Derecho Privado III Lectura 2

Módulo 2 Efectos del contrato. Interpretación. Extinción y modificación. Contratación de consumo.

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6 Efectos e interpretación del contrato 6.1 Efectos de los contratos Comenzaremos el desarrollo de esta lectura refiriéndonos a los efectos que se derivan de la celebración de un contrato. En otras palabras, cuáles son las consecuencias jurídicas que trae aparejado el perfeccionamiento de los contratos. El Código Civil y Comercial prevé una regulación concreta para este tema, que redundará en un estudio más ordenado de los puntos que trataremos a continuación. Así es que el Capítulo 9, del Título 2, del Libro Tercero se denomina “Efectos”.

6.1.1 Efectos relativos Este es uno de los principios claves en el derecho de contratos. El Código no se aparta en este sentido de la anterior regulación, aunque establece una regulación más ordenada en cada uno de sus artículos, como veremos a continuación en las siguientes secciones. En el Código civil reformado, este principio del efecto relativo de los contratos estaba contemplado del siguiente modo:

Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa

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de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma . 1 Los contratos no pueden perjudicar a terceros.

6.1.2 Regla general La regla general, que da sentido al denominado “efecto relativo de los contratos”, es que el contrato solo tiene efectos, es decir, produce las consecuencias jurídicas propias de cada tipo de contrato, para las partes contratantes, pero no así para los terceros (entendiendo a los terceros como aquellos que no son parte del contrato). Esta es, entonces, la regla general, 2 aunque pueden existir excepciones previstas por la ley.

En el punto 6.4.1 de esta lectura, veremos quiénes son esas partes del contrato, a fin de despejar dudas al respecto.

6.1.3 Situación de los terceros La regla del efecto relativo de los contratos no sólo define la situación de las partes contratantes, sino también la de los terceros. Que el contrato, como regla, solo tenga consecuencias jurídicas para las partes, supone (excepto disposición legal expresa): a) que el contrato no genera obligaciones para los terceros, no pudiendo las partes oponer los contratos a terceros; b) que los terceros no pueden invocar un contrato del que no son parte.

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6.1.4 Partes del contrato Decimos que el contrato solo produce efectos entre las partes que lo celebran. Ahora bien, ¿quiénes son consideradas partes del contrato? Veamos a continuación:

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Art. 1.195 Cód. Civ. sustituido por art. 1.021 de la Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 2 Art. 1.021 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 3 Art. 1.022 Código Civil y Comercial Comercial de la Nación Argentina.

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a) es parte quien celebra el contrato a nombre propio, es decir, lo hace por sí y en consecuencia ese contrato tiene efectos jurídicos para él. Inclusive, aunque celebre el contrato en interés ajeno, es considerado parte con las consecuencias que ello implica. Por ejemplo, el caso del mandato sin representación: Mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero en las 4 acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante.

b) Es parte quien es representado por otra parte que actúa en su nombre e interés; por ejemplo, en el caso del mandato con representación:

Actuación en ejercicio del poder. Cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. El representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado de 5 algún modo el negocio.

c) También es considerado parte quien, de alguna manera, manifiesta la voluntad contractual, incluyendo el Código el ejemplo de la manifestación efectuada por un corredor o un agente sin representación. Conforme el Código, hay contrato de corretaje cuando el corredor se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o 6 representación con ninguna de las partes.

6.1.5 Sucesores universales Los contratos, así como generan consecuencias jurídicas para las partes, también lo hacen respecto de sus sucesores universales (según el Código, el sucesor universal es quien “recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de

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Art. 1.321 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 366 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 6 Art. 1.345 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 5

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otro” ). Esto se corresponde con la regulación establecida por el Código en el Título I del Libro Quinto (transmisión de los derechos por causa de muerte). Es que la muerte de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a quienes la sucedan por testamento o ley. Y “la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se 8 extingan por su fallecimiento ”. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, excepto los 9 que no sean transmisibles por sucesión. De conformidad con estos principios en materia de sucesiones, el Código prevé que los efectos de los contratos se extiendan activa y pasivamente, es decir, en cuanto a sus derechos y obligaciones, a los sucesores universales. Esta extensión de los efectos tiene algunas limitaciones, a saber: a) que las obligaciones que surgen del contrato sean inherentes a la persona. Casos en que hubo entre las partes una elección especial de la persona contratante (elección que se presume en los contratos en los 10 que hubo una confianza especial ), o bien la transmisión de los derechos y obligaciones no sea compatible con la naturaleza de la obligación; b) que la transmisión esté prohibida por el contrato (en ejercicio de la 11 libertad de contratación de las partes ) o por disposición legal. Un ejemplo: en nuestro Código según el cual los efectos no son transmisibles, es el caso del derecho de preferencia estipulado en un 12 contrato de compraventa, conforme al art. 1.165. La ley específicamente dispone que este derecho es personal, y, por lo tanto, no puede ser cedido ni pasa a los sucesores. Lo mismo ocurre para el caso de los derechos del tercero beneficiario de una estipulación a favor 13 de terceros.

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Art. 400 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 2.277 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 9 Art. 2.280 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 10 Art. 776 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 11 Art. 958 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 12 Art. 1.165 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 13 Art. 1.027 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 8

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6.2 Situación de los terceros Analizaremos diferentes casos regulados por el Código, vinculados a la situación de los terceros en los contratos. Denominados terceros en tanto no constituyen parte del contrato.

6.2.1 Incorporación de terceros al contrato La sección segunda, del Capítulo 9 del Código se denomina “Incorporación de terceros al contrato”. Esta incorporación de terceros al contrato puede configurarse a través de diferentes mecanismos que detallaremos a continuación.

6.2.2 Contratación a nombre de tercero Tal como su nombre lo indica, esta figura supone una contratación efectuada a nombre de un tercero, es decir, contratado por otro. En el Código Civil reformado, la regla se encontraba establecida en el art. 1.161, de conformidad con el cual nadie podía contratar a nombre de un tercero sin estar autorizado por él o tener su representación:

Ninguno puede contratar a nombre de un tercero, sin estar autorizado por él, o sin tener por la ley su representación. El contrato celebrado a nombre de otro, de quien no se tenga autorización o representación legal, es de ningún valor, y no obliga ni al que lo hizo. El contrato valdrá si el tercero lo 14 ratificase expresamente o ejecutase el contrato.

Nuestro actual Código regula la situación en el art. 1.025. Y de conformidad a dicha disposición, una persona puede contratar a nombre de un tercero, pero 15 sólo obliga al tercero si ejerce su representación. Las reglas sobre la representación están establecidas en el Capítulo 8, del Libro Primero del Código (arts. 358 y siguientes).

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Art. 1.161 Cód. Civ. sustituido por art. 1.025 de la Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 15 Art. 1.025 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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La representación, en virtud de la cual se celebra el contrato a nombre del tercero, debe ser suficiente. De lo contrario, el contrato es ineficaz, es decir, no produce sus efectos jurídicos propios. Ahora bien, esta ineficacia puede revertirse a través de un mecanismo denominado ratificación. Según Alterini (2012), “la ratificación es el acto por el cual una persona aprueba los actos que otra ha hecho a su nombre, sin haber recibido el correspondiente apoderamiento” (2012, p. 418). La ratificación puede ser expresa o tácita (la norma aclara que la ejecución del contrato por el tercero implica una ratificación tácita del mismo), y en ambos casos subsana la falta de representación. Con lo cual, tiene el mismo efecto que la autorización previa para celebrar el contrato.

6.2.3 Promesa del hecho de tercero Otro de los casos de incorporación de terceros al contrato es la promesa del hecho de tercero. Esto está previsto expresamente en el art. 1 .026 del Código. A través de esta promesa del hecho de un tercero, el promitente promete poner toda su diligencia para que el tercero acepte la promesa. En términos del Código, “queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el 16 tercero acepte” . De esta manera, si no logra la aceptación del tercero (que es el objetivo), pero en su lugar pone todo su esfuerzo en lograr esa aceptación, cumple con lo comprometido. Sin embargo, también puede garantizar que la promesa sea aceptada por el tercero, en cuyo caso, si esto no es logrado, habiendo comprometido esa aceptación, está obligado a obtenerla. Y no alcanzándola, responde personalmente por la falta de aceptación, lo que significa que debe indemnizar al aceptante de la promesa. En cuanto al tercero, en tanto no acepte la promesa hecha por el promitente, en nada queda vinculado a un contrato del que no ha sido parte, y que, por lo tanto, no puede obligarlo. Pero aceptada esa promesa, queda obligado frente a la otra parte en los términos acordados por el promitente.

6.2.4 Estipulación a favor de tercero Acertadamente, el Código regula el caso de la estipulación a favor de terceros dentro de la teoría general de los contratos, concretamente en el art. 1.027. Ello, a diferencia del Código Civil reformado, que consagraba esta figura en el 16

Art. 1.026 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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campo de las obligaciones: “Si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser 17 revocada”. En esta figura, que puede estar incluida en un contrato, tenemos tres sujetos: a) el estipulante: es quien formula la estipulación y quien puede revocarla. Puede ejercer la revocación de la estipulación en tanto no haya recibido la aceptación del tercero beneficiario. Se aplica también, en este caso, la 18 regla prevista por el Código sobre la teoría de la recepción. b) el promitente: es quien va a cumplir con la estipulación en beneficio del tercero, o en palabras del Código, quien “le confiere al tercero los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el 19 estipulante”. c) el tercero beneficiario: es quien se beneficia con la estipulación convenida, obteniendo directamente los derechos y facultades que surgen de la estipulación a su favor. El tercero puede estar determinado o ser determinable, lo que significa que puede no existir al momento del perfeccionamiento del contrato. Tal como se mencionara al referirnos a las excepciones de la extensión del efecto de los contratos a los sucesores universales prevista en el art. 1.024 del Código, en el caso de la estipulación a favor de terceros la ley expresamente dispone que las facultades del tercero de aceptar la estipulación y de beneficiarse de ella una vez aceptada, no se transmiten como principio a sus herederos, excepto que se haya autorizado lo contrario. La estipulación es interpretada restrictivamente. Casos de estipulaciones a favor de terceros: Alterini (2012) se refiere al caso del seguro de vida. Al respecto, expresa: “conforme lo dispuesto por el art. 143 de la ley 17.418, el seguro de vida es contratado por el asegurado a favor de un tercero, beneficiario de la póliza, quien adquiere un derecho propio al tiempo de producirse un evento” (2012, p. 422). El mismo autor también menciona el caso de los contratos que vinculan a los establecimientos de salud con los profesionales médicos que prestan servicios en ellas. Este mismo sentido había sido sostenido por Alberto J. Bueres (1981), quien ha entendido que esa figura sirve para explicar la relación entre los médicos y los establecimientos médicos, entre los que existe un contrato en beneficio del paciente que se atiende en la institución.

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Art. 504 Cód. Civ. sustituido por art. 1.027 de la Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 17 Art. 1.025 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 18 Art. 971 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 19 Art. 1.027 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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6.2.5 Relaciones entre las partes Analizaremos cómo son las relaciones entre las partes. Así es que: a) El promitente puede oponer al tercero beneficiario todas las defensas derivadas del contrato celebrado con el estipulante, y otras defensas fundadas en otras relaciones con él. b) El estipulante, por su parte, puede exigirle al promitente que cumpla con la prestación comprometida. Puede exigir esta prestación a favor del tercero beneficiario si la aceptó, o bien en su favor si es que el tercero no aceptó la estipulación, o bien el estipulante la revocó. Recordemos que puede revocarla hasta tanto no reciba la aceptación del tercero. Es decir que el promitente queda obligado frente al estipulante, aun ante la falta de aceptación del tercero. Asimismo, la ley le otorga la facultad de resolver el contrato por incumplimiento del promitente.

