados. Artículo 68 Los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, 121

de acuerdo con los programas de cada Área de Salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención primaria. prim Artículo 69 1. En los Servicios Sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos. 2. La evaluación de la calidad de asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. La Administración sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial, oídas las Sociedades científicas sanitarias. rias. Los Médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. 3. Todos los Hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo erno el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN • CONSEJO DE SALUD DE ÁREA • ARTÍCULO 58

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE GESTIÓN

• CONSEJO DE DIRECCIÓN DE ÁREA • ARTÍCULO 59

• GERENTE DE ÁREA • ARTÍCULO 60

122

2. La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón: a) Principios Generales. b) Derechos y deberes de los ciudadanos. c) Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente. Estructura de la Ley: -

Título I: Disposiciones Generales. Título II: De los ciudadanos. Título III: De los derechos de información sobre la salud y la autonomía del paciente. Título IV: Plan de salud de Aragón. Título V: Del sistema de salud de Aragón. Título VI: De la estructura del sistema de salud de Aragón. Título VII: De las competencias de las administraciones públicas de Aragón. Título VIII: De la docencia e investigación. Título IX: Del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

a) Principios Generales. El Título I de la Ley lleva como rúbrica Disposiciones Generales, compuesto de dos artículos, el primero relativo al objeto de la Ley y el segundo relativo a los principios rectores: Artículo 1 Objeto de la ley 1. La presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en los artículos 43 y concordantes de la Constitución. 2. Igualmente, la ley regula la ordenación del Sistema de Salud de Aragón, en el que se integra y articula funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que tienen por finalidad la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en los casos de pérdida de la salud, además de las acciones rehabilitadoras oportunas.

123

Artículo 2 Principios rectores Los principios generales en los que se inspira la presente ley son los siguientes: •

a) Concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones hacia todos los factores determinantes de la misma en los campos de la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación e integración social.

•

b) Universalización de la atención sanitaria, garantizando la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias y la equidad en la asignación de los recursos.

•

c) Aseguramiento y financiación pública del Sistema de Salud de Aragón.

•

d) Integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos y ordenación territorial de los centros y servicios sanitarios en áreas y zonas de salud, armonizándola con la comarcalización general de Aragón.

•

e) Coordinación de los recursos sanitarios, sociosanitarios y de salud laboral.

•

f) Subsidiariedad de los medios y las actividades privadas.

•

g) Acreditación y evaluación continua de los dispositivos públicos y privados del Sistema de Salud de Aragón, a los efectos de la determinación de las condiciones de su funcionamiento, aplicando criterios objetivos y homogéneos.

•

h) Calidad permanente de los servicios y prestaciones para lograr la máxima eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de los recursos, así como la satisfacción de los usuarios.

•

i) Participación social y comunitaria en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución, en los términos previstos en la presente ley.

•

j) Participación y responsabilidad de los profesionales sanitarios en la organización y gestión de los recursos que tengan asignados.

•

k) Conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de salud.

•

l) Descentralización y desconcentración territorial en la gestión.

•

m) Promoción del medio ambiente saludable.

124

b) Derechos y deberes de los ciudadanos. El Título II de la Ley lleva como rúbrica: De los ciudadanos. Se divide en 5 artículos relativos a: Artículo 3 Titulares 1. Son titulares de los derechos y deberes contemplados en la presente ley aquellas personas que tengan su residencia en los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las personas que no residan en ella gozarán de los mencionados derechos en la forma y condiciones previstas en la legislación estatal y en los convenios nacionales e internacionales que les sean de aplicación. 2. Todas las personas tendrán garantizada la atención en situación de urgencia y emergencia. Artículo 4 Derechos 1. Todos los titulares a que se refiere el artículo anterior gozarán de los siguientes derechos: •

a) Respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social.

•

b) A que se les asigne un médico cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.

•

c) A una atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas, de conformidad con lo previsto sobre prestaciones en esta ley, orientada a conseguir la recuperación, dentro de la mayor confortabilidad, del modo más rápido y con la menor lesividad posibles, de las funciones biológicas, psicológicas y sociales.

•

d) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, de acuerdo con los criterios básicos de uso racional, en los términos reglamentariamente establecidos.

•

e) A que se les extiendan los informes o certificaciones acreditativas de su estado de salud, cuando se exija mediante una disposición legal o reglamentaria, sin coste adicional alguno por la utilización de medios diagnósticos, de reconocimientos y por la redacción de dichos informes, salvo en aquellas actuaciones que así lo determine la normativa específica.

•

f) A la libre elección entre las opciones que le presente la persona con responsabilidad sanitaria de su caso, siendo preciso el previo consentimiento informado y escrito de la persona enferma para la realización de cualquier intervención, excepto en los casos contemplados en el artículo 13.

•

g) A negarse al tratamiento, excepto en los casos contemplados en los epígrafes a) y b) del apartado 1 del artículo 13, para lo cual el paciente deberá solicitar y firmar el alta voluntaria. De no hacerlo así, corresponderá dar el alta a la dirección del centro, a 125

propuesta del médico que esté al cargo del caso. No obstante, tendrá derecho a permanecer cuando existan otros tratamientos alternativos y la persona enferma manifieste el deseo de recibirlos. •

h) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

•

i) A la libre elección del profesional sanitario titulado, servicio y centro, en la forma que reglamentariamente se establezca.

•

j) A una segunda opinión médica en los términos que reglamentariamente se determinen, que fortalezca la básica relación médico-paciente y complemente las posibilidades de la atención.

•

k) A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva.

•

l) A recibir información adecuada y comprensible sobre su proceso asistencial, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento, a la confidencialidad de los datos referentes a su salud y al acceso a la historia clínica en los términos previstos en el Título III de la presente leyLetra l) del número 1 del artículo 4 redactada por número 1 de la Disposición Final 1ª de Ley [ARAGÓN] 10/2011, 24 marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte («B.O.A.» 7 abril).Vigencia: 7 julio 2011

•

m) A ser informados del uso, en su caso, en proyectos docentes o de investigación, de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que se les apliquen, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud, según los conocimientos científicos y técnicos actualizados. En estos casos, será imprescindible la previa autorización por escrito de la persona enferma y la aceptación por parte del profesional sanitario y de la dirección del correspondiente centro sanitario, teniendo en cuenta la normativa aplicable en materia de investigación y ética.

•

n) A participar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos en esta ley y en cuantas disposiciones la desarrollen.

2. Quienes padezcan una enfermedad mental, además de los derechos señalados en los epígrafes a) al m) del apartado anterior, tendrán específicamente los siguientes: •

a) En los internamientos voluntarios, cuando se pierda la plenitud de facultades durante el internamiento, el derecho a que la dirección del centro solicite la correspondiente autorización judicial para la continuación del internamiento.

•

b) En los internamientos forzosos, el derecho a que se revise periódicamente la necesidad del internamiento.

•

c) Los enfermos mentales menores de edad, el derecho a ser tratados en centros o unidades infanto-juveniles. 126

3. Los derechos contemplados en los epígrafes a), b), c), d), f), g), h), k), l), m) y n) del apartado 1 y en el apartado 2 serán garantizados también en la asistencia sanitaria privada. 4. Todas las personas al amparo de esta ley tendrán derecho a ser objeto del desarrollo de acciones orientadas a garantizar la salud pública de la población y, en especial, las relacionadas con: •

a) La promoción de la salud tendente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y a modificar las condiciones ambientales, sociales y económicas.

•

b) La epidemiología y sistemas de información.

•

c) La participación y acción comunitaria a través del fortalecimiento de las redes sociales.

•

d) El medio ambiente favorable a la salud.

•

e) La protección de la salud, calidad de vida, seguridad de los consumidores y del medio ambiente laboral.

Artículo 5 Deberes Las personas incluidas en el ámbito de esta ley tienen los siguientes deberes respecto a las instituciones y organismos del Sistema de Salud de Aragón: •

a) Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios.

•

b) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros del Sistema de Salud.

•

c) Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos, servicios y prestaciones ofrecidos por el Sistema de Salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

•

d) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos en que no se acepte el tratamiento. De negarse a ello, la dirección del correspondiente centro sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el alta. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.g) del artículo anterior.

•

e) Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro sanitario y al personal que en él preste sus servicios.

Artículo 6 Garantía de los derechos 1. La Administración sanitaria de Aragón garantizará a la población información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto a las prestaciones y servicios sanitarios disponibles en Aragón, su organización, procedimiento de acceso, uso y disfrute.

127

2. La Administración sanitaria de Aragón garantizará a la ciudadanía el pleno ejercicio del régimen de derechos y deberes recogidos en esta ley, para lo que establecerá reglamentariamente el alcance y contenido específico de sus condiciones. 3. Todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios públicos y privados implicado en los procesos asistenciales a las personas enfermas queda obligado a no revelar los datos contenidos en dichos procesos, con excepción de la información necesaria en los casos y con los requisitos previstos expresamente en la legislación vigente. 4. Los servicios, centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados, deberán disponer y, en su caso, tener permanentemente a disposición de los usuarios: •

a) Información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes de los usuarios.

•

b) Formularios de sugerencias y reclamaciones.

•

c) Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias del público.

5. Las administraciones públicas orientarán sus políticas de gasto a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio de Aragón. 6. Las autoridades sanitarias proporcionarán información pública de cada área sobre indicadores de calidad de los servicios, cobertura de programas, listas de espera y eficiencia de los procesos en el Sistema de Salud de Aragón. Artículo 7 De la integridad de la persona 1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. 2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: •

a) El consentimiento libre e informado de la persona de que se trate en los términos previstos en la presente ley.

•

b) La prohibición de prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas.

•

c) La prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro.

•

d) La prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

3. Se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. 4. Las pruebas predictivas de enfermedades genéticas, las que permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o las utilizadas para detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, sólo podrán realizarse con 128

fines médicos o de investigación médica, con un asesoramiento genético apropiado y con consentimiento del paciente. 5. Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas.

c) Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente. El Título III de la Ley lleva como rúbrica: De los derechos de información sobre la salud y la autonomía del paciente. Se divide en 4 capítulos relativos a: CAPÍTULO I Del derecho a la información Artículo 8 Definición y alcance del derecho a la información clínica 1. En todo proceso asistencial o tras el alta del mismo, el paciente podrá conocer toda la información que se hubiera obtenido sobre su estado de salud y solicitar copia de la misma en la forma que se establezca reglamentariamente. Igualmente, se reconoce el derecho de la persona a no ser informada. 2. La información proporcionada será lo más amplia posible, verídica y se expresará de manera comprensible y adecuada a las necesidades y los requerimientos del paciente, con la finalidad de que éste pueda tomar las decisiones de una manera autónoma. Será presentada, por regla general, de forma verbal, si bien ha de dejarse constancia de la misma en la historia clínica. 3. Corresponde al médico o equipo de médicos responsable del paciente garantizar el cumplimiento del derecho a la información. Esta responsabilidad es igualmente exigible a los demás profesionales sanitarios que le atiendan o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto. 4. Todos los establecimientos sanitarios estarán obligados a elaborar un informe de alta para los pacientes que hayan producido al menos una estancia hospitalaria y que será firmado por el médico responsable. Este informe deberá ser entregado al paciente o responsable legal tras el alta hospitalaria y contendrá información sobre la identificación del establecimiento, del médico o equipo de médicos responsable de la asistencia, del paciente y de los datos del proceso asistencial con especificación de los diagnósticos y procedimientos diagnósticos o terapéuticos más significativos. 5. Los datos del informe de alta quedarán registrados en el Conjunto Mínimo Básico de datos del hospital.

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Artículo 9 El titular del derecho a la información clínica 1. El titular del derecho a la información es el paciente. Igualmente, se informará a los familiares o personas a él allegadas, cuando preste su conformidad de manera expresa o tácita. 2. En el supuesto de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado de comprensión, sin perjuicio del deber de informar a quien ostente su representación legal. 3. Si el médico responsable de la asistencia considera que el paciente no se encuentra en condiciones de entender la información debido a su estado físico o psíquico, deberá ponerla en conocimiento de los familiares o de las personas allegadas que se responsabilicen del paciente. Artículo 10 Del derecho a la información epidemiológica Los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Aragón tienen derecho a ser informados adecuadamente y en términos comprensibles de los problemas de salud de la colectividad que impliquen un riesgo para la salud individual. CAPÍTULO II Del derecho a la intimidad y a la confidencialidad Artículo 11 Definición y alcance del derecho a la intimidad y a la confidencialidad 1. Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los datos referentes a su salud. Igualmente, tiene derecho a que nadie que no se encuentre autorizado pueda acceder a ellos si no es al amparo de la legislación vigente. 2. Toda persona tiene derecho a que se le pida su consentimiento antes de la realización y difusión de registros iconográficos. 3. Toda persona tiene derecho a preservar la intimidad del cuerpo con respecto a otras personas ajenas a los profesionales sanitarios. 4. Los centros asistenciales deben adoptar las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refieren los apartados anteriores y, a tal efecto, elaborarán las normas de régimen interno y los procedimientos protocolizados necesarios. CAPÍTULO III Del respeto al derecho a la autonomía del paciente Artículo 12 El consentimiento informado 1. Cualquier intervención que se produzca en el ámbito de la salud requiere el consentimiento específico y libre de la persona afectada, tras haber sido informada conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta ley. El consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se 130

lleven a cabo procedimientos que puedan suponer riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. 2. Se efectuará un documento de consentimiento para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. El documento deberá contener como mínimo información sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sus riesgos y consecuencias más frecuentes. 3. En el caso de que el paciente manifieste su voluntad de no ser informado, sin perjuicio de obtenerse el consentimiento previo para la intervención, deberá dejarse constancia documentada de esta renuncia en la historia clínica. 4. En cualquier momento la persona afectada puede revocar libremente su consentimiento. 5. En todos los casos en que el paciente haya expresado por escrito su consentimiento informado, tendrá derecho a que se le dé una copia del documento firmado. Artículo 13 Excepciones a la exigencia del consentimiento 1. Son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento: •

a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, si así lo exigen razones sanitarias de acuerdo con lo que se establece en la legislación reguladora sobre esta materia.

•

b) Cuando la urgencia no permita demoras por la posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento y no haya manifestación negativa expresa del enfermo a dicho procedimiento, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntades anticipadasLetra b) del número 1 del artículo 13 redactada por número 2 de la Disposición Final 1ª de Ley [ARAGÓN] 10/2011, 24 marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte («B.O.A.» 7 abril).Vigencia: 7 julio 2011

2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, se pueden realizar las intervenciones indispensables desde el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. Artículo 14 Otorgamiento del consentimiento por sustitución 1. El consentimiento por sustitución se dará en las siguientes situaciones: •

a) Cuando el médico responsable de la asistencia no considere al enfermo en condiciones para tomar decisiones porque se encuentre en un estado físico o psíquico que no le permite hacerse cargo de su situación, el consentimiento debe obtenerse de los familiares de éste o de las personas a él allegadas que se responsabilicen del paciente.

•

b) En los casos de incapacidad legal, deberá darlo su representante, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil aplicable.

131

•

c) En el caso de menores, si éstos no se encuentran preparados, ni intelectual ni emocionalmente, para poder comprender el alcance de la intervención sobre su salud, el consentimiento debe darlo el representante del menor, después de haber escuchado, en todo caso, su opinión si es mayor de doce años. En el caso de menores emancipados y adolescentes mayores de dieciséis años, el menor dará personalmente su consentimiento.

No obstante, en los supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo, de ensayos clínicos y de práctica de técnicas de reproducción humana asistida, se estará a lo dispuesto con carácter general por la legislación civil sobre mayoría de edad, así como a lo establecido en la normativa específica en esas materias. 2. En los supuestos definidos anteriormente en los apartados a) y b), se podrán realizar, sin la exigencia del consentimiento previo del paciente, las intervenciones indispensables desde el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. 3. En los supuestos de sustitución de la voluntad del afectado, la decisión debe ser la más objetiva y proporcional posible a favor del enfermo y de respeto a su dignidad personal. Asimismo, se intentará que el enfermo participe todo lo posible en la toma de decisiones. Artículo 15 Las voluntades anticipadas 1. Se entiende por voluntades anticipadas el documento en el que una persona con capacidad legal suficiente, mayor de edad, menor emancipado o menor aragonés mayor de catorce años, en su caso con la asistencia prevista en el artículo 21 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre , de Derecho de la Persona, libremente puede manifestar: •

a) Las opciones e instrucciones, expresas y previas, que, ante circunstancias clínicas que le impidan manifestar su voluntad, deberá respetar el personal sanitario responsable de su asistencia sanitaria.

•

b) La designación de un representante, plenamente identificado, que será quien le sustituya en el otorgamiento del consentimiento informado, en los casos en que este proceda.

•

c) Su decisión respecto de la donación de sus órganos o de alguno de ellos en concreto, en el supuesto que se produzca el fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en la legislación general en la materia.

•

d) Los valores vitales que sustenten sus decisiones y preferencias.

2. Para que la declaración de voluntades anticipadas sea considerada válidamente emitida, además de la capacidad exigida al autor, se requiere que conste por escrito, con la identificación del autor, su firma, así como fecha y lugar de otorgamiento, siendo recomendable su inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas a efectos de garantizar su acceso al equipo sanitario que preste la atención de salud en cualquier parte del territorio nacional y la posterior incorporación de la información de la existencia del documento de voluntades anticipadas en la historia clínica del paciente. En el supuesto previsto en la letra b) 132

del apartado primero de este artículo, se requiere que el representante esté plenamente identificado y que además haya expresado su aceptación a serlo. En todo caso, esta persona deberá ser mayor de edad y tener plena capacidad. 3. Además de los mayores de edad, menores emancipados y menores aragoneses mayores de catorce años en los términos indicados en el apartado primero de este artículo, podrán emitir declaración de voluntades anticipadas los incapacitados judicialmente, salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación. No obstante, si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otorgarla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso que tenga por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. 4. Cuando se preste atención sanitaria a una persona que se encuentre en una situación que le impida tomar decisiones por sí misma, en los términos previstos en la presente Ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso consultarán la historia clínica del paciente y, en su caso, a su familia, allegados o representante, o bien directamente al Registro de Voluntades Anticipadas, para comprobar si existe constancia del otorgamiento de declaración de voluntades anticipadas, actuando conforme a lo previsto en ella. 5. Debe existir constancia fehaciente de que el documento ha sido otorgado en las condiciones señaladas en los apartados anteriores. A tales efectos, la declaración de voluntades anticipadas se podrá formalizar mediante uno de los siguientes procedimientos: •

a) Ante notario.

•

b) Ante dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales uno no puede tener relación de parentesco hasta segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante.

•

c) Ante el personal habilitado al efecto por el departamento competente en materia de salud.

6. Se crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, que dependerá del departamento competente en materia de Salud. Reglamentariamente se regulará su organización y funcionamiento, así como el acceso a los documentos contenidos en él. El registro guardará la debida coordinación con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, con el fin de asegurar la eficacia de las instrucciones manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley en todo el territorio del Estado.

133

CAPÍTULO IV De la historia clínica Artículo 16 Definición 1. La historia clínica contiene el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial del enfermo, en el que quedarán identificados los médicos y demás profesionales que hubieran intervenido. 2. En cada centro asistencial deberá existir una única historia clínica para cada paciente, correspondiendo a aquél la responsabilidad de su custodia. Artículo 17 Contenido de la historia clínica 1. La historia clínica, con su correspondiente número de identificación, deberá incluir como mínimo los siguientes datos: •

a) Datos de identificación del enfermo y de la asistencia.

•

b) Datos clínicos asistenciales.

•

c) Datos sociales y de condiciones de medio ambiente laboral.

•

d) Documento de voluntades anticipadas si existiere.

2. Los centros asistenciales del Sistema de Salud de Aragón dispondrán de un único modelo normalizado de historia clínica que recoja los contenidos fijados en este artículo adaptados al nivel asistencial que tengan y a la clase de prestación que realicen. Artículo 18 Regulación reglamentaria de la historia clínica 1. El Departamento responsable de Salud determinará reglamentariamente, en relación con la historia clínica: •

a) Los datos y documentos que la componen.

•

b) La gestión, utilización, acceso y conservación de la misma.

•

c) El tiempo durante el que deberá conservarse.

2. En cualquier caso, todo el personal que acceda, en el uso de sus competencias, a cualquier dato de la historia clínica quedará sujeto al deber de guardar secreto sobre los datos de la misma. Artículo 19 Historia clínica única El Departamento responsable de Salud, con el fin de avanzar en la configuración de una historia clínica única por paciente, realizará, con la participación de todos los agentes implicados, el estudio de un sistema que, atendiendo a la evolución de los recursos técnicos, posibilite el uso compartido de las historias clínicas entre los centros asistenciales de Aragón 134

TEMA 6 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA • Decreto legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, TR de la ley del Servicio Aragonés de Salud. • Decreto 6/2008, de 30 de enero, de estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud. • Decreto 174/2010, de 21 de Septiembre por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema Aragonés de Salud.

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ESQUEMA DE LAS NORMAS ARAGONESAS RELATIVAS A LA SALUD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

LEY GENERAL DE SANIDAD TÍTULO III: Sistema Nacional de Salud = Estructura + Servicios Artículo 44: Servicio Salud Administración del Estado + Servicios Salud CCAA. CAPÍTULO II: SERVICIOS DE SALUD CA: Artículo 49: Las CCAA DEBEN organizar un SERVICIO de Salud.

DESARROLLO: LEY ARAGONESA SALUD TÍTULO V: SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN ARTÍCULO 27: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

DESARROLLO : DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 QUE APRUEBA EL TR DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

DESARROLLO: DECRETO 6/2008 QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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SISTEMA ARAGONÉS DE SALUD (ÁREAS Y SECTORES)

LEY GENERAL DE SANIDAD TÍTULO III: Sistema Nacional de Salud = Estructura + Servicios Artículo 44: Servicio Salud Administración del Estado + Servicios Salud CCAA. CAPÍTULO III: DE LAS ÁREAS DE SALUD: Artículo 49: Las CCAA DELIMITARÁN SUS ÁREAS DE SALUD

DESARROLLO: LEY ARAGONESA SALUD TÍTULO VI: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN ARTÍCULO 46: ESTRUCTURA TERRITORIAL Y ARTÍCULO 47: ÁREA DE SALUD

DESARROLLO : DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 QUE APRUEBA EL TR DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD CAPÍTULO III: ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

DESARROLLO: DECRETO 174/2010 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS Y SECTORES DEL SISTEMA ARAGONÉS DE SALUD

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ORDEN CRONOLÓGICO NORMAS ARAGONESAS SALUD

LEY GENERAL SANIDAD 14/1986

LEY ARAGONESA SALUD 6/2002

DECRETO LEGISLATIVO TR LEY SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 2/2004

DECRETO LEGISLATIVO 6/2008 ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS SERVICIO .A.S.

DECRETO LEGISLATIVO 174/2010 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ÁREAS Y SECTORES S.A.S.

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1- Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, TR de la ley del Servicio Aragonés de Salud. La estructura de la presente norma es: • INTRODUCCION Artículo único. • DISPOSICIÓN ADICIONAL o Única Concordancias • DISPOSICIÓN DEROGATORIA o Única • DISPOSICIONES FINALES o Primera Desarrollo reglamentario o Segunda Entrada en vigor • ANEXO o TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD CAPÍTULO I. Disposiciones Generales Artículo 1 Creación y naturaleza Artículo 2 Regulación Artículo 3 Centros, servicios y establecimientos sanitarios Artículo 4 Objetivos Artículo 5 Principios Artículo 6 Funciones Artículo 7 Relación con las Corporaciones Locales Artículo 8 Delimitación territorial CAPÍTULO II. Estructura orgánica Artículo 9 Órganos superiores Artículo 10 Composición del Consejo de Dirección Artículo 11 Competencias del Consejo de Dirección Artículo 12 Reuniones del Consejo de Dirección Artículo 13 Competencias del Director Gerente Artículo 14 Directores de Área CAPÍTULO III. Estructura territorial Artículo 15 Estructura Básica Artículo 16 Áreas de Salud Artículo 17 División de las Áreas de Salud Artículo 18 Zonas de Salud Artículo 19 Delimitación de la Zona de Salud Artículo 20 Ubicación del Centro de Salud Artículo 21 Consejo de Salud de Zona Artículo 22 Funciones del Consejo de Salud de Zona CAPÍTULO IV. Estructuras sanitarias en el Sistema de Salud Artículo 23 Centros hospitalarios

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Artículo 24 Acreditación de los hospitales y servicios de referencia Artículo 25 Evaluación de la calidad asistencial Artículo 26 Red hospitalaria pública Artículo 27 Estructura orgánica de los hospitales Artículo 28 Finalidad de la Red Hospitalaria Artículo 29 Sistemas de Gestión Artículo 30 Vinculación de los hospitales privados Artículo 31 Convenios de vinculación Artículo 32 Conciertos para la prestación de servicios sanitarios Artículo 33 Centros sociosanitarios Artículo 34 Acceso al sistema sanitario Artículo 35 Atención al usuario Artículo 36 Centro de Salud Artículo 37 Consultorios locales Artículo 38 Equipo de Atención Primaria Artículo 39 Agrupación territorial Artículo 40 Formación, docencia e investigación CAPÍTULO V. Asignación Artículo 41 Medios personales y materiales Artículo 42 Personal del Servicio Aragonés de Salud Artículo 43 Bienes y derechos CAPÍTULO VI. Régimen Económico-Financiero Artículo 44 Ingresos Artículo 45 Presupuesto Artículo 46 Intervención delegada Artículo 47 Tesorería CAPÍTULO VII. Régimen jurídico Artículo 48 DISPOSICIÓN ADICIONAL Única Incorporación al Servicio Aragonés de Salud

•

NOTA: Se trata de un Decreto Legislativo que aprueba un Texto Refundido, es decir, que al haber varias normas dispersas reguladoras de una misma materia, se crea la necesidad de refundirlas en un único cuerpo legal, a través de la técnica de TR, mediante Decreto Legislativo, aprobado por el Gobierno de Aragón. Así, está la primera parte de este texto, que es en sí el Decreto Legislativo que únicamente aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, que se inserta a continuación como Anexo.

