EL OCASO DEL IMPERIO E S P A AÑ ÑOL EN EL PERÚ I LA COLONIA CRIOLLA
El Perú de mediados del siglo XVIII muestra características sumamente interesantes y fundamentales para entender el desarrollo de procesos y acontecimientos claves del ocaso del dominio colonial y del inicio de la república. Este capítulo presenta un esbozo de esa situación.
SOCIEDAD Y POLÍTICA Demografía La población nativa del Perú alcanzó su punto más bajo a principios de los años 1720, como resultado de una serie de epidemias devastadoras que agudizaron el proceso de decrecimiento demográfico iniciado en el siglo XVI. Hacia 1750 ya se había recuperado la población y, salvo la baja temporal con la rebelión de 1780, creció para lo remanente de la era colonial. El censo de 1792 dio 1 076 122 habitantes. Hacia 1812 el crecimiento natural, en particular entre la población indígena, y la reorganización territorial arrojaron un total de alrededor de 1 millón y medio de habitantes. Al desagregar los totales se revela un crecimiento sustancial de las razas mestizas y blanca. El censo de 1792 indicaba que en el Perú la proporción de españoles e indios era de 13% y 56%, respectivamente. Las castas libres constituían el 27% restante, además de 40 mil negros y mulatos esclavos, la mayoría en la intendencia de Lima.
“El capeador” (Esteban Arredondo) por A.A. Bonnaffé, 1855. Arredondo era considerado uno de los mejores capeadores capeadores de la plaza de Acho, en la Lima del siglo XIX.
EL OCASO DEL IMPERIO E S P A AÑ ÑOL EN EL PERÚ I LA COLONIA CRIOLLA
El Perú de mediados del siglo XVIII muestra características sumamente interesantes y fundamentales para entender el desarrollo de procesos y acontecimientos claves del ocaso del dominio colonial y del inicio de la república. Este capítulo presenta un esbozo de esa situación.
SOCIEDAD Y POLÍTICA Demografía La población nativa del Perú alcanzó su punto más bajo a principios de los años 1720, como resultado de una serie de epidemias devastadoras que agudizaron el proceso de decrecimiento demográfico iniciado en el siglo XVI. Hacia 1750 ya se había recuperado la población y, salvo la baja temporal con la rebelión de 1780, creció para lo remanente de la era colonial. El censo de 1792 dio 1 076 122 habitantes. Hacia 1812 el crecimiento natural, en particular entre la población indígena, y la reorganización territorial arrojaron un total de alrededor de 1 millón y medio de habitantes. Al desagregar los totales se revela un crecimiento sustancial de las razas mestizas y blanca. El censo de 1792 indicaba que en el Perú la proporción de españoles e indios era de 13% y 56%, respectivamente. Las castas libres constituían el 27% restante, además de 40 mil negros y mulatos esclavos, la mayoría en la intendencia de Lima.
“El capeador” (Esteban Arredondo) por A.A. Bonnaffé, 1855. Arredondo era considerado uno de los mejores capeadores capeadores de la plaza de Acho, en la Lima del siglo XIX.
A diferencia de otras partes de América, el Perú no recibió oleadas significativas de inmigrantes españoles ni nuevos contingentes importantes de esclavos. El país no era atractivo, dadas sus escasas oportunidades oportunidad es económicas y burocráticas. La población blanca estuvo concentrada en o cerca de las ciudades y pueblos. Las provincias de Lima, Arequipa y Cuzco juntas tenían el 42% de la población española del virreinato en 1792, en su mayoría residentes en las ciudades (Cook 1981; Burkholder-Johnson 1990: 237 y 264).
La “era de la impotencia” Con los ajustes que estableciera el virrey Francisco de Toledo en el siglo XVI, el virreinato peruano consolidó sus posiciones políticas. Cubría un extenso y rico territorio gobernado desde Lima, ciudad pacífica tanto por ser bañada por el océano de ese nombre como por su ubicación, que la eximía del mundanal movimiento de una colonia situada principalmente en la serranía peruana. Con la consolidación del régimen político colonial se afianzó también la estructura social. Dominada por los propietarios indianos, esta sociedad era compleja en su composición. A los factores netamente sociales de ordenamiento se unieron elementos étnicos y culturales. La movilidad social fue muy escasa y estuvo presente en el ascenso de cier-
Una acuarela del siglo XIX que ilustra una escena festiva en Amancaes.
tos representantes de las naciones indígena, mestiza y negra al grupo dominante, así como en el descenso de españoles sin fortuna económica al nivel de la plebe. En lo general, la estructura jerárquica socioeconómica basada en razas, ocupaciones y riqueza, cultura, afiliación corporativa y privilegios legales que fuera desarrollada en el siglo XVI persistía a fines del siglo XVIII (Tord-Lazo 1980; Burkholder-Johnson 1990). Pasado el auge económico que significó el ciclo de la plata potosina, aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XVII la colonia se reorganizó económica y socialmente. Mayor importancia tuvieron las “granjerías” (agricultura, industria y comercio) articuladas por la actividad minera, pero orientadas “hacia adentro”. Como consecuencia de este proceso, se crea una colonia más ligada a las necesidades internas que a las externas. Fomentando las actividades económicas locales, se sentaron las bases para un amplio mercado incentivador de tales actividades y se posibilitó la política exportadora española hacia América. Se fomentó la granjería que ampliaba el mercado colonial para los productos del tráfico atlántico (incluido el subrepticio). Las urgencias financieras metropolitanas vinieron a completar la figura. El poderoso virreinato peruano se manejaba casi a su libre albedrío. De ahí que se entienda mejor la racionalidad de la desatención sistemática de las colonias por parte de la metrópoli (Andrien 1985). Las restricciones para los funcionarios coloniales fueron cayendo en el olvido. Con salarios insuficientes y plazos prolongados prolongados,, no tardaron tardaron en recurrir a maniobras ilícitas para compensar sus haberes y lucrar en sus cargos. Si en un principio la mayoría de los funcionarios eran “gachupines” (originarios de la península), pronto echaron raíces casándose con hijas de criollos y entrando en negocios con ellos. Así también, los hijos de criollos ligados a los pilares de la economía local fueron accediendo a los cargos públicos, en especial cuando la corona los puso a remate (Lohmann 1974 y 1983; Bronner 1978). Curiosamente, los remates empezaron por la parte más sensible de la organización colonial: la real hacienda. En 1633 se inició la venta de los puestos en las cajas reales de América. En la misma línea, en 1678 se autorizó la venta de corregimientos de españoles y de indios. En 1687 se inició la venta pública de oficios en las audiencias. El gato fue encargado de cuidar la despensa.
La corrupción (inclules centros mineros. Sin yendo el contrabando) embargo, los propietasignificó en verdad una rios no beneficiarios del práctica habitual dentro trabajo mitayo obtenían del sistema, un mecanistrabajadores a través de mo que permitió la conun mecanismo compulvivencia –equilibrio de sivo muy simple que, intereses– entre el Estacon diversos nombres y do, la burocracia y las modalidades, se encuentra en otros momentos oligarquías regionales. La corrupción abarcó tode la historia peruana. dos los niveles y tipos de funcionarios. Fue un auMinería téntico mecanismo de Tumulto ocurrido en 1739 en la ciudad de Cuenca, en el que Constituyó el “moestuvieron involucrados expedicionarios franceses dirigidos supervivencia, que pertor” de la colonización y por Charles la Condamine. mitió la coexistencia de el eje de la economía pelas tres fuerzas (corona, burocracia y oligarquías re- ruana. La prioridad, sin embargo, estuvo en Potosí gionales) (Andrien 1982; Pietschmann 1982). y Huancavelica. Los demás yacimientos no recibieLas verdaderas beneficiarias de la corrupción y ron la misma atención ni apoyo por parte de las aula venalidad de los oficios fueron las elites criollas y toridades coloniales. La pequeña minería fracasó peninsulares, que consiguieron introducirse en el debido principalmente a la escasa inversión, la exaparato estatal y hacer prevalecer allí sus intereses plotación irracional, la baja ley del mineral, la falta privados. Los miembros de la elite colonial apren- de mano de obra, la ausencia de créditos y las dieron pronto que servir a los intereses de la corona inundaciones. Los centros pequeños tuvieron una castellana era una buena forma de ser útiles a sí existencia efímera y no llegaron a generar los cirmismos. Gobernaban la colonia, participaban en la cuitos comerciales que sí surgieron en Potosí y distribución de la renta fiscal y gozaban de los Huancavelica. “aprovechamientos” propios del ejercicio de la auYa en el siglo XVIII Potosí no era ni la sombra de toridad (Lazo 1993). lo que había sido hasta mediados del XVII, cuando En tanto que los criollos ricos favorecían ante concluyó el ciclo productivo boyante. Los puntos todo la imposición de un orden legal y práctico con- más bajos se produjeron en 1711-1715 en acuñaforme a sus expectativas, el grupo de dominio social ción (cerca de 6 millones de pesos) y en 1738 con y económico de las colonias devino en elite de po- las más bajas recaudaciones por concepto de quinder. El Estado metropolitano perdió virtualmente el tos reales. A lo largo del siglo la recuperación fue control sobre el gobierno de las Indias durante esa muy leve. En 1746-1750 alcanzó los 10 millones de “era de la impotencia” (1680-1740) que describen pesos y hacia 1790 se aprecia una elevación de un Burkholder y Chandler (1984), hasta las reformas 50%. El mineral de Huancavelica también estaba en borbónicas o “era de la autoridad”, a partir del rei- decadencia en el siglo XVIII (Brading-Cross 1972; nado de Fernando VI (Andrien 1982: 49-71; Ham- Fisher 1977; Bakewell 1984; Arduz 1984; Lazo pe 1992: 107-112). 1992). En tiempos críticos continuó la producción graECONOMÍA cias al uso intensivo de la mano de obra (mitaya sobre todo) y a pequeñas inversiones. Se aprovechaba La economía en el Perú colonial giraba en torno asimismo el mineral anteriormente descartado por a las minas de plata y azogue. A su vez, la produc- su baja ley. ción minera permitió una vasta actividad productiLa mita era la principal fuente de mano de obra va a distintos niveles. Grandes unidades producti- para las minas de Potosí y Huancavelica. Esta espevas convivían con otras menores pertenecientes a cie de “subsidio” debía ser cubierta en Potosí por los indios de dieciséis provincias bajoperuanas y alrepresentantes de las distintas castas. La población indígena debía suministrar mano toperuanas, en tanto que a Huancavelica llegaban de obra para las grandes unidades productivas bajo desde trece provincias de la sierra central. La mita la modalidad de la mita, circunscrita a los principa- era detestada por ser forzada y por involucrar al
Plaza de Huancavelica por José Sabogal, 1932.
Plano de los huertos y tierras de Pisac, Cuzco, siglo XVIII.
pleno de la familia campesina que, al cumplirla, desatendía sus propios intereses. Por lo general, el trabajo no fue intensivo sino extensivo. Para alcanzar una mayor producción se recurría al incremento de la fuerza laboral en vez de aplicar técnicas sofisticadas. Igualmente elemental era la división de tareas (Tandeter 1981: 50; Cole 1985; López, Luque y Alcalá 1986; Luque 1993). Los mineros dependían del capital comercial. Los comerciantes que les proporcionaban recursos eran llamados “aviadores”, agentes de los grandes mercaderes de la ciudad, que cobraban con creces al comprar la producción a precios exiguos. Éste fue uno de los factores que impidieron una mayor inversión por parte de los propios mineros. En el siglo XVII y la primera parte del XVIII la minería no lograba dinamizar la economía regional como antaño (baja producción y escasa población).
Agropecuaria Estuvo muy ligada a la producción minera en sus ciclos productivos. Las unidades productivas mayores fueron las haciendas, plantaciones y estancias. Las primeras comúnmente estaban dedicadas a la producción diversificada de panllevar para consumo interno, con vínculos permanentes con el mercado de villas, obrajes y minas. Incluían tierras administradas por el propietario, parcelas arrendadas a personas libres bajo diversas modalidades y tierras de yanaconas o peones (Glave-Remy 1983;
Harris, Larson y Tandeter 1987; Manrique 1985; Mörner 1977; Spalding 1984). Las plantaciones eran unidades especializadas en determinados productos destinados al mercado local y/o exterior. Los principales cultivos fueron caña de azúcar, algodón, vid, trigo, forraje, cacao y coca. La técnica “moderna” era combinada en la costa con mano de obra esclava y trabajadores libres que recibían, al menos nominalmente, un salario. El más importante centro productor de azúcar fue la costa norte y central (Trujillo, Lambayeque y Lima). Su producción se dirigía a los mercados de Chile, Guayaquil, Nueva Granada y Panamá. Otro centro de importancia fue la sierra de Abancay y el Cuzco, que abastecía el mercado altoperuano y rioplatense. Si bien en el XVIII se manifiesta una declinación en los niveles productivos de la costa y la sierra peruanas, hacia fines de ese siglo el rubro azúcar en las exportaciones era considerable, en particular a Chile y al Alto Perú (Ramírez 1973 y 1991; Burga 1976; Polo 1976; Cushner 1980: 117119; Klein 1986). Las plantaciones no se limitaban a los cultivos señalados. Incluyeron algunas operaciones transformativas elementales. Tenían trapiches y talleres permanentes para la producción de chancaca, miel y aguardiente de caña, que vendían ampliamente en los centros mineros, ciudades y villas. Los viñedos estuvieron concentrados en la costa de Ica, Arequipa, Moquegua y Arica. Producían vid que transformaban en vino y aguardiente de uva destinados al mercado de ciudades y centros mineros a lo largo de toda la América del Sur y Guatemala, especialmente el Alto Perú y Chile. Las plantaciones incluían obrajes de vidrio (Ramos 1989).
El algodón se produjo en plantaciones ubicadas principalmente en Piura, Ica, Arequipa, Arica y la costa norte. Su mercado era igualmente amplio en Sudamérica. Se exportaba en tocuyo y lienzos, pero también en rama para los obrajes quiteños. El arroz se producía en Lambayeque y se exportaba a las ciudades y centros mineros (Hualgayoc) y a Chile. Las plantaciones de coca se ubicaban en las cálidas zonas de la selva alta. Su cultivo estuvo relacionado con otras actividades económicas (especialmente la minería). En realidad, la coca resultó ser el medio de pago a la población indígena. Las estancias eran unidades principalmente pecuarias, generalmente en las zonas elevadas, que combinaban la crianza de ovejas con el cultivo de panllevar, la producción y transformación de materias primas en obrajes.
Industria transformativa La mayor producción industrial en tiempos coloniales se efectuaba en los llamados obrajes. Eran complejos industriales productores de telas burdas de algodón y lana (jergas, paños y pañetas, cordellates, bayetas y pabellones), sombreros, vidrio, manteca, tintes, etc. La geografía de los obrajes es amplia. Los principales centros textiles peruanos fueron Tarma, Jauja, Cajatambo, Huaylas, Conchucos, Huamalíes, Cajamarca, Huamachuco y Quito hacia el norte; Vilcashuamán, Abancay, Chilques, Masques, Quispicanchis, Chumbivilcas, Canas y Canchis hacia el sur. Los obrajes eran centros de producción en gran escala, que reunían entre 150 y 500 trabajadores. Otras unidades menores, llamadas “chorrillos”, se diferenciaban por tener menos trabajadores (1012), más bajos niveles productivos y telas de menor calidad. La producción de los obrajes era más especializada y variada. Estuvieron ligados a las estancias ganaderas (Mörner 1977; Salas 1979 y 1984; Tord-Lazo 1981). Había obrajes con niveles de producción realmente altos, en especial, los de Cajamarca, Huamachuco, Huamalíes y el Cuzco, que abastecían un vasto mercado desde Quito al norte hasta Potosí y Oruro en el sur (TordLazo 1981).
La hacienda de Piccho en el Cuzco, siglo XVIII. Esta hacienda fue parte del importante patrimonio rural de la Compañía de Jesús en el Perú. En 1779 fue adquirida en remate por Bernardo Peralta.
Cuando en 1631 fue prohibido el comercio de textiles entre México y el Perú se alentó el desarrollo de los obrajes locales peruanos. Desde entonces los obrajes quiteños y cuzqueños tuvieron mayores posibilidades de maniobra en el vasto mercado andino (Miño 1991: 108). La transformación en las ciudades se dio en talleres artesanales. En ellos, el maestro confeccionaba la obra con un grupo muy reducido de ayudantes (oficiales, peones y aprendices, libres o esclavos). Su producción fue muy escasa y destinada a un mercado restringido, estamental y frágil. Importantes dentro de la ciudad, las labores artesanales no representaban mucho en comparación con las demás actividades productivas y comerciales del virreinato. Desde principios de siglo atravesaban una crisis acrecentada por momentos debido a las imposiciones fiscales y las importaciones concurrentes. El régimen gremial tuvo una vigencia parcial. Sólo rigió en la medida en que interesaba a los maestros de taller más importantes en los oficios. En la práctica, los gremios artesanales habían sido reemplazados por un funcionario designado por el virrey que recibía el título de maestro mayor –una especie de cacique de un oficio urbano–, encargado de la vigilancia social y el manejo económico de sus colegas (Quiroz 1986, 1990, 1991). La innovación técnica y tecnológica fue mínima. Se seguía empleando la técnica importada en el siglo XVI junto a la nativa. En minería, por ejemplo, luego del reemplazo de la guayra (horno de barro) por la amalgamación de azogue no hubo mayor cambio en el trabajo de la plata. Hacia el siglo XVIII prevalecía la mita como forma de trabajo principal. Sin embargo, la relativa escasez de mano de obra obligaba a combinar la compulsión con el incentivo económico para atraer a
trabajadores a las unidades productivas. Se tuvo que recurrir a trabajadores libres, pero los salarios que percibían, las más de las veces, eran sólo nominales y hacían referencia más a lo que podía adeudar el empleador al trabajador o viceversa. Sólo los traba jadores más calificados y de confianza percibían remuneraciones reales. Inclusive en las unidades productivas más progresistas se empleaba una fuerza laboral forzada o semiforzada. Muy común fue el pago por adelantado en busca de establecer relaciones asimétricas de endeudamiento y, a través de ellas, obligar a los campesinos a acudir a las unidades productivas. La misma presencia de esclavos y mitayos entre el sector trabajador dice mucho acerca de las relaciones laborales arcaicas que persistían.
Comercio El origen del poderío económico y político de los grandes comerciantes estaba en el sistema mercantil colonial. Lima era el centro comercial más importante en una vasta área comprendida entre Panamá y Buenos Aires, en tanto que el comercio de importación de manufacturas europeas era monopolizado por el sistema de flotas de galeones entre los puertos de Sevilla-Cádiz y Portobelo (Panamá). En este último puerto se realizaban ferias a las que acudían los grandes comerciantes del tribunal del Consulado limeño a abastecerse en forma obligatoria. Con el sistema de navíos de registro y la restricción de su monopolio en Buenos Aires y Chile, Lima no perdió su importancia, pues se veía compensada con la posibilidad de relacionarse directamente con la metrópoli (obviando la onerosa intermediación de Panamá). La exclusividad mercantil, el juego de precios en la metrópoli y las restricciones productivas en las colonias permitieron el funcionamiento de este sistema diseñado para satisfacer las necesidades fiscales de la corona y los intereses de la elite comercial metropolitana e indiana, condenando a las economías coloniales a la monoproducción minera, de materias primas y de alimentos (Tord-Lazo 1981; Bernal 1987; Suárez 1995). Lima seguía siendo uno de los puntos álgidos del comercio interregional. Articulaba circuitos comerciales que vinculaban las provincias internas a través de los arrieros. Los principales circuitos eran Lima-Huancayo-Huancavelica, Lima-HuamangaCuzco-Potosí, las rutas llamadas de los Valles al norte y al sur de Lima y sus conexiones a la sierra. Sin embargo, de todas maneras los intereses limeños y sur andinos se vieron afectados por la reo-
rientación comercial hacia el Atlántico. Hacia mediados del XVIII el Alto Perú y la zona del Plata adquirieron mayor relevancia. Aunque dependiente del comercio limeño, Chile empezaba a manifestar una cierta autonomía comercial al diversificar su trato con otras zonas. El sistema monopólico no resultó eficaz: la producción peninsular no llegaba a cubrir las necesidades del tráfico colonial, y tampoco era posible vigilar estrictamente sus vastos dominios. En especial, hacia el cambio del siglo XVII al XVIII los intereses extranjeros se imponían en el comercio atlántico. Inglaterra, Francia y Holanda parecían las verdaderas metrópolis de América (García Baquero 1988 y 1992). El contrabando se constituyó, a la vez, en uno de los más importantes escollos para el monopolio español y en una de las vías articuladoras de la economía indiana. Los portugueses organizaron un tráfico alternativo considerable desde su colonia Sacramento, que luego fuera utilizada también por los ingleses. Éstos, además, basaron su comercio furtivo en Jamaica, Barbados, Buenos Aires y sus embarcaciones balleneras en el Pacífico. Franceses y holandeses también mantuvieron un activo comercio de contrabando con la América española. El Perú tuvo un contrabando “indirecto”: a través de Buenos Aires y la conexión Panamá-Paita. Era el último eslabón de una vasta cadena de comercio, ya no tan soterrado en el XVIII. Los propios comerciantes españoles e indianos practicaban el contrabando en forma abierta o encubierta. En particular, al manifestar menores montos de mercaderías de los que realmente se internaban y recurriendo a diversas otras modalidades de defraudación aduanera (García Baquero 1988: 215224; Malamud 1986; Aldana 1992b).
El reparto Llamado también repartimiento de los corregidores. Consistió en la distribución compulsiva de mercaderías que realizaban estos funcionarios entre la población indígena y mestiza de su jurisdicción. Práctica usual desde la segunda mitad del siglo XVII, hacia fines de esa misma centuria adquirió una importancia crucial como medio sistemático y fundamental para el funcionamiento del régimen económico y social del virreinato. Fue legalizado a partir de 1751 (Tord 1974; Moreno 1977; Golte 1980; Bonilla 1991a). Por este “comercio” forzoso las autoridades provinciales, financiadas por el capital comercial, re-
partían a los campesinos mercaderías de origen europeo o provenientes de otras subregiones del virreinato. Con el reparto obligaban a éstos a romper su enclaustramiento en una economía no mercantil y a ingresar en el sector mercantil ofreciendo sus productos o mano de obra, ya que solamente así podían obtener el dinero necesario para pagar las mercaderías repartidas a la fuerza. Este sistema incluyó a diversos sectores sociales. Mediante él, productores y comerciantes contaban con un mercado cautivo para sus mercaderías (sin importar su utilidad) y los funcionarios tenían un ingreso asegurado. Dado que las ventas eran al crédito y a precios inflados artificialmente, generaban deudas que obligaban a la población indígena y mestiza a ingresar a las unidades productivas (minas, haciendas, obrajes) y a entablar relaciones mercantiles pues necesitaban vender parte de su producción para cubrir las deudas. Así se garantizaba el funcionamiento de los centros productivos: recibían productos agropecuarios y mano de obra campesina, los obrajes contaban con un mercado para sus productos (en combinación con el corregidor) y se alimentaba una extensa red de intermediarios entre los productores (locales y foráneos) y los compradores finales (la población indígena y mestiza). Otra dimensión del reparto fue su uso para el establecimiento de un sistema de producción diseminada. Los comerciantes repartían dinero en efectivo, artículos por terminar, mulas e instrumentos (arados) y, con la ayuda de las autoridades, recogían la producción en una suerte de putting out system primitivo y compulsivo. En el norte, por ejemplo, se repartía algodón para ser hilado y tejido (Ramírez 1991: 143; Larson 1988: 121-129). Este sistema jugó un papel muy importante en el reforzamiento del poder de los corregidores,
Acuarela del siglo XVIII que muestra a un indio de la sierra de La Libertad.
quienes pudieron ubicarse en posiciones privilegiadas en las provincias. Establecieron firmes relaciones con los comerciantes y los productores locales para la venta de productos y el reclutamiento de mano de obra. Los caciques locales prestaron su colaboración en estas tareas, lo que acarreó diversos problemas entre corregidores y curas por el control sobre la población indígena y mestiza de las doctrinas, dado que ésta era usada como mano de obra, fuente de recursos por obvenciones e impuestos en favor de la iglesia, y mercado de la producción de sus obrajes y haciendas (Tord-Lazo 1981).
