FACULTAD DE DERECHO
CURSO
:
DERECHO ECONOMÍA
TEMA
:
DERECHO ECONÓMICO ENTRE LAS CONTRATACIONES PRIVADAS Y DEL ESTADO
DOCENTE
:
JOSE LLATAS ROMAN
ALUMNO(S)
:
FRANCISCO QUISPE CURO
CICLO
:
III
TURNO
:
MAÑANA
LIMA – PERÚ 2016
DEDICATORIA: Este trabajo monográfico va dedicado al docente del presente curso, por guiarnos en el camino del conocimiento y de los valores éticos y morales.
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ÍNDICE
DEDICATORIA: .................................................................................................. 2 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 4 1. DERECHO DE LA ECONOMÍA Y DERECHO ECONÓMICO. ....................... 5 2. EL DERECHO ECONÓMICO......................................................................... 8 3. SUJETOS DEL DERECHO ECONÓMICO..................................................... 9 4. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ECONÓMICO ........................................ 10 5. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ECONÓMICO ...................... ........... 11 5.1 Humanista ............................................................................................... 11 5.2 Dinámico ................................................................................................. 11 5.3 Complejo ................................................................................................. 12 5.4 Concreto ................................................................................................. 12 5.5 Multidisciplinario e interdisciplinario ........................................................ 12 6. EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO ............................................................ 13 6.1 Principales normas del gobierno nacional. ............................................. 14 6.2 Teoría de la Interpretación jurídica ......................................................... 16 7. LOS CONTRATOS: FORMACIÓN DEL CONTRATO. LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA PRIVADA DE LA VOLUNTAD. LA CONTRATACIÓN MASIVA. 19 8. EL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL. ...................................... 23 9. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.................................................... 25 CONCLUSIONES ............................................................................................. 27 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 28
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación nos da detalles sobre el derecho económico dentro de las contrataciones privadas y del estado, como sabemos el derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, que facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico y social de un país y regular la cooperación humana dentro de las contrataciones privadas y públicas.
El derecho como sistema jurídico interviene en la regulación de la actividad económica, en este contexto los campos de la economía y el derecho está íntimamente ligados y mantienen una interacción constante entre sí.
La finalidad de este trabajo es lograr la mejor comprensión sobre el derecho económico dentro de las contrataciones, En el transcurso de la monografía estaremos analizando todo sobre lo referente al derecho económico, el sistema jurídico peruano, los Contratos: formación del contrato. limitaciones a la autonomía privada de la voluntad, la contratación masiva y el régimen económico constitucional
La información puesta en este trabajo monográfico fue extraída de distintas fuentes, como libro, tesis e internet.
Espero que esta investigación desarrollada con mucho entusiasmo satisfaga las expectativas de todas aquellas personas interesadas en este tema de mucha importancia.
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EL DERECHO ECONÓMICO ENTRE LAS CONTRATACIONES PRIVADAS Y DEL ESTADO
1. DERECHO DE LA ECONOMÍA Y DERECHO ECONÓMICO. El derecho económico trata de una rama del derecho integrado por categorías jurídicas (elemento formal) y económicas (elemento material), de manera que su objeto de estudio es bicéfalo. Ambos elementos tienen como eje central el fenómeno del intervencionismo estatal en la economía (mixta o socializada) a fin de alcanzar metas definidas por el sistema político global, recogidas en las constituciones nacionales. Este eje central será distinto en uno u otro sistema económico.
Este intervencionismo y dirección estatal ha dado lugar en la ciencia económica a una rama autónoma. La política económica que estudia, sistematiza y evalúa los instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de regular la producción, distribución, circulación y consumo en una comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de recursos. Cuando la política económica se racionaliza, se hace sistemática y permanente, avanza hasta la planificación democrática o concertada.
El derecho económico surge como un subconjunto normativo que regula, disciplina y ejecuta la política económica y la planificación en busca del desarrollo que equilibres necesidades sociales ilimitadas frente a recursos materiales escasos.
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Política económica. Son las directrices y lineamientos mediante los cuales el gobierno regula y orienta el proceso económico del país; define los criterios generales que lo sustentan de acuerdo con la estrategia general de desarrollo, loa ámbitos fundamentales y los instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional como el gasto público, las empresas públicas, la vinculación con la economía mundial, la capacitación y la productividad; todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de las políticas social, sectorial y regional.