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Las Normas que refunde y que quedan derogadas son: 1- Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, reformada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, por las leyes 13/2000, de 27 de diciembre, 26/2001, de 28 de diciembre y 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas y 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 2- Así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo. ANEXO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1 Creación y naturaleza 1. El Servicio Aragonés de Salud es un organismo autónomo que se adscribe al Departamento responsable en materia de Salud de la Administración de la Comunidad Autónoma. 2. El Servicio Aragonés de Salud estará dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, patrimonio propio y recursos humanos, financieros y materiales, al objeto de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y concordantes de la Constitución. Artículo 2 Regulación El Servicio Aragonés de Salud se regirá por la presente Ley, por lo previsto en el Título VI del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como por la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y por las demás normas que le sean aplicables. Artículo 3 Centros, servicios y establecimientos sanitarios 1. El Servicio Aragonés de Salud estará integrado por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios: a) Los propios de la Comunidad Autónoma en el momento de promulgación de esta Ley. b) Los transferidos por las Diputaciones Provinciales así como los que se le transfieran o adscriban por convenio o por disposición legal por las corporaciones locales de Aragón c) Los transferidos por la Seguridad Social 141

d) Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma. 2. Corresponderá al Servicio Aragonés de Salud la gestión de los conciertos con entidades sanitarias no integradas en el mismo, de acuerdo con las normas y principios establecidos en las bases estatales de ordenación del sistema sanitario y en la presente Ley. Artículo 4 Objetivos Son objetivos básicos del Servicio Aragonés de Salud: a) La atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población. b) El aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios disponibles, con el fin de elevar el nivel de salud en la comunidad. c) Promover la distribución equitativa de los servicios sanitarios, tendente a superar los desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. d) La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas, mediante el establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión o titularidad compartida, que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y garantizar al máximo la cantidad y calidad de la asistencia sanitaria. Artículo 5 Principios 1. En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Servicio Aragonés de Salud se acomodará a los siguientes principios: a) Autonomía de gestión y organización de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, en el marco de su integración y coordinación con el sistema nacional de salud. b) Simplificación, eficacia, agilidad, racionalización y coordinación administrativa. c) Descentralización y desconcentración en la gestión. d) Humanización de los servicios en la atención al usuario y máximo respeto a su dignidad y sus derechos, con aplicación, en lo posible, de la libre elección de facultativo sanitario. e) Coordinación de los servicios sanitarios con el conjunto de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. f) Planificación integral en el aprovechamiento de los recursos y la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los ajenos vinculados o concertados g) Ordenación territorial de los centros y servicios sanitarios, en áreas y zonas de salud, armonizándola con la comarcalización general de Aragón. 142

h) Evaluación continuada de la calidad asistencial de los servicios y prestaciones sanitarias, mediante sistemas de información actualizada, objetiva y programada. i) Priorización de los objetivos de prevención y promoción de la salud individual y comunitaria. j) Participación democrática de los ciudadanos en la orientación, evaluación y control de los servicios sanitarios en los distintos ámbitos territoriales. k) Optimización de la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, para la adecuada protección de la salud y atención sanitaria a través de cualquier entidad de titularidad pública admitida en derecho. 2. El Servicio Aragonés de Salud aplicará y desarrollará en su ámbito territorial los principios generales del sistema nacional de salud y contribuirá al funcionamiento eficaz y armónico del mismo. Artículo 6 Funciones 1. El Servicio Aragonés de Salud desarrollará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las siguientes funciones: a) La gestión y coordinación integral de los recursos sanitarios y asistenciales propios existentes en su territorio. b) La atención primaria integral mediante la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo y de la comunidad. c) La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria. d) La prestación de los recursos para la promoción y protección de la salud individual y colectiva, así como para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del individuo. e) El desarrollo de los programas de atención a los grupos de mayor riesgo, así como los dirigidos a la prevención y atención de deficiencias congénitas o adquiridas. f) Los programas de planificación familiar y la prestación de los servicios correspondientes. g) La interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. h) La promoción y mejora de la salud mental y la prestación de la asistencia psiquiátrica. i) La formación continuada del personal al servicio de la organización sanitaria, en colaboración con el conjunto de entidades docentes j) Las acciones que le correspondan en la medicina deportiva.

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k) La coordinación del transporte sanitario. l) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción y protección de la salud que se le atribuya. 2. El Servicio Aragonés de Salud, para el ejercicio de las funciones que le atribuye el apartado primero, podrá: a) Desarrollar directamente las referidas funciones mediante los centros, servicios y establecimientos sanitarios a los que se refiere el apartado primero del artículo 3 de esta Ley. b) Promover acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con carácter complementario a la utilización de los recursos del Servicio Aragonés de Salud. El Gobierno de Aragón garantizará en estos casos el adecuado control, seguimiento y gestión de los mismos. c) Promover la creación o constitución de entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho o la participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas, cuando así convenga a la gestión y ejecución de los servicios o actuaciones. Artículo 7 Relación con las Corporaciones Locales 1. El Gobierno de Aragón establecerá las directrices y planes sanitarios generales a que deberán ajustarse las actuaciones sanitarias de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las responsabilidades de salud pública que le correspondan. 2. El Servicio Aragonés de Salud prestará su colaboración a los ayuntamientos para la mejor gestión de las competencias sanitarias que les son propias. Los ayuntamientos podrán recabar para este fin el apoyo técnico del personal y medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén incluidos. Artículo 8 Delimitación territorial En el ejercicio de sus competencias, el Servicio Aragonés de Salud se acomodará a la delimitación territorial fijada por el Gobierno de Aragón en el mapa sanitario de la Comunidad Autónoma, de conformidad con las directrices generales de ordenación territorial establecidas en la Ley por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón.

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CAPÍTULO II Estructura orgánica Artículo 9 Órganos superiores Son órganos superiores del Servicio Aragonés de Salud: a) El Consejo de Dirección. b) El Director Gerente. Artículo 10 Composición del Consejo de Dirección 1. El Consejo de Dirección estará integrado por los siguientes miembros: a) El Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, que lo presidirá. b) El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, que asumirá la presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente. c) Cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, designados por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud. d) Cinco representantes de las áreas de salud, elegidos por los consejos de salud de área de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, y nombrados por el Gobierno de Aragón. 2. Actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto, el Director de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud. 3. Los miembros del Consejo de Dirección sólo podrán ser removidos de su condición previa solicitud de los órganos que los hubieren propuesto. 4. El Presidente podrá convocar a las sesiones, con voz y sin voto, a asesores técnicos, así como a personas o representantes de organismos cuya asistencia considere de interés. Artículo 11 Competencias del Consejo de Dirección Corresponden al Consejo de Dirección las siguientes atribuciones: a) Definir los criterios de actuación del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con las directrices del Departamento responsable en materia de Salud, así como adoptar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios gestionados por el organismo. b) Elevar al Departamento responsable en materia de Salud el anteproyecto del presupuesto anual del organismo.

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c) Elevar la memoria anual de la gestión del servicio, para su aprobación, al Consejero del Departamento responsable en materia de Salud. d) Informar el reglamento del Servicio Aragonés de Salud y elaborar su reglamento de funcionamiento interno, para su aprobación por el Departamento responsable en materia de Salud. e) Proponer los precios y tarifas por servicios no gratuitos. f) Proponer al Consejero del Departamento responsable en materia de Salud la autorización de acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. g) Cualquiera otra competencia del Servicio no atribuida a otros de sus órganos. Artículo 12 Reuniones del Consejo de Dirección 1. El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente. 2. El Presidente convocará el Consejo cuando lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros para decidir sobre las cuestiones que éstos propongan. Entre esta petición y la reunión del Consejo no transcurrirán más de quince días. Artículo 13 Competencias del Director Gerente 1. El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud ostentará la representación legal del mismo y ejercerá la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades, de acuerdo con las directrices del Consejo de Dirección. De forma específica, corresponden al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud las siguientes competencias: a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan la actuación del Servicio Aragonés de Salud y los acuerdos adoptados por el Gobierno, Consejero del Departamento responsable en materia de Salud y Consejo de Dirección, en las materias que son de su competencia. b) Supervisar y, en su caso, exigir el cumplimiento de las limitaciones preventivas de carácter administrativo establecidas reglamentariamente, de acuerdo con la normativa básica del Estado, para el desarrollo de las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. c) Ejercer el control y la evaluación interna de la organización y del desarrollo de las actividades del Servicio. d) Ejercer la jefatura del personal del Servicio Aragonés de Salud en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de las facultades de los Gerentes de las áreas de salud.

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e) Contratar personal laboral temporal o nombrar funcionarios interinos, según proceda, para cubrir bajas temporales, sustituciones o vacantes, de conformidad con la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón. f) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados por la normativa vigente en materia presupuestaria, sin perjuicio de las delegaciones que efectúe en otros órganos inferiores. g) Resolver las reclamaciones previas. h) Preparar y elevar al Consejo de Dirección los anteproyectos de presupuestos, plan de actividades, memoria anual y propuestas relativas a la relación de puestos de trabajo. i) Decidir el ejercicio de acciones ante los órganos judiciales, cuando no se exija por ley acuerdo del Consejo de Gobierno, e interponer recursos administrativos contra actos emanados de otras Administraciones públicas, conforme a lo establecido en las normas que regulan la Asesoría Jurídica de la Diputación General de Aragón. j) Someter a la consideración del Consejo de Dirección cuantos asuntos estime conveniente. k) Facilitar a los miembros del Consejo de Dirección toda la documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. l) Aquellas otras que le asignen el Departamento responsable en materia de Salud o la normativa vigente. m) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al Organismo Autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales. 2. El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud será el órgano de contratación del organismo autónomo, con las competencias y limitaciones que la legislación en materia de contratación administrativa atribuye a dicho órgano. 3. El Director Gerente, que tendrá rango administrativo de Director General, será nombrado y separado libremente de su cargo por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud. Artículo 14 Directores de Área 1. Los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director-Gerente, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia del Área.

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2. Los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud serán nombrados y cesados libremente por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud. 3. La contratación de los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud podrá realizarse bajo la modalidad de relación laboral especial de alta dirección, sin que puedan pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción del contrato superiores a las establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 4. Las retribuciones de los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud se fijarán por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero responsable en materia de personal, en cuanto a aquellos conceptos retributivos que no vengan impuestos legalmente. CAPÍTULO III Estructura territorial Artículo 15 Estructura Básica Sin perjuicio de la existencia de otras demarcaciones territoriales, el Servicio Aragonés de Salud se estructura básicamente en áreas de salud, concebidas como unidades fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del organismo y de los programas y prestaciones sanitarias a desarrollar por los mismos. En todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar las siguientes actividades: •

a) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad, desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la misma.

•

b) En el nivel de atención especializada a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquéllos se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.

Artículo 16 Áreas de Salud Las áreas de salud deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos señalados en esta Ley. Para ello se tendrá en cuenta la dotación de vías y medios de comunicación, así como el diagnóstico de salud de la Comunidad, las instalaciones sanitarias y los factores geográficos socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales y climatológicos. En todo caso, en cada provincia existirá, como mínimo, un área. Artículo 17 División de las Áreas de Salud

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Para conseguir la máxima eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud, sin perjuicio de la posible existencia de otras demarcaciones territoriales, se dividirán en zonas básicas de salud. Artículo 18 Zonas de Salud 1. La zona de salud es el marco geográfico y poblacional básico de la atención primaria de salud, accesible desde todos sus puntos, y debe posibilitar la prestación de una atención integral y continuada. 2. En dicho nivel se interrelacionan los recursos del sistema sanitario de la comunidad, con el fin de conseguir conjuntamente el nivel más alto posible de salud. 3. Se crean las zonas veterinarias, que estarán coordinadas al menos con las zonas de salud e integradas en las áreas de salud. Artículo 19 Delimitación de la Zona de Salud En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta: a) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido. b) El grado de concentración o dispersión de la población. c) Las características epidemiológicas de la zona. d) Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. e) La comarcalización general que se establezca en la Comunidad Autónoma. Artículo 20 Ubicación del Centro de Salud En las zonas de salud en las que existan varios municipios, se marcará uno como cabecera donde se ubicará el centro de salud que dará nombre a la zona. Artículo 21 Consejo de Salud de Zona 1. El Consejo de Salud es el órgano de participación de la población de la zona de salud y está compuesto por: a) Un representante del ayuntamiento donde se encuentre ubicada la zona de salud; si ésta comprendiera más de un municipio, podrán formar parte, además del representante del ayuntamiento cabecera, hasta cuatro representantes más, elegidos entre y por los restantes municipios que la compongan. b) En el medio urbano, podrán formar parte, además del representante del ayuntamiento donde se encuentre ubicada la zona de salud, hasta un máximo de tres representantes de la junta de distrito.

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c) Un representante de los servicios sociales de base o servicios sociales de carácter público existentes en la zona de salud, designados por los municipios correspondientes. d) El coordinador del equipo de atención primaria. e) Dos representantes del equipo, elegidos por y de entre sus miembros. f) Un farmacéutico con ejercicio profesional en la zona de salud. g) Un veterinario con ejercicio profesional en la zona de salud. h) Dos representantes de organizaciones sindicales, atendiendo a los criterios de la profesionalidad según el Artículo 7 del Título III de la Ley orgánica de Libertad Sindical. i) Un representante de los consejos escolares constituidos en la zona de salud. j) Hasta un máximo de cuatro representantes de asociaciones ciudadanas radicadas en la zona de salud, elegidos de la siguiente forma: o

Un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, radicadas en la zona, si los hubiere, elegidos por y de entre sus miembros.

o

Un representante de las asociaciones de vecinos, radicadas en la zona, si las hubiere, elegido por y de entre éstas.

o

Representantes de otras asociaciones ciudadanas radicadas en la zona, elegidos por y de entre sus miembros, hasta que quede completado el número de cuatro previsto para el conjunto de la representación de asociaciones ciudadanas.

2. El mandato de los vocales del Consejo de Salud tendrá una duración de tres años, pudiendo ser prorrogado por idéntico periodo al término de cada mandato. 3. Los gastos de funcionamiento serán con cargo al presupuesto del Servicio Aragonés de Salud. 4. El Consejo de Salud de Zona será convocado por su Presidente a iniciativa propia o cuando así lo soliciten la cuarta parte de sus miembros. Artículo 22 Funciones del Consejo de Salud de Zona Las funciones del Consejo de Salud serán las siguientes: a) Conocer y participar en el diagnóstico de salud de la zona. b) Conocer y participar en el plan de salud de la zona. c) Participar en el desarrollo y evaluación de los programas de salud de la zona. d) Canalizar y promover la participación de la comunidad en las actividades de promoción y protección de la salud y, en especial, de educación para la salud. 150

e) Canalizar y valorar cuantas iniciativas o sugerencias permitan la mejora de atención y del nivel de salud de la zona. f) Contribuir a las revisiones del reglamento interno de funcionamiento. g) Informar la memoria anual de actividades del equipo. h) Promover la protección de los derechos de los usuarios. i) Informar sobre el horario de funcionamiento del centro. j) Proponer la supresión o instauración de consultorios locales en la zona y la periodicidad de días de consulta en los mismos. k) Proponer y promover soluciones mancomunadas a los problemas de salud medioambiental de la zona. l) Informar al Departamento responsable en materia de Salud sobre la adecuación de las estructuras físicas, dotaciones materiales y plantillas de la zona. m) Proponer al Departamento responsable en materia de Salud la modificación de la zona de salud, de acuerdo con la normativa reguladora del mapa sanitario. n) Proponer e informar sobre cualquier asunto que le sea propuesto por el coordinador del equipo o por las instituciones con responsabilidad sanitaria en la zona de salud. o) Recabar cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. p) La elaboración de su reglamento de funcionamiento interno, para su aprobación por el del Departamento responsable en materia de Salud.

CAPÍTULO IV Estructuras sanitarias en el Sistema de Salud Artículo 23 Centros hospitalarios 1. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia. 2. Los centros hospitalarios públicos desarrollarán, además de las áreas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada área de salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención primaria. 3. Cada área de salud contará, al menos, con un hospital general, dotado de los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de la misma y los problemas de salud.

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4. En todo caso, se establecerán medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre las diferentes unidades y niveles asistenciales dentro del área de salud así como la coordinación entre las distintas áreas. 5. Excepcionalmente, y por necesidades asistenciales, la población de un área podrá ser atendida por hospitales vinculados a distinta área de salud. Artículo 24 Acreditación de los hospitales y servicios de referencia El Departamento responsable en materia de Salud acreditará los hospitales o servicios de referencia autonómicos a los que podrán acceder todos los usuarios del Servicio Aragonés de Salud, una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención especializada del Área de Salud. Asimismo, el del Departamento responsable en materia de Salud establecerá los mecanismos oportunos para que, una vez superado el ámbito de la Comunidad Autónoma, los usuarios del Servicio Aragonés de Salud puedan utilizar los recursos del sistema nacional de salud. Artículo 25 Evaluación de la calidad asistencial 1. La evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 2. El Departamento responsable en materia de Salud establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial, oídas las sociedades científicas sanitarias. 3. Los médicos y demás personal titulado del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. 4. Todos los hospitales deberán posibilitar y facilitar a las unidades de control de calidad externa el cumplimiento de sus cometidos, así como el estudio y tramitación de quejas y reclamaciones que puedan plantear los usuarios. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial. Artículo 26 Red hospitalaria pública 1. Los hospitales y centros de especialidades adscritos al Servicio Aragonés de Salud constituirán la red hospitalaria pública integrada de Aragón, sin perjuicio de la utilización que, en su caso, pueda realizarse mediante los correspondientes conciertos con centros no integrados en la misma. 2. Todas las instituciones sanitarias de la red pública existentes en el área de salud se adscribirán, a efectos de asistencia sanitaria especializada, al hospital correspondiente. Artículo 27 Estructura orgánica de los hospitales 1. Los órganos de dirección de los hospitales, así como sus funciones y nombramientos, se realizarán de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

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2. Existirán órganos de participación comunitaria en la planificación, control y evaluación de la gestión y de la calidad de la asistencia en cada hospital, y órganos de asesoramiento a los órganos de dirección, que se establecerán reglamentariamente, así como su composición y funciones. Artículo 28 Finalidad de la Red Hospitalaria Serán fines de la Red Hospitalaria Pública Integrada de Aragón: a) Ofrecer a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados, de los que, por su especialización y características, no puede disponerse en el nivel de atención primaria. b) Posibilitar el internamiento hospitalario a los pacientes que lo precisen. c) Participar en la atención de las urgencias, asumiendo las que superen los niveles de la asistencia primaria. d) Prestar la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas, que requiera la atención especializada de la población en su correspondiente ámbito territorial. e) Participar en el conjunto del sistema sanitario, en la prevención de las enfermedades, promoción de la salud, educación sanitaria e investigación y docencia. f) Colaborar en la formación del personal sanitario y en las investigaciones que puedan llevarse a cabo en ciencias de la salud. Artículo 29 Sistemas de Gestión 1. Los centros y establecimientos públicos a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley deberán contar con un sistema integral de gestión que permita implantar una dirección por objetivos y un control de resultados, delimitar claramente las responsabilidades de dirección y gestión, y establecer una adecuada evaluación de la calidad asistencial con criterios de accesibilidad, equidad y eficiencia. 2. Los establecimientos hospitalarios, a medida que se vayan constituyendo en centros de gestión desconcentrada, podrán asumir competencia para la contratación de personal con objeto de cubrir las bajas temporales, sustituciones o vacantes, de conformidad con la plantilla adscrita al centro y en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, asumirán la organización interna de los servicios y prestaciones hospitalarios y la contratación de las obras de simple reparación y de los suministros precisos para el normal funcionamiento del establecimiento, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con la normativa vigente. 3. De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, los precitados centros y establecimientos deberán confeccionar y remitir periódicamente al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud: a) Los indicadores económicos y sanitarios que sean comunes para todos ellos. b) La valoración económica de las actividades que desarrollan. 153

c) La evaluación y valoración de la rentabilidad sociosanitaria. 4. Para la gestión de los centros sanitarios públicos se desarrollarán medidas que promuevan la aplicación de los principios de autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos. Artículo 30 Vinculación de los hospitales privados 1. Cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y las disponibilidades presupuestarias lo permitan, los hospitales generales del sector privado que lo soliciten podrán ser vinculados al Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, tras ser debidamente acreditados y siempre que por sus características técnicas sean homologables. 2. El protocolo de vinculación y la acreditación a los que se refiere el apartado anterior serán objeto de revisión periódica. 3. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de los centros y establecimientos dependientes del mismo, así como la de las relaciones laborales del personal que en ellos presten sus servicios. 4. La prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Servicio Aragonés de Salud se realizará, en todo caso, según lo dispuesto en esta Ley y Artículos 90 y concordantes de la Ley General de Sanidad. Artículo 31 Convenios de vinculación 1. La vinculación a la red pública de los hospitales del sector privado se realizará mediante convenios singulares, en los que se concretarán los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de prestación del servicio y régimen de contraprestaciones, de acuerdo con lo que establezcan las normas que se dicten para el desarrollo de esta Ley. 2. El hospital vinculado prestará la atención sanitaria a los beneficiarios del sistema sanitario en condiciones de igualdad, sin que esta atención pueda suponer coste alguno para dichos usuarios. 3. El cobro de cualquier cantidad a los enfermos, en concepto de atenciones no sanitarias, sólo podrá ser establecido si, previamente, es autorizado por la Administración sanitaria correspondiente. 4. El incumplimiento de las obligaciones contraídas podrá suponer la denuncia del convenio, que se realizará según lo estipulado en el mismo y en la normativa de desarrollo de la presente Ley. 5. Los hospitales vinculados estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados. Artículo 32 Conciertos para la prestación de servicios sanitarios

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1. El Servicio Aragonés de Salud, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al mismo, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. 2. En igualdad de condiciones de calidad, eficiencia y eficacia, se dará prioridad para el establecimiento de conciertos a los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo. 3. La Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma fijará los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a estos conciertos, así como sus condiciones económicas, atendiendo a módulos de costes efectivos, revisables periódicamente. 4. Únicamente podrán celebrar estos conciertos los centros, servicios y establecimientos sanitarios homologados previamente por la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, debiendo asegurarse que la atención sanitaria que se preste a los usuarios afectados por el concierto se realice en un plano de igualdad. 5. Los conciertos deberán establecerse con una duración temporal no superior a cuatro años. Al terminar dicho período, el Servicio Aragonés de Salud podrá establecer un nuevo concierto. 6. El régimen de conciertos será incompatible con la concesión de subvenciones económicas para la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto de concierto, salvo que se trate de la realización de actividades sanitarias calificadas de alto interés social. Artículo 33 Centros sociosanitarios A fin de posibilitar una adecuada ordenación del dispositivo hospitalario público de atención al enfermo sociosanitario, se impulsará la creación de una red de cuidados paliativos domiciliarios, hospitales de media y larga estancia y servicios sociosanitarios. Artículo 34 Acceso al sistema sanitario 1. El acceso a los establecimientos, centros y servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, propios y concertados, se regulará por una normativa que garantice que el mismo se produce de forma igualitaria, independientemente de la condición que ostente el usuario. 2. En los centros hospitalarios la lista de espera será única y centralizada en el servicio de admisión de cada centro. Artículo 35 Atención al usuario 1. El Departamento responsable en materia de Salud regulará la aplicación del derecho de elección de médico de atención primaria del área de salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes, se podrá elegir en el conjunto de la ciudad. 2. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Servicio Aragonés de Salud tienen derecho, en el marco de su área de salud, a ser atendidos en los servicios especializados. Artículo 36 Centro de Salud 155

1. El centro de salud es la estructura física y funcional de referencia para las actividades de atención primaria en la zona de salud. 2. El centro de salud tendrá las siguientes funciones: a) Albergar la estructura física de consultas y demás servicios sanitarios para la población de la zona. b) Servir como centro de reunión para potenciar las relaciones entre la comunidad y los profesionales sanitarios. c) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. d) Mejorar la organización administrativa y funcional de la atención sanitaria en la zona. 3. Los centros de salud contarán con el personal y recursos materiales necesarios que se determinen, de acuerdo con las características poblacionales, epidemiológicas y de nivel de accesibilidad, con el fin de cumplir los objetivos de atención de salud. 4. Los centros de salud deberán ser debidamente acreditados de acuerdo con el correspondiente protocolo. Artículo 37 Consultorios locales En la zona de salud podrán existir locales diferenciados del centro de salud para la prestación de atención sanitaria, denominados «consultorios locales», que son las estructuras físicas y funcionales para la atención primaria en los municipios, localidades o barrios donde no se asiente el centro de salud. Actúan como consultorio médico y enfermería, conexo, funcionalmente, al centro de salud correspondiente, y en las unidades asistenciales que puedan configurarse se posibilitaran también funciones de atención continuada. Artículo 38 Equipo de Atención Primaria 1. El equipo de atención primaria es el conjunto de profesionales con responsabilidad en la prestación de atención de salud integral y continuada en la zona de salud, que tiene como centro de referencia y coordinación el centro de salud. 2. El equipo de atención primaria contará con un coordinador que asumirá la dirección funcional, y un coordinador de enfermería. 3. Asimismo el equipo de atención primaria elaborará, de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias correspondientes, un reglamento interno que regule su organización y funcionamiento. 4. Los miembros del equipo de atención primaria, en el ejercicio de sus funciones inspectoras y de control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública, tendrán el carácter de autoridad sanitaria, siendo el coordinador del equipo de atención primaria la máxima autoridad sanitaria de la zona de salud.

