INTRODUCCIÓN El caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México fue una de las tantas controversias resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia fue realizada el sentencia de 16 de noviembre de 2009. En este breve resumen posteare un análisis jurídico sobre lo más concreto de la sentencia final. El “Campo Algodonero”, corresponde al homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres. Tres de estos homicidios, uno cometido en contra de una mujer adulta y dos en contra de mujeres menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas, a través de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil protectoras de los derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión). La Comisión acumuló los tres casos y presentó el correspondiente informe en el que emitía una serie de recomendaciones al Estado mexicano, otorgándole 2 meses para adoptarlas. Después de la presentación del primer informe de cumplimiento por parte del Estado, éste solicitó una prórroga, misma que le fue otorgada. Los peticionarios manifestaron, a lo largo de este proceso, su interés de que el caso fuera sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte). La Comisión, valorando dicha petición y el informe final del Estado mexicano, en el cual no se reflejaba el cumplimiento de todas las recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte. La demanda en contra del Estado mexicano se hizo el 4 de noviembre de 2007. La sentencia de 16 de noviembre de 2009, en la cual se presenta los hechos, controversias, testigos de las dos partes. Y conforme a este escrito daré un criterio si lo resuelto por parte de la Corte, se da de manera correcta o no. Se presenta no solo lo sucedido en este caso, sino las variedades de asesinatos, violaciones, hostigamiento que es muy común escuchar sobre las mujeres en el estado de Chihuahua y aún más estos se dan con más regularidad a las niñas y jóvenes los cuales se aprovechas de que carencia económica y estudios de estas.
DESARROLLO En lo que se refiere a los hechos, la Corte observó que el Estado admitió, en términos generales, los hechos de contexto relativos a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, particularmente los homicidios que se han registrado desde el inicio de los años 90, tomando en cuenta los artículos 51 y 61 de la Convención y procedió a la demanda contra los Estados Unidos Mexicano. En lo que se refiere a las pretensiones de derecho, la Corte declaró que había cesado la controversia sobre la violación de los artículos 5° (derecho a la integridad personal), 8° (garantías judiciales), 25° (protección judicial) 19° (Derechos del Niño) y 25° (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”), en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados, por las violaciones aceptadas por el Estado. La Convención de Belém do Pará identifica los espacios en los que una mujer puede ser víctima de violencia; asimismo, en su artículo 3 enfatiza que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional tendiente a proteger los derechos humanos de las mujeres, la violencia de género persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. La demanda fue notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el 2 de enero de 2008. Los representantes de las víctimas, solicitaron a la Corte que se le declara la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la libertad personal y al derecho a la dignidad y a la honra igual de la Convención. Los hechos sucedieron en Ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan día con día diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo desde 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer.
Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de setiembre de 2001. Claudia Ivette Gonzáles, trabajadora en una empresa maquilladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes presentaban signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables. La Comisión y los representantes se refirieron a lo vivido por las jóvenes González, Ramos y Herrera como “violencia contra la mujer”. Los representantes alegaron que “los asesinatos del presente caso coinciden en su
infinita crueldad, y son crímenes de odio contra estas niñas y mujeres juarenses, crímenes misóginos acunados en una enorme tolerancia -e impulso social y estatal- a la violencia genérica contra las mujeres”. El hallazgo de los cuerpos de estas mujeres fue el 6 de noviembre de 2001, estas fueron encontradas en un campo algodonero e identificadas como las jóvenes Ramos, González y Herrera; de igual manera se encontraron los cuerpos de otras cinco mujeres, que no hacen mención a su nombre puesto que no tienen relevancia al caso presente. Y es que no solo se encontraron sin vida, sino que presentaban violencia física, que hubo violación sexual, abuso sexual y que fueron torturadas durante la privación de la libertad. A continuación los representantes de las víctimas manifestaron que “la forma en
que fueron encontrados los cuerpos sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.
En las pruebas testimoniales y periciales, la mayoría de los testigos por parte de la Comisión y el Estado, declararon “inter alia” ( entre otras cosas ) sobre cada uno de los hechos de este caso, como son los resultados del peritaje cuando se encontraron los cuerpos, la omisión de la policía ante este caso, el tiempo en que se llevaron para identificar los cuerpos y que como conclusión no se hizo de una manera adecuada su identificación, etc.
Pero por la descomposición de los cuerpos no se pudo certificar en la autopsia si existió violación o abuso sexual, ya que no se era apreciable, los peritos determinaron que por la manera en que se les fue encontradas a los jóvenes, estas especificadas en la parte de “hallazgo de los cuerpos”, se presume que si
existió violación sexual. Y que por consiguiente no se pudo determinar la causa de su muerte de las tres jóvenes. El Estado, reconoció “la problemática que enfrenta por la situación de violencia
contra las mujeres en Ciudad Juárez, particularmente, los homicidios que se han registrado desde principios de los 90s del siglo pasado”.
