Apuntes de Derecho Procesal Orgánico.

Organización y Atribuciones del Poder Judicial Apuntes de Derecho Procesal Orgánico Rodrigo Antonio Poblete Reyes Año 2011

ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL.

UNIDAD I: “EL DERECHO PROCESAL” Sumario: 1. Introducción. 2. Fuentes del Derecho Procesal. 3. La ley Procesal. 4. Otras fuentes del Derecho Procesal.

1.- INTRODUCCIÓN. a) Justificación y antecedentes del Derecho Procesal. En términos generales podemos decir que entendemos al Derecho como el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. A su vez podemos decir que Proceso es un conjunto de actos encaminados a un determinado fin. En el sentido restringido a la materia, proceso es un conjunto de actos dirigidos a buscar la solución de una controversia de carácter jurídico. Además de una controversia aparece también la idea de un órgano que debe resolver la contienda (tribunal) y de sujetos involucrados en el conflicto jurídico (partes) Juez ¿Quién resuelve? Proceso

¿Para qué? ¿Cómo?

Para solucionar el problema.

¿Para quienes? Todos (partes) El Derecho Procesal existe porque los individuos constantemente tienen conflictos jurídicos. Dentro de una sociedad reglamentada con normas jurídicas es común y frecuente que las partes tiendan a desconocer o a emplear en forma imperfecta las normas que regulan la convivencia humana. Esta es una situación que ha existido desde siempre. Frente al desconocimiento de una norma jurídica o, más bien, frente a un conflicto jurídico, caben dos alternativas: -

Que los propios interesados resuelven ese conflicto directamente.

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Que las partes recurren a un tercero ajeno al conflicto para que le dé solución. .*.RPR.*.

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El Derecho Procesal surge cuando estos interesados en conflicto no son capaces de darle solución armónica al litigio, en cuyo caso debe recurrirse a un tercero imparcial, el cual es, precisamente, un órgano del Estado, esto debido a que la administración de justicia es una tarea del Estado y no de los particulares, es una de las funciones públicas del Estado a través de los órganos competentes (los tribunales de justicia) Los conflictos jurídicos doctrinariamente pueden solucionarse de distintas formas; de todas ellas podemos mencionar al menos tres: la autotutela o autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición (esta última se vale del Proceso como medio de solución). En la autotutela o autodefensa prima la fuerza. Por ello es el más fuerte el que se impone al más débil. Equivale a hacer justicia por cuenta propia, lo que actualmente no es aceptable. Esta fuerza puede ser de cualquier tipo, puede ser física o moral; pero, sea como sea la fuerza se trata de una pugna contra los más elementales principios del derecho. En la autocomposición el conflicto jurídico se soluciona por ambas partes. Los propios interesados son los que concurren a la solución. Se define la autocomposición como la sumisión o renuncia total o parcial del derecho de la parte que ha sido perjudicada por el quebrantamiento de la norma jurídica a favor de la otra, y en virtud de esto se da solución al conflicto. La autocomposición implica una actitud de reconocimiento de una de las partes o la anuencia de una de las partes a favor de la otra, o también puede consistir en concesiones recíprocas entre las partes. La autocomposición puede ser unilateral o bilateral, dependiendo a si las concesiones provienen de una de las partes o de ambas. Si las concesiones provienen de una de las partes es unilateral (Ejemplo: desistimiento, el allanamiento a la demanda, etc.). Lo normal es que sea bilateral, es decir que haya concesiones recíprocas de ambas partes, aquí hay un acuerdo de por medio (Ejemplo: conciliación, avenimiento, etc.). Finalmente en la heterocomposición hay un tercero imparcial que se encuentra en una posición jerárquicamente superior a las partes, de manera tal que puede imponer su decisión a estos, resolviendo así la controversia jurídica. Esta es la situación cuando intervienen los Tribunales de Justicia en la solución del conflicto. El juez es un tercero imparcial que está por sobre las partes en conflicto por ser un órgano público. La resolución que adopte este tercero tiene que ser acatada. .*.RPR.*.

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El juez no puede utilizar cualquier medio para solucionar el conflicto, sino que más bien se vale de uno: el PROCESO. El Proceso es el medio para satisfacer las pretensiones procesales de las partes, porque tanto el demandante como el demandado hacen valer sus pretensiones de uno respecto del otro. El Proceso es el medio más perfecto que existe para solucionar conflictos jurídicos, porque en primer lugar, a través de este medio, las partes pueden hacer valer sus derechos con absoluta libertad. Además, el Proceso es la forma que da mejores posibilidades a los litigantes para hacer valer sus derechos (el juez da la posibilidad a las dos partes de hacer valer sus derechos). Esta última forma de resolver conflictos será objeto central de nuestro estudio en los diversos cursos de Derecho Procesal. b) Concepto de Derecho Procesal. En una primera aproximación podemos decir que el Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan la organización, las atribuciones y el funcionamiento de los tribunales de justicia, pero además establece las reglas para ejercer la acción, defenderse y todo lo que se relacione con la intervención ante los tribunales. Esto significa que regula no sólo a los órganos (tribunales) sino también a quienes intervienen, es decir, a los litigantes. En la doctrina chilena encontramos al profesor Jaime Galté quien define al Derecho Procesal como “El derecho que se ocupa de las formas más o menos solemnes con que se proponen, discuten y resuelven las cuestiones que se someten a los tribunales” En el mismo sentido el profesor Pereira Anabalón lo define como “la ciencia jurídica cuyo objeto es el estudio sistemático de las normas, principios e instituciones que regulan el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado”. Como se puede apreciar de estas definiciones, se suele conceptualizar al Derecho Procesal en torno a la noción de proceso, sin embargo la doctrina es consciente de que el derecho procesal no es el derecho del proceso, pues este no es el único ni el más importante contenido del mismo, debemos considerar además los conceptos de acción y de jurisdicción. Refiriéndonos al contenido de la disciplina, podemos señalar que su centro está dado por la función jurisdiccional, la que se ejerce por los tribunales de justicia.

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La doctrina suele decir que el Derecho Procesal comprende dos órdenes de materias: 1. El estudio del órgano jurisdiccional, sus atribuciones y competencia (Derecho Procesal Orgánico). 2. El estudio del procedimiento, vale decir, la manera cómo el órgano jurisdiccional y las partes deben desempeñar su misión (Derecho Procesal Funcional). c) Contenido (normas). El Derecho Procesal está constituido por normas jurídicas de carácter procesal, son normas de carácter instrumental, pues este constituye una herramienta auxiliar del derecho de fondo o derecho sustantivo. Las normas procesales son de carácter formal en el sentido de que se refieren esencialmente a cuestiones de forma y no de fondo. Un ejemplo de norma procesal es el Código de Procedimiento Civil en oposición a una norma de fondo como lo es el Código Civil. A su vez las normas procesales pueden ser de carácter orgánico o de tipo funcional como ya mencionamos en el punto anterior. d) Características del Derecho Procesal. 1. Es de Derecho Público: regula una función estatal como lo es la jurisdiccional y a un poder público, a saber, el Poder Judicial. 2. Es de orden público: las personas o las partes no pueden cambiar las normas procesales o derogarlas en virtud de la autonomía de la voluntad. 3. Es formal: en oposición al derecho sustancial, pues regula los actos, ritos, en general, las formalidades del proceso. 4. Es instrumental: en oposición a material, por cuanto la observancia del Derecho Procesal no es un fin en sí mismo, sino que un medio, un instrumento, para observar el derecho material. 5. Es autónomo: tiene su contenido propio y se encuentra desvinculado del derecho material en cuanto tiene sus propias normas y su respectiva doctrina. 6. Constituye una unidad.

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e) Clasificación del Derecho Procesal. - Derecho Procesal Orgánico - normas procesales - Derecho Procesal Funcional

Derecho Procesal - normas materiales

- Dº Procesal Constitucional - Dº Procesal Civil - Dº Procesal Penal - Dº Procesal Comercial - Etc.

Derecho Procesal Orgánico: se preocupa de todo lo relacionado con la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia. Derecho Procesal Funcional: reglamenta la forma o manera como los tribunales desempeñan sus atribuciones, al funcionamiento de los tribunales de justicia. f) Relaciones con las demás ramas del Derecho y con otras ciencias. Existe una vinculación directa entre el Derecho Procesal y las otras ramas del Derecho. La primera que se origina es con el Derecho Constitucional, pues es la propia constitución la que consagra al Poder Judicial y que dicta normas generales sobre su organización. Así también, la carta fundamental contiene normas de carácter procesal constitucional. El Derecho Constitucional regula la orgánica que se expresa en el Derecho Procesal. También se relaciona con el Derecho Civil y Comercial, pues permite que el contenido de fondo de haga efectivo por medio de las normas procesales, por ejemplo el Código de Procedimiento Civil permite dar efectividad a las normas del Derecho Civil y Comercial. El Derecho Penal sería sólo teoría sin su aplicación práctica a través del Derecho Procesal. Lo mismo ocurre con otras ramas tales como Familia, Laboral, etc. La relación con otras ciencias es evidente y está dada por el alcance de las normas procesales a cualquier disciplina del saber cuando se trata de aplicar la legislación de fondo, así lo podemos vincular con la medicina, la ingeniería, la arquitectura, etc. .*.RPR.*.

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2.- FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. a) Concepto. En un sentido amplio podemos decir que son fuentes del Derecho Procesal todo medio que sirve para establecer, interpretar o aplicar una norma procesal. Constituyen el fundamento objetivo del Derecho Procesal. b) Clasificación de las fuentes. Histórica

Está dada por la evolución del Derecho.

Fuentes del Derecho Procesal

Directa Jurídicas

La ley Doctrina

Indirectas

Costumbre Jurisprudencia y autos acordados Derecho comparado

3.- LA LEY PROCESAL. a) Concepto, naturaleza y clasificación. La ley procesal es la norma jurídica que regula la función jurisdiccional del Estado. Regula tanto a los órganos que ejercen jurisdicción como a las personas que ejercen la acción. La ley procesal se clasifica en cuanto al objeto y a la materia de igual forma como se clasifica el Derecho Procesal y posee las mismas características y naturaleza de este. Así podemos decir que la ley procesal se clasifica: •

Por su objeto: - Orgánica - Funcional

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Por la relación material que regula: - Procesal Civil - Procesal Penal - Procesal Laboral - De Justicia Militar - De Policía Local

b) La ley procesal en Chile. La primera ley que debemos considerar en este sentido es la Constitución Política de la República en sus aspectos procesales. En este sentido la CPR establece un Poder Judicial, institucionalizándolo en su Capítulo VI “Poder Judicial”, artículos 76 al 82. En ella se establece que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Otro aspecto relevante de la Constitución está dado por el establecimiento del principio de igualdad ante la justicia, ello está consagrado en el artículo 19 nº 3, inciso 1º. A su vez la Carta Fundamental asegura el derecho a la defensa jurídica, lo que va más allá de la posibilidad de defenderse ante una demanda o acusación sino que también implica la eventual facultad de demandar a otro (Art. 19 nº 3 inciso 3º). A su vez encontramos en la Constitución otro aspecto que se relaciona directamente con el Derecho Procesal, nos referimos al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 nº 3 inciso 5º. Podemos señalar a grandes rasgos los elementos básicos del debido proceso, señalados en la norma mencionada tales como la existencia de un tribunal competente e imparcial, derecho a intervenir en el proceso, la notificación al demandado, entre otros. Por otro lado la Carta Fundamental, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas establece dos acciones constitucionales conocidas como recurso de amparo y recurso de protección. A su vez consagra el recurso de reclamación por privación de la nacionalidad y el de indemnización por error judicial. La ley procesal orgánica por excelencia está dada por el Código Orgánico de Tribunales de 9 de julio de 1943, por otro lado encontramos leyes procesales funcionales como el Código de Procedimiento Civil de 28 de agosto de 1902; en materia penal tenemos .*.RPR.*.

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el Código de Procedimiento Penal de 12 de junio de 1906, el Código Procesal Penal de 12 de octubre de 2000; además encontramos el Código de Justicia Militar de 23 de diciembre de 1925 y un conjunto de leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley que versan sobre materias procesales. Obviando en cierto sentido el rigor científico podemos mencionar en este acápite a los autos acordados de la Corte Suprema que regulan cuestiones procesales. Todo este conjunto normativo conforma lo que conocemos como Derecho Procesal Chileno. c) Aplicación de la ley procesal: interpretación, integración y elección. Interpretación Aplicación de la ley

Integración Elección

c.1) Interpretación de la Ley Procesal: Para aplicar la ley es necesario primero comprender su real sentido y alcance, conocer lo que quiere expresar, el proceso por el que se llega a lo anterior es lo que se denomina interpretación de la ley, especialmente nos referiremos a la ley procesal. El intérprete directo es el legislador (interpretación auténtica), luego encontramos a otro intérprete de la ley, el juez (interpretación judicial) y luego encontramos aquella llevada a cabo por los abogados, los juristas y las personas en general (interpretación privada). En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas de interpretación están establecidas en el Código Civil en su Título Preliminar, artículos 19 al 24. Estas reglas son obligatorias para el juez en su proceso interpretativo, no obligan así al legislador. Podemos mencionar en tal perspectiva: 1. Elemento gramatical o literal: establecer el significado de las palabras (Art. 19 del Código Civil) 2. Elemento lógico: establecer la ratio legis o espíritu de la ley, la norma a interpretar forma parte de un cuerpo orgánico (Art. 22 inciso 1º). .*.RPR.*.

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3. Elemento sistemático: para interpretar una ley se puede recurrir a otras leyes, especialmente si versan sobre una misma materia, vale decir, cada ley forma parte de un todo, el ordenamiento jurídico (Art. 22 inciso 2º) 4. Elemento histórico: se puede recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento, manifestada en el mensaje o moción que acompaña al proyecto, en los debates del Congreso Nacional, actas de su discusión en las comisiones respectivas, etc. (Art. 19 inciso 2º) A su vez la doctrina asume otros principios o postulados de interpretación tales como: 1. La analogía: a casos similares se aplica la misma norma. 2. El principio de contradicción o a contrario sensu. 3. La regla de no distinción: donde la ley no distingue, tampoco cabe al intérprete hacerlo 4. El principio del absurdo: no se debe aplicar una norma si ello conduce a un efecto absurdo. 5. El principio a fortiori: quien puede lo más, puede lo menos; a quién le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más. Para facilitar su tarea interpretativa, el intérprete debe tener presente los Principios Formativos del Procedimiento: 1. Oralidad y escrituración: para entender mejor las leyes procesales debemos tener claro si estamos ante procedimientos escritos u orales. El Código de Procedimiento Civil se caracteriza por adoptar procedimientos escritos. En cambio el Código Procesal Penal adopta preferentemente procedimientos orales. 2. Publicidad y secreto: el principio que se adopta generalmente es el de la publicidad de los actos procesales, sin perjuicio de que existen actuaciones que pueden estar sometidas al secreto. 3. Inmediación y mediación: relación del juez con los litigantes y los medios de prueba en el proceso. En la mediación el juez se relaciona con las partes por medio de expedientes, en cambio la inmediación implica el contacto directo entre el juez y las partes.

