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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO.C.C. MAGISTRADOS.-
JOSE LUIS ____________, mexicano, mayor de edad, actuando por derecho propio,
ante
esa
juzgadora
respetuosamente
comparecemos
para
exponer: Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los numerales 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, 1, primer párrafo, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los artículos 1, 2, 11 fracciones I, III, IV y XV, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
vengo
promoviendo
JUICIO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, y al efecto manifiesto:
I.- DOMICILIO Procesal para oír y recibir notificaciones a la instancia que nos ocupa el ubicado en Calle _____, Numero __6, Colonia Centro, __________, Estado de México, Código Postal 5mmm. II.- ACTO IMPUGNADO Resolución de determinación y cobro de capital constitutivo sin numero de folio de fecha del 18 de junio de 200_, crédito fiscal numero 04902rrrr en cantidad total de $235,199.38. III.- AUTORIDADES DEMANDADAS 1). C. Titular de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2). C. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. IV.- TERCERO INTERESADO Virtud de la naturaleza de la resolución controvertida no existe tal.
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V.- HECHOS Bajo protesta de decir verdad manifestamos que como antecedentes y hechos del acto que se viene impugnando que constan a nuestra representada, están los siguientes: ÚNICO.- Que el día 06 de _______ del año en curso, fue notificada la resolución traída a Juicio, misma mediante la que ilegalmente se me liquida débito fiscal por concepto de capital constitutivo. VI.- CONCEPTOS DE NULIDAD PRIMERO.- Por violación a lo normado en los artículos 16 de la Constitución Federal y 38 fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, en términos de los diversos 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe nulificarse lisa y llanamente la resolución de determinación y cobro de capital constitutivo que venimos impugnando, según se demostrara en las consideraciones jurídicas subsecuentes: Según
se
desprende
del
punto
SEGUNDO.-
del
apartado
CONSIDERACIONES: de la resolución controvertida, contenido tal a foja numero 1/4 de la misma, la autoridad sustenta la determinación del crédito fiscal por capital constitutivo que liquida en diversos documentos respecto de los que arguye “(....) SE HACE CONSTAR QUE SE ANEXA COPIA
DE
LOS
DOCUMENTOS
SEÑALADOS,
EL
AVISO
DE
INSCRIPCION DEL TRABAJADOR DEL 07 05 __ FUE PRESENTADO POSTERIORMENTE POR USTED (ES) O SU REPRESENTANTE LEGAL EL 08 05 __, DESPUES DE OCURRIDO EL RIESGO DE TRABAJO EL DIA 08 05 __ A LAS 9:20 HRS, SE HACE CONSTAR QUE SE ANEXA COPIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CEDULA DE DETERMINACIÓN Y COBRO DE CAPITAL CONSTITUTIVO COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA.”, dichos documentos específicamente son aquellos identificados en CONSIDERACIONES en su parte SEGUNDA, de la misma foja 1/4, y que se identifican como copias simples consistentes en el AVISO PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO ST-1, DICTAMEN DE RIESGO DE TRABAJO,
CEDULA
DE
RIESGO
Y
COSTOS
CM-CC-01
POR
LAS
PRESTACIONES EN ESPECIE, FORMATOS PDS-CC-02 Y PDP-CC-04. Pues bien, de los documentos anteriores, presentan total importancia en la determinación del débito por capital constitutivo los identificados como
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AVISO PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO ST-1, DICTAMEN
DE
CALIFICACION
y
REGISTRO
Y
COSTO
DE
PRESTACIONES EN ESPECIE, ello dado que en los dos primeros se pretende dictaminar el supuesto riesgo de trabajo del que deriva aquel y en el tercero se cuantifican los conceptos de prestaciones en especie que pretendidamente se dieron al trabajador accidentado. En ese sentido, como fácilmente se deduce a las tres resoluciones de cuenta la demandada les otorga el carácter de actos de autoridad, en los que a su vez presenta sustento jurídico y motivacional la que se impugna, en consecuencia, como tales, estas resoluciones deben pues de reunir todos los requisitos y formalidades para los actos de autoridad; en lo que nos interesa aquellos previstos en las fracciones III y IV del ordinal 38 del Código Fiscal de la Federación. Contrario a lo anterior, nótese como en cada uno de los documentos en que se basa la autoridad arriba señalados, son según confesión expresa de la enjuiciada copias simples que así se exhiben a esa Sala Regional por haber sido notificados de esa forma; mismas copias simples con las cuales no se prueba el extremo relativo a que se encuentren estampadas en estas las firmas autógrafas de los supuestos funcionarios públicos que pretendidamente las emitieron, situación por la cual resultan inauténticas y por ende no pueden producir efecto alguno sobre la esfera de derechos de la accionante. Además, las citadas resoluciones adolecen de una indebida fundamentación y motivación, ello es así debido a que sencillamente no se precisan en estos, por un lado, los dispositivos en los que se prevea la determinación de un riesgo de trabajo, ni el procedimiento jurídico-contable para la obtención de las cantidades que se señalan, ni en los que se sustenten las facultades y competencia territorial de las supuestas autoridades que los emitieron, la que dicho sea de paso contrario
a
lo
asentado
en
el
punto
SEGUNDO.-
del
apartado
CONSIDERACIONES: de la resolución controvertida, ni siquiera se identifica en el documento denominado REGISTRO Y COSTO DE PRESTACIONES EN ESPECIE, en el que solo aparecen asentadas cantidades
y
conceptos
de
prestaciones;
configurándose
así
evidentemente una violación a los requisito exigidos por los artículos 16 Constitucional y 38 fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, adoleciendo
como
consecuencia
jurídica
de
ilegalidad
el
capital
constitutivo que se viene controvirtiendo al trascenderle todos los vicios apuntados por su fruto viciado, debiendo por ende de ser nulificado lisa y llanamente por esa Sala Regional en términos de los numerales 51,
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fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En apoyo todo lo recién expuesto en seguida se transcriben Tesis de Jurisprudencia aplicables: Jurisprudencia Contradicción Octava Época Volumen 77 Página 12 COMPETENCIA.- SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.- Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. “Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad primero) Colegio del Décimo tercer Circuito.- 17 de junio de 1992.- Unanimidad de dieciocho votos.- Ponente: Carlos de Silva Nava.- Secretario: Jorge D. Guzmán González. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmillo Ordónez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García Domínguez, Carlos Sempé Miniville, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede.- El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud de Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso.- Ausentes: Noé Castañón, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e
