LA LEY 11.867 Art. 1.“Declárense elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título; las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística” 1.-Elementos de un Fondo de Comercio: En este artículo se enuncian los elementos de un fondo de comercio, pero ello no significa que no puedan existir otros bienes no enumerados que puedan componer el fondo de comercio.Lo que sí queda claro es que los bienes y derechos enunciados el fondo. componen necesariamente el ¿Las partes no podrían excluir los elementos enunciados? ¿ y sí incluir otros elementos no declarados por la ley? Interpretamos que la ley sólo “declara” cómo elementos algunos bienes, pero ello no resulta absolutamente imperativo y por ende las partes expresamente podrían excluir e incluir bienes no señalados en la enunciación.La lectura necesaria, en nuestro razonamiento, sería que si nada se dice en el contrato, los que están declarados por la ley se deben considerar incluidos y los que no están declarados, excluidos, siempre en principio y prestando debida atención a las circunstancias del caso y el fin tuitivo de la ley. También interesa señalar que esta “universalidad”, es declarada por ley, a los efectos de la transmisión por cualquier título y con la clara finalidad de proteger a los terceros acreedores; pero no se observa en la ley impedimento alguno para la transferencia individual de los bienes, con lo que se deberá apreciar en cada caso concreto si se la ha violentado o no, a través del denominado “vaciamiento hormiga”.
2.-Breve reseña conceptual de los elementos enunciados.(Ver las demás transparencias). 3.-El derecho al local: Planteo 4.-El Valor Llave: Discusión. 5.-Bienes excluidos. 6.-Las leyes especiales de los elementos declarados, ¿deben cumplirse?
Art. 2 “Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realiza el acto.” 1.-Los anuncios obligatorios La ley ha pretendido colocar resguardos formales para la transferencia de lo que ella ha denominado o identificado cómo fondo de comercio y en este caso, cómo primera medida obliga a los vendedores a realizar anuncios periodisticos de carácter obligatorios .
En este sentido se refiere a cualquier transmisión y por cualquier título o modo , con lo que queda claramente expresado que no hay excepciones para esta
obligación del vendedor y de los intermediarios, siempre considerada en relación a los terceros (¿sólo los terceros acreedores?). La ley habla de “anuncio” y no de edictos, pero en la práctica se ha formulado el concepto de “edicto para la transferencia de fondo de comercio”, guardando la formalidad emparentada con la figura judicial.
Exige determinados requisitos expresamente formulados en el artículo, sin perjuicio de que se puedan agregar los que el vendedor o intermediario consideren necesarios para una correcta ilustración para los terceros del negocio que se ha de realizar. Expresamente exige que en los anuncios se consignen: a) La clase de negocio que se ha de transmitir, que está relacionado con su giro comercial principal y accesorios. b) La ubicación del negocio, con relación a su sede, sus establecimientos, principales y secundarios o sucursales, con correcta identificación de sus domicilios. c) Nombre y domicilio del vendedor. d) Nombre y domicilio del comprador. e) Nombre y domicilio del escribano (si interviene) f)
Nombre y domicilio del martillero (si interviene).
Este anuncio debe realizarse en el Boletín Oficial de la jurisdicción que corresponda y también en uno o más diarios del lugar en el que funcione el establecimiento. Debe considerarse que en ambos lugares resulta obligatorio. Debe además señalarse que cuando no se trate de periódicos de tirada y alcance nacional, deberán publicarse en periódicos de los lugares donde se encuentren radicadas sucursales o establecimientos secundarios de la Empresa. El anuncio deberá realizarse, en forma previa a la realización del acto. Específicamente cinco días “previos”, o sea no se podrá contar el del otorgamiento del acto, por supuesto, que esta afirmación debe conjugarse con el art. 4° de la ley y el plazo que este establece. La ley no aclara si se trata de días hábiles o inhábiles, pero nada autoriza a no interpretar que se traten de días corridos.-Esta es la interpretación que se le ha otorgado aplicando los principios de cómputo de plazos de la legislación común (arts. 27 y 29 del C.Civ). Además debe entenderse que se trata de cinco publicaciones o sea durante los cinco días.