6.2.6 Contrato para persona a designar El art. 1.029 del Código contempla expresamente la posibilidad que, en el marco de un contrato, cualquiera de las partes se reserve el derecho de 20 nombrar a un tercero para que asuma su posición contractual . El Código Civil anterior no contemplaba una regulación para esta figura, aunque fuera ejercida en la práctica en virtud del principio de autonomía de la voluntad contractual. El Código Civil y Comercial de la Nación, en cambio, siguiendo los lineamientos de la doctrina y legislación moderna, incorpo ra la figura del “ contrato para persona a designar”, que permite una transferencia global del contrato a un tercero, lo que, al decir de Alterini (2012), se justifica en el mundo real de los contratos actuales:

En el mundo real de los negocios actuales, que suele pertenecer a los megacontratos, es frecuente que por diversas causas dificultades operativas, exigencias de tecnología que no pueden ser satisfechas, cambio del giro empresario, etcétera- uno de los contratantes quiera separarse del contrato en curso -la construcción de una usina, el mantenimiento de una autopista, la provisión de combustible, etcétera- y colocar a un tercero en su misma situación contractual. (2012, p. 427).

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Esto es posible excepto que a) el contrato no pueda ser celebrado por un representante; o b) que la determinación de los sujetos sea indispensable. Asumir la posición contractual del otro significa sustituir al contratante original, ubicándose en idéntica situación jurídica de quien transfiere la posición contractual. A diferencia del subcontrato (previsto en el art. 1.069 del Código, en el que se crea un nuevo contrato entre subcontratante y subcontratado, donde éste último no interviene en el contrato principal), en el caso del contrato para persona a designar, el tercero ocupa la posición de la otra en el contrato. Tal efecto requiere la aceptación del tercero que debe necesariamente ser comunicada a la parte que no ejerció la reserva. El Código regula la manera en que debe ser ejercida la comunicación de la aceptación por parte del tercero, atento la relevancia que ésta tiene para la producción de los efectos derivados de la transmisión de la posición contractual. En este sentido, prevé que la comunicación: a) revista la misma forma del contrato; b) en caso de haberse previsto un plazo para su manifestación, debe ser ejercida dentro de ese plazo. De lo contrario, y por defecto, la comunicación debe practicarse dentro de los quince días desde su nominación. Aceptada la nominación y comunicada de la manera prevista, entonces la asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha de la celebración del contrato. Mientras no haya aceptación, el contrato produce sus efectos entre los contratantes originales, existiendo aceptación.

6.2.7 Contrato por cuenta de quien corresponda Este contrato, celebrado por cuenta de quien corresponda, queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. La condición suspensiva, en este caso, funciona como una modalidad del acto jurídico (contrato) que subordina la eficacia del mismo a un hecho futuro e incierto. Dicho hecho es el que lo determina como beneficiario del contrato. A diferencia del contrato para persona a designar, en el contrato por cuenta de quien corresponda el contratante, por diferentes circunstancias, desconoce quién será el tercero que pueda asumir la posición contractual, es decir que hay una indeterminación de ese tercero.

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La propia norma que contempla el contrato por cuenta de quien corresponda nos remite a las reglas de la condición suspensiva, las que están previstas a 21 partir del art. 343 del Código.

6.3 Excepción de incumplimiento 22

Analizaremos la posibilidad, contemplada en el art. 1.031 del Código , de deducir como excepción procesal la excepción de incumplimiento planteada ante la acción de cumplimiento deducida por la parte que incumple, lo que permite que la parte cumplidora se abstenga de cumplir la prestación si el otro no cumple o no ofrece cumplir simultáneamente la propia.

6.3.1 Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor Si bien se ha manifestado que las convenciones forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, frente al incumplimiento emerge el derecho a favor de la parte cumplidora de exigirle a aquélla, judicialmente, la satisfacción de las prestaciones objeto del contrato. Existen diversas alternativas frente al incumplimiento. Una de las posibilidades es la suspensión del cumplimiento. En el caso de los contratos bilaterales (es decir, cuando las partes en el momento de la celebración se obligan recíprocamente cada una con una prestación), donde existen prestaciones que deben cumplirse simultáneamente por las partes (es importante tener en cuenta a qué casos es aplicable esta figura), ante el incumplimiento de una de las partes, la otra puede suspender el cumplimiento de las prestaciones que le correspondan. Ello, hasta tanto la contraria cumpla u ofrezca cumplir. Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales regulan de manera similar la suspensión del cumplimiento:

(Suspensión del cumplimiento) (1) Cuando las partes han de cumplir simultáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra ofrezca su prestación. (2) Cuando las partes han de cumplir de modo sucesivo, la parte que ha de cumplir después puede suspender

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Art. 1.030 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.031 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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su cumplimiento hasta que la parte que ha de hacerlo primero 23 haya cumplido.

Por ejemplo, en el contrato de compraventa, quien se obliga a transmitir la propiedad de una cosa lo es en mira del precio que la otra se obliga a pagar por ella. Entonces, entre ambas obligaciones existe una perfecta correlación, y el cumplimiento de la una exige la correspondencia de la otra. Por ello es que, como consecuencia del acuerdo de voluntad, nacen los derechos correlativos para exigirse recíprocamente el cumplimiento de cada prestación. El Código establece que la suspensión pueda ser decidida judicialmente, ya sea como acción (en la que se pretende que se habilite la suspensión del cumplimiento de las prestaciones), o como excepción (es decir, como medio de enervar la acción de cumplimiento deducida por la parte incumplidora, lo cual posibilita que un contratante se abstenga de cumplir la prestación si el otro no cumple o no ofrece cumplir simultáneamente la propia).

6.3.2 Tutela preventiva Asimismo, el Código contempla una suerte de tutela preventiva en los casos en los que (aún no existiendo incumplimiento todavía de la otra parte), una de ellas sufre “un menoscabo importante en su capacidad para cumplir, o en su 24 solvencia”. Esa situación provoca que la otra parte tenga incertidumbre respecto a la posibilidad de que la otra cumpla, lo que supone una amenaza de daños en sus derechos. Entonces, la ley le permite que, de manera preventiva, suspenda el cumplimiento de sus prestaciones, estando esta suspensión justificada por la situación de incertidumbre de la contraria. Asimismo, dispone que la suspensión sea dejada sin efecto, en tanto la otra parte otorgue garantías suficientes de que cumplirá con sus prestaciones.

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Art. 7.1.3 Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales in ternacionales 2010. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. 24 Art. 1.032 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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6.4 Otros efectos: la seña La Sección 5a del Título II del Código Civil y Comercial regula esta figura bajo la denominación “Señal”, en dos artículos. Luego, en el desarrollo menciona esta figura, nombrándola indistintamente como señal o arras.

La señal o arras constituye una figura contractual de antigua data y puede cumplir variadas funciones. Decimos que puede cumplir varias funciones porque puede ser confirmatoria o penitencial. Regla: la regla es que la entrega de la señal o arras se interprete como confirmatoria del acto. Sin embargo, las partes, en ejercicio de su autonomía de voluntad, pueden pactar la posibilidad de arrepentirse del contrato. Entonces, en ese caso, quien entregó la seña o arras la pierde, y ésta queda en beneficio de la otra. Si, por el contrario, quien se arrepiente es quien recibió la seña o arras, entonces debe restituirla duplicada. Pero, como dijimos, este efecto no es natural de esta figura, que en principio se interpreta como una confirmación del acto. Pues bien, para que tenga este efecto penitencial, debe haber sido expresamente 25 previsto. Todo ello, de conformidad con el art. 1 .059 del Código. Modalidad de la seña o arras : la seña o arras puede consistir en dinero o cosas muebles que son entregadas a la otra parte. Como, en principio, es confirmatoria del acto, si la señal es de la misma especie de aquello que debe entregarse en virtud del contrato, entonces se tiene como parte de la prestación. Por ejemplo, si en un contrato de compraventa el comprador entrega como señal al vendedor un porcentaje del precio de venta, éste será tomado como parte del precio total pactado en virtud del contrato. No será así en el caso en que la señal o arras sea de diferente especie o consista en una 26 obligación de hacer o no hacer.

6.5 Interpretación de los contratos El capítulo 10, Título II, del Libro Tercero del Código Civil y Comercial, está destinado íntegramente a establecer los principios generales de interpretación de los contratos. 25 26


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6.5.1 La buena fe contractual como principio rector. Principio de conservación. Carácter de las normas legales y prelación normativa El principio de buena fe es un principio rector en materia de interpretación de los contratos. Ya nos hemos referido a la buena fe en la lectura desarrollada en el Módulo 1, por lo que podrá volver a ella para recordarlo.

6.5.2 Fuentes de interpretación. Reglas y sistemas clásicos de interpretación contractual. La importancia del título preliminar y los principios de la ley de Defensa del Consumidor Fuentes de interpretación: el art. 1.065 del Código establece una valiosa enumeración de las fuentes que deben considerarse a los efectos de la interpretación de los contratos, en los casos en que otras reglas de interpretación (significado de las palabras y contexto del contrato) son insuficientes. A saber: a) las circunstancias en que fue celebrado el contrato (abarca las negociaciones preliminares); b) la conducta de las partes antes, durante y después de la ejecución del contrato (es una importante y muy valiosa regla de interpretación); c) la naturaleza y finalidad del contrato celebrado (es que la interpretación que pueda hacerse varía de un contrato a 27 otro).

6.5.3 Intención común. Interpretación restrictiva. Significado de las palabras. Interpretación contextual. Principio de conservación. Protección de la confianza. Expresiones oscuras De manera concomitante con el principio de buena fe, los contratos deben interpretarse de acuerdo con la intención común de las partes, esto es, considerando lo que ambas partes tuvieron en miras al momento de contratar. Interpretación restrictiva: en los casos en que la ley o bien las partes establecen una interpretación restrictiva, entonces debe protegerse dicha 27


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interpretación y estarse a los términos literales de lo que las partes manifestaron en ejercicio de su libertad de contratación. Con sentido común, esta interpretación restrictiva no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo, pues en estos casos el equilibrio contractual está debilitado. Significado de las palabras: el Código dispone que las palabras que las partes utilizan en el contrato deben interpretarse de acuerdo con el significado que el uso general les da, es decir, de la manera en que son comprendidas cotidianamente. Ello, excepto que las partes le hayan atribuido un significado especial, o así lo determine la ley o los usos y costumbres de lugar donde se celebró el contrato (es claro que la interpretación puede ser diversa, en algunos casos, dependiendo del sentido que se la atribuye en diferentes lugares a las palabras). El mismo criterio que se aplica para la interpretación del significado de las palabras se aplica a todas aquellas maneras en las que puede manifestarse el consentimiento. Interpretación contextual: esta regla de interpretación es la que se refiere al modo de interpretar las cláusulas del contrato, como se infiere de su nombre, dentro del propio contexto del contrato, lo que implica la consideración de todas las cláusulas “las unas por medio de las otr as y atribuyéndoles el sentido 28 apropiado al conjunto del acto” . Principio de conservación: este principio, con amplio desarrollo jurisprudencial, supone que, en caso de duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en sentido favorable a su validez. Este principio es sumamente importante y constituye una pauta de interpretación sumamente valiosa y de aplicación práctica. Al respecto, Iván G. Di Chiazza (2015) expresa:

El principio de conservación del contrato, previsto en el derogado art. 218 del CCom. (inc. 3), deriva de su propia fuerza obligatoria e impide, en los casos dudosos, interpretar en contra de su validez, pues los contratos se hacen para ser cumplidos. Al respecto, el art. 1066 del nuevo ordenamiento prevé que “si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. (2015, apartado IV, punto 3).