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Ignacio Magaña Cárdenas.- México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- ESTÁN OBLIGADAS A CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDEN SU COMPETENCIA.- El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser legales, deben provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado para ello, expresándose en el acto mismo de molestia, el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de no ser así, se deja al gobernado en estado de indefensión, al no poder examinar si la actuación de la autoridad emisora se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. I.4o.A. J/16 Amparo en revisión 334/91.- Miguel Ramírez Garibay.- 18 de abril de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Méndez Calderón.- Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1494/96.- Eduardo Castellanos Albarrán y coags.- 12 de junio de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 294/98.- Mauricio Fernando Ruiz González.17 de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 1614/98.- Leonardo Alonso Álvarez y coag.17 de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 2424/98.- Elvia Silvia Gordoa Cota.- 12 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, Tomo VI, Materia Común, página 111, tesis 165, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD." FIRMA AUTÓGRAFA.LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES PARA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DE UN CAPITAL CONSTITUTIVO, DEBEN CONTENER LA.- Los documentos que constituyen los antecedentes para la determinación y cobro de un Capital Constitutivo deben contener firma autógrafa del funcionario que los emite, ya que de lo contrario se provocaría una situación confusa para el particular respecto de la Autoridad de tales anexos que son antecedentes del Capital; además, ello dará oportunidad al gobernado de conocer no solo los motivos sino también el origen de aquello que se le hace saber siendo la
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firma autógrafa un requisito, que por su naturaleza autentifica tanto el acto mismo, su origen y quien lo emitió. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo Directo 574/92.-Inmobiliaria Paseo de la Reforma, S.A.11 de junio de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jose Méndez Calderón.-Secretaria: Silvia Martínez Saavedra. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 1992, pagina 309, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A505.A. FIRMA.MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE.- El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. De ese lenguaje se desprende que el mandamiento escrito debe estar firmado por esa autoridad competente, porque desde el punto de vista legal es la firma lo que da autenticidad a los escritos (o la huella digital, con testigos, cuando ello procede). Es decir, un mandamiento escrito sin firma no puede decirse procedente de la autoridad competente, ni de ninguna otra. Y así como no podría darse curso a una demanda de amparo carente de firma, de la misma manera no puede darse validez alguna a un oficio o resolución sin firma, aun que según su texto se diga proveniente de alguna autoridad. Por otra parte, para notificar un crédito fiscal al presunto deudor del mismo, es menester que el notificador le dé a conocer el mandamiento escrito y, por ende, firmado, de la autoridad que tuvo competencia para fincarle el crédito, pues sería incorrecto pensar que la firma del notificador pudiera suplir la firma de la autoridad competente de quien debió emanar el fincamiento del crédito, ya que esto violaría el artículo constitucional a comento, al no ser el notificador autoridad competente para fincar créditos, sino sólo para notificarlos. Este tribunal no ignora que puede ser cómodo para algún organismo fiscal girar notificaciones y liquidaciones sin necesidad de motivarlas, fundarlas, ni firmarlas, pero también estima que un concepto de comodidad o eficiencia así concebido de ninguna manera es fundamento legal bastante para derogar una garantía constitucional, de lo que surgiría, sin duda alguna, un mal social mayor. Pues es claro que las garantías constitucionales no pueden ni deben subordinarse al criterio de eficiencia de empleados o funcionarios administrativos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época: Amparo directo 141/75.- Tecnoplásticos, S.A.- 29 de abril de 1975.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Amparo en revisión 267/75.- Creaciones Risita, S.A.- 5 de agosto de 1975.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Amparo en revisión 427/75.- Cía. Hulera "El Faro", S.A.- 3 de septiembre de 1975.- Unanimidad de votos.
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Amparo en revisión 451/75.- Cía. Hulera "El Faro", S.A.- 3 de septiembre de 1975.- Unanimidad de votos. Amparo en revisión 407/75.- Distribuidora Izcalli, S. de R.L.- 10 de septiembre de 1975.- Unanimidad de votos. Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 489, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 670. SEGUNDO.- Por violación a los artículos 16 y 34 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, en términos de los ordinales 51 fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal Contenciosa, debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución que se impugna, según se demostrará en las consideraciones jurídicas subsecuentes: Para acreditar lo anterior, tomemos en cuenta primero en que consiste la garantía de debida fundamentación y motivación. Tutela al ordenar el primer párrafo del numeral 16 de la Carta Magna: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por su parte el ordinal 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación dispone: Los actos administrativos que se deban de notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Es bien sabido ya, por ser de explorado derecho, que cuando el precepto Constitucional de cuenta prevé que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones y derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, por una parte, se encuentra exigiendo a las autoridades estatales que expresen todos y cada de uno los dispositivos que sirvan de apoyo a las resoluciones que emitan, es decir, tanto en los que se sustente su competencia material y espacial como aquellos de carácter sustantivo y adjetivo que sean específicamente aplicables, y por la otra, que precisen las circunstancias especiales, razones particulares ó causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la resolución relativa, siendo necesario además que
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exista una adecuación entre los motivos aducidos y las disposiciones invocadas, esto es, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Dichas exigencias son necesarias para efectos de otorgar en todo momento a los gobernados, una seguridad y certeza jurídica de que las resoluciones de las autoridades son validas por haber sido emitidas en forma, tiempo y lugar correctos, en caso contrario lógicamente se les dejaría en estado de completa indefensión. Ahora, tal y como se observa a foja número 2/4 de la resolución impugnada, el capital constitutivo respectivo se integra de los conceptos siguientes: 1). PRESTACIONES EN ESPECIE, consistentes en: OTORGADAS DEL
CONCEPTO 1.