El efecto de la no realización de los anuncios o su realización en forma defectuosa, es el de tornar “inoponible” el acto frente a terceros, sin perjuicio de que entre las partes tome eficacia desde que se ha perfeccionado a través del mutuo consentimiento. Art. 3°.-“El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, monto de los créditos y fechas de vencimientos si los hay, créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el artículo 4°, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación.” 1.-La nota denunciando acreedores. El vendedor debe entregar al comprador una nota firmada donde deja constancia si existen o no acreedores vinculados con el fondo de comercio.Si no existen la nota debe entregarse igual dejando esa constancia.Si existen, deberá señalarse en la misma, lo siguiente: a)Nombre y domicilio de los acreedores. b)Monto de los créditos. c)Fechas de Vencimientos. d)Su origen, su plazo, su condición o cualquier otra modalidad a la que estén sometidos. e)Garantías otorgadas y carácter de las mismas Es muy importante, en virtud del artículo 8° de la ley, consignar el origen del crédito, por ello lo hemos consignado cómo necesario dentro de la nota, al igual que la garantía que posean, elementos que creemos necesarios al momento de tomar determinaciones y considerar incluidos o excluidos determinados créditos del procedimiento establecido por esta ley especial. 2.-¿A qué Acreedores se refiere?
Una de las interesantes cuestiones que plantea esta ley especial, es la referencia e inclusión de determinados acreedores y la exclusión de otros, que si bien resulta una materia tratada en otro artículo de la ley, resulta útil consignarlo al referir a la nota de denuncia de acreedores que se debe dirigir al comprador.En este sentido, el artículo 8°, parece indicar el camino cuando señala que estos créditos que impiden la transferencia, deben tener un origen especifico; “Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo.” Introduce entonces un proceso selectivo, ya que estaría (de alguna manera) vulnerando el principio de “el patrimonio garantía común de los acreedores” que gobierna nuestro derecho. Además, cabe preguntarse cómo funciona esta normativa especial, frente a medidas cautelares tomadas sobre el fondo o algunos elementos del fondo, en base a créditos que no tienen el origen señalado en el art. 8°.Por supuesto que las medidas serán subsistentes y ejecutables, por lo que la especialidad de los créditos, lo son al sólo efecto de poder utilizar el derecho a la oponibilidad respecto de la transferencia del fondo o bien el derecho a pedir la retención del importe de sus créditos, o bien en general a usar los derechos y facultades que en general les otorga esta ley especial. 3.-Efectos de la no entrega de la nota de denuncia de acreedores.La falta de entrega de la nómina no impide la transferencia, sin embargo cabe señalar que el presunto adquirente puede exigirla al vendedor.El martillero y/o el escribano que intervengan, deben visar la existencia o no de la entrega efectiva de esta nómina de acreedores, ya que de lo contrario podrían constituirse en responsables solidarios frente a los acreedores omitidos.-
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Jurisprudencia
Alegar la aplicación de la ley 11.867,presupone para quienes se sujetan a ella, la obligación de dar cumplimiento en forma acabada con las formalidades que la
misma prescribe y entre ellas la de llevar a conocimiento de los acreedores y terceros el verdadero alcance del pasivo asumido, porque sólo de esta manera, podrían aquellos ejercer el derecho en cuyo resguardo, se ha establecido dicha ley (JUBA 7, B 3100200) El único documento exigido por la ley 11.867, fuera del instrumento de transmisión, es la nota que el enajenante debe entregar al adquirente con la enunciación de los créditos que adeuda (LL 100-378). El reconocimiento por parte del vendedor del crédito del acreedor a través de la nota del art. 3° dispensa de su justificación a través de la prueba respectiva (LL 86-6, DJBA 1945-XIV-827, JA 1945-IV-576, LL 40-621) Los acreedores que en principio han de ser tenidos en cuenta, a todo efecto, son los que figuren denunciados en la nota, además de los que se opongan en término, dirigiéndose al comprador o al intermediario (LL 12-63,63-699, 68-6, JA 1952-I-324, JA 1957-I-332) Si el vendedor no hizo conocer a la compradora la existencia de una sanción pecuniaria aplicada por el PAMI, con mala fe