FISCALIDAD El sistema impositivo colonial se caracterizó por su complejidad. De un lado estaban los impuestos propiamente dichos; de otro lado, los tributos. Los primeros eran pagados por la población libre que realizaba alguna actividad económica o burocrática. Los segundos debían ser satisfechos por la población indígena. Los principales impuestos afectaban a la producción y el comercio. Así, la producción minera pagaba el quinto real (20% de la extracción). Los productores rurales debían pagar a la iglesia el diezmo y las primicias, es decir, el 10% más los primeros frutos de la producción agropecuaria. Los dos novenos de la “masa decimal” debían ser entregados a la caja real. No tuvo éxito la iglesia para imponer a los artesanos (urbanos y rurales) el llamado diezmo industrial (Quiroz 1990). De otro lado, todas las operaciones mercantiles estaban afectas al pago de alcabalas. Para los efectos
Cerro mineral de Pomasi, Lampa, Puno. Esta ilustración fue publicada en la Colección de memorias científicas (Bruselas, 1857) de Mariano Eduardo de Rivero.
de la cobranza, y dado que la sociedad estuvo organizada en cuerpos, se estableció un sistema corporativo en el pago. Se dividió la alcabala en dos: una del “viento” y otra del “cabezón”. Todos aquellos que internaban un producto a una ciudad debían declararlo en la caja real y pagar la alcabala correspondiente al 2% del precio de venta. Como eran comerciantes sueltos su pago se llamaba del “viento”. En cambio, a los comerciantes y artesanos establecidos en las ciudades se les incorporó a cuerpos llamados genéricamente gremios. Un cálculo hecho por peritos y debatido por los interesados y la práctica de largo aliento, determinaba el monto que la ciudad y, dentro de ella, cada cuerpo debía pagar. Para ello existían padrones confeccionados y actualizados permanentemente donde se consignaban los nombres de los contribuyentes (“cabezones”). El comercio ultramarino pagaba en las aduanas el impuesto de las “averías” –cuando el tráfico era interamericano– y el arancel, tarifa o almojarifazgo en el comercio atlántico. También el ejercicio de cargos burocráticos estuvo gravado con la “media annata”, que consistía en el pago adelantado de la mitad del haber que debía recibir en un año quien accedía a un cargo (Escobedo 1986). Internamente, los municipios establecieron ciertos cobros especiales. Entre ellos destacó la “sisa” o impuesto a la introducción de cabezas de ganado a la ciudad. Los ganaderos (representados en el cabildo) estuvieron exceptuados. El caso de los tributos es distinto. No respondía al ejercicio de alguna actividad. Por el contrario, se
trataba de una capitación a manera de “indemnización de guerra” que debían pagar los nativos de América por haber sido vencidos en el proceso de conquista. Era pagado en trabajo (mita) y en dinero (o en especie) por la población masculina entre los 18 y 50 años de edad. Los únicos exceptuados eran los indios nobles (curacas o caciques) que debían colaborar en el cobro. En la práctica hubo más exceptuados (llamados “reservados”) como casos especiales. Los mismos cobradores (corregidores) y los curas doctrineros buscaban tener indios reservados para aprovechar su fuerza laboral. De ahí que sea difícil establecer la cantidad real de tributarios pese a la existencia de padrones. Como se pagaba en los pueblos de indios, los tributarios huían muchas veces para ubicarse en otros pueblos en calidad de “indios forasteros” o refugiarse como yanaconas en haciendas, obrajes, minas, ciudades. Mientras podían localizarlos, los curacas y mandones reclamaban los tributos y los obligaban a mitar . Para evitar esta última obligación el indio debía abonar una cantidad de dinero que resarciría al minero por no poder contar con su trabajo. Esta modalidad se llamaba la mita de “faltriquera” y era otro mecanismo de sujeción del indígena a los centros productivos, ya que sus dueños pagaban los tributos de los forasteros a fin de asegurar su mano de obra. En el siglo XVIII la cantidad de indios forasteros sobrepasaba a la de los originarios, sobre todo en las provincias altoperuanas. Pagaban la mitad del tributo y, por lo general, estaban exonerados de
los turnos de las mitas, lo que fue una especie de transacción entre los cobradores y los propietarios locales. Ambas partes estaban interesadas: la primera cobraba algo siquiera, que pagaba la segunda con lo que aseguraba una mano de obra distribuida por la primera. En el censo de 1754 se contabilizaron en Chuquisaca 15 366 indios forasteros y sólo 10 985 tributarios; en La Paz 14 244 forasteros y 10 550 tributarios. En tanto, en el Cuzco la diferencia era menor: 12 083 y 10 711, respectivamente (O’Phelan 1988: 70). Este sistema fiscal fue manejado por los propietarios locales en función de sus intereses. Lo más común era la evasión o, al menos, el pago en menores cantidades de lo correspondiente. Los intentos de mejorar la situación fiscal por parte de las autoridades metropolitanas encontraban una fuerte oposición de los funcionarios corruptos y los contribuyentes locales. El resultado fue un aprovechamiento particular y grupal de la recaudación. Ya a fines del siglo XVI, el 50% de la renta fiscal era consumido en el propio territorio virreinal. En el siglo XVIII la situación era más grave. De un ingreso total ascendente a 261 917 613 pesos, se remitieron a España 12 646 972 pesos, es decir, sólo un 5% del total fiscal recaudado en todo el siglo. México reemplazó al Perú como proveedor de recursos a la metrópoli. Entre 1651 y 1660 el Perú
envió 8,6 millones de pesos a la corona contra 4,3 millones mexicanos. Ya en los años 1660 las remesas mexicanas superaban a las peruanas. Durante la década 1741-1750 las peruanas cayeron hasta 500 mil pesos, en tanto que las mexicanas se incrementaron hasta 6,4 millones. En el decenio siguiente la contribución mexicana creció hasta más de 16 millones, mientras que el Perú no enviaba nada (Burkholder-Johnson 1990). Claro que las remesas de particulares fueron cuantiosas. En esto, precisamente, consistió la racionalidad del sistema. Entre 1761 y 1775 los caudales enviados para el rey fueron de 1 828 627 pesos, en tanto que los caudales particulares declarados salidos por el Callao ascendieron a 71 678 540 pesos (Tord-Lazo 1981: 87). Cuadro 1 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO FISCAL CAJA MATRIZ DE LIMA (en pesos de a ocho) Período
Ingreso total
1700-39
52 594 919
1740-84 1785-99
Envíos a España
%
Gastos de gobierno
%
4 798 160
4,8
47 796 759
95,2
129 399 996
3 269 615
3,3
127 130 381
98,2
79 922 698
4 579 067
4,6
75 343 631
95,4
Fuente: Tord-Lazo 1981; Cuadro 2
II LAS REFORMAS BORBÓNICAS John Lynch ha llamado con razón a las reformas borbónicas la segunda conquista de América (Lynch 1976: 15). A través de esta “reconquista”, España trató de volver a tomar las riendas de un sistema colonial que en buena medida se le había escapado de las manos. Las reformas deben entenderse en el marco de la reestructuración del imperio español con miras a alcanzar una posición menos marginal en el contexto europeo. Luego de haber sido la primera potencia dos siglos atrás, en el siglo XVIII España se veía relegada cada vez más por nuevos estados.
Las reformas abarcaron los más diversos aspectos de las relaciones entre la metrópoli y sus colonias. Sin embargo, no fueron emprendidas de manera sistemática, global, ni se dieron en un lapso determinado. Ocupan un espacio temporal sumamente vasto y fueron precedidas por cambios que afectaron los pilares de la dominación hispánica en América. Habitualmente se consideran los años 1762 (la toma de La Habana por los ingleses) y 1787 como sus hitos inicial y final. España debía obtener los beneficios que los particulares tenían en sus colonias, modificando el sis-
tema fiscal, comercial y político de sus dominios. El principio rector fue el centralismo autoritario y monopólico tanto en lo político como en lo económico (Fisher 1979; Anna 1983: 31-32).
SUSTENTO La inspiración evidente de las reformas estuvo en la experiencia del despotismo ilustrado francés representado por Floridablanca, Aranda y Campomanes durante Carlos III. Las ideas reformistas estuvieron contenidas en la obra del ministro de guerra y hacienda José del Campillo (escrita en 1743 y publicada recién en 1789, pero divulgada casi intacta por Bernardo Ward en 1759). Su iniciativa era muy vasta, básicamente económica y política. En cuanto a América, se reducía a asignarle el verdadero papel de las colonias: proveedoras de materias primas y mercado de venta para los productos de la
José Manuel de Guirior reemplazó en el cargo al virrey Amat a fines de 1776. Su autoridad se vio seriamente amenazada por el visitador José Antonio de Areche, quien frecuentemente sobrepasó los límites de sus atribuciones.
manufactura metropolitana. El sistema de intendencias se propuso activar la economía española a través del comercio colonial y optimizar la administración para asegurar el control de la población y la fiscalidad (Basadre 1973; Kuethe-Blaisdell 1991; Fontana 1987). Campillo insistía en que el escaso comercio interno indiano a tolerarse debía ser practicado por “españoles domiciliados en España, no en Indias”. De su lado, Campomanes, en 1762, propuso impedir a los americanos la producción de artículos competitivos con los de España, para mantener “la dependencia mercantil, que es la útil para la metrópoli”. Jovellanos recalcaba que las colonias serían útiles en la medida en que representasen un mercado seguro para el excedente de la producción industrial metropolitana (Ezquerra 1962; Fontana 1991). En Europa las ideas del liberalismo económico iban dejando atrás a las mercantilistas. La economía de “antiguo régimen” española recibió las ideas liberales hacia mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en España no reinaban aún los principios de libertad de acción, libre competencia y no intervención estatal ni en su política interna ni en la colonial. La industria poco desarrollada y el predominio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en el comercio externo no permitían augurar un pronto despegue industrial. Urgía una reforma económica que contemplara, por lo menos, el fomento de la producción y el despegue industrial, la simplificación tributaria, la introducción de mecanismos para morigerar la brecha en la balanza de pagos, y una innovación en la fábrica de la moneda que abarcara sus aspectos administrativos, técnicos y el crecimiento de las rendiciones monetarias. Sin embargo, elementos básicos no se hallaban del todo resueltos en la península (Lazo 1993). Un informe del Consejo de Indias del 5 de julio de 1786 todavía decía: “conviene fomentar en los dominios de América la agricultura y producciones que allí ofrece pródigamente la naturaleza y sirven de primeras materias para las manufacturas y compuestos de las fábricas de España, con lo cual a un tiempo se atiende y favorece igualmente al comercio de ambos continentes”. Conforme a esto, España debía reservarse las actividades industriales y abastecer con sus productos a las colonias. En 1790 el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemus explicaba con meridiana claridad las consecuencias de la política española en América: “La metrópoli debe persuadirse de que la dependencia de estos remotos países debe medirse por la necesidad que de ella
tengan, y ésta por los consumos, que los que no usan nada de Europa les es muy indiferente que exista, y su adhesión a ella, si la tuvieren, será voluntaria” (Konetzke 1976). No fue fácil implementar las reformas. En España la idea tuvo acogida en los altos círculos gobernantes, pero tardó en penetrar en los demás sectores de la sociedad. En América se encontraban los interesados en que nada cambiase, por lo que poco se podía esperar de la cooperación en ultramar. La propia corona no estaba plenamente decidida a emprender las medidas en forma drástica.
REFORMAS COMERCIALES España ingresó al siglo XVIII en medio de graves dificultades que serían decisivas para el cambio imperial. Tres guerras europeas (Sucesión Española de 1701 a 1713, Sucesión Austríaca de 1740 a 1748 y la de los Siete Años de 1756 a 1763) hicieron tambalear al imperio. En un primer momento, España buscó fortalecer su monopolio comercial. Sin embargo, la realidad la hizo restringirlo y en 1701 permitió a navíos franceses entrar a los puertos coloniales para hacer reparaciones. El primer gran paso en este rumbo fue Francisco Gil de Taboada y Lemus asumió las funciones de el tratado de Utrecht que concedió a los ingleses el virrey en 1790 y durante su gobierno brindó decidido apoyo a llamado navío de permiso y el tráfico negrero en sus las expediciones científicas que arribaron al Perú, como la de dominios. Desde 1715 a 1738, más de 60 navíos in Alejandro Malaspina. gleses entraron a Buenos Aires con esclavos y abundante mercadería. Además, hacia Buenos Aires fluía el comercio ilícito también desde la colonia portuguesa. Ése era el primer paso hacia Lima. El navío de permiso a la feria de Portobelo también causó dificultades al comercio español. Los ingleses enviaban navíos mayores a los autorizados y vendían textiles más baratos y libres de impuestos. Los bienes ingleses se vendían a un precio 30% menor que el de los productos im- Portobelo, Panamá, puerto en la costa del océano Atlántico. Portobelo fue un punto estratégico en el mundo comercial de la América española. portados desde España.
La bahía y el puerto de Concepción, Chile, en una ilustración aparecida en la Relación histórica del viaje a la América meridional (Madrid, 1748) por Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
Desde los años 1720 la corona fue autorizando se intensificaron las relaciones del tráfico colonial navíos de permiso directos desde Cádiz a los puer- lo que era, precisamente, el objetivo: convertir a las tos atlánticos. Buenos Aires se convirtió en una fe- colonias en mercados para los productos industriaria que abastecía las mercaderías hacia el Alto Perú les y agrícolas que España pensaba enviar a través y Chile, pese a las protestas de los comerciantes del del Atlántico. Según datos de García Baquero, con el Consulado limeño. Durante la guerra con Inglate- sistema de flotas y galeones el tonelaje de los navíos rra, en los años 1740, se permitieron los navíos de sumó 46 423,85, mientras que el de los navíos de registro en el Pacífico (Burkholder-Johnson 1990). registro alcanzó 81 955,41 (1988: I: 172). Desde 1765 se liberó, paso a paso, la navegación Pronto esta medida provisional se volvió permanente. Los navíos de registro salían a cualquier hacia las diversas regiones del imperio colonial espuerto sudamericano entre Concepción y el Callao. pañol y, además de Sevilla y Cádiz, otros puertos Cerca de 20 navíos llegaron al Callao hacia 1748, y metropolitanos recibieron la autorización de comermás de 35 hacia 1761. La cantidad de mercaderías ciar directamente con el Nuevo Mundo. Al mismo que llegaba al Perú y Chile era tan elevada que se tiempo, los numerosos impuestos de exportación podía vender solamente a precios bajos y a través de fueron sustituidos por uno solo que afectaba en un un comercio compulsivo a los indios. Un testigo en 6% y en un 7% a los productos españoles y extranLima afirmaba que los conventos estaban llenos de jeros, respectivamente. Un hito trascendental fue la dación del “Reglacomerciantes en quiebra (Villalobos 1968: 77). El mayor uso de navíos de registro luego de mento de Aranceles Reales para el Comercio Libre 1740 (toma de Portobelo) fue el siguiente hito im- de España e Indias”, del 12 de octubre de 1778. La portante en los cambios mercantiles. Se debió al re- idea era simple: ampliar las relaciones mercantiles sultado de iniciativas individuales de abastecimien- (mayor cantidad de puertos y barcos para incremento de los mercados americanos a través de un co- tar los volúmenes de mercaderías) para, al cobrar mercio directo y como una respuesta necesaria a la mayores impuestos, aumentar los ingresos fiscales. La relativa apertura que ya venía dándose se exsuperioridad naval inglesa. La última feria en Portobelo fue la celebrada en 1749. Los navíos sueltos tendió al resto de las colonias, a excepción de Méde registro ya no se ceñían a las rutas monopólicas, xico y Venezuela, las que hacia 1789 fueron incluisino que unían ya directamente el Callao con la pe- das también en el tráfico, con 16 puertos metroponínsula a través del cabo de Hornos. litanos. La reducción de impuestos y la eliminación Aunque moderado, esto significaba el abandono de restricciones en el tráfico intercolonial impulsapaulatino de las rígidas prácticas monopólicas espa- ron el tráfico naviero y el movimiento comercial. ñolas de los Austria. Además, con el nuevo sistema Otra de las consecuencias directas fue el quiebre del
monopolio limeño sobre el tráfico mercantil colo- experiencia, se hizo lo propio en la de Potosí en nial en esta parte del continente. 1753-1773. Se trataba de un “libre comercio” pero dentro del Ante la pronunciada mengua de la producción monopolio imperial. Dada su importancia y reper- argentífera peruana en el siglo XVIII, la corona escusión, esta medida encarna el espíritu del progra- pañola le prestó especial atención aunque, ciertama reformista y, a veces, se confunde con él. Como mente, no se lograron los resultados obtenidos en principal fuente de recursos fiscales, el comercio es- México en este campo. Para contrarrestar la consituvo en el centro de la política española en Améri- derable merma de la producción de azogue en ca. Los cambios que atañeron a esta actividad fue- Huancavelica, hubo que abastecer a las minas peruanas con mercurio procedente de Europa. ron de lo más trascendentales y controvertidos. No fue una apertura comercial irrestricta. Tan Entre los esfuerzos por reanimar la extracción de solamente se autorizó el comercio recíproco entre metales preciosos era muy importante superar el esdiversos puertos situados unos en España y otros en tancamiento técnico en la minería y metalurgia. En América, sin permitir a las colonias establecer rela- 1786 se contrataron tres misiones técnicas en Aleciones comerciales con terceras potencias. En reali- mania: para México, Nueva Granada y el Perú. dad, el objetivo era el inverso: agilizar los lazos coLa peruana estuvo encabezada por el barón alemerciales de España y sus colonias y, adicionalmen- mán Thaddeus von Nordenflicht (1790-1810). Trate, eliminar el contrabando. Este comercio debía, tó infructuosamente de modernizar las técnicas miademás, estimular la industrialización de la penín- neras y extractivas. El misoneísmo de los mineros sula, privilegiando la importación de materias pri- peruanos, sus recelos para con los extranjeros arromas industriales desde América. gantes y su ignorancia hicieron fracasar el intento. En 1797 se permitió comerciar con otras poten- No obstante, la producción de plata alcanzó su pico cias: los llamados barcos neutrales. Esta medida sig- en 1799 y, aunque declinó ligeramente en años subnificaba el reconocimiento por el régimen español secuentes, se mantuvo alta hasta 1812 (Buechler de la pérdida del control sobre el comercio colonial 1973; Fisher 1977; Lynch 1987). (Mazzeo 1994: 49-50). El enviado a Hualgayoc, Federico Mothes, tamAl margen de estas medidas, España estableció bién fue recibido en forma hostil. Trató de reformuun sistema de compañías especiales. Eran empresas lar la estructura de la propiedad de las minas a fin comerciales monopólicas de capital mixto (estatal y de posibilitar la apertura de grandes socavones e privado) que buscaban ordenar el comercio menor implementar mejoras tecnológicas (Contreras 1995: y erradicar el contrabando en una zona específica. 155). La primera fue la guipuzcoana Compañía de CaraLos visitadores Areche y Escobedo intentaron cas de 1728. En el Perú se establecieron la llamada justamente poner en marcha la nueva política mineCinco Gremios Mayores de Madrid y la Compañía ra. A las medidas por una mejor distribución del de Filipinas. mercurio y por la aplicación de innovaciones técnicas se añadían la expropiación en 1779 del banco REFORMAS EN LA PRODUCCIÓN creado por los mineros de Potosí en 1752; la aplicación en el Perú de las ordenanzas mineras de MéxiComo en siglos anteriores, el impulso de la reac- co de 1783; la organización de los mineros nativos tivación económica debía partir de la minería, cuyo en el Tribunal de Minería creado en 1783; el estarol era estimular a las demás ramas económicas a fin blecimiento de centros de instrucción especializada de poder contar con el mercado suficiente para el para elevar la productividad, etc. Pero sus resultaéxito del programa de exportaciones de manufactu- dos, concluye Fisher, fueron nulos o muy reducidos. El análisis interno de los factores de producras desde España. Una premisa fundamental para el éxito de la re- ción, por consiguiente, es el que permitirá enconforma comercial y fiscal fue el aumento de la masa trar las razones de este significativo restablecimienmonetaria: el monto de circulación interna y de to de la minería colonial peruana. En el sector minero se promovió el crecimiento cancelación de las crecientes importaciones. Medidas dadas a fines de la década de 1720 mandaron de la rendición, modernizando la técnica del benemecanizar la producción monetaria, así como mejo- ficio de los metales y estableciendo instituciones firar la administración de las cecas. Entre 1748 y nancieras de fomento minero (banco de rescate de 1753 se reformó la casa de moneda de Lima; con esa Potosí y banco real de San Carlos). Además, el gra-
ta llegar al desgravamen vamen minero fue flexibilizado. El quinto real se total. A fin de garantizar convirtió en diezmo o medio quinto y cobos. mayores rentas la corona se reservó determinaA fin de lograr una mayor producción de didas actividades producnero se dieron nuevas tivas y/o comerciales. ordenanzas (1728, 1730, Éste fue el llamado sis1755). La presencia de tema de estancos. Tal vez el estanco más ministros y oficiales del rey en la producción de importante (luego del mercurio) por el signifila moneda y en la compra de los metales desticado fiscal para el rey y sus repercusiones en las nados al cuño debía sustituir a los “aviadores”. colonias fue el del tabaEl precio del marco de co, establecido en 1752. plata de once dineros fue Debido al uso ancestral incrementado en 16,3 de la coca, el consumo del tabaco no estaba tan maravedíes, por encima del que regía en el merextendido entre los indios y mestizos. En camcado. La corona hizo lo pobio, el estanco sí afectó sible por elevar la prodirectamente a otros secducción colonial de matores de la sociedad; sin terias primas exportaembargo, sus costos adbles. Luego de 1730 esta ministrativos (burocrapolítica estuvo ligada al cia) fueron tan elevados que anularon las ventaintento de promover la producción americana Extracción de brea en una acuarela de Martínez Compañón. jas fiscales que hubiera podido proporcionar a la fuera del sector minero. En el norte peruano se corona. En 1780 el mobenefició el tabaco de Jaén, el cacao de Guayaquil y nopolio se extendió a la producción de cigarros y ciel azúcar y algodón en los valles costeños (Aldana garrillos. Se construyeron fábricas de tabaco en Li1992a y b). ma y Trujillo, pero con ello se logró tan solamente En el sector exportador se persiguió hacer crecer incrementar la protesta de los consumidores de tay diversificar la producción. Una de las medidas fue baco por los altos precios y la baja calidad de los la legalización de los repartos para promover el tra- productos. En 1791 se eliminó el monopolio de la bajo semilibre indígena y asegurar mano de obra a fabricación de cigarros y cigarrillos (Céspedes del la vez que se ampliaba el mercado. La expulsión de Castillo 1955). los jesuitas en 1767 coadyuvó a la dinamización del El Estado asumió la producción y comercializaagro por la rápida desamortización de las enormes ción del azogue de Huancavelica. Este estanco rigió extensiones de tierra vinculada jesuítica. La misma entre 1782 y 1795 con resultados negativos para el venta de estas tierras exigió de los nuevos propieta- fisco colonial: alrededor de 1 120 000 pesos de pérrios la disposición de vincular la producción al mer- dida en trece años, además de la catástrofe que recado (Macera 1977; Brown 1987; Aljovín 1990). sultó el derrumbe de 1786. Los costos se elevaron El agro recibió un importante apoyo financiero por la pobreza de la mina y la corrupción de los funcon préstamos blandos de la caja general de censos cionarios del estanco. El Estado siguió controlando de indios y el subsidio que representó el incremen- la distribución del azogue importado, por cuanto la to de contratos entre el gobierno y particulares para idea era estimular –aun a pérdida– la minería, debila provisión del ejército, la marina y los situados de do a que ésta arrastraba a otras actividades que defrontera. De otro lado se dio incentivos tributarios a bían pagar impuestos que devolverían a la corona lo la exportación de productos, en algunos casos has- invertido (Lohmann 1949; Lang 1986).
Tuvo el Estado colonial otros estancos menores: pólvora, papel sellado (establecido en 1638), naipes y las peleas de gallos. El monopolio de la trata de esclavos había desaparecido en favor del comercio inglés.
REFORMAS FISCALES Tal vez las reformas más exitosas fueron las fiscales. Intentaron incrementar la recaudación sin recurrir a nuevas fuentes, sino al aumento y, sobre todo, a un control más cuidadoso de lo que debía cobrarse (Escobedo 1986). La reorganización de la real hacienda debía agilizar la cobranza de impuestos. De dieciséis cajas que había, la reforma dejó sólo siete. Ya en el siglo XVII habían sido suprimidas las cajas de Castrovirreyna y Chachapoyas y en el XVIII la de Matucana (centros mineros en decadencia). En otros intentos racionalizadores a fines del XVIII, Trujillo absorbió las cajas de Saña-Piura y Parata, y Arequipa hizo lo propio con la antaño boyante y para entonces decadente caja minera de Caylloma. El tribunal Mayor de Cuentas se constituyó en uno de los pilares de las reformas. Las medidas decisivas fueron el establecimiento de las aduanas interiores (1774), la nueva capitación de artesanos y comerciantes para el pago de la alcabala y el alza de ésta (1776), el cobro del almojarifazgo a fardo abierto, los nuevos impuestos a la agricultura y el ingreso extraordinario derivado de las rebajas secretas de la ley de las monedas (1772 y 1786) (Lazo 1993). Como se vio, la alcabala era un impuesto que gravaba las transacciones comerciales. Desde su implantación afectaba el 2% del monto de venta de los bienes, pero en 1722 ese porcentaje se elevó al 4% y en 1776 volvió a incrementarse al 6%. Se incluyó a los indios en el pago porque las demás castas los usaban para internar productos. Así también se incorporaron a la cobranza productos antes exonerados y de alto consumo (principalmente coca y granos). Anteriormente y durante muchos años, la cobranza estuvo a cargo del cabildo, de algún comerciante particular o del tribunal del Consulado. Una innovación importante fue que las autoridades coloniales asumieron en forma directa esta tarea. De otro lado, para los efectos de la cobranza de la alcabala, en 1780 se ordenó a todos los artesanos y comerciantes alistarse en sus gremios respectivos. En las ciudades se volvió a confeccionar los “cabezones”. La reacción de los maestros fue perseguir a
Detalle de un folio de papel sellado del siglo XVII. Su uso obligatorio para asuntos contenciosos fue decretado por la corona española en 1638.
quienes trabajaban en tiendas “ocultas” (Quiroz 1990). Una medida paralela fue el establecimiento de aduanas internas. La primera se puso en 1774 en Arque y Tapacarí (Cochabamba); siguieron las de La Paz en 1776, Buenos Aires en 1778 y Arequipa en 1780. Se pensaba instalar una aduana en el Cuzco cuando estalló la rebelión de Tupac Amaru. En 1778 se estableció el impuesto del 12,5% sobre el aguardiente. Esta medida afectó directamente a productores, comerciantes y campesinos. A aquéllos por el alza que experimentó el licor, disminuyendo sus posibilidades de competir con productos alternativos en los mercados mineros y urbanos; a éstos porque el aguardiente era un medio de pago del trabajo que realizaban en minas, haciendas y obrajes (Brown 1986). Al mismo tiempo, la corona persiguió con decisión el contrabando de oro y plata desde el Alto al Bajo Perú. Con el mismo fin se hizo más eficaz el cobro del tributo indígena mediante la aplicación de retasas para asegurar la concurrencia efectiva de los “reemplazos” e impedir a los “forasteros” burlar el pago. En base a una revisita general, Areche elevó los tributos a casi un millón de pesos anuales, reemplazó la antigua contaduría de retasas con la de tributos e inició la cobranza a quienes, legalmente, no debían abonarla. Dado que el reparto demostró ser muy eficaz y lucrativo, la corona y las autoridades coloniales se interesaron por esta forma de circulación. La idea era participar de las ganancias que funcionarios menores tenían en este “comercio” y, con ello, aprovechar este sistema para impulsar la producción mi-
nera. Además, es claro que a través del reparto se pretendió colocar las mercaderías que se pensaba exportar hacia América. Los primeros intentos de legalizarlo encontraron la oposición del bajo clero, principalmente porque afectaba el propio tráfico de mercancías que mantenían los curas en sus pueblos y, de otro lado, el reparto limitaba grandemente las posibilidades de la cobranza del tributo, de donde provenían los sínodos que ellos percibían. En 1751 fue legalizado el trato de los corregidores en función de una tarifa especial (Tord 1974; Moreno 1977: 304; Spalding 1974; Golte 1980). La corona incrementó la proporción correspondiente a los novenos reales creando la junta unida de diezmos. Cobró los derechos por el oro y la plata en los metales mismos y no después de su embarque como pasta o vajilla. Impuso un severo control sobre las oficinas de recaudación y contabilidad de impuestos y tributos (Basadre 1973: 62-63; Escobedo 1981 y 1986).