CANTI
COSTO
DAD
TOTAL
ASISTENCIA MEDICA - CONSULTA MEDICO FAMILIAR
08 05 01
10 04
06
2,324.16
- CONSULTA DE ESPECIALIDADES
08 05 01
02
03
527.04
- CONSULTA DENTAL
10 04
- ATENCION DE MEDICINA DEL TRABAJO
02
-ATENCION DE SERVICIO DE URGENCIA. 2.
AL
HOSPITALIZACION - HOSPITALIZACION (DIAS PACIENTE)
08 05 01
01
735.84
- TOCO CIRUGIA, PARTOS Y ABORTO
10 04
- CUIDADOS INTENSIVOS (DIAS PACIENTE)
08 05 01 3.
02
17
40,196.16
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION
10 04 4.
SERVICIOS AUXILIARES Y DE DIAGNOSTICO
02
Y DE TRATAMIENTO -ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO - ESTUDIO DE LABORATORIO DE HORMONAS - ESTUDIO DE RADIODIAGNOSTICO (RAYOS
08 05 01
11
586.08
08 05 01
15
1,252.8
X) - ESTUDIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMP. -ESTUDIO DE ELECTRODIAGNOSTICO
0 10 04 02
5.
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
6.
APARATOS DE PROTESIS Y ORTOPEDIA
10 04
FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
02
08 05 01
TERAPIA OCUPACIONAL
04 79,102.0 8
TERAPIA FISICA 7.
GASTOS DE TRASLADO DEL TRABAJADOR
8
9 ACCIDENTADO Y PAGO DE VIATICOS EN SU
10 04
CASO MEDICINA PREVENTIVA
02
EL COSTO INCLUYE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE
SUMA
CURACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
$
124,724.16
Antes de entrar propiamente al estudio de las ilegalidades de la resolución que se controvierte, hemos de precisar que los capitales constitutivos, virtud de que son cantidades pecuniarias que impone como obligación, y puede además cobrar coactivamente a los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el organismo fiscal autónomo que este es a través del procedimiento administrativo de ejecución, incuestionablemente cuentan la naturaleza de una contribución, por tanto, están sujetos a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que establece el articulo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de suerte que sus elementos (como lo son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, mismos que resultan indispensables para que se puedan fijar en cantidad líquida) deben necesariamente estar precisados en la Ley de la materia, esto es, específicamente en la Ley del Seguro Social. Lo anterior significa que los montos de esta especifica contribución solo pueden determinarse si la Ley del Seguro Social prevé todos y cada uno de los elementos señalados, amen de un procedimiento especifico para ello, y no solo esto, si no que además en las resoluciones de autoridad virtud de los cuales se fijen en cantidad líquida debe precisarse en atención a la garantía de la debida fundamentación y motivación, el o los preceptos
y
procedimiento
legal
que
se
haya
aplicado
para
su
determinación, amen de por supuesto su correlativa motivación, ello naturalmente
a
fin
de
no
dejar
en
estado
de
indefensión
al
patrón/contribuyente relativo. Lo comentado se ve sustentado por la tesis de jurisprudencia siguiente, misma que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para esa Sala Regional: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Junio de 1997 Tesis: P./J. 38/97 Página: 100 SEGURO SOCIAL, LEY DEL.- AUNQUE LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES DIVERSAS A LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DEBEN 9
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CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA ESPECÍFICA.- El Constituyente de 1917 estableció en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, pero a su vez consignó el derecho de éstos a que dicha contribución se realizara de la manera proporcional y equitativa que dispusieran las leyes. Es decir, el Constituyente de 1917 plasmó las bases generales de la facultad impositiva del Estado para el logro de las funciones que le están encomendadas, pero dejó al legislador ordinario la facultad de determinar en cada época de la historia la forma y medida en que los individuos y los grupos que integran la sociedad deben contribuir. Así, es el legislador ordinario quien, respetando las bases fundamentales de nuestra Constitución Política, debe definir cuáles son las contribuciones que en cada época existirán de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas, la evolución de la administración pública y las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y el mantenimiento de servicios públicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad. En efecto, el legislador ordinario ha otorgado a los capitales constitutivos el carácter fiscal, expresamente en el artículo 267 de la Ley del Seguro Social; además, los capitales constitutivos participan actualmente de todas las características propias de una relación jurídica tributaria, a saber: 1) el sujeto activo de la relación es un ente público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que si bien tiene personalidad jurídica y patrimonio propios diversos a los del Estado, fue creado por éste, forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y realiza una función que al Estado le compete: la del servicio público de seguridad social; 2) es una obligación impuesta unilateralmente por el Estado, en virtud de su poder de imperio, para todo aquel que se coloque en la hipótesis normativa, pues ni el patrón ni el trabajador tienen la opción de no acogerse al sistema de seguridad social; 3) es una obligación que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo: la Ley del Seguro Social; 4) el instituto encargado de la prestación de este servicio público está dotado por la ley de facultades de investigación para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones que deriven de aquélla, así como para, en su caso, determinar, fijar en cantidad líquida y cobrar las contribuciones relativas, mediante el procedimiento administrativo de ejecución (artículos 240, fracción XVIII, 268 y 271 de la Ley del Seguro Social); 5) los ingresos que por virtud de tales aportaciones se recaudan, son para sufragar el gasto público, en tanto se destinan a la satisfacción, atribuida al Estado, de una necesidad colectiva y quedan comprendidos dentro de la definición que de tal concepto da la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y si bien pasan a formar parte del patrimonio del organismo descentralizado, no se funden con el resto de los ingresos presupuestarios, por destinarse a un gasto especial determinado en la ley que los instituye y regula, lo que se deriva de su naturaleza que responde a una obligación de carácter laboral, pero que para prestarse con mayor eficacia y solidaridad ha pasado al Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior no quita a los capitales constitutivos su destino
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al gasto público, pues nuestra Constitución no prohíbe que las contribuciones se apliquen a un gasto público especial, sino a un fin particular. Consecuentemente, si tales capitales constitutivos tienen naturaleza fiscal, es decir, son contribuciones en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, los mismos están sujetos a los requisitos de proporcionalidad y equidad que en tal precepto se establecen. Contradicción de tesis 7/96. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito. 6 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 38/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete. Ahora bien, la resolución que se viene controvirtiendo encuentra sustento en los artículos 15 fracción I, 39 D. segundo párrafo, 41, 42, 56, 58 fracciones I, II y III, 59, 70, 77, 79, 120, 251 fracciones XII, XIV, XV y XVII, 149, 270, 275 fracciones VII y VIII, 287, 288 y 291 de la Ley del Seguro Social, transitorios primero, segundo y octavo del decreto por el que se reforma la legislación en cita de fecha del 20 de diciembre de 2001, 150 y 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, 112 y 151 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia
de
Afiliación,
Clasificación
de
Empresas,
Recaudación
y
Fiscalización, 145 al 196 del Código Fiscal de la Federación. De lo anterior deriva sin lugar a dudas la ilegalidad que venimos denunciando, ello puesto que no existe una adecuación entre los preceptos y motivos, y conceptos y cantidades de merito; en cada caso en concreto como a continuación lo señalamos: Por lo que respecta a las denominadas PRESTACIONES EN ESPECIE, consistentes
en
CADA
UNO
DE
LOS
SERVICIOS
SUPUESTAMENTE
OTORGADOS AL ACCIDENTADO descritos en la tabla anteriormente transcrita, cantidad total que suma $124,724.16, por cuanto que en pretendido sustento de ellas si bien es cierto se invoca el numeral 79 de la Ley del Seguro Social, también lo es que no se precisa a cual de sus doce hipótesis, previstas en sus correlativas doce fracciones, corresponde a cada uno de estos conceptos de prestaciones.