Es la forma de intervención deliberada del gobierno para lograr ciertos objetivos, haciendo uso de los medios de que dispone (política fiscal, de gasto, monetaria, entre otras). Es así mismo parte de la economía que se encarga del estudio de la intervención del gobierno para conseguir sus propósitos económicos. Son todas las actividades de regulación, supervisión y promoción de las actividades económicas que ejerce el gobierno.
Los objetivos de la política económica son: lograr y mantener el crecimiento económico, abatir el desempleo, evitar la inflación, mantener la estabilidad en la balanza de pagos, evitar la acción de los monopolios y lograr una distribución justa del ingreso, todo lo cual debe reflejarse en el incremento del nivel de vida de la población.
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El derecho económico es el derecho de dirección, de mando que se adscribe en el ámbito del derecho público, sin desconocer su incidencia normativa en el área del derecho mercanti l.
Este carácter de “derecho fronterizo” ha llevado a
algunos a sostener que en los sistemas económicos mixtos este derecho es el derecho de síntesis que plasma los intereses privados (en cuanto agentes que cumplen actividades económicas no estrictamente individualistas) con los intereses públicos de dirección o derecho de la economía. El derecho de la economía se dice que es el derecho aplicable exclusivamente a la intervención de las personas públicas en la economía (empresas públicas). Empero se cree que el derecho de la economía supone una noción amplia que configura el universo normativo disciplinando la actividad económica en general y admitiendo así, una distinción entre el derecho privado de la economía y el derecho público de la economía.
El derecho de la economía es casi tan antiguo como el hombre. En el momento en que éste produce un bien o un servicio y lo cambia y lo vende, el Derecho económico aparece. El hecho engendra el Derecho, aunque también, cierto, el Derecho es fuente de hechos. Al aparecer el poder público, de inmediato se nota la participación de éste en el proceso económico, unas veces en forma amplia, cual es el caso del Estado Mercantilista; otras, restringidamente, como sucedió con el Estado liberal, ya que a pesar de la existencia de un Laissez-faire, Laissez passer, que impedía a este tipo de Estado intervenir en la vida económica, lo cierto es que siempre ejerció algunas funciones económicas. El Liberalismo económico puro jamás ha existido. El
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Estado Moderno no puede prescindir de su injerencia en la economía, en unos casos más que en otros, por ejemplo, en Francia o Suecia participa más que en Estados Unidos de América o Japón.
El Derecho económico reglamenta todas las etapas del proceso económico, desde la producción de bienes y servicios, hasta el consumo de los mismos, así se trate de un sistema capitalista o de uno de tipo socialista y desde luego en uno de economía mixta. Lo anterior es el Derecho de la economía que, como hace notar la doctrina italiana se trata de un derecho cuyo contenido encaja en el Derecho público de la economía. Este se convierte en una nueva disciplina para estudiar y sistematizar las normas jurídicas correspondientes, a efecto de que el Poder público pueda actuar en la vida económica.
La diferencia que existe entre el Derecho Privado y el Público de la economía, es que el primero se refiere a normas para reglamentar la empresa privada (como los reglamentos generales que debe observar en su vida interna, las licencias, la seguridad física de los edificios, la seguridad industrial, etc.). En cambio en el segundo se trata de todas aquellas normas de Derecho Público que reglamentan las conducta de las personas correspondientes al sector publico de la vida económica.
2. EL DERECHO ECONÓMICO El derecho económico es un derecho instrumental que está en función de la política económica. disciplina que postula una intervención del Estado en la
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economía selectiva o integral, según la fuerza o articulación de los grupos que controlan alternativamente el poder público.
Los fines o metas de la política económica en los sistemas democráticos cambian periódicamente en función del Estado o del mercado, paradigmas que privilegian a los trabajadores manuales o intelectuales (prestadores de servicios) o a los empresarios privados (productivos o financieros).
El derecho económico es bicéfalo debido a que tiene un aspecto normativo y otro aspecto práctico-económico. Por ello debe abordarse con un método plural y no dogmático, pues debe armonizar el mandato legal con los fines de comportamiento económico específico de los destinatarios de ese mandato.