REFORMAS POLÍTICAS España buscó un mejor control optimizando las instituciones imperiales y coloniales. Una tarea indispensable era recortar las prerrogativas del Conse jo de Indias, donde predominaban las tendencias favorables a la burocracia colonial. Ello se hizo paulatinamente hasta su desactivación en la constitución de 1812. Los secretarios del Consejo de Estado, en cambio, ganaron en influencia y autonomía. En 1714 Felipe V instituyó cuatro secretarías (significativamente, las colonias fueron incluidas en una misma secretaría con la marina) que despachaban por su cuenta gran parte de los asuntos americanos, impartían órdenes directamente a las autoridades de ultramar, reclamaban de éstas informes directos al rey y sólo en casos especiales recurrían a las consultas del Consejo de Indias (Konetzke 1976: 109). En el campo político destacan la limitación creciente La ciudad de Buenos Aires desde la orilla del río hasta el suburbio de la campiña en una ilustración de 1820. Se aprecia a la izquierda la plaza de toros ubicada en el extremo norte de la ciudad (Tomado de Vidal 1943).
del ámbito jurisdiccional del Perú, la creación de intendencias, la restricción de la influencia en las decisiones de los criollos y los ajustes en las funciones de los caciques. El cambio más urgente era limitar la capacidad administrativa de los gobernantes peruanos. Desde los albores de la conquista, el virreinato peruano cubría un territorio muy variado y dilatado: toda América meridional a excepción de Venezuela y los dominios portugueses. Para evitar esta concentración de poder y agilizar el cumplimiento de las decisiones, la corona decidió desmembrar el virreinato. Entre 1717 y 1739 fue creado el virreinato de Nueva Granada –con capital en Bogotá– que incluyó las audiencias de Quito, Panamá, y posteriormente, Venezuela (constituida en audiencia en 1786). Con Nueva Granada el virreinato de Lima había perdido buena parte de su influencia. Sin embargo, un golpe más doloroso estaba todavía por asestarse a la orgullosa capital peruana. La importancia estratégica que fue adquiriendo la zona del Plata en el siglo XVIII determinó la necesidad de otorgarle un estado preferencial dentro del sistema colonial español. Territorio poco poblado pero de enorme potencial económico y comercial, era codiciado por los portugueses e ingleses. En 1776 la corona creó el virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires y que abarcaba Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas. Uno de los efectos más directos de esta decisión fue que el Alto Perú con las minas de Potosí dejó de depender de Lima. Ya el tráfico directo Sevilla-El Callao había reorientado parte del comercio altoperuano. Los comerciantes peruanos –en especial los limeños– vieron restringidas sus posibilidades de
seguir aprovechando los recursos que generaba la rica zona minera del altiplano (Céspedes del Castillo 1946: 703; Fisher 1981: 18; Mazzeo 1994: 42-47). No obstante, parece que el comercio de Buenos Aires no llegó a afectar tanto al de Lima, al menos no en la magnitud que indicaban los comerciantes monopolistas limeños. Datos de Haitin (1983: 38) indican que las importaciones por el Callao eran el doble que las ingresadas por Buenos Aires (que alcanzaron 1,3 millones de pesos en valores constantes de 1778 durante los años de 1785 a 1796). Fisher, de su lado, ha establecido que el Río de la Plata captaba el 10,1% de las exportaciones desde Cádiz, en tanto que los puertos del Pacífico participaban con el 21,1 % (Fisher 1992: 149). La necesidad de mayores recursos obligó a la corona a estrechar el control sobre la administración colonial, a asumir responsabilidades directas y a aumentar los monopolios reales. Se requería una burocracia más abundante, preparada y, ante todo, leal. Al favorecer ahora a los peninsulares para los puestos más importantes en los nuevos oficios, la corona diluyó –pero no logró eliminar– la influencia local en el gobierno colonial. Un paso importante para el establecimiento del programa de reformas debían ser las visitas. El ejecutor de las reformas y futuro ministro de Indias, José de Gálvez, efectuó una exhaustiva visita a México entre 1765 y 1771, y a su retorno a la península formuló una serie de recomendaciones para erradicar las anomalías detectadas. En 1776 la corona nombró a José Antonio de Areche como visitador general para el Perú, Chile y Buenos Aires. Lo sucedería Jorge Escobedo hasta 1785 (Palacio 1946). Con miras a impedir las posibles extralimitaciones jurisdiccionales de virreyes y visitadores, en cada capital virreinal se ubicó un superintendente y, en cada audiencia, un magistrado llamado regente. Ambos visitadores llegaron con amplias facultades otorgadas por el ministro Gálvez, resultando más poderosos inclusive que los mismos virreyes. En 1787 se devolvió a los virreyes el cargo de superintendente, pero bajo la supervisión del ministro de Indias. El programa de Gálvez era sustituir los virreinatos por comandancias generales o intendencias. No
Moneda de ocho escudos con la efigie de Carlos III, 1779.
lo logró, pero pudo recortar las facultades de los virreyes y audiencias. Los aspectos fiscales fueron encargados a un superintendente subdelegado de real hacienda. En la práctica, el virrey quedaba circunscrito a las funciones políticas y militares. Los distintos fueros y las atribuciones de los intendentes y regentes redujeron las funciones de las audiencias. Con Areche llegó en 1777 Melchor Jacot, malagueño como Gálvez, como regente de la audiencia limeña quien elaboró un informe en el que tildaba a los oidores de conformar una camarilla estrechamente ligada a prominentes familias de Lima. El virrey Guirior, según Jacot, era un instrumento de ese grupo familiar, social y económico. El virrey fue destituido (Basadre 1973: 58-62). La innovación más conocida fue el sistema de intendencias. Sin embargo, su implementación causó tantos conflictos como las visitas, en especial por cuanto la idea era crear unidades eficaces que recortasen las facultades de los funcionarios anteriores en lo relativo a la administración, finanzas, justicia y defensa. Adaptado de precedentes franceses y españoles, el nuevo sistema implicó una nueva demarcación administrativa desde 1784. El cambio en este campo consistió en centralizar y racionalizar la burocracia colonial. Los siete intendentes nombrados para el Perú ese año estaban directamente a cargo de 58 subdelegados que reemplazaban a los corregidores. Se crearon unidades administrativas más grandes y con mayor autoridad que los corregimientos, a manera de pequeños “virreinatos”. Los intendentes eran gobernadores de amplias facultades y entre sus obligaciones específicas estaban el mejoramiento de los gobiernos locales, la promoción del crecimiento económico, trabajos públicos y especialmente el cobro de impuestos y tributos. En busca de lealtad, estos nuevos puestos estaban destinados casi exclusivamente a los peninsulares. El nombramiento se obtenía por designación y no por compra. Al menos en mayor medida que sus antecesores, los intendentes pusieron los intereses reales sobre los suyos propios.
Intendencias del virreinato del Perú, siglo XVIII. Tomado de Sala y Vila 1996a. TRUJILLO Piura Sa a Chachapoyas Cajamarca Trujillo Huamachuco Pataz
Las consecuencias del fin de la compra de cargos y de la preferencia por peninsulares fueron muy visibles. Paulatinamente se fue haciendo más claTARMA Conchucos ra la discriminación hacia los Huaylas Huamal es criollos en los puestos de maHu nuco HUANCAVELICA yor jerarquía. Adicionalmente, Cajatambo Tayacaja Jauja Huancavelica la corona aumentó su autoridad CUZCO Angaraes Urubamba Castrovirreyna administrando directamente acAbancay LIMA Calca Lares tividades que antes eran subasSanta Aymaraes Chancay Cotabambas tadas o vendidas. Así, la cantiCanta Cuzco Huarochir dad de empleados gubernamenPaucartambo Lima Paruro Yauyos tales en Lima casi se duplicó Quispicanchis Ca ete Chumbivilcas entre mediados de 1770 y 1790. Ica Tinta La misma desconfianza para HUAMANGA Huanta con el corregidor se tenía para Huamanga PUNO con el curaca. Al fin de cuentas, Anco Carabaya Cangallo Lampa este funcionario de ambas “reAndahuaylas Az ngaro Lucanas públicas” (la india y la españoPaucarcolla Parinacochas Chucuito la) era pieza clave en el ordenaAREQUIPA Condesuyos miento generado por los correCaman Collaguas gidores y criollos en el Perú Arequipa prerreformista. La rebelión tuCailloma Arica pacamarista reafirmó el recelo que se les tenía, e inmediatamente después fueron destituiCada intendencia estuvo dividida a su vez en dos los curacas que apoyaron al rebelde. Además, partidos bajo el mando de un subdelegado con una una real orden prohibió que en adelante se confir jurisdicción más vasta que los antiguos corregi- mara o designara a curacas. No obstante, en 1790 mientos. En vez de ser remunerados, los subdele- el Consejo de Indias declaró que aquellos curacas gados recibían un porcentaje de la recaudación im- “que lo son por derecho de sangre y autoridad de positiva de su distrito. En realidad, se reemplaza- las leyes” no debían ser despojados de sus prerroban los tratos que unieron al corregidor con los co- gativas, salvo que hubiesen participado en rebeliomerciantes por otros tratos que unían ahora al nes (Konetzke 1976: 134-135). subdelegado con la corona. Una diferencia imporLa reforma llegó a la ciudad; en particular, a las tante fue que la recaudación se hacía en dinero, lo ciudades relativamente populosas. Por ejemplo, Lique obligaba a vincular más estrechamente al cam- ma fue reestructurada. Con la finalidad de vigilar pesino indígena con el mercado. Así se pudo casi mejor a la sociedad, las autoridades dividieron la duplicar la recaudación por tributos en América. ciudad en barrios y cuarteles, rehabilitaron el cabilDebido a las bajas remuneraciones los subdelega- do con nuevas tareas de vigilancia, establecieron el dos no pudieron ser reclutados en la península, si- sistema del serenazgo y un ordenamiento gremial no localmente. Los candidatos debían propocionar desde arriba. El gremio y la cofradía fueron piezas una suma que sirviese de garantía para su buen claves en la reformulación corporativa de la ciuejercicio del cargo. No se eliminó la corrupción y, dad. En ambas instituciones, sobre las autoridades en algunas zonas, perduró el repartimiento de los propias se estableció un personaje especial: el llacorregidores ahora llevado por los subdelegados mado “juez conservador” (Garland 1995; Quiroz (Halperín 1986: 71). 1986, 1990, 1991).
REFORMAS MILITARES Como se ha podido apreciar, una de las motivaciones principales de las reformas fue la seguridad. El imperio español, enfrascado en guerras casi ininterrumpidas, tenía diversos frentes de lucha. Uno de ellos fueron sus colonias. Si bien el Perú fue de las más estratégicas, su ubicación geográfica le servía de protección natural contra alguna posible agresión de parte de enemigos externos. Los ejércitos de la conquista no devinieron en permanentes. Para la defensa del imperio en América se contó con tropas y milicias debido a que la corona se negó a tener un ejército regular mercenario en América. El origen de estas tropas eran las guarniciones de las fortalezas y presidios, reclutadas localmente y con reos de distintas partes del imperio. El primer ejército regular surgió en Chile durante la larga guerra contra los araucanos.
Fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao, cuya construcción tomó veinte años (1747-1767).
Durante el gobierno del virrey Teodoro Francisco de Croix se inició el régimen de intendencias (1784), reforma política con la que la corona española buscaba racionalizar la burocracia colonial.
América fue “poblada” de guarniciones permanentes y fortalezas. Famosos fueron los “presidios” de Chile y el Caribe. El Callao tuvo uno que fue destruido por un maremoto en 1746. “Aprovechando” esa ocasión, las autoridades coloniales decidieron establecer un centro militar en el puerto, así que desde 1747 fue construyéndose y perfeccionándose la fortaleza del Real Felipe del Callao. Los enormes gastos efectuados revelan la importancia que le atribuyeron las autoridades coloniales y metropolitanas. Aparte de proteger a la capital del virreinato, el Real Felipe debía asegurar las operaciones portuarias del Callao. Por otro lado, Lima y Trujillo estaban amuralladas. Ciertamente, no eran ciudades inexpugnables, pero sus defensas imponían respeto (Lohmann 1964). La guerra de los Siete Años demostró la fragilidad de las posesiones hispanas en América. La corona decidió destacar algunos regimientos de su ejército permanente. Pero tanto las tropas de guarniciones como las de regimientos tuvieron los inconvenientes de la falta de disciplina y las deserciones. Se constituyeron batallones de soldados profesionales (tropa veterana) en las capitales. Para evitar la formación de fuerzas armadas autóctonas, el virrey Teodoro de Croix propuso que las tropas se
formasen por partes iguales de soldados criollos y en 1803, a los oficiales no les interesaba la formapeninsulares, que la oficialidad superior estuviese ción militar como tal. Les atraían más el uniforme y compuesta en un 50% de europeos y que nunca el los honores. capitán, el teniente y el alférez de la misma compaAparte de las milicias provinciales, de oficiales activos del ejército regular y más amplia actividad, ñía fuesen criollos los tres (Konetzke 1976: 147). Entre 1760 y 1800 se creó un ejército de 2 mil existieron milicias urbanas, conformadas por la pleefectivos. Oficiales peninsulares se ubicaron en los be de las ciudades en función de sus corporaciones puestos más altos, agravando la discriminación de (gremios), y su actividad se reducía a tareas de vigilos criollos quienes, en contraste, estaban mejor en lancia en la localidad. Hubo unidades milicianas eslas milicias. Pero la suspicacia metropolitana hizo peciales para la población negra y mulata; pese a esasignar a cada unidad de las milicias un oficial espa- tar prohibido que los indios portasen armas, Lima ñol del ejército regular (Burkholder-Johnson 1990: tuvo desde 1762 un regimiento de infantería de in258-259). dios con 9 compañías de 75 hombres cada una (KoPara fomentar el alistamiento, la corona exten- netzke 1976: 150-151). dió al ejército colonial numerosos beneficios, incluEstos cuerpos de milicias tuvieron una actividad yendo el fuero militar, derechos judiciales de los ofi- constante, pero rara vez estaban armados y entrenaciales, soldados y sus dependientes en variados ca- dos adecuadamente. En 1800 los milicianos no eran sos civiles y criminales. Estos beneficios, sin embar- más de 18 mil en el Perú, que se reunían periódicago, no fueron suficientes. El ejército proporcionaba mente en las ciudades para efectuar ejercicios milibajas “soldadas” y exigía una disciplina demasiado tares. El lugar de los ejercicios (alardes) era la plaza mayor de la ciudad. Ese día, generalmente domingo, rigurosa. Se terminó reclutando en las calles, tabernas, ca- las armas reemplazaban a los puestos de vivanderos sas de juego y cárceles. Vagabundos, bebedores y que habitualmente poblaban las plazas. Por este criminales terminaron por eliminar la disciplina en motivo, la plaza mayor de las ciudades peruanas pael servicio militar. Frecuente fue la venta subrepti- só a llamarse (muy impropiamente) plaza de armas. cia de armas y uniformes, así como las deserciones. Aun en estas condiciones, el ejército fue la única REGALISMO Y EXPULSIÓN DE LOS institución que permitió un ascenso social. Era, co- JESUITAS mo lo muestra Basadre, la única vía que tenía el pueblo de escalar posiciones en una sociedad cerraEl regalismo fue otra característica de la política da. No resulta, entonces, extraño que el ejército re- general española en las colonias. En el siglo XVIII la gular colonial hubiese estado integrado por perso- corona española siguió la política de expandir la aunas de diversa extracción social. Muchos de ellos, toridad real a expensas de otras instituciones y grucon el advenimiento de las luchas por la indepen- pos de intereses. A diferencia de sus predecesores, dencia pasaron a engrosar las filas patriotas. Carlos III se decidió a cambiar la balanza entre la La reorganización más sistemática se inició en corona y la iglesia. Creyendo que la jurisdicción de 1763, cuando se creó una organización militar a ni- la iglesia debería extenderse sobre las personas laivel del imperio. La milicia pasó a ser obligatoria pa- cas sólo en materias de conciencia, la corona redura los hombres entre 16 y 40 años aptos para empu- jo la inmunidad eclesiástica y el derecho de asilo. ñar las armas. Se aplicó la estructura corporativa. La Un objeto especial de su atención fue el excesipoblación quedó dividida en cinco clases en compa- vo crecimiento de la propiedad territorial de la igleñías y batallones según sus ocupaciones. Ahora el sia, que convertía en “manos muertas” (bienes vinfuero militar se aplicaba inmediatamente y con ma- culados, fuera del libre tráfico) a buena parte de los yor amplitud. En 1780 el visitador Areche informa- fundos rústicos y urbanos. Se propuso su “desamorba que en Lima “todo o casi todo el traje de los tización”. hombres es uniforme de milicias con charreteras y La voluntad de la corona de cambiar las institugalones” y que las formaciones militares se compo- ciones eclesiásticas resultó evidente en 1767, cuannían casi exclusivamente de oficiales. Otro informe do Carlos III expulsó a la Compañía de Jesús de sus de 1784 indicaba que había comarcas en el Perú que dominios. Los jesuitas desconocían la autoridad del tenían más milicianos en los partes que varones, in- monarca aduciendo que era inferior a la del papa y clusive si se contaban los muchachos de doce años. obstruían la implementación de la política real. Su En realidad, como dijera el virrey Gabriel de Avilés preeminencia en la educación y lazos estrechos con
Retrato de Carlos III, autor anónimo, siglo XVIII. Luego de una serie de medidas que buscaban recortar las prerrogativas de la iglesia, este monarca dispuso la expulsión de más de 500 sacerdotes jesuitas del Perú y de 680 en México.
Luego de su expulsión, la corona confiscó las haciendas y otros bienes de la Compañía. En el Perú el valor de 203 haciendas y más de 5 200 esclavos secuestrados era aproximadamente de 6,5 millones de pesos. En menos de una década más de la mitad de este caudal había sido vendido. Asimismo, los bienes jesuitas en México valían más de 5 millones de pesos. La rápida transferencia de propiedad creó profundos intereses locales opuestos al retorno de la orden y así se cortó la presión de aquellas familias que estaban preocupadas por la expulsión de sus hijos, parientes y profesores (Aljovín 1990; Burkholder-Johnson 1990: 261-262).
personas laicas ricas y prominentes también les daba una influencia que generaba los recelos reales. Finalmente, los cuantiosos bienes de la Compañía atrajeron la atención de la corona, siempre en estrecheces financieras. La expulsión de 680 jesuitas de México y más de 500 del Perú, la mayoría de los cuales era nativa de nacimiento, conmovió a la opinión colonial. Hubo motines en México; en el Perú la expulsión provocó asombro, pero los jesuitas fueron deportados sin protestas significativas.
Altar mayor de la iglesia de San Pedro de Lima, construida por los jesuitas, quienes en 1767 fueron expulsados de las colonias españolas, acusados de obstruir la implementación de la política real.
III PROTESTA SOCIAL Y ANTICOLONIAL
El XVIII fue un siglo de manifestaciones permaLa situación en que se hallaba la población campesina y urbana de escasos recursos generó diversas nentes, casi endémicas que, contadas por decenas, manifestaciones de protesta, en el marco de una co- van desde protestas espontáneas, efímeras y sin mayuntura que exacerbaba las relaciones sociales, eco- yor trascendencia, hasta rebeliones que remecieron nómicas, tributarias y/o políticas. el régimen colonial en su conjunto. La rebelión de Sin duda, la respuesta fue permanente y cotidia- Tupac Amaru es considerada la culminación de un na. La población creó y desarrolló numerosas for- ciclo de numerosos levantamientos de pequeña mas de adaptación a las condiciones de subordina- magnitud y focalizados territorialmente. ción económica, social, política y cultural con resLos movimientos hacia mediados de siglo no llepecto a los sectores dominantes. Sin embargo, cuan- garon a abarcar a una población masiva. Los propios do estas estrategias no funcionaban, se producían indígenas no estuvieron, al parecer, en condiciones quiebres rebeldes que, de liderar y llevar adeno está demás subrayarlante una protesta autólo, fueron antes la exnoma, pues el aislacepción que la regla, pemiento geográfico y sus se a la abundancia de condiciones de vida y de trabajo les impedían ejemplos de levantamientos más o menos una coordinación general. Diferenciada tanto importantes (Lazo-Tord 1977; Stern 1990; Cahill por regiones como al 1988). interior de una misma La ausencia de reberegión, la población inliones o revueltas en los dígena tuvo una serie prolongados lapsos de de valladares en el ca“tranquilidad” o las ammino hacia la unificación de intereses y la plias zonas geográficas donde no se producen conformación de una dirección y metas colevantamientos trascendentales, no deben dar munes. lugar a pensar que se El régimen colonial trataba de tiempos y esfue muy sofisticado en pacios realmente pacífisu ordenamiento social, cos. La resistencia al répolítico y cultural. De gimen colonial y social otra manera no hubiese podido durar casi tres asumía formas pasivas, individuales, desorganisiglos con tantas contradicciones internas zadas y aisladas. Se recurría a los tribunales, potenciales y efectivas. se “reajustaba” el tiemDesde ya, se trataba de po de trabajo y los pauna sociedad constituitrones de consumo, se da sobre las ruinas de un vasto y poblado Esbuscaba alternativas de vida (cambio de activitado, que aprovechó Ceremonia de empadronamiento parroquial en una acuarela de Martínez Compañón, siglo XVIII. sus riquezas naturales y dad, domicilio, etc.).
humanas y que, para hacerlo, tuvo que utilizar la es- nistrador de un obraje, hacienda, mina, o la persotructura de las relaciones económicas, sociales, po- na y bienes de algún corregidor (Lazo-Tord 1977). La protesta, en un principio contra abusos aislalíticas y culturales preexistentes adecuándolas a las nuevas condiciones. dos, fue cuajando paulatinamente en movimientos Para funcionar sin contratiempos, este régimen con un conjunto de motivaciones más estructurase basó en los principios de asimilación y diferen- les. De ser fragmentada pasó a ser una respuesta orciación sociales. El primero incluía nociones como gánica. la mancomunidad de intereses, la jerarquización de La nueva situación estructural fue generada por la sociedad, la posibilidad de promoción y la con- el programa de reformas imperiales (que afectó temporización de las culturas sometidas; el segundo prácticamente a todos los sectores sociales) vinculasubrayaba las distinciones entre los sectores de la das principalmente a una nueva presión fiscal y a sociedad. De esta manera, se asimilaba “separando”. nuevas condiciones de ejercicio de las actividades En otras palabras, se aplicó brillantemente la norma económicas, generando una protesta canalizada de de dividir y reinar. parte del sector que unía a los diversos grupos soUn levantamiento generalizado (o, al menos, ex- ciales y económicos involucrados, es decir, el cotendido) debía previamente superar los mecanis- mercio. mos de integración que presentaba la sociedad. SoNo parece tan casual que la gran rebelión de breponerse, además, a las diversas medidas existen- 1780, que fuera la síntesis de la actitud contestatates para la vigilancia social: desde el conformismo ria, haya estado liderada y coordinada por personapredicado en el púlpito y que generaba la resigna- jes participantes en el comercio interregional muy ción de parte del campesinado, hasta la represión fí- relacionado con el ultramarino (incluido el contrasica. Hoy se sabe que los potenciales líderes de le- bando que entraba por el Río de la Plata). vantamientos se encontraban tan divididos que reFueron comerciantes y propietarios de pequeña y sultó muy sencillo para el régimen enfrentar unos a mediana escala los que integraron la dirigencia visiotros y, así, acabar con las manifestaciones que pre- ble de la rebelión. Sin embargo existen indicios funtendían generalizar la protesta. dados de una participación original de hacendados, En estas circunstancias, se entiende, las manifes- obrajeros y comerciantes más que medianos. Todos taciones no pasaron de ser tumultos o amotina- relacionados con colegas indígenas y mestizos de mientos sin mayores pretensiones ni dirección, cir- menores recursos, y todos, también, afectados por cunscritas a alguna reivindicación específica y diri- registros de propiedad, incremento de alcabalas, esgidas por lo general contra el mayordomo o admi- tablecimiento de aduanas, etc. (O’Phelan 1986).
En esta ilustración del siglo de las luces se puede apreciar diversos tipos sociales del mundo colonial hispanoamericano: (de izquierda a derecha) española quiteña, india “palla”, indio barbero, mestiza quiteña, indio “rústico” e india “ordinaria”. La imagen procede de la Relación histórica del viaje a la América meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
LA PROTESTA PASIVA La mayor parte de las situaciones conflictivas se resolvía (o intentaba resolver) por vías distintas a las violentas. Sobre todo porque el régimen presentaba salidas aparentemente viables para estas coyunturas. La normatividad formalmente favorable a la población de escasos recursos (principalmente indígena) invitaba a acudir a los tribunales. Estas acciones judiciales se extendían por tanto tiempo que, en la práctica, no daban resultados positivos. Pero tampoco negativos. La labor de los “protectores de indios” fue importante en este sentido. Juicios de nunca acabar para castigar abusos repletan los archivos. Se llegaron a hacer representaciones a la misma corte de Madrid. Se pensaba que el sistema era correcto, pero los funcionarios conformaban el eslabón que fallaba en la cadena judicial. El objetivo de las quejas era, por eso, el funcionario. Confiando en que, de saber lo que realmente pasaba en sus dominios, el rey solucionaría inmediatamente los problemas que aquejaban a sus súbditos, éstos buscaban acudir a la corte con un memorial de sus desventuras (Lavallée 1990). Al lado de la larga carta de lamentaciones que enviara Guaman Poma de Ayala en el siglo XVII, se encuentra el memorial que escribiera el fraile franciscano Calixto Tupac Inca. Este indio tarmeño, identificado con la situación de sus paisanos, fue autor de una detallada y conmovedora relación de la situación de la población indígena peruana hacia 1748. La llevó a España y la entregó al rey Fernando VI en 1750. Pese a sus gestiones, en vano esperó durante tres años una respuesta. De regresó prosiguió en Lima sus contactos con los indios y curacas. Descubierta su labor, en 1757 fue recluido en el convento de su orden y luego enviado a España. La población esclava no estuvo en condiciones de organizar y realizar un levantamiento eficaz. Pese a ser importante en determinados valles de la costa, el peso relativo de los esclavos fue reducido. Dispersa geográficamente y en medio de distintos regímenes, la esclavitud jugó un papel secundario en lo económico y su presencia se diluyó en el con junto de una sociedad estamental y corporativa. A lo más, su protesta se limitó a tumultos con un grado mínimo de organización, como el que se produ jo en la hacienda San José de Nepeña en 1779 (Kapsoli 1975; Tord-Lazo 1981: cap. V). La forma más importante de protesta fue el cimarronaje, es decir, la fuga de los esclavos de las ha-
ciendas y casas de sus amos. Por lo común, el cimarrón se volvía asaltante de caminos o se escondía en las ciudades. En ocasiones, los cimarrones se organizaban en refugios permanentes llamados palenques. Si el cimarronaje como tal no afectaba al sistema esclavista, la frecuencia de fugados podía incidir en su estabilidad, sobre todo si los cimarrones contaban con palenques difíciles de hallar y exterminar. Los palenques no tuvieron mayor importancia: hubo muy pocos, albergaron escasa población cimarrona y su vigencia estuvo relacionada con coyunturas sociales específicas (principios del siglo XVIII y fines del tiempo colonial). Se ubicaron mayormente en los alrededores de ciudades como Lima y Trujillo y cerca de caminos transitados (TordLazo 1981: cap. VI; Flores Galindo 1984). En la práctica, los palenques fueron excepcionales porque resultaban innecesarios según las condiciones en que se desenvolvió la esclavitud peruana: minoritaria y mayormente costeña y urbana (doméstica). El estado de los esclavos en las ciudades se pareció más al de las castas libres con las que convivían constituyendo una amplia plebe urbana. El trabajo en las panaderías, que algunos han interpretado como excepcional y cruel, fue tal vez el único que en las ciudades se asemejaba al netamente esclavista. El resto de los esclavos vivía en condiciones más relacionadas a la servidumbre, sin dejar de ser legalmente esclavos. Ellos batallaban por permanecer en las ciudades, llegando a casarse con una pareja residente en la urbe a fin de obtener la protección de la iglesia cuando sus amos intentaban venderlos para el trabajo en haciendas (más cerca del trabajo esclavista). En realidad, las ciudades eran los palenques.
