COLECCIÓN TRABAJO SOCIAL DESIGUALDAD, LEGITIMACIÓN Y CONFLICTO
2
Desigualdad, legitimación y conflicto Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina
MAYARÍ CASTILLO, MANUEL BASTÍAS Y ANAHÍ DURAND compiladores
3
DESIGUALDAD, LEGITIMACIÓN Y CONFLICTO. Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina © Mayarí Castillo, Manuel Bastías y Anahí Durand Ediciones Universidad Alberto Hurtado Alameda 1869 - piso 4 - Santiago de Chile
[email protected] - 56-02-6920344 www.uahurtado.cl
Impreso en Santiago de Chile Marzo de 2011 ISBN 978-956-8421-47-2 Registro de propiedad intelectual N° 202.172 Impreso por C y C impresores Estos textos fueron sometidos al sistema de referato ciego. Dirección Colección Trabajo Social Paulette Landon Dirección editorial Alejandra Stevenson Valdés Editora ejecutiva Beatriz García Huidobro Diseño de la colección Francisca Toral Diseño y diagramación Gloria Barrios Fotografía de portada Eduardo Rembado
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
4
5
Índice Presentación, Francisco Zapata Prólogo, Francisca Márquez Introducción DESIGUALDAD Y CONFLICTO Pobres organizados. Conflicto, participacióny liderazgos piqueteros en Argentina. Maricel Rodríguez Blanco Desaparición forzada en Colombia: desigualdad política y jurídica. María Fernanda Carrillo Sánchez, Luisa Fernanda Díaz Mansilla Diferentes y desiguales. Autonomía y reconstitución de los pueblos indígenas en México. Hadlyyn Cuadriello Olivos Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (1977-1991). Un análisis de redes organizacionales en la dictadura y la transición chilena. Manuel Bastías Saavedra Nuestras tierras, sus ganancias. Recursos naturales, desigualdad y conflicto en la Amazonia peruana. Anahí Durand Guevara LEGITIMACIÓN, CULTURA Y DESIGUALDAD Lo justo y lo posible: desigualdad, legitimidad e ideología en Chile. Ismael Puga Rayo Legitimación ideológica y desigualdad en la infancia: jugandoa vivir en Chile. Patricia Castillo Gallardo Desigualdades sociales: mundos de percepción y legitimación de lasclases medias en Salvador de Bahía, Brasil. Katharina Damm POLÍTICA Y DESIGUALDAD El centro de la disputa: las clases medias y la política de ladesigualdad en Chile. Mayarí Castillo Gallardo Democracia, Estado y desigualdad. Saldos de la discusión sobrela democratización en 6
México en la década de los ochenta.Luis Emilio Martínez Ideología, guerra y desigualdad social, Colombia 2002-2010. Alexander Gamba Trimiño ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTEA LA DESIGUALDAD Chile Crece Contigo: la búsqueda de la igualdad desde la infancia temprana. Alejandra González Celis Política pública de pobreza en Chile: nuevas formas discursivasde legitimar la desigualdad durante los gobiernos socialistas deLagos y Bachelet. Claudia Maldonado Graus Medidas contra la violencia: una forma de legitimación dela desigualdad social en El Salvador. Melissa Salgado Políticas de redistribución agraria, fragmentación y desigualdadfrente al nuevo siglo en El Salvador. Irene Lungo Rodríguez
7
Presentación Francisco Zapata
Desde 1755, cuando Jean Jacques Rousseau publicara su Discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres, pasando por múltiples otros textos en los que sobresalen algunos de Marx y de toda la tradición marxista así como de la sociología clásica, la compilación realizada por Reinhard Bendix y Seymour Martin Lipset, Class, status and power. Social stratification in comparative perspective, publicada en 1966, hasta análisis recientes como los de Zygmunt Bauman, la cuestión de las diferencias sociales ha sido un tema central del análisis sociológico. Esta preocupación no se enfoca solo en acotar los límites dentro de los cuales se originan dichas diferencias, sino también sobre las consecuencias que ellas tienen, por ejemplo, en la esfera política. En efecto, en gran medida, la sociología política ha buscado determinar las correlaciones entre la estratificación social y el comportamiento electoral, entre otros temas relacionados. Por su parte, la sociología latinoamericana del siglo XX, desde los textos pioneros de José Carlos Mariátegui en 1928 hasta los de José Medina Echavarría (1964), Gino Germani (1962), Pablo González Casanova (1965) y Fernando Henrique Cardoso (1969)1 , buscó precisamente caracterizar la complejidad de las sociedades latinoamericanas y establecer las conexiones entre sociedad y política. Por ejemplo, Germani y Di Tella estudiaron el impacto de la movilidad social sobre las actitudes y comportamientos políticos de la ‘nueva’ clase obrera argentina, de origen migrante (1950), y fundamentaron así el surgimiento del fenómeno peronista.
Doctor en École des Hautes Études en Sciences Sociales-EHESS y Sociólogo de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor-investigador del Colegio de México. Correo: zapata@ colmex.mx.
En efecto, los debates que tuvieron lugar entre Germani, Portantiero-Murmis, Smith, Delich y otros, a comienzos de los años setenta (19711973), a propósito de los orígenes del peronismo, expresaron bien el interés por relacionar la evolución de la estructura social de Argentina con la permanencia del fenómeno peronista en el ámbito político. Por su parte, Medina Echavarría buscó caracterizar el papel de las clases medias en la modernización política del continente siguiendo los pasos de Lipset, Johnson y otros. Asimismo, los debates entre Marcelo Carmagnani, Ernesto Laclau, Agustín Cueva y André Gunder Frank, que se centraron en aclarar si las características de las formaciones sociales latinoamericanas podían o no asimilarse a formas ‘feudales’ o ‘capitalistas’, revelaron el interés por caracterizar sociológicamente a nuestras sociedades, lo que culminó con la elaboración de los enfoques de la dependencia de F. H. Cardoso, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra y Ruy Mauro Marini después de 1965. Lo mismo ocurrió en Chile, cuando Maurice Zeitlin y James Petras buscaron explicar 8
la relación entre la formación de un proletariado minero-industrial y el desarrollo de la izquierda en dicho país subrayando el impacto de esa relación en los resultados electorales de 1964 y 19702 . De cierta forma, el libro compilado por Raúl Benítez Zenteno, Clases sociales y crisis política en América Latina: seminario de Oaxaca (México, Siglo XXI Editores, 1977), expresó la culminación de este enfoque. Es preciso indicar que años después, es decir, en los últimos veinte años del siglo XX, el análisis de los vínculos entre estratificación social, clases sociales y evolución sociopolítica fue reemplazado por aproximaciones realizadas por economistas como Adalberto García Rocha3 , interesados en la metodología de estudio de la desigualdad social o en el análisis de las estadísticas de la distribución del ingreso. Así, el estudio de las diferencias sociales y sus consecuencias sociopolíticas fue desplazado por la caracterización de las sociedades a partir de la distribución del ingreso y sobre todo por la codificación de las diferencias sociales en términos de la capacidad de consumo, lo que interesó a los expertos en tecnologías de marketing, y que también fue utilizado para interpretar el comportamiento electoral. En estos enfoques, la sociedad fue evacuada y el comportamiento político pasó a ser explicado por la influencia de los medios de comunicación u otros factores que no guardaban relación con las redes sociales. Así, la sociología política fue reemplazada por la ciencia política. Más recientemente, desde fines de los años noventa, el énfasis sobre los aspectos subjetivos de la conciencia de los actores sociales acerca de la desigualdad ha destacado cómo estos, a partir de la implementación del modelo neoliberal, la han internalizado y se producido un proceso de ‘naturalización’ de las diferencias sociales y económicas. En las sociedades latinoamericanas, en donde se han reorganizado los sistemas políticos de acuerdo a las ‘nuevas democracias’4 , la desigualdad ha pasado a formar parte de un imaginario inevitable, trascendente, que permite esconder la injusticia, las diferencias salariales, la precariedad y la inseguridad de las condiciones de trabajo, el acceso a la educación y a la salud. Este imaginario se construye a partir del ocultamiento sistemático de los mecanismos que el modelo neoliberal utiliza para generar diferencias y legitimarlas. Así, como lo señala Weffort, la ‘nueva democracia’ es una forma de representación híbrida, en que coexisten el autoritarismo y el ejercicio procedimental de la representación, que está desprovista de bases sociales organizadas, tiene bajísimos niveles de institucionalización (como lo demuestra fehacientemente el caso argentino), evacua todo planteamiento ideológico y ejerce un énfasis desmedido en el papel de los medios de comunicación como mecanismos de interacción con la sociedad. La idea general que persiguen los artífices de las ‘nuevas democracias’ tiene que ver con la construcción de estrategias políticas que lleven a la consolidación de procesos de transición y no al diseño de un sistema que cumpla con los requisitos doctrinarios de la democracia. La construcción de las estrategias de consolidación se basa en premisas sociológicas orientadas a la supresión del conflicto y a la generación de orden y de consensos lo más amplios posible, que desemboquen en la reconciliación entre los que ayer fueron enemigos. También, las relaciones con las fuerzas armadas pasaron a ser centrales para los ideólogos de las ‘nuevas democracias’, al punto que continuaron siendo 9
sus interlocutores hasta el día de hoy. El orden político de las ‘nuevas democracias’ se orienta a la desmovilización y a la centralidad del individuo, cuyos deseos, pulsiones e intereses son centrales para ellas. La mecánica electoral se ve atravesada por estas lógicas y se traduce en el traslado de la actividad y del debate político de la calle, de las organizaciones partidarias, a la televisión y a la radio, que son medios dirigidos expresamente a la conciencia individual. Es en este contexto que podemos ubicar los diversos textos del libro Desigualdad, legitimación y conflicto. Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina, compilado por Mayarí Castillo, Manuel Bastías y Anahí Durand, que buscamos presentar en estas líneas. Este libro reúne 14 trabajos que refieren reflexiones sobre la cuestión de la desigualdad a partir de la situación de siete países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú). Se trata de reflexiones inspiradas en perspectivas multidisciplinarias que permiten abordar temáticas como la legitimación del orden social desigual, el acceso a la participación política, las formas que asume el concepto de estructura de oportunidades políticas, la importancia del análisis del discurso político, así como el surgimiento y desarrollo de una conciencia indígena en relación con la posición subordinada de estos sectores en países como Perú o México. Sobresalen los trabajos de María Fernanda Carrillo, Luisa Díaz, Alex Gamba, Irene Lungo y Melissa Salgado, que tienen que ver con los escenarios de Colombia y El Salvador, dominados por la presencia de la violencia, el desplazamiento forzado de las personas e incluso por su desaparición física, tal como había ocurrido durante las dictaduras militares en Argentina y Chile. La centralidad de la violencia estructurada a partir del propio Estado permite descartar la búsqueda de una democratización auténtica de esas sociedades, a las que habría que agregar los casos de Guatemala y Honduras (el país más violento del mundo) y más recientemente de varias regiones de México. Los trabajos escritos por Patricia Castillo y Alejandra González estudian la socialización de los niños a partir de sistemas educacionales orientados a generar desde una temprana edad la idea de que las diferencias son inevitables. La reflexión acerca de la naturalización de la desigualdad a partir de los procesos de socialización tempranos en los jardines infantiles en Chile constituye una contribución notable para comprender por qué en ese país los sujetos sociales dan por sentado que sus oportunidades están cerradas de antemano y que la política perdió toda relevancia en la vida de esas personas. Esta visión se confirma con el notable trabajo de Ismael Puga, en que se discute ampliamente la eficiente penetración del discurso de la naturalización de la desigualdad en la idea de justicia que tienen los chilenos(as). En esta misma línea, el trabajo de Katharina Damm apunta a un fenómeno similar en el caso brasileño. Más clásicos son los trabajos de Manuel Bastías, Mayarí Castillo, Luis Emilio Martínez, Maricel Rodríguez y Claudia Maldonado, que vuelven a temas como los de las relaciones entre la sociedad civil y el sistema político. Estos textos enfocan las relaciones de poder y redes sociales para el caso chileno; el rol de las narrativas sobre clases medias en los procesos de legitimación y producción de conflicto; los procesos que tuvieron lugar en México durante su prolongada transición a la ‘alternancia’ (19882010), y la 10
movilización de los movimientos piqueteros en Argentina en la coyuntura de la crisis económica del período 2001-2003. Estos trabajos permiten situar la transformación que han experimentado los estudios de la desigualdad social en América Latina en los últimos 20 años. De enfoques cercanos a cuestiones institucionales hemos pasado a enfoques cuya orientación privilegia la conciencia del sujeto en la articulación entre sociedad civil y sistema político. Esto es muy aparente en el estudio sobre los piqueteros que, junto con otro movimiento del mismo período, el de los trabajadores de las fábricas recuperadas, ejemplificaron muy bien la transformación del escenario político argentino desde el año 2001 en adelante. Esta sería otra forma de decir que el estudio de la desigualdad social pasó de perspectivas estructuralistas a perspectivas en donde los agentes desempeñan el papel central. La distancia entre la dinámica de la sociedad civil y la del sistema político no hizo sino acrecentarse en ese inicio del siglo XXI. Finalmente, el trabajo de Anahí Durand se concentra en reflexiones ligadas al acceso desigual a la naturaleza, tema que coloca en el centro de su análisis al despojo que han experimentado diversos grupos sociales de sus fuentes primarias de sobrevivencia. Ya no se trata de una desigualdad social propiamente dicha, sino de una discriminación en el uso de los recursos naturales y, especialmente, de la tierra por esos agentes. Aquí cabe mencionar la contribución de Hadlyyn Cuadriello en torno a las respuestas del movimiento indígena frente a este fenómeno, vinculado a las nuevas experiencias en torno a la territorialidad y la autonomía en el caso indígena mexicano. En suma, postular la centralidad de lo ‘social’ en el análisis de la desigualdad restablece la pertinencia de las reflexiones de Rousseau a mediados del siglo XVIII. El hacer frente a la avalancha de estudios cuantitativos sobre la desigualdad, que literalmente inundaron el debate latinoamericano del período 1990-2010 y que todavía orientan muchas de las decisiones de política en nuestros países, es un logro mayor que los autores de los trabajos de este libro cumplen con gran solvencia teórica y empírica.
México, D.F., noviembre del 2010.
1
En este sentido, el libro de Joseph Kahl, Modernization, exploitation and dependency in Latin America, New Brunswick, Transaction Books, 1976, contiene entrevistas con Germani, González Casanova y Cardoso, que son muy informativas, sobre las preocupaciones de dichos clásicos de la sociología latinoamericana (existe traducción: Tres sociólogos latinoamericanos, UNAM, Enep Acatlán, 1986). 2
Zeitlin, Maurice. (1968). The social determinants of political democracy in Chile. En James Petras y Maurice Zeitlin, (Eds.), Latin America: reform or revolution? Greenwich, Fawcett Publications (original en Revista Latinoamericana de Sociología, vol. II, núm. 2, julio 1966). También, Zeitlin, Maurice y Petras, James. (Agosto 1967). Miners and agrarian radicalism. American Sociological Review, vol. 32. 3
Veáse García Rocha, Adalberto. (1986). La desigualdad económica. El Colegio de México.
4
Veáse Weffort, Francisco. (1994). Nuevas democracias, ¿qué democracias? en Sociedad (Universidad de BuenosAires) núm. 4 [original de Lua Nova, núm. 27, Sao Paulo]. También, Roberts, Kenneth Roberts. (1998).
11
Deepening. democracy? The modern left and social movements in Chile and Perú, Stanford University Press.
12
Prólogo
El libro que tenemos el gusto de ofrecer a la comunidad, inaugura la colección de publicaciones del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Queremos destacar la relevancia que posee el hecho que este primer libro aborde de manera seria y comprometida, la pregunta por los procesos sociales de legitimación de la desigualdad en América Latina. Como bien señalan los autores, nuestro continente, uno de los más desiguales del mundo, pareciera haber suspendido la apuesta y la búsqueda por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Los debates intelectuales, ideológicos y políticos de mediados del siglo XX, hoy parecen ajenos y añejos. Podríamos decir que entre aquellas reflexiones que hablaban de las condicionantes estructurales de la desigualdad y aquellas de las subjetividades y el individuo, algo se nos perdió en el camino. La lectura de estos textos nos anuncia que en este siglo XXI, la tendencia ha sido la de naturalizar y ocultar los complejos mecanismos a través de los cuales nuestro sistema instala y legitima las desigualdades en nuestras sociedades. Algo ocurrió en el debate académico e intelectual, que por mirar y escuchar al sujeto, descuidó la pregunta por los mecanismos sociales, políticos y económicos de la desigualdad. Este libro constituye un esfuerzo por reposicionar la mirada en aquellos mecanismos que instalan –a menudo de manera violenta–, la desigualdad al interior de nuestras sociedades y sujetos latinoamericanos. Es por ello que los autores parten situando la pregunta en el conflicto político, la lucha desigual por los recursos, el poder, los liderazgos y la violencia institucionalizada; como estrategia para escudriñar en las tensiones y los nudos que dan cuenta de las profundidades de las brechas con las que nos hemos habituado a convivir. Pero así como a través de la lectura del conflicto se anuncian y develan las resistencias a la fragmentación social, en la pregunta sobre lo justo y lo posible los autores advierten certeramente de los procesos mediante los cuales el poder ideológico legitima la desigualdad. El libro finaliza con la pregunta acerca del Estado y el quehacer de sus políticas públicas. Más que ofrecernos respuestas, los autores nos invitan a abrir la mirada hacia las nuevas formas discursivas y prácticas que contribuyen y avanzan a la consolidación y legitimación de la desigualdad entre y desde nuestras sociedades. Un Estado que a menudo se hace cómplice y propulsor de las brechas y los silencios que nuestras sociedades latinoamericanas han acostumbrado a hacer suyos. Hacemos entrega de estos debates y resultados de investigación con la firme esperanza de que constituyan el primer paso hacia un debate sostenido en el tiempo. La invitación está abierta.
13
FRANCISCA MÁRQUEZ Decana Facultad de Ciencias Sociales
14
Introducción
Según el último Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, Latinoamérica es la región más desigual del mundo y en ella se encuentran diez de los quince países con los mayores indicadores de desigualdad. Adicionalmente, la desigualdad ha ido en aumento a partir de la década de 1980, a pesar del sostenido crecimiento económico que ha experimentado el continente latinoamericano y de la sistemática aplicación de políticas públicas orientadas a reducirla5 . En este escenario, la publicación que tiene en sus manos busca acercarse a aquellos mecanismos inscritos en el ámbito político y cultural que delimitan los procesos de legitimación y conflicto en torno a la desigualdad en América Latina a partir de una serie de artículos de jóvenes investigadores desarrollados en el marco del proyecto La desigualdad: formas de legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas, financiado por la Fundación Ford y la Sociedad de Estudios Latinoamericanos (LASA). Este proyecto –que contó con la participación de investigadores pertenecientes a México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay– buscó comprender la persistencia y aumento de la desigualdad en América Latina desde una mirada que interrogase no solo por los elementos que establecen en términos económicos la distribución desigual de los recursos, sino también por el rol estructurante de ciertos elementos ubicados en el ámbito cultural y político que constituyen ejes clave para que el engranaje de la desigualdad se mantenga o sea transformado. En ese sentido, se consideró fundamental el análisis, desde el orden de lo simbólico, de cómo se estructuran los discursos y el accionar de los sujetos sobre lo que es justo, injusto, diferente y desigual, mostrando también cómo son capaces de modificar mediante su accionar aspectos sustantivos en la configuración de estos fenómenos. En esta línea, el proyecto se enfocó al análisis de dos procesos fundamentales: el de la legitimación de la desigualdad y el del conflicto que se genera en torno a ella. Dentro de los textos producidos, los que se presentan en este volumen son resultado de una selección orientada a resguardar la heterogeneidad disciplinar y teórica por sobre la representación de los casos nacionales, priorizándose la inclusión de aquellos trabajos que –tanto en términos de objeto como de perspectiva teórica– se desarrollan desde miradas alternativas a las que constituyen el núcleo actual de los estudios de desigualdad en el continente. Así, pese a su heterogeneidad, los trabajos publicados comparten una preocupación común, preguntándose por la agencia de los sujetos en estos procesos y entregando herramientas para comprender cómo estos viven la desigualdad, la reproducen o transforman, la legitiman o la convierten en un tema de debate público. Dentro este núcleo común, los trabajos se estructuran en cuatro ejes: desigualdad y conflicto, legitimación y cultura, política y desigualdad, Estado y políticas públicas. El primer eje –desigualdad y conflicto– analiza los procesos mediante los cuales los actores sociales van construyendo la desigualdad como problema por medio de su acción 15
en el espacio público, mostrando su impacto en la dinámica del conflicto social. A través de los casos presentados, es posible observar cómo el aumento de conflicto en torno a la desigualdad en las sociedades latinoamericanas no está asociado de manera lineal a su incremento en términos absolutos, sino que se encuentra mediado por fenómenos que inciden en la capacidad de los actores para conceptualizar la desigualdad como un problema y convertirla en objeto de debate. Dentro de estos, resultan relevantes fenómenos tales como: las características de los líderes de los movimientos y organizaciones (caso argentino), la estructura de las redes sociales (caso chileno), contextos de violencia y desarticulación social (caso colombiano), la cooptación de los movimientos por el aparato estatal y su fragmentación (caso mexicano), la estructura de participación política y los efectos de la represión (caso peruano). Asimismo, es posible decir que la problematización de la desigualdad en el espacio público implica la inclusión discursiva de demandas y actores contingentes en el marco de procesos específicos, como es el caso de la defensa de los derechos humanos y otros analizados en este eje. Al respecto, no es difícil concluir que el carácter históricamente enmarcado de la idea de desigualdad y sus vínculos con demandas o grupos específicos impactan directamente en la forma como los individuos piensan la sociedad y su propio lugar en la misma, estableciendo condiciones diversas para la emergencia de conflicto social y la acción colectiva. El segundo eje, legitimación y cultura, tiene por objetivo mostrar los diversos procesos socioeconómicos, culturales y psicosociales que confluyen en la construcción del consenso en torno a la idea de desigualdad. ¿Pueden los diferenciales objetivos de poder económico y político explicar por sí solos las dinámicas de aceptación o conflicto en torno a la desigualdad que se observan en las diferentes realidades de América Latina? La teoría social clásica y el funcionalismo han enfatizado la capacidad que tienen los órdenes sociales para promover valores y creencias que dotan de legitimidad a las desigualdades ante los ojos de quienes las sufren, enfatizando el rol del consenso normativo en la construcción de la estabilidad social. Sin embargo, la existencia misma de la desigualdad implica que esta producción normativa se desarrolla en un contexto jerarquizado, donde la idea de consenso puede resultar ingenua. Como muestran los trabajos presentados en este eje, la producción de legitimidad a veces está lejos de la idea deliberativa, convergente o reflexiva que el concepto de consenso evoca. Por el contrario, el estudio de la legitimación social de la desigualdad remite a la producción de prácticas y significados en torno a las estructuras sociales y los principios que las rigen, en los que, ante todo, se observa el rol preponderante de las mismas desigualdades sociales que son objeto de legitimación. Así, estudiar los fenómenos psicosociales y culturales que engrasan la reproducción sistémica de la desigualdad requiere de un análisis cuidadoso de la interacción entre las dimensiones socioculturales y los diferenciales objetivos de poder económico y político entre los actores, considerando que la experiencia misma de la desigualdad, en sus dimensiones más prácticas, condiciona los discursos posibles frente a la estructura social, la justicia, lo razonable y lo imposible. El eje política y desigualdad plantea como centro de análisis las dinámicas del campo 16
de lo político que tienen por objetivo asegurar la continuidad de una comunidad política autoorganizada en contextos de alta desigualdad. En ese marco, los trabajos contenidos acá se orientan a estudiar el rol del sistema político en las dinámicas de producción de legitimidad y gestión de conflicto, entendiendo que en el corazón de la política se encuentra la disputa por determinadas concepciones de futuro, su construcción, factibilidad y sus actores legítimos e ilegítimos. Así, la política es el escenario donde los actores se enfrentan en la construcción de condiciones necesarias para la existencia de un mundo determinado, razón por la que se ha constituido en uno de los ejes claves para la reproducción o transformación de los patrones que estructuran la desigualdad en América Latina. El cuarto eje refiere al rol del Estado y la política pública en la trama de la desigualdad, cuya centralidad en las reflexiones presentadas en este volumen es transversal. Si embargo, los trabajos inscritos específicamente en este tema sistematizan y profundizan una reflexión en torno a la responsabilidad directa de esta institución en la aplicación de políticas públicas tendientes a transformar o reproducir los patrones de la desigualdad, su papel regulador en mecanismos clave para la concentración de la riqueza y su rol de productor/emisor privilegiado de discursos que avalan o cuestionan el orden desigual. En ese marco, los autores plantean reflexiones clave en contextos de consolidación democrática, en los cuales resulta urgente cavilar respecto a la democratización de las condiciones de bienestar y sobre el rol que los estados latinoamericanos han tenido en este proceso en las últimas décadas, ya sea generando condiciones para la disminución de la desigualdad o fortaleciendo la concentración de recursos en manos de unos pocos. Este tema resulta clave a la hora de evaluar las distintas experiencias de transformación política que han marcado el devenir del continente en las últimas décadas, una de las grandes tareas pendientes de las ciencias sociales latinoamericanas hoy en día. Las contribuciones recogidas en este tomo han intentado abordar estas problemáticas desde casos empíricos que, sin duda, no agotan las posibilidades de análisis. Es imprescindible que la investigación sobre la desigualdad así propuesta vaya abriendo posibilidades de reflexión teórica que permitan reconocer aquellos mecanismos políticos y culturales que intervienen en la producción y legitimación de las desigualdades. Este paso es una condición necesaria para desarrollar análisis comparativos que enfoquen la desigualdad tanto dentro de América Latina como con otras regiones del mundo donde se manifiesten condiciones de desigualdad semejantes. Asimismo, esta compilación no ha incluido mecanismos internacionales o transnacionales de creación y reproducción de la desigualdad. Sin duda que estudiar la desigualdad desde un enfoque relacional implica reconocer los contextos globales en los que ocurre la generación de la riqueza y de la pobreza, por lo que evaluar las relaciones entre estados, economías y actores a una escala global, regional y transnacional debe ser uno de los elementos importantes por considerar. Debemos quedar en deuda con estas y otras omisiones. Creemos, sin embargo, que los trabajos que se presentan a continuación realizan una real contribución para reabrir un debate en torno a la configuración y persistencia de la desigualdad en 17
nuestras sociedades.
5
El coeficiente de Gini de la región pasó de 48,4 en 1970 a 52,2 en 1990 (PNUD 2010: 26).
18
Desigualdad y conflicto
19
Pobres organizados. Conflicto, participación y liderazgos piqueteros en Argentina Maricel Rodríguez Blanco
Introducción Este artículo se propone analizar el rol de los liderazgos en la acción colectiva y la conformación de organizaciones piqueteras a fines de los años noventa en Argentina. Las preguntas que orientaron nuestra investigación son cómo y por qué grupos de excluidos, en su mayoría conformados por desocupados, pasan a movilizarse en nombre de un ‘nosotros’, de un discurso común en el marco de los conflictos con los gobiernos desde 1996, año de nacimiento de las principales organizaciones piqueteras, hasta la actualidad1 . En otros términos, este artículo aborda la cuestión de la representación de estos grupos de piqueteros confinados a los márgenes del espacio público y sin un lugar en la estructura social, puesto que han perdido sus empleos, su inserción en el mercado de trabajo y, con ello, el acceso a la seguridad social, a la salud y a la educación. Mostraremos que, en el marco de las profundas transformaciones de la estructura social argentina, uno de los elementos explicativos fundamentales en el análisis de estos procesos políticos de movilización o conflicto social es el rol de los líderes en la construcción de los marcos de referencia2 o marcos ideológicos de la acción colectiva.
Doctoranda en sociología en l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA/ EHESS, Francia) y la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina). Socióloga, UBA y Magíster en Estudios Políticos, EHESS. El trabajo de investigación que da lugar a este artículo se inscribe en el marco de mi tesis doctoral sobre “Ciudadanía, régimen político y movilización social: acciones colectivas, liderazgos y organizaciones piqueteras en Argentina”, dirigida por el Prof. Philippe Urfalino y el Prof. Hugo Quiroga. Mail de contacto:
[email protected]. Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación realizado gracias al financiamiento de una beca doctoral anual del Programa ALEARG (DAAD/ ME), de cooperación entre Argentina y Alemania. Agradezco los comentarios de los colegas doctorandos del Coloquio de sociología, presidido por el Prof. Sergio Costa en el Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, en una de cuyas sesiones fue discutido este trabajo. 26 de agosto de 2010.
Paradójicamente, la literatura académica sobre la acción colectiva y los movimientos sociales no ha enfatizado en el tema del liderazgo. Una excepción es la propuesta planteada por Diani y Klandermans precisamente para dar cuenta de la dimensión organizativa de la movilización contra una visión de la misma como espontánea. Las acciones colectivas no nacen de un vacío, ni se explican por la privación relativa de sus protagonistas o por el cúmulo de frustraciones de cierto grupo social, sino que surgen de 20
la acción o del trabajo de representación que realizan ciertas figuras, los líderes, a partir de movilizar tradiciones políticas y capitales militantes. Estos autores pusieron así el acento en el rol jugado por las redes en la organización de los movimientos sociales. En este artículo describiremos y analizaremos las características de estos liderazgos, en términos de su carrera militante, es decir, los criterios de selección de los líderes, los recursos por ellos movilizados y, finalmente, los criterios de legitimidad de su autoridad. Klandermans y Oegema (1987) han puesto en evidencia la dimensión estratégica del ‘trabajo político’ efectuado por los líderes, de difusión de un discurso explicativo y normativo. El pasaje a la acción colectiva supone un trabajo sobre las representaciones que otorga un lenguaje al descontento. Así, el sentimiento de sufrimiento individual, evocado por todos los miembros de las organizaciones piqueteras, encuentra una explicación social y política en la retórica de los líderes y, por ende, un principio y una justificación para actuar colectivamente. La experiencia de la desocupación vivida individualmente y tolerada socialmente se vuelve solo entonces intolerable3 . Este acto de dotar de un lenguaje de protesta a individuos hasta entonces aislados socialmente significa transformar el malestar vivido en injusticia, suscitando un escándalo público. El discurso de los líderes piqueteros permite inscribir la acción en una historia y una memoria, aunque siempre en disputa. Facilita también la justificación de la existencia de las organizaciones y de su actuación colectiva, que tiene como objetivo, en un principio, desafiar, presionar, denunciar y vetar a las autoridades consideradas responsables.
La ausencia de la cuestión del liderazgo en la literatura sobre la protesta social A pesar de la existencia de una prolífica literatura sobre la protesta y los movimientos sociales y, específicamente, de numerosos análisis sobre las organizaciones piqueteras (Svampa y Pereyra, 2003, Delamata, 2005, Pérez, Pereyra y Schuster, 2008, entre otros), el rol del liderazgo en relación con la acción colectiva de protesta, en efecto, no ha sido suficientemente tratado. Creemos que esta ausencia, en el caso argentino, se funda en una desconfianza respecto del liderazgo y, en general, en una sospecha acerca de los procesos de institucionalización de estas organizaciones piqueteras, lo cual coincide con el discurso de muchas de ellas. En efecto, el proceso de institucionalización de las organizaciones piqueteras ha sido percibido por la literatura académica como un proceso paulatino de pérdida de autonomía de las organizaciones4 . Sin embargo, constatamos en nuestra investigación que la cuestión de la autonomía de las organizaciones piqueteras ha sido siempre muy conflictiva, desde el nacimiento mismo de aquellas hacia fines de los años noventa. Tanto en los discursos académicos como en los discursos de los miembros y líderes de las propias organizaciones, parece como si estas se constituyeran espontáneamente, desde sus bases y con independencia de partidos políticos y de sindicatos: se afirma que los líderes son elegidos por las bases, que las decisiones se toman en asamblea y que 21
dichas organizaciones son ‘autónomas’. Algunos autores hablan incluso de ‘nuevas gramáticas políticas’, de renovación de los lenguajes políticos, refiriéndose a la dinámica asamblearia5 como expresión de una nueva forma de toma de decisiones no delegativa. Existe un consenso en la literatura sobre el tema en torno de la existencia de esta dimensión ‘asamblearia’ que sería a la vez novedosa e inherente a estos grupos (Svampa y Pereyra, 2003). Esta caracterización de las organizaciones piqueteras conlleva, a nuestro juicio, dos problemas para el análisis: por una parte, al considerar las organizaciones como portadoras de un modelo alternativo, estos análisis impiden una descripción y explicación de los mecanismos y procesos conflictivos por los cuales se constituyen las organizaciones y logran perdurar en el tiempo. Que todas ellas sean financiadas, desde su inicio, de un modo u otro, por el Estado federal, o bien por organismos internacionales, es un dato fundamental que pone en cuestión la idea de ‘autonomía’ de las organizaciones. Creemos entonces que la dimensión de la organización ha sido rápidamente dejada de lado frente a la movilización, como si esta se produjera de modo espontáneo. Por otro parte, esta visión sobre las organizaciones piqueteras tiende a sobredimensionar la autoorganización de los desocupados. Basta realizar un trabajo de observación en estas organizaciones para constatar que los líderes no son elegidos por las bases y que no hay poder de revocación del mandato, aunque su rol es, sin embargo, fundamental en varios sentidos. Algunos de ellos son: la articulación de las voluntades de individuos que no tienen a priori una voluntad en común, la construcción de una identidad colectiva, la elaboración de las demandas públicas dirigidas a los gobiernos, la estrategia de la organización, la contribución a la construcción de un marco de referencia o marco ideológico según el cual se interpreta el contexto de la acción, etcétera. Como dijimos al principio, todo liderazgo es sospechado, y ello obedece también a una concepción moral del liderazgo como manipulación de los individuos. Abundan en este sentido los análisis de las organizaciones piqueteras en clave de clientelismo y de cooptación. Se sostiene aquí que se trata de individuos con necesidades básicas insatisfechas y que por ese motivo son fácilmente manipulados por sus líderes, que buscan ampliar sus bases de apoyo. Si bien, en efecto, una de las motivaciones principales de los líderes es la de ampliar las bases de apoyo de sus organizaciones, a fin de lograr la obtención de mayores recursos, ello no agota el vínculo que se construye en relación con las bases. Reducir este vínculo a una relación de manipulación de la voluntad, además, supone considerar que los individuos que constituyen las organizaciones carecen de capacidad de elegir y de decidir. Intentamos mostrar aquí que, al contrario de lo que se supone habitualmente, estos individuos pueden también rechazar las propuestas de la organización, puesto que no dependen exclusivamente de ella para su supervivencia6 . ¿A qué se debe entonces esta interpretación acerca de los procesos de constitución de organizaciones de base territorial nacidas de la contestación social, en la que la autonomía de estas organizaciones aparece como deseable y los liderazgos como tales son condenados? Sostenemos aquí que esta interpretación se funda en una percepción moral 22
de las organizaciones a las que se atribuye una voz y una identidad ‘alternativa’; por ejemplo, al llamado modelo neoliberal. Así, las organizaciones son consideradas portadoras de una verdad o, dicho de otro modo, de un modelo de sociedad y de política alternativo al dominante. Por otro lado, estos discursos, tanto académicos como de los actores piqueteros mismos, expresan una transformación de las formas de legitimación de los liderazgos, punto sobre el cual volveremos más adelante. Entonces, para aportar a la descripción empírica de las lógicas de movilización de las organizaciones piqueteras privilegiamos en este artículo el rol de los dirigentes, de origen sindical o partidario, en la constitución pública y territorial de las organizaciones a partir de la activación de redes preexistentes, de la elaboración de representaciones sobre la protesta y de la tarea de organizar a los pobres.
Inestabilidad política y reformas económicas: la génesis de la protesta piquetera Para poder comprender la acción de protesta y el rol de estos liderazgos es necesario mencionar brevemente las características del contexto de reformas e inestabilidad política en que aquellas se sitúan. La década de los noventa ha sido para la Argentina una de grandes transformaciones. Tres procesos la atraviesan: 1. La reforma del Estado, que conllevó una transformación del modo de intervención del Estado social en el sentido de un abandono progresivo de su rol de garante de derechos sociales y políticos; 2. La estabilización de la economía luego de años de hiperinflación y las reformas económicas estructurales que se implementaron (aunque sus bases habían sido instaladas antes de la última dictadura militar en Argentina) y que produjeron como consecuencia el aumento del desempleo y de las desigualdades sociales, y 3. La debilidad de las instituciones representativas para expresar las demandas de un mundo social cambiante, cuya capacidad de negociación, otrora en manos de los sindicatos, estaba siendo al mismo tiempo debilitada a causa de la descolectivización de los reclamos. Esta serie de procesos tuvo como correlato directo la transformación del rol y de las responsabilidades de los gobiernos provinciales y del estado nacional. Las relaciones entre el Estado y las provincias fueron severamente afectadas. Estas reformas tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo de movimientos de protesta en algunas provincias, como Neuquén, Salta, Corrientes, Jujuy, entre otras. Dentro del conjunto de reformas establecidas por Carlos Menem, la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, que reducía las expensas públicas (eliminando casi los subsidios a las provincias, es el caso del subsidio al azúcar en las provincias azucareras como Jujuy y Salta, o el tabaco en Misiones), se articuló a la Ley de Reforma del Estado que sentó las bases para un proceso de privatización de empresas estatales. Las privatizaciones incluyeron una amplia gama de empresas, como las aerolíneas, la telefónica, el subterráneo, los trenes, los medios de comunicación, el agua, la electricidad, la extracción y la producción ligada a empresas de gas y petroquímicos y a aquellas 23
ligadas a la manutención y extensión de obras públicas, como las rutas. A lo largo del país, los subsidios regionales y los beneficios industriales fueron eliminados o modificados y el ministro de economía Domingo Cavallo dio cauce a lo que se llamó ‘la convertibilidad’ (un peso era igual a un dólar), lo cual tuvo un fuerte impacto en la competitividad regional. A pesar de la paridad peso-dólar y de la estabilización de la moneda y del PNB, al menos hasta 1998 (luego de años de hiperinflación), el desempleo creció de manera exponencial en estos años, especialmente luego de 1995. La economía se abrió a las importaciones extranjeras, proceso cuyos inicios se remontan a la última dictadura militar (1976-1983). Los servicios públicos en el área de la salud y la educación fueron descentralizados y traspasados a la órbita de responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y, por lo tanto, los niveles de pobreza también aumentaron y se habló entonces de una transformación profunda, cualitativa, de la sociedad argentina. En efecto, en 1995 el desempleo ascendía a 18,4%, luego descendió a 13,7% en la segunda mitad de 1997. Este año resultó ser clave en cuanto a la movilización social, ya que se producen casi cincuenta piquetes o cortes de ruta simultáneamente en todo el país, de los cuales quince transcurren en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. Bajo amenaza constante de Gendarmería, en el marco de un gran desprestigio y estigmatización (por ser consideradas ilegales en cuanto a la forma del corte de ruta), las protestas que ocurren durante el mes de mayo, del 19 al 31 en la provincia de Jujuy, tienen como resultado la renuncia de gobernadores y la respuesta de las autoridades nacionales y provinciales. No sin negociaciones, tensiones, avances y retrocesos, los gobiernos deciden responder con puestos de trabajo precarios y subsidios varios a la pobreza. Sin embargo, dichas respuestas resultan insuficientes para paliar la gravedad de la situación social. En la segunda mitad de 2001, y como anticipando los acontecimientos de diciembre de 2001, la tasa de desempleo alcanzó nuevamente 18,3% según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Las consecuencias de las políticas económicas de los años noventa produjeron entonces una de las situaciones sociales más graves de la historia argentina. El proyecto democrático que se desarrolló en Argentina desde 1983, lejos de traer consigo un crecimiento económico que permitiera enfrentar las desigualdades sociales, no hizo sino profundizarlas. Según un informe de la ONU, en 2005 la Argentina era uno de los países más desiguales de América Latina. La tasa de desempleo es uno de los indicadores de este proceso. La pobreza, como sabemos, no puede medirse de modo unidimensional. Si observáramos, por ejemplo, el ámbito de la salud, de la educación, del acceso a los servicios públicos o la cuestión de la vivienda, podríamos notar la misma evolución en la dirección de una profundización de la brecha entre ricos y pobres. Las provincias argentinas menos desarrolladas, con una economía centrada en el sector servicios y un empleo público elevado, como Jujuy, fueron escenario de conflictos diversos que tuvieron consecuencias políticas y económicas. En las ciudades provinciales en donde el Estado era el principal empleador, como la ciudad de San Salvador de Jujuy, 24
y en las que toda la actividad económica giraba en torno a alguna empresa estatal, como en Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, o en Tartagal y Mosconi en Salta, con la empresa nacional de exploraciones petrolíferas YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), las consecuencias de estas medidas fueron dramáticas para la estructura ocupacional. Es en este marco que aparecen las primeras organizaciones piqueteras. Los conflictos por ellas protagonizados desafiaron la legalidad y pusieron en cuestión la frontera entre los, cada vez más numerosos, excluidos del mercado de trabajo y la minoría incluida, mientras interrogaban a la sociedad argentina en su conjunto. La pregunta que uno podría dejar formulada es la de saber de qué modo una sociedad puede tolerar el crecimiento de las desigualdades y las injusticias que de allí derivan, y cuáles son los límites de esa tolerancia. Volviendo a las consecuencias de las reformas en las provincias, sedes de los conflictos durante toda la década de los noventa, es necesario señalar que existieron paliativos o elementos amortiguadores de dichos conflictos. En efecto, si bien las provincias se empobrecieron, el ex Presidente Carlos Menem generó un sistema de reparto de recursos del gobierno nacional a las provincias, lo cual fortaleció el sistema clientelar o de patronazgo. Su propósito era asegurarse el control de los gobernadores, de modo de evitar que la grave situación social tuviera consecuencias que lo condenaran a nivel electoral. Siguiendo a Susan Stokes, podemos decir que, de todas formas, esta manipulación del gasto con fines de control que producen las autoridades argentinas hacia fines de los años noventa, con el objetivo de ganar al votante, no asegura la fidelidad de los que son beneficiados con dicho gasto. Según su análisis, “a veces tales gastos incrementaron el apoyo electoral hacia el gobierno oficialista local, pero otras veces no tuvieron ningún efecto o hasta disminuyeron el apoyo electoral. De ahí los peligros electorales del gasto. Este último resultado nos lleva a reconsiderar teóricamente los tradeoffs o lo que llamamos la movilización negativa que puede resultar del patronazgo y el clientelismo” (Nazareno, Stokes y Brusco, 2006, 1). Este control a través del gasto no pudo evitar, sin embargo, las crisis políticas provinciales. En efecto, a nivel del sistema político, la fragmentación del peronismo que afectó a la élite gobernante y los conflictos sociales cada vez más importantes provocaron la renuncia de ocho gobernadores desde los años ochenta, originando una inestabilidad política que justificaba los rumores de una intervención federal a la provincia, lo que nunca ocurrió. En síntesis, luego de la apertura democrática de los años ochenta7 , la década de los noventa significó una serie de cambios que abrieron un nuevo espacio de ‘oportunidades políticas’, lo que permitió a diversos sectores manifestarse públicamente, principalmente a los movimientos piqueteros. Sobre la protesta social se operaron también una serie de cambios. Marina Farinetti (1999) en ¿Qué queda del movimiento obrero? señala cuáles han sido algunos de estos cambios: el conflicto laboral se desplaza del área industrial al sector público, hay una disminución de reclamos por aumentos salariales, un crecimiento de la cantidad de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, una 25
reducción del total de huelgas, un incremento del número de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, y un aumento de la frecuencia de las protestas en las provincias, las que colocaron en el centro del debate público los temas relativos al desempleo y a las consecuencias que en general tuvo la política económica de ajuste.
Recursos y ‘participación’ en las organizaciones piqueteras En las organizaciones piqueteras participan individuos en su mayoría desocupados, quienes son movilizados por líderes, también desocupados, pero que –a partir de ciertos recursos políticos específicos– se sitúan en una relación desigual respecto de los miembros de las bases y asumen el rol de representantes, que puede declinarse de diferente modo, como veremos más adelante. Pero nos interesa en principio señalar que dichas organizaciones son la expresión de transformaciones sociales profundas de la sociedad argentina. En Argentina, la exclusión de una buena parte de la población del mercado de trabajo, como consecuencia de las reformas mencionadas antes, determinó la pérdida de los derechos políticos y sociales que habían sido conquistados durante los dos primeros gobiernos de Perón (1946-1952 y 1952-1955). En este sentido, las organizaciones piqueteras se nutren de las trayectorias de individuos en situaciones de pobreza y exclusión, otrora integrados a una ‘clase obrera’ como actor político protagónico de los conflictos sociales. Podríamos decir entonces que si bien las organizaciones piqueteras son heterogéneas ideológicamente, como lo han señalado M. Svampa y S. Pereyra (2003), muestran un elemento en común, que es precisamente una experiencia vivida, la de la exclusión, en dos sentidos: exclusión del mercado de trabajo formal y exclusión del ámbito institucional de la representación política. Estas organizaciones crecen gracias a los recursos principalmente aportados por el Estado (aunque hay algunas que reciben financiamiento de las ONG) y establecen relaciones ambiguas con las formas clásicas de articulación política, cuestionando a las principales fuerzas de este carácter que han dividido tradicionalmente el campo político argentino: el Partido Justicialista y el Partido Radical. Así, desde el inicio de las protestas en Jujuy, las autoridades nacionales respondieron con una serie de Planes de Emergencia Laboral (PEL) y de planes de empleo a escala nacional, que tuvieron diferentes características y nombres como, Plan Trabajar I, II y III o, más recientemente, Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados implementado por el gobierno de Duhalde en 20028 , con el fin de detener la protesta y paliar en parte los efectos dramáticos de la crisis del 2001. Si bien dichos planes fueron presentados como herramientas destinadas a combatir el desempleo y a permitir la inclusión social de las poblaciones excluidas, eran limitados en su alcance y solo se destinaron a dos millones de desocupados, lo que representaba apenas la mitad del total de la población afectada, dejando fuera de su alcance a familias 26
pobres que no cumplían con los requisitos. Además, en cuanto a su aplicación, se trató de un subsidio otorgado de forma temporaria, por solo unos meses9 . En conclusión, si bien el Estado, a través de sus organismos de gobierno, dio una serie de respuestas a las demandas sociales, estas estuvieron lejos de resolver la grave situación. Se trató más bien de paliativos cuya función fue la de subsidiar la pobreza. Estos recursos del Estado en un principio los distribuyeron las municipalidades. Luego, en la medida en que las organizaciones piqueteras fueron reconocidas como actor social y político, y dependiendo de la presión ejercida sobre las autoridades provinciales y nacionales (a través de la metodología de protesta del corte de ruta), los recursos fueron también distribuidos por ellas, así como por otras organizaciones sociales no gubernamentales y confesionales. Si, por un lado, la afluencia de recursos a las organizaciones logró neutralizar en parte sus acciones violentas y directas, ello obligó a aquellas piqueteras a competir entre sí por la obtención de dichos recursos. Así, estas tuvieron, desde su aparición, un rol de ‘mediadores’ entre las bases de desocupados y las autoridades estatales, tanto locales como nacionales. Son estas las que reclamarán desde un inicio el control de los planes y ayudas estatales, hasta ese entonces distribuidos y administrados, como dijimos, por las municipalidades. Si observamos el orden interno de los grupos piqueteros, especialmente en el caso de las grandes organizaciones como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) o la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la participación en las asambleas y en los piquetes o cortes de ruta, así como en sus actividades, es condición para acceder a los recursos. Así, para poder obtener un ‘plan’, los individuos tienen que sumar puntos interviniendo en las actividades, y deben respetar las normas de disciplina de cada organización. La participación está lejos entonces de poder ser definida en términos del liberalismo clásico como una decisión libre. Los individuos están en cierta medida obligados a participar, y acceden a ello, en principio, siguiendo la promesa de obtener un plan o subsidio más tarde. Este es un punto paradójico de la participación en la organización, ya que, en muchos casos, el cumplimiento de los requisitos de pertenencia a esta entra en tensión –para algunos de sus miembros– con la posibilidad de encontrar trabajo. Esta tensión podría resumirse del siguiente modo: el discurso de los líderes de la organización habla de una lucha de más largo aliento, política, cuyos ‘enemigos’ están identificados. En cambio, para los miembros restantes de las bases, la organización es una etapa provisoria en sus intentos por salir de la situación de desempleo. La categoría de ‘lealtad’ y de traición son fundamentales en este caso: la partida de la organización motivada por la búsqueda de trabajo es vista como una traición a aquella, como una suerte de free rider que define sus objetivos siguiendo su interés personal. Esta norma de justicia definida por la organización misma, según la que los individuos que más participan tienen más derecho a obtener un plan o un subsidio, genera una lógica contradictoria. Muchos de los miembros de esta se vieron en un momento dado en la disyuntiva de participar del organismo organización (esto es: de sus asambleas, cortes de 27
ruta, etcétera) o bien de trabajar, por lo general, realizando pequeñas labores en el sector de servicios o en la construcción, llamados –en el vocabulario local– ‘changas’. En efecto, es el caso de Juan, quien pertenecía a la CCC desde el año 2002. En el 2007, cuando yo estaba en el último tramo de mi trabajo de campo, se presenta en una de las asambleas generales de la organización. Hacía varios meses que Juan no estaba yendo a las actividades. Había dejado entonces de participar de las asambleas. Esto se explica porque Juan había obtenido una changa10 , luego de la cual decide volver a la organización. Se presenta en una asamblea general para explicar su situación, que es así ‘juzgada’ por todos sus compañeros. J.C. Alderete, líder de la misma, explica que ellos son ‘tolerantes’ frente a los compañeros cuando estos, por una razón u otra, no pueden cumplir con las obligaciones de la organización. Esta ‘tolerancia’, que nosotros llamaremos flexibilidad, transforma las fronteras identitarias de la organización en canales fluidos. En períodos electorales, por ejemplo, es sabido que una buena parte de los miembros ‘trabajan’ para los punteros y candidatos de los partidos políticos locales. Este trabajo consiste en ayudar a realizar las tareas necesarias para la campaña, ya sea realizando pintadas en las paredes, distribuyendo propaganda, etc. La asistencia a los eventos políticos ligados a la campaña electoral de ciertos candidatos no es incompatible –aunque parezca paradójico– con la asistencia a las asambleas y la participación en las organizaciones piqueteras. Se establece así un movimiento entre la participación en esta y las demás posibilidades laborales, siendo la organización un recurso último. La flexibilidad da lugar a lo que llamamos en otro artículo ‘identidades volátiles’ o ‘flotantes’ (Rodríguez Blanco, 2002b, 26 y 34), y resulta una dimensión fundamental de la constitución de las organizaciones. Sin embargo, esta flexibilidad presenta ciertas diferencias según cuál observemos y según la provincia. En efecto, la debilidad en términos de cantidad de miembros, de capacidad de negociación y de recursos disponibles de algunas de estas como la CCC (en ciertos momentos y localidades), o bien de los MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), los obliga a tener una estrategia más permisiva respecto de la participación de sus militantes. Dicho de otro modo, las consignas menos permisivas y menos flexibles de ciertas organizaciones han jugado un rol contrario a la movilización, favoreciendo la expulsión de sus miembros. En el caso de la organización Tupac Amaru de Jujuy (que forma parte de la CTA), en cambio, su fuerte poder de negociación con las autoridades provinciales la sitúa en un sitio más confortable desde el cual no es necesaria una estrategia flexible respecto de sus miembros11 . Siendo que ella dispone de recursos, de capacidad de negociación, y se ha transformado en los últimos años en una verdadera fuente de empleo, las posibilidades de que alguno de sus miembros decida irse o cambiar de organización son ínfimas. De todas maneras, en efecto, cada cual tiene una disciplina diferente que no podremos profundizar aquí. Finalmente, el análisis de estos incentivos selectivos y de los requisitos o exigencias de participación de la organización nos permite extraer algunas conclusiones respecto de la noción misma de ‘participación’. Participar en estas significa 28
estar presente en todas las actividades que la aquella propone. Esta presencia es la que otorga el derecho luego a percibir recursos. El aumento de la capacidad de movilización de estas organizaciones tiene una incidencia directa en el incremento de su poder de veto o impedimento, de presión y de su poder de negociación. En la próxima sección analizaremos el rol de los líderes en la gestión de recursos, en la movilización y en la representación de los piqueteros.
Naturaleza de los liderazgos piqueteros: origen social, carrera militante y criterios de selección de los líderes Una vez evocado el sentido de la participación dentro de las organizaciones piqueteras, analizaremos las características de los líderes. ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué tipo de carrera militante han realizado? ¿Cuáles han sido sus roles en la organización de los piqueteros? Con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza del liderazgo, identificamos los criterios de selección de los líderes, sus orígenes y carreras militantes y sus vínculos al interior de las organizaciones. En cuanto a los motivos por los que los miembros de estas aceptan las propuestas y promesas de sus líderes para participar en ellas, aspecto que no podremos profundizar aquí, diremos que hemos constatado el estrecho vínculo con las situaciones de miseria y de pobreza por la que estos individuos atraviesan. Sin embargo, diremos también que la permanencia en su interior no se explica solo por razones de necesidad, sino por motivos simbólicos: la organización representa, en efecto, una seguridad y una contención para los individuos y sus familias en situaciones de vulnerabilidad. Si observamos comparativamente las trayectorias de los líderes de las diferentes organizaciones, notaremos que todos han tenido experiencias de militancia política y/o sindical y todos –con algunas excepciones– han sido trabajadores asalariados en la industria, quedando desocupados entre los años 1980 y 1990. ¿El hecho de ser desocupados favoreció a estos líderes para llegar a los liderazgos? Podemos decir que no, puesto que es gracias a sus recursos organizativos (facilitados en buena medida por su pertenencia a redes políticas) y a su capital militante que logran organizar a la población desocupada, pero constatamos que el haber sido desocupados y entonces ‘iguales’ a los miembros de las bases, resulta un argumento esencial que otorga legitimidad a los líderes, precisamente en momentos de crisis. Los casos que presentamos aquí ilustran bien esta idea, a la que volveremos en detalle en el próximo punto. Sin embargo, lo que permitió que sus liderazgos tuvieran continuidad en el tiempo fue más bien el hecho de mostrar el conocimiento de las ‘necesidades de la gente’ y cierta eficacia en la resolución de sus problemas. Seguir las trayectorias militantes o ‘carreras militantes’ de los líderes piqueteros de ‘primera línea’ nos permite entonces ilustrar dos cuestiones: 1. que los líderes piqueteros comparten una experiencia de vida ligada a la desocupación, que los acerca a sus bases 29
movilizadas, 2. que los líderes tienen largas trayectorias de compromiso militante, heterogéneas, pero que, en todo caso, los distingue de las bases, puesto que, en su mayoría, ellos jamás tuvieron experiencia militante alguna. Entre las diferentes trayectorias reconocidas, se destaca aquella de la militancia sindical; por ejemplo, en el caso de la CCC y de la CTA, así como de la organización Tupac Amaru, dentro de la CTA, cuyos líderes tienen historias de larga militancia en el movimiento obrero, en su vertiente sindical. Otros líderes de organizaciones piqueteras buscan ser reconocidos como ‘delegados’ y no como representantes de los desocupados. Así, ellos se afirman en oposición a lo que consideran la ‘política formal’ o partidaria. Su historia militante los liga a movimientos barriales, algunos muy vinculados a la universidad o a movimientos de derechos humanos, como es el caso de los MTD, aunque existen variantes, dado que es un espacio sumamente heterogéneo. Finalmente, hemos constatado la presencia de liderazgos vinculados a partidos políticos de izquierda minoritarios y antielectoralistas, como el PCR (Partido Comunista Revolucionario), presente dentro del movimiento obrero sindical y del movimiento de desocupados a través de la CCC. El análisis del origen social de los líderes que protagonizaron la protesta piquetera muestra, entonces, que se trata de orígenes políticos y carreras militantes ciertamente diversos. Mientras Carlos Santillán viene del sindicato de empleados municipales SEOM y de una militancia dentro del PCR, así como Carlos Alderete, quien proviene también de una militancia partidaria en el Partido Comunista Revolucionario y de la militancia en el contexto de las luchas obreras en Córdoba en los años sesenta, otros líderes llegan a establecerse a la cabeza de organizaciones piqueteras luego de trayectorias ligadas a redes políticas peronistas. Es el caso de Milagro Sala, dirigenta de la organización Tupac Amaru, quien llega a la protesta de desocupados sin haber sido nunca obrera ocupada (recordemos que se trata de una provincia con un nivel bajo de industrialización, contrariamente a Buenos Aires), habiendo tenido algunos puestos en la municipalidad gracias a sus contactos con las redes políticas peronistas, alimentados desde el inicio de su militancia, a los 18 años, en el PJ (Partido Justicialista). Su relación con un sector de este partido, opuesto a la fracción dominante liderada por el ex Presidente Carlos Menem, la llevó a desarrollar una lucha muy marginal dentro de la CTA, que, como dijimos, es un sindicato sui géneris que se escindió de la CGT (Central General de Trabajadores), y que aunque no tiene estatuto jurídicamente reconocido de sindicato, conserva una estructura sindical y cuenta actualmente con un reconocimiento público importante. Es dentro de esta estructura que Milagro Sala se ocupa de gestionar un programa estatal llamado ‘Copas de Leche’, cuyo propósito era la distribución de leche entre la población más desfavorecida de los barrios jujeños, en el marco de las actividades organizadas por el área social de la CTA. Esta actividad le permitió a Milagro Sala acumular un capital organizativo importante y un conocimiento concreto de la situación social en los barrios, que se agregó a la experiencia propia de pobreza y marginalidad. Otros líderes menos conocidos en la escala nacional, pero con fuerte trabajo territorial como Héctor ‘Toti’ Flores, encuentran sus orígenes en el Movimiento al Socialismo (MAS) y en su contacto con el Movimiento de Comunidades Eclesiales de 30
Base, que se desarrolla en América Latina, principalmente en Brasil y en Argentina, durante los años sesenta y setenta. Su trabajo en el movimiento de desocupados lo acercó al movimiento de derechos humanos, que marcó a la Argentina en la década de los ochenta. Una característica común a estos liderazgos es el cuestionamiento a la clase política y a las formas representativas partidarias y sindicales existentes, razón por la cual no pueden ser reducidos a liderazgos sindicales, sin bien, en muchos casos, los sindicatos de procedencia tienen peso en la organización. Una característica común a estos líderes es que en casi ningún caso han vuelto a insertarse en el mercado de trabajo. El rol de líderes de las organizaciones piqueteras se ha vuelto un verdadero trabajo subsidiado por el Estado. Algunos de ellos, sin embargo, han vuelto a la actividad político-partidaria y se han sumado al juego político-electoral, como es el caso de un dirigente del MTD de La Matanza, de militancia ligada al MAS, que se presentó a elecciones locales como diputado dentro de un partido de centro recientemente creado y liderado por Elisa Carrió con un discurso de transparencia y de denuncia de la corrupción. Es el caso también de Luis D’Elía, líder de la FTV (Federación de Tierra y Vivienda), ligada a la CTA y al peronismo, quien, en el gobierno de Néstor Kirchner, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. La experiencia de estos líderes en los movimientos de desocupados supuso la adquisición de recursos, de capital organizativo y la alianza dentro de redes políticas con movimientos de derechos humanos y partidos políticos. Sin embargo, es su larga trayectoria política previa lo que les facilitó llegar a ocupar puestos políticos. En cambio, otros líderes han rechazado sistemáticamente las ofertas de ocupar cargos políticos. Estos líderes, en general de largas carreras militantes, que no han vuelto a reinsertarse en el mercado de trabajo, independientemente de sus preferencias políticas, se han transformado en verdaderos gestores de recursos y pilotos de las organizaciones piqueteras, motivados por acrecentar el poder de movilización de aquellas. Podemos decir entonces que se han profesionalizado y adquirido una experiencia y saberes, al tiempo que las organizaciones se dividen internamente entre quienes están movilizados por la búsqueda de un empleo y por la satisfacción de sus necesidades, los miembros de las bases, y quienes se orientan en función de otras premisas políticas, los líderes. En función de estas otras premisas políticas, la movilización y concientización de las bases resulta fundamental. Las organizaciones proporcionan estabilidad a estos líderes, en tanto funcionan como contexto de su profesionalización en términos de una carrera militante individual. Si los líderes, en general, no se han reinsertado en el mercado de trabajo, los miembros de las bases, en cambio, siguen motivados por la promesa de encontrar un empleo. Esta diferencia produce tensiones en las organizaciones. A partir del análisis de entrevistas y de notas de campo, encontramos también un notable contraste, dentro del grupo de los líderes, entre aquellos líderes ‘mediáticos’ – sean nacionales o locales– de las organizaciones piqueteras y los liderazgos de ‘segunda línea’. Por lo general, los primeros tienen motivaciones políticas más precisas, fundadas en trayectorias de más de 30 o 40 años de militancia. Entre los segundos, observamos la aparición de ‘nuevos liderazgos’, que llamaremos comunitarios, como es el caso de 31
líderes que pertenecían a las comunidades evangélicas (conocidas como ‘los Evangelios’) y que devienen en líderes piqueteros. Sus funciones de liderazgo dentro de las organizaciones están ligadas a la organización de un barrio y resultan claves. Se ocupan también de la gestión de los planes y recursos recibidos y de su distribución entre los miembros de la organización. En el caso de la CCC, se trata en su mayoría de individuos desocupados y habitantes de los barrios que se acercaron a la organización, por lo general en sus inicios, gracias a contactos previos con alguno de sus integrantes. Salvo excepciones, no forman parte del PCR, que se define como un partido político revolucionario y antielectoralista. Aunque los líderes principales de la organización hacen internamente ‘campaña’ para lograr el ingreso de nuevos militantes al partido, sobre todo entre los jóvenes, la organización alberga en su seno liderazgos con carreras militantes y preferencias políticas bien diferentes, hasta opuestas. A través de estas carreras militantes de larga data, los líderes adquirieron nuevos capitales organizativos importantes de movilización (a partir de la experiencia de los cortes de ruta), capacidad de negociación, de presión, de movilización colectiva, una cierta retórica y conocimientos, por ejemplo, de la coyuntura internacional, a partir de los cuales realizaron estimaciones y cálculos respecto de los contextos propicios para la acción colectiva y para la negociación con los gobiernos. La captación de recursos fue posible gracias a su habilidad para movilizar las bases y presionar a los gobiernos a través del corte de ruta, principal forma de la protesta, a fin de crear las condiciones de una negociación con las autoridades. Las características de los recursos provenientes de los gobiernos, siempre en forma de planes temporarios y acotados a un número de destinatarios, así como la consecuente descentralización en su distribución tendieron a incidir en el modo que adoptó la movilización: una movilización permanente de los habitantes desocupados o en situaciones de pobreza de los barrios. Esta movilización adquirió el modo de una exigencia de participación para la obtención de recursos. Más allá de las diferencias ideológicas que sin duda existen, es esta exigencia la que caracteriza a los líderes de las organizaciones piqueteras, que se transformaron en poco tiempo en ‘gestores’ o mánager de los escasos recursos, promotores eficaces de la redistribución de los planes sociales propuestos por el gobierno, dejando en un segundo lugar la lógica de la protesta. Ilustremos lo dicho hasta aquí a partir de un caso de liderazgo piquetero12 .
El caso del liderazgo de Carlos ‘Perro’ Santillán Santillán ha sido una de las figuras emblemáticas de la protesta piquetera durante la década de los noventa, actual responsable de una oficina de derechos humanos y de un centro cultural en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Su liderazgo público se consolida a fines de los años ochenta, en el contexto de una crisis económica ligada a la hiperinflación. Participa en el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) de Ledesma (ciudad situada al este de Jujuy) y en una organización ‘multisectorial’ que aglutinaba tanto a empresarios como a desocupados y a trabajadores ocupados, 32
especialmente trabajadores del Estado que comenzaron reclamando por el pago de salarios atrasados. Si bien Carlos Santillán es conocido en todo el país en los años de la democracia, su carrera militante comienza mucho antes, como militante del PCR. Luego de su experiencia en el SEOM de Ledesma como delegado, y gracias a ella, fue luego elegido como adjunto y finalmente en la conducción del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales en 1990, como Secretario general. El sindicalismo que Santillán encarnaba era crítico de la tendencia central del sindicalismo en los primeros años del presidente Alfonsín por presentar resabios autoritarios de la época peronista y, durante los años de Menem, fue impugnada por defender las reformas económicas perjudiciales para los trabajadores. Frente a este último sindicalismo, Santillán defendía un sindicalismo de clase. Como resultado de la protesta emprendida por este frente de organizaciones con el liderazgo de Santillán, el gobernador peronista De Aparici, cuestionado por encarnar el proyecto de reforma estructural de la economía (piloteado a nivel nacional por el ex presidente Menem), renuncia en 1990 a su mandato señalando la imposibilidad de controlar la protesta. Los conflictos entre estas organizaciones y el gobierno se profundizan durante toda la década. Santillán es objeto entonces de acusaciones y una serie de causas penales se enhebran contra él. Lejos de debilitarlo a él o a las organizaciones, esta persecución judicial incentiva la protesta. Hacia mediados de los años noventa se conforman comisiones de desocupados en La Quiaca13 y en otras ciudades provinciales, proceso que adquiere publicidad con la organización de una gran marcha a Buenos Aires. Es cuando surge la organización que pasó a liderar Santillán, la CCC o Corriente Clasista y Combativa. La marcha abre las puertas a una negociación con las autoridades locales y nacionales, lo cual lleva al gobierno nacional a ceder un aumento de 115 pesos para todos los trabajadores estatales. Durante ese período, cinco gobernadores se suceden en el gobierno local, sin llegar a articular una política social ni a establecer negociaciones duraderas con los actores movilizados. Cuando se le pregunta por su imagen reconocida de líder, Santillán dice: “Pero yo no quiero convertirme en un triaca (sindicalista argentino) de por vida. No quiero perpetuarme. No es esta mi aspiración. Yo creo que para ser sindicalista hay que tener vivo, metido en las venas, el concepto de la democracia. Y estoy convencido de que hay que dejar también que las nuevas generaciones protagonicen su propia historia”14 . En 1998 fue reelegido en su mandato a la cabeza del SEOM. Es interesante notar aquí los criterios por los cuales Santillán justifica esa reelección: “A principios de 1998 fui a la reelección porque pasó como la primera vez; mis compañeros municipales me dijeron: vos tenés que ir en la lista”. En numerosas oportunidades, Santillán recibió ofertas de candidaturas y de dinero para evitar que manifestara. Es el caso del ex gobernador Ficoseco, quien en una discusión pública nacional trató de ‘delincuente’ al dirigente. Sin embargo, Santillán continuó en su rol de líder de la protesta, a pesar de concebir la dificultad del mismo, como si negara el liderazgo y por lo tanto la distancia que lo separa objetivamente de sus compañeros: 33
Esto del liderazgo no me gusta y tampoco me siento un líder indiscutible ni una figura mítica. Mítico para mí es el Che Guevara, míticos son de alguna manera Lenin, Mao Tse-tung y todos los grandes revolucionarios que han cambiado parte de la historia mundial. Yo me siento producto de una sociedad que tiene gente –como son mis compañeros del SEOM– que no conoce otra cosa que luchar para subsistir. A partir de ahí, a lo mejor soy la bisagra que transmite y sintetiza el pensamiento de mis compañeros. Siempre he dicho que hago lo que me dicen ellos, respeto sus decisiones, y en ese sentido, lo único que hago es responder a quienes me han elegido para representarlos, con los mismos sufrimientos que ellos, con las mismas limitaciones económicas, con la misma necesidad de buscar un poco más de justicia15 .
Santillán resume su rol como el de una bisagra, que ‘sintetiza’ y ‘transmite’ lo que los compañeros mandan. Él es el producto de una sociedad que lucha para subsistir. Su figura de líder está íntimamente asociada a la de jefe, articulada en torno a la encarnación del pueblo, de la semejanza con él. El líder es visto como aquel que tiene una misión, la de luchar contra las injusticias: “Siempre habrá un puesto de lucha para los que sentimos las injusticias que se cometen con nuestra gente”, señala Santillán. Sin embargo, pese a que él define su tarea como representación, esta es rechazada en cuanto tal, puesto que la idea de representación supone una distancia entre las bases y el representante, así como un trabajo de constitución de las voluntades representadas, y no simplemente de traducción de demandas o preferencias ya definidas. Santillán es ilustración, en este sentido, de una concepción de representación como encarnación de una autenticidad que lo preexiste. Según esta representación del liderazgo, la autoridad proviene del reconocimiento público de los demás militantes (y de los actores sociales en general) antes que del mandato. Es la experiencia de sufrimiento y de lucha compartida lo que funciona como elemento de legitimación de su autoridad, puesto que le permite a Santillán eludir la distancia que lo separa de estas bases para instalar una ‘igualdad’ que debe ser leída en clave de identificación y que instala una proximidad. Según esta representación del liderazgo, el líder debe fidelidad y coherencia a sus compañeros. Es por ello que su figura es continuamente sospechada y la ‘traición’ está muy presente en este reconocimiento. Santillán dice: “Siento que si traiciono de alguna manera las expectativas que ellos tienen, me traiciono a mí, traiciono a mi familia, traiciono la memoria de mi viejo tan querido, traiciono la memoria de los 30 mil desaparecidos, que para mí han marcado a fuego toda mi existencia”16 . La carrera militante de Santillán, que él sitúa en la década de los sententa, incide en la historia que él elabora de su organización, en el marco de la cual inscribe las protestas de los años ochenta y noventa en Jujuy. Así dota de un lenguaje de derechos a la protesta, el de los movimientos de derechos humanos que tuvieron un gran protagonismo en la Argentina de los años ochenta, frente a la experiencia de la dictadura militar, con el regreso de la democracia en 1983. Todo su discurso tiende a desligarse de la idea del liderazgo como representación, o sea, a distancia de aquellos cuya voz expresa: Yo tengo mi humilde oficina abierta a todo el mundo, cualquiera puede entrar a contarme lo que le sucede. Todos los días me pueden ver como a un trabajador más, levantándome a las 5 de la mañana y estando con ellos en el Corralón Municipal como cuando trabajaba allí. Entonces, no creo que ellos me vean como una figura que los lidera, sino que consideran que si he tenido alguna virtud es la de ser con ellos un compañero
34
más y con los poderosos tener mucho orgullo y ser muy altivo en los planteamientos que tengo que hacer. Ellos esperan que sea yo quien enfrente la situación, y bueno, yo he sido así siempre, y voy a seguir siéndolo. Pero esto no me convierte en diferente de cualquiera de ellos 17 .
El discurso sobre sí mismo es elocuente respecto de las expectativas que pesan sobre él de parte de aquellos que lo siguen. Aquí se subraya la ejemplaridad del líder, pero a la vez son sus discípulos quienes definen y marcan el camino. El hecho de tener su oficina abierta a los problemas de todos sugiere además una profesionalización de su rol de líder de la protesta y su transformación en gestionario de problemas, rol que se ejerce todo el día. En este sentido, se es distinto de la definición de un puntero político dada por Javier Auyero (1997, 173), uno de los primeros en definir esta relación en términos de ‘mediación’, según la cual un puntero forma parte de ‘redes de resolución de problemas’. A la vez, este discurso de Santillán evidencia el cuestionamiento de una cultura militante ligada a principios trascendentes, el partido, la tradición, para abrazar un principio inmanente, ligado a la existencia de estos líderes en su relación cotidiana con las bases que creen en él. Observamos entonces una tensión entre dos criterios de legitimación de la autoridad: por un lado, la tradición, la cultura militante ligada a la pertenencia al PCR, el mandato sindical y, por otro lado, la experiencia compartida y la proximidad respecto de sus bases que se imponen cada vez más como exigencia.
Conclusión: nuevos criterios de legitimidad de la autoridad de los líderes Podríamos distinguir, para finalizar, dos figuras de la representación política que coexisten no sin conflicto en el seno de las organizaciones piqueteras: la representación liberal y la representación como encarnación de una voluntad popular preexistente. Existe un lazo fuerte entre la emergencia del modelo de encarnación y la movilización de un grupo considerado como excluido políticamente. En este sentido, los líderes son aceptados en las organizaciones no como representantes, sino como canales de expresión de las voces. La expresión ‘son como nosotros’ muestra que la legitimidad de los líderes reposa no en un aura o carisma especial –aunque este ciertamente es un componente importante–, ni siquiera en sus competencias, sino en su experiencia vivida: es el hecho de que encarnar la experiencia vivida en tanto desocupado, y no el hecho de ser alguien excepcional, es lo que cuenta. Sus competencias y capacidad no son elementos que incidan particularmente en la selección de estos líderes, ni en su legitimación frente a sus bases. Lo que legitima su autoridad no es el mandato o su estatuto, sino más bien el hecho de demostrar ‘en la práctica, en la acción cotidiana’, cierta moral irreprochable y el compromiso con la ‘resolución de los problemas’ de la gente. Este tipo de liderazgo se funda en la encarnación del poder. En efecto, la condición para ampliar sus bases reside para los líderes en mostrarse como iguales y cercanos. Como habiendo tenido las mismas experiencias. En la presentación que cada líder realiza de sí mismo resulta interesante la exigencia de manifestarse como desocupados, 35
rechazando el liderazgo (si no es porque viene de la asamblea o es legitimado por los propios compañeros) y la crítica interna del vanguardismo (que en el caso de la CCC o Corriente Clasista y Combativa es bien interesante). Independientemente de que en la práctica no exista esa igualdad, ya que efectivamente no cualquiera puede ocupar el lugar de los líderes; no sean elegidos por sus bases y ni siquiera la elección pueda ser revocada, nos interesa señalar aquí las nuevas formas retóricas en que esos liderazgos se legitiman. La legitimidad de estos líderes, cuyas ‘carreras militantes’ responden a viejos modelos de militantismo, está dada, sin embargo, por el hecho de ser ‘más comunes’18 , de ‘ser como todos’. Recordemos que la pregunta central era acerca de cómo grupos de excluidos llegan a tener voz en el espacio público, a ser considerados por los gobiernos, no solo locales sino nacionales, en un contexto de profundización de las desigualdades sociales y de grandes transformaciones políticas luego del retorno a la democracia. En este texto privilegiamos la trayectoria de un líder nacional de la protesta, Carlos Santillán, de importancia local en la provincia de Jujuy, provincia periférica de la Argentina. Mostramos, a través de esta ilustración, que los líderes de estas organizaciones piqueteras han tenido el papel de otorgar una ‘voz’ a aquellos que se hallaban excluidos del espacio público. Pero que también han logrado organizar a grupos de individuos excluidos del mercado de trabajo, cuyos derechos en tanto ciudadanos se han vulnerado. Para muchos de estos individuos en situación de marginalidad19 , las organizaciones piqueteras suponen una respuesta provisoria y ciertamente precaria a su situación social y política. El trabajo del líder es central en este sentido, ya que permite a los individuos encontrar una razón, un elemento de lucha y de reivindicación. Este trabajo de ‘mediación’ aporta a los desocupados un capital que les permite transformar la pasividad o la inacción producida por la experiencia cotidiana de la pobreza y la desigualdad. Como lo muestra la frase recurrente de muchos de los miembros de estas organizaciones: ‘no tenemos nada que perder’ o la cuestión presente también en casi todos los testimonios acerca de la necesidad de actuar sin esperar tener representantes. Al mismo tiempo, como mostramos en este artículo, estas respuestas que las organizaciones piqueteras han aportado no solo son precarias, sino que se desarrollan en los vacíos dejados por la acción estatal que delega así arbitrariamente en manos de dirigentes sociales la tarea de garantizar derechos sociales y políticos fundamentales. En conclusión, los líderes piqueteros han contribuido, a través de un verdadero ‘trabajo’ (Klandermans, 1997), a la creación de ‘marcos de referencia’ que pueden tener distintas funciones, caracterizando estas organizaciones como híbridas, entre un movimiento social y una organización prestadora de servicios. Estos marcos resultan a veces catalizadores, cuando, por ejemplo, a partir de la argumentación y el discurso público, transforman una experiencia vivida, como la desocupación, en intolerable y en problema político, identificando a las autoridades políticas como responsables; pero otras veces ponen límites a las acciones colectivas de protesta de las organizaciones, al devenir en simples gestores o mánager de la distribución de recursos.
36
Bibliografía Auyero, J. (Comp.) (1997). ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político con temporáneo. Buenos Aires, Losada. Delamata, G. (Ed.) (2005). Ciudadanía y territorio. Buenos Aires: Espacio editorial. Diani, M. y Eyerman, R. (Eds.) (1992). Studying collective action. London: Sage Publications. Farinetti, M. (1999). ¿Qué queda del movimiento obrero? Documento de Trabajo. Buenos Aires: FCS/UBA. Goffman, E. (1991). Les cadres de l’expérience. Paris: Editions Minuit. Honneth, A. (2006). La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique. Paris: La Découverte. Klandermans, B. y Oegema, D. (1987). Potentials, Networks, Motivations and Barriers Steps Toward Participation in Social Movements. American Sociological Review, LII. Nazareno, S., Stokes, S. y Brusco, V. (2006). Réditos y peligros electorales del gasto público en la Argentina. Desarrollo Económico, XLVI(181). Neveu, E. (1996). Sociologie des mouvements sociaux. Paris: La Découverte. Pérez, G., Pereyra, S. y Schuster, F. (Ed. y comp.) (2008). La huella piquetera. Ava tares de las organizaciones de desocupados después de 2001. La Plata: Ediciones Al Margen. Rodríguez Blanco, M. (2002a). La parte de los que no tienen parte. La dimensión simbólica y política de las protestas sociales: la experiencia de los piqueteros en Jujuy. Buenos Aires: CCCoop (Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), noviembre. ______ (2002b). Cultura política, movimientos sociales y redes territoriales. Un estudio etnográfico en La Matanza. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe, Programa Regional de Becas CLACSO. Recuperado de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ becas/2002/mov/rodri.pdf. ______ (2010). Participación ciudadana y democracia de la contestación en Argentina. El caso de la organización Tupac Amaru en Jujuy. VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL): Independencias Dependencias - Interdependencias, 30 de Junio al 3 de julio de 2010, en el marco del simposio “Ciudadanos, partidos y gobierno: viejos y nuevos caminos para la participación política en América Latina”, coordinado por Laurence Whithead (Oxford University) y Yanina Welp (Universität Zürich). Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos. Hemerografía y documentos: 37
Entrevistas a Carlos Santillán, 1 de agosto de 2001, julio de 2003 y noviembre de 2007, realizadas en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la sede de la CCC por la autora. Entrevistas a Carlos Santillán, en El ‘Perro’ Santillán. Diálogos con Jesús Olmedo. Buenos Aires: Ediciones populares, 1998. Notas de campo escritas entre los años 2001 y 2007 a lo largo de sucesivas etapas del trabajo de campo de la investigación.
1
Para mi tesis de maestría, con la dirección de Pierre Rosanvallon (EHESS, 2005), trabajé a partir de un corpus periodístico sobre el pasaje de la categoría de ‘desocupado’ a la de ’piquetero’ (nombre que proviene del formato que adquiere la protesta: corte de ruta o piquete) o, en otros términos, sobre las figuras de la representación de los grupos piqueteros. 2
Tomamos la noción de ’marcos de referencia’ de Erving Goffman (1991).
3
Las nociones de creencia generalizada o de norma emergente empleadas por la escuela de comportamiento colectivo también refuerzan la idea de que los movimientos sociales no nacen de una acumulación de frustraciones. 4
El hecho mismo de que líderes piqueteros pasaran a aceptar cargos políticos o bien decidieran invertir en una carrera política en algún partido fue considerado, tanto por la literatura existente como por los mismos actores de las organizaciones piqueteras, como una traición. Esta crítica ignora los fuertes vínculos existentes no solo entre los líderes de las organizaciones y los partidos políticos, sino también entre las organizaciones piqueteras y ciertos funcionarios del gobierno. Volveremos sobre esta cuestión. 5
Consideramos que estos espacios merecen ser analizados más en detalle, desde una perspectiva de sociología empírica. Así, dentro de estas organizaciones, podremos constatar que las asambleas cumplen un papel específico que poco tiene que ver con el rol de una asamblea “deliberativa” (o no delegativa) que presuponen estos análisis, a veces desde concepciones arendtianas muy lejanas de los contextos analizados. En lugar de considerarlos a priori como espacios de deliberación o como espacios alternativos a un modelo dominante, hemos descripto y analizado los mecanismos y procesos por los cuales se toman decisiones. Este análisis empírico, fruto de observaciones de larga duración, nos ha llevado a sostener que las decisiones en estas organizaciones no son tomadas por el colectivo, sino por los líderes, o por un pequeño número. El rol principal de las asambleas es constituir espacios de resonancia de los problemas de los miembros de la organización (muy vinculados a su supervivencia económica), evitando conflictos y favoreciendo la cohesión del grupo. Hay una dimensión pedagógica de estos espacios, que es comprensible si tenemos en cuenta las características sociológicas de la población movilizada. Cf. mi artículo en la revista Problèmes de l’Amérique latine, que saldrá publicado en 2011. 6
Mostramos en otro artículo (2002), la capacidad de estos individuos para articular lo que denominamos ‘identidades flotantes’, es decir, vínculos pragmáticos respecto de organizaciones partidarias y no partidarias. Estos individuos muestran, en todo caso, trayectorias no necesariamente militantes. La mayoría, de hecho, no han sido socializados políticamente en el seno de partidos políticos. El vínculo con los partidos es más bien de tipo personal con algunos militantes. Así, en la provincia de Buenos Aires, entre nuestros entrevistados, miembros de las bases de ciertas organizaciones piqueteras como la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) o los MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados), observamos que coexisten pertenencias a organizaciones diferentes: forman parte de una organización piquetera, pero también de grupos evangélicos y, al mismo tiempo, de una ONG que trabaja sobre cuestiones de género y violencia. Asimismo, en la familia de nuestros entrevistados pueden cohabitar miembros que participan de organizaciones que compiten entre sí por la gestión de recursos y la organización de grupos vulnerables. 7
Nos referimos aquí a la ‘mutación simbólica’ que produce la democracia en la Argentina de los años ochenta, y al rol central de los movimientos de derechos humanos, representados principalmente por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Las diferentes organizaciones que se constituyen luego establecieron vínculos a veces
38
muy estrechos con ciertas organizaciones piqueteras como la CCC y el MTD de La Matanza. 8
El PJJHD fue reemplazado por el Plan Familias. Otros planes y subsidios estatales fueron forjados en los últimos años hasta la creación más reciente de una Asignación Universal por Hijo, cuya implementación data de noviembre de 2009. Este último programa cambiaría el rumbo de la política social en Argentina, que hasta el momento ha sido más bien asistencialista, al tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de modo más amplio. Pero no es nuestro propósito aquí, sin embargo, el análisis de dichos programas. 9
En la práctica, existieron innumerables irregularidades que explican, entre otras cosas, por qué si bien los planes eran temporarios, la mayoría de los piqueteros entrevistados en el 2007, por ejemplo, declaraban ser beneficiarios desde el 2002 (‘tener un puesto de trabajo’, ‘cobrar un plan’, ‘estar en el plan’, entre otras expresiones referidas al hecho de ser beneficiarios de un plan estatal). 10
Trabajo precario, intermitente y en negro, que dura por lo general días o semanas, y que no goza de ninguna garantía ni seguridad social. 11
Cf. nuestro análisis de los conflictos en Jujuy y de otros casos de organizaciones piqueteras (2002a, 2002b, y 2010). 12
Si bien tomamos aquí el caso del liderazgo de Carlos ‘Perro’ Santillán para ilustrar nuestro análisis, los ejemplos podrían multiplicarse. Para un análisis detallado de otros casos, precisamente el de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, ver mi artículo en la revista Problèmes de l’Amérique Latine, 2011. 13
Ver mi análisis de estos conflictos en Rodríguez Blanco, 2002a.
14
Entrevista a Carlos Santillán, 1 de agosto de 2001.
15
Entrevistas a Carlos Santillán, en El ‘Perro’ Santillán. Diálogos con Jesús Olmedo, Buenos Aires, Ediciones populares, 1998. 16
Entrevista a Carlos Santillán, julio de 2003.
17
Ídem ant.