de su parte, está autorizada la compradora a resolver el contrato (JUBA 7 B 350260) La mera manifestación que realiza el vendedor del fondo de comercio, de que los bienes que lo integran están libres de todo gravamen (cuando en realidad no lo están) no configura el delito de defraudación, ya que no constituye ardid que vicie el consentimiento (ED 10-569) Por la omisión de denuncia de los acreedores del fondo, el único obligado, sería en principio el vendedor, que con o sin intención, no los ha mencionado (LL 151060); la nota firmada constituye así, la garantía de la futura tranquilidad del adquirente por los créditos no denunciados (JA 1958-I-6), pero incumbe al
adquirente la prueba de que el acreedor no se encontraba incluido en la nómina que le suministró el vendedor del fondo, ya que los acreedores son extraños a la transferencia y no tienen la posibilidad de conocer dicha nómina, por lo que sería absurdo exigir a estos la prueba de que sus nombres se encontraban incluidos en ella(JA 1956-I-95,129, JA 1957-I-5) Art. 4° “El documento de transmisión sólo podrá firmarse después de transcurridos diez días desde la última publicación, y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervenga en el acto reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el banco correspondiente, de las sumas necesarias para el pago. Este derecho podrá ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, cómo por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditaren la existencia de ellos por asientos llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Pasado el término señalado por el artículo 5°, sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante.” 1.-Oposición de los acreedores del Fondo de Comercio Los acreedores del fondo de comercio (art. 8° última parte) pueden oponerse a su transferencia.Este artículo les permite oponerse a través de un simple procedimiento, que consiste en librar (y garantizar su recepción) una notificación de oposición (fehaciente, desde nuestro punto de vista), al comprador, y/o al escribano, o martillero interviniente y nada obsta a que también se le libre identica notificación al vendedor.La notificación debe poseer necesariamente el origen y monto de su crédito así cómo la documentación respaldatoria.Debe necesariamente considerarse que pueden darse dos situaciones:
a) Acreedores denunciados por el vendedor. b)Acreedores no denunciado por el vendedor. En estos supuestos, la norma considera a la documentación respaldatoria de manera diferente, ya que para los primeros parece no exigirles la acreditación de la existencia de su crédito y monto, en tanto que para los segundos, les exige probar sus créditos a través de los asientos de los libros de comercio llevados conforme a derecho. Claro está, que siempre estamos hablando del ejercicio de derechos que otorga este régimen especial, ya que los acreedores del vendedor, o los que no puedan probar de acuerdo a los libros de comercio cómo exige este artículo, siempre podrán optar por el régimen de tutela del ordenamiento jurídico común. La nota debe ser dirigida al domicilio del comprador y/o escribano y/o martillero interviniente, denunciado en el anuncio periodístico realizado al efecto. El efecto de la nota es manifestar su oposición a la transferencia sin retención de sus respectivas acreencias, o sea que en concreto se le solicita la retención de lo que le corresponde por sus créditos y su depósito en un Banco (oficial) (Nación, Provincia o Municipal), que corresponda según la jurisdicción en la que se esta tramitando la transferencia del fondo. Este depósito se realiza a los fines de que los acreedores puedan peticionar judicialmente el embargo de las sumas depositadas como resguardo del cobro de sus créditos.La suma que se debe depositar es la que surge de la denuncia del vendedor en conjunción con la petición del acreedor probada a través de los libros de comercio respectivos; lo que exceda y sea cuestionable deberá dilucidarse judicialmente, ya que esta es la pauta que ofrece la lectura armoniosa de los arts.4° y 6° de la ley. El depósito es para asegurar el pago y no en pago, por lo que se torna necesario promover acción judicial para el embargo y cobro de lo depositado.
Caso contrario bastaría a un acreedor solicitar una retención desmedida, sin probanza suficiente en sus asientos de los libros de comercio y en desajuste con lo denunciado por el vendedor, para trabar la venta de un fondo de comercio.
