Colombia. Democracia incompleta - Introducción a la oposición política - Rafael G. Guarín C

COLOMBIA: DEMOCRA DEMO CRACIA CIA INCOM INCOMPLET PLETA A INTRODUCCIÓN A LA OPOSICIÓN POLÍTICA Rafael G. Guarín C.

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PROYECTO INTEGRAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO

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COLOMBIA : DEMOCRACIA INCOMPLETA INTRODUCCIÓN A LA OPOSICIÓN POLÍTICA

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entro de las actividades de investigación que la Asistencia adelanta, se consideró conveniente hacer un estudio sobre la oposición en Colombia teniendo en cuenta que la bibliografía sobre el tema es escasa y que se trata de un aspecto de gran importancia en cualquier sistema democrático, más aún, en el caso que se estudia, por tratarse de un país con un conflicto armado de más de cuatro décadas. Desde los años cincuenta se hace referencia a la necesidad de un estatuto de la oposición, pero hasta la Constitución de 1991 se adoptaron normas que definen su ámbito y las garantías que lo integran. A pesar de que los derechos consagrados en el artículo 112 de la Carta Política son desarrollados en la ley 130 de 1994, es claro que en Colombia el tema trasciende la observancia del derecho de réplica, el acceso a la información y a los medios de comunicación. El establecimiento de un esquema gobierno–oposición encuentra múltiples dificultades. Las razones se remontan al sistema de alternación y paridad del Frente Nacional, a su extensión con el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma constitucional de 1968 y a las consecuencias en el funcionamiento de los partidos políticos. La “clientelización” de la relación entre organizaciones políticas y ciudadanos, de por sí deformadora de la democracia y obstáculo para que los partidos cumplan su función de agregación y representación de intereses, se convirtió en el primer impedimento para que el partido derrotado en las elecciones asumiera la oposición al gobierno, con el fin de ejercer la critica y convertirse en alternativa política. Así las cosas, aún después de la Asamblea Nacional Constituyente, la democracia sigue incompleta, pues carece de un elemento fundamental para su plena vigencia y la del Estado de Derecho: la oposición política. Los mecanismos para evitar que en la democracia colombiana existan partidos de oposición sólidos, varían desde la violencia política de los años cincuenta, hasta las masacres y asesinatos producidos por grupos paramilitares, en las dos últimas décadas. Al fraude electoral, comprobado hasta la saciedad, se adiciona la tendencia a emplear la mayoría en el parlamento o los acuerdos entre élites, para diseñar un sistema político cerrado y excluyente que golpea a la oposición o dificultar su acceso al gobierno. Todo esto, se acompaña por una reproducción electoral dependiente del acceso al Estado y que facilita a los gobiernos estimular la deslealtad política, configurándose en los años noventa una especie de sistema político del transfuguismo. Estos aspectos se encuentran en diversos episodios narrados en el documento y son la base de la propuesta de reformas que hace parte del último capítulo.

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El texto no pretende presentar una teoría sobre la oposición política, ni analizar las diferentes ópticas con las cuales autores como Dahl, Sartori, o Pasquino se aproximan al tema. El propósito es otro. Se trata de identificar los principales problemas que desde la mitad del siglo XX presenta el ejercicio de la oposición organizada y ejercida a través de los partidos políticos, destacar que ésta es una expresión del derecho fundamental a la participación política y formular recomendaciones que favorezcan la equidad en la competencia electoral y el ejercicio de la oposición con plenas garantías. Además del recorrido histórico, se examina el concepto de oposición y el proceso de adopción del estatuto sobre la materia. Se excluye deliberadamente un análisis de los movimientos sociales y de otras formas de participación política, incluida la armada, que suelen identificarse como oposición extraparlamentaria. El estudio se subtitula “Introducción a la oposición política”, principalmente porque el corto tiempo (tres meses 11/04 – 01/05) dispuesto para su elaboración no permitió hacer un minucioso análisis de la prensa escrita de las últimas cinco décadas y profundizar, como es ideal, en la organización que cada partido se ha dado para enfrentar la critica al gobierno, conocer con mayor detalle los principales sucesos, sus protagonistas y el contexto en que se presentó la oposición. También, porque hace parte del fin del estudio plantear inquietudes, más que ofrecer soluciones definitivas. Empero, del trabajo queda claro que es necesario analizar propuestas de fortalecimiento del control político del Congreso, como condición necesaria para el ejercicio adecuado de la oposición. De igual manera, es importante profundizar en temas como el sistema electoral, la financiación de las campañas, la protección jurisdiccional de los derechos de la oposición, la igualdad de acceso a los medios de comunicación y la imparcialidad de éstos en los procesos políticos, etc. La tarea apenas comienza y requiere un amplio debate nacional, que trascienda la adopción de normas coyunturales para enfrentar los efectos de la reelección presidencial. Agradezco las sugerencias de los profesores: Rubén Sánchez David (Universidad del Rosario) respecto al epílogo, los comentarios históricos de Iván Marín (Escuela Superior de Administración Pública), la revisión, observaciones generales y contribución en la compilación y estudio de normas constitucionales de los países de América Latina, realizada por Domenico Pisciotti (Universidad Externado de Colombia).

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CINCUENTA AÑOS DE OPOSICIÓN POLITICA EN COLOMBIA Semblanza Histórica

CAPÍTULO I OPOSICIÓN POLÍTICA Y FRENTE NACIONAL

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a inexistencia de oposición política organizada a través de los partidos políticos, impidió que la democracia colombiana contara con un mecanismo para el tratamiento de la controversia, promovió el continuismo institucional y escamoteó la esencia del debate político. Su ausencia dejó espacio a la utilización de las armas para impugnar al Estado y los gobiernos o como respuesta a las expresiones pacíficas de descontento ciudadano. La preferencia por la violencia, como instrumento de defensa e imposición de intereses políticos, económicos y sociales, centralizó la definición del modelo de sociedad en manos de los detentadores del poder y excluyó a los ciudadanos. Las guerras civiles del siglo XIX, el período conocido como “la violencia” partidista y el conflicto armado que se extiende hasta nuestros días, comprueba que Colombia ha sido un país de “guerra endémica permanente” 1 e incapaz de construir condiciones que permitan el adecuado ejercicio de la oposición democrática. Esa dinámica de violencia y negación de la oposición se refleja en los cambios constitucionales 2 y está relacionada con la incapacidad de superar las diferencias y los conflictos pacíficamente. Las constituciones se convirtieron en proyectos unilaterales de los vencedores en las guerras (constitución de 1886) o en las urnas (reforma constitucional de 1936), sembrando semillas de intolerancia y nuevas fuentes de perturbación. Sin duda, las falencias que afectan el ejercicio de la oposición política están en el origen de los actuales conflictos bélicos. Las dificultades como proyecto de país democrático y pacífico, tienen fuerte relación con el ejercicio 1 2

SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo. “Pasado y Presente de la Violencia en Colombia” . Ed. CEREC – IEPRI. Bogotá D.C., 1995. Pág. 19. VALENCIA VILLA, Hernando. “Cartas de Batalla” . Ed. CEREC. Segunda edición. Bogotá D.C., 1997.