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Artículo 39 Agrupación territorial 1. A medida que se vayan poniendo en funcionamiento en las zonas de salud los equipos de atención primaria correspondientes, se producirá la agrupación de todos aquellos partidos médicos comprendidos en cada zona de salud en un único partido médico, coincidente con el límite geográfico de la misma, asumiendo el coordinador del equipo de atención primaria las funciones correspondientes a las anteriores jefaturas locales de sanidad. 2. Las zonas de salud se declaran demarcaciones abiertas al libre ejercicio de los profesionales sanitarios, con las limitaciones establecidas en la normativa específica de oficinas de farmacia. Artículo 40 Formación, docencia e investigación 1. La estructura sanitaria del Servicio Aragonés de Salud deberá estar en disposición de ser utilizada para la formación y docencia pregraduada y postgraduada. 2. El Departamento responsable de Salud promoverá la formación continuada del colectivo de profesionales del Sistema de Salud de Aragón, con el fin de lograr su mayor y mejor adecuación a las prioridades que se establezcan en función de las necesidades de la población, y fomentará la utilización de nuevas tecnologías. 3. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es el organismo encargado para la formación de los recursos humanos, el fomento de la investigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la salud de la población y sus determinantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. CAPÍTULO V Asignación Artículo 41 Medios personales y materiales Se asignarán al Servicio Aragonés de Salud, con arreglo a la normativa aplicable, los medios personales y materiales precisos para el cumplimiento de los fines que la presente Ley le atribuye. Artículo 42 Personal del Servicio Aragonés de Salud 1. Integran el personal del Servicio Aragonés de Salud: a) El personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que preste sus servicios en el organismo. b) El personal procedente de otras Administraciones públicas que se le adscriba. c) El personal transferido de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón. d) El personal que se incorpore al organismo, conforme a la normativa vigente. 2. Con objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal del Servicio Aragonés de Salud y mejorar la eficacia de la gestión, el Departamento responsable de Salud, podrá 157

establecer procedimientos para la integración directa en la condición de personal estatutario de quienes presten servicio en dicho organismo autónomo como funcionarios de carrera o en virtud de contrato laboral fijo. Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del personal interino y laboral temporal en la condición de personal estatutario temporal, en la modalidad que corresponda de acuerdo con la duración del contrato de origen. 3. El Gobierno de Aragón, a propuesta de los Consejeros de los Departamentos responsables en materia de Personal y de Salud, y conforme a lo que establezca la legislación a la que se refiere el apartado anterior, fijará el marco normativo adecuado para que el Servicio Aragonés de Salud disponga de la autonomía necesaria en materia de personal. 4. Corresponde al Servicio Aragonés de Salud la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo. 5. Los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud, en el ejercicio de sus funciones que sean propias de tal condición, no podrán percibir cantidad alguna, distinta de su salario y por los conceptos previstos, por su intervención en cualquier actividad realizada en función del Artículo primero del presente Texto Refundido. Esta limitación no afecta a la participación en aquellos programas especiales que puedan establecerse, para lo que será necesaria la existencia de normativa al objeto de que dicha percepción pueda producirse. 6. Corresponde al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud: a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo. b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo, que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialista Sanitarios) Escala Auxiliar de Enfermería. c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior. d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente. Artículo 43 Bienes y derechos 1. Se adscriben al Servicio Aragonés de Salud los siguientes bienes y derechos: a) Aquellos cuya titularidad corresponde a la Diputación General de Aragón, afectos a los servicios de salud y asistencia sanitaria. b) Los bienes y derechos de las corporaciones locales que, independientemente de su titularidad, se afecten a servicios propios del organismo. 158

c) Los bienes y derechos de toda clase afectos a la gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, transferidos a la Comunidad Autónoma. d) Cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier otro título. 2. Serán aplicables a los bienes y derechos adscritos al organismo el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. La declaración de utilidad pública se entiende implícita en toda expropiación relativa a obras de la competencia del Servicio Aragonés de Salud para el cumplimiento de sus finalidades específicas, y todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. CAPÍTULO VI Régimen Económico-Financiero Artículo 44 Ingresos Constituyen ingresos del Servicio Aragonés de Salud: a) Los recursos que le sean asignados con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. b) Las consignaciones que deban realizar las corporaciones locales, con cargo a sus presupuestos. c) Los productos y rentas de toda índole procedentes de sus bienes y derechos. d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente esté autorizado a percibir el organismo. e) Las subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades y particulares.

f) Los bienes que se transfieren juntamente con servicios procedentes de otras Administraciones públicas. g) Cualquier otro recurso que le pudiese ser atribuido. Artículo 45 Presupuesto La estructura, procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto del Servicio Aragonés de Salud, se regirán por lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto Legislativo 1/2000, de 159

29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 46 Intervención delegada 1. Se crea la Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud, que dependerá orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. 2. La Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud tendrá las siguientes funciones: a) El control de todos los actos de este organismo autónomo que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de sus recursos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso en la Comunidad Autónoma de Aragón. b) La ejecución de la contabilidad del Servicio. 3. El ejercicio de la función interventora que el apartado segundo de este artículo asigna a la Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud comprenderá las actuaciones y competencias que el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón atribuye a dicha función. Artículo 47 Tesorería 1. La Tesorería del Servicio Aragonés de Salud, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma aprobado por elDecreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, estará sometida al régimen de intervención y contabilidad pública. En ella se unificarán todos los recursos financieros que se destinen para el cumplimiento de sus fines, y tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos de este organismo, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 2. La Tesorería del Servicio Aragonés de Salud podrá abrir y utilizar en las entidades de crédito y ahorro las cuentas necesarias para el funcionamiento de los servicios, atendiendo la especial naturaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan de realizarse. 3. Los fondos que procedentes de las transferencias de asistencia sanitaria se ingresen en la Tesorería de la Comunidad Autónoma habrán de contabilizarse separadamente del resto de los recursos que administre la Tesorería. Asimismo, en su caso, los rendimientos procedentes de su colocación en las entidades financieras correspondientes habrán de contabilizarse también separadamente y aplicarse específicamente a financiar los créditos presupuestarios afectados a la Seguridad Social, mediante transferencias de estos fondos a aquellas partidas presupuestarias.

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CAPÍTULO VII Régimen jurídico Artículo 48 1. El régimen jurídico de los actos emanados del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en la presente Ley, así como el señalado en la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el procedimiento común a todas las Administraciones públicas. 2. Contra los actos administrativos dictados por los órganos jerárquicamente inferiores del Servicio Aragonés de Salud, podrán interponer los interesados los recursos administrativos procedentes ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, cuyas resoluciones al respecto pondrán fin a la vía administrativa. 3. Los actos administrativos dictados por el Director Gerente que no agoten la vía administrativa podrán impugnarse mediante los recursos administrativos procedentes, ante el Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. Las resoluciones del Consejero en el ejercicio de sus competencias agotan la vía administrativa. DISPOSICIÓN ADICIONAL Única Incorporación al Servicio Aragonés de Salud Los bienes, servicios y personal dependientes del Instituto Nacional de la Salud ubicados en Aragón se incorporan orgánica y funcionalmente al Servicio Aragonés de Salud prestando todos los servicios y funciones sanitarias realizados por la Seguridad Social en Aragón.

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2-Decreto 6/2008, de 30 de enero, de estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud. El actual Decreto se estructura en los siguientes Capítulos: Capítulo I Competencias Generales y organización. -

Artículo 1: Competencias del departamento.

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Artículo 2: Titular del departamento.

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Artículo 3: Organización del departamento.

Capítulo II Secretaría General Técnica. -

Artículo 4: Secretaría General Técnica.

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Artículo 5: Servicio de Personal y Asuntos Jurídicos.

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Artículo 6: Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales.

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Artículo 7: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Capítulo III Dirección General de Planificación y Aseguramiento. -

Artículo 8: Dirección General de Planificación y Aseguramiento.

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Artículo 9: Servicio de Oferta Sanitaria, Formación y control y uso del Medicamento.

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Artículo 10: Servicio de Programas.

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Artículo 11: Servicio de Conciertos y Prestaciones.

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Artículo 12: Servicio de Evaluación, Acreditación y Calidad.

Capítulo IV Dirección General de Salud Pública. -

Artículo 13: Dirección General de Salud Pública.

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Artículo 14: Servicio de Vigilancia en Salud Pública.

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Artículo 15: Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

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Artículo 16: Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental.

Capítulo V Dirección General de Atención al Usuario. -

Artículo 17: Dirección General de Atención al Usuario.

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-

Artículo 18: Servicio de Atención al Usuario.

Capítulo VI Dirección General de Consumo. -

Artículo 19: Dirección General de Consumo.

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Artículo 20: Servicio del Consumidor.

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Artículo 21: Servicio de Disciplina de Mercado.

Capítulo VII Servicios Provinciales. -

Artículo 22: Servicios provinciales.

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Artículo 23: Organización de los Servicios Provinciales.

Capítulo VIII Organismos públicos adscritos. -

Artículo 24: Organismos y Entidades Públicos adscritos.

Capítulo IX. Estructura del Servicio Aragonés de Salud. -

Artículo 25: Competencias Generales del Servicio Aragonés de Salud.

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Artículo 26: Director Gerente del Servicio Aragonés del Salud.

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Artículo 27: Organización del Servicio Aragonés de Salud.

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Artículo 28: La Dirección de Coordinación Asistencial.

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Artículo 29: Las Direcciones de Área de Atención Primaria, Atención especializada y Continuidad Asistencial.

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Artículo 30: La Dirección Económico-Administrativa.

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Artículo 31: El Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

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Artículo 32: El Servicio de Presupuestos.

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Artículo 33: El Servicio de Gestión Económica.

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Artículo 34: La Dirección de Recursos Humanos.

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Artículo 35: El Servicio de Política de Personal.

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Artículo 36: El Servicio de Gestión de Personal.

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Artículo 37: El Servicio de Selección y Provisión.

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Artículo 38: La Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación tecnológica.

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Artículo 39: El Servicio de Obras.

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-

Artículo 40: El Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

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Artículo 41: El Servicio de Innovación Tecnológica, Ingeniería y Sistemas de Información.

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Artículo 42: El Servicio de Farmacia.

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Artículo 43: La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias.

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Artículo 44: Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos.

-

Artículo 45: El Sector Sanitario.

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El Presente Decreto Legislativo es una norma del ejecutivo aragonés dedicada al desarrollo de otras normas, en este caso, la Ley de Salud de Aragón y el Decreto Legislativo 2/2004.

1. Capítulo I Competencias Generales y organización. Artículo 1.-Competencias generales del Departamento. El Departamento de Salud y Consumo es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón encargado de realizar las siguientes funciones: a) La propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Aragón sobre la política de salud y consumo. b) La estructuración, ordenación y planificación territorial en materia de salud y consumo. c) La definición y ejecución de las actuaciones en materia de salud y consumo. d) El ejercicio de la potestad sancionadora en las diferentes materias que comprenden las áreas competenciales del Departamento, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. e) La potenciación y coordinación de las relaciones del Departamento con las Administraciones Públicas, con especial mención del Ministerio de Sanidad y Consumo y los Departamentos de Salud de las Comunidades Autónomas. f) Garantizar y hacer efectivos los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón. g) Las demás competencias que le atribuya el ordenamiento jurídico y las que resulten de lo establecido en el presente Decreto. Artículo 2.-Titular del Departamento competente en materia de Salud y Consumo. CONSEJERO DE SALUD

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Corresponde a la Titular del Departamento competente en materia de salud y consumo, ejercer la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno de Aragón sobre política de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, el ejercicio de las competencias para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud así como la superior iniciativa de promoción, dirección e inspección de todos los servicios del Departamento, y las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico. Artículo 3.-Organización del Departamento. 1. Bajo la superior dirección de la Titular del Departamento competente en materia de salud y consumo, el Departamento se estructura en los siguientes órganos directivos centrales: a) La Secretaría General Técnica. b) La Dirección General de Planificación y Aseguramiento. c) La Dirección General de Salud Pública. d) La Dirección General de Atención al Usuario e) La Dirección General de Consumo. 2. Como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata a la Titular del Departamento competente en materia de salud y consumo, bajo su dependencia inmediata, existirá un Gabinete y una Secretaría de Despacho, con la composición que se determine en las relaciones de puestos de trabajo y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 112/2007, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. En el ámbito territorial, bajo la dependencia directa de su titular, el Departamento se organiza en los Servicios Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza.

2. Capítulo II Secretaria General Técnica (y servicios de personal y asuntos jurídicos, gestión económica, contratación y asuntos generales, y de prevención de riesgos laborales). Artículo 4.-Secretaría General Técnica. 1. La Secretaría General Técnica, bajo la dependencia directa de la Titular del Departamento competente en materia de salud y consumo ejercerá las competencias establecidas en el artículo 17 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, le corresponde las siguientes competencias:

a) Representar al Departamento por delegación de la Consejera. b) Ejercer las competencias que la Consejera le delegue.

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c) Coordinar, bajo la dirección de la Consejera, la actuación de las Direcciones Generales del Departamento y de sus organismos públicos. d) Prestar asesoramiento técnico a la Consejera en relación con la planificación de la actividad del Departamento y sus organismos públicos. e) Impulsar el control de eficacia del Departamento y de sus organismos públicos mediante la realización de las actividades necesarias para la comprobación del cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de actuación y la adecuada utilización de los recursos asignados. f) Planificar las actuaciones necesarias para la racionalización y simplificación de los procedimientos y de los métodos de trabajo del Departamento y sus organismos públicos, de acuerdo con las directrices y los criterios técnicos establecidos por la Inspección General de Servicios. g) Proponer los criterios técnicos y las directrices sobre la organización del Departamento. En concreto, el diseño, desarrollo y seguimiento de modelos organizativos y de gestión de los centros sanitarios con objeto de alcanzar el nivel óptimo de autonomía de gestión y participación de sus profesionales. h) Ejercer la jefatura del personal del Departamento y la representación del mismo en materia de relaciones laborales. i) Supervisar la adquisición de suministros, bienes y servicios, así como los expedientes de contratación de cualquier tipo. j) Preparar, en coordinación con las Direcciones Generales y los Organismos Públicos adscritos al Departamento, el anteproyecto de presupuesto del Departamento. k) Gestionar el presupuesto del Departamento. l) Gestionar todos los servicios comunes del Departamento, así como aquellos que se le encomienden expresamente. m) Ejercer el asesoramiento jurídico a todos los órganos del Departamento. n) El estudio, tramitación y propuestas de resolución de los recursos, reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial y actos del Departamento. o) Dirigir y coordinar la prevención y protección frente a los riesgos profesionales de conformidad con el Decreto 168/2002, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. p) La coordinación de funciones en relación con la prestación de incapacidad temporal. q) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.

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2. La Secretaría General Técnica se estructura en los siguientes órganos: a) Servicio de Personal y Asuntos Jurídicos b) Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales c) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Artículo 5.-Servicio de Personal y Asuntos Jurídicos Corresponde al Servicio de Personal y Asuntos Jurídicos la gestión del personal adscrito al Departamento de salud y consumo y las relaciones laborales. Asimismo corresponde la coordinación de funciones en relación con la prestación de incapacidad temporal, así como el asesoramiento jurídico y la resolución de los recursos y reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 6.-Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales Corresponde al Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales, la gestión presupuestaria, económica y contable, la tramitación de los expedientes de contratación, la preparación del anteproyecto del presupuesto y el seguimiento de su ejecución, así como el tratamiento de la información y documentación general del Departamento y la gestión de asuntos generales y de régimen interior no atribuidos a otros órganos Artículo 7.-Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Corresponde al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la coordinación de la prevención de los riesgos laborales que afecten al personal del Departamento de Salud y Consumo y sus organismos públicos y la organización de los recursos en orden a eliminar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores o minimizar sus efectos, tal y como establece el Decreto 168/2002, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Capítulo III Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Artículo 8.-Dirección General de Planificación y Aseguramiento. 1. Corresponde a la Dirección General de Planificación y Aseguramiento a) La planificación y ordenación de la oferta y de los recursos sanitarios de la Comunidad Autónoma al objeto de garantizar una oferta de sanitaria suficiente, equitativa y de calidad en la Comunidad Autónoma, valorando la efectividad y la eficiencia de los centros y servicios. b) La definición y actualización de la Cartera de Servicios y de las prestaciones sanitarias y la garantía de acceso de la ciudadanía a las mismas en términos de equidad y calidad.

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c) El establecimiento y promoción de criterios, estándares mínimos y comunes en asistencia sanitaria y tecnologías sanitarias. d) La evaluación y control de las prestaciones sanitarias así como el control del acceso a las mismas. e) La coordinación de la formación de postgrado y continuada de las profesiones sanitarias. f) Desarrollar y colaborar en la implantación por parte del Servicio Aragonés de Salud estrategias, programas o proyectos que tengan como objeto contribuir a mejorar los resultados en salud de los problemas de salud de los ciudadanos, de forma equitativa y accesible. g) La elaboración y seguimiento de contratos-programa que serán implementados en los Centros por el Servicio Aragonés de Salud, conciertos, convenios y acuerdos de gestión clínica con sectores sanitarios y entidades provisoras de asistencia sanitaria. h) La elaboración del Plan de Calidad del Sistema de Salud de Aragón. i) La dirección y desarrollo de la Política Farmacéutica del Departamento j) La planificación del transporte sanitario y la coordinación de trasplantes. k) La coordinación con organismos y entidades en materia de salud. l) La propuesta de autorización, acreditación y registro de centros y servicios sanitarios, así como la potestad sancionadora en esta materia. m) La ordenación e inspección de los establecimientos de elaboración distribución y dispensación de medicamentos y productos sanitarios. n) Establecer, en colaboración con el Departamento competente en materia de Educación, el régimen de conciertos entre las instituciones docentes y las instituciones sanitarias que garantice la docencia práctica en las enseñanzas sanitarias. o) La gestión del Registro Central de Aseguramiento Público p) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 2. La Dirección General de Planificación y Aseguramiento se estructura en los siguientes órganos. a) Servicio de Oferta Sanitaria, Formación y control y uso del Medicamento b) Servicio de Programas c) Servicio de Conciertos y Prestaciones d) Servicio de Evaluación, Acreditación y Calidad Artículo 9.-Servicio de Oferta Sanitaria, Formación y control y uso del Medicamento.

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Corresponde a este Servicio: a) Las funciones relativas a la planificación y ordenación de la oferta y de los recursos sanitarios a través de: 1. El análisis de las necesidades de asistencia sanitaria y la planificación de la distribución de los recursos sanitarios disponibles. 2. La definición y actualización de la Cartera de Servicios Sanitarios del Sistema de Salud de Aragón, su organización territorial y los criterios y condiciones de acceso de los ciudadanos a los mismos a través de la autorización a los distintos centros y unidades 3. El establecimiento y promoción de criterios, estándares mínimos y comunes en atención y tecnologías sanitarias. b) Las funciones relativas a la supervisión de la actividad de la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias en cuanto a la acreditación de la formación continuada en el ámbito de la Comunidad Autónoma. c) La planificación y ordenación de los recursos farmacéuticos. d) La relación con los Colegios Oficiales de Farmacia de Aragón. e) Las políticas de Uso Racional del Medicamento mediante el establecimiento de criterios, control y seguimiento de la prescripción y dispensación de medicamentos en centros sanitarios. Artículo 10.-Servicio de Programas Corresponde a este Servicio: a) El diseño de planes operativos derivados del Plan y las Estrategias de Salud. b) La elaboración, control y evaluación de proyectos y programas que aborden la oferta de servicios, procedimientos y procesos para la mejora de la asistencia sanitaria a los problemas y enfermedades más prevalentes o con mayor repercusión en la salud de los ciudadanos. c) La elaboración, control y evaluación de proyectos y programas encaminados a mejorar la oferta de asistencia sanitaria a grupos de riesgo. d) La elaboración, control y evaluación de programas que establezcan los itinerarios y garanticen la calidad y continuidad de la asistencia a pacientes con enfermedades crónicas y problemas de salud mental. e) La elaboración, control y evaluación de programas de asistencia sanitaria dirigidos a grupos de población y que tengan como objetivo la adaptación y mejora de la oferta según las características de edad y género de la población f) Las actuaciones necesarias de coordinación con otras administraciones para la atención a las personas que son objeto de programas y proyectos relacionados en los puntos anteriores.

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g) La realización de las memorias funcionales de los centros sanitarios dependientes del Departamento de Salud y Consumo. Artículo 11.-Servicio de Conciertos y Prestaciones Corresponde a este Servicio: a) La propuesta de regulación y criterios en las relaciones asistenciales con centros y entidades privadas del Sistema de Salud de Aragón. b) La evaluación y control de las prestaciones sanitarias, así como el control de acceso a las mismas. c) La planificación del transporte sanitario. d) El establecimiento de criterios y procedimientos de autorización para derivar pacientes a otros centros sanitarios ajenos al Sistema de Salud de Aragón. Artículo 12.-Servicio de Evaluación, Acreditación y Calidad Corresponde a este Servicio: a) La evaluación de los servicios sanitarios, así como las funciones relacionadas con los sistemas de información y, en concreto, las siguientes: 1. La definición y desarrollo de los Sistemas de Evaluación para la gestión, organización y funcionamiento de los Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2. La elaboración de estadísticas de los servicios sanitarios. b) La elaboración y seguimiento del Plan de Calidad del Departamento. c) La autorización, registro, acreditación y auditoría de centros y servicios sanitarios. d) El control de la publicidad sanitaria. e) El diseño, establecimiento de criterios, regulación y evaluación de los contratos-programa, convenios, conciertos y acuerdos de gestión clínica que el Departamento de Salud establezca con instituciones, centros y servicios sanitarios. f) La gestión del Registro Central de Aseguramiento Público.

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4. Capítulo IV. Dirección General de Salud Pública. Artículo 13.-Dirección General de Salud Pública. 1. Corresponden a la Dirección General de Salud Pública: a) La elaboración, desarrollo y gestión de los sistemas de medición del estado de salud de la población y de sus determinantes. b) La definición de la cartera de servicios de salud pública. c) La información, vigilancia e intervención epidemiológica. d) El estudio y control de los efectos adversos de los medicamentos, en concreto, las funciones de sistema de información en farmacovigilancia. e) La promoción de la salud, la información y educación para la salud, y la prevención de enfermedades. f) La promoción de políticas saludables y desarrollo sostenible en relación con la salud. g) Las actuaciones en salud laboral según lo previsto en el artículo 31 de la ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón h) La promoción de la salud ambiental, en cuanto a su repercusión sobre la salud humana, incluyendo el control sanitario y prevención de las antropozoonosis. i) La protección de la salud humana en relación con los riesgos de la cadena alimentaria. j) La colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para el fomento de la formación e investigación científica en el ámbito de la salud pública. k) La elaboración de las Estrategias de Salud de Aragón, como instrumento orientador de las políticas de salud, en los términos previstos por la Ley de Salud de Aragón. l) La coordinación con otros Departamentos y Entidades en cuanto a las actuaciones que afecten la salud individual y colectiva. m) La creación y mantenimiento de sistemas de información en salud pública. n) La auditoria y evaluación de intervenciones de salud pública. o) La comunicación y participación en salud pública. p) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 2. La Dirección General de Salud Pública se estructura en los siguientes órganos: a) Servicio de Vigilancia en Salud Pública. b) Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. c) Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental. 171

Artículo 14.-Servicio de Vigilancia en Salud Pública. 1.-Corresponde al Servicio de Vigilancia en Salud Pública: a) La definición de la cartera de servicios de salud pública. b) El diseño, desarrollo y evaluación de sistemas de información epidemiológicos sobre determinantes y estado de salud de la población. c) La identificación y vigilancia de los riesgos para la salud. d) El desarrollo de pautas epidemiológicas de intervención ante problemas de salud de la población. e) La elaboración del Plan de Salud y la definición de las estrategias de salud derivadas del mismo. 2.-Igualmente le corresponden la coordinación del Laboratorio de Salud Pública. Artículo 15.-Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Corresponde al Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad: a) El diseño y puesta en marcha y evaluación desarrollo de programas de promoción y educación para la salud en distintos escenarios: medio educativo, ámbito comunitario, medio laboral y ámbito sanitario. b) La coordinación inter e intrainstitucional en materia de promoción de la salud. c) El diseño y realización de acciones actividades de información y sensibilización en salud. d) El análisis de las necesidades y establecimiento de propuestas de asesoramiento, apoyo técnico y capacitación de los profesionales en promoción y educación para la salud. e) La definición de los criterios de calidad de los materiales informativos y recursos de educación para la salud disponibles tanto para los profesionales como para el resto de ciudadanos. f) El fomento de la experimentación, la innovación y el desarrollo en el ámbito de la promoción y educación para la salud. g) El diseño y puesta en marcha de programas específicos de prevención de enfermedades. h) La elaboración, gestión, seguimiento y evaluación de los programas de prevención en materia de drogodependencias. i) El apoyo y colaboración con redes sociales para la promoción de políticas saludables y de desarrollo sostenible. j) Coordinarse con las unidades de la administración laboral dependientes del Gobierno de Aragón.

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k) Desarrollar y mantener sistemas de información sobre salud laboral. l) Implantar programas de salud laboral. m) Todas aquellas relacionadas con la ley 6/2002 en ejercicio de las competencias según se refleja en su artículo 31. Artículo 16.-Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental: Corresponde al Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental: a) El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de la transformación, almacenamiento, y comercialización de alimentos. b) El desarrollo de programas de promoción de la alimentación saludable en colaboración con otras unidades y organismos. c) La coordinación entre los diferentes órganos responsables en materias relacionadas con la seguridad alimentaria.. d) La vigilancia y control de las aguas de consumo, de instalaciones con circuitos de agua que puedan suponer riesgo para la salud, de las instalaciones de aguas residuales y de las aguas de uso recreativo. e) La vigilancia y control de establecimientos e instalaciones con emisiones contaminantes para el aire o el agua. f) La implantación y evaluación de programas de seguridad química. g) La vigilancia y control de las antropozoonosis. h) La vigilancia y control de otros determinantes ambientales de la salud de la población, con especial referencia a las repercusiones para la salud del cambio climático. 5. Capítulo V. Dirección General de Atención al Usuario. Artículo 17.-Dirección General de Atención al Usuario 1.-Corresponde a la Dirección General de Atención al Usuario: a) Velar por los derechos de los usuarios y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos. b) Desarrollar estrategias, programas o proyectos que tengan como objetivo mejorar la equidad y accesibilidad territorial al Sistema de Salud para todos los ciudadanos. c) Planificar y garantizar una mejor información para los usuarios de la oferta de servicios y centros, de los circuitos e itinerarios y de los resultados en salud. d) Establecer los criterios y normativas para regular y mejorar la participación de los usuarios en la gestión sanitaria.

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e) Desarrollar actuaciones orientadas a detectar las necesidades percibidas por los usuarios. f) Realizar acciones oportunas para conocer la opinión de los usuarios y gestionar la información obtenida de las encuestas de satisfacción y de otros mecanismos que se establezcan. g) Proponer indicadores de proceso y resultados en los compromisos de Gestión Clínica. 2.-La Dirección General de Atención al Usuario se estructura en el siguiente servicio: -Servicio de Atención al Usuario. Artículo 18.-Servicio de Atención al Usuario. Corresponde al Servicio de Atención al Usuario, las siguientes competencias: a) Desarrollar programas orientados a detectar las necesidades percibidas por los usuarios en relación a la información de servicios, a la confortabilidad y a la seguridad b) Determinar los criterios precisos para la información que debe estar accesible a los usuarios sobre oferta y utilización de los servicios, resultados clínicos, acceso documental. c) Información y atención a los usuarios sobre la oferta de servicios, procedimientos y prestaciones sanitarias y los sistemas de acceso a las mismas d) Desarrollar programas y campañas encaminadas a mejorar la información sobre la seguridad de los pacientes e) Diseñar programas que identifiquen nuevas fórmulas de colaboración entre usuarios y profesionales, a través de los grupos con pacientes expertos, paneles de pacientes u otras técnicas de investigación social f) Definir los sistemas para conocer la opinión de los usuarios y de las asociaciones de pacientes en relación con la participación y gestionar la información obtenida de las encuestas de satisfacción así como de otros mecanismos que se establezcan. g) Regular la participación de los usuarios. h) Establecer mecanismos que permitan la participación de determinados usuarios, que por su situación, tienen mayor dificultad para integrarse en el Sistema. i) Diseñar medidas que permitan garantizar la intimidad y confidencialidad en todos los contactos del usuario con el Sistema de Salud de Aragón. j) Coordinar funcionalmente los servicios y unidades de atención e información al usuario de todos los centros sanitarios del Sistema de Salud de Aragón. k) Establecer criterios de gestión y control de las reclamaciones de los usuarios y canalización de las sugerencias.

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l) La regulación de la Tarjeta Sanitaria, provisión de la misma y coordinación funcional de las unidades que la gestionan. m) Colaborar en el desarrollo y realizar el seguimiento de los compromisos con los usuarios como los tiempos de garantía, libre elección, segunda opinión. n) Regular la composición y seguimiento de los Comités de Bioética. o) Regulación del consentimiento informado. p) Garantizar el cumplimiento del deseo del paciente expresado a través del documento de voluntades anticipadas. q) Desarrollar líneas de formación para los profesionales con el objetivo de mejorar la relación, la información y la participación de los usuarios en el Sistema de Salud de Aragón. r) Generar e implantar programas y líneas de formación que permitan la implicación de los ciudadanos en la corresponsabilidad de la gestión. s) Evaluación de resultados de los indicadores que se incluyan en los Contratos de Gestión Clínica. 6. Capítulo VI. Dirección General Consumo Artículo 19.-Dirección General de Consumo: 1. Corresponde a la Dirección General de Consumo: a) La planificación, dirección y coordinación de las actuaciones de control de mercado. b) La adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover la educación, información, formación y defensa de los consumidores y usuarios. c) El fomento del asociacionismo en materia de consumo. d) La coordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y comarcales y servicios de información al consumidor. e) La programación de cuantas actuaciones tengan por objeto la aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de protección y defensa del consumidor y usuario. f) La resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empresarios. g) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.