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4. Buena fe y mala fe: se relaciona con la moralidad del proceso, se presume que las partes actúan de buena fe. 5. Economía procesal y gravamen: generalmente se tiende a reducir la cantidad de actos innecesarios en pro de un proceso más depurado y rápido. 6. Orden legal y discrecionalidad: en el primero los trámites son establecidos por la ley, no hay cabida a la discrecionalidad del juez, a diferencia de lo que ocurre en el segundo caso. 7. Apreciación de la prueba: se relaciona con quién es el que posee la iniciativa probatoria, si son las partes o el tribunal. 8. Preclusión y libertad procesal: la primera es la pérdida de una facultad procesal por consumación o extinción. 9. Unilateralidad y bilateralidad: la bilateralidad implica que los litigantes puedan ser oídos durante el proceso. 10. Dispositivo e inquisitivo: en el primero el motor del proceso está dado por la iniciativa de los litigantes, en el segundo está determinado por la iniciativa del juez o tribunal que conoce la causa. c.2) Integración de la Ley Procesal: En este sentido cabe señalar que la integración se relaciona con la idea de salvar los eventuales vacíos en la legislación para así determinar que norma debe aplicarse para resolver una controversia de relevancia jurídica y cuya solución no se encuentra contemplada en la ley. En cuestiones procesales, la falta de norma se soluciona recurriendo a los principios formativos del procedimiento o en su defecto a la equidad natural (Art. 170 nº 5 CPC). c.3) Elección de leyes o normas procesales: Finalmente debemos señalar que en ciertas ocasiones nos encontramos con la situación de que existe más de una norma jurídica aplicable al caso concreto y que ofrecen distintas soluciones o procedimientos. De ocurrir lo anterior se debe producir lo que se conoce como elección de leyes o normas procesales. Para ello existen principios claros que nos permitirán tener claridad sobre cuál será la norma aplicable al caso concreto. En este

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sentido tenemos los postulados clásicos a este respecto: ley superior prevalece sobre ley inferior, ley posterior deroga ley anterior y ley especial prevalece ante ley general. En materia procesal preocupa especialmente el factor tiempo, pues puede ocurrir que una ley procesal sea modificada o derogada una vez iniciado el proceso. Por ello la elección de la ley debe considerar los efectos de la misma en el tiempo, sabemos que en principio la ley sólo rige para lo futuro, por ello decimos que no tiene efecto retroactivo (Art. 9º CC). En materia procesal debemos considerar si el proceso está en marcha o si está concluido, de estar ya concluido no puede ser afectado por una ley posterior; la dificultad puede darse cuando el proceso se encuentra en desarrollo. En este último supuesto se debe tener presente si es que la ley nueva contiene normas transitorias, de ser así, debe estarse al tenor de esas disposiciones; de no contenerlas se debe aplicar la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes de 7 de octubre de 1861. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado es preciso mencionar que las leyes procesales sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia rigen in actum, salvo que el legislador expresamente disponga otra cosa. En tanto, en las leyes sobre procedimientos sucede que si bien esta puede regir in actum, no afectará las actuaciones realizadas bajo el imperio de la ley anterior. En este sentido encontramos reglas específicas, así tenemos: • Plazos: si la nueva ley modifica los plazos debemos distinguir si este ha comenzado o no a correr o si ha expirado. De no haber comenzado aún a regir, se reglará por la ley nueva. Si el plazo ha comenzado a correr, pero no ha expirado, se regirá por la ley antigua. Finalmente si el plazo ya transcurrió ello no se ve afectado. • Medios de prueba: la forma de producirlos siempre estará regida por la ley vigente al momento de rendirlos en juicio. Sin embargo los medios mismos pueden regirse por la ley vigente al momento de la celebración del acto. Si el medio de prueba es también solemnidad de un acto o contrato rige la ley vigente al momento de la celebración del acto o contrato. Si se trata de un simple medio de prueba queda a elección del litigante o interesado rendir la prueba conforme a la nueva ley o emplear los medios de prueba existentes al momento de celebración del acto. • Recursos: estos siempre se rigen por la ley vigente al momento de su interposición.

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El otro factor a considerar en la elección de la ley procesal está dado por el espacio, así hablaremos de los efectos de la ley procesal en el espacio. En tal perspectiva podemos señalar que al igual que en las otras ramas del derecho interno, el principio que rige es el de la territorialidad de la ley, vale decir que rige dentro del territorio del Estado y es aplicable a todos los que se encuentren dentro del mismo. La excepción a este principio está dada por la extraterritorialidad de las normas, en tal caso existe regulación sobre la materia. Podemos mencionar una excepción a la territorialidad contenida en el artículo 6º COT referente a ciertos delitos cometidos en el extranjero y las condiciones para que se puedan juzgar en el territorio nacional. Así encontramos también el caso del cumplimiento de sentencias emanadas de tribunales extranjeros y que deban ejecutarse en Chile, los artículos 242 y siguientes del CPC regulan tal situación. La Corte Suprema de Justicia es la encargada de otorgar su aprobación a las sentencias extranjeras, esto se conoce como exequátur y se considera para ello, en primer lugar, si existe un tratado al respecto con el otro Estado, de no existir se tiene presente el principio de reciprocidad, es decir, si el otro país da cumplimiento a sentencias emanadas de nuestros tribunales y en último caso se aprecia si contraviene o no a nuestro ordenamiento jurídico nacional. 4.- OTRAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. a) La Costumbre. Está dada principalmente por la repetición de actos uniformes por un tiempo relativamente prolongado y acompañada de la convicción de que ello constituye una necesidad jurídica. Es considerada una fuente indirecta del Derecho y en Derecho Procesal no tiene un valor determinante, sin perjuicio de que existen costumbres procesales pero que sin embargo carecen de fuerza normativa. b) La Doctrina. Emana del trabajo de los juristas o cientistas del Derecho, quienes realizan una producción intelectual que cobra importancia según la autoridad o prestigio del autor. Es un complemento importante a la hora de aplicar la ley. .*.RPR.*.

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c) La Jurisprudencia. Está constituida por el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia, es una especie de “doctrina emanada de las Cortes”. Si bien las sentencias judiciales no son vinculantes sino sólo para las partes en litigio, son de gran ayuda para interpretar normas de fondo, pero también normas procesales y en especial para aplicarlas a casos análogos. En sentido estricto no constituye fuente del Derecho. d) Los Auto acordados. Son acuerdos adoptados por los tribunales superiores de justicia y que regulan materias procesales. Son normas jurídicas dictadas en virtud de la facultad económica que poseen en primer lugar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Constituyen una fuente indirecta no obstante ser vinculantes, llegando algunos a regular acciones constitucionales como las de amparo y protección. e) El Derecho Comparado. Es la utilización de la legislación extranjera para nutrir la interpretación y aplicación de la ley nacional.

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UNIDAD II “JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA” Sumario: 1. Jurisdicción. 2. Contenido y clasificación de la jurisdicción. 3. Límites de la jurisdicción. 4. Momentos jurisdiccionales. 5. Equivalentes jurisdiccionales. 6. Bases fundamentales de la judicatura. 7. Competencia. 8. Reglas que determinan la competencia absoluta. 9. Reglas que determinan la competencia relativa. 11. El turno y la distribución de causas. 12. Contienda y cuestiones de competencia. 13. Implicancias y recusaciones. 14. Subrogación e integración.

1.- JURISDICCIÓN. a) Concepto y acepciones. Etimológicamente la palabra jurisdicción viene de las latinas “juris” y “dictio”, que significan declarar el derecho. Sin embargo esta idea no nos permite comprender el real sentido y alcance del concepto. Por otro lado debemos señalar que la palabra jurisdicción tiene varias acepciones en el lenguaje legal e incluso en el cotidiano. Es así como se le hace sinónimo de “ámbito territorial”, también se le confunde con la idea de “competencia”, otros la consideran un “Poder o Potestad” en sentido orgánico y funcional confundiendo así el concepto con la idea de Poder Judicial y en el segundo caso con la de función judicial y como veremos no toda función de los tribunales es jurisdiccional propiamente tal. Antes de precisar el concepto en un sentido restringido debemos señalar primero que en sentido amplio existen otros órganos que no pertenecen al Poder Judicial y que ejercen jurisdicción, por ello no toda función jurisdiccional corresponde necesariamente a este último. Veamos ahora algunas definiciones que nos entrega la doctrina. En primer lugar encontramos al profesor Eduardo Couture quien nos dirá que la jurisdicción “es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”. El autor Piero Calamandrei la define como “la potestad o función que el Estado ejerce en el proceso, por medio de sus órganos jurisdiccionales como garantía para la observancia de las normas jurídicas”. Luego tenemos al profesor Mosquera que define jurisdicción como un “poderdeber del Estado, radicado preferentemente en los tribunales de justicia, para que éstos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, y .*.RPR.*.

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con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes o que surjan de una violación al ordenamiento jurídico o social, en el orden temporal o dentro del territorio de la República”. En nuestro ordenamiento jurídico el concepto de jurisdicción arranca desde la propia Constitución Política de la República en su artículo 76 y se replica en el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales. En estas disposiciones se señala que la jurisdicción vendría a ser una facultad, lo que es criticado por la doctrina, pues más que una facultad la jurisdicción constituye un poder-deber del Estado. Sin embargo la Constitución establece en el mismo artículo 76 en su inciso 2º el principio de la inexcusabilidad de los tribunales, derivándose de ello que la jurisdicción constituye un deber constitucional, siendo esto reconocido por la jurisprudencia. b) Elementos. Podemos señalar que la jurisdicción posee tres tipos de elementos: •

Forma: dado por el procedimiento, por el tribunal y las partes.

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Contenido: es la controversia de relevancia jurídica sometida al tribunal.

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Función: aplicar el derecho para resolver la controversia.

c) Características. • Su origen es constitucional: la jurisdicción es una emanación de la soberanía, la que reside en la Nación, quien delega su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y por las leyes, esto en concordancia con el artículo 5º de la CPR. • Es una función pública: al emanar de la soberanía, se enmarca dentro de una de las tres funciones públicas clásicas, a saber, la judicial. Además es ejercida por órganos del Estado establecidos por la ley. • Su ejercicio es privativo de los tribunales de justicia: es ejercida sólo por aquéllos órganos establecidos por la ley. • Constituye una unidad conceptual: ello indica que es una sola y como tal no admite ser clasificada. En palabras simples, declara el Derecho tanto el juez civil como el penal, el juez de letras como el ministro de corte. Todo juez tiene jurisdicción, sólo ocurre que puede ejecutarse en diversas fases.

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• Es inderogable: al ser una emanación de la soberanía, la jurisdicción no puede ser derogada. • Es indelegable: la jurisdicción no puede ser entregada a otro órgano o autoridad. No debe confundirse con la delegación de competencia que veremos más adelante. • Es improrrogable: prorrogar la jurisdicción significaría transferir el ser juez a otro y ello no es aceptado por el ordenamiento jurídico. No se debe confundir con la prórroga de competencia. • Es irrenunciable: el juez o tribunal no puede renunciar a la jurisdicción, pues ello implicaría renunciar a ser juez para abstenerse de juzgar. Lo anterior puede ser considerado como delito de denegación de la administración de justicia. • Es territorial: el ejercicio de la jurisdicción está ligado a la idea de territorio del Estado y por tanto se ejerce sólo dentro de los límites del territorio nacional (artículo 5º COT). Lo anterior presenta algunas excepciones señaladas en el artículo 6º COT. • Posee autoridad de cosa juzgada: la sentencia que emite un tribunal de justicia produce el efecto de verdad indiscutible e inamovible, una vez que ella se encuentra firme o ejecutoriada. • Es complementaria de la función legislativa: cuando esta última no es suficiente para lograr la vigencia real del Derecho se requiere el auxilio de la función jurisdiccional. 2.- CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN. A simple vista se aprecia que el concepto de jurisdicción resulta bastante simple, sin embargo posee un contenido vasto y complejo. Así, la idea de jurisdicción engloba distintas facultadas o atribuciones que nos permiten clasificar el concepto para propósitos más pedagógicos y teóricos que prácticos. Luego podemos decir que la jurisdicción se clasifica en: contenciosa; no contenciosa; conservadora, disciplinaria y económica y jurisdicción especial. a) Contenciosa. Las fuentes legales de este tipo de jurisdicción se encuentran en la Constitución en su artículo 76 y en al artículo 1º del COT. .*.RPR.*.

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Se define como aquella que se ejerce cuando existe una controversia de relevancia jurídica suscitada entre dos o más partes y que es sometida a la decisión de un tribunal de justicia que debe conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por tanto hay jurisdicción contenciosa allí donde existe juicio. Se dice que esta sería la jurisdicción propiamente tal y que no cabría distinguir una jurisdicción no contenciosa. b) No contenciosa. Como mencionamos en el punto anterior, existe doctrina que considera errado denominar jurisdicción a este segundo tipo pues este se caracteriza por la inexistencia de una controversia de relevancia jurídica y se dice que la jurisdicción tiene como objetivo resolver estas controversias. Sin perjuicio de lo anterior, la consideraremos jurisdicción habiendo explicitado estas salvedades. La fuente legal para este tipo de jurisdicción está dada por el artículo 2º del COT y podemos definirla como la función que llevan a cabo los tribunales en aquellos asuntos no contenciosos en que una ley requiera expresamente de su intervención. Mario Casarino señala que su objetivo sería proteger ciertos intereses, dar fuerza y eficacia jurídica a determinados actos, completar la capacidad imperfecta de sus autores y testimoniar solemnemente la existencia legal de esos mismos actos. Ejemplos de lo anterior son: las sucesiones testadas, autorizaciones, nombramiento de tutores, etc. Cebe precisar que los asuntos no contenciosos pueden transformarse en contenciosos cuando existen terceros interesados que pueden oponerse al pronunciamiento del tribunal. Señalado lo anterior podemos establecer ciertas diferencias entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria, graciosa o no contenciosa contenidas en el manual de Derecho Procesal Orgánico de Héctor Oberg y Macarena Manso: •

Obligatoriedad de conocimiento y fallo. En la jurisdicción contenciosa los tribunales están obligados a conocer y fallar todos los asuntos que las partes le someten a su conocimiento y no pueden excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión (artículo 10 COT). En la jurisdicción voluntaria los jueces intervienen en el conocimiento de un asunto, en la medida en que una ley requiera su intervención.

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Existencia de conflicto: En la jurisdicción contenciosa, existe un conflicto, una contienda actual, una controversia entre partes. En resumen, en ella existe una causa. En la jurisdicción voluntaria no existen partes; sino solamente un peticionario, un solicitante, un interesado, no se hace valer un derecho en contra de otra persona.

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Apreciación de la prueba: En la jurisdicción contenciosa los tribunales aprecian la prueba, pues se habrá producido en la causa de acuerdo con ciertas normas legales que le atribuyen un determinado valor probatorio. Los jueces no gozan de libertad probatoria, en su apreciación están constreñidos por lo que señala el legislador. En la jurisdicción voluntaria los tribunales aprecian prudencialmente las pruebas rendidas por el interesado, cualquiera que sea la índole de esas pruebas.