Protección de la confianza: de acuerdo con el art. 1.067 del Código, la interpretación “debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben

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recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta 29 jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”. Esto está sumamente vinculado con la conducta contradictoria y los actos propios. En ese sentido, Iván G. Di Chiazza (2015) expresa:

De modo tal que, si las partes, en pleno ejercicio de su autonomía de la voluntad (arts. 958 y 959) deciden regular con un consentimiento válido (no viciado) el contrato de manera distinta a lo legalmente previsto (art. 962 ), de la forma que estimen más conveniente y eficiente a sus intereses privados (arts. 13, 386 y 944), sin que se encuentre comprometido el orden público, la moral, ni las buenas costumbres (arts.13, 1003 y 1004), cualquier comportamiento posterior en contradicción con ese previo acuerdo redundará en una clara e inequívoca conducta antijurídica por afectación de la confianza y lealtad que las partes se deben mutuamente. (2015, apartado IV, punto 1).

Expresiones oscuras: finalmente, en la regulación del Código, se prevé que, existiendo todavía dudas, pese a las reglas establecidas en materia de interpretación, entonces: a) para los contratos a título gratuito, la interpretación debe ser en el sentido menos gravoso para el obligado; b) para los contratos a título oneroso, la interpretación debe hacerse en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.

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7 Responsabilidad contractual. Obligaciones de garantía 7.1 Obligación de saneamiento. Reglas generales La sección 4 del Título II (“Contratos en general”), Libro Tercero (“Contratos en general”) contempla la regulación de la obligación obligación de saneamiento. saneamiento. En el parágrafo 1 se contempla una serie de disposiciones generales y seguidamente se regula la responsabilidad por evicción y por vicios ocultos (parágrafos 2 y 3).

Veremos cómo funciona el régimen de saneamiento, en consideraciones generales (la regulación específica para los contratos en particular son desarrollados en la parte especial).

7.1.1 Sujetos responsables Nos preguntamos quiénes están obligados al saneamiento. Enumeremos los sujetos obligados: a) quien transmite bienes a título oneroso; b) quien divide bienes con otros; c) los antecesores de estas personas, cuando han realizado la transferencia a título oneroso.

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7.1.2 Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento El saneamiento abarca las garantías de evicción (parágrafo 2 de la Sección 4 del Título II, del Libro Tercero del Código) y de vicios ocultos (parágrafo 3 de la Sección 4 del Título II del Libro Tercero del Código). Estas garantías son cláusulas naturales en los contratos a título oneroso. Tal como señala Garrido Cordobera (2015), la diferencia entre estas dos instituciones, en términos generales, es que la primera (la evicción) tiende a defender al adquirente frente a la turbación de derecho y se concreta por la actividad del enajenante, en el juicio, para proteger el derecho del adquirente. La segunda (la garantía por vicios ocultos) no está fundada en un cuestionamiento del derecho a la cosa o de la existencia de un derecho sobre la misma sino, en cambio, en que la cosa enajenada tiene vicios ocultos, que, al manifestarse, la destruyen o la tornan inadecuada para el fin determinable de su adquisición, por lo cual el vendedor es deudor de esta garantía.

7.1.3 Adquisición a título gratuito En términos generales, estas garantías se corresponden con contratos a título oneroso. Ahora bien, el adquirente de bienes a título gratuito puede ejercer, en su beneficio, las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores, en contra de quien/es les transfirieron la cosa a título oneroso.

7.1.4 Disponibilidad. Excepciones legales Como dijimos, en los contratos a título oneroso, estas garantías son cláusulas naturales. Por lo tanto, esta responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido dispuesta por las partes. Sin embargo, en ejercicio de su libertad de contratación, las partes pueden ampliar estas garantías, disminuirlas e incluso 30 suprimirlas. Ello de conformidad con el art. 1.036 del Código.

7.1.5 Interpretación restrictiva de la disminución de la responsabilidad por saneamiento A pesar de la libertad que el art. 1.036 del Código les da a las partes para fijar los alcances de la responsabilidad por saneamiento, luego dispone 30


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expresamente una regla: la interpretación restrictiva que debe hacerse de aquellas cláusulas que suprimen y/o disminuyen la responsabilidad por saneamiento. Creemos que esta norma se incluye a los efectos de evitar abusos a través de cláusulas que limiten esta responsabilidad y perjudiquen al cocontratante.

7.1.6 Casos en los que se las tiene por no convenidas De manera coherente con lo que hemos dicho, el Código prevé circunstancias en que las cláusulas de limitación y disminución de la responsabilidad se tienen, directamente, por no convenidas. Es decir, dichas cláusulas no producen efectos. A saber: a) en los casos en que el enajenante conocía o debía conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios. Es decir, cuando actuó con dolo o mala fe; b) cuando el enajenante fuere un profesional en la actividad a la que se refiere la enajenación. Se entiende que, en ese caso, no puede desconocer la existencia de vicios o evicción. Esto es aplicable, excepto cuando el adquirente también sea un profesional de esa actividad, desapareciendo el desequilibrio al que la norma se orienta a 31 contrarrestar.

7.1.7 Responsabilidad por saneamiento y responsabilidad por daños La ley le da la posibilidad, a quien sea acreedor de la obligación de saneamiento, de optar por a) reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, es decir, una acción por cumplimiento del contrato; 32 b) reclamar un bien equivalente, si este es fungible ; c) declarar la resolución del contrato. Ello excepto en los casos de extinción de la responsabilidad por 33 evicción por prescripción , o cuando el defecto sea subsanable y el garante 34 ofrezca subsanarlo. La ley, entonces, ante un caso de responsabilidad por saneamiento, le da derecho al adquirente a elegir entre aquellas opciones.

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Art. 1.038 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En virtud del art. 232 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. 33 Art. 1.050 Código Civil y Comercial Comercial de la Nación Argentina. Argentina. 34 Art. 1.057 Código Civil y Comercial Comercial de la Nación Argentina. Argentina. 32

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Asimismo, independientemente del ejercicio de esas posibilidades, la ley permite el reclamo por la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en los casos de responsabilidad por saneamiento. Es decir, que la reparación por daños y perjuicios puede ejercitarse conjuntamente con cualquiera de las opciones mencionadas en los puntos a), b) o c). También se prevén ciertas excepciones para solicitar la reparación de los daños. A saber: a) que el adquirente haya conocido o podido conocer el peligro de la evicción o la existencia de los vicios; b) si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de los vicios (ya que en ese caso no hubo mala fe de su parte). En estos dos casos a) y b), la exención de la responsabilidad por daños y perjuicios no funciona cuando el enajenante actúa profesionalmente en la actividad vinculada con la enajenación, pues justamente por eso no puede desconocer la existencia de los vicios o evicción. Excepto que al adquirente también sea profesional. c) Que la transmisión fuere hecha a riesgo del adquirente (en cuyo caso esto debería estar estipulado en el contrato); d) que la adquisición se haya efectuado por subasta judicial o administrativa.

7.1.8 Pluralidad de bienes Cuando la responsabilidad por saneamiento procede de la transferencia de varios bienes, deben aplicarse reglas. A saber: a) si los bienes fueron enajenados como un conjunto, es indivisible; b) si, por lo contrario, los bienes se enajenaron separadamente, es divisible aunque haya existido una contraprestación única.

7.1.9 Pluralidad de sujetos La obligación por saneamiento puede estar a cargo de diferentes personas: a) los enajenantes sucesivos son obligados concurrentes. Esto significa que el acreedor de la obligación de saneamiento puede reclamarla a cualquiera de ellos. b) Cuando se trata de un bien enajenado por varios copropietarios de manera simultánea, los copropietarios responden sólo en relación a su cuota indivisa sobre el bien. Es decir que, en principio, no tienen solidaridad, excepto que ésta se haya pactado expresamente.

7.1.10 Ignorancia o error La ley dispone expresamente, en el art. 1.043 del Código, que “el obligado al saneamiento no puede invocar su ignorancia o error, excepto estipulación en 19

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contrario”. Es decir que la ignorancia o error del enajenante no lo eximen de responsabilidad como principio. A lo sumo, si el enajenante no conoció ni pudo 36 conocer la existencia de evicción o vicios (conf. art. 1.040 inc. b) , no será responsable por los daños y perjuicios, pero sí por la garantía de saneamiento 37 en los términos del art. 1.039 del Código.

7.2 Responsabilidad por evicción y gastos Seguidamente, analizaremos el contenido de la responsabilidad por esta garantía legal.

7.2.1 Contenido de la responsabilidad por evicción Ya dijimos que la obligación de saneamiento comprendía tanto la evicción como los vicios ocultos. Concretamente, la responsabilidad por evicción es la que asegura que el derecho transmitido exista y sea legítimo. Esto comprende: a) cualquier turbación de derecho, ya sea total o parcial sobre el bien transmitido, que sea por una causa anterior o contemporánea a la adquisición. Ya que si la turbación es motivada en una causa posterior a la adquisición, el enajenante no sería responsable; b) comprende también los reclamos efectuados por terceros en relación a la propiedad intelectual o industrial del bien; c) las turbaciones de hecho causadas por el transmitente del bien. Por ejemplo, el vendedor no puede realizar hechos que perjudiquen al adquirente en el ejercicio de sus derechos sobre la cosa adquirida.

7.2.2 Exclusiones La responsabilidad por evicción también tiene exclusiones, es decir, casos en los que el transmitente no es responsable. A saber:

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Art. 1.043 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.040 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 37 Art. 1.039 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 36

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a) cuando las turbaciones de hecho sobre el bien son causadas por terceros. Como dijimos anteriormente, el transmitente sólo es responsable cuando esas turbaciones de hecho son causadas por su parte. b) cuando las turbaciones de derecho provienen de una disposición legal; c) cuando la evicción resulta de un derecho anterior a la transmisión pero que se consolida con posterioridad. Así, Alterini (2015) da como ejemplo el caso de la prescripción adquisitiva de una servidumbre de un predio que comenzó antes de enajenarse, pero que se concretó cuando el inmueble ya había sido transferido al adquirente.

7.2.3 Citación por evicción Cuando se inicia un juicio en contra del adquirente de la cosa, del que puede resultar la evicción de la misma, entonces el deudor de la garantía de evicción (garante) debe comparecer en ese juicio en defensa del adquirente. Esto es lo que se denomina citación por evicción, y está contemplado en el art. 1.046 de nuestro Código. Cada régimen de procedimiento provincial determinará la intervención del garante, pero nuestra ley aclara que el adquirente puede seguir actuando en el proceso.

7.2.4 Gastos de defensa Vinculada con la citación por evicción, se prevé que el garante asuma los gastos de defensa que ha debido afrontar el adquirente en el proceso judicial. Para que el adquirente pueda cobrarlos, la ley le requiere que a) cite al garante al 38 proceso en los términos del art. 1.046 del Código ; b) que en caso de haberlo citado y el garante haberse allanado, no continúe con la defensa y sea vencido.