18
En el sentido en que Eric Neveu habla de ‘carrières beaucoup plus ordinaires’, carreras ancladas en experiencias comunes u ordinarias, en tanto son menos excepcionales (Neveu, 1996). 19
Dicha marginalidad no solo es respecto del espacio público, sino también geográfico (la dimensión territorial de la protesta es evidencia de ello). Estas organizaciones piqueteras que han logrado aparecer en el espacio público durante cierto tiempo han producido también una reacción de estigmatización y desprecio por parte de ciertos sectores de la sociedad. Lo que ha suscitado dicho rechazo –hay que aclararlo– fue la forma en que esta demanda se manifestmanifestaron sus demandas: a través, principalmente, de cortes de ruta y de la circulación. Axel Honneth, por ejemplo, señala que el desprecio sistemático de ciertos derechos a las personas significa también una desigualdad en el reconocimiento del grado de responsabilidad moral, lo cual se halla en el origen de ciertas demandas de reconocimiento, p. 164. Un apartado de la tesis analiza especialmente la mirada de la prensa y de otros actores sobre la acción de dichas organizaciones, así como el conflicto entre el derecho a protestar y el derecho a la libre circulación.
39
Desaparición forzada en Colombia: desigualdad política y jurídica María Fernanda Carrillo Sánchez Luisa Fernanda Díaz Mansilla
“[…]restaurador de color en los muros Él que sacaba del polvo lo bello y lo guardado Como se saca de la muerte la vida del futuro […]”. (OROZCO, 1985. P OEMA A MIGUEL ÁNGEL DÍAZ)
Introducción Este estudio desarrolla un análisis para el caso colombiano a partir de los aportes del enfoque de justicia social. Dicho enfoque problematiza la relación entre justicia y desigualdad y, por lo tanto, aborda el problema de la legitimidad del sistema distributivo (Castillo, 2008: 4). El eje por analizar será la desaparición forzada, comprendida como una estrategia de control de Estado utilizada en contra de los proyectos políticos que llevan a debate la distribución de los recursos y las relaciones de poder, y, por lo tanto, como estrategia sistemática para mantener y legitimar un orden desigual en Colombia. Desde esta perspectiva, la memoria constituye un mecanismo esencial para la legitimación de las desigualdades producidas por las configuraciones de las relaciones de poder del pasadopresente (Jelin, 2005). Así, el Estado como detentor del monopolio del uso de la violencia tiene un papel fundamental, materializado en la memoria hegemónica, mediante la cual determina aquellas regulaciones normativas que se constituyen en formas legítimas de producción y reproducción del sistema distributivo (material y simbólico) que lo sostiene.
Profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Integrante del Movimiento hijas e hijos, por la memoria y contra la impunidad en Colombia.
[email protected].
Maestra en Derechos Humanos y Democracia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOMéxico. Integrante del Movimiento hijas e hijos, por la memoria y contra la impunidad en Colombia.
[email protected]. El siguiente artículo hace parte de la tesina “Desaparición forzada en Colombia: Medios de comunicación y memoria”, trabajada bajo el enfoque de desigualdad política y jurídica.
En este marco, la obediencia de las personas a las normas distributivas está 40
delimitada no solo por un control desigual de la producción cultural que genera consenso, sino también por la capacidad de controlar la producción económica y de destruir físicamente al otro. En países que han tenido dictaduras o regímenes autoritarios, el Estado hace uso de sus estructuras de poder, como la política formal, las leyes, las medidas económicas y los medios masivos de comunicación para construir la memoria hegemónica que silencia los crímenes de Estado. En el caso de Colombia, la memoria hegemónica legitima las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, plantea estos crímenes como supuestamente necesarios y justifica la política militarista y la persecución a las ideologías de oposición. Por lo tanto, las demandas de justicia desde las víctimas20 y la sociedad por los crímenes de Estado, como la desaparición forzada, enfrentan múltiples formas de desigualdades. Por un lado, se sitúan en una paradoja de doble desigualdad al ser el mismo agresor quien tiene el poder de reconocer formalmente los derechos violados y de impartir justicia, así como de controlar los espacios de participación de los proyectos políticos que persigue. Por otro lado, se enfrentan de manera desigual ante la memoria hegemónica que niega y/o silencia su historia e identidad, reproduciendo valores culturales y estructuras formales que legitiman los crímenes de los cuales han sido víctimas y las consecuencias sociales de la represión.
La desaparición forzada en Colombia: crimen de lesa humanidad Comprendemos la desaparición forzada como un hecho vinculado a la violencia política. Este tipo de violencia se refiere a “aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial […]” (CINEP, 2008: 6). Así, la violencia puede ser ejercida por varios actores y distintas motivaciones. La que nos ocupa en este trabajo es la violencia ejercida por el Estado como violación a los derechos humanos que tiene como fin la persecución política. En este sentido, la desaparición forzada es un acto de poder del Estado, utilizado no como fin en sí mismo, sino como medio para imponer un modelo de sociedad. Esta se expresa en un conjunto de actos deliberados y violentos para controlar o castigar actividades políticas y sociales de oposición, silenciando a aquellos actores que cuestionan ciertos tipos de desigualdades estructurales que reportan beneficios a determinados grupos: organizaciones políticas, empresariales regionales, nacionales y multinacionales. En ese marco, la desaparición en Colombia se usa como mecanismo de control social en quienes se oponen al actual modelo autoritario y excluyente. En este país no ha sido una práctica cometida solo durante un régimen determinado, sino una política de Estado vigente que de manera sistemática atraviesa todos los gobiernos elegidos ‘democráticamente’ a partir de los años setenta, cambiando los mecanismos de 41
‘implementación’ y guerra sucia con el fin de suprimir la responsabilidad estatal. En la actualidad se calcula la existencia de entre trece mil novecientas setenta y una personas desaparecidas forzadamente21 (Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2010) y cincuenta mil casos22 denunciados desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (CODHES, 2009); la situación de impunidad es casi total. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos fundamentales; es de carácter continuo –mientras no aparezca la persona o sus restos– y pluriofensivo, pues lesiona diversos derechos, como la libertad personal, la integridad, la personalidad jurídica, y pone en peligro la vida. Para determinar la existencia del delito, según el marco jurídico internacional, es necesario que exista la privación de la libertad, la participación directa y/o indirecta del Estado y el ocultamiento de la víctima, además de la falta de información sobre su paradero. Asimismo, la desaparición forzada conlleva múltiples consecuencias que fomentan su uso: borra las evidencias del terrorismo de Estado, favorece la impunidad, elimina proyectos políticos críticos al orden desigual, lanza un mensaje ejemplificador con el fin de inmovilizar procesos sociales, a la vez que siembra terror en la familia y en quienes forman parte de los espacios sociales y políticos de los/las desaparecidos(as). Cuando la desaparición forzada se comete de manera generalizada y/o sistemática se define el delito como crimen de lesa humanidad de carácter internacional23 . En el caso de Colombia, caracterizar la lógica represiva de la desaparición forzada permite evidenciar que es un crimen sistemático orientado a mantener y reproducir estructuras de poder políticas y económicas. Es importante anotar que además de esta violencia directa, el Estado somete a las víctimas a otras formas de violencia mediante diversos mecanismos de impunidad, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, menoscabando sus derechos políticos y sociales.
Desaparición y desigualdad política en Colombia (1977-2010) La revisión histórica sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia se ubica dentro de un contexto de consolidación del Estado nacional24 a partir de la segunda mitad del siglo XX. Durante este período, una fuerte tendencia a la homogenización empieza a sentar la idea de la diferencia política como un acto incompatible con el orden (Colombia Nunca Más, 2000) y, por tanto, la necesidad de excluir las expresiones disidentes de los espacios políticos mediante el uso de la violencia25 . Este proceso histórico de construcción de Estado nación, basado en un dispar acceso al uso de la fuerza, trae como consecuencia la desigualdad en el ámbito político (Pereyra, 1986). La desigualdad política no se restringe a la posición de actores en la disputa por el control de las instituciones, sino que abarca la participación e influencia de estos en la construcción del presente y en la configuración de los sentidos del pasado. En Colombia, el Estado ha utilizando la violencia física, psicológica, estructural y simbólica como estrategia sistemática de reproducción de esta desigualdad política. Los 42
distintos modelos de represión, en general, tienen fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional instaurada en Colombia desde la segunda mitad de la década de los sesenta, sustentada en el anticomunismo de la Guerra Fría y promovida por Estados Unidos en América Latina. Esta doctrina se implementó en el continente con dos variantes: la militarización del Estado y la sustitución del enemigo externo por la idea totalizadora del enemigo interno como aquel que coloca en debate las formas de distribución y legitimación del orden desigual, especialmente los grupos guerrilleros y militantes comunistas. De esta manera, los conflictos sociales son interpretados como problemas de orden público, y las expresiones civiles y no violentas en reclamos de los derechos, como manifestaciones subversivas (Leal, 2003). A partir de esta idea, el Estado colombiano desarrolla su Doctrina Contrainsurgente26 creando la base legal (Decreto 3398 de 1965) para la conformación de grupos de ‘defensa nacional’ a los que dota de armas y entrenamiento para que actúen especialmente en zonas de conflicto en contra de la insurgencia, el comunismo y los ‘auxiliadores de la guerrilla’. En ese marco, la doctrina se traduce en el discurso que justifica la represión contra el ‘enemigo interno’ señalando una ideología antagónica para fortalecer la propia (Zizek, 2003), negando la participación de estos actores en los espacios políticos. Sobre el ‘otro’ casi omnipresente se destinan medidas de control como la desaparición forzada, de la cual se tiene en Colombia el primer registro formal en 197727 (existen indicios de casos ocurridos desde 1948). En esta segunda mitad de la década de los años setenta, la estrategia de guerra sucia se sustentó en el Estado de sitio, la justicia penal militar y el inicio del paramilitarismo, lo que caracterizó el modelo represivo como centralizado e institucional (Colombia Nunca Más, 2000). Esta estrategia llevó a la generalización de las violaciones a los derechos humanos, particularmente detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada, algunas de estas adjudicadas a ‘La Triple A’ (Acción Anticomunista Americana), grupo paramilitar conformado por el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. En esta década, los mandos militares ya tenían una fuerte influencia y poder institucional, representaban un factor determinante de la política de Estado, tenían atribuciones judiciales y un amplio radio de acción en todo el país, facilitado por la posibilidad de nombrar alcaldes y gobernadores militares. La cúpula del Ejército tenía capacidad para realizar exigencias constantes a los gobiernos, en ese momento orientadas a establecer medidas adicionales para ‘facilitar’ y fortalecer la lucha antisubversiva y la creciente movilización social. Dichas exigencias del Ejército fueron atendidas por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982), quien bajo el Estado de sitio vigente instauró el Estatuto de Seguridad Nacional (Decreto 193 de 1978). A través de este se crearon nuevos delitos, se elevaron las penas y se dio potestad a los jueces militares para investigar delitos cometidos por miembros del Estado en ‘actos de servicio’ o en ‘ejercicio de sus 43
funciones’, medida que facilitó el ejercicio de la violencia y la impunidad. Aún así, el modelo de represión centralizada empezó a evidenciar su fracaso, pues no logró extinguir los movimientos guerrilleros28 ni frenar las movilizaciones sociales. De la misma manera, empezaba ya a escandalizar a la opinión pública con el elevado número de torturas, asesinatos y desapariciones. En ese contexto, se levantó el Estado de sitio en 1982 y se sentaron las bases para la implantación de un nuevo modelo de represión, centrado en la legalización y fortalecimiento de los grupos paramilitares como estrategia para la eliminación de los ‘enemigos’ sin mayores costos políticos. Estas medidas pretendían generar un clima de normalidad; sin embargo, durante esta década se observa un crecimiento acelerado del narcotráfico, la institucionalización de la desaparición forzada, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y el progresivo traspaso de ‘tareas’ de control social a estos grupos (1982 - 1990). Esto explica el bajo número de denuncias por violaciones a los derechos humanos contra miembros del Estado durante la década de los noventa y el aumento de las mismas en contra de los grupos paramilitares. Paradójicamente, en esta época el presidente Belisario Betancur (1982 - 1986) inició la instalación de su gobierno abriendo un espacio para la tregua y los ‘diálogos de paz’ con la insurgencia. Como resultado de la firma de los Acuerdos de La Uribe (Departamento del Meta, 1984) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgió un año después el partido político Unión Patriótica, una propuesta que pretendía habilitar espacios de participación política en donde los integrantes del grupo insurgente pudieran integrarse. Esta propuesta de izquierda logró apoyo de diversos grupos, como el Partido Comunista, sectores del Partido Liberal y del Partido Conservador, los movimientos estudiantil, campesino y sindical, y desmovilizados de las FARC. GRÁFICO N° 1 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Según autor en la zona V: departamentos de Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur del César. En total, 155 municipios, 14,7 por ciento del total. CINEP.
44
La Unión Patriótica (UP), como actor crítico de la distribución desigual de los recursos, logró apoyo popular, legitimando así su lugar dentro del sistema político. Ante esta situación, el Estado respondió mediante la eliminación de sus miembros con planes de exterminio como el ‘Plan Baile Rojo’ (1986), ‘Plan Esmeralda’ (1988), ‘Plan Golpe de Gracia’ (1992) y ‘Plan Retorno’ (1993). La mayoría de los crímenes cometidos contra sus miembros (principalmente Partido Comunista) se registraron entre los años 1984 y 198629 , período en el cual obtuvieron excelentes resultados electorales y durante los cuales su trabajo fue altamente estigmatizado por los medios masivos de comunicación, justificando la violencia que recaía sobre ellos. Así, se calcula que en 1983, en medio del proceso de paz, se cometieron 1.325 detenciones, más de 100 desapariciones y 600 asesinatos de carácter político; el 70 por ciento de estos delitos cometidos por grupos paramilitares en alianza con el Estado (Colombia Nunca Más, 2000). Se gestó en todo el territorio una nueva alianza entre políticos regionales, narcotráfico y Fuerzas Armadas que hicieron uso del modelo organizativo de los grupos paramilitares como Muerte A Secuestradores (MAS). En ese marco, el Estado se refirió a la práctica de la desaparición forzada selectiva como ‘casos aislados’: situaciones que se relacionaban con el tráfico de drogas, el ajuste de cuentas de la guerrilla o la supuesta vinculación de las víctimas a movimientos guerrilleros30 . En términos simbólicos, se asoció la figura de la víctima a valores socialmente negativos, sustentando el estigma de peligrosidad del desaparecido(a), sus familiares y su proceso político. Durante la segunda mitad de la década, tres importantes hechos influyeron en el recrudecimiento de la violencia de Estado: la toma del Palacio de justicia por el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1985, que finaliza con una intervención del Ejército que dejó cientos de muertos y 12 desaparecidos; el fracaso de la tregua con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el mismo año31 , y el triunfo de la UP en las elecciones de 1986, luego del rompimiento de los acuerdos de paz debido a la cruenta 45
persecución de sus militantes en 1987. Así, se configuró un punto de inflexión en la historia colombiana reciente que trajo como consecuencia un mayor número de asesinatos, desapariciones forzadas y la generalización de ‘listas negras’ de amenazados de muerte en contra de sectores de la oposición. Esto también ocurrió contra los/las defensores(as) de derechos humanos que empezaron a ser ‘blanco’ de los grupos paramilitares. En 1989, la práctica de la desaparición forzada se generalizó en las zonas de conflicto. A partir de la década de los noventa, los paramilitares actuaron de manera directa y en acciones conjuntas con las Fuerzas Militares en la lógica de ‘quitarle el agua al pez’32 , instaurando el terror mediante desapariciones colectivas sistemáticas y posterior masacre de sus víctimas, principalmente campesinos. Durante esta década, como en buena parte de Latinoamérica, se vivió en Colombia la aplicación de medidas liberalización económica marcadas por la agenda del Consenso de Washington. Dentro de estas medidas se incrementaron el desempleo y la inflación y la inversión en la industria bélica. Tras el asesinato de cuatro candidatos presidenciales33 , toma posesión como jefe de gobierno César Gaviria Trujillo (1990 - 1994). Este período se caracterizó por la criminalización de la protesta, por los conflictos situados en la disputa por el control territorial-político y por las luchas sociales que se articularon en torno a la defensa de la tierra, las demandas por mejoras laborales. Como consecuencia de la profundización de las reformas económicas de liberalización, en este período se constituyó el mayor aumento de la desigualdad de ingresos, con un aumento del Coeficiente de Gini de 18 por ciento, alcanzando un 0,58 en 1994 (Aleán Pico, 2005: 10). Por su parte, el Estado reorientó la doctrina de seguridad hacia una ‘Estrategia Nacional Contra la Violencia’ (1994) que significó una serie de medidas que llevaron a la legalización del paramilitarismo: las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como ‘Convivir’, promovidas en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia (1995 -1997). El accionar paramilitar se realizó, desde entonces, en zonas y perímetros altamente militarizados y bajo total control de las fuerzas militares. A comienzos de esta década, aunque no se abandonó el uso de la desaparición forzada como mecanismo para eliminar de modo selectivo al opositor político, la práctica se utilizó de manera indiscriminada para tener control y dominio del territorio. En ese marco, se dirigió hacia las organizaciones sociales y campesinas que se oponían al despojo de tierras para la instauración de proyectos económicos de gran envergadura, frutos de la política de liberalización económica impulsada hacía una década. Así, entre otros casos, se registraron masacres, precedidas por actos de desaparición forzada y tortura, relacionadas con la disputa de tierras y la lucha ‘contrainsurgente’, tales como Pueblo Bello34 (Antioquia), Trujillo35 (Valle del Cauca) y El Salado (Bolívar)36 . Estas masacres generaron desplazamientos masivos37 y la consolidación del territorio paramilitar, que originó condiciones para la implantación de un nuevo modelo económico y sociopolítico en las zonas afectadas, el que se consolidó a través del repoblamiento, la repartición de tierras y la creación de organizaciones sociales funcionales (Suhner, 2002: 46
87). En 1995, el presidente Ernesto Samper (1994 - 1998) declaró Estado de excepción38 e incluyó en esta declaración la figura legal de ‘zonas de orden público’: territorios en donde las autoridades podían realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial. Este hecho, aunado al accionar ‘legal’ de las ‘CONVIVIR’, trajo como consecuencia un mayor uso de la práctica delictiva. Así, es posible observar que de 1995 a 1996 las desapariciones forzadas aumentaron en un 152 por ciento (ASFADDES, 2003: 87). Durante este Estado de excepción, los grupos paramilitares empezaron una campaña para ganar reconocimiento como organizaciones con fines políticos orientados a: “el anticomunismo y la erradicación de la guerrilla en defensa de la iniciativa privada y la libre empresa” (Colombia Nunca Más, 2000). Dos años después, en 1997, los jefes de los grupos paramilitares más importantes crean las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una estructura nacional que facilitó la coordinación de sus actividades a partir del uso de acciones violentas a gran escala y de alianzas políticas para dominar territorios. Con el gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) se inicia un nuevo proceso de diálogo con las FARC mediante la instalación de la Mesa de Negociación en el Caguán; sin embargo, las desapariciones forzadas no cesaron y la consigna instaurada desde 1997 de “desaparecer gente sin dejar rastro, retorcerla y echarla a los ríos o sepultarlas en fosas comunes, se cumplía a raja tabla” (García, 2009: 79). Cobijado por el discurso de los diálogos de paz y la necesidad de resolver problemas sociales para lograrla, Pastrana impulsa el Plan Colombia, enfocado en la erradicación del narcotráfico y el fortalecimiento de las fuerzas militares para la lucha contrainsurgente. Sin conseguir sus objetivos, el plan generó importantes olas de desplazamiento forzado de personas. A pesar de ello, con cuatro mil setecientos millones de dólares de inversión norteamericana y más de tres mil millones de dólares aportados por el Estado colombiano, el Plan Colombia se consolidó como la principal herramienta de la ‘Política de Seguridad Democrática’ del siguiente gobierno. Adicionalmente, los grupos paramilitares reforzaron su campaña de control político y territorial, sellando pactos con políticos que una vez en el poder se comprometían a facilitar sus labores y a destinar un porcentaje del presupuesto nacional para estos grupos39 . Así se cerró el pacto del ‘Chivolo’40 , un antecedente a las posteriores alianzas llamadas ‘Pacto de Pivijai’ (2001) y ‘Pacto secreto de Ralito’ (2001), los cuales dejaron importantes sumas de dinero41 a las AUC. De manera paralela, instalaron un poder político-paramilitar que controlaba la economía y la sociedad; prepararon el escenario para la aprobación de leyes como la de Justicia y Paz o ‘ley de impunidad’, y cerraron los espacios de participación política a los partidos de oposición a través de la corrupción y la violencia. Finalmente, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se justificó la confrontación militar como la alternativa para ‘destruir a los guerrilleros narcoterroristas’, cerrando las vías de diálogo mediante la traducción del Estatuto de Ley Antiterrorista Estadounidense como ‘Política de Seguridad Democrática’. Esta política impulsó nuevas formas para involucrar a la sociedad civil en el conflicto armado, tales 47
como el establecimiento de una red de informantes para apoyar a la Fuerza Pública; la vinculación de los transportadores y taxistas a la seguridad de las calles y carreteras, y el establecimiento del ‘día de la recompensa’ que paga a los ciudadanos que ayuden a evitar un ‘accidente terrorista’. Como consecuencia, se militarizó la vida cotidiana y se formalizó la impunidad mediante la ‘desmovilización’ de los grupos paramilitares42 con la firma del ‘Acuerdo Santa Fe de Ralito para contribuir a la Paz’ en Tierralta, Córdoba, en 200343 . Este pacto “constituye un punto de partida y un camino para acceder al poder nacional y, desde allí, propender a la defensa de la ‘integridad nacional’, la ‘propiedad’ y un ‘orden justo’” (Torres, 2007: 2). Sin embargo, dicho proceso negó el origen del paramilitarismo y la responsabilidad del Estado en su génesis, pues una ‘negociación’ supone la existencia de un opositor con intereses diferenciables, característica que no se aplica al caso, pues los grupos paramilitares y el Estado en Colombia persiguen a un mismo ‘enemigo’, sobre el que actúan conjuntamente para eliminarlo, y un proyecto político económico y social que reproduce su poder y la desigualdad. Desde esa perspectiva, esta ‘desmovilización’ redujo el paramilitarismo al plano militar-armado y desconoció que contaba con una estructura de poder político y económico soportada por el Estado y que se mantiene actualmente. Por lo tanto, no se ha garantizado la desarticulación de los grupos paramilitares en connivencia con el Estado44 . Uribe Vélez, al impulsar este diálogo, afirmó que “el proceso de desmovilización debe buscar tanta justicia como sea posible, y tanta impunidad como sea necesaria” (Gómez, 2008). A partir de esta idea se desarrolló la Ley de Justicia y Paz45 como paraguas bajo el cual se escondió una normatividad46 que representaba ‘una amnistía de facto’ (Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH, 2007). De esta manera, menos del 10 por ciento de los desmovilizados fueron incluidos en la Ley de Justicia y Paz debido a su participación en crímenes de lesa humanidad47 . Además, la Ley de Justicia y Paz se estableció solo para quienes pertenecían a grupos armados ‘al margen de la ley’. De esta manera, no se garantizó el derecho de las víctimas y de la sociedad a saber quiénes fueron los responsables de los crímenes, los motivos, hechos y circunstancias relacionados con la comisión de los mismos, ya que solo se buscó la responsabilidad individual, excluyendo la vinculación de otros actores, como los miembros del Estado. Hasta febrero de 2010 se registraron en las confesiones de Justicia y Paz 24.484 casos de desaparición forzada que continúan en la impunidad. El proceso penal se articula en torno a la versión libre de las personas ‘desmovilizadas’, sin contar con medidas que exijan la confesión plena para la obtención de los beneficios penales, ni la confesión de hechos distintos a los ya conocidos por la Fiscalía y las víctimas; a pesar de ello, se conceden ‘penas alternativas’48 . Asimismo, las ‘versiones libres’ legitiman exclusivamente, desde el testimonio del victimario, la visión de los hechos y la valoración del(a) desaparecido(a), menoscabando el derecho de las víctimas a participar de este escenario de lucha por la memoria, en donde se permita la inclusión, aceptación y dignificación de los(as) desaparecidos(as) y sus luchas y donde su 48
testimonio sea parte del proceso de esclarecimiento de la verdad. Paralelamente, el Estado instaura el terror criminalizando y judicializando la protesta social y el pensamiento crítico49 , y haciendo desaparecer y ejecutando extrajudicialmente a civiles50 . Esta última estrategia es conocida como ‘falsos positivos’: desaparición, tortura y posterior ejecución extrajudicial, usada para presentar falsamente a las víctimas como supuestos ‘guerrilleros/terroristas’ caídos en combate, fortaleciendo la política de la seguridad y consolidando poder político. De igual manera, el Estado utiliza labores de inteligencia y contrainteligencia realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)51 , traspasando los marcos del respeto a los derechos humanos como medio para atacar política y psicológicamente –mediante interceptación ilegal de teléfonos y correos– a quienes ‘amenazan la seguridad del Estado y del Presidente’: sindicalistas, periodistas, magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y políticos de oposición. Estas acciones están orientadas a castigar la pluralidad política, el ejercicio democrático de la libertad de opinión y de las reivindicaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Desigualdad jurídica de las víctimas, impunidad de la desaparición Como se observa, la comisión del delito de la desaparición forzada de manera continuada ha sido posible gracias a la puesta en acción de los agentes e instituciones de los distintos poderes del Estado al servicio de la guerra. De esta manera, el sistema penal y las prácticas judiciales respaldadas por la ley se han presentado como mecanismos de impunidad, entendiendo esta no solo como la falta de procesamiento penal de las denuncias, sino como una estrategia sistemática de Estado para ocultar responsabilidades políticas y generar consenso en torno a un proyecto económico y social inequitativo. Los marcos jurídicos en Colombia han sido un escenario útil para reproducir las relaciones de poder: la ley se desarrolla y aplica de manera diferenciada de acuerdo a quien sea el responsable del delito y a quien sea la víctima. Se dispone de la ley para perdonar el delito cometido por los paramilitares y los agentes estatales, la Fiscalía cierra investigaciones sobre vínculos del gobierno con los paramilitares a conveniencia, estigmatiza52 a las víctimas de la desaparición forzada como una forma de legitimar el ejercicio de la violencia, estableciendo un férreo control sobre la memoria hegemónica de los hechos violatorios cometidos en el pasado-presente. Para concluir este análisis, presentamos a continuación la revisión de dicho marco jurídico, mostrando primero el proceso de prohibición de un delito que era formalmente inexistente, así como el escenario actual de legitimación de la desigualdad jurídica y política de las víctimas de desaparición forzada respecto a las víctimas del secuestro. El primer proyecto de ley es presentado en 1988, pero es hasta 1991, con la reforma constitucional, que se logra incluir la prohibición de la desaparición forzada de personas53 . No obstante, la ausencia de la definición del delito y de sus elementos característicos 49
convirtieron lo que pretendía ser un mecanismo de protección en una declaración de principios. Posteriormente se presentan otros cinco proyectos legislativos y se generan múltiples debates durante casi doce años. Dentro de estos debates, las demandas de protección fueron deslegitimadas comunicacionalmente en varias ocasiones por parte de altos representantes del Estado, igualando su contenido a concesiones a ‘terroristas’ o a peligros para los principios constitucionales que garantizaban el fuero militar y la obediencia debida. Finalmente, el 6 de julio del 2000 se tipificó la desaparición forzada en Colombia (Ley 589)54 y se ordenó la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el registro nacional de desaparecidos55 , el registro de personas capturadas y el mecanismo de búsqueda urgente56 (Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2009). Estas disposiciones fueron reglamentadas hasta el año 2005. Paradójicamente, entre el 2000 y el 2002, período en el que la ley entró en vigor, se reportaron 3.666 desapariciones (ASFADDES, 2003), lo que pone en tela de juicio su eficacia y, sobre todo, la voluntad real del Estado de abandonar esta práctica represiva. La definición57 estableció como sujeto activo del delito a servidores públicos o personas que actúen bajo su aquiescencia, así como a particulares, extendiendo de esta manera los posibles responsables individuales. Esto generó un gran debate, no por la ampliación en sí de la definición del sujeto activo, sino por la intención de deslindar la responsabilidad del Estado en el uso de esta práctica de manera sistemática, sustentando que la desaparición forzada es cometida por ‘diversos actores’, lo que desfigura la memoria histórica de estos crímenes. Por otra parte, las medidas específicas para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada no han sido adoptadas por la legislación, sino extendidas a partir de los beneficios concedidos a los familiares de las personas secuestradas, en aplicación del derecho a la igualdad, base sobre la cual se sustenta el derecho a la no discriminación. Veamos algunos ejemplos. Respecto a los derechos de salvaguarda económica, en la Ley 589/2000 se estableció el derecho de los familiares de las víctimas secuestradas y desaparecidas a seguir percibiendo el salario de su familiar. Los primeros podrían hacerlo ‘hasta que se produzca la libertad’; los segundos, solo por dos años, pues la Ley consideraba que el límite lo define el tiempo estipulado para el ejercicio del derecho de la víctima a realizar la declaración de muerte presunta. La decisión voluntaria de hacer uso de este mecanismo en la práctica se convierte en una obligación para el acceso a otros derechos, sin tener en cuenta las implicaciones políticas, éticas y psicológicas que esto representa para las familias. Esta distinción pone en desventaja a un grupo frente a la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y la situación de vulnerabilidad al que fue abocado por el propio Estado. Hasta el 2003, la Corte Constitucional consideró que las distinciones arbitrarias entre la desaparición forzada y el secuestro privilegiaban, dando mayor protección, a los derechos de la familia del trabajador secuestrado, y ratificó el derecho de pago de salarios ‘hasta tanto se produzca la libertad del secuestrado o desaparecido’. (Corte 50
Constitucional, 2003). Respecto al derecho a pensión, salud, educación y asuntos tributarios, la Ley 986/2005 contempla un sistema de protección para la víctima del secuestro, para su familia y para las personas que dependan económicamente del secuestrado (Art. 2). Aquí, la legislación obvió incluir a las víctimas de la desaparición forzada, ignorando que estas también se ven afectadas por la violación del derecho a la libertad personal –entre otros– trayendo como consecuencia el deterioro respecto al goce de los derechos económicos, civiles y políticos de las familias exigibles al Estado. No hay motivo de discriminación razonable que determine una diferenciación en relación con la obligación de protección del Estado a las víctimas de desaparición forzada; más aún, debido a que estas han sido históricamente excluidas, se demanda del Estado la obligación de generar medidas favorables que permitan el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad. Como último ejemplo, incluimos la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 418/1997 mediante la cual se brinda ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia en Colombia58 , pues esta ley excluyó como beneficiarios a las personas desaparecidas y sus familiares. Los demandantes han solicitado su inclusión en razón del principio de igualdad, y llaman la atención de manera particular sobre la necesidad de hacerlo taxativamente59 . Así, esta invisibilización jurídica ha traído como consecuencia –entre otras– una tendencia a identificar únicamente el secuestro como el delito que viola la libertad, lo que ocasiona que la autoridad –al no reconocer la desaparición forzada– exija de las víctimas la declaración de muerte presunta para otorgarles los derechos como familiares de ‘víctimas de homicidio’. Esto somete a los familiares a una carga desmedida, puesto que en la mayoría de casos su exigencia y lucha es por la devolución con vida de los(as) desaparecidos(as) (Acción Pública de Inconstitucionalidad, 2010). Asimismo, esta Ley solo protege a personas que se hayan visto afectadas por ‘actores al margen de la ley’, excluyendo a las víctimas del accionar del Estado y transfiriendo nuevamente su responsabilidad a terceros. Por lo tanto, para las víctimas y sus organizaciones, esta persecución ideológica ha significado el sometimiento de la acción violenta directa por el hecho de la desaparición forzada y de otras formas de violencias menos visibles: la ejercida por las instituciones que deslegitiman la necesidad de reconocer los derechos violados y la producción de significados desde las autoridades en espacios públicos, violencias que refuerzan y legitiman la violencia directa y por ende la desigualdad jurídica.
Conclusiones Por un lado, los opositores políticos perseguidos por el Estado elevan discursos críticos a la desigualdad social producto de la acumulación, que se manifiesta en la distribución injusta de los recursos y su explotación. Estas propuestas apuntan a una crítica abierta al sistema económico capitalista y surgen desde ideologías políticas de izquierda. Así, la 51
acción represiva del Estado contra dichos discursos y actores de oposición busca acallar la crítica frente a la distribución desigual de los recursos, impacta sobre el imaginario social sosteniendo que tales acciones violentas son ‘necesarias’ y ‘justas’, y por lo tanto, mantiene la desigualdad económica que sustenta su poder y profundiza la desigualdad política al eliminar físicamente al otro. Por otro lado, según los principios de justicia transicional –de los cuales el Estado colombiano hace alarde–, la construcción y el fortalecimiento de la democracia en espacios de conflicto es posible a partir de la superación y no repetición de hechos atroces. En este sentido, se entiende que el esfuerzo debe inspirarse en la voluntad política de redefinir las relaciones desiguales de poder instauradas para excluir y/o eliminar físicamente al opositor, generando desigualdad política y por ende desigualdad jurídica. Como hemos visto, esta no ha sido la intención del Estado. Una muestra es el proceso de ‘desmovilización’ de las AUC. Por lo tanto, nos enfrentamos a un régimen político autoritario en Colombia, que se reproduce mediante la democracia electoral al usar estrategias ilegales de control y prácticas de guerra. Actualmente, se visualiza una reacomodación de poderes políticos y económicos en el gobierno, la reinstitucionalización del paramilitarismo y la militarización bajo el apoyo estadounidense. Paralelamente, se legitiman las desigualdades mediante el uso de los medios masivos de comunicación, las doctrinas militares y los marcos jurídicos (que pasan por perdonar y olvidar crímenes atroces). Esto claramente significa la impunidad frente a los casi cincuenta mil casos de desaparición forzada en Colombia. Finalmente, la desigualdad política –sustentada en la memoria hegemónica– legitima la desigualdad jurídica como mecanismo de impunidad; por lo tanto, la construcción de otras memorias disidentes desde los movimientos sociales y el estudio de la historia del conflicto son herramientas imprescindibles para comprender y proponer salidas frente a la injusticia social y la guerra que vive Colombia.
Bibliografía Aleán Pico, A. (2005) Desigualdad y tendencia al estancamiento en Colombia. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Antillón, X. (2008). La desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac de Álvarez. Informe de afectación psicosocial. México: Comisión Mexicana de Defensa y Pro moción de los Derechos Humanos (CMDPDH). ASFADDES. (2003). Con todo el derecho. Veinte años de historia y lucha. Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos Colombia. Bogotá: Taller Gráfico Rodríguez Quito Editores. Castillo, J. C. (2008). ¿Cuál es la brecha salarial justa? Opinión pública y legitimación de la desigualdad económica en Chile. Chile: CEP Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (2008). Marco conceptual: banco de datos de derechos humanos y violencia política. Bogotá, Colombia. 52
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. (2009). Nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. Bogotá: Prensa Codhes. Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos REINICIAR. (2005). Genocidio Político de la Unión Patriótica. Exterminio de una esperanza. Seis mil víctimas de la Unión Patriótica en 20 años. Colombia: Crímenes de lesa humanidad, f N° 1. De Sousa Santos, B. (2005). Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Argentina: CLACSO. Díaz Mansilla, L. F. (2010). Desaparición forzada en Colombia: medios de comunicación y memoria. Tesina elaborada para acreditar la maestría en derechos humanos y democracia (2008-2010). México: FLACSO. Dutrénit, S. y Verela, G. (2010). Tramitando el pasado. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos de Latinoamérica. México: FLACSO / CLACSO. García, A. (2009). Colombia y sus guerras. En A. García (Ed.), Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias traumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional. Madrid: Catarata. Gómez, D., Chaparro, D., Antequera, J. y Pedraza, O. (2007). Para no olvidar: hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, N° 004. Bogotá: Universidad de los Andes. Jelín, E.. (2005). Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de Seguridad Nacional: la materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales. Bogotá: Universidad de los Andes. López, C. (2009). Descripción del delito de la desaparición forzada en Colombia y derecho aplicable. En K. Ambos (Coord.), Desaparición forzada de personas, análisis comparado e internacional. Bogotá: Editorial Temis. Pereyra, C. (1986) La desigualdad política. En R. Cordera y C. Tello (Coords.), La Desigualdad en México. México: Siglo XXI Editores. Pizarro Leongómez, E. (1996) Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada. Bogotá: Tercer Mundo. Suhner, S. (2002) Resistiendo al olvido. Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia. Bogotá: Taurus. Torres Bustamante, M. C. (2007) El contrato social de Ralito. Revista Cien días vistos por el CINEP. N° 60. Bogotá: Centro de Estudios de Investigación Política CINEP. Žižek, S. (2003) El espectro de la ideología. En S. Žižek (Ed.), Ideología, un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE. Hemerografía y Documentos 53
Acción Pública de Inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, tal como fue modificado por el artículo 6 de la Ley 782 de 2002, y contra el artículo 49 de la Ley 418 de 1997. (2010). Colombia Nunca Más, Crímenes de lesa humanidad. Tomo I. 2000. Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas. Recuperado el 10 de septiembre de 2010 de http://www.comisiondebusqueda.com/mapaDeBusqueda.php. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400/03. Referencia: Expediente D-4326. 2003. Constitución Política de Colombia, 1991. Decreto Noche y Niebla, Alemania. 1941. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). (2007). Colombia: La desmovilización paramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional. Orozco, A. (1985). Poema Vivan los Compañeros. Presentado en el Primer aniversario de la Desaparición de Miguel Ángel Díaz y Faustino López. Acto conmemorativo Museo Nacional. Septiembre 5, Bogotá. Semana. Capturada ex alcaldesa que firmó el Pacto del Chivolo. Bogotá, 3 de febrero de 2010. Recuperado de http://www.semana.com/noticias-justicia/capturadaex-alcaldesafirmo-pacto-chivolo/134500.aspx.
20
Un significado amplio que ha logrado cierto consenso en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos en Colombia es aquel que reconoce a las víctimas como personas civiles, sujetos políticos que de manera activa reclaman sus derechos violados y no solo como sujetos pasivos que sufrieron un daño; se ha hecho uso de este término debido a la necesidad de señalar la responsabilidad del Estado que ha pretendido invisibilizarla. Desde esta perspectiva hacemos uso de este término. 21
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas registra 50.317 personas desaparecidas en general, a octubre de 2010. Sin embargo, al no existir registros claros por persecución política, solo 13.971 se identifican como desaparición forzada. Otro dato es el reportado en las denuncias del proceso de Justicia y Paz que suma 31.841 casos a junio de 2010. 22
El lenguaje utilizado para hacer referencia a situaciones de desaparición forzada de personas en la expresión ‘el/los caso(s)’ no pretende invisibilizar a las víctimas. Por el contrario, entendemos que detrás de cada uno se encuentra involucrada una serie de hechos violatorios de los derechos humanos, así como una historia de vida personal, familiar y política. Cada uno(a) de los/las desaparecidos(as) tiene un nombre, un rostro, un proyecto político. Desde esta perspectiva hacemos uso de esta palabra. 23
En términos legales, se considera que un ataque es generalizado si responde a una línea de conducta en la que se cometen múltiples actos en contra de la población civil, y sistemático si su comisión forma parte de una política de Estado. Estos elementos permiten diferenciar los crímenes de lesa humanidad de las violaciones graves a los derechos humanos; esta diferencia toma relevancia pues es lo que define la imprescriptibilidad del delito, es decir, la prohibición a los estados de adoptar disposiciones que obstaculicen o pongan término a acciones penales orientadas a castigarlos. 24
En este proceso de consolidación y reforma, las estrategias utilizadas por el Estado para el fortalecimiento de su poder fueron la acumulación para estabilizar la producción capitalista y la confianza para controlar las
54
expectativas de los ciudadanos; y la legitimación/hegemonía para garantizar la lealtad en la gestión estatal (Sousa Santos, 2005: 52-53). 25
El asesinato del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 en el contexto de la violencia bipartidista, generó un levantamiento popular en todo el país que se conoce como ‘El bogotazo’. Este hecho sirvió de excusa para deslegitimar los levantamientos sociales y hacer un reordenamiento de las élites señalando al ‘otro’ como enemigo del orden, la autoridad y la democracia. 26
Un análisis detallado de la Doctrina Contrainsurgente puede hacerse en sus Manuales de Contrainsurgencia: Operaciones contra Fuerzas Irregulares (1962), La guerra moderna (1963), Reglamento de combate de contraguerrillas (1969), Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas (1979), Combates contra bandoleros y guerrilleros (1982), Reglamento de combate de contraguerillas (1987). 27
Durante el gran ‘paro cívico nacional’ convocado por las cuatro principales centrales sindicales (CGT, CTC, UTC y CSTC), Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante de izquierda, fue detenida por unidades del F2 (Inteligencia de la Policía) junto a su compañero Mauricio Trujillo. Él fue encarcelado y Omaira desaparecida. 28
Se inicia en los años ochenta una etapa de reactivación: las FARC pasaron de 9 a 18 frentes; el M-19 aumentó en el Frente Sur (Caquetá, Putumayo y Huila); el EPL en Urabá y Nordeste Antioqueño, y el ELN se expandió en el territorio nacional (Pizarro, 1996: 103). 29
Siendo las primeras víctimas Faustino López y Miguel Ángel Díaz, desaparecidos en Puerto Boyacá, en septiembre de 1984 (Corporación Reiniciar, 2005). 30
Se argumentaba falsamente que el/la desaparecido(a) se ‘había ido al monte’; es decir, se había unido a las filas de grupos guerrilleros. 31
La tregua se rompe con el asesinato en Bogotá el 20 de noviembre de 1985 de Oscar William Calvo, representante del EPL en la Comisión de Paz. 32
Reformulando la conocida metáfora de Mao Tse-tung de que el guerrillero con relación a la pobla ción civil es como un pez en el agua (Dutrenit y Varela, 2010: 77). 33
Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica (1987), más tres de los candidatos a la presidencia de 1990: Luis Carlos Galán, del Partido Liberal (1989); Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica (1990), y Carlos Pizarro del M-19 (1990). 34
En 1990, 43 personas desaparecidas, seis de ellas encontradas muertas.
35
En 1984 - 1994. La masacre se llevó a cabo por varios años en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, zonas de presencia de la guerrilla y corredor estratégico para el narcotráfico. Los hechos com prenden una secuencia de violaciones: detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, posteriores torturas y homicidios selectivos. Se calcula que más de 342 personas fueron víctimas. 36
En el 2000, 14 personas desaparecidas y casi 100 asesinadas.
37
Entre 1985 y 1995 se calculan al año entre 50.000 y 100.000 desplazados forzados.
38
De los últimos 44 años, Colombia ha vivido 36 en Estado de excepción.
39
Mediante contratos ‘a empresas específicas o ficticias’ (Semana, 3 de febrero de 2010).
40
El 28 de septiembre del 2000 se celebró en el Chivolo, Magdalena, ‘la gran convención’ del movimiento Provincia unida por una mejor opción de vida. Una iniciativa impulsada por el paramilitar Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ en la que participan 417 políticos por el departamento del Magdalena (13 candidatos para alcaldías y 395 candidatos a corporaciones públicas). 41
Más de 989 millones de pesos fueron recaudados en solo cuatro meses del 2004 por el Bloque Norte de las AUC. Véase: www.semana.com/noticias-on-line/red-anticorrupcion-jorge40/114842.aspx. 42 43
Evitando la presentación de las AUC ante la Corte Penal Internacional y la extradición a EE.UU. Posteriormente se conoció que el ‘verdadero pacto’ había sido firmado previamente en el 2001 por
55
comandantes de las AUC y cerca de 30 políticos de la Costa Atlántica, con el objetivo de ‘refundar la patria’. 44
Muestra de ello, el comunicado público de rearme de paramilitares desmovilizados difundido por el nuevo ‘Comando Central de Águilas Negras’ en el año 2008. 45
Ley 975 aprobada por el Congreso en el 2005.
46
Ley 418 de 1997; Ley 782 de 2002; Decreto 128 de 2003; Decreto 3360 de 2003; Decreto 2767 de 2004 y Ley 1106 de 2006. 47
El 90% de los paramilitares se acogieron a los beneficios de la Ley 182/02 y Decreto 128/03, de manera tal que no rindieron versiones libres y en la práctica quedaron cobijados por el indulto, la suspensión condicional de ejecución de la pena y la preclusión de las investigaciones, entre otros. 48
Formalmente tienen el objetivo de motivar las confesiones para el conocimiento de la verdad a cambio de la disminución de penas (mínimo 5 años y máximo 8), en contravención del principio de proporcionalidad. 49
Alrededor de 7.500 personas han sido privadas de su libertad, acusadas de rebelión y terrorismo. Dentro de ellas, como grupo más numeroso están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos, profesores, estudiantes y políticos de la oposición que son detenidos y acusados falsamente de pertenecer a la guerrilla. 50
Entre 2002 y 2008, alrededor de 15 mil personas pierden la vida fuera de combate, de las cuales aproximadamente 3.796 son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 3.084 producidas a partir de la instalación de la política de seguridad democrática. 51
Algunas de las operaciones ilegales realizadas por esta institución fueron la Operación Amazonas, contra partidos políticos de oposición, y la Operación Transmilenio, para ‘neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG’. 52
La teoría del estigma en la desaparición forzada gira alrededor de que ‘algo habrá hecho’ y es construida por el Estado a través de la categoría ‘amigo-enemigo’ mediante expresiones como ‘los terroristas’, los ‘enemigos de la patria y la paz’, etc. (Antillón, 2008). 53
Artículo 12: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Constitución Política de Colombia, 1991). 54
El contenido de los artículos de esta Ley se incorporan a la Ley 599 por la que se expidió el Código Penal (López, 2009). 55
Ley 589, Artículos 8 y 9 (Reglamentado por el decreto 4218 del 21 de noviembre del 2005), respectivamente.
56
Ley 589, Artículo 12 y 13 (Reglamentado por la Ley 971 de 2005), respectivamente.
57
Artículo 165, Título III del Código Penal. “Desaparición forzada. El particular que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años. A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior” (Art.165, Tít.3, Código Penal Colombiano). Este artículo disminuyó la sanción aplicable que la Ley 589 preveía: de 25 a 40 años y de 40 a 60 si incurría en circunstancias de agravación. 58
Asistencia en salud, subsidio de vivienda y asistencia en materia crediticia para aquellas personas incluidas como beneficiarias en el Artículo 15 (modificado por la Ley 782/02). Las personas consideradas como víctimas y beneficiarias en el Artículo 49 tendrán acceso a ayuda humanitaria de emergencia. 59
En el caso de la desaparición forzada estamos ante una particular invisibilización histórica que impone al legislador específicos deberes tendientes a contrarrestar tal situación (Acción Pública de Inconstitucionalidad, 2010:14). La Acción Pública ha sido remitida a la Corte Constitucional en abril del 2010 y a la fecha no se tiene respuesta.
56
57
Diferentes y desiguales. Autonomía y reconstitución de los pueblos indígenas en México Hadlyyn Cuadriello Olivos
La noción de autonomía no es en sí misma un elemento aislado, sino que, por sí misma, define una esfera que compromete el deseo, la identidad, la acción, la ley, las dinámicas de la institución, las exigencias de universalidad, la forma de la ley y la historicidad de la moral. Así, la acuñación de estos conceptos y las polémicas y discordias que ha engendrado responden a una transformación radical de lo político (Mier, 2009: 83).
Introducción. Diferentes y desiguales La emergencia de los movimientos indígenas en la década de los noventa, a la luz de las transformaciones políticas y económicas de los estados latinoamericanos, deja en claro que la viabilidad del acuerdo democrático no puede pensarse al margen de este sector de la población, que demandó el reconocimiento legal a su derecho de autodeterminación y diferencia cultural dentro del marco del Estado. Para comprender la trascendencia política de las reivindicaciones autonómicas de los pueblos indígenas en México y el resto de América Latina, no debemos perder de vista que los más de 400 grupos que habitan en nuestro continente60 (de los cuales en México encontramos 68 con 364 variantes lingüísticas (INALI 2009) se diferencian por sus modos de vida, lenguas, culturas, así como por las formas históricas de incorporación a los estados, pero, sobre todo, que las múltiples expresiones, lenguajes y maneras específicas que adquieren sus demandas étnicas se configuran a partir de condiciones socioculturales y económicas que los han colocado históricamente, de forma generalizada, en los niveles más bajos de desarrollo y falta de oportunidades, es decir, en condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión.
Antropóloga, Profesora-Investigadora de la Academia de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo:
[email protected].
En este sentido, las demandas de reconocimiento e inclusión de los pueblos indígenas latinoamericanos, que en los años noventa tuvieron gran resonancia, particularmente en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia, no pueden ser entendidas al margen de la estrecha e histórica relación entre factores como la desigualdad y la discriminación étnica. La desigualdad entre la población indígena de América Latina significa ubicar los elementos estructurales que tienen una raíz histórica colonial, que se reproducen y profundizan bajo la lógica de la discriminación y negación del otro culturalmente diferente, y que intervienen en la distribución de la riqueza hasta nuestros días (Bello y 58
Rangel, 2000: 16). Es decir, elementos a partir de los cuales han sido sometidas las poblaciones a una permanente intervención, desestructuración y destrucción de sus formas de vida, lengua y cultura, tales como el control sobre la tierra y los recursos naturales, el empobrecimiento de sus modos de subsistencia, el aislamiento, la discriminación en el acceso a los servicios, la falta de conocimientos, capacidad de gestión y acceso a los espacios de representación. De este modo, entendemos el fenómeno de la desigualdad de una manera amplia a partir de la configuración de relaciones sociales asimétricas que estructuran los principios de distribución y acceso a los recursos, pues ello nos permite comprender el significado de las demandas indígenas de autodeterminación y reconocimiento cultural en el marco de un nuevo pacto social y político, donde la política pública se oriente a la construcción de una ciudadanía eficaz e incluyente, capaz de ejercer el poder para entablar relaciones horizontales, igualitarias con el Estado. La crítica al enfoque distributivo para atender el problema de la desigualdad indígena radica en que, en primer lugar, asume el fenómeno de la desigualdad como un problema de distribución inequitativa de ingresos y oportunidades, sin considerar las condiciones que lo producen, y por lo tanto limita su acción hacia la implementación de políticas sociales paliativas que a corto plazo generan impactos en las estadísticas que miden la pobreza, pero la desigualdad persiste. En segundo lugar, la crítica la plantean los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que elaboraron el informe “Los pueblos indígenas, indicadores de bienestar y desarrollo” de la VII Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, de Naciones Unidas en el año de 2008 (Del Val, 2008), al señalar que si bien el Programa de Naciones de Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha invertido grandes esfuerzos para transformar los esquemas conceptuales respecto al desarrollo, entendido tradicionalmente como progreso económico y bienestar social, no ha logrado construir indicadores que permitan incluir formas diferentes de entender el desarrollo, al margen de la tríade esperanza de vida, educación e ingreso que se define desde la lógica del desarrollo nacional uniforme. En este sentido, los autores se preguntan si en la medición del Índice de Desarrollo Humano para la Población Indígena de México elaborado en el 2006 (IDHPI) “¿Era posible obtener otro resultado sobre el nivel de desarrollo de dichos pueblos cuando, por ejemplo, la mayoría de ellos ha transitado de manera forzada e impositiva hacia una educación hegemónica promovida en una lengua que les es ajena y que además ha contribuido a descaracterizarlos culturalmente?” (Del Val, 2008: 35). Esta pregunta nos coloca nuevamente en la pertinencia de definir la desigualdad de los pueblos indígenas desde la dimensión estructural de las relaciones sociales asimétricas, que se reproduce a través de políticas asistencialistas impuestas, y sobre ello comprender que las demandas de autodeterminación y reconocimiento cultural de los movimientos indígenas se configuran como alternativas propias que buscan redefinir dichas relaciones. Esto se puede observar claramente en la acción de los pueblos indígenas zapatistas que hoy transitan por los caminos de la autonomía, y que se niegan a recibir apoyos 59
gubernamentales, pues asumen que de hacerlo reproducen y legitiman el círculo vicioso de las políticas públicas asistencialistas y paliativas, que no transforman los mecanismos de distribución de la riqueza y que condenan a sectores completos de la sociedad a heredar desventajas de oportunidades, generación tras generación, violando y clausurando los principios básicos de la justicia social. El reconocimiento étnico como una reivindicación en la esfera pública plantea desafíos tanto en el ámbito jurídico como en el institucional gubernamental, por lo que representa uno de los mayores retos para la consolidación democrática en México y el conjunto de los países de América Latina, en la medida en que configura uno de los elementos centrales de la defensa de la pluralidad cívica y combate a la desigualdad. Es por ello que entender el significado de los proyectos autonómicos indígenas que actualmente están en marcha en distintas regiones de México es una tarea relevante para el conjunto de la sociedad mexicana y el futuro de la democracia como régimen político. En primera instancia, porque nos permite hacer un recuento a veinte años de distancia de la emergencia del movimiento indígena, de los procesos de negociación, demanda y conflicto entre los grupos étnicos, el Estado y la sociedad nacional. Y sobre ello, reflexionar críticamente acerca de los avances logrados con el posicionamiento de los pueblos indígenas en la esfera pública como actores sociales y políticos visibles en sus diferencias culturales, así como en torno a las inercias políticas que han impedido que dichos logros se materialicen en el cumplimiento de los acuerdos pactados y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
La autonomía indígena como proyecto político A continuación, tenemos el propósito de discutir el significado de los proyectos autonómicos indígenas de México en dos dimensiones. En primer lugar, como proyectos políticos alternativos que apelan a nuevas formas del quehacer político y de pensar la comunidad política a partir de mecanismos de cohesión social fundados en el reconocimiento de las diferencias culturales y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En segundo lugar, se busca reflexionar en torno a estas experiencias como proyectos específicos que desde la localidad y la práctica cotidiana configuran un nuevo sujeto que cuestiona la hegemonía del sistema capitalista, así como de aquellos discursos multiculturales que buscan solucionar el problema de la exclusión sin debatir en lo profundo acerca de aquellos elementos que delimitan una inclusión asimétrica y la situación de desigualdad de los pueblos y comunidades indígenas. El elemento central en la configuración de las demandas autonómicas indígenas, y en general desde la gestación del propio movimiento étnico, ha sido la resignificación de la identidad étnica como un valor positivo, que implica un cambio importante en la percepción que tienen los pueblos indígenas sobre sí mismos, la sociedad nacional y el Estado. De ser un elemento que sustentaba la exclusión y explotación, la identidad étnica 60
cobra una expresión política, y se convierte en el elemento articulador de la acción colectiva. Este proceso definido como el fenómeno de la etnicidad61 no es exclusivo de nuestro país; la confluencia de los movimientos étnicos en distintos países de América Latina durante la década de 1990 conduce a pensar en la existencia de condicionantes comunes que posibilitaron su gestación.
La emergencia indígena en América Latina Mientras el triunfalismo liberal afirmaba para sí ‘el fin de la historia’ ante la expansión de la economía de mercado y la democracia liberal como régimen político en los países occidentales, y los partidarios del marxismo-leninismo presenciaban desconcertados el desmoronamiento del socialismo real y el ‘fin de la utopía comunista’, silenciosa la América indígena se preparaba para marcar con su propia huella el inicio de una nueva época. La década de los noventa estuvo marcada por la emergencia de los movimientos indígenas en América Latina. Lo que para muchos representó una década perdida, para los pueblos y comunidades indígenas de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y México representa una década ganada en la medida en que lograron hacer visibles sus demandas “sin que fueran contaminadas por las confrontaciones ideológicas internacionales entre comunistas y capitalistas” (Bengoa, 2007: 54) y pudieron posicionarse como actores centrales en el proceso de construcción de sus nacientes democracias. La emergencia de los movimientos indígenas en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia constituye una respuesta a los cambios políticos e institucionales producidos en el marco de la globalización económica y cultural, cada cual con formas organizativas, trayectorias históricas y resultados distintos, pero que pueden entenderse a partir de condiciones estructurales comunes y demandas concretas articuladas en torno a la lucha por el reconocimiento y la autonomía de los pueblos. Con el resquebrajamiento del Estado corporativo y desarrollista, característico de los países latinoamericanos, y la consecuente implementación del modelo económico neoliberal se rompieron los antiguos mecanismos de integración con el Estado y se abrieron nuevos espacios de diferenciación social que transformaron las relaciones entre el Estado y los sectores campesinos. Esto significó, de acuerdo con los planteamientos de Yashar (2005), el cambio del régimen de ciudadanía corporativista hacia un régimen de ciudadanía neoliberal, es decir, el cambio de un sistema con formas de intermediación de intereses basadas en la clase, que garantizaba avances en los derechos sociales y civiles, hacia otro sistema con formas de intermediación de intereses más pluralistas, que trajo avances en los derechos civiles y políticos conquistados en el marco de las luchas contra los gobiernos autoritarios62 . La fractura de los medios de control social-corporativos y la deslegitimación de la autoridad política, reflejada en la erosión de la relación entre los partidos políticos tradicionales y la ciudadanía en distintos países de América Latina, provocó que los 61
sectores más desfavorecidos, como son los pueblos indígenas, buscaran nuevos mecanismos de representación para canalizar sus demandas. En otras palabras, el achicamiento del Estado y la crisis de representación política propiciaron el desencanto de la ciudadanía frente a la imposibilidad de los estados latinoamericanos para satisfacer las demandas sociales y económicas de la ciudadanía. En este contexto, aquellos grupos que contaron con capacidades organizativas buscaron abrir espacios de participación e inclusión de sus propios intereses dentro del sistema político. Sin embargo, la modernización económica y el impacto social y político de las reformas estructurales no son suficientes para explicar la confluencia de los movimientos indígenas en América Latina. Las posibilidades de organización de dichos movimientos dependieron de la previa existencia de redes sociales amplias (transcomunales) que, a través del intercambio de experiencias, comunicación y recursos, permitieron consolidar y socializar una conciencia e identidad étnica que traspasó las fronteras de los pueblos y comunidades. En este sentido, los cambios internacionales en materia jurídica son factores importantes, fundamentalmente porque fue a nivel internacional que muchos grupos y organizaciones indígenas locales de todo el continente lograron traspasar, a través de las redes y organismos mundiales, sus demandas de tierra y mejoramiento de las condiciones de vida, y conectarlas con la defensa universal de los derechos humanos y colectivos. En el caso específico del movimiento indígena en México, por ejemplo, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)63 , que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que se tomen medidas legislativas que les afecten directamente, así como la obligación de los gobiernos de establecer las formas y los medios a través de los cuales dichos pueblos puedan participar libremente en las decisiones sobre su propio desarrollo, fue fundamental para sentar las bases del diálogo que entabló el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el gobierno federal. El Convenio 169 de la OIT posibilitó que las demandas autonómicas de reconocimiento a los usos y costumbres, de participación y representación con base en las diferencias culturales tuvieran un respaldo jurídico internacional en las negociaciones y la firma de los Acuerdos de San Andrés, y con ello exigir las reformas constitucionales necesarias para alcanzar el pleno reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas64 . En resumen, los movimientos étnicos en México, y en otros países de América Latina, aparecen en la escena política, por un lado, evidenciando las crisis internas de los sistemas políticos y las dificultades que enfrentan los estados democráticos neoliberales para satisfacer las crecientes demandas ciudadanas, precisamente en el momento en el que cuentan con menos capacidades y prerrogativas para responder y proveer los bienes y servicios exigidos. Por otro lado, sirviéndose del pluralismo y los beneficios que ofrece la globalización, se vincularon con redes internacionales de solidaridad que les permitieron traspasar las fronteras locales y orientar sus exigencias hacia el tema de los derechos humanos, situación que les proporcionó una gran legitimidad y pertinencia. 62
Negociación, demanda y conflicto: el movimiento indígena en México Como ha sido ampliamente analizado, el alzamiento zapatista de 1994 en México impulsó la consolidación de un movimiento indígena, a nivel nacional, que desde la década de los setenta venía gestándose a través de organizaciones etnopolíticas, agrarias, productivas o cívicas en diversas regiones indígenas del país, y que para la década de 1990 comenzaron a construir una red de alianzas y comunicación intercontinental que favoreció el impulso de una conciencia étnica más definida. Como señala Hernández Navarro, no es que el zapatismo inventara la lucha indígena en nuestro país, pero sí sentó las bases para su unificación nacional y facilitó la construcción de una plataforma organizativa más estable e independiente de los órganos oficiales, que durante más de dos décadas mantuvieron el control de la acción indígena65 (Hernández Navarro, 1998). De 1970 a 1994, organizaciones indígenas de diversa índole elaboraron demandas y cuestionamientos hacia la política indigenista del Estado, desde el cuestionamiento de los modelos de desarrollo implementados en el campo, hasta la posibilidad de ocupar cargos públicos en el Instituto Nacional Indigenista (INI). Sin embargo, no es sino hasta finales de los años ochenta cuando el movimiento indígena adquirió un carácter más político y la identidad étnica se convirtió en el fundamento a través del cual se apeló al reconocimiento formal y normativo del carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad y el Estado mexicano, demanda que fue plasmada en la reforma constitucional de 1992 (Oehmichen, 1999 y Leyva 2001). Pero como mencionamos anteriormente, no fue hasta después del levantamiento zapatista de 1994 que las reformas constitucionales demandadas implicaron también el reconocimiento explícito al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, es decir, el derecho a la autonomía, fundamentada en el Convenio 169 de la OIT. Sin duda, el levantamiento armado zapatista logró transformar la política en materia indígena y, sobre todo, romper con las relaciones tradicionales de poder en la estructura étnico-nacional. Logró también introducir en el debate sobre la reforma política y la democratización del Estado mexicano sus demandas étnicas de reconocimiento y participación, y plasmarlas en los Acuerdos de San Andrés, con el objetivo de sentar las bases para un nuevo pacto social y político que permitiera zanjar la desigualdad, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas, así como abrir el debate hacia nuevas formas de entender la ciudadanía, basadas en el respeto a la diversidad cultural y la participación directa en la toma de decisiones públicas. Los Acuerdos de San Andrés representan un hito en el largo proceso de democratización del país, pues a través del consenso y la participación de decenas de organizaciones y comunidades indígenas y no indígenas, la sociedad civil se hizo presente, y logró que el gobierno de Ernesto Zedillo asumiera compromisos concretos en función de las demandas indígenas. Como apuntan Hernández Navarro y Vera, “era la vieja demanda ciudadana en torno al procedimiento democrático de ejercer quehacer político y hacerlo valer: espacios de reflexión, negociación y consenso e instrumentos jurídicos concretos” (Hernández Navarro y Vera, 1998: 9). 63
El entusiasmo duró poco tiempo, ya que los resultados de la reforma constitucional en materia indígena, aprobada por el Poder Legislativo en el 2001, echaron por la borda los Acuerdos de San Andrés y dejaron al descubierto la permanencia de una razón de Estado dominante y limitada respecto a la diversidad cultural y el potencial democratizador de las propuestas indígenas. La aprobación de la ‘contrarreforma indígena’ se correspondió con una forma de asumir el discurso multicultural, que si bien incorpora las aspiraciones del movimiento indígena de participación, lo hace en función de las necesidades del mercado para garantizar la estabilidad política y la hegemonía neoliberal. Pero esto no es sorprendente si observamos que el conflicto principal de la contrarreforma indígena frente a los Acuerdos de San Andrés se concentra, como señala Magdalena Gómez (Los Acuerdos de San Andrés: 2010), en un punto fundamental: en la posibilidad de otorgar a los pueblos indígenas el acceso al uso y disfrute pleno de sus recursos naturales en sus tierras y territorios, así como el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público con autonomía en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno. De esta manera observamos que el fundamento del reconocimiento de la participación indígena (y de la sociedad civil en su conjunto) bajo la lógica del Estado neoliberal adquiere una función básicamente instrumental, dejando de lado la necesidad de una mayor publicitación del Estado y la garantía de los derechos de ciudadanía. En este sentido, la creación de espacios institucionalizados de participación indígena dentro de la esfera estatal, como el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CC-CDI)66 , ha ido aparejada a un proceso de marginación y criminalización de los movimientos étnicos que no se adhieren a estos patrones oficiales de participación, generando apoyos a líderes y organizaciones de manera selectiva que se convierten en aliados confiables que minimizan los espacios de conflicto (Cuadriello, 2008). Así, observamos, por ejemplo, que a pesar de que la CDI y las agencias internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), implementan políticas de combate a la pobreza y la desigualdad fundadas en un discurso multicultural y participacionista, en la realidad no permiten que los pueblos y comunidades indígenas tomen realmente un papel relevante en la construcción de los lineamientos para su propio desarrollo con autonomía y autodeterminación, y, por el contrario, favorecen los privilegios de las instancias gubernamentales y del sector privado, que se encargan de administrar los recursos que proporcionan (Nahmad, 2004). En este sentido, Rosalva Aída Hernández apunta que: Las formas oficiales de multiculturalismo constituyen una ideología ad hoc para el capitalismo global en la medida que pretenden cuidar y respetar la cultura local pero desde una posición universal privilegiada. No porque anteponga sus valores particulares, sino porque mantiene un punto vacío de universalidad que le permite esconder el anonimato universal que se expresa en la práctica del capital. La actitud liberal de lo ‘políticamente correcto’ como una práctica que supera las limitaciones de su particularidad y acepta la existencia de mundos culturalmente diversos, está escondiendo la presencia masiva del capital, está
64
desarrollando una percepción social que ya no permite imaginar la caída del capital. De ahí que las políticas de los Estados en Latinoamérica ya no debaten el ideal político de la distribución de riquezas, sino más bien, y en sintonía con los organismos internacionales, prefieren apuntar a atender la pobreza como un problema de ‘poblaciones vulnerables’ (Hernández, 2004: 21).
En este mismo sentido, Dagnino (2006) apunta que una característica fundamental del proyecto neoliberal es que profesa una concepción determinista sobre el orden social, que naturaliza un tipo de globalización particular y niega otras alternativas, ocultando su carácter de resultado de acciones y decisiones políticas. La intervención de la población indígena en las decisiones relativas a su desarrollo representa una forma de hacer efectiva su condición ciudadana, que como observamos no ha sido reconocida plenamente, y representa también la posibilidad de satisfacer necesidades básicas desde una perspectiva alterna y conjunta con los sectores y órganos involucrados. En pocas palabras, el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos indígenas reivindica su papel como sujetos sociales en el proceso de formulación y ejecución de políticas y les permite comprometerse e involucrarse en la definición de nuevas estrategias de desarrollo con sintonía y respeto a sus formas culturales.
Autonomías en plural: el proyecto político de los pueblos indígenas El movimiento indígena en México emergió como portavoz de un proyecto político que proporcionó elementos fundamentales para plantear un tipo de democracia más participativa y con mejores canales de representación, que implica la democratización de la sociedad en su conjunto, es decir, la transformación de las prácticas culturales que encarnan las relaciones sociales de exclusión y desigualdad. El movimiento indígena llamó la atención sobre un modelo alternativo de Estado, fundado en mecanismos sociales y económicos más equitativos e incluyentes, así como en novedosos sistemas jurídicos basados en la autonomía, la diversidad cultural y la pluralidad política y social. El movimiento indígena logró convertir sus agendas políticas en políticas públicas y, sobre todo, logró colocar en el debate público modernas formas de entender la ciudadanía, la participación política y, por lo tanto, la propia concepción de la democracia participativa. Pero a casi veinte años del levantamiento indígena zapatista y diez años de la consumación de la contrarreforma de 2001, el movimiento indígena mexicano está fragmentado y no ha podido reagruparse como una fuerza nacional única. Lo que observamos hoy son experiencias de resistencia local o regional con muy diversas expresiones, importantes sin duda, pero desiguales, lo cual limita su capacidad de acción y su visualización ante la sociedad nacional, dejando una errónea sensación de inexistencia. Para la clase política de derecha que gobierna actualmente el país, está claro que el problema de los derechos y cultura indígena está resuelto en la reforma de 2001, pero a inicios de este año 2010 el Congreso Nacional Indígena67 (CNI) lanzó una convocatoria a distintas organizaciones y comunidades del país para reencontrarse y articular 65
nuevamente un frente común, que demande ante el Estado una nueva reforma constitucional, diseñada con base en la consulta a los distintos pueblos y comunidades indígenas, pero, sobre todo, para ratificar su demanda en torno al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Una vez más las voces indígenas reiteraron la necesidad de ser consultados, incluidos y considerados como ciudadanos con capacidad de participar y tomar decisiones en los asuntos públicos que les conciernen; y una vez más la clase política se mostró indiferente. Esto no significa que las demandas indígenas hayan perdido fuerza y, mucho menos, relevancia para la vida política de nuestro país. Las luchas locales, organizadas al margen de los mecanismos de control estatal en torno a la defensa de sus recursos naturales; por la construcción de gobiernos y sistemas de seguridad autónomos; por el impulso a la soberanía alimentaria y la defensa del maíz nativo; o por mantener espacios en los medios de comunicación comunitarios, deja ver que la otra cara de los Acuerdos de San Andrés está en los procesos en curso: las juntas de buen gobierno en Chiapas, hoy asediadas fuertemente; la policía comunitaria, en Guerrero; el municipio autónomo de San Juan Copala, que enfrenta un entorno de violencia tan cargado de impunidad, y en las comunidades en todo el país que resisten a su modo (Los Acuerdos de San Andrés, 2010).
Oaxaca, Guerrero y Chiapas son hoy en día los principales escenarios de la autonomía indígena. Así lo observan también Gasparello y Quintana (2009), quienes señalan, además, que los proyectos autonómicos locales que se han puesto en marcha se muestran en el análisis de la situación actual del movimiento indígena en México como fuerzas vivas y latentes; son experiencias locales que marcan el camino por el cual los pueblos y organizaciones indígenas han optado para consolidar la autonomía desde abajo y en la práctica de la vida cotidiana. En este sentido, resulta sugerente la propuesta de Gasparello de colocar la reflexión de los proyectos autonómicos indígenas a partir de la atención a la diversidad de prácticas de autogobierno locales que ejercen los pueblos y comunidades, basadas en sus sistemas tradicionales de usos y costumbres. Prácticas con profundidad histórica que reclaman ser reconocidas por su proyección y viabilidad futura, que reflejan la búsqueda por una nueva forma de relación con el Estado y que buscan su inclusión en el sistema político institucional. Desde esta perspectiva, la autonomía puede definirse como “el derecho de los pueblos indígenas a tener libertad de acción –política, jurídica, social y económica– al interior del Estado y su derecho a la participación y representación política. Pero es también una práctica cotidiana de los pueblos” (Gasparello, 2009, 24). Hernández Navarro señala que nada más incorrecto sería pensar que los proyectos autonómicos indígenas se fundamentan en la nostalgia moral del pasado, o considerarlos como propuestas conservadoras y separatistas; al contrario, representan formas innovadoras por su capacidad de transformar la realidad cotidiana que los arroja a reproducir los estragos de la desigualdad. La construcción de escuelas, clínicas y cooperativas por parte de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas son un ejemplo de ello, pues además representan una propuesta pacífica concreta para la desmilitarización del conflicto; o las policías comunitarias en la Costa y Montaña de Guerrero, que surgen ante 66
la necesidad de resolver los problemas de inseguridad y discriminación en la gestión y defensa de sus derechos (Hernández Navarro, 2009: 47). Por otra parte, López y Rivas (2009) apunta a que los proyectos autonómicos que observamos hoy van más allá de la sola existencia de sistemas de gobierno tradicionales (como los sistemas de cargos), ya que son la expresión de una nueva forma de pensar la política, con el objetivo de abatir la subordinación e integración asimétrica en relación con el resto de la sociedad nacional, que se configuran sobre una identidad política anticapitalista y antisistémica. Los proyectos autonómicos contemporáneos emergen como procesos que transforman a los pueblos indígenas a partir de las iniciativas de actores políticos formados que buscan, por un lado, el reconocimiento a sus propias instituciones y mecanismos tradicionales para elegir a sus autoridades comunitarias y municipales, al margen de los partidos políticos, que cada día se alejan más de la población y la representan menos, y por otro lado, son procesos de reflexión y cuestionamiento crítico sobre sus propias costumbres, que permiten transformar los mecanismos de integración y cohesión interna, situación que posibilita reestructurar las relaciones de género y edad así como tomar conciencia sobre la necesidad de romper con determinadas prácticas e instituciones culturales que impiden la equidad comunitaria. El ejemplo más sobresaliente es el caso de las mujeres zapatistas, que formularon la Ley Revolucionaria de Mujeres, a partir de la cual establecieron su derecho a tener una vida libre de violencia y a ocupar espacios de autoridad al interior de sus comunidades y gobiernos autónomos. En síntesis, los proyectos autonómicos indígenas deben ser considerados como procesos dinámicos de construcción y de resistencia, fundados en la convergencia de cuatro elementos básicos: formas tradicionales de gobierno, control territorial, reconocimiento de una identidad cultural y como crítica al proceso de integración desigual al modelo capitalista, elementos que no adquieren formas únicas, estáticas e inmutables, más bien se transforman y redefinen en función de la capacidad organizativa de los pueblos y los movimientos, pero que parten de la ruptura con las viejas formas de relación con el Estado y las políticas indigenistas de carácter asistencial e integracionista. Los desafíos que enfrentan día a día los pueblos indígenas que reivindican proyectos autonómicos como parte de su acción política son enormes, desde la lucha en contra de megaproyectos financiados por el capital nacional y trasnacional por mantener el control de sus recursos y territorios, y el desgaste y desánimo paulatino que produce el asedio militar y paramilitar, hasta el desafío de la reflexión constante sobre el curso de sus acciones y decisiones. Las comunidades amuzgas, mixtecas y tlapanecas de Guerrero, por ejemplo, no solo enfrentan una ardua lucha en contra del despojo de sus tierras por la construcción de presas en sus territorios, sino que enfrentan el importante reto de construir, a través de su proyecto de policía comunitaria, un sistema de justicia alternativo que actúe bajo la lógica cultural de reeducar más que castigar, e incorporar a sus propias visiones de lo ‘justo e injusto’ los principios de los derechos humanos universales. Por su parte, en Chiapas, los municipios autónomos zapatistas, integrados por 67
comunidades tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales, enfrentan el reto de consolidar, con pocos recursos, sus proyectos educativos y brindar servicios de salud a poblaciones muy numerosas que padecen enfermedades producidas por la pobreza (y que por lo mismo son muy difíciles de erradicar). Pero, sobre todo, los municipios autónomos zapatistas enfrentan el reto de instituir una normatividad que supere las pulsiones de control y abandone la participación colectiva en la planeación de sus propias metas. Es decir, enfrentan el reto de construir sistemas de gobierno regionales, con poblaciones numerosas, para que en la práctica real se actúe bajo el principio de ‘mandar obedeciendo’. La experiencia autonómica zapatista es la más compleja por los múltiples aspectos que la conforman, y también porque territorial y numéricamente es la más extensa, situación que por más de 15 años la ha colocado en la mira del asedio constante de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano. Finalmente, el municipio autónomo triqui de San Juan Copala en Oaxaca, decretado por sus pobladores en 1996, y que en los últimos meses ha visto recrudecer la violencia y represión estatal en manos del gobernador Ulises Ruiz, surge por el deseo de sus pobladores de restablecer y unificar su territorio históricamente dividido y fragmentado, y, en contraposición con las territorialidades hegemónicas del Estado y los grupos de poder, establecer una propuesta territorial propia. Debido a los últimos acontecimientos en los cuales han sido asesinados los principales líderes, el principal desafío que enfrentan los habitantes de San Juan Copala hoy en día es mantenerse en su lucha con propuestas pacíficas y no permitir que se reproduzca el círculo de la violencia que durante décadas ha prevalecido en esa región. Tanto el municipio autónomo de San Juan Copala como los municipios autónomos zapatistas de Chiapas, resultan interesantes e ilustrativos de la estrecha relación que existe entre la lucha por el territorio y la autonomía claramente plasmada en los Acuerdos de San Andrés. En estos casos el territorio se concibe como la base concreta para materializar los proyectos autonómicos. En este sentido, el reconocimiento de las autonomías conlleva a una delimitación clara de los límites territoriales, que muchas veces –quizá la mayoría de ellas– no coinciden con las demarcaciones administrativas de los municipios vigentes, dado que la territorialidad ancestral de los pueblos ha sido fragmentada. Pero el problema mayor, tal como lo expone Bello, es que la demanda de territorio alude a derechos de exclusividad, lo cual plantea una serie de problemas jurídicos y de convivencia intercultural, porque generalmente los territorios indígenas están habitados por poblaciones diversas (Bello, 2004, 104), pero también expone una ruptura con el modelo económico capitalista. Como podemos ver a partir de estos tres breves ejemplos, que no pretenden ser exhaustivos de las experiencias autonómicas indígenas en nuestro país, pero sí ilustrativos del significado que adquieren los proyectos autonómicos concretos para los pueblos que vuelcan en ellos definiciones de lo que son y quieren ser, a través de prácticas culturales, formas de entender la política y de organizar la vida colectiva, las tareas y los desafíos que enfrentan no son sencillos y mucho menos iguales, y responden a condiciones históricas, culturales, sociales, políticas y económicas particulares de cada región. 68
Entonces, sería erróneo pensar que existen moldes teóricos o esquemas jurídicos únicos para pensar la autonomía. Cada uno de los proyectos encuentra sentido y adquiere significado en el contexto local o regional que lo pone en marcha. Esta característica fundamental de las autonomías ‘de hecho’, como las define Gasparello (2009), que se construyen día a día en las regiones indígenas de nuestro país, representa un desafío de múltiples dimensiones, el que, sin duda, no podrá ser resuelto sin la participación directa de los actores indígenas involucrados y sin la voluntad política para establecer un diálogo con todos los actores. Aún hay mucho por hacer, por discutir, por pensar, por afinar y por inventar. Los pueblos indígenas que han puesto en marcha su proyectos autonómicos mantienen un diálogo constante con organizaciones de la sociedad civil que los apoya, pues reconocen que los proyectos de estas son perfectibles y están abiertos al cambio, pero un cambio que les permita permanecer sin dejar de ser lo que son y quieren ser, un cambio que emerja del diálogo horizontal y respetuoso. La firma de los Acuerdos de San Andrés fue el primer escalón; sin embargo, el conservadurismo de nuestra clase política, reacia a perder los privilegios, no quiso dar el siguiente paso y optó por el statu quo. Hoy muchos pueblos y comunidades indígenas que decidieron continuar el camino silencioso pero firme de las autonomías ‘de hecho’, a pesar de la represión estatal y la pobreza extrema que los agobia. Pero como señala Hernández Navarro, “Cuando los pueblos toman su futuro en sus manos, recuperan la fuerza de su identidad y actúan con organización, disciplina, inteligencia y generosidad. Aunque la pobreza subsiste, su horizonte de vida es otro” (Hernández Navarro, 2009, 50).
Bibliografía Bartolomé, M. (1997). Gente de costumbre y gente de razón, las identidades étnicas en México. México: Siglo XXI Editores, INI. Bello, Á., Rangel, M. (2000). Etnicidad, raza y equidad en América latina y el Caribe. Chile: CEPAL. Bello, Á (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina. Chile: CEPAL. Bengoa, J. (2007). La emergencia indígena en América Latina. Chile: FCE. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2004). Una nueva relación: compromiso con los pueblos indígenas. México: FCE, CDI. CDI-PNUD (2006). Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuadriello, Olivos, Hadlyyn (2008). Neoindigenismo y participación ciudadana: El Consejo consultivo de la CDI y la participación indígena. Tesis de maestría, FLACSO-México. Dagnino, E., Olvera, A. J. y Panfichi, A. (2006). Introducción: para otra lectura de la 69
disputa por la construcción democrática en América Latina. En E. Dagnino, A. J. Olvera y Aldo Panfichi (Coords.), La disputa por la construcción democrática en América Latina. (pp. 15-99). México: FCE, CIESAS, Universidad Veracruzana. Del Val, J. (Coord.) (2008). Los pueblos indígenas y los indicadores de bienestar y desarrollo. Pacto del Pedregal. Informe preliminar. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Nación Multicultural. Gasparello, G. (2009). Introducción. En G. Gasparello y J. Quintana (Coords.), Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México. (pp. 23-29). México: UAM-Iztapalapa. Hernández Castillo, R. (et al.) (2004). Introducción. En R. A. Hernández Castillo, P. Sarela y M. T. Sierra (Coords.), El Estado y los pueblos indígenas en tiempos del PAN, neoindigenismo, legalidad e identidad. (pp.7-24). México: CIESAS. Hernández Navarro, L. y Vera Herrera, R. (1998). Al margen y en el centro. En L. Hernández Navarro y R.Vera Herrera (Comps.), Acuerdos de San Andrés. (pp. 912). México: ERA. Hernández Navarro, L. (1998). Ciudadanos iguales, ciudadanos diferentes. En L. Hernández Navarro y R. Vera Herrera (Comps.), Acuerdos de San Andrés. (pp. 1532). México: ERA. Hernández, Navarro L. (2009). Movimiento indígena: autonomía y representación política. En G. Gasparello y J. Quintana (Coords.), Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México. (pp. 31-53). México: UAM-Iztapalapa. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2009). Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. México: INALI. Leyva X. (2001). ¡Chiapas es México! Autonomías indígenas: luchas políticas con una gramática moral. Iconos, Revista de FLACSO-Ecuador, N° 11, 110-125. López y Rivas, G. (2009). Por los caminos de la autonomía: policía comunitaria de Guerrero. En G. Gasparello, y J. Quintana (Coords.), Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México. (pp. 77-83). México: UAMIztapalapa. Mier, R. (2009). Autonomía y vínculo: La creación de la acción colectiva. En C. Albertani, G. Rovira y M. Modonesi (Coords.), La autonomía posible. Reinvención de la política y emancipación. (pp. 83-122). México: UACM. Nahmad, S. (2004). Los acuerdos y los compromisos rotos y no cumplidos con los pueblos indígenas de México. En R. A. Hernández Castillo, P. Sarela y M. T. Sierra (Coords.), El Estado y los pueblos indígenas en tiempos del PAN, neoindigenismo, legalidad e identidad. (pp. 81-114). México: CIESAS. Oehmichen, C. (1999). Reforma del Estado, política social e indigenismo en México (1988-1996). México: UNAM/IIA. Yashar, D. J. (2005). Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous 70
Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.
Hemerografía y Documentos Los acuerdos de San Andrés bajo la sombra de la razón de Estado. (2010). La Jornada, México, 16 de febrero. Quédense con su ley: otro sexenio perdido. (2003). La Jornada, Ojarasca 77, México, septiembre 2003.
Referencias de Internet Organización Internacional de Trabajo (OIT) (1989). Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Recuperado en agosto 2008 de http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm. Presidencia de la República (1996). Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Recuperado en agosto de 2008 de zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres.html.
60
De acuerdo con los datos analizados por Bello y Rangel (2000), tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/CELADE) señalan que para la década de los noventa la población indígena en América Latina alcanzó aproximadamente a un 8% de la población regional, es decir, entre 33 o 35 millones de personas, y que esta población se subdivide en unos 400 grupos lingüísticos diferentes. Sin embargo, los autores señalan también que estas cifras no reflejan la real magnitud que alcanza la población indígena y menos aún sus características sociodemográficas, pues los censos son escasos e incompletos, además de estar basados en distintos tipos de variables y criterios, lo que en algunos casos dificulta o imposibilita la comparación de datos entre países (Bello y Rangel, 2000: 20). 61
Miguel Bartolomé (1997) señala que la ‘etnicidad’ aparece cuando la identidad de un grupo étnico se configura como expresión de un proyecto social, cultural y/o político en el cual se afirma ‘lo propio’ contrastado con ‘lo alterno’; por lo tanto, es una definición contrastiva que se manifiesta a través de rebeliones o de organizaciones etnopolíticas que reivindican derechos étnicos. Para este autor, la etnicidad constituye la manifestación política de lo étnico, y la cultura es el componente civilizatorio que lo configura. 62
Yashar acuña el concepto de ‘régimen de ciudadanía’ para referirse al contendido de las formas de ciudadanía, es decir, quiénes tienen acceso a la misma y cuáles son los mecanismos de intermediación de intereses (Yashar, 2005: 47). 63
El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional con carácter vinculante que protege y regula los derechos de los pueblos indígenas basado en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. Dicho convenio es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más actualizados sobre la materia, que ha contribuido a un avance sustancial en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas como: a) el reconocimiento de su carácter de pueblos; b) el respeto a sus formas de vida y desarrollo económico; c) el derecho sobre sus tierras y territorios (OIT, 1989).