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Competencia: En la jurisdicción contenciosa para determinar el tribunal que debe conocer de un asunto, es menester examinar la posible existencia del fuero, como factor o elemento determinante de la competencia del tribunal. En la jurisdicción voluntaria por expresa decisión del legislador este elemento no se considera (artículo 133 COT y artículo 827 CPC)

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Forma de la sentencia. En cuanto a la forma que deben revestir las sentencias que se dictan en unas y otras. Las emitidas en una jurisdicción contenciosa deben sujetarse al artículo 170 CPC y al auto acordado de 1920. Las sentencias emitidas en la jurisdicción voluntaria se ciñen por el artículo 826 CPC.

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Cosa Juzgada. Las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa, una vez firmes producen el efecto de cosa juzgada. En cambio, en la jurisdicción voluntaria las sentencias negativas y afirmativas incumplidas, no producen el efecto de cosa juzgada artículo (821 CPC).

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c) Conservadora, disciplinaria y económica. Al igual que en el caso anterior existe la postura que considera errado considerar a estas facultades de los tribunales como jurisdicción, pues serían más bien funciones y atribuciones conexas a la jurisdicción. Sin perjuicio de la precisión realizada, hablaremos para efectos de su estudio, de jurisdicción conservadora, jurisdicción disciplinaria y jurisdicción económica. Estas funciones-atribuciones las encontramos en el artículo 3º del COT. La denominada jurisdicción conservadora se relaciona con la idea de que los tribunales de justicia deben velar por que los órganos del Estado actúen dentro de la esfera de sus atribuciones y garantizar el respeto a los derechos individuales consagrados en la Constitución. Se relaciona por lo tanto con la conservación del Estado de Derecho. Esta denominación arranca de la Constitución de 1833 que establecía la “Comisión Conservadora” la que debía velar por la observancia de las garantías constitucionales durante el receso del Congreso Nacional. Podemos mencionar como manifestaciones de las facultades conservadoras de los tribunales las siguientes: •

Recurso de Protección: llamada más correctamente “acción constitucional de protección”, tiene por finalidad proteger en general las garantías constitucionales que se indica en la Carta Fundamental en el artículo 20. El objetivo es restablecer el imperio del derecho, lo que le corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva, aceptando medidas concretas para resguardar esas garantías.

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Recurso de Amparo: o “Habeas Corpus”, reglamentado en el Código de Procedimiento Penal en los artículos 306 y siguientes, cuya finalidad específica es proteger el derecho a la libertad personal o seguridad individual (artículo 19 nº 7 CPR) en cualquiera de las formas que la Constitución indica. En términos generales procede cuando un individuo es arrestado, detenido o preso, o bien cuando sufre arraigo, en cuyos casos la Corte de Apelaciones respectiva adopta las medidas del caso si es que se detecta alguna irregularidad.

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Privilegio de Pobreza: referido a un beneficio de carácter constitucional que la ley proporciona a personas de escasos recursos para que puedan comparecer a los tribunales en igualdad de condiciones frente a las partes que gozan de medios para

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procurarse su defensa. A través de éste se trata de asegurar la garantía indicada en el artículo 19 nº 2; esto es, la igualdad ante la ley. La ley arbitra los mecanismos para que esto se realice, en algunos casos opera de oficio y en otros hay que pedirlo. Para hacer efectiva esta igualdad, el legislador establece, por ejemplo, la actuación gratuita de los abogados de turno y de la Corporación de Asistencia Judicial, etc. •

Las Visitas: que los jueces de garantía deben practicar a los establecimientos penales o penitenciarios, en forma semanal, y tienen por finalidad velar por los derechos de los presos. Todos los jueces que ejercen jurisdicción del crimen tienen la obligación de realizar visitas (artículo 567 COT). Analizaremos ahora en qué consiste la llamada jurisdicción disciplinaria y al

respecto podemos señalar en una primera aproximación que esta función de los tribunales de justicia está dada por la idea de mantener el orden al interior del Poder Judicial, es el poder-deber de este de controlar el comportamiento de sus jueces, funcionarios y de quienes intervienen ante él. Así los tribunales pueden sancionar con arreglo a la ley los eventuales malos comportamientos de los sujetos sometidos a su control. Es importante señalar que estas facultades disciplinarias se refieren exclusivamente a aquellos hechos que no son constitutivos de delitos, porque si así fuese se habla de una responsabilidad penal. La jurisdicción disciplinaria puede ejercerse tanto de oficio como a petición de parte. La primera es por propia iniciativa del órgano competente, aquí cobra una real importancia la jerarquía judicial. El Título XVI del COT se refiere a la materia y establece una serie de herramientas que permiten ejercer esta función. Una de ellas es el “estado” o informes que los juzgados deben rendir, otra es la figura del “ministro visitador” quién vigila el funcionamiento de los tribunales y encontramos también la cuenta, que serían las estadísticas de cada juzgado o tribunal. Las visitas son también un mecanismo para ejercer la función. En cada juzgado el juez visita su secretaría; los tribunales y juzgados son visitados por un ministro de Corte de Apelaciones y estas a su vez son visitadas por ministros de la Corte Suprema. Las visitas pueden ser ordinarias o extraordinarias, esto porque en ciertas situaciones la Corte puede decretar una visita extraordinaria. La jurisdicción disciplinaria como ya mencionamos puede ser ejercida también a petición de parte. Ello se concreta a través de los “reclamos comunes” que son los que se .*.RPR.*.

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realizan cotidianamente ante una insatisfacción por un servicio o atención mal prestados, pero formalmente la ley establece lo que se conoce como la “queja disciplinaria” y por otra parte el denominado “recurso de queja”. Aunque sus nombres sean muy similares, en realidad difieren bastante entre sí. La queja disciplinaria es un reclamo que se realiza por el mal comportamiento de un funcionario judicial, que tiene como objeto la aplicación de una medida disciplinaria y se realiza ante su superior jerárquico, en el caso de los jueces, este será conocido por la Corte de Apelaciones respectiva. El recurso de queja, en cambio, procede respecto de de una resolución judicial que haya sido dictada cometiéndose faltas o abusos graves, tiene como finalidad corregir tales situaciones y es presentada ante la respectiva Corte de Apelaciones en el caso de sentencias de jueces de letras o de policía local y ante la Corte Suprema en caso de sentencias definitivas de segunda instancia. Su tramitación está regulada por el artículo 545 COT y por el auto acordado de la Corte Suprema sobre recurso de queja del 1 de diciembre de 1972. Finalmente cabe analizar en este apartado la idea de jurisdicción económica que se entiende como aquellas facultades que permiten o autorizan a los tribunales a adoptar ciertas medidas de orden general, que redundan en beneficio de la buena administración de justicia. Su sustento legal está dado por el artículo 82 de la CPR y los artículos 3º y 96 nº 4 del COT. Realmente mirado desde un punto de vista técnico-jurídico, no significa una función propiamente jurisdiccional. Así fluye del COT, cuando señala que los tribunales tienen "además las facultades.....". Se trata de facultades que el legislador ha estimado indispensable conceder a los tribunales de justicia, para obtener una buena administración de justicia. Para hacer efectiva esta facultad, estos pueden dictar autos acordados que son actos que emanan de los tribunales superiores de justicia, vale decir, Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Estos autos acordados pueden ser de general aplicación y en ellos no se resuelven litigios, sino que se reglan situaciones que permitan una mejor y más expedita administración de justicia. Con ellos a veces se suele llenar vacíos de orden procedimental o bien completar lo que establece la ley. Sin embargo, estos autos acordados, considerando su naturaleza, deben subordinarse a la ley y a la Constitución. .*.RPR.*.

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Podemos además mencionar dentro de estas facultades aquellas que se refieren a la concesión de licencias, de permisos de los jueces. Todas aquellas instrucciones que suelen emanar desde la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones a sus inferiores jerárquicos. Finalmente encontramos también lo relativo a las normas que regulan la intervención del poder judicial en el nombramiento de sus jueces. d) Especial. Es la facultad que tienen los tribunales de justicia de intervenir en el conocimiento y fallo de todas aquellas causas o juicios que leyes especiales han entregado a su conocimiento. Está dada principalmente por lo contencioso-administrativo y su fundamento positivo se encuentra en el artículo 38 inciso 2º de la CPR y en el artículo 5º inciso 1º del COT. 2.- LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN. a) Temporal. Este límite afecta a la persona del juez, pues este ejerce jurisdicción por el tiempo establecido por la ley, por lo tanto un juez no puede ejercer jurisdicción, por ejemplo, antes de su nombramiento, después de jubilar, durante sus vacaciones, etc. A su vez se relaciona con la idea de “jueces perpetuos” que constituyen la regla general, y también está limitado por la de los "jueces temporales", reducidos hoy en día a los jueces árbitros que normalmente duran dos años en el ejercicio de sus funciones. Los límites temporales también afectan al órgano jurisdiccional (tribunal), pues este sólo ejerce jurisdicción en el tiempo señalado en la ley, así un tribunal no puede ejercer antes de su establecimiento o luego de su supresión.

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b) Espacial. Contiendas de competencia Internos (competencia)

conflictos Cuestiones de competencia

Límites Internacionales (territoriales, legislación extrajera) Externos Constitucionales (con otros poderes del Estado) Los denominados límites internos de la jurisdicción están dados por la idea de competencia. La ley le asigna a cada juez o tribunal una porción de la jurisdicción como propia. Así cada tribunal ejercerá dentro de su competencia y esta se determina mediante reglas que estudiaremos más adelante. Los límites internos pueden generar dos tipos de conflictos, las contiendas de competencia y las cuestiones de competencia. La primera se refiere a la disputa entre dos o más tribunales por considerarse así mismos competentes o incompetentes para conocer de un asunto. Las cuestiones de competencia son producto del reclamo de una de las partes por considerar competente o incompetente al juez o tribunal y existen dos formas de alegar por las partes, a saber, la inhibitoria y la declinatoria. Los límites externos están dados por el punto hasta donde se extiende la jurisdicción de los tribunales y este se puede mirar desde el punto de vista de los tribunales chilenos como de los tribunales extranjeros. Hay que ver hasta dónde llegan las atribuciones de los tribunales chilenos y hasta donde llegan las atribuciones de los tribunales extranjeros. En Chile la jurisdicción constituye una manifestación de la soberanía, la que es esencialmente territorial y se delimita por las fronteras. Siendo la jurisdicción una emanación de la soberanía ésta no puede ir más allá de los límites del país Hay otra limitación externa y está dada por las atribuciones que ejercen los otros poderes públicos chilenos (Ejecutivo y el Legislativo). Cada poder del Estado ejerce sus propias atribuciones dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes. Así al Poder Judicial le está prohibido ejercer funciones que son propias de los otros poderes del Estado.

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4.- MOMENTOS JURISDICCIONALES. Son las etapas que representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función jurisdiccional dentro del proceso. La doctrina dentro de esta materia distingue algunas fases o etapas de la jurisdicción y ellas encuentran su sustento positivo en el artículo 1º del COT y en el artículo 76 de la CPR. Podemos señalar que los momentos jurisdiccionales son tres: •

Conocer: es el primer momento jurisdiccional y se relaciona con la idea de que el juez o tribunal debe ilustrarse sobre los hechos. Aquí lo importante es la información que los propios litigantes le puedan entregar al tribunal, porque los tribunales de justicia conocen lo que se llama la verdad procesal, precisamente a través del proceso y por la información que le dan los litigantes. Esto aunque el juez tome conocimiento por otras vías del asunto. Es aquí donde los litigantes debaten también sobre el derecho y cómo debiera aplicarse la ley para resolver la controversia.

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Juzgar: es el momento de decisión, aquí el juez decidirá la controversia dictando una solución por medio de la sentencia. Según Hugo Pereira “es deliberar acerca de la culpabilidad de determinado individuo o de la razón que le asiste en un asunto y de sentenciar lo procedente, además de formar opinión sobre algo o alguien”.

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Hacer ejecutar lo juzgado: en ciertos casos el tribunal debe recurrir al “imperio” para obligar a cumplir lo sentenciado a la parte perdedora cuando esta se niega a hacerlo. 5.- EQUIVALENTES JURISDICCIONALES.

a) Concepto. Son modos de resolver la controversia distintos de una sentencia judicial, pero que poseen el mismo valor de esta (cosa juzgada) y que ponen término al conflicto. Según Juan Colombo “se trata de actos procesales destinados a resolver ciertos conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada”.

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b) Clasificación. Extraproceso

Transacción

Equivalentes

Conciliación

Jurisdiccionales

Avenimiento Intraproceso

Desistimiento Sentencia extranjera Compromiso

c) Análisis de los equivalentes jurisdiccionales. •

La transacción: es un contrato que pone término a un juicio o evita uno posible. En su contenido incluye la resolución del conflicto y por ellos tiene la fuerza de una sentencia definitiva (cosa juzgada en última instancia), está contenida en el artículo 2446 del Código Civil.

•

La conciliación: es un acuerdo que se produce dentro del proceso motivado por el juez quien da las pautas o directrices tentativas conservando siempre su imparcialidad. Es un acuerdo verbal que debe constar en un acta de conciliación y en algunos asuntos es obligatoria, está regulado por el artículo 262 y siguientes del CPC.

•

El avenimiento: es un acuerdo que tiene como finalidad poner término a una controversia, pero en que el juez no interviene sino que es a iniciativa de las partes, las que luego le informan al tribunal sobre el acuerdo adoptado.

•

El desistimiento: se produce cuando luego de ejercer la acción, el demandante desiste de continuar con el juicio. Opera cuando el juicio ha comenzado y al producirse el desistimiento la controversia se considera zanjada no pudiendo volver a presentarse la misma demanda.

•

La sentencia extranjera: dice relación con la aplicación de una resolución judicial emanada de un tribunal de país extranjero que resuelve una controversia jurídica. Para aplicarse en Chile una sentencia extranjera debe ser visada por la Corte Suprema por medio de lo que se conoce como exequátur (artículos 242 y ss. del CPC). La Corte Suprema considera ciertos aspectos para decidir si aplicar o no una .*.RPR.*.

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sentencia extranjera: si existe algún tratado internacional con el otro Estado, si las sentencias chilenas se cumplen en ese país (principio de reciprocidad) o si esta no atenta contra el derecho interno. •

El compromiso: es señalado por algunos autores como un equivalente jurisdiccional, pues traslada el caso a un árbitro. La decisión de este último es obligatoria para las partes debido a que estas se han obligado por medio de un contrato a respetar la decisión del árbitro. 6.- BASES FUNDAMENTALES DE LA JUDICATURA. Se dice que son ciertos principios fundamentales o esenciales, sobre los cuales

descansa toda la organización judicial chilena y que le dan una individualidad propia al Poder Judicial. Estas bases fundamentales determinan la estructura del Poder Judicial, reglan el ejercicio de la jurisdicción y les señalan a los magistrados las normas de acuerdo a las cuales deben actuar ministerialmente. a) Legalidad. Creación y establecimiento de tribunales. Legalidad en lo orgánico Atribuciones y competencia.