Sin perjuicio de ello, es una situación que no surge clara de la ley y deberá estarse a las circunstancias especiales de cada caso, con el peso adicional para los intermediarios (martillero, escribano) de responder solidariamente en el supuesto de una interpretación equivocada de la suma a retener. Si el embargo no se produce en el plazo del art. 5, las sumas podrán ser retiradas por el depositante. Sin embargo ello no implica que deben quedar en su poder, ya que forman parte del precio de compra del fondo y pertenecen, de operarse la transferencia, al vendedor. 2.-Efectos del no cumplimiento del art. 4°.Este artículo genera diversas lecturas, a saber: a) Si el acreedor no utiliza su derecho de oposición, en tiempo y forma, no podrá impedir la transferencia del establecimiento, sin perjuicio de los derechos y medidas que le autorice a tomar el ordenamiento jurídico en general.b) Si el comprador, y/o el martillero o escribano, estando notificados de la oposición, no realizan la retención y depósito de las sumas afectadas, responderán solidariamente en virtud del art. 11° de la ley. c) Si los acreedores (con derecho, conf. art. 8°)
no
pudieren
probar la oposición o bien la realizaron tardíamente, deberán recurrir al procedimiento asegurativo que le otorga el ordenamiento jurídico en general. d) Si los acreedores realizan la oposición antes del plazo de ley, las mismas deberán ser consideradas y cumplidas. e) Si los créditos están sometidos a plazo o condición y los mismos no se encuentran cumplidos, se deberá estar al cumplimiento de estos para que se tornen exigibles. Art.5° “El comprador, rematador o escribano, deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de veinte días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial”.
1.-Depósito de la suma retenida. Este artículo implica la continuidad del proceso de oposición y cobro del acreedor especial, que contempla la ley 11.867. En tal sentido, cumplidos los diez días otorgados para las oposiciones, se abre un plazo de no disposición del dinero afectado por las oposiciones, de manera tal que puedan ser embargados judicialmente por los acreedores. Esto implica que el acreedor que hizo uso del derecho de oposición y retención, tiene a su disposición el dinero en depósito, para poder embargarlo a través de un proceso judicial promovido al efecto .
Si no hace uso de ese derecho, las sumas podrán ser retiradas por el depositante. Si el comprador y/o escribano o martillero actuantes y notificados de la oposición, pedido de retención y depósito no lo hicieren, serán responsables en virtud del art. 11° de la presente ley.
Art.6 “En los casos en que el crédito del oponente fuere cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos.” 1.-Créditos cuestionables. Que la ley así cómo ha establecido un procedimiento especial para garantizar el cobro de los créditos de los acreedores especiales del fondo de comercio , cómo contrapartida faculta al deudor vendedor a percibir igualmente el
precio depositado y afectado a un crédito cuestionable, previa contracautela suficiente para responder en el supuesto de confirmarse que la oposición, retención y embargo hayan sido correctas. Resulta obvio que aquí se abre un proceso contradictorio, ya que el mismo debe culminar con un pronunciamiento judicial sobre la procedencia o
improcedencia de ese crédito, para gozar de los derechos, privilegios y facultades especiales que esta ley otorga, reitero a estos acreedores especiales. *Jurisprudencia El art. 6° se refiere a los créditos cuestionables comprendidos en los arts. 3 y 4 de la ley y no a otros (DJBA 1944-IX-520,JA 1944-II-418,LL 8-72, LL 14-505). Respecto del carácter de cuestionables de los créditos que involucra el art. 6°, esta calificación será realizada por el juez, aunque inicialmente la puedan manifestar el adquirente o el escribano (JA 1952-I-324). El acreedor que ha formulado su oposición debe acreditar prima facie la verosimilitud de su derecho, no siendo suficiente acompañar pagarés sin protestar, ni demostrar su autenticidad ni abonar sus firmas (ED 47-615) (y ello permite operar este art. 6°); e incluso se decidió que si el vendedor no le reconoce el derecho a ser pagado, este acreedor oponente, deberá probar su crédito judicialmente (ED 109-702). Si el precio de la compraventa del fondo se instrumento en documento aparte, y habiéndose estipulado que la caducidad de los plazos da derecho al vendedor a ejecutar el saldo adeudado, el citado documento es perfectamente hábil para iniciar la ejecución pertinente (ED 21-166). No puede demandar por saldo de precio el vendedor del fondo que no ha cumplido las obligaciones que en el boleto de compraventa se han puesto a su cargo (otorgar la respectiva escritura pública pactada) art. 1201 CC (ED 67-459). El comprador no puede negarse a depositar el saldo de precio alegando que el pasivo excede del precio estipulado, si la venta se realizó cumpliéndose con la ley 11.867 (JA 1944-I-729).
La oposición promovida sin corroborar la verosimilitud y procedencia del crédito, que impide o entorpece el legitimo derecho del vendedor a cobrar el precio de la venta del fondo, produce un daño cuyas consecuencias deben ser reparadas (ED 140-102). El cumplimiento del art. 6° puede ser solicitado aún por el acreedor oponente (GP 61-157).