3. SUJETOS DEL DERECHO ECONÓMICO El concepto de sujeto como centro de imputación de derechos y obligaciones para el derecho económico son los agentes económicos en general, sea cual fuere su forma jurídica o naturaleza patrimonial, que actúen en la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios. Es decir, las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares en cuanto a productores y distribuidores para el mercado, que cumplan funciones económicas trascendentes, y los consumidores.
Técnicamente, los sujetos del derecho económico son el Estado, como rector del proceso económico, junto a diversos agentes ejecutores de actividades
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económicas que se registren en el circuito de un país. Se trata entonces de agentes que están en el sector de las empresas (públicas y privadas) y en el sector de los consumidores (familias), pero insertos en el circuito general del sistema económico. Esto es, como oferentes o como consumidores económicos reales.
La función del Estado como director y rector actuando activamente como depositario de los intereses globales del sistema, y no como un ente ajeno a la propia sociedad. Su papel es de mando y jerarquía y los agentes afectados tienen la obligación de observar un acatamiento que estará previsto en las garantías individuales de todo Estado social de derecho. En dicho contexto de legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales son sancionadas por las técnicas del derecho penal económico existente en todo sistema económico.
4. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ECONÓMICO El derecho económico se clasifica en interno y externo o derecho económico internacional.
El derecho económico interno es el conjunto de normas que rigen la política económica en el ámbito de un país. Es decir, espacial o territorialmente se circunscribe al universo en que cada Estado ejerce su soberanía económica y política.
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El derecho económico internacional está referido a las normas y principios que disciplinan los comportamientos estatales en la comunidad internacional. Ejemplos de estas normas son las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, del GATT (Organización Mundial del Comercio) y sus códigos de conducta, los tratados de integración económica, etc.
5. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ECONÓMICO Lo que caracteriza al derecho económico es que es humanista; dinámico; complejo; nacional e internacional; concreto; multidisciplinario e interdisciplinario; posee un enfoque micro y macroeconómico, y es instrumento para el cambio social.
5.1 Humanista El derecho económico tiene como centro al hombre. Sus normas no tienen relación con los "ajustes estructurales" que limitan el gasto público y contienen los salarios, mientras los precios crecen en favor del capital. 1
5.2 Dinámico Con el proceso de la globalización, las normas cambian y se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos. Ese dinamismo es distinto a la globalización. Por tanto, los subsidios para impulsar a las pequeñas empresas y a los productores agrícolas serán dinámicos y oportunos para los países en
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Martín Díaz Díaz, "Derecho económico: un nuevo espacio metodológico para la reflexión jurídica", en obra colectiva Lineamientos metodológicos y técnicos para el aprendizaje del derecho, Porrúa, México, 1987, p. 63.
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desarrollo, mientras serán desleales e injustos para los productores de los países desarrollados de la pista rápida de la globalización. 2
5.3 Complejo El derecho económico contemporáneo muestra facetas duales. Así, normas del Garr (sustituido por la Organización Mundial del Comercio) que liberan los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, coexisten junto a normas que sancionan a las empresas estatales estratégicas que son vitales para el crecimiento económico de los países de la pista lenta.
5.4 Concreto El derecho económico es concreto, pues su basamento constitucional y sus legislaciones secundarias se aplican a relaciones económicas que tienen como escenario el territorio nacional y zonal.
5.5 Multidisciplinario e interdisciplinario El término multidisciplinario hace referencia a que el derecho económico puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento humano, es decir, por su misma naturaleza presenta implicaciones de tipo económico, jurídico, político, etc. Ello plantea el principal problema en las negociaciones internacionales, que es el lograr armonizar las diferentes posturas e intereses de los países que en ellas intervienen, por los aspectos antes señalados.
2 Nafin,
Programas de apoyo para micro y pequeña empresa que facilitan acceso a créditos privilegiados, documento oficial.
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Interdisciplinario. Como síntesis de la economía y el derecho, las normas de contenido económico requieren un abordaje no formalista y esencialmente realista y sociológico. Así, una norma que devalúa la moneda no puede verse sólo como una medida que fomenta exportaciones, sino como una decisión de política económica que expropia a los sueldos y salarios de las mayorías, y afecta los ingresos para educación, vivienda, salud y alimentación.
6. EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO Las normas jurídicas no existen ni se aplican de manera aislada; por el contrario, se encuentran relacionadas entre sí. Por ello, la aplicación del derecho requiere concebir al conjunto de las normas jurídicas como un sistema jurídico, es decir como un conjunto organizado y coherente.
Bajo esta premisa, las normas jurídicas no deben contraponerse o contradecirse entre sí. No obstante, es posible encontrar ocasionalmente normas jurídicas que se encuentran en esa situación. En estos casos, las reglas que rigen el sistema jurídico permitirán resolver los conflictos mediante la aplicación de principios y de métodos de interpretación.
Uno de los principales criterios para organizar las normas legales es su jerarquía, es decir la relación de superioridad e inferioridad en la que se encuentra una norma respecto de otra. Esta relación permite establecer cuál de ellas debe prevalecer en caso de existir algún conflicto o contradicción.
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Las normas legales son emitidas por entidades del Estado en tres planos distintos: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Cada uno de ellos emite distintas normas que se organizan jerárquicamente, de modo que en caso de existir conflictos entre ellas las normas de mayor jerarquía priman sobre las de rango inferior.
6.1 Principales normas del gobierno nacional. a. La Constitución Política del Estado: Es la norma fundamental sobre la cual descansa todo el sistema jurídico. En la Constitución se señalan las normas básicas que rigen a la sociedad y los límites que el Estado y los particulares deben respetar en su actuación. La Constitución trata diversas materias, entre las cuales podemos resaltar las siguientes: 1. El Estado, su estructura y organización. 2. Los derechos fundamentales de las personas. 3. El régimen económico constitucional.
b. La Ley y las normas con rango de ley: Se trata de normas expedidas en ejercicio de la potestad legislativa del Estado. En principio esta potestad es ejercida solamente por el Congreso de la República, sin embargo, se admite que bajo distintas circunstancias otros órganos del Estado puedan expedir normas del mismo nivel.
c. Los Tratados: Los tratados son acuerdos del Perú con otros Estados o con organismos internacionales. Forman parte del derecho nacional. De
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acuerdo a las disposiciones de la Constitución, pueden tener distintos rangos: -
Tratados con rango constitucional: Son aquellos que afectan disposiciones constitucionales, por lo que su aprobación requiere seguir el mismo procedimiento aplicable para reformar la Constitución.
-
Tratados con rango de ley: Son aquellos que requieren aprobación por el Congreso de la República. Según lo establece la Constitución son los que versan sobre derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa
nacional; obligaciones financieras
del Estado; los que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. -
Tratados con rango de decreto supremo: Son todos aquellos que no requieren ser aprobados por el Congreso de la República. Estos tratados pueden celebrarse o ratificase mediante los decretos supremos que expide el Presidente de la República, luego de lo cual debe darse cuenta al Congreso de la República.
d. Los Decretos Supremos: Son normas que emite el Presidente de la República. Son las normas de más alto rango en el Poder Ejecutivo. Su contenido normalmente es de carácter general, por ejemplo cuando se emplean para reglamentar leyes.
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e. Otras normas del Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo a través de sus diversas instancias puede emitir distintas normas. Podemos mencionar las siguientes en orden jerárquico: - Resoluciones Supremas - Resoluciones Ministeriales - Resoluciones Vice Ministeriales - Resoluciones Directorales - Otras resoluciones
6.2 Teoría de la Interpretación jurídica La interpretación jurídica es un tema de suma importancia cuando ingresamos al terreno de la aplicación de la ley. No siempre la norma legal es clara en su sentido y en sus alcances.
Podemos encontrar diversos problemas en su aplicación derivados de la oscuridad de la norma, de su redacción compleja o ambigua o de su relación con otras normas legales.
La interpretación jurídica es de utilidad para tratar de desentrañar qué es lo que la norma quiere decir. Ello nos permitirá luego aplicarla correctamente.
Existen diversos métodos de interpretación jurídica. Los métodos constituyen procedimientos que nos permitirán esclarecer el sentido de la norma utilizando cada uno de ellos diversas variables para alcanzar nuestro objetivo.