7.2.5 Cesación de la responsabilidad Promovido el proceso judicial en contra del adquirente, la responsabilidad por evicción culmina en los siguientes casos:

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a) cuando no se cita al garante o no se lo hace en tiempo y forma (conf. 39 art. 1.046 del Código ) y de acuerdo con lo que establezcan las normas procesales; b) cuando el garante no concurre al proceso judicial y en virtud de esa situación el adquirente no se defiende, actuando de mala fe. Esto es, no opone las defensas necesarias, no interpone o continúa los recursos, no actúa procesalmente como debería hacerlo; c) cuando el adquirente se allana a la demanda sin tener la conformidad del garante, o somete la cuestión a arbitraje y obtiene un laudo desfavorable. Sin embargo, y pese a todas las enumeraciones, la responsabilidad subsiste si el adquirente logra probar que todas las circunstancias que le resultan reprochables conforme los incisos enumerados eran inútiles, pues no hubieran revertido la situación.

7.2.6 Régimen de las acciones. Prescripción adquisitiva. Supuestos de la prescripción adquisitiva 40

De conformidad con el art. 1.039, inc. d del Código , el acreedor de la obligación de saneamiento puede solicitar la resolución del contrato. Concretamente, en el caso de la garantía de evicción, el acreedor de la responsabilidad por evicción puede declarar la resolución en determinadas condiciones. A saber: a) cuando los defectos en el título de la cosa afecten el valor de la misma. Pero esa efectuación sea tal de manera que, de haberla conocido con anterioridad, no la hubiera adquirido, o bien que el valor de adquisición fuera sustancialmente menor. En definitiva, para que prospere la resolución, la ley requiere una afectación significativa de los derechos del adquirente; b) que lo que produzca la evicción sea una sentencia judicial o un laudo arbitral. Prescripción adquisitiva: la prescripción adquisitiva es un modo de extinción de la responsabilidad por evicción por el transcurso del tiempo y el saneamiento del derecho del adquirente.

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7.3 Responsabilidad por vicios ocultos La responsabilidad por vicios ocultos es otra de las garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. Desarrollaremos, a continuación, el contenido de esa responsabilidad.

7.3.1 Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos Esta responsabilidad comprende: a) los defectos de los bienes adquiridos que no se encuentran 41 expresamente excluidos de conformidad con el art. 1.053 del Código; b) los vicios redhibitorios. El Código se encarga de definir a los vicios redhibitorios. Así es que en el art. 1. 051 inc. b) los define como: “los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su 42 contraprestación hubiese sido significativamente menor ”. En general, se ha dicho que los vicios tienen los siguientes requisitos: son de hecho (no de derecho), ocultos, ignorados, graves y existentes al tiempo de la adquisición.

7.3.2 Ampliación convencional de la garantía Las partes pueden ampliar la garantía por vicios ocultos, de conformidad con la 43 disponibilidad que les confiere el art. 1.036 del Código. Todas estas constituyen ampliaciones de la garantía legal por vicio. En ese sentido es que se puede establecer que: a) Un defecto en particular sea vicio redhibitorio, aunque el adquirente debiera haberlos conocido. b) Un defecto sea vicio redhibitorio cuando el enajenante garantizare “la inexistencia de defectos o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque 44 el adquirente debiera haber conocido e l defecto o la falta de calidad” . c) Un defecto sea vicio redhibitorio: 41

Art. 1.053 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.051 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 43 Art. 1.036 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 44 Art. 1.052 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 42

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(…) si el que interviene en la fabricación o en la comercialización de la cosa otorga garantías especiales. Sin embargo, excepto estipulación en contrario, el adquirente puede optar por ejercer los derechos resultantes de la garantía conforme a los términos 45 en que fue otorgada.

7.3.3 Exclusiones De conformidad con lo que venimos exponiendo, analizaremos los casos en los que no hay responsabilidad por defectos ocultos. Uno de esos casos se refiere a: a) los defectos conocidos por el adquirente, o que debiera haber conocido. El Código, en el inc. a del art. 1.053, en referencia a las exclusiones expresa: Los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica, para determinar 46 esa posibilidad se aplican los usos del lugar de entrega.

El tema del desconocimiento de los vicios es sumamente relevante a los efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad. b) Los defectos inexistentes al momento de la adquisición. Conforme el art. 1.053, inc. b del Código: “La prueba de su existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la 47 actividad a la que corresponde la transmisión ”. Es que una de las características de los vicios redhibitorios es que existan al momento de la adquisición.

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7.3.4 Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos La ley le impone una carga al adquirente ante la existencia de defectos ocultos: denunciar al garante la existencia de los mismos en un plazo determinado. El plazo para el ejercicio de esta carga es de 60 días de la manifestación del vicio. En algunos casos, el vicio no se manifiesta en un solo instante, sino que aparece gradualmente. En ese caso, el plazo de 60 días se cuenta desde que el adquirente estuvo en condiciones de advertirlo. La consecuencia del incumplimiento de la carga de denunciar el defecto en el plazo establecido trae aparejada la extinción de la responsabilidad por defectos ocultos. Ahora bien, esta responsabilidad no se extingue si el enajenante conocía o debía conocer la existencia de los vicios, es decir, cuando existe mala fe del enajenante.

7.3.5 Caducidad de la garantía por defectos ocultos Asimismo, la caducidad de esta garantía caduca de pleno derecho por el transcurso del tiempo, dependiendo si se trata de cosas inmuebles (tres años desde la recepción de la cosa), o mueble (seis meses desde la recepción o puesta en funcionamiento, lo que sea posterior).

7.3.6 Régimen de las acciones La resolución del contrato por parte del adquirente de la cosas es posible cuando: a) existió un vicio redhibitorio (con todas las características 48 enumeradas en el art. 1.051 inc. b ); b) si las partes ampliaron las garantías estableciendo esta posibilidad de resolución del contrato.

7.3.7 Defecto subsanable Cuando el defecto es subsanable, entonces el adquirente no puede resolver el contrato si el garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta. Ello se corresponde 49 con la norma del art. 1039 inc. c . Esto se vincula con la prioridad que la ley le da a la conservación del contrato y la reserva de la resolución para casos de gravedad. 48 49


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7.3.8 Pérdida o deterioro de la cosa Cuando la cosa se pierde o deteriora como consecuencia de los defectos que tenía, entonces el garante es responsable de esta pérdida o deterioro. Esta norma es coherente con todo lo desarrollado anteriormente.

7.3.9 Regulación en la ley de defensa del consumidor y sus modificatorias El art. 11 de la ley 24.240 de defensa del consumidor (reformado por ley 50 26.361 ) impone una garantía legal para la comercialización de cosas muebles no consumibles, en el caso en que resulte aplicable la ley de defensa del 51 consumidor. Lógicamente, el régimen establecido por esta ley es más tuitivo para quien está en condiciones de reclamar la garantía (legitimados activos): tanto el consumidor (contratante) como sus sucesivos adquirentes. La garantía alcanza a los vicios o defectos aún en los casos en que éstos hayan sido ostensibles o manifiestos al momento de la contratación, “cuando afecten 52 la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento” . Es decir que fija una pauta de interpretación de la entidad del defecto: es importante tener en cuenta que, en estos casos, la visibilidad de los defectos no excluye de responsabilidad al proveedor. Esto es coherente con lo dispuesto en 53 materia de vicios redhibitorios (inc. 2 del art. 18, ley 24.240 ), que dispone la procedencia de la garantía por vicios redhibitorios aun frente al conocimiento de los mismos por parte del adquirente. Desde esta óptica, en el marco del derecho del consumo, no sería aplicable el art. 1.053 del Código que libera de responsabilidad por defectos ocultos, cuando el adquirente conoció o debió haber conocido los defectos del bien mediante un examen adecuado de las 54 circunstancias del caso al momento de la adquisición. Y con similar lógica de fundamento, no permite la exención de responsabilidad por daños del enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que 55 corresponde la enajenación (conf. último párrafo del art. 1.040 del Código ). El proveedor, por su profesionalidad, se presume que siempre debe conocer los 50

Ley 26.361 del 12 de marzo de 2008. Defensa del Consumidor. Ley 24.240 - Modificación. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 51 Art. 11 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 52 Art. 11 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 53 Art. 19 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 54 Art. 1.053 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 55 Art. 1.040 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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defectos, y el comprador, independientemente de sus condiciones personales, en tanto consumidor, nunca puede presumirse que debía conocer los defectos. Asimismo, en el art. 11 de la ley 24.240 se fija un plazo de tres meses para la garantía legal obligatoria de las cosas usadas y en seis meses para los demás casos; plazo que se contará a partir de la entrega de la cosa. Es decir que se introduce la garantía para las cosas usadas; y se extiende el plazo legal de 56 garantía para las nuevas a 6 meses. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal: los productores, importadores, distribuidores y vendedores de 57 las cosas comprendidas en el artículo 11. Tal como lo dispone el art. 18 de la ley 24.240, esta garantía legal subsiste con 58 la de vicios redhibitorios. Hay diferencias entre ambas: “la principal reside en que la garantía por vicios redhibitorios solo habilita la promoción de acciones judiciales, mientras que la de la ley 24.240 además, establece un sistema de postventa o service extrajudicial, obligatorio para el proveedor” (Tinti y Calderón, 2011, p. 79). El art. 18 de la ley 24.240 dispone, como dijimos, que la aplicación de la garantía legal no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios prevista en el parágrafo 3, sección 4, Título II del Libro Tercero del Código Civil y Comercial.

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Art. 11 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 57 Art. 11 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 58 Art. 18 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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8 Extinción, modificación y adecuación del contrato El capítulo 13, del Título II, del Libro Tercero del Código Civil y Comercial, establece una regulación general para la “Extinción, modificación y adecuación del contrato” en los arts. que van del 1.076 al 1.091.

8.1 La rescisión bilateral Primeramente, el Código regula el instituto de la rescisión bilateral, como una forma de extinción de los contratos : “El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, sólo 59 produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros” . Al respecto:

(…) cabe concluir que es aplicable a todo tipo de contrato, bilateral o unilateral, sin que importe que las prestaciones estén a cargo de una o de ambas partes, mientras no se hayan ejecutado y estén pendientes. (…) La bilateralidad de la rescisión es requerida no porque hay correspondencia bilateral de prestaciones sino porque fueron necesarias dos voluntades para crear el contrato. Es bilateral, entonces, no en razón de las prestaciones debidas — concepto de bilateralidad aplicable a la clasificación del los contratos — sino en razón de las voluntades que los gestaron, concepto de bilateralidad aplicable a la clasificación de los actos jurídicos”. (Leiva Fernández, 2015, p. 636).

La rescisión implica dejar sin efecto el contrato (rescindir un contrato significa dejarlo sin efecto, por medio de lo que en la ciencia jurídica se conoce como

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distracto ). Y ello sólo opera ex nunc, es decir que la rescisión, excepto se pacte lo contrario, sólo tiene efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros.

8.2 La extinción por declaración de una de las partes El contrato también puede ser extinguido por la declaración de una de las partes. Esta declaración puede ejercitarse a través de diferentes mecanismos: rescisión unilateral, revocación o resolución, dependiendo de los casos en los que el propio contrato o la ley permitan tal facultad. Sobre la primera:

La revocación es la facultad de una de las partes de dejar sin efecto un acto en las circunstancias previstas y sancionadas por el legislador. No es exclusiva del ámbito contractual, pues aparece en materia de testamentos y legados. (…) Tanto la revocación como la rescisión dejan subsistentes los efectos ocurridos en el período transcurrido desde la existencia del contrato hasta su cesación como consecuencia de la revocación o rescisión. (Garrido Cordobera, 2015, p. 201).