LOS LEVANTAMIENTOS INICIALES La coyuntura rebelde se inicia principalmente en la octava década del siglo XVIII, es decir, cuando los cambios producidos por las reformas habían generado una situación de desacato que abarcaba a distintos sectores sociales con diferentes perspectivas. Empero, conforme las medidas se iban produciendo y afectando intereses, desde 1730 se presentan movimientos sociales importantes. Ese año estallaron dos rebeliones que llegaron a involucrar un considerable territorio del sur andino peruano. Se produjeron en estrecha relación con las medidas (revisitas) que incluían a los mestizos como indios para los efectos de las mitas. Funcionarios y propietarios en la sierra sur del Perú temieron
ver restringidas sus posibilidades de contar con mano de obra. En noviembre de 1730 se levantó la población en Cochabamba bajo el socorrido lema de “viva el rey, muera el mal gobierno”. Mestizos, criollos e indios, apoyados por algunos curas, participaron en el levantamiento. El tema de los corregimientos fue clave. Criollos y mestizos buscaban que fuese un criollo quien ocupase el cargo; a los indios, de su lado, les interesó más el resultado de la revisita emprendida por el virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, que reorganizaba la mita y el reparto. Este intento rebelde fue sofocado con especial crueldad por las autoridades. El jefe principal, el mestizo platero Alejo Calatayud, fue ahorcado junto a otros once participantes (O’Phelan 1988: 94-99). La otra revuelta se produjo en Cotabambas (Cuzco). Un grupo de indios y mestizos asesinó al corregidor del pueblo en protesta por su sistema de reparto y por el incremento de la cuota de mitayos. De la misma manera, los cabecillas rebeldes fueron ejecutados mientras otros participantes recibieron castigos ejemplificadores (O’Phelan 1988: 99-104). En 1739 abortó un levantamiento en Oruro. El manifiesto capturado a los conspiradores muestra la composición, causas y fines del movimiento. Se pretendía una suerte de alianza entre criollos, indios y mestizos, basada en la igualdad. El criollo Vélez de Córdova incluyó al curaca orureño Eugenio Pachacnina. Lewin dice que también se intentó incluir a Juan Bustamante Carlos Inca, descendiente de los incas. El manifiesto es considerado el primer programa político del siglo XVIII. Justifica la rebeldía por la opresión en que se hallaban los distintos sectores de la población: tributos, mitas y repartos, impuestos y donativos, discriminación política a los criollos. In-
José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, virrey del Perú entre 1724 y 1736. Enfrentó numerosas revueltas, entre ellas la de José de Antequera, cuya ejecución ordenó en 1731.
teresante es el argumento elegido: restaurar el imperio de los incas. Al parecer, este paso (y la convocatoria a curacas) se dio con el fin de aglutinar a la población aborigen en torno al movimiento. El contenido preciso de las demandas indica que no se buscaba eliminar la estructura política existente. Se mantendría al virrey y a los corregidores pero sin tributos, mitas, repartos ni los impuestos más odiados por los criollos y mestizos. Los dirigentes fueron criollos y mestizos comerciantes, arrieros y artesanos (plateros) con evidentes vínculos con Potosí (Lewin 1957: 118; O’Phelan 1985: 172). El manifiesto de Oruro de 1739 ejerció una gran influencia en la conciencia de las diversas zonas de la sierra peruana; inclusive, en la rebelión de Tupac Amaru. Una de las revueltas más extensas por el territorio y por el tiempo que abarcara fue la conocida como de Juan Santos Atahualpa, quien se proclamó sucesor del último gobernante del Tahantinsuyu. Se inició en 1742 en la selva central, en Tarma, y se expandió por un amplio territorio de la sierra. Las fuerzas de Juan Santos Atahualpa estuvieron conformadas por aborígenes campas del Gran Pajonal, Perené y Cerro de la Sal, que destruyeron 27 misiones. El gobierno virreinal tendió un cordón militar desde Huánuco hasta Huanta. Las fuerzas de los corregidores de Jauja y Tarma lanzaron un ataque contra los rebeldes e instalaron un fuerte en Quimiri (hoy La Merced). Cuando se apoderaron de esa plaza, el virrey mandó un nuevo ejército, al mando del marqués de Mena Hermosa, que estableció otras dos plazas en Oxapampa y Chanchamayo. En 1750
Mena Hermosa emprendió otra campaña. Fue derrotado nuevamente. Hacia 1752 Juan Santos Atahualpa retomó la iniciativa asaltando los pueblos de Andamarca y Acobamba. Pero no pudo ingresar a la sierra. Esta rebelión no fue derrotada. Más bien terminó diluyéndose por su marginalidad y por la casi ausencia de acciones. Se cree que su líder falleció hacia 1761 (Loayza 1943; Lehnertz 1970; Castro 1973; Mateos 1990). Otra de las rebeliones en el Perú central se produjo en la provincia de Huarochirí. Tuvo un antecedente en la propia ciudad de Lima donde, al parecer, debió desarrollarse en un principio. El intento limeño abortó en su fase conspirativa. Debido a la delación de un negro, en junio de 1750 el virrey conde de Superunda fue informado de un complot de parte de la población indígena de la ciudad. Los líderes eran Antonio Cabo, Miguel Surichac, Francisco García Jiménez, Pedro Santos, Julián Ayala, Santiago Hualpa, Melchor de los Reyes y el mestizo Gregorio Loredo. Inmediatamente se detuvo a seis implicados, de los cuales cuatro fueron ejecutados y dos lograron huir. Según la versión oficial, el movimiento perseguía eliminar el poder colonial con un plan que por su simpleza más parece haber sido concebido por las autoridades virreinales para justificar su actuación. Francisco Jiménez –llamado Francisco Inga– y Pedro de los Santos llegaron al pueblo de Lahuaytambo. Jiménez se casó con la hija del curaca de Chaucarima Juan Pedro Puipuilibia, y con su suegro y su tío político Andrés Borja Puipuilibia reclutó unos 300 hombres que el 25 de julio tomaron el pueblo de Huarochirí. Mataron al teniente de corregidor José Antonio de Salazar y Ugarte, al ex corregidor Francisco de Araujo, a su yerno Juan José de Orrantia y a quince españoles de las fuerzas que habían acudido a sofocar el levantamiento. El virrey envió un ejército al mando del marqués de Monterrico. Con la ayuda de los dueños de minas de Yauli, el ejército realista venció a los insurgentes y sus líderes fueron ejecutados (Sotelo 1942; Spalding 1984).
LA COYUNTURA REBELDE EN LA DÉCADA DE 1770 Otra situación se generó hacia la sétima y, sobre todo, la octava décadas del siglo XVIII. Lo fundamental del caso es que las cargas fiscales y las restricciones políticas y sociales de los sectores propietarios mineros, hacendados, obrajeros y comercian-
tes y funcionarios crecieron de tal manera que se tornaron insoportables. Con las reformas, España rompió el llamado “pacto colonial” y los colonos (denominados “criollos” de una manera genérica) vieron cambiadas las reglas de juego en forma abrupta. La corona varió en su favor el sistema redistributivo de las riquezas generadas en la colonia, obligando a los propietarios a adecuarse a las nuevas condiciones y produciéndose desde entonces entre éstos (incluyendo a los eclesiásticos) una pugna muy intensa por el control de la mano de obra indígena, sus producciones agrícolas y textiles y sus tierras. Los criollos buscaron resolver sus dificultades a costa de la población dependiente en el virreinato. Cuando la situación se tornaba insufrible para los indígenas, podían producirse levantamientos (O’Phelan 1979: 109). Es más, España se convirtió en una intermediaria sumamente onerosa y restrictiva. Después de haberse desentendido durante buen tiempo de las actividades de los criollos, ahora se preocupaba demasiado. El comercio ultramarino arruinaba a los productores locales pero también había desplazado a los comerciantes lugareños. No era difícil colegir que se podrían conseguir mejores resultados eliminando la intermediación metropolitana y realizando las transacciones directamente con los países europeos de donde provenían las mercaderías importadas. Un problema muy serio que se presentaba cada vez que se trataba el punto era la posibilidad de efectuar el cambio pero sin variar la relación de subordinación que tenía la población indígena mayoritaria. España era la potencia extranjera que garantizaba la estabilidad social interna en las colonias. En caso de producirse levantamientos, España debía movilizar los recursos necesarios para aplacarlos. La pregunta era si los propios colonos, una vez separados de la metrópoli, estarían en condiciones de constituir un Estado capaz de controlar la situación. La otra parte de la interrogante giraba en torno a los costos de ese Estado y quiénes deberían solventarlos. El reparto vino a romper una especie de pacto por el cual el indígena no debía pagar otra cosa que el tributo y la mita. La población aborigen tenía ahora mayores motivos para protestar. Casi no lo había hecho durante décadas por haberse acomodado y entender que estas cargas estaban relacionadas con su derecho a la tierra, y la vinculación del curaca en estos cobros garantizaba la tranquilidad social. De otro lado, estas cargas obligaban al campesino indígena a expandir su producción. Otra situa-
ción se produjo cuando los propietarios rurales y comerciantes empezaron a buscar hacer recaer sobre él los costos de la reforma fiscal, que incluyó también tasas a artículos que antes no estaban gravados y eran producidos y comercializados, en parte, por indígenas (coca, granos, papa seca, chuño, textiles, etc.). Una buena alternativa resultó establecer una alianza con los curacas, quienes habían demostrado a lo largo del tiempo colonial transcurrido su disposición para actuar en provecho propio al apoyar a los españoles en la sujeción de las mayorías indígenas. De un lado, la participación indígena en la gesta emancipadora debía resolver el problema de hombres para enfrentar a las fuerzas españolas, es decir, los indios debían emancipar el Perú en favor de los criollos. De otro lado, la alianza con los curacas podía garantizar la mantención del orden social una vez emancipado el país. Poco a poco, los criollos se vieron involucrados en las protestas contra las medidas reformistas, que convocaban abiertamente a la población indígena, mestiza y, a veces, negra. Obviamente, cada sector participaba con sus reivindicaciones propias. El establecimiento de aduanas y el incremento y mayor celo en la cobranza de las alcabalas provocaron manifestaciones de protesta en el sur andino. En Cochabamba hubo que suspender la aplicación de las órdenes que establecían la aduana a fin de evitar que la protesta de los comerciantes y arrieros complicase la situación. En octubre de 1777 ocurrieron serios disturbios en La Paz con motivo de los cobros aduaneros. Los indios y cholos trajinantes de tocuyos iniciaron las acciones, quejándose de tener que pagar el doble en alcabalas de lo que antes pagaban; al movimiento se unieron los indios tintoreros, harineros y comerciantes. Las autoridades locales lograron calmar los ánimos de la muchedumbre desorganizada. Mas esto no solucionó los problemas. En marzo de 1780 los comerciantes volvieron a protestar, igualmente en forma espontánea y desorganizada, esta vez por la noticia difundida de un catastro de haciendas y gremios que debía practicarse para el pago de impuestos. En noviembre de 1777 estalló una revuelta en Urubamba. Participaron tanto indios tributarios y curacas que protestaban contra los repartos de los corregidores, como mestizos y criollos propietarios de tierras (granos) y ganado, vinculados al comercio sur andino que atravesaba por las dificultades del establecimiento de aduanas y el cobro de alcaba-
Un natural del norte peruano en plena faena agrícola.
las. Los rebeldes atacaron el pueblo de Maras, cuyo corregidor logró salvarse, pero fueron incendiados casas, archivos y la cárcel. El movimiento duró varios días demostrando cierta coordinación entre los insurgentes. En estos hechos hay indicios de la participación de José Gabriel Tupac Amaru presentando memoriales para obtener la exoneración de mita para Canas y Canchis. Apenas instalada la aduana en Arequipa, los comerciantes indios, mestizos y criollos la destruyeron en enero de 1780. Además atacaron casas comerciales y liberaron a los presos de la cárcel. Aparte de revisarles toda la carga que transportaban para evitar el contrabando, debían pagar por artículos que antes estaban exonerados y, con frecuencia, les confiscaban sus mercaderías. Los pasquines que acompañaron el movimiento estuvieron dirigidos contra tres grandes comerciantes peninsulares, a quienes acusaban de tener intereses en el reparto de los corregidores. Resulta evidente la participación de comerciantes y productores criollos, pues la exigencia de una
Vista del valle de Urubamba, Cuzco, zona donde en 1777 tuvo lugar una grave revuelta, tanto de indios –contra los repartos de corregidores–, como de mestizos y criollos, en protesta por el cobro de alcabalas y el establecimiento de aduanas.
guía de transporte hizo que los criollos no pudiesen utilizar, como antes, a los indios para internar mercaderías a la ciudad evadiendo el pago de los impuestos. Igualmente involucrados estuvieron los hacendados de los valles de Vítor y Tambo, productores de aguardiente, gravado con una nueva tasa del 12,5%. Los comerciantes indígenas y mestizos participaron en tanto que se incluía en la alcabala artículos anteriormente exentos. El levantamiento fue superado mediante acciones de vigilancia de parte de las autoridades (O’Phelan 1988: 202-207). Paralelamente a los sucesos arequipeños, en la ciudad del Cuzco se preparaba un levantamiento que fue cortado en su fase preparatoria, llamado la conspiración de los plateros. Pese a las protestas aisladas, la aduana del Cuzco inició sus actividades. En marzo crecieron los rumores sobre un levantamiento general contra la aduana que estaban organizando los criollos, indios y mestizos cuzqueños. Se trataba nuevamente de la protesta de los produc-
tores criollos (haciendas y obrajes) que ya no podían utilizar a los cargadores indios para internar efectos a la ciudad. Los reos por este caso fueron cuatro plateros, tres hacendados, un arriero y dos personajes relacionados con chorrillos; sólo uno era indio curaca-hacendado. Las medidas fiscales ya conocidas (aduana, alcabala, censo de propiedades) y el incremento de las cargas para sectores que antes estaban libres (chorrillos) fueron las motivaciones inmediatas del abortado alzamiento. La población indígena tenía sus propios motivos para participar en el levantamiento. De ahí que no resultara difícil reclutarla. La “alianza” se hizo con el curaca de Pisac, Bernardo Tambohuacso Pumayali, muy ligado a los hacendados locales. También estuvieron involucrados en la conspiración los curacas de Oropesa y del Collao. La delación se produjo al ser roto el secreto de confesión por parte de un cura. El principal implicado resultó ser el hacendado criollo Lorenzo Far-
fán de los Godos quien, aunque con algún recelo, estableció una suerte de alianza con sectores mestizos e indios contra las medidas coloniales que los aquejaban. El curaca Tambohuacso estuvo de acuerdo, con la salvedad de que se atendiesen las demandas de la población aborigen con respecto al reparto y los tributos. Hay elementos en la organización, composición social y el programa que vinculan esta conspiración con la rebelión que en noviembre del mismo año encabezaría en el Cuzco Tupac Amaru II. Inclusive, pueden detectarse personajes que participaron en ambas acciones. Luego del proceso seguido a los detenidos, los cabecillas fueron ejecutados en junio de 1780. Tambohuacso se escondió, siendo detenido y ahorcado recién en noviembre cuando ya la rebelión tupacamarista se había iniciado. Estas severas condenas tuvieron la finalidad de escarmentar a la población de una de las ciudades y zonas más pobladas y conflictivas del Perú (Ángeles 1975; O’Phelan 1988: 207-217). En la sierra central y el callejón de Huaylas hubo aisladas manifestaciones de protesta contra las alcabalas en 1780.
Puede decirse que, por su composición, la rebelión incluyó al menos dos niveles. Uno representado por la dirigencia (Tupac Amaru y sus aliados criollos); otro por una población campesina que desobedeció a la dirigencia. En el Alto Perú, este segundo nivel fue más pronunciado.
Las acciones El 4 de noviembre de 1780 Tupac Amaru capturó al corregidor de la provincia de Tinta, Antonio de Arriaga, obligándole a entregar dinero, armas y bestias de carga de su tesorería. Además, le exigió firmar una convocatoria a los habitantes de la provincia a una reunión que se llevó a efecto en Tinta el 9 de noviembre. Ante la sorpresa de una nutrida concurrencia, Tupac Amaru condenó a Arriaga a muerte y suprimió las alcabalas, mitas y aduanas, indicando que todo lo hacía en cumplimiento de órdenes emanadas del mismo rey de España, por las cuales debía
LA REBELIÓN DE TUPAC AMARU Representa el fin de una ola de protestas, entre pequeñas y medianas, a lo largo de los Andes peruanos desde mediados del siglo XVIII. Se produjo cuando el descontento social alcanzaba su punto más álgido y, en cierta medida, fue una síntesis de las manifestaciones previas en contra de la dominación colonial o algunos de sus aspectos concretos. En especial desde 1777 las manifestaciones se volvieron más intensas y violentas. Lo dicho se confirma por la magnitud alcanzada en la rebelión tupacamarista. En el aspecto territorial y en el proyecto político subyacente, así como en las mismas acciones emprendidas y en los sectores sociales comprometidos, se trató de una rebelión jamás vista en la historia americana. En el movimiento suelen distinguirse dos fases. La primera fue la “cuzqueña” o “quechua”, dirigida por el propio José Gabriel Tupac Amaru, curaca de Pampamarca, Tungasuca y Surimana. La segunda fase se inició con la captura del caudillo cuando la rebelión fue conducida por familiares del rebelde y, luego, se articula con el movimiento que en el Alto Perú encabezaba el jefe aimara Julián Apasa Tupac Catari.
José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Óleo de Etna Velarde, 1982.
asumir el mando supremo y eliminar a los corregidores. De esta manera se dio inicio a la manifestación anticolonial más importante en el Perú virreinal. El mismo hecho de haber ejecutado a un representante del poder vigente le imprime al movimiento un carácter irreversiblemente anticolonial. La rebelión se iba generalizando. La convocatoria era acogida por amplios sectores de la población indígena. El 16 de noviembre Tupac Amaru decretó la libertad de los esclavos en un intento por ampliar aún más el horizonte social de la rebelión. No dio los resultados esperados, probablemente, por la poca incidencia de la esclavitud en la sierra. Al conocer estos hechos, el corregidor del Cuzco formó inmediatamente una junta de guerra bajo la jefatura militar de Joaquín de Valcárcel. Acto seguido dio aviso a Lima pidiendo auxilio. Con la ayuda de los curacas Sahuaraura y Chillitupa las fuerzas cuzqueñas partieron en búsqueda de los rebeldes. El primer encuentro en Sangarará el 18 de noviembre, significó una clara victoria rebelde. Este hecho fue crucial pues simultáneamente demostró la fuerza y la debilidad de la rebelión: la
Al virrey Agustín de Jáuregui y Aldecoa le tocó enfrentar la rebelión acaudillada por Tupac Amaru (1780-1781).
población campesina seguidora de Tupac Amaru desplegó iniciativas propias que la dirigencia no estaba en capacidad de contener. Hubo masacres de blancos y la iglesia del pueblo quedó destruida. El Cuzco estaba desguarnecido y los rebeldes impusieron un cerco en su entorno. La ciudad imperial de los incas bien podía servir de tribuna para una empresa de recuperación de la autonomía política. Sin embargo, y pese a los consejos de sus allegados (entre ellos, su esposa, Micaela Bastidas), Tupac Amaru decidió no tomar la ciudad, actitud que tal vez pueda explicarse por la necesidad de proteger a sus aliados en el Cuzco ante masas indígenas que no diferenciaban entre los españoles peninsulares y los americanos. En vez de ello, las fuerzas rebeldes tomaron la ruta del Collasuyo. El 9 de diciembre ocuparon Lampa y el 13 Azángaro. Siguieron otros pueblos, como Coporaque y Yauri. La rebelión crecía. Hacia fines de diciembre se había propagado por Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica. En el propio Cuzco nuevos lugares se incorporaban al bando insurgente (Calca, Pisac, Yucay, Lares y Urubamba). La incursión en tierras sureñas amplió la geografía rebelde, pero permitió que las fuerzas realistas cuzqueñas se recuperasen y lograsen manejar políticamente la situación. Una hábil negociación con los curacas de la comarca posibilitó dividir a la población indígena. Estas ya clásicas alianzas dieron al bando español una base social tan importante como la que manejaba el cabecilla rebelde, pues cada curaca arrastraba tras de sí a una población que terminó, así como en otras oportunidades antes y después, luchando en favor o en contra de causas ajenas. Ante el fortalecimiento del Cuzco, Tupac Amaru volvió sobre sus pasos. El 28 de diciembre estaba en el cerro Picchu. La ciudad fue presa del pánico, y aunque los sectores criollos estaban dispuestos a entregar la plaza, tampoco entonces se decidió el caudillo a entrar al Cuzco. Planteó en cambio la rendición de la ciudad ofreciendo proteger los intereses de los criollos. Entre tanto, los aprestos en Lima no tenían esas vacilaciones. El virrey Agustín de Jáuregui y el visitador Areche preparaban sus tropas. A mediados de diciembre salió el propio Areche con fuerzas nuevas y se envió al Cuzco fusileros negros y mulatos con la clara intención de evitar el “contagio”. Las tropas rebeldes seguían ocupando pueblos. Pero los sinsabores ya se dejaban sentir. Diego Cristóbal Tupac Amaru fue detenido por Pumacahua en Panapunco sin poder cortar las vías de aprovisiona-
miento del enemigo. Tupac Amaru tuvo que abandonar su posición expectante cerca del Cuzco, pues las fuerzas realistas –en realidad las tropas de los curacas realistas– lo obligaron a replegarse. Ya el peso de la rebelión recaía más en las provincias del sur. Areche llegó al Cuzco el 23 de febrero con un ejército estimado en más de 17 mil soldados. En marzo salieron a combatir, confiando principalmente en las fuerzas de los curacas leales y en las traiciones que podían producirse entre los colaboradores cercanos de los rebeldes. Tupac Amaru obtuvo algunas victorias sobre los curacas realistas (Pucacasa y Cusipata), pero a fines de marzo sufrió las primeras derrotas importantes. En Llocllora fue vencido por Pumacahua, su más temido rival. A principios de abril, el mismo Pumacahua infligió una nueva derrota a las huestes rebeldes en Mitamita. Esta situación fue capitalizada por el ejército realista dirigido por el mariscal Del Valle. Pese a sus esfuerzos, Tupac Amaru no pudo retomar la iniciativa. El 5 de abril fue fatal para el líder andino. Derrotadas sus fuerzas, tuvo que escapar. La delación de uno de sus ayudantes facilitó su prisión y la de numerosos de sus familiares, salvando de ser capturados su primo Diego Cristóbal, su sobrino Andrés, su cuñado Miguel y su hijo Mariano, dirigentes principales del movimiento. Los prisioneros fueron sometidos a interrogatorios terribles para que revelaran sus relaciones ocultas en el Cuzco y sus supuestos vínculos con los ingleses. A pesar de las torturas no los pudieron hacer hablar. El 18 de mayo se cumplió la sentencia de muerte para Tupac Amaru y todos sus colaboradores capturados. Unos fueron simplemente ahorcados (José Verdejo, Andrés Castelo y Antonio Bastidas); a otros primero se les cortó la lengua (Francisco Tupac Amaru e Hipólito Tupac Amaru); a Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, se le dio garrote. Este espectáculo fue presenciado por el curaca y su esposa. A ella le cortaron la lengua y luego le dieron garrote acabándola a golpes. Al líder principal empezaron cortándole la lengua; quisieron descuartizarlo mas, al no poder, el verdugo le cortó la cabeza. Los cuerpos de él y su mujer fueron quemados en Picchu. Los cuerpos de los demás fueron decapitados y descuartizados, quemado el resto, siendo las ceniUna vez derrotado Tupac Amaru en 1780, la insurrección continuó bajo el mando de Cristóbal y Mariano Tupac Amaru, quienes tomaron la ciudad de Puno. En la fotografía la catedral de la ciudad lacustre.
zas esparcidas al viento y arrojadas al río. El ensañamiento no merece otro comentario que su clara intención de escarmiento y de impedir el entierro en un machay o cementerio tradicional andino. Sin duda, los aliados cuzqueños y limeños no dieron la cara. El obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta, vinculado en un principio en el levantamiento, tuvo que demostrar su inocencia. Su actitud había sido comprometedoramente lenta para pedir ayuda y condenar los hechos. Cierto es que excomulgó a Tupac Amaru y se apresuró a instruir a los curas de los pueblos contra la rebelión, pero fue difícil para él quitarse la mirada de las autoridades políticas virreinales (Campbell 1978a). En el Alto Perú la situación de rebeldía criolla y mestiza llevaba también buen tiempo (contra aduanas y alcabalas). Igualmente, entre la población indígena se apreciaba una agitación importante, en especial en el corregimiento de Chayanta, donde la rebelión no necesitaba más que de un pretexto para estallar. Éste llegó cuando en julio de 1780 el corregidor asesinó al curaca Tomás Acho que pretendía liberar al líder Tomás Catari. A continuación fue asesinado también Tomás Catari. El pueblo enardecido inició una insurrección dirigida por los hermanos de Tomás, Dámaso y Nicolás, que en febrero de 1781 estaban sobre Chuquisaca. La ciudad asediada recibió refuerzos del coronel Ignacio Flores. Replegados, Dámaso Catari y 28 allegados fueron traicionados. El 27 de abril Dámaso fue ejecutado; el 7 de mayo Nicolás corrió la misma suerte. Pero la rebelión había prendido en el Alto Perú y poco a poco se incorporaban más territorios (Cochabamba y Tapacarí). Inmediatamente luego de la derrota en el Bajo Perú, las fuerzas rebeldes se reconcentraron bajo la conducción de Diego Cristóbal Tupac Amaru y Mariano Tupac Amaru, desde donde pasaron a Azángaro, tomaron Carabaya y, al
comenzar mayo, pusieron cerco a la ciudad de Puno. Recién el día 23 pudieron tomar el puerto lacustre, cuando el mariscal Del Valle lo abandonó. Desde ahí dirigieron la nueva fase de la rebelión. En Puno, Diego Cristóbal volvió a abolir la esclavitud, en un nuevo intento por ampliar la base social rebelde. En el Alto Perú surgió la figura de Julián Apasa, quien según se cree participó en los sucesos de Tinta. Asumió los apellidos de Tupac Amaru y Tomás Catari: Julián Apasa Tupac Catari, afirmando que su autoridad le había sido delegada por ambos jefes. Recurría a un complicado lenguaje religioso mesiánico, transmitido supuestamente por Dios. Se proclamó virrey y jefe máximo de la rebelión en un intento (nunca logrado) de autonomía con respecto al movimiento del Bajo Perú. En coordinación con Diego Cristóbal impuso el primer asedio a la ciudad de La Paz el 13 de marzo de 1781, durante 109 días. El coronel Flores, entonces presidente de la audiencia de Charcas, llegó nuevamente a desbaratar los planes insurgentes. Ese mismo mes las tropas de Andrés Tupac Amaru tomaron Sorata y se dispusieron a hacer lo mismo con La Paz. Cuando en agosto Flores decidió retirarse, se estableció un nuevo asedio a La Paz. Los rebeldes eran comandados por Andrés Tupac Amaru y Julián Apasa Tupac Catari. Esta vez las fuerzas del virreinato de Buenos Aires, al mando de José Reseguín, llegaron a enfrentar a los rebeldes. Ante la imposibilidad de volver a tomar la plaza, Tupac Catari levantó el segundo cerco y se replegó. De su lado, Andrés fue a Azángaro llamado por su tío Diego Cristóbal. En estas condiciones el virrey Jáuregui recurrió a un ardid que le reportó resultados muy favorables; ofreció paz y perdón a los insurgentes a fin de dividirlos y aprovechar su desmovilización para poner fin a la rebelión. Los dirigentes se mostraron de acuerdo con la amnistía. Miguel Bastidas y Diego Cristóbal se acogieron al perdón virreinal. Tupac Catari, en cambio, prefirió aguardar. Se fue a Achacachi, a orillas del Titicaca, para reorganizar Una vista de la iglesia de la Compañía de Jesús y de la plaza del Cuzco.
sus fuerzas dispersas por la amnistía. En esta labor fue traicionado la noche del 9 de noviembre de 1781 y apresado en Chinchaya. La sentencia de muerte por descuartizamiento fue ejecutada seis días después. Su cabeza fue puesta encima de la horca en La Paz y sus partes descuartizadas repartidas en distintas localidades para escarmiento de la población. Así también fueron ejecutados otros líderes del levantamiento. El perdón fue firmado solemnemente en Sicuani el 27 de enero de 1782 por Del Valle, el obispo Moscoso y Diego Cristóbal. Mientras capturaban localidades (tales como Puno y Azángaro), los realistas seguían la persecución de los rebeldes. En abril fue capturado y descuartizado Pedro Vilca Apasa así como otros líderes secundarios, hasta que en julio de 1782 las fuerzas del mariscal Del Valle habían apaciguado el sur. Pronto se vieron los resultados de la trampa de la amnistía. Diego Cristóbal, Andrés y decenas de prominentes jefes rebeldes que habían entregado sus armas se vieron perseguidos por las fuerzas coloniales. El 15 de marzo de 1783 fue capturado Diego Cristóbal en Tinta y el 19 de julio fue quemado y ahorcado en la plaza del Cuzco. Se inició una enorme cacería de sus familiares, allegados y lugartenientes. En Lima fueron apresados en febrero su hijo Mariano y su primo Andrés. Parientes de Tupac Amaru hasta la quinta generación fueron perseguidos y desterrados.