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Los principales métodos de interpretación son los siguientes: 1. Método literal o gramatical: Consiste en aplicar las reglas de la lingüística para tratar de entender cabalmente lo que la norma quiere decir. Aplicaremos este método averiguando el significado de las palabras, examinando la sintaxis y la puntuación utilizada. Este método es útil para realizar un primer acercamiento a la norma, pero será necesario complementarlo con otros métodos para comprender todos sus alcances.
2. Método Teleológico: A través de este método se pretende interpretar la norma a través de su fin. Se trata de entender la ley en relación con la finalidad para la cual existe. Algunos autores se refieren a la finalidad al referirse a la ratio legis, es decir, la razón de ser de la norma. No se trata de establecer las motivaciones que guiaron al legislador al emitir la norma o los efectos que quiso producir, toda vez que la norma una vez emitida se independiza de quienes la crearon. Se tratará más bien de encontrar el por qué y para qué existe la norma. Responder a estas preguntas implica un ejercicio de carácter valorativo por lo que debe evitarse caer en subjetivismos al aplicar este método interpretativo.
3. Método sistemático: Este método consiste en interpretar la norma utilizando para ello conceptos y contenidos presentes en otras normas que forman parte de un mismo grupo de normas, es decir, que regulan las mismas conductas o situaciones. De este modo, en la interpretación
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privilegiamos el carácter estructural del derecho y lo interpretamos de manera unitaria en lugar de hacerlo de manera aislada.
4. Método histórico: Este método consiste en recurrir a los antecedentes vinculados a la norma que se analiza para conocer la intención del legislador al emitirla. Para aplicar este método se examinan la exposición de motivos de la norma, los proyectos de ley, su fundamento y los debates que se generaron en torno a su emisión. Asimismo, puede recurrirse al examen de las normas derogadas que constituyen un valioso antecedente en cuanto a la evolución de la norma que nos permite conocer lo que fue modificado y lo que fue conservado en la norma que se examina. La utilidad de este método es materia de discusión porque no siempre se logrará desentrañar con certeza la intención del legislador y porque la norma, sin cambiar en su texto, debe adaptarse a las nuevas circunstancias en las que se deba aplicar. Esto último reduce el valor interpretativo de los antecedentes.
5. Método sociológico: Este método parte de la necesidad de observar la realidad social a la cual la norma será aplicada. Exige recurrir a diversas ciencias sociales para poder entender la realidad y tratar de adecuar nuestra interpretación de la norma a esa realidad.
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7. LOS CONTRATOS: FORMACIÓN DEL CONTRATO. LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA PRIVADA DE LA VOLUNTAD. LA CONTRATACIÓN MASIVA. Los contratos son acuerdos de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
El contrato se perfecciona a través del consentimiento, es decir cuando confluyen las voluntades de los contratantes. Específicamente podemos decir que el consentimiento se produce cuando la oferta formulada por una de las partes es aceptada por la otra y la primera toma conocimiento de la aceptación.
Cuando los contratantes están presentes es poco importante determinar el momento exacto en el que el consentimiento se produce, toda vez que ambas partes expresan reunidas su voluntad. Sin embargo, cuando los contratantes no están presentes es necesario establecer el momento en que el consentimiento perfecciona el contrato. Este será el caso de los contratos celebrados entre ausentes, por ejemplo, a través del uso de cartas, fax, medios electrónicos o por otros medios que impliquen que no hay un contacto directo entre los contratantes. En estos casos establecer si el contrato llegó o no a perfeccionarse será necesario para determinar los derechos y obligaciones de los involucrados. De acuerdo a nuestra legislación, el consentimiento se produce cuando quien formuló la oferta toma conocimiento de que el otro contratante la ha aceptado. La aceptación para dar lugar al consentimiento no debe afectar las condiciones de la oferta. Si, por el contrario, la aceptación es tardía o a través de
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ella se modifican los términos de la oferta, estaremos ante una contraoferta que, a su turno, deberá ser aceptada por el ofertante inicial.
Los contratos se forman por la expresión de la libre voluntad de las partes contratantes.