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hegemónico del poder y la negación de espacios y garantías a los grupos de oposición. Las guerrillas liberales, la contraparte armada conservadora, la posterior transformación de las primeras en organizaciones comunistas y su respuesta en las autodefensas, significan la incapacidad inclusiva del sistema político colombiano. Considerando que el documento no busca realizar un análisis histórico a fondo del ejercicio de la oposición política, nos concentraremos en mencionar sus principales características a partir del Frente Nacional, necesarias para comprender el contexto en que se ha desarrollado y formular propuestas que faciliten su pleno ejercicio.

A. ANTECEDENTES POLÍTICOS La división entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán acabó con la “República Liberal” iniciada en 1930 y permitió el regreso al poder del Conservatismo, en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Aunque su partido continuaba siendo minoría, pues obtuvo 565.849 sufragios frente a los 800.156 liberales, inició una gestión gubernamental bajo la cual se recrudeció gravemente la violencia partidista, a tal punto, que para las elecciones presidenciales de 1950 el Liberalismo retiró la candidatura de Darío Echandía 3 , el país se encontraba en estado de sitio y el Congreso era escenario de agrios debates, que culminaron con la muerte de dos parlamentarios 4 y su clausura en 1949. La elección de Laureano Gómez en ese año como candidato único, quien curiosamente, a pesar del sectarismo partidista, obtuvo 1.140.122 votos, 225.883 menos que los depositados para todos los candidatos en las elecciones de 1946, los permanentes ataques a la oposición liberal y el creciente clima de incertidumbre, produjo lo que Echandía calificó como “golpe de opinión”. El levantamiento militar del 13 de junio de 1953, que depuso a Gómez, fue liderado por el General Gustavo Rojas Pinilla y contó con el decidido impulso del sector conservador orientado por Ospina Pérez y por el Partido Liberal. El régimen de facto fue legalizado por una Asamblea Nacional Constituyente, mediante el acto legislativo 01 de 1953, que declaró vacante la Presidencia de la República y extendió la duración del nuevo gobierno 3

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El 7 de noviembre de 1949 Darío Echandía en el Teatro Municipal de Bogotá anunció la no participación liberal en las elecciones presidenciales del 27 de ese mes. “Iremos a triunfar en las elecciones, cuando se logre restablecer el sistema legal de que ellas forman parte. Mientras tanto, el Partido Liberal no contribuirá a sancionar con su presencia en las urnas la imposición violenta de una minoría y no reconocerá los resultados de esa farsa innoble. Esta es la decisión del candidato del partido en perfecto acuerdo con la Dirección Nacional Liberal. LLERAS RESTREPO, Carlos. Crónica de mi Propia Vida. Tomo IX. Ed. Círculo de Lectores. Bogotá D.C., 1992. Pág. 558. En el recinto de la Cámara de Representantes fue asesinado, el 8 de septiembre de 1949, el representante a la Cámara por Boyacá Gustavo Jiménez. En el mismo atentado recibió una herida Jorge Soto del Corral que a la postre le costo la vida. Para ver un relato de los hechos: Ibidem. Pág. 472 - 474.


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por el resto del período presidencial en curso. Los partidos buscaron el cese de la violencia en asocio con Rojas Pinilla, pero la alianza se derrumbo ante la tentativa del militar de perpetuarse en el poder, con la bandera del binomio pueblo – fuerzas armadas. Esta vez, fueron los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez quienes acordaron la caída del general y las reglas de juego que avalarían la convivencia de los dos partidos políticos, una vez se lograra la normalidad democrática. Los pactos de Benidorm y Sitges 5 delinearon lo que se vino a conocer primero como Frente Civil y más adelante como Frente Nacional. En Benidorm, el 24 de julio de 1956, Lleras y Gómez se reunieron por primera vez después de los acontecimientos de 1953. Ambos coincidieron en la necesidad de llevar al país a la recuperación del sistema democrático y recomendaron a “los dos partidos históricos una acción conjunta destinada a conseguir el rápido regreso a las formas institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y las garantías” 6 . Con esa declaración, se inició un complejo proceso de transición y de negociación política sobre las reglas de juego y el reparto del poder en los años posteriores. La caída de Rojas fue efecto de la cumbre que en principio era recibida con reserva por algunos sectores de los partidos. Ambos líderes entendían la dificultad de regresar a un escenario electoral sin que previamente se tomaran medidas destinadas a garantizar la convivencia entre liberales y conservadores. Existía temor de que iniciar una abierta competencia electoral regresara al país a la violencia política. Por ese motivo, consideran que “se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos [...] Los partidos deben entenderse para constituir un gobierno de tales características que ponga en vigor las instituciones abolidas, manteniéndose unidos para sostenerlo hasta que el régimen civil esté libre de riesgos” 7 . Por encima del sectarismo, principal atadura a los partidos, la propuesta pretendía unir a los ciudadanos alrededor de la recuperación de la institucionalidad y de la pacificación. Un año más tarde, en Sitges, se avanza en el diseño del régimen de coalición con el sistema de paridad que caracterizó el Frente Nacional. Ya caída la dictadura, los mismos protagonistas reiteran la necesidad de la paz entre los partidos, de rechazar la violencia y alcanzar la lucha política civilizada, al tiempo que suscriben una declaración en la que proponen reformas previas a las elecciones. Acuerdan un gobierno de coalición para un período de doce años, paridad en el gabinete y el establecimiento de la carrera de servicio 5 6 7

VASQUEZ COBO CARRIZOSA, Camilo. “El Frente Nacional su Origen y Desarrollo ”. Ed. Pro Patria. Cali. 1960 Ibidem. “ Declaración de Benidorm ”. 24 de julio de 1956. Pág. 163. Ibidem. Pág. 164.

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civil. El legislativo debe obedecer al mismo criterio, conserva la elección directa de los ciudadanos y los dos partidos renuncian a ser mayoría en las cámaras, con lo cual se extiende la paridad del ejecutivo al Congreso y a las demás instancias de elección popular. Con esas medidas, se trataba de impedir la hegemonía de una fuerza política sobre la otra y sin importar el número de votos que obtuviera uno u otro partido, siempre estarían representados cada uno en el cincuenta por ciento del total de cada cámara. La novedosa fórmula pasó por alto la existencia de pequeñas expresiones políticas como el Partido Comunista y el derecho de los ciudadanos a fundar nuevas organizaciones políticas. En los términos de los pactos fundadores del Frente Nacional las nuevas organizaciones partidistas quedaban al margen del sistema político, se negaba la oposición democrática y obligaba a esas fuerzas alternativas a presentarse en las elecciones bajo el rotulo de liberal y conservador, como más adelante se observará en el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular. El problema que se presentó, consistía en escoger el mecanismo apropiado para efectuar la reforma constitucional. Gómez y Lleras descartaron la convocatoria de una Asamblea Constituyente y a cambio, sugirieron que “tales enmiendas se lleven a la aprobación o rechazo de la opinión pública por medio de un plebiscito muy sencillo y concreto, que otorgue al sistema paritario en las corporaciones públicas y, en general, al entendimiento de los partidos, un apoyo indiscutible por la apelación a la fuente más pura del poder público” 8 .

B. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 1. Plebiscito de 1957 y acto legislativo 01 de 1959 El 1 de diciembre de 1957 se realizó el plebiscito convocado por la Junta Militar de Gobierno mediante el Decreto Legislativo No. 0247. Técnicamente era un referendo que reformó la carta política y en el que se reestablece la constitución de 1886, se eliminan las modificaciones aprobadas por la Asamblea Constituyente de 1953 y se introducen las siguientes bases del Frente Nacional: a. Los partidos Liberal y Conservador se colocan en pie de igualdad, deben mantener un permanente acuerdo y tienen conjuntamente la responsabilidad del gobierno que deben ejercer a nombre de los dos partidos, sin importar la filiación política de su titular. b. En las elecciones populares que se efectúen para elegir corporaciones públicas hasta 1968, los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral se adjudicarán por mitad a los partidos Liberal y Conservador. La norma consagró la posibilidad de que existieran dos o más listas 8

Ibidem. “Pacto de Sitges ”. Pág. 277.


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de un mismo partido, caso en el cual, los escaños que corresponden al partido se asignarían entre sus listas teniendo en cuenta el sistema de cuociente electoral. c. El número será par en todas las corporaciones públicas hasta 1968. d. En el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales y concejos municipales, se establece que la mayoría será de dos tercios de los votos. Esa es la regla general, pero se faculta al Congreso Nacional a señalar las materias que requerirán la mayoría simple absoluta 9 . e. Los ministros serán de libre nombramiento y remoción, pero representarán paritariamente a los partidos. f. La designación de los funcionarios que no pertenezcan a la carrera administrativa deberá hacerse con el criterio de paridad política. Para proteger ese principio se prohíbe la actividad partidista a quienes hacen parte de la carrera. g. La integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado obedecerá al mismo criterio de paridad partidista. Los magistrados serán inamovibles y para su designación operará la cooptación 10 . Al plebiscito concurrieron un número de ciudadanos sin antecedente en la vida democrática del país. A pesar de que la votación afirmativa fue altísima para la época (4.169.294 votos), no deja de llamar la atención la reticencia de amplios grupos ciudadanos en Boyacá y Santander, donde alrededor del 25% (68.888) y del 35% (80.327) de los sufragantes respectivamente, manifestaron su desaprobación. A las normas incorporadas a la carta política se les dio el carácter casi de inmodificables, debido a la exigencia de que fueran aprobadas por la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras, en dos legislaturas ordinarias seguidas, y a que el constituyente primario, al aprobar el texto que se le presentó en el plebiscito, renunció a volverse a expresar por ese mecanismo sobre modificaciones a la Constitución 11 . Esto tiene explicación en la desconfianza de los dos partidos, que condujo a que se estableciera un procedimiento bastante agravado de reforma de la Constitución, bloqueando literalmente el sistema político hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró exequible el decreto mediante el cual se convocó a los ciudadanos a elegir una Asamblea Nacional Constituyente 12 . 9

En la Declaración de Benidorm se establecía: “Para evitar también que el control de las cámaras quedara en manos de uno cualquiera de sus miembros habría que establecer que las decisiones del Congreso se tomaran por una mayoría calificada superior a la mitad más uno” . 1 0 El texto inicial se refería exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Mediante el decreto legislativo 0251 de octubre de 1957 la Junta Militar incluyó el Consejo de Estado. 1 1 El artículo 13 del Plebiscito del 1 de diciembre de 1957 señalaba: “En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la constitución” . 1 2 Ref. Expediente No. 2214 (351 – E). Revisión constitucional del Decreto Legislativo No. 1926 de 1990 “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”. Bogotá D.C., octubre 6 de 1990.

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PROYECTO INTEGRAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO Cuadro 1 Resultados Electorales del Plebiscito de 1 de Diciembre de 1957 Departamento

Voto SI

Voto No

Blancos

Antioquia

560.913

11.298

1.721

573.923

AtlÆ ntico

156.400

91

183

156.674

Bolivar

231.799

1.177

245

233.221

BoyacÆ

206.417

68.888

1.823

Caldas

396.377

5.664

640

402.681

Cauca

166.226

517

305

167.048

C rdoba

103.588

240

243

104.071

Cundinamarca

773.490

16.639

6.583

Choc

39.670

120

17

39.807

Huila

145.702

1.010

242

146.954

Magdalena

166.114

1.023

145

167.282

Nariæo

164.809

1.913

934

167.656

Nte de Santander

104.040

6.909

488

111.437

Santander

208.895

80.327

1.331

Tolima

250.427

5.323

2.133

257.913

Valle del Cauca

494.427

5.707

3.705

503.836

4.169.294

206.864

20.738

Totales

Nulos

18

160

16

194

Total

277.146

796.872

290.569

4.397.090


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Elegido Alberto Lleras Camargo como Presidente de la Rep ública frente a Jorge Leyva, con la votaci ón más alta obtenida hasta la fecha por un aspirante a la jefatura del Estado, el marco constitucional del Frente Nacional se complementó con el Acto Legislativo 01 de 1959, que estableci ó el principio de alternación liberal-conservadora en el gobierno hasta 1974. Se fij ó que el ejecutivo corresponder í a al Partido Conservador en 1962 y la alternancia operarí a en los a ños siguientes. También incluyó cláusulas sobre el reemplazo en caso de falta del presidente. La disposición consagró el monopolio pol í tico de los dos partidos y proscribi ó el ejercicio de la oposici ón democr ática aut ónoma. No era posible la oposición a través de fuerzas pol í ticas diferentes a los partidos tradicionales, pero al mismo tiempo, éstos tení an constitucionalmente la responsabilidad conjunta del gobierno. Adem ás, en la pr áctica se obstaculizaba la creaci ón de nuevos partidos, al imped í rseles participar directamente en las elecciones, y a la oposici ón, que es un estadio en el camino para llegar al gobierno, se le privaba de esa posibilidad. El acto legislativo era contundente en ese aspecto: “la elección de Presidente de la Rep ública que se hiciere contraviniendo a lo dispuesto en este art í culo, será nula”13 . Sus efectos fueron inmediatos y se plasmaron en la declaratoria de nulidad, que hiciera la Corte Electoral, de los votos depositados en las elecciones del 6 de mayo de 1962 a favor de Alfonso L ópez Michelsen y Gustavo Rojas Pinilla.