Organización interna José Gabriel Tupac Amaru fue un curaca política y económicamente influyente. Hombre culto y de ascendencia inca, entabló vínculos amicales con personajes de diverso rango étnico y social. Como comerciante tuvo la oportunidad de visitar diversos lugares del Alto y Ba jo Perú y conocer más de cerca la realidad colonial. Boleslao Lewin considera que Tupac Amaru empezó a establecer contactos políticos reservados desde 1770. En un principio abogó en los tribunales tanto por los derechos de la población indígena (exonerar de la mita potosina a los indios
de Canas y Canchis), como por su propio estado noble e inclusive quiso elevar a la corte madrileña sus quejas. Lo frustrante de otras gestiones análogas lo hizo desistir de su propósito legalista. En sus estadías en Lima en 1777 y 1778 decidió coordinar las acciones para una rebelión de amplios alcances. Estableció contactos con sectores criollos del Cuzco y Lima, que no se conocen a plenitud por cuanto el líder rebelde no los delató. Sólo algunos han sido identificados. Unos fueron hombres de letras, otros comerciantes: Bernardo La Madrid, Romualdo Ordóñez, Juan Antonio Figueroa, Lucas Aparicio y Miguel Montiel (comerciante que diera a Tupac Amaru 8 mil pesos o Grupo de indios en el Cuzco del siglo XIX tomado del Atlas más). Un militar de Lima, Demetrio Egan, engeográfico del Perú (París, 1865) de Mariano Felipe Paz-Soldán. vió en 1781 un informe secreto a Gálvez acusando a los criollos de conspiradores y auspiciadores de Tupac Amaru desde 1776. Inculpaba a 25 curacas; doce de ellos de Canas y Canchis. En todos (virrey Jáuregui incluido por sus vínculos con cambio, una serie de curacas permaneció al margen los criollos) de haber fomentado la rebelión tupaca- de la rebelión (incluidos dos de Tinta), en tanto que marista, no querer pagar los impuestos y haber ac- otros se alistaron en las fuerzas represivas españotuado con moderación durante la rebelión (Basadre las. Los indios de las provincias que mitaban a Potosí estuvieron más dispuestos a enrolarse al movi1973: 65-66). La rebelión estuvo dirigida a romper el vínculo miento, pues tenían poco que perder y mucho que colonial con España movilizando a una amplia ganar. Tupac Amaru organizó la rebelión de acuerdo a (multiétnica y multiclasista) población. Aglutinaba la alianza una serie de medidas reivindicativas de criterios tradicionales. El sistema de parentesco, imlos diferentes sectores convocados. La inclinación portante en la organización social andina, cumplió hacia los sectores propietarios se observa en el “ol- un papel singular durante la insurrección. La convido” sobre el tributo indígena, ya que los reclamos fianza, básica en la etapa conspirativa, siguió siendo atendidos fueron los de los criollos (alcabala, adua- indispensable en la conducción. Los principales dina, ampliación del comercio, cargos públicos, etc.). rigentes del movimiento tuvieron algún vínculo faLa supresión de la mita obedecía a la necesidad de miliar o de afinidad con él (Spalding 1974: 100; Veretener en el Cuzco a la mano de obra indígena a ga 1995). También es interesante indicar que el círculo de disposición de los propietarios locales. Del mismo modo, los repartos muchas veces competían con el cabecillas conocido lo integraban personajes que, comercio que los arrieros realizaban por sí y a favor no siendo familiares, tuvieron vínculos con el conde comerciantes locales. No extraña, por ende, que ductor del movimiento. Puede sospecharse que la rebelión no hubiese contemplado las transforma- otros involucrados también habían tenido tratos ciones básicas en la estructura de la propiedad y las con el curaca. Máxime cuando las relaciones econóformas de prestación laboral que, injustamente, se micas y sociales de Tupac Amaru fueron vastas: con han atribuido al curaca rebelde en el afán de presen- curacas, hacendados, escribanos, comerciantes, artesanos, obrajeros, etc. tarlo como un luchador social por su pueblo. Desde ya, Micaela Bastidas fue el brazo derecho En sus comienzos, la rebelión movilizó principalmente a la población indígena de la provincia de de José Gabriel. Debió atender los asuntos preparaCanas y Canchis (Tinta), de donde era originario y torios de la rebelión en las ausencias de su esposo y tenía autoridad el jefe rebelde. Posteriormente, se actuó de gobernadora cuando José Gabriel andaba expandió a las provincias de Quispicanchis, Paucar- en el Alto Perú. Andrés Tupac Amaru fue hijo de Petambo, Chumbivilcas, Lampa y Chucuito. Tupac dro Mendigure, arriero de Pomacanchis, colaboraAmaru logró atraer hacia su movimiento al menos a dor del rebelde y esposo de Cecilia Escalera llama-
Un indio arriero tomado de Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres (París, 1867) de Manuel Atanasio Fuentes.
da Tupac Amaru (“prima de cariño” del rebelde). Fue el principal ayudante de su tío Diego Cristóbal en la continuación de la lucha en el Alto Perú. Cecilia Tupac Amaru fue una de las más decididas seguidoras de Tupac Amaru. De otro lado, las relaciones económicas jugaron también un papel de primer orden. En especial, el arrieraje. El propio Tupac Amaru poseía 350 mulas y a esa actividad se dedicaban también otros participantes en la rebelión. Entre ellos seis reos (cuatro de ellos parientes del jefe rebelde). Las relaciones comerciales a pequeña, mediana y larga distancias facilitaron la articulación del movimiento. Hay una coincidencia no casual entre los circuitos comerciales en el Alto y el Bajo Perú y el territorio que abarcó la rebelión, siendo los arrieros quienes conectaron los distintos lugares antes y durante el movimiento. La provincia de Canas y Canchis era el centro del arrieraje en la región y vinculaba Tucumán con Huancavelica y Pasco. Zona de escasas haciendas, intermedia entre las estancias de puna y los va-
lles, tuvo un papel muy activo en el comercio interregional; en cambio, los curacas del Urubamba rechazaron el proyecto tupacamarista (Céspedes del Castillo 1946; Fisher 1966; Mörner-Trelles 1986; Cushner 1980). Tupac Amaru recurrió también a los curas de los pueblos. Su poder de convocatoria, similar al de los curacas, los hizo importantes para la organización y conducción de un movimiento de esa magnitud. El tradicional apoyo que los curas ofrecían a los indios en contra de los corregidores (no desinteresado, por supuesto), predispuso a los rebeldes de 1780 a acudir a ellos por ayuda. Al menos se sabe de algunos curas que prestaron su apoyo a la rebelión, entre ellos, José Maruri, cura de Asillo (Puno). Ildefonso Bejarano y Carlos Rodríguez estuvieron en la ejecución del corregidor en Tinta; también el cura de Pomacanchi Gregorio Yepes. Otros curas, al contrario, actuaron eficazmente contra el levantamiento. Lillian Fisher sostiene que la rebelión pudo propagarse mejor en los lugares donde no había curas, y que fueron éstos quienes incentivaron a la población a oponerse a los rebeldes. Así parece que sucedió en Cotabambas, Chincheros, Maras y Oropesa. Las tropas aimaras ejecutaron a cinco clérigos (O’Phelan 1988: 237-241; Fisher 1966: 113; Vega 1995). Inicialmente el obispo cuzqueño apoyó a los rebeldes. Posteriormente, se esforzó por demostrar su lealtad: excomulgó a Tupac Amaru, alentó a la gente del Cuzco a enrolarse contra la rebelión y gestionó la recaudación de donativos para financiar la represión. También fue “castigado”: lo alejaron del país, llegando a ser arzobispo en Granada (Loayza 1943; Campbell 1978a; Durand 1973). De la misma manera, la rebelión contó con el apoyo de ciertos criollos y peninsulares. Tampoco fue desinteresado este apoyo ni obsecuente. Al igual que en el caso de los curas, los criollos alentaron a los indios a enfrentarse al poder colonial contra los corregidores, aduanas e impuestos, pero cuando vieron que la rebelión no tenía futuro, retiraron su apoyo. En especial, cuando vieron que en Sangarará el movimiento rebasó a su dirigencia. Se conoce de pocos criollos y peninsulares que hayan participado activamente en la rebelión. Los escribanos Felipe Bermúdez, Mariano Banda y Francisco Cisneros, por ejemplo, intentaron desertar luego de apoyar abiertamente al curaca rebelde. El ex cajero del corregidor Arriaga, el criollo Felipe Miguel Bermúdez, fue el principal jefe tupacamarista blanco. El arriero Andrés Castelo fue otro criollo cercano a Tupac Amaru.
Miguel Montiel Surco fue un mestizo cuzqueño residente en Lima que debió influir mucho en la decisión de Tupac Amaru para el levantamiento. En una oportunidad Micaela Bastidas manifestó que a José Gabriel “le abrieron los ojos en Lima” allá por 1777. Por motivos mercantiles Montiel había estado en España, Francia y cinco años en Inglaterra, de donde regresó en 1769. Con contactos en las altas esferas sociales criollas de Lima, Montiel pudo ser el nexo entre la rebelión y los criollos de la capital, por lo demás nunca puestos al descubierto. El pardo Antonio Oblitas fue un pintor y zapatero cuzqueño incorporado a la rebelión desde un principio. Fue capitán y actuó de verdugo. Su participación puede significar que los negros y castas no estuvieron muy alejados de la rebelión. Los peninsulares involucrados estaban afincados en el Perú. Los armeros de la rebelión, Antonio Figueroa (obrajero) y Francisco Cisneros, estaban casados con criollas acaudaladas relacionadas con Diego Esquivel y Navía, marqués de Valleumbroso y uno de los criollos más ricos del Cuzco. No se descarta que los Esquivel alentasen la rebelión en forma indirecta, ya que eran propietarios de varias haciendas y obrajes, participaban activamente en el comercio regional del azúcar y textiles y fueron seriamente afectados por la creación de aduanas y el incremento de la alcabala (Mörner 1977: 38; O’Phelan 1988: 245). Importante fue también el sistema de relaciones de ayuda mutua entre los curacas en la organización de la rebelión. Curacas que no eran sus parientes se solidarizaron con el jefe y lo apoyaron en la empresa. Cuando la solidaridad no funcionaba y se estaba en condiciones de hacerlo, Tupac Amaru designó curacas para los pueblos. Fue el caso de Sicuani, cuyo curaca Zamalloa intentó asesinar a Tupac Amaru. Los curacas coordinaron el abastecimiento de víveres, armas y hombres. Se obtuvo recursos, también, confiscando propiedades y almacenes de corregidores y hacendados. El caso de la cacica Tomasa Tito Condemaita es de resaltar. Ejecutada junto a los líderes de la rebelión, estuvo casada con el criollo Faustino Delgado. Proporcionó recursos económicos para el levantamiento y dirigió personalmente tropas. Junto a numerosos otros jefes, se opuso a los planes de Micaela Bastidas de tomar por asalto el Cuzco en ausencia de Tupac Amaru. Más bien fue capturada por las tropas tupacamaristas cuando, en pleno cerco, quiso entrar a la ciudad imperial donde su esposo e hi jos (Vega 1995: II).
Desde un principio fueron convocados los esclavos. Sin embargo, no se les dio ninguna responsabilidad en la conducción de la rebelión, aunque Tupac Amaru, a cambio de su adhesión, les prometió la libertad el 16 de noviembre de 1780 (Lewin 1957: 399). Estos elementos fueron la base del poderío y a la vez de la debilidad de la organización rebelde. De un lado, los lazos familiares y comerciales y las alianzas de los curacas unieron a los rebeldes. Mas, de otro, donde no pudo darse esa alianza, la organización tuvo serios problemas. Desde ya, en la propia provincia de Canas y Canchis no se produjo una adhesión completa; en Quispicanchis sólo la mitad de los curacas se plegó a la causa tupacamarista. Mayores discrepancias hubo en las demás provincias cercanas; en tanto que en las más alejadas fue más difícil encontrar algún apoyo.
Acuarela que muestra a un alcalde de indios (con vara de justicia y sombrero) del siglo XVIII. Los alcaldes de indios, reclutados en parte de la elite nativa, fueron introducidos por las autoridades españolas en el siglo XVI.
Por lo general, las contradicciones entre los curacas fueron tan significativas que no se logró su acercamiento masivo como habría sido de esperar, si se considera que estas autoridades debían velar por los intereses de la población campesina de sus pueblos (eliminación del tributo, mitas, repartos, abusos de curas, corregidores, etc.). En las provincias de Calca y Lares, Cotabambas y Abancay hubo una oposición abierta a Tupac Amaru. Los curacas de Lampa, Azángaro y Paruro tuvieron un pacto que resultó muy efectivo para impedir la propalación de la rebelión (Fisher 1966: 107). Aquí se manifestaron los seculares conflictos entre los curacas, generados por disputas jurisdiccionales, mantenidos (y exacerbados) por las autoridades coloniales y locales a fin de sacar provecho de la profunda desunión entre los jefes de la población indígena peruana. Por ejemplo, el curaca de Coporaque, Eugenio Sinanyuca, colaboraba con el corregidor Antonio de Arriaga y se opuso al movimiento que, precisamente, comenzó ahorcando al corregidor. Sinanyuca se unió a las fuerzas realistas, esperando al parecer, ser recompensado con la confir-
“El arriero” en una litografía de A.A. Bonnaffé, 1856.
mación de su curacazgo. El mismo curaca rebelde tenía pleitos pendientes con la familia Betancour sobre la legitimidad del curacazgo de Tinta. Otro caso ilustrativo fue el de Azángaro. Su curaca, Diego Choquehuanca, se rehusó a apoyar el movimiento. Esta circunstancia fue aprovechada por su tradicional rival en el curacazgo, Pedro Vilca Apasa, para sustituirlo. La labor de zapa de los españoles y los criollos pudo jugar un papel trascendente en los conflictos entre curacas. Para enfrentar a los rebeldes, las fuerzas españolas crearon un escuadrón de indios nobles. Los curacas que pretendían mantener (u obtener) sus puestos y vieron en el poder colonial una fuerza con mayores garantías de éxito, se enrolaron en esa unidad. En este sentido cabe hablar de una guerra entre curacas dentro de la rebelión (Vega 1969: 30-33). O’Phelan interpreta este hecho teniendo en cuenta que en el contexto de la rebelión, afloraron las divergencias y los conflictos de legitimidad de los curacas, así como las rivalidades de antigua data que éstos asumieron como jefes étnicos (O’Phelan 1988: 236). Nuevamente aparecieron los “indios auxiliares” que desde tiempos de la conquista practicaban el “malinchismo”. Nuevamente se recurrió a la conocida táctica de dividir para vencer. Nuevamente se enfrentó a indios contra indios para dominar sobre todos. La dirigencia del movimiento siguió también patrones españoles. Los mestizos, curacas y criollos ocuparon preferentemente los cargos de capitanes y comandantes del ejército rebelde, mientras que los cargos de responsabilidad estratégica (abastecimiento, finanzas, secretaría, mantenimiento y distribución de armas, construcción de cañones, etc.) fueron entregados a criollos y peninsulares. Sólo en forma ocasional indios del común tuvieron tropas a su cargo, no ocurriendo esto nunca con rebeldes negros. Indios y, en menor medida, pardos fueron la tropa. La dirigencia fue mixta pero elitista (O’Phelan 1988: 246). Esta circunstancia puede explicar que las medidas económicas adoptadas por Tupac Amaru respondiesen mejor a las demandas coyunturales de los criollos que a las de los indios. En especial, la gran omisión: no haber incluido el tributo entre las reivindicaciones de la rebelión (Fisher 1976: 116). El interés que tuvieron los distintos sectores participantes fue variado. Mientras los objetivos coincidieron, se apreció una mancomunidad de acciones. En cambio, cuando los hechos llevaron el movimiento por otros rumbos, el rompimiento de la
En el siglo XVIII se produjo el renacimiento de un nacionalismo incaico en los Andes peruanos. En esa misma centuria escritores europeos, como el francés Marmontel, se ocuparon de los incas y de su historia desde una perspectiva ilustrada. En esta imagen procedente de Les Incas (París, 1777) de dicho autor, Cora, virgen del Sol, es presentada como una virtuosa muchacha.
frágil alianza fue incontenible. Luego de la victoria en Sangarará, la violencia se incrementó notablemente. El desbande comenzó cuando las masas indígenas fueron más allá de los limitados objetivos de los peninsulares, los criollos y los mestizos (Flores Galindo 1976, Szeminski 1990). Las demandas populares crecían conforme retrocedían las fuerzas realistas. La violencia campesina se dirigió hacia todo lo que representaba el poder colonial sin diferenciar a los “aliados”. Así, entre sus víctimas se fueron contando potenciales o reales aliados según las perspectivas de la dirigencia de la rebelión. Se incrementaron las dudas de quienes no estaban seguros sobre si la rebelión les sería más favorable que mantenerse en condiciones coloniales, pese a las restricciones de movilidad social hacia arriba. A fin de cuentas, las divergencias con España podían conciliarse. No tenían garantías de éxito en medio del desborde rebelde y las fuerzas coloniales no tardarían en tomar represalias contra los colaboradores por acción u omisión de la rebelión. La separación podía esperar. En la segunda fase, luego de la captura de Tupac Amaru, hubo algunas diferencias sustanciales en cuanto a la composición interna y la dirigencia. Parece que ambas fases –la cuzqueña y la altoperuana– tuvieron una vinculación orgánica desde un
comienzo. Los objetivos, grupos participantes comunes y la simultaneidad de los hechos indican una continuidad que permite hablar de un solo torrente rebelde. Pero más directamente, las coordinaciones entre los sectores dirigentes alto y bajoperuanos hacen ver que se trataba de una rebelión muy extendida. Una vez derrotada la participación cuzqueña, el peso de la protesta pasó al Alto Perú, incluyendo a dirigentes cuzqueños como Diego Cristóbal Tupac Amaru, Andrés Mendigure y Miguel Bastidas. Es posible indicar que en el Alto Perú la participación indígena fue más clara. Desde un principio, la protesta estuvo dirigida principalmente contra el tributo, la mita minera, los repartos y demás abusos de corregidores y otras autoridades, lo que imprimió al movimiento un fuerte carácter reivindicatorio indígena popular. Los cuzqueños, además, no se apresuraron en eliminar la mita y suprimieron el cobro del tributo sólo temporalmente. Otro rasgo distintivo fue el papel, al parecer importante, que tuvieron algunos artesanos negros y mulatos en el ejército catarista. Tupac Catari utilizó su experiencia de comerciante en el movimiento, organizando el comercio de coca y vino y el manejo de haciendas capturadas para conseguir recursos económicos (O’Phelan 1988: 259-264). De otro lado, los criollos no tuvieron una participación notable. Habían visto que el movimiento, en su fase cuzqueña, contenía mayores inconvenientes sociales que ventajas. El ejército catarista tuvo un fuerte sentimiento antiespañol y anticriollo. A similitud de la primera fase, la segunda tuvo también una dirigencia relacionada por vínculos de
Los incas del Perú en la composición aparecida en la Relación histórica del viaje a la América meridional (Madrid, 1748) de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
parentesco. Sin embargo, esos rasgos son menos fuertes que en el Cuzco. Tomás Catari, pretendiente al cargo de curaca en Chayanta, fue quien aglutinó a su pueblo, juntamente con otros curacas de la zona, entre ellos Tomás Acho. A su muerte, la dirigencia fue asumida por sus hermanos Dámaso y Nicolás. Bajo la dirección de Julián Apasa se mantuvo este rasgo. Él ubicó en puestos claves a sus parientes, tanto consanguíneos como políticos. Sin embargo, con Apasa hubo un cambio muy sustantivo. La dirigencia no era elitista. Falto de un poder de convocatoria curacal, tuvo que aceptar la participación de las bases en las decisiones. Se recurría al consenso democrático en la designación de autoridades locales, pues los propios pueblos los elegían por aclamación. Es más, Tupac Catari en varias ocasiones actuó en contra de los curacas. Esto se entiende por el papel ambiguo que cumplieron estos funcionarios: defensa simultánea de los intereses de las comunidades, de los poderes coloniales y, en numerosos casos, de los suyos propios. Esta situación hizo de Tupac Catari un personaje “neutral”. Mientras Tupac Amaru debió enfrentarse a curacas que por rivalidades étnicas no apoyaban una alternativa rebelde, Tupac Catari no era visto como un contendiente por los curacas locales. Su mayor vinculación fue con las bases campesinas indígenas. Así, la fase altoperuana admitió una dirigencia no curacal. Julián Apasa debió ascender a la cúspide del movimiento más por sus méritos personales que por su origen. La misma condición dirigencial de Apasa fue formalmente subordinada a los cuzqueños. Existen
indicios más que confiables sobre la vinculación de dependencia política de las acciones altoperuanas respecto de las bajoperuanas. Esto se entiende mejor si se considera la protesta como un todo. Apasa era gobernador con un elevado grado de autonomía, al menos, en los hechos. Sobre todo, tras la derrota de los cuzqueños y gracias a la diferencia de lengua. El ejército rebelde en el Alto Perú fue más simple (y menos vertical) en su estructura jerárquica que el cuzqueño. Más homogénea en su composición étnica, la fase catarista organizó sus tropas sin la complejidad que Tupac Amaru imprimió a las suyas a la usanza española. Bajo la influencia de los Tupac Amaru, empero, Apasa reformó su ejército (Cajías 1984; Campbell 1976, 1981a, 1981b, 1986; Flores Galindo 1976, 1987 a y b; Golte 1980; Maticorena 1981; O’Phelan 1979, 1982; Rowe 1976; Stavig 1988; Stern 1990; Szeminski 1984; Valcárcel 1970). No debería extrañar, por otro lado, que en la rebelión se hubiesen manifestado deseos de restaurar el imperio incaico, sobre todo si éstos eran incentivados por quienes debían usufructuar esa nueva situación. Dado que las ideas republicanas estaban aún lejos de incluirse en las discusiones políticas, se carecía de referentes viables como para idear un régimen distinto al monárquico. Pensando en una monarquía no española, el único referente a la mano era la monarquía destruida precisamente por los peninsulares que se buscaba expulsar. Máxime cuando Garcilaso de la Vega había difundido una imagen idealizada del pasado incaico que se presentaba como una alternativa posible: un milenio de buen gobierno. Este edén propalado por las elites andinas sirvió de idea aglutinadora de una población mayoritaria que se identificaba por su raza y condición subordinada en la sociedad colonial (Burga-Flores Galindo 1982; Flores Galindo 1987b; Burga 1987; Manrique 1995). Un nuevo levantamiento importante se produjo en la sierra de Lima en 1783, que puede considerarse parte integrante de la gran rebelión tupacamarista por la coincidencia cronológica y reivindicativa. Fue un caso atípico por la zona: la sierra
central, que había mantenido una tensa calma en las décadas precedentes en condiciones de militarización. Sin embargo, puede entenderse mejor si se considera que Huarochirí estuvo en permanente ebullición social desde, al menos, el levantamiento de 1750. Acababa de ser nombrado corregidor de Huarochirí Felipe Carrera, destacado jefe realista en la rebelión del sur, cuando estalló la protesta en San Pedro de Casta. La comandó el indio Felipe Velasco Tupac Inca Yupanqui y tuvo como jefe militar a Ciriaco Flores. El corregidor actuó con celeridad, pues apenas se enteró del movimiento lo aplastó capturando a sus principales líderes (incluidos Velasco y Flores). El 4 de julio se dictó sentencia en Lima contra los reos y se procedió a su ejecución, que fue especialmente ejemplificadora dadas las circunstancias en que se produjo el alzamiento.