Art. 7° “Transcurrido el plazo que señala el art. 4° sin mediar oposición, o cumpliéndose, si se hubiera producido, las disposiciones del art. 5°, podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que para producir efecto con relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el registro público de comercio o en un registro especial creado al efecto.” 1.-Oportunidad y forma del otorgamiento. La ley claramente fija el momento en el que puede válidamente realizarse el instrumento de transferencia, y este es sin dudas, luego de que se culminó con el proceso de oposición y los acreedores han quedado garantizados en lo que a sus créditos especiales respecta. Se contemplan dos situaciones. a) Que no hayan existido acreedores que ejerciten su derecho de oposición, en cuyo caso al culminar los diez días posteriores a la última publicación podrá otorgarse el instrumento respectivo. b) Que haya existido oposición, en cuyo caso deberán superarse los plazos de diez días del art. 4° y luego los veinte días del art 5°, para poder otorgar válidamente el instrumento de venta. Que el incumplimiento de estos plazos hace inoponible el otorgamiento y la transferencia respecto de los terceros acreedores especiales, aunque no invalida
el instrumento entre las partes y además hace generar la responsabilidad solidaria prevista en el art. 11° de la ley. Respecto de la forma, se exige que sea
por escrito , sin excepción de
ninguna clase. Esto implica que puede ser por instrumento público o privado, pero para producir efectos respecto de terceros debe siempre extenderse por escrito, con lo cuál se puede extraer la segunda conclusión de que entre las partes queda concluido por el mutuo consentimiento aún cuando no exista expresión por escrito.2.-Registración. efectos. La registración debe realizarse dentro de los diez días de otorgado, en el registro público de Comercio o registro especial al efecto. La falta de registración lo hace inoponible a terceros acreedores especiales. La registración tardía o fuera de los diez días sólo impide que sea oponible a los terceros acreedores desde el otorgamiento, y lo será desde su inscripción, de acuerdo a los principios que surgen de los arts.39 y 40 del código de Comercio aplicables para todos los comerciantes y sus actos, siendo este uno de ellos. Art.8 “No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4° salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores.Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo.” 1.-Precio Mínimo. La ley ha establecido un precio que hemos denominado “mínimo obligatorio” , constituido por el pasivo declarado o resultante del proceso de
oposición.
La enajenación no es valida respecto de terceros cuando este precio mínimo no se respetare. La única excepción es la que surge de la conformidad expresa de los acreedores confesados i opuestos. 2.-Acreedores legitimados. Surge también de este artículo de la ley una de las pautas más interesantes y que le dan razón de ser al sistema especial, cuál es la de consagrar sólo una categoría de acreedores legitimados para hacer uso de este proceso especial, de sus derechos, facultades, prerrogativas y privilegios. No cualquier acreedor puede oponerse, no frente a cualquier acreedor el acto es inoponible, sino sólo frente a los acreedores cuyas acreencias tengan su origen, su causa en negocios o relaciones que tengan vinculación directa con mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o gastos generales del mismo, con lo que el legislador ha dejado las categorías que deben ser integradas por el juez y las partes frente a cada caso concreto y deberán determinar si el crédito está relacionado con mercaderías u efectos del fondo o bien corresponde a gastos generales del mismo.Se excluye el acreedor que tenga deudas personales y sin relación con el fondo, que deja de gozar de las facultades y derechos especiales de esta ley, pero que posee todo el cúmulo de acciones y derechos que le otorga el ordenamiento en general, claro está, no podrá invocar que la transferencia realizada le es inoponible y este resulta el perjuicio fundamental. Art.9 “A los efectos determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas juris et de jure las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores.” 1.-Simulación presumida. La ley para reafirmar la vigencia del sistema ha generado una presunción que no admite prueba en contrario y que refiere a las señas o pagos a cuenta, sin
respetar el “iter” formal fijado para la transferencia y el pago de la misma, que haya realizado el comprador a favor del vendedor.Claro está que esta simulación, desde nuestro punto de vista sólo podrá ser invocada por los acreedores legitimados (art. 8° última parte), que no son todos y que hayan ejercitado los derechos de oposición que la ley les otorga (arts. 4° y 5°). De lo contrario se carecería de interés y de la oportunidad para pretender la aplicabilidad de esta presunción legal. Asimismo se genera para el comprador la responsabilidad solidaria con el vendedor, por este pago o seña realizada no conforme al procedimiento que la ley establece. También resulta adecuado destacar, que no puede el comprador invocar esta presunción (teoría de los propios actos), sino sólo los acreedores legitimados y perjudicados.-
Jurisprudencia
El comprador que efectuó pagos al vendedor, pese a la existencia de acreedores oponentes, responde frente a estos y puede llegar a pagar dos veces (LL 35-342, GP 89-254). El art. 9 no puede ser invocado por el comprador sino por los acreedores del fondo (AyS 1956-VI-241). La nulidad relativa que pesa sobre la transferencia del fondo de comercio, originada en el incumplimiento de la gestión del certificado de no adeudar sumas por aportes retenidos o contribuciones patronales, sólo es oponible por el ente previsional respectivo (SCBA, 28-9-54, en cita realizada por Erramuspe, en ob. cit. Pag. 143).