La revocación como instituto extintivo de los actos jurídicos tuvo su origen en los actos unilaterales — v.gr. testamento (art. 2512), otorgamiento de poder (art. 380), etc. Se aplica al contrato de mandato como extensión de la revocación del poder que viabiliza el mandato (art. 1329). También a la donación, arts. 218 a una fundación, y 1569. Es, en definitiva, un acto jurídico unilateral e incausado (Spota- Leiva Fernández), que a partir de la previsión legal o contractual que lo autoriza, produce efectos extintivos ex nunc sobre actos jurídicos unilaterales o bilaterales gratuitos. (…)También son casos de revocación la del retiro de la autorización para funcionar a una persona jurídica (art. 164), la de la adopción simple (art. 629) o integrativa (art. 633), de la promesa de recompensa (art. 1805) y del dominio revocable (art. 1967). (Leiva Fernández, 2015, p. 641).

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CNCiv., Sala D, “Sindicato de Prensa -Filial Capital- c. Franco, Elio A. C. y otro”, L.L. 1981 -B514 (1980).

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Y sobre la resolución:

La resolución es un acto jurídico unilateral y extintivo. Supone la extinción del contrato “como c onsecuencia de causas sobrevinientes y que extinguiría, en principio retroactivamente los efectos del contrato. (…) El hecho resolutorio pudo haber sido previsto por las partes o por la ley (art. 1089), ser expreso (art. 1086), o surgir tácitamente (arts. 1087 y 1088), y ser la resolución total o parcial (art. 1083). Los institutos resolutorios operan ex tunc, es decir, con efecto retroactivo art. 1079, inc. b) y solo en casos muy especiales puede hablarse de que sus efectos son ex nunc (para lo futuro), supuesto de los contratos de ejecución o cumplimiento continuado o de condición resolutoria (art. 346) y plazo resolutorio (Leiva Fernandez) o por la naturaleza de la prestación. (Garrido Cordobera, 2015, p. 203).

La rescisión unilateral debe tener como base una cláusula en el propio contrato o una disposición legal que la autorice. Se sostiene, entonces, que:

La rescisión es la consecuencia de la acuerdo de las partes que han celebrado el contrato, y únicamente podemos hablar de rescisión unilateral cuando la ley específicamente así lo ha establecido o si por el contrato se ha facultado en una cláusula a tal fin (…) Encontramos supuestos previstos con la utilización de este término en los contratos de locación de cosas, art. 1203 (…), art. 1383, contratos bancarios, art. 1432, inc. b) y art. 1441, inc. b), contrato de cuenta corriente, art. 1508, concesión. (Garrido Cordobera, 2015, p. 200).

Y en cuanto a los efectos:

(…) produce efectos ex nunc, es decir, desde el momento en que ella es acordada por los contratantes y como se rige por los principios generales que informa la autonomía, las partes pueden establecer los efectos que la rescisión tendrá entre ellas, aunque deberán respetar los derechos que en el interin pudieran haber obtenido terceros. (Garrido Cordobera, 2015, p. 201). 30

Respecto a los casos en que la ley autoriza la rescisión, podrían enumerarse 61 62 63 algunos artículos del Código. A saber: 1.203 y 1.218 para la locación; 1.522 64 para el caso de la franquicia; 1.091 para los casos en los que se aplica la teoría de la imprevisión, etc.

8.2.1 Operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes 65

El Código prevé expresamente como regla, en el artículo 1.079 : a) que la rescisión unilateral y la revocación producen sus efectos para el futuro, es decir, ex nunc, b) la resolución, por lo contrario, produce efectos retroactivos entre las partes. Sin embargo, a pesar de estos efectos retroactivos, no se afectan los derechos que adquirieron a titulo oneroso los terceros de buena fe.

8.2.2 Restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes Operada la extinción del contrato (ya sea por rescisión, revocación o resolución), las partes deben darse lo que han recibido como consecuencia del contrato, o su valor, aplicándose las normas de las obligaciones de dar para 66 restituir (contempladas en los artículos 759 a 761 del Código ). El Código, además, establece algunas reglas adicionales para el caso de los contratos bilaterales: a) la restitución debe ser recíproca y simultánea; b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación; c) para estimar el valor de las restituciones del acreedor, se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber 61

Art. 1.203 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.218 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 63 Art. 1.522 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 64 Art. 1.091 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 65 Art. 1.079 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 66 Arts. 759-761 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 62

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efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños.

8.3 Reparación de daños El Código regula la reparación del daño “cuando procede”. Ello e s así porque la extinción del contrato por su resolución o rescisión no necesariamente ocasiona por sí misma daños a la otra parte. Ahora bien, cuando efectivamente se producen daños, entonces se contemplan pautas para su reparación. A saber:

a) el daño debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en el Capítulo 13 sobre “Extinción, modificación y adecua ción del contrato”, de acuerdo con las reglas propias de cada contrato, y de conformidad con las disposiciones atinentes al Título "Otras Fuentes de las obligaciones", en particular al Capítulo 1, "Responsabilidad civil". b) la reparación incluye el reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado. c) si se pactó una cláusula penal, se aplican las disposiciones previstas para ellas.

8.4 Resolución del contrato En relación a la resolución del contrato, el Código contiene normas aplicables al 67 pacto comisorio expreso y tácito (arts. 1083 a 1085 ). Luego, de manera 68 específica el art. 1086 regula el pacto comisorio expreso y los arts. 1087 a 69 1089 el tácito. Al respecto del pacto comisorio se ha dicho: “Cuando la condición a la que se subordina la resolución de un contrato bilateral es el incumplimiento de la prestación, estamos frente a un pacto comisorio, que puede ser convencional o legal” (Quinteros, citado en Alterini, 2012, p. 455).

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Arts. 1.083-1.085 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.086 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 69 Arts. 1.087-1.089 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 68

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8.4.1 Resolución total o parcial La resolución es un modo de extinción del contrato por incumplimiento. Como señala Garrido Cordobera (2015), "la resolución es la extinción del contrato, en la etapa de cumplimiento, como consecuencia de causas sobrevinientes y que extinguiría, en principio, retroactivamente los efectos del contrato" (2015, p. 203). El Código, en el artículo 1.083, le otorga la facultad a quien incumple el 70 contrato, de resolverlo total o parcialmente. Si bien se otorga esta opción a quien está en condiciones de resolver el contrato, la facultad de hacerlo total o parcialmente es excluyente. Esto significa que quien optó por la resolución parcial, luego no puede solicitar la resolución total como consecuencia del incumplimiento que motivó la resolución original, y viceversa. En los casos en que hubo ejecuciones parciales del contrato por parte de quien ha incumplido (entendido como parte deudora), entonces el acreedor (cumplidor) solo puede resolver íntegramente el contrato en tanto y en cuanto la prestación parcial, ejecutada de esa manera, no le produzca ningún beneficio o interés.

8.4.2 Configuración del incumplimiento Es sumamente relevante que comprendan los casos en los que el incumplimiento puede motivar la resolución de los contratos bilaterales con prestaciones recíprocas. Es que no cualquier incumplimiento puede justificar este mecanismo de extinción. El incumplimiento debe ser esencial, evaluando este carácter en relación a la finalidad del contrato. Veremos cuándo el cumplimiento es esencial, en consideración a los términos 71 del Código . A saber: a) en los casos en que el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental en el contexto del contrato; b) el cumplimiento en tiempo de la prestación es dirimente para el acreedor, quien de lo contrario pierde su interés. Esto de alguna manera nos dirige al instituto de la frustración de la finalidad del contrato, 72 regulada en el art. 1.090 del Código;

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c) en los casos en que el incumplimiento se vuelve relevante en tanto priva a la parte cumplidora (perjudicada) de lo que tenía derecho a esperar en razón del contrato; d) cuando el incumplimiento es intencional (hay dolo o mala fe de la contraria); e) cuando el incumplimiento fue manifestado a través de una declaración seria y definitiva por parte del deudor.

8.4.3 Conversión de la demanda por cumplimiento De conformidad con el art. 1.085 del Código, cuando en el marco de un proceso judicial de cumplimiento de contrato se dicta una sentencia que ordena el cumplimiento, condenando al deudor, la ley prevé que esta resolución lleva implícita el apercibimiento de que si no se cumple la condena en la etapa de ejecución de sentencia, entonces el acreedor puede optar por la resolución del 73 contrato. De acuerdo con lo sostenido en el Código comentado de Rivera en relación a este artículo,

(...) en el presente artículo se autoriza el uso del jus variandi ya dentro del proceso judicial y se establece que ante el incumplimiento de la sentencia que condena a efectuar la prestación, es decir, a cumplir, el acreedor puede optar por dirigir el procedimiento hacia la resolución e indemnización de daños y perjuicios sin necesidad de incoar otro proceso. (Leiva Fernández, 2015, p. 672).

8.4.4 Cláusulas resolutorias El art. 1.086 del Código viene a incorporar la regulación del pacto comisorio expreso. Así es que permite que las partes puedan establecer que la resolución del contrato se produzca ante determinados incumplimientos. Pueden pactar que el pacto comisorio se ejerza ante incumplimientos de carácter general o ante otros más específicos, ya que en ejercicio de su autonomía de la voluntad

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pueden decidir la relevancia que los incumplimientos puedan tener en el marco específico del contrato celebrado. Es claro que algunos incumplimientos de por sí justifican el ejercicio de la facultad resolutoria. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una compraventa en la que, quien debe pagar un precio en dinero, no lo hace. Pero hay otro tipo de incumplimientos que son más dudosos, pues pueden tratarse de deberes secundarios de conducta que no están ligados con las obligaciones principales del contrato. Pues bien, el art. 1.086 le da a las partes la posibilidad de que definan qué incumplimientos justificarían el ejercicio del 74 pacto comisorio.

8.4.5 Cláusula resolutoria expresa El pacto comisorio expreso “es una cláusula accidental del contrato en virtud de la cual la parte cumplidora tiene derecho a resolver el contrato ante el incumplimiento de la otra” (Alterini, 2012, p. 456). Como dijimos, el art. 1.086 del Código regula este instituto.

Para que produzca efectos, la parte que ejerce el pacto comisorio debe comunicarle a la incumplidora, de manera fehaciente, su intención de resolver el contrato.

8.4.6 Cláusula resolutoria implícita. Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita El pacto comisorio tácito “es una cláusula natural de los contratos con prestaciones recíprocas en virtud de la cual la parte cumplidora puede, mediante ciertos trámites extrajudiciales, resolver el contrato ante el incumplimiento de la otra parte” (Alterini, 2012, p. 456). Es una cláusula natural porque está inserta en los contratos bilaterales, aun cuando las partes no lo hayan previsto expresamente. Es que es lógico que quien cumplió, ante el incumplimiento de la otra parte, tenga derecho a extinguir el contrato que las vinculara. No opera de pleno derecho, sino que debe ser requerida por la parte que pretenda la resolución.

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Ahora bien, el ejercicio de la cláusula resolutoria implícita tiene ciertas reglas que deben respetarse. Esas reglas están contempladas en el art. 1.088 del 75 Código. Veremos: a) debe existir un incumplimiento esencial en atención a la finalidad del 76 contrato, de conformidad con el art. 1.084 del Código. Es decir, no puede tratarse de cualquier incumplimiento; b) el incumplidor, deudor, debe estar en mora; c) el acreedor no debe estar en mora; d) debe haber un requerimiento del acreedor al deudor, para que cumpla el contrato en un plazo no inferior a 15 días bajo apercibimiento de resolución. Conforme lo señala Leiva Fernández (2015), este requisito está vinculado con el principio de conservación de los actos jurídicos. El acreedor debe, de manera previa, solicitar al deudor que cumpla con su prestación bajo apercibimiento de resolver el contrato. Vencido el plazo otorgado para el cumplimiento, si éste no se verifica, entonces en ese momento se produce la resolución del contrato de pleno derecho. Otra posibilidad es que el deudor cumpla en el plazo exigido. Es cumplimiento, purga la mora, pero sigue siendo responsable por los daños y perjuicios que pudiera haber causado como consecuencia del retardo en el cumplimiento.