Tramitación Legalidad en lo funcional Fallo

La legalidad como principio fundamental debe ser entendida desde el punto de vista orgánico, pues los órganos encargados de administrar justicia son establecidos por la ley. Es también la ley la que les entrega sus atribuciones y determina su competencia, sin

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embargo, cuando la misma no establezca o regule ciertas cuestiones se recurre a la dictación de autos acordados. En cuanto a lo funcional la ley señala los procedimientos, es decir, cómo se efectúa la tramitación en los tribunales. Del mismo modo la legalidad se manifiesta respecto del fallo, pues la sentencia debe ajustarse a derecho. Lo anterior constituye una parte importante de lo que se conoce como debido proceso y que está consagrado constitucionalmente como un derecho en el artículo 19 nº 3 de la Carta Fundamental. b) Independencia. Es entendida como la autonomía del Poder Judicial en tres ámbitos: •

Independencia orgánica o política: referida a las relaciones con otros poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo). La independencia arranca de la Constitución Política de la República, ella estatuye a cada poder público, establece por tanto la denominación de separación de poderes.

•

Independencia funcional: se refiere a la autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional, particularmente importa aquí la facultad de imperio de los tribunales con la que ellos mismos pueden hacer ejecutar sus sentencias, sin depender para ello de otra autoridad, , por tanto ningún órgano puede oponerse a las decisiones de estos.

•

Independencia personal: es la que posee cada juez y cada tribunal respecto de otros órganos del mismo Poder Judicial, el juez debe ser independiente para conocer y juzgar los asuntos sometidos a él.

c) Inamovilidad. Los jueces son inamovibles mientras permanezca su buen comportamiento (artículo 80 CPR). La inamovilidad se relaciona con la independencia, pues es esta última se ve asegurada por este principio. La inamovilidad es en cierto modo relativa, pues presenta algunos límites: •

La edad de los jueces: estos cesan en el cargo al cumplir los 75 años de edad.

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Renuncia: cesa en su cargo por decisión propia.

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Incapacidad .*.RPR.*.

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•

Remoción por malas calificaciones.

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Juicio de amovilidad.

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Remoción por la Corte Suprema (artículo 80 inciso 3º CPR).

d) Responsabilidad. Es el deber que tienen los jueces de dar cuenta o de responder y asumir las consecuencias de su conducta. Constituye una especie de contrapeso a la independencia y a la inamovilidad. Es posible identificar tres tipos de responsabilidad: •

Común: es la que tiene el juez como toda persona por el hecho de ser tal y por ser sujeto de derecho.

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Disciplinaria: es la que tiene cada juez por formar parte de un órgano del Estado.

•

Política: es la responsabilidad que tienen los integrantes de los tribunales superiores de justicia, es decir, los ministros de la Corte Suprema y los de Cortes de Apelaciones por notable abandono de deberes. Estos son susceptibles de acusación constitucional (artículo 52 nº 2, literal c CPR).

•

Ministerial: está señalada en el artículo 79 de la CPR y dice relación con los delitos cometidos por los magistrados en el ejercicio de la función. En el COT se encuentra explicitada en el artículo 324 en cuanto a los eventuales delitos y el 325 señala la responsabilidad del “juez delincuente”.

e) Territorialidad. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 7º COT y establece que los tribunales sólo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere asignado. Esto quiere decir la función jurisdiccional está dividida en territorios establecidos por la ley. Podemos señalar que existen ciertas excepciones a este principio: •

Los exhortos: artículo 7º inciso 2º del COT, son encargos que un tribunal hace a otro para que este ejecute ciertas tareas necesarias para resolver un asunto, ello está regulado en los artículos 71 y siguientes del CPC.

•

Inspección personal del tribunal: artículo 403 inciso 2º CPC establece que el juez puede realizar un examen personal acerca de los hechos o circunstancias que tienen incidencia en la cuestión controvertida.

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•

Competencia especial de los juzgados civiles de Santiago: artículo 43 inciso 2º COT define esta situación y que en términos generales se refiere a la posibilidad que tienen estos juzgados de actuar fuera de su territorio, pero dentro de la Región Metropolitana.

f) Jerarquía o grado. En Chile existe una organización jerárquica de los tribunales de justicia y de los miembros del Poder Judicial. La jerarquía cobra importancia a la hora de determinar la competencia de un tribunal. De este modo encontramos tribunales de única instancia, primera instancia y de segunda instancia. Instancia se entiende como el grado jurisdiccional que comprende el estudio de los aspectos de hecho y de derecho de un conflicto ante un determinado tribunal. Se acude a una segunda instancia por medio del recurso de apelación. A su vez la jerarquía tiene importancia dentro de la función disciplinaria de los tribunales de justicia. g) Publicidad. Este principio está señalado en el artículo 9º del COT y dice relación con que toda persona tiene derecho a imponerse del actuar de los tribunales, conocer del desarrollo de los procesos judiciales aun cuando no sea litigante interesado en el caso. Este principio presenta ciertas excepciones: •

Momento de acuerdo en los tribunales colegiados, artículo 81 COT.

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Libro privado que llevan los tribunales en el ejercicio de la función disciplinaria.

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Ciertas materias de familia como los expedientes de nulidad, divorcio y adopción.

h) Sedentariedad. Dice relación con la idea de que los tribunales están asentados en un lugar determinado por la ley. Este principio se relaciona con dos obligaciones de los jueces, a saber, residencia (artículo 311 COT) y asistencia (artículo 312 COT) Una excepción a este principio está dada por la posibilidad de que en ciertos juicios penales el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal pueda trasladarse a otro lugar.

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i) Pasividad. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 10 del COT que señala que los tribunales no ejercen su ministerio sino a petición de parte salvo en los casos que la ley les faculte para actuar de oficio. Este principio se da fundamentalmente en los asuntos civiles, donde la regla general es la actuación a petición de parte y la excepción es la actuación de oficio. Las excepciones son: •

La declaración de la nulidad absoluta (artículo 1683 del CC).

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La declaración de inadmisibilidad de los recursos de apelación o de casación (artículos 213 y 781 CPC).

•

La declaración de incompetencia absoluta por parte del juez (está obligado).

•

Declaración de oficio de la nulidad procesal (artículo 84 CPC).

•

Dictar medidas para mejor resolver (artículo 159 CPC)

j) Determinación de competencia. La ley establece la competencia para cada tribunal. La regla general estaba constituida por los jueces con competencia común, sin embargo las últimas reformas han tendido a la especialización de los tribunales inferiores. A nivel de Cortes de Apelaciones no existe especialización, pues conocen de todo tipo de asuntos. La Corte Suprema ha establecido salas especializadas para conocer los asuntos que llegan hasta ella. k) Inavocabilidad. Este principio está establecido en el artículo 8º del COT y consiste fundamentalmente en que una vez que un asunto se radica en un tribunal, no puede otro tribunal avocarse el conocimiento del mismo. Además la inavocabilidad está establecida también respecto de otros poderes públicos, así lo establece el artículo 76 de la CPR al decir que ni el Presidente del República ni el Congreso Nacional pueden avocarse causas pendientes ante algún tribunal. Las excepciones a este principio las podemos encontrar en: •

La figura del ministro visitador en cuanto este puede avocarse causas pendientes en el tribunal que visita.

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La acumulación de autos .*.RPR.*.

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•

El compromiso en cuanto traslada el asunto a un árbitro.

l) Inexcusabilidad. Este principio está consagrado en el artículo 76 inciso 2º de la CPR y en el artículo 10 inciso 2º del COT. Consiste fundamentalmente en que los tribunales de justicia no pueden excusarse de conocer un asunto cuando hubieren sido requeridos en forma legal y en asuntos de su competencia ni aún por falta de ley que resuelva la contienda. m) Gratuidad. Esta base fundamental del Poder Judicial se refiere a que la administración de justicia es esencialmente gratuita. Lo anterior se traduce en que los jueces que integran el Poder Judicial son funcionarios públicos remunerados por el Estado y no por las partes. Esto se relaciona directamente con la igualdad ante la ley y con la igual protección de la ley, consagrados como derechos fundamentales en la CPR. Sin perjuicio de ello existen ciertas actuaciones que importan cargas tributarias moderadas para las partes (derechos de los receptores, notarios, archiveros, honorarios de los abogados, etc.); para salvar esto existe el denominado privilegio de pobreza para quienes no pueden asumir estas cargas. n) Autogeneración incompleta. Se relaciona con el nombramiento de los jueces, ello está regulado por el artículo 78 de la CPR. El proceso de designación de los magistrados comienza en el Poder Judicial y culmina con el nombramiento realizado por el Presidente de la República. En el caso de los ministros y de los fiscales de la Corte Suprema, el nombramiento lo realiza el Presidente de la República con acuerdo del Senado. El proceso de autogeneración se inicia al interior del Poder Judicial a través de un concurso público, luego la Corte de Apelaciones elabora una terna y la envía al Ministerio de Justicia, finalmente el Presidente de la República es quien realiza el nombramiento del juez, ministro o fiscal de Corte de Apelaciones. Para el caso de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, esta última elabora una quina que luego remite al Presidente de la República, este elige un nombre y lo propone al Senado, para ser nombrado requiere del acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio. .*.RPR.*.

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ñ) Estatuto de los jueces. Este principio se relaciona con las normas que regulan a los magistrados del Poder Judicial. Una vez que el juez es nombrado debe prestar juramento ante el órgano correspondiente, ello se establece en los artículos 299 y siguientes. A su vez en los artículos 311 al 323 ter se establecen los deberes y prohibiciones a los que están sujetos los jueces. o) Continuidad. Esta base fundamental de la judicatura dice relación con la idea de que la función jurisdiccional no debe interrumpirse por falta de juez y que asimismo el tribunal una vez instalado no debe dejar de funcionar. De este modo la ley establece mecanismos para evitar la interrupción por medio de reemplazos: •

Subrogación: se produce en los tribunales inferiores. La regla general es que el juez impedido es reemplazado por el secretario del juzgado, siempre que éste sea abogado. A falta del secretario abogado, rigen estas reglas: Si en la comuna o agrupación de comunas hay sólo un juez de letras, el juez es reemplazado por el defensor público. A falta de éste por alguno de los abogados de la terna que anualmente debe formar la Corte de Apelaciones respectiva. A falta de los dos anteriores, por el secretario abogado del territorio jurisdiccional más inmediato, o en su defecto por el juez de dicho tribunal. Si en la comuna o agrupación de comunas hay dos jueces de letras, el juez impedido es reemplazado por el secretario abogado del otro juzgado y a falta de éste por el juez. Si ello no es posible, se procede como en los casos en que hubiera un solo juez de letras. Si en la comuna o agrupación de comunas hay tres o más jueces de letras, hay que distinguir: Si son de la misma competencia, la subrogación se hace por el secretario abogado del otro juzgado y a falta de éste por el juez. La subrogación se hace por el tribunal que le sigue en el orden numérico y el del primero reemplaza al último. Si son de distinta competencia la subrogación le corresponde a los otros de la misma competencia de acuerdo a la regla anterior y si ello no es posible,

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por el secretario o en su defecto, por el juez del otro tribunal de distinta competencia. •

Integración: es el reemplazo automático que se efectúa por el sólo ministerio de la ley de uno o algunos de los ministros de los tribunales colegiados que se encuentren impedidos para el desempeño de sus funciones, cuando su ausencia prive al tribunal del quórum necesario para su funcionamiento. Integración de las C. de Apelaciones: Los miembros impedidos son reemplazados por los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales o por los abogados integrantes (artículo 215 COT). Las salas no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes (artículo 215 inciso 3º COT). Si en una sala no queda ningún miembro hábil se difiere el conocimiento a la otra sala y si la inhabilidad afecta a toda la Corte se difiere el conocimiento del asunto a la Corte que corresponda según la ley (artículo 216 COT). Integración de la Corte Suprema: Se llamará a integrar a los miembros no inhabilitados de la misma Corte, al fiscal o a los abogados integrantes (artículo 217 COT). Si la Corte Suprema no puede funcionar por inhabilidad de la mayoría o de la totalidad de sus miembros, ésta es integrada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, según orden de antigüedad. 7.- COMPETENCIA.

a) Concepto La definición legal de competencia está señalada en el artículo 108 del COT que señala: la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Tal definición sin embargo resulta incompleta, pues no sólo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de atribuciones de un tribunal, sino que también pueden hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de competencia así como también puede hacerlo otro tribunal a través de lo que se denomina competencia delegada. Podemos señalar que la competencia es la porción de la jurisdicción que le corresponde a cada tribunal. Así es posible señalar que todo juez o tribunal ejerce jurisdicción, pero no todo juez o tribunal tiene competencia. .*.RPR.*.

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Luego podemos completar la definición del COT y decir que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. b) Clasificación. •

Según tribunal o factor determinante: Competencia absoluta: es aquella que permita precisar la jerarquía del tribunal que debe conocer sobre un determinado asunto. Competencia relativa: determina qué tribunal dentro de una determinada jerarquía es competente para conocer un asunto.

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Según la intervención de la voluntad de partes (fuente): Competencia natural: es la que la ley le asigna a cada tribunal, los litigantes no intervienen. Competencia prorrogada: es la que arranca de un acuerdo expreso o tácito de las partes, en cuya virtud le confieren competencia a un tribunal que no es naturalmente competente. Procede en asuntos contenciosos, en primera instancia, entre tribunales de igual jerarquía y el elemento que se modifica es el territorio

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Según el origen: Competencia propia: es la que la ley o las partes le asignan a cada tribunal. Competencia delegada: es aquella que ejerce un tribunal en virtud de un encargo o delegación que le hace otro tribunal para que ejecute ciertas diligencias, fundamentalmente a través de lo que se conoce como exhorto.

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Según la extensión: Competencia común: es aquella que le corresponde a un tribunal para conocer toda clase de asuntos sin importar su naturaleza (civiles, comerciales, penales, laborales, etc.). Competencia especial: es aquella que le corresponde a un tribunal para conocer de ciertos asuntos según su propia naturaleza.

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Según tribunales potencialmente competentes (si es o no exclusiva): Competencia privativa o exclusiva: es la que por expresa disposición de la ley le corresponde a un determinado tribunal con exclusión de cualquier otro. .*.RPR.*.

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Competencia acumulativa o preventiva: es aquella en que le corresponde a dos o más tribunales conocer un determinado asunto, pero una vez que uno de ellos interviene excluye al resto. •

Según el grado jurisdiccional en que los asuntos pueden ser conocidos (instancias): Competencia de única instancia: la sentencia que emita un tribunal no será susceptible de recurso apelación ante un tribunal superior. Competencia de primera instancia: la ley ha determinado que las sentencias emitidas por un tribunal en ciertos asuntos sean susceptibles de ser revisadas mediante la apelación. Competencia de segunda instancia: es aquella de que se encuentra revestido un tribunal para conocer de un recurso de apelación deducido en contra de sentencias de un tribunal de primera instancia.

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Según la materia: podemos clasificar la competencia de acuerdo la materia, por ejemplo: civil, penal, laboral, familia, etc.

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Según destinatario: algunos autores señalan que es posible clasificar la competencia en un sentido objetivo (órgano) y en un sentido subjetivo (juez). 8.- REGLAS GENERALES DE LA COMPETENCIA. Son reglas que se aplican a todos los tribunales y a todos los asuntos. Son

complementarias a las reglas que determinan la competencia absoluta y a las de competencia relativa y de ser infringidas acarrean sanción procesal. Estas reglas generales son la de radicación o fijeza, jerarquía o grado, extensión, prevención o inexcusabilidad y ejecución. a) Radicación o fijeza. Esta regla se encuentra en el artículo 109 COT que establece: radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Este pretende señalar que cuando un tribunal toma conocimiento del asunto y de no existir una reclamación de incompetencia, el asunto queda fijado en ese tribunal. Lo anterior tiene como finalidad evitar que un juicio deambule entre distintos tribunales. .*.RPR.*.