Conjuntamente se puede plantear la simulación de la transferencia en sí del fondo de comercio, cuando no se ha probado la capacidad económica del adquirente para efectuar el desembolso del precio, el enajenante sigue al frente del negocio, no se acreditó el destino que el enajenante diera a lo recibido por la transferencia; todo ello a pesar de haberse cumplido con la ley 11.867 y aún cuando no exista intención fraudulenta (JA 1956-IV-66). Art. 10° “En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas en block o fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2°, ajustándose a las obligaciones señaladas en los arts. 4° y 5° en el caso de notificársele oposición. En caso de que el producto del remate no alcance a cubrir la suma a retener, el rematador depositará en el banco destinado a recibir los depósitos judiciales, en cuenta especial el producto total de la subasta, previa deducción de la comisión y gastos que no podrá exceder del quince por ciento de ese producto. Si habiendo oposición el rematador hiciera pagos o entregas al vendedor, quedará obligado solidariamente con este respecto de los acreedores, hasta el importe de las sumas que hubiera aplicado a tales objetos.” 1.-Venta en subasta. Procedimiento a seguir. La ley prevé que se pueda vender el fondo de comercio en subasta pública a cargo de un martillero matriculado, en cuyo caso deberán conjugarse la ley 11.867 y la ley 20.266. Le impone al martillero que realice el remate previo aviso durante cinco días, con los recaudos en el aviso del art. 2, o sea los anuncios en el Boletín oficial y los diarios que correspondan según la naturaleza y características del fondo a transferir. Asimismo coloca en cabeza del martillero el procedimiento de oposición y las obligaciones que este genera, obligándolo a actuar conforme los arts. 4 y 5 de la ley.
Si la suma obtenida en la subasta no cubre los créditos opuestos, el martillero deberá deducir su comisión que se regirá por las leyes vigentes en cada jurisdicción y depositar el saldo, sin realizar ninguna entrega al vendedor. Se le fija un alto tope a la comisión señalando que no podrá exceder del 15% del producido en la subasta. Los pagos que el martillero realice al vendedor no son declarados inválidos, sino que lo hacen solidariamente responsables frente a los acreedores legitimados por las sumas entregadas, adoptándose una solución en cierta manera diferente que para la del comprador frente a igual situación (ver art. 9°). Si no existen oposiciones, las sumas obtenidas en la subasta, previa deducción de gastos y comisión, deben ser entregadas al vendedor. Art. 11° “Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido, por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido.” 1.-Responsables solidarios. La ley establece una norma de responsabilidad solidaria del comprador, del escribano y del martillero interviniente, con el vendedor y respecto de los acreedores legitimados por el incumplimiento del procedimiento establecido en la presente ley.El factor de atribución es subjetivo, o sea debe existir una omisión o trasgresión por parte del interviniente.Su responsabilidad es limitada en un doble sentido; 1) al valor de los créditos que resulten impagos cómo consecuencia de su acción u omisión violatoria de la ley y siempre considerando los créditos de los acreedores que reúnan los requisitos de los arts. 8°, 4| y 5° de la ley y 2) hasta el monto de lo vendido, o sea que aunque el crédito sea superior, sólo responde hasta el monto de lo vendido, sin embargo ello no se condice con lo establecido en el art. 8°, donde la pauta no es lo vendido sino el pasivo.