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Dicho de otra forma, aún cuando se cita el arábigo 79 de la Ley del Seguro Social, que hace referencia a que: “Los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las prestaciones siguientes:” (prestaciones que se contienen en doce fracciones), se omite precisar en cuales encuadran las que en la ilegal resolución a estudio se identifican, é incluso las de CONSULTA MEDICO FAMILIAR, CONSULTA
DE
ESPECIALIDADES,
ATENCIÓN
DEL
SERV.
DE
URGENCIAS, cuyos conceptos además de que no se expresa en que fracción o fracciones especificas del precepto se prevean, resulta claro que no coinciden ni se adecuan con alguna de estas, puesto que ninguna de las doce de que se compone el artículo en estudio se refiere específica y particularmente a dichos conceptos en los términos precisos en los que la autoridad los invoca; recordándose en ese sentido que el principio de legalidad, así como la garantía de la debida fundamentación y motivación, exigen una adecuación precisa entre los dispositivos y los motivos que se invoquen, no dejándose, en atención a principios de seguridad y certeza jurídica integrales, cabida a que, en resoluciones como la que se impugna se liquiden conceptos (objeto de la contribución) no previstos expresa y particularmente en la Ley. Por otro lado, no se precisa que conceptos integran cada una de las supuestas prestaciones en especie otorgadas al trabajador que sufrió el pretendido riesgo de trabajo, es decir, en que consistió la denominada CONSULTA DE ESPECIALIDADES, esto es, que tipo de consulta se refiere en cuanto a materia medica propiamente dicha (Traumatología, Gastroenterología, etc.), de igual forma, por supuesto el tipo de INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS que se le efectuó pues la variedad de estas puede ser casi infinita, amen de un reporte clínico de su justificación;
por
los
conceptos
de
ATENCIÓN
DEL
SERV.
DE
URGENCIAS, y HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE), de que servicios específicos se trata y en que cantidad y periodicidad se le dieron al sujeto en cuestión. Todo lo expuesto para efectos de poder establecerse un nexo jurídico causal entre el supuesto riesgo de trabajo y las perturbaciones funcionales y sus consecuencias ocasionadas al sujeto con las prestaciones que pretendidamente se le otorgaron, ello dado que necesariamente tiene que existir una correspondencia entre el primero y las segundas, a efectos de que el patrón tenga la certeza de que cubre cantidades plenamente justificadas y no solamente impuestas al capricho del Instituto Mexicano del Seguro Social, y mas cuando que se cae en la imprecisión de señalarse al calce de la foja 2/4 de la resolución respecto del monto las prestaciones 12
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de merito que: “EL COSTO INCLUYE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.”, pero nunca se precisa que medicamentos y en cuantas dosis, que materiales de curación y su cantidad, que y cuantos servicios complementarios y de que en consisten, mucho menos por supuesto se justifica su aplicación, ni su costo particular, ni de donde se obtiene este. Paralelo a lo relatado y por la limitación a que quedan sujetos las contribuciones en los términos del artículo 31 fracción IV de la Constitución Política, las autoridades solo pueden determinar aquellas expresamente previstas por Ley, de modo, que nunca y por ningún motivo quedara a su arbitrio la determinación de los elementos relativos a sujetos obligados, objeto de las contribuciones, las bases contributivas y las tasas o tarifas aplicables. Así, al no precisarse en la resolución tratada la disposición o disposiciones específicas en las que se contengan las cantidades que sirvieron de base y tasa o tarifa para determinar los montos
relativos a los conceptos denominados PRESTACIONES EN
ESPECIE consistentes en cada una de las que aparecen en la tabla antes transcrita que suman un total de $124,724.16, amen de los preceptos en que se prevea el procedimiento legal (jurídico-contable) que permita arribar a dichas cantidades o valores, la única consideración lógica y jurídica es que dicha resolución contraviene lo normado por los artículos 16 y 34 fracción I Constitucionales y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación. Sustentan lo anterior las tesis y precedente de jurisprudencia siguientes, las que de conformidad con los artículos 193 y 197 B. de la Ley de Amparo, constriñen en observancia a esa juzgadora: Séptima Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 151-156 Sexta Parte. Página: 231.