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Pueden considerarse como excepciones a esta regla la acumulación de autos, el compromiso y las visitas. b) Jerarquía o grado. Está contenida en el artículo 110 COT que señala que una vez fijada la competencia del tribunal inferior queda igualmente fijada la de segunda instancia. Esta regla presupone que el asunto se encuentre radicado ante un tribunal de primera instancia y que proceda recurso de apelación respecto de la sentencia de ese tribunal. El tribunal que va a conocer en segunda instancia será siempre el superior jerárquico del que conoció en primera, luego no está demás señalar que no cabe la prórroga de competencia en segunda instancia. c) Extensión. Está señalada en el artículo 111 COT y establece que el juez competente para conocer de la cuestión principal lo es también para conocer de los incidentes que se pudieran generar. A su vez puede conocer de las cuestiones que se susciten vía reconvención o por compensación. d) Prevención o inexcusabilidad. Se encuentra explicitada en el artículo 112 COT que establece que de existir dos o más tribunales competentes ninguno de ellos puede excusarse bajo el pretexto de que existen otros tribunales que también lo son, de hacerlo incurre en el delito de denegación de justicia. A su vez señala que una vez que un tribunal entra a conocer el asunto, excluye a los demás aunque fueran igualmente competentes, el que previene excluye al resto. e) Ejecución. Está contenida en el artículo 113 COT que establece que los tribunales que hubieren pronunciado la resolución en primera instancia, tienen la tarea de ejecutar las mismas. Para ello los tribunales gozan de imperio, esto es, tienen la facultad de hacer ejecutar lo juzgado por ellos. Este imperio les permite incluso utilizar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de lo resuelto. Esta regla también está consagrada a nivel constitucional en el artículo 76 incisos 3º y 4º de la CPR. .*.RPR.*.

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9.- REGLAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA ABSOLUTA. a) Concepto. Son aquellas disposiciones legales que permiten establecer la jerarquía del tribunal que debe conocer sobre un asunto determinado. Estas reglas son de orden público, pues se refieren a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Por ello son irrenunciables y respecto de ellas no cabe la prórroga de competencia, si un juez es incompetente de manera absoluta debe declara su incompetencia de oficio, sin perjuicio de que las partes puedan alegarla en cualquier momento así como no existe plazo para alegar la nulidad en tal situación. Los factores de la competencia absoluta son tres, a saber, cuantía, materia y fuero. b) Cuantía. El artículo 115 COT define la cuantía como el valor de la cosa disputada en los asuntos civiles y en los criminales se determina por la pena del delito. En general ella no tiene importancia para delimitar la jerarquía del tribunal, su competencia radica ahora en el tipo de procedimiento a que se sujeta el asunto y también para determinar si el asunto será conocido en primera o en única instancia. Las reglas que determinan la cuantía están establecidas en los artículos 116 y siguientes del COT, podemos señalar de manera general las siguientes: •

En materia civil, sin perjuicio de la existencia de reglas especiales, debe distinguirse entre aquellos asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y aquellos que si lo son. En aquellos asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, estos se reputan como de mayor cuantía como lo establece el artículo 130 del COT.

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En cambio, en aquellos asuntos civiles que sí son susceptibles de apreciación pecuniaria, hay que atender a si el demandante ha o no acompañado documentos en los que aparezca determinado el valor de la cosa disputada. En el primer caso, se estará al valor que en ellos se señale; así lo dispone el artículo 116 COT. En el segundo caso, se nos obliga a recurrir a otra distinción: si la acción es personal o real. Si la acción es personal, el artículo 117 COT prescribe que se determinará la cuantía por la apreciación que el demandante haga en su demanda. Si la acción es real, la prioridad legal está dada por el acuerdo entre las partes, el que se presume si .*.RPR.*.

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ninguna de las partes reclama la incompetencia fundada en el valor de la cosa disputada, esto es, la cuantía (artículo 118 COT). Si no existe este acuerdo (real o tácito), el valor de la cosa disputada y la cuantía se determinan por un perito, nombrado por el juez ante quién se presentó la demanda (artículo 119 COT). Mantiene importancia la cuantía, ya que en asuntos de escaso monto no hay posibilidad de apelar; en primera instancia conocen de aquellas cuya cuantía exceda de 10 UTM y de las causas de minas, cualquiera sea su cuantía. La competencia en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria corresponde al juez de letras (artículos 130 y 131 COT). c) Materia. Es la naturaleza del asunto sometido a la decisión del tribunal y, aun, en ciertos casos excepcionales, el objeto o la clase del mismo. Así un asunto puede ser civil, penal, de familia, laboral, etc., lo que determina el tipo de tribunal. Según el artículo 48 COT los juicios de Hacienda se consideran una materia especial y deben ser conocidos por un juzgado emplazado en lugar asiento de Corte. d) Fuero. Se define como la calidad o dignidad que poseen ciertas personas, en cuya virtud los asuntos en que tienen interés no son conocidos por los tribunales a los que ordinariamente les correspondería conocer, sino por uno de superior jerarquía o se modifica la instancia en que son conocidos. Como factor determinante de la competencia absoluta prevalece sobre la cuantía y la materia, modificando competencia. Su fundamento es garantizar la imparcialidad del juez, pues se estima que un tribunal de mayor jerarquía es menos susceptible de presiones o influencias. Podemos distinguir entre fuero menor y fuero mayor. El fuero menor (artículo 45 nº 2, literal g) cambia la competencia de única a primera instancia (sólo en materias civiles y comerciales). El fuero mayor eleva la jerarquía del tribunal que debe conocer (artículo 50 nº 2 COT), correspondiendo a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva el conocimiento de la causa, así el ministro pasa a ser un tribunal unipersonal de excepción y a la vez, juez de primera instancia. .*.RPR.*.

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El artículo 133 COT presenta las excepciones al fuero. 10.- REGLA QUE DETERMINA LA COMPETENCIA RELATIVA (TERRITORIO). Es una regla de orden privado, por tanto es renunciable (excepto en materia penal), cabe la prórroga de competencia, no procede la nulidad de oficio y la reclamación de incompetencia relativa debe ser realizada antes de cualquier otro acto. Esta regla está dada por el factor territorio, único factor de competencia relativa. Ella nos permite determinar qué tribunal específico, dentro de la jerarquía determinada por las reglas de competencia absoluta, conocerá del asunto. Tratándose de los asuntos civiles contenciosos hay ciertas reglas especiales conocidas como “reglas de descarte”: •

De existir prórroga se aplica ésta, puede ser tácita o expresa (artículo 182 COT)

•

De no existir prórroga se aplican las reglas contenidas en los artículos 139 al 148 COT. Se establece que de existir varias obligaciones y en distintos territorios es juez competente el de cualquiera de ellos.

•

A falta de lo anterior se considera la naturaleza de la acción, si es mueble o inmueble (artículos 135, 137 y 138 COT)

•

De no poder aplicarse ninguna de las anteriores, en último caso, se considera competente el juez del territorio del domicilio del demandado. 11.- EL TURNO Y LA DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS. Dice relación con aquellos casos en los que, habiéndose aplicado las reglas de

competencia absoluta y las de competencia relativa, existe más de un tribunal competente para conocer sobre una cuestión. En tal situación la ley establece dos mecanismos para salvar determinar cuál de ellos conocerá: la distribución de causas y el turno. Para saber cuál debe utilizarse, en primer lugar se debe distinguir si en el territorio de los tribunales potencialmente competentes es o no asiento de Corte de Apelaciones. Si el lugar es asiento de corte entonces se aplicará el mecanismo de distribución de causas. La demanda es ingresada a la Secretaría de la Corte y luego el Presidente de la misma es quien distribuye entre los juzgados del territorio las causas que se presentaren (artículo 176 COT) .*.RPR.*.

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Si el territorio en que se emplazan los tribunales potencialmente competentes no es asiento de Corte, se produce el turno (artículo 176 COT). Las causas son presentadas ante el juzgado que se encuentre de turno, cada turno es semanal y sólo durante ese período el tribunal puede aceptar el conocimiento de los asuntos. 12.- CONTIENDA Y CUESTIONES DE COMPETENCIA. a) Contiendas de competencia. Son los conflictos que se promueven entre los tribunales directamente entre sí. Esto ocurre cuando todos los tribunales se estiman que son competentes para conocer de un asunto determinado (sentido positivo), o bien cuando ninguno de ellos se estima como competente (sentido negativo). La contienda se puede promover no sólo entre tribunales, sino que también se puede promover entre tribunales y otras autoridades políticas y administrativas. Luego tenemos que existen diferentes clases de contiendas de competencia, dependiendo de los tribunales que intervengan: •

Contiendas de competencia que se susciten entre tribunales ordinarios: si los tribunales son de igual jerarquía, en este caso va a ser competente para dirimir esta contienda el tribunal que sea el superior común de ambos. Si los tribunales no dependen de un mismo superior común (tienen distintos tribunales superiores), en este caso va a ser competente para dirimir la contienda el tribunal superior de aquel que previno en el conocimiento del asunto (artículo 190 inciso 3º COT). Si los tribunales ordinarios fuesen de distinta jerarquía, en este caso va a resolver la contienda el tribunal superior de aquel que tenga la jerarquía más alta (artículo 190 inciso 2º COT).

•

Contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales ordinarios y tribunales especiales, o bien entre tribunales especiales: si los tribunales dependen de una misma Corte de Apelaciones, en este caso va a ser competente para resolver el conflicto dicha Corte de Apelaciones (artículo 191 inciso 1º COT). Si los tribunales dependen de distintas Cortes de Apelaciones, en este caso va a resolver la contienda aquella Corte que sea el superior jerárquico del tribunal que haya prevenido en el conocimiento del asunto (artículo 191 inciso .*.RPR.*.

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2º COT). Si no pudieran aplicarse ninguna de las dos reglas anteriores resolverá la contienda la Corte Suprema (artículo 191 inciso 3º COT) •

Contiendas de competencia que se susciten entre los tribunales de justicia con las autoridades políticas o administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales: si la contienda se promueve entre tribunales inferiores con autoridades políticas o administrativas, en este caso le corresponde resolver la contienda al Tribunal Constitucional (artículo 93 nº 12 CPR, artículo 191 inciso 4º COT). Si la contienda de competencia se promueve entre los tribunales superiores de justicia con las autoridades políticas o administrativas, es competente para resolver el Senado (artículo 53 nº 3 CPR, artículo 191 inciso 4º COT).

•

Contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales arbitrales: las contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales arbitrales entre sí le corresponde resolverlas a la Corte de Apelaciones respectiva, aplicándose las mismas normas que señala el artículo 190 COT respecto de los tribunales ordinarios. Es decir, resolvería la contienda de competencia la Corte de Apelaciones que sea superior común de los tribunales que se están disputando la competencia

•

Contiendas de competencia que se susciten entre tribunales arbitrales con tribunales ordinarios o tribunales especiales: De este modo, la contienda de competencia la va a resolver la Corte de Apelaciones respectiva, si los tribunales en disputa tienen como superior común a dicha Corte, de lo contrario, si no tienen como superior común a la misma Corte, va a ser competente para dirimir la contienda el tribunal superior de aquel que previno en el conocimiento del asunto.

b) Cuestiones de competencia. Se relaciona con las eventuales reclamaciones de competencia o de incompetencia que las partes puedan realizar. Según Casarino “se entiende por ésta, la incidencia formulada por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido para conocer de un negocio judicial”. Existen dos formas de reclamar la incompetencia: .*.RPR.*.

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•

Por declinatoria: se formula como excepción de incompetencia ante el tribunal que está conociendo el asunto y se le solicita que se declare incompetente, indicándole cuál es el tribunal competente y que se abstenga del conocimiento (artículo 101 CPC)

•

Por inhibitoria: se realiza ante el tribunal que según la parte es competente para que este se dirija al tribunal que está conociendo el caso para que se inhiba y remita los autos al tribunal competente (artículo 102 inciso 1º CPC). 13.- IMPLICANCIAS Y RECUSACIONES (INHABILIDADES DE LOS JUECES). Las implicancias y recusaciones son los medios que la ley establece para que un

juez o un funcionario judicial no pueda intervenir en un asunto determinado por estar afectado por alguna de las inhabilidades que la misma ley establece. El fundamento de la existencia de estos medios se encuentra en el deseo del legislador de mantener la igualdad de las partes ante los jueces y mantener la debida imparcialidad de éstos. a) Implicancias. Son prohibiciones establecidas por la ley, en cuya virtud los jueces no pueden conocer de determinados asuntos. Estas son normas de orden público y no pueden ser renunciadas por las partes, la implicancia puede y debe ser declarada de oficio por el tribunal, aún cuando también la parte afectada puede impetrarla. El juez que estando implicado falla, comete delito (artículo 224 nº 7 CP) Las causales de implicancia están debidamente señaladas en el artículo 195 COT. b) Recusaciones. Son los medios que la ley da a las partes para impedir que un juez entre a conocer de un determinado asunto cuando carece de la imparcialidad necesaria para fallar. Son normas esencialmente renunciables. El juez debe dejar constancia de que es susceptible de recusación por alguna causal para que las partes determinen si recusarlo o no.

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Existe una recusación graciosa o amistosa, en ella el juez se retira amistosamente, de no ser así las partes pueden presentar el incidente de recusación ante el tribunal superior del que se está recusando. Las causales de recusación están establecidas en el artículo 196 COT.

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UNIDAD III “ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL” Sumario: 1. Concepto y clasificación de los tribunales de justicia. 2. Tribunales ordinarios permanentes. 3. Tribunales especiales. 4. Tribunales ordinarios de excepción. 5. Los magistrados. 6. Escalafón de los funcionarios del Poder Judicial. 7. Auxiliares de la administración de justicia. 8. Los abogados. 9. La asistencia judicial y el privilegio de pobreza.

1.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. a) Concepto. Los tribunales de justicia son aquellos órganos públicos cuya función consiste en resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, sin perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que los organizan puedan atribuirles. Del artículo 1º COT se desprende que los tribunales de justicia son los encargados de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los asuntos de relevancia jurídica que se presenten ante ellos. El artículo 5º COT los clasifica en ordinarios y especiales. b) Clasificación. Superiores i) Según jerarquía Inferiores

Ordinarios ii) Según naturaleza

*Arbitrales Especiales

Unipersonales iii) Según composición Colegiados

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Comunes o mixtos iv) Según competencia Especiales Permanentes v) Según estabilidad De excepción

Pdte. De la Corte Suprema Pdte. De la Corte de Ap. De Stgo. Ministro de la Corte Suprema Ministro de Corte de Apelaciones

2.- TRIBUNALES ORDINARIOS PERMANENTES. a) Juzgados de Garantía. Los Juzgados de Garantía se encuentran regulados en los artículos 14 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Son aquellos tribunales que están constituidos por uno o más jueces, que tienen competencia en un territorio jurisdiccional determinado, y que se dividen en secciones de varios jueces que resuelven unipersonalmente los asuntos. Fueron creados por la reforma procesal penal y su tarea fundamental es garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los intervinientes. Son inferiores, ordinarios, unipersonales, especiales y permanentes. De acuerdo al artículo 14 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales, corresponde a los jueces de garantía: •

Asegurar los derechos del imputado y de los demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal. Estos tribunales tienen que hacer respetar en cada caso las normas legales pertinentes.