CONSECUENCIAS INMEDIATAS Las implicaciones de la rebelión fueron trascendentales. En ella fallecieron cerca de cien mil personas, ocasionando un nuevo colapso demográfico que afectó las actividades productivas del sur andino. A raíz de la rebelión, Areche ordenó suprimir los curacazgos reemplazándolos por los alcaldes de indios; prohibió el uso de los trajes incas (uncus, yacollas, mascaypacha ), mandó destruir retratos de los incas, prohibió escritos Alcalde de indios del valle, se puede apreciar la vara de justicia en la mano derecha, cabello largo y sombrero de alas redondas. quechuas (teatro incluido), pututos , trajes de luto. Prohibió asimismo a los indios firmar como incas e impuso el uso del castellano. El rey cas protestas que ocasionaban esas entidades. Tal aprobó todo esto por cédula del 28 de abril de vez se tuvo en la mira también afectar directamente los intereses de los criollos. Sin embargo, los repar1783. Las penas aplicadas a los involucrados no indios tos no fueron totalmente eliminados. Los curacas ni mestizos fueron leves. Esto probablemente se “intrusos” y los alcaldes de indios reemplazaron a debió a la necesidad de reconciliar a los criollos los curacas en el papel intermediador. Los curas doctrineros recuperaron la influencia con los españoles, cuyas relaciones fueron lesionaque habían tenido en tiempos anteriores. El audas con las reformas. La corona procedió a eliminar los corregimien- mento de los tributos incrementó sus sínodos y extos y, por consiguiente, los repartos que practica- tendieron el cobro de diezmos a los indios en los ban; entre otros motivos, para evitar las sistemáti- años 1790 (O’Phelan 1988: 287).
IV EL PERÚ EN LA ENCRUCIJADA
Sin duda, luego del reformismo imperial y la gran rebelión de 1780, el Perú había cambiado. Atravesaba una crisis estructural. Como sucede en toda crisis, en ésta la situación no era igual para todos los sectores productivos, sociales y políticos. En este capítulo se describe la situación del virreinato peruano en sus distintos aspectos. Esa situación fue la que tuvo el Perú al momento de su emancipación y jugó un papel primordial en los inicios de su vida independiente. La implementación de las reformas produjo buenos resultados iniciales, tales como el crecimiento de la producción minera y agropecuaria, la expansión del comercio interno y externo y de la recaudación fiscal. Muy pronto, sin embargo, los puntos débiles de las reformas prevalecieron sobre los exitosos. Su aplicación afectó intereses enraizados generando tensiones a distintos niveles de la sociedad colonial.
ASPECTOS COMERCIALES Los impuestos que debían pagar las mercaderías al salir de la metrópoli y al entrar a América debían constituirse en una de las principales fuentes de la corona. Estos impuestos elevaban en 3853% el precio de las mercaderías exportadas desde España. Con esto se entiende mejor la racionalidad de las medidas y su aplicación: multiplicar las relaciones mercantiles para incrementar sustantivamente la recaudación. Al no modernizarse, la industria española no llegó a ser la base de la expansión mercantil ultramarina. España suplía esta deficiencia con manufacturas extranjeras (sobre todo inglesas), lo que convenía al erario real por los derechos de importación y reexportación que pagaban estas mercaderías. La ventaja inmediata preva-
leció sobre la de largo plazo. Según cifras oficiales, por lo menos el 50% en volumen y más del 80% en valor de las mercaderías que España exportó a América tuvieron un origen no español. Las exportaciones españolas a América estaban constituidas principalmente por productos agrícolas. En especial el vino, cuya exportación afectó a los productores vinícolas de la costa peruana (Bernal 1987: 22-23; García Baquero 1992: 343-344; Halperín 1986: 56; Fisher 1987a: 29). Todos los indicadores conocidos acerca del comercio atlántico muestran un indudable crecimiento desde mediados del siglo XVIII. En promedios anuales, el valor de las exportaciones peruanas a principios de 1790 era de 5 millones de pesos. En los tres años del período 1785 a 1787, el Perú importó mercaderías por un valor de 24 millones de pesos, produciendo un balance desfavorable de 3 millones de pesos al año. Adicionalmente, hacia 1790 el comercio del Perú con la costa pacífica de América (Chile, Chiloé, Santa Fe y Guatemala) producía un déficit anual de cerca de 445 mil pesos. Esto sumaba una balanza total desfavorable de comercio costeño y ultramarino de 3,5 millones de pesos al año. La única porción del comercio peruano que producía una balanza favorable eran las ventas de productos agrícolas al Alto Perú, que eran pagadas en plata y en otros bienes, produciendo en 1790 una balanza de 1 170 190 pesos a favor del Perú (García-Baquero 1988: I: 336-343; Fisher 1981). La plata terminó cubriendo el déficit de las balanzas comercial y de pagos. Desde 1785 a 1789, por ejemplo, la plata constituía el 88% del total de las exportaciones peruanas (27 861 700 pesos en barras contra sólo 3 624 657 pesos en todos los demás productos juntos), y desde 1790 a 1794 la plata significó el 85% del total de exportaciones (23 780
Moneda macuquina de cuatro reales, 1730.
977 pesos en plata contra 4 127 250 pesos en otros productos) (Dancuart-Rodríguez 1902-1926: I). Finalizando el período colonial, los comisionados especiales de San Martín ante el gobierno inglés, J. García del Río y Diego Paroissien, estimaron las exportaciones en 6 254 000 pesos y las importaciones en 8 079 000 pesos. Con una agricultura insuficientemente desarrollada, el Perú se habituó a importar inclusive trigo chileno, que fue preferido en Lima sobre el trigo doméstico llamado “criollo”. Aunque se exportaban algunas materias primas (principalmente cascarilla, cacao, cobre chileno y algo de lana de vicuña) el único producto realmente abundante que el país podía exportar para pagar las grandes importaciones era la plata. Al importar demasiados productos manufacturados e inclusive alimentos, el Perú retardaba su desarrollo industrial y agropecuario. Cifrar las esperanzas en la producción minera fue un albur peligroso en suma. La excesiva dependencia de la plata fue riesgosa porque la producción anual de barras podía fluctuar muy ampliamente. Por ejemplo, en 1792 las exportaciones de barras llegaron a más de 8 millones de pesos, pero en 1793 totalizaron 1,5 millones y en 1794 estuvieron cerca a 4 millones (Fisher 1981). España controlaba un vasto territorio colonial que necesariamente tenía que despertar la ambición británica, de modo que se vio obligada a flexibilizar aún más el trato mercantil de sus colonias con el exterior. Durante las guerras permitió el comercio de países neutrales y en 1795 se extendió al Callao y Paita la libertad dada a otros puertos americanos para importar negros esclavos. La apertura era recíproca. Navíos desde América se dirigían más hacia países neutrales que a España. Durante el bloqueo a Cádiz se pudo apreciar este cambio. Mientras 171 navíos salieron de América en 1796, sólo 9 navíos llegaron a Cádiz en 1797. El monopolio español era sólo nominal, limitándose en mucho a cobrar los derechos de introducción a las colonias. La búsqueda de materias primas agrícolas y pecuarias benefició a las zonas no mineras de América. La participación peruana en este proceso fue limitada, por cuanto los productos perecibles peruanos eran menos importantes en el comercio con la metrópoli. En el Perú la incidencia mayor estuvo en la costa norte y la sierra sur (Villalobos 1962; Berruezo 1989). El vacío que dejaba el comercio metropolitano fue llenado por los intereses norteamericanos en el Pacífico. Las exportaciones de harina norteamericana y algunas reexportaciones inglesas de textiles lle-
Acuarela del siglo XIX en la que se ilustra al vendedor de uvas y al “humitero”.
gaban a las costas peruanas y chilenas. Entre 1788 y 1809 unos 257 barcos de EE.UU. estuvieron en las costas del Perú y Chile. De 1807 a 1808 once barcos ingleses llegaron a Chile y Perú con mercaderías avaluadas en £ 933 000. El Consulado de Lima estimó que entre 1809 y 1810 ingresaron nueve millones de pesos en mercaderías. Hacia 1810-1820 los norteamericanos lograron instalarse en el tráfico marítimo del Pacífico sur como los más importantes armadores de barcos (Haitin 1986; Gootenberg 1989; Burkholder-Johnson 1990). Al lado y compitiendo con el comercio legal estaba el de contrabando, que mantenía su carácter indirecto. Al Perú ingresaba por las vías ya conocidas: Buenos Aires y Panamá-Paita. Por este último puerto, entre 1800 y 1810 el comercio legal ascendió a 9,5 millones de pesos. En ese mismo lapso, el comercio de contrabando fue de 20 millones (Haitin 1986). A la par, la abundancia de productos extranjeros modificó las condiciones del mercado local. De un lado, fueron sustituidos los productos locales en mayor medida. De otro, la saturación provocó una baja de precios y, por ende, de utilidades de los comerciantes locales ocasionando quiebras ampliamente denunciadas en la documentación.
Las mayores exigencias del comercio importador condujeron a la desmonetización del mercado, situación que hacia 1790 se tornó crítica. El 60% del fondo dinerario de circulación interna ya había desaparecido y la cantidad restante amenazaba extinguirse con una mayor rapidez, por cuanto en un año se internaban artículos europeos por un monto equivalente a 4 veces el valor de lo acuñado. Entre 1740 y 1820 la acuñación preferente fue de moneda destinada al comercio exterior (reales dobles de a ocho) en tanto que casi desapareció la moneda de baja denominación destinada al comercio minorista y al pago del trabajo del peón libre y de los indios mitayos y alquilas (Lazo 1992: III). Efectos de esta desmonetización y restricciones productivas fueron también la “naturalización” de las relaciones comerciales rurales y la adscripción creciente de los campesinos a las haciendas. Los antiguos grandes “cargadores” del tráfico con la metrópoli fueron cediendo terreno en favor de comerciantes barceloneses y vizcaínos. La nueva elite mercantil peninsular triplicó la cantidad de almacenes del comercio trasatlántico. El Consulado afirmaba que en 1786 habían quebrado muchos grandes comerciantes. Este proceso se consolidó con la compañía Cinco Gremios Mayores de Madrid en la década de 1790 (Burkholder-Johnson 1990: 270). El nuevo grupo de mercaderes peninsulares contaba con lazos más firmes con los grandes comerciantes gaditanos y madrileños, que los cargadores limeños por ellos desplazados. Hubo excepciones, como la señalada por Cristina Mazzeo sobre el comerciante criollo Antonio de Lavalle, quien supo adaptarse a las nuevas condiciones hacia las postrimerías del dominio español en el Perú, de la misma manera que aquellos comerciantes que lograron enrolarse como accionistas de la compañía de Filipinas a fines del XVIII (Haitin 1983: 47; Lynch 1983: 15; Mazzeo 1994 y 1995). La liberación mercantil fue un duro golpe a las posiciones privilegiadas del Consulado limeño. Pero, pese a los lamentos de los comerciantes de la capital se puede ver que la zona costeña y serrana cercana a Lima no perdió precisamente con la reforma. Los comerciantes limeños mantuvieron el control sobre el comercio en cacao guayaquileño, el comercio bilateral entre el Perú y Chile y la producción de plata peruana (Cerro de Pasco). Al perder el comercio ultramarino, los comerciantes limeños se interesaron, al fin, por la minería en forma directa. Fruto de este interés fue la adquisición de tres máqui-
nas a vapor para desaguar las minas de Cerro de Pasco. La minería seguía siendo el eje comercial. Las zonas mineras peruanas consumieron el 22% de las manufacturas importadas desde Cádiz (Fisher 1987a: 33; Assadourian 1982). Los datos fiscales muestran a fines del XVIII una gran vitalidad del comercio bajo y altoperuano articulado desde Lima. Aunque con nuevos protagonistas, el comercio limeño mantuvo el papel de Lima como “ciudad redistribuidora”. Parte del comercio interior seguía controlado por comerciantes locales, sobre todo la actividad de los comerciantes de las ciudades del interior con las provincias y el tráfico de los arrieros. En el norte se formó un gran espacio económico que abarcaba de Trujillo a Cuenca pasando por Lambayeque, Piura y Tumbes hasta Guayaquil por la costa, Cajamarca y Loja por la sierra y Chachapoyas y Jaén en la selva (Chocano 1982 y 1983; García Vera 1991; Aldana 1992a, 1992b). Aproximadamente la cuarta parte de los productos que ingresaban por las aduanas internas peruanas era de procedencia extranjera. Entre 1786 y 1798 Potosí tuvo efectos europeos en un 45% y Cerro de Pasco en un 44%. Si estas cifras son relacionadas con la producción que no pagaba impuestos (efectos de la tierra, artículos del clero, hierro y azogue) puede concluirse que representaban alrededor del 25%. Esto indica que la producción interna daba lugar a la parte más importante del abastecimiento de los principales mercados locales. Sin embargo, las manufacturas importadas tuvieron un carácter disruptivo muy evidente sobre la economía productiva local. La dura realidad del pacto colonial da al traste con las experiencias artesanales urbanas y rurales (Garavaglia 1991: 218-238).
LA MINERÍA El repunte de la minería peruana duró medio siglo. Aun sin Potosí, pudo funcionar y articular (aunque en otras condiciones) la economía peruana. El pico lo experimentó hacia 1799 pero ya en 1812 la crisis era palpable. Una tendencia similar ocurrió en Potosí (Tandeter 1981: 73-75). En realidad, el “auge” de la minería peruana y altoperuana fue relativo. Requirió mayores esfuerzos para menores resultados, utilizó mayor cantidad de mano de obra mitaya (o sujeta por otras formas no menos violentas), se recurrió a otros yacimientos y se explotaron vetas menos ricas (extrayendo enormes cantidades de “marcos” de plata pero con menor ley que en tiempos anteriores). De otro lado, la
corona tuvo que rebajar el impuesto a la minería (1736) y subsidiar el suministro de azogue. Para controlar mejor la recaudación, creó el cargo de alcaldes de minas en 1781 (Tandeter 1992: 30-33; Brading-Cross 1972: 577). Una de las características más saltantes del auge temporal y tardío de la minería es que la plata persiste como principal y casi único producto. Mas, de otro lado, ya no se basa en un solo yacimiento. La actividad en este momento es dispersa. Se cuenta con diversos centros medianos y pequeños que, sin llegar a dinamizar la economía de los alrededores, fomentaron una economía productiva y comercial de regulares dimensiones (Assadourian 1982). La producción creció notablemente con la creación del Tribunal de Minería de Lima en 1786, a semejanza del de México; el descubrimiento y explotación de nuevos depósitos en la intendencia de Arequipa, y otros aún más importantes en Tarma. Las cifras muestran un rápido crecimiento. Mientras que en 1777 la plata registrada equivalía a 246 mil marcos, este valor ascendió a cerca de 500 mil en 1792, para llegar a 637 mil marcos en 1799 (Fisher 1977). En la década de 1790 alcanzó un valor de más de 43 millones de pesos. Cuadro 2 PLATA REGISTRADA EN LAS CAJAS PERUANAS (1777-1824)
Caja
Plata en marcos y onzas
Porcentaje
Lima
3 785 429,7
20,56
Trujillo
2 984 985,2
16,21
Pasco
7 425 364,2
40,31
79 310,1
0,43
591 164,05
3,21
Jauja Huamanga Arequipa
1 508 905,2
8,19
Caylloma
124 164,2
0,67
Puno
966 171,6
5,24
Arica
954 529,3
5,18
Totales
18 420 024,15
100,00
Fuente: Fisher 1977: 214.
Estas cifras muestran una recuperación sostenida de la minería peruana. El año 1799, en que se alcanzaron los mayores guarismos, se efectuó un censo minero con los siguientes resultados:
Cuadro 3 CENSO MINERO (1799) Partidos Pasco
Mineros
Operarios Minas de plata
112
2,470
85
Huallanca
36
632
62
Hualgayoc
86
882
52
Huarochirí
76
920
48
Castrovirreyna
21
231
30
717
8,875
546
Totales
Fuente: Fisher 1977: 196.
El valor de la producción de plata registrada en las cajas peruanas, por otra parte, ascendió entre 1777 y 1824 a 18 420 024,15 marcos. No todos los centros mineros, obviamente, tuvieron la misma importancia. El 40% de este total (7 425 364,2) correspondía a la caja de Pasco, el 37% (3 785 429,7) a Lima, el 14% (2 984 985,2) a Trujillo y el saldo, cerca del 9%, correspondía a los registros de Arequipa. Cerro de Pasco empezó a producir en 1630. Pero fue a fines del siglo XVIII cuando adquirió verdadera importancia y su población estable alcanzó las 5 mil personas. La expansión de su producción corresponde a los años entre 1785 y 1812. Hualgayoc inició sus actividades en 1772 y llegó a bordear los 4 mil habitantes hacia fines de siglo. Estos yacimientos, junto con otras minas menores, reemplazaron en parte la pérdida del nervio económico de Potosí (Fisher 1977; Contreras 1995). La “nueva” minería peruana se desarrollaba en condiciones distintas a las que tuvo el apogeo potosino de los siglos XV a XVII: Potosí era el único centro minero y sólo en forma esporádica figuraron yacimientos menores, tales como Castrovirreyna y Caylloma, y otras minas más pequeñas en las cercanías del Cuzco y Lima. La minería bajoperuana estaba organizada ahora en base a operaciones en pequeña escala. Pese a que algunos mineros habían acumulado un gran número de minas, muchas de ellas no se trabajaban. En 1790 el 80% de los 706 mineros registrados se hallaba casi inactivo u operaba un solo pozo. Noventa de los 145 que se decían más productivos, operaban dos pozos cada uno, y 28 explotaban tres. Tan sólo 26 mineros en todo el virreinato explotaban más de cuatro pozos (Fisher 1977: 77). La mita tenía sólo un peso relativo en el Perú del XVIII, pero seguía siendo fundamental en el Alto
Una vista de la ciudad de Puno en el siglo XIX.
Perú. La escasez de población mitaya y la eliminación formal del reparto en 1784 obligaban a los mineros a reclutar su mano de obra como los demás conductores de unidades productivas. Desde 1776 sólo Quispicanchis y Tinta (las provincias más pobladas), de las 52 provincias existentes, continuaban enviando indios mitayos a Potosí. Sólo Huancavelica retuvo su derecho a indios de mita. Sin embargo los indios de diez de las trece provincias obligadas recurrían a la mita de faltriquera (Fisher 1977: 184-188; Tandeter 1981). Hubo que buscar mano de obra libre, pero siempre a través de mecanismos coercitivos y que implicaban menores desembolsos. Con esta perspectiva, la mano de obra no era tan libre como podría parecer a simple vista. Es más, así como en otros sectores, el salario era una relación poco parecida a la moderna. Hubo diversos intentos de restablecer la mita donde ya no la había y hasta de establecerla donde nunca la hubo. La resistencia de la población indígena a someterse a este odiado sistema de traba jo obligó a los mineros a idear mecanismos más individuales de reclutamiento. Se optó por adelantar “jornales” a la población campesina de los alrededores a fin de obligarla a acudir a la mina. Este sistema se empleaba ya en haciendas y otras unidades productivas, lo que provocó una aguda competencia entre los diferentes propietarios y entre los mineros entre sí por captar un mayor número de trabajadores. El reparto, nunca eliminado del todo, siguió jugando un papel importante en el reclutamiento de mano de obra. Los mineros tuvieron que aceptar el pago efectivo o, en su defecto, la referencia a un salario nominal elevado. Estos salarios variaban de un centro
minero a otro. El de un barretero de Huantajaya era de un peso hacia 1780. En Puno, donde había mita, un barretero podía ganar 6 pesos 6 reales a la semana. Un apiri o cargador de mineral ganaba sólo 3 pesos a la semana y las mujeres que clasificaban el mineral en la superficie 2 pesos 2 reales a la semana. Estas tarifas eran hasta cierto punto sólo nominales, ya que los mineros puneños pagaban en moneda a sus empleados sólo lo suficiente para su tributo y tasas eclesiásticas; el resto se pagaba en coca o maíz sobrevalorados (Fisher 1977: 193-194). Según un experimento en Yanacancha entre setiembre de 1804 y abril de 1811, los salarios representaban el 57% del total de los costos de producción, seguidos por los haberes de los empleados con el 18%, y las velas, en que se gastó casi el 10% (Fisher 1977: 192). En realidad, la fuerza laboral en términos relativos a la población global era elevada. Los 8 875 mineros, en efecto, representaban 1 por 126 de la población total. Cada mina productiva tenía en promedio 13,3 trabajadores, aunque hubo casos excepcionales como los de Miguel Espinach (Hualgayoc), quien empleaba 167 operarios, o el de Matías de Uriza (Cerro de Pasco) quien tenía 253 operarios (Fisher 1977: 78). Otro de los problemas que afectaba a los mineros peruanos no era nuevo: la escasez de capitales. Común fue la dependencia de los mineros con respecto a sus “aviadores”, a través de los cuales los comerciantes limeños seguían rigiendo la producción minera. A diferencia de la experiencia mexicana, los grandes comerciantes monopolistas limeños no arriesgaron directamente sus capitales en el fomento de la minería peruana, y éste fue uno de los factores que más limitó el desenvolvimiento de la minería a una actividad de pequeña y mediana escalas. Inclusive los comerciantes limeños fueron renuentes a participar indirectamente en la minería. Cuando se les pidió aportes a fin de establecer el Tribunal de Minería, lo único que se consiguió fueron 33 mil de los 440 mil pesos solicitados como préstamo, a pesar del alto interés y las garantías correspondientes (Fisher 1977: 96). La pequeña y mediana minería no resultaban rentables, en especial, si se considera los grandes desembolsos que había que hacer a fin de mantener la mina activa. Los peligros principales eran las inundaciones y el quedarse sin operarios. Los beneficios podían ser tan magros que la empresa resultaba poco atractiva. Por ejemplo, en Lircay (en 1800) se ha calculado que, luego de separados los gastos
de rigor, los 24 mineros se repartieron un promedio de 218 pesos. Claro que hubo excepciones. Uriza Zárate, por ejemplo, sí disponía de capital para operar sus pozos intensivamente. Aseveraba que hasta 1798 había registrado más de 201 502 marcos de plata, por un valor de 1 712 767 pesos acuñados durante sus diecinueve años en la industria (Fisher 1977: 78). Sin posibilidad de inversión endógena, el grupo de mineros necesariamente caía en una dependencia fundamental respecto de los comerciantes. Debía recurrir al “aviador” para abastecerse de azogue, Cuadro 4 PRODUCCIÓN DE AZOGUE EN HUANCAVELICA 1759 - 1812 (En quintales y libras)
pólvora, sal, velas y pagar los salarios. Al entregar productos, el “aviador” ganaba adicionalmente en los precios que imponía (Fisher 1977: 207). En un trabajo reciente se trata de refutar esta dependencia en el mineral de Hualgayoc. La base de la crítica son las asociaciones entre comerciantes y mineros (Contreras 1995: 26). Algunos progresos se consiguieron cuando en 1790 fue nombrado Isidro de Abarca –miembro destacado del tribunal del Consulado– como administrador general del Tribunal de Minería. En esos años se establecieron los bancos de rescate en Hualgayoc, Huantajaya, Huarochirí, Lucanas y Lima, con los cuales los mineros pudieron emanciparse en algo de los “aviadores”. Es claro que estos bancos tuvieron en los comerciantes limeños y provincianos a sus mayores detractores y, cediendo a sus presiones, el virrey Francisco Gil de Taboada los cerró a partir de 1793 (Fisher 1977: 101).
1759
6 190,75
1786
4 798,59
1760
6 721,02
1787
2 400,00
1761
6 147,39
1788
2 668,25
1762
5 322,11
1789
1 619,80
1763
5 801,55
1790
2 016,04
Cuadro 5 IMPORTACIÓN PERUANA DE AZOGUE 1776 - 1816
1764
5 511,07
1791
1 795,69
(En quintales y libras)
1765
6 352,99
1792
2 054,14
1766
6 385,40
1793
1 301,50
1776
4 000,50
1795
2 498
1767
5 717,06
1794
4 172,92
1777
3 968,00
1796
1 000
1768
6 847,18
1795
4 725,47
1778
5 966,06
1797
2 996
1769
6 463,53
1796
4 182,14
1779
1 997,86
1798
-
1770
4 533,50
1797
3 927,32
1780
-
1799
-
1771
5 057,21
1798
3 422,58
1781
-
1800
-
1772
4 719,27
1799
3 355,92
1782
-
1801
-
1773
4 262,75
1800
3 232,83
1783
-
1802-3
9 930
1774
4 833,66
1801
2 556,65
1784
1 998,17
1804-5
7 501
1775
5 014,21
1802
2 204,55
1785
-
1806
-
1776
3 741,73
1803
2 622,46
1786
4 002,00
1807
-
1777
4 263,97
1804
3 289,12
1787
-
1808
-
1778
2 848,36
1805
3 323,00
1788
1 500,00
1809
5 032
1779
4 477,75
1806
2 672,00
1789
8 004,00
1810
4 919
1780
5 803,50
1807
2 621,00
1790
4 511,00
1811
-
1781
3 062,50
1808
2 453,00
1791
3 501,00
1812
-
1782
1 782,55
1809
2 281,00
1792
2 000,00
1813
-
1783
2 463,31
1810
2 548,00
1793
2 500,00
1814
5 044
1784
1 612,89
1811
3 263,00
1794
3 000,00
1815
-
1785
4 493,37
1812
2 718,00
1816
2 048
Fuente: Fisher 1977: 157.
Fuente: Fisher 1977: 165.