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2. La Dirección General de Consumo se estructura en los siguientes órganos: a) Servicio del Consumidor. b) Servicio de Disciplina de Mercado. Artículo 20.-Servicio del Consumidor. Al Servicio del Consumidor le corresponden las tareas relativas a hacer efectivos los derechos básicos de consumidores y usuarios. Comprende la preparación y coordinación normativa relativa a la defensa del consumidor, el desarrollo del asociacionismo, facilitar los medios para la representación de consumidores y usuarios, implementar los programas de información, formación y educación, así como fomentar las vías de resolución rápida y eficaz a las reclamaciones planteadas por los consumidores y usuarios tales como la Junta Arbitral de Consumo. Artículo 21.-Servicio de Disciplina de Mercado. Al Servicio de Disciplina de Mercado le corresponden las tareas de regulación del mercado que garanticen la protección del consumidor en términos de preparación y coordinación normativa, así como las actuaciones de control de mercado. Comprende campañas de inspección y análisis de bienes y servicios, la inspección y control respecto del cumplimiento de la normativa reguladora de consumo. También le corresponde el control de la calidad especialmente en productos o servicios de uso común o de aquellos más susceptibles de provocar situaciones de inferioridad o indefensión del consumidor o usuario. Asimismo, le corresponden las actuaciones derivadas de denuncias o redes de alerta. 7. Capítulo VII. Servicios provinciales Artículo 22.-Servicios Provinciales. 1. En las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, existirá un Servicio Provincial de Salud y Consumo. 2. Los Directores de los Servicios Provinciales de Salud y Consumo ostentarán por delegación de la Titular del Departamento competente en materia de Salud y Consumo la representación del Departamento en la provincia y ejercerán la dirección e inspección inmediatas de la gestión y ejecución de las competencias que correspondan al mismo. Asimismo les corresponde presidir las comisiones y demás órganos representativos. En especial les corresponden las siguientes competencias: a) La tramitación y resolución de los expedientes administrativos en materia de su competencia así como el ejercicio de la competencia sancionadora que tienen asignada. b) El ejercicio de la vigilancia y tutela de los Organismos Públicos adscritos al Departamento de Salud y Consumo.

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c) La emisión de la tarjeta sanitaria individual. d) La gestión en materia de reintegro de gastos por asistencia sanitaria. e) El control del transporte sanitario público. f) La gestión de las prestaciones y conciertos, y las labores de inspección que les sean encomendadas. g) El seguimiento y control de la prestación de incapacidad temporal. h) La inspección y vigilancia de los centros y establecimientos sanitarios y de las actuaciones en materia de gestión de los residuos sanitarios y de publicidad médico sanitaria. i) La gestión de la sanidad mortuoria y de las actividades de vigilancia e intervención en salud pública. j) La puesta en marcha de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. k) La gestión de las actuaciones en materia de salud alimentaria y medioambiental. l) Actuaciones de control de mercado, de promoción de la educación, información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, fomento del asociacionismo en materia de consumo, y servicios de información al consumidor. m) La tramitación de las reclamaciones por gastos sanitarios cuando el hecho causante sea declarado accidente de trabajo o enfermedad profesional. Del mismo modo, serán competentes para conocer la tramitación de aquellas reclamaciones por los mismos conceptos cuando el hecho causante sea declarado enfermedad común y corresponda el pago de los gastos sanitarios al Servicio Aragonés de Salud. n) Ejercer las demás competencias que le sean delegadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 23.-Organización de los Servicios Provinciales. 1. Cada uno de los Servicios Provinciales estará integrado por las siguientes unidades: -Secretaría Provincial. -Subdirección Provincial de Aseguramiento y Atención al Usuario. -Subdirección Provincial de Salud Pública. 2. Corresponde a las Secretarías Provinciales la gestión de las funciones de carácter general que afecten al conjunto de las unidades integradas en el Servicio Provincial, y en particular las relativas a gestión en materia de personal, seguimiento y control de la prestación de incapacidad temporal del personal propio, gestión económica y apoyo jurídico y la tramitación de procedimientos administrativos y propuesta, para su resolución por el Director del Servicio Provincial, en materia de salud pública, defensa del consumidor y control e inspección de mercados. 177

3. Corresponde a las Subdirecciones Provinciales de Aseguramiento y Atención al Usuario la gestión de funciones en relación con las competencias enumeradas en las letras c).-d).-e).-f).-g) -y h). del apartado 2 del artículo anterior y en particular el ejercicio de las funciones de atención al usuario en relación con los servicios de sanitarios que comprenderá las funciones de facilitar información sobre los servicios que se prestan, dirigir a los usuarios a los Centros y Servicios que les correspondan, canalizar y tramitar sus posibles reclamaciones y peticiones sobre prestación de servicios que puedan formular y la formulación y ordenación de informes necesarios para el trámite de las prestaciones, de conformidad con lo establecido en sus disposiciones reguladoras. 4. Corresponde a las Subdirecciones Provinciales de Salud Pública la gestión de funciones en relación con las competencias enumeradas en las letras -i).-j).y-k) del apartado 2 del artículo anterior y en particular la programación y desarrollo de las actividades de salud pública en el ámbito de la provincia, la programación y seguimiento de las actuaciones inspectoras y las funciones de atención al usuario en relación con los servicios de salud pública. 8. Capítulo VIII. Organismos públicos. Artículo 24.-Organismos y Entidades Públicos adscritos. Se adscriben al Departamento de Salud y Consumo: a) El Servicio Aragonés de Salud. b) El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. c) El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

9. Capítulo IX. Estructura del Servicio Aragonés de Salud. Artículo 26.-El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud. Corresponde al Director Gerente ejercer las competencias que le atribuye el Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, y en particular, las siguientes: a) La representación legal del Organismo. b) La programación, dirección, gestión, evaluación interna y control de la organización y actividades de los centros y servicios adscritos orgánicamente al Servicio Aragonés de Salud. c) La dirección y coordinación general de la estructura de gestión del Organismo. d) La dirección y fijación de los criterios económicos y financieros, designación de centros de gastos, autorización de estos y ordenación de pagos. e) La elaboración de las propuestas de actuación que deban formularse al Departamento de Salud y Consumo. f) La jefatura superior del personal adscrito al Organismo. 178

g) La ordenación y gestión del personal estatutario adscrito al Organismo, así como la aprobación de las plantillas. h) En general, todas aquellas que le atribuya la normativa y las que expresamente le sean delegadas. Artículo 27.-Organización del Servicio Aragonés de Salud. Bajo la dirección del Director Gerente, el Servicio Aragonés de Salud, se estructura en los siguientes órganos directivos: 1. Órganos centrales: Direcciones de Área -Dirección de Coordinación Asistencial. -Dirección de Atención Primaria. -Dirección de Atención Especializada. -Dirección de Continuidad Asistencial. -Dirección Económico - Administrativa. -Dirección de Recursos Humanos. -Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación tecnológica. Los órganos enumerados anteriormente, cuyos titulares tendrán rango de Director de Área, serán los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director Gerente, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos y actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia del Área. 2. Estructura Territorial: Gerencias de Sector. 3. Centros de Gestión de ámbito autonómico: a) Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias. b) Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos La letra b del apartado 3 del artículo 27 introducido por apartado 1 del artículo único del Decreto 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón.

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Artículo 28.-La Dirección de Coordinación Asistencial. 1. Bajo la dependencia del Director Gerente, la Dirección de Coordinación Asistencial ejercerá las funciones de coordinación y análisis de las restantes Direcciones de Área y de las Gerencias de Sector. 2. La Dirección de Coordinación Asistencial, a través de las Direcciones de Área, ejercerá las siguientes funciones: a) El impulso y evaluación de los objetivos fijados por las Direcciones de Área que coordina, para el conjunto de centros y servicios. b) El desarrollo, implantación y seguimiento de los contenidos del Contrato Programa con los sectores, centros y unidades del Servicio Aragonés de Salud. c) La propuesta de asignación de los recursos necesarios, su coordinación y evaluación. d) El desarrollo de los programas de calidad, formación continuada e investigación en cada ámbito asistencial. e) El desarrollo y seguimiento de los diferentes programas a desarrollar por el Servicio Aragonés de Salud o los Sectores que de éste dependen. f) La propuesta de programas de inspección relacionados con la auditoria de los centros asistenciales. g) La gestión de los programas de derechos y garantías de los usuarios y adecuación de la oferta y demanda. Artículo 29.-Las Direcciones de Área de Atención Primaria, Atención Especializada y Continuidad Asistencial. Corresponde a las Direcciones de Área de Atención Primaria, Atención Especializada y Continuidad Asistencial, en sus respectivas áreas asistenciales: a) Colaborar en la implantación por parte de los Sectores Sanitarios de estrategias, programas y proyectos que contribuyan a mejorar los resultados del Servicio en términos de mejora de salud de los ciudadanos. b) Dar soporte técnico y metodológico para el mejor cumplimiento de los objetivos asistenciales en los Sectores Sanitarios. c) La preparación de los contenidos sanitarios de los contratos de gestión con los Sectores Sanitarios y su posterior seguimiento y evaluación. d) El impulso y evaluación de programas de prevención, promoción y educación para la salud, que se desarrollen en cada nivel asistencial. e) El desarrollo de los programas de formación y calidad en cada ámbito asistencial. f) La propuesta de asignación de los recursos necesarios y su evaluación. 180

g) La gestión y evaluación de los programas de derechos y garantías de los ciudadanos y adecuación de la oferta y de la demanda. h) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 30.-La Dirección Económico-Administrativa 1. Corresponde a la Dirección Económico - Administrativa: a) La gestión del régimen interno y el apoyo jurídico y administrativo a todos los órganos del Servicio Aragonés de Salud. b) La elaboración y redacción del anteproyecto del presupuesto del Servicio Aragonés de Salud, y la distribución de créditos por centros de gestión. c) La coordinación y evaluación de la gestión económica y presupuestaria de los centros de gestión del Servicio Aragonés de Salud. d) La elaboración y tramitación de las propuestas de modificaciones de créditos del presupuesto. e) La gestión de la Tesorería asignada al Organismo. f) La coordinación de los Gerentes del Sector y sus centros adscritos en el ámbito de sus competencias. g) El establecimiento de las líneas generales de compras de suministros y servicios en el Servicio Aragonés de Salud y la gestión de los concursos centralizados. h) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 2. La Dirección Económico-Administrativa se estructura en los siguientes servicios: a) Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales. b) Servicio de Presupuestos. c) Servicio de Gestión Económica. Artículo 31.-El Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales. Corresponde al Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales las siguientes funciones: a) El asesoramiento y elaboración de informes jurídicos a todos los órganos del Servicio Aragonés de Salud. b) La coordinación normativa y el asesoramiento en la elaboración de proyectos de disposiciones normativas que se le encomienden. c) La propuesta de resolución de recursos y reclamaciones. 181

d) La supervisión y coordinación de los asuntos que se sometan a la consideración del Gobierno de Aragón. Artículo 32.-El Servicio de Presupuestos. Corresponde al Servicio de Presupuestos las siguientes funciones: a) La elaboración y redacción del anteproyecto de presupuesto del Servicio Aragonés de Salud. b) La distribución de créditos por centros de gestión. c) El seguimiento de la ejecución presupuestaria y del gasto de los centros de gestión del Servicio Aragonés de Salud. d) El análisis, elaboración y tramitación de las propuestas de modificaciones de créditos del presupuesto. e) La coordinación de la gestión de las prestaciones económicas que el Organismo Autónomo puede percibir legalmente por la prestación de la asistencia sanitaria. Artículo 33.-El Servicio de Gestión Económica. Corresponde al Servicio de Gestión Económica las siguientes funciones: a) La gestión, control, movimiento y justificación de los anticipos de caja de los Servicios Centrales. b) El control y gestión del inmovilizado, excepto el de bienes inmuebles, de los Servicios Centrales. c) La emisión de informes en materia de contratación administrativa y la información y asesoramiento de los Centros dependientes en las materias de su competencia. d) La tramitación y gestión económica de los fondos que sean asignados en el presupuesto del Servicio Aragonés de Salud para subvenciones y transferencias. e) La tramitación y gestión de los concursos centralizados de gestión de servicios públicos, suministros y servicios de los Centros Sanitarios. f) La tramitación y gestión económica, presupuestaria y contable de gastos, contratos menores y de los concursos de suministros y servicios de los Servicios Centrales. g) La propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el Organismo. Artículo 34.-La Dirección de Recursos Humanos. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde a la Dirección de Recursos Humanos: 182

a) La ordenación general y ejecución de la política de personal del Servicio Aragonés de Salud. b) La propuesta de fijación de plantillas de personal de los diversos centros y servicios y sus modificaciones. c) La propuesta de relación de puestos de trabajo del personal funcionario, así como todos los actos que se deriven de la ordenación, gestión y control del personal funcionario y laboral del Servicio Aragonés de Salud. d) La programación, propuesta de ordenación y gestión en materia de retribuciones. e) Las relativas a la salud laboral, y el régimen disciplinario del personal. f) La negociación colectiva con los representantes del personal, en los términos previstos en la normativa vigente y el desarrollo de las relaciones sindicales, así como la acción social. g) La coordinación y, en su caso, gestión de los actos derivados de las situaciones administrativas del personal y de su régimen jurídico. h) La preparación de la oferta de empleo público y la gestión de los procedimientos selectivos de ingreso, promoción y traslado de personal. i) La gestión del Registro de Personal. j) La coordinación de los Gerentes del Sector y sus centros adscritos en el ámbito de sus competencias. k) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 2. La Dirección de Recursos Humanos se estructura en los siguientes Servicios: a) Servicio de Política de Personal. b) Servicio de Gestión de Personal. c) Servicio de Selección y Provisión. Artículo 35.-El Servicio de Política de Personal. Corresponde al Servicio de Política de Personal la ordenación general y ejecución de la política de personal del Servicio Aragonés de Salud y, en concreto, con relación al personal del Organismo: a) Las funciones de ordenación del régimen de prestación de servicios. b) La preparación de su normativa reguladora. c) La negociación con los representantes del personal en el ámbito de sus competencias.

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d) Las funciones relativas a la formación, promoción y desarrollo del personal, así como la salud laboral, la acción social y el régimen disciplinario. Artículo 36.-El Servicio de Gestión de Personal. Corresponde al Servicio de Gestión de Personal las siguientes funciones: a) Las relativas a la ordenación y gestión en materia de retribuciones y de acción social. b) La elaboración de la propuesta para la aprobación de plantillas y la gestión de su registro y control internos. c) La propuesta de relación de puestos de trabajo del personal funcionario. d) La coordinación y, en su caso, gestión de los actos derivados de las situaciones administrativas del personal y de su régimen jurídico. Artículo 37.-El Servicio de Selección y Provisión Corresponde al Servicio de Selección y Provisión las siguientes funciones: a) La preparación de la oferta de empleo público y la gestión de procedimientos selectivos, de promoción y traslado de personal estatutario. b) La coordinación de la promoción interna temporal. c) La gestión de la bolsa de trabajo temporal del personal estatutario. Artículo 38.-La Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación tecnológica. 1. Corresponde a la Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación tecnológica. a) La programación y gestión integral de las obras. b) La gestión del patrimonio inmobiliario del Organismo. c) La supervisión de los proyectos de obras del Organismo. d) La implantación, seguimiento y evaluación de proyectos tecnológicos de ingeniería y mantenimiento e) Elaboración y seguimiento de protocolos de actuación en el ejercicio de sus competencias f) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 2. La Dirección de Obras, se estructura en los siguientes Servicios: a) Servicio de Obras. b) Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 184

c) Servicio de Innovación tecnológica, Ingeniería y Sistemas de Información. Artículo 39.-El Servicio de Obras. Corresponden al Servicio de Obras las siguientes funciones: a) La programación y gestión integral de las obras. b) La supervisión de los proyectos. c) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 40.-El Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. Corresponden al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial las siguientes funciones: a) La gestión del patrimonio inmobiliario. b) La tramitación y gestión de la contratación administrativa encomendada a la Dirección de Obras. Artículo 41.-El Servicio de Innovación Tecnológica, Ingeniería y Sistemas de Información. Corresponde al Servicio de Innovación Tecnológica, Ingeniería y Sistemas de Información: a) La implantación, seguimiento y evaluación de proyectos tecnológicos y de ingeniería y mantenimiento. b) Elaboración y seguimiento de protocolos de actuación en el ejercicio de sus competencias. c) La coordinación, homogeneización y evaluación de los proyectos de sistemas de información. d) Ejercer las demás competencias que le sean encomendadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 42.-El Servicio de Farmacia. Corresponde al Servicio de Farmacia el seguimiento y control técnico y presupuestario de la prestación farmacéutica, bajo la dependencia de la Dirección de coordinación y análisis. Artículo 43.- La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Corresponde a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias gestionar la red de recursos específicos destinados a tal fin en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 44.-Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos 1.-Corresponde al Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos la gestión de proyectos estratégicos de carácter logístico, tecnológico y de sistemas de información, cuyo

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desarrollo le sea encomendado por el Servicio Aragonés de Salud en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2.-Bajo la responsabilidad del Director de Centro, la gestión del mismo se estructura en cinco Áreas, con el rango de Subdirecciones, con las siguientes denominaciones: Subdirección de Arquitectura de Sistemas Subdirección de Comunicaciones Subdirección de Integración Subdirección de Compras y Logística Subdirección de Tecnología Sanitaria Artículo 45.-El Sector Sanitario. El Sector Sanitario se encuentra regulado conforme a lo dispuesto en el Decreto 41/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, de Organización y funcionamiento del Sector Sanitario en el Sistema Sanitario de Salud de Aragón.

PODER EJECUTIVO ARAGÓN

GOBIERNO + ADMINISTRACIÓN GOBIERNO: PRESIDENTA + DEPARTAMENTOS (DPTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA)

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ESTRUCTURA DEL DPTO. DE SANIDAD TITULAR: CONSEJERO DE SALUD 1-

Secretaría General Técnica

•

Servicio de Asuntos Jurídicos

•

Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales

•

Servicio de Personal, Planificación y Coordinación

•

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

2- Dirección General de Planificación y Aseguramiento •

Servicio de Planificación y Ordenación de Servicios Sanitarios

•

Servicio de Estrategias de Salud y Formación

•

Servicio de Conciertos y Prestaciones

•

Servicio de Evaluación y Acreditación Sanitaria

•

Servicio de Planificación y Ordenación de Servicios Sociales

•

Unidad de Coordinación Sociosanitaria en Salud Mental

3-

Dirección General de Consumo

•

Servicio del Consumidor

•

Servicio de Disciplina de Mercado

4-

Dirección General de Salud Pública Ilmo. Sr. José Francisco Sancho Cuartero

•

Servicio de Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública

•

Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad

•

Servicio de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y Coordinación

5- Dirección General de Calidad y Atención al Usuario •

Servicio de Calidad en la provisión de servicios

•

Servicio de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

6-

Dirección General de Familia

•

Servicio de Programas de Atención y Apoyo a la Familia

•

Servicio de Prestaciones y Control Normativo y Económico 187

SERVICIOS PROVINCIALES 1- Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Huesca •

Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca

•

Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca 2- Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Teruel

•

Instituto Aragonés de la Mujer en Teruel

•

Instituto Aragonés de la Juventud en Teruel 3- Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Zaragoza

ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS 1- Servicio Aragonés de Salud * 2- Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 3- Banco de Sangre y Tejidos

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SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD CAPÍTULO IX Decreto 6/2008, de 30 de enero, de estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud.

•

DEFINICIÓN: Organismo autónomo, de naturaleza administrativa, adscrito al Departamento responsable de salud.

•

FUNCIÓN PRINCIPAL: Provisión (gestión y administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma.

•

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS POR SU LEY DE CREACIÓN: bajo la dirección, supervisión y control del Departamento de Salud y Consumo, al que queda adscrito.

189

190

3- Decreto 174/2010, de 21 de Septiembre por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema Aragonés de Salud. La estructura es: • INTRODUCCION • Artículo único Aprobación del Reglamento • DISPOSICIONES ADICIONALES o Primera Negociación con las Organizaciones Sindicales o Segunda Coordinación de Urgencia y Emergencia o Tercera Términos genéricos • DISPOSICIONES TRANSITORIAS o Disposición transitoria única Cobertura temporal de puestos • DISPOSICIONES DEROGATORIAS o Disposición derogatoria única Derogación normativa • DISPOSICIONES FINALES o Primera Facultad de desarrollo o Segunda Entrada en vigor • ANEXO o Reglamento de la estructura y funcionamiento de las Áreas y Sectores del Sistema de Salud de Aragón TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO, PRINCIPIOS INFORMADORES Y DE GESTIÓN Artículo 1 Objeto Artículo 2 Definición y ámbito territorial Artículo 3 Principios informadores Artículo 4 Principios generales de gestión TÍTULO I. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL ÁREA Y EL SECTOR SANITARIO Artículo 5 Organización asistencial del Área de Salud Artículo 6 Línea asistencial de Atención Primaria Artículo 7 Línea asistencial de Atención Especializada Artículo 8 Línea asistencial de Atención Sociosanitaria Artículo 9 Línea asistencial de Atención a la Salud Mental TÍTULO II. ESTRUCTURAS DEL ÁREA DE SALUD CAPÍTULO PRIMERO. ATENCIÓN PRIMARIA Artículo 10 Zonas de Salud Artículo 11 Centros de Atención Primaria Artículo 12 Composición del Equipo de Atención Primaria 191

CAPÍTULO SEGUNDO. ATENCIÓN ESPECIALIZADA Artículo 13 Hospital Artículo 14 Centros de Especialidades CAPÍTULO TERCERO. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Artículo 15 Atención Sociosanitaria Artículo 16 Dispositivos sanitarios en régimen de internamiento Artículo 17 Unidades de Valoración Sociosanitaria CAPÍTULO CUARTO. ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Artículo 18 Atención a la Salud Mental Artículo 19 Dispositivos sanitarios Artículo 20 Dispositivos intermedios o rehabilitadores Artículo 21 Inserción sociolaboral TÍTULO III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CAPÍTULO PRIMERO. CONSEJO RECTOR DEL ÁREA Artículo 22 El Consejo Rector del Área de Salud CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS DEL SECTOR SANITARIO Artículo 23 Órganos del Sector Sanitario SECCIÓN PRIMERA. GERENCIA DEL SECTOR Artículo 24 Gerencias del Sector Artículo 25 Competencias de la Gerencia del Sector Artículo 26 Estructura de las Gerencias de Sector Artículo 27 Nombramiento del Gerente del Sector Artículo 28 Órganos dependientes de la Gerencia del Sector Artículo 29 Funciones del Director de Gestión y Servicios Generales Artículo 30 Subdirectores de Gestión del Sector Artículo 31 Áreas de actividad Artículo 32 Nombramiento del Director de Gestión y Servicios generales SECCIÓN SEGUNDA. DIRECCIÓN DE CENTROS Artículo 33 Órganos de Dirección de los Centros Artículo 34 Competencias de las Direcciones de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios Artículo 35 Provisión, requisitos y nombramiento de los Directores de atención

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primaria, de hospital y de otros centros sanitarios Artículo 36 Adscripción de áreas de actividad a la Dirección de Atención Primaria Artículo 37 Adscripción de áreas de actividad a la Dirección de Hospital Artículo 38 Direcciones de los Centros de Salud Mental y Sociosanitario Artículo 39 Direcciones de Enfermería Artículo 40 Funciones del Director de Enfermería Artículo 41 Nombramiento del Director de Enfermería Artículo 42 Actividades del personal de enfermería de áreas adscritas al Director de Enfermería de Atención Primaria Artículo 43 Actividades del personal de enfermería de áreas adscritas al Director de Enfermería de Hospitales y otros Centros sanitarios Artículo 44 Subdirectores SECCIÓN TERCERA. UNIDADES CLÍNICAS Artículo 45 Unidades Clínicas Artículo 46 Responsables de las Unidades Clínicas Artículo 47 Contrato de Gestión Clínica Artículo 48 Creación de nuevas unidades clínicas Artículo 49 Unidades de Enfermería SECCIÓN CUARTA. ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Artículo 50 Comisión de Dirección del Sector Artículo 51 Funciones de la Comisión de Dirección del Sector Artículo 52 Comisión de Dirección de Atención Primaria Artículo 53 Funciones de la Comisión de Dirección de Atención Primaria Artículo 54 Comisión de Dirección de Atención Especializada Artículo 55 Funciones de la Comisión de Dirección de Atención Especializada SECCIÓN QUINTA. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE CENTROS

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Artículo 56 Comisión Técnico Asistencial de Atención Primaria Artículo 57 Comisión Técnico Asistencial de Hospitales de Atención Especializada Artículo 58 Comisión Técnico Asistencial de Centros Socio-Sanitarios Artículo 59 Comisión Técnico Asistencial de Salud Mental Artículo 60 Comisión Mixta Hospitalaria SECCIÓN SEXTA. EL CONSEJO DE SALUD DEL SECTOR SANITARIO Artículo 61 El Consejo de Salud del Sector Sanitario Artículo 62 Atribuciones y funcionamiento del Consejo de Salud de Sector

•

Nos encontramos ante otro Decreto Legislativo, pero en este caso a diferencia del anterior, es que aquí NO SE REFUNDEN NORMAS, sino que se APRUEBA UN REGLAMENTO (norma de rango inferior a la ley y que desarrolla otra norma), y que aprueba el Gobierno de Aragón.

•

Así, lo que en sí es el Decreto es un único artículo por el que se aprueba el Reglamento que se establece en el Anexo.

TÍTULO PRELIMINAR OBJETO, PRINCIPIOS INFORMADORES Y DE GESTIÓN Artículo 1 Objeto El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón en el Servicio Aragonés de Salud, en el marco de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, en desarrollo de su artículo 47.3, y del Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Artículo 2 Definición y ámbito territorial 1.- Dentro de cada Área de Salud, estructura fundamental del sistema sanitario, responsabilizada de la gestión unitaria de los centros del Servicio Aragonés de Salud y de los programas y prestaciones sanitarias que deben desarrollar, el Sector Sanitario constituye la organización administrativa de carácter instrumental en cada Área de Salud, para la provisión de los servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 2.- El Área de Salud, a través del Sector Sanitario, dispondrá de la financiación y de las dotaciones necesarias para realizar las actuaciones de atención primaria, atención especializada, atención a la salud mental y atención sociosanitaria. 194

3.- Las Áreas de Salud estarán conformadas por el conjunto de zonas básicas de salud que determine el Mapa Sanitario. Atendiendo a criterios socio-demográficos, epidemiológicos, asistenciales y de ordenación de los recursos sanitarios, en la Comunidad Autónoma de Aragón existirán las siguientes Áreas y Sectores: - Área I, Sector de Zaragoza I. - Área II, Sector de Zaragoza II. - Área III, Sector de Zaragoza III. - Área IV, Sector de Calatayud - Área V, Sector de Huesca. - Área VI, Sector de Barbastro. - Área VII, Sector de Alcañiz. - Área VIII, Sector de Teruel.

Artículo 3 Principios informadores En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Sistema de Salud de Aragón asegurará una correcta, coordinada y continuada asistencia a la población, en los mejores términos de efectividad y de eficiencia posibles y acomodándose a los siguientes principios: a) Equidad, en la línea de desarrollo del principio constitucional de igualdad, de manera que se garantice el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva para toda la población del Área. b) Atención global, de tal manera que desde cada Sector se realizarán las prestaciones correspondientes a la atención primaria, la atención especializada, la atención a la salud mental y la atención sociosanitaria. c) Atención continuada, asegurando la continuidad asistencial de procesos, administrativa, y de información de los usuarios en su itinerario por los distintos centros y unidades del Sector. d) Atención integral, prestando al usuario servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de cuidados en el nivel de asistencia más adecuado según las necesidades de la población. e) La participación de los ciudadanos en la formulación de las políticas sanitarias y en la mejora del nivel de salud de los usuarios.