•

Dirigir personalmente las audiencias que sean pertinentes, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal.

•

Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en la ley procesal penal (artículo 14 inciso 2º letra de COT), también de acuerdo a la nueva ley procesal penal, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales. .*.RPR.*.

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Estos asuntos no son de competencia de los tribunales orales en lo penal (que van a conocer de las causas por crimen o simple delito). Esto no quiere decir que todas estas faltas van a ser en la totalidad del conocimiento de los juzgados de garantía. •

Les corresponde hacer ejecutar o cumplir las condenas criminales y medidas de seguridad, de acuerdo con la nueva ley procesal penal.

•

Conocer y resolver de los demás asuntos que las leyes les encomienden. Estructura de los juzgados de garantía:

Estos juzgados de garantía tendrán el número de jueces variable que indica la ley (artículo 16 COT). La forma de distribuir los asuntos o causas entre estos jueces de los juzgados de garantías es de la siguiente manera: si hay varios jueces se hace de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que según la ley debe ser anualmente aprobado por un comité de jueces del juzgado. Este “comité de jueces” no es otra cosa que una reunión de jueces del tribunal, válidos tanto para los juzgados de garantía como para los tribunales orales en lo penal. Este comité de jueces existe en aquellos tribunales en que existan tres o más jueces. Al comité de jueces de los tribunales de garantía le corresponde conocer de las materias que indica la ley (artículo 23 COT). Ejemplo: además de asignar las causas, debe designar el personal del juzgado o tribunal, a propuesta en terna del administrador, etc. b) Juzgados de letras. Los Juzgados de Letras se encuentran regulados en el Código Orgánico de Tribunales, en los artículos 27 y siguientes. Son tribunales unipersonales que ejercen jurisdicción normalmente en el territorio de una comuna o agrupación de comunas según lo que la ley les asigna a cada uno, y en los cuales reside la plenitud de la competencia en primera instancia. Son tribunales inferiores, ordinarios, unipersonales, comunes y permanentes. A su vez los juzgados de letras se clasifican según: •

La competencia o la extensión de la competencia que tiene el juzgado, tenemos juzgados con competencia común y juzgados con competencia especial (esta

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clasificación va a desaparecer a futuro). Esto dependiendo si conocen o no causas civiles y criminales. Juzgados de letras con competencia común: son aquellos que conocen causas civiles y criminales. Juzgados de letras con competencia especial: conocen ya sea causas civiles o causas penales. •

Desde el punto de vista del escalafón judicial o considerando la categoría del juzgado, se clasifican en juzgados de letras de ciudad asiento de Corte de Apelaciones, juzgados de letras de ciudad que es capital de provincia y juzgados de letras de comuna o agrupación de comunas. Juzgados de letras de ciudad asiento de Corte de Apelaciones: son las de mayor categoría. Ejemplo: juzgado de letras de Talca. Juzgados de letras de ciudad asiento de capital de provincia: Ejemplo: los juzgados de letras de Curicó. Juzgados de letras de comuna o agrupación de comunas: Ejemplo: juzgado de letras de Molina. Esta es una clasificación que tiene cierta importancia en materia de competencia,

porque los jueces de letras de ciudad asiento de Corte tienen competencia más amplia que los otros. Además incide en la jerarquía (en el escalafón) y eso dice relación, entre otras cosas, en la remuneración. Competencia de los juzgados de letras: •

Única instancia: Asuntos civiles y de comercio cuya cuantía no exceda de 10 UTM. Recusación de los jueces árbitro. Acción de reclamación en contra del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (Ley 18.755 artículo 17). Demandas que se interponen en contra de la resolución que dicta la Superintendencia de Casinos de Juegos rechazando la reclamación presentada en un procedimiento sancionatorio de la Ley 19.995 que establece las bases generales para la autorización y funcionamiento de Casinos de Juegos.

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Juicios de arrendamiento de predios urbanos cuya cuantía sea menor a 10 UTM. •

Primera instancia: Asuntos civiles y de comercio cuya cuantía exceda de 10 UTM. Asuntos judiciales no contenciosos. Asuntos regulados en el Código de Minería. Asuntos regulados en el Código de Aguas. Asuntos laborales en lugares donde no exista un Juez Laboral especial. Asuntos de familia en lugares donde no exista un Juez de Familia. Asuntos Penales cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Asuntos civiles o de comercio cuya cuantía sea menor a 10 UTM cuando sean parte o tengan interés personas aforadas (artículo 45 nº 2 letra g COT). Juicios de arrendamiento de predios urbanos, salvo cuando la cuantía sea inferior a 10 UTM. Otras señaladas en leyes especiales.

c) Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Son tribunales inferiores, ordinarios, colegiados, especiales y permanentes. Fueron creados por la reforma procesal penal y ejercen su competencia en tal materia. Se encuentran regulados en los artículos 17 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Son tribunales de única instancia, y que están compuestos por varios miembros que ejercen sus funciones en una o más salas y dentro de un territorio jurisdiccional determinado. Según el artículo 18 COT, a los tribunales de juicio oral en lo penal les corresponde: a. Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito. b. Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral. c. Resolver sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados que hayan sido puestos a disposición de estos tribunales.

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Estos tribunales tienen su asiento en una comuna determinada del territorio de la República (artículo 21, Código Orgánico de Tribunales). Este mismo artículo señala las comunas que comprende ese territorio jurisdiccional en cada caso. d) Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones están reguladas en los artículos 54 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Son tribunales superiores, ordinarios, colegiados, comunes y permanentes a los cuales les corresponde, por regla general, ejercer competencia de segunda instancia en su calidad de superior jerárquico de los jueces de letras, y dentro de un territorio jurisdiccional que es más amplio que el de los jueces de letra. Este territorio puede corresponder a una o varias provincias o una región o parte de ella. En Chile existen 17 Cortes de Apelaciones establecidas por el artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales. Las Cortes de Apelaciones están integradas por diversos funcionarios: Ministros (número variable en cada Corte, señalados en el artículo 56 COT/ Corte de Apelaciones de Talca: 7); Fiscales Judiciales (número variable, señalado para cada Corte en el artículo 58 COT/ Talca: 2); Relatores (número variable, señalado para cada Corte en el artículo 59 COT/ Talca: 4); Secretarios (regla general un secretario por Corte, artículo 60 COT), y por último Oficiales de Secretaría. A su vez las Cortes pueden funcionar de dos formas: •

Funcionamiento ordinario: este es el funcionamiento habitual que tiene lugar en todos aquellos casos en que la Corte funciona con el mismo número de salas que la ley le indica. Esto según lo que señala el artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales. Este funcionamiento ordinario puede ser en pleno o en sala.

•

Funcionamiento extraordinario: este funcionamiento tiene lugar cuando, para el desempeño de sus funciones, la Corte debe dividirse en un mayor número de salas de aquel que la ley le establece. El motivo que justifica este funcionamiento extraordinario es lo que la ley denomina “retardo” en el despacho de las causas (artículo 62 COT).

Competencia de las Cortes: •

En única instancia (siempre en sala): .*.RPR.*.

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De los recursos de casación en la forma que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o por uno de sus ministros, y de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas por jueces árbitros. De los recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias definitivas dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal, cuando corresponda de acuerdo a la ley procesal penal; De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de policía local, jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción, dentro de su territorio jurisdiccional; De la extradición activa, y De las solicitudes que se formulen, de conformidad a la ley procesal, para declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida para negarse a proporcionar determinada información, siempre que la razón invocada no fuere que la publicidad pudiere afectar la seguridad nacional. •

En primera instancia: En sala: recurso de amparo, recurso de protección, recurso de amparo económico, querellas de capítulos, de los demás asuntos que la ley expresamente señale. En pleno: juicios de amovilidad en contra de jueces de letras, procedimiento de desafuero de las personas señaladas en el artículo 61 de la CPR.

•

En segunda instancia: En sala: De las causas civiles, de familia y del trabajo y de los actos no contenciosos de que hayan conocido en primera los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o uno de sus ministros; recursos de apelación deducidos en contra de jueces de garantía en materias penales; de las consultas de las sentencias civiles dictadas por los jueces de letras; demás asuntos que la ley expresamente señale. En pleno: De las calificaciones señaladas en el artículo 276 letra c del COT; juicios de amovilidad seguidos contra los Ministros de la Corte Suprema que en primera instancia están entregados al Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago (materia conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago). .*.RPR.*.

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e) Corte Suprema. La Corte Suprema se encuentra regulada en los artículos 93 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Este tribunal es el de mayor jerarquía que existe en la organización judicial en Chile. Su sede es la capital de la República (artículo 94 COT). Ejerce jurisdicción sobre todo el territorio del país. La Corte Suprema tiene el tratamiento protocolar de “Excelentísima Corte”. Es un tribunal superior, ordinario, colegiado, común (aunque posee salas especializadas) y permanente. Según el artículo 82 de la CPR la Corte Suprema posee la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la Nación. Se excluyen de tal norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Organización y atribuciones (artículos 93 al 104 COT): La Corte Suprema se compone de 21 ministros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado (requiere de la aprobación de los 2/3 de los senadores en ejercicio) a partir de una quina elaborada por la propia Corte, todo esto en conformidad con el artículo 78 de la CPR y con el artículo 283 COT. A su vez cabe mencionar que la Constitución agrega que cinco de los miembros de la Corte Suprema deben ser abogados extraños a la administración de justicia. Estos ministros no provienen del Poder Judicial y deben cumplir con los requisitos que la Constitución establece: tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que la ley establece (artículo 78 inciso 4º CPR), sin perjuicio de ello, el proceso para nombrar a estos ministros es el mismo que en el caso de los que provienen del Poder Judicial. Uno de estos ministros será el Presidente de la Corte, el que será nombrado por la misma de entre sus ministros y durará 2 años en el cargo no pudiendo ser reelegido. Las funciones y atribuciones del Presidente de la Corte Suprema están contenidas en los artículos 105 al 107 COT. También es pertinente señalar que según lo dispuesto en el artículo 93 COT, la Corte Suprema tendrá un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y ocho relatores, de

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cuyas funciones haremos mención en el apartado relacionado con los auxiliares de la administración de justicia. Funcionamiento de la Corte: Según el artículo 95 COT, la Corte Suprema puede funcionar dividida en salas especializadas o en pleno. A su vez el funcionamiento en sala puede ser de dos formas: ordinario y extraordinario. En el funcionamiento ordinario la Corte se divide en tres salas especializadas y en el caso de funcionar extraordinariamente se dividirá en cuatro salas. Al hablar de salas especializadas significa que cada sala conocerá de ciertas materias que sean de competencia de la Corte Suprema, a diferencia de lo que ocurre en las Cortes de Apelaciones donde conocen indistintamente, cualquiera de sus salas, de todas las materias que sean de competencia de la Corte. En cualquier caso, las salas deberán funcionar con no menos de 5 jueces cada una, así como el pleno no puede funcionar sin la concurrencia de al menos 11 de sus miembros. Las materias que la Corte deberá conocer en pleno o en sala están señaladas en los artículos 96 y 98 COT, respectivamente. 3.- TRIBUNALES ESPECIALES. El artículo 5º inciso 3º COT establece que existen ciertos tribunales que forman parte del Poder Judicial, pero que no son ordinarios, son los denominados tribunales especiales. Estos tribunales existen porque el legislador ha estimado necesario quitarle competencia a los tribunales ordinarios, considerando la naturaleza o especialidad del asunto judicial. Dentro de estos tribunales, hay algunos que forman parte del Poder Judicial y otros no. Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales: •

Los Juzgados de Familia.

•

Los Juzgados de Letras del Trabajo.

•

Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

•

Los Tribunales Militares en tiempo de paz.

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Existen otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, que la ley establece en forma genérica. Ejemplo: Juzgados de Policía Local, tribunales aduaneros, etc. La particularidad de estos tribunales es que se rigen cada uno por su propia ley, que constituye su estatuto jurídico. Esto significa que esas leyes especiales establecen las atribuciones y la organización de cada una de estos tribunales en particular. Y se les aplicarán las normas del Código Orgánico de Tribunales en todos aquellos casos no regulados en las leyes especiales. a) Juzgados de Familia. Según el artículo 3º de la Ley Nº 19.968, Juzgados de Familia son aquellos que están constituidos por uno o más jueces, con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su decisión. Son tribunales especiales, inferiores, unipersonales, permanentes y de competencia especializada, a su vez son tribunales de derecho como todos los que integran el Poder Judicial. Fueron establecidos por la ley Nº 19.968 sustituyendo a los antiguos juzgados de menores, es esta misma ley la que establece su competencia así como su organización, atribuciones y funcionamiento. Como principales características de los juzgados de familia podemos señalar: •

Jurisdicción especializada en todas aquellas materias que afecten a la familia,

•

Tiene un carácter interdisciplinario, ya que, está conformado por psicólogos y asistentes sociales por medio de Consejos Técnicos.

•

El procedimiento es oral, salvo las excepciones expresamente contenidas en la ley.

•

El procedimiento se desarrolla en audiencias continuas (audiencia de preparación y audiencia de prueba).

•

Las audiencias siempre se realizan en presencia del juez (inmediación).

•

Existen mayores atribuciones para que el juez actúe de oficio.

•

Las audiencias son públicas, salvo en los casos en donde sea necesario resguardar la privacidad de las partes.

•

El interés superior del niño, niña o adolescente es un principio que rige el procedimiento.

Los juzgados de familia están compuestos por el número de jueces que señala el art. 4º de la Ley Nº 19.968 en cada caso, además de contar con un consejo técnico, un .*.RPR.*.

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administrador y una planta de empleados de secretaría, que se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficiente de sus funciones. b) Juzgados de letras del Trabajo y Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional. Los Juzgados de Letras del Trabajo son tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial, a su vez son inferiores, unipersonales, de competencia especializada, permanentes, letrados y de derecho que conocen de asuntos relacionados con materias laborales. Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional son tribunales especiales, de derecho, unipersonales, inferiores, de competencia especializada que existen en determinadas comunas del país con la competencia que establece el art. 416 del Código del Trabajo, siendo éstos: Valparaíso, Concepción, San Miguel, Santiago. Conocerán de los juicios en que se demande el cumplimiento de las obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo, y especialmente la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la Ley Nº 17.322, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión (en los lugares en donde no tenga jurisdicción un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, conocerá de esta materia el Juzgado de Letras del Trabajo que corresponda). La competencia de estos tribunales está señalada en las leyes especiales que los regulan y las que le asignan las materias que conocerán. Así el artículo 420 del Código del Trabajo señala algunas de estas cuestiones que serán conocidas por estos tribunales, podemos mencionar las siguientes: •

Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.

•

Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia de trabajo.

•

Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o de seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores, activos o empleadores, salvo en lo

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referido a la revisión de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias médicas. •

Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad otorguen mérito ejecutivo.

•

Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

•

Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Nº 16.744.