Los préstamos eran muy exiguos. Pese a su bajo interés, los mineros no pudieron reembolsar los principales. En 1790 se abandonó la política de préstamos de parte del Tribunal por no poder recuperar el capital (Fisher 1977: 96). La minería afrontaba un serio problema en el suministro de azogue. La corona española, comprendiendo la importancia de este sector para mantener activa la vida económica virreinal (lo que posibilitaba a su vez el mercado para las importaciones), decidió subvencionar el azogue. Cuando faltó azogue de Huancavelica (cerrada definitivamente en 1808), se trajo de Almadén (España) y de Idria (Balcanes). En 1812 empezó el declive de la minería de plata. La producción registrada descendió en un 34% comparada con la del año anterior. En esto influyeron varios factores internos y externos, económicos y políticos. La economía minera peruana al terminar la colonia quedó casi completamente destruida. Un factor tal vez mayor que la pérdida de operarios y la escasez de azogue, fue la pérdida del capital español de Lima. Ya desde 1812 los capitales li-
Restos de la capilla colonial de la hacienda Santa Rosa de Caucato, Pisco.
meños fugaban. Los túneles de drenaje de las minas eran insuficientes. En 1823 la cantidad de plata registrada había llegado a la insignificancia de 38 mil marcos (Fisher 1977: 233). Aun así, la situación de la minería era superable. Lo demuestra el hecho de que hacia el final del período colonial los comerciantes limeños invirtieron en la adquisición de máquinas a vapor para desagüar los socavones de Cerro de Pasco con resultados muy favorables. La minería seguía siendo una actividad rentable, pero los mineros mantenían la mentalidad rentista colonial y seguían esperanzados en volver a las condiciones “clásicas” (con un suministro asegurado de azogue y mano de obra compulsiva). Su carta principal en la emancipación estuvo del lado del rey.
LA AGRICULTURA En tanto la economía peruana seguía basándose en la inestable (y declinante) minería de la plata, las demás actividades productivas atravesaban situaciones críticas. La agricultura decayó en productividad y eficiencia por problemas de mano de obra, capitales y transporte. Hacia 1776 el Perú no cubría sus necesidades agrícolas y crecientemente dependía de la importación de alimentos. Hubo sí, hacia fines del XVIII, un momento de repunte productivo en el campo. La minería no volvió a generar una economía poderosa como cuando reinaba la dupla PotosíHuancavelica. No obstante, los numerosos asientos mineros de mediana y pequeña magnitud, así como las ciudades y villas, significaron un mercado capaz de articular una economía menos espectacular pero más diversificada. En menores escalas se siguió conduciendo cantidades de productos agrícolas (trigo, maíz, coca, azúcar, frutas y verduras), pecuarios (ganado, lana, cuero, mulas), marítimos (pescado salado) y algunas artesanías locales. Estos centros reorientaron la economía al establecer nuevos circuitos comerciales a su alrededor. Hasta Cerro de Pasco llegaban, por ejemplo, los aguardientes de Ica, el azúcar de Huaylas, la coca huanuqueña, la sal de Chancay, la ropa de la tierra y cuero de Cajatambo, Conchucos y Huamanga (Chocano 1982). La zona arequipeña se vinculaba al sur andino. A cambio de plata, enviaba vino y aguardiente. Las importaciones de vino hicieron entrar en crisis la producción arequipeña (Davies 1984, Brown 1986, Flores Galindo 1977).
El exceso en la oferta de productos agrícolas tuvo efectos perniciosos hacia finales del XVIII. Se desalentó la producción por la baja de precios y pérdida de rentabilidad de las haciendas, afectando especialmente al mercado sur andino. El mercado charqueño varió sus patrones comerciales perjudicando la producción agrícola y pecuaria sudperuana; así, el maíz de Cochabamba reemplazó al cuzqueño (Glave-Remy 1983: 467; Tandeter-Wachtel 1991; Larson 1982; Harris, Larson, Tandeter 1987: 405). El cultivo de maíz, trigo, papas y otros productos de primera necesidad ocupó a la mayoría de la población campesina. Adicionalmente, los campesinos comuneros indígenas y los curacas se dedicaban a la actividad pastoril. En el sur peruano los rebaños de ovejas y hatos de reses eran pequeños, pero su propiedad era muy dispersa. Sin embargo, la producción ganadera comercial cayó desde los años 1780 por efecto de los mercados deprimidos de carnes y lanas y los altos costos de transporte para mercados limitados y con precios reducidos (Burkholder-Johnson 1990: 269). Se consolidó, más bien la economía de plantaciones, gracias a la cual el Perú mantuvo el abastecimiento de ciertos productos agrícolas al Alto Perú Un mayordomo de “chacra” en una acuarela decimonónica. (principalmente aceite, azúcar, pimientos y granos), aunque dejara de ser proveedor de otros y de ropa tosca y barata como antaño. Esto preservó del co- se destinaba al mercado externo, y la generalidad de lapso total a las plantaciones de la sierra (Arequipa, unidades producía forraje para abastecer a las acéCuzco y Apurímac) y la costa (Ica, Arequipa, Mo- milas de la arriería así como panllevar que conducían a la ciudad (Vegas 1996). quegua). La costa central y norteña afianzó su producción de algodón y azúcar orientada hacia los mercados LA INDUSTRIA TRANSFORMATIVA de Chile y Quito (Burga 1976; Ramírez 1991; Anna La industria transformativa se halla en medio de 1979). Aparte de azúcar y algodón, otros productos las controversias de las políticas económicas coloagropecuarios destinados tanto al mercado externo niales. En el caso de las reformas borbónicas, los como al interno fueron la cascarilla, cacao, tabaco y, obrajes peruanos fueron satanizados por quienes en menor escala pero no menos importantes, cueros pretendían que el mercado fuese cubierto por textiy cordobanes, añil, zarzaparrilla, arroz y lino (pro- les importados y que la gran masa de trabajadores movido por el obispo de Trujillo Martínez de Com- indígenas ocupados en ellos pasase a las minas, copañón). Hacia fines del siglo sobresalió la produc- mo sostenía por ejemplo José Ignacio de Lequanda (1977). La posición contraria fue expuesta por Cación agroexportadora en Huánuco y Urubamba. Otra fue la situación en la costa limeña, donde la rrió de la Vandera (“Concolorcorvo”) en 1782, dispersión de la tenencia de la tierra era ya una tra- quien propuso una política de protección a la prodición. En la comarca de Lima la mayoría de las tie- ducción y comercialización de las telas de los obrarras estaba bajo minifundios: de 190 unidades pro- jes peruanos. Como resultado directo de la apertura comercial, ductivas (entre Pachacamac y Carabayllo) el 47% no excedía de 145 hectáreas y el 16% tenía 73 hec- las importaciones de textiles europeos se constitutáreas o menos. En el valle había tan sólo ocho lati- yeron en uno de los factores más importantes para fundios (Haitin 1986: 289). En particular, las plan- la declinación de los obrajes. El bajo precio de los taciones estaban dedicadas al azúcar y algodón que textiles importados manufacturados en España e In-
Vista general de la ciudad de Lima en la que se puede apreciar la plaza de Acho. En el siglo XVIII la producción agrícola se redujo considerablemente, aunque se produjo un repunte de la misma a finales de dicho siglo.
Lámina que ilustra a un indio en plena siembra, siglo XVIII.
glaterra limitó el mercado para la producción textil obrajera que ya competía con las telas de inferior calidad pero más baratas de los “chorrillos” (Burkholder-Johnson 1990). Los obrajes cuzqueños, por ejemplo, desaparecieron hacia principios del XIX al no poder soportar la competencia de la industria moderna inglesa. Además, la eliminación (o restricción) del reparto en 1783 afectó directamente a los obrajes que realizaban su producción gracias a ese sistema compulsivo de venta (Moreno 1977). La gran significación que había alcanzado la producción textil en siglos anteriores se iba diluyendo. Inclusive la corona volvió a insistir en las prohibiciones de los obrajes, ya que le interesaba ahora la producción de algodón para las fábricas de Cataluña. Los obrajes atravesaban dificultades en su intento por mantener la producción en base a la lana pues el algodón resultaba más conveniente, tanto por los precios como por la tecnología que se instauraba en los países desarrollados. El obraje de grandes dimensiones terminó por ceder el paso al taller. La producción en pequeña escala de los “chorrillos” resultó más fácil de mantener que la de los obrajes. Un mercado menos ambicioso y más seguro, menores costos productivos y menores dificultades para conseguir mano de obra y materias primas, hicieron posible su conservación (Mörner 1977: 84-87). También se estableció un sistema más difundido de producción textil algodonera: la manufactura diseminada o trabajo a domi-
cilio en Cuenca, Trujillo, Cochabamba y La Paz. Aquí no llegó, empero, a desarrollarse esta modalidad como en México, donde surgieron algunas fábricas (Silva Santisteban 1964; Salas 1979; Miño 1992: 109-153). La crisis obrajera no fue absoluta y, de otro lado, estuvo llena de contrastes. Al lado de los obrajes cerrados de Cajatambo florecían otros en Huamalíes. En mucho, los obrajes dependían de la suerte de los centros mineros: su capacidad productiva y requerimientos de mano de obra. Las artesanías urbanas tuvieron un desenvolvimiento igualmente complejo. Su mercado diferenciado les permitió subsistir en sus niveles más bajos debido a que abastecían a una población de menores recursos. En cambio, los maestros de mayores posibilidades, cuya producción estaba dirigida a sectores más acomodados, no pudieron competir con los productos de importación. La anulación de los repartos privó, además, a los artesanos de las ventas mayoristas a los comerciantes. Ya desde hacía tiempo las artesanías estaban restringidas por el comercio ultramarino. En los años 1790 experi-
mentaron un efímero auge pero posteriormente, como las demás actividades económicas, fueron afectadas por las restricciones de numerario. No se desarrolló una industria siderúrgica, aunque hubo fundiciones de bronce para cañones y campanas; y molinos de pólvora en base al abundante salitre. Las construcciones navales tuvieron el inconveniente de la falta de madera y hierro. Sólo en Guayaquil se desarrollaron astilleros, pero con clavos y hierro importados, por ser productos que el comercio colonial se reservó en forma especial (Quiroz 1986, 1990 y 1991). Hacia fines del siglo XVIII Unanue constataba que la industria peruana se reducía a unos “pocos obrajes de bayetas, que llaman de la tierra, cuyo uso se limita casi sólo a los indios y negros. Hay algunas de colchas, de vidrios, de sombreros, etc., pero no ocupan mucho lugar en el plan de la riqueza del Perú”. De su lado, Lequanda se refería a la ausencia en Lima “de fábricas y de toda manufactura, siendo así que en los tiempos inmediatos a la conquista tuvo exclusivamente la de sombreros y otros artículos”. Así también, “la pesca es un ramo de industria peculiar de los indios de la costa; pero la practican informemente, sin instrumentos proporcionados, sin barcos, y por lo mismo costeando siempre las orillas, no pudiendo alejarse más de 4 o 5 leguas mar adentro”. La industria rural no se limitó a los obrajes típicos. El caso norteño puede ilustrar la experiencia de una economía agraria con actividades transformativas ligadas a un mercado regional. Las haciendas y chacras serranas de Piura producían trigo y tenían molinos rurales, vendiéndose la harina en un amplio mercado costeño y serrano. Igualmente, las haciendas azucareras tenían trapiches de refinación y destiladores de aguardiente. La industria más próspera fue la del jabón en Piura y Lambayeque. Se ubicó principalmente en la costa y utilizaba el sebo del ganado caprino y vacuno (Macera 1977; Aldana 1988; Aldana y Diez 1994: 76-77).
LA FISCALIDAD Las dificultades por las que atravesaba la economía peruana y altoperuana en esta fase final del virreinato están reflejadas en la recaudación y la distribución de la renta. El virreinato mexicano reemplazó al peruano como proveedor de metales preciosos y sostén del erario imperial. España optimizó sus finanzas coloniales tanto al nivel de la cobranza de los impuestos y tributos, co-
mo en el de los gastos. El principio era simple: no gastar más de lo recaudado y tratar de ahorrar mayores recursos. La reorientación económica del virreinato se observa en la importancia de las cajas reales del centro. Las minas de Cerro de Pasco y la ciudad capital con su puerto como centro comercial determinaron que la región central concentrase las 4/5 partes de la recaudación total. A continuación venían la costa y la sierra sur (14% en promedio) y el norte (5%). La caja limeña sola tenía el 69% del total de los fondos virreinales (Klein 1994: 17). Los efectos de la reforma en este campo fueron palpables. La caja de Lima había crecido sólo modestamente a lo largo del XVIII, pero en los años 1780 dio un gran salto, duplicando la recaudación con respecto a la década anterior. Inclusive, se llegó a superar en Lima la recaudación más alta obtenida en los años 1640. Las cajas registran el relativo crecimiento del sur agropecuario peruano, dominado por Cuzco y Arequipa. A partir de la década de 1780 al sur le correspondió la cuarta parte de la recaudación virreinal. La zona norte, que giraba en torno a Trujillo, Piura y Paita, también creció, aunque sin ubicarse en la palestra de la recaudación fiscal. Con el auge minero de Cerro de Pasco, en los años 1790 y 1800 la caja limeña decayó en cifras relativas a las 2/3 partes de la región sur y a la mitad a nivel virreinal (Klein 1994: 19). Después de haber significado solamente el 1% de la recaudación total hacia fines del XVII, los impuestos mineros fluctuaban entre 10% y 16%. Este crecimiento se dio a pesar de haberse reducido la tasa impositiva como queda dicho del 20% al 10%. Otras rentas fiscales tuvieron un comportamiento similar. Se observa una tendencia al crecimiento en los impuestos que gravaban los rubros comercial y agropecuario. Lima recaudaba más del 80% de los impuestos al comercio, seguida del Cuzco con el 5% y Arequipa con el 3%. El crecimiento impresionante que muestran las cajas en el rubro comercio hasta fines de la década de 1780 se tornó en una caída súbita e igualmente impresionante a partir de los años 1790. De hecho, después de 1790 los impuestos mineros y el tributo superaron en importancia a los gravámenes mercantiles. Los impuestos monopólicos (estancos) crecieron a un ritmo consistente con la renta total, con un 7% en promedio (Klein 1994: 23). El sur proporcionaba la mayor recaudación por concepto del tributo indígena. El Cuzco y Puno
para subvenir a los contribuían con la mitad de la recaudación, gastos de los bastiones españoles en Chile, el en tanto que Lima lo hacía sólo con el 18% Chaco y otros lugares. Los gastos en adminisen promedio. Su cobranza mejoró con la tración civil represenrecuperación demotaban tan sólo el 15% gráfica y, sobre todo, de lo recaudado (Klein cuando desde 1734 1994: 32-34). Durante el siglo fueron incluidos los indios que residían XVIII la recaudación y los gastos virreinales fuera de sus pueblos (agregados y forasteen el Perú no permitían márgenes para ser ros). Ya en los años Vista de la ciudad de Lima desde la ribera del arrabal de San Lázaro (hoy distrito del Rímac), siglo XIX. Se puede apreciar las 1730 el tributo se duremitidos a la metróplicó; hacia 1790 casi torres de la catedral de Lima y de la iglesia de Santo Domingo. En poli. Paulatinamente la parte central aparecen las dos torres del arco del puente, aunque triplicó lo recaudado se fue llegando a la sisobredimensionadas en su altura. en 1680 (Klein 1994: tuación en que el Perú dejó de contribuir al 28-29). Entre 1770 y 1780 se había recaudado apenas sostenimiento de la corona, limitándose su función 278 896 pesos por tributos cuando en la anterior a la defensa del imperio en esta parte del continendécada el monto fue de 496 327 pesos. El intenden- te americano y el Pacífico. El tesoro mexicano remite del Cuzco Benito de Matalinares elaboró nuevas tió más de 90 millones de pesos de rentas públicas listas de tributarios en 1785 con lo que aumentaron a España desde 1761 a 1800; el tesoro peruano no éstos y los montos (24 908 tributarios pagaban 187 envió nada (Burkholder-Johnson 1990: 271). 409 pesos en 1784) a 37 729 tributarios y 281 346 pesos. En el resto de intendencias el alza fue menos LA SOCIEDAD significativa, pero desde esa década hasta la primera del siglo XIX el tributo se convirtió en la renta La sociedad peruana se hallaba en una encrucicolonial más importante. Después de 1811 cayó la jada. De un lado reconocía la necesidad de un camrecaudación (Peralta 1991: 25). bio y, de otro, la tarea se presentaba sumamente diLa corona recurrió a impuestos extraordinarios fícil y delicada. Cada sector de la sociedad debió cuando sus urgencias fiscales así lo requerían, lo apreciar este dilema a su manera. cual ocurrió con mucha frecuencia desde 1780. Sin En los extremos, la elite comercial limeña buscaembargo, en el Perú, a diferencia de México, la re- ba, hacia el final del período colonial, incluirse en el caudación extraordinaria no fue significativa. Salvo negocio minero en forma directa en un intento por las primeras donaciones en la década señalada, lo abarcar un campo en el que no había sido desplazaque la corona pudo recabar en el Perú fue de poca da por los comerciantes españoles (comercio ultramonta. La economía peruana no daba lo suficiente marino) y por mercaderes locales medianos (comerpara soportar cupos e impuestos bélicos de la mag- cio interno). Su opción por la emancipación estaba nitud de los que se impusieron en México, pese a casi totalmente descartada (a partir de Tupac Amalos incentivos para realizar préstamos a la corona y ru); por tanto, debía redefinir su situación dentro las ventas de “regalos” especiales tales como los ma- de la economía y la sociedad coloniales. yorazgos. La población indígena mayoritaria, de su lado, Los gastos más importantes del gobierno de Li- se encontraba en un creciente proceso de sujeción a ma fueron los del ejército y la marina. La importan- las unidades productivas. Estaba a la expectativa pacia del Perú y de Lima en el imperio justifican esta ra expresarse a su manera, como lo demuestra su atención en los gastos, que llegaron a significar en comportamiento en las manifestaciones que se prepromedio entre un tercio y la mitad de la recauda- sentaron al inicio del siglo XIX. ción virreinal. Se gastaba específicamente lo recauEn su Idea general del Perú José Rossi y Rubí dedado en Lima, donde alcanzaba el 92% de las rentas. cía que era falso que Lima estuviera en decadencia Desde Lima salían los recursos llamados “situados” y pobreza. Afirmaba, más bien, que ya sin el mono-
mendi, ambos ligados a la Compañía de Filipinas creada en 1796. En 1819 donaron 200 mil pesos a la corona, a ser cobrados con una licencia para traer artículos directamente de China. Al irse al exilio con la independencia, Arizmendi dejó caudales avaluados en 2 172 000 pesos, la mayor parte en forma de créditos. No había ninguna casa particular construida en Lima, como sí hubo en México, a costos superiores a los 300 mil pesos, y ninguna familia limeña contaba con más de 30 sirvientes en sus casas urbanas como en México. En lo que sí aventajaba Lima a su similar mexicana era en aristocracia y nobleza. La cantidad de títulos de Castilla fue mayor en el Perú, donde había no menos de 105 títulos nobiliarios, que incluían 1 duque, 58 marqueses, 45 condes y 1 vizconde, mientras que en Nueva España había sólo 63 títulos, entre los que había 32 condes, 30 marqueses y 1 mariscal de Castilla (Basadre 1973; Burkholder 1978; Anna 1979).
Tres caballeros cortejan a dos tapadas limeñas en la alameda de Acho, siglo XIX.
polio del Consulado, la riqueza estaba mejor distribuida. En las nuevas condiciones, decía, era el sector medio el que se beneficiaba. Puede tener algo de cierto la afirmación anterior. Sin embargo, Lima vivía aún bajo normas precapitalistas basadas en un espíritu señorial. En un famoso opúsculo, Lequanda analizaba el problema en términos de castas, refiriéndose a la ociosidad “voluntaria” de la población. Los blancos ocupaban cargos burocráticos improductivos de acuerdo a su estado social. “No excede el número de ocupados de ambos sexos, estados y condiciones, de 19 000 personas”. Es decir, el 25% de toda la población calculada en 1792 en 52 600 habitantes. Propuso crear industrias exclusivas para dar ocupación “decente” a sectores blancos de la población (Lequanda 1977).
Criollos en conflicto En Lima había menos capitales disponibles que, por ejemplo, en México. Sólo unas cuantas familias eran reputadas como millonarias. Entre ellas se hallaban los Baquíjano y los Lavalle. Los más ricos parece que fueron Pedro de Abadía –con una fortuna calculada en cuatro millones de pesos– y José Ariz-
Virrey José Fernando de Abascal. Durante su gobierno (1806-1816) se produjeron los primeros levantamientos de patriotas peruanos por la emancipación.
En diciembre de 1804 la corona decidió confiscar los censos y bienes raíces de las instituciones eclesiásticas, lo que en la práctica debía afectar indirecta o directamente a los terratenientes criollos. Hasta 1810 la corona recaudó por este concepto más de quince millones de pesos. Del Perú obtuvo sólo 1 487 000 pesos (menos del 10%) (Mörner 1991: 294). La contribución peruana (en especial la limeña) no fue tan desinteresada como podría parecer. Estuvo dirigida casi específicamente a la defensa del virreinato peruano, incluyendo a los españoles residentes en el Perú. En su mayor parte, se trataba de transferencias de fondos del consulado (es decir, de las mismas rentas fiscales). De un total de cerca de 3 millones de pesos en contribuciones al Estado, menos de un millón de pesos fue en la forma de donativos al contado salidos de los bolsillos de los miembros del consulado y otros mercaderes, mientras que hubo más de 2 millones en letras de cambio, préstamos directos o futuros pagos. La elite decisoria en el Perú era muy reducida. Había sido determinada según su poderío económico y cercanía al poder virreinal de acuerdo a sus funciones políticas. No debió sobrepasar las mil quinientas personas. Sin embargo, el censo de 1813 dio derecho al voto a 5 243 ciudadanos, provocando una reacción muy negativa de la elite limeña encabezada por el propio virrey Abascal, por considerar que la Constitución y las cortes habían causado una liberalización radical en la clasificación social del momento. La elite era de origen racial blanco y, por su ocupación, este grupo estuvo relacionado con funciones más burocráticas y comerciales que productivas. Era más consumidora que productora. Un antiguo cliché decía que la sociedad colonial estaba “manejada por curas”. Sus decisiones políticas, especialmente sus actitudes en torno a la cuestión de la separación de España, estuvieron influenciadas por su profunda dependencia del tesoro estatal o eclesiástico. El acceso a las posiciones políticas decisorias fue crucial para llevar adelante cualquier actividad económica importante. De allí resulta su fidelismo a ultranza, que la llevó a mediatizar el proceso emancipador con la consecuencia funesta para ella de desaparecer como sector dominante (Anna 1979; Flores Galindo 1984; Guardino-Walker 1994). Los sectores pudientes no buscaron cambiar las restricciones existentes para el desenvolvimiento de la economía, pues su subsistencia estaba precisa-
mente en función de ellas. Más bien, ya en tiempos republicanos, intentaron reeditar las restricciones coloniales.
La nueva burocracia La reforma política no dio los resultados esperados. En un principio las nuevas autoridades lograron elevar la recaudación de impuestos y tributos. Posteriormente, sin embargo, decayeron los ingresos fiscales y los subdelegados continuaron con las exacciones de sus odiados antecesores. Otro aspecto a resaltar es el de los cabildos. Los borbones repotenciaron el poder local a fin de disponer de adecuados administradores de las ciudades. Inclusive, algunas villas por primera vez tuvieron sus comunas (Tumbes entre ellas). El resultado político fue sin embargo adverso. Los cabildos terminaron siendo una arena clave en las luchas políticas entre los criollos y los peninsulares (Burkholder-Johnson 1990: 260-261). Una de las consecuencias principales de las reformas fue la acentuación de los regionalismos. El régimen de intendencias descentralizó el poder en grandes unidades jurisdiccionales (algo similar causó en el Cuzco su conversión en sede de una audiencia) que se oponían a la injerencia limeña en sus asuntos. Sobre todo, por la exigencia de rendir cuentas de la cobranza de impuestos y tributos. Los criollos del interior forjaron un regionalismo fidelista que pretendía desplazar a los funcionarios peninsulares (O’Phelan 1983; Fisher 1986). Al no lograrlo, se volcaron hacia el dominio de la situación a través de los cargos secundarios. Ante la debilidad política del Estado colonial en el norte, por ejemplo, la elite local tomó la iniciativa y, gracias a lazos familiares, pudo relacionarse con las autoridades regionales para preservar sus intereses (Aldana 1992a). En el sur andino la vinculación fue a través de los subdelegados y del control sobre las autoridades de los pueblos de indios. Los subdelegados mantuvieron los repartos y el poder de los corregidores. En 1790 el intendente del Cuzco, Josef de Padilla, se enfrentó a sus subdelegados por los cambios de autoridades cacicales dispuestos antojadizamente por aquéllos. Precisamente, la base del poder de las nuevas autoridades rurales estaba en el colaboracionismo de los curacas no indígenas. El reemplazo de curacas a raíz de la rebelión de 1780 permitió a mestizos acceder a ese puesto. La presencia de mujeres en los cacicazgos abrió, también, esta posibilidad. Muchos
no indígenas se casaron con indias-cacicas convirtiéndose en curacas con todas sus funciones y abusos (Cahill 1984; Peralta 1991). Los nuevos funcionarios criollos y peninsulares se fortalecieron al aliarse con las elites rurales basadas en el aprovechamiento de los recursos del campesinado comunal y del cobro de tributos y alcabalas. Ésta es, finalmente, la forma de dominio tradicional que hereda la república (Peralta 1991: 29). La versión tradicional aseguraba que los criollos se encontraban desplazados de los cargos públicos Cuadro 6 ADMINISTRACIÓN COLONIAL: NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (LIMA 1815) Institución
Servidores europeos
Servidores nativos
Servidores con mayor poder de decisión Europ.
Nat.
Secretaría del virreinato y asesoría general
5
12
-
-
13
8
11
8
Agentes fiscales y relatores
0
8
-
-
Juzgado bienes de difuntos
2
8
1
0
Procuradores
0
13
-
-
Juzgado de Censos de Indios 3
10
1
-
Tribunal de Cuentas
6
26
2
2
4
16
-
-
2
6
-
-
12
29
1
-
Resguardo
3
12
-
-
Rentas estancadas
6
19
-
-
Fábrica de pólvora
5
1
-
-
Temporalidades
3
6
1
-
Correos
4
12
-
-
Cabildos
4
17
4
17
Diputación provincial
1
6
-
-
San Marcos
0
6
-
-
Consulado
7
19
1
2
Tribunal de Minería
6
8
1
1
Monte de Piedad
1
4
-
-
Intendencias
2
5
2
5
Casa de Moneda
8
30
2
5
97
281
27
40
Audiencia
Contaduría y Tesorería General del Ejército Contaduría General de Contribución de Indios Aduana
Totales Fuente: Lazo 1993.
a partir de las reformas borbónicas. Una vez cortada la compra de estos cargos, España se preocupó por reclutar funcionarios más leales y menos comprometidos con los intereses peruanos. Era lógico que prefiriese a los peninsulares, inclusive si eran reclutados localmente. Cálculos realizados sobre la composición de entidades estatales coloniales muestran cambios sustantivos en la relación criollos-peninsulares. Hasta la década de 1770 los criollos tuvieron una presencia decisiva en la audiencia limeña y otras entidades. Burkholder encontró que entre 1775 y 1820, el 51% de los puestos de la audiencia eran ocupados por criollos. Desde 1773 a 1823 el consulado limeño estuvo controlado por los peninsulares (Burkholder-Chandler 1984: 195-220; Mazzeo 1994: anexo VI). Una diferenciación detallada lleva a conclusiones más útiles para entender la independencia tal cual se presentó. Los criollos fueron reemplazados en los cargos más altos y de mayor responsabilidad política. Sin embargo, mantuvieron la supremacía en los niveles medios e inferiores. Los funcionarios criollos medios y menores no tenían motivos para quejarse en las postrimerías de la colonia, pues constituían la mayoría en las esferas gubernamentales. Hacia 1815, los funcionarios y empleados nativos conformaban el 74,34% de la administración gubernamental y el 59,8% del poder de decisión en las instancias del Estado. Al ver específicamente el ámbito de la Casa de Moneda el balance se inclina hacia los criollos, con el 78,9% de los ministros y oficiales y el 71,42% de los cargos de decisión (superintendencia, tesorería y contaduría). Los criollos y mestizos absorbían el 82,27% de los 51 mil pesos destinados al pago de salarios (Lazo 1993).