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Artículo 4 Principios generales de gestión De acuerdo con los criterios generales de coordinación y de gestión unitaria el Área de Salud, dispondrá, a través del Sector, de los recursos que le sean asignados a éste por el Departamento responsable en materia de Salud, a través del Servicio Aragonés de Salud, en un marco de interacción y de solidaridad entre todas las Áreas de Salud, de acuerdo con los siguientes principios generales de gestión: a) El Departamento responsable en materia de Salud establecerá la cartera de servicios y acreditará aquéllos que se consideren de referencia según los criterios de calidad que para cada Unidad se establezcan y fijando para éstos la población a la que tendrá obligación de atender. b) El Sector potenciará las unidades de atención primaria como puerta principal de acceso al sistema y como coordinadores de la continuidad de la asistencia. c) Los servicios asistenciales y administrativos del Sector deberán atender a las características específicas de cada usuario, que deberá disponer de la máxima información posible, potenciándose su capacidad de elección, tanto respecto al profesional y centros donde desea ser atendido, como respecto a las distintas alternativas diagnósticas y terapéuticas que se le ofrezcan. Se garantizarán en cualquier caso el máximo respeto a su dignidad e intimidad y el respeto de los derechos reconocidos en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente. d) La gestión y organización del Sector se articulará en torno a las líneas de actividad y gestión clínica de cada uno de sus centros y unidades, favoreciendo la autonomía clínica de los profesionales y su capacidad de organización.

TÍTULO I ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL ÁREA Y EL SECTOR SANITARIO Artículo 5 Organización asistencial del Área de Salud Cada Área de Salud, a través del Sector, se organizará para la provisión de sus servicios en las siguientes líneas asistenciales. a) Atención primaria b) Atención especializada c) Atención sociosanitaria d) Atención a la salud mental 196

Artículo 6 Línea asistencial de Atención Primaria 1. La atención primaria es el nivel inicial de atención sanitaria, puerta de entrada para el resto de la oferta sanitaria, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de los itinerarios del paciente. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, de cuidados, así como la rehabilitación básica y el trabajo social. 2. La Atención Primaria garantizará a) La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo. b) La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. c) Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria. d) Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud, sin perjuicio de las competencias atribuidas al resto de órganos de la Administración e) La rehabilitación básica. f) Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos. g) La atención paliativa a enfermos terminales. h) La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada. i) La atención a la salud bucodental. Artículo 7 Línea asistencial de Atención Especializada 1. La atención especializada comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad cuya naturaleza aconseja que se presten con un mayor nivel de especialización. 2. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas, las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel. 3. El acceso a los servicios de atención especializada se realizará a instancia de la Atención Primaria, exceptuándose en todo caso las situaciones de urgencia y los casos que excepcionalmente se determinen. 4. La atención sanitaria especializada comprenderá: 197

a) La asesoría sobre pacientes requerida desde la atención primaria b) La asistencia especializada en consultas. c) La asistencia en hospital de día. d) La asistencia en régimen de internamiento. e) La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. f) La atención paliativa a enfermos terminales. g) La atención a la salud mental, en régimen ambulatorio, de internamiento y domiciliario. h) La asistencia y cuidados de rehabilitación. i) La atención urgente. j) Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. 5. La atención especializada deberá ser prestada, siempre que sea posible, en régimen ambulatorio. Artículo 8 Línea asistencial de Atención Sociosanitaria 1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para mejorar su calidad de vida, aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. 2. En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se realizará por los profesionales de atención primaria y de atención especializada, comprendiendo: a) Los cuidados sanitarios que requieran internamientos de duración media. b) La atención sanitaria a pacientes en fase de convalecencia y que requieran internamiento. c) La coordinación de la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable a través de la acción conjunta de los servicios de atención primaria y rehabilitación. d) La coordinación de la atención a pacientes que requieran cuidados paliativos. 3. La continuidad asistencial socio-sanitaria se establecerá a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones Sanitarias y Sociales.

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Artículo 9 Línea asistencial de Atención a la Salud Mental La atención a la salud mental la prestarán los profesionales de atención primaria y de atención especializada, desde los dispositivos sanitarios y rehabilitadores de la red asistencial. A estos efectos, los profesionales y centros específicos de salud mental se inscriben en el nivel especializado de la red asistencial del Servicio Aragonés de Salud. Además, en coordinación con los servicios sociales, se establecerán los mecanismos y recursos necesarios que permitan, en condiciones de equidad: a) Alternativas residenciales que permitan el mantenimiento del paciente en el medio comunitario, integradas en los programas de rehabilitación psicosocial del Sector. b) Reinserción social y laboral de los pacientes. TÍTULO II ESTRUCTURAS DEL ÁREA DE SALUD CAPÍTULO PRIMERO ATENCIÓN PRIMARIA Artículo 10 Zonas de Salud La zona de salud es el marco territorial básico para la prestación de la atención primaria de salud, de acceso directo de la población, que debe contar con la capacidad de proporcionar una asistencia continuada, integral, permanente y accesible. Estará compuesta por los municipios que determine el Mapa Sanitario. Serán delimitadas y modificadas por el Departamento responsable de Salud, atendiendo a factores de carácter geográfico, demográfico, social, económico, epidemiológico, cultural y viario y teniendo en cuenta los recursos existentes y la ordenación territorial establecida por el Gobierno de Aragón. Artículo 11 Centros de Atención Primaria 1. Los centros de atención primaria de cada Zona de Salud son las estructuras físicas y funcionales donde los profesionales realizan las actividades integrales de atención primaria de salud, constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más cercanos a la población. 2. Los centros de salud y los consultorios locales constituyen las estructuras físicas de las Zonas de Salud, donde presta servicio el conjunto de profesionales que integran los equipos de atención primaria. 3. En las Zonas de Salud en las que existan varios municipios, se marcará uno como cabecera, donde se ubicará el centro de salud que dará nombre a la zona.

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Artículo 12 Composición del Equipo de Atención Primaria 1. El equipo de atención primaria es el conjunto de profesionales con responsabilidad en la prestación de atención de salud integral y continuada, que tiene como lugar de referencia y coordinación el centro de salud, y constituye la unidad de gestión clínica de atención primaria responsable de prestar a la población asignada todos los servicios incluidos en la cartera de servicios de atención primaria del Sistema de Salud de Aragón. 2. Todos los profesionales de Atención Primaria deberán estar integrados en Equipos de Atención Primaria, sin perjuicio de los nombramientos del personal sanitario de cupo y zona declarados a extinguir. 3. Salvo situaciones excepcionales, el número de personas asignadas a un Equipo de Atención Primaria no será superior a 25.000 personas, considerándose como intervalo óptimo la asignación entre 10.000 y 15.000 personas. 4. En virtud de los criterios recogidos en el punto anterior, en cada Zona de Salud se constituirán los Equipos necesarios para cumplir los criterios de población asignada. Al menos, en cada Zona de Salud existirá un Equipo de Atención Primaria. CAPÍTULO SEGUNDO ATENCIÓN ESPECIALIZADA Artículo 13 Hospital 1. El hospital es la estructura sanitaria responsable de la atención especializada, programada y urgente, tanto en régimen de internamiento, como ambulatorio y domiciliario de la población de su ámbito territorial. Desarrolla, además, las funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia, en coordinación con la atención primaria y de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan de Salud y los objetivos anuales de las áreas de salud. 2. Cada Área de Salud, a través de su Sector, contará, al menos, con un hospital general, dotado de los servicios que aconsejen la población a asistir, su estructura y los problemas de salud. 3. La estructura y organización de las unidades clínicas hospitalarias serán aprobadas por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a propuesta de la Gerencia del Sector, oídas la Comisión de Dirección del Centro, la Comisión Técnico Asistencial y la Junta de Personal y de acuerdo con la planificación establecida por el Área de salud correspondiente. 4. La atención programada derivada de las actividades realizadas en este nivel asistencial deberá realizarse tanto en jornada de mañana como de tarde. El Gerente del Sector, a propuesta del Director del Centro, oídos los órganos de dirección y asesoramiento mencionados en el párrafo anterior, así como la Junta de Personal, determinará el horario de funcionamiento más adecuado para cada unidad clínica del hospital. 200

5. En aquellos casos en que, previa valoración de la demanda de cada unidad concreta, resulte imprescindible para garantizar una adecuada asistencia, y siempre que las características específicas de la actividad de que se trate no permitan o aconsejen el establecimiento de turnos de trabajo, el Director del Centro, previo informe de la Comisión Mixta Hospitalaria, establecerá el equipo de guardia necesario para mantener la atención continuada de los pacientes ingresados y de las urgencias internas y externas. Artículo 14 Centros de Especialidades Los centros de especialidades son instituciones sanitarias de atención especializada que prestan sus servicios a la población en régimen ambulatorio, debiendo disponer del equipamiento y recursos sanitarios precisos para tal fin. Su organización y funcionamiento deben permitir la aplicación de criterios de alta resolución de la demanda. Los centros de especialidades se adscribirán a un hospital del Área de salud. CAPÍTULO TERCERO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Artículo 15 Atención Sociosanitaria La prestación de la atención sociosanitaria se prestará a través de las siguientes modalidades: a) Dispositivos sanitarios en régimen de internamiento. b) Unidades de valoración sociosanitaria. Artículo 16 Dispositivos sanitarios en régimen de internamiento Cada Área de Salud, a través del Sector, dispondrá de recursos, bien gestionados directamente, bien puestos a su disposición desde otra Área o entidad, para atender a aquellos enfermos crónicos que requieran internamiento de media estancia, con el objetivo de facilitar su rehabilitación y recuperación. Artículo 17 Unidades de Valoración Sociosanitaria Cada Área de Salud, a través del Sector, contará con una unidad de valoración sociosanitaria a los efectos de valorar y realizar el seguimiento de los pacientes crónicos ingresados en los Centros del Sector o que le sean demandados por los profesionales de atención primaria, y que podrá recomendar las medidas y cuidados más pertinentes a los profesionales responsables de la atención al paciente. Sus funciones respetarán los principios establecidos en el artículo 8 de este Reglamento y su actividad se desarrollará tanto a nivel hospitalario como en domicilio, según las necesidades y prioridades de cada Área de Salud.

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CAPÍTULO CUARTO ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Artículo 18 Atención a la Salud Mental La prestación de la atención a los pacientes de salud mental regulada en el artículo 9 de este Reglamento, se llevará a cabo tanto en los centros de atención primaria como en la red de recursos especializados de salud mental, a través de las siguientes estructuras: - Dispositivos sanitarios. - Dispositivos intermedios o rehabilitadores. Artículo 19 Dispositivos sanitarios El Área de Salud, a través del Sector, podrá contar con los siguientes dispositivos sanitarios para atender a la Salud Mental: a) Centros de salud mental. b) Unidades de hospitalización breve. c) Hospitales de día. d) Unidades especiales o monográficas. Artículo 20 Dispositivos intermedios o rehabilitadores Cada Área de Salud, a través del Sector, podrá disponer de los siguientes dispositivos intermedios o rehabilitadores: a) Centros de rehabilitación psicosocial (Centros de día). b) Unidades rehabilitadoras de media estancia. c) Pisos tutelados. d) Unidades residenciales-rehabilitadoras de larga estancia. Artículo 21 Inserción sociolaboral El Área de Salud impulsará, desde sus propios dispositivos de rehabilitación y mediante la coordinación con los servicios sociales y las entidades de iniciativa social, centros o servicios que faciliten la inserción social y laboral de los pacientes.

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TÍTULO III ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CAPÍTULO PRIMERO CONSEJO RECTOR DEL ÁREA Artículo 22 El Consejo Rector del Área de Salud 1.- El Área de Salud será dirigida por un órgano propio denominado Consejo Rector. 2.- Corresponderá al Consejo Rector del Área de Salud el desarrollo de las siguientes funciones: a.- Formular programas de actuación en el ámbito del Área de Salud, de acuerdo con las directrices establecidas por el Departamento de Salud y Consumo. b.- Formular el anteproyecto del plan de salud del Área. c.- Aprobar, si procede, la memoria anual del Área. d.- Proponer al Departamento de Salud y Consumo el representante del Área de Salud en el consejo de dirección del Servicio Aragonés de Salud. e.- Realizar aquellas funciones que, en materia de ordenación, planificación, programación y evaluación sanitarias, sociosanitarias y de salud pública, y de establecimiento y actualización de acuerdos, convenios y conciertos para la prestación de los servicios les sean delegadas específicamente por el Departamento de Salud y Consumo o por el Servicio Aragonés de Salud. 3.- La composición del Consejo Rector será la siguiente: a.-El Gerente del Sector, que será su presidente a) Cuatro representantes de las corporaciones locales incluidas en el Área, designados por ellas a través de las correspondientes asociaciones de entidades locales de Aragón. b.- Tres representantes de la Administración sanitaria del Sector, designados por el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud. c.- Dos representantes del Departamento de Salud y Consumo, designados por la persona titular del Departamento. CAPÍTULO SEGUNDO ÓRGANOS DEL SECTOR SANITARIO Artículo 23 Órganos del Sector Sanitario El Sector Sanitario se estructura en los siguientes órganos: 203

a) Gerencia del Sector. b) Órganos de Dirección de Centros. c) Órganos Colegiados de Dirección. d) Órganos de Asesoramiento de Centros. e) Órganos de Participación del Sector. SECCIÓN PRIMERA GERENCIA DEL SECTOR Artículo 24 Gerencias del Sector Las Gerencias de Sector son órganos descentralizados, organizativos e instrumentales, del Servicio Aragonés de Salud, que con respeto a las decisiones adoptadas por el Consejo Rector del Área de Salud, gestionan los recursos sanitarios necesarios para la asistencia sanitaria de los centros y unidades de su territorio.

Artículo 25 Competencias de la Gerencia del Sector Bajo la dependencia del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y con respeto a las decisiones adoptadas por el Consejo Rector del Área de Salud, la Gerencia del Sector ejercerá las siguientes competencias: a) La dirección, seguimiento, control y evaluación del funcionamiento de las Unidades de atención primaria, atención especializada, salud mental y atención sociosanitaria en su ámbito territorial. b) La negociación del Contrato de Gestión del Sector con el Servicio Aragonés de Salud. c) El seguimiento, control y evaluación de los objetivos y medidas establecidas en los Contratos de Gestión. d) La adopción de medidas para hacer efectiva la continuidad de la asistencia en las Unidades y Centros del Área, pudiendo adscribirse a la Gerencia del Sector las Unidades de rehabilitación, las de diagnóstico y otras como farmacia, prevención de riesgos laborales y medicina preventiva. e) La dirección y gestión de los recursos humanos, materiales y económico-financieros de las Unidades y Centros del Área. f) La elaboración de la propuesta de presupuesto de gasto así como la memoria anual.

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g) La relación con los usuarios, garantizando las prestaciones y la información que requieran en la utilización de los servicios y el ejercicio de sus derechos. h) La gestión de los sistemas de información de las Unidades y Centros del Área. i) La implantación y evaluación de programas de mejora de la calidad asistencial. j) La coordinación de los programas de formación continuada e investigación con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. k) Cuando razones organizativas y asistenciales así lo aconsejen, el Gerente de Sector podrá autorizar la participación en los turnos de atención continuada de profesionales adscritos a otros centros además de los descritos en la letra d) de este mismo artículo. l) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 26 Estructura de las Gerencias de Sector La estructura de las Gerencias de Sector se fijará en las correspondientes plantillas, de acuerdo con la estructura básica que se establece en los artículos siguientes, según las necesidades territoriales y funcionales de cada una de ellas. Artículo 27 Nombramiento del Gerente del Sector 1.- El Gerente del Sector será designado por la titular del Departamento responsable en materia de Salud a propuesta del Gerente del Servicio Aragonés de Salud. La designación se realizará, previa convocatoria pública, por el procedimiento de libre designación, y podrá declararse el puesto desierto, por acuerdo motivado, cuando no concurran solicitantes idóneos para el desempeño. 2.- El Gerente del Sector podrá ser cesado discrecionalmente por el órgano que acordó el nombramiento. 3.- El desempeño del puesto es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad pública o privada, según lo previsto en la legislación vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 4.- En las convocatorias podrá participar el personal estatutario con plaza en propiedad de los Servicios de Salud, así como los funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Excepcionalmente y de forma subsidiaria este puesto podrá ser provisto mediante convocatoria pública por el personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 5.- No obstante, la provisión del puesto podrá efectuarse con arreglo al régimen del Personal Directivo del artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y su normativa de desarrollo. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 6.- En la convocatoria se fijarán los requisitos mínimos siguientes: 205

a.- Titulación superior universitaria, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales b.- Capacidad adecuada para el desempeño del cargo. c.- No encontrarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, profesionales o de la Seguridad Social. Artículo 28 Órganos dependientes de la Gerencia del Sector 1. Dependiendo directamente del Gerente del Sector se constituyen los siguientes órganos y unidades: a) Director de gestión y servicios generales del Sector y las unidades adscritas. b) Órganos de Dirección de los Centros. c) Unidades Básicas de Prevención de Riesgos Laborales. 2. Podrán depender directamente de la Gerencia del Sector los servicios y unidades de Farmacia, de Rehabilitación y de Diagnóstico: Bioquímica, Microbiología, Inmunología, Radiodiagnóstico, Neurofisiología Clínica, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Genética, y aquellas otras que en su caso se determinen. 3. También podrán depender funcionalmente de la Gerencia del Sector: a) Coordinador de salud mental. b) Coordinador de cuidados del Sector. c) Coordinador del uso racional del medicamento del Sector. d) Coordinadores de: atención al usuario, admisión, documentación, de los sistemas de información, evaluación, calidad y de los programas de formación e investigación. e) Aquellos otros coordinadores que pueda autorizar la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. Artículo 29 Funciones del Director de Gestión y Servicios Generales Corresponde al Director de gestión y servicios generales el ejercicio de las siguientes funciones: a) Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades dependientes de él, proponiendo al Gerente del Sector, en su caso, las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de las mismas. b) Proporcionar a los demás órganos directivos soporte administrativo y técnico específico, así como los servicios generales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 206

c) Efectuar el seguimiento e informar a los demás órganos directivos del grado de ejecución presupuestaria en el ámbito de sus respectivas áreas funcionales, proponiendo las medidas necesarias para su cumplimiento. d) Asumir las funciones no relacionadas directamente con la atención sanitaria que expresamente le deleguen o encomienden. Artículo 30 Subdirectores de Gestión del Sector 1. Cuando las necesidades de gestión así lo aconsejen, podrán crearse las figuras de Subdirectores de Gestión, que serán designados, en su caso, con el mismo procedimiento y requisitos que los señalados para el nombramiento del Director de Gestión en el artículo 32 de este Reglamento. 2. Corresponde a los mencionados subdirectores la organización, dirección y control del funcionamiento de determinadas áreas funcionales, la sustitución del Director de Gestión en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y el ejercicio de las funciones que aquellos expresamente les deleguen o encomienden. Artículo 31 Áreas de actividad Dependen del Director de gestión y servicios generales, entre otras, las siguientes áreas de actividad: - Gestión económica, presupuestaria y financiera. - Gestión administrativa. - Asesoría Jurídica - Gestión de personal. - Suministros. - Hostelería. - Informática. - Obras y mantenimiento. - Otros servicios generales. Artículo 32 Nombramiento del Director de Gestión y Servicios generales El Director de gestión y servicios generales, que deberá ser titulado universitario, tendrá dedicación exclusiva y será nombrado por el Consejero titular del Departamento responsable en materia de Salud, a propuesta del Director-Gerente del Servicio Aragonés de Salud, por el mismo procedimiento y requisitos previstos en el artículo 27 para la provisión de los puestos de Gerente de Sector.

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SECCIÓN SEGUNDA DIRECCIÓN DE CENTROS Artículo 33 Órganos de Dirección de los Centros Dependiendo del Gerente del Sector se constituyen los siguientes órganos de dirección: a) Direcciones de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios. b) Direcciones de enfermería. c) Subdirecciones médicas y de enfermería cuando sean precisas. Artículo 34 Competencias de las Direcciones de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios Corresponde a los Directores de atención primaria, hospital y de otros centros sanitarios el ejercicio de las siguientes competencias: a) La dirección, gestión, coordinación y seguimiento de las Unidades clínicas. b) Establecer el horario de funcionamiento más adecuado para cada Unidad, sin perjuicio de que se puedan establecer turnos de Atención Continuada en aquellas actividades y categorías cuya cobertura no resulte adecuada mediante el establecimiento de turnos de trabajo, de conformidad con los acuerdos sindicales vigentes y oída la Junta de Personal. c) Concertar contratos de gestión clínica anuales con las unidades en el marco del Contrato de Gestión, estableciendo una relación clara entre presupuesto provisional y actividad asistencial, recursos, responsabilidades y resultados. En los Contratos de Gestión Clínica se contemplarán los procesos y actividad que se va a realizar, los recursos adecuados para esa actividad, la oferta de servicios, el nivel de calidad, los resultados esperados, el grado de autonomía de los profesionales y las consecuencias según resultados, en los términos establecidos en el artículo 47. d) Proponer a la Gerencia del Sector la adecuación y organización de los Centros que dirige al objeto de configurar Unidades que faciliten la continuidad de los procesos, la efectividad de los mismos y la satisfacción de los pacientes y que serán reflejados en el marco del Contrato de Gestión. e) Impulsar y desarrollar los programas de formación continuada e investigación. f) Desarrollar e implantar la documentación clínica y sanitaria y garantizar los derechos y deberes legalmente establecidos en materia de información y documentación clínica. g) Establecer las Comisiones Clínicas que se consideren necesarias para favorecer el trabajo en el área de calidad asistencial, una vez oídos los órganos de asesoramiento del centro.

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h) Desempeñar las funciones que expresamente le delegue o encomiende el Gerente del Sector. i) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. Artículo 35 Provisión, requisitos y nombramiento de los Directores de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios 1.- Para el nombramiento de los Directores de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios, se seguirá el procedimiento y los requisitos previstos en el artículo 27 para la provisión de los puestos de Gerente de Sector. 2.- Podrán ser cesados discrecionalmente por el órgano que acordó su nombramiento. 3.- En la convocatoria se fijarán los requisitos mínimos siguientes: a.- Titulación en Medicina y Cirugía para las direcciones de atención primaria y de hospital, Título de Diplomado en Enfermería para las direcciones asistenciales de salud mental y sociosanitaria. b.- Capacidad adecuada para el desempeño del cargo c.- No encontrarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, profesionales o de la Seguridad Social. Artículo 36 Adscripción de áreas de actividad a la Dirección de Atención Primaria Quedan adscritas a la Dirección de Atención Primaria las siguientes áreas de actividad: - Equipos de Atención Primaria. - Unidades de salud buco-dental Artículo 37 Adscripción de áreas de actividad a la Dirección de Hospital Quedan adscritas a la Dirección de hospital las áreas de actividad que se relacionan. Excepcionalmente y en función de las necesidades del servicio, el Gerente del Servicio Aragonés de Salud podrá adscribir directamente estas áreas de actividad a la Gerencia del Sector correspondiente. - Unidades médicas y sus especialidades. - Unidades quirúrgicas y sus especialidades. - Unidades de Obstetricia-Ginecología y de Planificación Familiar. - Unidades de Pediatría y Áreas Específicas. - Unidades de Hospitalización Psiquiátrica y Unidades de Salud Mental.

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- Unidades especiales interdisciplinarias. - Cualquier otra área de actividad donde se desarrollen funciones médico-asistenciales y que no esté adscrita a la Gerencia del Sector. Artículo 38 Direcciones de los Centros de Salud Mental y Sociosanitario Las Direcciones de los Centros de salud mental y de atención sociosanitaria podrán ser asumidas directamente por la Gerencia del Sector o adscritas a los Directores de hospital o de atención primaria según las características de cada Sector y su complejidad. Artículo 39 Direcciones de Enfermería En cada Sector existirá, al menos, una Dirección de Enfermería de atención primaria y otra de hospital Artículo 40 Funciones del Director de Enfermería Corresponde al Director de Enfermería el ejercicio de las siguientes funciones: a) Dirigir, gestionar y coordinar las unidades de enfermería, así como la gestión de cuidados. b) Planificar y evaluar la calidad de los cuidados enfermeros. c) Impulsar y desarrollar los programas de formación continuada e investigación en enfermería. d) Participar junto al Director del Centro en la elaboración y negociación de los Contratos de Gestión Clínica con las unidades. e) Gestionar los recursos humanos y materiales de las unidades de enfermería. f) Desempeñar las funciones que expresamente le delegue o encomiende el Gerente de Sector Artículo 41 Nombramiento del Director de Enfermería 1. El Director de Enfermería que deberá ser Diplomado en Enfermería o enfermero, tendrá dedicación exclusiva y será nombrado por el mismo procedimiento y requisitos previstos para la provisión de los puestos de Gerente de Sector regulado en el artículo 27 de este Reglamento. 2. Podrán ser cesados discrecionalmente por el órgano que acordó su nombramiento. Artículo 42 Actividades del personal de enfermería de áreas adscritas al Director de Enfermería de Atención Primaria Quedan adscritas al Director de Enfermería de atención primaria las actividades del personal de enfermería relacionadas con:

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a.- La coordinación y gestión de los cuidados de enfermería en los diferentes centros, unidades y dispositivos de atención primaria de salud, en el marco de la gestión de los procesos asistenciales y en función de las necesidades de la población.

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b.- La formación continuada de los profesionales de enfermería. c.- El establecimiento de los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de la atención en cuidados de enfermería y especialmente a los pacientes crónicos y dependientes. d.- La gestión de los recursos humanos y materiales relacionados con sus funciones. e.- El ejercicio de las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.

Artículo 43 Actividades del personal de enfermería de áreas adscritas al Director de Enfermería de Hospitales y otros Centros sanitarios Quedan adscritas al Director de Enfermería de Hospitales y Centros Sanitarios las actividades del personal de enfermería de, entre otras, las siguientes áreas: - Unidades de cuidados y hospitalización. - Quirófanos y paritorios. - Unidades centrales. - Esterilización. - Consultas externas. - Urgencias. - Unidades de cuidados especiales. Artículo 44 Subdirectores 1. Cuando las necesidades así lo aconsejen, podrán crearse los puestos de subdirector médico y subdirector de enfermería, que serán designados, en su caso, con el mismo procedimiento y requisitos previstos para la provisión de los puestos de Gerente de Sector regulado en el artículo 27 de este Reglamento. 2. Corresponde a los mencionados subdirectores, bajo la dependencia del Director respectivo, la dirección, gestión, coordinación y seguimiento del funcionamiento de determinadas áreas funcionales, la sustitución de los correspondientes directores en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y el ejercicio de las funciones que aquéllos expresamente les deleguen o encomienden, así como ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 3. Podrán ser cesados discrecionalmente por el órgano que acordó su nombramiento.