El vendedor continúa siendo responsable por la totalidad de las deudas, ya que esta limitación no juega respecto de su persona. Art.-12° “El Registro público de Comercio o el especial que se organice, llevará los libros
correspondientes
para
la
inscripción
de
las
transmisiones
de
establecimientos comerciales e industriales, cobrando a ese efecto los derechos que determinen las leyes de impuestos.”
Jurisprudencia La inscripción de la transmisión del fondo de comercio tiene por finalidad completar el procedimiento previsto en la ley 11.867 y por el cuál ciertos bienes integrantes de una universalidad resultan así tratados con un particular régimen de transmisión y responsabilidad y tiende principalmente al conocimiento, que de ello debe darse a los terceros y no es saneatoria de los defectos que hubieran podido cumplirse en las sucesivas etapas de la transferencia (ED 132-107) La falta de inscripción de la enajenación del establecimiento en el registro Público de comercio, tiene un régimen especifico, determinado y diverso al de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 11 de la ley 11.867 (ED 99-304), del cumplimiento del requisito de la inscripción depende la eficacia de la transferencia con respecto a los acreedores con derecho (ED 13-364, JA 1955-III-64, JA 1957-I5, 57, JA 1957-II-291) y hasta esta inscripción el fondo responde por las deudas de su titular como si no hubiesen salido de su patrimonio (LL 102-898, LL 98-196), e incluso se ha planteado la nulidad de la transferencia por falta de certificado de no adeudar aportes jubilatorios (LL 76-699). Si bien el art. 6 de la ley 19.550 establece que el Juez de registro debe controlar el cumplimiento de los requisitos fiscales, esto se refiere a los requisitos de ese tipo del acto que intenta inscribirse, pero no al cumplimiento de los
requisitos fiscales emanados de la actividad anterior del fondo de comercio (Record lógico El Derecho 112663 de la CNCom, Sala A del 7 de Julio de 1978). En atención a lo dispuesto por los arts. 7 y 12 de la ley 11.867, al tratarse de un bien registrable, la transmisión de establecimientos comerciales debe efectuarse previo cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 1277 del CC (ED 61-615). Para la inscripción de la transferencia de fondos de comercio no es requisito indispensable el certificado de que el vendedor no se halla inhibido, pues se trata de una exigencia del decreto reglamentario de la ley 11.867 no contemplada en esta ni aludida en sus antecedentes legislativos y que por otra parte carecería de finalidad práctica (LL 10-662, LL 2-308, JA 59-566), tampoco es necesario probar que el activo supera al pasivo (JA 1942-IV-512). Corresponde ordenar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la disolución de la sociedad de hecho antecesora del adquirente del Fondo de Comercio enajenado, con carácter previo a la inscripción del contrato de compraventa (LL 8-127). No procede ordenar la inscripción del contrato de transferencia de fondo de comercio en el Registro Público de comercio, aunque haya sido extendido con el sellado de ley y estén cumplidos los requisitos de la ley 11.867, sin previo examen de los pagarés dados a cuenta de precio, con el objeto de verificar el cumplimiento de la ley en cuanto a los sellados de dichos pagarés (LL 17-667, JA 69-760).
Corrobora la afirmación de la inexistencia de transmisión de fondo de comercio, la actitud de los adquirentes del mismo, que solicitan en su escrito de demanda, se condene a la vendedora del inmueble a escriturar, requiriendo asimismo que se les dé la “posesión del inmueble y del fondo de comercio”, pero
sin pedir el otorgamiento del documento escrito de venta para su inscripción en el Registro Público de Comercio (ED 72-687). La transferencia de un fondo de comercio tiene vigencia desde la fecha de su instrumentación si ha sido registrada dentro de los 10 días de aquella y desde la fecha de su inscripción si lo ha sido posteriormente, conforme a lo dispuesto por el art. 39 del C. Com. (ED 13-364). Solo los terceros a la enajenación pueden invocar la falta de inscripción registral de la transferencia de un fondo de comercio (LL 46-859). El Registro no inscribe elementos o implementos aislados (ED 48-781).
Art.13° De Forma.