8.4.7 Resolución por ministerio de la ley El requerimiento para que el deudor cumpla en un plazo no inferior a 15 días, no es necesario cuando es la ley la que faculta a la parte a declarar unilateralmente la extinción del contrato. Ello de conformidad con el art. 1.089 77 del Código. Algunos casos previstos por la ley: en el contrato de cuenta corriente bancaria 78 (art. 1.404 inc. a del Código ); en el caso de la revocación del mandato (art. 79 1.331 del Código ), el desistimiento unilateral de la obra por el locatario de

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Art. 1.088 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.084 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 77 Art. 1.089 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 78 Art. 1.404 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 79 Art. 1.331 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 76

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obra (art. 1.261 del Código ) y en el contrato de comodato (arts. 1.539 y 1.541 81 del Código ).

8.5 Frustración de la finalidad La ley contempla un caso particular de resolución del contrato, entendida como la extinción por la frustración definitiva de la finalidad del contrato. En este caso, se quiebra la causa del contrato. Esta teoría no había tenido recepción legislativa antes de la reforma 82 introducida por ley 26.994. Sin embargo, su uso se había extendido jurisprudencialmente y ha tenido mucho desarrollo doctrinario.

Origen de la teoría de la frustración del fin del contrato

En cuanto a su origen es casi unánime la doctrina en señalar al derecho anglosajón. El instituto de la frustración del fin del contrato vino a morigerar el principio fundamental en el derecho contractual inglés que establecía que quien había asumido contractualmente una determinada obligación debía estrictamente cumplirla y, salvo que se hubiese previsto expresamente una exoneración o limitación de su responsabilidad contractual, este debía hacer frente a las consecuencias de la imposibilidad de cumplimiento frente al cambio de las circunstancias que pudiera haber sobrevenido con posterioridad al contrato Este principio había sido consagrado en el clásico precedente Paradine V. Jane del año 1647, en el que a un locatario se le hizo responder por el pago del alquiler a pesar de que había sido privado del uso y goce del bien por un enemigo del rey. Dicho precedente fue modificado en 1863 con el caso Taylor V. Caldwell, que determinó que habiéndose destruído materialmente el objeto de la prestación se frustraba el contrato y el obligado no era responsable del incumplimiento, consagrándose en el derecho inglés lo que en el derecho continental podría asimilarse al caso fortuito o fuerza mayor. 80

Art. 1.261 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Arts. 1.539-1541 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 82 Ley 26.994 del 01 de octubre de 2014. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 81

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Donde mayormente se desarrolló el instituto de la frustación fue en el derecho marítimo, tomándose como base para la aplicación del instituto de marras la frustración de la aventura comercial que las partes habían tenido al contratar; en estos supuestos es donde la teoría de la frustración tuvo aplicaciones más amplias, alcanzando situaciones donde no se había producido la destruccion de la cosa ni la imposibilidad material de incumplimiento de la obligación. (Barocelli, 2004, Apartado III).

Tradicionalmente, para referirnos a la teoría de la frustración de la finalidad del contrato, se invocan los casos de la coronación , ya que es allí donde la teoría se perfeccionó:

A la muerte de la Reina Victoria en 1901 hubo gran interés en presenciar el desfile de la coronación de Eduardo VII ya que hacía 64 años que no se presenciaba una ceremonia de coronación. Con tal motivo, un Sr. Henry arrendó a un Sr. Krell una casa situada en una calle donde pasaría el desfile de la coronación. A su vez, éste había subarrendado balcones y ventanas. El futuro rey enfermó y el desfile no se realizó. Los arrendatarios reclamaron la devolución de lo pagado por no haberse cumplido con la finalidad del contrato. La Corte entendió que había una frustración del fin del contrato y correspondía acoger los reclamos. Para ello se fundó en que si las partes habían partido de la base de la existencia de un determinado estado de cosas que después desaparece sin su responsabilidad, había lugar a excepcionarse de cumplir. (Guarnieri, 2012, Apartado II).

A través del art. 1.090 del Código se autoriza a la parte perjudicada por la 83 frustración de la finalidad del contrato a declarar su resolución. Ello en tanto se den ciertas condiciones. A saber: a) que la frustración de la finalidad tenga causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, b) que esa situación sea ajena a las partes;

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c) que la alteración de las circunstancias supere el riesgo asumido por la perjudicada. Como en los casos analizados anteriormente, para que la resolución surta efectos, quien la solicita debe comunicar su declaración extintiva a la otra parte. Por último, si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.

8.6 Imprevisión Este instituto se encuentra regulado en el art. 1.091 del Código, el cual establece:

Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna 84 excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.

Las condiciones de aplicación son: contratos bilaterales conmutativos de ejecución diferida o permanente, y los aleatorios en la medida en que la excesiva onerosidad exceda dicha álea. A diferencia de la frustración de la finalidad del contrato, en la que existe un quiebre en la causa del mismo, en la imprevisión lo que se afecta es la cuantía de las prestaciones comprometidas. No se trata de casos que necesariamente impidan el cumplimiento de las prestaciones comprometidas, pero las tornan excesivamente onerosas para el deudor. 84


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Antecedentes, doctrina y jurisprudencia. En nuestro país, la reforma del 85 Código Civil del año 1968, producida por ley 17.711 , incorporó el art. 1.198 del Código Civil lo que hasta ese entonces era una teoría sobre imprevisión y especialmente las conclusiones elaboradas en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (1961) fueron la fuente de la consagración legislativa de dicha teoría, abonada por la opinión doctrinaria de autores tales como: Busso, Llambías, Borda, Mosset Iturraspe, Bueres (quien presentó la ponencia sobre incorporación de la imprevisión al Código Civil, en caso de una eventual reforma) y López de Zavalía.

Mucho se ha discutido sobre la designación correcta del mecanismo contemplado, en cuanto a la resolución o revisión del contrato por un hecho extraordinario e imprevisible que lo transforma en excesivamente oneroso p ara una parte. Destacados juristas hablan de doctrina de la imprevisión (Busso), teoría de la imprevisión (Borda, Argeri, Cossio, Bustamante Alsina, Alterini, entre otros) o imprevisión contractual (Rocca, Spota). Acontecimientos que habilitan su aplicación. Coincidimos con Alterini (2012) en cuanto a que “la posibilidad de desligarse de un contrato que por causas sobrevinientes a su constitución resulta ruinosa o bien a adecuar los términos del contrato, tiene fundamento en las bases del negocio jurídico” (2012, p. 405).

La teoría de las bases del negocio jurídico estima que, para la celebración de un contrato, las partes tienen en cuenta ciertas circunstancias básicas que son propias del negocio jurídco en cuestión, por ejemplo, la equivalencia en las contraprestaciones. De tal manera, si esas circunstancias básicas no se dan (como si se arrienda un balcón para presenciar un desfile que no se lleva a cabo, hipótesis contemplada por la jurisprudencia inglesa en los denominados Casos de la Coronación de Eduardo VII) o si ulteriormente resultan modificadas (como cuando se encarece súbitamente el valor de mercaderías vendidas a un precio fijo), el acto deviene ineficaz por insubsistencia de las bases que lo sustentaron. (Alterini, 2012, p. 403).

Uno de los supuestos que frecuentemente nos lleva a considerar la teoría de la imprevisión, es la inflación, la que no siempre puede tornar aplicable esta teoría, en tanto en épocas de inflación, al celebrar contratos, las partes deben contemplar las consecuencias que tendrá la inflación sobre sus obligaciones.

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Ley 17.711 del 22 de abril de 1968. Código Civil. Modificaciones. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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Entre los hechos o circunstancias que lo habilitan, se ha dicho: “Damos por supuesto que la imprevisión no ha sido instituida para rectificar ‘malos negocios’ ni para subsanar errores comerciales o financieros de los mismos ” (Cám. 2ª CC de La Plata, Sala III, 22/05/1979, citado en Abatti y Rocca, s.f., recuperado de http://goo.gl/73Iqh1). Alterini (2012) brinda como ejemplos: "si se ha contratado la provisión de 100 toneladas mensuales de carbón durante cinco años, a un precio de x, y por el estallido de una guerra, el precio del carbón se duplica" (2012, p. 407). Tengamos presente también que las medidas de junio de 1975 y la hiperinflación padecida en 1982 y de 1987 a 1990, y la que podría generarse por la crisis económica y social explosionada en diciembre de 2001, constituyen en principio y sujetos a evaluación, según las circunstancias de cada caso, hechos extraordinarios e imprevisibles. Y así como la jurisprudencia entendió que el "Rodrigazo" resultó un hecho extraordinario e imprevisible, lo propio ha pasado con el "Sigotazo" (1981), con los coletazos de Malvinas (1982), el pos plan austral y seguramente lo considerará con la crisis 86 que provocó la sanción de la ley de Emergencia Pública 25.561. Es interesante destacar que no todo proceso inflacionario puede ser considerado imprevisible, porque la inflación, en nuestro país, se remonta a la segunda mitad del siglo XX, pero la inflación desatada fuera de los cánones habituales sí es imprevisible. También una brutal devaluación de la moneda, como la ocurrida a partir de diciembre de 2001, cuando se encontraba vigente la Ley de Convertibilidad y 87 Desindexación Nº 23.928 y con una autoridad económica que había descartado de plano la alteración de la paridad cambiara de un peso equivalente a un dólar, es un hecho indudablemente imprevisible. En conclusión, la mayoría de la doctrina sostiene que la devaluación monetaria brusca y no prevista abre el camino para invocar imprevisión. El campo de acción de la doctrina de la imprevisión se encuentra delimitado por varios supuestos contemplados por el art. 1.091, tales como el grado de 88 onerosidad, características de los acontecimientos, ausencia de mora o culpa. Como requisitos de aplicación, enumeramos:

1) que existan acontecimientos extraordinarios e imprevisibles con posterioridad a la celebración del contrato, entendidos como aquellos que están fuera del curso normal y estadístico, no habiendo sido posible su previsión por las partes, 2) que esos acontecimientos ajenos a los celebrantes conviertan en excesivamente onerosa la prestación de alguna de ellas; 3 ) quien invoque la aplicación de la teoría no se encuentre en mora ni haya obrado con culpa. (Garrido Cordobera, 1025, p. 216). 86

Ley 25.561 del 06 de enero de 2002. Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario. Ley de Convertibilidad 23.928 – su modificación. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 87 Ley 23.928 del 27 de marzo de 1991. Convertibilidad del Austral. Régimen legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 88 Art. 1.091 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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Luego, tanto la "onerosidad excesiva" como el hecho desencadenante que de be ser "extraordinario en atención a las circunstancias existentes al tiempo de la 89 celebración" , quedan librados al arbitrio judicial. Por último, se debe hacer referencia a los efectos dados por los extremos del instituto, es decir, a requerir (extrajudicialmente o judicialmente) ya sea la vía de la resolución total o parcial del contrato o la de su adecuación.