71
64
Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígenas firmados en febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, constan de cuatro documentos: 1) el acuerdo general, que establece las características que debe contener el nuevo pacto social entre los pueblos indígenas y el Estado; 2) las propuestas y reformas de ley de alcance nacional que debían ser enviadas al Congreso de la Unión; 3) las propuestas y reformas de ley que debían ser enviadas al Congreso estatal de Chiapas; 4) puntos que no fueron incluidos en los documentos anteriores (Presidencia de la República, 1996). Véase también Hernández Navarro y Vera, 1998. 65
Hernández Navarro (1998) señala que el parteaguas del movimiento indio puede ubicarse en Chiapas, en el Congreso Indígena de 1974. Posteriormente, en 1975 y 1977, el gobierno federal, a través instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Secretaria de Reforma Agraria y la Confederación Nacional Campesina (CNC), organizó dos congresos que dieron origen al Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI). Pese a su carácter oficialista, en dicho Consejo se articularon los reclamos de tierras, las críticas al indigenismo integracionista y, sobre todo, las primeras exigencias de respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas (Oehmichen 1999). Una década después, en 1989, en el estado de Oaxaca tiene lugar una reunión entre distintas organizaciones indígenas con el objetivo de discutir el tema de los derechos humanos y el reconocimiento de sus derechos colectivos. A partir de entonces, el movimiento indígena presenta un perfil más definido y comienzan a organizarse foros que les permiten comunicarse e intercambiar sus experiencias con organizaciones indígenas de otros países de América Latina, principalmente a través de la ‘Campaña 500 años de resistencia’. 66
Órgano creado durante el gobierno de Vicente Fox como salida institucional y de control a las demandas de participación y toma de decisiones del movimiento indígena (Cuadriello 2008). 67
El CNI es heredero organizativo de los Diálogos de San Andrés. Surge de la convocatoria hecha por el EZLN a dirigentes indígenas para participar como sus asesores e invitados en el proceso (Hernández Navarro, 2009, 33).
72
Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (1977-1991). Un análisis de redes organizacionales en la dictadura y la transición chilena Manuel Bastías Saavedra
Frecuentemente, hablar de desigualdad social está asociado a las diferentes manifestaciones de desigualdad económica. Este artículo, sin embargo, se concentra en la desigualdad política que existe entre distintos actores colectivos de la sociedad civil68 y el impacto sobre el proceso político que tienen las diversas formas de interacción entre estos actores. El siguiente estudio revisa las interacciones públicas entre diferentes actores colectivos, en torno a eventos de protesta ocurridos durante la dictadura y en los primeros años del gobierno democrático, para evaluar los efectos de la formación de alianzas entre élites y movimientos en las dinámicas del conflicto político en Chile. Para ello, se ha realizado un análisis de redes organizacionales elaboradas a partir de eventos y campañas de protesta ocurridas en los años 1977-1980 y 1990-1991. El estudio pretende demostrar que el cambio de régimen, junto con restaurar las instituciones democráticas, produjo una reorganización de las relaciones informales de poder. Ello derivó en un distanciamiento entre élites y movimientos en la posdictadura chilena.
Candidato a Doctor en Historia Latinoamericana. Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin. Contacto:
[email protected]. La investigación para este artículo ha contado con el apoyo de CONICYT-Chile y de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a través de la Dahlem Research School. Agradezco los comentarios de Mayarí Castillo, Anahí Durand y Renata C. Motta a versiones anteriores de este artículo.
Introducción Con el retorno de la democracia en Chile se produjo un fenómeno de desmovilización que ha resultado difícil de explicar (Oxhorn 1994; Paley 2001; Silva 2009). En julio de 1991, un año después del cambio de mando, el editor de la revista Análisis sintetizaba la naturaleza paradójica del proceso de transición en los siguientes términos: Después de largos años de interdicción ciudadana, fue la movilización social la que puso término al Régimen Militar y alentó en los chilenos las anchas expectativas en cuanto a su posibilidad de jugar un rol más activo en nuestra vida pública. (…). En mérito de la enorme efervescencia social que empujó el Plebiscito y las elecciones generales que le dieron el triunfo a la Concertación, lo lógico era suponer que el actual proceso político se apoyaría en la fuerza del pueblo movilizado. Las cosas, sin embargo, han resultado de distinta manera. Mientras la organización social viene languideciendo, lo evidente es que la política se ha hecho cada vez más cupular, por lo que día a día los
73
chilenos se sienten más distantes de las grandes decisiones y de lo que acontece al interior de los poderes del Estado69 .
Las teorías de la transición han señalado que el paso de un régimen autoritario a uno democrático muchas veces conlleva o debiera ser acompañado por procesos de desmovilización (O’Donnell, Schmitter y Whitehead 1994). Lo que resulta particular en el caso chileno es la persistencia de esta situación y las dificultades que han tenido las organizaciones de la sociedad civil para participar en el proceso político. Diversas investigaciones que evaluaban el período democrático entregaron resultados en gran medida desalentadores sobre la situación de la sociedad civil chilena. Las organizaciones de derechos humanos tendieron a disolverse y perder protagonismo público (Fuentes 2006), los movimientos de mujeres resultaron disgregados (Baldez 1999; Waylen 2000; Ríos Tobar 2002) y los movimientos ecologistas tuvieron dificultades para imponer sus temas en la agenda pública (Claude 2002). Espinoza, tras una década de gobiernos democráticos, evaluó el estado de la sociedad civil chilena: “Lo que más llama la atención en los últimos años es la ausencia de conflictividad en la sociedad; tanto que parece que los movimientos sociales hubiesen desaparecido. Y no solo eso, sino que pocos conflictos alcanzan legitimidad, por no decir centralidad, en la población” (2000, 207). El argumento central de este artículo es que la imagen de una sociedad desmovilizada en el Chile posdictatorial está relacionada con cambios en las interacciones y transacciones entre diversos actores sociales. La movilización en el Chile dictatorial se dinamizó a partir del hecho de que organizaciones influyentes, como la Iglesia o los sindicatos nacionales, actuaron como aliados de grupos periféricos. Sin embargo, el proceso de transición produjo una reorganización de los actores, transformando radicalmente sus formas de interactuar. Así, con el retorno de la democracia, las organizaciones que habían actuado como aliados de grupos con escaso poder dejaron de hacerlo. En retrospectiva, esto ha sido percibido como un proceso de desmovilización de los actores sociales. En lo que sigue, expondré estas ideas en cuatro pasos. En primer lugar, ofrezco una breve discusión del lugar que han ocupado las relaciones informales de poder en la literatura sobre movimientos sociales. En seguida, reviso algunas ideas teóricas en torno a la relación entre movimientos, medios de comunicación y aliados para dar cuenta de la importancia de las interacciones entre élites y movimientos. En tercer lugar, discuto la metodología empleada para medir los cambios en la transmisión de influencia a través de las interacciones públicas entre diferentes actores sociales. Finalmente, expongo algunas de las conclusiones provisorias obtenidas a partir de la observación de seis redes organizacionales elaboradas sobre la base de una muestra de los años 1977-1980 y 19901991.
Movimientos sociales, conflicto político y relaciones informales de poder
74
Las observaciones de Espinoza (2000) se refieren al mismo tiempo a dos fenómenos relacionados, pero que suelen ser confundidos analíticamente: movimientos sociales y conflicto político70 . En muchos casos, que una demanda adquiera legitimidad y centralidad en la agenda política depende no solamente de los movimientos sociales y sus acciones, sino también del posicionamiento, la recepción y la legitimidad que las demandas de esos movimientos alcancen en el público. En este sentido, lo importante en la distinción entre movimientos sociales y conflicto político es que mientras aquel enfatiza las características de ciertos grupos, este involucra interacciones entre grupos que protestan, sus oponentes, terceras partes y los medios de comunicación (Gamson 2007; Rucht 2007; Tilly y Tarrow 2007). Desde esta lectura, el mecanismo ausente en la posdictadura chilena está más vinculado con las características del conflicto político que con los movimientos sociales y es lo que Tilly y Tarrow han llamado ‘cambio ascendente’ (upward scale shift) en la movilización. “El cambio ascendente es uno de los procesos más significativos en el conflicto político, pues desplaza el conflicto más allá de sus orígenes locales, afecta los intereses y valores de nuevos actores, e involucra cambios de escenarios hacia lugares donde el conflicto puede ser más o menos exitoso, y puede amenazar a otros actores o regímenes completos” (2007, 95). La investigación sobre el rol de los movimientos sociales en América Latina ha enfatizado las prácticas democráticas, las relaciones horizontales y el rol transformador de la política tradicional que ellos contienen (Jelin 1985; Calderón 1995; Avritzer 2002; Berger y Gabriel 2007; Mittag e Ismar 2009), descuidando que los escenarios políticos en los que se desenvuelven están caracterizados por la estratificación, las relaciones de poder y el predominio de relaciones asimétricas. En este sentido, si se desplaza el foco desde los movimientos sociales hacia el conflicto político, es posible observar que las dificultades que han tenido los movimientos sociales en posicionar sus ideas en la agenda pública están estrechamente vinculadas a las relaciones informales de poder existentes. La protesta y la movilización son formas en que grupos menos poderosos intentan producir cambios en los equilibrios de poder (Rucht 2007, 197). Los manifestantes no solo protestan para demostrar su capacidad de convocatoria, sino que, al mismo tiempo, están tratando de influir en la opinión pública y ganar el apoyo de otros actores para así inducir la toma de decisiones (Knoke 1990). De este modo, la movilización se trata principalmente de una tarea de ampliar el espectro de apoyo, en la medida en que “los espectadores no necesariamente permanecen como espectadores, sino que pueden involucrarse como nuevos actores en formas que transformen las dinámicas de poder entre los ya involucrados” (Gamson 2007, 242). Así, la formación de coaliciones entre actores más y menos poderosos puede generar impacto sobre las pretensiones de los grupos menos poderosos en sus aspiraciones por situar temas en la agenda pública y originar dinámicas de cambio ascendente en la movilización. Hasta ahora la literatura sobre movimientos sociales ha considerado a los aliados influyentes como una parte de la estructura de oportunidades políticas (Brockett 1991; McAdam 1996; Tarrow 1998). La idea de estructura de oportunidades políticas surgió 75
para dar cuenta de ciertos elementos externos a los movimientos sociales que podían influir sobre su emergencia, desarrollo o disolución, tales como “cambios en la estructura institucional o en las relaciones informales de poder en un determinado sistema político” (McAdam, McCarthy y Zald 1996, 3). Doug McAdam ensayó una síntesis de los diversos elementos componentes de la estructura de oportunidades políticas llegando a elaborar una lista de cuatro elementos: 1) el grado de acceso (abierto/cerrado) del sistema político institucionalizado; 2) el grado de estabilidad (estable/inestable) de los alineamientos de las élites que sostienen un sistema político; 3) la presencia o ausencia de aliados de la élite, y 4) la capacidad y propensión del régimen a la represión (1996, 27). El caso chileno contradice las conclusiones que podrían esperarse de la aplicación de un modelo de estructura de oportunidades políticas, en la medida en que durante un régimen político dictatorial, que mantenía bloqueado los accesos a la toma de decisiones a gran parte de la población y tenía tanto la capacidad como la propensión a reprimir severamente las acciones políticas opositoras, hubo procesos de movilización que lograron amplia recepción pública. Como contraparte, la apertura del sistema político a través de las elecciones, la restauración de los órganos representativos, la reducción de la represión arbitraria y un proceso generalizado de democratización parecen no haber producido ningún incentivo para la movilización. Incluso pareciera que esta alteración en las condiciones estructurales del sistema político hubiese impedido el desarrollo de la sociedad civil. Recientemente, se han comenzado a reconocer las dificultades analíticas que sugiere la idea de estructura de oportunidades políticas. Gamson y Meyer han alegado que el concepto ha sido difícil de especificar, al punto de correr el riesgo de “convertirse en una esponja que absorba virtualmente cada aspecto del ambiente de un movimiento social (…). Si se utiliza para explicar tanto, puede terminar por no explicar nada” (1996, 275). Otros autores han sugerido que las estructuras que el concepto debiera delimitar en realidad no son tan fijas como se pretende en tanto la mayor parte de los elementos que lo componen son efectos de “estrategias conscientes, decisiones y (finalmente) acciones de los manifestantes, sus antagonistas y actores estatales” (Goodwin y Jasper 1999, 40). En realidad, lo que se considera parte de la estructura de oportunidades políticas “no es el resultado de un menú invariable de factores, sino que de combinaciones específicas de situaciones y secuencias de procesos políticos” (Íbid., 39). El mismo McAdam reconoció que el programa de investigación estructural había alcanzado sus límites, haciéndose necesario avanzar en la búsqueda de los procesos dinámicos y los mecanismos que intervienen en la formación, el desarrollo y la disolución de movimientos sociales (2003, 284). La investigación que aquí se presenta, siguiendo las críticas formuladas al concepto de estructura de oportunidades políticas, plantea que el rol de los aliados no debe reducirse a la dimensión contextual o ambiental de los movimientos, sino que, por el contrario, debe ser considerado como partícipe del proceso y del conflicto político. En este sentido, este estudio no se ha limitado a evaluar el rol de los movimientos sociales, sino que ha incluido actores institucionales en el análisis. Asimismo, de acuerdo con 76
tendencias recientes en el estudio de la protesta, la acción colectiva y los movimientos sociales (Emirbayer 1997; McAdam, Tarrow y Tilly 2001; Diani y McAdam 2003), este estudio pretende enfatizar las relaciones entre actores colectivos para comprender el proceso político chileno.
Movimientos, medios y aliados Los movimientos sociales son, por lo general, actores que carecen de canales de acceso expedito al poder institucional. Por eso, los movimientos organizan eventos de protesta para llamar tanto la atención de las autoridades como del público. En este sentido, los medios de comunicación son uno de los blancos de atención predilectos de los movimientos. “Aún en protestas disruptivas y no autorizadas, activistas experimentados asignan a alguien para avisar a la prensa de la protesta, tienen notas de prensa listas para distribuir a los periodistas de la prensa escrita y crean una ‘imagen’ que puede resultar interesante para la televisión” (Oliver y Maney 2000, 468). William Gamson ha definido la relación de los movimientos con la prensa como el dilema de la necesidad de validación y consiste en la relación entre protesta y cobertura mediática: Cuando manifestantes gritan “Todo el mundo está mirando”, significa que ellos son importantes, que están haciendo historia. La cobertura mediática valida su importancia. Por el contrario, una manifestación sin cobertura medial es un no-evento, con escasas posibilidades de influenciar positivamente la movilización de seguidores o influenciar a los objetos de su demanda (2007, 252).
En este sentido, posicionarse en los medios de comunicación es importante para los movimientos en al menos tres sentidos. En primer lugar, los medios de comunicación sirven para movilizar públicos que no participan de los espacios adyacentes al movimiento. Con esto, los movimientos pueden movilizar grupos que resultan difíciles de contactar directamente y sumarlos a su causa. En segundo lugar, la cobertura mediática valida al movimiento como un actor que debe ser tomado en serio. Este paso generalmente es una condición previa para poder influenciar a los receptores de la demanda. Por último, los movimientos requieren de los medios para ampliar el alcance del conflicto; sumar o perder actores que actúan favorablemente al movimiento produce alteraciones radicales en las relaciones de poder entre los antagonistas (Gamson y Wolfsfeld, 1993). La cobertura mediática tiene efectos sobre los resultados de un movimiento protesta en tanto juega un rol fundamental en el proceso de legitimación de los actores y de las demandas (Shoemaker 1982, 282). Ferree y sus colaboradores han caracterizado el posicionamiento exitoso sobre la base de dos criterios: standing y framing (2002, 13). El standing es la condición de ciertos actores a quienes se les da voz en la prensa. El periodista concede a determinados actores el “estatus de fuente reconocida, cuyos comentarios son citados directa o indirectamente” (Gamson 2007, 251). Las fuentes adquieren esta condición porque son consideradas actores serios en su campo de acción. 77
Actualmente, muchos grupos y organizaciones ya han consolidado este estatus; las agencias gubernamentales, la Iglesia, los sindicatos nacionales o las agrupaciones empresariales tienen acceso expedito a la prensa porque los periodistas consideran que son actores poderosos e influyentes en la toma de decisiones. Movimientos sociales y organizaciones menores, por el contrario, suelen ser el tipo de actores que deben ganarse ese lugar en la prensa. El framing, por su parte, consiste en el marco de sentido que organiza argumentos, ideas y símbolos que sirven para enfatizar ciertos aspectos de una cuestión y dejar otros en el trasfondo (Gamson 2007, 245). Un ejemplo de ello puede ser una nota de prensa sobre una toma de terreno en zonas urbanas de Santiago, en la cual se informa que “unas 300 familias sin casa ocuparon por el espacio de dos horas un cancha de fútbol en La Bandera, al cabo de las cuales fueron desalojadas por carabineros”71 . Una cuestión muy diferente es que se exponga la toma dentro del contexto de una crítica situación de escasez habitacional y de la precaria condición de vida de las familias que viven de allegadas con parientes o amigos. El problema se desvincula, de este modo, de la acción de las 300 familias que ocupan ilegalmente propiedad privada ajena y se enmarca dentro de problemas que se remiten a negligencias de las políticas públicas y a la responsabilidad social del Estado. Para los movimientos es importante posicionar información con estas características en la medida en que suelen legitimar a los actores colectivos frente al público y facilita la llegada de aliados. A su vez, la presencia de aliados influyentes aumenta las posibilidades de que la cobertura sea favorable a los movimientos. Aquí interviene un mecanismo que ha sido denominado ‘certificación’ y consiste en la disposición de una autoridad externa en reconocer y apoyar la existencia y las demandas de un actor colectivo (Tilly y Tarrow 2007, 34). Este mecanismo puede aportar para validar a ciertos actores ante los medios de comunicación y el público. La prensa oficialista en la dictadura chilena, por ejemplo, tendía a lanzar campañas de desprestigio en contra de cualquier grupo de oposición, como lo hizo con los familiares de detenidos desaparecidos (Vidal 1982). El apoyo explícito de la Iglesia católica chilena; de actores internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y de legaciones diplomáticas extranjeras hacia las manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ayudó a legitimar sus acciones y a situar el tema de los desaparecidos como un problema por considerar. En este sentido, se puede decir que mediante el apoyo explícito y público, los actores más poderosos transmiten su influencia a los grupos que contestan a las autoridades. Por último, cabe destacar que la contingencia de las alianzas implica que las relaciones pueden variar (Mische y Pattison 2000). El impacto que tiene esto sobre la movilización es particularmente importante en la medida que puede tener como consecuencia una menor cobertura mediática o simplemente perder la batalla de ideas. De este modo, cabe señalar que los que en un momento fueron aliados, en otro pueden actuar de espectadores neutrales o, aún más grave, convertirse en antagonistas y actuar en contra de los intereses que empuja el movimiento. Todos estos desplazamientos 78
alteran las relaciones de poder existentes. La siguiente sección propone un método de sistematización de información relacional basada en la transmisión de apoyos y adhesiones entre organizaciones y movimientos para trazar alteraciones en las relaciones informales de poder.
Midiendo alianzas: un análisis de relaciones informales de poder Esta investigación establece relaciones entre organizaciones a través de su participación en eventos y campañas de protesta. La información para determinar las organizaciones y grupos relevantes, y establecer los vínculos entre ellos, es tomada de dos semanarios y una revista bimensual considerados medios independientes. En lo que a este artículo se refiere, la información proviene de las revistas Hoy (1977-1991), Análisis (19781991) y de la revista Solidaridad para el período 1977-1990 (año en que terminó su circulación). Este estudio, como cualquier otro de este tipo, no puede ni pretende, establecer el número total de protestas que hubo, sino que se restringe a aquellas que fueron reportadas en la prensa (Wada 2003; Earl et al. 2004). Para esta investigación he asumido una estrategia de selección de organizaciones basada en su participación conjunta en eventos. “Este método traza los límites de una red por medio de la inclusión de actores que participan en un conjunto determinado de actividades que ocurren en lugares y tiempos específicos” (Knoke y Yang 2008, 20). El criterio establecido fue, de este modo, la inclusión de todos los grupos que participaban (i.e. son mencionados en las fuentes) en un evento o en una campaña de protesta. La unidad de análisis de esta investigación son organizaciones y grupos determinados. Por organización entiendo aquellos actores colectivos que son identificados con un nombre propio, como la Vicaría de la Solidaridad o la Unidad Obrero Campesina, sin establecer distinciones entre su organización interna. Por grupos determinados me refiero a actores que son definidos de modo general, pero aun conservan ciertas características que permiten obtener información sobre sus contextos concretos. Así, menciones como ‘sacerdotes’, ‘allegados’, ‘estudiantes de derecho de la Universidad de Chile’ participando de una protesta o campaña fueron ingresadas como unidades a pesar de no ser organizaciones. Esto ha sido en consideración de que este tipo de menciones proporcionan más información contextual que otras como ‘personas’, ‘manifestantes’, ‘gente’, ‘jóvenes’ o ‘mujeres’, las cuales fueron omitidas. Siguiendo a otros autores, entiendo por protesta una acción colectiva disruptiva en público, en la cual el Estado participa como interpelado o tercera parte (Tilly y Tarrow 2007). Un evento de protesta constituye el conjunto de acciones realizadas por un mismo grupo en torno a una demanda. Un evento puede tener una duración variable, desde escasos minutos hasta varios días. Por otra parte, una campaña es un conjunto de eventos encadenados en torno a una demanda común (Wada 2003). Las organizaciones incluidas en las campañas han debido conformarse según el criterio de estar vinculadas directa o indirectamente a protestas. Así, una campaña en contra del Plan Laboral de 79
1979, realizada a través de declaraciones públicas por parte de diversos sectores laborales, no se incluyó, a menos que hubiese una marcha, un acto, una huelga u otro tipo de acción disruptiva en el espacio público de por medio. En este sentido, esta investigación enfatiza en las acciones de protesta, ya que asumo que es allí donde suelen encontrarse los actores menos influyentes. Debido a que el interés central de esta investigación es mostrar la transformación en las correlaciones de fuerza por medio de cambios en las relaciones públicas entre actores colectivos, las alianzas no están restringidas a aquellos grupos que participan directamente en los eventos o campañas de protesta como manifestantes, sino que he incluido a aquellos grupos que públicamente expresan su solidaridad con los manifestantes y/o apoyan explícitamente las demandas por las que se protesta. Esto es fundamental en tanto que, por lo general, existe una división del trabajo entre los roles que asumen diferentes organizaciones cuando se trata de protestas. Existen organizaciones que actúan de modo recurrente como aliados, pero que se abstienen sistemáticamente de participar directamente en protestas; otras juegan un rol intermedio en tanto apoyan a los manifestantes a través de declaraciones públicas, al mismo tiempo que realizan sus propias manifestaciones en torno a sus propias demandas. Finalmente, existen grupos y organizaciones que tienden a movilizarse, pero que escasamente actúan como aliados de otros grupos. Esta división del trabajo refleja además la posición que ocupan los actores colectivos en la jerarquía social, donde quienes más protestan suelen ser aquellos que menos influencia poseen. De este modo, el contenido de las relaciones representadas a continuación consiste en la transmisión de influencia, que es señalada por la participación conjunta en un evento o campaña de protesta, o por medio de declaraciones públicas en solidaridad con los manifestantes o de apoyo a las demandas de la protesta. He ingresado como vínculo solo aquellas declaraciones que eran explícitamente de apoyo.
Coaliciones organizacionales en la dictadura chilena El golpe de Estado en Chile significó un proceso de reorganización de la sociedad chilena. La Junta Militar ordenó el cierre del Congreso, suspendió las garantías constitucionales, proscribió a los partidos de izquierda, limitó las actividades sindicales y cerró medios de comunicación. Este tipo de golpes abruptos suelen desencadenar procesos de reorganización en la medida en que los antiguos canales de contacto e interacción dejan de existir. Estos procesos suelen ser lentos, complejos, exigen una gran cantidad de esfuerzos materiales y humanos, e involucran procesos de aprendizaje con sus respectivos avances y retrocesos. En lo que sigue, me concentraré en la forma que adquiere este proceso de reorganización entre 1977 y 1980, en las fases iniciales de movilización, para dar cuenta de las relaciones públicamente mediadas que existían entre diversos grupos y actores sociales. Los años 1979 y 1980 son particularmente interesantes en la medida en que existe un cambio cualitativo en los actores colectivos 80
que participan de la esfera pública. Las redes de este período serán contrastadas con los años 1990 y 1991, correspondientes a los primeros años del retorno a la democracia. La Figura N° 1 representa el total de organizaciones que participaron en eventos y campañas de protesta en 197772 , correspondiente a tres campañas en torno a acciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), indicada en el centro del diagrama. Ese año, hubo protestas de otros actores, pero en general estas recibieron escasa respuesta de parte de otros actores, situándose únicamente el problema de los desaparecidos en la agenda pública, especialmente después de una huelga de hambre realizada en el mes de junio (Garcés y Nicholls 2005). FIGURA N° 1
A la izquierda de la Figura N° 2 se reproduce la situación de 1977, pero aparece un nuevo conjunto de actores correspondiente al sector sindical organizado. Las diferencias en las figuras indican el tipo de relación que se establece en ambos conjuntos. Mientras las protestas de la AFDD tienden a recibir apoyos de actores que no están directamente relacionados con ella ni entre ellos, el sector sindical está bien comunicado internamente, pero no recibe apoyo de actores externos. Ambas figuras representan las fases iniciales de movilización social durante la dictadura, en la que el número de organizaciones que participaban en eventos y campañas de protesta era relativamente bajo, su composición interna débil y los medios de comunicación independientes aún estaban en proceso de consolidación. FIGURA N° 2
81
Entre fines de 1978 y comienzos de 1979 existe un proceso acelerado de formación y extensión de organizaciones. A mediados de 1978 hace su aparición pública la Coordinadora Nacional Sindical y se forma el Grupo de los 24; la Coordinadora Nacional de Trabajadores Cesantes lo hace en octubre y la Comisión Chilena de Derechos Humanos en diciembre. En 1979 emerge el Comité de Defensa de los Derechos Juveniles (CODEJU) y en junio se forma la Agrupación de Familiares de Exiliados, se crea el Comité Regional de Derechos Humanos de la Quinta Región y la AFDD comienza a funcionar a nivel nacional. Este proceso de organización tendrá un importante impacto cualitativo sobre la movilización en la medida en que estas organizaciones tenían o aspiraban tener cobertura nacional, poseían contacto con los partidos políticos de oposición y contaban con el apoyo de organizaciones internacionales. La Figura N° 3 refleja el resultado de este proceso de organización en las interacciones públicas entre actores colectivos. La red se hace más densa, aumenta el número de organizaciones y la red se hace más cohesiva, en tanto no se puede observar un sector que actúa aisladamente. El centro de la red lo ocupan las cuatro centrales sindicales nacionales73 , el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (indicadas en el círculo). La Iglesia también distribuía apoyos diversos referidos a temas de derechos humanos y laborales a través de los arzobispados, los obispos y la recientemente creada Vicaría de la Pastoral Obrera (indicadas en el rectángulo). Los estudiantes universitarios, los sindicatos campesinos y sindicatos internacionales también entran en el escenario político realizando y participando de manifestaciones públicas. FIGURA N° 3
82
El escenario en 1980 (Figura 4) se hace menos complejo debido a una aplicación efectiva de la represión por parte del régimen. Entre 1977 y 1979, las protestas se concentraban en fechas emblemáticas, como el Día de la Mujer (8 de marzo) y el Día del Trabajo (1 de mayo), por lo que en 1980 el régimen militar fue capaz de aumentar las trabas para realizar las manifestaciones programadas para esos días. El asesinato de un militar a manos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en las últimas semanas de abril también contribuyó a crear un clima de inseguridad, ante lo cual los grupos sindicales desistieron de realizar celebraciones masivas no autorizadas. A pesar de estas condiciones, la Figura N° 4 representa una red de coaliciones cohesionada, pero con bajo grado de centralización. Los sindicatos nacionales siguen siendo los grupos que cohesionan la red, mientras que también aparece en un lugar central el Comité de los 24, un grupo de estudios constitucionales, debido a que el tema político del año fue el Plebiscito constitucional (indicadas en el círculo). FIGURA N° 4
Este tipo de relaciones perduran a lo largo de la dictadura: sindicatos nacionales, organizaciones de la Iglesia, grupos profesionales con fuertes vínculos a los partidos 83
políticos y las ONG con importantes contactos internacionales actuaban recurrentemente como aliados de grupos menos influyentes. Esta situación se transforma con el retorno de la democracia en 1990. Las redes de coaliciones públicas en torno a protestas de 1990 y 1991 se fragmentan y su composición interna indica el repliegue de estos actores a posiciones periféricas o marginales. Esto no quiere decir que estos grupos hayan perdido influencia en el sistema político; más bien señala que dejaron de entregar apoyos políticos a los grupos que manifestaban públicamente. Las Figuras N° 5 y N° 6 reflejan esta situación. FIGURA N° 5
Así, las protestas existentes tienden a contar con menos aliados y las alianzas establecidas aparecen fragmentadas. Esto ocurre en la medida en que los grupos que actúan como aliados han cambiado considerablemente en su composición, ocupando la Iglesia, la CUT 74 y los partidos políticos de gobierno lugares marginales dentro de las redes (indicados con el círculo). Estas organizaciones ya no distribuyen influencia como lo hacían en las redes de 1979 y 1980. Por otra parte, las coaliciones que efectivamente se forman suelen estar compuestas por organizaciones que poseen relaciones más directas y afinidades más estrechas, correspondiendo a los sectores menos oficialistas de la izquierda. Las redes sociales presentadas en la Figura N° 6 reflejan interacciones concretas de disposiciones que asumen actores colectivos en el espacio público. Contar con el apoyo de organizaciones con infraestructura, recursos, aliados internacionales y acceso privilegiado a los medios importa. Estas organizaciones influyentes gestionan sus apoyos públicos, los cuales tienen efectos políticos relevantes. El negarse a prestar el apoyo político es una de las formas en que se alteran los equilibrios de poder. La ausencia de apoyos políticos queda reflejada en las redes de coaliciones por la ausencia de vínculo; la fragmentación observada para el período transicional refleja este cambio en la gestión de apoyos políticos. Esta variación en las dinámicas de formación de alianzas, reflejada en la ausencia de vínculos en los años de la transición, condicionaron el alcance de las 84
demandas y, por consiguiente, la posibilidad de que se produjera un cambio ascendente en la movilización. FIGURA N° 6
Conclusiones Este artículo ha intentado demostrar que la presencia de aliados influyentes, que cuentan con recursos, plantas profesionales, aliados internacionales y acceso expedito a los medios, es esencial para generar dinámicas de cambio ascendente en el conflicto político, como ocurrió durante la dictadura chilena. Como contraparte, la dificultad que han tenido los movimientos sociales y grupos menos influyentes en el Chile posdictatorial en posicionar sus demandas en la agenda política está relacionada con un proceso de fragmentación y segmentación de las interacciones públicas entre actores más y menos influyentes. Mario Diani ha señalado que las redes segmentadas y descentralizadas, como las observadas para el período 1990-1991, “capturan las propiedades formales de un sistema de interacción que refleja la ausencia de dinámicas propias de un movimiento social” (2003, 311). La transición chilena es ilustrativa de esta situación. Este estudio advierte que el proceso de transición no solamente marca un nuevo arreglo institucional mediante la inclusión de mecanismos representativos y democráticos de administración y reproducción del Estado, sino que también supone un cambio sustancial en la configuración del poder político y social. Hasta ahora, esta configuración del poder en la posdictadura chilena había estado caracterizado por el rasgo elitista que asumió el sistema de partidos (Roberts 1998; Valdivia et al. 2008). Sin embargo, como queda representado aquí, el conjunto de organizaciones vinculadas a la Iglesia, a los sindicatos nacionales y a las ONG más influyentes toman una posición similar. Esta situación produce una alteración general en la configuración del poder político y social en 85
tanto aquellos que suelen actuar como aliados de movimientos que impugnan al Estado abandonan sistemáticamente esta postura. En Chile, esto ha dado como resultado la conformación de un sistema político elitista en el que, a pesar de la existencia de mecanismos democráticos, ha habido poco espacio para la introducción de reformas políticas, económicas y sociales promovidas desde abajo. Las conclusiones de este estudio, finalmente, suscitan preguntas sobre la política en sociedades democráticas. La distribución desigual de influencia y de recursos y el acceso al poder institucional y medios de comunicación, entre diferentes actores colectivos de la sociedad civil, son determinantes para el arribo de las demandas de los movimientos sociales a los canales institucionales. En este sentido, es posible cuestionar la calidad de un sistema democrático cuando se presentan dinámicas que permiten bloquear el posicionamiento de demandas de grupos menos influyentes en la agenda pública. Ello hace que sea necesario avanzar en investigaciones que aborden los mecanismos políticos informales y la distribución de poder dentro de regímenes democráticos. Solamente considerando estos elementos, en conjunto con los mecanismos formales de representación, será posible profundizar el conocimiento y la crítica de la democracia realmente existente.
Bibliografía Avritzer, L. (2002). Democracy and the Public Space in Latin America. New Jersey: Princeton University Press. Baldez, L. (1999). La política partidista y los límites del feminismo de Estado en Chile. En P. Drake y I. Jaksic (Eds.), El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa. (pp. 405-431). Santiago: LOM. Berger, H. y Gabriel, L. (2007). Lateinamerika im Aufbruch: soziale Bewegungen machen Politik. Viena: Mandelbaum-Verlag. Brockett, C. (1991). The structure of political opportunities and peasant mobilization in Central America. Comparative Politics, XXIII (3), 253-273. Calderón, F. (1995). Movimientos sociales y política: la década de los ochenta en Latinoamérica. México, D.F.: Siglo XXI Editores. Claude, M. (2002). Organizaciones no gubernamentales verdes, agenda política y participación ciudadana: el caso de Chile. En A. Panfichi (Ed.), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur. (pp. 269296). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Diani, M. (2003). Networks and Social Movements: A research programme. En M. Diani y D. McAdam (Eds.), Social movements and networks: relational approaches to collective action. (pp. 299-319). Oxford: Oxford University Press. Diani, M, y McAdam, D. (2003). Social movements and networks: relational approaches to collective action. Oxford: Oxford University Press. 86
Earl, J. Martin, A., McCarthy, J. D. y Soule, S. A. (2004). The use of newspaper data in the study of collective action. Annual Review of Sociology, XXX, 65-80. Emirbayer, M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology. The American Journal of Sociology, CIII(2), 281-317. Espinoza, V. (2000). Reivindicación, conflicto y valores en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. En M. Garcés (Ed.), Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. (pp. 198-211). Santiago: LOM. Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., y Rucht, D. (2002). Shaping abortion discourse. Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States. Cambridge: Cambridge University Press. Fuentes, C. A. (2006). Violent Police, Passive Citizens. The Failure of Social Accountability in Chile. En E. Peruzzotti y C. Smulovitz (Eds.), Enforcing the Rule of Law. Social Accountability in the New Latin American Democracies. (pp. 134177). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Gamson, W. A. (2007). Bystanders, Public Opinion, and the Media. En D. Snow, S. Soule y H. Kriesi (Eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. (pp. 242261). Oxford: Blackwell. Gamson, W. A. y Meyer, D. S. (1996). Framing Political Opportunity. En D. McAdam, J. D. McCarthy y M. Zald (Eds.), Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. (pp. 275-290). Cambridge: Cambridge University Press. Gamson, W. A. y Wolfsfeld, G. (1993). Movements and Media as Interacting Systems. Annals of the American Academy of Political and Social Science, DXXVIII, 114125. Garcés, M. y Nicholls, N. (2005). Para una historia de los derechos humanos en Chile. Historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC. 1975-1991. Santiago: LOM / FASIC. Goodwin, J. y Jasper, J. M. (1999). Caught in a Winding, Snarling Vine: The Structural Bias of Political Process Theory. Sociological Forum, XIV(1), 27-54. Jelin, E. (1985). Los nuevos movimientos sociales. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Knoke, D. (1990). Political Networks. The Structural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Knoke, D. y Yang, S. (2008). Social Network Analysis. Los Angeles: Sage Publications. McAdam, D. (2003). Beyond Structural Analysis: Toward a more Dynamic Understanding of Social Movements. En M. Diani y D. McAdam (Eds.), Social movements and networks: relational approaches to collective action. (pp. 281-298). Oxford: Oxford University Press. ______ (1996). Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions. En D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (Eds.), Comparative perspectives on social 87
movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. (pp. 23-40). Cambridge: Cambridge University Press. McAdam, D., McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (1996). Comparative Perspectives on Social Movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. Cambridge: Cambridge University Press. McAdam, D., Tarrow, S. G. y Tilly, C. (2001). Dynamics of contention. Cambridge: Cambridge University Press. Mische, A. y Pattison, P. (2000). Composing a Civic Arena: Publics, projects, and social settings. Poetics, XXVII, 163-194. Mittag, J. y Ismar, G. (2009). ¿El pueblo unido? Soziale Bewegungen und politischer Protest in der Geschichte Lateinamerikas, Münster, Verl. Westfälisches Dampfboot. O’Donnell, G., Schmitter, P. C. y Whitehead L. (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. II. Barcelona: Paidós. Oliver, P. E. y Maney, G. M. (2000). Political Processes and Local Newspaper Coverage of Protest Events. The American Journal of Sociology, CVI(2), 463-505. Oliver, P. E. y Myers D. J. (2003). Networks, Diffusion, and Cycles of Collective Action. En M. Diani y D. McAdam (Eds.). Social movements and networks: relational approaches to collective action. (pp. 173-203) Oxford: Oxford University Press. Oxhorn, P. (1994). Where did all the protesters go? Popular mobilization and the transtition to democracy in Chile. Latin American Perspectives, XXI(3), 49-68. Paley, J. (2001). Marketing Democracy: power and social movements in postdictatorship Chile. Berkeley: University of California Press. Ríos Tobar, M. (2002). Feminismo chileno en la década de 1990: paradojas de una transición inconclusa. En A. Panfichi (Ed.), Sociedad civil, esfera pública ydemocratización en América Latina: Andes y Cono Sur. (pp. 297-330). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Roberts, K. M. (1998). Deepening Democracy?: The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru. Stanford: Stanford University Press. Rucht, D. (2007). Movement Allies, Adversaries, and Third Parties. En D. Snow, S. Soule y H. Kriesi (Eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. (pp. 197216). Oxford: Blackwell. Shoemaker, P. J. (1982). The Percieved Legitimacy of Deviant Political Groups. Two experiments on media effects. Communication Research, IX(2), 249-286. Silva, E. (2009). Challenging Neoliberalism in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. Tarrow, S. G. (1998). Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics (2.a ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Tilly, C. y Tarrow, S. G. (2007). Contentious politics. Boulder, Colorado: Paradigm 88
Publishers. Valdivia, V., Álvarez Vallejos, R., Pinto Vallejos, J., Donoso, K. y Leiva S. (2008). Su revolución contra nuestra revolución. La pugna marxista-gremialista en los ochenta. Santiago: LOM. Vidal, H. (1982). Dar la vida por la vida: la agrupación chilena de familiares de detenidos desaparecidos. Minneapolis, Minnesota: Institute for the Study of Ideologies and Culture. Wada, T. (2003). A Historical and Network Analysis of Popular Contention in the Age of Globalization in Mexico. PhD. Dissertation, Columbia University. Waylen, G. (2000). Gender and Democratic Politics: A Comparative Analysis of Consolidation in Argentina and Chile. Journal of Latin American Studies, XXXII, 765-793.
68
Como veremos más adelante, la desigualdad política consiste en el acceso a la toma de decisiones y a los medios de comunicación, a la disponibilidad de recursos y a la existencia de contactos internacionales, entre otras. 69
Juan Pablo Cárdenas, “Editorial: Los riesgos de la Apatía”, en Análisis, del 22 al 28 de julio, 1991.
70
Entiendo ‘conflicto político’ como una traducción de contentious politics (Tilly y Tarrow 2007).
71
Parafraseado de un artículo aparecido en Solidaridad, N° 98, 1a quincena de agosto 1980.
72
Debido a que el énfasis es en la formación de coaliciones, he incluido solo aquellas protestas en las que participan al menos dos actores colectivos. 73
Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Grupo de los Diez y la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH). 74
Central Unitaria de Trabajadores, formada en 1988 por la fusión de los sindicatos nacionales que funcionaban de facto hasta entonces.
89
Nuestras tierras, sus ganancias. Recursos naturales, desigualdad y conflicto en la Amazonia peruana Anahí Durand Guevara
Presentación La implementación del modelo económico neoliberal a inicios de la década de los noventa significó para el Perú la liberalización de la explotación de los recursos naturales. En los casos especificos de la minería y del petróleo, se promulgó una nueva legislación que facilitó el ingreso de capitales transnacionales que, bajo la figura de concesión, extraen recursos del subsuelo. En las regiones de la Amazonia peruana, la intensificación de las actividades extractivas –principalmente de la industria petrolera–, a decir del gobierno y de los empresarios, se ha traducido en notables beneficios macro-económicos. No obstante, tal como lo afirman los principales actores sociales de dicha región, los índices de pobreza se han mantenido e incluso elevado, por lo que la contaminación de los ríos y el desplazamiento de comunidades nativas y colonias se han agravado. Este desfase entre un supuesto desarrollo económico nacional y la permanencia de la pobreza a nivel local trae como consecuencia el incremento de los conflictos sociales que enfrentan a los empresarios y actores estatales por un lado y, por otro, a grupos de la población organizada que no perciben una mejoría en sus condiciones de vida. El último Paro amazónico de mayo del 2009, organizado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) movilizó a miles de personas en todo el país, lo que dejó en claro el nivel de descontento. Dicha protesta evidenció además una clara demanda de inclusión basada en el cuestionamiento a un modelo de desarrollo que, según afirman los principales líderes, reproduce la desigualdad y legitima discriminaciones de larga data en la sociedad peruana, tales como las económicas, sociales, étnicas y culturales.
Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Correo:
[email protected].
El presente artículo tiene por objetivo analizar la dinámica de explotación extractiva en la Amazonia peruana en contraste con las percepciones de desarrollo de los pueblos indígenas, poniendo énfasis en los conflictos que se generan a raíz de las supuestas inequidades. En tal sentido, partiendo de las opiniones de las y los líderes de AIDESEP 75 , nos interesa reparar en la manera como la población indígena organizada percibe el impacto del avance extractivo, problematiza la desigualdad generada y se moviliza en torno a ello, e indagar además en la forma que el Estado responde a dichas demandas y 90
favorece o no las posibilidades de arribar a salidas consensuadas y democráticas que frenen la conflictividad y generen inclusión.
Aproximaciones al estudio de la desigualdad en el Perú La desigualdad es un fenómeno estructural que refiere a la distribución jerárquica de recursos sociales entre diversos actores. Se denominan recursos sociales pues: (a) son el resultado material de un proceso social de producción; (b) son simbólicamente producidos como valores considerando sus usos y costos materiales, y (c) dadas sus propiedades físicas y/o simbólicas, poseen un valor objetivo en una sociedad histórica determinada. Dado que los recursos son socialmente producidos, toda sociedad establece normas sobre cómo distribuir la producción social y, por tanto, sobre qué desigualdades son válidas y por qué. La capacidad de los actores sociales de incidir en la definición de estas regulaciones está condicionada por los recursos sociales de los que disponen. En las sociedades desiguales, las distintas formas de legitimación son resultado de la acción y producción simbólica de actores en posiciones de acceso desigual a los recursos, por lo que estarán cruzadas por el problema de la dominación existente en un contexto histórico específico (Bourdieu, 1989). En términos de Tilly, el problema de la desigualdad se asocia a diferencias duraderas y sistemáticas en las posibilidades de vida que distinguen a los miembros de diferentes grupos o categorías socialmente definidas. Se trata por ello de una ‘desigualdad categorial’, caracterizada por ser persistente y perdurar de una interacción social a la siguiente, manteniéndose a lo largo de toda una carrera, una vida y/o una historia organizacional. Son desigualdades categoriales en tanto abarcan un conjunto de actores que comparten límites que los distinguen de al menos otro conjunto de actores visiblemente excluidos por ese límite y los relaciona con ellos. “Una categoría simultáneamente aglutina actores juzgados semejantes, escinde conjuntos de actores considerados diferentes y define relaciones entre ambos” (Tilly; 2000). La desigualdad categorial marca límites y jerarquías de inclusión y exclusión, agrupa trayectorias personales y también dinámicas organizacionales. Históricamente, el Perú se ha construido como una sociedad atravesada por diferencias estructurales y jerárquicas a la vez que por una persistente desigualdad categorial. Tomando la idea citada de Bordieu, los recursos sociales han sido concentrados por minorías que ocupan un lugar dominante en el proceso social de producción, siendo estas mismas élites las que generan valores simbólicos que los legitiman y diferencian como clases dominantes. De un lado, los grupos de poder económico han acaparado los bienes materiales, de otro, como parte del legado colonial, se han mantenido jerarquías y estructuras simbólicas que suponen una matriz clasificatoria de la población basada en criterios étnicos. Al instaurarse la República, la ciudadanía quedó restringida a la población étnica hispanoparlante (blanca-criolla), mientras miles de habitantes de los Andes o la Amazonia no fueron tomados en cuenta 91
en el proyecto de nación. Los representantes criollos de las corrientes liberales que apostaban por un régimen democrático, ni siquiera se plantearon dotar de ciudadanía a quienes consideraban naturalmente inferiores (Guerrero; 2010). En este escenario de múltiples desigualdades categoriales –en términos de persistentes jerarquías clasificatorias que articulan límites étnicos, territoriales, de género, etc.– operan mecanismos promotores de desigualdad, entre los que destaca la explotación de los recursos por parte de grupos de actores bien conectados que controlan un recurso valioso que demanda trabajo y del cual solo pueden obtener utilidades si aprovechan el esfuerzo de otros a quienes excluyen del valor total agregado por ese esfuerzo. (Tilly; 2000). En una economía primaria exportadora como la peruana, la constitución de las clases dominantes se encuentra estrechamente vinculada a la explotación de los recursos naturales. Fue el caso de la oligarquía consolidada en la época de la ‘prosperidad falaz’, entre 1840 y 1870, enriquecida por los ingresos económicos del guano y del salitre. Fue el caso también de la ‘República aristocrática’, caracterizada por el dominio de una oligarquía civil abocada a la exportación del azúcar y del algodón entre 1895 y 1919 (Klaren; 2004). Ocurrió a lo largo del siglo XX, donde los boom exportadores de recursos naturales, como el caucho o los minerales, beneficiaron a pequeños grupos de poder. En ninguno de estos casos las ganancias fueron invertidas en impulsar un desarrollo nacional que implicara mayor equidad, mejor distribución de recursos y ampliación de derechos universales. En las últimas décadas, la aplicación de políticas de ajuste estructural para la implantación del modelo económico neoliberal significó, entre otras reformas importantes, una vuelta a la exportación primaria de recursos naturales. En el caso específico de la minería y del petróleo se promulgó una legislación que facilitó el ingreso de capitales transnacionales que, bajo la figura de concesión, extrajeron recursos del subsuelo. Estas empresas extractivas de grandes capitales, modernas maquinarias y alta tecnología operan en medio de poblaciones empobrecidas que ven alteradas sustantivamente sus formas de vida. No olvidemos que vivimos en un continente caracterizado por su ‘heterogeneidad estructural’ manifiesta en la coexistencia y compenetración de diferentes niveles productivos, espacios sociales y dinámicas culturales (Quijano; 1978). La modernización de Latinoamérica se halla signada por esta convivencia de fenómenos simultáneos en el tiempo y en el espacio, que ha sido reconfigurada por la reestructuración de la economía a escala mundial, instalando en el continente procesos productivos altamente tecnificados que conviven con bolsones de pobreza, ahondando con ello las percepciones de desigualdad y situaciones de conflicto. En el caso de la Amazonia peruana, las actividades extractivas de la industria petrolera experimentan un auge que ha contado con el apoyo del gobierno, pues, a decir de los funcionarios estatales, la expansión extractiva se traduce en notables beneficios económicos para el país. El mismo presidente Alan García declaró su posición en su ya célebre discurso ‘El perro del hortelano’, donde presenta a la selva como un territorio vacío cuyos recursos deben ser explotados pese a la oposición de quienes, lo mismo que el perro del hortelano, ‘no comen ni dejan comer’: 92
Hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: “Si no lo hago yo, que no lo haga nadie”. El primer recurso es la Amazonia. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, (…). Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril76 .
Lo dicho por el presidente contradice lo manifestado por miles de hombres y mujeres para quienes la expansión de la industria extractiva ha significado principalmente el deterioro de sus territorios ancestrales por la contaminación ambiental, la deforestación, el desplazamiento y la migración. Lo que se experimenta más bien es un incremento de la desigualdad –real y/o percibida– que incide directamente en la conflictividad. Según lo señalado por la Defensoría del Pueblo en enero del 2006, se registraron 73 conflictos sociales, cifra que se incrementó a 255 conflictos sociales en marzo del 201077 . Los conflictos no solo se triplicaron, sino que el 49% de los casos registrados en lo que va del 2010 corresponden a conflictos socioambientales, específicamente protestas contra la inversión minera y petrolera. Justamente, el Paro Amazónico del 200978 , convocado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), fue una respuesta a la promulgación de una serie de Decretos Legislativos orientados a promover las inversiones privadas facilitando la explotación petrolera en la selva. Resulta pertinente, entonces, analizar qué tanto se ha intensificado la actividad extractiva en la Amazonia y, sobre todo, cómo está beneficiando o no a sus pobladores, deteniéndonos en los indicadores de desarrollo humano de los distritos, provincias y regiones amazónicas que señalan si han mejorado o empeorado sus condiciones de vida en relación a años anteriores y a otras regiones del país.
Expansión extractiva, crecimiento y desarrollo humano en la Amazonia peruana Desde inicios del 2000, las actividades extractivas en la Amazonia se han intensificado considerablemente, de modo que de los 75 millones de hectáreas que representan la región amazónica en el territorio peruano, más de 53 millones de hectáreas están cubiertas por lotes de hidrocarburos y minerales. Esto significa que el 72% de la selva se halla loteada en cuadrículas que se superponen a áreas naturales protegidas, territorios reservados para pueblos indígenas no contactados y territorios titulados de comunidades nativas. Solo por mencionar los casos de algunas de las zonas de mayor conflictividad, en la cuenca del Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Ministerio de Energía y Minas registró un aproximado de 150 petitorios mineros. En la selva central, en la cuenca del río Ene, la empresa estatal Perú Petro adjudicó el lote 108 de casi dos millones de hectáreas a la transnacional Plus Petrol para la exploración y explotación de hidrocarburos, específicamente gas y 93
petróleo. En el nororiente, en la cuenca del Marañón, una de las zonas más movilizadas en el Paro amazónico, han sido licitados 25 lotes de gas y petróleo. Por su adjudicación compitieron petroleras como la Total y la Perenco de Francia y las estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Philips79 . Completando el panorama, a fines del 2009 la petrolera brasileña Petrobras anunció un gran hallazgo de gas que podría superar los cinco billones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés), cuya explotación implicaría perforar buena parte de la selva de la región del Cusco. Toda esta intensa actividad extractiva en la Amazonia tiene repercusiones en la economía del país. Tal como lo demuestra el gráfico N° 1 según datos del Estudio Económico para América Latina y Caribe elaborado por la CEPAL, el PBI en el Perú ha crecido sostenidamente, llegando a 9,84% en 2008, la tasa más alta en 14 años, y también la más alta de América Latina –después de Uruguay– con el nivel de inflación más bajo. GRÁFICO N° 1 CRECIMIENTO DEL PBI REAL 2003-2008
Este crecimiento coincide con avances en términos de lucha contra la pobreza, pues según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), los últimos cuatro años la pobreza y la pobreza extrema se han reducido en el país. En el 2004, la pobreza se situaba en 48,5%, mientras el 2008 disminuyó en 12,4 puntos, es decir, a 36,1%. La pobreza extrema el 2004 se ubicaba en 17,1% y bajó a 12,6% el 2008, disminuyendo en un total de 4,5 puntos. Sin embargo, el crecimiento económico tiene un impacto desigual para la población peruana. En términos de regiones naturales, en la costa la pobreza se redujo en 14%, mientras en la selva, donde se sitúan los recursos petroleros, la disminución fue menor, ya que alcanzó el 9,3%. Si tomamos como referencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH)80 , veremos con mayor claridad que las condiciones de vida de los distritos de la Amazonia no han mejorado, sino que incluso en algunos casos han sufrido un deterioro. Tomando como base la zona más movilizada durante el Paro Amazónico del 2009, tenemos que, en comparación con el 2003, los distritos de Awajún, Río Santiago, El Cenepa y Nieva se encuentran peor situados que hace años o han mejorado muy poco 94
sus niveles, estando más cerca del puesto 1.835 (el de IDH más bajo) que del puesto número 1 (el de IDH más alto). Todos estos distritos, además, presentan lotes petroleros y/o mineros concesionados. GRÁFICO N° 2 RANKING DE IDH DISTRITAL
Fuente: www.pnud.org.pe. Elaboración propia.
De otro lado, tomando como referencia provincias de la selva que poseen intensa actividad extractiva petrolera y gasífera, además de una fuerte presencia de población indígena, tenemos que los niveles de desarrollo siguen manteniéndose entre medio y medio bajo. Salvo dos provincias que presentan índices de desarrollo medio alto –Bagua, que tiene una intensa actividad económica y militar por su ubicación fronteriza, y La Convención, que recientemente elevó sus ingresos por razón del canon gasífero–, las otras seis distan mucho de lograr los indicadores de provincias de la costa como Lima (0,68, desarrollo alto), Moquegua (0,6532, desarrollo alto) o Ica (0,6528, desarrollo alto), la primera, segunda y tercera mejor situadas en el ranking de IDH provincial. CUADRO N° 1 NIVEL DE DESARROLLO SEGÚN IDH PROVINCIAS DE LA AMAZONIA-2007
95
Fuente: Elaboración propia tomando como referencia www.pnud.org.pe.
Vale resaltar, además, que de los cinco distritos con IDH más bajo, tres (Andoas, Balsa Puerto y Yurúa) se ubican en la Amazonia y han visto deteriorada su situación con respecto al 2005. Esto modifica el mapa de la pobreza extrema que tradicionalmente había sido eminentemente andina y contrasta además con los cinco distritos de mejores indicadores de IDH situados en Lima y que han mantenido dicha posición desde hace varios años (ver Gráfico N° 3). GRÁFICO N° 3 DISTRITOS CON MÁS BAJO IDH EN EL PERÚ
Fuente: www.pnud.org.pe. Elaboración propia.
En términos de medición de desigualdad, nuevamente los indicadores presentan avances a nivel nacional que contrastan con los resultados regionales. Por ejemplo, según 96
datos del CEPLAN81 , durante el período 2004-2007 el índice de Gini nacional pasó de 0,507 en el 2007 a 0,479 en el 2008, reduciéndose en 0,028. Pero a nivel regional, durante el mismo período los comportamientos son diversos y no necesariamente coincidentes con la dinámica nacional. Por ejemplo, en regiones de la selva con presencia de industrias extractivas, el nivel de desigualdad se ha incrementado en más del 6%: es el caso de Madre de Dios (14,3%), Loreto (14,1%) y San Martín (6,4%). De acuerdo a los datos mencionados, queda claro que los habitantes de la Amazonia no se están beneficiando del crecimiento económico del país, y que han vivido situaciones de exclusión. Más aun, creemos que el hecho de que muchos de los recursos que producen tal crecimiento se ubiquen en territorios cercanos a pueblos y comunidades empobrecidos incrementa en los pobladores la percepción de una renovada desigualdad y la autopercepción de convivir con viejas desigualdades jerárquicas y categoriales que abonan la conflictividad. Es por ello que consideramos importante recoger y analizar los discursos de los líderes indígenas amazónicos, en particular de las y los dirigentes de AIDESEP, organización bastante representativa en términos de trayectoria, convocatoria y movilización, deteniéndonos en las opiniones esbozadas respecto a los impactos de la industria extractiva, los conflictos que origina su expansión y cómo se problematiza la desigualdad en estos enfrentamientos.
Percepciones de desigualdad y conflictos por los recursos naturales La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) –organización que ha jugado un rol preponderante en los conflictos socioambientales desarrollados en la Amazonía– se funda a inicios de los años setenta, con la confluencia de las organizaciones de los pueblos Asháninka con la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC); el pueblo Shipibo con la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), y el pueblo Awajún Wampi con el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH). Con el transcurrir de los años, la organización fue ampliando su incidencia nacional y aglutinando a otros pueblos en un proceso para el que fue fundamental la tradición organizativa de los pueblos indígenas así como la preservación de la memoria oral transmitida por generaciones. Fue importante también la constitución de una élite intelectual conformada por jóvenes nativos que accedieron a educación superior en universidades de Lima o de provincias, dando con ello mayor rigurosidad a las propuestas y proyectos. En términos numéricos, AIDESEP aglutina a 57 federaciones y organizaciones territoriales que representan a las 1.350 comunidades habitadas por cerca de 350.000 hombres y mujeres indígenas concentradas en 16 familias lingüísticas. A nivel internacional, integra la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que agrupa a los países de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana Francesa y Bolivia. Un eje articulador de la identidad colectiva de AIDESEP es la etnicidad compartida, sustentada en la defensa de la cultura propia de los pueblos amazónicos previa a la 97
constitución de los Estado Nación e incluye el derecho a practicar su lengua, costumbres, fiestas, tradiciones y a defender el territorio que habitan. Para los indígenas amazónicos, el territorio es fundamental para su vida y subsistencia. Según afirman sus dirigentes, mientras para la sociedad occidental la tierra es un bien más que puede comprarse o venderse, para los indígenas tiene un carácter inembargable, definiéndolo como un bien colectivo con valor espiritual. Antes que posturas separatistas, los indígenas reunidos en AIDESEP han defendido una integración al Estado peruano, desde el respeto a su cultura y sus diferencias, impulsando una serie de políticas y programas nacionales. Entre estos destacan el trabajo realizado en torno a la salud indígena, el desarrollo de la mujer, el programa nacional de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el programa de Formación de Maestros Bilingües Intercultural de la Amazonia Peruana (FORMABIAP). Más allá de períodos de crisis y discrepancias en las dirigencias que ha debido afrontar, AIDESEP se ha mantenido en el tiempo, demostrando capacidad institucional, legitimidad en la convocatoria y fuerte potencial movilizador. Es por ello que consideramos a esta organización representativa de las percepciones de los pobladores de la Amazonia y, en general, de la dinámica de los movimientos sociales en el Perú actual, signada por los conflictos socioambientales y serios problemas de distribución de la riqueza. ¿Cómo perciben las y los líderes de AIDESEP el impacto de la expansión de la industria extractiva en sus territorios? En primer lugar, hay un cuestionamiento a la impunidad de que gozan las empresas petroleras, mineras y gasíferas para alterar profundamente lugares y modos de vida, modificando el único espacio que los pueblos indígenas disponen para su reproducción y subsistencia, donde han vivido ancestralmente. Como afirma Jesús Manaces, nativo awajún y abogado, a pesar de los esfuerzos legales y reclamos presentados ante el Estado para frenar la explotación de oro a manos de la empresa canadiense Dorato Resource S.A. en el distrito de El Cenepa, no fueron escuchados. Por el contrario, los problemas de contaminación se incrementaron: Por ejemplo, la minera Dorato estuvo trabajando en la frontera entre Perú y Ecuador es el sitio más alejado donde hay mayor especie en flora y fauna y son las terminaciones del río Santiago y del Cenepa. Entonces se contaminan las aguas y ya se nota que el sector del río Marañón la contaminación ya es notorio porque los peces presentan ciertas yagas en los cuerpos ese es un problema desde hace un tiempo. Recuerdo haber redactado actas para el Ministerio de Energía y Minas para que un equipo se constituyera en el acto en el lugar para que haga una investigación exhaustiva del caso y determine a qué se debe que son poco consumibles los peces del río Marañón… Y por supuesto no han hecho nada, nunca han sancionado a la empresa (Jesús Manaces, Consejo Aguaruna Wambisa).
Además, se trata de actores económicos con el suficiente poder para definir a su favor el campo de juego político, pues por más que dañen recursos que para los pobladores son vitales, no van a ser sancionados. De otro lado, existe cada vez más conciencia de que las industrias extractivas vulneran leyes nacionales y también normativas internacionales, específicamente el Convenio 169 para pueblos indígenas y tribales de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado peruano. Este convenio establece el derecho inalienable de los pueblos indígenas a sus territorios y señala que antes de iniciar 98
cualquier actividad económica en sus tierras, el Estado debe consultar a los indígenas ahí asentados mediante el mecanismo de Consulta Previa82 . Al no ser atendidos por el Estado ni respetados los derechos consagrados en la normativa nacional e internacional, la percepción de impunidad se agrava y también se deteriora la confianza en los canales institucionales para la resolución de los conflictos, abonando a la opción por la vía contenciosa. En tal sentido van las afirmaciones de Elías Mayan, nativo awajún, presidente de la Organización de la Cuenca del Alto Cocaima (ODECUAC): Nos sentimos amenazados porque el Estado a pesar que reclamamos legalmente al Ministerio de Energía y Minas, al mismo presidente y no nos hace caso porque reclamamos que no queremos petróleo, no queremos contaminación (…). No hemos sido consultados, y directamente el Convenio 169 nos garantiza que los territorios de las comunidades tituladas y no tituladas parte de los pueblos indígenas eso es básica de nuestros derechos, eso no nos respetan, y eso es parte de nuestros derechos, pero si la contaminación se va hacer en las nacientes, en las quebradas de los ríos y nosotros ¿dónde vamos a estar? (Elías Mayan, Presidente de ODECUAC).
En segundo lugar, existe un cuestionamiento a la exclusión de los beneficios que supuestamente dejan las industrias extractivas y que frecuentemente son exaltados por el Estado y la prensa. Al parecer, la idea que la población y sus dirigentes se forman a partir de vivencias cotidianas es que se trata de empresas muy modernas y tecnificadas que despliegan grandes recursos para obtener sustanciales ganancias que, se da por descontado, no los beneficiarán a ellos. Los beneficios que puedan dejar estas actividades simplemente no incluyen a los pueblos indígenas, mientras el Estado, que debería redistribuir y trabajar por su desarrollo, avala esa exclusión. En palabras de Teresita Antazu, nativa yanesha y Secretaria de Asuntos de la Mujer de AIDESEP: No estamos en contra lo que se llama desarrollo. Algunos dicen que porque no queremos que entre la petrolera no estamos queriendo desarrollo. Si la empresa y el gobierno beneficiaran a las comunidades yo creo que nadie se opondría. Pero, sin embargo, las empresas entran y ¿quién gana? La empresa y el Estado. ¿Qué ganan los pueblos? Nada, a veces, un bote, una escuelita. Pero le han depredado, le han contaminado sus ríos, le han depredado todo. Ya no se puede vivir ahí. Y, entonces, cuando la empresa se va en veinte años, quién se ha enriquecido: la empresa y algunos funcionarios del Estado. Pero, quién ha quedado más pobre y más fregado, es la comunidad, la gente de ahí que ya tiene el río contaminado, tiene el ambiente depredado, el ambiente contaminado (Teresita Antazu, Secretaría de Asuntos de la Mujer, AIDESEP).
De modo adicional, a diferencia de etapas anteriores de la historia peruana en que la explotación de los recursos naturales implicaba la explotación directa de trabajadores – por ejemplo, el régimen de semiesclavitud al que los empresarios caucheros sometieron a cientos de indígenas amazónicos–, los cambios tecnológicos llevan a que hoy la industria extractiva no contrate mano de obra local. Si bien es cierto que los pobladores no disfrutaban ni una ínfima parte de las utilidades, enfrentando incluso situaciones de explotación, se sentían un poco más involucrados del proceso productivo, alimentando la ilusión de que cierta integración económica era posible. Actualmente, las poblaciones saben que la expansión de las petroleras, mineras y gasíferas no generará empleo, pues funcionan con tecnología de punta y requieren personal calificado. Tampoco se beneficiarán indirectamente vía la compra de su producción, pues las empresas se hallan 99
conectadas a cadenas internacionales que satisfacen sus demandas de funcionamiento. Por ejemplo, las empresas petroleras en lugar de comprar frutas o verduras a las comunidades adyacentes, tienen convenios con empresas como la francesa Sodexo, responsable de la alimentación del personal. En tercer lugar, existe la percepción de que tanto la impunidad con la que operan las empresas extractivas como la exclusión de las ganancias refuerzan la persistencia de viejas desigualdades categoriales relacionadas con derechos básicos (educación, salud, etc.) y discriminación por género y etnia. Pese a que hay un reconocimiento de que existen ciertos avances en comparación con los años ochenta y noventa, etapa en que buena parte de los territorios amazónicos eran zonas de conflicto armado con mínima presencia estatal, estos progresos no son nada extraordinario y simplemente buscan extender condiciones sociales elementales. Se resalta así que siguen manteniéndose las malas condiciones de la educación pública, signada por la falta de maestros, mala implementación de las escuelas o alta deserción escolar. Lo mismo se percibe en la atención en salud, caracterizada como altamente deficiente en cobertura y prevención, o en lo que refiere a documentación, pues la selva concentra porcentajes altísimos de población, mayoritariamente mujeres83 , que no cuenta con documento nacional de identidad y por lo tanto no tiene ciudadanía efectiva. Persiste, además, la sensación de que se mantienen antiguos prejuicios raciales que categorizan al indígena amazónico como salvaje e incivilizado. Peor aún, esta idea se vio reforzada tanto por las desafortunadas declaraciones de miembros del gobierno, incluido el Presidente García, como por el comportamiento de la mayoría de medios de prensa limeños durante el Paro Amazónico. Al respecto, son ilustrativas las declaraciones de Saúl Puerta, indígena awajún, profesor de secundaria y ex secretario general de AIDESEP: La desigualdad en varios temas creo que se ha mantenido. Definitivamente, las clases sociales existen y hay una desigualdad… la atención médica en la ciudad seguramente será mejor, en Lima los colegios serán mucho mejores… sigue habiendo esa discriminación… Por ejemplo cuando salíamos al pueblo, siempre había una diferencia. “Tú eres el nativo y el otro es el blanco”; o el colono y el nativo. Y se ha visto en el Paro Amazónico el presidente ha dicho que somos de segunda categoría, han sacado fotos de las protestas como salvajes diciendo esto han provocado los indígenas y eso no ayuda a superar ese estereotipo del salvaje, nos hace ver inferiores (Saúl Puerta, ex Secretario de AIDESEP).
Si analizamos estos tres conjuntos de percepciones en términos de conflictividad, tenemos un escenario de gran descontento que acaba por detonar la protesta. Las ideas compartidas sobre la vulneración del territorio, expoliación de recursos, exclusión de beneficios y persistencia de antiguas discriminaciones se tornan constitutivas del discurso de la dirigencia indígena y llevan al conflicto casi como una reacción inevitable, pues hablan de condiciones de inequidad fáciles de constatar y potencialmente ‘indignantes’. Se trata de situaciones de suma cero, en las que unos ganan todo y otros pierden todo, pues lo que en realidad sucede es que ‘todas las ganancias que la empresa puede lograr en mi territorio son para ellos y nada para nosotros’. Ante esto, los actores sociales amazónicos, mucho más empoderados que hace unas décadas, no están dispuestos a mirar la situación con complacencia, desencadenándose una serie de protestas que 100
parecieran no tener una resolución definitiva y ante las cuales el Estado no cuenta con los mecanismos institucionalizados y legitimados para tratarlas. Es comprensible entonces que en este ciclo de conflictividad, iniciado con la caída del régimen autoritario de Fujimori y dominado por los conflictos socioambientales, el tema de la desigualdad se encuentre bastante presente para la dirigencia de AIDESEP. En las entrevistas realizadas podríamos afirmar que prima la percepción de que vivimos en una sociedad profundamente desigual, en la cual persisten viejas discriminaciones – reconfiguradas y transformadas, pero latentes– que conviven con renovadas exclusiones. En este contexto, los pueblos de la Amazonia no se benefician de los principales ‘recursos sociales’, mucho menos del proceso de crecimiento económico que, según el gobierno, vivimos. La tesis del ‘goteo’, según la cual el crecimiento de los sectores empresariales ineluctablemente terminaría por desbordarse y favorecer a las mayorías, los convence cada vez menos, lo que acrecienta el descontento. Queda claro así que son otros –ajenos a estos territorios– los que están aprovechando recursos que no se renovarán y que por lo tanto afectarán también a los descendientes de estas etnias. Son además oportunidades de inclusión perdidas, pues si en un momento de crecimiento, como el que atraviesa el Perú, las ganancias no llegan a beneficiarlos, posiblemente cuando decaiga el período de bonanza será mucho más improbable superar la situación de pobreza. No obstante, si bien la desigualdad se problematiza como causante de conflictividad, su disminución o resolución es vista ante todo como un asunto de lucha contra la pobreza. En tal sentido, se reclama al Estado la aplicación en la Amazonia de programas sociales como de transferencias condicionadas JUNTOS, que otorga subsidios directos a población en extrema pobreza y que ya ha dado resultados positivos en la zona andina. No queda claro en las opiniones de las y los líderes de AIDESEP la percepción de desigualdad como un problema de redistribución de bienes universales que exige profundas reformas en políticas de fiscalidad y tributación, obligando a las empresas a pagar más impuestos por los beneficios que reciben. Actualmente, el principal mecanismo institucional de redistribución de las ganancias dejadas por la industria extractiva es el canon, que ni siquiera grava las ganancias, sino que se calcula sobre la base del impuesto a la renta pagado por las empresas y que es asignado a las municipalidades solo para gastos de inversión debidamente evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ingresos del canon no han tenido aún un impacto positivo, por un lado, porque se pulveriza entre el distrito, la provincia y la región de producción y, por otro, porque los alcaldes tienen serias limitaciones para formular y ejecutar proyectos de inversión de envergadura. El Estado ha bloqueado sucesivamente iniciativas redistributivas, como la propuesta para colocar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras, aprobando la figura del ‘óbolo minero’, según la cual se insta a las empresas a hacer donaciones voluntarias para paliar la pobreza y frenar la conflictividad. Con esta postura estatal, lo más probable es que las condiciones de desigualdad y pobreza continúen y sigan afectando seriamente a pueblos que, como los indígenas amazónicos, llevan siglos reclamando respeto a sus derechos y bienestar. 101
Comentarios finales La desigualdad en el Perú no es un fenómeno nuevo, ya que tiene raíces profundas en la historia peruana y abarca distinciones categoriales que reafirman jerarquías como las de clase, etnia o género que interactúan y se superponen entre sí, dando lugar a situaciones de exclusión que vulneran la condición ciudadana de miles de peruanos y peruanas. A este contexto se agrega una forma renovada de desigualdad, relacionada con la explotación de recursos naturales y el acaparamiento de los beneficios derivados de esta actividad por élites empresariales y vinculadas al poder político. No olvidemos que tras las políticas de ajuste estructural, la industria extractiva se ha expandido de forma progresiva, ejerciendo una presión nunca vista sobre las tierras de la costa, sierra y selva. El proceso de loteo y concesión para la explotación minera, petrolera y gasífera se inició con el Fujimorismo, pero ha sido continuado sin mayores variantes por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García bajo el argumento de que genera grandes beneficios al país, aunque, como las cifras reseñadas señalan, el crecimiento macroeconómico no coincide con la mejora real de las condiciones de vida y de pobreza de pobladores como los de la Amazonia. Justamente, en el caso específico de la selva peruana, el auge de la industria extractiva ha generado casos de contaminación alarmantes, como los sucedidos en el Río Corrientes o el Río Marañón, donde sendos derrames petroleros han causado daños irreversibles al ecosistema. Esto implica la deforestación del bosque, la contaminación de los ríos y extinción de flora y fauna vitales para la sobrevivencia, lo que origina procesos de desplazamiento y desarraigo. Los pueblos indígenas han asumido desde hace muchos años la defensa de sus territorios mediante diversas estrategias. La primera de ellas fue la titulación de tierras comunales aprovechando la coyuntura favorable generada por la Reforma Agraria implementada por el gobierno militar del general Velasco. También optaron por proponer la creación de parques y reservas naturales como aéreas protegidas, que por su calidad medioambiental frenarían el avance extractivo. Lamentablemente, ninguna de estas dos vías dio los resultados esperados y, aunque se insiste en su aplicación, las acciones se han orientado cada vez más por la vía de la protesta. El Paro amazónico, pese a su saldo trágico, finalmente consiguió la derogatoria de los Decretos anticonstitucionales que AIDESEP exigía. Logró, además, generar amplias solidaridades nacionales e internacionales y la aprobación por parte del Parlamento de la Ley de Consulta Previa, actualmente observada por el Ejecutivo y que de aprobarse constituiría un gran avance en materia de derechos colectivos. La postura estatal y su cerrazón a respetar canales de diálogo institucionales o aplicar la normatividad existente, como la que establece el derecho a la propiedad de la tierra por parte de los pueblos indígenas, favorece la conflictividad. El gobierno, principalmente el Poder Ejecutivo, ha asumido una postura sumamente parcializada de defensa del capital extractivo como premisa del desarrollo, ignorando los reclamos de los pueblos amazónicos y las condiciones de pobreza e inequidad que dicha política genera. Prefiere obviarse así el creciente problema de desigualdad, pues hoy en el país, el 10% de la 102
población acumula el 40% de riquezas, y sus ingresos equivalen a 50 veces los del 10% de menores ingresos. Hace falta entonces mirar con mayor detenimiento la dinámica de desigualdad que atraviesa el país y la complejidad que agrega a los conflictos sociales. Es un desafío para el Estado y la sociedad en general encontrar mecanismos y salidas políticas consensuadas que atiendan las demandas de inclusión de los pueblos amazónicos y que a la vez garanticen la reducción de las inequidades de forma universal. Antes que estigmatizar a los actores como ‘antisistema’ o intrínsecamente proclives al conflicto, debe tenerse en cuenta que también apuestan por las vías institucionales y sobre todo que sus reclamos tienen un sustrato real en la situación de pobreza y negación ciudadana en que viven. No escuchar las demandas de los pueblos de la Amazonia, que nos interpelan sobre el uso de los recursos naturales y la creciente desigualdad, podría terminar ahondando antiguas brechas étnico-culturales, sociales y económicas, dando lugar a nuevos episodios de exclusión y violencia por los que ya ha transitado la sociedad peruana.
Bibliografía Bourdieu, P. (1989). La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Editorial Taurus. http://www.ceplan.gob.pe. CEPAL (2009). Estudio económico para América Latina y el Caribe 2008-2009. Santiago de Chile: Comisión económica para América latina y el Caribe. Del Álamo, O. (2010). Crecimiento con desigualdad en el Perú: un escenario de conflictos. Revista Argumentos, Instituto de Estudios Peruanos. Año 4 N° 1. Guerrero, A. (2010). Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) / Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Klaren, P. (2004). Nación y sociedad en la historia del Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Quijano, A. (1978). Imperialismo, clases sociales y Estado en el Perú. Centro de Investigaciones Sociales-Mosca Azul Editores. Tilly, C. (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Editorial Manantial.
75
Metodológicamente, el trabajo se sustenta en la revisión de las cifras de Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la entrevista a diez dirigentes indígenas que conforman o conformaron la directiva de AIDESEP. 76
García, Alan. (2007). El síndrome del perro del hortelano. El Comercio, Lima.
77
Informe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, www.defensoria.gob.pe, Lima 01 de julio 2010. 78
El 8 de junio del 2008, el Ejecutivo promulgó una serie de Decretos Legislativos, en el marco de las facultades entregadas por el Congreso para legislar temas referidos a la aplicación del TLC con los Estados Unidos. No obstante que según la Constitución estos decretos debían limitarse a este tema específico, varios de ellos referían
103
a la concesión y explotación de los recursos mineros, forestales y de hidrocarburos en la Amazonia. Este hecho provocó la indignación de los pueblos originarios agrupados en AIDESEP, desarrollando entre agosto y setiembre del 2008 un paro en toda la selva. En aquella ocasión, dado lo aberrante del caso (tal como lo demuestran los fallos de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional), el Congreso derogó el DL 1015, pero otros decretos, como el 1073 o el 1064, no fueron derogados, comprometiéndose el Congreso a hacerlo a la brevedad posible. Tomando en cuenta este acuerdo, los nativos suspendieron las protestas, pero al no ocurrir la mencionada derogatoria en abril del 2009, se reinició el Paro en toda la Amazonía. Tras 57 días de protestas, el gobierno optó por reprimir, desatándose una masacre en la zona de Bagua que dejó como saldo cientos de heridos, 34 muertos (23 policías y 11 nativos); una cifra catastrófica que no se veía desde los tiempos del conflicto armado interno. 79
www.perupetro.com.pe. Lima, 2 de julio de 2007.
80
El Índice de Desarrollo Humano se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: a) Vida larga y saludable medida por la esperanza de vida al nacer, b) Educación, medida por la tasa de alfabetización y el logro educativo, y c) nivel de vida digna medido por el PIB per cápita en dólares. Se consideran los siguientes rangos: alto (0,643-0,745), medio alto (0,569-0,642), medio (0,531-0,568), medio bajo (0,473-0,530) y bajo (0,367-0,472). 81
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. http://www.ceplan.gob.pe.
82
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (Convenio 169, artículo 15, inciso 2). 83
Los departamentos con mayor porcentaje de personas sin DNI se ubican en la selva: Amazonas (9,4%), Loreto (8,7%), Ucayali (6,8%), San Martín (6,3%). De este total, el 57% son mujeres. www.reniec.gob.pe.
104
Legitimación, cultura y desigualdad
105
Lo justo y lo posible: desigualdad, legitimidad e ideología en Chile Ismael Puga Rayo
Desigualdad social y comportamiento legitimante Chile es un país desigual: una de las economías con peor distribución de ingresos a nivel mundial (Cademártori, 2003; De Ferranti et al, 2004; Hojman, 1996; Meller, 1999; Sabatini y Wormald, 2004; Solimano y Torche, 2007; Sunkel, 2006; Torche, 2005b), compartiendo este lugar en Sudamérica con Brasil y Colombia. El caso destaca, a nivel latinoamericano, al combinar esta desigualdad con alto crecimiento económico. El modelo chileno, ortodoxamente liberal antes y matizado con mayor inversión social tras la dictadura, obtiene resultados macroeconómicos y fracasa en términos distributivos. Esta desigualdad se complementa con niveles de estratificación social que, de acuerdo a la literatura, debieran resultar tendientes hacia una gran conflictividad social. Mientras diversos estudios plantean una gran volatilidad de los ingresos, la probabilidad de movilidad significativa en estos términos es comparativamente muy baja, tanto intrageneracional (Contreras et al, 2007) como intergeneracionalmente (Núñez y Risco, 2005). Similarmente ocurre con el ámbito laboral, donde la movilidad entre posiciones de estatus similares es muy frecuente (Torche, 2005b), pero existen bajísimas probabilidades de cambio sustantivo en la posición de las personas (Puga y Solís, 2010). Respecto de la desigualdad educacional, la situación es análoga. La expansión de la matrícula ha generado gran movilidad estructural en términos de escolaridad, mientras el modelo de municipalización y de subvención a la educación particular ha generado nuevas formas de diferenciación social al interior de la educación financiada públicamente (Rodríguez y Winchester, 2001; Sabatini y Wormald 2004; Torche 2005a). La evidencia respecto de la segregación social del sistema educativo es tan categórica que la OCDE describió este sistema, en el año 2004, como conscientemente estructurado hacia distintas clases sociales.
Sociólogo, Doctor (C) en Sociología de la Humboldt Universität zu Berlin. Correo electrónico:
[email protected].
En contraste con esta desigualdad rampante, Chile vive tiempos de considerable estabilidad política y social desde el fin de la dictadura. La desigualdad persistente no ha conducido a mayores niveles de conflictividad social; la movilización social y política decreció progresivamente desde 1990 (Garretón, 2003; Guerrero, 2006), y el nuevo escenario político es transversalmente descrito como poco confrontacional y/o moderado (Agüero, 1998; Barrett, 1998; Drake y Jaksic, 1999; Garretón, 2003; Munck y 106
Bosworth, 1998). Así, la desigualdad no se ha traducido en conflicto, lo que sugiere que posee cierta legitimidad social. Esto ha sido respaldado por algunos estudios. Castillo (2009) analiza las brechas entre salarios ‘percibidos’ y entre salarios considerados ‘justos’ para distintas posiciones ocupacionales en Chile. Observa que, aunque existe un diferencial importante entre la desigualdad percibida y la tenida por justa, esta última es comparativamente muy alta en el país. A la vez, diversos estudios reportan la fortaleza de valores igualitaristas en la sociedad chilena (Garretón y Cumsille, 2002; PNUD, 2000). Estos valores conviven con valores individualistas muy extendidos (Castillo, Mühleck y Wegener, 2009), fenómeno estudiado bajo el concepto de ‘consciencia dividida’. Los estudios sobre ingresos justos en Chile dotan de sustento empírico a la intuición inicial frente al contraste entre desigualdad y estabilidad social: en Chile las personas legitiman altos niveles de desigualdad. En ello, la idea de consciencia dividida jugaría un rol central.
Valores, consciencia dividida y legitimidad A nivel internacional, se ha demostrado que es perfectamente posible que valores igualitaristas convivan con valores distributivos ‘individualistas’. Al respecto, Wegener y Liebig (1995) distinguen entre ideologías de justicia ‘primarias’, incrustadas en las valoraciones culturales imperantes y compartidas por la gran mayoría, e ideologías ‘secundarias’, impulsadas principalmente por condicionantes estructurales y sostenidas solo por algunos segmentos. Este modelo permitiría explicar el fenómeno de consciencia dividida que, según comienza a ser consensual en la literatura, afecta a parte importante de la población respecto de sus creencias sobre justicia distributiva. Pero cabe realizar algunas acotaciones respecto del contraste entre valores igualitaristas e individualistas. Los valores asociados al ‘individualismo’ no son, en su contenido preciso, valores legitimantes de la estructura distributiva de una sociedad capitalista liberal. Típicamente se miden actitudes relacionadas con la validez del esfuerzo como generador de diferencias en los ingresos. Otros factores distributivos del capitalismo, particularmente el patrimonio y la herencia, se consideran secundarios o son directamente omitidos. Es lógico que quienes se sientan interpretados por diversas formas de individualismo acepten ciertos márgenes de desigualdad social, pero no necesariamente las desigualdades realmente existentes hoy. ¿Es adecuada entonces la oposición a priori entre esta forma de individualismo y unos valores igualitaristas? Si nos remitimos a la versión más clásica y extendida de un planteamiento económico igualitarista, la teoría marxista de la plusvalía, vemos que esta plantea que los trabajadores son retribuidos solo por una porción de su trabajo, su esfuerzo, mientras el resultado del esfuerzo restante es ‘enajenado’ por el capitalista. Es decir, a través de la máxima ‘a cada cual según su esfuerzo’ se puede tanto sostener una defensa de ciertas desigualdades como una crítica radical de la desigualdad económica en el capitalismo. El carácter legitimante de esta forma de ‘individualismo’ existe únicamente 107
en tanto sus partidarios estuvieran dispuestos a aseverar, al mismo tiempo, que el esfuerzo es el principal factor tras las desigualdades sociales imperantes: un argumento legitimante posee al menos una dimensión normativa (X es lo justo), una cognitiva (lo real es como en X), y una práctica (lo real es tratado como justo). Ahora bien, efectivamente los valores ‘individualistas’ se asocian empíricamente a la justificación de una mayor brecha salarial (Castillo, 2009). Los valores meritocráticos tienen un rol en la legitimación de la economía capitalista y conforman un eje diferenciable de algunos valores igualitaristas. Sin embargo, para proveer de legitimidad a la desigualdad de ingresos, la creencia en el esfuerzo individual como principio distributivo tendría que asociarse a la confianza en su efectividad como mecanismo distributivo en la realidad empírica, y de no ser así, bien podría fungir como valoración crítica. Realmente, el esfuerzo como criterio distributivo es tan o más contradictorio con el capitalismo liberal como lo es con un igualitarismo estricto. De este modo, la oposición frontal entre los principios igualitaristas y los del esfuerzo queda en entredicho, y en cambio destaca claramente la disonancia entre cualquiera de estos principios distributivos y la legitimación de altas brechas salariales en contextos de estratificación social. Así, el mecanismo que asocia valoraciones individualistas (u otras) a la aceptación de mayores brechas salariales como justas se torna un problema empírico, cuya explicación no pasa necesariamente por el ajuste entre principios normativos y las evaluaciones de los actores. En lugar de la disonancia entre ideologías en una consciencia dividida, podemos plantearnos la disonancia entre principios normativos no-legitimantes y actitudes prácticas legitimantes del statu quo. Este trabajo aporta a la investigación sobre legitimación social de la desigualdad analizando los mecanismos que conducen a actitudes legitimantes, tales como la definición de ‘salarios justos’ muy desiguales. La hipótesis es que, si bien hay en Chile una legitimación de las desigualdades sociales en tanto los actores se comportan ‘como si’ las desigualdades fueran legítimas para sí mismas, tal comportamiento no se asocia a la correspondencia entre valores sociales y la realidad social percibida. En ese sentido, resulta claramente discutible la ‘legitimidad social’ de las desigualdades en Chile.