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C AS TRO , J ai me. Constitución Política de Colombia . Editorial Oveja Negra. Tercera Edici ó n. Bogotá D.C., 1987. P ág. 470. Acto Legislativo No. 1 de 1959. “Artículo 1. En los tres períodos

constitucionales comprendidos entre el 7 de agosto de 1962 y 1974, el cargo de Presidente de la República será desempeñado, alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal; de tal manera que el presidente que se elija para uno cualquiera de dichos períodos, pertenezca al partido distinto de su inmediato antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, el cargo de Presidente de la República en el período constitucional comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y 7 de agosto de 1966, será desempeñado por un ciudadano que pertenezca al partido conservador” .

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Con el acto legislativo se pas ó de una reforma plebiscitaria que evitaba la persecución al partido derrotado en las elecciones, a crear, con la alternaci ón en el gobierno un nuevo partido conformado por las dos colectividades tradicionales. El Partido del Frente Nacional gener ó que todas las fuerzas que se consideraban excluidas del sistema pol í tico y que no optaron en primera instancia por la lucha armada contra el Estado, se unieran en agrupaciones pol í ticas que constituyeron la oposici ón al bipartidismo. Dichas organizaciones, como se ver á más adelante, asumieron su rol de oposici ón a trav és de las urnas y del control pol í tico en el legislativo, otros se convirtieron en colectivos pol í ticos de agitaci ón ciudadana que renunciaron a participar en las elecciones. Cualquiera que fuera la modalidad que asumieran, la existencia de esos movimientos reflejaba que el pa í s, una vez más, se dividí a en dos bandos, los frentenacionalistas y sus opositores. Muchos de estos últimos eran resultado de los cambios que experimentaba la sociedad colombiana en la d écada de los años sesenta y setenta. La urbanización y el aumento de la cobertura educativa proporcionaron una creciente franja de sectores pol í ticos independientes, menos afectos a los partidos, más crí ticos e influenciados por procesos “revolucionarios ” como los operados en Cuba con Fidel Castro o en Chile con Salvador Allende. A esto, debe adicionarse que los nuevos actores no encontraban espacios de expresi ó n polí tica en partidos carentes de institucionalidad, antidemocr áticos, cerrados y reducidos a sus élites, primero nacionales y luego regionales. La falta de democracia interna para la toma de decisiones y selecci ón de candidatos y la constitucionalizaci ón de la alternaci ón y la paridad, favorecieron al establecimiento de los dos partidos, concentraron el poder en los “ jefes naturales ” y taponaron los espacios de participaci ón para las nuevas generaciones, que no se cansaban en reclamar un cambio en la conducci ón de la polí tica. Para las figuras j óvenes que buscaban una renovaci ón, el Frente Nacional era un obst áculo que debí a echarse abajo para dar lugar a sus leg í timas aspiraciones. Todo esto, termin ó alimentando una oposici ón restringida al á mbito de los dos partidos y que no dispondr í a nunca de la representación parlamentaria requerida para reformar la constituci ón y llevar al paí s al libre juego democr ático. Debe recordarse que las normas no vetaban la existencia de m últiples candidaturas a la presidencia, pero el candidato elegido deb í a pertenecer al partido que le correspondiera el gobierno. Por esta raz ón, además de la oposici ón de otras agrupaciones pol í ticas, también se oponí an a los candidatos oficiales del Frente Nacional l í deres que militaban en la colectividad que ten í a el turno en la sucesi ón presidencial. En las elecciones de 1970 participaron tres conservadores: Misael Pastrana candidato del Frente Nacional, Evaristo Sourdis, quien contaban con amplio respaldo en la costa atl ántica, y el General Rojas Pinilla, de extracci ón conservadora, que se presentaba en nombre de la ANAPO. En las elecciones anteriores, Carlos Lleras Restrepo, candidato oficial, se enfrent ó con un liberal de la ANAPO. Jos é Jaramillo Ángel


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logr ó un importante respaldo ciudadano, pero estuvo lejos de la votaci ón cercana a un mill ón novecientos mil votos de Lleras Restrepo.

¿Qué hubiera ocurrido en Colombia si en una elecci ón operada durante el per í odo de “transitoriedad constitucional ”, el n úmero de votos depositados por un candidato ajeno al partido que le correspond í a la Presidencia de la Rep ública fuera mayor que el de los dem ás participantes en la contienda? Teóricamente exist í a la posibilidad de que un candidato de las fuerzas de oposición obtuviera más votos que el del Frente Nacional y sin embargo, se le negara el ejercicio del gobierno, declarando sus votos nulos.

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Con relación al principio de paridad, la administraci ón que inauguró el Frente Nacional dio participaci ón al laureanismo, el ospinismo y el unionismo por parte del Partido Conservador y margin ó al Movimiento Revolucionario Liberal. Con Guillermo Le ón Valencia el MRL tuvo un ministro, la ANAPO fue dejada fuera, los tres sectores conservadores y el Liberalismo mantuvieron una representaci ón equilibrada. Lleras Restrepo abri ó las puertas a quienes hací an parte del MRL, despu és que en 1967 se acord ó su desaparición y la adhesión de sus miembros al Partido Liberal. El Conservador mantuvo su presencia. El último gobierno del Frente capitaneado por Misael Pastrana, continu ó la aplicaci ón del principio proporcionando ministerios a las dos corrientes del Liberalismo que lideraban, por un lado, el expresidente Lleras Restrepo y su ex ministro relaciones exteriores L ópez Michelsen (progresistas) y por otro, el ex ministro Julio Cesar Turbay Ayala (l í nea Colombia). Además de las normas restrictivas del sistema democr ático que establec í an la paridad y la alternaci ón, otras medidas adoptadas generaron un sistema basado en el clientelismo y los compromisos permanentes entre el ejecutivo y los legisladores. En muchos casos, la dificultad que ten í a el gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el parlamento lo impuls ó a declarar y mantener el estado de sitio, lo que facilitaba su capacidad de gesti ón pero afectaba gravemente las garant í as y libertades ciudadanas. Acudir al estado de excepci ón le permit í a al ejecutivo legislar, adoptar c ódigos y normas en las m ás diversas materias, sin control alguno distinto a las formalidades que verificaba la Corte Suprema de Justicia. Por ese camino, el presidencialismo se fortaleci ó y reforzó con un modelo de desarrollo de sustituci ón de importaciones, en que el Estado era un actor econ ómico fundamental y que permiti ó al gobernante tener a merced los recursos burocr áticos requeridos para satisfacer amplios grupos de congresistas. La causa de la constante negociaci ón entre el legislativo y el ejecutivo radicaba, no solo en la paridad en la administraci ón decretada en el plebiscito de 1957, sino en la exigencia de las dos terceras partes para la aprobaci ón de las leyes. La disposici ón obligaba al gobierno a comprar el apoyo de senadores y representantes, gener ándose un sistema basado en el apoderamiento del Estado en todos los niveles para garantizar la reproducci ón electoral y el mantenimiento del poder pol í tico en las regiones. Un sistema de prebendas, cambió una filiación polí tica basada en el sectarismo, por la satisfacci ón de los intereses particulares de los votantes a cargo del presupuesto p úblico. La exigencia de las dos terceras partes pretend í a evitar que un partido pudiera dominar al otro con un solo voto que obtuviera de su contraparte, en caso de que se tratara de mayor í a simple. Lo que sucedi ó fue que los partidos se fragmentaron haciendo muy dif í cil a los gobiernos tener las mayor í as especificadas en el plebiscito. Se lleg ó, en algunos casos, a demorar las decisiones o dejarlas en manos de facciones minoritarias de los partidos que conced í an su respaldo únicamente a cambio de d ádivas particulares.