8.7 Lesión. Evolución Antecedentes históricos

Derecho romano. La Lesión enorme existía en el Derecho Romano y en la antigua legislación española. El principio de la lesión no era una causa de nulidad de los actos jurídicos. Por excepción, la lesión enorme o enormísima podía dar lugar a la rescisión de las convenciones. El Derecho Romano post-clásico consagró un modo de rescisión del contrato de compra-venta: la lesión enorme o de más de la media ( laesio enormis ) que tenía lugar cuando una persona hubiere enajenado una cosa por un precio inferior a la mitad de su valor real. Esta forma de rescindir el contrato no tenía como consecuencia dejarlo sin efecto de pleno derecho, sino que solamente autorizaba al vendedor, cuando el contrato no habría sido ejecutado, a obtener una excepción en caso de que el comprador persiguiera la entrega de la cosa y también valerse de la actio venditi , cuando hubiera cumplido el contrato, para volver las cosas a su anterior estado, según lo expresa un reconocido autor, R. M. Salvat, en su libro Tratado del Derecho Civil Argentino - Parte General, Tomo II. Tal causa de rescisión nació por motivos de equidad desde que era presumible que la persona que vendía un objeto de su propiedad por un precio muy inferior a su verdadero valor, sólo lo hacía impulsado por un estado de necesidad que la ley no podía dejar de contemplar a fin de hacer desaparecer los efectos de tales ventas. La acción rescisoria, que en un principio se aplicaba sólo a los inmuebles, luego se extendió a toda clase de cosas; no alcanzaba las ventas aleatorias. Edad media: en la Edad Media, el Código Teodosiano no previó el instituto de la lesión, pero tuvo un gran desarrollo tanto en la glosa, como en el derecho escrito y en el consuetudinario. La glosa introduce la idea subjetiva, sosteniendo que una venta por menos de la mitad del justo precio lleva a

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pensar que ha existido fraude por alguna de las partes. Du rante este período, la lesión se aplicó a otros contratos como el arriendo, la transacción, el cambio o permuta, y aun la donación. Derecho Canónico: en la doctrina de los canonistas, la lesión adquiere gran relevancia como medio contra la usura. La codificación del siglo XIX: el proceso de liberalización económica que se consagra con la Revolución Francesa abolió la lesión, de carácter restringido, aplicable a ciertos negocios jurídicos, como la compra-venta inmobiliaria y la partición. La lesión aparece como un remedio excepcional y luego se reconocieron otros ámbitos en los que es posible invocarla, como en materia de locaciones, asistencia marítima, préstamos de dinero, etc. Los códigos contemporáneos: luego del Código de Napoleón, los códigos posteriores lo siguieron, adoptando una fórmula objetiva y reducida a ciertos contratos. Sin embargo, otros códigos repudiaron el instituto en cualquiera de sus manifestaciones. Lo más destacable durante el siglo XX fue la adopción de algunos códigos como el suizo y el alemán, de fórmulas "objetivo-subjetivas" que encuentran sus antecedentes en las legislaciones penales de estos países. Naturaleza jurídica: la lesión es un vicio propio de los actos jurídicos. La diferencia básica entre lesión e imprevisión radica en que ésta se aplica a los actos que originariamente contenían prestaciones equivalentes. Pero circunstancias sobrevinientes, imprevisibles y extraordinarias convierten en excesivamente oneroso para una de las partes el cumplimiento de las prestaciones. En la lesión, el defecto está presente desde el mismo momento de la celebración y debe subsistir al tiempo de la demanda. Además, la lesión contiene elementos subjetivos: estado de inferioridad y explotación, que no aparecen en la imprevisión. Evolución: la lesión no era admitida en el código civil de Vélez Sarsfield, quien rechazó categóricamente la lesión como vicio en los contratos. 90

La reforma introducida por la ley 17.711 del año 1968 , incorporó al Código Civil (hoy derogado por ley 26.994) en su art. 954, la lesión mediante una fórmula objetivo-subjetiva, donde aparecen invariablemente ambos elementos: la desproporción entre las prestaciones, que debe derivar de la explotación por una de las partes de un estado de inferioridad típico de la otra. 91

La ley 26.994 que sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación , regula a la lesión en el art. 332 (Capítulo 6, “Vicios de los actos jurídicos”, Título IV, Libro Primero del Código) como un vicio de los actos jurídicos, junto con la simulación y el fraude:

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Ley 17.711 del 22 de abril de 1968. Código Civil. Modificaciones. Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. 91 Ley 26.994 del 01 de octubre de 2014. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden 92 ejercer la acción. Elementos del acto lesivo

El elemento objetivo: es la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. El elemento objetivo supone: que haya desproporción entre las contraprestaciones y que sea "evidente" su justificación.

El hecho en cuestión, para que entre en juego la teoría de la imprevisión, ha de provocar una excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación debida, de manera tal que el mantenimiento de la obligación importe la consumación de una flagrante injusticia. Va de suyo que el desbarajuste en la situación económica debe perjudicar al deudor para que la teoría de la imprevisión sea aplicable; el que beneficiare al acreedor, sin perjudicar al deudor, sería irrelevante. (Alterini, 2012, p. 407).

Se presume que existe el aprovechamiento o explotación cuando medie notable desproporción de las prestaciones; los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Debe tratarse de una ventaja patrimonial que excede lo que habitualmente ocurre en los negocios. La notable desproporción debe ser un grosero desequilibrio entre las prestaciones. También se exige que esa ventaja patrimonial no tenga justificación. La desproporción debe existir en el momento de la celebración del acto y subsistir al tiempo de la d emanda.

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Art. 332 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

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Se requiere: el elemento subjetivo de la víctima, de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de una de las partes. El elemento subjetivo del lesionante o beneficiado: es el aprovechamiento de la situación de inferioridad en que se halla la víctima del acto lesivo. No es suficiente el sólo conocimiento de la existencia de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia, sino que es necesario que, a partir del conocimiento de ese estado, se pretenda obtener un beneficio desproporcionado, tomando posesión psicológica de ellos para explotarlos e instrumentarlos para sus fines. Tal como sostiene Alterini (2012), para diferenciar la lesión de la figura antes vista de la imprevisión, en los dos casos el deudor sufre un perjuicio patrimonial exorbitante e inicuo. Sin embargo, en la imprevisión, el perjuicio se produce en otro momento, al tiempo del cumplimiento del contrato, es decir que en la imprevisión hay una lesión que es sobreviniente pero por circunstancias extrañas al comportamiento de las partes. Por otro lado, en la lesión el perjuicio sucede en otro momento diferente, cuando se celebra el acto jurídico y como consecuencia del aprovechamiento de una de las partes de las características de la otra. Asimismo, la imprevisión no incide sobre los efectos ya cumplidos del contrato, a diferencia de la lesión cuando el afectado requiere la nulidad del contrato.

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9 Contratos de consumo El Título III del Libro Tercero (“Derechos Personales”) del Código Civil y Comercial está destinado a establecer el marco de regulación de los contratos de consumo. Concretamente, el capítulo 1 regula la “Relación de consumo”, el capítulo 2 la “Formación del consentimiento”, el capítulo 3 las “Modalidades especiales” y el capítulo 4 las “Cláusulas abusivas”.

La incorporación de los contratos de consumo en el Código Civil, que antes sólo 93 estaban contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) , fue uno de los temas más discutidos en la sanción de la ley 26.994 que dio nacimiento al 94 nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Resulta valioso remitirnos a los argumentos manifestados en los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación ” (2012), en el que se debatió concretamente el tema. Así, se dijo:

En el derecho comparado hay distintos modelos. Una opción es mantener separadas ambas regulaciones. Es el criterio del Códice del Consumo Italiano (Decreto Legislativo nº 206 del 6 de setiembre de 2005), del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias española (Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre de 2007) y del Anteproyecto de Reforma al Código Civil francés en el Derecho de obligaciones y el Derecho de la prescripción, dirigido por el profesor Pierre Catalá y presentado al Ministerio de Justicia en el año 2005, que tampoco la incorpora al Código Civil. Todos los Estados Partes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) así como todos los Estados Asociados (Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia) tienen leyes del consumidor separadas del Código Civil. El comentario 2 al Preámbulo de los Principios de Unidroit señala el “propósito de excluir del ámbito de los Principios las llamadas operaciones de consumo”. Con otro criterio, la reforma del año 2002 el Código Civil alemán incorporó algunas normas aplicables específicamente al Derecho del Consumidor (definición de consumidores y 93

Ley 24.240 del 22 de septiembre de 1993. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina 94 Ley 26.994 del 01 de octubre de 2014. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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profesionales, contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles y a distancia, garantías en la venta de bienes de consumo) junto con otras propias del Código (condiciones generales de la contratación, morosidad en las operaciones comerciales, comercio electrónico). El Código Civil quebequés de 1991 incluyó disposiciones atinentes a los contratos de consumo y a los celebrados por adhesión (arts. 1432, 1437, 1438) así como a la responsabilidad de los intervinientes en el proceso de fabricación y comercialización de cosas muebles (arts. 1468 y 1469). El Código Civil holandés de 1992 reguló las condiciones generales de contratación (Libro 6, arts. 231 a 247), la responsabilidad por productos (Libro 6, arts. 185 a 193) y las exigencias en cuanto a la publicidad (Libro 6, arts. 194 a 196). En el ordenamiento jurídico argentino hay que considerar el rango constitucional de los derechos del consumidor, la amplia aplicación de estas normas en los casos judiciales y la opinión de la mayoría de la doctrina. Siguiendo estos lineamientos, es necesario no sólo avanzar en cuanto a la unificación de los contratos civiles y comerciales, sino también incorporar a los contratos de consumo. (Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 2012, p. 115-116, recuperado de http://goo.gl/rGbU0F).

Se llegó a la conclusión de que correspondía regular los contratos de consumo teniendo en cuenta que no son un tipo especial más (por ejemplo: la compraventa), sino una fragmentación del tipo general de contratos, que influye sobre los tipos especiales (ejemplo: compraventa de consumo). Por eso la importancia de incorporar su regulación en la parte general, entendiendo que esta solución es consistente con la Constitución Nacional que considera al consumidor como un sujeto de derechos fundamentales, así como con la legislación especial y la jurisprudencia y doctrina en la materia. Se distingue así el tipo general del contrato, de consumo. Podemos hablar, entonces, de un sistema que queda ordenado de la siguiente manera: 





Contratos discrecionales: en ellos hay plena autonomía privada. Contratos celebrados por adhesión: cuando se demuestra que hay una adhesión a cláusulas generales redactadas previamente por una de las partes, hay una tutela basada en la aplicación de este régimen. Contratos de consumo: cuando se prueba que hay un contrato de consumo, se aplica el título III, sea o no celebrado por adhesión, ya que éste último es un elemento no tipificante. 47

9.1 Relación de consumo. Consumidor. Contrato de consumo CN – Ley –. Procedimientos Judiciales y Administrativos El Código se encarga de darnos una definición de relación de consumo, consumidor y contrato de consumo. 



Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un 95 consumidor. Consumidor: entendido como la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en forma 96 gratuita u onerosa, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

También que, equiparado al consumidor, es quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Los consumidores equiparados son sujetos que no tienen un vínculo contractual o de derecho público con el proveedor, pero como consecuencia o en ocasión de ello adquieren o utilizan bienes o servicios que fueron adquiridos por un consumidor efectivo con el que los une un vínculo familiar o social. Se encuadra en esta categoría, por ejemplo, quien recibe como regalo o presente de estilo un producto defectuoso o quien es invitado a una comida en la que se sirven productos contaminados o adulterados, el acompañante en un automóvil que circula por una ruta con peaje, entre otros. (Garrido Cordobera, 2015, p. 224).

Se elimina la mención establecida en el artículo 1 de la ley 24.240 en relación a considerar consumidor a quien se encuentra “expuesto a una 97 relación de consumo”. La justificación de esa eliminación, según lo 95

Art. 1.092 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.092 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 97 Art. 1 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 96

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dicho en los “Fundamentos de l Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” (2012) es que:

En especial cabe mencionar la figura del “consumidor expuesto”, incluido en la ley especial dentro de la definición general de consumidor. Ello ha sido una traslación inadecuada del Código de Defensa del Consumidor de Brasil (artículo 29), que contempla esta noción en relación a las prácticas comerciales, pero no como noción general. (Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 2012, p. 132, recuperado de http://goo.gl/rGbU0F).