Legitimación, legitimidad e ideología Max Weber desarrolló el primer concepto sociológico relativamente sistemático de legitimidad, que utilizará para explicar la estabilidad de las relaciones de dominación. Para el autor, la aceptación de una determinada relación jerárquica es inherente al fenómeno de la dominación, que involucra la aceptación de la voluntad de quien domina (Weber, 1914). La creencia en la legitimidad de la dominación, entonces, no se limita únicamente a tal aceptación. Involucra, necesariamente, un acuerdo a nivel colectivo sobre la pertinencia y justicia de la dominación evaluada: una dimensión normativa. No es posible discutir aquí los detalles de la teoría de Weber sobre la legitimidad social, pero interesa enfatizar que la creencia en la legitimidad involucra mucho más que 108
una actitud de aceptación o sumisión. Se trata de una aceptación que colectivamente es voluntaria sobre la base de estructuras normativas compartidas, aunque individualmente se torne entonces ‘legítimamente obligatoria’ por sanción del mismo acuerdo normativo (Blau, 1963). Esta dimensión voluntaria y normativa de la legitimidad social nos permite destacar que, aún desde una perspectiva empírica, no todo arreglo distributivo tomado por legítimo es efectivamente tal. Existen otros mecanismos capaces de cumplir las funciones estabilizadoras de la legitimación. Llamaremos a estos mecanismos ‘ideológicos’, apelando a la connotación marxista del término en dos sentidos: estos mecanismos (1) permiten la reproducción de relaciones de dominación que no poseen validez normativa entre quienes son afectados por ellos, y (2) son intrínsecamente delusorios en el sentido de que aparecen en sus resultados como legitimidad social, pero no lo son. Tanto la legitimidad social como los mecanismos ideológicos podemos entenderlos como ‘mecanismos legitimantes’, cuyo producto en común es ‘legitimación’. Así la legitimidad social designa un mecanismo específico de legitimación basado en la existencia de un acuerdo normativo. Sin desarrollar por ahora una teoría acabada sobre los mecanismos ideológicos, se propone identificar como tales los procesos en que se evidencia la disonancia entre los valores del actor y el funcionamiento objetivo de la desigualdad. Hipotéticamente podemos identificar dos mecanismos ideológicos que permiten una actitud legitimante frente a una forma dada de desigualdad sin un discurso normativo consonante: (1) Una percepción distorsionada de los mecanismos distributivos operantes. Específicamente, la percepción de similitud de la realidad social con los principios de justicia propuestos, en circunstancias de que existe información objetiva para descartar esa similitud. La actitud legitimante del actor se produce por la invisibilización del contraste entre sus valores y el funcionamiento de la estructura social. La distorsión es cognitiva, por lo que se designa a este mecanismo como de ‘ilusión’. Este mecanismo puede asociarse a la teoría ‘clásica’ de la ideología como ‘velo’ que impide a los actores tomar consciencia de las relaciones de dominación en que se ven involucrados, pero no requiere de la determinación a priori de los intereses o las valoraciones normativas racionales correspondientes a un sujeto social (falsa consciencia). (2) Una inconsistencia entre los principios normativos sostenidos por el actor y las prácticas sociales, dada una percepción (fácticamente correcta o no) de los mecanismos distributivos imperantes. En este caso, la actitud legitimante se produce ‘como si’ existiera consistencia entre valoraciones internas y realidad social, aunque el actor perciba a nivel cognitivo una contradicción existente entre ambas. Se actúa de modo legitimante bajo la premisa de que otros valores son hegemónicos o a través de la sencilla habituación, ambos fenómenos reforzados y perpetuados a través de la misma acción legitimante. El mecanismo de ‘mistificación’ describe un consenso normativo supuesto y operante, pero inexistente, mistifica como acuerdos normativos pautas de comportamiento cuya fuerza reside en la coerción y la habituación. Este mecanismo 109
puede asociarse a la idea de ideología como fetichismo (Zizek, 1994) en tanto práctica social constreñida por una realidad social que aparece ‘dada’ solo en la medida en que los sujetos actúan sin estar ‘activamente conscientes’ de la relación entre su propia práctica y el reforzamiento de tal realidad social. La relevancia de la distinción entre mecanismos legitimantes ideológicos y el mecanismo de la legitimidad social tiene dos grandes aristas. Una normativa, desde una perspectiva crítica, y otra analítica, orientada a maximizar el poder explicativo de los conceptos de legitimidad, ideología y legitimación. Desde una perspectiva crítica, es crucial discutir si las actitudes legitimantes se producen o no a partir de un acuerdo normativo entre los actores, y sobre todo si se producen a partir de un acuerdo entre las creencias normativas de los actores y la realidad en que viven. Si no es así, la estabilización de las sociedades desiguales aparece como voluntaria en las prácticas sociales de los actores, en circunstancias de que, en realidad, está determinada por las mismas relaciones de dominación en las cuales los actores están involucrados involuntariamente, sin mediar una internalización normativa de estas. Los mecanismos ideológicos designan una dominación que se refuerza a sí misma. Tal distinción posee implicancias programáticas para una teoría crítica en la medida en que la primacía de distintos mecanismos legitimantes orientaría la crítica de las sociedades desiguales a tareas sustantivamente diferentes: (1) la de proponer y reforzar valores distributivos distintos (mecanismo de legitimidad social); (2) la de develar los verdaderos mecanismos distributivos operantes en una sociedad desigual (mecanismo de ilusión), o (3) la de develar la inexistencia de los consensos normativos legitimantes dados por supuestos (mecanismo de mistificación). Para la investigación sociológica, la distinción tiene dos ventajas. Una de ellas es lidiar más adecuadamente con la relación entre estabilidad social y política por un lado e integración social por el otro. La legitimidad social de un orden, teóricamente, se asocia a una mayor integración social, a la incorporación y cohesión de los actores en el tejido colectivo (Habermas, 1967; Stollte, 1983). Esta hipótesis teórica se sostiene precisamente en la dimensión normativa de la legitimidad: la cohesión se produce en tanto los actores se embarcan en relaciones de cooperación sobre la base de creencias comunes. Así, la legitimación por mecanismos ideológicos debiera producir estabilidad, pero no así integración social y cohesión, dando paso a síntomas anómicos. El caso de Chile es nuevamente de interés aquí, exhibiendo síntomas como baja participación política, bajo apoyo y preocupación por la institucionalidad democrática (Sperberg, 2001), así como altísimos niveles de inseguridad subjetiva y desconfianza por el otro, sin relación con los niveles de inseguridad objetiva (Dammert y Malone, 2008). Otro aporte de la distinción entre mecanismos legitimantes refiere a la identificación de las causas de la estabilidad en sociedades desiguales. En el caso de Chile, existen numerosas hipótesis respecto de qué elementos explican la estabilidad y la supresión del conflicto social y político desde los años noventa: la experiencia traumática de la 110
dictadura, la desarticulación de las organizaciones populares, la nueva institucionalidad político-partidaria, la hegemonía del individualismo y de una racionalidad tecnocráticaneoliberal, el ascenso en los estándares de consumo, la transformación de la estructura productiva y consiguientemente de las pertenencias de clase de los individuos, etc. Identificar cuáles son los mecanismos legitimantes que operan efectivamente en la sociedad chilena y cuál es el rol del acuerdo normativo en ello aporta sustantivamente a la tarea de determinar los procesos macrosociales cruciales en la estabilización sociopolítica en las condiciones de desigualdad que experimentamos.
Metodología Desde esta perspectiva, surgen muchas preguntas. ¿Cuál es la relación entre los valores sociales sobre justicia distributiva de los chilenos y sus actitudes frente a la desigualdad? Las actitudes de relativo conformismo o indiferencia frente a esta ¿responden a la consistencia de tales desigualdades con una estructura normativa hegemónica o a fenómenos ideológicos como los antes descritos? La fuerza del principio normativo del esfuerzo ¿se experimenta como una justificación o como una demanda social? ¿Cuáles son, finalmente, los mecanismos que mejor –o en mayor medida– explican las evaluaciones legitimantes que otros estudios ya han confirmado? Estas preguntas requieren abarcar los argumentos legitimantes como objeto de estudio, diferenciando: (a) una dimensión cognitiva, la percepción de los actores de los arreglos distributivos operantes; (b) una dimensión normativa, los valores internalizados por los actores en materia distributiva, y (c) una dimensión práctica, las actitudes prácticas de los individuos frente a la desigualdad, incluyendo las evaluaciones que realizan los actores sobre los resultados de tales arreglos distributivos. El contraste entre estos aspectos permitirá al investigador identificar los mecanismos en operación. Este programa de investigación implica más de lo que puede desarrollarse en estas páginas. El presente artículo es parte de una extensa investigación sobre mecanismos legitimantes de la desigualdad en Chile, involucrando herramientas cualitativas y cuantitativas de elaboración de datos. Se presentará un análisis de parte de estos datos, información recientemente obtenida en tres grupos focales sobre desigualdad social en Santiago, con un total de 21 participantes (hombres y mujeres de entre 26 y 55 años). Cada grupo fue conformado por sujetos de distintas posiciones y orígenes sociales: (a) un grupo de individuos de clase trabajadora, empleados en trabajos no manuales, de baja calificación, o manuales, con ingresos mensuales no superiores a los 300.000 pesos chilenos (aproximadamente 600 USD); (b) un grupo de clase media alta, profesionales o administrativos de nivel medio-alto, con ingresos mensuales superiores a los 900.000 (1.800 USD) pesos chilenos y cuyos padres hayan ocupado posiciones sociales similares; (c) un grupo de nueva clase media, con individuos similares a los de clase media alta, pero cuyos padres ocupaban posiciones de clase trabajadora. Antes de participar en los grupos, cada integrante contestó un cuestionario sobre 111
desigualdad social ante una persona distinta del moderador del grupo. Las opiniones individuales reflejadas en este cuestionario sirven como contraste a los discursos desplegados en la instancia grupal. El análisis busca explorar los principales mecanismos legitimantes en contextos de clase diferenciados, profundizar en su funcionamiento y distinguir claramente entre ellos, identificando los elementos normativos, cognitivos y pragmáticos de los argumentos legitimantes.
Un análisis de argumentaciones legitimantes Dimensión cognitiva. Percepción de los mecanismos distributivos En la discusión fue claramente hegemónica la percepción de que la herencia familiar y los orígenes sociales, en general, son el principal determinante de los logros y recompensas de las personas en todos los ámbitos. En esta opinión generalizada, la riqueza y posición de clase de la familia de origen se complementa con otros rasgos adscritos –‘la discriminación’–, cuya relevancia relativa varía bastante según el grupo. La idea de discriminación (con la excepción de la de género) se encuentra particularmente ligada al mundo del trabajo, donde la selección usaría filtros para excluir a ciertos grupos de las mejores posiciones. El ámbito del trabajo se caracteriza también por la relevancia de los contactos, el ‘pituto’1 . Los contactos parecen a veces incluso más relevantes que los orígenes sociales a la hora de determinar los logros de las personas, pero en general se reconoce que la calidad de los contactos está asociada a los orígenes sociales de los individuos. Así, se revelan como un mecanismo mediante el que las clases privilegiadas aseguran sus posiciones en el mercado laboral. El esfuerzo y el talento se perciben como herramientas marginales en el mundo del trabajo: es posible acceder a ciertos avances en materia de empleo si te ‘esfuerzas el doble’ o eres ‘realmente brillante’. El caso del talento es devaluado mayoritariamente en términos de su relevancia numérica. El rol del esfuerzo es más complejo y presenta muchas variaciones entre los grupos, las que serán discutidas en sus apartados. El diagnóstico sobre el ámbito de los ingresos es bastante similar. El ‘factor hereditario’ es consignado sin titubeos como la explicación central (o única) de los logros económicos. Se percibe como mucho más débil el rol del esfuerzo en la obtención de ingresos que en el logro ocupacional, a la vez que la percepción de la magnitud de las desigualdades de ingresos es más marcada. Más allá de los mecanismos distributivos, la desigualdad de ingresos se percibe como ‘excesiva’ o ‘grosera’. El diagnóstico de la distribución de la educación es particularmente claro. Los participantes asocian mayor y mejor educación casi exclusivamente a factores hereditarios, al tiempo que evalúan estas diferencias como sumamente determinantes en la vida de las personas y ‘mucho más graves que antes’. Esta percepción va más allá de la noción de que a más recursos mejor es la educación obtenida (dimensión cualitativa), y 112
en general las etapas superiores de educación se perciben como reservadas casi exclusivamente a quienes poseen una posición social de privilegio. Las respuestas individuales fueron en general consistentes con las opiniones dadas en el grupo. La mayoría de los individuos identificó el capital familiar y la herencia como el factor central para explicar las recompensas y logros en materia de educación (20), trabajo (18) e ingresos (17). Las otras respuestas se distribuyeron entre el esfuerzo y el talento como mecanismos distributivos. Durante la discusión, las personas con estas últimas respuestas se sumaron rápidamente a la opinión mayoritaria. Percepciones de la nueva clase media. Este grupo pone mayor énfasis en el impacto de distintos rasgos adscritos en el logro, sin negar la primacía de los recursos y el capital como principal explicación de este. Estos rasgos se asocian a la posición de origen de los individuos, por lo que probablemente este grupo está más expuesto a experimentar este contraste en su proceso de movilidad. Las ‘marcas’ más destacadas incluyen los apellidos de origen extranjero o aristocrático y los rasgos indígenas. Otras ‘marcas’ más directamente vinculadas con el ‘clasismo’ operan para restringir las posibilidades de ascenso social: el lenguaje, la comuna de residencia, el colegio, etc. El rol del esfuerzo en el logro laboral se reconoce, pero se considera débil: el sacrificio para ‘ascender’ es desproporcional a los beneficios, que están limitados a un rango estrecho de posiciones ‘alcanzables’. Además, los logros obtenidos con esfuerzo en el trabajo no se traducen necesariamente en mayores recompensas económicas. En el ámbito de los ingresos aparecen como contraparte los empresarios fuera de la conversación cuando se discute sobre empleo. Se percibe que la movilidad ocupacional no permite acceder a la verdadera ‘riqueza’, y que la movilidad de ingresos accesible es despreciable. Se reconoce eso sí que los ingresos y el bienestar han mejorado para muchos, pero esta mejora viene acompañada de mayor ‘violencia’ en la vida social, menor integración, vulnerabilidad social, individualismo y riesgo constante. Percepciones de la clase media alta. Este grupo enfatiza en el problema de la desigualdad de oportunidades, negando la posibilidad de movilidad social a partir del esfuerzo y del talento. El contexto de falta de oportunidades se asocia a ‘la salida fácil’ que se expresa en delincuencia, violencia, etc., contenidos casi ausentes en los otros grupos. Al mismo tiempo, existe la percepción (minoritaria) de que mucha de la ‘gente pobre’ se siente cómoda donde está y no se esfuerza por salir de su posición. Este grupo percibe claramente que la desigualdad educativa es el eje que estructura todas las otras desigualdades. El talento y el esfuerzo pueden tener frutos escolares, pero muy por debajo de los que se obtienen con recursos. Hay menor énfasis inicial en las dimensiones de las diferencias de ingresos, que se destacan más adelante por la comparación con países europeos. El grupo de comparación interna son ‘las élites económicas’, que favorecerían el desarrollo de un modelo específicamente orientado a la desigualdad y la concentración de la riqueza. Frente a esta situación, particularmente este grupo percibe a ‘los chilenos’ como conformistas, ‘admirados de sus patrones’ y 113
crédulos, convencidos de la bondad de la desigualdad y del liderazgo del empresariado. Percepciones de la clase trabajadora. En el caso de este grupo, destaca sobre todo una percepción menos categórica respecto de los mecanismos distributivos imperantes a todo nivel. Si bien la idea del factor hereditario como la principal explicación del logro en los distintos ámbitos sigue siendo mayoritaria, aparece con algo más de fuerza la creencia en el esfuerzo y el talento, lo que genera más discusión al respecto. En cuanto a la educación, se rescata la existencia de becas y ayudas para los estudiantes más talentosos, pero perciben que estos mecanismos están disponibles para una minoría muy pequeña: las oportunidades están repartidas de modo muy desigual y la educación se percibe completamente segregada. Este grupo enfatiza además el problema de las condiciones de vida durante el proceso educativo como condicionantes que impiden la movilidad social: aunque el esfuerzo puede ser útil a nivel individual, el esfuerzo requerido para los mismos objetivos varía radicalmente según la posición social. Es decir, el esfuerzo se percibe como alternativa práctica, pero no como mecanismo distributivo relevante a nivel social. Este grupo comparte con el de la nueva clase media el relativizar la relevancia de la educación en la movilidad social: en el ámbito laboral se percibe que pueden obtenerse resultados sin contar con gran capacitación. Sin embargo, los puntos de referencia para definir la movilidad posible son muy moderados. Así el esfuerzo se percibe nuevamente como una posibilidad de obtener algunos resultados en Chile, pero dentro de límites estrechos y claramente definidos por el origen social de las personas. Como en los otros grupos, se destaca el rol de los contactos en el trabajo, los que nuevamente están asociados con claridad a las posiciones de origen favorecidas. Se enfatiza también la relevancia de la apariencia física en el trabajo, aunque no se asocia directamente a discriminaciones raciales o de clase. En el ámbito de los ingresos, destaca la aparición de una crítica, ausente en los otros grupos, respecto de la retribución del esfuerzo desplegado en las tareas de cada empleo: los ingresos no están asociados a dicho esfuerzo, especialmente cuando se trata de uno de tipo físico. Es decir, en el caso de los ingresos se minimiza el impacto del esfuerzo en el logro económico, enfatizándose que viene ya dado por la herencia familiar, los contactos y las credenciales educacionales (ambos distribuidos según origen social). Al respecto, existe una clara percepción de que no existe voluntad por parte de las élites económicas de aceptar una distribución más equitativa del dinero, y de que las ‘reglas del juego’ se van modificando en el tiempo con el fin de que nunca ‘chorree el vaso’.
Dimensión normativa. Definición de mecanismos distributivos justos En la definición de lo justo se observaron niveles importantes de consenso, tanto al interior de cada uno de los grupos como entre ellos: efectivamente, pareciera existir un patrón normativo bastante hegemónico, aunque lógicamente existen variaciones importantes al respecto. Por esto, esta dimensión se expone en un solo apartado común. 114
Los participantes hablaron de cómo distribuir la educación, los empleos y los ingresos en una sociedad justa. Optaron por ir definiendo lo justo en este mismo orden, tomando como base las condiciones de una educación justa para definir cómo debiera funcionar el trabajo y las condiciones de un empleo justo para definir los ingresos. En el aspecto educativo, el consenso es bastante sorprendente, y apenas se observaron diferencias entre los grupos. En todas las discusiones se definió rápidamente que solo es justa una educación completamente igualitaria, en la que se elimina toda influencia de los recursos, pero también del esfuerzo o del talento de las personas al menos en los niveles que se consideren básicos. La definición de lo ‘básico’ –la educación que debía considerarse una necesidad y asegurarse igualitariamente– muestra variaciones, pero en general incluye al menos una educación superior inicial. El criterio de igualación como justicia en materia educativa tiene dos aristas destacadas en los tres grupos. El primero es la eliminación o el control de la educación privada. El grupo de clase media alta planteó claramente que la educación privada debía eliminarse para asegurar condiciones de justicia educativa. Esta posición es mayoritaria pero no absoluta en los otros grupos, donde algunos plantearon que podía existir educación privada si se asegura calidad equivalente en la educación gratuita y abierta a todos. Participantes de ambos grupos de clase media fueron más lejos, planteando que lo justo sería que la educación tuviera un rol específicamente homogenizador, ‘tal como en The Wall ’, contrarrestando el impacto de los orígenes de las personas en su vida. Existe cierto acuerdo también en que, si ya existen las condiciones de acceso completamente igualitario a la educación, es justo que la sociedad destine sus recursos a nivelar la educación de las personas con más necesidades. En esto, los participantes se refirieron tanto a dificultades cognitivas de las personas –igualar las capacidades– como a suplir las desventajas sociales que las personas tienen por fuera del sistema educativo para que pudieran desarrollarse en igualdad de condiciones. En este sentido, cabe destacar que en todos los grupos las personas enfatizaron que la igualdad en el acceso a la educación era necesaria pero insuficiente para la justicia social en materia educativa. Respecto de los niveles de educación más altos existe cierto consenso en que se requiere de algún grado de selección, y en la necesidad de eliminar cualquier impacto de las condiciones de origen en ella. Las aptitudes y capacidades acumuladas, así como un aspecto vocacional, fueron en general planteadas como criterios válidos para seleccionar. El esfuerzo en este caso es secundario (hubo más desacuerdo sobre esto en el grupo de nueva clase media) pero no ilegítimo. Es decir, en materia de educación hay un consenso normativo en torno de la primacía de la igualdad o necesidad como criterio, y en la justicia de aplicar criterios de capacidades (talento y esfuerzo) en los niveles superiores si las necesidades educativas generales están ya cubiertas. En materia de distribución de los empleos existe un consenso en los distintos grupos en torno a la centralidad de la igualdad de oportunidades. Bajo el supuesto de igual acceso a la educación, los participantes, en general, enfatizaron distintos medios para eliminar la influencia de la herencia social y los contactos en el proceso de logro ocupacional. En los grupos de clase media alta hay más preocupación por eliminar 115
también otros insumos ilegítimos, como el endeudamiento, el atractivo físico, etc. La distinción entre talento y esfuerzo aparece muy difusamente en este nivel –no así en el de educación– y las personas se inclinan por el desempeño, la eficiencia individual, las capacidades en general o, en menor grado, por la experiencia como criterios válidos para distribuir las posiciones laborales entre las personas. En el caso del grupo de clase trabajadora destaca una concepción distinta de las ‘capacidades’ adecuadas para asignar posiciones de empleo. Los participantes se esforzaron en especificar que debían compararse las capacidades específicas para cada tipo de trabajo de forma más cualitativa que jerárquica, con una orientación hacia un principio de complementariedad en lugar de competencia. Como se verá después, esta idea tiene conexión con la definición de criterios de justicia para los ingresos. En cuanto a los ingresos, en todos los grupos se coincidió en que las diferencias en una sociedad justa debían ser mucho menores, aunque deberían existir. Inicialmente primó en el criterio distributivo de necesidad o igualdad, en el sentido de que es necesario asegurar el acceso a ingresos adecuados para cumplir con las necesidades de cada cual. Al respecto, se planteó con diversa intensidad (menor en la clase trabajadora) que estas necesidades debían ir mucho más allá de las ‘básicas’, asegurándose el acceso a ciertos lujos y buen vivir para todas las personas. Hubo discusión sobre si este ingreso básico debía supeditarse a la disposición al trabajo en el grupo de clase media alta, mientras que en los otros la disposición a trabajar en un contexto más justo se dio por sentada. Ya establecido que toda diferenciación en los ingresos debía ser posterior a la cobertura igualitaria de ciertas necesidades, se observan más diferencias entre los grupos respecto de qué criterios son justos para hacer estas diferenciaciones. En todos los grupos ellas se basan en el mundo del trabajo, y así se tiende aquí a reproducirse la posición normativa planteada por cada grupo en ese ámbito. En el grupo de nueva clase media, los mecanismos legítimos consensuados son el esfuerzo y el sacrificio implicado en cada trabajo. Esto es considerado un problema algo secundario, ya que se considera que las diferencias debieran ser muy reducidas. En este segmento de clase media alta se validan como criterios el esfuerzo y la iniciativa, esta última asociada al emprendimiento y a la inquietud, a la idea del que ambiciona y ‘se las busca’. Los participantes, en general, intentan conjugar los principios de igualdad y necesidad con la libertad de obtener beneficios para quienes deseen buscarlos. Dentro del grupo de clase trabajadora, frecuentemente se sugiere que la igualdad absoluta de ingresos es deseable o justa, pero inalcanzable. Las diferencias de ingresos ‘lamentablemente deben’ existir y se plantea al esfuerzo como el criterio justo para hacer esas diferencias. Solo en este grupo el esfuerzo no aparece como necesariamente vinculado a la obtención de posiciones laborales distintas: algunos consideran justo que las personas compitan entre sí con su esfuerzo por posiciones asociadas a ingresos mayores que otros, mientras otra parte postula que lo justo sería que uno fuera remunerado por su esfuerzo y sus capacidades ‘en lo que hace’. Esta idea de retribución está claramente asociada al criterio ‘cualitativo’ de distribución de los empleos. En conclusión, la estructura normativa de los participantes puede resumirse en la 116
combinación de dos principios distributivos diferentes. Por una parte, los principios de igualdad y necesidad, que rigen la distribución de la educación al menos hasta cierto nivel avanzado, así como la distribución igualitaria de un bienestar universal básico sin mediar relación con el trabajo. Por la otra, los principios del esfuerzo y el talento, a menudo unificados como ‘capacidades’ o ‘desempeño’, que serían formas generalmente legítimas de distribuir excedentes y recompensas una vez que las necesidades de todos y cierto nivel de igualdad general están garantizados. Por último, resulta claro que la distribución de cualquier forma de recompensa de forma hereditaria, o a través del acceso a redes o círculos asociados al origen social, es considerada completamente injusta por la gran mayoría de las personas. En el cuestionario individual, los participantes debían indicar qué criterio sería, en una sociedad justa, el más importante para obtener mejor y más educación, mejores trabajos y más ingresos, y cuáles no debieran tener ninguna injerencia en cada caso. Las respuestas fueron consistentes con lo observado en la discusión, con gran dispersión entre posiciones igualitaristas y meritocráticas, y coincidiendo la gran mayoría en la indeseabilidad de cualquier forma de transmisión hereditaria del logro. En el ámbito de la educación, nueve sujetos indicaron que el esfuerzo debía primar y dos optaron por el talento. Siete se inclinaron por la igualdad absoluta y tres por una educación distribuida según las necesidades de cada quien, sumando un total de 10 opciones marcadamente igualitaristas. Respecto del empleo, el esfuerzo apareció como claro valor hegemónico en lo relativo a cómo debían asignarse las mejores posiciones, con 16 preferencias. Cuatro personas optaron por el talento y solo una por igualdad absoluta. Respecto de los ingresos, 10 eligieron el esfuerzo como criterio distributivo y cinco al talento, mientras que 4 optaron por la igualdad absoluta y 2 por las necesidades de cada cual. Adicionalmente, la mayoría de los participantes consideraron completamente injusto que los logros de los padres o la familia tuvieran alguna injerencia en la educación (20), el empleo (18) o los ingresos (17) de las personas. Como resultaba esperable, nadie escogió tal criterio como más justo en ningún ámbito. Atendiendo a estas respuestas individuales, la combinación de mecanismos distributivos igualitaristas y meritocráticos en la discusión podría entenderse como un compromiso entre partes o como la expresión de modelos similares con diferentes énfasis. En las argumentaciones de los participantes, ambas ideologías no aparecen como contrapuestas sino como complementarias, y es difícil hallar evidencia de una ‘consciencia dividida’ al interior de la dimensión normativa. Por el contrario, igualdad y esfuerzo aparecen como dos momentos de un modelo normativo consistente.
Dimensión práctica. Actitudes frente a la desigualdad De lo anterior se desprende que para la mayoría de los participantes su percepción de los mecanismos distributivos en Chile era exactamente contraria a su definición de lo justo. Cabría esperar un rechazo total de la justicia y legitimidad de la realidad chilena. 117
Hasta cierto punto es así. La mayoría de las personas describen a la sociedad chilena como injusta. Sin embargo, despliegan actitudes que podemos describir como legitimantes de la misma. Individualmente, solo siete de los 21 evaluó la educación en Chile como ‘completamente injusta’ en una escala de cuatro niveles, y solo cuatro lo hicieron con el mercado laboral y la distribución de las oportunidades de trabajo. La mayoría (13) clasificó la distribución de ingresos como completamente injusta. Sin embargo, estas mismas personas, al definir un salario justo para un obrero y otro para un gerente, proponen en promedio2 como ‘brecha salarial justa’ una relación de 1 a 11, comportándose de modo similar al indicador equivalente medido a nivel nacional (Castillo, 2009). Al consultarles sobre si alguna vez habían participado en alguna instancia o actividad orientada a remediar las desigualdades sociales que consideraban injustas, nueve personas reconocieron que no, y de las 12 restantes solo tres reportaron haber participado en algún tipo de acción u organización colectiva de tipo reivindicativo (el resto reportó pautas de conducta en su trabajo, participación en actividades de tipo asistencial, etc.). Estas actitudes legitimantes toman, en la discusión, la forma de diversos dispositivos, cuyo análisis detallado escapa a los alcances de este artículo y solo pueden presentarse a modo de ejemplos. Diversas formas de atenuación en el lenguaje permiten a las personas reducir la disonancia entre creencias normativas y cognitivas. La culpabilización de la víctima permite atenuar el conflicto a través de la ‘actuación’ de prejuicios que, en general, los mismos actores han descartado (o descartarán después) como falsos o imprecisos. La localización de problemas generales de la desigualdad, como la educación o los ingresos en demandas o segmentos específicos (inmigrantes, minorías étnicas, ruralidad extrema), permite también eludir el posicionamiento práctico frente al problema general, sin negarlo explícitamente ni evidenciar(se) así el quiebre argumental. El desplazamiento del nudo problemático de la desigualdad en el tiempo histórico (inscribiendo la desigualdad como inherente a nuestra historia nacional) o en el espacio (la desigualdad es global y no puede modificarse desde lo nacional) permite a los actores tomar una postura comparativamente benevolente o fatalista. El fatalismo, posiblemente la actitud más generalizada cuando el contraste entre evaluaciones prácticas, percepciones y valores se hace evidente, se nutre de dispositivos diversos y a menudo complementarios. Particularmente en el grupo de clase trabajadora, un fatalismo por naturalización permite actuar ‘como si’ la desigualdad imperante fuera natural o inmutable, aun cuando los mismos sujetos sugieren antes o después argumentos y ejemplos que descartan esta noción: un tópico clásico de la teoría de la ideología. Alternativamente, un fatalismo cínico permite describir de modo descarnado a Chile como una sociedad de clases marcada por la dominación y la explotación extrema. Sin naturalizar necesariamente, este cinismo da esta situación por evidente y coloca a la crítica en el lugar de la ingenuidad. Tal vez el más relevante, cierto fatalismo por soledad percibida, produce impotencia y autocensura de la crítica a través de la percepción del conjunto de la sociedad, sobre todo los miembros de otras clases y grupos sociales, como 118
conformistas, alienados, o completamente convencidos de la justicia de la sociedad existente: ‘vasallos admirados de sus patrones’. Finalmente, a menudo los participantes omiten preguntas directas que podrían llevarlos a confrontar la brecha entre lo tenido por cierto y lo tenido por justo. Esta evasión emerge sobre todo cuando la discusión se desplaza de lo cognitivo a lo normativo, y la insistencia en esta situación genera a veces irritación y sensaciones de impotencia así como actitudes defensivas. Una forma común de estas es sostener la irrelevancia de la propia subjetividad, recurriendo a la variabilidad individual (‘depende del criterio de cada persona’) o cultural (‘depende, hay países donde dirían que esto es justo o donde no’) para eludir cualquier juicio práctico o inclusive normativo. Con la excepción de la culpabilización de la víctima, estos dispositivos tienden a perder fuerza y frecuencia en la medida en que se desarrolla la dinámica grupal. Mientras los sujetos descubren las opiniones de sus pares, las críticas y juicios se tornan más categóricos y las actitudes menos evasivas. En particular, cuando se logran traspasar las evasiones sobre qué es lo justo, estas defensas pierden gran fuerza. Después surge la pregunta (de los mismos participantes o inducida) sobre por qué esta situación permanece así, y algunos ofrecen interpretaciones de sus propias actitudes (pasivas). Estas pasan por las condiciones de riesgo e impotencia que dicen experimentar: no se describe a Chile como una sociedad poco democrática o represiva, pero existe desconfianza de las chances de cualquier acción colectiva (especialmente política), y miedo de las consecuencias de la protesta o del conflicto social. Esto no se expresa directamente, se implica en precauciones como ‘ahora nadie está seguro en su trabajo’ o ‘la gente tiene una familia que mantener’, y en la idea de ‘los políticos’ como una clase social diferenciada, cerrada y con intereses propios.
Conclusiones El análisis anterior da cuenta de que la creencia (normativa) de los actores en el esfuerzo como mecanismo distributivo tiene una connotación crítica en el contexto chileno, asociándose a un discurso igualitarista antes que liberal-capitalista. Así, la hipótesis de la consciencia dividida queda cuestionada, ya que en general los actores son capaces de articular de modo coherente los criterios distributivos de esfuerzo e igualitarismo, con énfasis variable en uno u otro. La percepción de los mecanismos distributivos imperantes contrasta abruptamente con los valores al respecto de los actores, que sin embargo en su práctica presentan actitudes legitimantes. Esto demuestra cómo pueden explicarse estas actitudes legitimantes a través de un mecanismo de mistificación, y que estas actitudes de los participantes no se asocian necesariamente a convergencia entre definiciones de justicia y percepción de la realidad social. Los actores se muestran cognitivamente conscientes respecto de las contradicciones entre sus modelos normativos y sus percepciones de lo real, pero actúan de modo que disuelven esta contradicción en su práctica. Esto parece 119
producirse no solo por la habituación inherente a las prácticas cotidianas, sino porque la modificación de la realidad en un sentido consistente con lo que aparece como ‘justo’ aparece explícitamente como imposible. Es interesante que tal imposibilidad no solo se expresa en formas de naturalización como las que describían las teorías clásicas de la ideología (que siguen siendo relevantes), sino, sobre todo, a través de la suposición de consensos que, aparentemente, son solo supuestos. Evaluar con certeza esta hipótesis, sin embargo, requiere complementar este trabajo con información cuantitativa. No se encontró evidencia en estos casos sobre la relevancia del mecanismo de ilusión. Sin embargo, esto puede deberse a la dinámica grupal en la que tiende a producirse rápidamente una postura hegemónica. Las respuestas al cuestionario en la dimensión cognitiva indican que posiblemente algunos individuos podrían ser caracterizados por el mecanismo de ilusión, pero modificaron rápidamente sus opiniones en el grupo. Es necesario, entonces, explorar este tipo de casos a través de técnicas individuales. No es posible, solo con esta información, afirmar la inexistencia de casos en que la legitimidad social, la consistencia entre las creencias normativas y la realidad operen como principal mecanismo legitimante. Sin embargo, los resultados apuntan hacia la preponderancia de los mecanismos ideológicos antes enunciados. Aunque resulta crucial complementar esta investigación con casos individuales e investigación cuantitativa, el trabajo realizado sugiere que la desigualdad social en Chile no posee legitimidad social, y sobre todo que la legitimación de tal desigualdad se desarrolla de modo conflictivo y problemático para los actores. Al evaluar la realidad social y enfrentarse a su propia práctica legitimante, los actores renuncian a ‘lo justo’ para actuar en ‘lo posible’, extendiendo en esa misma actuación la distancia entre ambos mundos. La irritación y ansiedad que genera en los actores confrontar esta renuncia sugiere, también, la impotencia de los mecanismos ideológicos para, más allá de la obediencia, generar integración social. Bibliografía Agüero, F. (1998). Conflicting Assessments of Democratization: Exploring the Fault Lines. Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America. I(21). Miami: North-South Center Press. Barret, P. (1998). Redemocratization and the Transformation of the Chilean Party System. Ponencia presentrada en el encuentro anual de la American Political Science Association 1998, Boston. Blau, P. M. (1963). Critical remarks on Weber’s theory of authority. The American Political Science Review, LVII(2) 305-316. Cademártori, J. (2003). The Chilean Neoliberal Model enters into Crisis. Latin American Perspectives, XXX(5) 79-88. Castillo, J. C. (2009). ¿Cuál es la brecha salarial justa? Opinión pública y legitimación de la desigualdad económica en Chile. Estudios Públicos, N°113, 237-266. 120
Castillo, J. C., Mühleck, K. y Wegener, B. (2009). The empirical approach to the study of social justice: A research agenda for Latin America, Working Paper, N° 24. Observatory on Structures and Institutions of Inequality in Latin America. Miami: University of Miami. Contreras, D., Cooper, R., Hermann, J. y Neilson, C. (2007). Movilidad y vulnerabilidad en Chile. Serie En Foco, N° 56. Santiago: Expansiva. Dammert, L. y Malone, M. F. (2008). Fear of Crime or Fear of Life? Public Insecurities in Chile. Bulletin of Latin American Research, XXII(1), 79-101. De Ferranti, D., Perry, G., Ferreira, F. y Walton, M. (2004). Inequality in Latin America & the Caribbean: Breaking with History? Washington DC: World Bank. Drake, P. and Jaksic, I. (1999). Introducción. En P. Drake y I. Jaksic (Comp.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. (pp. 11-38) Santiago: LOM. Garretón, M. (2003) Incomplete Democracy. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Garretón, M. y Cumsille, G. (2002). Las percepciones de la desigualdad, Revista Proposiciones, N° 34. Guerrero, M. (2006). El Conjuro de los movimientos sociales en el Chile neoliberal. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, XII(2), 147-156. Habermas, J. (1967). On the Logic of Social Sciences. Cambridge: The MIT Press, 1988. Hojman, D. (1996). Poverty and Inequality in Chile: Are Democratic Politics and Neoliberal Economics Good for You? Journal of Interamerican Studies and World Affairs, XXXVIII(2-3), 73-96. Jasso, G. (1978). On the Justice of Earnings: A New Specification of the Justice Evaluation Function. The American Journal of Sociology, LXXXIII(6), 1398-1419. Núñez, J. y Risco, R. (2005). Movilidad intergeneracional del ingreso en Chile. Serie En Foco, N° 58. Santiago: Expansiva. Meller, P. (1999). Pobreza y distribución del ingreso en Chile En P. Drake e I. Jaksic (Comp.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. (pp. 41-62). Santiago: LOM. Munck, G. y Bosworth J. (1998). Patterns of Representation and Competition: Parties and Democracy in Post Pinochet Chile. Party Politics, IV(4) 471-494. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004). Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Chile. Paris: OECD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000). Nosotros los chilenos, un desafío cultural. Informe de Desarrollo Humano 2000. Santiago: PNUD. Puga, I. y Solís, P. (2010). Estratificación y transmisión de la desigualdad en Chile y 121
México. Un estudio empírico en perspectiva comparada. En Movilidad Social en México: Población, desarrollo y crecimiento. (pp. 189-228). México: CEEY. Rodríguez, A. y Winchester, L. (2001). Santiago de Chile: Metropolización, globalización, desigualdad. EURE (Santiago), XXVII(80), 121-139. Sabatini, F. y Wormald, G. (2004). Santiago de Chile bajo la Nueva Economía, 19802000: Crecimiento, Modernización, y Oportunidades de Integración Social. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile. Solimano, A. y Torche F. (2007). La distribución del ingreso en Chile 1987-2003: análisis y consideraciones de política. Santiago: Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile-CEPAL (mimeo). Sperberg, J. (2001). El significado de la sociedad civil para los pobres urbanos en Chile. Nueva Sociedad, N° 171, 133-145. Stollte, J. F. (1983). The Legitimation of Structural Inequality: Reformulation and test of the Self-Evaluation Argument. American Sociological Review, XLVIII(3), 331-342. Sunkel, O. (2006). La distribución del ingreso en Chile. Foro, agosto, 7-12. Torche, F. (2005a). Privatization Reform and Inequality of Educational Opportunity: The Case of Chile”. Sociology of Education, LXXVIII(4), 316-343. ________ (2005b). Unequal but Fluid: Social Mobility in Chile in Comparative Perspective. American Sociological Review, LXX(3), 422-450. Weber, M. (1914). Economy and Society: an outline of interpretive sociology (I). Berkeley y Los Angeles, California: University Press, 1978. Wegener, B. y Liebig, S. (1995). Dominant Ideologies and the Variation of Distributive Justice Norms: A comparison of East and West Germany, and the United States. Social Justice and Political Change, 239-260. New York: De Gruyter. Zizek, S. (1994). How did Marx invent the Symptom? En S. Slajov, Mapping Ideology. (pp. 296-331). London: Verso.
1
En Chile, el término ‘pituto’ designa a un contacto que facilita el acceso a distintos recursos, especialmente a una posición laboral. 2
Se excluyó un caso extremo con una brecha justa de 375,14 que arrastraba el promedio hasta 27,5.
122
Legitimación ideológica y desigualdad en la infancia: jugando a vivir en Chile Patricia Castillo Gallardo Nada es más real e instructivo para los niños que el incesante movimiento de la resaca histórica que, furtiva o amenazadoramente, pincha su sensibilidad todos los días. Cargada de mensajes. Pirograbada en códigos. Llena de pistas que recorrer. Sobre todo si esos niños son hijos de trabajador precarista, de obrero temporal, de padre joven que no encuentra empleo, de militante rebelde perseguido por el sistema, de madre soltera sin proyecto de futuro. La densa realidad social, cultural y política que satura la identidad de los padres tiende a ser filtrada por estos, para exprimirles lo que debería captar la pupila del niño, para dejar caer sobre él, gota a gota, la esencia pedagógica de esa realidad. Pero los niños no aprenden de ese elíxir, sino de la resaca histórica real que viven. No aprenden por pedagogía, sino sintiendo lo que sienten, por sí mismos. Por eso, saben mucho, desde siempre.
(GABRIEL SALAZAR)*
Lic. en Psicología. Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicoanálisis Universidad de Buenos Aires, Doctorante en Psicología, bajo la dirección de Professeur Dr. Méd. Nielle Puig-Verges. Laboratoire d’études et de recherchez sur les logiques contemporaines. Ecole Doctorale Pratiques et Théories du sens. Universidad Paris 8.
[email protected].
Introducción En el proceso de inmersión cultural, el niño deberá encontrar los significantes3 que le permitirán nombrarse y nombrar, constituyéndolo como hablante. Estos serán encontrados en los bordes de un espacio que le ha sido prestado, que es proveniente de los otros y a partir del cual delineará un lugar4 desde el que hablará en nombre propio. La construcción de dicho lugar contendrá elementos identificadores simbólicos, imaginarios y reales. Dentro de estos, el antagonismo social5 será uno de los elementos reales que de una u otra forma intervendrán en la construcción de los bordes de este espacio propio, donando aquellas representaciones e imágenes creadas alrededor de dicho antagonismo. Partiendo de este marco, el objetivo de este artículo es abordar los elementos ideológicos relacionados con el tiempo infantil a partir del caso chileno. A través del 123
análisis de los mecanismos singulares de inclusión de los niños en el orden social y el papel de las instituciones (Estado, Educación, Familia y Mercado) describiré las distintas formas de argumentar lo real del antagonismo social, planteándolas como procesos que involucran una operacionalización y una legitimación del antagonismo. Para esto, utilizaré un análisis de conductas, texto y subtexto de niños e instituciones relacionadas con ellos, segmentados por posición de clase. Este material fue obtenido a partir de 11 entrevistas a padres y cinco a educadores de distintos estratos sociales, así como través de la observación sistemática de juegos de niños6 en instituciones escolares y hogares, todos ellos pertenecientes a la ciudad de Santiago. Para efectos de este artículo se implementó un análisis de contenidos de discursos sobre el corpus de las entrevistas obtenidas, el cual se trianguló con elementos provenientes de las distintas instancias de observación desarrolladas. El artículo estructura su contenido en torno a los discursos presentes en las instituciones que bordean la infancia en Chile. Al inicio se presenta un análisis referido al Estado y las políticas públicas y su aporte a la construcción de un imaginario social sobre la infancia que invisibiliza la desigualdad social, después se analiza el discurso de las instituciones formativas (escuela y padres) y finalmente se presenta el papel del mercado en tanto proveedor de representaciones y objetos materialmente ideológicos. En este marco, el diálogo sobre la temática de este artículo no necesariamente constituye un discurso sobre los niños: más bien pretende rescatar a través del discurso sobre y desde los niños las contradicciones en las cuales uno puede encontrar los problemas de la sociedad toda.
Estado e invisibilización del antagonismo social en la infancia en Chile En Chile, la discusión sobre infancia, desde la convención de los derechos del niño hasta ahora, no ha sido ajena a ninguna disciplina de las ciencias sociales y humanas. A partir de 1990 se produjo un giro en torno al discurso sobre la infancia, el cual reflejó una mayor comprensión sobre la necesidad de marcar una política diferenciada para este segmento etario. Los índices de maltrato infantil y de vulnerabilidad de la infancia en todas sus dimensiones (Unicef, 2002)7 fueron algunos de los datos que hicieron evidentes la urgencia de diseñar políticas específicas en este ámbito. El diseño de esta política, del cual se hacen cargo los gobiernos de la Concertación, busca poner al centro del desarrollo del discurso el respeto y promoción de los derechos del niño. Para ello se licita8 una serie de programas de carácter territorial a cargo de la supervisión del Sename (como organismo estatal), cuyos principios orientadores serían: El niño es un sujeto de derechos. El niño tiene derecho a una atención especial. Prevalece el interés superior del niño. Responsabilidad primordial de los padres y la familia en la crianza de sus hijos. 124
o Respeto a la vida y al desarrollo integral del niño en cada una de sus etapas. Igualdad de derechos y oportunidades. Autonomía progresiva del niño en el ejercicio de sus derechos. No discriminación y respeto de su propia identidad. Libertad de pensamiento y de expresión. Con estas premisas, la red de oferta programática del Sename, se estructurará de acuerdo con la realidad de los sujetos de atención que define junto a otros actores (municipalidades, ministerios, carabineros, etc.). (Sename, s.f.). Entre las principales estructuras a cargo de la implementación de políticas se encuentran: 1. Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), orientadas a conformar sistemas locales de protección a la infancia, se focalizan en la atención de niños y niñas en situación de riesgo o vulnerados de un territorio específico. 2. Los modelos CIJ (Centros Integrales Infanto Juvenil) y PIF (Programas de Intervención Familiar) para aquellos niños, niñas o adolescentes de baja o leve complejidad (Sename, s.f.). 3. Centros de Intervención Breve, destinados a la Prevención Focalizada para los sujetos de leve a mediana complejidad (niños, niñas y adolescentes con problemas de repitencia y deserción escolar, consumo de drogas, conductas trasgresoras no tipificadas como delito; relaciones familiares de carácter violento; entorno social complejo con presencia delictual, particularmente tráfico de drogas) (Sename, s.f.). 4. Programas Especializados de Administración Directa; Residencia especializada; programas complementarios con foco en la familias (Fortalecimiento familiar, Familias de acogida); Centros de Intervención Especializada (PIE), destinados a una población que reúne varios problemas y debe ser atendida en conformidad a su complejidad (víctimas de maltrato o para quienes se encuentran en situación de explotación sexual comercial, deserción escolar prolongada; consumo prolongado de drogas; explotación laboral; conductas trasgresoras; familias multiproblemáticas, con conductas altamente negligente y relaciones marcadas por la violencia, que viven en sectores caracterizados por la presencia de grupos de comportamiento delictivo, que impactan la convivencia de la comunidad). Los programas a este nivel tienen un propósito reparatorio (Sename, s.f.). Este conjunto de servicios son los que se licitan año a año a las que son llamadas ‘instituciones colaboradoras del Sename’, que, en resumidas cuentas, son organizaciones de administración privada que ingresan en una suerte de concurso público por adjudicarse la ejecución de los proyectos y programas. La política chilena en infancia ha tenido efectos importantes en la invisibilización de las desigualdades sociales, uno de los principales problemas del país a partir de la década de los noventa. Orientando su quehacer en la prevención y promoción de los derechos del niño, ha roto el vínculo entre políticas de infancia y derechos humanos, separando a 125
los niños como objeto de política de sus padres, en tanto trabajadores vulnerables. Así, se ha hecho caso omiso a que la mayoría de las familias a las que va dirigida la política social de infancia no solo no tienen los recursos para favorecer el ejercicio de los derechos de la infancia, sino que, además, están constituidas, en el mejor de los casos, por padres y madres trabajadores, cuyos derechos fundamentales son permanentemente vulnerados9 . De manera paradójica, se ha depositado en estas familias la tarea de resguardar los derechos de los niños, minimizando la responsabilidad del Estado en la entrega de aquellos elementos básicos para un desarrollo infantil paritario en un contexto de alta desigualdad. En este marco, la política social de infancia en Chile se ha orientado a promover el conocimiento formal de la Convención de los Derechos del Niño y a generar espacios formales de participación, con lo que no ha logrado originar condiciones mínimas para que estos derechos puedan ser ejercidos plenamente10 . Un ejemplo de esto ha sido el desarrollo de la política en educación del Estado chileno en los últimos treinta años, que debiera estar contenida dentro de las medidas que resguardan uno de los derechos fundamentales de los niños: el derecho a educarse, y sin embargo es reconocida a nivel internacional como uno de los principales mecanismos reproductores de la desigualdad social en el Chile post dictatorial (Racynski, D. y Muñoz, 2007). Separadamente, el Estado busca intervenir la primera infancia desde dos organismos clave en la vida de los ciudadanos: Educación y Salud, pero curiosamente ninguno de ellos parece estar coordinado en cuanto a sus acciones más que en el respeto de aquello que establece la convención, como ‘El bien superior del niño’. En el caso de Educación, la medida implementada será la Reforma Preescolar, y en el caso de Salud será el programa Chile Crece Contigo. En el caso de la Reforma Preescolar, su implementación a partir del año 2006 se venía discutiendo desde 1998, se ubica como una reforma fundamentada en una perspectiva constructivista “que se levanta a partir de la realidad que lo particulariza, con el aporte y participación activa y protagónica de los propios sujetos sociales que son parte del proyecto educativo, y que constituyen una ‘comunidad educativa’ en su conjunto” (Junji, 2005: 7). A su vez, declara explícitamente las intenciones de esta reforma de hacerse cargo de “una problemática de país, como son los bajos resultados de estudios nacionales en educación básica y media en las áreas del lenguaje oral, lectura comprensiva y razonamiento lógico matemático […] Las exigencias son, a su vez, más y más complejas en una sociedad en que la producción de nuevos conocimientos e información es una constante” (Junji, 2005:8). Amparada en las hipótesis que enfatizan la velocidad del aprendizaje en esta etapa del desarrollo (preescolar), la reforma buscará desarrollar tempranamente aprendizajes que suponen serán la base del aprendizaje posterior de relaciones lógico-matemáticas y cuantificación y lenguaje verbal: Se decide enfatizar el trabajo educativo orientado a los niños y niñas del primer ciclo de la educación parvularia, es decir, menores de tres años, puesto que es este el período de mayor vulnerabilidad física,
126
afectiva y cognitiva. En esta etapa es cuando el cerebro alcanza su máximo desarrollo, construyendo las estructuras cognitivas y estableciendo la mayor cantidad de conexiones neuronales o sinapsis en directa relación con la cantidad y calidad de interacciones cognitivas que el niño y la niña experimenten (Junji, 2005:7).
Esto ha significado tanto el aumento de salas cunas y jardines infantiles, como la homogeneización de un currículum fuertemente controlado por el Ministerio de Educación. Este control sobre el currículum tiene como objetivo la introducción de los niños pequeños a aprendizajes que antes desarrollaban en los primeros tiempos de la enseñanza básica, lo que ha significado una estimulación del aprendizaje de letras, figuras geométricas y números, orientado a que lleguen a primero básico con conocimientos como lectura funcional y otras habilidades. Para ello se realizan evaluaciones individuales periódicas y otras formas de reforzamiento de dichos conocimientos. En términos administrativos, este modelo educativo ha implicado la segmentación total de los niños por edad, e inclusive por meses, a fin de poder hacer una correcta evaluación que permita observar el logro de los estándares establecidos por ciertas líneas de la psicología del desarrollo, que por lo demás no aparecen citadas en ningún documento oficial11 . Asimismo, el trabajo en el aula focaliza el trabajo de las educadoras en el desarrollo de tareas cognitivas, las que en su mayoría se ejercitan de manera individual, sacrificando el aprendizaje de hábitos, la incorporación de habilidades sociales y la creatividad que puede desarrollarse en el juego libre. Este sacrificio en pos del ‘aprendizaje’12 de operaciones formales tiene una incidencia directa en el desarrollo temprano de la competitividad, sobremedicalización y sobreadaptación al contexto escolar13 . Este modelo educativo es observable sobre todo en el sistema público, pero es posible decir, a partir de las observaciones realizadas, que es una realidad relativamente transversal a todos los niños en el caso chileno. En los jardines de la clase media y alta, la presión se establece mediante el sistema de los colegios ‘de élites’, en los que se hace una prueba de ingreso a niños de tres años y medio a cinco años para condicionar su aceptación. Los únicos exentos de esta situación son los niños cuyos padres optan por jardines con modelos educativos alternativos (Montessori, Waldorf) o colegios sin prueba de selección, pero con un prestigio menor. En el caso del programa ‘Chile Crece Contigo’, su objetivo es “acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”14 . El programa consiste en una serie de prestaciones universales que contempla: un programa educativo masivo difundido por radio y FonoInfancia (Teléfono información y apoyo para los padres y madres que la Fundación Integra ha puesto a disposición de Chile Crece Contigo). Para familias que se atienden en el sistema público se realiza un acompañamiento desde el embarazo, material didáctico para fomentar el desarrollo y un reforzamiento en el control de salud a todos los menores de tres años. De esta manera, la evaluación sistemática de los niños bajo parámetros 127
estandarizados y la sobreprofesionalización de la maternidad ha ingresado paulatinamente en la subjetividad de las madres chilenas, que en el caso de las más preocupadas se traduce en una alta dependencia del sistema de salud y una sistemática exigencia a sus hijos, concentrándose en los logros motores y cognitivos que el Estado les solicita, pues en ello se juega también el buen desempeño del rol maternal. A pesar del carácter universalista del discurso que sustenta este programa, las únicas madres sometidas a este sistema son las de la clase social baja que se atienden en el sistema público, pues las madres pertenecientes a los otros segmentos, en su mayoría optan por un sistema de salud privado y por ello no están expuestas a la misma presión. Un elemento curioso de este sistema de atención focalizada es que en ningún momento plantea la necesidad de favorecer el cuidado de los niños por parte de sus progenitores, focalizando su discurso en las bondades de tener profesionales a cargo del cuidado de los niños e invalidando el saber-hacer materno-paterno. Cuestión que puede tener fuertes efectos en la vinculación de estos padres con sus hijos. Este programa se ha instalado como el dispositivo de mayor atención y control sobre el segmento más vulnerable de la población infantil, a pesar de que dice encargarse de todos los niños sin distinción. El conflicto con esta medida no está en el soporte institucional que el Estado les debe otorgar a las madres y padres de este país para poder ejercer de mejor manera su función parental, sino en la concepción legitimante de la desigualdad que se observa en el supuesto de base de esta y otras políticas, en que la segmentación social deviene naturalmente debido a ciertas ausencias en el desarrollo presentes en el individuo y que mediante dicho dispositivo de atención se podrían superar, de manera individual, las contradicciones de vivir en una sociedad segmentada en clases. En resumen, a nivel de políticas públicas hay un abordaje de la infancia que invisibiliza constantemente la desigualdad social y promueve argumentos que legitiman la situación y que se focalizan en impulsar ideales sociales de desapego afectivo y competencia desde los más tempranos tiempos. Sin embargo, estos aspectos tan generales de cómo funciona la política social y los discursos hegemónicos en Chile en cuanto a la infancia no logran explicar del todo el mecanismo de apropiación que tienen los niños para estos discursos. Las otras instituciones presentes en la vida de los niños tienen a su vez una incidencia directa en la naturalización de lo desigual.
Las instituciones formativas El jardín La estrategia de incorporación de los niños a la sociedad es diferenciada: está inicialmente comandada por lo que los padres imprimen en una primera etapa y, posteriormente, en las diversas instituciones sociales en las que se insertan. Dentro de estas, las instituciones 128
educativas son quizás las más importantes. El trabajo fundamental de estas instituciones consiste en la inclusión de los niños en el funcionamiento social, lo que significa que durante este tiempo se produce la oclusión de los espacios del sinsentido del orden social, es decir, aquellos en donde aparece el antagonismo social en su real dimensión y sin respuesta. En esto se conjugan numerosos mecanismos que podríamos denominar de ‘orden defensivo’15 según el estrato social al que pertenezca el hablante, pues la cuestión de la desigualdad afecta de manera directa un conjunto de representaciones intolerables en términos cognitivos y emocionales. Así, los educadores necesitan utilizar ciertos mecanismos de repudio ante la realidad intolerable de la desigualdad y, por tanto, en sus discursos es posible leer la forma en que operan dichos mecanismos. En este trabajo ilustraremos dos representaciones de estos mecanismos defensivos presentes en el discurso de los educadores, los que se instalan como pilares de mecanismos de legitimación de la desigualdad:
Las diferencias sociales tienen un impacto en la inteligencia Amparándose en argumentos provenientes de la psicopedagogía o de la pediatría moderna, se ha instalado la creencia de que la estimulación prenatal y durante los primeros meses de vida tiene un impacto cognitivo de dimensión considerable. Esta afirmación de escasa evidencia empírica16 (Talero-Gutiérrez, et al, 2004) va en conjunto con una serie de objetos que el mercado provee para cumplir dicha meta17 . Estos argumentos se han instalado en la sociedad sin mayores críticas, segmentando las expectativas de logros que los educadores tienen respecto a los niños que forman. Así lo expresan los educadores entrevistados de Lo Espejo y Renca: Bueno yo nunca he trabajado en otros jardines pero con mis sobrinos lo veo es la estimulación en el hogar lo principal, los niños están mucho más estimulados en otras partes, aquí cuesta hacer un trabajo para que los papás se involucren, el preocuparse, como te digo, de los juegos en que los estimulen con cosas simples, a veces yo les digo, salen en micro si no tiene plata o tiempo, juguemos a encontrar los autos rojos, los semáforos, yo les digo cuando están pelando papas, tráeme dos papas tráeme tres papas, van aprendiendo y van jugando (Entrevista a Educadora de Lo Espejo, 20 de mayo 2010). Ehhhhhhhh, creo que hay una diferencia muy grande en cuanto al lenguaje, aquí tienen un lenguaje muy restringido, ocupan pocas palabras, los niños de las clases sociales superiores, tienen una amplia gama de lenguaje más formal que de alguna manera los ayuda desde chiquititos a pensar mejor. Al desarrollarse más el intelecto, tienen más acceso a libros, cuentos, o sea, yo creo que es la principal diferencia y la peor, porque el lenguaje es todo en el ser humano, o sea la inteligencia que podamos desarrollar entre mayor más rico sea nuestro lenguaje, va a ser mucho mejor, si no fuera por la educación formal, tendrían muy poco conceptos, muy pocas palabras, esa yo creo que es la principal diferencia (Entrevista a Educador de Renca, el 20 de febrero 2010).
La discusión sobre el acceso a recursos de estimulación y compromiso por parte de los padres no se enfoca en el carácter positivo o negativo de estas acciones desde el punto de vista psicológico, pues sin duda otorgar atención a los niños de cualquier edad, incentivándolos a través del amor a hablar en nombre propio y reconocer sus límites, debiese tener un impacto positivo. Lo que está puesto en cuestión es que dicho trabajo 129
tenga un impacto permanente o, por lo menos, durable en las funciones cognitivas de un sujeto18 , determinando de antemano los límites intelectuales de acuerdo a la clase social a la que pertenecen. Las consecuencias que es posible extraer de esas frases instalan la idea de que hay una menor capacidad cognitiva en un sector social importante, lo que sustenta la hipótesis legitimadora de una desigualdad instalada por inteligencia o por meritocracia. Esto haría mucho más tolerable la desigualdad, pues encontraría finalmente una razón a la sinrazón de la distribución de los ingresos en nuestro país. Más adelante en este artículo ejemplificaré este mismo mecanismo, pero en las madres.
Todos los niños sufren Discursivamente, todos los actores entrevistados reconocen dramáticas diferencias entre los niños de las distintas clases sociales: los de los sectores más vulnerables se refieren a los peligros de su espacio geográfico, localizando en las coordenadas físicas de su territorio los principales riesgos para los niños. Pero quizás lo más llamativo de los mecanismos utilizados en estos segmentos para el procesamiento del antagonismo social es la compulsión por establecer la idea de que la carencia es compartida. En aquellos casos en que resulta evidente que la necesidad económica no existe, el discurso se focaliza en una necesidad afectiva, sospechando que las clases acomodadas tienen tendencia al abandono de sus hijos, en el marco de una suerte de elección dramática entre el dinero y la descendencia, en donde los niños no son prioridad. Así lo expresan los educadores entrevistados de Renca y Lo Espejo. Yo creo que hay de todo, niños chilenos, a los niños chilenos a todos les falta como algo, independientemente que, o sea puede haber un niño muy inteligente que tiene una familia muy bien constituida, económicamente la familia no tiene como pa’ darle los recursos para, así como hay familia que lo tienen todo, pero hay niños que están solitos porque les falta cariño, porque las mamás trabajan demasiado, y yo creo que a todos los niños, e incluso la gente adulta, como que le falta un granito de algo, que no sé po’, igual acá tratamos de entregárselos al menos a nuestros niños del sector (Entrevista a educadora de Renca, 27 de enero 2010). En la clase alta, yo creo que en lo que tiene más carencia es afectiva más, que están solos, que los papás trabajan, que la plata lo tapa todo, en el sentido de que: ya anda a comprarte o ponte tú tienes la cagá en la familia y le compran un auto, ya ‘cómprate’ un auto, claro el cabro se puede hasta matar en el auto, drogado y curado, que se yo… (Entrevista a educadora de Renca, 27 de enero 2010). Es que… es que, padre y madre trabajan, entonces, los que están con los hijos es muy poco y no sé si llegan a aprovechar al máximo esos minutos, pero, no lo veo así, porque, porque son de armar de juntarse cierto parejas jóvenes, con todos los niños jugando y ellos acá compartiendo, pero no sé si esa parte es estar con el niño (Entrevista a educadora de La Reina, 27 de diciembre 2010).
Estos mecanismos depositan en el niño la barra de la inconsistencia que porta el antagonismo social, de forma tal que se constituye a los niños como sujetos carentes en el marco de una sociedad continua y completa. Así, la desigualdad permanece invisible, porque al fin y al cabo todos sufren. A partir de este argumento, sería posible plantear que si la educación preescolar se focalizara en las deficiencias identificadas por los actores, el sistema de enseñanza o los 130
énfasis educacionales deberían apuntar a suplir dichas faltas. De ahí que en los sectores bajos debería haber una práctica sistemática para suplir la necesidad económica y en los sectores medios o altos, se debería suplir la falta de afecto, mirada y singularización. Sin embargo, lo interesante es que en la observación sistemática de jardines infantiles lo que se constata va en dirección bastante más homogénea: en todas las clases sociales se prioriza el aprendizaje cognitivo por sobre cualquier otro. Contenidos como las letras, números, colores, estaciones, las figuras geométricas, las instituciones (Carabineros, Bomberos, etc.), copan las horas en el aula de manera transversal, independientemente de que estos pueden ser entregados en inglés o en español de acuerdo al nivel socioeconómico de los niños. En la mayoría de los jardines la prioridad es el disciplinamiento escolarizante. Los niños pasan gran parte del tiempo sentados, realizando ejercicios de manera individual, y al finalizar son premiados con dos bloques de tiempo libre de 10 a 15 minutos cada mañana. En los sectores más pobres, en esos 10 o 15 minutos de recreo las diferencias se expresan en el hecho de contar con menos espacio, juegos y juguetes. En los segmentos medios y medio alto, si bien tienen más juegos, juguetes y patio, al finalizar su tiempo libre deben cumplir con una estricta rutina de higiene para posteriormente volver a concentrarse en el aprendizaje de los contenidos del currículum del Ministerio. En ese sentido, quizás estos son los únicos aspectos en que los niños chilenos son iguales: en la sobreexigencia cognitiva y en la introducción temprana a un modelo basado en la competitividad como valor.
Las madres19 La familia como figura central de la formación de los niños ha transitado por distintos momentos a lo largo de la historia de la humanidad20 , consolidándose de manera hegemónica desde el renacimiento hasta nuestros días. Por ello resulta imposible aproximarse al fenómeno de inmersión cultural e ideológica de los niños en el mundo occidental sin acercarse a observar la familia y encontrar en ella los significantes iniciales a través de los cuales el niño ha de representarse a sí mismo y al resto. Al analizar las entrevistas en forma inicial surgen distintos tópicos para ofrecer a la discusión.
Representaciones sobre la sociedad En los discursos aparece la desigualdad de manera transversal a los entrevistados de las distintas clases sociales, aunque no en todos esta referencia se encuentra anudada a una evaluación de la sociedad en su conjunto. La representación de la sociedad chilena encuentra una mirada crítica en las entrevistas de clases bajas, fundamentalmente situada en cuestiones relacionadas con la competitividad y la falta de solidaridad, aunque difícilmente se identifican mecanismos causales que vinculen estos al fenómeno de la desigualdad. En general, existe una 131
naturalización del estado de cosas que resulta bastante llamativa, tal como lo manifiestan las madres de Renca y Lo Espejo: La sociedad de ahora la encuentro egoísta, ahora con el terremoto empezaron como todos a ser solidarios, pero encuentro que cada vez mas egoístas, por ejemplo, un ejemplo así cuando yo era chica teníamos que dar el asiento en la micro y ahora con el Transantiago le da lo mismo a la gente pararse… que vengan abuelitos, en esas cosas yo… como que cada uno ve lo de uno nomás, por lo que le interesa a uno a uno no le interesa lo que le pasa al otro, pienso yo que está así la sociedad hoy día, cada vez encuentro yo que, y eso que paso con el terremoto va a ser uno dos meses que la gente va estar más unida y después la gente va a seguir igual, siempre quieren tener, el de aquí más que el de allá y el de allá más que el de acá y es como una competencia, siempre todo es como una competencia (Entrevista a madre de clase baja- Renca, 20 de marzo 2010). Una sociedad donde si no sabes, nadie te va a venir a dar las cosas, donde hay que obsesionarse, donde hay que estudiar, yo no me considero de la clase baja, porque gracias a Dios tengo estudios y así lo dice mi ficha de protección social… que tengo más posibilidades que otra gente aquí en la comuna. Entonces la municipalidad muy pocas veces me ha ayudado o el Estado, entonces me cuesta, y hay que luchar y hay que levantarse temprano para trabajar, y ‘tenís’ que sacrificar a tus hijos a que nos estén todo el día con ellos para que el día de mañana puedan entrar a la universidad, pero es por eso ‘tenís’ que luchar para adelante y eso significa algunos sacrificios, porque es difícil estar con ellos todo el día (Entrevista a madre, clase baja de Lo Espejo. 15 de junio 2010).
En las entrevistadas de clases medias tradicionales la idea de desigualdad aparece con más fuerza, como una manera de hacerse cargo de algo que hoy es de conocimiento público y que identifican como estable en Chile. Frente a este mecanismo, es posible señalar que esta explicitación discursiva de la desigualdad social es posible hacerla en tanto se constata como un problema del cual ellas no son víctimas, ni victimarias. Ante la pregunta de cómo ven la sociedad de hoy, las madres de Ñuñoa y Chicureo describen: Es muy competitiva, muy clasista, está muy individualista también, son esas tres cosas que te podría decir (Entrevista a madre, clase media, Ñuñoa. 10 de abril 2010). Eh, con hartas diferencias, muchas muchas diferencias, de esto como del poder adquisitivo, como que la sociedad tiende a relacionar que tú eres más porque puedes comprar más, por todos lados, por lo tanto es muy discriminadora, yo encuentro dentro de donde yo vivo, a mí me da vergüenza cuando me preguntan dónde vives porque no la he pasado bien viviendo allá, pero la gente cuando es de Santiago o amigos y les digo de donde (vivo) me dicen yaaaaa (Entrevista a madre, clase media alta, Chicureo, 15 de abril 2010).
Las representaciones más optimistas respecto a la sociedad son las de las entrevistadas de las clases altas, quienes destacan elementos como la tradición católica de nuestro país, la permanencia de un esquema familiar tradicional, en el cual el matrimonio aún representa un vínculo sagrado y donde no existen las transgresiones morales de otros países que ellas ya conocen. En relación con las transformaciones de los últimos años, estas son valoradas en su mayoría como positivas, interpretándose que Chile vive en un clima de apertura que permite el diálogo y el aprendizaje del otro diferente. Así lo expresa una de entrevistadas: Ahora todo es más abierto, en el fondo, antes estaban los chinos comunistas, los pinochetistas y cero posibilidad de sentarse a conversar de arte con un pintor que era comunista, ahora no, ahora como que en el fondo que rico, que rico que podamos tener una conversación y que tú puedas aprender de mí y yo de ti que entretenido, yo siento que toda la gente está más abierta, y que como que cado uno actúa en si a emprender distintas cosas en el deporte, distintas disciplinas, ir aprendiendo, enriqueciéndose de los que cada uno puede
132
aportar, no son cerrado ni de dónde vienes, ahí te quedas y ahí no te salís. Ahora no (Entrevista a madre de clase alta, 8 de junio 2010).
Los niños y sus carencias En este punto, las representaciones transmitidas por las madres de las clases bajas y clases medias tradicionales comparten el mecanismo defensivo anteriormente descrito en los educadores. En este se identifica una carencia de los niños de las clases acomodadas, que en algún punto otorga igualdad a una situación que es intolerablemente desigual. Esta representación intolerable que encuentra sus restos imaginarios en algún lugar estructura la percepción de que los niños de las otras clases sociales sufren más que los de ellas, que son abandonados, poco queridos y que esta falta de amor se suple con dinero. Ante la pregunta de qué hace diferentes a sus hijos de los niños de otras clases sociales, las madres de clase baja y clase media nos relatan: De los colegios, no de los papás, el amor de los papás también, la gente más pobre a veces los quiere más, esta más con ellos, es más de tocarlos es más de abrazarlos, yo he cuidado niños y necesitan eso, tienen todo lo demás, pero los papás llegan muy tarde en la noche, hacen las tareas a veces los bañan, y se acuestan y al otro día los papás no están, porque los niños que yo he cuidado eso es lo que necesitan que uno los toque, que uno los abrace, que uno les haga cariño, que uno los regalonee con un dulce, con una comida, que le haga el peinado que quieren o de repente bailar o tontear una canción con ellos, de repente llamarle la atención porque también es parte de querer llamarle la atención a los hijos cuando están haciendo algo malo (Entrevista a madre, clase baja, Renca. 20 de marzo 2010). La gran diferencia es que, yo trabajé en un colegio caro, se crían con las nanas, y me acuerdo haber tenido varias conversaciones con ellos, eh, yo hacía un taller, entre otras cosas, de literatura, y después siempre hacíamos un cometario ligados a ellos y salía mucho el comentario de que la nana me baña, la nana me ayuda en las tareas o yo no tengo nadie que me ayude, se sentían muy solos, me transmitían bastante esta falta de los padres, de que no estaban ahí, de que no tenían tiempo. [y donde estaban] En la pega en el gimnasio, de viaje, entonces teniendo todo lo material no tenían lo que los niños valoraban, que es lo que a mí me transmitían con mucha pena, cuando uno les decía bueno tiene que hacer la tarea, ‘es que yo no tengo nadie que me ayude’ y se les llenaban los ojos de lágrimas, porque mi mamá llega muy cansada o si no es la nana, pero me trasmitían bastante fíjate (Madre, clase media, Ñuñoa. 10 de abril 2010).
Esto contrasta con la realidad observada en los hogares de las entrevistadas de clase alta. En estos casos, la matriz católica de la cual provienen las élites en Chile determina una gran importancia a la familia como concepto, lo que significa que la mujer cumple un papel activo en la crianza de los niños. Así, las madres de la clase alta distan bastante del estereotipo de una madre que siempre está en el gimnasio, viajando y mucho menos trabajando. Al ser consultadas sobre cómo creen que son los niños de otras clases sociales, las entrevistadas de clase alta se conmueven y manifiestan poca preocupación por las carencias económicas de dicho segmento social. En ese sentido, su preocupación se orienta al cumplimiento de los roles parentales, juzgando severamente el que dicho rol sea llevado a cabo de manera deficiente. De acuerdo a este mecanismo de procesamiento del antagonismo social, lo material no es lo importante, por lo que las diferencias entre los niños estarían dadas más bien por asuntos de evidente negligencia desde los padres. 133
Así nos lo dice una entrevistada perteneciente a la clase alta: Como que yo creo que a los niños que viven en poblaciones marginales les toca vivir cosas más crudas, escuchar más garabatos, aparte de las condiciones críticas que son niños que pasan más frio, pero lo que más me da pena es cuando no están bien cuidaditos, eh, en el fondo obviamente la mamá le pega el tirón, uno también se lo pega pero me arrepiento demasiado y trato por todos los caminos de no volver a hacerlo ¿me entiendes?, pero yo creo que en las poblaciones más marginales los gallos llegan curados, claro también pasa en las clases más altas pero se disimula más (Entrevista a madre clase alta, fuera de Santiago. 8 de junio 2010).
Las marcas invisibles/visibles de la infancia Dentro de los resultados de la investigación, quizás uno de los nodos problemáticos más interesantes tiene relación con la incorporación masiva de algunos elementos de la psicopedagogía y de la pediatría, disciplinas que han influido decisivamente sobre la familia tradicional occidental. Esto es evidente a partir de la revalorización del pecho materno, siendo cada vez más incidente en el ejercicio de las funciones parentales. Sin embargo, este discurso no puede abstraerse del tiempo histórico en el cual existe, por lo que actualmente el énfasis de estas disciplinas está puesto fundamentalmente en el desarrollo cognitivo. De esta manera, han instalado en el sentido común cuestiones que bordean una segmentación social basada en el reconocimiento de diferentes grados de inteligencia. De ahí que resulte particularmente conmovedor que se instalen argumentos legitimadores de la desigualdad desde este delicado tema, sobre todo porque no existe evidencia empírica que sustente que la inteligencia en los niños de los sectores populares sea cualitativamente o cuantitativamente menor. De hecho, el comportamiento simbólico de los sujetos solo puede evaluarse en función del contexto social al que pertenecen y, por lo tanto, no existen parámetros universales para medir estructuralmente la inteligencia. Las pocas pruebas ‘estandarizadas’ que existen no muestran ninguna diferencia entre clases sociales respecto a las potencialidades de desarrollo. Sin embargo, las madres de todos los estratos sociales coinciden. Ehhh, los niños que son de clases sociales más bajas, menos herramientas, no estoy hablando de las áreas funcionales que las hay en todas partes, menos herramientas… de cultura. Solamente nomás, culturales nomás, me carga generalizar, pero yo viví al lado de la Pintana21 , pero en general, porque los problemas de funcionalidad familiares están en todos lados (Entrevista a madre, clase media Ñuñoa. 15 de abril 2010). (Se está refiriendo a los niños de la clase alta) Allá, conocen más el mundo […] yo creo que ellos tienen otra mentalidad y los papás los crían con otra mentalidad […] está embarazá, ellos, no sé, de repente se van al agua y creo que la guagua sienten otra cosa po’ están con su guata, la media guata ahí… y sino les ponen música, no sé, todo tienen más cosas para interactuar a su bebé […] uno no tiene eso, no tiene esa plata pa’ ir, si tuviera plata yo voy, a un centro, igual que las estrías, te quedan estrías y cuestiones así… tienen otras cosas. Por eso son más inteligentes, las mismas tareas tienen más facilidad (Entrevista a madre, clase baja, Renca. 30 de enero 2010).
La elección es posible: ‘yo opté por mis hijos, por eso soy pobre’ 134
Como último punto resulta interesante indagar los sentidos que las clases sociales bajas le atribuyen a su maternidad. Si bien se encuentran resultados coincidentes en todos los segmentos en torno a la valoración de rol femenino en el cuidado y los sacrificios asociados, hay notorias diferencias en torno al contenido de lo que las entrevistadas identifican como ‘sacrificios’ ligados a la maternidad. En el caso de las entrevistadas de la clase alta, este sacrificio está mucho más relacionado con la realización profesional, mientras que en las entrevistadas de la clase baja el sacrificio está fuertemente asociado a una renuncia al dinero. Esta renuncia se vincula fuertemente a la sensación de pérdida de una opción real de movilidad social ascendente a través del trabajo o el estudio. Dentro de este mecanismo, se vislumbra la idea de que el estatus social depende en forma directa del trabajo y/o estudios, lo que genera una escasa valorización del trabajo propio (en la casa) y del de su pareja (cualquiera sea su empleo). En ese marco, los ricos son ‘gente de esfuerzo’, que saben hacer las cosas y que trabajan mucho, pero que sacrifican a sus hijos para sostener ese estilo de vida. A partir de este diagnóstico, se identifica una encrucijada dentro de la cual era posible la elección, pero se optó por ser buena madre y, en consecuencia, por ser pobre. En este fragmento de entrevista se ilustra este mecanismo por una madre pobladora de Renca. Hay gente que se esforzó para tener harta plata también y estudio, hay gente por ejemplo como yo po no siguió estudiando porque si yo hubiese seguido una carrera a lo mejor me hubiese ido bien y no viviría aquí, y a lo mejor estaría sometida en ese mismo sistema de trabajar y más y más y más. ¿Y tú crees que hubieras podido ganar mucha plata? No, no creo que tanta. ¿Habrías sido como de clase media? Sí, yo creo. ¿Y los que tienen mucha plata de donde la sacan? Muchos la heredan, otros se hacen la plata como Farkas 22 , trabajando, si, pa’ tener harta plata hay que trabajar. ¿Y por qué tú trabajando no habrías llegado a tener mucha plata? Yo creo que la habría gastado. ¿Y Farkas ahorraba? Él ahora gasta, él dice que el tiempo en que tuvo que guardar, guardó. ¿Ah si? Se levantaba muy temprano y casi no dormía, ahora que el tiene para dar, el dice que da, pero cuando empezó a hacer su fortuna él dice que no, igual el heredó las minas de su papá y todo. Pero igual recibió heredado… y eso ¿a ti te parece que es justo en Chile? Sí po, si eso es lo que nos toco a cada uno, sipo es justo, si yo no tengo por qué decir que este tiene o no, en todas partes es igual, algunos tienen más algunos tienen menos, algunos se esfuerzan por tener más otros nos esforzamos menos, a otros nos importan más otras cosas… ¿Y tú te esfuerzas menos? No sé si menos pero yo no voy por ese lado, igual me gustaría tener hartas cosas, pero no sé si fuese a pagar el precio de dejar solas a mis hijas por eso, porque yo sé que los dos trabajando podríamos tener mucho, pero y a qué costo. Prefiero ser una mamá presente que… (Entrevista a madre, clase baja, Renca. 20 de marzo 2010. Las cursivas indican preguntas de la entrevistadora).
El mercado y los medios de comunicación de masas La prevalencia del consumo como única vía de inclusión es uno de los aspectos más llamativos al analizar la realidad política y social chilena a partir de la década de los ochenta. La naturalización de las desigualdades es resultado de un complejo proceso histórico, que involucra a muchos actores e instituciones operando en distintos niveles de la realidad social, dentro de los cuales es particularmente significativo el rol del mercado en el establecimiento de productos-discursos diferenciados según segmento social, grupo 135
etario y género. Sin embargo, más allá de esta diferenciación, persiste la prioridad del mercado como mecanismo elemental de integración social: la oferta de ser-tener, los iconos del éxito y cánones estéticos, que son difundidos en forma general para la totalidad de la sociedad. Así, instalar los pilares ideológicos en los cuales se asienta el modelo económico es una tarea que empieza desde el día uno en la vida de un niño y es dentro de esta escena donde encontramos el objeto-juguete. En este marco, el objeto-juguete se constituye siempre en un instrumento portador de ideología, relacionándose de forma directa e impune con el niño, desplazando el papel regulador que en su minuto cumplieron los padres u otras instituciones formativas, capaces de filtrar o incidir en la simbolización de estos objetos. Hoy, el juguete parece erguirse como un objeto que en algunas clases sociales muestra aspectos como la distancia generacional, el abandono generalizado de los niños en tanto proyecto parental y la transformación del niño en consumidor. Una de las maneras más claras de observar esta influencia en el mundo contemporáneo es analizar el papel de la industria y marketing del juguete a nivel mundial. En la industria del juguete en su expresión contemporánea encontramos al niño como destinatario y prescriptor del juguete que tiene en sus manos. Esto se expresa en la forma en que las distintas marcas de fabricación de juguetes incorporan en la fase de diseño y prueba a los niños: la mayor parte de ellos tienen sala de exhibición de juguetes. Estos espacios, abiertos a la comunidad, son permanentemente grabados a fin de ver el efecto y la manipulación de los objetos por parte de los niños, a la vez que solicitan sugerencias a través de cartas o dibujos a los pequeños. Los niños, en conclusión, diseñan sus propios juguetes (Debeaux, 1992). La introducción de la publicidad televisada (Le Bigot-Macaux,1992) permite que el fabricante se dirija directamente al niño, pasando por encima de la opinión de los padres en relación con un producto, entregándole información que finalmente se traduce en poder, pues en la mayor parte de los casos el conocimiento de los niños es bastante mayor que el de sus adultos cercanos (Brougère,1992). Este nuevo sistema, que vincula la producción de juguetes a las leyes del consumo y, por lo mismo, a las características del marketing contemporáneo, configura así un escenario de acelerada creación de juguetes que se insertan dentro de la cultura dominante de lo reemplazable, desechable. El juguete le propone al niño un tipo de relación con el objeto, ofrece representaciones, sentidos e imágenes que están fuertemente marcadas por el sello cultural de una sociedad. El juguete contemporáneo produce un universo imaginario, autónomo, específico, que introduce en el niño una imagen socializada de lo deseable (Brougère, 1992). De esta manera, el mensaje del mercado llega en forma directa a los niños a través de los medios masivos y de la difusión entre pares, transformándolos en consumidores expertos de objetos lúdicos ante los cuales las instituciones adultas reconocen su ignorancia y ceden ante su presión. Evidentemente, esto demarca un espacio vacío de significación que es completado en forma directa por el discurso del mercado. 136
Esta relación directa de los niños con el mercado en Chile según clase social es perfectamente pesquisable en el comportamiento de consumo que tienen las madres de todas las clases sociales respecto a sus hijos y aquí también es posible observar diferencias en la forma de mediar, seleccionar y limitar. Las clases sociales más bajas tienden a hacer grandes esfuerzos para comprar los objetos demandados por los niños, ahorran durante meses o recurren al endeudamiento. La mayor parte de los objetos que compran son los propuestos por la televisión y demandados por los niños. En este sentido, la transmisión vía medios de comunicación es directa; no solo propone juguetes en los comerciales, sino que los dibujos animados en sí mismos son objetos comercializables en distintos tipos de objetos, vasos, toallas, platos para comer, pastas de dientes y hasta parches curitas. Así nos lo muestran las madres entrevistadas Lo Espejo y Renca en las siguientes citas: Ahorro, un rato, no sé, empiezo en octubre como para llegar a diciembre no el último día ni una semana antes, no sé dos cajetillas menos de cigarros a la semana […] pero si empezamos en octubre ya compramos algo en noviembre ya compramos otro poco, pero nada pero así como que me voy a gastar el sueldo de un mes, no (Entrevista a madre, clase baja, Lo Espejo. 15 de junio de 2010). En las casas comerciales, más me tiro yo, claro que no tengo crédito, se lo pido a mi mamá, entonces ella me pasa crédito, pa’ lo que es, pa’ navidad, para el día del niño no le compro, porque viene el cumpleaños en septiembre ahí trato de comprarle algo de cumpleaños, pero pa’ la pascua ahí sí, digamos que me encalillo (Entrevista a madre, clase baja, Renca. 30 de enero 2010). Sé que no soy la mejor mamá del mundo, porque nadie me enseñó a ser mamá, pero sé que ellos lo entienden muy bien, ellos saben que la mamá trabaja para ayudarle al papá porque los gastos son muy altos, porque ellos si quieren algo no me gusta decirles no tengo (Entrevista a madre, clase baja, Lo Espejo. 15 de junio 2010).