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La oposición encontró taponado el espacio pol í tico para participar directamente como alternativa en las elecciones y aunque pod í a presentarse a nombre de uno o de los dos partidos, se enfrentaba a una compleja red de liderazgos regionales mantenida con recursos del Estado, que garantizaba en gran parte su permanencia en el poder. A pesar de ello, durante el Frente Nacional se produjeron casos en que ciudadanos fastidiados por el sistema derrotaron a importantes l í deres tradicionales de ambos partidos, as í aconteci ó en 1970 con el ex ministro Hernando Agudelo Villa en Antioquia y el expresidente Guillermo Le ón Valencia en el Cauca. Pero la oposición tení a un obstáculo adicional derivado de la mayor í a requerida para la aprobaci ón de leyes en el Congreso: la apelaci ón permanente a las facultades derivadas de la declaraci ón de estado de sitio, se ñaladas en el artí culo 121 de la Constituci ón de 1886, substra í a del control pol í tico y del debate democrático los principales temas que deb í an ser materia de la actividad parlamentaria. En efecto, un ejecutivo legislador se apoderaba de los temas centrales y les daba el contenido y la orientaci ón que unilateralmente le apetecí a. De esta forma, la oposici ón no podí a ejercer su papel fiscalizador y al ser minor í a, aunque fuera significativa, no ten í a nunca la fuerza pol í tica necesaria para hacer que el parlamento aprobara sus iniciativas. La regla de los dos tercios de la votaci ón, complementada con el art í culo mencionado, llevó a la oposici ón de tener la capacidad para obstaculizar los proyectos gubernamentales, a ser convidada de piedra en el momento que el ejecutivo apelaba a los poderes otorgados por el estado de excepci ón. El estado de sitio se convirti ó en la regla general, impulsado por los beneficios que reportaban muchos actores. A su vez, el gobierno se revest í a de la facultad de expedir decretos legislativos y aunque no pod í a derogar leyes, si tení a el poder de suspender las que considerar á incompatibles con el estado de sitio. El Congreso se favorec í a con las sesiones permanentes, tal y como lo señaló Carlos Lleras Restrepo: “al establecer que el Congreso estar í a forzosamente reunido mientras estuviera el estado de sitio, cre ó en las Cámaras el interés de que dicho estado de excepci ón se conservara por tiempo indefinido, como lo demuestra la experiencia de los a ños siguientes. Pronto se volvió a caer en la tentaci ón de regular, invocando el art í culo 121, materias propias de la competencia del Congreso y extra ñas en todo a los fenómenos de perturbaci ón del orden p úblico” 14 . Finalmente, el monopolio bipartidista impidi ó que las agrupaciones de oposición se constituyeran en partidos pol í ticos. Sólo después de 1970, cuando la alternación y la paridad cesaron, fue posible que una fuerza de ese tipo se constituyera en partido. La ANAPO dio el paso cuando pudo inscribir direc-

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LLERAS RESTREPO, Carlos. Pr ólogo al libro: “Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus alcances jurídicos. VIDAL PERDOMO, Jaime. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogot á D.C., 1970. P á g. VII.

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tamente sus candidatos, sin invocar ninguno de los r ótulos tradicionales. El sistema del Frente Nacional no evadi ó solamente la oposici ón organizada en partidos pol í ticos independientes, sus creadores fueron m ás allá: concretaron un conjunto de normas que aseguraron la inmunidad de los dos partidos. Parece que no sospecharon que esas mismas disposiciones a lo largo de los a ños acabar í an afectando las diferencias ideol ó gicas, hundi é ndolos en un mar de aspiraciones individuales y regionales y reduciendo su actividad a luchar por el dominio del aparato estatal. La eliminación de la oposici ón, la imposibilidad pr áctica de fundar nuevos partidos polí ticos, la obligatoriedad de hacer parte de un partido tradicional para participar en las elecciones y acceder a cargos p úblicos, la imposición a los ciudadanos de dos opciones pol í ticas a la hora de elegir y la integraci ón de listas de candidatos por los jefes de los partidos, restringi ó duramente la democracia. Los privilegios constitucionales dados a los partidos, permiten concluir que “ casi se acepta el hecho de la existencia de un solo partido bifronte o una especie de PRI a la colombiana ”15 .

2. Reforma Constitucional de 1968 La administraci ón Lleras Restrepo se propuso adelantar un gobierno que llamó Frente de Transformaci ón Nacional para significar el talante de modernizaci ón que buscaba imprimirle a su gesti ón. La reforma administrativa, la reforma agraria, la reforma constitucional y el levantamiento del estado de excepci ón que anunci ó durante el proselitismo electoral, fueron cuatro de sus principales proyectos. El cambio de la Constituci ón fue ventilado previamente en escenarios académicos. El propio Lleras Restrepo invit ó a un grupo de profesores universitarios, en diciembre de 1965, a reflexionar sobre el tema. Frente a las relaciones del ejecutivo con el legislativo, en el marco de la oposici ón polí tica, reconoció que “También es claro que la ausencia de un escrutinio real y completo sobre la administraci ón ejecutiva viene creando una situaci ón caracterizada a la vez por el descenso de la estimaci ón popular respecto al parlamento y gobierno y por el deterioro de la eficiencia de éste16 ”. La reforma finalmente fue el resultado de proyectos presentados en 1966 y 1967 de origen gubernamental y uno propuesto por el Movimiento Revolucionario Liberal. El Acto Legislativo 01 de 1968 modific ó aspectos relacionados con las entidades territoriales, la intervenci ón del Estado, los departamentos, comisa-

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VARGAS VELASQUEZ, Alejo. En: “Constitución Política y Reorganización del Estado” . Autores varios. Editorial: Universidades Nacional, Pedag ó gica y Tecnol ó gica de Colombia. Bogot á D.C., 1994. P á g. 187. VIDAL PERDOMO, Jaime. Op. Cit. Pág. 4. Carta de Carlos Lleras Restrepo al Comité Operativo de Reforma Constitucional . Bogot á D.C., diciembre 5 de 1965.