En primera cuando las madres de las víctimas dan su declaración de cuando fueron a poner una denuncia se demuestra la ineptitud de las fuerzas policiacas y algo que se muestra mucho el machismo y la insensibilidad por los mismos. El decir que “se fue con el novio” que “es culpa de ellas (las víctimas) que les suceda eso por su comportamiento”.
Por parte los peritos, se demuestra que no existió las medidas necesarias para el levantamiento de los cuerpos y que era necesario que al realizar la necropsia, la identificación de los cuerpos y la causa de la muerte, existiere una médico certificado. Otra causa, la delincuencia organizada, ha tomado control sobre estas regiones porque el gobierno se lo ha permitido, no sería la primera vez que se conozca que el gobierno apoya a la delincuencia, en varias ocasiones y desde que surgieron este tipo de grupos criminales, el gobierno sabe todo lo que estos hacen, se debe de existir en un país en donde se cumpla la ley, en donde la persona que nos representara no se sienta más que la sociedad solo por ocupar un cargo que nosotros le hemos dado para que nos represente. El Estado afirmó que “cumple con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad”. Además, sostuvo que no tendría responsabilidad internacional puesto que “no existió participación directa de agentes estatales en los homicidios […],
además de que no se demostró que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante”, y por ha implementado “medidas especiales para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño”. Como últimos puntos, la Comisión manifestó que “México debe adoptar
medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas, como las medidas de rehabilitación psicológica y médica”.
Los representantes de la víctima solicitaron que “el estado mexicano brinde la
asistencia médica y psicológica desde dos instituciones de carácter federal para garantizar un servicio de calidad o […] que garantice la remuneración de los especialistas que atiendan a las familias hasta que […] se concluya con los […] tratamientos”. Estos, confirmaron que las familias han sufrido daños por la
muerte de las jóvenes. Pero el Estado afirmó, haberles dado atención a las madres de las víctimas, de manera psicológica y atención médica. Eso sí, el Estado no demuestra haberles dado atención a los demás familiares afectados. En indemnizaciones, señalan los representantes de las víctimas que el único apoyo extraordinario entregado a las familias de las víctimas es el denominado “Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres” De otra manera se reconoce el monto que recibió cada familiar de las
víctimas por lo sucedido, por medio de este tipo de fondo. Los puntos resolutivos por parte de la Corte son: En este caso el Tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como los de sus familiares identificados en el párrafo 9 supra, por lo que serán considerados como “parte lesionada” y beneficiarios de las r
Se decide por unanimidad, aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente Sentencia y, por ende, declarar que: tiene competencia contenciosa en razón d la materia para conocer de alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, y no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 20 y 30 de la presente Sentencia. La Comisión indicó que “una reparación integral exige que el Estado investigue
con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, las desapariciones y posteriores asesinatos” de las víctimas con el propósito de “esclarecer la verdad histórica de los hechos”, para lo cual el Estado debería “adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de
completar la investigación, localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales y materiales de los hechos, e informar sobre los resultados”. Los
representantes coincidieron con esta solicitud.
No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 –Derecho a la vida, 5 – Derecho a la integridad personal y 7 –Derecho a la libertad personal, de la Convención americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 a 242 de esta sentencia. Lo anterior porque se señala que presuntamente quien cometió el homicidio, son policías estatales, pero en esto no se tiene prueba de lo sucedido. Así se le atribuye al Estado la violación de los Derechos ya mencionados. „El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal
reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente sentencia. Además de todo esto, se realizó una indemnización económica y psicológica para los familiares de las víctimas, aunque esto obviamente no les devolverá a la vida a sus familiares y el daño moral de estos será casi irremediable.
CONCLUSIÓN El caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México fue solo un caso de los miles que han ocurrido y posiblemente siguen ocurriendo en los estados fronterizos del país, resaltando Cd. Juárez en Chihuahua que desde los años 90‟s ha resaltado no solo a nivel nacional sino hasta en nivel
internacional, por los miles de feminicidios que se realizan en estos lugares. El caso del “Campo Algodonero” provocó una fuerte reacción en la sociedad, al
presentar ante el público la negligencia de la autoridad correspondiente, al hacer caso omiso en las denuncias presentadas por la desaparición de las víctimas y actuar de forma irresponsable en la integración de la investigación desde sus inicios, aún más cuando la propia autoridad reconoció su error y dejó pasar un tiempo invaluable para la recolección de pruebas y evidencias importantísimas para el esclarecimiento del hecho. Es por ello que en nuestros días la mujer mexicana incluso la más pobre, ya tiene una voz que clama por la igualdad que merece y sin duda es tiempo que el gobierno y la sociedad de este país reconozcan y respeten la equidad de género. Esta sentencia resalto mucho porque los mismos familiares alzaron la voz y no se quedaron conformes con los pretextos y excusas que el Estado Mexicano les estaba dando, las recomendaciones que dictaba la Comisión de Derechos Humanos en México no eran de grandes impactos.