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SECCIÓN TERCERA UNIDADES CLÍNICAS Artículo 45 Unidades Clínicas 1. Son Unidades Clínicas los departamentos, servicios, secciones, equipos de atención primaria y unidades funcionales que actualmente dependen directamente de los Directores de los respectivos centros, así como las unidades que se puedan constituir en el futuro con arreglo a lo previsto en esta Sección. 2. Las Unidades Clínicas son las responsables de realizar la gestión clínica, entendiendo ésta como el conjunto de procesos y decisiones clínicas que se producen en la relación entre profesionales y pacientes, y tienen como objeto mejorar la efectividad, la calidad y la satisfacción de los usuarios. Son por tanto unidades organizativas formales con un alto grado de autonomía y responsabilidad en virtud de su desarrollo organizacional, con objetivos de mejora respecto a la consecución de resultados, relación con el paciente, gestión de los recursos, desarrollo profesional y calidad de los servicios y que se caracterizan por: a) Prestar asistencia a los pacientes de acuerdo con una cartera de productos o servicios. b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con los principios de la gestión clínica y la mejora de la eficacia, efectividad y eficiencia, aumentando a la vez la satisfacción de los usuarios. c) Relacionarse con la Dirección del Centro a través de un Contrato de Gestión Clínica en el que se contemplan presupuestos clínicos previsionales y objetivos de actividad, consumo de recursos y resultados, en los términos previstos en el artículo 47. d) Contar con la asignación de objetivos e incentivos comunes. e) Significar un valor añadido en la relación de los servicios sanitarios con el usuario. f) Contar con un responsable único para la unidad. Artículo 46 Responsables de las Unidades Clínicas 1. Son responsables de las Unidades Clínicas el Jefe de Departamento, Servicio o Sección o el coordinador de cada equipo de atención primaria, y bajo su dependencia funcional actuarán todas las personas que con carácter permanente o en actividades concretas colaboren en la prestación de la asistencia correspondiente a dicha unidad o equipo. 2. Los responsables de las Unidades Clínicas dependerán directamente de la dirección del Centro y ejercerán las siguientes funciones: a) Proponer y negociar el Contrato de Gestión Clínica anual con la Dirección del Centro.

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b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos asistenciales, de consumo de recursos y resultados recogidos en el Contrato de Gestión Clínica de su Unidad c) Fijar las líneas e iniciativas para el desarrollo e innovación en la Unidad, tendentes a una mejor utilización y adecuación de los recursos así como nuevas formas organizativas que mejoren la eficiencia de la gestión de los servicios que ofertan y la autonomía y responsabilidad de los profesionales d) Ejercer la dirección funcional y la jefatura, en su caso, de todo el personal adscrito a la Unidad, incluidos el personal sanitario de cupo y zona adscrito a la unidad. e) Responder del correcto funcionamiento de la Unidad así como de la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan asignados. f) Ejecutar las directrices que se establezcan desde los órganos directivos competentes. g) Evaluar la calidad de la atención prestada. Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 3. Cuando dentro de su Sector exista más de un Jefe de Unidad que desarrolle su actividad en el mismo ámbito funcional, el Gerente de Sector podrá nombrar a uno de ellos como responsable del Sector para ese ámbito funcional. Artículo 47 Contrato de Gestión Clínica El contrato de gestión clínica recoge los compromisos de la Unidad Clínica y la Dirección del Centro para cada ejercicio relacionados con la actividad, calidad, responsabilidad, nivel de autonomía y consecuencias respecto a los resultados que se obtengan. Asimismo en él se recogen los mecanismos de seguimiento y control por parte la Dirección. Incluyen específicamente: a) Misión y Líneas estratégicas de la unidad. b) Cartera de clientes: Unidades Clínicas con las que se relacionan, proyecto de gestión de clientes externos e internos. c) Nivel de autonomía respecto a la organización y gestión de la Unidad que puede ejercer el responsable de la unidad. d) Cartera de Servicios: relación de los servicios que prestará la Unidad y plan de comunicación de éstos. e) Previsión de actividad asistencial. f) Recursos de la unidad. g) Objetivos principales de la unidad: de actividad, calidad, satisfacción de usuario, investigación, formación docencia, con la correspondiente definición de los indicadores que se van a monitorizar y nivel que se pretende alcanzar. 213

h) Programas de apoyo a la mejora de la unidad: de formación, investigación, calidad. i) Criterios de regulación de la Unidad: Gestión de personal y Organización Interna. j) Consecuencias según resultados, tanto las de carácter organizativo, como incentivador o como criterio de evaluación de los diferentes responsables. Artículo 48 Creación de nuevas unidades clínicas 1. Las Direcciones de Centros y de atención primaria podrán proponer la creación de nuevas unidades según las características de cada Centro, justificando su constitución en el sentido de mejorar la continuidad de la asistencia, la calidad y efectividad de los servicios, la satisfacción de los ciudadanos, el desarrollo profesional y el desarrollo organizacional del Centro. Estas nuevas unidades podrán ajustarse a los siguientes criterios. a) Desdoblamiento de los actuales Servicios, Secciones o unidades, manteniendo la misma cartera de servicios, aunque con oferta de servicios y usuarios distintos. b) Agrupación de los actuales servicios o secciones en Unidades más amplias. c) Constitución de procedimientos.

Unidades

Monográficas

para

determinados

procesos

o

2. Estas nuevas unidades podrán integrar profesionales de distintas titulaciones y especialidades para mejorar la coordinación de las prestaciones y actividades de la Unidad respecto a la gestión clínica de los procesos. Artículo 49 Unidades de Enfermería 1. Las Unidades de Enfermería se entenderán como unidades intermedias que agrupan a profesionales de enfermería con capacidad profesional para prestar cuidados y asistencia técnica sanitaria bien de forma independiente o bien integradas en una Unidad Clínica. 2. Las unidades de enfermería deberán reunir las siguientes características: a) Contar con la existencia de un responsable de enfermería que asume la representación de la unidad respecto a la dirección y al resto de unidades del Centro. b) Disponer de una cartera de servicios de cuidados de enfermería que provea a los pacientes a cargo de las unidades clínicas. c) Tener capacidad para gestionar los recursos asignados a través de presupuestos clínicos o de cuidados. d) Tener capacidad para tomar decisiones respecto a la oferta de cuidados de enfermería así como sobre los diferentes tipos de recursos necesarios para el funcionamiento de la unidad. e) Asumir competencias respecto a la coordinación con las Unidades Clínicas para establecer estrategias comunes de mejora de los procesos y los servicios básicos del Centro (lavandería, limpieza, alimentación...). 214

f) Acordar con la dirección los objetivos y consecuencias correspondientes con la periodicidad que se establezca, en los términos señalados en el artículo 47. SECCIÓN CUARTA ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Artículo 50 Comisión de Dirección del Sector La Comisión de Dirección estará presidida por el Gerente del Sector y compuesta por los siguientes órganos unipersonales de dirección: Director de gestión y servicios generales, Directores de atención primaria, hospitales y otros centros sanitarios, Directores de enfermería. Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la comisión, cuando sean requeridos, los coordinadores dependientes de la Gerencia del Sector. En el ejercicio de sus funciones deberá respetar las decisiones superiores adoptadas por el respectivo Consejo Rector del Área de Salud. Artículo 51 Funciones de la Comisión de Dirección del Sector 1. La Comisión de Dirección del Sector tendrá como funciones: a) Conocer los objetivos sanitarios y los planes económicos del Sector y todos sus Centros contenidos en los Contratos de Gestión del Sector. b) Aprobar los contratos de gestión clínica y realizar su seguimiento de los mismos. c) Establecer las medidas oportunas para el mejor funcionamiento de las unidades, en el orden sanitario y económico, así como la mejor ordenación y coordinación entre ellas. d) Realizar el seguimiento de las actividades de las Unidades del Sector e) Analizar y formular propuestas sobre el presupuesto anual del Sector y la política de recursos humanos. 2. La Comisión de Dirección podrá aprobar su propio Reglamento de funcionamiento y en su defecto serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados. Artículo 52 Comisión de Dirección de Atención Primaria En cada Dirección de Atención Primaria podrá existir una Comisión de Dirección como órgano de carácter asesor de la Dirección de Atención Primaria. Estará presidida por el Director de Atención Primaria e integrada por la Dirección de Enfermería y los Directores de los Equipos de Atención Primaria. Artículo 53 Funciones de la Comisión de Dirección de Atención Primaria 1. La Comisión de Dirección tendrá como funciones: 215

a.- Asesorar y colaborar con la Dirección de Atención Primaria en los aspectos organizativos y asistenciales, en el establecimiento de las prioridades asistenciales, en la valoración de los resultados obtenidos, en la asignación de recursos y en cualquier otro aspecto que afecte a las unidades de atención primaria dependientes de la Dirección de Atención Primaria que se crean en el contrato de gestión del Sector. b.- Informará la propuesta de Plan de Formación de Profesionales, partiendo de las necesidades detectadas por las diferentes unidades. c.- Realizar el seguimiento de las actividades de las unidades del centro. d.- Análisis y propuestas sobre el presupuesto anual del Centro y la política de recursos humanos. 2. La Comisión de Dirección podrá aprobar su propio Reglamento de funcionamiento y en defecto del mismo serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados. 3. La Comisión de Dirección se reunirá con carácter ordinario, al menos, con una periodicidad mensual y con carácter extraordinario a convocatoria de su Presidente. Artículo 54 Comisión de Dirección de Atención Especializada En cada Centro podrá existir una Comisión de Dirección que estará presidida por el Director y compuesta por los siguientes órganos unipersonales de dirección: Director de Enfermería, Subdirectores médicos y de enfermería en su caso. Asimismo, formará parte de la comisión al menos un miembro de la Dirección de Gestión del Sector. Artículo 55 Funciones de la Comisión de Dirección de Atención Especializada 1. La Comisión de Dirección de Atención Especializada. a) Conocer los objetivos sanitarios y los planes económicos del Centro contenidos en los Contratos de Gestión del Sector. b) Proponer los contratos de gestión clínica y realizar su seguimiento. c) Establecer las medidas oportunas para el mejor funcionamiento de las unidades del Centro, en el orden sanitario y económico, así como la mejor ordenación y coordinación entre las distintas unidades, sin perjuicio atribuidas a otros órganos. d) Realizar el seguimiento de las actividades de las unidades del centro. e) Analizar y formular propuestas sobre el presupuesto anual del Centro y la política de recursos humanos. 2. La Comisión de Dirección podrá aprobar su propio Reglamento de funcionamiento y en defecto del mismo serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados.

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SECCIÓN QUINTA ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE CENTROS Artículo 56 Comisión Técnico Asistencial de Atención Primaria 1. La Comisión Técnico Asistencial de Atención Primaria es el órgano colegiado de asesoramiento y participación de los órganos de Dirección de Atención Primaria en lo relativo a la actividad asistencial, docente y de investigación, facilitando la participación de los profesionales en el mecanismo de toma de decisiones que afecten a sus actividades. 2. La Comisión Técnico Asistencial tendrá la siguiente composición: - El Director de Atención Primaria, que actuará como Presidente - El Director de Enfermería de Atención Primaria - Los Subdirectores Médicos de Atención Primaria y de Enfermería de Atención Primaria, si los hubiera. - Cuatro Médicos de Familia - Dos Pediatras - Seis enfermeros - Un Médico Interno Residente - Un Enfermero Interno Residente - Dos representantes del personal de gestión y servicios 3. Los vocales indicados en el punto anterior, exceptuados los puestos directivos, serán elegidos por votación de los profesionales a quienes en cada caso representen y serán nombrados por el Presidente de la Comisión. Este mismo procedimiento se aplicará en la elección y nombramiento de los representantes del personal de gestión y servicios. 4. Actuará en cada caso de Secretario el vocal que sea designado al efecto por el Presidente de la Comisión. 5. La Comisión Técnico Asistencial tendrá las siguientes funciones: a.- Asesorar a los órganos de Dirección en todo lo relativo a prestación de la atención a los pacientes y usuarios. b.- Proponer a los órganos de dirección el plan anual de necesidades, teniendo en cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias.

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c.- Proponer a los órganos de dirección las decisiones en materia de formación del personal, teniendo en consideración las necesidades del servicio. d.- Estudiar y proponer a los órganos de dirección las actividades en materia de investigación. 6. La Comisión Técnico Asistencial se reunirá al menos con periodicidad trimestral o cuando sea convocada por su presidente. 7. La Comisión Técnico Asistencial podrá aprobar su propio reglamento de funcionamiento y en su defecto, serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados. 8. La Comisión Técnico Asistencial podrá establecer las subcomisiones que crea conveniente para la realización de sus funciones. Artículo 57 Comisión Técnico Asistencial de Hospitales de Atención Especializada 1. La Comisión Técnico Asistencial de Hospitales de Atención Especializada es el órgano colegiado de asesoramiento y participación de los órganos de dirección de los Centros en lo relativo a la actividad asistencial, docente y de investigación, así como de participación de los profesionales en el mecanismo de toma de decisiones que afecten a sus actividades. 2. La Comisión Técnico Asistencial tendrá la siguiente composición: - El Director del Hospital que actuará como presidente. - El Director de enfermería de hospital. - Los Subdirectores médicos de hospital y de enfermería de hospital si los hubiera. - Un Jefe de Servicio o, en su defecto, un Jefe de Sección, por cada una de las áreas de Medicina, Cirugía, Ginecología-Obstetricia y Pediatría, y dos por el área de Servicios Centrales. - Un facultativo especialista de Área por cada una de las Áreas de Medicina, Cirugía, Ginecología-Obstetricia y Pediatría, y dos por el área de Servicios Centrales. - Un facultativo representante de los especialistas en formación en el caso de que el centro cuente con acreditación para la docencia de postgrado (sistema MIR). - Un enfermero especialista en formación en aquellos centros acreditados para la docencia de especialidades. - Un supervisor o diplomado sanitario por cada una de las siguientes áreas: Medicina, Cirugía, Ginecología-Obstetricia, Pediatría y Servicios Centrales. - Dos representantes del personal de Gestión y Servicios.

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3. Los vocales indicados en el punto anterior, exceptuados los puestos directivos, serán elegidos por votación de los profesionales a quienes en cada caso representen y serán nombrados por el Presidente de la Comisión. Este mismo procedimiento se aplicará en la elección y nombramiento de los representantes del personal de gestión y servicios. 4. Actuará en cada caso de Secretario el vocal que sea designado al efecto por el Presidente de la Comisión. 5. La Comisión Técnico Asistencial tendrá las siguientes funciones: - Asesorar a los órganos de dirección en todo lo relativo a la prestación de la atención a los pacientes y usuarios. - Proponer a los órganos de dirección el plan anual de necesidades, teniendo en cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias. - Proponer a los órganos de dirección las decisiones en materia de formación del personal, teniendo en consideración las necesidades del servicio. - Estudiar y proponer a los órganos de dirección las actividades en materia de investigación. 6. La Comisión Técnico Asistencial se reunirá al menos con periodicidad trimestral o cuando sea convocada por su Presidente. 7. La Comisión Técnico Asistencial podrá aprobar su propio Reglamento de funcionamiento y en su defecto serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados. 8. En los casos en que exista más de un Hospital de atención especializada dentro de un Sector, podrá constituirse una única Comisión Técnico Asistencial de Atención Especializada. Artículo 58 Comisión Técnico Asistencial de Centros Socio-Sanitarios 1. En cada Sector, en el caso de que existan centros de este tipo, se constituirá una Comisión Técnico Asistencial Socio-Sanitaria, dependiente de la Dirección Sociosanitaria, como órgano de asesoramiento y participación de los órganos de dirección. 2. Las actuaciones y propuestas que la Comisión Técnico Asistencial eleve a la Dirección deberán ajustarse a los criterios y objetivos sobre actividad, calidad y asignación de recursos que, para cada ejercicio establezca el Contrato de Gestión. 3. La Comisión técnico Asistencial Socio-Sanitaria estará compuesta por: - El Director del centro, que actuará como Presidente. - El Director de Enfermería, si lo hay. - Los Jefes de Servicio, si los hay, o hasta tres representantes de facultativos. 219

- Tres representantes de los supervisores o diplomados de enfermería. - Un facultativo representante de los médicos internos residentes de Geriatría, en el caso de que cuente con acreditación para la docencia de postgrado (sistema MIR). - Un enfermero especialista en formación, en aquellos centros acreditados para la docencia de la especialidad correspondiente. - Dos representantes del personal de gestión y servicios. 4. Los vocales indicados en el punto anterior, exceptuados los puestos directivos, serán elegidos por votación de los profesionales a quienes en cada caso representen y serán nombrados por el Presidente de la Comisión. Este mismo procedimiento se aplicará en la elección y nombramiento de los representantes del personal de gestión y servicios. 5. Actuará en cada caso de Secretario el vocal que sea designado al efecto por el Presidente de la Comisión. 6. La Comisión Técnico Asistencial tendrá las siguientes funciones: - Asesorar a los órganos de dirección en todo lo relativo a la prestación de la atención a los ciudadanos. - Proponer a los órganos de dirección el plan anual de necesidades, teniendo en cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias. - Proponer a los órganos de dirección las decisiones en materia de formación del personal, teniendo en consideración las necesidades del servicio. - Estudiar y proponer a los órganos de dirección las actividades en materia de investigación. 7. La Comisión Técnico Asistencial de Centros Socio-Sanitarios se reunirá al menos con periodicidad trimestral o cuando sea convocada por su Presidente. La Comisión Técnico Asistencial podrá aprobar su propio Reglamento de funcionamiento y en su defecto serán de aplicación las normas de funcionamiento previstas con carácter general para los órganos colegiados Artículo 59 Comisión Técnico Asistencial de Salud Mental 1. En cada Sector, en el caso de que existan centros de este tipo, se constituirá una Comisión Técnico Asistencial de Salud Mental como órgano de asesoramiento de los órganos de dirección 2. Las actuaciones y propuestas que la Comisión Técnico Asistencial eleve a la Dirección deberán ajustarse a los criterios y objetivos sobre actividad, calidad y asignación de recursos que, para cada ejercicio, establezca el Contrato de Gestión del Sector. 3. La Comisión Técnico Asistencial estará compuesta por: 220

- El Director del centro, que actuará como Presidente de la misma. - El Director de enfermería si lo hubiere. - Los Jefes de Servicio, si los hubiere, o hasta tres facultativos para completar hasta tres el número de representantes de facultativos. - Tres Supervisores o diplomados de enfermería para completar hasta tres el número de representantes de enfermería. - Un Licenciado en Psicología o Medicina representante de los médicos internos residentes, en el caso de que cuente con acreditación para la docencia de postgrado (sistema MIR). - Dos representantes del personal de gestión y servicios. - Un enfermero especialista en formación, en aquellos centros acreditados para la docencia de la especialidad de Salud Mental. 4. Los vocales indicados en el punto anterior, exceptuados los puestos directivos, serán elegidos por votación de los profesionales a quienes en cada caso representen y serán nombrados por el Presidente de la Comisión. Este mismo procedimiento se aplicará en la elección y nombramiento de los representantes del personal de gestión y servicios. 5. Actuará en cada caso de Secretario el vocal que sea designado al efecto por el Presidente de la Comisión. 6. La Comisión Técnico Asistencial tendrá las siguientes funciones: - Asesorar a los órganos de dirección en todo lo relativo a la prestación de la atención a los ciudadanos. - Proponer a los órganos de dirección el plan anual de necesidades, teniendo en cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias. - Proponer a los órganos de dirección las decisiones en materia de formación del personal, teniendo en consideración las necesidades del servicio. - Estudiar y proponer a los órganos de dirección las actividades en materia de investigación. 7. La Comisión Técnico Asistencial se reunirá al menos con periodicidad trimestral o cuando sea convocada por su Presidente. Las reglas de funcionamiento serán las previstas en su propio Reglamento y, en su defecto, las establecidas con carácter general para los órganos colegiados. Artículo 60 Comisión Mixta Hospitalaria 1. En cada Hospital se constituirá una Comisión Mixta como órgano de participación y corresponsabilidad de los facultativos. 221

2. Las actuaciones y propuestas que la Comisión Mixta eleve a la Dirección del Centro deberán ajustarse a los criterios y objetivos sobre actividad, calidad y asignación de recursos que, para cada ejercicio, establezca el Contrato de gestión. 3. Las reglas de funcionamiento serán las previstas en su propio Reglamento y, en su defecto, las establecidas con carácter general para los órganos colegiados. 4. La Comisión Mixta estará compuesta por: - Los facultativos del Hospital pertenecientes a la Comisión Técnico Asistencial del Centro. - El Director del Centro, que actuará como Presidente. - Los subdirectores médicos, uno de los cuales actuará como Vicepresidente, sustituyendo al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 5. La Comisión Mixta tendrá aquellas funciones o actividades que le sean propuestas por la Dirección del Centro, o delegadas por la Comisión del Sector. Y en relación al personal facultativo: - Desarrollar y adaptar los criterios y objetivos expresados en el Contrato de Gestión Clínica. - Evaluar e informar los objetivos acordados por la Dirección del Centro en los Contratos de Gestión Clínica. - Conocer y valorar las consecuencias según resultados fijados en los Contratos de Gestión Clínica. - Asesorar a la Dirección del Centro sobre las medidas para desarrollar un proceso progresivo de descentralización a través de la gestión clínica. - Proponer a la Dirección del Centro medidas orientadas a mejorar la coordinación entre las distintas unidades y centros del Sector. - Proponer a la Dirección del Centro los planes de formación e investigación. - Proponer a la Dirección del Centro medidas encaminadas a la adecuación de la política de compras y suministros, así como a la adecuación del equipamiento. 6. La Comisión Mixta podrá establecer subcomisiones para el desarrollo de sus funciones en las distintas áreas de actividad. 7. La Comisión Mixta se reunirá al menos con periodicidad trimestral, previa citación por parte de la Dirección del Centro. 8. Los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta se remitirán a la Comisión de Dirección del Sector quien los tomará en consideración. Si sus propuestas fueran desestimadas, el respectivo acuerdo se adoptará de forma motivada y justificada, comunicándose por escrito al Presidente de la Comisión Mixta Hospitalaria. 222

9. Las reglas de funcionamiento serán las previstas en su propio Reglamento y, en su defecto, las establecidas con carácter general para los órganos colegiados. SECCIÓN SEXTA EL CONSEJO DE SALUD DEL SECTOR SANITARIO Artículo 61 El Consejo de Salud del Sector Sanitario 1. El Consejo de Salud del Sector Sanitario es el órgano colegiado de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión del Sector Sanitario, facilitando la implicación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones para mejorar la gestión de servicios, garantizar los derechos de los usuarios y fomentar la promoción de la Salud. 2. La composición del Consejo de Salud del Sector será la siguiente: a) El Gerente del Sector, que ejercerá la función de presidente del consejo. b) Tres representantes de la Administración Local pertenecientes al sector sanitario, designados por ellos a través de las correspondientes asociaciones de entidades locales de Aragón. c) Tres representantes de los usuarios, designados por el Pleno del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios d) Dos representantes de las organizaciones sindicales designados según los criterios de proporcionalidad y representatividad establecidos en el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical a los efectos de ostentar la representación institucional recogida en su artículo 6.3.a). e) Un representante de la Junta de Personal, designado por ésta entre los representantes de las últimas elecciones sindicales en el ámbito sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón. f) Un representante designado por las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal o de Comunidad Autónoma, de conformidad con la Disposición Adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores.

g) Dos representantes de la Administración sanitaria del Sector, designados por la titular del Departamento responsable en materia de Salud. h) El coordinador o responsable de los Servicios y Unidades de Atención al Usuario del Sector, en representación de la Dirección General de Atención al Usuario. Artículo 62 Atribuciones y funcionamiento del Consejo de Salud de Sector 1. Corresponderá al Consejo de Salud del Sector, en su ámbito territorial, las siguientes atribuciones: 223

a.- Conocer el proyecto de presupuesto y la memoria anual del Sector. b.- Conocer e informar el Contrato de Gestión del Sector, así como los Contratos de Gestión Clínica de los Centros del Sector, realizar propuestas y valorar los resultados obtenidos. c.- Conocer e informar sobre los conciertos y convenios que puedan establecerse con otras Administraciones sanitarias públicas o con el sector privado. d.- Velar por la adecuación de las estructuras y actuaciones sanitaria del Sector al modelo sanitario exigido por la normativa vigente. e.- Conocer y proponer iniciativas que optimicen los sistemas de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles asistenciales y todas aquellas actuaciones que faciliten la accesibilidad de los usuarios al sistema. f.- Velar por el bienestar y la confortabilidad de los usuarios en los Centros del Sector. g.- Asegurar la accesibilidad de los usuarios a los servicios y promover la utilización responsable de los mismos. h.- Analizar la información recogida por las Unidades de Atención al Usuario, planteando propuestas de mejora. i.- Velar para que el sistema garantice los canales de comunicación entre profesionales y usuarios en los diferentes niveles asistenciales y se adecuen a las necesidades del paciente. j.- Velar para que se garanticen los derechos de los usuarios y promover la protección de los derechos de los usuarios, con el fin de recopilar de todos los representantes de la Comisión de Dirección del Sector Sanitario, las quejas y reclamaciones que les hagan llegar sus representantes, analizarlas y formular posibles soluciones a las cuestiones planteadas. k.- Estudiar los problemas sanitarios específicos del Sector establecer prioridades y proponer medidas de mejora, elevando las posible soluciones a la Comisión de dirección del Sector. l.- Conocer el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma y sus adaptaciones periódicas. m.- Velar por el buen uso y utilización de los recursos sanitarios en todos los ámbitos asistenciales manteniendo el respeto a los profesionales sanitarios y no sanitarios que le atienden. n.- Formular propuestas y sugerencias a la Comisión de dirección del Sector Sanitario. o.- Promover la participación comunitaria en el seno del Sector Sanitario, prestando especial atención a la constitución y funcionamiento de de los Consejos de Salud de Zona.

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p.- Recoger y difundir, de forma sistemática, las acciones y proyectos que se generen en los Consejos de Salud de Zona q.- Canalizar las propuestas planteadas por los usuarios a los órganos competentes. r.- Elaborar el reglamento de funcionamiento interno para su aprobación por el Servicio Aragonés de Salud. 2. Los gastos de funcionamiento del Consejo de Salud del Sector se establecerán con cargo al presupuesto del Servicio Aragonés de Salud. 3. El Consejo de Salud del Sector se reunirá, al menos, una vez al trimestre, y siempre que los convoque su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando así lo soliciten la cuarta parte de sus miembros. 4. Las reglas de funcionamiento del Consejo de Salud del Sector, en lo no previsto en los anteriores apartados, serán las previstas con carácter general para los órganos colegiados reguladas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como en el Capítulo V del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.

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TEMA 7 ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD a) Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. • • • • • • •

Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad de personal. Situaciones. Régimen disciplinario.

b) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público. • •

Deberes del empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva.

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a) Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. ESTRUCTURA: •

CAPÍTULO I. Normas generales

•

CAPÍTULO II. Clasificación del personal estatutario

•

CAPÍTULO III. Planificación y ordenación del personal

•

CAPÍTULO IV. Derechos y deberes

•

CAPÍTULO V. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo

•

CAPÍTULO VI. Provisión de plazas, selección y promoción interna

•

CAPÍTULO VII. Movilidad del personal

•

CAPÍTULO VIII. Carrera profesional

•

CAPÍTULO IX. Retribuciones

•

CAPÍTULO X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

•

CAPÍTULO XI. Situaciones del personal estatutario

•

CAPÍTULO XII. Régimen disciplinario

•

CAPÍTULO XIII. Incompatibilidades

•

CAPÍTULO XIV. Representación, participación y negociación colectiva

Capítulo I: Introducción. El Personal Estatutario de los Servicios de Salud en Aragón se rige por la Ley del Parlamento aragonés 55/2003. Así se establece como objeto, ámbito de aplicación, normas sobre personal estatutario y principios y criterios de ordenación del régimen estatutario: Artículo 1 Objeto Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado.