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rí as, intendencias, la Contralor í a General de la Rep ública, el trámite de proyectos de ley, las facultades del Congreso, instituy ó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Comisi ón Especial Permanente para debatir los planes y programas de desarrollo econ ómico y social. La reforma también introdujo un r égimen de transición destinado al desmonte del Frente Nacional, cuyos aspectos principales son: a. Se concede a las minorí as participaci ón en las mesas directivas de las corporaciones de elecci ón popular. b. La paridad en la designación de ministros, gobernadores, alcaldes y los dem ás cargos de la administraci ón que no pertenezcan a carrera administrativa se extiende hasta el 7 de agosto de 1978 (El gobierno propuso el 6 de agosto de 1974). c. A partir de la fecha, el presidente electo deberá dar “participaci ón adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del Presidente de la Rep ública” (parágrafo del art í culo 120 de la Constituci ón). d. El presidente puede constituir de forma libre el gobierno cuando la segunda fuerza pol í tica en las elecciones no desee participar en el mismo. e. No se introduce ningún obstáculo para que el Presidente pueda llamar al gabinete o designar en otras posiciones a representantes de partidos polí ticos distintos al suyo y a integrantes de la fuerza p ública. f. Se permite “el ingreso de nuevos partidos al escenario pol í tico”, dando “mejores posibilidades a los grupos minoritarios ”17 . g. No es obligatoria la reuni ó n permanente del Congreso bajo estado de sitio y éste no otorga facultades al ejecutivo para invadir la órbita de decisión de las c ámaras. h. Mayorí a simple. Las decisiones de las corporaciones p úblicas se tomarán por la mitad m ás uno de los votos de los asistentes, excepto las que se refieran al r égimen electoral, que mantienen el requerimiento de las dos terceras partes de los votos de los asistentes. i. La derogación o reforma de las normas constitucionales que se refieren a la paridad y la alternaci ón de los partidos en el Gobierno y en el Congreso, requerirán hasta el 7 de agosto de 1974, dos tercios de los votos de los asistentes de una u otra c ámara. Del mismo modo, esa mayor í a se exige hasta el 7 de agosto de 1978, para la derogaci ón o reforma del principio de paridad en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. El mismo requisito se establece para los funcionarios que designen las cámaras La alternación establecida en el acto legislativo 01 de 1959 sigue intacta y se le protege manteniendo un alto umbral de votos en el Congreso para su modificaci ón. No se ampl í a la paridad partidista en asambleas departamentales y concejos municipales, prevista en el plebiscito de 1957, con lo que se elimina a partir de las elecciones regionales de 1970. En cambio, la paridad 17

Ibidem. P á g. XIV.

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en el gabinete ministerial se prorroga hasta 1978. Su aplicaci ón tuvo éxito en concepto de los partidos tradicionales y alcanz ó un nivel de perfecci ón en la repartici ó n de los cargos p ú blicos que mereci ó la denominaci ó n de “milimetr í a”, en el gobierno de Guillermo Le ón Valencia. La ampliaci ón de la paridad demuestra el grado de desconfianza entre los dos partidos, el af án de evitar la hegemon í a de uno sobre otro y la b úsqueda del entendimiento entre las dos fuerzas hist óricas. Se determinó que la paridad en el Congreso cesaba a partir de las elecciones de 1974, saliendo al paso a quienes consideraban que la redacci ón del Acto Legislativo No. 01 de 1959 cobijaba con dicho principio esas elecciones. Tambi é n que el sistema de cuociente electoral se aplicar í a desde el 1 de enero de 1974 entre los partidos tradicionales y los nuevos que decidan participar en los comicios. Por otro lado, mediante el par ágrafo del art í culo 120 de la carta, el Frente Nacional termin ó explay ándose mucho m ás allá de lo que los acuerdos de Sitges y Benidorm proyectaban. Si bien debe reconocerse que la reforma es un avance en el retorno a la libre concurrencia de las fuerzas pol í ticas en las elecciones y a consolidar un ambiente de libertad y democracia mayor al vivido en los a ños anteriores, el par ágrafo esconde la voluntad de perpetuarse de los dos partidos. Detr ás de la preocupaci ón por la hegemon í a de un partido, se esconde la ambici ón de continuar una hegemon í a bipartidista que obstaculiza el surgimiento de proyectos pol í ticos alternativos, a la vez que busca seguir empleando el Estado como un bot í n, del cual siempre tendr án liberales y conservadores una parte gracias a la disposici ón constitucional. El programa de gobierno de Lleras Restrepo y la reforma constitucional recogieron banderas del Movimiento Revolucionario Liberal, lo que facilit ó su incorporaci ón al Frente Nacional, convirti éndose en la fuerza pol í tica fundamental para la aprobaci ón del Acto Legislativo. Por su parte, la ANAPO encontró en la reforma constitucional la oportunidad de conformarse en un tercer partido pol í tico, superando su condici ón de alianza electoral y congresional. La implantaci ón de la mayor í a simple y la precisi ón de las facultades del ejecutivo bajo estados de excepci ón, deber í a n contribuir a exorcizar parcialmente la pol í tica de la din ámica de negociaciones burocr áticas que la aprisionaban. No obstante, como se ver á m á s adelante, las relaciones clientelares entre las dos ramas del poder p úblico se mantendr án aún después del desmonte de la paridad, la alternaci ón y de la propia constituci ón de 1886. La pr áctica pol í tica basada en la representaci ón burocr ática en el Estado, no tanto de los partidos como de sus miembros considerados individualmente, se convirti ó en la l ó gica de la acci ón pol í tica y de la faena parlamentaria. A ún hoy, es el factor determinante del comportamiento parlamentario y, sin duda, una variable que impacta directamente en la oposici ón pol í t ica.


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C. PRÁCTICA DE LA OPOSICI ÓN EN EL FRENTE NACIONAL La oposición en el Frente Nacional adquiri ó diversas formas, no todas expresadas en las urnas. Paralelo al surgimiento de la Anapo y del MRL aparecieron propuestas de rechazo al r égimen pol í tico que siendo democr áticas, se negaban a participar en los procesos electorales. Era el caso del cura Camilo Torres que se convirti ó en vocero de grandes grupos ciudadanos, muchos de ellos cat ólicos, que exig í an un cambio que no ve í an posible dadas las reglas del Frente Nacional. Torres integr ó el Frente Unido a finales de 1965 y principios de 1966 con la consigna de “abstención activa, beligerante y revolucionaria ”18 . Su formaci ón religiosa y de soci ólogo incidieron para que pasara de la movilizaci ón pací fica a la lucha armada: “El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolució n” . Junto al Frente Unido se desarroll ó el movimiento Golconda. Integrado por sacerdotes católicos, tiene especial impulso en 1968 con la celebraci ón del Concilio Vaticano II y la realizaci ón de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. El movimiento surgi ó como una corriente pedag ógica que propon í a un “Modelo Educacional Integrado ” , visto con desconfianza por la clase dirigente y la jerarqu í a eclesiástica. Su operación se sirvió de las parroquias como n úcleos de acción polí tica19 . Tampoco se expresó electoralmente a pesar de concebirse como movimiento pol í tico y revolucionario. Teniendo en cuenta que este trabajo se concentra en las agrupaciones de oposici ón con representaci ón parlamentaria, nos limitamos a hacer referencia al Movimiento Revolucionario Liberal MRL y la Alianza Nacional Popular ANAPO.