En la clase media, las madres por lo general trabajan, por lo cual el acceso es mayor y menos problemático; sin embargo, la relación demandasatisfacción no es tan directa como en la clase baja. Normalmente se les explican las razones de por qué no se les compra, pero en general hay en esta negativa una forma de establecer un límite, una suerte de no todo, un aprendizaje que se transfiere. Si bien los padres de las clases medias tradicionales suelen respetar el deseo de los niños en tanto posibilidad, la mayor parte busca juguetes que considera que los ayudan a aprender o a desarrollar la creatividad u otra habilidad. Dentro de esto el juguete favorito sin duda es Lego, en todas sus formas, y suele ser el objeto en el que gastan más cantidad de dinero. Podríamos decir que la clase media tradicional aún conserva algo de su papel mediador entre el mercado y el niño, fundamentalmente porque están muy atentos a las cuestiones relativas al aprendizaje cognitivo o social, que interpretan como herramientas fundamentales para la posición social que ocuparán sus niños en el futuro. Ellas piden cosas, o sea piden todo lo que ven en la tele, piden cuando ven monos, piden, pero pedían más antes, ahora yo no sé si será una cosa sicológica pero les digo de repente les digo, a ustedes les gustaría que yo trabajara los fines de semana y ellas responde ¡NO!, entonces les digo, entonces no puedo… como que asumen bien, ah, como que lo tienen bien internalizado eso de que hay plata para algunas cosas y otras no, igual de repente voy con la x al jumbo y la x me pide y le digo no tengo plata, es que no tengo plata nomás (Entrevista a madre, clase media, Ñuñoa. 15 de abril de 2010).
137
Si no, yo le digo que bueno, que le vamos a contar al viejito pascuero para que lo anote en su lista y que a lo mejor algo de eso le puede llegar y ella se queda muy contenta, o otro día, o veámoslo para el cumpleaños o para la pascua, siempre se queda muy tranquila. […] El no decirle el no rotundo, yo creo que es bueno decirle algo así a los niños, no siempre tenerle ese no como respuesta, tú le abres la posibilidad, pero eso no significa que es automático que lo van a obtener. ¿Y como reaccionaria frente al no rotundo? No lo sé, porque trato de no ocuparlo, lo ocupo cuando quiero poner un límite cuando siento que es importante, porque es una ilusión que ellos tienen y yo tampoco quiero matárselas, pero tampoco les puedo fomentar que cada vez que ellos pidan tú vas a ir y se la vas a dar, porque la realidad no es así. Ellos tienen que aprender que uno no puede tenerlo todo y que de repente voy a tener la fortuna que les va a llegar algo que ellos desean, y ahí a lo mejor lo van a apreciar mas, yo no quiero matar esa ilusión, si uno piensa con un ojo de niña, para que decirles que no (Entrevista a madre, clase media, Ñuñoa. 10 de abril de 2010).
Respecto a la clase alta, la mediación se hace mucho más evidente y se vive como un imperativo social reforzado por la comunidad de pares en cuanto a lo consensuado como la ‘buena educación’ de los niños; se buscan ocasiones importantes para regalar cosas costosas, entre las cuales están fundamentalmente objetos lúdicos tradicionales (Legos, disfraces, rodados, etc.) La televisión también es controlada de manera bastante eficiente y la presencia de los adultos responsables, tanto en la institución escolar como en el hogar, tiene como finalidad introducir a los niños en los valores cristianos, que es lo que declaran como más importante. Para el cumpleaños, para la navidad, de repente cuando vamos al supermercado les digo pueden elegir algún juguete barato, un autito, un power ranger, pero algo que no sea caro, en eso igual como que los mal enseño, porque hay amigos que no les compran nada a lo más a la vuelta del auto un pedazo de pan (Entrevista a madre, clase alta, fuera de Santiago. 15 de abril de 2010).
Conclusión y discusiones En este artículo se ha elegido un objeto para llevar a cabo un acercamiento a uno de los fenómenos de legitimación de la desigualdad en Chile: la infancia. Para ello, fue necesario indagar los límites del espacio en el que circula lo infantil, las instituciones sociales, formativas y económicas que se involucran en el desarrollo de esa escena. Resulta evidente la necesidad de los distintos segmentos sociales de buscar mecanismos que oculten o justifiquen el actual estado de las cosas. El carácter intolerable de la injusticia social pone en funcionamiento un complejo entramado de argumentaciones entre las cuales se utilizan la negación (todos los niños sufren), la proyección (los otros sufren más que los nuestros), el desplazamiento (lo importante no es lo material) y la racionalización (la desigualdad responde a las capacidades de cada uno). Los argumentos encontrados a lo largo de esta investigación se nutren principalmente de fuentes provenientes de la salud, la educación y la psicología y son difundidos masivamente por los medios de comunicación y el mercado. La fuerza de dicha información encuentra en los sectores de la clase baja su mayor acogida, disminuyendo su influencia conforme van ascendiendo de posición social. Esta disparidad en la receptividad de la información mediática respecto a la salud de 138
los niños puede explicarse por varias razones: las horas de exposición a la televisión, la sobreintervención del Estado a través de las políticas públicas y sociales o la simple necesidad de entender y hacer un cierre respecto a las preguntas por las diferencias manifiestas entre sus experiencias con las de los niños y las de los otros con otros recursos. Sin embargo, aún no se encuentran datos suficientes que amparen dichas intuiciones. A partir de los elementos expuestos en este artículo se hace necesario abrir nuevas investigaciones que interroguen sobre la construcción argumental en la clase baja, las maneras de obtener información y las conclusiones que obtienen a partir de dicha información. Esto ayudaría a circunscribir de manera más precisa el mecanismo mediante el cual se construyen los argumentos legitimadores de la desigualdad y la manera de transferírselos a los niños desde tiempos muy tempranos. También es necesario indagar las consecuencias psicológicas y sociales de la relación de los niños de las clases bajas con el mercado a través de la televisión, pues está claro que en esos casos es donde se aprecia una menor mediación por parte de las instituciones formativas. Es importante observar cómo el bombardeo sistemático de información de todo tipo a través de los medios de comunicación favorece en la clase baja una cierta forma de legitimar las injusticias de las que son objeto. Asimismo, debiese incorporarse una indagación sistemática respecto a las funciones parentales en las clases bajas de mediación simbólica e interdicción y la relación de esto con la generación de espacios para la creación, la imaginación y la subversión de la desigualdad naturalizada. A partir de lo observado se podría construir la hipótesis de que la extrema laxitud en el marco normativo en los sectores populares y las dificultades para negar el acceso a los objetos demandados estarían relacionadas con una mayor dificultad para imaginar otros mundos posibles (crear, jugar y subvertir). En el caso de los educadores sería necesario desnaturalizar aquello que piensan como consecuencia lógica de la desigualdad que en muchos casos sesga su mirada sobre los niños con los que trabajan, limitando a su vez el desarrollo de experiencias educativas y de vida que escapen a la reproducción sistemática de la desigualdad.
Bibliografía Libros Bustelo S., E. (2007). El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo. Siglo XXI Editores. Levin, E. (2006). ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Elkind, D. (1999). La educación errónea. Niños preescolares en peligro. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1x ed. Publicación. Raczynski, D. y Muñoz, G. (2006). Reforma educacional chilena: el difícil equilibrio 139
entre la macro y la micro política. CIEPLAN.
Artículos de revistas Debeaux, G. (1992). Les faiseurs de jouets. Le jouet. Serie Mutations N° 133. Editorial Autrement. Le Bigot, M. (1992). Le jouet entre industrie et culture. Le jouet. Serie Mutations N° 133. Editorial Autrement. Brougère, G. (1992). Le jouet entre industrie et culture. Le jouet. Serie Mutations N° 133. Editorial Autrement. Talero-Gutiérrez, C., Zarruk-Serrano, J. G., Espinosa-Bode, A. (2004). Percepción Musical y funciones cognitivas. ¿Existe el efecto Mozart? Revista Neurologia, XXXIX (12), 1167-1173.
Referencias de Internet UNICEF. (2006). Situación de los niños y niñas en Chile. A 15 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 1990-2005. Recuperado en junio de 2010, de http://www.unicef.cl/archivos_documento/138/unicef.pdf. MIDEPLAN, UNICEF. (2002). Índice de Infancia. Una mirada comunal y regional. Chile 2002. Recuperado en junio 2010, de http://www.oei.es/pdf2/indicede-infanciay-adolescencia-2009.pdf. CASEN (2010). Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2009. Recuperado en julio de 2010 de http://www.mideplan.cl/casen/publicaciones/2009/ resultados_casen_2009.pdf. Chile Crece Contigo (2009). Sobre Chile Crece Contigo. Presentación del sistema. Recuperado en junio de 2010 de http://www.crececontigo.cl/sobre-chilecrececontigo/presentacion-del-sistema/. ONU (1990). Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Recuperado en junio de 2010 de http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm. Equidad para la infancia. América Latina (2009). Informe SITEAL 2009: primera infancia en América Latina: la situación actual y las respuestas desde el Estado. Recuperado en abril de 2010 de http://equidadparalainfancia.org/informe-siteal-2009primera-infancia-en-america-latina-la-situacion-actual-y-las-respuestas-desde-elestado-297/index.html. Jaik, Loera y Tena (2007). Evaluación de la capacidad cognitiva y su modificación mediante estimulación cognitiva y ácido fólico. Recuperado en agosto de 2010 de http://148.204.73.101:8008/jspui/bitstream/123456789/523/1/A105-0038-1.pdf.
140
Hemerografía y Documentos Entrevista a educadora de Lo Espejo, 20 de mayo 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a educador de Renca, 20 de febrero 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a educadora de Renca, 27 de enero 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a educadora de La Reina, 27 de diciembre 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre clase baja de Lo Espejo, 15 de junio 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre de clase baja de Renca, 20 de marzo 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre de clase media de Ñuñoa, 10 de abril 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre clase media alta de Chicureo, 15 de abril 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre de clase alta, 8 de junio 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre de clase media de Ñuñoa, 15 de abril 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora. Entrevista a madre de clase baja de Renca, 30 de enero 2010. Santiago de Chile. Elaboración de la autora.
* Prefacio a “La guarida de los príncipes”. Publicado en Ser niño huacho en la historia de Chile. 3
Para Lacan, la inscripción del recién nacido se produce en una fase que ha comenzado antes de esta llegada. En ella están inscritos los significantes de las generaciones anteriores y las particulares formas en que estas se han apropiado de la historia. 4
Entendiendo ‘lugar’ según las definiciones propuestas por la geografía crítica y sus principales representantes. Doreen Massey, Dos Santos, etc. 5
Entenderemos por antagonismo social una referencia simbólica que permite nominar algo de lo que se produce en los espacios vacíos en los cuales lo real de lo social aparece en forma descarnada y sin enmascaramiento. Este carácter de real es el que le estamos atribuyendo a la desigualdad social en Chile, y por tanto, si bien el antagonismo social debiera decir bastante más que esa pura dimensión, en este trabajo se referirá precisamente a eso real de la desigualdad social. 6
Fueron observados niños entre 3 y 5 años en cinco instancias de formación preescolar (dos de clase baja, uno de clase media emergente, uno de clase media tradicional y uno de clase alta). La observación se implementó durante un tiempo de dos meses, fluctuando el número de observaciones entre 6 y 10 por establecimiento durante una hora a la semana. También se observaron 8 niños (2 de cada clase social definida) por el espacio de un mes, una hora a la semana en sus domicilios.
141
7
Según Unicef, en el año 2000 en Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o sicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos y un 19,7%, violencia sicológica. Según la encuesta Casen del 2006, en Chile el 21,9 por ciento de los niños menores de 4 años vive en situación de pobreza. 8
Este dato no es menor, porque se trata en su mayoría de servicios administrados por privados con fondos estatales, lo cual es muy representativo de una manera de operar en relación con los temas definidos como de carácter público o social a partir de la década de los noventa, en donde el Estado, en su función de garante, define políticas que serán ejecutadas por instituciones privadas, que serán supervisadas de acuerdo a la capacidad que el aparato público tenga para hacer esta tarea. 9
Ver informe de la encuesta CASEN, que demuestra que en Chile hoy existen al menos dos millones y medio de personas que viven con menos que la canasta básica mal definida a nivel de Estado. www.mideplan.cl/casen/publicaciones/2009/resultados_casen_2009.pdf. 10
Ver informe http://equidadparalainfancia.org/informe-siteal-2009-primera-infancia-en-americalatina-la-situacionactual-y-las-respuestas-desde-el-estado-297/index.html. 11
Resulta muy difícil encontrar autores o investigaciones cuyos programas estén referidos a la atención de la infancia en Chile. Baste revisar la página web de Chile Crece Contigo para observar la pobreza argumental de las recomendaciones. Más preocupante son las referencias teóricas de la reforma preescolar, que se basan en un compendio de recomendaciones entregadas por el Banco Mundial (2006), en el cual, para la definición de las metas del desarrollo psicosocial declaran basarse en Berk, Laura E. Desarrollo del niño y del adolescente Cuarta Edición. Prentice Hall Iberia, Madrid 1999. Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Rally y Feldman, Ruth D. Desarrollo Humano Octava Edición, McGraw Hill Interamericana, S.A. Colombia, 2001. Mineduc/Cedep. Mapa de habilidades en progresión para niños y niñas menores de seis años. Versión borrador, diciembre de 2005. Mineduc. Programas de estudio para 2° y 4° año en enseñanza básica en Lenguaje y Comunicación; Educación Matemática; Comprensión del medio natural, social y cultural. www.mineduc.cl. Todas referencias ampliamente cuestionadas por su vaguedad e incapacidad de incorporar el contexto social de los diferentes países latinoamericanos en los que se enseña. 12
Hay un libro muy interesante sobre este tema La educación errónea. Niños preescolares en peligro de David Elkind, en el cual se revisan estudios internacionales respecto al real efecto de la educación preescolar en los niños. 13
Según la OMS, entre 3 y 5% de la población infantil de un país tiene déficit atencional; sin embargo, en Chile el consumo de ritalin (el fármaco utilizado para la concentración y el control de la hiperactividades) es mucho mayor que el 5%, hay estadísticas que hablan de un 15%, lo que da un margen preocupante. 14
Ver http://www.crececontigo.cl/sobre-chile-crece-contigo/presentacion-del-sistema.
15
Entendiendo por estos distintos mecanismos que utilizan las personas para poder incorporarse armónicamente en lo social, aunque ello signifique la represión sistemática de las representaciones que conducen al conflicto, la angustia y la ira en torno a la injusticia. 16
Digo dudoso, pues es difícil aislar los factores que intervienen en el desarrollo prenatal, pese a que está claro que los bebés tienen un desarrollo sensorial avanzado en la etapa intrauterina. El efecto de la música, palabras, natación, etc. puede estar mucho más correlacionado con una manera específica de las madres de manifestar deseo por su futuro hijo, que un efecto directo de dichos elementos sobre el desarrollo neuronal del feto. De hecho, hay varios trabajos que cuestionan el llamado efecto Mozart. 17
Natación prenatal, música prenatal, masajes, pilates y hasta discos en inglés para aprender a hablar.
18
Un ejemplo de esto es un estudio publicado que demuestra que la inteligencia registrada por sujetos adultos de nivel de maestria puede verse incrementada si se utiliza una dosis importante de ácido fólico y un programa de estimulación cognitiva, no importando la edad, ni el origen social. Hay muchos estudios como este cuya importancia está en la demostración de lo manipulable que es a lo largo de la vida el potencial cognitivo de las personas. Ver Jaik, Loera y Tena (2007) Evaluación de la capacidad cognitiva y su modificación mediante estimulación cognitiva y ácido fólico. http://148.204.73.101:8008/jspui/bitstream/123456789/523/1/A105-00381.pdf.
142
19
Se entrevistaron solo madres durante el proceso de investigación. Se buscó controlar el sesgo a través de preguntas orientadas a saber el posible desacuerdo que ellas podrían tener con sus parejas en cuanto a los temas tratados. Esta decisión fue tomada en función de la posibilidad de acceso a cualquiera de las figuras parentales. En todos los casos fue solo posible acceder a las madres. 20
Esteban Levin distingue algunas de estas representaciones en su libro La función del hijo o Eduardo Bustelo en El recreo de la infancia, por mencionar algunos títulos. 21
La Pintana es una comuna de Santiago que concentra altos índices de pobreza.
22
Empresario chileno al cual se le presupone un cierto origen humilde y que ha estado vinculado fuertemente al mundo del espectáculo y de la televisión en el último tiempo, haciendo generosas donaciones televisadas.
143
Desigualdades sociales: mundos de percepción y legitimación de las clases medias en Salvador de Bahía, Brasil Katharina Damm
El presente artículo analiza la percepción de las estructuras de desigualdad social. Para ello es muy importante el análisis de los modelos de percepción y de legitimación para así poder explicar la manera en que las condiciones de desigualdad continuamente se reproducen y se traducen en nuevas formas, sin generar cambios sustantivos en las estructuras asimétricas de poder. Para evaluar esta situación, este artículo se basa en entrevistas en profundidad a individuos pertenecientes a la clase media en Salvador de Bahía. Sobre la base de estas entrevistas, se plantean dos preguntas centrales. En primer lugar, ¿cómo son percibidas las desigualdades sociales por las clases medias de Salvador de Bahía? Y en segundo lugar, ¿qué explicaciones ofrecen para entender la existencia de la desigualdad? Estas dos preguntas son centrales, pues, a pesar de percibir situaciones de desigualdad radicales, en sus explicaciones de la desigualdad los individuos reflejan cómo ocurre el proceso de legitimación de la situación vigente. El artículo está compuesto por cinco secciones. En la primera se presentan distintas dimensiones y características de la estructura de las desigualdades en Salvador de Bahía. En seguida, se revisa la ‘teoría de la naturalización’ de Jessé Souza, la cual configura la base teórica para el análisis de las entrevistas. En la tercera sección se exhiben los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional sobre la percepción de las desigualdades sociales. Esto permite insertar el análisis propio en un contexto de investigación más amplio. En la cuarta sección se presentan entrevistas con miembros de las clases medias de Salvador de Bahía, realizadas por la autora en el año 2008, y se analizan con respecto al problema central del artículo. El objetivo es demostrar el contraste y la contradicción entre la percepción y las declaraciones explícitas de los entrevistados y el contenido implícito y latente de sus palabras. Además, se intenta evaluar las consecuencias que tiene esa discrepancia en la persistencia de las desigualdades sociales. Por último, se presenta un resumen de los resultados y una explicación acerca de las relaciones entre ellos y el problema central.
Socióloga. Docente en la Universidad de Potsdam. Correo electrónico:
[email protected]. Traducido al español por Franziska Münz.
Introducción 144
La región del noreste de Brasil, y particularmente la ciudad de Salvador de Bahía, puede considerarse como un triste líder en lo que se refiere a la pobreza y a la distribución desigual. El grado de desigualdad aparece de manera más visible en el reparto del ingreso. Mientras en Salvador el 20% de los más pobres dispone de tan solo el 1,7% del ingreso, el 10% más rico de la población dispone del 48,3% (Carvalho y Codes, 2006). Adicionalmente, la mitad de la población activa trabaja en el sector informal o por cuenta propia, por lo cual no tienen derecho a un salario mínimo, a seguridad social ni jubilatoria (Almeida, 2006). En total, en el año 2004 casi un tercio (30,9%) de la población de Salvador vivía en condiciones de pobreza extrema (Carvalho y Codes, 2006)23 . Tanto en Brasil, como en el Salvador, el acceso a la educación está interrelacionado con la distribución del ingreso, dado que el sistema educativo es tanto la causa como la consecuencia de la distribución asimétrica del mismo. Los que tienen poco dinero tan solo pueden asistir a las escuelas públicas, que por lo general están caracterizadas por su mala infraestructura y su bajo nivel educativo. Una buena educación escolar casi solo se puede conseguir en las escuelas privadas, las que no pocas veces resultan impagables aun para las clases medias. Por otra parte, se consigue entrar a las universidades públicas y gratuitas solo aprobando los exámenes de entrada, los que son difíciles de aprobar sin una buena educación escolar o un costoso curso preparatorio. Las pocas universidades privadas de buen nivel educativo son demasiado caras para las clases pobres. Al igual que el sistema de educación, el sistema de salud también está semiprivatizado, produciendo consecuencias similares. La atención pública es gratuita, pero tanto la capacidad como la calidad de la asistencia están más que limitadas. Los seguros de salud privados que prometen una asistencia rápida y de buena calidad son extremadamente caros y, por lo tanto, resultan inaccesibles a grupos de menores ingresos. En conclusión, a aquellas personas que sufren por su pobreza financiera se les niega sistemáticamente el acceso a una buena educación y una asistencia médica adecuada por los mecanismos institucionales de exclusión y por falta de un Estado social. Además de las deficiencias del Estado social, la situación de vivienda agrega otra forma de discriminación. Incluir la dimensión del espacio físico es importante, ya que “el dominio del espacio es una de las formas más privilegiadas del ejercicio de poder” (Bourdieu, 1991). Salvador no se caracteriza por una segregación territorial amplia, sino más bien por una fuerte mezcla de los barrios de las clases medias o altas y de las favelas e invasões 24 . Por lo tanto, para describir el espacio urbano recurrimos al término de la ‘ciudad multifragmentada’, establecido por Fischer y Parnreiter (2002). El espacio urbano está marcado por la coexistencia de los aislados ‘condominios’ de las clases medias y altas y las invasões, más bien pequeñas, que se encuentran, por ejemplo, en los valles pequeños, justo al lado de los condominios. En ese contexto, la discriminación de los pobres se manifiesta sobre todo en las malas condiciones de vivienda, en la falta de una infraestructura sanitaria y de transporte, en la 145
mala ubicación de las viviendas en cuanto a las distancias a escuelas o paradas de autobuses, como también en la posición muchas veces peligrosa de las viviendas; por ejemplo, las casas emplazadas en cuestas o bajadas. Para las clases medias, el hogar no es solo un objeto de prestigio, ya que también ofrece la posibilidad de distanciarse de ciertas cosas y personas, lo que se muestra en el hecho de que ahora todos los condominios tienen rejas y personal de seguridad. Los ‘enclaves fortificados’, como los llama Caldeira (2000: 265), ofrecen una exclusividad que se aprecia mucho, pues garantizan ‘el derecho de no sentirse incomodado’ (Caldeira, 2000: 267). Eso demuestra que más allá del miedo ante la delincuencia y la violencia, hay otras razones para el creciente aislamiento. La violencia estructural y simbólica que constituye la sociedad y que se ejerce de una manera invisible se inscribe en el espacio físico y sus resultados se hacen visibles en el espacio urbano. Según Bourdieu, el factor que le da tanta importancia a la relación entre el espacio físico y el espacio social es el ‘efecto de naturalización’, generado por la inscripción del mundo social en el mundo físico. Ese efecto hace que las diferencias socialmente construidas aparezcan como naturales (Bourdieu, 1991).
La naturalización de las desigualdades sociales En esta misma línea, el sociólogo brasileño Jessé Souza desarrolló la teoría de la ‘naturalización de las desigualdades sociales’ (Souza, 2006). En esta teoría, el ‘imaginario social’ desempeña un papel muy importante, pues determina profundamente la imagen que los brasileños tienen de sí mismos. Este imaginario social fue formulado inicialmente por el antropólogo y sociólogo brasileño Gilberto Freyre (1900-1987). Este consideraba al brasileño como amante de la igualdad y conceptualizaba al Brasil como una ‘democracia racial’ que posibilitaba el ascenso social aun de los mulatos. Las afirmaciones de Freyre formaron la base fundamental para la ‘doctrina de Estado’ del presidente brasileño Getúlio Vargas (19301945, 1950-1954), quien desde su llegada al poder persiguió un proyecto nacionalista. A partir de ese momento, esta doctrina de Estado se integró en el currículum escolar y fue propagada a nivel nacional. La manera particular de percibirse a sí mismo y a su país caracteriza al ‘imaginario social’ de los brasileños. Esta percepción de sí mismos es desde entonces fortalecida por la reiterada reproducción de dicha imagen, aún en el ámbito científico, como se observa, por ejemplo, en los textos de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) o Roberto DaMatta (1936) (Souza 2006). Buarque de Holanda y DaMatta comparten –dicho de manera sencilla– la percepción del brasileño de todas las clases como un hombre cordial, cuyas acciones están determinadas por estructuras personalistas que definen la jerarquía social (Souza, 2000: 161-204). Según Souza, dichas estructuras personalistas no son más que las manifestaciones superficiales de todo un proceso generador y reproductor de desigualdades (2000: 266). 146
Para Souza, las desigualdades sociales en realidad resultan de los valores impersonales del capitalismo y del Estado moderno introducidos en el Brasil como ‘instituciones fijas’. A diferencia de lo que Souza denomina países centrales occidentales, en referencia a Europa y los EE.UU., en Brasil el proceso colectivo de aprendizaje que precede a esas instituciones no existe, pues los valores impersonales fueron introducidos desde afuera y no se desarrollaron como valores intrínsecos de la sociedad brasileña. Durante ese proceso de aprendizaje, iniciado con el ascenso de la burguesía en los países centrales occidentales, se constituye un consenso de valores que abarca todas las clases y que encierra el reconocimiento social y el precepto de igualdad jurídica. De esta manera, la formación de un consenso de valores representa una condición fundamental para la noción moderna de ciudadanía. Según Souza, solo si existe un consenso interclasista puede haber igualdad definitiva en una sociedad, ya que el precepto de igualdad solo puede realizarse a través de la internalización efectiva de la noción de igualdad en el ámbito de la vida cotidiana (Souza, 2006). Para Souza, la importación de las ‘instituciones fijas’ no incluye únicamente su ‘estructura material’, sino también sus percepciones y sus lógicas particulares que, como tales, permanecen invisibles (Souza, 2006). Esa lógica particular radica sobre todo en la ideología de la eficiencia (Leistungsideologie)25 , la cual aparece en la conciencia cotidiana como la causa natural de los principios universales y neutrales sobre los cuales se define y se estructura la sociedad contemporánea competitiva. De esta manera, la ideología de la eficiencia legitima los principios de funcionamiento del Estado racional y del mercado capitalista, que son en gran escala responsables de la producción de desigualdades en las sociedades modernas. Así, la ideología de la eficiencia también legitima el acceso desigual permanente a las oportunidades y a los bienes sociales. Por consiguiente, la eficiencia –como fondo consensual para la evaluación (si bien subliminal) de cualquier persona– determina si una persona es reconocida o no como ciudadano (Souza, 2006). Debido a que el capitalismo encierra la posibilidad fundamental del ascenso social, las condiciones de vida de los marginales se consideran fracasos personales y no resultados de la negligencia social y estatal (Souza, 2000: 261). El contraste entre el Brasil y las sociedades que Souza llama centrooccidentales consiste, por un lado, en el mencionado proceso colectivo de aprendizaje que a fin de cuentas tiene como consecuencia el reconocimiento de todos los miembros de la sociedad como ciudadanos, a pesar de las desigualdades existentes. Por otro lado, el contraste consiste en la peculiaridad del caso brasileño: las prácticas y las lógicas institucionales importadas –como la ideología de la eficiencia– se relacionan con el ‘imaginario social’, esto es, con la ‘ideología explícita’, facilitando así el oscurecimiento de las causas verdaderas de las desigualdades. Esto repercute tanto en las reflexiones teóricas como en las prácticas políticas, ya sea de los privilegiados o de las víctimas de ese proceso (Souza, 2006). Para Souza, esto representa el aspecto central del problema de la naturalización de las desigualdades sociales. La ideología explícita de los brasileños se superpone a las 147
prácticas y lógicas responsables de la producción de desigualdades, por lo cual las causas estructurales y no económicas de las desigualdades permanecen invisibles. Por el contrario, domina la idea de que cada uno sea el forjador de su propio destino.
La percepción de las desigualdades sociales por los brasileños Sin embargo, el oscurecimiento de los verdaderos mecanismos que generan las desigualdades no significa que los brasileños sean inconscientes de ellas; las perciben de todas formas. En el sentido social constructivista, la naturalización es, por un lado, el resultado de los procesos y experiencias históricas y, por el otro, constituye la base para nuevas construcciones de la realidad. Por consiguiente, las desigualdades, por más que sean percibidas, no son necesariamente pensadas como injustas, ya que forman parte de la realidad ‘natural’, lo cual se demuestra tanto en la teoría de la naturalización de Souza, como también en los resultados del Programa Internacional de Encuesta Social (ISSP) del año 2001. Para la encuesta del ISSP fueron interrogados 2000 adultos de regiones urbanas y rurales de todo Brasil. Como primer resultado se puede reconocer que el 86% de los brasileños, independientemente de su proveniencia social, consideraron las desigualdades salariales como demasiado altas. Al mismo tiempo, consideraron los distintos niveles de educación como el factor principal de las existentes desigualdades salariales (84%). Sin embargo, la aceptación incorporada de esas desigualdades se manifiesta en el hecho de que los encuestados mismos atribuyeron un salario relativamente más alto a las profesiones basadas en una larga educación académica y en diplomas (Cano y Scalon, 2006). Además, el 56% de los brasileños tiene la impresión de que en la sociedad se valoran capacidades y talentos personales e inteligencia. El estudio demuestra que en Brasil, en comparación con los otros ocho países investigados, las capacidades personales y la inteligencia son clasificadas como los factores más importantes (Cano y Scalon, 2006). Aquí sale a la luz la fatal ideología de la eficiencia que señalara Souza. A pesar de que los brasileños consideran los conflictos entre los pobres y los ricos como los segundos más fuertes (58,6%), después del conflicto de clase entre empresarios y empleados (60,7%), nombran la pobreza recién en cuarto lugar de los mayores problemas a nivel nacional (10,5%), y la distribución injusta del ingreso en octavo lugar, con tan solo 3,4%. Así, los brasileños están más preocupados por la violencia y la falta de seguridad, la cual aparece en primer lugar, y también por el desempleo y por la salud. Mientras para las clases más altas la pobreza casi no tiene importancia alguna, los sectores medios y bajos la ven como un gran problema debido a una mayor cercanía al descenso social y el miedo ante el mismo. El reparto desigual de la renta se considera en casi todos los casos como un problema relativamente menor (Reis, 2004). Esto puede ser visto como una confirmación de la teoría de Souza, dado que la distribución desigual no se considera como un problema importante porque aparece como un hecho natural, legitimado por la 148
eficiencia. Otro resultado interesante es el hecho de que el 62% de los brasileños opina que el gobierno tiene la responsabilidad de reducir las desigualdades sociales. Esto concuerda con la idea de Lühr (1994), quien constata que para los brasileños el Estado parece ser el organizador de la sociedad por antonomasia. La gran parte de la población aparentemente no se ve a sí misma como responsable. Tan solo el 4,65% responsabiliza a la sociedad misma y sus miembros de la reducción de las desigualdades. Aquí se puede notar una convergencia bastante alta entre las respuestas de miembros de distintos grupos sociales (Cano y Scalon, 2006). Esto se ve reforzado por lo que Souza denomina la creencia ‘fetichista en el poder de la economía’ (2006), la cual es muy común en la sociedad brasileña. Esto se refleja en que, en todas las capas sociales, la mayoría de las personas está de acuerdo con la declaración de que solo a través del desarrollo económico se puede lograr una mejora en las condiciones de vida de las personas (Cano y Scalon, 2006). Tanto esta opinión como también la creencia en la movilidad social representan dos aspectos en los que los brasileños –así como la gran parte de las clases medias– creen con gusto desde la época del milagro económico, a pesar de que en realidad no hubo ninguna forma de redistribución. Así se reforzaron, de hecho, las desigualdades existentes durante la siguiente crisis económica (Reis, 2004). Con ello es posible hipotetizar que hay un nivel cognitivo y un nivel normativo de explicación (Cano y Scalon, 2008). En general, a pesar de que los brasileños están enterados de la desigualdad reinante en la sociedad, consideran justas las reglas que supuestamente la generan. Por lo tanto, es posible afirmar que existe un discurso legitimador de la desigualdad que la hace aparecer como algo natural.
Mundos de percepción de las clases medias en Salvador de Bahía En julio y agosto del 2008 se realizaron 12 entrevistas con individuos pertenecientes a las clases medias de Salvador de Bahía26 para la investigación empírica “La normalización de las tensiones sociales. El ejemplo de las clases medias de Salvador de Bahía y su percepción de las clases bajas locales” (Damm, 2009). Este artículo se basa en una selección y evaluación de cuatro entrevistas ejemplares. Dichas entrevistas fueron seleccionadas debido a que ellas abarcan representantes de las distintas clases medias, de distintos colores de piel y de ambos sexos27 . En la evaluación combino un análisis temático y un análisis fino para conseguir una interpretación más exacta, dado que en este estudio no solo se intenta registrar ciertos temas concretos y aclarar preguntas específicas, sino que, al mismo tiempo, se trata de comprender estructuras de sentido latentes más allá de los contenidos explícitos. Registrar y comprender los contenidos latentes es de mucha importancia, porque esos contenidos afectan a la conciencia y a las acciones de una manera decisiva, a pesar de su carácter inconsciente e invisible (Froschauer, Lueger, 2003: 102 s.). 149
Sobre la base de las entrevistas evaluadas a través del análisis de casos, quiero presentar ejemplos de las maneras de pensar y percibir de las clases medias. Los ejemplos deben servir de representación y no reclaman tener validez universal. A manera de ejemplo, presento fragmentos de las distintas entrevistas y los discuto en un contexto explicativo, poniendo así de relieve las semejanzas entre las estructuras argumentativas de los entrevistados con vistas al problema central de este artículo. La mayoría de las entrevistas demuestra que las desigualdades sociales sí aparecen en el mundo de percepción de las clases medias, como también confirmó la encuesta del ISSP mencionada más arriba. En las entrevistas, la desigualdad social fue mencionada sobre todo en relación con el sistema de educación y el sistema de salud. La mala calidad de la asistencia médica y el acceso desigual a la educación las describieron como injustas y fueron fuertemente criticadas. Para los entrevistados, en esos dos ámbitos se manifiesta la desigualdad en la sociedad. Otro tema frecuentemente mencionado es la pobreza. Aquí es interesante cómo algunos de los encuestados la relativizan intensamente, como lo demuestra el siguiente ejemplo: M: Tenemos pobreza. […]. Pero no hay esa pobreza africana con los niños ‘secos’, que no sé cómo siguen vivos. Aquí no hay niños así. Hay anemia. Hay. ¿Hay gusanos, niños con la barriga grande? Sí. Pero siempre están bien vestiditos, ordenaditos (Entrevista a Mara Mendes Resende, 2 de agosto 2008).
La minimización de la gravedad de la pobreza a través de la comparación con África se puede considerar como un intento de legitimar la miseria de la población brasileña, así como también un intento de aliviar un posible sentimiento de culpa. En relación con el tema de la pobreza, hay que realzar otro aspecto. En algunas partes de las entrevistas se manifiesta cierto sentido de desamparo de los entrevistados ante la masa de pobres. Así, una mujer ante la pregunta de si ella solía darles algo a los mendigos en la calle, contestó que muchas veces no veía el sentido de darle algo a una persona en concreto y nada a todo el resto, señalando además que tampoco tenía los medios financieros necesarios para poder ayudarlos a todos. Aquí se muestra un sentido de desamparo creído y justificado por la referencia a la propia situación financiera de la entrevistada. Aquí se encuentra un primer indicio de que los entrevistados tienden a deshacerse de la responsabilidad social. Más adelante, se demuestra de manera más explícita el poco reconocimiento de responsabilidad personal de las desigualdades o de la importancia de tomar medidas en contra de ellas. Más bien se hace referencia al Estado débil, incapaz de resolver los problemas del país, estremecido por la corrupción y marcado por el desinterés. Solo algunos recurren a su propio compromiso social o eclesiástico en proyectos de ayuda social. Esa transferencia de la responsabilidad personal al Estado se manifiesta sobre todo en el hecho de que todos los entrevistados acentúan la importancia de la educación. Efectivamente, la educación es, en varios sentidos, un aspecto central en los mundos de percepción y legitimación de las clases medias que cumple con varias funciones. En 150
primer lugar, todos los entrevistados consideran la educación como el aspecto más importante para encontrar un trabajo profesional y así mejorar su situación socioeconómica. En este sentido, la falta de educación de una gran parte de la población se ve también como una de las causas principales de la pobreza: R: […]… la mayoría de las personas en esos barrios, en esos barrios populares, solo va hasta el tercero o cuarto año de la primaria, aprende a leer mal, a escribir su nombre y ahí la formación tiene menos importancia, y entonces ¿qué queda para ellos? Solamente el trabajo… empleos inferiores. Solamente trabajo que no… te ayuda a ascender, para nada (Entrevista a Rafael Araújo Pontes, 20 de agosto 2008).
Además de la importancia de la educación y sus efectos inmediatos en la posición socioeconómica, en las entrevistas se hace visible otro aspecto importante: la educación no se entiende solamente como una educación escolar o intelectual, sino también como una educación moral y de modales que transmite otra forma de ver el mundo; por ejemplo, en cuanto a las ambiciones personales. Por consiguiente, no solo se reivindica un mejor sistema de educación, transfiriendo así la responsabilidad al Estado, sino que también se responsabiliza a la familia, lo cual se observa en la cita siguiente: L: […] Vete a una favela, a la gente le gusta hacer subir cometas, se quiere divertir, no le ve gracia ni nada interesante a la escuela. Porque el padre no lee, eh… ¿cuál es el ejemplo? El padre… el ejemplo para tomar un libro y leer un poco, llegar a casa para hacer un trabajo… y cuál es el ejemplo de un padre… volviendo al tema de la favela, ¿qué va a ver? Eso, que el tipo llega a casa de noche y se va a un bar y toma cachaça jugando al dominó… el hombre es el producto de su entorno, ¿verdad? (Entrevista a Luis Pereira dos Santos, 7 de julio 2008).
Aquí claramente la familia y el entorno social son considerados como culpables de la falta de educación y de las escasas ambiciones. En concordancia con esto, en la mayoría de las entrevistas se puede ver una insistencia en la ideología de la eficiencia. Con frecuencia, los entrevistados hacen detenidas interpretaciones sobre su ascenso social y sus logros. Incluso con declaraciones como la anteriormente citada, los entrevistados contraponen sus propias experiencias de ascenso a su imagen de las clases bajas. Para aclarar eso quiero presentar otra cita que surge en respuesta a la pregunta de si el entrevistado cree en el dicho de que ‘cada uno forja su propia suerte’: L: Una gran verdad. Es una verdad grande. Nosotros somos los que hacen los milagros, ¿verdad? Nuestros milagros los hacemos nosotros. Si cruzas los brazos y esperas que pase algo, que alguien vea algo en ti… te quedarás atrás. Tienes que hacer algo para tu crecimiento. ¿Y cómo se hace eso? Uno tiene que invertir. Uno tiene que estudiar, superarse a sí mismo, calificarse… Esa es la única forma… en la que buscas tu crecimiento […]. E: Entonces, los pobres también podrían cambiar… L: ¡Claro! Porque en realidad, es así. Yo formo parte de la clase media baja. Y yo puedo decir que lo conseguí… que yo conseguí algo ¿a través de qué? A través del esfuerzo (Entrevista a Laércio Alcides Figueiredo Santos, 18 de julio 2008).
A pesar de que los entrevistados sean conscientes de que la población pobre y menos privilegiada se enfrenta con muchos obstáculos en el camino hacia el ascenso social, predomina la opinión de que solo hay que ‘quererlo y hacerlo’. De hecho, los miembros 151
de las clases bajas tendrían que hacer un mayor esfuerzo para ascender, pero lo podrían conseguir de todas maneras. Esta internalización intensa de la ideología de la eficiencia se debe seguramente también al hecho de que muchos de los entrevistados ascendieron a una posición social mejor gracias a sus propios esfuerzos. Pero precisamente por dicha internalización de la ideología de la eficiencia, las desigualdades sociales aparecen como naturales y son legitimadas a través de una argumentación que indica que la pobreza fue generada por culpa propia. Son argumentos encadenados que sirven para transferir la responsabilidad y la culpa de uno mismo al otro. Aunque los entrevistados frecuentemente expresen de una manera creíble su compasión por los pobres y sus problemas y condiciones de vida, creo que hay que diferenciar entre esa compasión y la solidaridad, ya que la última encierra un sentimiento de responsabilidad que no se puede reconocer en las entrevistas. Al mismo tiempo, en las declaraciones mencionadas hasta ahora se puede notar una imagen implícita más bien negativa de los pobres. Las reiteradas declaraciones implícitamente negativas de la población pobre, por general, no corresponden con lo dicho explícitamente. Aquí un ejemplo de una descripción explícita: M: Ahora, la vida de ellos es un poco distinta de la nuestra. Ellos viven en casas. Ellos pasan mucho más tiempo entre ellos en las calles, pienso que es más saludable, ¿no es así? Hay más alegría, hay música, hay el bar donde se juntan, los niños juegan en la calle. Hay mucha vida. Pero eso no lo reporta la prensa. Ni en Río. ¿Tú crees que en mil casas todos son traficantes? No (Entrevista a Mara Mendes Resende, 2 de agosto 2008).
En otras partes se describe lo cordial que es el contacto con los pobres de su entorno, pero muchas veces dichos contactos tan afectuosos se descubren como un contacto más bien neutro en la panadería o algo similar. Sin embargo, estas declaraciones corresponden con las afirmaciones de todos los entrevistados sobre la cordialidad, la alegría y la solidaridad de los brasileños en general. Para destacar nuevamente la relación entre las declaraciones explícitas e implícitas, quiero presentar aquí un ejemplo de afirmaciones más bien inconscientes en contraste con la descripción explícita presentada arriba: E: ¿A qué playa sueles ir? L: Es… a mí me gusta Patamares, y cuando tengo tiempo me gusta ir a playas más lejanas, ahí por (¿?) Ipiranga, Praia do Flamengo. E: ¿Y por qué te gustan esas? L: Mira: es así… durante la semana, está más frecuentada. (¿?) (…) Porque los días de semana estaría en alguna más tranquila y eso. Pero cuando llegan los fines de semana, es así que la gente va a las playas más cercanas. Y entonces tienes… y entonces tienes esa historia, volvemos al mismo punto. De… de la educación. La educación es amplia, ¿verdad? Así que si tú tienes educación, si estás informado… entonces tienes… tienes una cierta postura frente a los lugares. Y entonces… bueno, estás (saliendo) en un lugar con gente (busca la palabra) (ríe), desordenada (bagunceira) (Entrevista a Luis Pereira dos Santos, 7 de julio 2008).
Ya que es sobre todo la población pobre la que visita las playas urbanas los fines de semana, no hay mucho lugar para dudas a quiénes se refieren los entrevistados cuando hablan de bagunceira28 . Aquí se manifiesta el segundo significado de la educación. La 152
educación, compuesta tanto por la educación escolar y cultural como por los modales y el buen comportamiento, sirve fundamentalmente como medio de distinción. Todos los entrevistados querían destacar su distinción de las clases bajas de manera directa o indirecta y lo hicieron en diferentes partes de la entrevista. Esa distinción casi siempre va acompañada por una devaluación implícita de las clases subprivilegiadas. Finalmente, la educación también juega un papel importante en cuanto sirve como base para explicar el alto nivel de violencia y delincuencia en Salvador de Bahía. Todos los entrevistados, de una u otra manera, culparon el alto nivel de delincuencia violenta a la falta de educación de una gran parte de la población. Las explicaciones del alto nivel de violencia encierran la argumentación de que la población pobre no logra conseguir puestos de trabajo profesional con un salario adecuado debido a su bajo nivel de educación. Por ende, se encuentran en una situación financiera precaria y finalmente caen en la criminalidad: M: Entonces, a mí me parecen triste el nivel y las condiciones que tienen los pobres para aprender aquí. Eso hasta va… va a repercutir en violencia. Porque un niño pobre que no va a la escuela, que no tiene familia, él va… ¿va querer ser honesto, va a querer estudiar y ser recto? No. No tiene ningún motivo para ser así. Él sólo ve motivos para ser violento, malo. Sólo… sólo tiene ese camino para él. No tiene la culpa […]. No tiene alternativa: o morir de hambre, mendigando en la calle, o participar en esos… esos actos de violencia que principalmente vienen del tráfico de drogas y robos, asaltos (Entrevista a Mara Mendes Resende, 2 de agosto 2008).
En este ejemplo se puede ver bien cómo las afirmaciones implícitas y explícitas sobre la población pobre se contradicen. Mientras casi todos los entrevistados subrayan el hecho de que obviamente no todos los pobres son delincuentes, el significado latente de esas afirmaciones demuestra que, en su percepción, todas las personas pobres sí son delincuentes potenciales. En su argumentación, los entrevistados recurren a la educación, pero también al supuesto carácter de los pobres, como se ve en la cita siguiente: R: […] la formación tiene menos importancia, y entonces ¿qué queda para ellos? Solamente el trabajo… empleos inferiores. Solamente trabajo que no… te ayuda a ascender, para nada. Por eso muchos acaban yendo hacia la marginalidad, eso también, ¿verdad? Es más fácil tener unas zapatillas bonitas…, un lindo reloj, si uno toma un revólver y se lo quita a alguien, ¿verdad? (…) Esa es la realidad (Entrevista a Rafael Araújo Pontes, 20 de agosto 2008).
Por un lado, el entrevistado relaciona la educación con el trabajo y con la delincuencia, pero más allá de esa relación se subraya que para los pobres al final es más ‘fácil’ robar un par de zapatos que ganárselos. En esa afirmación se manifiesta de manera implícita una imagen muy despectiva de la población pobre, a pesar de que explícitamente el encuestado expresa su comprensión de por qué los pobres caen en la delincuencia. La argumentación a la cual los entrevistados recurren para explicar la violencia y la delincuencia repercute nuevamente en la manera como perciben las clases medias a los miembros de las clases bajas en su entorno. Si recordamos la estructura urbana, marcada por una mezcla social intensa, este tipo de percepciones genera en las clases medias un escenario amenazante por culpa de las 153
clases ‘peligrosas’29 . Así se legitima tanto la retirada a los condominios aislados con cada vez más medidas de seguridad, como su fuerte distanciamiento de una gran parte de la población, es decir, de los pobres. Eso lleva a un endurecimiento de los bloques sociales y a la intensificación de las tensiones entre pobres y ricos.
Reflexiones finales y complementarias En todas las entrevistas se puede reconocer una orientación hacia el ascenso social típica de las clases medias, que se manifiesta principalmente en la insistencia en la importancia de la educación, la que es reveladora de las opiniones de las clases medias entrevistadas. Estas opiniones son de vital relevancia para la comprensión de cómo las clases medias perciben las desigualdades sociales y a las clases bajas. Todos los entrevistados consideran la educación como el aspecto más importante para conseguir un trabajo profesional con un salario mayor y así mejorar su situación socioeconómica. Por ende, consideran la falta de educación de una gran parte de la población como una de las causas principales de la pobreza imperante. Aquí se manifiesta en casi todas las entrevistas una internalización fuerte de la ideología de la eficiencia. A pesar de que algunos noten los obstáculos con los cuales los pobres se ven enfrentados en su camino hacia el ascenso social, la mayoría no exceptúa a los pobres de la ideología de la eficiencia. En última instancia, consideran la pobreza como un fracaso personal generado por pereza, comodidad o falta de ambiciones. Estas afirmaciones indican que existe la naturalización de las desigualdades descrita por Souza, ya que el principio de la eficiencia subrayado en las entrevistas se considera un principio de selección natural y, por consiguiente, legitimado. En algunos casos, a la desigualdad, considerada como algo natural o como generada naturalmente, se superpone una ‘ideología explícita’ según la cual existe un trato cordial y amigable entre las distintas clases. Dicha ideología enmascara tanto la crueldad de la desigualdad social, como sus verdaderos mecanismos de reproducción. Además, la educación sirve como aspecto central para distanciarse de las clases bajas. La educación es conceptualizada como ‘educación intelectual’ y ‘educación cultural’ o también como ‘modales’ o ‘una mayor consciencia’ en cuanto a las ambiciones, etc. Finalmente, la educación tiene mucha importancia para los entrevistados debido a que la falta de educación es considerada una de las principales causas del alto nivel de delincuencia violenta. Precisamente, en el contexto de las afirmaciones sobre la educación es donde se manifiesta muy bien en las entrevistas la imagen que tienen las clases medias bahianas de los pobres. En sus afirmaciones explícitas casi todos los encuestados indican una y otra vez que los pobres no tienen la culpa por su falta de educación y, por consiguiente, por su comportamiento, y que la mayoría de los pobres son personas honestas y trabajadoras. Sin embargo, en otras afirmaciones se manifiesta de forma latente que ellos mismos 154
consideran a los pobres como culpables de su situación, como sucios, tontos y sobre todo como peligrosos. En el contexto de la peligrosidad de los pobres se demuestra otra vez la diferencia entre el significado manifiesto y el significado latente de las diversas afirmaciones: mientras los encuestados subrayan constantemente el hecho de que no todos los que viven en una favela son delincuentes y violentos, sus argumentaciones, sus afirmaciones implícitas y sus dichos impensados, por el contrario, demuestran que en el fondo los entrevistados consideran a todos los individuos de las clases bajas como un peligro potencial y como delincuentes potenciales. De este modo explican la delincuencia (violenta) casi siempre a través de la educación y de las condiciones precarias de trabajo o del desempleo, destacando constantemente que sobre todo los pobres carecen de cualquier forma de educación. Hay que constatar nuevamente que la ‘ideología explícita’ (Souza, 2006) se superpone a la percepción negativa, más bien implícita, de las clases bajas. Eso se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que todos consideran ‘al brasileño’ en general como un ser humano solidario, abierto y cordial, y al mismo tiempo mencionan la desigualdad social cruel. Lo que aquí aparece como una contradicción, no lo tiene que ser necesariamente para los brasileños y aparentemente no lo es. A pesar de su imagen despectiva de las clases bajas, los entrevistados parecen tenerles compasión verdadera. Solo algunas personas se muestran indiferentes al respecto. Dicha diferencia entre las afirmaciones explícitas e implícitas se podría rechazar como una simple contradicción o se podría explicar como un resultado de afirmaciones socialmente deseables. Seguramente, con un tema así de grave nunca se puede excluir la posibilidad de que los entrevistados reflexionen si sus respuestas son socialmente deseables o no. Pero parece que en el caso de los brasileños hay otra razón para esta discrepancia. En mi opinión, lo que genera esa diferencia es la historia brasileña internalizada. Durante siglos, la asimetría de poder estuvo relacionada con el desprecio, y sobre todo con el miedo que las clases altas les tenían a las clases bajas. Esos sentimientos de desprecio y miedo se tradujeron sin cambios esenciales a las condiciones modernas, como lo demuestra Souza en su teoría. Después, principalmente bajo el gobierno de Vargas, el desprecio y la repelencia notorios frente a la población pobre fueron cubiertos por el mito poderoso de la igualdad y de la cordialidad, que marca la autoimagen de los brasileños hasta hoy en día. Dicho mito, al igual que la imagen despectiva de los pobres, fue internalizada y transmitida por herencia entre las clases altas. Por consiguiente, la diferencia entre las afirmaciones implícitas y explícitas no resultan contradictorias para los brasileños, como lo demuestran claramente las entrevistas. Una segunda circunstancia que les posibilita a los entrevistados la percepción del brasileño en general, como así también la percepción de sí mismo como abierto, cordial y solidario a pesar de la desigualdad y de la pobreza, es el hecho de que los entrevistados se deshacen de su responsabilidad sobre esas condiciones de vida. Siempre consideran al gobierno y a los políticos como los principales responsables de mejorar la situación. Casi 155
ninguno de los entrevistados se considera a sí mismo o a la comunidad de los ciudadanos como responsables, como causantes, o como actores indispensables para mejorar la situación. Solo algunos pocos se comprometen activamente en iniciativas del vecindario o cuestiones similares. El Estado y la política son considerados como el factor decisivo para mejorar el sistema de educación pública, la política de seguridad pública para reducir la violencia y la desigualdad social. El hecho de que todos los entrevistados esperen una mejora de la situación a través de la política, a pesar su pérdida de confianza en ella, indica el desamparo de los entrevistados ante una situación que para ellos no parece tener solución. Eso posiblemente contribuye a la perseverancia de lo que Cano y Scalon llaman ‘la cultura política de la aceptación’ (Cano y Scalon, 2008: 95). Por eso es tan fatal el hecho de que tanto los mecanismos que reproducen la desigualdad como también la reproducción casi natural del pensamiento despectivo sean cubiertos bajo una aparente cordialidad. Así se reduce la posibilidad de accionar en los ámbitos verdaderamente responsables de los problemas.
Bibliografía De Almeida, P. H. (2006). A economia de Salvador e a formação de sua região metropolitana. En I. M. Moreira de Carvalho; G. C. Pereira (Eds.), Como anda Salvador e sua região metropolitana. (pp. 83-108). Salvador: EDUFBA. Bourdieu, P. (1991). Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum. En M. Wentz (Ed.). Stadt-Räume. (pp.25-34). Frankfurt am Main/New York: CampusVerlag. Briesemeister, D. (Ed.) (1994). Brasilien heute-Politik, Wirtschaft, Kultur. Frankfurt am Main: Vervuert. Caldeira, T. Pires do Rio (2000). Cidade de muros. Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. São Paulo: EDUSP. Cano, I., Scalon, C. (2008). Legitimization and Acceptance: How brazilians survive Inequalities. EnM. Woolcock, E. Gacitúa- Marioó, (Eds), Social exclusion and mobility in Brazil (pp. 81-96). Washington: World Bank. Cano, I., Scalon, C. (2006). The Brazilian Way of dealing with Inequality. En S. Costa et al. (Ed.), The plurality of modernity-Decentring sociology. (pp. 117-137) München: Rainer Hampp Verlag. Carvalho, I., M. Moreira de, Pereira, G. C. (Eds.) (2006). Como anda Salvador e sua região metropolitana. Salvador: EDUFBA. Carvalho, I. M. Moreira de, Codes, A., L. Machado de (2006). Condicões ocupacionais, pobreza e desigualdades. En I. M. Moreira de Carvalho, G. C. Pereira (Eds.), Como anda Salvador e sua região metropolitana. (pp. 109-136). Salvador: EDUFBA. Costa, S. et al. (Eds.) (2006). The plurality of modernity-Decentring sociology. 156
München: Rainer Hampp Verlag. Damm, K. (2009). Die Normalisierung sozialer Spannungen. Das Beispiel der Mittelschichten in Salvador da Bahia und ihrer Wahrnehmung der örtlichen Unterschichten. Potsdam. Froschauer, U., Lueger, M. (2003). Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme. Wien: WUV Universitätsverlag. Fischer, K., Parnreiter, C. (2002). Transformation und neue Formen der Segregation in den Städten Lateinamerikas. Geographica Helvetica, LVII(4) 245-252. Kreckel, R. (2004). Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. Frankfurt/Main: Campus-Verlag. Kühn, T., Souza, J., et al. (Eds.) (2006). Das moderne Brasilien - Gesellschaft, Politik, Kultur in der Peripherie des Westens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Lühr, V. (1994). Soziale Ungleichheit im Selbstbild Brasiliens. En D. Briesemeis-ter (Ed.), Brasilien heute-Politik, Wirtschaft, Kultur. (pp. 140-154). Frankfurt am Main: Vervuert. Reis, E. (2004). A desigualdade na visão das elites e do povo brasileiro. En C. Scalon (Ed), Imagens da desigualdade (pp. 37-75). Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora UFMG. Scalon, C. (Ed.) (2004). Imagens da desigualdade. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora UFMG. Souza, A. Gordilho (2000). Limites do Habitar. Segregação e exclusão na configuração urbana contemporânea de Salvador e perspectivas no final do século XX. Salvador: EDUFBA. Souza, J. (2006). Die soziale Grammatik der peripheren Ungleichheit: für ein neues Paradigma zum Verständnis der peripheren Gesellschaften. En T. Kühn, J. Souza et al. (Eds.), Das moderne Brasilien-Gesellschaft, Politik, Kultur in der Peripherie des Westens. (pp. 20-48). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Souza, J. (2000). A modernização seletiva. Uma reinterpretação do dilema brasileiro. Brasilia: Universidade de Brasília. Wentz, M. (Ed.). Stadt-Räume. Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag. Woolcock, M.; Gacitúa-Mario, E. (Eds.). Social exclusion and mobility in Brazil. Washington: World Bank.
Hemerografía y Documentos Entrevista a Luis Pereira dos Santos, 7 de julio 2008. Salvador da Bahia. Elaboración de la autora. Entrevista a Laércio Alcides Figueiredo Santos, 18 de julio 2008. Salvador da Bahia. Elaboración de la autora. 157
Entrevista a Mara Mendes Resende, 2 de agosto 2008. Salvador da Bahia. Elaboración de la autora. Entrevista a Rafael Araújo Pontes, 20 de agosto 2008. Salvador da Bahia. Elaboración de la autora.
23
Como el umbral de pobreza se considera un medio salario mínimo por mes. Como pobreza extrema (indigentes) se considera un cuarto del salario mínimo por mes. Para cada mes se hace un nuevo cálculo del salario mínimo. En el año en que se realizaron las entrevistas (2008), el salario mínimo fue de 415 reales. En el 2010 ascendió a 510 reales. 24
Los términos favela e invasão (literalemente: ‘invasión’) se parecen mucho, pero en realidad no son sinónimos. A pesar de que todo terreno tomado en posesión por medio de una invasión y de manera ilegal resulta en lo que se considera una favela, no todas las favelas necesariamente fueron creadas por una invasión de tal forma. En Bahía, el término invasão es más común que el término favela, que a su vez domina en São Paulo y Rio de Janeiro y que también es más conocido a nivel internacional (Souza, A., 2000: 54). Sin embargo, en el habla cotidiana en Bahía, los dos términos se usan por lo general como sinónimos. 25
El término se refiere a lo que Kreckel describe, por ejemplo, en su libro Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit (La sociología política de la desigualdad social) (2004: 98): “La ideología de la eficiencia es una ideología, porque no se limita a la reivindicación y la promoción de la eficiencia objetiva, sino justifica a la vez la desigualdad de las posibilidades de vida”. Los individuos internalizan los mecanismos y principios de la sociedad competitiva de tal manera que consideran o aceptan las posibilidades y bienes materiales y sociales como legítimamente distribuidos aun en el caso de una distribución real extremadamente desigual. 26
La definición de las clases medias usada en esa encuesta está basada en los siguientes criterios: un salario familiar de entre 3.000 y 10.000 reales al mes, la orientación hacia el ascenso social, un hogar de nivel elevado (condominio), la profesión y la autopercepción de los encuestados. 27
Luis Pereira dos Santos tiene 49 años, es blanco. Trabaja como corredor de seguros y gana aproximadamente 4.000 reales por mes. Su mujer es ama de casa. Laércio Alcides Figueiredo Santos (37 años) es afrobrasileño y profesor en una escuela pública. Al mismo tiempo, trabaja como entrenador privado de fitness en un gimnasio. Él y su mujer (médico) disponen de aproximadamente 6.000 reales por mes. Mara Mendes Resende (59 años) es blanca y profesora en el Instituto Goethe, donde gana 3.000 reales. Vive sola. Rafael Araújo Pontes tiene 55 años, es moreno y tiene su propia empresa pequeña de lucha antiparasitaria, con la cual gana aproximadamente 10.000 reales por mes (las ganancias oscilan mucho). Su mujer también es ama de casa. 28
Una persona ‘bagunceira’ generalmente se considera como una persona que genera desorden.
29
La manera de tratar con esa amenaza diariamente es tematizada en detalle en la tesis “La normalización de las tensiones sociales. El ejemplo de las clases medias en Salvador de Bahía y su percepción de las clases bajas locales” (Damm, 2008).
158
Política y desigualdad
159
El centro de la disputa: las clases medias y la política de la desigualdad en Chile Mayarí Castillo Gallardo
Introducción Todo trabajo que se centre en el concepto de clase media despierta una serie de sospechas, dada la multiplicidad de significados que se le asocian. Por esto, plantear una investigación desde esta noción es un desafío, cuya dificultad se vuelve mayor cuando se intenta establecer un vínculo entre la clase media y la política. En este plano, la idea de clase media se ha convertido en un significado en permanente construcción en el marco de los procesos políticos nacionales. Por esta razón se le han atribuido características disímiles en cada momento histórico, fenómeno claro para el caso europeo (Nolte, Paul, 2000; Nolte et. al, 2007; Vogel, Berthold, 2009) y también para el latinoamericano, en donde el discurso de la clase media estuvo durante gran parte del siglo XX estrechamente ligado a las ideas de modernización y desarrollo (De Oliveira, 1971; Germani, 1969; Graciarena, 1967; Johnson, 1958, 1961). En ese marco, el siguiente trabajo analiza el concepto de clase media como narrativa contingente, en el marco de la articulación y el conflicto de sujetos políticos en contextos de desigualdad. Para esto se examina el caso chileno en tres coyunturas: el gobierno del Frente Popular1 , el gobierno de Frei Montalva2 , y el período Bachelet-Piñera3 a partir de tres tipos de documentos: documentos oficiales de partidos políticos y coaliciones, discursos de los principales líderes políticos y documentos de propaganda política.
Antropóloga de la Universidad de Chile. Maestra en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Doctora © en Sociología del Lateinamerika- Institut, Freie Universität Berlin. Correo electrónico:
[email protected]; mayari.
[email protected]. Este trabajo fue presentado en el X Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado en Toronto entre el 6 y el 9 de octubre de 2010. Agradezco los comentarios, a una versión posterior, de Francisco Zapata, Emanuelle Barozet, Anahí Durand, Manuel Bastías, Patricia Castillo e Ismael Puga.
Como primer objetivo del trabajo se plantea demostrar que los contenidos de la narrativa sobre ‘clase media’ para cada período estuvieron sustentados en la articulación y legitimación de un sujeto político en la disputa por el control del Estado, más que en un vínculo con los grupos pertenecientes a este segmento en términos de posiciones de clase. Este punto se orienta a discutir con aquellas interpretaciones que atribuyen una agencia particular a la clase media para el caso latinoamericano, así como una vocación democratizadora o ‘de centro’ a este sector (Lomnitz, 1998). Como segundo objetivo, se busca mostrar cuál ha sido el rol de los actores políticos articulados en torno a la idea de ‘clase media’ en la reproducción y modificación de los patrones de la desigualdad 160
persistente, atendiendo específicamente al problema de su legitimación y producción de conflicto. Este análisis intenta rescatar la importancia de la dinámica política en los procesos que estructuran las desigualdades, mostrando cómo la idea de clase media en cada uno de los casos tuvo un rol fundamental en estos. Antes de empezar, es preciso hacer una aclaración. Aunque esta investigación trata de las clases medias como narrativa en disputa, esto no significa que se las considere como un puro constructo discursivo. Los estudios sobre estratificación y clases sociales han mostrado las posibilidades diversas de delimitar este segmento, llamando la atención sobre sus características heterogéneas en términos de ocupación, ingreso, nivel educacional y estilo de vida, así como sobre el peso específico que tienen en las sociedades contemporáneas (Bourdieu, 1969; Crompton, 1994; Goldthorpe, 1980; Wright, 1980, 1985). Para el caso latinoamericano y chileno en específico, aun cuando la diversidad de enfoques y la dificultad de abordar este sector provocaron una ausencia importante de investigación en el área, a partir del análisis de los cambios provocados por los ajustes estructurales de la economía se ha avanzado sustantivamente en el conocimiento de estos grupos (León y Martínez, 2001; Cerda, 1998; Martínez y Tironi, 1985; Portes y Hoffmann, 2003; Barozet y Espinoza, 2008; 2009). En ese sentido, parece necesario explicitar que para este trabajo se diferencia claramente entre las clases medias como posiciones de clase, entendiendo estas a partir del trabajo de E. O. Wright (Wright, 1980; 1985; 2000) y las narrativas sobre las clases medias, entendiendo estas como parte de la articulación sujetos políticos y sus identidades (Butler, 1997).
Desigualdad y política Para el análisis de la relación entre desigualdad y política tomaré como punto de partida el trabajo de Charles Tilly. Esta elección se basa en la importancia otorgada por el autor a los procesos políticos en la producción y transformación de la desigualdad. Para Tilly (2000: 206), el ejercicio de la política, en el marco de un gobierno efectivo, implica dos de los mecanismos clave en la producción de desigualdades: la explotación y el acaparamiento de oportunidades, siendo el primero el más relevante en este caso. Si bien estos mecanismos operan a nivel de la sociedad en general, la especificidad e importancia de la política refiere a que uno de los grupos involucrados en la dinámica de la desigualdad está al mando de una organización cuyo rol puede ser clave en la reproducción o subversión de los patrones de la desigualdad, dada su prioridad organizacional en el territorio y su control sobre los medios de coerción física. Tal organización es el gobierno. A partir de los dos elementos mencionados, el gobierno ha tenido históricamente una participación directa en los procesos que estabilizan o modifican los patrones de desigualdad, estableciendo modelos de explotación y acaparamiento de oportunidades mediante mecanismos como políticas impositivas y tributarias, control del comercio y control sobre la propiedad de la tierra, por nombrar algunos. También ha reforzado o 161
modificado sustancialmente las estructuras de poder y desigualdad de las sociedades históricas, a través de la incorporación o creación de distinciones categoriales (negro/blanco, mujer/hombre, etc.) en el marco de su aparato jurídico o institucional. Al respecto, la cuestión central no es señalar que existe explotación a través del gobierno, lo que resulta evidente, sino prestar especial atención a “quiénes pertenecen a las clases dirigentes y cómo disponen estas de la plusvalía: en sus propias empresas privadas, en sus comodidades materiales, en la guerra o en bienes públicos” (Tilly: 2000: 203). El régimen democrático, señala Tilly, ha producido una relativa redistribución de los recursos, pues el control del gobierno ha pasado a manos de un mayor número de personas, aumentando las presiones redistributivas. La lucha política se ha tornado un juego entre el ‘nosotros’, los ‘otros’ y una ‘audiencia’ que ha sido clave para que los sujetos políticos accedan al control de los recursos del Estado. Sin embargo, por la eficacia de su acción y su mayor acceso a agentes o instrumentos de poder, las élites han tenido siempre ventajas para controlar el Estado y sus políticas, lo que ha incidido en la reproducción y el fortalecimiento de los patrones de la desigualdad. En ese sentido, no es casual que en solo poquísimos casos el Estado haya influido poderosamente en revertir los mecanismos reproductores de la desigualdad persistente, con excepción de aquellos enmarcados en una crisis profunda de continuidad, delimitados por revoluciones, guerras o agudas crisis económicas. En el caso latinoamericano, esto es particularmente evidente: a excepción de las cuatro revoluciones del siglo XX4 que pusieron en jaque la continuidad del Estado en la forma conocida hasta entonces, los mecanismos y distinciones categoriales de la desigualdad establecidos desde el régimen colonial no se han modificado, dando lugar a la región con los más altos niveles de desigualdad del mundo (Hoffmann y Centeno, 2003). A pesar de esto, es notorio que ha habido cambios en la materia, los que en buena parte han sido producto de la compleja articulación e interacción entre actores políticos en el cuestionamiento de ciertos tipos de desigualdades (Wright, 2000). En ese sentido, la estructuración de los patrones de la desigualdad implica una serie de procesos que Tilly denominará la política de la desigualdad y que ‘concierne a la participación de los gobiernos en los procesos sociales que la generan. Pero también su impacto en los procesos gubernamentales y en las luchas por el poder sobre los gobiernos. Esto incluye situaciones en las cuales los contendientes luchan explícitamente en relación con problemas de desigualdad’ (Tilly, 2000: 205). Esto implica que la configuración de las desigualdades en una sociedad determinada estará estrechamente relacionada con la acción de los sujetos en el campo de lo político.
Las clases medias en Chile: el centro de la disputa La política de la desigualdad implica actores que articulen grupos sociales en torno a la disputa por el control del gobierno y por la distribución de recursos asociados a él, los que son claves para la modificación o reproducción de los patrones de desigualdad. En 162
ese marco, parte sustantiva de este proceso se vincula a la construcción de actores políticos y a la forma como estos insertan los distintos tipos de desigualdad dentro de la narrativa que los constituye, les ‘ponen nombre’ y las convierten en algo inaceptable, injusto y/o inmoral. Para mostrar este fenómeno, analizaré el papel de la idea de clases medias en este proceso en tres momentos: el período del Frente Popular, el período del gobierno de Eduardo Frei Montalva y el período Bachelet-Piñera. He elegido estos períodos porque en todos ellos es posible observar una relevancia de la noción de clases medias en la articulación de los actores políticos y también porque cada uno de ellos se ha destacado en el discurso académico como momentos en los que estos sectores han articulado las dinámicas políticas o han tenido un rol decisivo en estas. En el primer período, la importancia otorgada a la idea de clases medias en la construcción de sujetos políticos es notoria en el discurso del Partido Radical, una de las fuerzas principales en el Frente Popular. De la misma manera, en los textos académicos este es uno de los períodos caracterizados por un gobierno ‘mesocrático’ por excelencia, atribuyéndosele a las clases medias un rol articulador y estabilizador del sistema de partidos a partir de la posición centrista y moderada de sus organizaciones políticas. En el segundo período, esta importancia es visible en el discurso y documentos oficiales de partido Demócrata Cristiano a partir de su consigna ‘revolución de clase media’. Al igual que el período anterior, este es caracterizado en el discurso historiográfico como de ascenso de estos grupos al poder. Acá el vínculo entre clases medias, centro político y estabilidad es más explícito, particularmente cuando se da cuenta de los procesos de polarización social y conflicto que se manifiestan hacia el final del gobierno de Frei Montalva e inicios del gobierno de la Unidad Popular (Moulian y Torres, 1989: 348). En el tercer período, la importancia de la idea de las clases medias es visible en los debates y discursos de las campañas presidenciales del 2006 y del 2009. Esta no solo se conforma en un eje articulador de los discursos políticos de las dos principales coaliciones políticas, sino que además se constituye como uno de los principales ejes que delimitan la autoidentificación de los sujetos en términos de posición social en Chile contemporáneo. Ahondaré en este punto en el último apartado.
El Partido Radical en el Frente Popular: la ‘clase media ilustrada’ El análisis de este período se centra en los documentos del Partido Radical (PR). Esta decisión se basa no solo en que este partido ha sido considerado dentro del discurso historiográfico como estrechamente ligado a las clases medias, sino también en que su importancia en la configuración de la política del Frente Popular se puede observar principalmente en tres hechos. En primer lugar, el primer presidente del Frente Popular fue un ex Presidente radical, Juan Antonio Ríos, y su Secretaría General funcionó en la sede del Club Radical de Santiago desde el momento de su conformación. En segundo lugar, la importancia del PR tuvo una expresión concreta en el Reglamento del Frente 163
Popular: contaba con siete votos contra cuatro del Partido Socialista y dos del Partido Comunista a nivel nacional, estructura de voto que se replicaba en las instancias menores del Frente Popular. Por último, uno de los máximos dirigentes del partido, Pedro Aguirre Cerda, fue el presidente electo del Frente Popular en las elecciones de 1938. En términos económicos, Chile se encontraba en un proceso de transición hacia un nuevo modelo que se caracterizaría posteriormente por el Estado desarrollista, el fomento de la industrialización y el crecimiento del aparato burocrático estatal. En términos políticos, existía un clima de creciente polarización política en el mundo, y Chile no era la excepción. Durante la década anterior y en medio de los importantes conflictos sindicales propios de una economía en crisis, se habían consolidado los principales partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Estas organizaciones políticas habían crecido de manera importante en los últimos años mediante un discurso articulado en torno a la denuncia contra la explotación, la pobreza y las malas condiciones de vida de los trabajadores. La denuncia contra los poderosos y sus privilegios, antes patrimonio histórico del Partido Radical, se convirtió en uno de los ejes estructurantes del discurso de la izquierda y comenzó a ganar cada vez más espacios. Frente a esto, el Partido Radical fue redefiniendo su lugar en el espacio político, situándose en una posición que le permitiera distinguirse de estos partidos. Para ello, si bien mantuvo elementos que históricamente estaban presentes en su discurso, como el rechazo a los privilegios de pocos, el laicismo y el lugar central de la razón en el proceso de desarrollo, en este período se centró en la idea de ser el partido ‘amparador de la clase media’5 y reconocer en esta clase la ‘base vital del partido’6 . A pesar de que este vínculo parece autoatribuido, la mayor parte de los estudios historiográficos y de sociología política hacen referencia a la estrecha relación Partido Radical-clase media, siendo escasos los que la enfrentan críticamente. Sin embargo, en los documentos del Partido Radical y los discursos de sus principales dirigentes, la clase media se encuentra caracterizada como urbana, intelectual, ilustrada, progresista, ‘lo más valioso del patrimonio espiritual e intelectual de los pueblos’ 7 . En ese sentido, parece claro que esta ‘base vital’ correspondió a un grupo bastante más específico dentro de lo que en ese momento podría haber sido clasificado como clases medias: el porcentaje de población beneficiado del crecimiento del aparato estatal y de la expansión de la educación pública, en cuya historia vital resulta central el tema de la movilidad social por la vía educacional. Pero ¿realmente esto era la clase media durante este período? Si bien es evidente que es un grupo relevante dentro de las clases medias, si se analizan estas en términos de posiciones de clase, la literatura especializada tiende a asignar la consolidación y expansión de este segmento en específico a partir del gobierno del Frente Popular, su política desarrollista y educativa, toda vez que se rescata el peso de otros grupos, como comerciantes, propietarios de la minería e industria y ciertos tipos de inmigración en la configuración de las clases medias para el período (Mires, 1986; Salazar; 1986; Mazzei, 1994; Bengoa, 1996). Si se observan las escasas cifras que existen, también es posible percibir claramente que el peso de estos sectores es muy 164
reducido para la centralidad que tienen en el discurso político de la época (Salazar, 1986:164), sin contar con el rol y peso documentado de las clases medias en la conformación y consolidación de otros referentes políticos, sobre todo en el caso del Partido Socialista (Milos, 2008). Por esto, es posible afirmar que en el centro de la construcción discursiva sobre las clases medias no estaba solo la representación política de estos segmentos, sino también la construcción y legitimación de un actor político en la disputa por el control del gobierno. El PR construyó un discurso que pretendía disputar el liderazgo a otros partidos, enfatizando una mayor capacidad de gobernar a partir de su superioridad moral dada por el uso cultivado de la razón: se situó como un punto medio entre la ambición ciega8 , propia de los ricos, y la irracionalidad por excesiva necesidad9 , particular de los pobres. Las clases medias, representadas por el PR, se constituyeron como un segmento con alta responsabilidad cívica, que venía ‘del pueblo’ y conocía sus aflicciones, siendo capaz de tener pensamiento independiente del poder. En este punto es posible rastrear el vínculo establecido entre clases medias y centro político, que marcaría gran parte del pensamiento latinoamericano al respecto. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la propuesta de voto proporcional de Diego Espoz, dirigente del Partido Radical, presentada en 1937. En ella, si bien se reconoce el derecho inalienable al voto, se solicita el establecimiento de diferencias por el grado de educación: profesionales, profesores secundarios y oficiales de ejército, tres votos; los bachilleres, profesores primarios y contadores, dos; todos los demás, un voto ¿La razón?: “A mayor cultura intelectual tiene que corresponder mayor responsabilidad cívica; y en esta forma, ninguno de los dos lados en lucha puede reclamar de la injusticia del sistema, pues la mayor honradez política será la que en definitiva influirá en la mentalidad del electorado intelectual” (Espoz, 1937:23). En un escenario de creciente conflictividad social y en el marco de la constitución del Frente Popular como alternativa para las elecciones presidenciales de 1938, la construcción del PR, basada en la idea de equilibrio entre dos fuerzas, tuvo importantes repercusiones: influyó en los tipos de desigualdades que fueron puestas en el debate público, así como en la forma como estas fueron discutidas por los actores políticos: retomó aspectos sustantivos del discurso de los partidos de izquierda, coincidiendo en elementos clave como su énfasis en los ‘explotados’, la identificación de adversarios y el diagnóstico sobre el contexto económico chileno. Sin embargo, buscó diferenciarse de los partidos de izquierda que planteaban la transformación completa de la matriz productiva y un cambio radical en la distribución y propiedad de los recursos. Frente a estos, el PR planteó una salida mediada y satisfactoria para todos, lo que en parte se explica por sus vínculos con algunos sectores propietarios industrialescomerciales que le llevaron a adoptar de manera positiva el proyecto desarrollista del Frente Popular en tanto solución viable a una economía colapsada, pero a mantener la moderación frente a otros puntos de la plataforma política de esta coalición (Salazar, 1986:166: Milos, 2008). En este marco, temas como las malas condiciones laborales y de vida de los 165
trabajadores entraron en el discurso del Frente Popular de maneras divergentes, aunque es claro que el peso de la mirada radical en la coalición fue decisivo. Mientras que los partidos de izquierda enfatizaron el carácter de síntoma de estos problemas, relacionándolos con problemas estructurales de la propiedad de los recursos sociales, el Partido Radical adoptó una mirada más focalizada, centrada en la idea de la ‘cuestión social’. Dentro de esa idea se agruparon todos aquellos elementos negativos vinculados a un modelo de desarrollo obsoleto, estableciendo un puente entre la solución de estos problemas y el desarrollo de un modelo económico ‘racional y justo’. Así, la solución a la pobreza, la ignorancia, las malas condiciones de vida en la marginalidad urbana, la explotación y la falta de acceso a servicios básicos se vinculó a un proyecto de desarrollo que debía ser llevado a cabo por la clase media, sujeto de la razón y el progreso. Aquí es posible distinguir los elementos clave de un discurso que influyó poderosamente en la dinámica de lo político y en las ciencias sociales de América Latina: la idea de clases medias ‘como sujeto del desarrollo’. En el tratamiento de la ‘cuestión social’, el PR reforzó buena parte de su construcción como sector razonable y moderado, al advertir a las élites que era preciso un tratamiento urgente de este asunto, pues el agravamiento de las condiciones de vida de los pobres podría conducir a un escenario conflictivo, una revolución violenta o un estallido social: No olvidemos que el roto chileno tiene sueño de marmota y despertar de león. No queramos, entonces, oír sus rugidos de ira porque sus zarpas se hincarán implacables en las carnes de todos los traidores y renegados de clases, de sus eternos explotadores de ayer y hoy, de todos los que le niegan su derecho a disfrutar la vida humana. En su ataque sangriento, será como un aluvión que arrolla a su paso a todo lo que encuentra y opone resistencia. Como el ave de rapiña, devorará con su pico potente el tejido adiposo de todos los sicarios. Aquello será un verdadero Apocalipsis. Hombres de buena voluntad: evitemos ese despertar de Juan Pueblo y sus resultados catastróficos. Unámonos, Unámonos, Unámonos (Loyola, 1938:78).
De esta manera, el PR buscó situarse en un rol mediador entre dos polos ‘irracionales’, en la búsqueda de una solución a los problemas sociales del país sin cambios violentos, creando adicionalmente condiciones para asegurar el derecho a ‘la asistencia social’ de la clase media, solucionar ‘su problema de subsistencias’ y resolver ‘el desamparo en que vive esta clase’10 . Es en este punto donde se encuentran en la plataforma política del PR elementos vinculados a disputar con las élites ciertos mecanismos estatales de explotación y acaparamiento de oportunidades, en miras de un fortalecimiento de estos sectores en el largo plazo. En síntesis, en un contexto de conflicto social, el Partido Radical se construyó como actor político en torno a la idea de clases medias, lo que le permitió establecer puntos de encuentro con los partidos de izquierda en torno a la retórica de ‘los explotados’, generando acuerdos mínimos capaces de dar cabida al proyecto del Frente Popular. Influyendo poderosamente en este espacio común y fortaleciéndose en su postura de centro moderado, el PR logró instalar buena parte de su proyecto político en el programa del Frente Popular, en particular, en lo que respecta a la forma en la cual se definieron y trataron los conflictos en torno a la distribución desigual de los recursos. Por otro lado, a 166
través de la alianza que dio vida al Frente Popular, los partidos políticos que participaron de la coalición lograron disputar con las élites el control del gobierno, aumentando a su vez el control de este sobre aspectos clave en la configuración de la desigualdad. A partir de las políticas desarrollistas y otra serie de políticas sociales implementadas desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, los actores políticos lograron generar una relativa redistribución de sus recursos, orientados en buena parte al tratamiento de la ‘cuestión social’ para el amortiguamiento del escenario de intensa conflictividad social. Sin embargo, la focalización en el problema de la ‘cuestión social’ impidió transformaciones de mayor alcance, por lo que muchos de los conflictos que se presentaron en este período marcaron la dinámica política hasta 1973, como es el caso de las condiciones laborales, el problema de la marginalidad urbana, el acceso a los servicios básicos y el conflicto por la propiedad de la tierra, no incluido todavía durante este período en los discursos políticos pero no por ello inexistente. La primacía del Partido Radical en el Frente Popular delimitó también que una parte importante de las acciones estatales del gobierno de Pedro Aguirre Cerda estuvieran destinadas a fortalecer a los segmentos vinculados al partido, así como a consolidar su posición en el control del gobierno a través de los mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades. En ese sentido, este período fue un punto de inflexión que permitió una relativa movilidad social de estos grupos a partir de su atrincheramiento en el Estado y una disputa de privilegios con las élites que antes controlaban el gobierno.
La Democracia Cristiana y el gobierno de Frei Montalva: la ‘clase media silenciosa’ Para este período me centraré en los documentos oficiales, discursos y comunicados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dado que este partido es considerado en gran parte de la literatura especializada –pese a sus diferencias con el Partido Radical– el heredero de la representación de los sectores medios en la política nacional chilena (Rosenkranz y Pollack, 1976: 218; Lomnitz, 1998: 107). En este intervalo de tiempo hubo una continuidad y profundización del modelo desarrollista, aunque es posible percibir cambios en el aumento de los grupos ligados a la administración estatal, en el incremento del peso del componente obrero en la estructura social y en la agudización de conflictos en el área de la marginalidad urbana y rural. En términos políticos, hay también notorias diferencias. El Partido Radical ha perdido fuerza como partido de centro hegemónico, dando lugar a la constitución y consolidación de un nuevo actor político: la Democracia Cristiana (DC). Los miembros de este nuevo referente, quienes provenían en su mayoría del ala más radicalizada de la juventud conservadora, se articularon ideológicamente en torno a la encíclica papal Quadragésimo Anno. A partir de ella, interpretaron la necesidad de transformación social, delimitada por el conflictivo contexto nacional, como la búsqueda del consenso solidario entre las distintas partes en pugna: la construcción de una verdadera comunidad nacional. 167
Así, apelaron a la idea de una ‘revolución de clase media’, orientada a la representación de las ‘grandes mayorías’ y del ‘pueblo’. Frente a sus adversarios políticos –la derecha conservadora y la izquierda– la DC se construyó como actor desde la idea de superación de los viejos casilleros (izquierda y derecha) para “la construcción de un nuevo destino nacional”11 . Al denominar su proyecto como una ‘revolución de clase media’ y una ‘revolución en libertad’, la Democracia Cristiana apeló a las mayorías silenciosas históricamente excluidas por los partidos de derecha y de izquierda, cuyas necesidades nunca habían sido consideradas en una plataforma política (Rosenkranz y Pollack, 1976: 224). En ese sentido, a diferencia del PR, la DC no se declaró representante de las clases medias, sino del pueblo que no ‘tiene voz’ y que ‘no sabe de sistemas ni ideologías’. Con ello generó una ruptura con la idea de clase media que subyacía en el discurso del radicalismo, cuyo énfasis estaba puesto en el cultivo de la razón, la mayor capacidad intelectual y el rol de vanguardia. Contra esta noción de clase media, la DC enfatizó la pertenencia de esta a una mayoría nacional oprimida, estableciendo una posición compartida entre estos sectores y los pobres frente a las injusticias de las élites. La idea de mayoría nacional le permitió articular una alternativa atractiva a la ‘tesis del frente nacional-popular’ que sostenían los partidos de izquierda en ese momento, basada en una alianza estratégica entre clase media y trabajadora. Una alianza estratégica y coyuntural no era útil para lograr las transformaciones necesarias: para esto era preciso la unión de todos los sectores en un proyecto nacional y solidario. Este proyecto era el de la Democracia Cristiana. Así, la Democracia Cristiana pensó a las clases medias como parte del pueblo y a sus militantes como personajes marcados por un compromiso solidario y un deber ético y moral frente a la injusticia, enmarcado en una narrativa de corte cristiano. Situándose como una tercera vía frente a dos caminos opuestos –capitalismo y socialismo–, la DC se conformó como el partido de centro, desplazando definitivamente al PR12 . Después de las elecciones a regidor en abril de 1963, se convirtió en el primer partido, al obtener 23% de los votos emitidos (Vitale, 1980:173). Su creciente influencia en el campo político nacional configuró de manera importante la forma en que se debatió el tema de la desigualdad, los conflictos asociados durante la época y su resolución. Siguiendo a Moulian (1986:60), es posible decir que durante este período la DC actuó no como un centro inmóvil producto de las presiones de izquierda y derecha, sino como un centro polarizante en tanto empujó la radicalización de la plataforma política de los extremos, al disputar ejes y contenidos clave de su discurso. Buscando diferenciarse de los partidos de izquierda, recogió buena parte de la crítica de estos al capitalismo, sumándole además una condena moral a un sistema que no solo generaba pobreza material, sino también espiritual. Anclado en una narrativa de la integración de los marginados (Lomnitz, 1998: 109), el PDC incluyó en su plataforma política a los marginales urbanos y los campesinos, dos actores hasta entonces marginados de la escena política nacional. Su discurso anclado en lo religioso le permitió disputar con las élites la interpretación del cristianismo sobre el tema de la distribución desigual de los recursos y la pobreza, quitándoles uno de los sustentos ideológicos 168
básicos a los sectores más conservadores de la sociedad chilena (Rosenkranz y Pollack, 1976: 219). Apuntando al comportamiento inmoral y poco solidario de unas élites que cierran los ojos frente a la pobreza, la DC logró el apoyo de sectores que antes no se encontraban representados y que se desprendieron de los grupos religiosos de amplia influencia en el país. Así, las élites fueron sindicadas como las principales culpables de la expansión de los partidos de izquierda: A los que asentados en su comodidad pequeña o grande miran y no ven, oyen y no escuchan, nosotros les pedimos que abran los ojos y atiendan seriamente. Que no se dejen seducir por el espejismo de la buena vida burguesa, que adviertan a tiempo el alud incontenible que se viene encima (…) nada se obtendrá mediante un anticomunismo de palabras o persecuciones policiales. Solo la entrega generosa y cruenta a los requerimientos de la justicia, el voluntario y oportuno renunciamiento a todo privilegio, la efectiva y real integración en la comunidad fraterna de los pobres, en la que todos según su capacidad participen del producto según su contribución, puede salvar al mundo libre de la amenaza comunista (Aylwin, 1959:11).