Tradicionalmente, se ha considerado que las partes arriban a celebrar el contrato al cabo de un proceso de negociación en el cual se establecen sus términos y condiciones.
De esta manera, el contrato constituye la expresión de las siguientes libertades de los contratantes: -
La libertad de contratar o libertad de conclusión: Es la facultad de los contratantes de decidir si contratan o no y de elegir con quien contratan.
-
La libertad contractual o de configuración interna: Es la libertad que tienen los contratantes de elegir el tipo de contrato y de acordar el contenido o los términos del mismo.
En realidad, estas libertades no son de carácter absoluto y, en algunos casos, inclusive podemos decir que están ausentes.
En efecto, la voluntad de los contratantes enfrenta en primer lugar limitaciones derivadas de las normas legales de carácter imperativo. Por ello, las partes no pueden darle a sus contratos cualquier contenido, sino que deben cuidar que sus
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acuerdos no sean contrarios a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, ni en las cláusulas generales de contratación ni en los contratos de adhesión están permitidas cláusulas que establezcan a favor del que los redactó, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad (artículo 1398º del Código Civil).
La contratación masiva ha traído también como consecuencia recortes a la libertad contractual o de configuración interna. Debido a la producción en masa y a la necesidad de realizar con mayor rapidez y con menos costo las transacciones, los contratos se han estandarizado, es decir, se celebran prescindiendo de la etapa de negociación, mediante la aceptación por una de las partes de los términos que la otra establece.
Por ejemplo en los contratos que se celebran para abrir una cuenta de ahorr os o para obtener una tarjeta de crédito; o en los contratos que realizamos con las empresas prestadoras de servicios públicos. En estos casos no sólo está ausente un proceso de negociación, sino que los términos del contrato están predeterminados por una de las partes e incluso se encuentran impresos y no admiten ninguna modificación. De esta manera al otro contratante sólo le queda aceptar las condiciones establecidas si desea recibir el bien o servicio que es objeto del contrato.
La contratación masiva se expresa a través de dos modalidades contempladas en nuestra legislación:
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a)
El contrato de adhesión: Es aquel en el que una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.
b)
Las cláusulas generales de contratación: Son aquellas que redacta unilateralmente una de las partes, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios
de
ellos.
Estas
cláusulas pueden ser aprobadas por la autoridad administrativa, en cuyo caso se incorporan automáticamente a todas las ofertas que se formulen para contratar.
La contratación masiva tiene como consecuencia positiva la reducción de los costos de la celebración del contrato. Los contratos se establecen con mayor rapidez, lo cual permite una mayor cantidad de transacciones. Ello redunda en favor de ambos contratantes, toda vez que la reducción de costos para el proveedor del bien o servicio se traducirá en una reducción de lo que solicite a cambio al otro contratante.
Sin embargo esta modalidad de contratación puede tener también efectos nocivos, en la medida que el contratante que fija los términos del acuerdo puede utilizar esa facultad de manera abusiva y causar perjuicios a su contraparte. Esta situación se presenta habitualmente en la relación entre proveedores y consumidores o usuarios y ha dado lugar a la legislación de protección al consumidor.
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8. EL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL. Una de las partes más importantes de la Constitución es la destinada a establecer el régimen económico constitucional. El artículo 58º de la carta fundamental señala que el Perú tiene un régimen de Economía Social de Mercado.
No debe confundirse a la Economía Social de Mercado con la Economía de mercado, pues si bien ambas tienen elementos en común, también presentan diferencias notorias, especialmente en lo referido a la participación del Estado en la economía.
La Economía Social de Mercado, de acuerdo a nuestra Constitución, presenta las siguientes características: a) Libertades para el ejercicio de las actividades económicas: La Constitución establece que la iniciativa privada es libre y garantiza la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de industria, la libertad de contratar y la libertad de trabajo.
b) Mercado libre: El mercado es el espacio donde confluyen ofertantes y demandantes para realizar transacciones sobre bienes y servicios. En él se forman los precios y las condiciones de los contratos bajo las reglas económicas
que
rigen
su
funcionamiento.