1. Disidencia Liberal Alfonso L ópez Michelsen 20 es una de las primeras voces de rechazo al principio de alternaci ón del Acto Legislativo 01 de 1959. Profesor universitario y periodista, dirig í a el peri ódico “La Calle” y estaba familiarizado con el proceso de reformas constitucionales, pues, adem ás de integrar la Comisi ón Paritaria de Reajuste Institucional, su padre, el expresidente L ópez Pumarejo (1934 – 1938/ 1942 – 1945) era uno de los principales impulsores del pacto interpartidista.

“Entre Movimientos y Caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativa en Colombia” . Ed. CINEP – CEREC. Bogot á D.C., 1989. P ág. 47 – 55. 1 9 Ibidem. Pág. 57. Esos “dos cambios ocasionaran más tarde a Golconda el rechazo de la jerarquía eclesiástica, principalmente presionada por el gobierno (en el momento el gobierno de Lleras Restrepo) y haría que el Modelo Educacional Integrado, nunca fuera aprobado por el gobierno, fuera censurado por palabras textuales del mismo Lleras, como: “el más peligroso de los sistemas educacionales” . 20 Para un perfil de Alfonso L ó pez Michelsen ver: LIEVANO AGUIRRE, Indalecio. “Semblanza Política de Alfonso López Michelsen” . Ed. Canal Ram í rez – Antares. Bogot á D.C., 1973. 18

GALLON GIRALDO, Gustavo. Compilador.

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El Movimiento Revolucionario Liberal MRL, inicialmente denominado Movimiento de Recuperaci ó n Liberal 21 , fue hasta 1967 la principal organizaci ón de oposici ón pol í t ica al Frente Nacional. Se caracteriz ó por ser una organización popular, con un discurso dirigido a cautivar las masas liberales que se resist í an al acuerdo bipartidista, convirti éndose en un mecanismo útil para mantener la influencia liberal en los segmentos obreros y campesinos. El dí a de la posesión del presidente Lleras Camargo, por medio de una carta enviada desde México, López hizo conocer las razones de su oposici ón a la alternatividad. En la comunicaci ón, que recoge algunas de las principales banderas de lo que vendr í a a ser el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, el dirigente plantea serios cuestionamientos a la iniciativa que constitucionaliza rotar la Presidencia de la Rep ública. Denuncia que su aceptación implica crear dos nuevas fuerzas: el Partido del Frente Nacional y los antifrentenacionalistas. Tambi én manifiesta que las disposiciones incorporadas a la Constituci ón por el plebiscito, son desvirtuadas en su esp í ritu y contenido y pierden todo su valor como garantes de la oposici ón, para ser un elemento m á s de persecuci ón contra quienes no est á n de acuerdo con el Frente Nacional 22 . Igualmente, revela que la divisi ón del Partido Conservador coloca al Liberalismo en perspectiva de definir el candidato conservador a la Presidencia, lo cual demuestra la existencia de un Partido del Frente Nacional. Y advierte: “Si se abre camino la teor í a de que el Frente Nacional es solamente un partido y una hegemon í a tan excluyente como lo fueron los partidos en el pasado inmediato, no existe para mi la sombra de una duda de que, con el tiempo, acabara este nuevo partido, coalici ón de las viejas clases polí ticas, del capitalismo y de la iglesia, por constituir una camarilla odiosa, atrincherada detr ás de disposiciones constitucionales irreformables, que permitirán el amistoso reparto del presupuesto al amparo de la paridad administrativa, legislativa y judicial, y la Presidencia de la Rep ública no podr á salir nunca de manos de la misma coalici ó n frentecivilista, unas veces con el nombre de un presidente conservador, otras con el nombre de un liberal,

GALL Ó N GIRALDO, Gustavo. Compilador. Op. Cit.

“En marzo de 1960, a raíz del triunfo relativo del MRL en las elecciones, López lanza la consigna de “pasajeros de la revolución a bordo”, y envuelto el MRL por toda esa ola revolucionaria se cambia el significado de la “R” de recuperación por la “R” de revolucionario en la significación de la sigla MRL” . Pág 74. 2 2 L Ó PEZ MICHELSEN, Alfonso. “Obras Selectas. Consideraciones sobre la reforma constitucional por medio de la cual se establece la alternación forzosa de los partidos en la Presidencia de la República.” Tomo III. Ed. C á mara de Representantes. Bogot á D.C., 1985. Escribi ó L ó pez Michelsen: “Quienes hemos apoyado con reservas las innovaciones del Plebiscito, como creo haberlo aclarado suficientemente, cuando he dicho que lo hago yo, porque veo en la institución de la paridad una garantía del derecho de oposición sin represalias administrativas para el partido que la practique, tenemos que observar con justificada alarma la pretensión de invertir radicalmente el concepto hasta el extremo de considerar que la paridad es la retribución para los aliados, con que se llega al gobierno, en lugar de ser la prenda de paz para los que están en la llanura, ejerciendo su legítimo derecho de discrepar” . Pág. 341. 21


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pero sin que nunca llegue la tan cacareada alternaci ón para alguien que este en desacuerdo con el Frente en cualquiera de los dos partidos, porque la tenaza siempre se encargar á de triturarlo ”23 . López Michelsen respaldó el plebiscito y el principio de paridad, en la idea de que era “una conquista de la oposici ón, hasta entonces sujeta a las represalias de un Gobierno omnipotente 24 ”. Para él, lo esencial era que se restableciera el derecho a oponerse civilizadamente, a disentir y a controvertir sin amenaza de represalia y acoso al derrotado. La pr áctica que afanaba a los integrantes de los partidos, consist í a en que una vez se llevaba a cabo el cambio de gobierno se desataba la captura de las posiciones p úblicas por parte del partido ganador marginando completamente y en todos los niveles territoriales a los opositores. En uno de los acuerdos Lleras y G ómez reconocieron que la violencia pol í tica tení a relaci ón directa con la lucha por los empleos p ú blicos25 . En la carta, a favor del principio de paridad, L ópez argumenta que responde a la realidad pol í tica: “los partidos del Frente Civil agrupan a casi la totalidad de la población, y, en consecuencia, la prohibici ón para los otros partidos de llevar sus representantes a las corporaciones p úblicas o a la administraci ón, más que una cuesti ón formal o de principios, obedece a una necesidad aritmética que nada tiene que ver con el anhelo de establecer un monopolio ”26 . Reconoce que los ciudadanos se encuentran divididos alrededor de los dos partidos hist óricos y que no se trata de perseguir las organizaciones de izquierda como el Partido Comunista. El MRL participó por primera vez en las elecciones del 20 de marzo de 1960 para elegir asambleas departamentales. Obtuvo 280.621 27 votos frente al 1.071.525 del Liberalismo oficialista y los 2.492.557 depositados. Hasta 1964 el movimiento experimenta un sustancial avance. En las elecciones presidenciales de 1962, con L ópez Michelsen como candidato, alcanz ó 624.863