Contrato de consumo. Es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o 98 usuarios, para su uso privado, familiar o social.

9.2 Interpretación y prelación normativa. Formación del consentimiento En materia de contratos de consumo, el Código incorpora una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como una protección mínima, no habiendo obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores. Asimismo, el estudio de los contratos de consumo no puede hacerse desvinculado de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (con sus modificaciones). En los propios “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” (2012), encontramos una descripción del sistema legal a raíz de la regulación del Código, que consideramos acertada:

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De conformidad con esta perspectiva, se produce una integración del sistema legal en una escala de graduación compuesta por: a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b) Los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los usos y prácticas (Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 2012, pp. 131-132, recuperado de http://goo.gl/rGbU0F).

Sobre la interpretación: El Código establece en el art. 1.094 que ante duda sobre la interpretación del Código y las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor:

Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al 99 consumidor.

En cuanto a la interpretación de los contratos de consumo en particular 100 (conforme el art. 1095 del Código ), también se interpreta en el sentido más favorable al consumidor en caso de duda. Cuando la duda reposa sobre los alcances de la obligación del consumidor, se adopta la que sea menos gravosa. Esto es coherente con la regla de interpretación contemplada en el art. 3 de la 101 ley 24.240.

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Art. 1.094 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Art. 1.095 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 101 Art. 3 Ley 24.240. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 100

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9.3 Prácticas abusivas. Trato digno. Trato equitativo y no discriminatorio. Libertad de contratar Se establece una regulación para las prácticas abusivas (sección 1 del capítulo 2 del Código). Esto incluye una serie de principios que deben respetarse especialmente en materia de contratos de consumo: trato digno, equitativo, no discriminatorio y libertad de contratar. Trato digno

De acuerdo con los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación ” (2012):

(…) la Constitución Nacional establece (…) el ‘’trato digno’’, de manera que el Código es una implementación de esa norma, efectuada con conceptos jurídicos indeterminados y dejando lugar a la ley especial para que desarrolle reglas precisas y adaptables a un sector muy cambiante. En este aspecto se incorpora la equiparación de consumidores a personas expuestas y se establecen normas generales. (Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación , 2012, p. 134, recuperado de http://goo.gl/rGbU0F).

De conformidad con los arts. 1.097, 1.098 y 1.099 del Código se exige que los proveedores respeten una serie de deberes en relación a los consumidores, específicamente un trato digno, equitativo y no discriminatorio, y les garanticen la libertad de contratar. Así, podemos resumir estos deberes enumerando las 102 siguientes conductas: a) garanticen condiciones de atención y trato digno a los consumidores y 103 usuarios. En ese sentido, remite a tratados de derechos humanos a los efectos de garantizar la dignidad de la persona; b) se abstengan de desarrollar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias;

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Arts. 1.097-1099 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Ver art. 8 bis de la ley 24.240, el cual queda ampliado pero no derogado en función de la regulación del Código. 103

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c) otorguen un trato equitativo y no discriminatorio; d) no establezcan diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores; la libertad de contratar del consumidor; e) no realicen prácticas que subordinen la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras con el mismo fin.

9.4 La información y la publicidad. Efectos de la publicidad Información: el Código consagra una obligación general de información, que 104 hace a la transparencia informativa en los contratos de consumo. Los proveedores deben poner en conocimiento del consumidor, en forma cierta y detallada, las características esenciales del bien o del servicio, las condiciones de la comercialización y toda otra circunstancia relevante para la celebración del contrato. Esta regla difiere de la existente en los contratos en general, donde la parte que obtiene información a su costo no tiene, como principio, que compartirla.

Además de lo que se suministra, es importante cómo se lo hace: la información proporcionada debe ser clara y gratuita. Publicidad: en los arts. 1.101 a 1.103, el Código regula el marco de la publicidad 105 efectuada por los proveedores. 106

La regulación es más amplia que la prevista en la ley 24.240. Se define la publicidad ilícita, y las categorías de publicidad engañosa, comparativa, inductiva, discriminatoria en situaciones especiales y se especifican las acciones que disponen los consumidores y los legitimados según las leyes especiales y procesales. También prevé que la publicidad integre el contrato. Establece las siguientes prohibiciones en relación a las publicidades dirigidas a los consumidores: a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio; 104

Art. 1.100 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Arts. 1.101-1.103 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 106 Ley 24.240 del 22 de septiembre de 1993. Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. 105

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b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. El Código otorga acciones a los perjudicados (legitimados activos: consumidores afectados) para lograr el cese de la publicidad ilícita y/o la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios o de la sentencia condenatoria. En cuanto a los efectos de la publicidad, el Código a través del art. 1.103 sustituye el art. 8 de la ley 24.240. La publicidad (a manera de anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión) integra el contrato y obligan 107 al oferente.

9.5 Modalidades especiales de contratación El capítulo 3 del Título III del Código (Contratos de consumo) regula modalidades especiales en la contratación de consumo: contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, celebrados a distancia y celebrados por medios electrónicos. Al respecto, en los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación ” (2012) se menciona:

Se los define, se fijan las reglas generales aplicables y se establecen algunas específicas derivadas del control del medio que, habitualmente, ejerce el proveedor, y que son las siguientes: a) El deber de información enfocado en la vulnerabilidad técnica derivada del medio utilizado, b) La oferta que se expone en estos medios está vigente durante el tiempo en que permanezca accesible, y el oferente debe comunicar la recepción de la aceptación, c) El derecho a la revocación. El lugar de cumplimiento es aquél en que el consumidor hubiera recibido la prestación y fija la jurisdicción. Estas normas completan las existentes en los arts. 32, 33, 34 de la ley especial (26.361) y proveen soluciones a problemas muy concretos señalados por la doctrina. Se sigue la técnica de reglas generales que pueden ser complementadas por la legislación posterior específica. (Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de 107


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reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 2012, p. 135, recuperado de http://goo.gl/rGbU0F).

9.5.1 Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales Entendido como aquel contrato de consumo que se perfecciona en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate 108 de un premio u obsequio. Está contemplado por el a rt. 1.104 del Código.

9.5.2 Contratos celebrados a distancia Son aquellos contratos de consumo que se perfeccionan con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia (o sea, aquellos que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes: medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa).

9.5.3 Utilización de medios electrónicos. Información sobre los medios electrónicos. Ofertas por medios electrónicos. Modalidades especiales. Remisión Cuando el contrato es concluido usando medios electrónicos, y el Código exija para un contrato en particular que éste sea celebrado por escrito, esto se cumple si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte 109 electrónico u otra tecnología similar. Esto es lógico, ya que de lo contrario no podrían aceptarse contratos que hoy en día es vital que se perfeccionen por estos medios. En estos casos, el deber de información del proveedor se agrava, ya que no sólo debe proporcionar la información necesaria en los términos del artículo 1.100 del Código y la facultad de revocar el contrato, sino también todos los datos 108


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necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume 110 esos riesgos. Sobre la vigencia de las ofertas de contratación por medios electrónicos: tienen vigencia durante el período que fije el oferente o, si no hubiere un período de tiempo, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. Lugar de cumplimiento: en todos estos contratos, se considera como lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. Revocación: una cláusula muy importante que se incorpora para todos estos contratos (celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia) es la posibilidad del consumidor de revocar la aceptación del contrato. Consagra el derecho al arrepentimiento. Esta revocación debe ejercerse dentro de los diez días computados a partir de la celebración del contrato a través de una notificación al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa.

Producida la revocación, las partes quedan liberadas de sus obligaciones corespectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. No tiene validez ninguna cláusula que restrinja o suprima este derecho. El proveedor debe informar al consumidor sobre la posibilidad de revocar la aceptación. Esta información debe ser suministrada con claridad y con caracteres destacados en todo documento en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, antes de la firma del consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho.

9.6 Cláusulas abusivas El capítulo 4, del Título III, de Libro Tercero del Código está destinado a regular el régimen de las cláusulas abusivas en m ateria de contratos de consumo.

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9.6.1 Normas aplicables En relación a las normas aplicables, debe recurrirse a las del capítulo, a las de las leyes especiales y a las de los contratos celebrados por adhesión. En todos los casos resulta aplicable siempre la tutela más favorable al consumidor. Pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean aprobadas expresamente por el consumidor.

9.6.2 Regla general Se define la clausula abusiva en el art. 1.119 del Código, conforme a un criterio general: es abusiva la cláusula que, no habiendo sido negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor. Ello se complementa con los listados existentes en las leyes 111 especiales.

9.6.3 Situación jurídica abusiva El Código en el art. 1.120 define a la situación jurídica abusiva, la que existe cuando el mismo resultado (provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor) se alcanza, no ya por medio de una cláusula, sino mediante la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Ello tiene relación con las normas de ejercicio abusivo y de contratos conexos.

9.6.4 Límites y control judicial En cuanto a los límites para la determinación de abusiva de las cláusulas en contratos de consumos, se prevé (conforme el art. 1.121 del Código): “a) las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado; b) las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en 112 normas legales imperativas ”. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas: a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta al control de la abusividad de la cláusula. Por ejemplo, de aprobación de un contrato de seguro que haga la 111


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Superintendencia de seguros de la Nación no obsta a que determinada cláusula pueda considerarse abusiva en relación a un consumidor; b) el efecto es que se tengan por no convenidas; c) el juez que declara la nulidad parcial del contrato debe integrarlo. Si judicialmente se prueba una situación jurídica abusiva por contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el art. 1.075 del Código.

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Referencias Alterini, A. (2012). Contratos civiles, comerciales, de consumo: teoría general. (2ª ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Barocelli, S. (2004). La frustración del fin del contrato, DJ 2004-2, 861. Bueres, A. (1981). Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos. Buenos Aires: Depalma. CNCiv ., Sala B, Montegriffo c. Asociación Civil Santísima Cruz, L.L. 1979-C-93 (1979). CNCiv ., Sala D, Sindicato de Prensa -Filial Capital- c. Franco, Elio A. C. y otro, L.L. 1981B-514 (1980). Código Civil de la Nación. Aprobado por Ley Nº 340 del 25 de septiembre de 1869. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Constitución de la Nación Argentina. (1994). Convención Nacional Constituyente, Entre Ríos, Argentina, 15 de diciembre de 1994. Di Chiazza, I. (2015). La autonomía de la voluntad en los contratos de comercialización del Código Civil y Comercial, MJ-DOC-7090-AR, MJD7090. Garrido Cordobera, L. (2015). Incidencias del Código Civil y Comercial. Contratos en general. Tomo III. Buenos Aires: Hammurabi. Guarnieri, R. (2012). Teoría de la imprevisión, L.L. 2012-D-1059. Leiva Fernández, L. (2015). Libro III: Derechos personales, Título II: Contratos en general, Capítulo 13: Extinción, modificación y adecuación del contrato. En J. Rivera, y G. Medina (dir). Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo III (pp. 635710). Buenos Aires: La Ley. Ley 17.711. (1968/04/22). Código Civil. Modificaciones. Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. Ley 23.928. (1991/03/27). Convertibilidad del Austral. Régimen legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Ley 24.240. (1993/09/22). Defensa del Consumidor. Régimen Legal. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Ley 25.561. (2002/01/06). Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario. Ley de Convertibilidad 23.928 – su modificación. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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Derecho Privado III Lectura 2

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