Para
favorecer
el
funcionamiento del mercado el Estado tiene el deber de facilitar y vigilar la libre competencia. Además, dentro de sus funciones se encuentra la
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protección de los consumidores que constituyen agentes económicos de singular importancia en el mercado.
c) Protección de la propiedad: Nuestra constitución establece que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de distintas formas de propiedad y de empresa. Por ende el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. No obstante, dado que el derecho de propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, la propiedad puede estar sometida a diversas limitaciones. Inclusive la propiedad puede perderse en el caso de expropiación, aun cuando este supuesto se encuentra restringido a casos de necesidad pública y seguridad nacional. En caso de expropiación, la Constitución establece garantías a favor del expropiado a fin de que obtenga una indemnización adecuada por la pérdida de su derecho.
d) Intervención subsidiaria del Estado en la economía: El Estado puede intervenir subsidiariamente en el ámbito de la producción, circulación o distribución de bienes o en la prestación directa de los servicios, sólo cuando se encuentra fehacientemente acreditado que por la inacción o defección de la iniciativa privada, dicha provisión o suministro no atiende las demandas de la población. Ello no excluye que el Estado desempeñe permanentemente su función de orientar el desarrollo del país, para lo cual la Constitución le impone el deber de actuar principalmente en las áreas de salud, educación, promoción del empleo, infraestructura, servicios públicos, seguridad e infraestructura.
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e) Actuación solidaria del Estado: La Economía Social de Mercado se enmarca en la concepción del Estado peruano que es caracterizado por la Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho. En tal sentido, el régimen económico se encuentra guiado por valores democráticos, participativos y tiene como finalidad alcanzar el bienestar social compartido de la población. En tal virtud, el Estado puede adoptar medidas a favor de los sectores de menores recursos a fin de disminuir el efecto negativo de las crisis económicas.
Dentro de este marco general para el desarrollo de las actividades económicas, la Constitución establece disposiciones específicas sobre diversas materias.
9. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Las garantías constitucionales son acciones que tienen como propósito proteger los derechos reconocidos por la Constitución. Su fin esencial es garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.
Son las siguientes:
La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
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La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los protegidos por el Hábeas Data. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.
La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza el derecho a solicitar información de cualquier entidad pública y a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar.
La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a
acatar
una norma
legal
o
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
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un
acto
CONCLUSIONES
1. El derecho económico surge como un subconjunto normativo que regula, disciplina y ejecuta la política económica y la planificación en busca del desarrollo que equilibres necesidades sociales ilimitadas frente a recursos materiales escasos.
2. Las contrataciones se perfecciona a través del consentimiento, es decir cuando confluyen las voluntades de los contratantes. Específicamente podemos decir que el consentimiento se produce cuando la oferta formulada por una de las partes es aceptada por la otra y la primera toma conocimiento de la aceptación.
3. Los contratos se forman por la expresión de la libre voluntad de las partes contratantes,las partes arriban a celebrar el contrato al cabo de un proceso de negociación en el cual se establecen sus términos y condiciones.
4. El sistema jurídico conforma aquel subsistema de control social que dimana del Estado en forma de normas jurídicas, disciplina al cuerpo social con base en una ideología de aceptación.
5. La Economía Social de Mercado se enmarca en la concepción del Estado peruano que es caracterizado por la Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Witker, Jorge. (1999) Introducción al derecho económico. Cuarta Edición. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México. 2. Ramacciotti, Beatriz, Novak, Fabian y Negro, Dante, (1993). Derecho internacional económico, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 3. Requeijo González, Jaime, (1995). Economía mundial: un análisis entre dos siglos, 1ra Edición. McGraw-Hill, España. 4. Roemer, Andrés, (1994). Introducción al análisis económico del derecho, 1ra Edición. Fondo de Cultura Económica, México. 5. Santos, Pastor, (1989). Sistema jurídico y económico, una introducción al análisis económico del derecho, 1ra Edición. Ternos, Madrid. 6. Conceptos fundamentales del derecho económico. [en línea] Disponible en:
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Visitado el 07/11/2016 7. La contratación de la administración pública en función a los intereses involucrados
en
cada
contrato
[en
línea]
disponible
en:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/09/10/la-contratacion-de-laadministracion-publica-en-funcion-a-los-intereses-involucrados-en-cadacontrato/ Visitado el 09/11/2016
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