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2. En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente. 3. Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por entidades creadas por las distintas comunidades autónomas para acoger los medios y recursos humanos y materiales procedentes de los procesos de transferencias del Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplicables al personal laboral de cada comunidad autónoma. Artículo 3 Normas sobre personal estatutario En desarrollo de la normativa básica contenida en esta ley, el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobarán los estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario de cada servicio de salud. Para la elaboración de dichas normas, cuyas propuestas serán objeto de negociación en las mesas correspondientes en los términos establecidos en el capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, los órganos en cada caso competentes tomarán en consideración los principios generales establecidos en el artículo siguiente, las peculiaridades propias del ejercicio de las profesiones sanitarias, y las características organizativas de cada servicio de salud y de sus diferentes centros e instituciones. Artículo 4 Principios y criterios de ordenación del régimen estatutario La ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud se rige por los siguientes principios y criterios: a) Sometimiento pleno a la ley y el derecho. b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario. c) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo. d) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. e) Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones. f) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. 229

g) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus centros e instituciones. h) Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios. i) Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia. j) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas. k) Participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo, a través de la negociación en las mesas correspondientes.

Capítulo II- Clasificación del personal estatutario Artículo 5 Criterios de clasificación del personal estatutario El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento. Artículo 6 Personal estatutario sanitario 1. Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. 2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario sanitario se clasifica de la siguiente forma: a) Personal de formación universitaria: quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título de especialista. Este personal se divide en: 1.º Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud. 2.º Licenciados sanitarios. 3.º Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud. 4.º Diplomados sanitarios. b) Personal de formación profesional: quienes ostenten la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de profesiones o actividades profesionales sanitarias, cuando se exija una concreta titulación de formación profesional. Este personal se divide en:

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1.º Técnicos superiores. 2.º Técnicos. Artículo 7 Personal estatutario de gestión y servicios 1. Es personal estatutario de gestión y servicios quien ostenta tal condición en virtud de nombramiento expedido para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario. 2. La clasificación del personal estatutario de gestión y servicios se efectúa, en función del título exigido para el ingreso, de la siguiente forma: a) Personal de formación universitaria. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en: 1.º Licenciados universitarios o personal con título equivalente. 2.º Diplomados universitarios o personal con título equivalente. b) Personal de formación profesional. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en: 1.º Técnicos superiores o personal con título equivalente. 2.º Técnicos o personal con título equivalente. c) Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente. Artículo 8 Personal estatutario fijo Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven. Artículo 9 Personal estatutario temporal 1. Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario temporal. Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. 2. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.

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Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada. 3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos: a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios. c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron. Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. 4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza. Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función. 5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.

Capítulo IV- Derechos y Deberes Artículo 17 Derechos individuales 1. El personal estatutario de los servicios de salud ostenta los siguientes derechos: a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento. b) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en cada caso establecidas. c) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones.

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d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habitual, y a la información y formación específica en esta materia conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. e) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables. f) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, sus compañeros y sus subordinados. g) Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y permisos en los términos que se establezcan. h) A recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones. i) Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan. j) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos. k) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. l) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso aplicables. m) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables. 2. El régimen de derechos establecido en el apartado anterior será aplicable al personal temporal, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita. Artículo 18 Derechos colectivos El personal estatutario ostenta, en los términos establecidos en la Constitución y en la legislación específicamente aplicable, los siguientes derechos colectivos: a) A la libre sindicación. b) A la actividad sindical. c) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población. d) A la negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 233

e) A la reunión. f) A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. Artículo 19 Deberes El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico. b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables. c) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de formación continuada. d) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. e) Participar y colaborar eficazmente, en el nivel que corresponda en función de su categoría profesional, en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la que preste servicios. f) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. g) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el funcionamiento de las instituciones, centros y servicios. h) Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles. i) Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, su libre disposición en las decisiones que le conciernen y el resto de los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables, así como a no realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e instituciones sanitarias accedan a los mismos.

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j) Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y documentación relativa a los centros sanitarios y a los usuarios obtenida, o a la que tenga acceso, en el ejercicio de sus funciones. k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras personas. l) Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos en la correspondiente institución, centro o servicio de salud. m) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia. n) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. ñ) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Capítulo V- Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Artículo 20 Adquisición de la condición de personal estatutario fijo 1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación de las pruebas de selección. b) Nombramiento conferido por el órgano competente. c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria. 2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, no podrán ser nombrados, y quedarán sin efecto sus actuaciones, quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 3. La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá el decaimiento de su

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derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo. Artículo 21 Pérdida de la condición de personal estatutario fijo Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: a) La renuncia. b) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. e) La jubilación. f) La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta ley. Artículo 22 Renuncia 1. La renuncia a la condición de personal estatutario tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. La renuncia será aceptada en dicho plazo, salvo que el interesado esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. 2. La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos. Artículo 23 Pérdida de la nacionalidad La pérdida de la nacionalidad española, o de la de otro Estado tomada en consideración para el nombramiento, determina la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. Artículo 24 Sanción de separación del servicio La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de la condición de personal estatutario. Artículo 25 Penas de inhabilitación absoluta o especial La pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiera adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público si afecta al correspondiente nombramiento. Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de seis años. 236

Artículo 26 Jubilación 1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria. 2. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años. No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos. 3. Procederá la prórroga en el servicio activo, a instancia del interesado, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete el tiempo de cotización necesario para causar pensión de jubilación, sea cual sea el importe de la misma, y su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. 4. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total o parcial, el personal estatutario que reúna los requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos para el personal estatutario que se acoja a esta jubilación como consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos. Téngase en cuenta el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2012, 28 diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria («B.O.P.A.» 29 diciembre), sobre la adaptación del régimen de jubilación forzosa del personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Artículo 27 Incapacidad permanente La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social, produce la pérdida de la condición de personal estatutario.

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Artículo 28 Recuperación de la condición de personal estatutario fijo 1. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la causa que la motivó. 2. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social. Si la revisión se produce dentro de los dos años siguientes a la fecha de la declaración de incapacidad, el interesado tendrá derecho a incorporarse a plaza de la misma categoría y área de salud en que prestaba sus servicios. 3. La recuperación de la condición de personal estatutario, salvo en el caso previsto en el último párrafo del apartado anterior, supondrá la simultánea declaración del interesado en la situación de excedencia voluntaria. El interesado podrá reincorporarse al servicio activo a través de los procedimientos previstos en el artículo 69, sin que sea exigible tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria.

Capítulo VI- Provisión de plazas, selección y promoción interna. Artículo 29 Criterios generales de provisión 1. La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos: a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud. b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros. d) Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas. f) Participación, a través de la negociación en las correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales especialmente en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del número de las plazas convocadas y de la periodicidad de las convocatorias. 2. La provisión de plazas del personal estatutario se realizará por los sistemas de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, así como por reingreso al servicio activo en los supuestos y mediante el procedimiento que en cada servicio de salud se establezcan. 238

3. En cada servicio de salud se determinarán los puestos que puedan ser provistos mediante libre designación. 4. Los supuestos y procedimientos para la provisión de plazas que estén motivados o se deriven de reordenaciones funcionales, organizativas o asistenciales se establecerán en cada servicio de salud conforme a lo previsto en el artículo 12.3. Artículo 30 Convocatorias de selección y requisitos de participación 1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará, con carácter periódico, en el ámbito que en cada servicio de salud se determine, a través de convocatoria pública y mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de competencia. Las convocatorias se anunciarán en el boletín o diario oficial de la correspondiente Administración pública. 2. Los procedimientos de selección, sus contenidos y pruebas se adecuarán a las funciones a desarrollar en las correspondientes plazas incluyendo, en su caso, la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la respectiva comunidad autónoma en la forma que establezcan las normas autonómicas de aplicación. 3. Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas. Las convocatorias y sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas indicando, al menos, su número y características, y especificarán las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas de selección, los baremos y programas aplicables a las mismas y el sistema de calificación. 5. Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será necesario reunir los siguientes requisitos: a) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. b) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. d) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 239

ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. 6. En las convocatorias para la selección de personal estatutario se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para la función pública, de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de cada servicio de salud, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. El acceso a la condición de personal estatutario de las personas con discapacidad se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de las pruebas de selección a las necesidades específicas y singularidades de estas personas. Artículo 31 Sistemas de selección 1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de concurso-oposición. La selección podrá realizarse a través del sistema de oposición cuando así resulte más adecuado en función de las características socio-profesionales del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desarrollar. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen, la selección podrá realizarse por el sistema de concurso. 2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas dirigidas a evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su orden de prelación. La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar la oposición o cada uno de sus ejercicios. 3. El concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones a través de la valoración con arreglo a baremo de los aspectos más significativos de los correspondientes currículos, así como a establecer su orden de prelación. La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar el concurso o alguna de sus fases.

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4. Los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a nombramientos de personal sanitario se dirigirán a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes a través de la valoración, entre otros aspectos, de su currículo profesional y formativo, de los más significativos de su formación pregraduada, especializada y continuada acreditada, de la experiencia profesional en centros sanitarios y de las actividades científicas, docentes y de investigación y de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud. 5. El concurso-oposición consistirá en la realización sucesiva, y en el orden que la convocatoria determine, de los dos sistemas anteriores. 6. Los servicios de salud determinarán los supuestos en los que será posible, con carácter extraordinario y excepcional, la selección del personal a través de un concurso, o un concursooposición, consistente en la evaluación no baremada de la competencia profesional de los aspirantes, evaluación que realizará un tribunal, tras la exposición y defensa pública por los interesados de su currículo profesional, docente, discente e investigador, de acuerdo con los criterios señalados en el anterior apartado 4. 7. Si así se establece en la convocatoria, y como parte del proceso selectivo, aspirantes seleccionados en la oposición, concurso o concurso-oposición deberán superar un período formativo, o de prácticas, antes de obtener nombramiento como personal estatutario fijo. Durante dicho período, que no será aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija título académico o profesional específico, los interesados ostentarán la condición de aspirantes en prácticas. 8. En el ámbito de cada servicio de salud se regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección, que serán de naturaleza colegiada y actuarán de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia. Sus miembros deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados y de la abstención y recusación de sus miembros. Artículo 32 Nombramientos de personal estatutario fijo 1. Los nombramientos como personal estatutario fijo serán expedidos a favor de los aspirantes que obtengan mayor puntuación en el conjunto de las pruebas y evaluaciones. 2. Los nombramientos serán publicados en la forma que se determine en cada servicio de salud. 3. En el nombramiento se indicará expresamente el ámbito al que corresponde, conforme a lo previsto en la convocatoria y en las disposiciones aplicables en cada servicio de salud. Artículo 33 Selección de personal temporal 1. La selección del personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en los principios 241

de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad y que serán establecidos previa negociación en las mesas correspondientes. En todo caso, el personal estatutario temporal deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 30.5 de esta ley. 2. El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a un período de prueba, durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes. El período de prueba no podrá superar los tres meses de trabajo efectivo en el caso de personal previsto en los artículos 6.2.a) y 7.2.a) de esta ley, y los dos meses para el resto del personal. En ningún caso el período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo. Estará exento del período de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización de funciones de las mismas características en el mismo servicio de salud en los dos años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento. Artículo 34 Promoción interna 1. Los servicios de salud facilitarán la promoción interna del personal estatutario fijo a través de las convocatorias previstas en esta ley y en las normas correspondientes del servicio de salud. 2. El personal estatutario fijo podrá acceder, mediante promoción interna y dentro de su servicio de salud de destino, a nombramientos correspondientes a otra categoría, siempre que el título exigido para el ingreso sea de igual o superior nivel académico que el de la categoría de procedencia, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos títulos. 3. Los procedimientos para la promoción interna se desarrollarán de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad y por los sistemas de oposición, concurso o concursooposición. Podrán realizarse a través de convocatorias específicas si así lo aconsejan razones de planificación o de eficacia en la gestión. 4. Para participar en los procesos selectivos para la promoción interna será requisito ostentar la titulación requerida y estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia. 5. No se exigirá el requisito de titulación para el acceso a las categorías incluidas en el artículo 7.2.b) de esta ley, salvo que sea necesaria una titulación, acreditación o habilitación profesional específica para el desempeño de las nuevas funciones, siempre que el interesado haya prestado servicios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la titulación exigida en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que aspira a ingresar. 6. El personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá preferencia para la elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.

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Artículo 35 Promoción interna temporal 1. Por necesidades del servicio y en los supuestos y bajo los requisitos que al efecto se establezcan en cada servicio de salud, se podrá ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal, y con carácter voluntario, de funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre que ostente la titulación correspondiente. Estos procedimientos serán objeto de negociación en las mesas correspondientes. 2. Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento original. 3. El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la obtención de nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en el artículo anterior.

Capítulo VII- Movilidad del personal. Artículo 36 Movilidad por razón del servicio El personal estatutario, previa resolución motivada y con las garantías que en cada caso se dispongan, podrá ser destinado a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento de conformidad con lo que establezcan las normas o los planes de ordenación de recursos humanos de su servicio de salud, negociadas en las mesas correspondientes. Artículo 37 Movilidad voluntaria 1. Con el fin de garantizar la movilidad en términos de igualdad efectiva del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, procederá, con carácter previo, a la homologación de las distintas clases o categorías funcionales de personal estatutario, en cuanto resulte necesario para articular dicha movilidad entre los diferentes servicios de salud. 2. Los procedimientos de movilidad voluntaria, que se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada dos años, en cada servicio de salud, estarán abiertos a la participación del personal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad, así como, en su caso, de la misma modalidad, del resto de los servicios de salud, que participarán en tales procedimientos con las mismas condiciones y requisitos que el personal estatutario del servicio de salud que realice la convocatoria. Se resolverán mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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3. Cuando de un procedimiento de movilidad se derive cambio en el servicio de salud de destino, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 4. Los destinos obtenidos mediante sistemas de movilidad voluntaria son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración pública. 5. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, y será declarado en dicha situación por el servicio de salud en que prestaba servicios, quien no se incorpore al destino obtenido en un procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del interesado, por el servicio de salud que efectuó la convocatoria, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron. Artículo 38 Coordinación y colaboración en las convocatorias En las distintas convocatorias de provisión, selección y movilidad, cuando tales convocatorias afecten a más de un servicio de salud, deberá primar el principio de colaboración entre todos los servicios de salud, para lo cual la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los criterios y principios que resulten procedentes en orden a la periodicidad y coordinación de tales convocatorias. Artículo 39 Comisiones de servicio 1. Por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, podrá ser cubierto en comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad. En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, salvo que sean inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se percibirán éstas. 2. El personal estatutario podrá ser destinado en comisión de servicios, con carácter temporal, al desempeño de funciones especiales no adscritas a una determinada plaza o puesto de trabajo. En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones de su plaza o puesto de origen. 3. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen.

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Capítulo XI- Situaciones. Artículo 62 Situaciones 1. El régimen general de situaciones del personal estatutario fijo comprende las siguientes: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicios bajo otro régimen jurídico. d) Excedencia por servicios en el sector público. e) Excedencia voluntaria. f) Suspensión de funciones. 2. Las comunidades autónomas podrán establecer los supuestos de concesión y el régimen relativo a las situaciones de expectativa de destino, excedencia forzosa y excedencia voluntaria incentivada, así como los de otras situaciones administrativas aplicables a su personal estatutario dirigidas a optimizar la planificación de sus recursos humanos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12. 3. Será aplicable al personal estatutario la situación de excedencia para el cuidado de familiares establecida para los funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Artículo 63 Servicio activo 1. El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal, o cuando desempeñe funciones de gestión clínica, cualquiera que sea el servicio de salud, institución o centro en el que se encuentre destinado, así como cuando desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos de las Administraciones públicas abierto al personal estatutario. Número 1 del artículo 63 redactado por el apartado uno de la disposición final quinta de la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios («B.O.E.» 25 julio).Vigencia: 26 julio 2013 2. El personal que se encuentre en situación de servicio activo goza de todos los derechos y queda sometido a todos los deberes inherentes a su condición, y se regirá por esta ley y las normas correspondientes al personal estatutario del servicio de salud en que preste servicios. 3. Se mantendrán en la situación de servicio activo, con los derechos que en cada caso correspondan, quienes estén en comisión de servicios, disfruten de vacaciones o permisos o se 245

encuentren en situación de incapacidad temporal, así como quienes reciban el encargo temporal de desempeñar funciones correspondientes a otro nombramiento conforme a lo previsto en el artículo 35. 4. Se mantendrán en servicio activo, con las limitaciones de derechos que se establecen en el artículo 75 de esta ley y las demás que legalmente correspondan, quienes sean declarados en suspensión provisional de funciones. Artículo 64 Servicios especiales 1. El personal estatutario será declarado en situación de servicios especiales en los supuestos establecidos con carácter general para los funcionarios públicos, así como cuando acceda a plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia o a puesto directivo de las organizaciones internacionales, de las Administraciones públicas, de los servicios de salud o de instituciones o centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Quien se encuentre en la situación de servicios especiales prevista en este apartado tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, al percibo de trienios y a la reserva de la plaza de origen. 2. También será declarado en situación de servicios especiales el personal estatutario que sea autorizado por la Administración pública competente, por periodos superiores a seis meses, para prestar servicios o colaborar con organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas de cooperación, o para cumplir misiones en programas de cooperación nacional o internacional. Quien se encuentre en la situación de servicios especiales prevista en este apartado tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y a la reserva de la plaza de origen. Artículo 65 Servicios bajo otro régimen jurídico 1. Pasarán a la situación de servicios bajo otro régimen jurídico quienes acepten la oferta de cambio de su relación de empleo que efectúen los servicios de salud al personal estatutario fijo, para prestar servicios en un centro cuya gestión sea asumida bien por una entidad creada o participada en un mínimo de la mitad de su capital por el propio servicio de salud o comunidad autónoma, bien por otras entidades surgidas al amparo de nuevas fórmulas de gestión promovidas por el servicio de salud o comunidad autónoma y creadas al amparo de la normativa que las regule. 2. El personal en situación de servicios bajo otro régimen jurídico tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad. Durante los tres primeros años se ostentará derecho para la reincorporación al servicio activo en la misma categoría y área de salud de origen o, si ello no fuera posible, en áreas limítrofes con aquélla. Artículo 65 bis Servicios de gestión clínica Se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al personal estatutario fijo que acepte voluntariamente el cambio en su relación de empleo que se le oferte por los servicios de salud para acceder a estas funciones, cuando la naturaleza de las instituciones donde se 246

desarrollen las funciones de gestión clínica no permitan que preste sus servicios como personal estatutario fijo en activo. En esta situación, este personal tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen. Artículo 65 bis introducido por el apartado dos de la disposición final quinta de la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios («B.O.E.» 25 julio).Vigencia: 26 julio 2013 Artículo 66 Excedencia por prestar servicios en el sector público 1. Procederá declarar al personal estatutario en excedencia por prestación de servicios en el sector público: a) Cuando presten servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario o como personal laboral, en cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna autorización de compatibilidad. b) Cuando presten servicios en organismos públicos y no les corresponda quedar en otra situación. 2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas entidades en las que la participación directa o indirecta de las Administraciones públicas sea igual o superior al 50 por ciento o, en todo caso, cuando las mismas posean una situación de control efectivo. 3. El personal estatutario excedente por prestación de servicios en el sector público no devengará retribuciones, y el tiempo de permanencia en esta situación les será reconocido a efectos de trienios y carrera profesional, en su caso, cuando reingresen al servicio activo. Artículo 67 Excedencia voluntaria 1. La situación de excedencia voluntaria se declarará de oficio o a solicitud del interesado, según las reglas siguientes: a) Podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite por interés particular. Para obtener el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio, debiendo motivarse, en su caso, su denegación. No podrá concederse la excedencia voluntaria por interés particular a quien esté sometido a un expediente disciplinario.

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b) Se concederá la excedencia voluntaria por agrupación familiar al personal estatutario que así lo solicite y cuyo cónyuge resida en otra localidad fuera del ámbito del nombramiento del interesado, por haber obtenido y estar desempeñando plaza con carácter fijo como personal del Sistema Nacional de Salud, como funcionario de carrera o personal laboral de cualquier Administración pública. c) Procederá declarar de oficio en excedencia voluntaria al personal estatutario cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine en cada servicio de salud. 2. En los supuestos previstos en los párrafos a) y c) del apartado anterior, el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria será de dos años. 3. El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de carrera profesional o trienios. 4. El personal estatutario podrá ser declarado en la situación de excedencia temporal en los términos y con los efectos establecidos por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Número 4 del artículo 67 introducido por la disposición final sexta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («B.O.E.» 2 junio).Vigencia: 2 diciembre 2011 Artículo 68 Suspensión de funciones 1. El personal declarado en la situación de suspensión firme quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición. 2. La suspensión firme determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 3. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión por condena criminal se impondrá como pena, en los términos acordados en la sentencia. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 4. El personal declarado en la situación de suspensión firme de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración pública, ni en los organismos públicos o en las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, ni en las entidades públicas sujetas a derecho privado o fundaciones sanitarias, durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

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Artículo 69 Reingreso al servicio activo 1. Con carácter general, el reingreso al servicio activo será posible en cualquier servicio de salud a través de los procedimientos de movilidad voluntaria a que se refiere el artículo 37 de esta ley. 2. El reingreso al servicio activo también procederá en el servicio de salud de procedencia del interesado, con ocasión de vacante y carácter provisional, en el ámbito territorial y en las condiciones que en cada servicio de salud se determinen. La plaza desempeñada con carácter provisional será incluida en la primera convocatoria para la movilidad voluntaria que se efectúe. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.c) de esta ley cuando las circunstancias que concurran así lo aconsejen, a criterio de cada servicio de salud, institución o centro de destino se podrá facilitar al profesional reincorporado al servicio activo la realización de un programa específico de formación complementaria o de actualización de los conocimientos, técnicas, habilidades y aptitudes necesarias para ejercer adecuadamente su profesión o desarrollar las actividades y funciones derivadas de su nombramiento. El seguimiento de este programa no afectará a la situación ni a los derechos económicos del interesado.

Capítulo XII- Régimen disciplinario. Artículo 70 Responsabilidad disciplinaria El personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. Artículo 71 Principios de la potestad disciplinaria 1. El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes. 2. Los órganos competentes de cada servicio de salud ejercerán la potestad disciplinaria por las infracciones que cometa su personal estatutario, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o penal que pueda derivarse de tales infracciones. 3. La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud en el que el interesado se encuentre prestando servicios en el momento de comisión de la falta, con independencia del servicio de salud en el que inicialmente obtuvo su nombramiento. Las sanciones que, en su caso, se impongan tendrán validez y eficacia en todos los servicios de salud. 4. Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 5. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a los servicios de salud. 249

6. Sólo podrán sancionarse las acciones u omisiones que, en el momento de producirse, constituyan infracción disciplinaria. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 7. Entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá existir la adecuada proporcionalidad. 8. La cancelación de las sanciones disciplinarias impedirá la apreciación de reincidencia. Artículo 72 Clases y prescripción de las faltas 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al respectivo Estatuto de Autonomía en el ejercicio de sus funciones. b) Toda actuación que suponga discriminación por razones ideológicas, morales, políticas, sindicales, de raza, lengua, género, religión o circunstancias económicas, personales o sociales, tanto del personal como de los usuarios, o por la condición en virtud de la cual éstos accedan a los servicios de las instituciones o centros sanitarios. c) El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios. d) El abandono del servicio. e) La falta de asistencia durante más de cinco días continuados o la acumulación de siete faltas en dos meses sin autorización ni causa justificada. f) El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios. g) La desobediencia notoria y manifiesta a las órdenes o instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan una infracción manifiesta y clara y terminante de un precepto de una ley o de otra disposición de carácter general. h) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones. i) La negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas por las Administraciones públicas o servicios de salud cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. j) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga.

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k) La realización de actuaciones manifiestamente ilegales en el desempeño de sus funciones, cuando causen perjuicio grave a la Administración, a las instituciones y centros sanitarios o a los ciudadanos. l) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. m) La prevalencia de la condición de personal estatutario para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros, y especialmente la exigencia o aceptación de compensación por quienes provean de servicios o materiales a los centros o instituciones. n) Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales. ñ) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga o a impedir el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales durante la misma. o) La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones. p) El acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje. q) La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. r) La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud para la realización de actividades o funciones ajenas a dichos servicios. s) La inducción directa, a otro u otros, a la comisión de una falta muy grave, así como la cooperación con un acto sin el cual una falta muy grave no se habría cometido. t) El exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado o al servicio. u) La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección. 3. Tendrán consideración de faltas graves: a) La falta de obediencia debida a los superiores. b) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

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c) El incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios cuando no constituya falta muy grave. d) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. e) El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo. f) Los daños o el deterioro en las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable. g) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave. h) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. i) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes. j) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. k) La falta injustificada de asistencia durante más de tres días continuados, o la acumulación de cinco faltas en dos meses, computados desde la primera falta, cuando no constituyan falta muy grave. l) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. m) La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas para la prevención de riesgos laborales, cuando haya información y formación adecuadas y los medios técnicos indicados, así como el descuido en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección. n) El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas muy graves, así como la inducción directa, a otro u otros, a la comisión de una falta grave y la cooperación con un acto sin el cual una falta grave no se habría cometido. 4. Tendrán consideración de faltas leves: a) El incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo, cuando no constituya falta grave.