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Ibidem. P á g. 352. Recientemente L ó pez se ñ al ó respecto a ese per í o do que

“en lugar de la competencia democrática entre las ideas y los grupos políticos, lo que hubo fue una coalición ospino – llerista que dominó hasta el final del Frente Nacional” . LÓPEZ MICHELSEN, Alfonso. “Palabras Pendientes” . El Áncora Editores. Bogot á D.C., 2001. P á g. 42. Ibidem. P á g. 331. El texto de la Declaraci ón de Sitges se ñ ala: “…una ejecutiva de coalición y cooperación de los partidos, en la que se halle limitada la facultad, hoy omnímoda, del presidente en la elección y despido de todos los funcionarios del gobierno. Un primer límite tiene que ser la urgentísima creación de una carrera de servicio civil que suprima el concepto de que el vencedor político tiene derecho a los despojos del vencido y alterar de arriba abajo la administración pública, sustituyendo todos los empleados por los nuevos favoritos. La tragedia de cada transición de poder en Colombia ha sido esa, no por la importancia, inexistente, del cuerpo de empleados en relación con la población del país, sino porque son empleados o aspirantes quienes promueven la violencia para defender sus cargos o la desatan para adquirirlos. L ÓPEZ MICHELSEN, Alfonso. Op. Cit. P ág. 334. Las cifras electorales fueron consultadas en: EASTMAN, Jorge Mario. “Seis Reformas Estructurales al Régimen Político. Resultados electorales de 1930 a 1982” . Ed. Ministerio de Gobierno. Bogot á D.C., 1982.

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sufragios mientras el Frente logr ó 1.636.081 del total de 2.634.849. En ambos casos, el respaldo popular fue muy importante en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Bol í var. Los comicios de 1962 arrojan un crecimiento notable en la escogencia de los diputados departamentales. El MRL consigue más de la mitad de los votos del oficialismo liberal en las elecciones para asambleas y Congreso. Con 582.824 sufragios para sus diputados, esa organizaci ón se consolida como la tercera fuerza pol í tica después del Partido Liberal (1.055.504) y los conservadores Unionistas (784.619). La votación para Cámara de Representantes por parte del MRL es de 601.926 y para Senado de 601.063.

Las siguientes elecciones de Mitaca fueron la oportunidad para que las corrientes que compet í an dentro del MRL se probaran en el terreno electoral. La l í n ea blanda, que lideraba Alfonso L ó pez Michelsen, se impuso ampliamente sobre la l í nea dura que orientaron Álvaro Uribe Rueda, Ramiro de la Espriella, Ramiro Andrade y Hernando Garavito Mu ñoz, entre otros. Se present ó además una disidencia encabezada por Luis Villar Borda, integrante de las juventudes del MRL, en alianza con el Partido Comunista. La l í n ea blanda y la l í nea dura alcanzan 273.922 y 93.279 votos respectivamente en las elecciones de asambleas de 1964. La misma tendencia interna se registra en la selecci ón de representantes a la c ámara: 284.952 y 96.895 votos. El descenso es significativo, pero se explica en parte dentro de la elevada abstenci ó n electoral que reduce en 825.865 los votos totales. El Partido Liberal representa 724.959 votos en la elecci ó n de asambleas y 738.437 en C ámara. El bajonazo del oficialismo con relaci ón a las elecciones de 1962, que escogieron la C á mara de Representantes, es impresionante: 342.666 votos menos.

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Con relación al principio de paridad, la administraci ón que inauguró el Frente Nacional dio participaci ón al laureanismo, el ospinismo y el unionismo por parte del Partido Conservador y margin ó al Movimiento Revolucionario Liberal. Con Guillermo Le ón Valencia el MRL tuvo un ministro, la ANAPO fue dejada fuera, los tres sectores conservadores y el Liberalismo mantuvieron una representaci ón equilibrada. Lleras Restrepo abri ó las puertas a quienes hací an parte del MRL, despu és que en 1967 se acord ó su desaparición y la adhesión de sus miembros al Partido Liberal. El Conservador mantuvo su presencia. El último gobierno del Frente capitaneado por Misael Pastrana, continu ó la aplicaci ón del principio proporcionando ministerios a las dos corrientes del Liberalismo que lideraban, por un lado, el expresidente Lleras Restrepo y su ex ministro relaciones exteriores L ópez Michelsen (progresistas) y por otro, el ex ministro Julio Cesar Turbay Ayala (l í nea Colombia). Además de las normas restrictivas del sistema democr ático que establec í an la paridad y la alternaci ón, otras medidas adoptadas generaron un sistema basado en el clientelismo y los compromisos permanentes entre el ejecutivo y los legisladores. En muchos casos, la dificultad que ten í a el gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el parlamento lo impuls ó a declarar y mantener el estado de sitio, lo que facilitaba su capacidad de gesti ón pero afectaba gravemente las garant í as y libertades ciudadanas. Acudir al estado de excepci ón le permit í a al ejecutivo legislar, adoptar c ódigos y normas en las m ás diversas materias, sin control alguno distinto a las formalidades que verificaba la Corte Suprema de Justicia. Por ese camino, el presidencialismo se fortaleci ó y reforzó con un modelo de desarrollo de sustituci ón de importaciones, en que el Estado era un actor econ ómico fundamental y que permiti ó al gobernante tener a merced los recursos burocr áticos requeridos para satisfacer amplios grupos de congresistas. La causa de la constante negociaci ón entre el legislativo y el ejecutivo radicaba, no solo en la paridad en la administraci ón decretada en el plebiscito de 1957, sino en la exigencia de las dos terceras partes para la aprobaci ón de las leyes. La disposici ón obligaba al gobierno a comprar el apoyo de senadores y representantes, gener ándose un sistema basado en el apoderamiento del Estado en todos los niveles para garantizar la reproducci ón electoral y el mantenimiento del poder pol í tico en las regiones. Un sistema de prebendas, cambió una filiación polí tica basada en el sectarismo, por la satisfacci ón de los intereses particulares de los votantes a cargo del presupuesto p úblico. La exigencia de las dos terceras partes pretend í a evitar que un partido pudiera dominar al otro con un solo voto que obtuviera de su contraparte, en caso de que se tratara de mayor í a simple. Lo que sucedi ó fue que los partidos se fragmentaron haciendo muy dif í cil a los gobiernos tener las mayor í as especificadas en el plebiscito. Se lleg ó, en algunos casos, a demorar las decisiones o dejarlas en manos de facciones minoritarias de los partidos que conced í an su respaldo únicamente a cambio de d ádivas particulares.

Colombia. Democracia incompleta - Introducción a la oposición política - Rafael G. Guarín C

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