EN
MATERIA
SEGURO SOCIAL.- CAPITAL CONSTITUTIVO. LOS ELEMENTOS DE SU MONTO DEBEN FUNDARSE EN LA LEY.- Para fundar el cobro de un capital constitutivo en la vía económico-coactiva, sin acudir previamente a los tribunales como lo ordena el artículo 14 constitucional, ello sólo puede hacerse equiparando el crédito a los créditos fiscales, y éstos, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sólo pueden estar fincados constitucionalmente cuando todos los elementos del cobro están determinados en una ley, de manera que no queden los elementos de esa fijación al arbitrio de la autoridad exactorá. Sería injusto e ilegal pensar que los capitales 13
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constitutivos pueden cobrarse como impuestos en la vía económico-coactiva, sin acudir a los tribunales, y aceptar, al mismo tiempo, que el monto de esos capitales se pueden determinar arbitrariamente por el instituto, sin fundar precisamente y nítidamente en una ley el cobro de todos y cada uno de los renglones que integran un capital constitutivo. Por lo demás, al fundar el cobro de un capital constitutivo derivado de un accidente de trabajo, no basta para satisfacer la exigencia del artículo 16 constitucional que se citen preceptos legales que en forma genérica definen lo que es un accidente de trabajo, o la obligación del patrón de responder de la responsabilidad derivada de ese accidente, etcétera, sino que es menester que cada renglón individual del cobro que constituye el capital constitutivo, encuentre su monto preciso justificado en un precepto legal. Pues sería inconstitucional estimar que el instituto puede, mediante resoluciones interiores, determinar arbitrariamente el monto de lo que debe o puede cobrarse en forma concreta e individual, respecto de cada uno de los renglones en que se hace constar un capital constitutivo. O sea que no basta citar preceptos que hablan de prestar atención médica, o de pensiones, sino que hay que justificar con apoyo en la ley, y no en una determinación arbitraria de la autoridad, la cuantificación precisa y exacta de cada renglón del cobro, del cálculo actuarial de la duración de la pensión, etcétera, pues de lo contrario sería inconstitucional dejar al arbitrio del instituto el determinar el costo que fija a sus servicios médicos, o el cobro de dichos servicios en forma global, sin detallarlos, o el fijar a su albedrío la posible duración del otorgamiento de la pensión, o el cobrar gastos no previstos en ninguna ley, etcétera. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
EN
MATERIA
Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 151-156, página 217. Amparo en revisión 514/75. Alfonso Hidalgo Gómez. 4 de mayo de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 79, página 83. Amparo directo 61/75. Promotora y Constructora, S.A. 30 de julio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 151-156, página 217. Amparo directo 477/76. Industria Mexicana de Reactores, S.A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 151-156, página 217. Amparo directo 451/78. Implax, S.A. 29 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 151-156, página 173. Amparo directo 871/80. Auto Servicio La Quemazón, S.A. de C.V. 26 de octubre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
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Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: X, Julio de 1992. Página: 345. CAPITAL CONSTITUTIVO.PARA CONSIDERARLO FUNDADO Y MOTIVADO, DEBE ESPECIFICARSE QUE PARTIDAS LO INTEGRAN, ASI COMO LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE SE APOYA.- La sola indicación de las cantidades totales alusivas a los rubros de subsidios, prestaciones en especie y gastos administrativos, no satisface los requisitos de fundamentación y motivación que se precisan para el fincamiento de un capital constitutivo, sino que para ello es necesario que se especifique qué partidas integran cada uno de los rubros que lo constituyen, desglosándose cada una de las cantidades que lo componen, así como el fundamento legal en que se apoya. No hacerlo así, le crea un estado de indefensión al quejoso, pues no se encuentra en condiciones de analizar la legalidad de dicho acto para proceder conforme a su derecho convenga, situación que justamente inspiró al legislador para elevar a la categoría de garantía constitucional la obligación de las autoridades de fundar y motivar sus actos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 766/91. Comisión Federal de Electricidad. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña. Véase: Semanario Judicial de la Federación de la Federación, Octava Época, Tomo VII-Junio, página 225. Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL CIRCUITO. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo III, Parte TCC. Tesis: 827. Página: 632.
COLEGIADO
DEL
SEXTO
CAPITAL CONSTITUTIVO.- SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- El artículo 16 constitucional exige que todo acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de los particulares, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. Esto, aplicado a un capital constitutivo, debe interpretarse en el sentido de que no sólo se citen las disposiciones que funden en forma general dicho acto jurídico, sino también las que se refieran a cada elemento integrante del referido capital; y en cuanto a la motivación, es indispensable que en el oficio en que se finque el capital constitutivo, se explique cómo se acreditó cada una de las prestaciones cuyo cobro se pretende, para que el deudor tenga conocimiento de lo que se le exige. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