En esta línea, el PDC articuló su discurso en torno a la urgencia de realizar ciertos cambios distributivos básicos en pos de evitar un estallido social y la expansión del comunismo. Al igual que en el caso del PR, la DC asumió un rol privilegiado en el encauzamiento del descontento hacia una solución pacífica y democrática13 . Esta forma de problematizar la desigualdad y la pobreza generó condiciones importantes para el aumento de la conflictividad, al legitimar la crítica y la acción organizada es pos de un cambio. En ese sentido, se podría afirmar que no es posible comprender el período de la Unidad Popular sin entender el rol de la DC en tanto centro polarizante. Sin embargo, su misma narrativa anclada en la urgencia y en la necesidad de cambios hizo que su propia gestión pareciera tibia, moderada y lenta. Si bien la construcción discursiva del PDC representó una forma exitosa de disputar el control del gobierno para un referente político en consolidación, esto no implicó alteraciones importantes en la modificación de estos patrones, a pesar de los cambios en la estructura de la propiedad agrícola y la extensión de los servicios sociales, especialmente la vivienda. En el caso del problema rural, si bien se llevó a cabo una de las primeras políticas sistemáticas orientadas a la modificación del latifundio, el alcance de la redistribución de la tierra fue bastante limitado y no impactó de manera importante en la estructura de la propiedad del campo chileno. De la misma forma, si bien el gobierno de Frei Montalva intentó resolver el problema de vivienda a través de una política de vivienda obrera, es claro que estas medidas fueron completamente insuficientes frente a la gravedad del problema. Esto se observó en la cantidad de apropiaciones ilegales de terreno (‘tomas’) que comenzaron a llevarse a cabo hacia finales de este período. La heterogeneidad de la DC y sus vínculos con sectores acomodados moderaron la gestión de este partido, centrándose en la disputa por la consolidación de posiciones al interior del aparato estatal. En ese sentido, si bien no hubo una modificación de los patrones de la desigualdad, durante este período se logró integrar al Estado a un sector de las clases medias que había sido sistemáticamente marginado de él durante la gestión de 169
los radicales y de la derecha: los profesionales y técnicos progresistas de formación cristiana. Quizás el aporte más relevante a este respecto fue la ampliación sustantiva de los canales de participación social, lo que a la larga permitió un activo cuestionamiento a la desigualdad por parte de las organizaciones populares. A través de la conformación de una densa red de organizaciones sociales, el gobierno de la DC institucionalizó y masificó espacios de participación, discusión y debate que conformaron posteriormente el sustento básico del proyecto de la Unidad Popular. Con esto no quiero indicar que no existiese antes un trabajo de otras organizaciones políticas orientado a la conformación de organizaciones populares, sino señalar que durante este período se otorgó un marco legal que permitió la protección de las organizaciones existentes, la proliferación de organizaciones en espacios en los que antes no existían y la incorporación legal de actores antes marginados del marco institucional, como es el caso de los sindicatos campesinos y las juntas de vecinos. Así, la inclusión de estos sectores otorgó espacios y canales suficientes para la expresión y organización del descontento.
El período Bachelet-Piñera: la ‘clase media vulnerable’ Para este período me enfoqué en los documentos oficiales, discursos y comunicados del Michelle Bachelet, así como en documentos de campaña y gobierno de Sebastián Piñera disponibles hasta septiembre de 2010. Pese a las diferencias observadas en términos de adscripción política de estos presidentes, he considerado necesario analizar el período que comprende ambas gestiones en conjunto por varias razones: en primer lugar, se observa una continuidad en la centralidad de la idea de clases medias en los discursos políticos para ambos períodos. En segundo lugar, existe una relativa coherencia en las construcciones discursivas sobre el tema de ambos sectores políticos. Este período se caracteriza en términos económicos por la consolidación y profundización de las tendencias marcadas a partir de la aplicación de las medidas de ajuste, pero también por la instalación de un sistema de protección social incipiente. En términos políticos, ha sido descrito como un modelo de transición relativamente exitoso, marcado por la coexistencia de instituciones autoritarias heredadas del régimen de Pinochet con instituciones democráticas. Dentro de las primeras, quizás una de las más influyentes en la configuración de lo político ha sido el sistema electoral, el que con el transcurso del tiempo ha dado lugar a dos grandes coaliciones relativamente estables: la derecha (Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional) y la centroizquierda (Concertación de Partidos por la Democracia14 , en adelante CPPD). Luego de gobernar sin interrupciones durante casi veinte años, la coalición de centroizquierda comenzó a sufrir dificultades en este período, expresadas a través de la fragmentación interna de los partidos integrantes de la coalición, la baja del apoyo electoral y la pérdida del vínculo entre partidos políticos y organizaciones de base. Por otro lado, la coalición de derecha se fortaleció ante la crisis de la CPPD y cosechó importantes triunfos con la incorporación de sectores populares y clases medias a su 170
bases de apoyo, relativizando así el histórico vínculo entre sectores dominantes y partidos de derecha (Arriagada, 2005; Morales, 2004, Huneeus, 2001; Joignant y Navia, 2003; Soto, 2001). Este fortalecimiento se sustentó en una construcción discursiva capaz de ‘blanquear’ su pasado dictatorial y consolidar posiciones en torno a la representación de ‘los más necesitados’ y ‘los más vulnerables’ (Castillo, 2009; Arriagada, 2005). Dentro de los grupos identificados como ‘vulnerables’ se situó la clase media. A diferencia de lo observado en los períodos anteriores, el núcleo que compuso la narrativa sobre clase media se basó en su situación de abandono e inseguridad frente al futuro. La ‘clase media vulnerable’ fue conformada discursivamente a partir de elementos como la movilidad social rápida y la meritocracia: un grupo nacido sin privilegios, que ha tenido que luchar por lo que quiere, enfrentándose a la falta de oportunidades y al riesgo de perderlo todo por problemas como el desempleo, enfermedades u otros inconvenientes. Esta narrativa fue uno de ejes clave de los documentos de campaña y discursos oficiales de Sebastián Piñera y es posible que haya sido determinante en el triunfo electoral que marcó su llegada a La Moneda: a través del énfasis puesto en el esfuerzo y la inseguridad en la construcción del significado de la clase media, la derecha concibió una forma de interpelar y generar identificación en un número de segmentos, heterogéneos entre sí en términos de ingresos, ocupación, educación y estatus. Sin embargo, a pesar de que la importancia de esta idea de clases medias en el discurso de la derecha parece más evidente, la configuración de su campo semántico debe ser concebida como un proceso desarrollado en un contexto de escasa polarización ideológica, por lo que es posible rastrear parte significativa de su contenido en la CPPD a partir del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Si se consideran los documentos y discursos del pasado gobierno de Michelle Bachelet (CPPD), es posible ver que la asociación entre clase media y la idea de inseguridad, meritocracia15 y movilidad social rápida ya se había constituido en eje central del programa de gobierno. Un ejemplo de esto en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet (2005: 10): “Es inmoral que muchos chilenos no tengan derecho a enfermarse o envejecer sin caer en la pobreza. Es inmoral que tantas familias de clase media vivan con el temor de que algún evento inesperado les hará perder lo conseguido con largos años de esfuerzo. Así surgen con fuerza la demanda por un país más acogedor, capaz de reducir los riesgos y la inseguridad económica que afectan a amplios sectores de la población”. En ese sentido, la narrativa sobre la ‘clase media vulnerable’ fue uno de los constructos discursivos más exitosos y transversales del período postransición, por lo que sus dividendos políticos no debieran sorprender. Según datos para el caso chileno del año 2001, el 78,4% de la población entrevistada se autoidentificó con la clase media, en contraste con un 37,2% que realmente lo eran (Torche y Wormald, 2007: 344-349). Estos datos se ven corroborados por los resultados de la Encuesta Nacional de Estratificación Social, realizada el año 2009 por el Proyecto Desigualdades, de la Universidad de Chile, en los que el 67,4% de los encuestados declararon formar parte de este segmento. Este punto parece particularmente interesante en uno de los países más desiguales de la región y plantea un enigma para la sociedad chilena: si todos se ubican en 171
el medio ¿quiénes se encuentran en los extremos? Una de las claves para entender la importancia que adquirió la clase media en la identificación de los sujetos es el lugar que tiene la condición de vulnerabilidad en la construcción de su significado. El desmantelamiento de la protección social estatal y la flexibilización del mercado laboral aumentaron significativamente la vulnerabilidad de los trabajadores, siendo esta condición uno de los elementos transversales a los distintos segmentos de la estructura social en el Chile posdictatorial. Como muestran los datos para el período, el riesgo a caer por debajo de la línea de pobreza es experimentado, en distintas proporciones, en alrededor del 50% de los hogares ubicados entre los deciles del tres al seis (Torche y Wormald, 2007:347). En ese marco, se puede afirmar que la narrativa de la ‘clase media vulnerable’ tiene un espectro mucho más amplio que el de la clase media en términos de posiciones de clase, incluyendo a aquellos segmentos que se encuentran en sus fronteras, pero que comparten criterios de autoidentificación que son claves en el Chile posdictatorial: la sensación de desprotección y la inseguridad frente al futuro. Esta narrativa ha tenido impactos importantes en la configuración del conflicto. Por un lado, la amplitud de la interpelación marcada por la centralidad de la idea de vulnerabilidad y desprotección invisibiliza los distintos niveles e intensidades en los que estos fenómenos tocan las trayectorias de los sujetos. Así, se transforma en la piedra angular de un discurso sobre un país de ‘estructura social equilibrada’ en el que ‘todos somos clase media’, impidiendo la problematización de los altos niveles de desigualdad que se observan en Chile. Este punto puede estar relacionado con el hecho de que el país destaque en la literatura especializada como uno de los pocos casos en el mundo en que se conjugan altos niveles de desigualdad, elevado crecimiento económico, relativa estabilidad política y bajos niveles de violencia. Mientras que la tendencia general observada alude a que en contextos de alta desigualdad un crecimiento económico alto y sostenido implica un aumento de la conflictividad y de las presiones redistributivas, el caso chileno parece contradecir esta tendencia al mostrar una disminución progresiva del conflicto y la movilización social (Oxhorn, 1994), así como un escenario político poco confrontacional (Garretón, 2003). Este fenómeno se ve también influido por la importancia del esfuerzo y la meritocracia en la narrativa sobre la clase media, que sitúa la responsabilidad de la movilidad social rápida en el individuo. En ese marco, la pobreza, el desempleo y las malas condiciones laborales son leídas como fracasos de índole personal, basados en la falta de capacidades, por lo que las acciones orientadas a resolver estos problemas se trasladan al ámbito de lo privado, debilitándose así las demandas redistributivas y fortaleciéndose aquellas centradas en la adquisición de habilidades y generación de ‘oportunidades’. En ese marco, es notorio que los conflictos que más impacto y legitimidad han tenido en el período tienen que ver con la posibilidad de adquisición de herramientas que permitan a los individuos afrontar proyectos de vida exitosos, como es el caso de los conflictos en torno a temas educacionales. Estos conflictos, entre los que destaca de manera particular el movimiento de estudiantes secundarios, no solo tienen su 172
base en que el sistema educacional chileno es un caso escandaloso en términos de la reproducción de la desigualdad, sino también en la percepción profundamente enraizada de que la educación es el instrumento privilegiado para la movilidad social: una ‘salida’ de la pobreza para quienes se encuentran en esta condición; una ‘póliza de seguro’ o ‘garantía de éxito’ para quienes provienen de segmentos situados sobre la línea de la pobreza.
Conclusiones En este análisis se han analizado tres narrativas distintas sobre la ‘clase media’: la clase media ilustrada, la clase media silenciosa y la clase media vulnerada, cada una construida discursivamente en un campo específico de relaciones. Sin embargo y a pesar de las diferencias observadas, hay elementos que todas estas ‘clases medias’ comparten y que es importante destacar a la hora de las conclusiones. Uno de los primeros elementos que me interesa destacar a modo de conclusión es que cada una de estas narrativas estableció una relación distinta con aquellos grupos que constituyeron las clases medias en términos de posición de clase. Como es posible observar en cada uno de los períodos, los actores políticos articulados en torno a la representación de las ‘clases medias’, construyeron interpelaciones discursivas amplias, capaces de contener a grupos heterogéneos y distantes entre sí en términos de posición de clase. Esto permite discutir de manera inicial la atribución de roles específicos a estos sectores en las dinámicas políticas, ya sea para el contexto chileno o latinoamericano, e impone la necesidad de investigación empírica sobre las formas de acción e identificación política de estos sectores para cada coyuntura histórica específica. Otro elemento relevante es el momento en que estas narrativas surgen y se vuelven predominantes en el discurso político. En todos los casos esta centralidad se empata con contextos de polarización social marcados por niveles de desigualdad importante, en los que la idea de clases medias adquiere la connotación de lugar simbólico de centro de una sociedad, delimitada por las nociones de equilibrio y/o mediación entre dos opuestos irreconciliables. En ese marco, en todos los casos analizados, las narrativas sobre la clase media representaron estrategias exitosas en la disputa por el control del Estado: mostrando, por un lado, posiciones moderadas para la contención del conflicto a las élites económicas y, por otro, políticas sociales destinadas a afrontar algunos de los efectos de la desigualdad lograron conformarse como proyectos políticos exitosos frente a otros referentes políticos con mayor arraigo en la población. Esto permite cuestionar la interpretación que vincula las clases medias y los partidos de centro para el caso chileno, estableciendo que esta relación no debe darse por sentada en términos de posiciones de clase, siendo su carácter discursivo un punto de partida de un análisis sobre el tema. Así también, el análisis de los casos expuestos permite apuntar al rol diferenciado que las narrativas sobre las clases medias tuvieron en la configuración y contención del conflicto social. La forma en que los actores insertaron problemáticas como la pobreza, 173
las condiciones laborales y la desigualdad en una determinada trama discursiva estableció diferencias fundamentales para la legitimidad y el aumento de la conflictividad en las dinámicas de lo político. En ese sentido, resulta particularmente importante en el estudio de este tema el documentar vínculos o alianzas que puedan resultar significativos en la construcción de las plataformas políticas. Los vínculos y niveles de influencia de élites económicas, organizaciones sindicales y/o gremiales en determinadas coyunturas pueden marcar diferencias clave en la configuración de estas narrativas, por lo que representa parte sustancial del análisis sobre el tema. Finalmente, con este trabajo es posible comenzar un debate orientado a mostrar la influencia de los actores políticos en algunos aspectos de la configuración de la desigualdad. Es posible decir que existe una importante influencia de los actores políticos en estos procesos, especialmente a partir de la forma en que ellos problematizan la desigualdad y le otorgan un espacio en su discurso político, plasmándolo en un programa de gobierno o en el desarrollo de políticas estatales específicas. Sin embargo, este debate debiera verse enriquecido en el largo plazo con datos específicos en torno a fenómenos como la movilidad social o el impacto de las políticas redistributivas en períodos históricos claves.
Bibliografía Arriagada, E. (2005). UDI: ¿Partido popular o partido populista? Consideraciones sobre el éxito electoral de Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) en los sectores populares. Colección Ideas, Año 6, N° 51. Barozet, E., Espinoza, V. (2008). ¿Quiénes pertenecen a la clase media en Chile? Una aproximación metodológica. Revista Ecuador Debate, N° 74. 103-121. _______(2009). ¿De qué hablamos cuando decimos clase media? Perspectivas sobre el caso Chileno. Expansiva. Recuperado en septiembre de 2010, de http://www.expansivaudp.cl/media/en_foco/documentos/27082009115400.pdf. Bengoa, J. (1996). La comunidad perdida. Santiago de Chile: Ediciones Sur. Bourdieu, P. (1969). Condición de clase y posición de clase. Estructuralismo y Sociología. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión. Butler, J. (1997). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Editorial Síntesis. Castillo Gallardo, M. (2009). Identidades políticas. Trayectorias y cambios en el caso chileno. Ciudad de México: FLACSO-México. Cerda, C. (1998). Historia y desarrollo de la clase media en Chile. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana. Crompton, R. (1994). Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales. Madrid: Editorial Tecnos. De Oliveira, O. (1971). Situación de clase y contenidos ideológicos (Análisis de comerciantes y empleados públicos en Santiago de Chile). Revista Mexicana de 174
Sociología, XXXIII(2), 285-327. Universidad Autónoma de México. Garretón, M. (2003). Incomplete Democracy. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Germani, G. (1969). Sociología de la modernización. Estudios teóricos, metodológicos y aplicados a América Latina. Buenos Aires: Editorial Paidós. Goldthorpe, J. (1980). Social mobility and class structure in modern Britain. Oxford: Clarendon Press. Graciarena, J. (1967). Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina. Buenos Aires: Editorial Paidós. Hoffmann, K., Centeno, M. (2003). The Lopsided Continent: Inequality in Latina America. Annual Review of Sociology, N° 29. Huneeus, C. (2001). La derecha en Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente. Working Papers, N° 285. Joignant, J., Navia, P. (2003). De la política de individuos a los hombres del partido: socialización, competencia política y penetración electoral de la UDI (19892001). Revista Estudios Públicos, N° 89. Johnson, J. (1961). The Political Role of the Latin-American Middle Sectors. Annals of tthe American Academy of Political and Social Science, CCCXXXIV, 20-29. (1958). La Transformación política de América Latina. Surgimiento de los sectores medios. Buenos Aires: Editorial Hachette. _________ (1985) Tesis acerca de la forma hegemónica de la política. En Hegemonía y alternativas políticas en América Latina. Ciudad de México: Siglo XXI Editores. León, A., Martínez, J. (2001). La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX. Serie Políticas Sociales N° 52. Lomnitz, L., Melnick, A. (1998). La cultura política chilena y los partidos de centro. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica México. Loyola, Ernesto (1938). La verdad en Marcha. Talca: Imprenta y Encina Mejía. Martínez, J., Tironi, E. (1985). Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980. Colección Estudios Sociales. Santiago de Chile: Ediciones Sur. Mazzei, L. (1994). Inmigración y Clase Media en Chile. Proposiciones, N° 24. Sur Ediciones. Milos, P. (2010). El Frente Popular en Chile: su configuración. 1935-1938. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Mires, L. (1986). Notas sobre la constitución de las clases medias en Chile: los inmigrantes. Documentos de Trabajo, N° 59. Sur Ediciones. Morales, M. (2004). Zorros y Leones en la Derecha Política Chilena. La coalición de partidos UDI-RN 1989-2001. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias Sociales. Ciudad de México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. 175
Moulian, T., Torres, I. (1989). La problemática de la derecha política en Chile, 19731983. En Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el cono sur. Santiago de Chile: FLACSO Chile. Moulian, T. (1986). La Democracia Cristiana en su fase ascendente. 1957-1964. Documentos de Trabajo FLACSO, N° 288. Nolte, Paul (2000). Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert. München: C. H. Beck Verlag. Nolte, P., Hradil, S., Müller, M., Schmidt, H. (2007). Zwischen Erosion und Erneuerung. Die gesellschaftliche Mitte in Deutschland. Frankfurt: HerbertQuandtStiftung Oxhorn, P. (1994). Where did all the protesters go? Popular mobilization and the transtition to democracy in Chile. Latin American Perspectives, XXI(3), 49-68. Portes, A., Hoffman, N. (2003). Las estructuras de clase en América latina: composición y cambios durante la época neoliberal. Serie Políticas Sociales, N° 68. CEPAL. Rosenkranz, H., Pollack, B. (1976). Estrategias políticas divergentes, movilización convergente y sectores medios: la izquierda y la Democracia Cristiana en Chile. 1963-1973. Foro Internacional, XVII(2). El Colegio de México. Salazar, G. (1986). Para una historia de la clase media (primera parte). Documentos de Trabajo, N° 60. Sur Ediciones. Soto, A. (2001). La irrupción de la UDI en las poblaciones 1983-1987. Ponencia presentada a sesión de Latin American Studies Association. Washington DC. Tilly, C. (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Editorial Manantial. Vitale, L. (1980). La interpretación marxista de la historia de Chile. De semicolonia inglesa a semicolonia norteamericana (1891-1970). Barcelona: Editorial Fontamara. Torche, F., Wormald, G. (2007). Chile, entre la adscripción y el logro. En Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones estructurales de un cuarto de siglo. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Vogel, B. (2009). Wohlstandskonflikte. Soziale Fragen, die aus der Mitte kommen. Hamburg: Hamburger Edition. Wright, E. O. (2000). Metatheoretical Foundations of Charles Tilly’s Durable In equality. Comparative Studies in Society and History, XL(2), 458-474. _______ (1985). Classes. London: Verso. _______ (1980). Class and Occupation. Theory and Society, IX(1). Departament of Sociology: University of Wisconsin.
Hemerografía y Documentos I Convención demócrata cristiana. 10 de julio de 1959. Convención extraordinaria del Partido Radical. 15, 16 y 17 de mayo de 1937. 176
Convención Nacional de Juventud Radical. 1939. Espoz, Diego. La Reforma Política. (1937). Valparaíso Chile: Editado por el autor. Frei, Eduardo. Mi Programa de Gobierno. En: Política y Espíritu, N° 285. 1964. Castillo Velasco, J. Proposiciones para una política demócrata cristiana. Ponencia a I Convención del Partido Demócrata Cristiano. La Tercera Declaración de Millahue. 19 de abril de 1964. El Reglamento del Frente Popular. Michelle Bachelet, Programa de Gobierno. 2005. Michelle Bachelet. Discurso Presidencial 21 de mayo de 2006. Michelle Bachelet. Discurso Presidencial 21 de mayo de 2009. Sebastián Piñera. Programa de Gobierno. 2009. Sebastián Piñera. Discurso Presidencial 21 de mayo de 2010.
1
El Frente Popular es la coalición que desde 1936 a 1941 agrupó a los partidos Comunista, Socialista, Radical, Demócrata, Radical-Socialista y la Izquierda Comunista en una plataforma programática común. 2
Período que abarca entre 1964 y 1970, en el cual la Democracia Cristiana gobernó a través de Eduardo Frei Montalva, uno de los fundadores de este partido político. 3
Este período abarca desde la campaña presidencial de la ex Presidenta Michelle Bachelet (2006) hasta el primer año de gobierno del candidato de la derecha, Sebastián Piñera (2010). 4
La revolución mexicana (1910), la revolución boliviana (1952), la revolución cubana (1959) y la revolución nicaragüense (1978). 5
“Voto sobre la clase media”. Convención extraordinaria del Partido Radical. 15, 16 y 17 de 1937. P: 24.
6
Op.cit P: 24.
7
Op.cit. P: 24.
8
Un ejemplo de esto se encuentra en el documento del Comité Especial de Propaganda por Pedro Aguirre Cerda, Talca: “Por lo que respecta a la iniciativa patronal, poco y nada debemos esperar. El patrono se preocupa solamente de obtener el máximo de beneficios, únicamente piensa en él, en los suyos y en sus ganancias desproporcionadas, y cree cumplir con su deber social, pagando al obrero salarios de hambre” (Loyola, 1938:47). 9
Ejemplo de esto son las palabras del dirigente Radical Espoz: “Es un hecho cierto e indiscutible que la lucha del casi analfabeto se reduce únicamente a pedir ‘más y más comida’, en cambio el intelectual, sea hombre o mujer, lucha efectivamente por darle a ese analfabeto y a su familia una mejor condición de vida en todos sus aspectos: material, moral e intelectual” (Espoz, 1937: 23). 10
“Voto sobre la clase media”. Convención extraordinaria del Partido Radical. 15, 16 y 17 de 1937. P: 25.
11
Democracia Cristiana. La Tercera Declaración de Millahue. 19 de abril de 1964. P: 53.
12
Un ejemplo de esto en el discurso inaugural a la I Convención Demócrata Cristiana: “No estamos aquí para tomar partido entre la empresa privada o el Estado comunista, ni para buscar entre ellos una transacción. Estamos en la brega para interpretar al hombre, que no sabe de sistemas ni de filosofías, pero que no se resigna a tener que elegir entre la miseria o la tiranía, ni quiere ser carne de cañón, y que cree en la verdad, anhela la justicia, se siente llamado a la libertad, prefiere el amor al odio y busca un lugar digno bajo el sol” (Aylwin, 1959:10). 13
Un ejemplo de esto, en el Programa de Gobierno de Eduardo Frei Montalva: “ya nadie discute que en el mundo,
177
como en nuestra América y en Chile, hay un proceso revolucionario. Lincoln escribió a uno de sus amigos hace cien años: ‘Yo sé que existe un Dios y yo sé que él odia la injusticia. Yo veo que se aproxima el huracán y yo en él reconozco su mano. Pero él nos ha reservado un puesto a ocupar y un papel que jugar y creo que estamos dispuestos’. Bellas palabras que confirmó con su vida. Los tiempos no son para los que tiemblan, sino para los que avanzan hacia esta nueva edad que se avecina” (Frei, 1964:13). 14
Bloque que gobernó desde el primer gobierno de la transición hasta el año 2010, y que está compuesto por: el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical Social Demócrata y el Partido Por la Democracia. 15
Sobre lo anterior, un ejemplo en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet: “No pertenezco a la élite tradicional. Mi apellido no es de lo apellidos fundadores de Chile. Me eduqué en un liceo público y en la Universidad de Chile. Como a la mayor parte de los chilenos, no se me ha regalado nada” (Bachelet, 2005: 1).
178
Democracia, Estado y desigualdad. Saldos de la discusión sobre la democratización en México en la década de los ochenta Luis Emilio Martínez
Presentación El presente trabajo se inscribe dentro de la discusión sobre una problemática en general: la relación entre democracia y desigualdad social. Al día de hoy, esta problemática cobra mayor relevancia en las sociedades latinoamericanas debido a que el avance en la consolidación de regímenes democráticos en la mayoría de los países de la región ha sido acompañado por la persistencia (y el crecimiento) de la desigualdad16 . México no es la excepción. No cabe duda de que el conjunto de sucesos y fenómenos que se reunieron bajo el título de ‘transición democrática’ representaron el cambio político más importante en el México contemporáneo. Sin embargo, la trascendencia de este cambio tampoco llevó aparejada una reducción en la desigualdad social. Esta ha perdurado como rasgo estructural de la sociedad mexicana e, incluso, se ha acrecentado en los últimos años. México, al igual que muchos de los países latinoamericanos, es más democrático en las formas, y también más desigual.
Maestro en Ciencias Sociales, colaborador del proyecto “Cambio político e innovación conceptual en América Latina”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Correo electrónico:
[email protected].
Tal relación bastaría para demostrar que el avance en materia democrática no garantiza, por sí mismo, una reducción de los elevados niveles de desigualdad. Y no está de más mencionar que no la garantiza, porque el tipo de relación entre democracia e igualdad (y los varios tipos de desigualdades) no es una sola, ni está dada de una vez y para siempre. Esta es una relación contingente, determinada por el tipo de sociedad y el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto, más allá de ser una obviedad, responde a una preocupación en particular: tal y como fueron pensadas la política y la democracia en el proceso de las transiciones en América Latina, y en México en particular, la desigualdad socioeconómica parece haber sido proscrita de la reflexión sobre el orden democrático17 . Y es que con el ascenso de una concepción mínima de democracia, ciertos valores sustantivos y reivindicaciones sociales (como la justicia social) comenzaron a quedar fuera de la construcción de la política democrática. Concepciones más amplias de la política, las cuales privilegiaban su reflexión a partir del Estado y contemplaban la idea de orden social, fueron desplazadas por el énfasis en los procedimientos de acceso y ejercicio del poder. 179
En el caso de México, el establecimiento de un régimen democrático tuvo una doble intención: por un lado, desmontar la estructura corporativa del régimen priísta18 y, por el otro, edificar una estructura de nuevo cuño que le diera cabida a la pluralidad política del país. Pero esta forma de pensar a la democracia también supuso el distanciamiento de la tradición política gestada a partir de la Revolución de 1910. En el marco de su transición democrática, México pasó del ocaso de la política de masas del orden posrevolucionario, donde la justicia social era un contenido sustantivo del orden político y una promesa por realizar, a una política democrática que opera con un amplio margen de indiferencia respecto a las condiciones de vida de la población. Así fue como la transición democrática abrió una brecha en la forma entre cómo fue y es pensada la política y la democracia19 . Esta brecha se inauguró con un inédito debate público sobre las principales convenciones del lenguaje político que imperaban en México. Entre estas convenciones destacaban las categorías a través de las cuales se entendía la herencia política de la Revolución de 1910, como el Estado, su componente social, el corporativismo, el partido y, finalmente, la democracia. El debate público en torno a estas convenciones marcó el inicio del proceso de democratización en México en los años ochenta. Este debate tuvo lugar en diferentes publicaciones: diarios, revistas especializadas. Y en estos espacios cobró mayor relevancia una perspectiva academicista, que tomó al ensayo como forma de escritura para reflexionar sobre los fenómenos políticos. Fue a través de estos espacios de discusión que se contrastaron diferentes posturas ideológico-políticas, tradiciones y perspectivas teóricas. El objetivo del presente artículo es recuperar esta dimensión intelectual del debate público-político, con el fin de inquirir sobre la manera en que se dio el desplazamiento en las formas de pensar la política y la democracia y su tensa relación con la desigualdad social. Ahora bien, me concentro en el debate intelectual porque, de entrada, debería facilitar una mirada reflexiva respecto a la actividad y los fenómenos políticos. Sin embargo, con esto no quiero decir que esta cualidad reflexiva le asigne un lugar privilegiado a la actividad intelectual, o que por sí misma sea más relevante que la actividad política. Recupero el debate intelectual porque, sencillamente, es parte de la política. Al hacer esta afirmación me ubico en una perspectiva pragmática del lenguaje, la cual en uno de sus principales postulados señala que ‘se pueden hacer cosas con palabras’. Este principio ha sido retomado en el análisis histórico político por la llamada historia de las ideas o lenguajes políticos. Para esta escuela, lo dicho o escrito por un autor cobra sentido (perlocucionario) al vincularse a un cuerpo de textos con temas y problemáticas en común (convenciones), inscritos además en un contexto determinado. Pero aun más relevante es señalar que al usar las palabras el autor también ‘hace cosas’ (ilocucionario) (Tully, 1983; Bocardo, 2006). A partir de esta perspectiva, el debate intelectual adquiere una dimensión pragmática y gana en densidad histórica. Estas características nos permitirán acceder a las ideas políticas a través de las cuales se gestó el debate democrático, y cuyo significado remite a un contexto histórico específico en particular: el ocaso del orden posrevolucionario. 180
Para ello se indagará en el cuerpo de textos y publicaciones (predominantemente de corte académico) en los que se sustentó la discusión sobre la democracia, el Estado y su relación con la desigualdad en México en la década de los ochenta. Estos textos fueron producidos principalmente desde dos frentes20 : un sector de izquierda, universitario, nacionalista, con sensibilidad sociológica y con influencia de la tradición marxista; y un grupo autoproclamado como liberal, en el que se daban cita literatos, politólogos e historiadores21 . Quisiera, por último, hacer solo la aclaración sobre a qué me refiero con lo públicopolítico del debate sobre la democracia, ya que es un elemento que ronda toda la argumentación. Por un lado, de forma bastante pedestre, aludo a lo público como a un fenómeno de ensanchamiento y de apertura de la vida política (Aguilar, 2006). Y por otro, lo político denota una connotación polemológica o conflictiva de este espacio público. Esta vaga noción del espacio público-político se corresponde con un temprano interés democrático por la cosa pública en el México contemporáneo. Sin embargo dos sucesos marcaron una fuerte impronta moral en este espacio público, el embate gubernamental al periódico Excelsior en el año de 1976, y la crisis económica acontecida en 1982. Y es preciso adelantar que esta impronta moral tuvo consecuencias considerables en la cualidad reflexiva del debate intelectual sobre la política en la década de los ochenta22 .
Promesa de igualdad. Crítica y ocaso del régimen posrevolucionario Después de las disputadas elecciones presidenciales en México en el año de 2006, un reconocido intelectual mexicano señalaba que en el despegue de la transición democrática en México en el año 1988, un gobierno de izquierda democrática […] hubiera colocado a México en la pista rápida de un desarrollo económico impulsado por el libre comercio, espoleado una democracia representativa y una política decidida a usar los recursos del Estado para combatir las terribles desigualdades y ensanchar el espacio de las libertades ciudadanas 23 (Bartra, 2007, 10).
Retomo esta especulación, porque aun sin el hipotético gobierno de izquierda, la transición democrática estuvo acompañada tanto por un proceso de apertura comercial y de implantación del libre comercio, como por el empeño en hacer efectivo un régimen democrático representativo. Sin embargo, el diferencial que pudo aportar ese hipotético gobierno de izquierda –a juicio del autor– fue la presencia de un Estado fuerte y con recursos a la mano para hacerle frente al problema de la desigualdad. Tal como se desarrollará más adelante, la tematización del Estado a principios de los ochenta estuvo teñida por prejuicios y animadversiones, al ser uno de los principales referentes del orden posrevolucionario. A lo más, el debate intelectual sobre el Estado se diluyó en vagas alusiones postuladas desde perspectivas de corte desarrollista, o nacionalista, o desde convicciones por parte 181
de la izquierda que poco soportaron la crítica y el juicio de época, sustentado en el diagnóstico de crisis fiscal y de legitimidad del Estado. Mientras que la idea de democracia acaparaba (ya casi) todas las expectativas del cambio político, la idea de Estado (en particular, el posrevolucionario) dejó de evocar futuro. Una de las posibles razones de que el debate sobre el tema del Estado mexicano haya sido en términos generales escueto24 , es que la discusión pública apuntaba a un problema de mayor calado, esto es, el de los alcances y los límites del orden posrevolucionario. A partir de esta problemática es que se debatía no solo sobre el Estado, sino también sobre la nación, el partido único y el sistema de partidos, el gobierno y el corporativismo, entre otros muchos temas. A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, la opinión pública aun mantenía una posición ambigua respecto a las medidas de los gobiernos priístas y respecto al orden posrevolucionario. Esta no lograba mantener una posición opuesta o enteramente crítica, en tanto medidas como la reforma a la ley electoral en 197725 daban visos de una apertura del sistema político. Esta reforma permitió la inclusión de partidos minoritarios y de organizaciones políticas antes excluidas, como el Partido Comunista Mexicano (PCM). Por otro lado, la bonanza económica derivada del alza en los precios del petróleo mantenía favorables condiciones económicas para la población. Apertura política y bonanza económica representaban una situación provechosa para los gobiernos priístas. Sin embargo, más allá de las medidas prácticas de gobierno y del contexto económico favorable, el orden empezaba a ser cuestionado en términos discursivos. Para algunas voces críticas, cada vez era más evidente el desgaste de la retórica revolucionaria. La monopolización del campo político por el discurso revolucionario había terminado por justificar casi cualquier práctica. De esta forma se señalaba el alejamiento de los principios que sustentaban el orden posrevolucionario, que en lugar de ser guía de acciones de gobierno, se habían convertido en retórica que encubría prácticas corruptas (Zaid, 1980). Algunos otros, desde una perspectiva politológica, empezaban a encontrarle al régimen priísta un parecido de familia con los regímenes autoritarios de la época (Segovia, 1982). Fue así que desde el sector liberal de la opinión pública comenzó a reafirmarse la convicción de que el orden emanado de la Revolución acusaba ya síntomas de un serio agotamiento. Las acciones de los gobiernos priístas lo corroboraban: corrupción rampante, decisiones irresponsables por parte de los gobernantes, fraudes electorales, la carga descomunal de un Estado grande e ineficaz, el manejo clientelar de los sectores populares, un partido que disponía de todos los recursos del Estado para competir, una oratoria gubernamental que sonaba hueca y vacía. En fin, la reseña puntual de la degradación de los gobiernos priístas. En cambio, para el sector de izquierda de perfil reformista y estatista26 , el contenido social que estaba inscrito en el orden posrevolucionario aun figuraba como promesa de realización. Asentado como principio constitucional, el orden político aun se encontraba comprometido con el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 182
población (Cordera y Tello, 1986; Pereyra, 1979). Además, al reivindicar este tipo de principios no era difícil que se despertaran empatías de parte de este sector de izquierda hacia el flanco nacionalista del partido oficial, el PRI. Y más cuando para aquellos años el flanco nacionalista del partido resentía el avance del sector ‘tecnocrático’, que paulatinamente había empezado a cubrir posiciones importantes dentro de la administración27 . Pero este sector también reconocía el desgaste del régimen, aunque sustentado en un diagnóstico diferente. El declive del orden posrevolucionario fue entendido como pérdida de legitimidad por parte del Estado mexicano, en tanto se había agotado el modelo de desarrollo económico. Esta situación dificultaba ya el crecimiento económico y producía un retroceso en los niveles de vida de los grupos que se habían beneficiado de ese arreglo, principalmente sectores medios. Este umbral de desarrollo también acentuó el alejamiento del Estado de las masas populares. No obstante los límites del modelo de desarrollo, este sector seguía pensando que una fuente importante de la legitimidad del Estado era el compromiso social que aun con todo seguía manteniendo. Puesto en estos términos, esto no estaría muy lejos de las principales líneas del discurso oficial. Sin embargo, es destacable la intuición de que el Estado era algo más que un conjunto de prácticas corruptas encubiertas por un discurso desgastado. Pensado y reflexionado como una concreción del poder político, el Estado guardaba un potencial estructurante indispensable para las sociedades modernas. El problema entonces no era el discurso desgastado, sino la difícil realización de los principios que legitimaban al Estado. Y esto cruzaba tanto por el agotamiento del modelo de desarrollo económico adoptado, como por el peculiar arreglo político (corporativo) que ocluía la generalización de los beneficios ofrecidos por el Estado y que impedía el establecimiento de un régimen democrático. En un texto de 1979, Carlos Pereyra se ocupaba de reflexionar sobre el tipo relación entre Estado y sociedad en México. Aquí, el orden político oscilaba en dos diferentes niveles: una idea de Estado, quizá fundante de la comunidad política, y el ‘arreglo político’ que lo hacía funcional; esto es, el corporativismo que captaba a la sociedad a partir de sectores. A los ojos de Pereyra, el Estado emanado de la Revolución contribuyó a establecer cuatro elementos indispensables para el ordenamiento político de México en el siglo XX: a) el fortalecimiento de la centralización del poder político, contrapuesto a las fuerzas centrífugas de los poderes regionales; b) la recuperación del ejercicio legal de la violencia; c) una reconciliación de los diferentes intereses sociales en un ‘proyecto de desarrollo’, y d) la recuperación de la soberanía política y económica (Pereyra, 1979: 290)28 . Desde esta perspectiva, la forma del Estado emanada de la Revolución encontró disyuntivas en su evolución. El Estado se vio obligado a conducir el auge económico bajo formas capitalistas (dependiente, concentradora y monopolizadora de la riqueza) que encontraron una tensión irresoluble con el contenido social del proyecto nacional. Este último, a pesar de discurrir por mecanismos corporativos a través de lo que se dio en llamar la política de masas, continuó brindando legitimidad al orden político. Así, el 183
Estado llegó a una disyuntiva entre modelo de desarrollo económico excluyente y la legitimidad política asentada en el apoyo popular. En palabras de Pereyra, Con frecuencia se reconoce el predominio evidente del capital privado (nacional y extranjero) en la economía mexicana. A pesar de los encandilados con la tesis del ‘papel rector del Estado en la economía’, la evidencia empírica confirma hasta qué grado ese papel consiste, ante todo, en promover intereses minoritarios y excluyentes. El peso específico alcanzado por monopolios transnacionales, capital financiero y burguesía agroexportadora desmiente la idea de un Estado ‘rector de la economía’ y, por el contrario, sugiere una progresiva subordinación. Tal proceso, cuyos más nítidos síntomas se advirtieron desde el comienzo de los años setenta, amenaza las bases mismas del pacto social en el que descansa el sistema político mexicano: no es, en manera alguna, un hecho puramente económico. No pueden combinarse por tiempo indefinido un sistema económico cuyo beneficiario casi exclusivo es el capital y un sistema político que depende –no importa si los procedimientos son corporativos– del apoyo popular (Pereyra, 1979: 296-297).
Ahora bien, el corporativismo, aun cuando refuncionalizaba el contenido social del orden posrevolucionario, llevaba consigo evidentes contradicciones. El arreglo corporativo desvirtuaba la organización independiente y democrática de los sectores comprendidos, a la vez que propiciaba la desigualdad en los beneficios otorgados por el Estado. En otras palabras, el corporativismo obstaculizaba la independencia en las bases sociales del Estado e impedía la universalidad de los beneficios que brindaba el Estado mexicano a través de las instituciones de bienestar social, los que se limitaban a sectores medios articulados políticamente a la burocracia corporativa. Dicho esto, el compromiso social que sustentaba al Estado mexicano poco contribuyó en la práctica a disminuir la desigualdad imperante en México. Desigualdad en los beneficios otorgados por el incipiente Estado de bienestar y desigualdad socioeconómica. Si bien el compromiso social sostenido por el Estado debería haber establecido las condiciones necesarias para avanzar en el ámbito de la justicia social y del bienestar para el grueso de la población, los beneficios solo fueron a un sector de la población29 . Digamos que el Estado posrevolucionario no pudo traducir orden político en bienestar social generalizado precisamente por el tipo de ‘arreglo político’ con el que operaba. La desigualdad social que ha estructurado históricamente a la sociedad mexicana posibilitó el proyecto político de la Revolución, comprometido con revertir esta situación. Este proyecto devino en orden social, creó Estado y a través de él dio vida a instituciones y programas tendientes a aminorar la brecha de la desigualdad. Así, persistía la convicción de que el Estado era el medio indicado para crear condiciones sociales más o menos igualitarias. No obstante, la práctica política poco contribuyó a conseguir ese fin, ese valor sustantivo de justicia social. Esta tesis era sostenida principalmente en los sectores de la llamada izquierda ‘reformista y estatista’. Para Cordera y Tello, la tematización política de la desigualdad social estaba íntimamente ligada a la cuestión de las instituciones del Estado, y sus limitantes, a la práctica política que se había asentado al interior del mismo. A partir de 1917, los gobiernos de la Revolución han promovido, con desigual intensidad y trascendencia, programas e instituciones con el fin de elevar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, en este proceso, por la forma misma en que se organizan y desarrollan esos programas e instituciones y por la falta
184
de complementariedad que en la práctica se ha dado en los esfuerzos para dotar de mínimos de bienestar a la sociedad, también se han fortalecido elementos que propician la desigualdad. Los programas de construcción de vivienda, de seguridad social y protección de la salud, de educación, de nutrición y de defensa del salario, esencialmente se han organizado en función gremial y no de clase, de tal suerte que benefician más a quien más tiene y poco o nada a quien nada tiene y más necesita. Conforme se asciende en la escala del ingreso se tienen mejores sistemas de seguridad social y de protección a la salud (Cordera y Tello, 1986: 15).
Lo importante es subrayar que justo antes de que la discusión sobre la democracia se asentara en el espacio público, la convención que imperaba era que a través del Estado – que había tomado su forma con el orden posrevolucionario– se podía hacer frente a un rasgo estructural de la sociedad mexicana, la desigualdad. Sin embargo, esta convención y el debate incipiente que había creado se diluyeron en la discusión sobre la democracia. Autoritarismo político, estatismo ineficaz y nacionalismo vulgarizado fueron los tres caballos de batalla sobre los que se asentó la crítica al orden posrevolucionario. Al tematizarlo de esa forma, revirtieron esa tenue noción de Estado de bienestar y ocluyeron el debate en torno a él. Habría que adelantar una cuestión a nivel analítico. La comprensión de un orden sui géneris como el emanado de la Revolución, y su posterior desmontaje, derivado del agotamiento en el que se encontraba, estuvo limitado por las convenciones del lenguaje político disponibles en la época. Por un lado, la larga tradición de pensamiento liberal en México nunca llegó a dilucidar con precisión la dimensión política del orden posrevolucionario –a pesar de ser una derivación de ella misma–, precisamente por un particular sentido de lo social que desbordaba a categorías como el Estado, el partido o la sociedad. Para la joven aunque pujante tradición de pensamiento marxista en México, si bien las reivindicaciones sustantivas de justicia social estaban ya inscritas en el origen ‘revolucionario’30 , y que le dieron forma a ese peculiar componente social, este no se correspondió con la idea de clases sociales. Y por último, las herramientas teóricas disponibles para asir intelectualmente al orden político posrevolucionario no lograron desmontar una aparente identidad entre Estado, partido y sociedad, lo cual comúnmente llevaba a confusiones analíticas.
La disputa democrática y la igualdad deslegitimada Ya para el inicio de la década de los ochenta el orden posrevolucionario acusaba graves síntomas de agotamiento. Para el año de 1982, el desplome de la economía nacional y los reacomodos y ajustes drásticos en el ámbito de las finanzas públicas sacudieron el ámbito de lo político. A diferencia del auge de la discusión sobre la democracia en otras latitudes –especialmente en el Cono Sur–, en México la discusión despuntó como un mecanismo reactivo a la crisis económica, cuya responsabilidad fue imputada al gobierno. En la práctica, la crisis económica fue un detonador para hacer explícito el alejamiento de diferentes sectores de la sociedad, principalmente el empresarial y las clases medias, respecto a los últimos gobiernos priístas. También significó un parteaguas en la disputa al 185
interior del mismo grupo gobernante respecto al curso que debía seguir el país y las medidas económico-políticas más pertinentes para afrontar la caída de la economía mexicana. Esta situación tuvo un eco particular en el espacio público; sin embargo, habría que recordar que debido a su peculiar origen31 , la discusión y la reflexión en torno a la coyuntura política estuvo determinada por dos rasgos característicos de esta esfera pública: una contraposición moral al ejercicio y a los excesos del poder político (cuyos afectados iban desde medios de comunicación, clase empresarial, y sectores medios), y un recelo intelectual que trascendió tenuemente al plano de la teoría. Esta coyuntura decantó más claramente las posiciones contrapuestas en el espacio público. La crisis y el reacomodo político que esta originó puso en juego visiones contrapuestas sobre el papel y las funciones propias del Estado, sobre las posibilidades de la democracia, sobre valores sustantivos que iban anejos a la práctica política y que ya hacían ruido al modelo democrático y sobre el posicionamiento que se tomaba respecto al origen ‘revolucionario’ del orden político. Como todo debate político, este se articuló en torno a dos posiciones irreconciliables. Para retomar las palabras de Carlos Pereyra, se estableció una disputa por las ‘imágenes sociales de la crisis’: o ser críticos incondicionales al régimen priísta sin ningún atisbo de reconciliación, o ser condescendientes con él al rescatar algún elemento de la tradición, los contenidos o del programa político en el que se sustentaba. Cualquier acercamiento, en términos prácticos o ideológicos, era susceptible fácilmente de reprobación pública. Este encuadre moral de la esfera pública tuvo profundas implicaciones respecto al debate público y a los resultados de este, ya que cualquier llamado a reflexionar sobre el Estado o la desigualdad quedó subordinado a un plano moral que los denostaba de origen. Si el discurso oficial había desgastado sobremanera al Estado, al principio de igualdad y a la idea de revolución, en el espacio público político se tematizaron de forma negativa. Y así, la democracia, antes que una opción pensada y valorada, fue una arenga –muy poderosa para la época– en contra del gobierno y de toda una tradición política que fue nominada y caracterizada como autoritaria y, por consecuencia, antidemocrática. Desde el sector que se autodefinía como liberal, democrático y reivindicador de esta tradición dentro del programa de la Revolución32 , la crisis económica fue interpretada como producto de un manejo irresponsable de las finanzas públicas y como consecuencia de la corrupción de los gobiernos priístas de la época (Luis Echeverría y José López Portillo). Siendo responsable principal el gobierno, la crítica se colocó en términos de desaprobación moral, en el sentido de que los malos manejos de las finanzas del Estado y el derroche de la renta petrolera de los años anteriores representaban un agravio para el conjunto de la población. En un texto que causó cierta polémica a mitad de la década de los ochenta, Enrique Krauze señalaba a la democracia sin adjetivos como una demanda que, según su perspectiva, tenía sustento histórico (igualmente en la Revolución) y que representaba la alternativa para salir de la situación crítica en la que se encontraba el país. Esto es, la democracia como deuda pendiente en la tradición revolucionaria –que había sido relegada 186
en nombre de la justicia social–, y como solución política a los problemas socioeconómicos. El agravio arroja una sombra de desconfianza sobre los regímenes herederos de la Revolución. Es muy probable que las tensiones se alivien a medida que se abata la inflación y la economía reaccione. Todos lo esperamos. Pero todos sabemos también que la salida de la crisis no es inmediata y que sus dimensiones políticas persistirán por largo tiempo. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió después del 68, el gobierno no está ya, objetivamente, en posibilidad de integrar a los agraviados o a los políticamente activos. ¿Cuáles son entonces las alternativas? El gobierno tiene un as en la manga olvidado desde la presidencia de Madero: la democracia. Ha sido un ideal revolucionario relegado para otros fines igualmente válidos pero distintos: el bienestar económico, la justicia social, la afirmación nacional, la paz y la estabilidad. Siempre existen argumentos para limitar, posponer o desvirtuar a la democracia… (Krauze, 1984a: 4).
Ante el agravio, ya no cabía ni un mero reconocimiento de la falta por parte de los responsables, ni reforma del partido en el gobierno, ni concesión; y la consecuencia política ineludible era la instauración de una democracia efectiva (Paz, 1985). Por su parte, el sector de izquierda enfatizaba en la tesis del agotamiento del modelo de crecimiento económico (Cordera, 2006). Este hecho, sin tener una relación directa con la aparición de una crisis política, propició el cambio de dirección en las estrategias económicas de los gobiernos hacia un modelo de apertura comercial, de control de las finanzas públicas y de contracción del gasto, y con ello el alejamiento sostenido de los rasgos más peculiares del programa fundacional del Estado mexicano, esto es, el compromiso con el logro de la justicia social (Pereyra, 1985). Así, las posiciones de izquierda, cercanas y sensibles al componente social que estuvo, en el origen, al orden posrevolucionario, pronto quedaron en desventaja por la impronta moral que contenía este espacio público. El ejercicio de la crítica al poder en el espacio se radicalizó a tal punto que era muy difícil mantener algún tipo de acercamiento o reivindicación con los contenidos del Estado revolucionario. Sin embargo, a este plano moral del espacio público que polarizó las posiciones y las volvió irreconciliables lo acompañó también una disputa terminológica, menos visible, pero más sustancial, que daría como resultado uno de sus mayores dividendos: la necesidad de instrumentar un régimen democrático que regulara la competencia y el acceso al poder político. En el auge de la idea de democracia, tanto en el discurso como en la relevancia que había tomado por los procesos electorales en la década de los ochenta, se debatió entre dos acepciones: democracia social (integral) o democracia política. Para aquellos años, la idea de democracia integral fue recuperada en el discurso oficial en el sentido de que en ella estaba implícita la promesa de mejora en las condiciones de vida de la población. En su segundo informe de gobierno en el año de 1984, el Presidente Miguel de la Madrid señalaba que, además de dar aliento a mejores condiciones de competencia, de división de poderes, de libertad de expresión, etc., la democracia mexicana no podía agotarse en sus aspectos formalmente políticos. La democracia que postulaba la Revolución –planteaba De la Madrid en su discurso– era una democracia ‘integral’ que exigía el constante mejoramiento económico y social de la población. Así, para 1984, Manuel Camacho, académico y funcionario del gobierno, 187
escribía en la revista Vuelta: La verdadera democracia se define por la libertad y la representación. Pero esa libertad ha de ir acompañada de un avance en los niveles de vida, en el acceso a la educación y el mejoramiento de su calidad, de una mayor igualdad social, y el apego de las fuerzas participantes a las reglas institucionales… La democratización, reconociendo como punto de partida al sistema político vigente, debe ser parte de un proyecto integral, que recupere nuestra herencia histórica, nuestra complejidad y nuestro pluralismo político (Camacho, 1984: 50)33 .
Puestas así las cosas, la crítica no se hizo esperar. La democracia y la igualdad social eran temas que podían convivir en la retórica del discurso oficial, pero en el debate público esta idea de democracia social mostraba sus propias fisuras y sus contradicciones. Para algunos observadores esto significaba tomar a la democracia electoral como ‘accesorio’ de una democracia más amplia (integral o social), que al poner por encima de los procesos electorales la realización de valores y principios, igualmente legítimos, fueron relegados a un segundo plano (Molinar, 2006; Krauze, 1984a). La polémica, en clave schumpeteriana, entre democracia entendida como principios, valores o ideales (de vertiente socialista) y democracia entendida como método político de toma de decisiones contribuyó para distinguir estas dos acepciones. Sin embargo, en México, en este intento de reivindicación democrática, la polémica schumpeteriana quedó a medio camino34 , pues para el sector ‘liberal’ de la opinión pública la democracia en México continuó reivindicando ciertos principios o ideales, que si bien ya no contemplaban el bienestar y la justicia social, sí aquellos de libertad e igualdad política. Y aún más, si la democracia no guardaba como objetivo la igualdad social, el mecanismo democrático sí representaba el camino más adecuado y el más moderno para lograrla (Krauze, 1984b). Pero más allá del contenido moral que se le haya dado a la demanda democrática, también se apostó fuertemente por la reivindicación del pluralismo político35 , la representación, el reforzamiento de la vida partidaria (como mecanismo de agregación de intereses y de pluralidad ideológica) y la capacidad para influir y participar en las decisiones de gobierno (Molinar, 1989; Pereyra, 1981). En suma, todas las características del régimen democrático ausente en el ordenamiento político de México. De esta forma la democracia electoral fue politizada como una opción legítima frente al discurso y la acción del gobierno, confrontando de paso seriamente la idea de democracia ‘integral’. Contradictoriamente a lo que se pudiera creer, la izquierda ‘universitaria’ de tradición marxista fue la que alcanzó a percibir con más profundidad las tensiones al interior de la demanda democrática. En un texto de 1987, Carlos Pereyra señalaba puntualmente que la democracia no contenía en sí misma la realización de la justicia social ni el bienestar de la población (en clara polémica con el discurso oficial, con ciertas nociones marxistas de la democracia y con algunos sectores reformistas nacionalistas). Así, a un nivel teórico, la utilización de conceptos como ‘democracia social’ o ‘integral’ conducía más a la confusión que a la claridad en el debate. Los valores o fines que tienen cabida en la contienda democrática, continúa diciendo Pereyra, son producto de condiciones sociales dadas. Y en la práctica, y debido a las condiciones que imponía el contexto mexicano, la 188
lucha por la igualdad o la justicia social no podían ser proscritas del ámbito político. Es, tal vez, inevitable que en una sociedad donde los niveles de desigualdad e injusticia social son alarmantes, las fuerzas sociales y políticas orienten su actividad por estos asuntos más que por la democracia. Esto no justifica, sin embargo, que en el discurso teórico se confundan democracia e igualdad o democracia y justicia. Por desgracia, algunas formulaciones teóricas [y discursos] sí introducen esa confusión (Pereyra, 1990: 85).
Sin embargo, en la disputa por las ‘imágenes sociales de la crisis’, la democracia electoral fue tomada como la bandera que enarbolaron amplios sectores de la sociedad como una posibilidad para disputarle la legitimidad al régimen y así fincar responsabilidades y reprobar el desempeño económico del gobierno respecto a la crisis36 . Las elecciones como bandera de la oposición frente a los gobiernos priístas retuvieron la carga moral desplegada en la idea del agravio ocasionado por los malos manejos de las finanzas públicas y de la crisis desencadenada por el gobierno (Krauze, 1984a). Y la fuerza de esta carga moral también alcanzó al Estado. A partir de la recuperación del pensamiento crítico europeo respecto al Estado se hizo énfasis sobre el costo de la centralización económica y se dibujaron los límites y la crisis del Estado de bienestar (Krauze, 1984a; Paz, 1985)37 . Se atacaba así el supuesto ‘estatismo’ que dominaba a la cultura política en México y en particular al ‘estatismo de izquierda’. En palabras de Paz, la “crítica moderna al Estado, que es una real y profunda novedad intelectual en el pensamiento político de este fin de siglo, tampoco ha hecho vacilar las petrificadas convicciones de muchos intelectuales mexicanos, sobre todo de izquierda. El culto al Estado tiene entre nosotros un origen triple: la herencia hispánica, la influencia francesa y, hoy, la marxista. Así pues, engloba a los conservadores, a los liberales y a los socialistas” (1985, 10). El Estado como el principal responsable de la crisis económica e imposibilitado ya para ofrecer crecimiento económico quedó como un referente político anticuado, ya solo reivindicado por una izquierda estatalista y antimoderna que, carente de ideas nuevas, estaba condenada a lamentarse eternamente por la desigualdad social.
Conclusiones Fue así que la peculiar conformación del espacio público impulsó una ‘imagen social de la crisis’ que apuró una disyuntiva entre modernidad y tradición, avance o estancamiento. La democracia electoral congregó crecientemente las expectativas sociales, al ser la portadora de valores como la pluralidad, igualdad política, etc., pero sobre todo por ser el distintivo de una peculiar conformación de la opinión pública que reclamaba el juicio moral a los excesos del poder. En el ajuste de cuentas, el Estado mexicano y su compromiso con la desigualdad fueron vistos como resabios del orden posrevolucionario que se quería dejar atrás. En el ocaso del orden posrevolucionario, las precarias estructuras estatales, obstruidas por la práctica política corporativa, poco pudieron ofrecer en términos de beneficios generalizados a su población y con ello revertir la acendrada desigualdad social. Con el pendiente a cuestas, y con el agravamiento después de la crisis económica en 1982, la 189
figura estatal fue crecientemente devaluada. Ya no producía crecimiento económico, ni bienestar, ni identidad colectiva. Los mecanismos legitimarios asentados en la herencia revolucionaria y en la política de masas resistieron poco la prueba democrática. En fin, el relato del ocaso de un orden que creó Estado, pero ciertamente no en los términos modernos de legalidad-burocrática que distingue entre lo público y lo privado, y de articulación con un régimen democrático. En el camino, la idea de democracia salió al paso como promesa de renovación de esa estructura política vieja y corrompida. Reducida a su vertiente electoral auspició la idea de pluralismo y de igualdad política; se desentendió –reflexión de por medio– de tareas como la igualdad social. Sin embargo, en la promesa quedó poco claro en qué términos podía renovar a esa vieja estructura política y cuáles eran sus alcances. O más correctamente, en el ímpetu de la renovación hizo a un lado ideas y conceptos de los que precisa también un orden político moderno. La premura y la fuerte carga moral en la que discurrió el debate democrático en los años ochenta en México eludió el debate sobre el Estado (y con él toda una tradición de pensamiento), deslegitimó la tematización de la desigualdad como asunto político (siquiera como opción política) y con todo ello sobrecargó, en proporciones inusitadas, a la democracia (electoral) como creadora de orden político.
Bibliografía Aguilar, L. F. (2006). La democracia como exigencia de un gobierno que ofrezca razones. En R. Cordera, R. Trejo, J. E. Vega (Coords.), México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra. (pp. 45-61). México: Siglo XXI Editores. Bartra, R. (2007). La izquierda, ¿en peligro de extinción? En R. Bartra (Comp.), Izquierda, democracia y crisis política en México (pp. 5-13). México: Nuevo Horizonte Editores/Frederich Ebert Stiftung. Bocardo, E. (Ed.) (2006). El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. (pp. 17-42). Madrid: Tecnos. Boltvinik, J. (1986). Satisfacción desigual de las necesidades esenciales en México. En R. Cordera y C. Tello (Coords.), La desigualdad en México. México: Siglo XXI Editores. Contreras, J. (2010). Legitimidad y democracia en el México contemporáneo. Estudio del cambio político y conceptual a través de los discursos de algunos intelectuales mexicanos: Cuadernos Americanos, Plural, Vuelta y Letras Libres. Tesis de doctorado. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2010). La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Chile: CEPAL. Cook, M. L., Midelbrook, K. J. y Molinar, J. (1994). The politics of economic restructuring in Mexico: actors, sequencing, and coalition change. En M. L. Cook, K. J. Midelbrook y J. Molinar (Eds.), The politics of economic restructuring. State-society relations and regime change in Mexico. (pp. 3-52). San Diego: Center for U.S.-Mexican 190
Studies-University of California. Cordera, R. y Tello, C. (1984). México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo. México: Siglo XXI Editores. _______ (1986). La desigualdad en México. En R. Cordera, y C. Tello (Coords.), La desigualdad en México. (pp. 9-16). México: Siglo XXI Editores. Cordera, R., Trejo, R. y Vega, J. E. (Coords.). (2006). México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra. México: Siglo XXI Editores. Koselleck, R. (2007). Crítica y crisis. un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. España: Editorial Trotta/Universidad Autónoma de Madrid. Krauze, E. (1984a). Por una democracia sin adjetivos. Vuelta, N° 86, 4-13. México. ______ (1984b ). El gobierno, la izquierda y la democracia. Vuelta, N° 93, 39-44. México. Lechner, N. (1977). La crisis del Estado en América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2) , 389-429. México. Loaeza, S. (1994). Political liberalization and uncertainty in Mexico. En M. L. Cook, K. J. Midelbrook y J. Molinar (Eds.), The politics of economic restructuring. Statesociety relations and regime change in Mexico. (pp. 105-122). San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies-University of California. Molinar, J. (2006). La asfixia electoral. En R. Cordera, R. Trejo y J.E. Vega (Coords.), México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra. (pp. 259-269). México: Siglo XXI Editores. _______ (1989). Hacia un cambio en el sistema de partidos. Cuadernos Políticos, N° 56, 64-84. México. _______ (1991). El tiempo de la legitimidad. México: Cal y Arena. O’Donell, G. y Schmitter, P. C. (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 4, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. España: Paidós. Ortiz, L. (2001). Teoría y política en la obra de Carlos Pereyra. México: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán/Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés. Paz, O. (1985). Hora cumplida (1929-1985). Vuelta, N° 103, 7-12. México. Pereyra, C. (1979). Estado y sociedad. En P. González y E. Florescano (Coords.). México, hoy. (pp. 289-305). México: Siglo XXI Editores. _______ (1985). Efectos políticos de la crisis. En P. González y H. Aguilar (Coords.), México ante la crisis. El impacto social y cultural/Las alternativas. México: Siglo XXI Editores. ________ (1990). Sobre la democracia. México: Cal y Arena. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010). Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Costa Rica: PNUD. 191
Schedler, A. (2000). ¿Por qué seguimos hablando de transición democrática en México? En J. Labastida, A. Camou y N. Luján (Coords.), Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina. (pp. 19-40). México: Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Plaza y Valdés. Schumpeter, J. A. (1983). Capitalismo, socialismo y democracia II. Barcelona: Ediciones Orbis. Segovia, R. (1982). Ante las elecciones. Vuelta, N° 68, 41-46. México. Tully, J. (1988). The pen is a mighty sword: Quentin Skinner’s analysis of politics. En J. Tully (Ed.). Meaning and context. Quentin Skinner and his critics. (pp. 7-25). Great Britain: Polity Press. Vega, J. E. (Coord.) (1989). Teoría y política de América Latina. México: Centro de Investigación y Docencia Económica. Zaid, G. (1980). Carta politométrica. Vuelta, N° 40, 46-49. México.
16
Este hecho es ampliamente reconocido. Varía la modalidad de la relación entre régimen democrático y desigualdad social. Para la CEPAL (2010), por ejemplo, en su documento La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, el valor de la igualdad (política, social y económica) es un contenido sustantivo de la política democrática (2010: 42). Por otro lado, para el PNUD (2010), en su Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, la desigualdad es un rasgo ‘contextual’ de los regímenes democráticos en América Latina. No obstante, este informe reafirma la hipótesis de que este tipo de régimen político guarda efectos positivos respecto a la reducción de la desigualdad (2010: 99). 17
Esto se hizo más evidente en el desenlace de la transición en México, ya que para esclarecer los límites de este cambio político se requería dejar de lado una concepción amplia de democracia. Para muchos, esto se debe a un legado ideológico de la izquierda, que piensa a la democracia de forma sustantiva (subordinada a metas como la justicia social) (Schedler, 2000: 35). 18
Es de común acuerdo que uno de los rasgos distintivos de la época en la que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (en adelante PRI) en México era el corporativismo (ver Pereyra 1979). Al menos su forma tradicional va desde el arreglo que tomó en el gobierno de Lázaro Cárdenas en la década de los treinta hasta la década de los ochenta. 19
La referencia obligada para comprender el marco conceptual de la transición es el texto de Guillermo O’Donell y Philippe C. Schmitter (1994), Transiciones desde un gobierno autoritario. Especialmente, el vol. 4. “Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas”. 20
Con respecto a la caracterización de los grupos como ‘de izquierda’ y ‘liberal’, es necesario hacer la siguiente aclaración: la distinción entre estos dos grupos es solo para fines expositivos, y debo decir que no está sustentada en un criterio riguroso. Y respecto a la procedencia de las fuentes, también es necesario señalar que los textos analizados provienen principalmente de libros, compilaciones y revistas, cuyo único criterio para su utilización fue su carácter de publicado, aun cuando solo estuviera dirigido a un sector especializado del público lector. 21
Libros como México: el reclamo democrático, coordinado por Rolando Cordera, Raúl Trejo y Juan Enrique Vega; México hoy; México ante la crisis; La desigualdad en México; obras publicadas bajo el sello editorial Siglo XXI, lograron congregar a este sector de izquierda reivindicador del componente nacionalista del orden posrevolucionario. Dentro de este grupo, el libro de Carlos Pereyra merece una distinción aparte, no solo por la relevancia de sus reflexiones, sino porque en ellas confluyen preocupaciones que vienen de diferentes ámbitos de la cultura de izquierda mexicana de aquella época, desde el marxismo académico, la academia, el movimiento
192
sindical, y partidos de izquierda, etc. Muchos de sus escritos están contenidos en los textos anteriormente citados. Para 1990 apareció Sobre la democracia, texto compilatorio de sus más importantes artículos. Por otro lado, Teoría y política de América Latina, editado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, articula el debate en el que tomaron parte tanto académicos mexicanos como latinoamericanos. Las publicaciones periódicas guardaban un perfil más definido. Desde una aproximación marxista estaba Cuadernos Políticos, fundada en 1974; y la revista Nexos, fundada en 1978, ciertamente de filiación más nacionalista. Para una descripción más detallada ver Ortiz (2001). Por el lado del ‘sector liberal’, publicaciones como Vuelta, dirigida por Octavio Paz, le dan más homogeneidad ‘ideológica’ a este grupo. Es importante dejar asentado que gran parte del seguimiento que haré de esta revista está fundamentado en el trabajo de Javier Contreras (2010). 22
La idea de una conformación moral del espacio público está inspirada en el estudio de Koselleck (2007) sobre la emergencia del espacio público en la Ilustración. 23
El autor discutía en ese escrito la falta de una tradición liberal en la izquierda mexicana para volverse más moderna y convertirse así en una verdadera izquierda democrática. Critica de por medio a la campaña y el candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López Obrador. 24
Para la época existe una leve reflexión teorética sobre el tema del Estado, despertada sobre todo por la discusión que se desarrollaba en Sudamérica sobre el tema del Estado burocrático autoritario. Un registro de esa discusión, muy de corte académico, está contenido en el texto Teoría y política en América Latina, editado por Juan Enrique Vega, y en varios números de la Revista Mexicana de Sociología. 25
La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) aprobada en 1977 “no beneficiaría exclusivamente a los partidos que ya gozaban de registro, sino que principalmente abría posibilidades reales de que otras organizaciones accedieran al sistema. Además, la reforma electoral fue acompañada de una ley de amnistía que beneficiaba a un buen número de presos y prófugos políticos, con lo cual se daba salida política y jurídica al aciago período de guerrilla urbana y rural por el que transitó el país durante los setenta. Por ello, durante las sesiones de consulta realizadas por la Comisión Federal Electoral se hizo patente el interés de múltiples organizaciones (predominantemente de izquierda) por participar en los procesos electorales” (Molinar, 1991: 96). 26
Si bien este no es un grupo homogéneo y con identidad precisa, pues en la izquierda convivían múltiples grupos con visiones divergentes y hasta contrapuestas, el grupo ‘reformista estatista’ fue el punto de reunión de grupos de izquierda marxista universitaria y activistas políticos provenientes del sector democrático sindical que confluyeron en el Movimiento de Acción Popular (MAP), fundado en 1981, y entre los que figuraban, Rolando Cordera, Carlos Pereyra, Hermann Bellinghausen, José Woldemberg, Raúl Trejo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Arnaldo Córdova, entre otros. Varios de ellos formaron parte del consejo editorial y publicaron asiduamente en la revista Nexos principalmente; igualmente en la revista Cuadernos Políticos. Ver (Ortiz, 2001). 27
A decir verdad, estos proyectos contrapuestos no fueron interpretados solo como una disyuntiva de planes y estrategias de dirección económico-política discutida al interior del sector gobernante, sino que también respondían a intereses y visiones al interior de la sociedad. A decir de Cordera y Tello, “[s]e trata de proyectos con pretensiones omnicomprensivas que abiertamente buscan ganar el consenso social y, sobre todo, la hegemonía en la gestión del Estado” (1984: 9). 28
Recupero la caracterización del Estado por parte de Pereyra porque, efectivamente, clarifica conceptualmente como ningún otro la dimensión estatal del orden posrevolucionario. Por ello es destacable la incorporación pragmática de elementos weberianos en la definición del Estado y de reflexiones del marxismo latinoamericano (con fuerte influencia gramsciana), que a partir de las experiencias autoritarias en el Cono Sur veía en el Estado no solo el inmediatismo de la pura dominación, sino la posibilidad de realización de un contenido ético del ‘interés general’ y de un proyecto histórico de la ‘praxis social’ (Lechner, 1977). Así fue que el marxismo latinoamericano –autocrítica de por medio– desdobló y problematizó conceptualmente la relación entre orden, Estado, interés general y política. Años más tarde, en los inicios de la llamada transición democrática en México, Pereyra señalaba que el marxismo “[No veía] en la política una determinada práctica para la configuración del orden social, sino la modalidad específica que esa práctica adquiere en ciertas circunstancias históricas. Ocurre algo semejante con el concepto de ‘Estado’, que designa el hecho general de que la vida social se organiza bajo ciertas formas (jurídicas y políticas), pero en el discurso de Marx y Engels pasa a designar la modalidad específica que
193
esas formas adoptan en ciertas circunstancias históricas” (Pereyra, 1988: 63). 29
A partir de los datos arrojados por un estudio del programa gubernamental de combate a la pobreza en el año 1982, denominado Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), se llegó a este mismo diagnóstico (Boltvinik, 1981: 21). 30
Octavio Paz ya señalaba este ‘parentesco’ de la izquierda con el orden posrevolucionario, el cual era causa de la debilidad de esta misma en el horizonte político de la época. “Otra razón del estancamiento de la izquierda es que lo mejor y más vivo de su programa aparece también en el programa del PRI” (1985: 10). 31
Cabría volver a recordar que un punto en común a las publicaciones y los autores a los que hacemos alusión se encontraba en el Excelsior. Este diario fue sometido a presiones del gobierno de Luis Echeverría por su postura crítica, al punto que se causó la salida de su dirección editorial encabezada por Julio Scherer. 32
En el famoso texto de 1985 “Hora cumplida” de Octavio Paz, publicado en Vuelta, no dejaba duda en la disputa por la reivindicación del componente democrático de la Revolución mexicana. “El régimen actual de México nació en 1929. El programa original de la Revolución mexicana fue esencialmente político: se proponía transformar a nuestro país en una auténtica democracia. El movimiento revolucionario triunfó pero la democracia se quedó en aspiración” (Paz, 1985: 9). 33
La cita es retomada de Contreras (2010).
34
Habría que señalar que para J. A. Schumpeter el método democrático, una vez vaciado ya de principios, podía llevar a cualquier fin, tanto a la defensa de la libertad como a la matanza de judíos. Sin embargo, lejos de la frialdad de los procedimientos, los principios y valores –alertaba el autor– respondían a las condiciones históricas dadas (1983). 35
Habría que resaltar la idea de pluralismo que se encontraba detrás de la demanda democrática; tal vez esta fue la reivindicación más ‘sentida’ en el horizonte político, pues la represión del gobierno al movimiento estudiantil de 1968, en Tlatelolco, fue ampliamente interpretada como un signo de endurecimiento del régimen frente al despunte de un creciente pluralismo político en el país. Y habría que decir que muchos de los principales personajes que intervinieron en el debate sobre la democratización formaban parte de esa generación del 68, y no pocos habían tomado parte activa en él. Ya a nivel de las ideas, el pluralismo aventajó en el reconocimiento de la presencia de intereses diversos al interior de la sociedad, y con ello la imperfección de todo orden social. “Si bien es pensable la vida social sin lucha de clases, en cambio es inimaginable sin conflictos de intereses, sin proyectos divergentes. Es concebible la homogeneidad absoluta” (Pereyra, 1990: 85). 36
Esta fue la hipótesis más utilizada por cierto sector de la opinión de corte politológico. “Importantes grupos de oposición al autoritarismo aparecieron en las clases medias y altas y dentro del sector privado. Estos grupos defendieron la democracia electoral, y denunciaron la caída de la economía del país y la aparente incapacidad del Estado para garantizar el crecimiento y el orden público. Estos grupos opositores expresaron su descontento en una serie de movilizaciones electorales (las cuales se centraron, en julio de 1988, alrededor del Partido Acción Nacional) y que efectivamente retaron al PRI en algunas regiones [del país]” (Loaeza, 1994: 111). 37
Para una temprana incorporación de la tesis de la crisis de gobernabilidad del Estado de bienestar en México, ver Aguilar (2006).
194
Ideología, guerra y desigualdad social, Colombia 20022010 Alexander Gamba Trimiño
El siete de agosto de 2010 culminó el segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó a Colombia desde 2002. El país que deja Uribe presenta los siguientes indicadores sociales: es el segundo más desigual del continente Americano – solo superado por Haití–, con el coeficiente de Gini del 59,2% (PNUD, 2009, 211), la pobreza llega al 46% de la población y la pobreza extrema afecta al 17,8%; el desempleo está en el 12,8% (Sarmiento, 2010:1). En materia de derechos humanos, el panorama es conocido. Colombia es el país del hemisferio occidental con mayor número de desplazados internos. La cifra oficial arroja que son 3,6 millones de personas en situación de desplazamiento38 ; estudios independientes hablan de 4,5 millones39 . La violencia contra los sindicalistas sigue presente. En el informe de 2009 de la Confederación Sindical Internacional se constata que el país del mundo donde más trabajadores sindicalizados han sido asesinados es Colombia (CSI, 2009:1). A esto hay que añadir que sectores políticos aliados al presidente saliente están sindicados de ser parte o colaborar con grupos ilegales de extrema derecha. En la actualidad están siendo investigados por vínculos con el paramilitarismo 107 congresistas –21 han sido condenados–, de los cuales más del 90% han sido parte de la coalición de gobierno40 .
Sociólogo colombiano. Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja. Maestro (c) en Estudios Latinoamericanos-UNAM-México.
Estas cifras convierten a Colombia en un modelo de desarrollo que combina de manera explícita la violencia con la desigualdad social, en donde la primera no es una condición fortuita, sino que es parte intrínseca de la forma de acumular capital. El presente ensayo analiza las características de este modelo. En la primera parte se abordan los antecedentes del mismo; en la segunda, la forma como se planificó y esbozó, y en la tercera, su estructura.
La crisis de dominación en la década de los noventa A lo largo de la década de los noventa del siglo veinte, las élites políticas ligadas a los partidos tradicionales –Liberal y Conservador– y las élites económicas –sector 195
agroexportador y los industriales– se enfrentaban a una crisis de dominación que se expresaba en tres aspectos: a) ilegitimidad de la clase política tradicional, b) crisis económica y c) colapso de la estrategia de seguridad. En el primer aspecto, la ilegitimidad de la clase política, expresada en lo que se conoció como el proceso 8.000 –nombre con el que se denominó el proceso judicial en el cual se demostró que en la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994) habían ingresado dineros del narcotráfico, específicamente del cartel de Cali–. A lo largo de los cuatro años de su gobierno, este narcoescándalo dividió a la clase política y debilitó la agenda del presidente Samper, que era esencialmente una revisión del modelo neoliberal y un impulso a las políticas sociales; programa que no pudo desarrollar a cabalidad por el enfrentamiento entre los sectores políticos tradicionales debido a las acusaciones de la influencia del narcotráfico en las altas esferas del poder político. El segundo aspecto de la crisis de dominación se encuentra en lo económico. Según el Banco de la República, al finalizar la década de los noventa Colombia vivió la peor contracción económica en 100 años, generando un colapso de la economía nacional, cierres de industrias, altas tasas de desempleo y la necesidad con urgencia de un viraje en el manejo económico. El tercer aspecto por analizar es el del conflicto armado; la insurgencia armada había crecido sin precedentes a lo largo de la década, al punto que a finales de misma las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) tenían 16.500 hombres en armas; el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, 4.500; los Paramilitares, 10.500, y las fuerzas militares del Estado, 240 mil hombres (PNUD, 2003: 83). Ante esta crisis, en estos tres aspectos, las élites colombianas entendieron que precisaban con urgencia de oxígeno y encontraron en la apertura de una negociación de paz con las FARC-EP un espacio para ganar tiempo y reestructurar ideológica y militarmente el proceso de dominación política, el cual tenía grandes fisuras. La apertura de los diálogos fueron propiciados a su vez por movilizaciones por la paz; la más importante, el mandato ciudadano por la paz que en 1997 contó con la votación de 10 millones de personas a favor de una negociación política con la insurgencia armada. El camino era claro, militarmente se requería una reingeniería y políticamente, de un nuevo escenario de legitimación. El espacio para lograr esto era solo uno: la apertura de una negociación política con la insurgencia, lo que no significaba necesariamente la negociación de paz. Los diálogos empezaron en 1998 y casi de manera inmediata comenzó la negociación del Gobierno colombiano con el estadounidense del que sería conocido como ‘Plan Colombia’. Este plan implicaba inyectar ingentes recursos, que al día de hoy, luego de diez años, suman casi 8 mil millones de dólares para reestructurar el Ejército, proporcionar una derrota militar a la insurgencia y prepararse para una ruptura del proceso de paz. El proceso de reestructuración del ejército duró cuatro años –19982002– en los cuales ni las FARC-EP ni los sectores populares lograron consolidar un esquema de 196
negociación irreversible; por el contrario, la guerrilla mantuvo el conflicto en aumento y los sectores de la sociedad civil no pasaron de ser ‘garantes’ del proceso. Este quedó en manos del gobierno, el cual, faltando unos meses para culminar el mandato de Andrés Pastrana, y ante la constante práctica de la guerrilla de secuestrar civiles, encontró la excusa y el momento preciso para dar por culminados los diálogos. Así, en 2002 se rompe de manera unilateral el proceso de paz y comienza un ciclo de guerra total. Las élites respondieron a esta crisis de los años noventa diseñando un nuevo modelo de dominación centrado en dos aspectos: a) la construcción ideológica de un discurso de seguridad y orden y b) la ampliación del modelo neoliberal hacia la extracción de los recursos naturales. Este modelo se implementa de manera sistemática desde 2002, pero tiene antecedentes inmediatos en 1996. En este año, y retomando el ejercicio de ‘Mount Fleur de Sudáfrica’, un grupo del empresariado colombiano implementó la idea de reunir actores heterogéneos de la sociedad colombiana y plantear escenarios posibles para el país. Este ejercicio se denominó ‘DESTINO COLOMBIA’ (Rettberg, 2006:_15-22). El grupo ‘Destino Colombia’ estaba conformado esencialmente por empresarios; se invitó a las ONG, a sectores de la academia, a grupos económicos, a la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Asimismo, se invitó a participar, vía cartas y teleconferencias, a paramilitares y miembros de la insurgencia. El ejercicio era plantear los escenarios posibles en torno a la salida de la ‘crisis’ política de los noventa y de cara a la proyección del país en 2014. En tal sentido, el grupo planteó cuatro escenarios posibles: (Destino Colombia, 1998:17-19.) a) Amanecerá y veremos. Este escenario esencialmente planteaba la posibilidad de seguir, tal cual, lo que en consecuencia conllevaría a una crisis más profunda del sistema de dominación en el país. b) Más vale pájaro en mano que ciento volando. Implicaba profundizar un proceso de paz entre las FARC-EP y el ELN con el gobierno nacional. c) Todos a marchar. Planteaba una ruptura con la salida negociada al conflicto y el escalamiento de una salida militar, así como una fuerte militarización de la vida en Colombia. d) La unión hace la fuerza. Implicaba un gran acuerdo nacional y un modelo mixto en el manejo del Estado; un replanteamiento del neoliberalismo. El escenario que eligen las élites para la ‘salida de la crisis’ es el de Todos a marchar, y ese es el mandato que le entregan en el 2002 a Álvaro Uribe Vélez para el desarrollo de su gobierno. Este mandato se planificó entre 1996 y 2002 y se implementó a partir de 2002. Veamos en la siguiente cita un aparte del texto en donde se define el escenario: Tras el fracaso de los acuerdos de paz, nuestra esperanza se concentró en un gobernante que tuviera la energía y la imaginación suficientes para aplicar medidas extraordinarias (…) pensamos que la solución estaba en un gobernante que pusiera al país a marchar. Y eso fue lo que hicimos. Encontramos un líder que, desde la presidencia, y ante los repetidos fracasos, le impuso un límite a los
197
derechos fundamentales, amplió el pie de fuerza del Ejército y de la policía, fortaleció la economía y la institución de los militares y levantó todas las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas (…). Esas medidas provocaron reacciones inmediatas en el interior y en el exterior del país. En nombre de los Derechos Humanos se condenó la licencia de inhumanidad que, según los organismos especializados, se les había otorgado a las Fuerzas Armadas. Tras las protestas llovieron las sanciones y comenzó un proceso de aislamiento internacional. Esos altos costos afectaron asuntos vitales, como la educación y la salud, que tuvieron presupuestos recortados mientras duró la alta prioridad concedida a la dotación militar. El capital fue favorecido con bajos impuestos, con iniciativas de privatización y con políticas que les dejaron un libre juego exclusivamente a las fuerzas del mercado. Así se llegó a un sistema económico privado, con muy pocas regulaciones para la actividad de las empresas privadas y con el Estado como gran promotor del libre mercado y de la iniciativa de empresarios e industriales. En estas condiciones, la economía alcanzó elevadas tasas de crecimiento, pero se mantuvieron diversas tensiones sociales debidas a la brecha entre las distintas clases sociales (…) (Destino Colombia, 1998:17-19).