•

Todas aquellas materias que las leyes entreguen a los juzgados de letras con competencia laboral.

c) Tribunales Militares en tiempos de paz. La jurisdicción militar, en nuestro país, es ejercida por los tribunales militares, navales y de aviación. Las normas legales que organizan y fijan las atribuciones de estos tribunales están dadas por, fundamentalmente, por las normas del Código de Justicia Militar promulgado mediante el Decreto Ley Nº 806 de 23 de diciembre de 1925. Este texto contiene la organización y atribuciones de los tribunales militares, de aviación y navales, tanto en tiempo de paz como de guerra. A partir de lo anterior se debe precisar la diferencia que existe entre la jurisdicción militar en tiempos de paz y la que se ejerce en situaciones de guerra. Así tenemos que en el primer caso la jurisdicción militar será ejercida por los Juzgados Institucionales, los Fiscales, las Cortes Marciales y la Corte Suprema. En tiempo de guerra, es ejercida por los Generales en Jefes o Comandantes Superiores de plazas o fortalezas sitiadas o bloqueadas, o de divisiones o cuerpos que operen independientemente; por los fiscales y por los Consejos de Guerra y auditores (artículo 71 CJM) Organización de los Tribunales Militares en tiempos de paz: • Juzgados Institucionales: Juzgado Naval (Valparaíso, Talcahuano, Punta Arenas e Iquique); Juzgados Militares (ubicados en cada una de las divisiones o brigadas, existen 7, ubicados en Antofagasta, Santiago, Concepción, Valdivia, Punta Arenas, .*.RPR.*.

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Arica y Coihaique); Juzgado de Aviación (existe uno, ubicado en Santiago). Están compuestos por el comandante en jefe de la división o brigada de ejército, el comandante en jefe de cada zona naval, o el jefe de estado mayor de la fuerza aérea. Asuntos que conocen: en primera instancia, de todos los asuntos civiles y criminales que constituyan jurisdicción militar; de todas las cuestiones de competencia que se promuevan ante ellos; además pueden resolver las implicancias y recusaciones que se hicieren valer respecto de los fiscales o auditores, y pueden ordenar el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. • Los Fiscales: son los funcionarios encargados de la sustanciación de los procesos y de la formación de las causas en los asuntos de la jurisdicción militar en primera instancia. Son los encargados de llevar el procedimiento. Son nombrados por el Presidente de la República en el caso de los fiscales letrados, y por el propio juez institucional en el caso de los fiscales no letrados. Atribuciones: en materia civil: dictar todas las resoluciones judiciales que tengan carácter de providencia; recibir todas las pruebas que se produzcan; y deben dejar el procedimiento en estado de fallo. En materia penal: instruir y sustanciar todos los medios de prueba necesarios; detener a los inculpados, y deben dejar el asunto en estado de fallo. • Los Auditores: son oficiales de justicia cuya función es asesorar a las autoridades administrativas y judiciales de las instituciones armadas. Son nombrados por el Presidente de la República, y tienen como principales funciones: asesorar en materias legales a los jueces institucionales; vigilar la tramitación de los procesos que estén a cargo del fiscal; redactar todas las sentencias y resoluciones que dicte el juez respectivo • Las Cortes Marciales: existe una Corte Marcial en el Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros que tiene su asiento en la ciudad de Santiago (integrada por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los auditores Generales de la Fuerza Aérea y de Carabineros y un Coronel de justicia del Ejército en servicio activo), y una Corte Marcial de la armada con sede en Valparaíso (integrada por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el Auditor General de la armada y por un Oficial General en servicio activo de esta institución. Para funcionar requiere tres miembros como mínimo). .*.RPR.*.

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• Asuntos que conocen: en única instancia: las contiendas de competencia entre los juzgados de su jurisdicción; de las solicitudes de implicancias y recusaciones que se formulen en contra de los jueces institucionales; de los recursos de amparo deducidos a favor de aquellas personas detenidas o arrestadas en virtud de una orden de una autoridad de justicia militar. En segunda instancia: de todos aquellos asuntos que fueron conocidos en primera instancia por el juez institucional o por un miembro de la misma corte. • La Corte Suprema: actúa cuando debe conocer de asuntos donde han intervenido militares. En estos casos, se integra a la Corte Suprema el Auditor General del ejército. • Asuntos que conoce: recursos de casación en la forma y casación en el fondo en contra de las sentencias dictadas por las Cortes Marciales; los recursos de revisión que se interpongan en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas dictadas por la justicia militar en tiempos de paz; los recursos de queja dictados contra las resoluciones pronunciadas por las Cortes Marciales; y de las contiendas de competencia que se produzcan entre un tribunal militar y un tribunal común. 4.- TRIBUNALES ORDINARIOS UNIPERSONALES ACCIDENTALES O DE EXCEPCIÓN. a) Generalidades. Estos tribunales de excepción están consagrados por el Título IV del COT, que comprende los artículos 50 al 53 denominado “De los Presidentes y Ministros de Corte como Tribunales Unipersonales”. Son tribunales de excepción un Ministro de Corte de Apelaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, un Ministro de la Corte Suprema y el Presidente de la Corte Suprema. Podemos señalar algunas características generales de estos tribunales: • Son tribunales accidentales o de excepción: se constituyen una vez que se ha promovido el conflicto de que deben conocer. • Son tribunales unipersonales • Son tribunales ordinarios: esto se señala en el artículo 5º inciso 2º COT. • Por regla general son de primera instancia .*.RPR.*.

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• Su territorio jurisdiccional es el mismo del tribunal colegiado del que forman parte. • Tienen competencia especial: sólo conocen de los asuntos que la ley expresamente ha sometido a su conocimiento. b) Ministro de Corte de Apelaciones. Un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, según el turno que ella fije, conocerá en primera instancia de los siguientes asuntos: •

De las causas civiles en que sean parte o tengan interés el Presidente de la República, los ex Presidentes de la República, los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros de Chile, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, los Intendentes y Gobernadores, los Agentes Diplomáticos chilenos, los Embajadores y los Ministros Diplomáticos acreditados con el Gobierno de la República o en tránsito por su territorio, los Arzobispos, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios Capitulares.

•

De las demandas civiles que se entablen contra los jueces de letras para hacer efectiva la

responsabilidad civil resultante del ejercicio de sus funciones

ministeriales. •

De los demás asuntos que otras leyes le encomienden.

c) El Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá en primera instancia: •

De las causas sobre amovilidad de los ministros de la Corte Suprema, y

•

De las demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros de la Corte Suprema o contra su fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones. La Corte de Apelaciones de Santiago conocerá de los recursos de apelación y de

casación en la forma que incidan en las causas de que haya conocido en primera instancia su Presidente.

.*.RPR.*.

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d) Ministro de la Corte Suprema. Un ministro de la Corte Suprema, designado por el tribunal, conocerá en primera instancia: •

De las causas a que se refiere el artículo 23 de la Ley N° 12.033 (Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile).

•

De los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado.

•

De la extradición pasiva.

•

De los demás asuntos que otras leyes le encomienden.

e) Presidente de la Corte Suprema. El Presidente de la Corte Suprema conocerá en primera instancia: •

De las causas sobre amovilidad de los ministros de las Cortes de Apelaciones;

•

De las demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros o fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones;

•

De las causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional, y

•

De los demás asuntos que otras leyes entreguen a su conocimiento. En estas causas no procederán los recursos de casación en la forma ni en el fondo en

contra de la sentencia dictada por la sala que conozca del recurso de apelación que se interpusiere en contra de la resolución del Presidente. 5.- LOS MAGISTRADOS. El Código Orgánico de Tribunales establece una serie de normas generales para los magistrados integrantes del Poder Judicial, fijando los requisitos para acceder al cargo de magistrado, las calidades del nombramiento, las inhabilidades e incompatibilidades, etc. Sobre estos y otros puntos trata el Título X del Código Orgánico de Tribunales, sin embargo existen otras disposiciones en el mismo cuerpo normativo así como también en otras leyes y en la propia Constitución que se refieren al estatuto de los jueces.

.*.RPR.*.

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a) Requisitos y forma de nombramiento de los jueces: El artículo 78 de la Constitución Política de la República establece el mecanismo de nombramiento de los magistrados del Poder Judicial. El procedimiento constitucional a seguir depende de la jerarquía del tribunal que requiera de la designación de un juez. De este modo, y siguiendo el marco fijado por la Carta Fundamental, los artículos 252, 253 y 254 del COT señalan los requisitos para cada nivel: juez de letras (aquí se incluyen los jueces de familia, de letras del trabajo y cobranza previsional, de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal; art. 248 COT), ministro o fiscal judicial de Corte de Apelaciones y ministro de la Corte Suprema. b) Inhabilidades e incompatibilidades: Los artículos 256 y siguientes del COT establecen una serie de inhabilidades e incompatibilidades a que están afectos los jueces del Poder Judicial. Las inhabilidades relativas afectan a quienes, cumpliendo con los requisitos para acceder al cargo, están en alguna de las situaciones señaladas por la ley y que no les permitirían ejercer la función de manera adecuada. Las incompatibilidades en cambio son aquellas situaciones que no son conciliables con el cargo y que por tanto afectan a los magistrados que se encuentran en ejercicio. c) Prohibiciones, deberes y obligaciones a los que están afectos los jueces. c.1) Prohibiciones: •

Art. 4º COT: prohíbe al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en la ley.

•

Art. 316 COT: ejercer la abogacía, salvo casos de excepción como la defensa de causas personales, o de cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.

•

Art. 317 COT: no pueden ser árbitros, salvo cuando el nombrado tuviere con alguna de las partes interesadas en el litigio algún vínculo de parentesco que autorice su implicancia o recusación.

•

Art. 320 COT: no deben expresar opinión anticipada respecto de los asuntos que debe resolver, salvo las opiniones que emitan en el acto de conciliación (art. 263 CPC).

.*.RPR.*.

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•

Art. 320 inc. 2º COT: dar oído a las alegaciones que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal.

•

Art. 321 COT: comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que conozca. (infracción genera la nulidad del acto)

c.2) Deberes y obligaciones (arts. 311 y siguientes COT): •

Deber de residencia: están obligados a residir de forma constante en el lugar asiento del tribunal, salvo feriados y vacaciones.

•

Deber de asistencia: están obligados a asistir a la sala de su despacho y a permanecer en ella durante cuatro horas al día, como mínimo, excepto vacaciones y feriados.

•

Deber de despachar en orden: están obligados a despachar en los plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones de su ministerio le permitan, respetando el orden de antigüedad de los asuntos, salvo motivos graves y urgentes.

•

Obligación de fallar en orden: las causas se fallarán tan pronto como estuvieren en estado de orden de su conclusión (en los tribunales unipersonales).

•

Obligación de efectuar declaración jurada de sus intereses: el art. 323 bis del COT dispone que estarán obligados los miembros del escalafón primario y los de la segunda serie del escalafón secundario, dentro del plazo de 30 días desde que hubieren asumido el cargo, efectuar una declaración jurada de intereses ante un notario de la ciudad donde ejerzan su ministerio, o ante el oficial del Registro Civil en aquellas comunas en que no hubiere notario.

d) Honores y prerrogativas de los jueces. El Código Orgánico de Tribunales en sus artículos 306 a 309 establece las reglas de tratamiento de los magistrados, sus honores y prerrogativas: • La Corte Suprema tendrá el tratamiento de “Excelencia” •

Las Cortes de Apelaciones tendrán el tratamiento de “Señoría Ilustrísima”.

•

Cada uno de los miembros de estos tribunales y los jueces de letras, comprendidos los de familia tendrán tratamiento de “Señoría”.

.*.RPR.*.

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•

Los jueces ocuparán en las ceremonias públicas el lugar que se les asigne, según su rango, el reglamento respectivo, y están exentos de toda obligación de servicio personal que las leyes impongan en ciudadanos chilenos.

•

Los jueces jubilados gozarán de los mismos honores y prerrogativas que los que se hallan en actual servicio.

e) El feriado judicial. Se encuentra establecido entre el uno de febrero y el primer día hábil de marzo de cada año. Según se dijo, a propósito de la base de la continuidad, no puede interrumpirse totalmente el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo tanto, el legislador, en los artículos 314 y 315 del COT entrega normas para evitar dicha paralización en la jurisdicción civil, toda vez que en la criminal no hay días ni horas inhábiles y no rigen las disposiciones sobre feriado. Durante las vacaciones atienden de lunes a viernes los jueces de letras en lo civil, para conocer de los asuntos urgentes que la propia ley detalla. En los lugares en que haya más de un tribunal civil, se establece un turno por la Corte de Apelaciones. 6.- ESCALAFÓN DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. Podemos definir escalafón como lo hacen algunos diccionarios: lista de las personas que forman parte de un organismo o profesión, clasificados según su cargo, grado, categoría o antigüedad. Por su parte el COT, en su artículo 264 establece que habrá un Escalafón General de antigüedad del Poder Judicial compuesto de dos ramas, una de las cuales se denominará “Escalafón Primario” y la otra “Escalafón Secundario”, agregando que el Escalafón Primario se dividirá en categorías y el Secundario en series y categorías. Por último, agrega el artículo, habrá también un Escalafón del Personal de Empleados. A su vez el artículo 265 del COT señala la composición de cada nivel del escalafón: •

Escalafón Primario: ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, los relatores, los secretarios de corte y de juzgados de letras, el prosecretario de la Corte Suprema, y el secretario abogado del fiscal judicial de ese mismo tribunal.

.*.RPR.*.

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•

Escalafón Secundario: defensores públicos, notarios, conservadores, archiveros, administradores y jefes de unidades de tribunales con competencia en lo criminal, procuradores del número, receptores, asistentes sociales y bibliotecarios.

•

Escalafón especial de personal subalterno: empleados de secretaría de los Tribunales de Justicia, los empleados de los fiscales judiciales y los empleados, con nombramiento fiscal, de los defensores públicos. 7.- LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Este tema se encuentra regulado en el Título XI del Código Orgánico de Tribunales,

artículos 350 y siguientes. En efecto, este título trata a la Fiscalía Judicial, Defensores Públicos, Relatores, Secretarios, Receptores, Procuradores del Número, Notarios, Conservadores, Archiveros, Consejos Técnicos y Bibliotecarios Judiciales. a) Fiscales Judiciales: Son auxiliares de la administración de justicia, cuya labor es representar ante los tribunales los intereses de la sociedad en su conjunto. Se organizan a través de un Fiscal Judicial de la Corte Suprema, y los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones (arts. 93 y 58 COT) Los Fiscales Judiciales son nombrados por el Presidente de la República eligiendo al Fiscal Judicial de la Corte Suprema a través de una quina, y a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, a través de una terna. Funciones: •

Actuar como parte principal en determinados procesos: art. 355 COT (sólo en materias civiles).

•

Actuar como tercero: la ley ordena que sea oído antes de la dictación de una sentencia (355 inc. 2º COT). Para ello deben enviarse todos los antecedentes de ese juicio al fiscal judicial que generalmente será el de la Corte de Apelaciones respectiva. Ejemplos: art. 357 COT.

•

Actuar como auxiliar del juez: son casos de carácter voluntario, en que el juez solicita un informe al fiscal judicial sin estar obligado por la ley (art.

.*.RPR.*.