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Octava Época: Amparo directo 421/89. La Luz, S. A. 21 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 14/90. Tesbo, S. A. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo 56/90. Textiles no Tejidos Nacionales, S. A. de C. V. 20 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo 77/91. Textiles El Centenario, S. A. de C. V. 25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/92. El Pollo al Pastor, S. A. de C. V. 26 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.3o.J/35, Gaceta número 62, pág. 38; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Febrero, pág. 111. A su vez, el 5% GASTOS ADMINISTRATIVOS en monto de $11,199.97, que forma parte integral del crédito fiscal por capital constitutivo a estudio, no encuentra tampoco adecuación con ningún precepto legal de los que se invocan en la resolución de merito, ni siquiera en el que pretendidamente se fundamenta dicho concepto, dado que como se advierte no se cita la fracción conducente del repetido ordinal 79 de la Ley del Seguro Social con la cual se adecue, amen y principalmente de que dicho concepto carece del requisito de la debida fundamentación y motivación en cuanto a que éste depende de que efectivamente se acredite se hayan otorgado las prestaciones al trabajador relativo (lo que como se demostrara mas adelante no está satisfecho en la resolución). Además, su determinación y cobro es a todas luces inconstitucional, dado que con independencia de que exista algún precepto legal que lo autorizara como concepto de integración de un capital constitutivo, aún así no resultaría válida su liquidación por ser notoriamente inequitativo para el patrón y contrario desde luego a lo previsto por la fracción IV del numeral 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto a virtud de que ese concepto no es ninguna prestación a favor de los trabajadores, y además el que se tenga la obligación o no de pagar un capital constitutivo no libera al patrón del pago de las cuotas obreropatronales en cuyos montos está subsumido el precio que el sector patronal cubre al Instituto Mexicano del Seguro Social para que otorgue y preste sus servicios, incluyendo por supuesto los gastos administrativos y operativos en que incurra el aludido organismo descentralizado. Ahora bien, por su parte, el VALOR ACTUAL DE LA PENSIÓN en cantidad de $85,331.25, se pretenden fundar en los artículos 58 fracción 16
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III y 79 XI de la Ley del Seguro Social, amen de, según cálculos que se encuentran del lado reverso de la foja 2/4 de la resolución traída a juicio, en un concepto denominado como VALOR UNITARIO de 16.8004. En resumidas cuentas y para lo que nos interesa al caso concreto, se obtiene la pensión, de la cuantía básica anual determinada en monto de $5,079.12, mas sin embargo no se precisa el fundamento jurídico de la referida cuantía, o de donde se determino, ello dado que ninguno de los preceptos invocados por la autoridad lo prevén, ni mucho menos el procedimiento para obtenerse; es decir, incide en el calculo de la pensión un concepto del que no se precisa su sustento legal o fuente, generándose así por razones evidentes un perjuicio a la actora al violentarse las aludidas garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación, ello dado que uno de los elementos de calculo (VALOR UNITARIO) de los que deriva uno de los conceptos (VALOR ACTUAL DE LA PENSIÓN) del monto
total
de
la
contribución
que
se
le
determina
(CAPITAL
CONSTITUTIVO) no se encuentra sustentado en Ley. Aunado a lo expuesto con antelación, es destacarse el que al momento de la determinación del apuntado concepto de VALOR ACTUAL DE LA PENSIÓN la autoridad violenta lo regulado por los ordinales 58 fracción III y 79 fracción XI de la Ley del Seguro Social, los que en la parte que nos interesa a la letra dicen: 58.- (....) III. (....) El monto de la pensión se calculara conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijara entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si esta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. 79.- (....) XI. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento, sea suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del pensionado.
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Según se observa de lo subrayado en los preceptos anteriores, el tanto por ciento de la incapacidad de la que deriva la pensión, debe calcularse no por el solo arbitrio de la autoridad, sino tomando a consideración circunstancias y razones objetivas y subjetivas por las que se considere aplicable el mismo, particularizándose en el caso concreto la gravedad de la lesión derivada del riesgo de trabajo, así como los perjuicios o perturbaciones orgánicas o funcionales que genero al accidentado, la incapacidad generada, si esta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun y cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio, así mismo las probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del pensionado, ello para efectos naturalmente de no caer en una contravención a lo dispuesto y tutelado por los artículos 16 y 34 fracción I Constitucionales. En ese sentido, es ilegal la resolución traída a juicio, ya que el 70% por ciento de incapacidad permanente parcial que se determina para efectos del calculo de la pensión supuestamente otorgada al accidentado, y de la que se pretende su cobro a la actora como concepto de integración del débito fiscal por capital constitutivo, no fue determinado observando ninguna justificación o razonamiento derivada de la apreciación de los elementos que prevén los numerales que se estiman violentados y recién comentados, y la ausencia de esos criterios ó razonamientos para fijarse la incapacidad del 70% genera que la pensión pretendidamente otorgada con su sustento y ahora cobrada por la autoridad sea ilegal por haberse determinado en inobservancia de lo normado por los artículos 58 fracción III y 79 fracción XI de la Ley del Seguro Social; y sin que obste para ello el que en la resolución se señale la edad, sexo y oficio del accidentado, pues en principio estos tres elemento no satisfacen todos a los que los arábigos a estudio hacen mención, amen de que además y principalmente no se hace una consideración de circunstancias y razones objetivas y subjetivas por las que se considere aplicable el porcentaje aludido, pues no basta que señalen datos sin que se realice como lo exigen los dispositivos aludidos una verdadera valoración, esto es, tomándose en cuenta, todos y cada uno de los elementos que se prevén para la determinación del porcentaje de la incapacidad de la que derivara la pensión. Por ello, el concepto que se combate del capital constitutivo (pensión) resulta contrario a los artículos de referencia amen de por supuesto al 16 de la Constitución y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación.
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En apoyo a todo lo anterior a continuación se transcriben tesis de jurisprudencia aplicables que de acuerdo con los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo obligan a esa Sala Regional: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades par emitir el acto en agravio del gobernado. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de Junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos: Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Revisión Fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 64, Abril de 1993. Tesis: VI. 2o.J/248 Página: 43.