Las élites colombianas se concentraron en hacer un replanteamiento al sistema de dominación política a lo largo de seis años y esperaron su oportunidad política para la implementación del modelo que más les permitiese acumular capital. El análisis de factibilidad estuvo a cargo de Fedesarrollo, la versión criolla de los Chicago boys chilenos, los cuales estimaron que por cada peso invertido en la guerra retornarían tres de ganancia (Sarmiento, 2007: 26). Este escenario se delimitó, se configuró y se acompañó de dos planes por seguir: el ‘Plan Colombia’ y ‘Visión Colombia II Centenario’. El primero en ser implementado fue el Plan Colombia, que se elaboró con los Estados Unidos, fue aprobado el 20 de octubre de 1999 en la sesión sexta del Congreso estadounidense y su versión original es en inglés. Su implementación en Colombia fue en total hermetismo, hasta cuando en noviembre de 1999 el periódico colombiano Desde Abajo lo tradujo y lo publicó. El Plan Colombia se presentaba formalmente como un apoyo al proceso de paz, pero a la postre se demostró que la opción militarista terminó imponiéndose. Una vez aprobado, empezó la reestructuración del Ejército y al estar listo para la guerra total se rompen los diálogos de paz y empieza formalmente la era de Todos a marchar. El segundo plan está esbozado en el documento ‘Visión Colombia II Centenario: 2019’ (DNP, 2005:1-60); es la síntesis programática e ideológica del actual modelo y, aunque presentada a través de eufemismos técnicos, desarrolla los lineamientos del modelo esbozado en el ejercicio prospectivo de 1996 –‘Destino Colombia’. Este plan –‘Visión…’– está contenido en 60 cuartillas y es la base del modelo de desarrollo que rige en la actualidad. Un cambio fundamental es el del sector agrícola; de uno en donde aún perviven formas campesinas de producción a otro volcado esencialmente al mercado externo, con el acondicionamiento al campo de ser productor de alimentos a productor de agrocombustibles. Una muestra de este nuevo modelo quedó plasmada claramente en acuerdos comerciales, como es el caso del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por los gobiernos de George Bush y Álvaro Uribe y aún no ratificado por el Congreso, de mayoría demócrata de los EE.UU. Si se analiza el capítulo de agricultura del TLC41 , las 198
diferentes propuestas fomentan la mayor dependencia y la especialización en la producción de alimentos ‘competitivos’ en el mercado internacional, como los cítricos, y el impulso a cultivos como el de palma africana, que no involucran una apuesta de soberanía alimentaria en el país. Así, en la propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura de Colombia se establece que los productos alimenticios competitivos (esto quiere decir, aquellos que deben ser impulsados a través del TLC) son la palma de aceite, el cacao, el café, el azúcar, los tubérculos, el tabaco, las frutas, las verduras, las hortalizas, las maderas, las flores, los productos pecuarios. En tanto los productos no competitivos serían los cereales y las semillas oleaginosas. (…) entre 2003 y 2007, en pleno auge cíclico nacional e internacional de la economía, el sector agropecuario colombiano perdió una oportunidad única para crecer rápidamente, las importaciones agropecuarias crecieron 30% en los tres años de mayor crecimiento económico y las importaciones de alimentos subieron de 4,4, a 8,2 millones de toneladas (Mondragón, 2010: 56).
En el país se han ido disminuyendo las hectáreas sembradas de alimentos y en contraste aumentan las de agrocombustibles. Las extensiones de siembra de la palma africana, o aceitera, son el “único cultivo que ha crecido en estos años (…) el área cosechada pasó de 142 mil hectáreas en 2002 a 220 mil en 2008, un crecimiento cercano al 55%…” (Mondragón, 2010:58). Ahora bien, ¿qué relación tiene este modelo agroexportador y de vocación de agrocombustibles con la militarización de la sociedad extendida a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Para ilustrar la posible relación expondremos un ejemplo, el de Curvaradó y Jiguamiandó, ambos son dos territorios habitados por afrocolombianos en la región conocida como el Urabá chocoano. En este territorio afrocolombiano y que está amparado en leyes nacionales para la protección de sus derechos –la ley 70 que les permite tener territorios colectivos– se han expulsado campesinos afros, se les han quitado las tierras y en estas se ha sembrado palma africana. La justicia colombiana, a través de la sentencia N° 0073 del 5 de octubre de 200942 , definió que estas tierras debían ser restituidas, dado que les habían sido usurpadas a estos campesinos afrocolombianos. Asimismo, en mayo de 2010 la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la unidad de derechos humanos, ordenó la captura de 24 empresarios de la palma africana por tener vínculos con el paramilitarismo. La cadena de radio Caracol de Colombia difundió así la noticia: En resumen, el modus operandi de este grupo criminal de palmicultores y paramilitares consistía primero en ingresar con acciones de terror en la zona, con masacres y desplazamientos, posteriormente llegaban los empresarios a comprar las tierras a los afrodescendientes a bajos precios, teniendo en cuenta el pánico que tenían, y en caso de que no quisieran vender a las buenas, los obligaban por medio de amenazas de muerte contra ellos y sus familias 43 .
De los millones de desplazados del campo colombiano, ¿cuántos casos no siguen el mismo patrón del Urabá? ¿Estamos ante la presencia de un modelo de desarrollo que se 199
basa en el desplazamiento forzado para implementar el proyecto agroexportador? La respuesta a esta pregunta pasa por una investigación sistemática que permita arrojar no solo estos datos, sino las responsabilidades penales. Aún es difícil saber con exactitud la magnitud de este fenómeno, pero casos como el del Urabá hay por decenas, y actualmente se adelantan sendas investigaciones al respecto en la Fiscalía General de la Nación. Entre tanto, es evidente que detrás de este panorama existe un conflicto entre empresarios junto con sectores del Estado contra las comunidades rurales. El conflicto pasa por una variable concreta: la posesión del territorio. Esta posesión del territorio se ha consolidado a costa de las comunidades dueñas de las tierras en donde existe la potencialidad para desarrollar los objetivos del modelo de desarrollo de cara al 2019; y la herramienta utilizada para apoderarse de estas de manera rápida y económica es la guerra. Así, cada día va cobrando más sentido aquella advertencia que hacía Alfredo Molano para los territorios indígenas –que se puede generalizar para los de los afrocolombianos y campesinos– sobre el verdadero carácter de la guerra que se profundiza desde 2002: …la guerra irregular tiene una lógica, y el primer objeto de la nuestra es en el campo sembrar el terror para obligar a la gente a desplazarse, y dejar la tierra libre para ser reapropiada. En el caso de los territorios indígenas esta lógica es más cruel y perentoria: ocupan un 20% del país, donde existe buena parte de la oferta ambiental de más alta calidad (aguas, bosques, minas), y las autoridades tradicionales tienen jurisdicción sobre ella. Los territorios indígenas están en la mira de los poderes políticos y militares en conflicto y no solo por la población como recurso estratégico, sino como verdadero botín de guerra. Las minas y la madera ya lo son de hecho, pero muy pronto lo será también el agua. Los territorios indígenas son, por constitución, inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir, están por fuera del mercado de tierras y es este un obstáculo que el capital no tolera (Molano, 2005:16a).
A manera de conclusión Los estudios alrededor de los modelos de desarrollo suelen centrarse en exceso en las variables macroeconómicas, olvidando las ideológicas, sociales y culturales. Lo que ha acontecido en Colombia es un ejemplo que permite comprender de manera clara cómo la violencia se instrumentaliza para la acumulación del capital, y para esto se requieren estudios más allá de la teoría de la guerra y de la economía. En el presente ensayo se ha esquematizado la construcción ideológica y programática por medio de la cual la derecha colombiana reestructuró un modelo desgastado –el neoliberal–, lo potenció y lo convirtió en su carta de navegación estratégica. Si bien aquí se ha profundizado sobre la construcción programática y las claves del modelo, se requiere dar un paso más en próximas indagaciones para comprender cómo un modelo de tal nivel de injusticia social y violencia sistemática goza del apoyo electoral plasmado en las dos elecciones presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y la reciente de Juan Manuel Santos, quien continuará el ‘programa’ esbozado para ser culminado en un primer ciclo en el 2019. 200
Entre tanto, los conflictos por los territorios se profundizan, la guerra parece estancarse, las movilizaciones indígenas, campesinas y populares parecen retornar. Aún faltan nueve años para consolidar el modelo plasmado, pero el régimen colombiano está pasando por el agotamiento de la guerra para legitimar sus acciones.
Bibliografía Acción Social. (2009). Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD2009–. Bogotá. Almario, O. (2004). Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y multiculturalismo de estado e indolencia nacional. En Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. (pp.641-682). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. Anderson, P. (1995). Balance del neoliberalismo, lecciones para la izquierda. Revista El Rodaballo, N° 3, Año II, 6-18. CSI –Confederación Sindical Internacional–. (2009). Informe Anual sobre las violaciones de derechos sindicales. Bruselas. Destino Colombia, Grupo (1998). Destino Colombia, Proceso de Planeación por escenarios. Bogotá. DNP –Departamento Nacional de Planeación–. (2005). Visión Colombia II Centenario: 2019. Bogotá: Imprenta Nacional. Harvey, D. (2007). El nuevo imperialismo. Madrid: Ediciones Akal. Mondragón, H. (2005). ¿Quién quiere dominar los territorios? Revista Semillas, N° 19, 6-12. Sección Contexto. (2010). El Capital Inútil. Revista Foro, N° 70, 54-61. PNUD –Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–. (2003). El conflicto callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. Bogotá. PNUD –Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–. (2009). Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. Madrid: Editorial Aedos. Rettberg, A. (2006). Destino Colombia: crónica y evaluación de un ejercicio de participación de líderes de la sociedad civil en el diseño de escenarios futuros. Bogotá: Universidad de los Andes – CESO. Sarmiento Anzola, L. (2007). Guerra estrategia de acumulación capitalista en Colombia. Revista CEPA, N° 4, 17-31.
Hemerografía y Documentos La disputa por los territorios indígenas (2005). El Espectador. 10 de septiembre p.16a. 201
Uribe 2002-2010 Hecatombe social (2010). Periódico desde abajo, 22 de abril, pp. 2-4.
38
Ver: Sistema de Información de la Población Desplazada. En: www.accionsocial.gov.co.
39
Ver: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). www.codhes.org.
40
Un seguimiento al detalle de las investigaciones de congresistas por vínculos con el paramilitarismo se puede encontrar en el portal: www.lasillavacia.com. 41
La presentación que al respecto hace el Ministerio de Agricultura de Colombia se puede ver en: “El sector agropecuario frente a la negociación del TLC con Estados Unidos”. Presentación elaborada por Ricardo Torres, asesor del Consejo Superior de Comercio exterior, Villa de Leyva, 27 de marzo de 2004, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en www.mincomercio.gov.co. 42
La sentencia completa se puede consultar en la siguiente página electrónica: http://www.indepaz. org.co/attachments/370_SENTENCIA%20CURVARAD%C3%93.pdf. 43
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1302105.
202
Estado y políticas públicas frente a la desigualdad
203
Chile Crece Contigo: la búsqueda de la igualdad desde la infancia temprana Alejandra González Celis
La intención del siguiente artículo es contribuir a la construcción de un panorama sobre la desigualdad en Latinoamérica a partir del análisis conceptual de las intervenciones que el Estado proporciona en pro del fomento de una mayor igualdad e inclusión social entre sus ciudadanos. Esto, ya que parece especialmente relevante observar los supuestos ideológicos presentes en los dispositivos que los estados promueven, de manera de cuestionar la efectividad de ellos en la transformación de la distribución desigual de bienes y servicios sociales. Para esto se generará un análisis de la experiencia chilena a partir de las políticas sociales orientadas a la infancia que se han impulsado en los últimos años, específicamente el Sistema Chile Crece Contigo (en adelante SCCC), actual Ley de la República, como una estrategia que contribuiría a implementar lo que el Gobierno de Michelle Bachelet denominó Sistema de Protección Social. La elección de esta política no es azarosa y permite realizar reflexiones de distinto nivel: 1. Por un lado, observar la emergencia de la infancia como un sujeto sobre el cual es necesario focalizar acciones especialmente debido a la doble vulnerabilidad que experimenta: ya sea por el ciclo vital en el cual se encuentra y por los riesgos que implica desarrollar esta etapa en condiciones de desigualdad socioeconómica:
Trabajadora Social, Magíster en Trabajo Social. Académica Departamento de Trabajo Social Universidad Alberto Hurtado.
[email protected]. Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: a cada quien según sus necesidades. Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley 20.379) y está en línea con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Crececontigo, 2010).
En un escenario de comprensión latinoamericana, observamos con claridad que es este sujeto quien vivencia con mayor superposición las consecuencias de la pobreza y riesgo social. 2. Permite cuestionar las nociones de igualdad que sostienen la política y, por ende, los fundamentos de sus intervenciones, así como sus pretensiones de transformación sobre la estructura de desigualdad actualmente existente: 204
(…) Para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades es imprescindible generar condiciones de desarrollo desde la primera infancia, que es el período clave para sentar las bases del desarrollo posterior. (…) En esta etapa se estructuran bases fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la personalidad que acompañarán al individuo por el resto de su vida, y que se consolidarán y perfeccionarán en sucesivas etapas del desarrollo. En la medida en que el acceso de los seres humanos a los recursos requeridos para un adecuado desarrollo desde etapas tempranas de vida está diferenciado por elementos socioeconómicos, la reproducción intergeneracional de la desigualdad de oportunidades se mantendrá (Crececontigo, 2010).
3. Permite reflexionar acerca de un programa que se ha levantado como líder en la región. El artículo parte de la base que las políticas sociales chilenas se han elevado como modelo y ejemplo a la región en relación con su eficiencia y eficacia en la entrega de bienes y servicios sociales, haciendo que se quiera replicar muchos de sus principios en otros países latinoamericanos. Por cierto, observar ello a la luz del conocimiento de que muchas de estas políticas provienen de discusiones a priori formuladas por agencias de cooperación internacional, permite avanzar en la discusión sobre construcción e impacto de políticas sociales sobre determinadas realidades. El modelo de intervención social en Chile se ha construido sobre la base de la matriz social de riesgo formulada por el Banco Mundial y, en ello, la implementación del SCCC puede entregar luces y sombras sobre estos planteamientos que rápidamente son asumidos por los estados latinoamericanos debido a su ubicación de subordinación en relación con estas agencias.
El gobierno de Michelle Bachelet y el sistema de protección social Es evidente que todo diseño de políticas públicas corresponde a una conceptualización teórica, histórica, política e ideológica de la sociedad. La política social refleja relaciones de poder y los intereses públicos que están teniendo vigencia en la sociedad; por ello representan el modelo de desarrollo económico, social e histórico imperante (Cortés, 1999). Basado en ello, es primordial reconocer el contexto político que permite la emergencia de una política social como lo es el SCCC. Puede afirmarse que el ideal antropológico de la Concertación se asocia al del ‘ciudadano’. Esta noción surge de la revisión que hacen las izquierdas1 en Chile para buscar su renovación en el retorno de la democracia, y consiste en que los seres humanos pertenecen a una comunidad política de semejantes en la cual, gracias a la construcción de una institucionalidad democrática, pueden ejercer y exigir derechos y acatar deberes. El ideal antropológico de la Concertación, entonces, podría comprenderse como el ciudadano emancipado, quien es también garante del orden democrático, pues es condición de su existencia, además de actor protagónico en su constante profundización2 . Para que este ciudadano pueda llevar a cabo este ideal republicano debe sostenerse en un piso de derechos y garantías que le permita el libre desarrollo de sus potencialidades y desde allí permitir que se emancipe. Es la igualdad entre ciudadanos condición imperante para que exista ciudadanía. La 205
presidenta Bachelet señaló en un discurso de apertura del XXVIII Congreso del Partido Socialista que “queremos una sociedad donde el solo hecho de compartir la ciudadanía, de ser parte de esta gran familia que es nuestra patria, Chile, ese solo hecho nos haga acreedores de toda una traza de derechos sociales que permitirán que cada persona se pueda desarrollar en plenitud” (Socialismo-chileno, 2008). Del mismo modo, desde el Partido Socialista se realiza un diagnóstico similar, al afirmar en sus estatutos que “cuando reina el individualismo y la falta de responsabilidad personal frente a los deberes propios de la vida en común, se violenta y desintegra la convivencia colectiva” (Socialismo-chileno, 2003). Con esta frase el Partido Socialista pone de manifiesto la oposición entre el concepto de ciudadanía y el de individuo, considerando que todo ciudadano pertenece a una comunidad política, pertenencia que le asigna ciertos derechos y, al mismo tiempo, responsabilidades para con el bien común y el desarrollo de esa comunidad a la que se pertenece. En este sentido se alza como requisito el levantamiento de ciertos pisos mínimos que permitan al ciudadano el desarrollo de esta potencia de emancipación a través de un dispositivo de prestaciones que aseguren derechos básicos. Esta premisa se operacionalizó durante el gobierno de Michele Bachelet en el denominado Sistema de Protección Social. Este sistema sitúa la protección social en función de derechos. La lógica de un sistema de Protección Social basado en derechos establece la definición de parámetros mínimos de dignidad (o derechos), cuya provisión no es aleatoria o arbitraria, pues está basada en los derechos humanos e implica por parte de los ciudadanos la titularidad de derechos por una parte y, por otra, una garantía de realización, que es responsabilidad del Estado. La lógica de derechos en las políticas sociales constituye un cambio sustantivo en la provisión de bienes y servicios sociales. En otros términos, el enfoque que se ha desarrollado apunta a fortalecer la institucionalidad de las políticas sociales, que se orienta a tender los puentes necesarios para complementar la estrategia de políticas sociales que busquen superar la exclusión y la desigualdad. “La protección social (…) resulta de la imperiosa necesidad de neutralizar o reducir el impacto de determinados riesgos sobre el individuo y la sociedad. Por lo tanto, es posible afirmar que la formación de sistemas de protección resulta de la acción pública que visa resguardar a la sociedad de los efectos de los riesgos: enfermedad, vejez, invalidez, desempleo, etc.” (Fonseca, 2006, 2). El planteamiento de la presidenta Michelle Bachelet (Hardy, 2006) de sentar las bases para la construcción de un Sistema de Protección Social para el 2010 contempló: Sistema de Protección Social Chile Solidario: destinado a las familias de extrema pobreza, con el propósito de avanzar en la erradicación de la indigencia, cuestión que incluyó además el esfuerzo por incorporar progresivamente a las personas que viven en la calle. Sistema de Protección Integral de la Infancia: destinado a los niños y niñas del 40% de hogares más pobres, que concentran más de la mitad de los niños del país, así como a la totalidad de los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras, en el grupo de 206
edad que va desde la gestación hasta el término del ciclo de educación básica (entre los 0 y los 8 a 10 años de edad). Esto incluyó la protección de la maternidad y el incentivo para el trabajo socialmente protegido de las mujeres. Sistema de Protección Social del Trabajo: destinado a los trabajadores hombres y mujeres para promover el trabajo decente durante la vida laboral activa y una reforma del sistema de pensiones y previsional para la etapa posterior, sobre la base del fortalecimiento del pilar solidario y cambios en el pilar contributivo, promoviendo cobertura universal con mayores grados de equidad.
La preocupación por la infancia temprana: el sistema Chile Crece Contigo Hasta el año 2006 era posible observar que en términos de política pública los esfuerzos dedicados a la población menor de 4 años no constituían una política organizada como tal, sino programas dispares con objetivos distintos que tenían a este sujeto como sujeto beneficiario, pero sin mayor articulación entre sí. Tal como plantea Raczynski (2006: 17): En síntesis, en la actualidad no existe una política pública que haya puesto al niño y su familia en el centro de su accionar. De esta forma, la política que impera en este campo se compone de una suma de programas y servicios para la población infantil, incluida la de menor edad, sin que esta tenga una prioridad especial. Así, cada institución o servicio define sus programas respondiendo a su dinámica interna e integra a ella las prioridades que fija el gobierno de turno.
En ese escenario nace el Consejo Asesor Presidencial Para la Reforma de las Políticas de Infancia como expresión de voluntad a través del Decreto Supremo N° 072, con fecha 4 de abril de 2006, donde la Presidenta de la República definió que el Gobierno que presidía se proponía implementar un sistema de protección a la infancia, destinado a igualar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas chilenos desde su gestación y hasta el fin del primer ciclo de enseñanza básica, independientemente de su origen social, género, la conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de inequidad. Hasta el año 2009, el SCCC no tenía una legalidad que lo sostuviera en el tiempo, operando como Programa al alero del Ministerio de Planificación Social. El año 2009, la presidenta promulgó la Ley 20.379, que comprende el SCCC como Ley de la República y que institucionaliza el programa. Este sistema reconoce el rol que las familias, comunidad y las políticas públicas tienen como entorno del desarrollo infantil; plantea la necesidad de un sistema de protección integral y no de programas yuxtapuestos de apoyo a los niños(as); define beneficios y prestaciones diferenciados que buscan responder con pertinencia a las particularidades de las necesidades que enfrenta la primera infancia en cada etapa del ciclo vital; reconoce en aquellas necesidades universales (programa educativo para toda la ciudadanía, perfeccionamiento de la legislación y normativas de protección a la maternidad y paternidad, acompañamiento de los niños(as) desde el primer control de embarazo, hasta su ingreso al sistema escolar, nivel de transición mayor o prekínder), así como particulares o especiales (apoyo diferenciado y garantías para niños(as) de los 207
hogares del 40% de menores ingresos o con situaciones de especial vulnerabilidad (Raczynski. 2007). Como su nombre lo indica, el programa creó un sistema de protección integral de la infancia que pretende asegurarles, a los niños y niñas menores de 4 años, salud y educación preescolar. Este programa contempló diversas medidas destinadas al apoyo y seguimiento a los niños, niñas y sus familias, siendo el control de embarazo en el sistema público de salud la puerta de entrada a este nuevo mecanismo. El sistema ofrece diversos servicios diferenciados, considerando acciones de carácter universal, algunas para la infancia atendida en el sistema público y otras dirigidas a los niños y niñas de los hogares pertenecientes al 40% con menores ingresos. Parte de la base de un funcionamiento coordinado desde los municipios del país, asegurando un conjunto de prestaciones adecuado a las necesidades de cada etapa de desarrollo del niño. La Convención de las Naciones Unidas plantea que cada niño(a) tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La satisfacción de este derecho es responsabilidad de los padres o encargados de la crianza del niño(a). Sin embargo, el Estado, a través de políticas públicas (incluye legislación), tiene el deber de apoyar a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. El interés superior del niño, su supervivencia y su desarrollo priman sobre otras consideraciones. Basados en datos sobre los períodos críticos del desarrollo temprano se define la importancia de invertir recursos en este programa, destacando la necesidad de un desarrollo integral humano y también considerando los datos de retorno de la inversión económica social. Los trabajos en las áreas de la neurociencia, psicología del desarrollo, sociología y economía revelan que el período de desarrollo temprano –que incluye el período intrauterino– puede demarcar trayectorias de salud, aprendizaje y conductas presentes y futuras de los niños. Hay evidencia contundente que indica que desfases y retrasos en el desarrollo temprano limitan el desarrollo posterior del niño(a) en el sistema educacional y en la vida adulta3 . En ese sentido, este programa explicita que existe evidencia científica concluyente de que si se invierte en la primera infancia, se reducen una serie de problemáticas asociadas al maltrato y la violencia familiar, la incidencia de la criminalidad, mejorando la competencia social de las personas4 . Por cada dólar invertido en salud materna infantil y en educación parvularia, la sociedad se ahorra hasta ocho dólares al abordar las consecuencias sociales de la desprotección infantil. Por lo tanto, el compromiso del sistema es garantizar las oportunidades a quienes hoy están al margen de ellas: el 40% de las familias que ganan menos de 300.000 mil pesos mensuales y que cubren al 60% de toda la población infantil del país (Crececontigo, 2010). SCCC ofrece una gran variedad de programas orientados a las distintas necesidades, y cada uno de estos programas cuenta con las prestaciones requeridas por los beneficiarios:
208
1. Programa Educativo Masivo: intenta sensibilizar, promover, informar y educar sobre el cuidado y estímulo requerido por los niños y niñas; pretende crear un ambiente social familiar, de comunidad, agradable, y que permita potenciar las habilidades de los niños. 2. Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial: este programa es el que permite el acceso al Subsistema SCCC. Está orientado a todos los niños y niñas, hasta la etapa preescolar, que se atiendan en el sistema público de salud, ofreciéndoles apoyo intensivo al control, cuidado y promoción de salud de la gestación y control de los niños. 3. Prestaciones diferenciadas de acuerdo a las características particulares de los niños y niñas: son ejercicios y prestaciones que el sistema entrega a los niños en primera infancia y a las familias que son atendidas en el sistema público de salud y además se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Estos beneficios son ordenados y dirigidos por la Red Comunal Chile Crece Contigo y se dividen en dos subgrupos: prestaciones garantizadas y prestaciones de acceso preferente, a las cuales el acceso será determinado según el tipo de beneficiado, su situación socioeconómica y problemáticas que presente. FIGURA N° 1 APOYOS Y PRESTACIONES DE CHILE CRECE CONTIGO
En síntesis, es posible afirmar que el SCCC se constituye como una política social con un afán redistributivo que intenta entregar bienes y servicios de manera de prevenir y aminorar la desigualdad que afecta a las niñas y niños chilenos. Se parte de la base que 209
habría una población con la cual debe tenerse especial cuidado durante una fase importante de la vida, a la que se denomina ‘infancia temprana’. Dicha fase sería doblemente riesgosa cuando se vive en condiciones de pobreza y desigualdad. De allí que un esfuerzo importante de la política radique en la entrega de bienes y servicios diferenciados para esta población. Lo que intenta el dispositivo entonces es reducir esta brecha producida por ingresos desigualmente distribuidos, aminorando las consecuencias que sobre la infancia temprana tendría esta desigualdad. La política no cuestiona el origen de esta desigualdad, sino que combate los efectos de esta, de manera de atenuar las consecuencias sobre el desarrollo cognitivo de niños y niñas. Se plantea entonces un Estado que participa en la protección de estos niños y niñas, en tanto los considera como sujetos de derecho que debe resguardar como garante de su desarrollo. No obstante, por otro lado, se presenta también como un Estado que legitima la desigualdad existente, construyendo un dispositivo que regula las consecuencias adversas de la desigualdad, sin intervenir en las causas estructurales que permiten la existencia de una infancia en situación de pobreza.
Algunos comentarios al desarrollo de la política Sujeto de la política: el niño menor de cuatro años El SCCC tiene como centro de la política al niño menor de 4 años, en tanto focaliza sus acciones en lo que se denomina infancia temprana. El supuesto es que es necesario proveer una serie de prestaciones y garantías en términos de derechos que permitan aminorar los riesgos a los cuales puede estar sometido este segmento de la población, previniendo problemas y, sobre todo, potenciando un desarrollo cognitivo y psicomotor de la infancia que haga posible su ingreso al sistema escolar en igualdad de oportunidades. A partir de la firma de la Convención de los Derechos de la Infancia, se puede afirmar que regiría el interés superior del niño como principio guía de una política orientada a este particular sujeto de protección: En definitiva, lo que se propone con la idea rectora o con el principio del interés superior del niño es, justamente, que la consideración del interés del niño debe primar al momento de resolver sobre cuestiones que le afecten. En realidad, este principio solo exige tomar en cuenta o en consideración al niño como un ser humano, como un verdadero sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados, especialmente por los adultos y por el Estado (Cavallo, 2008, 230).
Por ello, una de las acciones por realizar sería observar la totalidad de prestaciones del SCCC bajo el lente del interés superior del niño, de manera de analizar de qué forma cada uno de sus componentes contribuye a la provisión de derechos que permitan un desarrollo armónico de la infancia en cuestión. 210
Hecho este ejercicio, surge como punto de tensión lo referente a la instalación e implementación de salas cuna y jardines infantiles. En efecto, el SCCC ofrece sala cuna, jardín infantil, de jornada parcial, completa o extendida para las madres que trabajan, estudian o buscan trabajo, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De hecho, el objetivo para los próximos años es la construcción de 900 salas cuna en todo Chile. Esto es particularmente sensible de analizar, ya que aun cuando la asistencia a jardines infantiles podría proveer de mayores oportunidades para un buen desarrollo escolar, no existiría evidencia científica respecto a que la asistencia a programas de cuidado infantil entre los 0 y los 2 años tenga algún tipo de consecuencia positiva en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Tal como afirma un estudio del PNUD (2008: 4): “La evidencia es positiva para los programas que atienden a mayores de 2 años, existiendo cierta controversia sobre los efectos del cuidado preescolar en niños y niñas de menor edad”. En efecto, Paula Bedregal (2006) realiza un análisis de la literatura existente a nivel nacional e internacional sobre la eficacia y efectividad en el cuidado preescolar de niños de entre 0 y 4 años. La autora concluye que no hay suficiente evidencia, a nivel nacional ni internacional, sobre los efectos del cuidado preescolar en menores de dos años, por lo cual la evidencia existente es muy contradictoria, existiendo algunos casos en que los menores muestran retrocesos en el desarrollo socioemocional y psicomotor. A esto se puede agregar el análisis del estudio de programas de la Junji en el 2007, en el que uno de los puntos que se deben destacar es que los niños que asisten a jardín preescolar tienen los mismos avances que aquellos que se quedan en su hogar. Entonces, ¿de qué forma se está operacionalizando el horizonte proveedor de igualdad? Pareciera que el interés superior del niño es desplazado por otro tipo de necesidad que está satisfaciendo el SCCC, y que es proveer un espacio de cuidado que permita que la madre pueda transformarse en una fuerza trabajadora y con ello ingresar al mercado laboral, teniendo la seguridad del cuidado de sus hijos. Esto puede ser sumamente complejo de analizar, ya que podríamos estar ante un dispositivo que estaría privilegiando la participación laboral femenina por sobre el desarrollo integral de la infancia temprana. ¿De qué forma conciliar esto sin sacrificar el interés superior del niño? ¿De qué forma el SCCC debería garantizar que el desarrollo de la infancia temprana en niños y niñas menores de 2 años se dé en un espacio promotor del desarrollo? En este punto, el SCCC podría estar legitimando ampliamente la situación de explotación en la cual se encuentra un porcentaje importante de trabajadoras del país, las que deben trabajar altas jornadas por sueldos que muchas veces se encuentran por debajo de los de sus compañeros varones. El SCCC les entrega cuidado infantil para que a su vez el mercado laboral pueda seguir rentabilizando a expensas de su inserción en condiciones vulnerables5 . En este punto parece especialmente importante cuestionarse el porqué una política que está orientada a aumentar la igualdad en la infancia temprana no incorpora abrir la posibilidad para que adultos responsables del cuidado de los niños y niñas puedan tener tiempo para adquirir las habilidades y ser ellos los responsables de la estimulación y 211
cuidado de los infantes6 .
Operatoria de la política: integralidad e intersectorialidad El SCCC se plantea como una política que es integral en tanto combina esfuerzos de distinta índole para proveer un desarrollo armónico y completo en la primera infancia y, por ende, requiere de la participación de distintas instancias con miras a que esto pueda llevarse a cabo, es decir, tiene un requisito de intersectorialidad. El modelo de gestión requiere de un perfeccionamiento de la institucionalidad de la infancia, conformada por diversos ministerios sectoriales e instituciones del nivel central, provincial, regional y comunal con funciones e instrumentos coordinados, y una multiplicidad de prestadores públicos y privados con servicios de calidad. Esto es especialmente interesante, ya que anterior a la emergencia del SCCC lo que se observaba en Chile era una serie de prestaciones desorganizadas que no tenían una coordinación y que, por ende, superponían metas y sentidos, haciendo que muchos niños y niñas se vieran intervenidos desde una pluralidad de servicios con acciones que en variados casos podían contradecirse entre sí. El esfuerzo que se plantea ahora es mayor. Los distintos ministerios son los responsables de la definición de los estándares por cumplir por parte de los prestadores y prestaciones para garantizar la calidad, en consistencia con las metas que se definan para la Política Integral de Infancia. Los ministerios continúan con sus responsabilidades ya definidas respecto de la provisión de servicios para la población infantil, pero en coordinación con Mideplan, de modo de garantizar la pertinencia de la oferta global de servicios y prestaciones en términos del desarrollo infantil integral. Además se requiere de una relación de apoyo a la gestión en Red Local en convenio con municipalidades acreditadas para tales fines. Se propone que esto se efectúe transfiriendo recursos desde Mideplan a los municipios a través de convenios que establezcan claramente las responsabilidades, condiciones y contenidos de las prestaciones y servicios, y los programas de trabajo anuales, entre otras materias. Siendo SCCC un sistema que se encuentra bajo la responsabilidad directa del Gobierno de Chile, este se coordina a través de un Comité de ministros, el que es presidido por el Ministerio de Planificación. La función del Comité es velar por el apropiado diseño, instalación y ejecución del Sistema. Es por ello que la coordinación y articulación para la implementación del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia corresponde al Ministerio de Planificación (Mideplan). Junto con este ministerio, participan del sistema otras instituciones, las que tienen la responsabilidad de ejecutar las prestaciones del Sistema: Ministerio de Salud (Minsal) - Ministerio de Educación (Mineduc) -Ministerio del Trabajo (Mintrab) -Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) -Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en conjunto con la Fundación Integra - Fondo Nacional para la Discapacidad (Fonadis) - Las municipalidades. Además se implementa un Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el que permite generar iniciativas locales destinadas a diagnosticar y tratar oportunamente 212
rezagos en el desarrollo. Con el fin de apoyar la diversidad de necesidades del desarrollo infantil, se creó un Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia. Se ha considerado la creación de un Programa de Fortalecimiento Municipal, implementado en las comunas seleccionadas como un apoyo especial para la gestión en red, indispensable para la buena operación del sistema propuesto. En estos términos, el SCCC requiere de la coordinación de instancias institucionales, y también abre la posibilidad de participación de la comunidad organizada a través de este fondo concursable. Esto plantea desafíos sumamente sensibles en relación a cómo el logro de las metas del sistema depende del nivel de coordinación alcanzado y también del consenso en torno a la calidad y fondo de las prestaciones entregadas, lo que requiere de un sistema de información y evaluación permanente que pueda dar cuenta de los aprendizajes y consensos alcanzados. Sin embargo, y en relación con la evaluación realizada a las modalidades de intervención implementadas a través del fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, se observa que No existe un sistema integrado de evaluación, registro y monitoreo de la intervención que permita a los equipos ejecutores producir y procesar información específica que retroalimente la toma de decisiones respecto a la intervención misma. La información existe y se almacena –algunos equipos incluso han diseñado instrumentos para recopilarla–, pero no es utilizada para nutrir la intervención. Cabe señalar, que a la fecha se cuenta con un sistema de información en línea a disposición de todas las modalidades (Universidad Alberto Hurtado, 2009: 12).
Esto es particularmente preocupante, ya que significa que no se están generando los mecanismos que aseguren que los principios de integralidad e intersectorialidad puedan llevarse a cabo, en tanto requieren una estructura que permita generar aprendizajes para el programa y sus actores. En esto también se juega la igualdad que el programa pretende establecer, ya que es vital que los distintos equipos ejecutores tengan acuerdos y fundamentos respecto a cómo entenderán las garantías mínimas con las cuales estarán trabajando con sus respectivos sujetos de intervención ¿Cómo se comprenderá la estimulación temprana? ¿De qué forma el programa se implementará tomando en cuenta las particularidades locales que tienen los distintos territorios? Si este sistema de información y evaluación no funciona, se deja al arbitrio de los criterios profesionales la definición de estos estándares de calidad, lo que aumenta el riesgo de desigualdad y por lo tanto legitima la desigualdad de base, con cuyas consecuencias trabaja este programa.
Dirección de la política: la mejor focalización es una política social universal Por último, una política social coherente con la promoción de una mayor igualdad social debe ofrecer una propuesta al conjunto de la sociedad. De hecho, uno de los grandes problemas del ‘Estado focalizador’ es que su capacidad de convocatoria de la ciudadanía 213
ha resultado limitada, entre otras cosas, porque no ofrece lo mínimo que la sociedad espera del Estado: una propuesta para toda la sociedad y no solo para algunas de sus partes (Ocampo, 2008). Las prestaciones universales de SCCC, es decir, aquellas dirigidas a todos los niños, niñas y sus familias, comenzaron a desplegarse en el año 2007. Las prestaciones diferenciadas –el acompañamiento, apoyo y seguimiento de los niños y niñas desde el primer control prenatal hasta su ingreso a preescolar– se despliegan en el nivel comunal, donde se implementó el programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en los centros de salud y en las maternidades correspondientes. Al mismo tiempo, se conformaron las Redes Comunales SCCC, que permiten articular las prestaciones y servicios sociales que los niños, niñas y sus familias requieren de forma oportuna y pertinente a sus necesidades particulares. El programa en general se encuentra dividido en cinco tipos de coberturas o prestaciones, las cuales van desde una de tipo universal a una mucho más selectiva. Las prestaciones universales consisten en todo un sistema de información que incluye un programa educativo masivo tanto en temáticas dirigidas a los padres como a los niños (radio, web y teléfono). Las coberturas van focalizándose a medida que reconocen riesgos y entradas diferenciadas para el SCCC. Así, para todos los usuarios del sistema público de salud se propone la entrega de información útil al proceso de las madres, padres y las familias que experimentan con el embarazo y la llegada de un hijo o hija. A partir del primer control, la madre o padres gestantes comienzan a recibir documentos de apoyo y manuales para una mejor preparación. Para aquellos niños que son considerados dentro de la población vulnerable se ofrece un programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial de las familias adscritas al sistema de salud pública que se encuentren en el período de gestación. Este programa de apoyo está estipulado en un diagrama que comienza a partir desde la primera consulta hasta los 4 años de edad, y solo se desarrolla en el ámbito de los sistemas de salud pública. Finalmente, se ofrecen prestaciones que tienen relación con todos los niños y familias que se encuentren o que atraviesen por alguna situación de vulnerabilidad. En estos casos se entregarán prestaciones específicas desde el momento en que fue detectada a través de una pauta de riesgo activada a la red. Estas prestaciones para las familias que se encuentran en el 40% más pobre del país son coordinadas y desarrolladas mayoritariamente por la municipalidad en la que reside el niño y su familia, donde se pueden inscribir en el programa Puente, obtener un Subsidio Familiar (SUF), inscribir a los niños en un jardín infantil o sala cuna o ser derivados a Fonadis si lo precisan. Por su parte, los padres son enviados a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) u otros programas sociales. En este sentido, el SCCC considera tanto prestaciones universales como focalizadas y convoca a distintos actores a medida que la situación de riesgo diagnosticada va presentándose, proceso en el cual el Estado va desplegándose y replegándose a medida que se encuentra con una población que requiere de mayores dispositivos de intervención 214
para lograr la igualdad de oportunidades. Esto también es un punto por considerar en relación con la importancia de la inclusión de prestadores privados que permitan la efectiva oferta de una política universal. ¿De qué forma los usuarios de la clase media e isapres pueden estar recibiendo la educación que el SCCC propone? ¿Cómo podría acceder a estas informaciones una usuaria de la red privada de salud? Se comprende que la mayoría de los habitantes del país hacen uso de la red pública de salud; sin embargo, hay un porcentaje de ciudadanos, y es especialmente importante considerar en ello a la clase media, que muy probablemente no tiene acceso a un sistema de atención para el rezago en el desarrollo de los niños y niñas. ¿De qué forma, entonces, en un sistema de salud mixto como el chileno puede pensarse la activación de una política social universal? Resulta necesario aquí pensar en la articulación con el mundo privado, de manera de permitir un acceso igualitario para las clases que participan del sistema privado de salud, ya que sería especialmente preocupante que esta población quedara fuera de un sistema que ha declarado la especial importancia que tiene la intervención temprana en el ámbito de la infancia, lo que generaría entonces una desigualdad en el sistema de oportunidades al cual podría acceder el infante de clase media. Nuevamente se observa en este punto que el SCCC legitima una serie de desigualdades de base que no es posible separar al intentar redistribuir bienes y servicios para proteger a la infancia temprana. No considerar que el sistema de salud chileno origina brechas importantes entre los ciudadanos demuestra un desconocimiento de la estructura sobre la cual se sostiene el SCCC e implica otorgar las prestaciones del sistema a espaldas del sistema real de administración, desconociendo cómo se reciben los beneficios de la política.
Conclusiones El SCCC se plantea como una política que busca coordinar y orientar los esfuerzos de protección para la infancia temprana. En esos términos se observa como una política orientada a garantizar derechos y proveer bienes y servicios para permitir el desarrollo armónico de la niñez y así prevenir problemáticas sociales que puedan afectar el desarrollo igualitario de los niños y niñas del país. Sin embargo, su operatoria debe ser analizada en términos de la desigualdad contra la cual dice orientarse. Criterios como el interés superior del niño deben ser continuamente vigilados en la forma en la cual se está operacionalizando la política, así como también debe velarse por una adecuada coordinación entre los distintos actores que diseñan e implementan los programas y proyectos asociados a la política social. Descoordinaciones o faltas en una institucionalidad que permita la provisión de servicios diferenciados pueden tener serias consecuencias sobre las pretensiones de mayor igualdad en el trato a la infancia 215
temprana. Del mismo modo, se debe tener especial cuidado en la consideración de una política que se focaliza para lograr una mayor universalización en el acceso a las garantías señaladas. La consideración de una política social que se dinamiza en relación con la propia segmentación que posee la sociedad chilena puede ser un punto de fortaleza para el acceso a mayor igualdad; sin embargo, también puede ser un flanco de debilidad a la hora de considerar el rol que los sistemas de prestación privados deberían tener en consideración con la infancia que actualmente no participa directamente de la implementación de la política social, pero que sigue teniendo derecho a un desarrollo armónico. En estos términos es vital cuestionar la legitimación que una política como esta puede tener sobre la desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena. No puede observarse una política social sin analizar el modo en que el dispositivo repercute sobre los distintos sistemas sociales. Evidentemente, el mercado del trabajo está presionando a esta política en tanto uno de sus pilares es la creación de salas cuna que permitan el ingreso de la mujer al mundo del trabajo. En ello es esencial observar que el cuidado y protección de los niños y niñas no puede concebirse exclusivamente utilizando estos recursos, sino que también debe potenciarse a los adultos responsables, pero para ello se requiere de un mercado del trabajo que permita que existan tiempos y espacios para el desarrollo de los niños. Por ello, la consideración del sujeto de la política implica cuestionar la intersectorialidad, considerándola dinámicamente, donde cada uno de los actores del sistema político pueda movilizar sus recursos, de manera de transformar también las estructuras que permiten las consecuencias sobre las cuales va a operar el SCCC, e implica también reconsiderar los criterios de focalización para lograr una universalización de la prestación y, con ello, del cuidado de la infancia temprana.
Bibliografía Referencias de Internet Sistema Chile Crece Contigo (Crececontigo) (2010). Sobre Chile Crece Contigo. Recuperado en junio de 2010 de
. Partido Socialista de Chile (Socialismo-chileno) (2008). Discurso de S.E la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en inauguración del XXVIII Congreso del Partido Socialista de Chile. Recuperado en junio de 2010 de
. Preschoolcalifornia (Preschoolcalifornia) (2010). Los trabajos de investigación demuestran los beneficios de una educación temprana de calidad. Recuperado en junio de 2010 de
preschool-research-shows-spanish-final.pdf>. Ministerio del Trabajo de Chile (Ministerio del Trabajo) (2006). Balance de la situación laboral de las mujeres en Chile 1997-2006. Recuperado en junio de 2010 de >http://www.mintrab.gob.cl/mujer_trabajo/balance_slm97-06.pdf>.
Artículos de revistas Aguilar Cavallo, G. (2008). El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Estudios Constitucionales, Año 6, N ° 1, 223-247. Cortés, P. (1999). La Política Social en América Latina: Notas para su evaluación al final del milenio. Revista Perspectivas Año Sexto, N° 8, 18-28. Escuela de Trabajo Social, U. Cardenal Raúl Silva Henríquez. Ocampo, J. A. (2008). Las concepciones de la política social: universalismo versus focalización. Revista Nueva Sociedad N° 215, 36-61. Raczynski, D. et al. (2007). Política de infancia en el nivel local: requerimientos y aportes de la gestión de información. Pontificia Universidad Católica de Chile, Camino al Bicentenario Propuestas para Chile. Concur Políticas Públicas, 249287. Santiago.
Ponencias Fonseca, A. (2006). Los sistemas de protección social en América Latina: un análisis de las transferencias monetarias condicionadas. Documento Seminario PNUD FAO. Hardy, C. (2006, 26-27 junio). Hacia un sistema de protección social fundado en derechos. Ponencia de la ministra de Planificación. Foro Iberoamericano de Desarrollo Social. Madrid.
Documentos Dussaillant, F. (2009). ¿Salas cuna para menores de un año o extensión del permiso maternal? Antecedentes para un debate urgente. Centro de Estudios úblicos N° 305, m, Santiago, Chile. PNUD Chile (2008). Chile Crece Contigo: el efecto de la implementación de salas cuna públicas en la participación laboral femenina, la incidencia de la pobreza y la distribución de ingresos en Chile. Programa Equidad, PNUD, Santiago, Chile. Raczynski, D. (2006). Política de infancia temprana en Chile: condicionantes del desarrollo de los niños. Documentos En Foco N° 77. Expansiva. 217
Universidad Alberto Hurtado, Departamento de Trabajo Social. (2009). Estudio Ejecución y resultados de modalidades de intervención implementadas a través del fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil. Sin publicar.
Libros Kymlicka, W. y Wayne, N. (1997). El retorno del ciudadano: una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Ágora, N° 7.
1
Hablamos de izquierdas para respetar las diferencias en torno a las distintas visiones posibles de distinguir en el propio debate interno de las posturas políticas chilenas que surgen en contra de la dictadura militar, dentro de las cuales un grupo va a optar por la conformación de una coalición de corte liberal, llamada ‘Concertación de Partidos por la Democracia’, mientras que otro grupo se restará de esta iniciativa. 2
El concepto de ciudadanía está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción de vínculo con una comunidad particular (Kymlicka y Wayne, 1997, 5), cuestión en la cual la Concertación va a sumarse a las corrientes denominadas ciudadanizantes. 3
Ver Knudsen, E. (2006). Early Influences on Brain Architecture: An Interview with Neuroscientist Eric Knudsen. National Scientific Council on the Developing Child, Perspectives; Harvard University Center on the Developing Child. In Brief: The Science of Early Childhood Development. 4
Según James Heckman, Premio Nobel de Economía, para los niños en desventaja las intervenciones tempranas son más eficientes desde el punto de vista económico y producen mayores rendimientos que los programas correctivos destinados a ayudar a adolescentes y adultos jóvenes a alcanzar el nivel del resto de sus clases (Preschoolcalifornia. 2010). 5
Para ello, obsérvese la precaria situación laboral de las mujeres en Chile (Ministerio del Trabajo, 2006).
6
Según plantea Dussaillant (2009:10) “Por ejemplo, el programa de cuidado infantil de acceso universal de Quebec, Canadá, analizado por Baker et al. (2008) (con resultados muy negativos) requiere que al menos dos tercios del staff tengan diploma universitario. Además, en Quebec la regulación especifica una ratio máxima de adultos por niños de 1:5 para los menores de 18 meses (OCDE, 2004). Por otro lado, en Inglaterra los resultados de evaluaciones del cuidado institucionalizado para niños menores de dos años también fueron negativos (Sylva et al., 2004), lo que llevó a que en ese país se estableciera un ratio adulto-niño de 1:3 para los menores de dos años, y se extendiera el permiso maternal pagado a 52 semanas”. Es decir, es necesario elevar los estándares de calidad de los servicios institucionalizados a tal nivel, que en términos de política pública estos países han decidido fomentar el cuidado parental antes que privilegiar el cuidado por entes externos.
218
Política pública de pobreza en Chile: nuevas formas discursivas de legitimar la desigualdad durante los gobiernos socialistas de Lagos y Bachelet Claudia Maldonado Graus
Presentación Este artículo tiene como objetivo indagar en los principales ejes discursivos que subyacen las bases normativas de la política social de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; gobiernos que en un plano discursivo pueden ser ubicados a la izquierda del espectro ideológico, pero que si tomamos como referencia su práctica de gobierno, seguro que mucho se podría debatir respecto a esta correcta denominación7 . Mediante el ejercicio metodológico del análisis de discurso (Van Dijk, 1993; Bajtín, 1999), intentaré comprobar la utilidad que este discurso de política social tuvo en la labor de justificar y legitimar la persistente condición de desigualdad en Chile, sin que se evidenciaran cambios estructurales que transformaran esta problemática situación. En concreto, existe evidencia empírica contundente: Chile a finales de la década del 2000 continuaba siendo uno de los países más desiguales de América Latina (OCDE, 2009). A este dato, además se suma el resultado de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) dada a conocer en julio de 2010, la que señala que entre el año 2006 y el 2009, el indicador GINI de desigualdad aumentó levemente de 0,54 a 0,55 (donde 1 es mayor igualdad), resultado que en la región solo es superado por Bolivia, Brasil, Ecuador y Haití (PNUD, 2010: 26).
Socióloga y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos. Correo electrónico: [email protected].
Este hecho resulta difícil de comprender si tomamos en consideración que dentro de los discursos y líneas programáticas de los nuevos gobiernos democráticos, la desigualdad social siempre fue un tema central de preocupación y eje conceptual estructurante de la acción gubernamental, al menos en términos de política pública. Esta evidente contradicción y distancia entre lo que se plantea como ideario político y lo que hoy en día son los indicadores de desigualdad en el país me dará la pauta para el desarrollo del análisis. Para este caso en particular, me parece necesario plantear la premisa que señala que los discursos políticos son los determinantes de la acción8 . En este caso particular, estos discursos deberían tender a su materialización a través de políticas de Estado específicas. Por lo tanto, las políticas sociales si bien responden a criterios técnicos tales como eficiencia y eficacia, constituyen principalmente una decisión ubicada dentro del ámbito 219
de las decisiones políticas, que reflejan un ideario particular que otorga sentido y carácter a las intervenciones, constituyendo así la base de la razón de Estado9 . De esta forma, la hipótesis de este trabajo es que la política pública de pobreza de los gobiernos de Lagos y Bachelet, aun cuando se construyó discursivamente como fórmula parasuperar la desigualdad, no logró materializarse en una herramienta técnica efectiva para alcanzar este objetivo. Así más bien, los discursos que le dieron definición a la política pública funcionaron como un instrumento legitimador de la desigualdad sin que los indicadores al respecto evidencien un resultado exitoso en esta materia. Para comprobar esta hipótesis, consideraré tres dimensiones básicas que ayudarán a entender la problemática planteada y que recorrerán de manera transversal el texto. En primer término, consideraré la relación democracia e igualdad, apuntando a deficiencias que se observan en el caso chileno al momento de conjugar ambos conceptos. En una segunda instancia, me enfocaré al análisis del problema norma-praxis, y su contexto de desarrollo, que en el ejercicio de extrapolación al caso de la política social define un claro posicionamiento en el terreno de la legitimidad. Y por último, analizaré la influencia que tuvo la permanencia de las estructuras institucionales y económicas heredadas de la dictadura militar en la construcción del nuevo Estado chileno posdictadura, así como en el discurso de la política social de la década del 2000. Para efectos del análisis, me centraré específicamente en los períodos presidenciales de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010), momento en que es posible reconocer el cambio más significativo del enfoque de intervención social y en el diseño de política pública: el surgimiento del Sistema de Protección Social. Este sistema se materializó en una primera instancia en el programa Chile Solidario10 , iniciativa que comenzó bajo el gobierno de Lagos y que tuvo continuidad en la gestión de Michelle Bachelet. A este se le sumaron posteriormente nuevas reformas en el ámbito social, tales como las políticas de infancia y la reforma previsional, a través del sistema de pensiones solidarias Esta última contempló a 620 mil personas en el 2008, su primer año de aplicación, cifra que espera llegar a 1,3 millones en el 201111 . Dentro de este período, me enfocaré en el análisis de los discursos de cuenta pública de ambos ex presidentes, así como de los documentos de política social y en especial de pobreza generados por el Ministerio de Planificación de Chile (Mideplan) durante los años 2000 y 2010.
La contradictoria relación entre política pública y los valores de la democracia El retorno a la democracia en Chile a finales de los ochenta tuvo un carácter pactado entre las principales fuerzas políticas militares y civiles de la oposición (Godoy, 1999). Así, como resultado de este acuerdo permanecieron los principios de la Constitución de 1980 y se mantuvo intacto el modelo económico liberal, el que para entonces 220
representaba el caso más ‘exitoso’ de reorganización económica en el subcontinente. Mucho ya se ha dicho acerca de que los logros que ubicaron a Chile dentro de los países más ‘estables y prósperos’ en los últimos años provenían de las modificaciones estructurales que realizó Pinochet durante la dictadura. Uno de ellos, Santiso, destaca a la liberalización económica y financiera como un referente internacional (Santiso, 2006: 84), pragmatismo económico que permaneció en los últimos años, y que otorgó las bases para un desarrollo y una administración ‘exitosa’ por parte de los gobiernos de la Concertación, pero que cuya gestión hoy en día contrasta con los bajos niveles de desarrollo en términos de derechos, ciudadanía y de satisfacción con la democracia. Chile, más que cualquier otro país sudamericano, supo llevar ‘armónicamente’ el cambio de régimen. Junto con la recuperación de la democracia y bajo el lema de la reconciliación (Laclau en Natanson, 2009: 213), la Concertación apostó por la permanencia del modelo económico. Sin embargo, incorporó una dimensión social y un rol más activo del Estado, con el fin de crear una diferencia con la política económica de la dictadura. Esta diferencia hizo posible que la Concertación12 (en adelante CPPD) construyera un exterior constitutivo13 basado en una relación antagónica con respecto a la dictadura. De esta forma, Lagos y Bachelet construyeron cadenas de equivalencia en torno a mostrar la imagen de un futuro en paz y próspero en contraposición a la de un país que sufrió violencia política y estancamiento del desarrollo social bajo el régimen de Pinochet. La dictadura militar fue siempre considerada el punto crítico al que no era posible retroceder, identificándola como el principal ‘enemigo’ de la democracia que se construía. Al hacer un análisis sobre cómo se construyó discursivamente la idea de democracia en el caso chileno, es posible observar que esta apareció como una opción política capaz de saldar la gran deuda social que había dejado la dictadura militar, propiciando las condiciones institucionales y políticas para el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria. Sin embargo, la cadena de equivalencia democracia, prosperidad económica e institucionalidad democrática, que implicaba la idea de superación de la pobreza y la desigualdad, parece no haber concretado en la praxis un círculo virtuoso (Burchardt, 2008: 79). Hoy, a más de dos décadas de haberse recuperado la democracia, la sociedad chilena mantiene una serie de problemas que los gobiernos de la CPPD no han podido solucionar, luego de casi veinte años de gobierno. Entre ellos se cuentan: la incapacidad económica e institucional para superar la profunda desigualdad social y equiparar la concentración de la riqueza, la baja calidad de la educación básica, media y universitaria, el mantenimiento de un régimen político democrático excluyente, así como la persistencia de distintas formas de discriminación social y cultural (Gómez Leyton, 2009: 67). Al juzgar por lo anterior, la idea de la democracia como significante asociado a la solución de la desigualdad convence cada vez menos a los chilenos, al no integrar factores estructurales de cambio político y económico. Al respecto, el proceso de democratización que inicialmente establecía un vínculo con el valor de la igualdad no ha sido capaz de producir la cantidad ni calidad de bienes públicos que la sociedad esperaba. 221
Mucho menos se han logrado las condiciones políticas que conviertan a los ciudadanos en agentes responsables y capaces de demandar mejores condiciones de igualdad y representación política, así como de generar formas de organización colectiva que potencien la formación de nuevo capital social y humano. El gobierno de la CPPD, al seguir desarrollándose dentro de un marco de una democracia neoliberal (Gómez Leyton, 2009: 64) logró sacar de la pobreza a un gran porcentaje de familias chilenas14 pero acrecentó irremediablemente los indicadores de desigualdad. Esto se refleja hoy en día en el acceso a la salud, al sistema educativo en todos sus niveles, a la proliferación de empleos precarios y en la baja representación política de los sectores medios y vulnerables de la población. Esto también tiene relación con el escaso carácter vinculante de las opiniones de la sociedad en las decisiones de política pública y temas de Estado. Asimismo, la democracia en el discurso de los gobiernos de Lagos y Bachelet como promesa para superar la desigualdad manifiesta una contradicción sustancial, que tiene su origen en la tensión permanente de dos proyectos contrapuestos: el proyecto socialista basado en el concepto de igualdad, como valor dominante del discurso, y de la concepción de la política pública y liberal, articulado en la praxis y reproducción de la intervención estatal. La convivencia de estos dos horizontes discursivos ha generado y reproducido lo que algunos autores han denominado como ‘institucionalización de la desigualdad’15 (Adelantado y Scherer, 2008: 117). Así, el discurso de la democracia sirvió para sustentar la creación técnica de políticas sociales asistenciales que legitimaron el orden social y político desigual, cooptando la movilización y organización social. Este fenómeno se dio en particular en los sectores vulnerables, en donde se reemplazaron las redes organizacionales por relaciones de dependencia con el Estado, socavando la solidaridad social y restringiendo la capacidad de los sectores populares para promover sus intereses dentro del nuevo régimen (Posner, 2002). Este hecho tiró por tierra cualquier posibilidad de los grupos sociales de ser sujetos activos en la búsqueda de mejores condiciones de igualdad, transformándolos en objetos de la política social16 . Entre otros elementos importantes por considerar, algunos autores, entre ellos Adelantado (2008), señalan que el carácter focalizado de las políticas sociales tiene más efectos negativos que positivos en relación con la calidad de la democracia. En primer lugar, la focalización propicia el acaparamiento de oportunidades y el control por parte de un grupo de miembros de la red sobre un recurso (Tilly, 1998). Por otro lado, favorece el control de los recursos estatales por parte de grupos de poder y partidos políticos, lo que puede llevar a crear un vínculo clientelar con los grupos más vulnerables de la sociedad, produciendo inevitablemente una relación de dominación, que se reproduce en términos de desigualdad política (Auyero, 2004). Esto debilita el desarrollo de una sociedad política autónoma y socava la democracia al promover una relación vertical entre el Estado y la sociedad (Adelantado y Scherer, 2008: 124). Si para el gobierno de la CPPD la idea de democracia descansaba en la expansión de 222
los derechos sociales y políticos en colaboración con el Estado, su modelo de política pública focalizada fue en dirección contraria, al sustituir la construcción de políticas sociales en términos de derechos por políticas de emergencia dirigidas solo a los sectores de riesgo, sin incorporar como beneficiarios a sectores más amplios de la sociedad. Además, debería cuestionarse seriamente sobre las condiciones que han generado este tipo de políticas sociales para abrir espacios para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones vinculantes en temas de política pública. En este sentido, durante el gobierno de Bachelet se hicieron algunos intentos, a través de la implementación de las comisiones ciudadanas o consejos asesores presidenciales17 , que se realizaron con el fin de incorporar a todos los sectores de la sociedad en un diálogo amplio, plural y vinculante. De esta forma se intentó conjugar política y política social para cambiar el carácter meramente tecnocrático del diseño de la política de Estado. Sin embargo, los resultados de las decisiones tomadas al interior de estas comisiones y consejos estuvieron en tensión con los partidos políticos y los tomadores de decisiones, lo que a final de cuentas no produjo acciones significativas. Este hecho lleva a concluir que en Chile la voluntad para crear políticas públicas que fortalezcan la democracia se ve limitada por una serie de candados a nivel de lo político y lo institucional. Estos candados como nudo explicativo de la problemática poseen diversas manifestaciones, que en lo político van desde la competencia electoral cerrada y dominada por dos fuerzas políticas, que anulan la representación de sectores minoritarios en las instancias de decisión de temas públicos, hasta los casi inexistentes espacios para que los ciudadanos tomen decisiones vinculantes en referencia al diseño de políticas públicas (consultas públicas, consejos ciudadanos generadores de propuestas susceptibles de ser incorporadas por los partidos políticos). En lo institucional, se manifiestan en la incapacidad del Estado para asegurar el cumplimiento de derechos económicos y sociales, en particular los de las familias más pobres. El Estado chileno no cuenta con dispositivos institucionales para garantizar empleos dignos y regulares en el tiempo, que ayuden a las familias a salir de la pobreza; la ampliación de la cobertura en salud y educación no asegura el acceso a los servicios por parte de los grupos vulnerables, y mucho menos la calidad de los mismos. Las instituciones gubernamentales no cuentan con la cantidad de recursos financieros para abordar de manera integral la pobreza y la exclusión; sin contar todos los problemas de gestión y coordinación que existen entre las diversas instituciones del Estado, además de la escasa oferta programática para grupos heterogéneos (discapacitados, jóvenes, etc.). Por último, la inexistencia de la dimensión organizacional y comunitaria dentro de los programas de gobierno, que propicie la participación y el desarrollo de capital humano (Cohen y Villatoro, 2006: 204- 217). Estas trabas y falencias se pueden palpar cotidianamente en las diversas formas de exclusión en la que todavía vive una gran cantidad de sectores de la sociedad. Es así que en mucho de estos ya se ha institucionalizado el asistencialismo y la dependencia a las instituciones del Estado, manteniéndose cautiva la esperanza de un desarrollo ciudadano 223
y participativo. Chile ha sido testigo de un cambio político en las últimas décadas. Estas modificaciones al régimen serán más fáciles de apreciar en el segundo momento en que gobernó la Concertación y que tuvieron directa repercusión en la forma en que intervino el Estado. Pero en este punto, quizás muchos coinciden en que los alcances esperados no estuvieron a la altura de lo que la sociedad chilena esperaba de las promesas de la democratización. Si nos remitimos a recientes encuestas de opinión del 2009, observamos datos interesantes. En primer lugar, que la sociedad chilena aún percibe una gran desigualdad en la distribución de la riqueza y en términos de derecho18 . También, una baja satisfacción de los ciudadanos con la democracia19 y la poca confianza que existe en esta como mecanismo político para superar los problemas sociales20 . Por otro lado, tenemos a dos presidentes con altos índices de popularidad al concluir su mandato presidencial (Lagos con 70%, y Bachelet con un 84%), pero que en la tarea de superar la desigualdad social alcanzaron tristes resultados. En un contexto donde la desigualdad es un tema sensible para los chilenos ¿cómo podríamos explicar la contradicción que existe entre una aceptación mayoritaria del mandato de estos dos gobiernos de la Concertación y la reprobación del país medido por sus indicadores de desigualdad? En vista de lo expuesto hasta ahora, es posible afirmar que la génesis del discurso de la superación de la desigualdad, en el que se desarrolló el fundamento normativo de la política social del período analizado, se encontraba inscrito dentro de un discurso articulado en torno a la idea de democracia, significante que llevaba implícita una promesa de superar la compleja situación de desigualdad imperante en los ochenta. Así, no es posible entender el fundamento normativo de la política social chilena si no tomamos el contexto en el cual se desarrolló, ya que la democracia obligó a estos gobiernos a construir con sus valores el discurso del Estado en materia de política pública para la desigualdad. No obstante, reconozco el hecho de que aun cuando la política social de pobreza se estructuró en torno a elementos aportados por la idea de democracia en este tema, esto no necesariamente implica que hayan servido como una guía de una praxis que lleve a solucionar el problema de la desigualdad21 . Lo que aconteció en el discurso de la superación de la desigualdad de estos dos gobiernos de la CPPD fue la existencia de una articulación del plano normativo y su contexto de desarrollo (política pública y democracia), el que dio lugar a un incremento de expectativas por parte de la ciudadanía. Este incremento posteriormente se transformaría en demandas dirigidas al gobierno chileno en democracia. Así, es posible afirmar que el nacimiento del nuevo enfoque de política social que se gestó en Chile después de Lagos se desarrolló dentro de un contexto social que interpeló al gobierno a asumir la responsabilidad política de combatir la pobreza no solo en términos económicos. En ese marco, encuentra sentido el abordaje discursivo realizado por el gobierno, no solo en términos de transferencias monetarias de bienes y servicios, 224
sino en el énfasis a los aspectos que llevaron a la población beneficiaria de la política pública a alcanzar menores grados de desigualdad en términos políticos y sociales. Dentro de este contexto, es posible afirmar que la matriz discursiva de ambos gobiernos supo ajustarse a la demanda de una sociedad chilena que manifestaba su malestar con la forma en que el régimen democrático se estaba llevando a cabo. Tanto Lagos como Bachelet buscaron hacer frente al descontento a través de políticas sociales que legitimaran una buena administración de estas problemáticas, principalmente la desigualdad. Sin embargo y en términos empíricos, los resultados de estas ‘buenas intenciones’ son contrastantes con los magros resultados obtenidos. Sin embargo, la habilidad discursiva en que han sido incorporados al discurso político los problemas sociales de la sociedad chilena crea una muralla infranqueable de valores que establece prioridades y formas de abordaje, las que sin duda se constituyen en la fuente de legitimidad del gobierno.
La construcción del nuevo enfoque de la política pública en Chile durante la década del 2000 En concordancia con el apartado anterior, identifico a la política social como la herramienta de intervención técnico-política más importante para afrontar las problemáticas de pobreza, la exclusión y la desigualdad durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Después del año 2000, observamos que estas tres problemáticas se transformaron en los ejes rectores del discurso democrático, y su combate fue asumido como un valor absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de este nuevo proceso político. En esta línea, los gobiernos de la Concertación implementaron una serie de acciones y programas gubernamentales que incorporaron a su estructura normativa lo indeseable o negativo de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En términos de gestión, esta postura normativa se tradujo en el fortalecimiento de nuevas oficinas públicas. Entre las más importantes está FOSIS22 , cuya acción fue complementada con una considerable expansión del presupuesto para el financiamiento de políticas públicas. A este respecto Castells señala que, los partidos de la Concertación buscaron una nueva legitimidad basada en la continuidad de la legitimidad del mercado como principio de proyecto personal en el marco de una legitimidad democrática del Estado. Pero añadieron un correctivo fundamental: el Estado dejó de ser un instrumento de exclusión para ser instrumento de integración, mediante políticas sociales de redistribución (Castells, 2005: 119).
Rebatir este argumento resulta una tarea compleja, en vista de que los gobiernos de la CPPD no realizaron grandes esfuerzos por liberarse de la camisa de fuerza, que institucionalmente ataba a Chile al modelo económico que implantó Pinochet. Esta situación fue compensada a través de la “instalación, en la medida de lo posible, de algunos elementos sociales al modelo, manteniendo la focalización de las políticas 225
sociales, destinadas a disminuir la pobreza, impulsando la acción solidaria de las organizaciones civiles, manteniendo los equilibrios macroeconómicos y el control del gasto fiscal” (Gómez Leyton, 2009: 67). Sin embargo, lo que pareció ser un proceso natural de este modelo, donde un mayor crecimiento económico reduciría los niveles de pobreza y desigualdad, comenzó a evidenciar un serio deterioro, que se reflejó en el estancamiento de los indicadores sociales (Mideplan, 2003). A finales de los noventa y como producto de este desgaste, la sociedad chilena comenzó a interpelar directamente al gobierno para asumir responsabilidades y cumplir las promesas que la ansiada democracia traía a Chile en materia de pobreza y desigualdad. Esta demanda se reflejó en los resultados obtenidos en una de las investigaciones cualitativas realizadas por el Mideplan entre el año 1999 y 2000, a través de un estudio realizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y la Unidad de Estudios Prospectivos de Mideplan. En esta investigación, la desigualdad era vista como un mal de origen social que, en síntesis, distingue entre débiles y poderosos en los campos socioeconómico, educacional y ciudadano; constituyendo así una sociedad marcada por la diferencia de clases, las que se definen a partir de estos principios y no del clásico factor de propiedad de medios de producción. La razón principal por la que la desigualdad es valorada negativamente es que destruye la solidaridad (principal valor de la sociedad chilena), es decir, la comunidad nacional. La desigualdad es vista también como un riesgo para la democracia (Garretón, 2000: 1).
La política social de Lagos El llamado más importante para tomar medidas, tanto en términos de pobreza como en desigualdad, llegó directamente a la campaña presidencial de Ricardo Lagos, quien comienza a trazar las primeras líneas discursivas incorporadas en su eslogan de campaña: ‘Crecer con igualdad’. Con este lema, Lagos situó la problemática como el principal eje estructurante de su discurso político, imprimiendo este énfasis en todas las líneas programáticas de su plan de gobierno. La idea de ‘Crecer con igualdad’ respondió en su momento a las demandas por mejorar la calidad de la democracia en el país23 y a los reclamos de la población por abordar acciones concretas para superar la pobreza, que desde entonces ya era percibida como uno de los problemas más importante de la sociedad chilena24 . De la misma forma, intentaba enfrentar un malestar observable en datos como los del informe del PNUD del año 2000 ‘Más Sociedad para Gobernar el Futuro’, y la encuesta Centro de Estudios Públicos (CEP) del mismo año, que mostraban que el desarrollo económico del país –considerado estancado– y la problemática de la desigualdad eran para los chilenos las principales preocupaciones que debían ser atendidas en la gestión del nuevo gobierno. Un dato importante de resaltar en este punto es que a pesar de que Chile ha sido un país dominado por un carácter polarizado respecto de las opciones políticas izquierdaderecha, estas dos demandas eran transversales a todos los segmentos sociales, 226
encontrándose en todos los estudios de opinión pública de los últimos años. Estas percepciones fueron constatadas en el año 2004 a partir de un diagnóstico de la situación de pobreza realizado por Mideplan (2004). En este se señalaba puntualmente que “existía un núcleo de pobreza dura que parecía refractaria a las políticas sociales” (Mideplan, 2004:24), lo que implicaba que existía un grupo de la población que constituía el sector más pobre del país, al cual no se había logrado llegar por medio de la intervención de la política social. Con base en lo anterior, quedó en evidencia que no eran suficientes las intervenciones pensadas solamente en términos de transferencias monetarias, sino que se necesitaba de una estrategia integral que lograra impactos en las distintas dimensiones que comprende la pobreza. Esta situación llevó a que el entonces presidente Lagos propusiera la institucionalización de una red de protección social compuesta por distintos servicios públicos, con el objetivo de: lograr un mejoramiento sustancial en el acceso de las personas extremadamente pobres a diversos programas sociales; esto significaba propender al logro progresivo del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas para satisfacer sus necesidades y requerimientos básicos y poder así superar las condiciones de vida en las que se encuentran (MIDEPLAN, 2003:18).
Es en este contexto que nació Chile Solidario, pensado “como sistema de protección social, diseñado por el gobierno de Lagos, que combinaba dos elementos centrales, asistencia y promoción, desde una perspectiva integradora para abordar la extrema pobreza” (MIDEPLAN, 2003:18). Esta política tendría la labor principal de incorporar a las personas en situación de pobreza a una extensa red de protección por parte de las instituciones del Estado, la que además daría paso a una conformación de derechos y a un acceso más equitativo a los beneficios del gobierno para avanzar en las condiciones de bienestar de la población. Chile Solidario tenía como finalidad establecer los pilares de la Protección Social en Chile y subsanar así las condiciones de desigualdad persistentes dentro de la sociedad, hecho que llegaba a atender directamente al discurso generado por la demanda de la población, mostrándose así sensible y receptivo. Pero esta política de Estado poseía un rasgo particular: fue creada bajo una lógica personalista que refleja en todos sus ejes temáticos la matriz política discursiva de Lagos. Sin ir más lejos, los puntos nodales25 de su discurso, la equidad social, igualdad de oportunidades y derechos, se convirtieron en conceptos reconocidos a cabalidad en todos los fundamentos normativos y en todos los documentos oficiales del MIDEPLAN, elaborados durante el período 2000-2006 (Maldonado, 2008). En términos normativos, esta política que asumió Lagos estuvo contenida en un marco ético político de la acción gubernamental que, debía expresarse en una oferta de servicios con perspectiva de derechos. Esto significaría implementar sistemas, mecanismos, medidas y acciones concretas que contribuyan a la concreción universal y permanente de este principio. Se ratificaría la noción de igualdad de oportunidades como el principio orientador general de la política en términos nominales, ofreciendo los fundamentos y pautas para el encuadre específico de la acción pública en el ámbito económico y social. Se asumía que la forma de dar concreción a ese principio era
227
postular la implementación y desarrollo de políticas y programas destinados a reducir las brechas que persisten en diversos campos y justifican una acción prioritaria de parte del Estado para hacer efectiva la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos (MIDEPLAN, 2004).
A la luz de lo antes dicho, se deja ver que la intuición política de Lagos conjugó muy bien ética con cálculo político, con un discurso expuesto siempre en términos éticos y ensalzando los valores e ideas fundamentales de igualdad, desarrollo, equiparamiento de las oportunidades y la idea de derechos sociales, categorías semánticas centrales de la identidad de los chilenos de este tiempo específico. Es interesante observar el intento de Lagos por deseconomizar la pobreza, para llevarla a otras dimensiones del discurso, privilegiando categorías simbólicas que tienen que ver con los temas de mayor sensibilidad para la sociedad; en esta línea vemos cómo Lagos logra posicionar el tema de la protección social de una manera sumamente hábil al construir una muralla con los significantes que esta categoría decía representar –equidad, igualdad de oportunidad, derechos–, enalteciéndolos mediante la intervención del Estado. Sin embargo, este discurso, que abrió en un comienzo nuevas expectativas en materia de desigualdad, contrastó con el aumento la misma durante este período presidencial. Este fenómeno fue producto de la prevalencia de una lógica asistencialista de la política social que desarticuló la organización, alentó la proliferación de redes clientelares e instrumentalizó la política social hacia la lógica de ‘ganar elecciones’ (Gómez Leyton, 2009: 68). Así, si bien este período presidencial representó una política de continuidad del modelo socioeconómico de los gobiernos de la Concertación, más allá de un discurso progresista no logró reformas importantes (Moulián, 2006: 4). Sin embargo, su estrategia discursiva implicó que en términos de legitimidad y apoyo esta gestión presidencial fuese tremendamente exitosa.
Bachelet y la protección social El discurso de Michelle Bachelet en materia de política social no difiere de manera sustantiva del de Lagos, ya que al lanzar su campaña presidencial al final del año 2005, el principal eje de su discurso político fue la protección social, en concordancia con lo planteado en materia de política social por su antecesor. Se constituye así una continuidad al elegir a la protección social como categoría estructurante, llenándola de significantes diversos. A esto le sumó el discurso de la demanda, y en particular la de los sectores medios y bajos de la población, que continuaban observando en la práctica la constante denegación de sus derechos. Desde el inicio de su gobierno, muchos albergaron en Bachelet la esperanza de cambios profundos al interior del sistema político, sobre todo considerando que provenía del ala más progresista del partido socialista y que contaba con el apoyo de los sectores más populares de la sociedad chilena. La desigualdad social, fue reconocida por ella misma como uno de los aspectos más importantes del trabajo de la coalición que representaba. 228
Una razón de ser de los gobiernos de la Concertación ha sido disminuir esa desigualdad. Hemos buscado corregir el modelo de crecimiento, humanizarlo y aminorar la incertidumbre que conlleva, procurando un mejor equilibrio entre expansión económica y equidad social (Bachelet, 2005:10).
Los puntos nodales que organizaron el discurso de Bachelet en torno a la política social fueron: la justicia, la equidad y la inclusión; todas ellas abordables mediante la fórmula de la protección social, y que constituyeron los ejes principales de las políticas de Estado desarrolladas a lo largo de su mandato presidencial. Esta construcción discursiva en torno a una otredad negativa –injusticia, desigualdad, exclusión social y política– evidentemente no había sido superada en el gobierno de Lagos; por lo tanto, se tornaba fundamental reincorporar modificaciones a su gestión política. Bachelet, un personaje carismático, con un discurso cercano a la gente y expuesto siempre en términos de su propia experiencia, representó un liderazgo absolutamente particular no solo por sus propias características personales, sino porque había padecido en carne propia la tortura y el exilio de la dictadura militar. Además, no pertenecía a la élite de la CPPD, por lo que su liderazgo fue construido desde el ejercicio de sus cargos públicos y su propia historia política. Esta experiencia la colocó a la cabeza de las encuestas de opinión mucho antes de que la propia CPPD la eligiera como la candidata de la coalición. Después de una intensa campaña electoral llegó a la presidencia en segunda vuelta a principios del 2006, hecho que sin duda le dio un aire de renovación a la desgastada coalición política que representaba. Estas características antes señaladas construyeron en el imaginario de la población una figura mucho más receptiva, genuina y consciente, características que se pueden observar de manera privilegiada en momentos de crisis, particularmente la económica del 2009, donde se implementó una serie de medidas asistenciales por medio de bonos dirigidos a las familias vulnerables. Estas acciones, a pesar de las duras críticas, no vulneraron la imagen de Bachelet, ya que siempre vinieron acompañadas de un discurso articulado en torno a valores y preocupaciones del sector más azotado por la crisis, generando un relativo consenso que ni siquiera la oposición se atrevió a romper. En la actualidad, la defensa férrea de Bachelet señala que de no haber existido una política social focalizada a los sectores más vulnerables, los efectos al final de la crisis económica habrían sido mucho peor de los que se presentan en la encuesta CASEN del 2009 (aumento de la pobreza en un 1,4 % en el período 2006-2009). Sin embargo, es interesante ver el avance que en términos efectivos se logró en cuanto a derechos sociales, políticos y económicos al final de su mandato; y si la categoría protección social logró su cometido. A juzgar por los indicadores, no hizo más que convertir el discurso de la igualdad en una categoría semántica que no logra visualizarse en la realidad. La protección social, como categoría estructurante, se intentó traspasar a gran parte de la población por medio de la incorporación de la noción de garantías básicas y universales, no importando el origen social (Álvarez y Fuentes, 2009: 62), sin duda un paso relevante en lo normativo de la igualdad, pero que en términos reales de derechos 229
no significó avances sustanciales. La política social de Bachelet en el concepto de protección social sin duda incorporó a sus significados aspectos mucho más amplios que la sola superación de la pobreza, aglutinando así otros elementos, tales como la reforma del sistema de pensiones y relativas a la infancia, así como también la ampliación de la reforma de Salud Auge26 , esta última ya implementada en el gobierno de Lagos. También se realizaron reformas que discursivamente abordaron aspectos mucho más amplios de la desigualdad social, ya que no solo se trataba de la mera transferencia económica para el consumo de bienes básicos, sino reformas que contribuían directamente a mejorar las condiciones de vida de grupos de la población por medio de reformas institucionales. En esta línea, la experiencia actual nos señala que más allá de estos cambios incrementales, estas reformas no lograron cambios sustanciales al no abordar dos problemas de fondo, la persistencia del modelo económico y la democracia que se desarrolla actualmente bajo su cobijo.
Conclusiones Luego de un breve recorrido por los aspectos más relevantes de la política social en la fundamentación de estas dos figuras políticas, se dejan ver muchas similitudes. Entre las más importantes encontramos al Estado como principal garante y precursor de la igualdad social, localizando sus categorías discursivas dentro del paradigma de la política social de tipo socialista, donde el valor predominante es la igualdad, y en el cual el actor relevante para su solución es lo público. No obstante, esta política sustentada en principios socialistas fue instrumentada bajo los designios del paradigma de política social de corte neoliberal, que contempló la focalización de las políticas sociales con un método de selección de los beneficiarios mediante la aplicación de una encuesta socioeconómica, utilizando el enfoque de riesgo para llegar a una estrategia de solución de las desigualdades basada en la creación de oportunidades (Onetto, 2001: 2). A lo anterior agrego otro factor importante de análisis, tanto Lagos como Bachelet pertenecen al mismo partido, hecho que tal vez nos llevaría a pensar en que no existen grandes diferencias a la hora de intervenir, sobre todo porque ambos mantuvieron las condiciones estructurales del pasado, no solo a nivel económico, sino también a nivel político. Sin perjuicio de lo anterior, considero que hay dos cosas relevantes que atender. En primer lugar, que hay diferencias importantes entre un período y otro que responden a escenarios contextuales completamente distintos. En el caso de Lagos, el giro en el enfoque de política social es una respuesta a una conflictividad social emergente, que se arrastraba de un descontento respecto de lo que la democracia en términos de desigualdad podía lograr lo que se había agravado posteriormente a la crisis económica. Y en el caso de Bachelet, su impronta va más por la búsqueda de la legitimidad para la coalición, que arrastraba un problemático desgaste luego de tres períodos presidenciales; por lo tanto, en términos discursivos era necesaria la renovación 230
de los líderes y del discurso. Tampoco hay que perder de vista que más allá de que ambos líderes compartieran el mismo nicho ideológico y por ende el mismo esquema de prácticas, hay rasgos personales en cada uno de ellos que hizo posible los cambios que se han descritos. En el caso de Lagos, la decisión de crear Chile Solidario no era absolutamente necesaria en vista de la capacidad del Estado y de sus instituciones que existían en tal período. Ahora, el cambio en la visión de trabajo e intervención que caracteriza al programa solo pudo llevarse a cabo en la medida que era impulsada por este líder que contaba con una plataforma de legitimidad basada en una historia política, y que intenta inaugurar una forma de gobierno en el ámbito de la política social, la que se expresa en la corroboración de los puntos nodales de sus discursos políticos, los que pueden ser encontrados a cabalidad en todos los documentos de política social del gobierno, durante su período presidencial. En el caso de Bachelet, parte de la renovación que necesitaba la coalición provenía de un personaje político que no pertenecía a la tradicional cúpula de poder de la coalición, y su figura precisamente logra dar un giro discursivo que visibiliza y pone en la agenda la estructura valorativa más sensible de la sociedad chilena. Sin embargo, más allá de este análisis, considero que la desigualdad social, lejos de agotarse en la política pública como fórmula de abordaje, es un campo que carga con la impronta de volver a abrirse a un espacio más amplio de discusión y de revisión de los paradigmas. Principalmente, porque si bien en los períodos de los gobiernos analizados existieron políticas de Estado tendientes a revertir la desigualdad en Chile, no se materializaron en acciones que la revirtieran efectivamente. Mucho menos lograron propiciar un espacio de participación política ciudadana que pudiera haber servido de plataforma a la democracia para superar este problema endémico. Este hecho puede tener una diversidad de interpretaciones. Una de ellas es la proliferación de una práctica demagógica y de la utilización política por parte de estos dos gobiernos de los conceptos y valores fundamentales de la sociedad chilena, sin que en la práctica exista una real intención por cambiar el estado de las cosas. Esta permanencia del statu quo, encubierto de un discurso democrático, escondió los candados institucionales y políticos que hacían irrealizable el deseo de avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria en democracia, cambiando la lucha social por la contienda en el campo de la rentabilidad política electoral. Moulián (2006) señala, sin dar mucho margen a cuestionamientos, que los gobiernos de la Concertación adoptaron como estrategia la continuidad neoliberal, condición que va mucho más allá de los proyectos personales de los respectivos gobiernos al elegir a este modelo como forma de desarrollo. En este contexto, la forma discursiva en que se abordó la desigualdad en los gobiernos democráticos, y en particular con los de Lagos y Bachelet, no fueron más que fundamentos normativos que no se materializaron en la acción del Estado, ya que operaron dentro de un marco institucional y económico que no permite romper el círculo de la desigualdad. Lamentablemente, hoy en día el valor de la igualdad es palpable para algunos sectores privilegiados de la sociedad, que siguen siendo los de antaño; condenando a los 231
grupos vulnerables a hacer meros clientes de los beneficios que el Estado otorga a través de políticas. Lo que en términos concretos existe es un tratamiento del problema de la desigualdad por medios económicos a pesar de existir un discurso que comprende otras dimensiones (sociales y políticas), y el problema de este abordaje no hace sino seguir reproduciendo lógicas asistenciales que en nada contribuyen al desarrollo político de la sociedad. Más bien lo que existe es una abordaje netamente técnico de la administración de los pobres y excluidos que no conduce a un fortalecimiento de la democracia. Los problemas que tiene hoy en día Chile no son solo económicos, sino también políticos, y las deudas pendientes con los sectores excluidos de la sociedad deben ser colocadas en esta dimensión. Para que esta no sea invisibilizada por el predominio de los análisis técnicos y económicos, cabe hacerse la pregunta de ¿en qué forma se contribuye por medio de la política pública a superar la desigualdad? o ¿qué tipo de modificaciones será necesario incluir tanto a nivel político como institucional para fortalecer la relación política pública-democracia? Por este medio, me parece importante incorporar a la intervención de la política pública dimensiones que promuevan la participación de la ciudadanía y que aspiren a la generación de un sentido colectivo que consolide una dinámica democrática. Lo anterior nos puede proporcionar elementos que ayuden al fortalecimiento de derechos políticos y sociales, tan necesarios para la construcción de una sociedad igualitaria. En este sentido, sí sería importante volver a la discusión sobre la pertinencia de que estas políticas públicas sigan siendo focalizadas, ya que esta característica sería un condicionante para que amplios sectores de la sociedad puedan desarrollar estos derechos. Ahora, este camino solo sería el indicado si es que el gobierno elige como herramienta la política pública para fortalecer la democracia. En estas circunstancias, en un futuro quizás los desafíos pasen por forjar una relación más estrecha entre política de Estado y régimen democrático, que contribuya a la elaboración de nuevos diseños de políticas públicas que contengan acciones concretas tendientes a crear una sociedad más igualitaria.