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359 COT). Cuando el juez o tribunal solicita un informe al fiscal se denomina “Vista al Fiscal”. b) Defensores Públicos: Son auxiliares de la administración de justicia encargados de representar ante los tribunales los intereses de menores, de incapaces, de ausentes y demás instituciones de beneficencia, debe existir en cada territorio jurisdiccional de un tribunal un defensor público (art. 365 a 371 COT). Los defensores públicos son designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la respectiva Corte de Apelaciones, debiendo cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser juez de letras. Funciones: •

Informar en los asuntos judiciales en que tenga interés un incapaz, un ausente, un menor o una institución beneficiaria, (función obligatoria del defensor público en los casos señalados en el art. 366 COT).

•

Representar todos aquellos asuntos judiciales a las personas ya mencionadas.

•

Velar por el actuar de los guardadores (art. 368 COT).

•

Subrogar a los jueces de letras cuando corresponda.

c) Los Relatores: Son auxiliares de la administración de justicia encargados de dar a conocer el contenido de los expedientes a los tribunales colegiados - la Corte Suprema cuenta con ocho relatores, y en las Cortes de Apelaciones el número es variable - arts. 372 a 378 COT. Es imposible que con el número de asuntos de que deben ventilarse en cada audiencia, los jueces puedan tomar acabado conocimiento individual de todos los procesos, y por consiguiente, un funcionario calificado debe extractar para ellos lo sustancial de cada causa, conocer en detalle, resolver las consultas y dar cuenta de las circunstancias de la misma. Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna que confecciona la Corte de Apelaciones que corresponda, o la Corte Suprema en su caso. Deben cumplir con los mismos requisitos necesarios para ser juez de letras.

.*.RPR.*.

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Funciones: •

Dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de las que no pudieren ser despachadas por la sola indicación de la suma y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos;

•

Poner en conocimiento de las partes o sus abogados el nombre de las personas que integran el tribunal, en el caso a que se refiere el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil;

•

Revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de relación. En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos separados y expedientes no acompañados o realizar trámites procesales previos a la vista de la causa, informará de ello al Presidente de la Corte, el cual dictará las providencias que correspondan.

•

Hacer relación de los procesos;

•

Anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que hubieren concurrido a ella, si no fuere despachada inmediatamente, y

•

Cotejar con los procesos los informes en derecho, y anotar bajo su firma la conformidad o disconformidad que notaren entre el mérito de éstos y los hechos expuestos en aquéllos.

d) Secretarios: Son auxiliares de la administración de justicia que desempeñan la función de ser ministros de fe, encargados de autorizar resoluciones judiciales que se dicten, de autorizar los actos que se produzcan dentro del tribunal y además deben custodiar todos los expedientes y documentos que sean presentados en el tribunal (arts. 379 a 389 del COT). Son designados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna que elabora la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema en su caso. Para ser secretario de los Juzgados de Letras, Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema se requiere cumplir con los mismos requisitos necesarios para ser juez de letras. Funciones: •

Dar cuenta diariamente a la Corte o juzgado en que presten sus servicios de las solicitudes que presentaren las partes;

.*.RPR.*.

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•

Autorizar las providencias o resoluciones que sobre dichas solicitudes recayeren, y hacerlas saber a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas, anotando en el proceso las notificaciones que hicieren, y practicar las notificaciones por el estado diario;

•

Dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicitare de los procesos que tengan archivados en sus oficinas, y de todos los actos emanados de la corte o juzgado, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de una disposición expresa de la ley;

•

Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la corte o juzgado respectivo les diere sobre el particular.

•

Dentro de los seis meses de estar practicada la visita de que trata el artículo 564, enviarán los procesos iniciados en su oficina y que estuvieren en estado, al archivo correspondiente;

-

Autorizar los poderes judiciales que puedan otorgarse ante ellos, y

-

Las demás que les impongan las leyes.

e) Receptores: Son ministros de fe pública, encargados de hacer saber a las partes fuera de las oficinas del secretario del tribunal de las resoluciones judiciales dictadas en un determinado juicio. Están establecidos en todas las comunas en donde exista un tribunal, sin perjuicio de existir más de uno en determinadas comunas (arts. 390 a 393 COT). Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a la terna elaborada por la Corte de Apelaciones que corresponda. Deben cumplir con los requisitos señalados en la ley: ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 25 años como mínimo, no es necesario ser abogado. Funciones: •

Poner en conocimiento de las partes de todas aquellas resoluciones judiciales que han sido dictadas en un determinado juicio y que la ley exija su notificación por medio de un receptor judicial.

•

Recibir las informaciones sumarias de testigos que se realizan en los asuntos judiciales no contenciosos. .*.RPR.*.

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•

Ser ministro de fe en las denominadas pruebas de testigos o en las pruebas de absolución de posiciones.

f) Procuradores del Número: Son auxiliares de la administración de justicia encargados de representar en juicio a las partes (es decir, ejercen un mandato judicial). Debe existir un procurador del número al menos en cada comuna que sea asiento de Corte de Apelaciones (arts. 394 a 398 del COT). Son nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna elaborada por la Corte de Apelaciones que corresponda debiendo cumplir con los mismos requisitos necesarios para ser relator. Funciones: •

Representar en juicio a las partes. Esto consiste en ejercer un mandato judicial que ha sido otorgado por otra persona para representarla en determinado juicio.

•

Representar gratuitamente a aquellas personas que hayan obtenido el privilegio de pobreza, en estos casos se designa por la corte respectiva los procuradores del número de turno.

g) Notarios: Son ministros de fe encargados de autorizar y de guardar en sus archivos los documentos que ante ellos se otorgan. En cada comuna o agrupación de comunas que constituyan un territorio jurisdiccional de un juez de letras, habrá por lo menos un notario (arts. 399 a 402 del COT). Son nombrados por el Presidente de la República conforme a una terna elaborada por la Corte de Apelaciones respectiva, debiendo cumplir con los requisitos necesarios para ser juez de letras. Funciones: •

Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que, de palabra o por escrito, les dieren las partes otorgantes;

•

Levantar inventarios solemnes;

•

Efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles;

•

Notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que se les solicitaren; .*.RPR.*.

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•

Asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas, para los efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigieren;

•

En general, dar fe de los hechos para que fueren requeridos y que no estuvieren encomendados a otros funcionarios;

•

Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorguen, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen;

•

Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en sus registros;

•

Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que protocolicen;

•

Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste;

•

Las demás que les encomienden las leyes.

h) Conservadores: Son ministros de fe encargados de los registros conservatorios. Debe existir un conservador en todas las comunas o agrupaciones de comunas que constituyan el territorio jurisdiccional de un juez de letras. En aquellos territorios en donde sólo exista un notario, podrá éste ejercer las funciones de conservador (arts. 446 a 452 del COT). Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva, el requisito a cumplir es ser abogado. Son encargados de los registros conservatorios, los cuales son: •

El registro conservatorio de bienes raíces que se compone de 4 libros (repertorio, registro de propiedad, registro de hipotecas y gravámenes, y registro de interdicciones y prohibiciones)

•

Registro de comercio.

•

Registro de minas.

•

Registro de asociaciones de canalistas.

•

Registro de prenda agraria.

•

Registro de prenda industrial.

.*.RPR.*.

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•

Registro de prenda especial de compraventa de cosas muebles a plazo.

i) Archiveros: Son ministros de fe pública encargados de la custodia de todos aquellos documentos que la ley expresamente señala. Debe existir un archivero judicial en todas aquellas comunas que son asiento de Corte de Apelaciones; sin perjuicio de las demás comunas que determine el Presidente de la República previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva (arts. 453 a 456 del COT). Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna elaborada por la Corte de Apelaciones respectiva, debiendo cumplir con el requisito de ser abogado. Funciones: •

La custodia de: Los procesos afinados que se hubieren iniciado ante los jueces de letras que existan en la comuna

o agrupación de comunas, o ante la Corte de

Apelaciones o ante la Corte Suprema, si el archivero lo fuere del territorio jurisdiccional en que estos tribunales tienen su asiento. Todo expediente criminal que se ordene archivar será remitido al archivero dentro de tres meses a contar desde la fecha en que se disponga su archivo; Los procesos afinados que se hubieren seguido

dentro del territorio

jurisdiccional respectivo ante jueces árbitros; Los libros copiadores de sentencias de los tribunales expresados en la letra a), Los protocolos de escrituras públicas otorgadas en el territorio jurisdiccional respectivo. •

Guardar con el conveniente arreglo los procesos, libros de sentencias, protocolos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la corte o juzgado respectivo les diere sobre el particular.

•

Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los procesos, libros o protocolos de su archivo.

•

Dar a las partes interesadas, con arreglo a la ley, los testimonios que pidieren de los documentos que existieren en su archivo.

.*.RPR.*.

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•

Formar y publicar, dentro del término que el Presidente de la República señale en cada caso, los índices de los procesos y escrituras con que se instale la oficina; y en los meses de marzo y abril, después de instalada, los correspondientes al último año. Estos índices serán formados con arreglo a las instrucciones que den las respectivas Cortes de Apelaciones.

• Ejercer las mismas funciones señaladas precedentemente respecto de los registros de las actuaciones efectuadas ante los jueces de garantía los tribunales de juicio oral en lo penal. j) Consejo Técnico: Son auxiliares de la administración de justicia, que tienen por función asesorar a los Tribunales de Familia en el análisis y mejor compensación de los asuntos sometidos al conocimiento y fallo de estos tribunales (art. 457 COT). Requisitos para ser consejero técnico: •

Poseer un título profesional de una carrera que tenga al menos 8 semestres de duración otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste.

•

acreditar experiencia profesional y formación especializada en la materia de familia e infancia de al menos, dos semanas de duración, impartida por alguna de las instituciones señaladas anteriormente. El nombramiento lo realiza el Presidente de la República a partir de una terna

confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva. k) Bibliotecarios Judiciales: Son auxiliares de la administración de justicia encargados de custodiar, mantener y atender las bibliotecas de las respectivas Cortes. Se encuentran en la Corte Suprema y en todas las Cortes de Apelaciones que determine el Presidente de la República (art. 457 bis COT). Son designados por el Presidente de la República a partir de una terna que confecciona la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema. Se debe tener título de bibliotecario otorgado por una universidad o establecimiento educacional superior.

.*.RPR.*.

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l) Administradores del tribunal con competencia en lo criminal: Son auxiliares de la administración de justicia, encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal (arts. 389 A – 389 G COT). Para ser designado administrador se requiere tener título profesional relacionado con las áreas de administración y gestión de una carrera que dure al menos 8 semestres. El nombramiento se inicia con un llamado a concurso público de oposición, a partir del cual, se elabora una terna por el juez presidente del comité de jueces, siendo este comité el que realiza la designación. Funciones: • Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces; •

Proponer al comité de jueces la designación del subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados del tribunal;

•

Proponer al juez presidente la distribución del personal;

•

Evaluar al personal a su cargo;

•

Distribuir las causas a los jueces o a las salas del respectivo tribunal, conforme con el procedimiento objetivo y general aprobado;

•

Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados, de conformidad al artículo 389 F;

•

Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las instrucciones del juez presidente;

•

Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal o juzgado;

•

Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al juez presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente;

•

Adquirir y abastecer de materiales de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo, y

•

Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el comité de jueces o el juez presidente o que determinen las leyes. .*.RPR.*.

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8.- LOS ABOGADOS. a) Concepto. El artículo 520 COT entrega un concepto legal de abogado señalando que: los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes. De la sola lectura de esta disposición se aprecia que el legislador es poco generoso con el concepto de abogado, pues que la defensa de los derechos de las partes ante los tribunales de justicia, es sólo una de las funciones que puede realizar un abogado. De allí que frente a esta definición la doctrina haya intentado desarrollar distintas nociones de lo que es un abogado. De estas definiciones doctrinarias se desprende que las funciones que cumple un abogado tienen diversos matices. Un abogado puede cumplir una función de consultor, consejero o asesor. Ese profesional proporcionará informes, asesorará o administrará asuntos de orden jurídico y a veces de otra índole. Puede también servir como conciliador. El abogado tiene una preparación o una calidad para conciliar y que debe enfrentar la conciliación antes de aconsejar el pleito. Esto en razón de que cada pleito importa una incertidumbre. El Código de ética profesional que rige en Chile para los abogados inscritos en el Colegio de Abogados, indica que el abogado debe siempre favorecer una justa transacción. Puede también cumplir una función de defensor en juicio, que es la que trata el COT. b) Requisitos. Para ser abogado se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 523 COT: • Tener 20 años de edad. (Se acredita por certificado de nacimiento.). • Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, conforme a la ley. • No haber sido condenado ni estar actualmente procesado por delito que merezca pena aflictiva • Antecedentes de buena conducta. Estos los puede requerir la Corte Suprema mediante las averiguaciones que ella estime oportunas y necesarias. .*.RPR.*.

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• Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional en la corporación de asistencia judicial, durante 6 meses. Esta circunstancia debe acreditarse por el Director General de la respectiva corporación. Esta obligación de la práctica se entiende cumplida por aquellos funcionarios o empleados del poder judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante 5 años. 9.- LA ASISTENCIA JUDICIAL Y EL PRIVILEGIO DE POBREZA. La asistencia judicial es un derecho de las partes intervinientes en un proceso y se vincula directamente con el principio de la gratuidad, visto a propósito de las bases fundamentales de la judicatura. Como se dijo, la labor judicial es gratuita, pero las partes deben incurrir en ciertos gastos propios de un proceso y dependiendo de las particularidades de cada causa, a veces esos gastos pueden elevarse. El legislador no puede apartarse de la realidad y debe partir de la base de que no todas las personas se encuentran en una igualdad material y para salvar las diferencias que puedan suscitarse por cuestiones de índole económica, la ley prevé algunas instituciones para equilibrar la situación, ejemplos: la institución del abogado de turno, también están las Corporaciones de Asistencias Judiciales (artículo 600 COT). Los abogados y procuradores de estas entidades, y los abogados y procuradores de turno cuando actúan en tal calidad, no serán responsables del pago de las costas y demás cargos pecuniarios a que sean condenados sus patrocinados. En relación a lo anterior, especial relevancia cobra la institución del privilegio de pobreza consagrada en el Título XIII del Libro I del CPC (arts. 129 y ss.). El privilegio de pobreza es el beneficio establecido por la ley, o la autoridad judicial en subsidio, a las personas que sean atendidas gratuitamente por los abogados, procuradores y receptores, gozando además de las franquicias señaladas por la ley. Puede ser: • Privilegio de pobreza legal (la ley lo presume) • Privilegio de pobreza judicial (previa resolución judicial)

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BIBLIOGRAFÍA.I. Manuales: - ARAVENA ARREDONDO, Leonardo. “Derecho Procesal Orgánico”. - CASARINO VITERBO, Mario. “Manual de Derecho Procesal”. - OBERG, Héctor y MANSO, Macarena. “Manual de Derecho Procesal”. - ORELLANA TORRES, Fernando. “Manual de Derecho Procesal Orgánico”. II. Apuntes: - Apuntes del profesor, Dr. Diego Palomo Vélez para el módulo Organización y Atribuciones del Poder Judicial, año 2010. - Apuntes de clases propios, año 2010.

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Apuntes de Derecho Procesal Orgánico.

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