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Séptima Época: Amparo en revisión 8280/67.- Augusto Vallejo Olivo.- 24 de junio de 1968.- Cinco votos.- Ponente: José Rivera Pérez Campos. Amparo en revisión 3713/69.- Elías Chahin.- 20 de febrero de 1970.- Cinco votos.- Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 4115/68.- Emeterio Rodríguez Romero y coags.- 26 de abril de 1971.- Cinco votos.- Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Amparo en revisión 2478/75.- María del Socorro Castrejón C. y otros.- 31 de marzo de 1977.- unanimidad de cuatro votos.Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Amparo en revisión 5724/76.- Ramiro Tarango R. y otros.- 28 de abril de 1977.- Cinco votos. Ponente: Jorge Inárritu. Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 52, Segunda Sala, tesis 73. De otra suerte, en este punto se reclama que carece del requisito de la debida fundamentación y motivación el capital constitutivo, amen de violentarse en este lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley del Seguro Social, ello por cuanto que la autoridad no está acreditando que efectivamente al empleado accidentado se le hayan otorgado como consecuencia del supuesto riesgo de trabajo las prestaciones, subsidios y la pensión a que antes hicimos alusión. Lo anterior por que el primer párrafo del artículo 77 de la Ley del Seguro Social señala que: “El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar”; esto último subrayado que implica el que no solo debe quedar acreditada la ocurrencia y calificación del riesgo de trabajo, sino que también debe quedar plenamente probado que efectivamente el Instituto otorgó las prestaciones que integran el crédito fiscal por capital
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constitutivo que pretende cobrar, ello dado que la Ley categóricamente señala que el Instituto deberá otorgar prestaciones y servicios, siendo precisamente el hecho de ocurrencia del riesgo debidamente probado y ajustado a lo que define la Ley como tal, y el otorgamiento al trabajador de las prestaciones y servicios que demande y necesite, lo que da lugar a que nazca la obligación patronal de cubrir los capitales constitutivos y el derecho del Instituto a determinarlos y cobrarlos. En el caso concreto sin embargo ello no quedo satisfecho, puesto que de lo consignado en la propia resolución determinante de capital constitutivo de cuenta, no se desprenden constancias fehacientes de las que se deriven sin ninguna duda razonada que efectivamente el empleado recibió las prestaciones en servicios y especie, subsidios y pensión, que solo enunciativamente y de forma unilateral dice haberle otorgado el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto por cuanto que a ese respecto no se adjuntó a la resolución ningún documento con el que se pruebe en que consistieron exactamente las prestaciones, quien fue el médico o personas que atendieron al trabajador y el reconocimiento de este ultimo de que efectivamente las recibió, es decir en la resolución controvertida solo se infiere que se otorgaron, pero jamás se acredita con las documentales correspondientes que el mencionado sujeto de aseguramiento recibió las multirreferidas prestaciones, y en el mismo supuesto se encuentran los subsidios y pensión pues tampoco se acredita con las documentales correspondientes que el trabajador efectivamente recibió o reciba actualmente las cantidades relativas. Por lo expuesto resulta evidente que la integración de los conceptos que conforman el capital constitutivo de cuenta se encuentran indebidamente fundados y motivados, ello en razón de que la autoridad no está acreditando que efectivamente el sujeto que sufrió el pretendido riesgo recibió las prestaciones, subsidios y pensión que en dicha resolución se precisan y determinan, esto por no demostrarse a través de elementos probatorios sin lugar a duda razonable como y cuando este efectivamente recibió
las
multialudidas
prestaciones,
subsidios
y
pensión,
contraviniéndose así lo normado por el ordinal 77 primer párrafo de la Ley del Seguro Social. No obsta para lo anterior el hecho de que la autoridad integro la resolución impugnada de algunas hojas, entre ellas las identificadas en la parte superior de su lado anverso con los rubros de REGISTRO Y COSTO DE PRESTACIONES EN ESPECIE y DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO, pues estas no son mas de, la primera una hoja de calculo de cantidades de las que ya se demostró su ilegalidad que consta en la foja 2/4 del 21
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capital constitutivo impugnado,
y la segunda como su nombre lo dice
dictamen de incapacidad permanente en el que si bien se debe determinar una pensión, lo que en ningún momento se desprende dicha determinación del 70% que aparece en la foja ¼ en el recuadro inferior derecho, también lo es que en ningún momento se acredita con ellas ni con ninguna otra del referido capital, el que el accidentado hubiese efectivamente recibió las prestaciones en especie y monetarias a que se hizo anterior comentario. Aplicable a lo precedente por analogía lo es la tesis siguiente: Octava Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL CIRCUITO. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo III, Parte TCC. Tesis: 826. Página: 631.
COLEGIADO
DEL
SEXTO
CAPITAL CONSTITUTIVO.PARA CONSIDERARLO FUNDADO Y MOTIVADO, DEBE ACREDITARSE EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y QUE LAS CANTIDADES RESPECTIVAS ESTÉN PREVISTAS EN LEY.- El artículo 16 constitucional exige para que se cumpla con el requisito de fundamentación y motivación de un capital constitutivo, no sólo que se citen las disposiciones que fundan en forma general dicho acto jurídico sino también las que se refieren a cada elemento integrante de dicho capital; igualmente la motivación exige que cada una de las cantidades que se vayan a cobrar estén debidamente comprobadas; es decir, que cada una de las prestaciones materia del reembolso que reclama el Instituto a que se refiere el artículo 86 de la Ley del Seguro Social, deberá estar acreditada en su existencia real, para que el deudor tenga conocimiento exacto de los hechos que originan la obligación cuyo cumplimiento exige la autoridad mediante un acto debidamente fundado y motivado. Ahora bien, puede estar formalmente fundada la resolución impugnada en el juicio de nulidad con los preceptos que se citan; y asimismo que puede contener parte de motivación por cuanto hace referencia al accidente de trabajo que sufrió un asegurado; pero cuando se interpone oportunamente el recurso de inconformidad, haciendo valer que en el capital constitutivo no se acreditaron las prestaciones en especie, ni los subsidios que el Instituto otorgó al asegurado, debe concluirse que el capital constitutivo impugnado en el juicio de nulidad carece de fundamentación y motivación y, por lo mismo, es violatorio del artículo 16 constitucional, pues la autoridad administrativa debe no sólo desglosar los conceptos, sino acreditar que cada cantidad integrante del capital constitutivo está prevista por una ley o reglamento y que corresponden a prestaciones probadas, de modo que no aparezcan fijados los elementos de dicho capital al arbitrio de la autoridad que los determina. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 22
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Por otra parte, adolece de una indebida fundamentación y motivación la resolución determinante de capital constitutivo impugnada en relación a la competencia material y espacial de la autoridad que la emitió. Lo primero por cuanto que se sustentan las facultades para emitirla del C. Titular de la Delegación Regional ____ del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el artículo 275 fracciones VII y VIII de la Ley del Seguro Social, mismo precepto que en términos del transitorio octavo del decreto por el que se reforma la legislación en cita del 20 de diciembre de 2001, no se encontraba vigente en la fecha de emisión de la resolución controvertida el 09 de julio de 200_, a virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2003 del Decreto por el que se reforman, adicionan
y
derogan,
diversas
disposiciones
del
Reglamento
de
Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se encuentran ahora comprendidas, entre otras, las atribuciones de los Delegados Regionales de dicho Instituto. A su vez, respecto de la competencia territorial, ello ya que no se hace en la resolución un señalamiento específico de la norma con la que se pretende acreditar la misma. Esto es, cuando la autoridad emisora del capital en cuestión se ocupa de sustentar su competencia espacial, no lo hace adecuadamente a la luz de lo dispuesto en los aludidos numerales 16 de la Carta Magna y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, dado que si bien es cierto invoca diversos preceptos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial el 159 de este último cuerpo normativo, también lo es que dicho señalamiento es impreciso, ya que el articulo a que se hace alusión se encuentra dividido según publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha del 11 de noviembre de 1998, en 36 apartados comprendidos en 97 párrafos contenidos en un total de mas de 12 paginas escritas por ambos lados. A saber, el invocar solo esta disposición sin indicar particularmente el párrafo, apartado, fracción, inciso
ó
subinciso
en
la
que
se
encuentre
específicamente
la
circunscripción de la delegación a la que corresponde el funcionario que emite la resolución en trato, resulta un sustento jurídico en demasía genérico y en tal virtud simple y sencillamente no se cumple a cabalidad con lo normado por los preceptos de cuenta. En abundancia a lo expuesto con anterioridad a continuación se transcriben precedente y tesis de jurisprudencia aplicables que en
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términos de los artículos 192, 193 y 197 B. de la Ley de Amparo, resultan de obligada observancia para esa juzgadora: COMPETENCIA TERRITORIAL, FUNDAMENTACIÓN DE LA.Para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos previstos por el articulo 16 constitucional, es necesario que la autoridad funde su competencia por razón de territorio, esto es, que cite, además del articulo respectivo, el apartado e inciso que le confieren facultades para actuar dentro de un territorio determinado (en los casos en que tal competencia esta‚ contenida en un apartado o inciso), pues si solo se cita el precepto y no el apartado y el inciso, se creará un estado de incertidumbre jurídica en perjuicio del particular. I.4o.A.94 A CUARTO CIRCUITO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 564/94.- Administrador de lo Contencioso "2" de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.- 25 de mayo de 1994.- Mayoría de votos.- Ponente: Jaime C. Ramos Carreon.- Disidente: Hilario Barcenas Chávez.- Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos. Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Noviembre de 2001 Tesis: 2a./J. 57/2001 Página: 31 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades
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a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno. Jurisprudencia Contradicción Octava Época Volumen 77 Página 12 COMPETENCIA.- SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.- Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad primero) Colegio del Décimo tercer Circuito.- 17 de junio de 1992.- Unanimidad de dieciocho
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votos.- Ponente: Carlos de Silva Nava.- Secretario: Jorge D. Guzmán González. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmillo Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Ángel García Domínguez, Carlos Sempé Miniville, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede.- El señor Ministro Miguel Ángel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud de Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso.- Ausentes: Noé Castañón, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas.- México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- ESTÁN OBLIGADAS A CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDEN SU COMPETENCIA.- El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser legales, deben provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado para ello, expresándose en el acto mismo de molestia, el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de no ser así, se deja al gobernado en estado de indefensión, al no poder examinar si la actuación de la autoridad emisora se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. I.4o.A. J/16 Amparo en revisión 334/91.- Miguel Ramírez Garibay.- 18 de abril de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Méndez Calderón.- Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1494/96.- Eduardo Castellanos Albarrán y coags.- 12 de junio de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 294/98.- Mauricio Fernando Ruiz González.17 de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 1614/98.- Leonardo Alonso Álvarez y coag.17 de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas.
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Amparo en revisión 2424/98.- Elvia Silvia Gordoa Cota.- 12 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.- Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Por todo lo expuesto, es decir, por violación a los artículos 16 y 34 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, así como los ya indicados de la Ley del Seguro Social, en términos de los ordinales 51, fracción IV y 52, fracción II de la Legislación Federal Contenciosa, debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución que se impugna. Respecto a la nulidad solicitada es aplicable en lo relativo a la indebida fundamentación y motivación el precedente de jurisprudencia que en seguida se trascribe del Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la pagina numero 1,350 del Semanario Judicial de la Federación de marzo de 2002, Tomo XV, Novena Época; misma que acorde con los artículos 193 y 197 B. de la Ley de Amparo, constriñe en observancia a ese Tribunal: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA.EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el articulo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se de una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto si se citan preceptos legales, pero estos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad si se dan motivos pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del articulo 230 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del articulo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su 27
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parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del articulo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. (I.6º.A.33 A)
VII.- PRUEBAS Para acreditar la veracidad de los conceptos de anulación expuestos, y en relación con el ÚNICO.- punto de hechos, se ofrecen y se exhiben las siguientes: 1).
Resolución
de
determinación
y
cobro
de
capital
constitutivo
impugnada sin numero de folio de fecha del 18 de junio de 200_, crédito fiscal numero 049333 en cantidad total de $235,199.38. Dicha resolución la cual se aporta a juicio tal y como fue notificada, es decir, constando de 4 fojas, las primeras cuatro en original identificadas en la parte superior de su lado anverso todas con el rubro de DETERMINACIÓN Y COBRO DE CAPITAL CONSTITUTIVO, y una mas restante consistente por el lado amverso del AVISO PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO FORMATO ST1, y en el reverso el DICTAMEN DE CALIFICACION, YA QUE LA CEDULA DE REGISTROS Y COSTOS DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE se encuentra como ya se preciso a foja 2/4 del referido capital constitutivo. 2). Acta de notificación de la resolución precisada con antelación de fecha del 06 de ________ de 200_, y que consta al calce de la foja numero 4/4 de la misma. VIII.- PUNTOS PETITORIOS En razón de todo lo anteriormente expuesto y fundado a esa Sala Regional respetuosamente SE PIDE: PRIMERO.- Se me tenga por presentados en tiempo y forma promoviendo JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en los términos de esta demanda, la que se exhibe en original con sus anexos, mas tres juegos de copias simples de lo mismo para efectos de traslado a las autoridades enjuiciadas.
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SEGUNDO.- Se admitan y valoren conforme a derecho las probanzas que se ofrecen y aportan. TERCERO.- Que una vez agotadas las etapas del juicio que se promueve y en atención a los conceptos de impugnación plateados, se dicte sentencia definitiva declarando la nulidad lisa y llana de la resolución de determinación y cobro de capital constitutivo que se viene controvirtiendo.
__________, Estado de México, a 30 de ___________ de 200_. Protestamos lo necesario. JOSE LUIS _____________
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