Decreto Reglamentario
Decreto 88.168/36 reformado por decreto 5.437/61
Artículo 1:El banco de la Nación Argentina abrirá una cuenta que será denominada “Ley 11.867 sobre transferencia de establecimientos comerciales industriales” artículos 4 y 10, en la que deberán efectuarse los depósitos que establecen los mencionados artículos de las sumas retenidas para responder a los créditos de los acreedores que hayan formulado oposición. Artículo 2 : El Banco de la Nación Argentina hará entrega del depósito a la persona que corresponda exigiendo la presentación de la boleta duplicada con el recibo al dorso que le servirá de descargo.
Artículo 3: El aviso que debe publicarse en el boletín oficial conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de esa ley, deberá presentarse en la administración del boletín oficial por el vendedor , por el comprador, por el rematador, por el escribano o por el abogado que intervenga con todos los datos que exige la ley. Artículo 4: La persona que solicita la publicación del aviso deberá presentar el documento que acredite y justifique su identidad, y la administración hará constar los datos de ese documento en el original del aviso. Artículo 5: Cuando la enajenación se efectúe en remate público la última de las cinco publicaciones que exige la ley, deberá aparecer, por lo menos, el mismo día en que se realice la subasta. Artículo 6: Para la inscripción de las transferencias de fondos de comercio se exigirán, además de las condiciones expresadas, un certificado del registro de la propiedad que acredite que el vendedor no de allá inhibido para disponer de sus bienes. Cuando la operación se haga por escritura pública este certificado quedará agregado al protocolo respectivo. Artículo7: De forma. Artículo 8: De forma.
Decreto municipal de la ciudad de Buenos Aires N° 16.765
Sancionado el 25 de septiembre de 1951 y publicado en el boletín municipal el 8 de octubre de 1951. Artículo 1: Establecese que cuando mediare cambio de dueño de determinada industria o negocio cuyo permiso de habilitación se hallare en trámite, el nuevo propietario deberá solicitar en las mismas actuaciones, previa reposición del sellado , que el citado permiso sea acordado a su nombre, debiendo suscribir el pedido correspondiente conjuntamente con el anterior dueño. Artículo 2: En el acto de presentación a que se refiere el articulo anterior, deberá hacerse conocer al interesado los requisitos exigibles al local, y, en caso de existir procedimiento de mejoras, el plazo que se acordó para su ejecución, y las penalidades a que se hace acreedor en caso de incumplimiento. Artículo 3: Determinase que la circunstancia originada por el cambio de dueño no interrumpe los plazos que se hubieren acordado para la realización de mejoras, debiéndose contar éstos desde la fecha de la respectiva notificación al anterior dueño. Artículo 4: De forma.
RESOLUCIÓN GENERAL 2245 Asunto: Impuesto a las ganancias – Reorganización de empresas – Comunicación – Tramitación- Normas complementarias. Artículo 1: En los casos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o contemplados en el art. 70 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, la comunicación a que se refiere el inc. d) del art. 90 del decreto reglamentario del gravamen deberá realizarse a esta
Dirección dentro de los ciento ochenta (180) días corridos cintados a partir de la fecha de la reorganización. En el supuesto que en el plazo indicado no fuera posible reunir la totalidad de los datos que, de conformidad a lo que se establece en el art. 2 de esta resolución, debe obtener la citada comunicación, deberá aportarse a esta Dirección la información disponible y comunicar las razones que impiden cumplimentar íntegramente lo requerido. Asimismo, el dato o datos faltantes deberán ser aportados dentro de los quince (15) días siguientes al de su obtención. Artículo 2: La comunicación aludida deberá efectuarse, por las entidades continuadoras, mediante nota simple ante la dependencia de este Organismo en que se encuentran inscriptas y deberá contener como mínimo , los siguientes datos: a) Denominación, domicilio, actividad y número de inscripción en el impuesto a las ganancias de la empresa continuadora. b) Denominación, domicilio, actividad y numero de inscripción en el impuesto a las ganancias de la o las empresas antecesoras. c) Fecha de reorganización. Corresponde considerar la del comienzo por parte de la o las empresas continuadoras , de la actividad o actividades que desarrollaban la o las antecesoras. d) Constancias de haber cumplimentado los requisitos de publicidad e inscripción establecido por el código de comercio o, en el supuesto que esta última no hubiera sido otorgada, la de iniciación de los trámites respectivos ante las autoridades competentes.