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b) La falta de asistencia injustificada cuando no constituya falta grave o muy grave. c) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. d) El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud, Administración o usuarios. e) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud. f) El incumplimiento de sus deberes u obligaciones, cuando no constituya falta grave o muy grave. g) El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas graves. 5. Las comunidades autónomas podrán, por norma con rango de ley, establecer otras faltas además de las tipificadas en los apartados anteriores. 6. Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido y se interrumpirá desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste estuviera paralizado más de tres meses por causa no imputable al interesado. Artículo 73 Clases, anotación, prescripción y cancelación de las sanciones 1. Las faltas serán corregidas con las siguientes sanciones: a) Separación del servicio. Esta sanción comportará la pérdida de la condición de personal estatutario y sólo se impondrá por la comisión de faltas muy graves. Durante los seis años siguientes a su ejecución, el interesado no podrá concurrir a las pruebas de selección para la obtención de la condición de personal estatutario fijo, ni prestar servicios como personal estatuario temporal. Asimismo, durante dicho período, no podrá prestar servicios en ninguna Administración pública ni en los organismos públicos o en las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas ni en las entidades públicas sujetas a derecho privado y fundaciones sanitarias. b) Traslado forzoso con cambio de localidad, sin derecho a indemnización y con prohibición temporal de participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse a la localidad de procedencia hasta un máximo de cuatro años. Esta sanción sólo podrá imponerse como consecuencia de faltas muy graves. c) Suspensión de funciones. Cuando esta sanción se imponga por faltas muy graves, no podrá superar los seis años ni será inferior a los dos años. Si se impusiera por faltas graves, no superará los dos años. Si la suspensión no supera los seis meses, el interesado no perderá su destino. d) Traslado forzoso a otra institución o centro sin cambio de localidad, con prohibición temporal, hasta un máximo de dos años, de participar en procedimientos de movilidad 253

para reincorporarse al centro de procedencia. Esta sanción sólo podrá imponerse como consecuencia de faltas graves. e) Apercibimiento, que será siempre por escrito, y sólo se impondrá por faltas leves. 2. Las comunidades autónomas, por la norma que en cada caso proceda, podrán establecer otras sanciones o sustituir las indicadas en el apartado anterior. 3. La determinación concreta de la sanción, dentro de la graduación que se establece en el apartado 1, se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantificándolo en términos económicos cuando sea posible, y la reiteración o reincidencia. 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y a los seis meses las que correspondan a faltas leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su ejecución ya hubiera comenzado. Se interrumpirá cuando se inicie, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta y volverá a correr de nuevo si el procedimiento se paraliza durante más de seis meses por causa no imputable al interesado. 5. Las sanciones disciplinarias firmes que se impongan al personal estatutario se anotarán en su expediente personal. Las anotaciones se cancelaran de oficio conforme a los siguientes periodos, computados desde el cumplimiento de la sanción: a) Seis meses para las sanciones impuestas por faltas leves. b) Dos años para las sanciones impuestas por faltas graves. c) Cuatro años para las sanciones impuestas por faltas muy graves. 6. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las anotaciones canceladas. Artículo 74 Procedimiento disciplinario 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento establecido en la correspondiente Administración pública. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso. 2. El procedimiento disciplinario se ajustará, en todos los servicios de salud, a los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal, y deberá garantizar al interesado, además de los reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos:

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a) A la presunción de inocencia. b) A ser notificado del nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, así como a recusar a los mismos. c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. d) A formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento. e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos. f) A ser asesorado y asistido por los representantes sindicales. g) A actuar asistido de letrado. Artículo 75 Medidas provisionales 1. Como medida cautelar, y durante la tramitación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o de un expediente judicial, podrá acordarse mediante resolución motivada la suspensión provisional de funciones del interesado. 2. Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá las retribuciones básicas. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento. Si el expediente finaliza con la sanción de separación del servicio o con la de suspensión de funciones, sus efectos se retrotraerán a la fecha de inicio de la suspensión provisional. Si el expediente no finaliza con la suspensión de funciones ni se produce la separación del servicio, el interesado se reincorporará al servicio activo en la forma en que se establezca en la correspondiente resolución y tendrá derecho a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir, tanto básicas como complementarias, incluidas las de carácter variable que hubieran podido corresponder. 3. Se podrá acordar la suspensión provisional, como medida cautelar, cuando se hubiera dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral conforme a las normas procesales penales, cualquiera que sea la causa del mismo. En este caso, la duración de la suspensión provisional se extenderá, como máximo, hasta la resolución del procedimiento y el interesado tendrá derecho a la percepción de las retribuciones básicas en las condiciones previstas en el apartado anterior. 4. Procederá la declaración de la suspensión provisional, sin derecho a la percepción de retribuciones, con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial y durante el tiempo que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez, siempre que

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determinen la imposibilidad de desempeñar las funciones derivadas del nombramiento durante más de cinco días consecutivos. 5. Las comunidades autónomas, mediante la norma que resulte procedente, podrán establecer otras medidas provisionales para los supuestos previstos en este artículo.

Capítulo XIII- Incompatibilidades. Artículo 76 Régimen general Resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos, con las normas específicas que se determinan en esta ley. En relación al régimen de compatibilidad entre las funciones sanitarias y docentes, se estará a lo que establezca la legislación vigente. Artículo 77 Normas específicas 1. Será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en régimen de concurrencia competitiva al amparo de programas oficiales de formación y perfeccionamiento del personal, siempre que para participar en tales acciones se requiera la previa propuesta favorable del servicio de salud en el que se esté destinado y que las bases de la convocatoria no establezcan lo contrario. 2. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario. A estos efectos, los servicios de salud regularán los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para dicha solicitud. 3. La percepción de pensión de jubilación por un régimen público de Seguridad Social será compatible con la situación del personal emérito a que se refiere la disposición adicional cuarta. Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual. 4. La percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con las retribuciones derivadas de una actividad a tiempo parcial.

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b) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público. Deberes del empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva. Estructura: •

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación

•

TÍTULO II. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas

•

TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos CAPÍTULO IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

•

TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio

•

TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional

•

TÍTULO VI. Situaciones administrativas

•

TÍTULO VII. Régimen disciplinario

•

TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas

INTRODUCCIÓN: El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), se regula en la Ley 7/2007 de ámbito estatal. Establece en su Título I como objeto y ámbito de aplicación: Artículo 1 Objeto 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 257

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. h) Transparencia. i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: - La Administración General del Estado. - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. - Las Administraciones de las Entidades Locales. - Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. - Las Universidades Públicas. 2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. 3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. 4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. 5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

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Artículo 3 Personal funcionario de las Entidades Locales 1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículo 4 Personal con legislación específica propia Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas. c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. d) Personal militar de las Fuerzas Armadas. e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. f) Personal retribuido por arancel. g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia. h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito. Artículo 5 Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. Artículo 6 Leyes de Función Pública En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

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Artículo 7 Normativa aplicable al personal laboral El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

1- Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Capítulo IV del Título III: Artículo 31 Principios generales 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

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Artículo 32 Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de aplicación. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.Párrafos 2.º y 3.º del artículo 32 introducidos por el artículo 7 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio).Vigencia: 15 julio 2012 A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público, conforme establece la disposición adicional segunda del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio). Artículo 33 Negociación colectiva 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas

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correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. Artículo 34 Mesas de Negociación 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los Acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma, o a los Acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. Artículo 35 Constitución y composición de las Mesas de Negociación 1. Las Mesas a que se refiere el artículo anterior quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.

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2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros. Artículo 36 Mesas Generales de Negociación 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las Comunidades Autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales una Mesa General de Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las Organizaciones Sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. 263

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate. Artículo 37 Materias objeto de negociación 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

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a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. Artículo 38 Pactos y Acuerdos 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la

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renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación. A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público, conforme establece la disposición adicional segunda del R.D.-ley 20/2012, de 13 de

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julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio). 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener. Artículo 39 Órganos de representación 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en 267

el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros. Artículo 40 Funciones y legitimación de los órganos de representación 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. Artículo 41 Garantías de la función representativa del personal 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.

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c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. De 251 a 500 funcionarios: 30. De 501 a 750 funcionarios: 35. De 751 en adelante: 40. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega. Artículo 42 Duración de la representación El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos. Artículo 43 Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

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1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. b) Los Sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. c) Los Sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo. Artículo 44 Procedimiento electoral El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: - La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. - Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. - Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. - Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. - Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.

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- Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. Artículo 45 Solución extrajudicial de conflictos colectivos 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales a que se refiere el presente Capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas. Artículo 46 Derecho de reunión 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. 271

d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

2- Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Capítulo VI del Título III: Artículo 52 Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Artículo 53 Principios éticos 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

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5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Artículo 54 Principios de conducta 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

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6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

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EMPLEADOS PÚBLICOS CLASIFICACIÓN

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276

TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS Dentro de la Administración existen distintos tipos de empleados con diferentes condiciones: funcionario de carrera, personal laboral, funcionario interino, personal directivo y personal eventual. Personal funcionario de carrera Son funcionarios los que han superado un proceso selectivo de oposición, disponen de un nombramiento en el que se reconoce dicha condición y trabajan para la Administración Pública prestando funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. Mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rige por el derecho administrativo. Grupos Los Cuerpos y Escalas de funcionarios se adscriben a los siguientes grupos de acuerdo con la titulación requerida para el acceso: - Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2: Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. - Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior. - Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso, siendo C1 para el título de bachiller o técnico y C2 para el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Personal funcionario interino Son aquellas personas que prestan servicios de carácter transitorio. Se rigen por el derecho administrativo y ocupan plazas que se hallan reservadas a los funcionarios de carrera. Los interinos ocupan transitoriamente plazas que han de ser ocupadas definitivamente por funcionarios de carrera o sustituyen a funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. También pueden ser aquellos que se dedican a programas estrictamente temporales o para situaciones urgentes. Personal laboral Es personal laboral el que en virtud de un contrato de trabajo, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

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Personal eventual Son aquellos empleados públicos que se nombran libremente en régimen no permanente. Ocupan un lugar de trabajo considerado de confianza o de asesoramiento no reservado a funcionarios. Personal estatutario Es un tipo de empleado público que rige su relación contractual con la administración pública a través de un estatuto o normativa propia. Este es el hecho principal que lo distingue del personal funcionario y el personal laboral. Mientras el personal estatutario depende de un estatuto propio, los funcionarios se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público y el personal laboral lo hace por el Estatuto de los Trabajadores. Disponer de un marco laboral propio tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, mientras muchos funcionarios cotizan en una mútua privada el personal estatutario lo hace en la Seguridad Social. El personal estatutario puede ser de dos tipos:

Personal estatutario fijo. Al igual que los funcionarios, desempeñan su trabajo con carácter permanente tras superar un proceso selectivo y adquirir su plaza bajo nombramiento oficial. El personal laboral, en cambio, accede a su trabajo mediante un contrato laboral.

Personal estatutario temporal. Su trabajo es coyuntural o extraordinario y depende de la necesidad, la urgencia o el desarrollo de programas de carácter temporal. Vendrían a ser el equivalente de los interinos.

Cuando hablamos de personal estatutario solemos referirnos específicamente al personal estatutario perteneciente a los servicios de salud, aunque existen otros puestos de trabajo que cuentan con una legislación específica propia, como puede ser el personal militar de las Fuerzas Armadas o el personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. El personal estatutario de los servicios de la salud se rige diferencialmente por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco y por los correspondientes desarrollos normativos autonómicos.

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TEMA 8 LEY 30/1992 DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (Ley 30/92 o LRJ-PAC) • Ámbito de aplicación y principios generales. • Cómputo de plazos. • Objeto y plazos de los recursos administrativos.

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Estructura: •

TÍTULO PRELIMINAR. Del ámbito de aplicación y principios generales

o

Artículo 1 Objeto de la Ley

o

Artículo 2 Ambito de aplicación

o

Artículo 3 Principios generales

•

TÍTULO PRIMERO. De las Administraciones Públicas y sus relaciones

•

TÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas

o

CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIA

o

CAPÍTULO II. ORGANOS COLEGIADOS

o

CAPÍTULO III. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

•

TÍTULO III. De los interesados

•

TÍTULO IV. De la actividad de las Administraciones Públicas

•

•

o

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES

o

CAPÍTULO II. TÉRMINOS Y PLAZOS

Artículo 47 Obligatoriedad de términos y plazos

Artículo 48 Cómputo

Artículo 49 Ampliación

Artículo 50 Tramitación de urgencia

TÍTULO V. De las disposiciones y los actos administrativos

o

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

o

CAPÍTULO II. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

o

CAPÍTULO III. EFICACIA DE LOS ACTOS

o

CAPÍTULO IV. NULIDAD Y ANULABILIDAD

TÍTULO VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos

o

CAPÍTULO PRIMERO. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

o

CAPÍTULO II. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

o

CAPÍTULO III. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

o

CAPÍTULO IV. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

o

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN

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•

TÍTULO VII. De la revisión de los actos en vía administrativa

o

CAPÍTULO PRIMERO. REVISIÓN DE OFICIO

o

CAPÍTULO II. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

o

SECCIÓN PRIMERA. Principios generales Artículo 107 Objeto y clases Artículo 108 Recurso extraordinario de revisión Artículo 109 Fin de la vía administrativa Artículo 110 Interposición de recurso Artículo 111 Suspensión de la ejecución Artículo 112 Audiencia de los interesados Artículo 113 Resolución SECCIÓN 2. Recurso de alzada Artículo 114 Objeto Artículo 115 Plazos SECCIÓN 3. Recurso potestativo de reposición Artículo 116 Objeto y naturaleza Artículo 117 Plazos SECCIÓN 4. Recurso extraordinario de revisión Artículo 118 Objeto y plazos Artículo 119 Resolución

o

o

o •

•

•

TÍTULO VIII. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales

o

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

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CAPÍTULO II. RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL CIVIL

o

CAPÍTULO III. RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL

TÍTULO IX. De la potestad sancionadora

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CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

o

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

TÍTULO X. De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio

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CAPÍTULO PRIMERO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

o

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DE

LAS

AUTORIDADES

Y

PERSONAL

AL

SERVICIO

DE

LAS

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a) Ámbito de aplicación y principios generales. TÍTULO PRELIMINAR Del ámbito de aplicación y principios generales Artículo 1 Objeto de la Ley La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. 2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. Artículo 3 Principios generales 1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. 2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación. 282

b) Cómputo de plazos. Título IV, Capítulo II: TÉRMINOS Y PLAZOS Artículo 47 Obligatoriedad de términos y plazos Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Artículo 48 Cómputo 1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. 2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

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Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos. Artículo 49 Ampliación 1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos. Artículo 50 Tramitación de urgencia 1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

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c)Objeto y plazos de los recursos administrativos. Título VII, Capítulo II RECURSOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN PRIMERA Principios generales Artículo 107 Objeto y clases 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

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Artículo 108 Recurso extraordinario de revisión Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1. Artículo 109 Fin de la vía administrativa Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Artículo 110 Interposición de recurso 1. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. Artículo 111 Suspensión de la ejecución 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como 286

consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. Artículo 112 Audiencia de los interesados 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 287

Artículo 113 Resolución 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67. 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. SECCIÓN 2 Recurso de alzada Artículo 114 Objeto 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. Artículo 115 Plazos 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

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2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo. 3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1. SECCIÓN 3 Recurso potestativo de reposición Artículo 116 Objeto y naturaleza 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Artículo 117 Plazos 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. SECCIÓN 4 Recurso extraordinario de revisión Artículo 118 Objeto y plazos 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 289

3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1.ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. Artículo 119 Resolución 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

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PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN LA LEY 30/92 - TÍTULO IV. DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. • CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Artículo 42 Obligación de resolver 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

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4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. 6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el 293

superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. 7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente. Artículo 42 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 14 enero; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero). Artículo 43 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado 1. En los procedimientos iniciados a solicitud solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. Asimismo, imismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución,, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de 294

resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. 2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosocontencioso administrativo que resulte procedente. 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior terior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 44 Falta alta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables desfavo o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.

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En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

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TEMA 9 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. • Decreto 168/2002, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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a)Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. • Conceptos básicos. • Derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. ESTRUCTURA: •

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

•

CAPÍTULO PRIMERO. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones o

Artículo 1 Normativa sobre prevención de riesgos laborales

o

Artículo 2 Objeto y carácter de la norma

o

Artículo 3 Ámbito de aplicación

o

Artículo 4 Definiciones

•

CAPÍTULO II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo

•

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

•

CAPÍTULO IV. Servicios de prevención

•

CAPÍTULO V. Consulta y participación de los trabajadores

•

CAPÍTULO VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

•

CAPÍTULO VII. Responsabilidades y sanciones

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•

Conceptos básicos.

CAPÍTULO PRIMERO Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1 Normativa sobre prevención de riesgos laborales La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Artículo 2 Objeto y carácter de la norma 1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Artículo 3 Ámbito de aplicación 1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.

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Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: •

Policía, seguridad y resguardo aduanero.

•

Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

•

Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

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Artículo 4 Definiciones A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 303

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. •

8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

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Derechos y obligaciones

Derechos y obligaciones Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 304

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Artículo 15 Principios de la acción preventiva 1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Artículo 16 Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

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b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. Artículo 17 Equipos de trabajo y medios de protección 1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

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Artículo 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. Artículo 19 Formación de los trabajadores 1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

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Artículo 20 Medidas de emergencia El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. Artículo 21 Riesgo grave e inminente 1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 309

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Artículo 22 Vigilancia de la salud 1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser

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prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Artículo 23 Documentación 1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

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Artículo 24 Coordinación de actividades empresariales 1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. Artículo 25 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 312

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. Artículo 26 Protección de la maternidad 1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

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4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Artículo 27 Protección de los menores 1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) delartículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos. Artículo 28 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

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La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores. 2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos. Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.

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Artículo 29 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

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b) Decreto 168/2002, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 1 Objeto El presente Decreto tiene por objeto regular la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, definir las funciones y niveles de cualificación del personal que la lleve a cabo, así como determinar los instrumentos para el control de aquellos. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. A los efectos de lo establecido en el presente Decreto, se considera Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los Departamentos que integren su Estructura Organizativa y sus Organismos Autónomos, siendo sus disposiciones de aplicación al personal a ellos adscrito, así como al dependiente de esta Administración que preste sus servicios en las Entidades de Derecho Público, cualquiera que sea la naturaleza laboral, administrativa o estatutaria de su relación de servicios. 2. Serán igualmente aplicables a todos los sectores de actividad a que se extienden las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo aquellos sometidos a normativa específica y en concreto los relativos a: Servicios operativos de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Artículo 3 Organización de los recursos 1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva se realizará en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a través de las modalidades siguientes: - La designación de trabajadores. - La constitución de Servicios de Prevención propios.

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2. Aquellas actividades preventivas que no puedan ser asumidas a través de los recursos señalados en el apartado anterior serán concertadas con otros Servicios de Prevención ajenos debidamente acreditados por la Autoridad Laboral. Artículo 4 Funciones y niveles de cualificación 1. La definición de las funciones correspondientes al nivel básico, intermedio y superior, será la establecida con carácter general en el Capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención y específicamente en el presente Decreto. 2. El personal que desarrolle las funciones referidas en el apartado anterior, contará con la formación requerida para cada nivel, en los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, o en su caso, cuando proceda, respecto de los niveles superior e intermedio, con una formación equivalente debidamente acreditada mediante certificación de la autoridad laboral competente. Artículo 5 Designación de trabajadores 1. Atendiendo a los resultados de la evaluación y en función de la naturaleza de los riesgos existentes, por órganos a que se hallen adscritos los Servicios de Prevención, se designarán trabajadores para ejercer la actividad preventiva, entre el personal que desempeñe puestos de trabajo comprendidos en el ámbito de actuación de tales Servicios de Prevención. 2. El personal designado desarrollará, en coordinación y colaboración con el Servicio de Prevención correspondiente, las funciones del nivel básico, para lo cual contará con la capacitación requerida, que les será proporcionada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y dispondrá de los medios y el tiempo que sean necesarios para el desarrollo de las funciones establecidas en el art. 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Artículo 6 Servicios de prevención propios 1. Los Servicios de Prevención como unidad organizativa específica de carácter administrativo, asumirán en sus respectivos ámbitos de actuación, el ejercicio de las funciones que conlleva la actividad preventiva correspondientes a los niveles superior e intermedio, en los términos establecidos en la normativa vigente y en este Decreto y sin perjuicio de la coordinación entre ellos. 2. Se constituirán tres Servicios de Prevención, uno cuyo ámbito de actuación será el propio del Departamento competente en materia de Educación, otro Servicio de Prevención de ámbito correspondiente al Departamento competente en materia de Salud y Organismos Autónomos adscritos al mismo y un tercero, para los restantes Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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3. Cada Servicio de Prevención contará con las cuatro especialidades o disciplinas preventivas correspondientes a: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada. Igualmente contará con personal específicamente cualificado para el desarrollo de las funciones de nivel intermedio. Este personal podrá estar adscrito orgánicamente a los distintos Departamentos u Organismos Autónomos, sin perjuicio de su dependencia funcional del Servicio de Prevención correspondiente. El personal integrante de los Servicios de Prevención dedicará de forma exclusiva su actividad a la finalidad del mismo. 4. Se les prestará, así mismo, el apoyo y asesoramiento por parte de las unidades u órganos administrativos con funciones técnicas, facultativas, sanitarias o de mantenimiento, sin perjuicio de la colaboración de todos ellos. 5. Se dotará a los Servicios de Prevención de las instalaciones, medios materiales y recursos técnicos adecuados y suficientes para la realización de las actividades preventivas que deban desarrollar. Artículo 7 Funciones de los Servicios de Prevención Los Servicios de Prevención, en sus respectivos ámbitos de actuación, proporcionarán a la Administración Autonómica, el asesoramiento y apoyo que precise en materia de prevención de riesgos, y ejercerán las funciones que con carácter general vienen asignadas en los arts. 36 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y específicamente las siguientes: - Promover la prevención - Colaborar en el diseño de los Planes y Programas de la actividad preventiva. - Realizar la evaluación de los factores de riesgo. - Proponer medidas para el control y reducción de riesgos a la vista de los resultados de la evaluación. - Vigilar el cumplimiento y velar por la ejecución del programa de control y reducción de riesgos. - Formación e información de los trabajadores. - Información y asesoramiento a los órganos de participación y representación. - Vigilancia y control de la salud de los empleados en los términos señalados en el artículo 8 de este Decreto. - Colaboración con las Administraciones y Organos con competencia en materia sanitaria y laboral. - Informar periódicamente a la Dirección General de la Función Pública del estado de situación de la Prevención de Riesgos Laborales en su ámbito de actuación. 319

- Mantener a disposición de la Autoridad Laboral la documentación requerida. - Elaboración de la memoria y programación anual del Servicio de Prevención - Cualquiera otras funciones que puedan serle asignadas. Artículo 8 Vigilancia y control de la salud 1. Para el ejercicio de la actividad sanitaria, contará cada Servicio de Prevención, como mínimo, con un Médico especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado en Medicina de Empresa y un ATS o DUE de Empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica y capacidad acreditada. 2. El personal sanitario que forme parte de los Servicios de Prevención, actuará coordinadamente en el ejercicio de sus funciones referidas a: - Vigilancia de la salud de los trabajadores. - Estudio e investigación de las causas de las enfermedades y accidentes que se produzcan por motivos de salud, a efectos de determinar su posible relación con los riesgos que puedan presentarse en los lugares de trabajo. - Estudio y propuesta de medidas preventivas a adoptar en relación con los expedientes de cambio de puesto de trabajo por motivos de salud y en relación con los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, en situación de embarazo o parto reciente y a los menores. - Promoción de la salud y vigilancia higiénico-sanitaria en los lugares de trabajo. - Asistencia de primeros auxilios y urgencias. - Participar en la esfera de su competencia en la elaboración y desarrollo de programas de información y formación. - Colaboración con las Autoridades Sanitarias para proveer el sistema de información sanitaria en Salud Laboral. - Cualquiera otras funciones que puedan serle asignadas. 3. Los profesionales sanitarios de los Servicios de Prevención y cualquier otro personal de apoyo que tenga acceso a información relacionada con el estado de salud de los empleados, deberá garantizar la confidencialidad de dicha información. 4. La dotación de los recursos materiales para el desarrollo de la actividad sanitaria, deberá ser adecuada a las funciones que la misma conlleva. A tales efectos los Servicio de Prevención contarán con la dotación mínima necesaria relativa a equipos, instalaciones y material sanitario, sin perjuicio de la colaboración, cooperación y disposición, específicamente en relación con la vigilancia de la salud, de los Centros, Equipos e Instalaciones adscritos al Servicio Aragonés de Salud.

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Artículo 9 Servicio de Prevención ajeno 1. Únicamente podrán ser concertadas, para su prestación a través de un Servicio de Prevención Ajeno, aquellas actividades concretas que no puedan ser asumidas con los recursos señalados en el art. 3.1 de este Decreto. 2. El concierto para tal prestación se someterá a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, previa consulta al Organo de participación de los trabajadores del correspondiente ámbito sectorial. Cuando la actividad a concertar exceda del ámbito de actuación de un Servicio de Prevención la tramitación del expediente de contratación se realizará por la Dirección General de la Función Pública. Artículo 10 Instrumentos de control 1. El sistema de prevención como mínimo cada cinco años, será sometido por la Dirección General de la Función Pública a controles de eficacia, que se llevarán a cabo a través de auditorías externas, realizadas por personas o entidades especializadas debidamente autorizadas por la autoridad laboral para el desarrollo de dicha actividad. 2. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe elaborado por la empresa auditora que deberá expresar respecto a los aspectos auditados propuestas de actuación y que se mantendrá a disposición de la Autoridad Laboral y de los representantes de los trabajadores. Artículo 11 Funciones de la Dirección General de la Función Pública en materia de Prevención de Riesgos Laborales En el ámbito de sus competencias la Dirección General de la Función Pública ejercerá la coordinación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que comprenderá: - El Diseño, Planificación y Aprobación de los Planes y Programas Generales de actuación. - Impulso de la actividad preventiva. - Control de la eficacia del sistema de prevención a través de auditorías. - Canalización y Coordinación de actuaciones de los Servicios de Prevención entre sí y con los órganos de representación y participación de los empleados en materia de Prevención de Riesgos laborales. - Proponer los proyectos de disposiciones o dictar las instrucciones necesarias para asegurar una actuación uniforme en materia de prevención de riesgos laborales.

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ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEGÚN EL DECRETO 168/2002, DE 14 DE MAYO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

EL ARTÍCULO 6.2 DEL DECRETO ESTABLECE: Se constituirán tres Servicios de Prevención, uno cuyo ámbito de actuación será el propio del Departamento competente en materia de Educación, otro Servicio de Prevención de ámbito correspondiente al Departamento competente en materia de Salud y Organismos Autónomos adscritos al mismo y un tercero, para los restantes Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esto significa que: •

La estructura del Gobierno de Aragón es la siguiente:

PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. DEPARTAMENTOS: 1.-Departamento de Presidencia y Justicia. 2.-Departamento de Hacienda y Administración Pública 3.-Departamento de Economía y Empleo 4.-Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 5.-Departamento de Política Territorial e Interior 6.-Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 7.-Departamento de Industria e Innovación 8. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 9.- Departamento de Sanidad, de Bienestar Social y Familia

1 SERVICIO DE PRL

1 SERVICIO PRL 1 SERVICIO PRL

- Secretaría General Técnica - Dirección General de Planificación y Aseguramiento - Dirección General de Consumo - Dirección General de Salud Pública - Dirección General de Calidad y Atención al Usuario - Dirección General de Familia Este servicio de PRL se estructura en:

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UNIDAD CENTRAL DE PREVENCIÓN. Dependencia de la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud y Consumo Se establece como órgano técnico, centro de coordinación y referencia de las Unidades Básicas. UNIDADES BÁSICAS DE PREVENCIÓN. Dependen funcionalmente de la Unidad Central de Prevención y tienen una dependencia orgánica de la Gerencia del Sector en la que se encuentran ubicadas (artículo 28 del Decreto 174/2010). Carácter multidisciplinar, abarca las siguientes “especialidades” o Áreas del ámbito de la prevención:

Medicina del trabajo: cubre los aspectos de control y vigilancia de la salud del personal expuesto a riesgos laborales.

Seguridad en el trabajo: se ocupa de actividades relacionadas con la seguridad y riesgos de equipos, instalaciones y herramientas, lugares y espacios de trabajo.

Higiene ocupacional: se ocupa de actividades relacionadas con la exposición y tareas que impliquen utilización de agentes químicos, biológicos y físicos.

Ergonomía: se ocupa en general del control de riesgos vinculados a la configuración de un puesto de trabajo, problemas de carga.

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temario celadores legislacion

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