Bibliografía Adelantado, J. y Scherer, E. (2008). Desigualdad, democracia y políticas sociales focalizadas en América Latina. Estado, gobierno, gestión pública. Chile. Revista Chilena de Administración Pública, Chile, N° 11. Auyero, J. (2004). Política, dominación y desigualdad en la Argentina contemporánea. Un ensayo etnográfico. Nueva Sociedad, N° 193, 133-145. Álvarez, G. y Fuentes, C. (2009). Las promesas inconclusas de Bachelet, Metapolítica, México, N° 65, 58-63. Bachelet, M. Discursos de cuenta pública (2006-2009). ________ Programa de gobierno “Estoy contigo” (2006-2010). Bajtín, M. (1999). Estética de la creación verbal. Series en Lingüística y Teoría Litera 232
ria. México: Siglo XXI Editores. Burchardt, H. (2008). Desigualdad y democracia. Nueva Sociedad, N° 215, 80-94. Castells, M. (2005). Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mun dial. Santiago: Fondo de Cultura Económica. Cohen, R. y Franco, R. (2006). Transferencias con corresponsabilidad: una mirada Latinoamericana. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2003). Análisis de resultados del programa Puente Chile Solidario 2002. Informe Final. Chile: División de Desarrollo Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009). Compendio estadístico 2009 de América Latina y el Caribe. Recuperado de http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2009/esp/default.asp. Centro de Estudios Públicos (CEP) (2006-2009). Encuestas CEP / Proyecto de Opinión Pública, Chile. Recuperado de www.cepchile.cl. Chatterjee, P. (2008). La nación en tiempo heterogéneo. Y otros estudios subalternos. Argentina: Siglo XXI Editores/Clacso. Derrida, J. (1997). Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad. Madrid: Editorial Tecnos. Lacan, J. (2006). El seminario de Jacques Lacan, Libro 3: Las psicosis 1955-1956. Argentina: Editorial Paidós. FOSIS, Gobierno de Chile (2005). Superar la pobreza, gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar. Experiencia de Gestión FOSIS 2000 - 2005, Chile. Foucault, M. (1999). Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, III. España: Editorial Paidós. ________ (2006). Seguridad, territorio y población. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Garretón, M. y Cumsille, G. (2000). Las percepciones de la desigualdad en Chile. Chile: Universidad de Chile. Godoy Arcaya, O. (1999). La transición chilena a la democracia: pactada. Estudios Públicos, Chile, N° 74. Gómez Leyton, J. (2009). Bachelet, la izquierda neoliberal de Chile. Metapolítica, México, N° 65, 64-70. Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Londres: Verso. Lagos, R. Discursos de cuenta pública (2000-2005). Latinobarómetro 1996–2009. Encuestas de Opinión Pública. Recuperado de http://www.latinobarometro.org/. Lechner, N. (1981) (mimeo). Acerca de la razón de Estado. Facultad Latinoamericana 233
de Ciencias Sociales, México. ________ (2000). Estado y política en América Latina. México: Siglo XXI Editores. Maldonado, C. (2008). Discursos y política social durante el gobierno de Ricardo Lagos: el caso de Chile Solidario (2002 -2006). Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. MIDEPLAN (2004). Conceptos fundamentales Sistema de Protección Social Chile Solidario. Recuperado de www.mideplan.cl/publico/centrodoc.php. Mouffe, Ch. (1999). El retorno de lo político. España: Editorial Paidós. Moulián, T. (2006). El gobierno de Michelle Bachelet: las perspectivas de cambio. Observatorio Social de América Latina (OSAL), año VI, N° 19, 131-135. Argentina. Natanson, J. (2008). La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Argentina: Editorial Sudamericana. Oneto, L. (2001). Los discursos sobre la pobreza en Chile: análisis de sus paradigmas. Revista Proposiciones, N° 34, Chile. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000). Desarrollo Humano en Chile: Más Sociedad para Gobernar el Futuro. Recuperado de http://www. desarrollohumano.cl/blanco.htm. _______ (2010). Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Recuperado de http://www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org/site/ informe.php. Posner. P. (2006). Development and collective action in Chile’s neoliberal democracy. En D. Davis y J. Go (Eds.), Political Power and Social Theory. Emerald Group Publishing Limited, pp.85-129. Santiso, J. (2006). La economía política de lo posible en América Latina. EUA, Banco Interamericano de Desarrollo. Sigal, S. y Verón, E. (2003). Perón o muerte, los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Argentina: Editorial Universitaria. Tilly, C. (1998). Durable Inequality. EUA, University of California Press. Vega, O. (2006). La paradoja de la política social y el Programa Puente: Superación de la extrema pobreza o inclusión/exclusión social. Revista Mad, N° 15. Chile. Departamento de Antropología-Universidad de Chile. Van Dijk, T. (1993). Texto y Contexto: Semántica y Pragmática del Discurso. México: Editorial Rei.
7
Tanto Lagos como Bachelet pertenecen al Partido Socialista de Chile, el cual es parte de la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición de centroizquierda que gobernó Chile desde 1990 y hasta inicios del 2010 se encuentra compuesta además por el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y la Democracia Cristiana (DC).
234
8
Esta afirmación se ubica dentro la relación objeto y discurso, desarrollada por Sigal y Verón en la investigación sobre el Peronismo en Argentina, y la comprensión de este fenómeno político a través del análisis del discurso de su principal protagonista. En este contexto, la propuesta teórica de ambos autores señala que “como todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales. El único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales”. Así, “el análisis del discurso es indispensable porque si no se consiguen identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no sabremos tampoco lo que los hacen” (Sigal y Verón, 2003: 2). 9
Entendida como la acción deliberada que intenta establecer un nuevo orden social, “donde la decisión política ya no representa un acto de autoridad que solicita obediencia, sino un acuerdo negociado, basado en beneficios mutuos” (Lechner, 2000). 10
Chile Solidario es representante del grupo de políticas de última generación, como parte de los programas de trasferencias condicionadas, donde cambia el enfoque de la política de oferta de bienes y servicios del Estado a otra donde el Estado proporciona una cantidad de dinero para que la familia pueda disponer y elegir entre una oferta determinada mediante un proceso de retroalimentación entre los servicios del Estado (educación, salud, vivienda, entre otros). 11
Disponible en: www.previsionsocial.gob.cl.
12
Concertación de Partidos Por la Democracia fue la alianza política que se creó con el retorno a la democracia en el año 1989. Dicha coalición está formada por el artido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido Por la Democracia y la Democracia Cristiana, alianza que gobernó Chile hasta el término del mandato de Michelle Bachelet en marzo de 2010. 13
El ‘exterior constitutivo’ indica que la condición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia. La determinación de un ’otro’ que le servirá de ‘exterior’ permite comprender la permanencia del antagonismo y sus condiciones de emergencia. Lo que en el dominio de las identificaciones colectivas, en que se trata de la creación de un ‘nosotros’ por la delimitación de un ‘ellos’ (Mouffe, 1999). 14
La pobreza en el país disminuyó casi un 30% en términos comparativos entre los años 1989 2009.
15
Argumento que se sustenta en la idea de que la escasa calidad de las democracias latinoamericanas y sus instituciones políticas reproducen la desigualdad por medio de la permanencia de sus élites, el escaso desarrollo de la noción de ciudadanía, la permanencia de poderes fácticos y las prácticas clientelares y de cooptación (Adelantado y Scherer, 2008: 120-121). 16
Una aproximación teórica interesante en cuanto a la constitución de los grupos sociales en objetos de política pública es la que realiza Chatterjee (2008), con base en un estudio de casos desarrollado en colonias de los suburbios de Calcula, en la India. En esta investigación, el autor identifica lo crucial que resulta la forzada reinvención de una identidad colectiva por parte de los grupos vulnerables, identidad que dotan de un carácter moral para poder convertirse en una categoría empírica funcional que es fundamental para definir e implementar políticas públicas. Este reconocimiento es identificado por el autor como la base para la construcción de la Gubernamentalidad (Foucault, 1999: 2006). 17
Anteriormente, Lagos utilizó este modelo pero para el caso específico de Derechos Humanos a través de las mesas de diálogo. 18
Solo el 14% de los encuestados señala que la distribución de la riqueza en Chile es justa. También es importante el dato que señala que solo el 21% de los encuestados dice que la democracia garantiza la justa distribución de la riqueza. Por último, solo el 35% de los encuestados señala que se gobierna para el bien de todos, en beneficio de los grupos más poderosos (Latinobarómetro, 2009). 19
La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de octubre de 2009 señala que solo el 26% de los chilenos considera que su democracia –entendida en términos de derechos e instituciones– funciona bien. 20
En la misma encuesta Latinobarómetro del 2009, solo el 46% de los encuestados señala que la democracia permite solucionar los problemas de país.
235
21
Esta afirmación dentro del dilema teórico planteado por Derrida (1997) y su señalamiento a la imposibilidad de analizar lo normativo en una relación de exterioridad con el contexto en el que se desarrolla. 22
FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) que nace en el año 1990 con la misión de “financiar todo o, en parte, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social” (artículo 7 de la Ley 18.989 del 19 de julio de 1990). 23
Así lo señalan los datos del Latinobarómetro del año 2000, donde un 46,3% de la población manifestaba encontrarse insatisfecha con la democracia, lo que sumado al 15% de los entrevistados que declaraba encontrarse nada satisfecha, nos da una cifra superior al 60% de insatisfacción con la democracia. 24
Así lo demuestran los datos del Latinobarómetro del año 1997-2000 y las estadísticas del Centro de Estudios Públicos en las mismas fecha señaladas. 25
Concepto desarrollado originalmente como ‘punto de almohadillo’ por Lacan, definido por las categorías semánticas que forman la estructura central y que organizan el discurso. 26
El Plan Auge (Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas) es un instrumento para promover la equidad y materializar los objetivos sanitarios y de protección social en salud (MINSAL).
236
Medidas contra la violencia: una forma de legitimación de la desigualdad social en El Salvador Melissa Salgado
Introducción El presente artículo tiene como objetivo demostrar que los planes de seguridad pública implementados en El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) entre los años 2003 y 2009, durante los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, operaron como mecanismos de legitimación de la desigualdad social. La violencia en El Salvador es un fenómeno con muchas manifestaciones. En su rostro más directo y visible se evidencia por la inclusión de la nación centroamericana en las listas de los países del mundo con mayores tasas de homicidios y la proliferación sin precedentes de las ‘maras’ o pandillas juveniles. Hoy por hoy, es cada vez más notorio que la violencia se trata de un problema social de tal envergadura que abarca a la mayoría de los sectores sociales, cuyos indicativos se encuentran en los casos de corrupción pública, desfalcos millonarios de financieras, extorsiones, crimen organizado, criminalidad de cuello blanco, impunidad, intolerancia, la amnistía de los crímenes cometidos en la guerra civil, corrupción, violencia intrafamiliar, entre otros. Sin embargo, en los últimos años, el Estado salvadoreño se ha caracterizado por arremeter en sus planes de seguridad pública exclusivamente al problema de la violencia de las pandillas o ‘maras’, sugiriendo que la eliminación de estas será la solución a la situación de violencia que aqueja al país. En este sentido, la pregunta que guía la investigación es ¿por qué el Estado salvadoreño persiste en identificar únicamente a las ‘maras’ como causantes de violencia, obviando los demás factores que también inciden de forma directa en la situación de inseguridad?
Economista, académica del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA El Salvador. Correo electrónico: [email protected].
Para llevar a cabo el presente artículo se plantean cuatro apartados. El primero expone las principales consideraciones teóricas. El segundo pretende dar un esbozo de la historia contemporánea del país, donde se cimientan los antecedentes de la interacción entre la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. El tercer apartado, enfocado en el período de posguerra, se centra en la continuidad de la triangulación de la violencia directa-estructural-cultural, especificada en el modelo económico actual y en lo restrictivo de los canales de distribución, la impunidad provista por la ley de amnistía absoluta y la nueva forma de legitimación de la clase dominante. 237
En el cuarto apartado se argumenta la concepción de los planes de seguridad pública aplicados en El Salvador como mecanismo de legitimación de la desigualdad social. Por último, se presentan las principales conclusiones.
Consideraciones teóricas Para el análisis del presente artículo es necesario contextualizar lo que se entiende por violencia. Pero antes, es preciso destacar la enorme complejidad en torno a esta definición, no solo por la forma de abordarla que tiene cada una de las ciencias sociales, sino por las múltiples categorizaciones que la violencia posee. Ahora bien, sin el afán de obviar el debate en perspectiva sobre la concepción de la violencia, para los fines del presente trabajo que analiza a El Salvador se utilizarán tres categorías de violencia: violencia estructural, violencia cultural y violencia directa. El criterio por el cual se hace alusión a estas categorías y no a otras es porque se les considera persistentes a lo largo de los distintos conflictos sociales de la historia reciente de El Salvador. Por violencia estructural, se entiende “[…] el resultado de un conflicto entre dos o más partes [haciendo referencia a las clases sociales involucradas] en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás” (La Parra y Tortosa, 2003: 63). No obstante, en dicha definición se debe enfatizar la premisa de la organización social, de un ordenamiento desigual mediante una legislación que ampara los mecanismos de distribución social de la riqueza y establece una fuerza coactiva para hacerlos respetar, por lo que el uso de la violencia es legítima siempre y cuando garantice el mantenimiento de los cánones del orden social establecido (Baró, 2003: 121). La violencia cultural comprende al patrón de dependencia en el uso de la violencia como mecanismo de resolución de cualquier conflicto. Con este, la violencia se normaliza, se hace propia de la sociedad: “la creación de sistemas de valores y normas sociales que legitiman y privilegian el uso de la violencia en cualquier ámbito por sobre otras formas de comportamiento social […] se llama la cultura de la violencia”. (Cruz, 1997: 23). La violencia directa es utilizada aquí como sinónimo de agresión, ‘aquella acción mediante la cual se pretende causar daño a otra persona’ (Baró, 2003: 75). Se trata pues de tres categorías sobre la violencia ubicadas en tres niveles de análisis distintos: el primero se ubica en el orden social establecido; el segundo, en las normas sociales de convivencia, y el tercero hace alusión a la fuerza como tal.
Violencia y desigualdad en la historia contemporánea de El Salvador Un buen punto de partida para explicar la triangulación o coexistencia de violencia 238
directa, violencia cultural y violencia estructural en El Salvador se centra en el proceso de acumulación originaria del capital, llevado a cabo a través del cultivo del café a finales del siglo XIX y principios del XX. La importancia de este punto de partida se concentra en tres aspectos principalmente: el primero, la implementación del modo de producción capitalista como sistema de organización social dominante; el segundo, la legitimidad en el uso de la violencia para garantizar tanto los intereses políticos, económicos y sociales de la clase dominante, y con ello la identificación de ‘enemigo’ en todo tipo de oposición al orden social, y el tercero, el inicio del proceso de institucionalización y consolidación de uno de los principales problemas estructurales del país: la enorme desigualdad en la distribución de los recursos. Durante este proceso de acumulación originaria de capital, la producción a gran escala del café impulsó a que una élite del sector poblacional asumiera el control de al menos el 40% de la superficie total del país, mientras miles de pequeños agricultores fueron desplazados de las tierras que habían cultivado durante años (Acevedo, 1999: 42). Alrededor del proceso de expansión del café se delinearon los trazos generales del sistema económico, se anudaron los rasgos de sus relaciones fundamentales y se modificaron las formas de propiedad y estructura de la tenencia de la tierra; además, las formas de explotación agrícola y el carácter del empleo adquirieron los elementos centrales de su configuración alrededor del cultivo cafetalero (Gordon, 1989:17). En este sentido, la gran propiedad cafetalera explica, en parte, la importancia social, política y económica que han conservado los sectores agrarios en el país, sin que estos hayan propuesto un proyecto político y social en torno al cual se hayan establecido alianzas con otros sectores de la sociedad salvadoreña, marcando de esta manera la historia contemporánea de la desigualdad en la distribución de ingresos que ha caracterizado al país en el siglo veinte (Gordon, 1989:29). Llegados los años treinta, El Salvador no se libró de los efectos de la gran crisis del sistema capitalista mundial. La caída del precio internacional del café, la recesión de los Estados Unidos y su disminución en el nivel de importaciones del producto, la caída de la producción cafetalera y su impacto en la disminución del empleo, menores ingresos estatales, entre otros aspectos, fueron algunas de las consecuencias de la crisis. También implicó el incremento del cultivo del café a gran escala y el fortalecimiento de latifundios. Dichos aspectos, determinantes en la estructura productiva de la época, reforzaron las demandas de la población en el campo, lo que impulsó, en 1932, un levantamiento indígena-campesino con miras a reivindicar zonas de cultivo. Como método de resolución de este conflicto, el Estado salvadoreño optó por la represión, desencadenando una masacre sin precedentes en la historia del país, cuyo número de víctimas mortales oscila, según las diversas fuentes, entre 10.000 y 30.000 vidas. Este suceso histórico, conocido como ‘la masacre del 32’, representó el inicio de una dictadura militar que marcaría los siguientes 44 años de historia política en El Salvador (Lungo, 2008: 45). En este sentido, la consolidación del nuevo panorama político se desarrolla alrededor 239
de una élite agraria cafetalera respaldada por la dictadura militar. Aunque esta simbiosis tuvo sus reveses ocasionales, según lo reflejan los múltiples golpes de Estado y fraudes electorales, la situación de privilegio de estos grupos no cambió sustancialmente en las últimas décadas. Así, desde el establecimiento de la dictadura militar en El Salvador, la represión estatal siempre representó el mecanismo de resolución de conflictos contra todo lo relacionado con manifestaciones de oposición, descontento social, exigencias de mejoras de condiciones de vida y de derechos humanos. Posteriormente, durante los años cincuenta, se inició un proceso de industrialización con el propósito de sustituir las importaciones con productos nacionales. Este modelo de industrialización orientado a la sustitución de importaciones –el modelo productivo ISI–, adoptó una política intensamente proteccionista, con exenciones fiscales y aplicación discrecional de aranceles, así como inversiones cuantiosas en obras de infraestructura para reducir los gastos del sector industrial. A pesar de estos incentivos al proceso de industrialización, en las primeras etapas del desarrollo industrial surgió un obstáculo vital: las grandes limitaciones al crecimiento del mercado nacional interno impuestas por la distribución desigual de los ingresos y la estructura salarial asociada al modelo de agroexportación, resultado de las cuales la mayor parte de la población carecía del poder adquisitivo necesario para generar una demanda suficiente de productos industriales (Acevedo, 1999: 48). Dicho problema se resolvió en un primer momento con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). En este sentido, el modelo productivo ISI, ante la incapacidad de realización en el mercado doméstico, no logró paliar directamente los problemas de distribución de ingreso, sino que terminó por reproducir, en los núcleos urbanos, las desigualdades que prevalecían en las zonas rurales (Acevedo, 1999: 50). Este período coincidió con la crisis petrolera de los años setenta y se caracterizó por un enorme desgaste de la legitimidad del sistema político, que, en su afán de persistir en el poder, irrumpe en las primeras elecciones presidenciales, llevadas a cabo en 1972, en donde se presentó una coalición oficial de partidos de oposición, llamado Unión Nacional Opositora (UNO), hecho que marcaría la tendencia hacia el conflicto armado. Otro aspecto importante de este período del modelo productivo ISI es la consolidación de una clase media urbana asociada a la industrialización, que, ante la ilegitimidad del sistema político militar, iba incrementando la radicalización de su postura política. Como respuesta a este panorama, el Estado respondió criminalizando la protesta a través de la Ley de Protección y Garantía del Orden Público (Acevedo, 1999: 53). Así, el deterioro creciente de los canales e instrumentos de negociación del Estado, la progresiva erosión de los mecanismos de control de los sectores subordinados y la pérdida de fuerza de las posiciones centristas desembocaron en la formación de un vasto movimiento popular opositor: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el que entre los años 1979-1980 alcanza un alto nivel de convocatoria y organización (Gordon, 1989: 13). 240
Como consecuencia de la radicalización política de varios sectores sociales y la represión institucionalizada del Estado, se inicia la guerra civil en El Salvador, que marcaría los siguientes 12 años de historia del país. “La ofensiva militar lanzada por el FMLN el 10 de enero de 1981 marcó el comienzo oficial del conflicto armado. […] Sin embargo, era simplemente la culminación de las grandes presiones socioeconómicas y políticas que se venían acumulando desde hacía varias décadas en la sociedad salvadoreña y que los sucesivos gobiernos militares fueron incapaces de disipar” (Acevedo 1989: 53). Es así como durante la década de los ochenta la economía salvadoreña se vio inmersa en la crisis social, política y económica más profunda de su historia. A las consecuencias del conflicto armado como tal, que cobró la vida de más de 75.000 personas, provocó la destrucción de obras de infraestructura valoradas en millones de dólares y redujo significativamente la inversión, se le sumaba la crisis económica mundial reconocida como ‘la década perdida’, dando así un impulso externo a la situación tan adversa que vivía el país. Con lo expresado anteriormente se concluye en términos generales que la historia contemporánea de El Salvador hasta los inicios del conflicto armado está caracterizada, en primer lugar, por una distribución de los recursos muy estrecha, por lo que el orden social de forma inherente legitima la asignación desigual de los recursos entre la población; en segundo lugar, por canales de negociación, diálogo y debate público cerrados; en tercer lugar, por la figura del ‘enemigo’ (comunismo, guerrilla) como identitario de cualquier expresión de oposición a los establecimientos económicos, políticos y sociales de la clase dominante, y, por último, por la institucionalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflicto.
Período de posguerra Del periodo de posguerra se retomarán tres particularidades: primero, la implementación del modelo económico basado en la liberalización económica, es decir, la puesta en marcha del modelo económico neoliberal; segundo, la impunidad provista por la ley de amnistía absoluta realizada en 1993, luego de los Acuerdos de Paz, y, tercero, la ‘nueva’ forma de legitimación de las élites en el marco político de la democracia.
El modelo de desarrollo económico implementado “La estructura económica del país [El Salvador] de no sufrir cambios fundamentales mantendrá el actual clima de inseguridad, frustración, ira e impotencia y probablemente de confrontación…” (López Vallecillos, 1976: 30). 241
El Salvador, luego de un proceso de industrialización truncado y una guerra civil, no contaba con las condiciones para un tipo de modelo productivo cuyo patrón de crecimiento y desarrollo económico estuviera cimentado en la liberalización de la economía, dado los requerimientos de alta competitividad nacional27 que implica la dinámica del comercio exterior. No obstante, con la llegada al poder del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en 1989, y la firma de los acuerdos de paz, en 1992, se abrió paso al nuevo modelo de desarrollo económico a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y los Programas de Estabilización Económica (PEE), los cuales no reconocían los problemas estructurales –políticos, sociales, económicos e institucionales– propios y el contexto de guerra civil por los que cruzaba la nación. A su vez, ignoraba las posibles presiones adversas del comercio internacional en materia de distribución del ingreso en la sociedad salvadoreña, dada su posición en la división internacional del trabajo. De acuerdo con Alexander Segovia: Aunque El Salvador tiene problemas estructurales similares a los de muchos otros países con un grado de desarrollo similar, hay una diferencia importante en una transición posbélica: el país debe llevar a cabo un proceso de estabilización y reforma económica al mismo tiempo que intenta la doble transición de la guerra a la paz y de un régimen autoritario a un sistema democrático (Segovia, 1999: 75).
Es por ello que dadas las condiciones y el contexto en el que se encontraba El Salvador, es cuestionable el apresuramiento con el que se aplicó el modelo económico con base en la liberalización económica. Los impactos que se pueden visualizar de la estrechez de los canales de distribución en la estructura económica formal salvadoreña se detallan en el mercado laboral28 , tal como se presenta en la gráfica siguiente: GRÁFICO N° 1 POBLACIÓN OCUPADA Y COTIZANTE
Fuente: elaboración propia con base en Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y planilla mensual de cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
242
De acuerdo con la gráfica 1, el nivel de ocupación con respecto a la PEA a lo largo del período analizado es cercano, en promedio, al 90%. Esto indica que el desempleo abierto no representa un problema en el mercado laboral salvadoreño. Sin embargo, el número de trabajadores categorizados en el sector formal en rigor, medido por el acceso a seguridad social, apenas representa un poco más del 20% de los ocupados para el año 2006. Este hecho apunta a que el mercado laboral del país se encuentra inmerso en el subempleo o en actividades laborales de poca productividad, baja remuneración, sin horarios fijos de trabajo, sin vacaciones, sin prestaciones sociales, sin sistema de pensión, sin licencia de maternidad, entre otros (Salgado, 2009: 37). En términos de distribución salarial en el mercado laboral formal, el modelo económico ha mantenido la estructura de inequidad en su repartición. En este punto se resalta que los salarios mínimos reales29 han erosionado en forma drástica su capacidad de compra y no se recuperan a los niveles que se registraban a finales de los años ochenta (Salgado, 2009). GRÁFICO N° 2 SALARIOS MÍNIMOS REALES Y PRODUCTIVIDAD
Fuente: elaboración propia basada en datos de la CEPALSTAT.
Volviendo entonces al problema original, los canales de distribución del ingreso no se ampliaron en el marco de este nuevo modelo económico y de período de paz (ver cuadro N° 1). CUADRO N° 1 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECIL
243
Fuente: CEPALSTAT.
En este sentido, la falta de garantía de condiciones para la supervivencia de la mayor parte de la población salvadoreña se convierte en un aspecto que persiste a lo largo de las distintas expresiones de conflicto social en la historia reciente del país. Esto sugiere que existen componentes inherentes a la forma como se ha organizado social y económicamente la sociedad salvadoreña, que se manifiestan en violencia.
La ley de amnistía general para la consolidación de la ‘paz’ Si bien la firma de los acuerdos de paz, realizados el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México DF, representó el gran momento de reconciliación entre las partes involucradas en el conflicto armado, este proceso se vio interrumpido por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. El día 15 de marzo de 1993, la Comisión de la verdad30 publicó el informe titulado: “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, en donde se especificaban algunos de los crímenes de guerra cometidos en el conflicto. No obstante, para el día 20 de marzo del mismo año se emitió el decreto N° 486, o “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, que se constituyó en ley de la República el día 22 de marzo. Vigente esta ley, nunca se llevó a cabo investigación alguna sobre los crímenes de guerra en general, así como los crímenes de lesa humanidad (entre estos últimos, el asesinato de monseñor Arnulfo Romero, en 1980, y los seis sacerdotes jesuitas, en 1989), a pesar de los detalles sobre los responsables que recabó y publicó el informe de la Comisión de la verdad. La ley de amnistía presupone su vital importancia para la reconciliación nacional y el restablecimiento de las condiciones para la consolidación de la paz en El Salvador al otorgar la amnistía absoluta e incondicional a todas aquellas personas y cómplices involucrados en crímenes que no sobrepasaran a las veinte víctimas, a pesar de haberse iniciado o no una sentencia judicial (Decreto 486, 1993: inciso IV). No obstante, el alcance y envergadura de dicha ley ha sido de tal magnitud que ha tenido como resultado la legitimación de la impunidad, permeando de esta manera el imaginario colectivo de la población de ’que cualquier acto no tiene consecuencias’. En 244
este sentido, una de las principales características del período de la posguerra es la impunidad. De esta forma, las estructuras de la violencia y del autoritarismo persisten en la sociedad salvadoreña, ahora en el marco de la democracia: “el autoritarismo continúa, pero con apariencia democrática y civil, y se vale de las estructuras, elementos y hábitos para imponer sus disposiciones, acordes con sus intereses políticos y económicos” (Martínez Peñate, 1996: 49). El ‘nuevo’ establishment “La cuestión es que la fuerza y los incentivos materiales como métodos de fomentar la obediencia y el statu quo tienen limitaciones insalvables […] los medios más eficaces para hacerlo implican convencer de algún modo a los que no pertenecen a la élite que la desigualdad es moralmente buena” (Kerbo, 1998: 219). Con el fin de la guerra civil, la clase dominante tuvo una profunda transformación tanto en el plano económico como en el político. En cuanto a lo económico, pasó de ser un sector terrateniente/industrial enfocado en la producción, a un sector principalmente financiero/distribuidor de importaciones, enfocado en la esfera de la circulación (Lungo, 2008). En cuanto a lo político, una vez establecida la democracia como rectora del sistema político, la élite abandona su alianza con la milicia y se ampara en el partido político ARENA. En este contexto, la élite también transfigura su forma de legitimarse, retomando principios ’liberales’ tales como la libertad de acción individual e igualdad de oportunidades para todos. De esta manera es como justifica su posición social con respecto al resto. Por su parte, el discurso de los veinte años de gobierno de ARENA (1989-2009) sugiere que, en situación de igualdad de oportunidades, las desigualdades resultantes son consecuencia de la acción individual debido a la falta de aprovechamiento. Se entiende, pues, que el acceso a los recursos es una cuestión de ‘mérito’ (Kerbo, 1998; Turim, 1975). Es así como el ‘nuevo’ establishment está orientado de acuerdo a lo que establece Melvin M. Tumim, que “la desigualdad de situación es legítima y conveniente en tanto haya habido igualdad de oportunidades para hacerse desigualdad” (Tumin, 1974:14). Ahora bien, la consecuencia de mantener este discurso radica en que las personas que ‘no aprovechan las oportunidades’, que no logran cumplir o realizar contribuciones ‘útiles’ para la vida de los demás, empiezan a ser marginadas y excluidas por el resto. Inicia también un proceso de insensibilización por su situación particular, porque se lo ‘merecen’ (Bauman, 1998). A su vez, este sector poblacional excluido y marginado se convierte en referente de lo 245
indeseable y de lo desagradable. Se concibe que la sociedad en su conjunto estaría mejor sin ellos, “puesto que son inútiles, los peligros que acarrean dominan la percepción que de ellos se tiene [que] van desde la violencia abierta, el asesinato […] hasta la molestia y vergüenza que produce el panorama de la miseria humana…” (Bauman, 1998: 104). De esta manera, el temor hacia este sector poblacional excluido permea el imaginario colectivo, “la clase excluida es temida, pues se trata del enemigo en casa” (Bauman, 1998:113). En este sentido, de acuerdo a Zygmunt Bauman, la pobreza –la gran consecuencia social de la desigualdad en la distribución de los ingresos– deja de ser un tema de política social para convertirse en un asunto de justicia penal y criminal: “la pobreza es, ante todo, y quizás únicamente, una cuestión de ley y de orden que se debería combatir del mismo modo que se combate cualquier otro tipo de delito” (Bauman, 1998: 144). Es precisamente en este traspaso de la exclusión social de un problema social a uno delincuencial en que se ubican los planes de seguridad pública implementados en El Salvador, conocidos como el ‘Plan Mano Dura’ y ‘Plan Súper Mano Dura’.
Planes de Seguridad Pública “Al convertirse en criminales –reales o posibles–, los pobres dejan de ser un problema ético y nos liberan de aquella responsabilidad. Ya no hay obligación de defenderlos contra la crueldad de su destino…” (Bauman, 1998: 120). En una primera aproximación, irónicamente, es en el período de ‘paz’ donde se ubica el mayor registro de violencia –medido en las distintas expresiones31 – en El Salvador, hecho que lo ha llevado a ser catalogado como uno de los países más violentos de Latinoamérica. De acuerdo al informe 2009-2010 “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, pertenecen a la región de países sin conflicto armado más violenta del mundo. Sin embargo, esta enorme ola de violencia se explica por la interacción persistente de violencia directa-estructural-cultural, por lo que, sin lugar a dudas, el fenómeno de la violencia salvadoreña se trata de una problemática multicausal. Empero, es a partir de la implementación de los planes de seguridad pública con el ‘Plan Mano Dura’, en el 2003, que la violencia empieza a identificarse con la delincuencia, especialmente con las pandillas, que fueron consideradas como las principales responsables de la situación de inseguridad que atraviesa El Salvador32 .
246
247
248
249
Fuente: tomado de Díaz Gallegos et al., 2009: 30.
Sin el afán de reducir la violencia únicamente a los asesinatos, se reconoceque se trata del indicador más execrable de violencia que tiene un país. Las causas de homicidios que registra el Instituto de Medicina Legal (IML) se presentan en el siguiente gráfico. GRÁFICO N° 3 CAUSA DE HOMICIDIOS DE ACUERDO AL IML
Fuente: elaboración propia con base en Defunciones por homicidios en El Salvador. Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Unidad de Estadísticas 33 .
Entre las tres causas de homicidios que se presentan en la gráfica 3, el desconocimiento del móvil, la delincuencia común y las maras, representan en promedio el 93,86%. No obstante, las maras como causa de muerte se mantienen en último lugar, con un promedio de 8,06%, a pesar de que los planes de seguridad aseguren lo contrario. No obstante, una vez implementado el Plan Mano Dura, el impacto más inmediato fue el repunte de los homicidios en El Salvador (ver gráfica 4) que se da a partir del año 2004, año que presentó una tasa de crecimiento de 22,8% con respecto al año anterior y una tasa de homicidios que se posicionó en 51,1 por cien mil habitantes. Desde ese año se registran entre 8 y 12 homicidios diarios. Asimismo, se resalta que el año 2009 se ubica como el más violento registrado en décadas, con una tasa de homicidio de 70,4. Es preciso resaltar que el crecimiento acelerado de los homicidios coincide exactamente con la aplicación de los planes de seguridad pública. GRÁFICO N° 4 HOMICIDIOS
250
TASA DE HOMICIDIOS POR CIEN MIL HABITANTES
Fuente: elaboración propia, tomada la información de Díaz Gallegos et al., 2009: 33. Nota: para el cálculo de la tasa de homicidios, la población entre 1999 a 2006 se basa en el censo poblacional de 1992; para el resto del período se utilizó el censo poblacional del año 2007. Cálculo propio para el año 2009.
Ahora bien, ¿por qué fracasaron dichos planes? Entre otros factores, uno de los puntos clave que ayudan a responder la pregunta se encuentra en la concepción de la violencia de la cual partieron estas políticas. Por un lado, los planes Mano Dura y Súper Mano Dura identificaron la violencia con delincuencia y, con ello, con ‘las maras’ exclusivamente, dejando de lado otros móviles de violencia, como el crimen organizado, la narcoactividad, la corrupción, el problema de la impunidad, entre otros. Y, por otro lado, las estructuras generadoras de violencia se han mantenido en un modelo económico excluyente, la primacía de la impunidad y la estandarización del uso de la violencia como el mecanismo por excelencia de resolución de conflicto34 . De esta manera, los planes de seguridad fomentaron la identificación de la violencia con la clase social más pobre, específicamente con los jóvenes hombres de escasos recursos, con bajos niveles de educación, ubicados en zonas urbanas marginales, entre otros aspectos. Con ello, el peso de la ‘seguridad pública’ recae en una parte del sector poblacional que no logra ser incluido y absorbido por la estructura de organización social 251
salvadoreña.
Conclusiones Una característica que persiste en la estructura económica salvadoreña es la inequidad en la distribución del ingreso. Esto equivale a decir que la estructura económica, tal cual se ha desarrollado en sus distintos modelos (agroexportador, Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y liberalización comercial), no logra canalizar y garantizar la reproducción social, por lo que se transforma en un punto reiterativo en todos los conflictos sociales que se han desencadenado en la historia contemporánea de El Salvador y confirma las condiciones necesarias para el desarrollo de la violencia estructural. Sin lugar a dudas, la historia contemporánea tiene muchos elementos que nos ayudan a explicar la situación de violencia actual. Los puntos más certeros son: la masacre del 32, la prevalencia de dictaduras militares por casi medio siglo XX y la desembocadura del conflicto político en la guerra civil. Estos hechos marcan a la sociedad salvadoreña en los patrones de dependencia de resolución de conflicto haciendo uso de la violencia para cualquiera que sea el objetivo. Los acuerdos de paz, el gran momento de reconciliación que pudo haber sostenido la sociedad en su conjunto con las autoridades estatales y las élites, no tuvo el impacto esperado por dos aspectos, principalmente: la ley de amnistía y el modelo de desarrollo tan agresivo, que en nada corregía a la desigualdad social, el principal problema estructural del país. La impunidad en El Salvador llega a tal grado que los grandes magnicidios de Monseñor Romero35 y los seis sacerdotes jesuitas36 han tenido que demorarse entre 30 y 20 años, respectivamente, para dar indicios de aclaración. La necesidad de soluciones inmediatas contra la violencia que se reflejen al menos en la disminución de asesinatos diarios parte de una premisa en particular, y esta es la de identificar a la violencia como sinónimo de delincuencia, por lo que la solución es el ataque frontal de las autoridades contra los ‘malhechores’. No obstante, al momento de establecer la dicotomía autoridad/delincuencia se dejan a un lado otros factores que también inciden de forma directa en la situación de la violencia del país. Los planes de seguridad pública implementados desde el año 2003 enfrentan la cara visible de la violencia, pero no contemplan la plataforma que mantiene dicha estructura en funcionamiento. Al mismo tiempo, dichos planes tipifican y estigmatizan a quien es considerado como delincuente, que, dicho sea de paso, se identifica con hombres jóvenes, de escasos recursos, con bajos niveles de educación, entre otros aspectos, cuyo representante máximo se encuentra en las pandillas. En este acuerdo, el Estado salvadoreño persiste en identificar únicamente a las ‘maras’ como causantes de la violencia, al representar estas al sector poblacional indeseable para la sociedad que no ‘aprovecha’ las oportunidades ofrecidas en el marco de la libertad de acción individual. Por lo tanto, los planes de seguridad se convierten en 252
un mecanismo de legitimación de la desigualdad social en El Salvador.
Bibliografía Acevedo, C. (1999). Antecedentes históricos del conflicto. En J. Boyce (Coordinador), Ajuste hacia la Paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador. México, Distrito Federal: Plaza y Valdez Editores –PNUD. Bauman, Z. (1999). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. España: Editorial Gedisa. Baró, I. M. (2003). Poder, ideología y violencia. Madrid: Editorial Trotta. Cruz, J. M. y González, L. A. (1997). Sociedad y violencia: El Salvador en la post guerra. San Salvador, El Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP-CIDAI/UCA. Decreto No. 486 (1993): Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. El Salvador. Díaz Gallegos, W. J., et al. (2009). Territorialización de las expresiones de violencia y del gasto público destinado a seguridad ciudadana: policía nacional civil 20062008. Tesis de grado. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA. El Salvador. Gordon, S. (1989). Crisis política y guerra en El Salvador. México: Siglo XXI EditoresInstituto de Investigaciones Sociales UNAM. Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP (Julio-Agosto 2009). Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador. El Salvador: Series de Informes 123. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA El Salvador. Kerbo, H. R. (1998). Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada. España: Editorial McGraw-Hill. La Parra, D. y Tortosa, J. M. (2003). Violencia estructural: una ilustración del concepto. Documentación social N° 131. Madrid. López Vallecillos, I. (1976). Reflexiones sobre la violencia en El Salvador. Revista de Estudios Centroamericanos N° 327/328 El Salvador. Lungo, I. (2008). Castillos de Arena. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador (1989-2004). Tesis de maestría. FLACSO. México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009-2010). Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre desarrollo humano para América Central. IDHAC. Martínez Peñate, O. (1996). El Salvador democracia y autoritarismo. El Salvador: Editorial Nuevo Enfoque. Salgado, M. (2009). Apertura comercial: impactos en la generación de empleo formal y salarios promedios reales. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 253
Segovia, A. (1999). La economía de la guerra de los años ochenta. En J. Boyce (Coord.); Ajuste hacia la Paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador. México: Plaza y Valdez Editores-PNUD. Segovia, A. (1999). La actuación y las políticas macroeconómicas a partir de 1989. En J. Boyce (Coord.), Ajuste hacia la Paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador. México: Plaza y Valdez Editores-PNUD. Tumin, M. M. (1975). Estratificación social: formas y funciones de la desigualdad. México Distrito Federal: Editorial Trillas.
27
Que se traduce en fuerza de trabajo calificada, avances tecnológicos aplicados a los procesos productivos, infraestructura adecuada, marcos legislativos e institucionales propios para el incentivo del crecimiento económico, altos niveles de formación bruta de capital fijo, entre otros aspectos. 28
El empleo sigue siendo la principal fuente de ingresos en El Salvador (PNUD, 2007).
29
Que en buena medida representan la remuneración del empleo formal, por ser los salarios que más se repiten en la planilla salarial, lo cual a su vez nos indica la poca calificación de la fuerza de trabajo salvadoreña. 30
Organismo establecido por las Naciones Unidas en los Acuerdos de Paz para investigar las violaciones a los derechos humanos más graves ocurridos durante el conflicto armado. 31
Las expresiones de violencia que más se registran oficialmente en El Salvador son: homicidios, extorsiones, robo, hurto, lesiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual y secuestro. 32
De acuerdo a la encuesta de opinión “Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador”, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP/UCA, entre julio-agosto de 2009, de 2.415 entrevistas, el 95,32% considera que las maras representan ‘mucho problema’ (la mayor escala) a nivel nacional. Pero cuando se le preguntaba al mismo entrevistado si había sido víctima directa de las maras, un 89,93% respondió que no, un 7,57% respondió que sí, un 2,44% no respondió. 33
Los demás móviles que registran las actas de defunción son: enfrentamiento con autoridades, enemistad, venganza, riñas y violencia intrafamiliar, representando en su conjunto menos del 7% al año. 34
Entre los principales hallazgos encontrados en el estudio de Díaz Gallegos et al. (2009), en los que se detallan las características socioeconómicas más relevantes de las zonas que registran mayores expresiones de violencia, se encuentran: mayor PIB per cápita, mayor ingreso familiar, menor índice de pobreza humana, mayor desocupación y mayor índice de desarrollo humano. Estas variables nos indican en un principio que la pobreza no es generadora de violencia en El Salvador,y nos sugiere que el contraste entre clases sociales en un contexto de distribución inequitativa del ingreso, exclusión y marginación social sí puede presionar a niveles elevados de violencia. 35
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador de 1977 a 1980, icono de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en período de represión militar en El Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Pese a que la Comisión de la verdad para El Salvador, en 1992, y la corte federal de Modesto, California, en 2004, establecieron culpables, la justicia nacional nunca ha abierto el caso. 36
Los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y el salvadoreño Joaquín López y López fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989. A pesar de que la Comisión de la verdad para El Salvador, en 1992, estableció culpables y la Audiencia Nacional Española mantiene vigente el caso, por la ley de amnistía general el caso de los seis jesuitas no procede en El Salvador.
254
255
Políticas de redistribución agraria, fragmentación y desigualdad frente al nuevo siglo en El Salvador Irene Lungo Rodríguez
El presente artículo pretende brindar algunas pistas sobre el papel que han jugado las políticas de redistribución de tierras en la configuración de la estructura agraria actual de El Salvador. De forma concreta, se propone dibujar un itinerario que refleje los mecanismos de redistribución de la tierra que se implementan entre 1932 y 1992, los cuales se vinculan con respuestas estatales frente a los momentos más álgidos de conflictividad en torno a la cuestión agraria. Durante este recorrido se realizará un esfuerzo por enmarcar estos procesos dentro de la historia política de dicho país, elemento que se considera fundamental para comprender los virajes que ha tenido la política agraria salvadoreña. Asimismo, el período definido corresponde al de consolidación y al de declive del modelo económico agroexportador en El Salvador y busca identificar momentos de ruptura y recomposición en una sociedad donde la desigualdad y la concentración de la riqueza continúan siendo una característica esencial. Cabe destacar que la nación salvadoreña, al igual que otros países latinoamericanos, se conformó como una ‘república predominantemente agraria’, en la que el acceso a la propiedad de la tierra y a los recursos estatales constituyeron algunos de los pilares fundamentales de acumulación, y es ahí donde se pueden ubicar los orígenes de la desigualdad estructural y también los numerosos estallidos sociales durante la mayor parte del siglo XX (Menjívar, 1980). Sin embargo, transformaciones vinculadas a las políticas de ajuste estructural implementadas en El Salvador a partir de 1989 han derivado en el paso a un segundo plano de la producción agropecuaria dentro de la economía nacional, mientras la conflictividad agraria ha perdido intensidad respecto a períodos anteriores. Este giro tan veloz y dramático en el ámbito político y económico merece ser analizado a fondo en un país donde las desigualdades persisten y la pobreza tiene un rostro predominantemente rural (FLACSO, 2005).
Antropóloga. Profesora del Departamento Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador. Dirección electrónica: [email protected].
Dentro de este marco, el presente artículo aspira a ser un modesto aporte para reflexionar sobre algunas implicaciones que han tenido los mecanismos de redistribución de tierra impulsados a lo largo del siglo XX y a brindar luces sobre los problemas y los retos que presenta la cuestión agraria en la actualidad.
256
El nacimiento de una república agraria La literatura sobre el origen de la república salvadoreña hace un relato sobre una nación que nace con un proyecto político liberal articulado a la implementación de un modelo de desarrollo agroexportador, centrado en el cultivo extensivo del café37 . A partir de este momento se lleva a cabo el proceso más importante de reconfiguración de los patrones de tenencia y uso de la tierra de la historia del país. De tal suerte, durante la segunda mitad del siglo XIX se lleva a cabo un proceso paulatino y extensivo de privatización de la tierra que pone fin a una estructura agraria en la cual convivían tierras privadas, tierras públicas, conocidas como baldíos, y tierras comunales. Tal como relata Ching: “Con la creencia de que la tenencia comunal y pública obstaculizaba la empresa privada y el progreso nacional, las élites políticas liberales aprobaron una serie de decretos de privatización en 1880 y 1881, que ordenaban la venta de tierras públicas y la distribución de las tierras comunales para convertirlas en parcelas de propiedad individual” (Ching, 2007: 18). Sobre la base del proceso de privatización de las tierras, la economía nacional se articuló a un modelo productivo dependiente de las importaciones de bienes intermedios y de capital, el que se caracterizó por generar altos grados de concentración del ingreso y la riqueza a partir de la estructura agraria (Segovia, 1997: 496). Asimismo, el sistema político salvadoreño se desarrolló en torno a una estrecha relación entre gobierno y familias cafetaleras, lo cual derivó en el desarrollo de un sistema político y económico marcadamente excluyente (Fonseca, 1996). Es decir, la forma en que se planteó el uso y la propiedad de la tierra han fungido como ejes centrales en la vida política y económica salvadoreña, mientras ha marcado y profundizado la desigualdad social y económica. Esta configuración constituye el punto de partida para entender el desarrollo de una sociedad salvadoreña extremadamente desigual respecto a la distribución de los recursos y al acceso al poder político, y de una historia plagada de conflictividad social y política con un fuerte componente agrario, la cual llega a su punto más álgido durante la guerra civil de la década de 1980. Cabe señalar que este modelo de desarrollo requiere de abundante mano de obra barata en el área rural. Este factor genera fuertes impactos en la estructura social; por una parte, define un patrón extendido de pobreza concentrada en el área rural y, por otra, este modelo se fundamenta en una serie de relaciones laborales de carácter coercitivo en las zonas cafetaleras del país (Wood, 2000: 6). Sin embargo, la historiografía tradicional tiende a brindar un relato estático sobre la historia agraria del país, negando la complejidad y diversidad en los patrones de tenencia y uso de la tierra que se fueron generando, de apuestas de desarrollo productivo implementado y de las relaciones sociales que se construyen en torno a ello. Un importante historiador, Lauria Santiago, cuestiona dos presupuestos que derivan de los relatos más populares de la historia agraria en el país. Por un lado, niega que el crecimiento de la agricultura de exportación y la privatización de la tierra en el siglo XIX y comienzos del siglo XX condujera inevitablemente a la inmediata apropiación y 257
proletarización absoluta de todos los productores campesinos, señalando la persistencia de una clase diferenciada de campesinos y pequeños agricultores. Por otro lado, critica la idea de que para la década de los setenta existiera una continuidad lineal en estructura social respecto a comienzos del siglo: “El cultivo del café se presentaba usualmente como una fuerza homogeneizadora controlada por una pequeña élite oligárquica que ostentaba un poder social casi absoluto, así como también un control directo del Estado” (Lauria Santiago, 2003: 38). Por su parte, Browning apunta que la característica fundamental de la sociedad salvadoreña de gran parte del siglo XX fue la combinación y convivencia conflictiva de dos sistemas agrarios con lógicas diferentes e incluso contradictorias: la agricultura comercial y la agricultura de subsistencia (Browning, 1975: 472). En gran medida, el conflicto señalado por Browning entre los sistemas agrarios se relaciona con las profundas desigualdades en la tenencia de la tierra, pero también con la predominancia de un proyecto de desarrollo nacional excluyente e incapaz de incorporar a las grandes masas de campesinos. De tal suerte, resulta sustancial tomar en cuenta que la historia agraria salvadoreña del siglo XX ha sido compleja y sumamente agitada. Durante este período, lejos de haber un dominio absoluto por parte del Estado cafetalero sobre el resto de la sociedad, se presenciaron numerosas crisis políticas, levantamientos campesinos, tomas de tierras e incluso una guerra civil que no dejaba de vincularse con demandas que derivan del desigual acceso a la tierra y los recursos. Frente a ello se dieron distintas respuestas estatales, las que van desde niveles extremos de represión hasta planear un proyecto de reforma agraria para contenerlas. Esta complejidad se refleja, entre otras cosas, en momentos de ruptura en la política agraria. Al respecto, durante el siglo XX se identifican tres puntos de inflexión, a partir de los cuales el Estado, lejos de plantear una redistribución estructural de la tierra y los recursos, construye mecanismos de contención de la conflictividad política y social. El primer momento se ubica después de la revuelta indígeno-campesina de 1932 con la entrada al sistema político de los regímenes militares, a partir de la cual el Estado desarrolla una serie de pequeños programas destinados a transferir pequeñas propiedades durante más de 40 años. El segundo momento se lleva a cabo en el marco de una aguda crisis política, la caída de los regímenes militares y una cruenta guerra civil; así, a partir de 1970 se desarrolla un viraje radical, cuyo resultado más tangible se refleja en la implementación de un importante y difícil proceso de reforma agraria. Finalmente, como parte de los Acuerdos de Paz que ponen fin a la guerra en 1992, se implementa el Programa de Transferencia de Tierras en las zonas que fueron escenario del conflicto, el cual constituye el único mecanismo de redistribución negociado en El Salvador. Como corolario de estos programas, se puede ubicar durante la primera década de posguerra una política agraria, que aun cuando no redistribuyó importantes porciones de tierra, sí terminó por profundizar la fragmentación de los actores sociales en el agro salvadoreño.
258
Primer punto de inflexión: 1932 y los regímenes militares Entre 1871 y 1931 se configuró un Estado dirigido por ‘familias cafetaleras’, lo cual permitió consolidar la economía agroexportadora como proyecto nacional. Resulta fundamental destacar que este proceso se acompañó de una serie de mecanismos de carácter coercitivo que, no obstante, fue incapaz de prolongarse más allá de la década de 1930, cuando se lleva a cabo el primer gran estallido social del siglo XX salvadoreño. A finales de la década de los veinte se comienzan a sentir los percances de la crisis financiera estadounidense en El Salvador. Esta tuvo un gran impacto en la economía nacional a partir de la caída de los precios internacionales del café, derivando en una profunda crisis económica y en fuertes cuestionamientos desde diversos sectores de la sociedad a un modelo económico fundamentado, para entonces, en un solo producto de exportación (Fonseca, 1996). Por otra parte, en 1927 se lleva a cabo un esfuerzo por democratizar el régimen político a través de una serie de reformas implementadas por el gobierno de Pío Romero Bosque; en el fondo se intentaba configurar un proyecto político modernizador de carácter burgués, en el cual hubo un importante debate sobre los problemas agrarios del país (Browning, 1998: 441). Sin embargo, se trata de un intento democratizador fallido, pues en 1931 se produce un golpe de Estado dirigido por el general Hernández Martínez, que inaugura un período caracterizado por el ascenso de gobiernos militares durante casi cincuenta años. En este contexto se origina un levantamiento popular de grandes magnitudes en las zonas cafetaleras del país38 . En enero de 1932 se llevaron a cabo una serie de revueltas por parte de campesinos indígenas en varios puntos del occidente salvadoreño, las cuales fueron duramente reprimidas durante los días subsiguientes. Aun cuando no hay consenso sobre la cantidad de campesinos indígenas que participaron y fueron reprimidos luego de la insurrección, diferentes historiadores han calculado que en esos días las fuerzas oficiales masacraron entre 10.000 y 20.000 pobladores de las zonas en cuestión (Anderson, 2001; Browning, 1975). A partir de estos sucesos se da una recomposición política, económica y social. El nuevo proyecto político liderado por los militares mantuvo, con algunas modificaciones, las bases de un modelo económico fundamentado en los productos de agroexportación, mientras no se planteó trasformar la estructura agraria del país. Sin embargo, con el fin de evitar un nuevo levantamiento, los gobiernos militares deciden ejecutar una serie de pequeños esfuerzos de redistribución de la tierra a partir de 1932. Los gobiernos militares gobernaron El Salvador durante casi medio siglo. No obstante, este período no constituye una etapa homogénea ni políticamente estable39 . A nivel general se pueden identificar tres subperíodos: a) dictadura unipersonal del General Hernández Martínez (1931-1944), b) Régimen del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (19481960) y c) Régimen del Partido de Conciliación Nacional (19611972). Durante cada una de estas etapas se plantearon reformas económicas encaminadas a modernizar el país, las cuales no se tornaron amenazas reales a una 259
economía fundamentada prioritariamente en los patrones de tenencia y uso de la tierra vinculados a la agroexportación (Walter y Williams, 1993). Lo anterior se refleja tanto en una élite económica incapaz de absorber nuevos actores, como en el poco desarrollo de un sector industrial con posibilidad de servir como contrapeso a dicha élite agraria. En este marco, el mapa agrario del país continúa mostrando profundas disparidades sociales, y el modelo de desarrollo productivo no altera su esencia, aun cuando se introducen nuevos cultivos de exportación (caña de azúcar y algodón) para complementar el café. Paralelo a ello, las demandas de la población rural sobre la tenencia de la tierra constituyen una constante durante todo este período (Browning, 1998). Por otra parte, Eric Ching apunta que los años subsiguientes a la matanza de 1932 el gobierno de Hernández Martínez impulsa, dentro de un contexto de crisis económica, política y social, el desarrollo de redes clientelares, sobre todo en el área rural como base de su sistema político (Ching, 2007: 139). Con el objetivo tanto de contener los conflictos agrarios latentes durante este período y evitar nuevos levantamientos, como de desarrollar y fortalecer redes clientelares en la población rural, se implementaron pequeños programas gubernamentales orientados a distribuir terrenos de pequeñas dimensiones a grupos de campesinos de subsistencia, tal como se muestra en la siguiente tabla: TABLA 1 PROGRAMAS DE REDISTRIBUCIÓN AGRARIA IMPLEMENTADOS ENTRE 1932 Y 1975 POR LOS GOBIERNOS MILITARES DE EL SALVADOR
260
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA, 2005).
Poco tiempo después de restablecido el orden frente al levantamiento campesino indígena, el gobierno de Hernández Martínez decretó una serie de reformas y creó en julio de 1932 el Fondo de Mejoramiento Social y hacia octubre del mismo año decreta la Junta Nacional de Defensa Social, un programa destinado a la redistribución de tierras (Browning, 1998: 443). En esencia, este programa se dedicó a comprar propiedades privadas y a redistribuirlas entre campesinos sin tierra que ya habían invadido propiedades privadas (Browning, 1998: 448). En el fondo, el gobierno simplemente legalizó un antiguo proceso de ocupación ilegal de la tierra, siendo está una constante en los distintos programas ejecutados durante este período, manifestando así que se trataba de políticas de contención social más que un esfuerzo sostenido de redistribución de la tierra. Por otra parte, con la entrada en vigencia de esta política de contención aparece el concepto de ‘pequeña propiedad’ como algo positivo dentro del discurso oficial (Browning, 1998: 443). La defensa de la pequeña propiedad como algo beneficioso para 261
el país se torna poco a poco en una postura de los subsiguientes gobiernos en el país hasta la fecha; sin embargo, el entusiasmo con que fue acogido este elemento contrasta con los pocos esfuerzos desde el Estado por fomentar e incorporar de manera integral a este sector dentro de la economía nacional. Las dimensiones de la tierra transferida en los tres primeros programas de este período también reflejan el poco compromiso que había con un proceso de redistribución que buscara superar las grandes brechas de desigualdad. Entre 1932 y 1950 el gobierno distribuyó aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra (casi un 2% de la superficie del país) a campesinos de subsistencia, mientras todos los proyectos fracasaron al quedarse en el nivel de transferencia de tierra. Tal como lo ejemplifica Browning: “La subdivisión simple y sin planificar de las grandes propiedades, sin otro fin deliberado que el de permitir acceso a la tierra a aquellos que lo buscaran y las consiguientes posibilidades de que los que la habían recibido la perdieran a favor de los terratenientes mayores está bien ilustrado con el ejemplo de la Hacienda Zapotitán” (Browning, 1975: 448). El último programa creado por los regímenes militares fue el Instituto de Colonización Rural en 1950. Este se concibió como un intento de ir más allá de la simple división y adjudicación de tierras al plantearse cuatro objetivos: Asentamiento y establecimiento de los trabajadores rurales. Elevación del nivel cultural y bienestar social y material del campesino Industrialización progresiva de los productos agrícolas. Mejoramiento e incremento de la productividad de la tierra. Aun cuando este programa se planteaba como un esfuerzo de planificación agraria y acompañamiento estatal, no fungió como política de redistribución de tierras. En el fondo, el Estado administró haciendas que ya estaban en sus manos, cuya tierra había sido distribuida previamente (Browning, 1998: 453). Un balance del período muestra que durante los gobiernos militares se implementaron cuatro programas de limitado alcance redistributivo. Además, se pueden distinguir dos tipos de programas en esta etapa: a) entre 1932 y 1950 se ejecutaron tres programas en los cuales el Estado adquirió propiedades y las dividió entre campesinos sin tierra, sin que las dimensiones de la tierra redistribuida fuera significativa y; b) el Instituto de Colonización Rural, que en vez de continuar el proceso de redistribución, se limitó a administrar tierras estatales. En el fondo, ninguno de estos programas buscó ser una salida real a la problemática rural, caracterizada para entonces por el incremento paulatino de demandas y conflictividad.
La ruptura: una difícil reforma agraria Con el fracaso del modelo de industrialización durante la década de los sesenta, la 262
economía centrada en un modelo económico fundamentado en la expansión de cultivos de agroexportación, un poco exitoso proceso de industrialización impulsado durante la mitad del siglo XX, la prevalencia de grandes extensiones de tierras en pocas familias y limitados intentos de redistribución de la tierra, hacia 1970 el panorama agrario reflejaba grandes tensiones, mientras paulatinamente se incrementaban las demandas desde distintos sectores sociales frente a ello (Cabarrús, 1983). Distintas fuentes reflejan que para entonces el número de campesinos sin tierra iba en aumento, mientras persistían pequeños propietarios dedicados a la agricultura de subsistencia y las grandes propiedades de agricultura comercial. Datos extraídos del censo agropecuario elaborado por el gobierno de El Salvador en 1971 refleja que, para entonces, el 58,9% de los productores cultivaban menos de 1 hectárea y el 92,5% cultivaban menos de 10 hectáreas. Es decir, la gran mayoría de los agricultores del país eran campesinos de subsistencia. Asimismo, este 92,5% de la población solamente producía el 27,1% de la superficie total, manifestando así los altos niveles de concentración de la tierra imperantes a la fecha (ISTA, 2005). La problemática agraria durante este período refleja además un incremento sustancial de campesinos sin tierra en el país. Cabarrús, a partir de datos oficiales, señala que el número de campesinos sin tierra hacia 1975 constituía más del 40% de la población, el doble que el porcentaje registrado en 1961 (Cabarrús, 1983: 59). Asimismo, durante la década de los setenta el país asiste a una de las crisis políticas más profundas de su historia, mientras el modelo agroexportador acompañado de las reformas económicas modernizadoras comienza a manifestar innegables signos de agotamiento (Gordon, 1989). Hacia finales de dicha década surgen transformaciones que sientan las bases para el colapso paulatino de este modelo de desarrollo nacional y dan paso a cambios en el mapa agrario del país. Durante esta etapa emergen nuevos actores sociales y políticos, colapsa el sistema político en manos de los militares, se recomponen actores económicos vinculados a la producción agrícola comercial, germina un proyecto insurgente con un fuerte componente de lucha campesina e incluso desde el gobierno comienza a plantearse la posibilidad de una reforma agraria. En un marco de una profunda crisis política y de la emergencia de altos niveles de conflictividad social, para 1972 el gobierno propone el ‘Plan de Desarrollo Económico Social’, cuyo esencia radicaba en llevar a cabo una reforma agraria con el fin de fortalecer el mercado interno, redistribuir el ingreso e impulsar la pequeña propiedad (Gordon, 1989: 187). Sin embargo, los sectores más conservadores de la burguesía se opusieron acérrimamente a esta iniciativa e impidieron su ejecución, por lo cual la reforma agraria tuvo que esperar hasta la siguiente década para materializarse. Paralelo a esto, se comienzan a visualizar en El Salvador numerosas manifestaciones populares que cuestionaban la exclusión política y las profundas brechas en la estructura agraria. Emergen nuevos actores, tales como organizaciones sindicales, estudiantes y numerosas comunidades rurales organizadas en torno a la Iglesia católica. Cabarrús llama la atención sobre el proceso paulatino de organización que se llevó a cabo en distintas comunidades campesinas frente a la crisis del modelo agrícola y las grandes 263
desigualdades en la estructura agraria; este proceso de organización, en palabras del autor, constituyó la génesis del proyecto revolucionario que vio luz durante ese período de la historia salvadoreña (Cabarrús, 1983). Hacia finales de la década de los setenta, los regímenes militares finalmente colapsan. Se llevaron a cabo dos fraudes electorales (1972 y 1977) en medio del incremento de movilizaciones sociales, manifestando la inviabilidad de la continuidad de los militares en el poder. Hacia 1979 se lleva a cabo un golpe de Estado dirigido por sectores militares progresistas y diversos actores de oposición reformista-democrático, el cual perseguía tanto contener la crisis y las movilizaciones sociales de tinte radical, como sentar las bases para la transición hacia un gobierno civil (Vásquez, 1997). Como resultado del golpe se crea una junta cívico militar, la cual, no obstante, no es capaz de contener la crisis. Durante la década de los ochenta se presencia uno de los momentos más dramáticos en la historia contemporánea del país. Al lado del estallido de una guerra civil que se prolonga por más de una década, el país asiste a una crisis económica y social de gran envergadura. Por otra parte, durante la guerra por primera vez la élite económica queda excluida del poder político, lo que genera un proceso de reconstitución de la representación política por parte de los empresarios. Esto tiene implicaciones importantes, pues durante este período se recompone la élite y se da el germen para el cambio en el modelo económico, el cual desplazó a la actividad agrícola y la tenencia de la tierra como ejes centrales de acumulación. En un marco caracterizado por el estallido de la guerra civil, la caída de los gobiernos militares, un gobierno civil impulsando medidas contrainsurgentes, se lleva a cabo la tan controversial reforma agraria. Esta iniciativa se acompaña con una serie de medidas económicas encaminadas a enfrentar la crisis y el conflicto, ente las cuales destaca la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Aun cuando se ha señalado el carácter contrainsurgente de estas reformas, la intervención estatal sobre estos elementos trastocó las bases del modelo de desarrollo productivo del país; en el fondo, se alteró la forma en que la élite económica había generado riqueza y sentó las bases para un cambio de modelo económico que vio luz para la década siguiente. A comienzos de la década de los ochenta decanta la reforma agraria que venía planteándose desde la década anterior. Para ello se desarrolló todo un aparato de gobierno; así, se creó a finales de la década de los setenta el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y con los Decretos Legislativos 153 y 154 –que permitían la intervención estatal en todas las propiedades mayores a 500 hectáreas que pertenecieran a un solo dueño–, comienza a desarrollarse la reforma agraria en El Salvador. Esta se efectuó en tres fases: la primera y más importante a inicios de la década de los ochenta, a partir de los decretos señalados. La segunda fase pretendía afectar propiedades de entre 100 y 500 hectáreas; sin embargo, no alcanzó a ser ejecutada. Finalmente, la tercera transfirió pequeñas propiedades en las que hubiera trabajadores bajo sistemas de arrendamiento, aparcería y otros (ISTA, 2005). La reforma, en su concepción original, pretendía profundas transformaciones en la 264
estructura agraria, se buscaba transferir alrededor del 50% de la superficie agrícola del país; sin embargo, la resistencia frente a ella y una serie de decretos posteriores limitaron los alcances de una reforma que terminó afectando a alrededor de la mitad de la superficie proyectada (Baumgartner, 1998:12). Al final, solo se transfirieron 242.313 hectáreas a 593.335 beneficiarios, cantidad que constituye alrededor del 20% de la superficie agropecuaria del país (ISTA, 2005). La gran dificultad se encontró en la implementación de la segunda fase, que originalmente contemplaba la afectación de las propiedades que tenían entre 100 y 500 hectáreas. Frente a esta iniciativa, en el marco de una reforma política llevada a cabo a inicios de la década de los ochenta, se crearon mecanismos legales para proteger las grandes propiedades que sobrevivieron a la primera fase de la reforma. Así, en 1983 se redacta la actual Constitución de la República40 , en la cual se determinó que el límite aceptable de una propiedad privada era 245 hectáreas, mientras se concedió un plazo de tres años para desprenderse del excedente (ISTA, 2005). De esta forma, las propiedades de entre 100 y 245 hectáreas no fueron afectadas, mientras las propiedades que tenían entre 245 y 500 hectáreas no fueron intervenidas de forma inmediata. Pese a una serie de factores que limitaron los alcances de la reforma –tales como la fuerte oposición por parte de la tradicional burguesía y de algunos actores políticos aliados a ésta a los bloqueos para la implementación de la segunda fase y el hecho mismo de llevarse a cabo como una política contrainsurgente–, se puede argumentar que la reforma agraria constituye el mecanismo más importante de redistribución agraria y de recursos en la historia moderna de El Salvador. Asimismo, en torno a la reforma se crearon redes clientelares con una orientación marcadamente contrainsurgente en medio de una prolongada guerra civil que finaliza con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
El Programa de Transferencia de Tierras. La reivindicación agraria en el corazón de los Acuerdos de Paz Hacia finales de una convulsionada década emerge un nuevo escenario político y económico en El Salvador. Por una parte catalizan una serie de acuerdos y negociaciones que ponen fin a la guerra civil y, por otra, la élite económica retoma el control del Estado con la llegada del partido Alianza Republicana Nacionalista al Ejecutivo en 1989. Durante este período se desarrollan de forma paralela, aunque no coordinada, una reforma política encaminada a pacificar y democratizar la sociedad y una importante reforma económica orientada a la liberalizar la economía (Ramos, 2002). La reforma económica se traduce en el cambio del modelo productivo, que logra desplazar la centralidad de las exportaciones agrícolas tradicionales como corazón de la economía nacional. De tal suerte, a partir de 1989 se reemplaza el modelo agroexportador por otro orientado a promover el sector económico no tradicional, el sector financiero y en liberalizar la economía. Este nuevo modelo, además de orientar la economía hacia fuera, también se caracteriza por un rol protagónico de los empresarios, 265
por el papel central que asumen los mercados en la asignación de recursos y, finalmente, por la redefinición del rol del Estado (Segovia, 2005: 22). Por su parte, la reforma política cristaliza en los Acuerdos de Paz de 1992, suscritos entre la entonces guerrilla y el gobierno salvadoreño. En el fondo constituyen un inédito esfuerzo de concertación nacional y una importante herramienta para consolidar la pacificación en el país. Sin embargo, dicho tratado no profundizó en mecanismos orientados a superar las profundas desigualdades sociales y económicas imperantes en la historia salvadoreña (Van der Borgh, 2000). Destaca que los únicos puntos referentes a la redistribución de recursos se orientaron a la problemática agraria, reflejando la centralidad de estas demandas en las reivindicaciones de los grupos insurgentes. En este marco se planteó el Programa de Transferencia de Tierras, cuya concepción está contenida en el Capítulo V “Temas económicos y sociales” de los acuerdos de paz, el cual se reproduce a continuación: 1. Propiedades que excedan el límite constitucional de la propiedad privada de tierra (245 hectáreas), tierras del Estado y tierras ofertadas serán transferidas a través de créditos blandos a campesinos sin tierra, pequeños agricultores y desmovilizados de ambos bandos. 2. Las concentraciones existentes dentro de la legislación agraria serán eliminadas y las leyes reordenadas en un nuevo Código Agrario. 3. La tenencia de la tierra en las zonas ex conflictivas será reordenada y legalizada. Las transferencias de tierras necesarias para tal reordenamiento serán realizadas también a través de la compraventa de tierras y créditos blandos. 4. El acuerdo del 3 de julio de 1991, a través del cual se terminaron en aquel entonces las tomas de tierra y los desalojos, será respetado. 5. El crédito agrario y la extensión agrícola serán mejorados, abriendo la posibilidad de participación de los beneficiarios. Para aumentar el volumen de crédito agrario, el GOES se esforzará para conseguir apoyo financiero de la cooperación internacional. Todo este paquete dio vida al Programa de Transferencia de Tierras (PTT), que constituye el primer y único programa de redistribución agraria diseñado a partir de un proceso de negociación entre el Estado y la entonces guerrilla. Esto, por una parte, revela la capacidad de interlocución que estos actores tenían para el fin de la guerra y, por otra, manifiesta el peso de la demanda de tierras como una de las reivindicaciones populares más importantes de los salvadoreños. Es decir, a diferencia de sus antecesores, el PTT no fue diseñado como estrategia para fortalecer redes clientelares ni para apaciguar conflictos agrarios, sino que emana de una serie de demandas históricas de redistribución agraria en el país. El PTT fundamentalmente consistía en un mecanismo para reinsertar a los excombatientes mediante la entrega de tierras. Específicamente, formó parte de los programas para apoyar la reinserción agropecuaria de ellos dentro de la sociedad 266
salvadoreña, elemento primordial del Plan Nacional de Reconstrucción (Hernández y Dada, 1997). Este programa posibilitó el acceso a pequeñas propiedades a desmovilizados de las Fuerzas Armadas, excombatientes del FMLN y tenedores. Se ha estimado en 40.178 el número total de beneficiarios. La tierra fue transferida en forma colectiva e individual y obteniendo cada beneficiario entre 1,4 y 4,89 hectáreas, dependiendo del tipo de suelo; en total fueron transferidas aproximadamente 100.000 hectáreas, entre la tercera parte y la mitad de lo ejecutado en la reforma agraria (ISTA, 2005). Cabe destacar que el proceso de transferencia de tierras no estuvo exento de resistencias, retrasos, bloqueos y problemas de implementación en diferentes puntos del territorio inducidos por el mismo gobierno (Baumgartner, 1998: 54). No obstante, pese a estas dificultades, el PTT se implementa y el mapa general de tenencia de la tierra en las principales zonas ex conflictivas sufre importantes transformaciones. De tal suerte, se desarrolla un proceso de recampesinización y minifundización de un importante sector de la población salvadoreña, mientras surgen una serie de asentamientos en todos los departamentos (provincias) del territorio nacional donde ahora predomina la pequeña propiedad. Aun cuando el Programa de Transferencia de Tierras buscaba solventar uno de los puntos centrales de la histórica conflictividad en el país: el acceso a recursos y tierras, este no se concibió como un paquete de medidas orientado a profundizar el proceso de reforma agraria iniciado durante la década anterior. De esta forma, no se convirtió en un instrumento integral para transformar la extremadamente desigual estructura agraria (Baumgartner, 1998: 59).
A modo de conclusión: redistribución agraria, fragmentación y minifundio de cara al siglo XXI El Salvador, al igual que muchos otros países de América Latina, ha sufrido una serie de transformaciones e impactos en su estructura agraria. Esto se encuentra vinculado a las transformaciones en las economías internacionales y regionales, a los acelerados procesos de urbanización registrados en los últimos años y a las grandes migraciones, entre otros fenómenos41 . A nivel nacional, destaca específicamente el desplazamiento de la importancia de la producción agropecuaria dentro de la economía nacional, el incremento de las migraciones nacionales e internacionales, la institucionalización de la democracia formal, la primacía de un proyecto político de corte neoliberal que ha privilegiado al mercado por sobre las políticas sectoriales, una clara política de abandono del agro implementada a partir de la década de los noventa y las políticas de redistribución agrarias desarrolladas durante el siglo pasado –objeto de estudio del presente artículo–, entre otros. Una mirada sintética sobre las políticas de redistribución agraria implementadas durante el siglo pasado en El Salvador permite distinguir una primera fase entre 1932 y 267
1975 por distintos gobiernos militares, en la cual no se cuestionan el modelo productivo agroexportador y el proceso extensivo de privatización de la tierra que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Más bien, estos programas estuvieron orientados a contener la permanente conflictividad agraria en El Salvador, mientras promovieron un proceso progresivo de minifundización rural, el cual se fundamentó en un discurso de defensa a la importancia de la pequeña propiedad, mientras reflejó poco éxito para insertar a estos ‘nuevos propietarios’ dentro de la economía nacional (Browning, 1998). Con las profundas transformaciones de finales del siglo pasado, el estallido de la guerra civil y el consecuente proceso de reconstrucción nacional nacen dos importantes procesos de redistribución agraria –de distinta naturaleza– que generan grandes impactos dentro del mapa agrario del país. El más grande de ellos, la reforma agraria, surge como política de Estado vinculada a una estrategia contrainsurgente. El segundo, correspondiente al PTT, se conforma a raíz de negociaciones y de la capacidad de interlocución de actores populares con el Estado en el marco de los Acuerdos de Paz y de la transición a la democracia en el país (Wood, 2000). Entre ambos programas suman aproximadamente 411.151 hectáreas transferidas a 936.230 beneficiarios (ISTA, 2005). Una de las principales consecuencias de estos procesos redistributivos se manifiesta en la ampliación de zonas en el país en donde predominan campesinos ‘propietarios’ de pequeñas parcelas –que en promedio tienen menos de 4,28 hectáreas–. Es decir, se da un proceso de recomposición agraria que derivó en la profundización de la minifundización de un importante sector de la población salvadoreña. En este escenario, la política agraria de las dos últimas décadas ha fortalecido esta tendencia a la fragmentación en los usos y tenencia de la tierra. El programa más importante durante el período de posguerra ha sido la ‘Política de Nuevas Opciones’, impulsada entre 1989 y 1998. Esta estuvo orientada a fomentar la reactivación económica mediante la división de las grandes cooperativas agropecuarias que habían nacido con la reforma agraria, lo que garantizaría a los beneficiarios ‘la seguridad jurídica sobre la tierra’, mientras permitía promocionar una nueva lógica de producción predominantemente individual: ‘la empresarialidad rural’ (ISTA, 2005). En el fondo, se fragmentaron los esfuerzos colectivos que durante los años subsiguientes a la reforma agraria fueron acompañados por el Estado; mientras, se ha generado una política pública que privilegia la propiedad privada, la búsqueda de altos niveles de productividad y el manejo empresarial, en detrimento de formas alternativas de gestión productiva o de manejo y uso de la tenencia de la tierra. Por otra parte, se puede señalar que la política agropecuaria salvadoreña ha ‘abandonado’ al agro durante las dos últimas décadas, las cuales estuvieron gobernadas por el conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Esto se refleja en un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual revela que el gasto público agropecuario agregado ha pasado de ser el 8% durante la década de 1980 – y de la reforma agraria– a constituir solamente el 1% para el año 2009 (MAG, 2010). Resulta fundamental señalar que la disminución del apoyo estatal al agro no fue 268
equitativa para todos los sectores productivos –cabe destacar que importantes sectores agroindustriales han tenido respaldo estatal durante este período–42 . Este ‘abandono’ del agro ha sido más dramático para los agricultores de subsistencia y la masa de ‘pequeños propietarios’, para quienes el Estado –sin generar una política integral dirigida a este sector–, propone que se conviertan en empresarios rurales y puedan así insertarseal mercado. Más allá de todos estos programas, en El Salvador persisten grandes brechas de desigualdad, mientras la pobreza rural continúa siendo la más dramática del país (Delgado y Salgado, 2009). El censo agropecuario de El Salvador, correspondiente al año 2007, refleja que el 18,8% de la superficie de la tierra era cultivada por el 92,2% de los productores del país, mostrando elevados niveles de desigualdad en la estructura agraria y el poco peso de la pequeña propiedad en la economía nacional en la actualidad (Digestyc, 2009). Resulta interesante contrastar esta información con el censo agropecuario correspondiente a 1971, que refleja que el 92,5% de los productores poseían para ese año el 27,1% de la superficie agraria. Es decir, la problemática estructural agraria continúa sin resolverse en El Salvador. Así, para inicios del siglo XXI la desigualdad social y económica generada por los patrones de tenencia y uso de la tierra persisten, al igual que las zonas minifundistas vinculadas a la agricultura de subsistencia, fuera de las grandes cadenas comerciales y subordinadas frente a la producción fundamentada en la gran propiedad comercial. Además, se mantiene vigente durante los primeros años de posguerra la tendencia histórica de desvincular de los modelos productivos promovidos por la política pública a una gran masa de ‘propietarios’ de pequeñas parcelas de tierra; excluyendo así a un gran sector de población y relegando a la pequeña propiedad rural como sinónimo de autosubsistencia y precariedad.
Bibliografía Anderson, T. (2001). El Salvador, 1932. Los sucesos políticos. San Salvador: CONCULTURA. Baumgartner, U. (1998). La cuestión agraria en El Salvador. San Salvador: Ediciones Heinrich Boll. Browning, D. (1998). El Salvador, la Tierra y el Hombre. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos. Cabarrús, C. R. (1983). Génesis de una Revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador. México: CIESASEdiciones de la Casa Chata. Ching, E. (2007). Comunismo, indígenas y la insurrección de 1932. En Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador. El Salvador: UCA Editores. Delgado M. y Salgado M. Crisis y pobreza rural en América Latina: el caso de El Salvador. Documento de Trabajo N° 44. Programa Dinámicas Territoriales 269
Rurales. Santiago, Chile: Rimisp. Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (2009). IV Censo Agropecuario 20072008. San Salvador: DIGESTYC. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2005). Mapa de pobreza, política social y focalización. San Salvador: FLACSO. Fonseca, E. (1996). Centroamérica: Su historia. San José: FLACSO- EDUCA. Gordon, S. (1989). Crisis política y guerra en El Salvador. México, Siglo XXI Editores-Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. Hernández, P. y Dada, O. (1997). El Programa de transferencia de tierras. San Salvador: Fundación Nacional para el Desarrollo. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (2005). Reforma Agraria y desarrollo rural en El Salvador. San Salvador: ISTA. Lauria Santiago, A. (2003). Una república agraria: los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos. Menjívar, R. (1980). Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador. San José: EDUCA. Ministerio de Agricultura y Ganadería (2010). Gasto público agropecuario para el desarrollo de El Salvador. San Salvador: MAG. Ramos, C. G. (2002). El Salvador: Transformación y conflicto social a fin del siglo. En Más allá de las elecciones: diez años después de los acuerdos de paz. San Salvador: UCA Editores. Segovia, A. (2002). Transformación estructural y reforma económica en El Salvador. Guatemala: F y G Editores. ______ (2005). Integración real y grupos de poder económico en América Central. Implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región. San José: Fundación Friedrich Ebert. Vásquez, M. (1997). Del desafío revolucionario a la reforma política. El Salvador 19701992”. En Insurrección y democracia en el Circucaribe. CCyDEL, México, UNAM Van der Borgh, C. (2000). The politics of neoliberalism in postwar El Salvador.International Journal of Political Economy. XXX(1).. Walter, K. y Williams, P. (1993). The military and democratization in El Salvador. Journal of Interamerican Studies and World Affaires. XXX(1). Wood, E. (2000) Forging democracy from below: Insurgent transitions en South Africa and El Salvador. Reino Unido: Cambridge University Press.
37
Podría decirse que este relato, de aceptación generalizada, constituye el mito del origen de la nación. Ha sido ampliamente estudiado por historiadores que han reflejado la complejidad de los procesos sociales y políticos de
270
este período. Al respecto, vale la pena consultar: Alvarenga, 1996; Browining, 1998; Ching, 2007; Lauria Santiago, 2003; Pérez Brignoli, 1990; entre otros. 38
Se trata de un estallido social inédito en la historia del país y la región. Sobre las causas del levantamiento existen diversas interpretaciones. Unas le otorgan un papel central al Partido Comunista (Anderson, Dalton), otros caracterizan la revuelta como un movimiento de carácter campesino (Segundo Montes) o incluso de carácter étnico (Ching y Tilley, 2007). 39
Durante esta etapa se llevan a cabo cuatro golpes de Estado (1944, 1948, 1960 y 1961), mientras aparecen numerosas movilizaciones sociales que cuestionaban la exclusión política y los profundos desequilibrios estructurales imperantes en el país (Walter y Williams, 2003). 40
Luego del fracaso de la Junta cívico militar implantada en 1979, comienza un proceso de reconstrucción de la institucionalidad política. Así en 1982 se llevan a cabo las ‘primeras elecciones libres’ y se integra la Asamblea Constituyente, con el fin de redactar la Constitución de la República, vigente hasta la actualidad. En este proceso participan distintos actores, entre los cuales destaca una importante representación de la élite económica del país. 41
Una buena síntesis de las tendencias actuales de la ruralidad latinoamericana se puede ver en el estudio realizado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en el año 2009 denominado “Crisis y pobreza rural en América Latina”, disponible en http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR/N37_2009_Trivelli-YancaridelosRios_sintesis-crisis-pobreza-rural-AL.pdf. Consultado en julio de 2010. 42
El caso la industria azucarera que ha sido protegida mediante leyes comerciales ilustra muy bien esto.
271
Índice Portadilla Segunda portadilla Página de créditos Índice Presentación, Francisco Zapata Prólogo, Francisca Márquez Introducción DESIGUALDAD Y CONFLICTO
2 3 4 6 8 13 15 19
Pobres organizados. Conflicto, participacióny liderazgos piqueteros en Argentina. Maricel Rodríguez Blanco Desaparición forzada en Colombia: desigualdad política y jurídica. María Fernanda Carrillo Sánchez, Luisa Fernanda Díaz Mansilla Diferentes y desiguales. Autonomía y reconstitución de los pueblos indígenas en México. Hadlyyn Cuadriello Olivos Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (1977-1991). Un análisis de redes organizacionales en la dictadura y la transición chilena. Manuel Bastías Saavedra Nuestras tierras, sus ganancias. Recursos naturales, desigualdad y conflicto en la Amazonia peruana. Anahí Durand Guevara
LEGITIMACIÓN, CULTURA Y DESIGUALDAD
20 40 58 73 90
105
Lo justo y lo posible: desigualdad, legitimidad e ideología en Chile. Ismael Puga 106 Rayo Legitimación ideológica y desigualdad en la infancia: jugandoa vivir en Chile. 123 Patricia Castillo Gallardo Desigualdades sociales: mundos de percepción y legitimación de lasclases medias 144 en Salvador de Bahía, Brasil. Katharina Damm
POLÍTICA Y DESIGUALDAD
159
El centro de la disputa: las clases medias y la política de ladesigualdad en Chile. Mayarí Castillo Gallardo Democracia, Estado y desigualdad. Saldos de la discusión sobrela democratización en México en la década de los ochenta.Luis Emilio Martínez Ideología, guerra y desigualdad social, Colombia 2002-2010. Alexander Gamba Trimiño 272
160 179 195
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTEA LA DESIGUALDAD Chile Crece Contigo: la búsqueda de la igualdad desde la infancia temprana. Alejandra González Celis Política pública de pobreza en Chile: nuevas formas discursivasde legitimar la desigualdad durante los gobiernos socialistas deLagos y Bachelet. Claudia Maldonado Graus Medidas contra la violencia: una forma de legitimación dela desigualdad social en El Salvador. Melissa Salgado Políticas de redistribución agraria, fragmentación y desigualdadfrente al nuevo siglo en El Salvador. Irene Lungo Rodríguez
273
203 204 219 237 256