La ciudad Un proceso contrario se produce en otro aspecto de la sociedad. Existen indicios (aún sin estadísticas) que permiten indicar un crecimiento relativo de las ciudades y pueblos hacia fines del período colonial. Los cambios a nivel de la presión fiscal y las condiciones de trabajo en el campo pudieron ser los motivos para una mayor afluencia de gente de la zona rural a la urbana. La ciudad de por sí no atraía como centro industrial; más bien podía interesar como mercado de servicios y comercio. En condiciones difíciles para los maestros artesanos en la ciudad, se incrementaba la persecución gremial contra los que
especialmente la vagancia. ejercían “ocultamente” (Quiroz 1990 y 1991). Se creó un cuerpo de celadores y se implementó el Se creó un problema social potencial por la falta de sistema de serenazgo. Estas alternativas en las ciudades. fuerzas se incrementaron La plebe se dedicó a trabajos con el grupo perteneciente eventuales y engrosó la paral ejército, llamado de los te de la población detestada encapados. por la elite y sectores “meEn el Callao sucedía otro tanto. El puerto había sido dios”. En Lima la situación se tornó especialmente difíreconstruido por los propios comerciantes desobedeciencil debido a sus dimensiones. Otras ciudades viviedo las disposiciones acerca ron el problema en menor de no volver a poblarlo lueescala (Cuzco, Arequipa y go del maremoto de 1746. Trujillo). La población civil fue destiSin llegar a exagerar el nada a la villa de Bellavista, peligro, se aprecia que los creada especialmente para este fin. Hacia fines del siglo mecanismos habituales de control social no fueron suno solamente había vuelto a ficientes. Las autoridades no aparecer, también tenía proestaban en condiciones de blemas de gran ciudad (y controlar la mendicidad, la puerto por añadidura). En la vagancia y la delincuencia década de 1790 se organiza“El panadero” en una litografía de A.A. Bonnaffé, (urbana y bandolerismo ruron brigadas de trabajadores 1856. (los llamados playeros) a fin ral). Ante esto, el visitador Escobedo dictó en 1785 medidas para que el muni- de eliminar a la población sobrante de ese estratécipio y los alcaldes de barrio y cuarteles vigilasen la gico lugar tanto para el comercio como para la seciudad según un reglamento de policía que penaba guridad colonial.
LA INDEPENDENCIA EN EL PERÚ Es difícil ya concebir la independencia como producida específicamente el 28 de julio de 1821. Cuando se plantea como un hecho iniciado en 1820 y concluido en los campos de Ayacucho (1824) o con la capitulación del Callao (1826), se sigue sin posibilidades de encuadrar el proceso en su totalidad. Así las cosas, puede darse el caso de minimizar o, inclusive, negar la participación peruana en la
gesta. Consideramos que, para enfocar más cabalmente el problema, debe entenderse la independencia a partir de la crisis del imperio español en el Perú (siglo XVIII). Aquí se ha ubicado antes la rebelión tupacamarista porque, siendo esencialmente separatista, tuvo también otros elementos sociales que la hicieron un hito temprano y crucial para la independencia como realmente se dio en el Perú.
La Casa de la Capitulación en Quinua, Ayacucho, donde se firmó el acta de la capitulación de las fuerzas españolas al ser derrotadas en la batalla de Ayacucho, en 1824.
Monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho que definió la independencia de los países americanos.
Los resultados de esa rebelión ensombrecieron la situación social y política a tal punto que en la América española no se presentaría otra coyuntura rebelde de esa magnitud como producto de fuerzas endógenas. Las producidas hacia fines de las dos décadas iniciales del XIX tuvieron la ventaja de ser generadas por las condiciones que se presentaron en la metrópoli (1808-1814 y 1820). Aun así, no se produjo un movimiento generalizado y sincronizado y más bien los levantamientos fueron “regionales”. La iniciativa fue ganada por las zonas “marginales”. En el Alto y Bajo Perú, Chile y la zona del Plata, la constante fue una contraposición a la capital virreinal peruana identificada desde tiempo antiguo como la metrópoli visible. Esta fase regionalista fue doblemente separatista. La idea emancipadora con respecto a la metrópoli ultramarina iba unida a la de creación de un régimen separado del resto de los dominios españoles.
A partir de 1816, en una segunda fase, surgió la posibilidad real de crear un macrorrégimen compuesto por los dominios españoles en América. Ambas fases constituyeron grandes alternativas pero al mismo tiempo tuvieron poderosas limitaciones. La falta de unidad de criterios en los planteamientos y de consenso en los programas de acción al interior de los distintos segmentos americanos condujo al fracaso a los levantamientos separatistas. En unos casos (el peruano, por ejemplo), incluso impidió la formación de un movimiento que salvase las barreras estrictamente locales, salvo en 1814, año que marca el final de los intentos internos peruanos por lograr la independencia con fuerzas propias. En adelante, hubo que esperar la intervención solidaria de los recientemente formados países vecinos. La misma falta de unidad y consenso, pero a nivel continental, hizo imposibles los esfuerzos bolivarianos por crear una patria grande americana.
V LA NUEVA COYUNTURA REBELDE
No fue el Perú precisamente un observador pasivo al momento de la independencia. Más bien los hechos confirman manifestaciones decididas a lo largo de décadas anteriores a la gesta. Desde la primera parte del XVIII, en el Alto y Bajo Perú se dieron los primeros programas políticos anticoloniales, siendo el Alto Perú (1809) el primero que se manifestó por la autonomía. Empero, el hecho de haber permanecido relativamente inactivo al momento de la separación política efectiva, ha dado pie a interpretaciones que aseveran la falta de decisión peruana para emanciparse. Sin embargo, este fenómeno se produjo en condiciones específicas que se analizan en este capítulo.
promisos. En la realización de la rebelión aparecían curacas como los principales responsables, en tanto los criollos se mantuvieron a la espera de los resultados y luego de la masacre de Sangarará se retiraron oportunamente. Convencidos de la necesidad de separarse de España, los criollos pensarían ahora más de una vez antes de convocar a la población indígena. Temerosos de un desborde social de la magnitud que alcanzó en 1780 (en especial en el Alto Perú), los criollos buscaban nuevas fórmulas para lograr su objetivo. En el Perú no tuvieron gran repercusión los sucesos haitianos de 1791 por la sólo relativa presencia de la población negra. En este contexto cambió la actitud de los criollos LOS CRIOLLOS, LOS INDIOS para con la población indígena. A fin de mantener Y LA INDEPENDENCIA el control del movimiento y evitar el desborde popular, los criollos se convencieron de la necesidad La lección más importante sacada por los secto- de ponerse al frente del movimiento ocupando res criollos luego de la coyuntura rebelde de 1770- abiertamente la dirección. Mientras en las rebelio1780 se relacionaba con los participantes en las ac- nes del siglo XVIII se trató de contar desde un princiones venideras. Si bien cipio con la presencia de elementos indígenas, en es cierto que se presentaba la oportunidad de las del XIX los dirigentes criollos buscaron incoradaptarse a las nuevas condiciones impuestas porar representantes indígenas a las juntas sólo por los borbones, en última instancia se tenía en un segundo momento como ineludible un rom(O’Phelan 1985: 156pimiento político con 157, 163). España. Debe diferenciarse la actitud de los criollos, en Durante el siglo XVIII sectores propietarios ruespecial entre limeños y provincianos. Mientras rales y urbanos habían pretendido una separalos primeros se hallaban más propensos a un ención utilizando para ello a la población indígena tendimiento con la corocomo fuerza principal y a na, los segundos estuvieron más decididos a sepacuracas en la dirección y conducción del levantararse de España. A partir de 1814, sin embargo, los miento. La rebelión tupacamarista mostró diáfacriollos de las provincias namente los peligros que sur andinas imitaron a traían consigo estos com- Soldado y “rabona” en una acuarela limeña del siglo pasado. los capitalinos. En el cen-
tro y el norte se mantuvo la separación como una alternativa. Por regla general, ya en la fase final (desde 1814), los criollos se manifestaron leales o rebeldes en función de las fuerzas predominantes en un lugar. En el siglo anterior se quiso reeditar la acción de los tiempos de la conquista del Tahuantinsuyo y guerras civiles entre los conquistadores. En esa oportunidad (y en muchas otras) los ejércitos de los conquistadores iban escoltados por otros de indios “amigos” o “aliados”. Esos destacamentos de nativos fueron, probablemente, los principales combatientes en los encuentros. Era evidente que para enfrentar a un poder como el español, se necesitaría un ejército –sobre todo en el Perú– que debía componerse de indígenas, de la misma manera que el ejército colonial. Las fuerzas con que José Manuel de Goyeneche aplastó a la junta de La Paz contaron con el apoyo de los curacas realistas Mateo Pumacahua y Manuel Choquehuanca. Pese a sus reticencias, los criollos tuvieron que aceptar la idea de “aliarse” con curacas. En un principio la junta de La Paz de 1809 no había considerado incorporar a la elite indígena en calidad de aliada. Sin embargo, al quedar claro que los criollos carecían de fuerzas propias, tuvieron que convocar a representantes indios de Yungas, Omasuyos y Larecaja (Arze 1979: 107-109). En la forma en que realmente se dieron las luchas, la población indígena fue imprescindible. Ya como soldado de línea, ya como guerrillero, el indígena peruano integró los ejércitos de los insurgentes y del rey. Luego de la independencia siguió participando en las numerosas y enredadas luchas intestinas y externas. En la práctica, el acercamiento de los insurgentes y realistas a la población indígena fue muy medido. Las “alianzas” se dieron sólo a nivel de determinados curacas y por el tiempo preciso para los fines de movilización de tropas y la labor de secundar a los líderes insurgentes o realistas en un levantamiento dado (O’Phelan 1985: 173). La población indígena tenía sus propias reivindicaciones, mas no las posibilidades de lograr sus cometidos. Los motivos de sus quejas eran evidentes y venían arrastrándose a lo largo del régimen colonial. Su oposición a dicho régimen incluía la defensa de sus tierras, la lucha contra el trabajo forzado en unidades productivas y las cargas fiscales, lo que produjo una contradicción social fundamental entre el campesinado indígena y los sectores dominantes, fuesen españoles o criollos. Al carecer de sustento
político, sus proyectos sociales pretendían destruir el orden existente pero sin proporcionar una perspectiva viable. El referente más conocido era el orden prehispánico y, por ello, no debe extrañar que sirviese de guía en numerosas ocasiones (la llamada utopía andina) (Bonilla-Spalding 1972; Flores Galindo 1987b). En la práctica, todos los proyectos de ese momento tuvieron, en mayor o menor grado, un carácter anticolonial. No podía ser de otra manera desde fines del siglo XVIII. Ya habían quedado atrás las luchas por alguna reivindicación específica, en especial las revueltas llamadas antifiscales. Hubo numerosas manifestaciones, aunque muchas de ellas quedaron en la fase conspiratoria. No obstante tener definida la dirección anticolonial (aun con disidencias), los movimientos no son muy claros en cuanto el régimen a implementar luego de alcanzada la victoria.
LOS PROGRAMAS DE LUCHA Un aspecto claro era que debía permanecer el mismo orden de jerarquías. Al margen de los resultados militares, la nueva sociedad reproduciría la misma escala de subordinaciones que la colonia. El móvil inmediato era revertir la situación anterior y asumir la “herencia” plasmada en las estructuras de poder que dejaban las autoridades virrreinales. Es decir, se planteaba una transferencia del poder sin modificar las estructuras coloniales vigentes en el interior (Manrique 1995). Scarlett O’Phelan encuentra determinadas constantes en los programas políticos de los movimientos en el sur andino (1985: 166). Para los movimientos del siglo XIX ya ha dejado de tener peso la idea de coronar un inca. Esto se debe a la circunstancia anteriormente indicada: la dirigencia no debía ser indígena. La excepción la constituye el levantamiento cuzqueño de 1805 –temprano con relación a la etapa final de las luchas– que pretendió poner a Manuel Valverde y Ampuero a la cabeza del movimiento por ser descendiente de los incas. En este período se mantiene vigente la necesidad de una alianza con la elite indígena, pero sin otorgarle un papel protagónico. Resalta también la actitud de las partes insurgentes para con la iglesia. Por lo general, la iglesia y el clero debían conservar sus posiciones privilegiadas en un eventual nuevo régimen. Por el papel que jugaba la iglesia en la vida cotidiana, no se concebía una sociedad sin su participación activa. Prácticamente todos los proyectos in-
cluyeron, implícita o explícitamente, a la iglesia co- hua en 1814 fue sólo nominal y obedecía al amplio mo uno de los pilares para la construcción de la apoyo que brindaba al movimiento (O’Phelan 1985: 185-186). nueva sociedad. De ahí que los levantamientos incluyeran a cuEn cuanto a las bases económicas, los programas ras doctrineros en sus mandos o, al menos, en co- contemplaban tan sólo ciertas modificaciones; más misiones de confianza (redacción y difusión de pro- vinculadas con las cargas fiscales que con las misclamas). Máxime cuando el bajo clero cooperó mas actividades productivas o comerciales. Estos abierta y frecuentemente con la lucha anticolonial. cambios eran muy selectivos y estaban en función Clérigos criollos y mestizos tuvieron una gran capa- de los intereses de los criollos. Se privilegiaron las cidad de convocatoria (inclusive, sin los riesgos que transformaciones concernientes a las aduanas, alcatraían consigo los curacas) y su dominio de las len- balas, tráfico comercial, monopolios estatales, etc. guas nativas los hacían doblemente valiosos. Algu- En cambio, no hubo interés en resolver los problenos de ellos tuvieron mando de tropas, como por mas que aquejaban a la población indígena. Entre ejemplo el cura agrarista Ildefonso Muñecas y Alu- sus demandas no se encontraban, por ejemplo, la ralde en el Alto Perú. eliminación de la mita, del tributo, de las relaciones De otro lado, un elemento constitutivo esencial serviles, ni mucho menos, abandonar la dependenen los programas fue el rechazo a los peninsulares. cia de las exportaciones de materias primas mineras La oposición a los “godos” o “chapetones” sirvió y agrícolas. para aglutinar a los criollos y mestizos, sobre todo durante el virreinato de Fernando de Abascal, quien LOS SUCESOS ESPAÑOLES fuera especialmente adverso a los criollos en las co- Y LAS CORTES DE CÁDIZ locaciones burocráticas. Precisamente, la separación venía a ser una inmejorable oportunidad para Una situación por demás extraordinaria se prerealizar su anhelo de acceder a los cargos políticos sentó en 1808 con la invasión napoleónica a la pemás prominentes (O’Phelan 1985: 181-182). nínsula ibérica. América resultaba colonia de un EsPese a lo dicho, los criollos no vieron siempre a tado que había dejado de existir. De inmediato Nalos peninsulares como adversarios. La colaboración poleón estableció un nuevo régimen al que le dio vifue más frecuente que el enfrentamiento, y demos- sos de continuidad, a fin de evitar un vacío que putraron solidaridad aun cuando los peninsulares fue- diese ser capitalizado por su rival inglés para tomar ron perseguidos y sus bienes confiscados por el mi- posesión del imperio colonial español. nistro Bernardo Monteagudo en 1821. Inmediata fue también la reacción del pueblo esLa población indígena tampoco era precisamen- pañol contra los invasores galos. Ya en mayo de te muy afecta a los peninsulares, pero no diferencia- 1808 se formaron las juntas provinciales para la reba bien entre españoles peninsulares y americanos. sistencia. En ese contexto fueron convocadas las Tal vez porque ellos mismos no se diferenciaban en cortes generales y extraordinarias en Cádiz. España sus tratos al común de los indios. daba un mal ejemplo a sus propias colonias. Estas antipatías sociales y étnicas impidieron la Los dominios americanos fueron invitados a discelebración de alianzas sociales (y no solamente po- cutir las bases del nuevo régimen español monárlíticas entre dirigentes) en la gesta emancipadora. quico constitucional. El virrey Abascal cumplió de Las estructuras coloniales político-administrati- mala gana con convocar a elecciones de diputados. vas serían mantenidas intactas en el nuevo régimen. De todas maneras se llevaron a cabo cabildos abierCambiarían las autoridades y alguna que otra deno- tos en Lima, Cuzco, Guayaquil, Chachapoyas, Truminación de los cargos. Los movimientos procedían jillo, Tarma, Piura, Arequipa, Puno y Huamanga. inmediatamente al reemplazo de autoridades. Con Por falta de recursos, los diputados electos por el esa medida se iniciaron los levantamientos de La Perú llegaron sólo para firmar la constitución: FranPaz (1809) y el Cuzco (1814). Los subdelegados cisco Salazar (Lima), José Joaquín Olmedo (Guayaque apoyaban la causa insurgente podían mantener- quil), Juan Antonio Andueza (Chachapoyas), Pedro se en sus puestos. Así sucedió en el Cercado del García Coronel (Trujillo), José Lorenzo Bermúdez Cuzco, Urubamba, Abancay y Quispicanchis. En La (Tarma), José Antonio Navarrete (Piura) y Mariano Paz se marginó a todos los no criollos (inclusive el Rivero (Arequipa). mestizo Pedro Domingo Murillo fue separado de la Representaron al Perú cuatro diputados que se conducción). El cargo político otorgado a Pumaca- hallaban en ese momento en España. Ellos fueron
Vicente Morales Duárez de la Sociedad Amantes del País (recién nombrado alcalde del crimen de Lima), quien falleció al poco tiempo; Blas Ostolaza (canónigo de Trujillo, conservador monarquista); Dionisio Inca Yupanqui (cuzqueño de sangre incaica, militar, coronel de un regimiento de dragones con opaca figuración en las cortes) y Ramón Feliú (abogado del foro limeño). Sólo el 20% de diputados representaba a las colonias en Cádiz. A pedido de los diputados americanos, las cortes decretaron la igualdad de derechos entre americanos y peninsulares y amnistía para los participantes en alzamientos por la independencia (15 de octubre de 1810), libertad para las actividades agropecuaria e industrial, igualdad de derechos para ocupar cargos, sin distinción de clases, categorías o castas (16 de diciembre de 1810), prohibición de maltrato a los indios (5 de enero de 1811), libertad de comercio en azogue (26 de enero de 1811), libertad de imprenta (18 de abril de 1811), abolición de la mita y el reparto de tierras entre los indios (9 de noviembre de 1812). No aceptaron, en cambio, la libertad de comercio ni que la mitad de los empleos en cada reino fuese cubierta por los patricios locales. Tampoco se aceptó restituir a los jesuitas (Pareja 1954: 401-405; Berruezo 1986). Al informar en 1811 al cabildo limeño acerca de sus gestiones, los diputados peruanos resaltaban el hecho de la obtenida libertad en la agricultura e industria: “Y cuando los campos del Perú se hallen colmados de todos los frutos que la naturaleza les brinda; cuando por todas partes se vean las fábricas y talleres a que convidan las circunstancias, la preciosidad de las primeras materias y la disposición de
Vicente Morales Duárez, hombre de leyes y profesor en la Universidad de San Marcos, quien participó en las cortes de Cádiz.
los naturales; y cuando por las consecuencias necesarias de este orden de cosas todo tome un nuevo aspecto en el Perú, nosotros nos gloriaremos de haber sabido aprovechar la situación en que nos ha colocado la providencia para poner la primera piedra de este edificio tan grandioso como nuevo e inesperado”. Con menos entusiasmo comunicaron la abolición del tributo. En marzo de 1812 las cortes promulgaron la Constitución monarquista y liberal. En octubre se hizo lo propio en el Perú muy a duras penas, como antes se había establecido la libertad de imprenta. Las cortes continuaron dictando leyes complementarias hasta el 20 de setiembre de 1813. Sin embargo, luego de que su pueblo derrotara a los franceses, Fernando VII derogó la Constitución y reimplantó el absolutismo. Éste nunca se había ausentado de América; en especial, del Perú.
LOS LEVANTAMIENTOS El “silencio” fue roto en 1805 por un intento separatista en el Cuzco. Se trata de un movimiento realmente temprano y “fuera del libreto” por su composición. La conspiración del mineralogista de inspiración mesiánica José Gabriel Aguilar y del abogado de la audiencia Manuel Ubalde abortó por una delación. El plan de estos criollos contaba con el apoyo del regidor Manuel Valverde y Ampuero (mestizo descendiente de los incas) y de diversas personas entre criollos, mestizos e indios principales. Los dos cabecillas fueron ahorcados; el resto sufrió condenas de destierro y reclusión (Fisher 1982;
nio de 1811 las derrotó Durand 1993b; Flores Galindo 1987a). en Huaqui el general Goyeneche, presidente Con la caída de la monarquía española, de la audiencia del Cuzco. El general crioel virrey Abascal asumió la continuidad llo Pío Tristán persicolonial absolutista en guió a los insurgentes el Perú. En tanto, el en la zona del Plata. Alto Perú fue presa de El Perú se consagraba como el bastión una peligrosa incertidumbre. A los sucesos realista. Abascal asumió atribuciones reade insubordinación en Chuquisaca en mayo lengas; inclusive, nombró un virrey para de 1809, siguió la junta tuitiva defensora de Nueva Granada. Cada los derechos de Fervez era más claro para nando VII en julio de los insurgentes en Vista interior de la casa de Francisco de Zela en Tacna. ese mismo año en La América que se debía Paz. Las nuevas autoridades (con el mestizo Pedro quebrar el poderío español en el Perú para asegurar Domingo Murillo) procedieron a eliminar las alca- la independencia continental. Los criollos de las ciudades principales adoptabalas. El virreinato peruano asumió la defensa de la co- ron una actitud de espera, en tanto en zonas menos lonia contra los “defensores” del monarca español. centrales la inquietud era latente. En el sur andino El ejército peruano (compuesto por criollos y cura- la situación era potencialmente explosiva. En mucas con sus respectivos indios y dirigido por el in- cho se veía la oportunidad de enfrentarse a Lima. tendente de Huarochirí coronel Juan Ramírez y el En 1812, por ejemplo, Mariano de Rivero solicitó general y presidente interino de la audiencia cuz- unir Arequipa a la audiencia del Cuzco (Fisher queña José Manuel de Goyeneche), con el apoyo 1982: 312). económico de los criollos arequipeños, emprendió Esta idea de reunificación del espacio regional y la campaña contra la junta paceña. El 25 de octubre liberación de la hegemonía limeña estuvo presente de 1809 vencieron a los insurgentes, 86 de los cua- en los movimientos tacneños de 1811 y 1813. El les fueron ejecutados. Al frente de tres mil hombres, avance de las tropas platenses en el Alto Perú animó Mateo Pumacahua aplastó la rebelión del cacique a un grupo de criollos de Tacna, que el 20 de junio Manuel Cáceres en La Paz. Continuó, no obstante, de 1811 asaltó los cuarteles de la milicia bajo la conuna resistencia de carácter rural e indígena hasta ducción de Francisco de Zela Amézaga. Entre los 1816, cuando Goyeneche actuó también contra los conspirados se encontraban numerosos criollos, el curaca de Tacna Toribio Ara, el de Pupuja Felipe insurgentes rioplatenses. Una experiencia similar se produjo en el otro ex- Capuja y varios indios principales. Este alzamiento tremo del Perú. En agosto de 1809 se formó en Qui- no prosperó porque la ayuda que debía llegar de to la junta gubernativa conservadora de los dere- parte de los bonaerenses se frustró por la derrota de chos de Fernando VII. Nuevamente tropas enviadas Huaqui. La represión, sin embargo, no fue tan ejempor Abascal aplastaron el levantamiento. Guayaquil plificadora, limitándose a penas de prisión para los pasó a ser administrado directamente desde Lima. cabecillas (Seiner 1989). También marginal pero más amplia resultó la Cuando en diciembre de 1811 Quito se declaró libre, desde Lima se enviaron fuerzas que vencieron a manifestación de la población criolla e indígena de Huánuco en febrero de 1812, en la cual los indios los insurgentes en 1813. A partir de 1810 se sucedieron los intentos inde- de Huánuco, Panatahuas y, sobre todo, de Huamapendentistas en distintos puntos de la Nueva Grana- líes participaron desde un principio y con iniciativa da y el Río de la Plata. Tropas enviadas por los insur- propia. Dado que en esta zona primaban los alcalgentes de Buenos Aires vencieron a las fuerzas rea- des de indios sobre los curacas, no fue importante listas en el Alto Perú hacia noviembre de 1810 y lle- la lucha interna entre los dirigentes indígenas. Ingaron al río Desaguadero en el Collao. El 20 de ju- clusive, a diferencia de otros movimientos en el sur,
A comienzos del siglo XIX las insurrecciones contra la autoridad española se multiplicaron en diversas localidades del Perú colonial, en parte inspiradas en los movimientos rebeldes platenses. En Tacna, bajo la dirección de Francisco de Zela, un grupo de conspiradores tomó el cuartel de la milicia, aunque fue finalmente reprimido. Catedral de la ciudad de Tacna.
en Huánuco participaron los indios yanaconas de haciendas. Al ser marginal, no pesaba tanto como en el sur andino el temor a la población indígena y pudo darse una “alianza” de criollos con indios desde el inicio. Mas, con todo, rápidamente los criollos deslindaron posiciones. Luego de la victoria indígena, y después del saqueo, sobrevino la sustitución de autoridades coloniales por Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez. Los criollos se mostraron dubitativos: permaneciendo leales, crearon sin embargo la junta gubernativa paralela que integraron Domingo Berrospi, Juan José Crespo y Castillo y Juan Antonio Navarro, y escribieron al virrey anunciándole que su actitud había sido forzada por las circunstancias y que estaban tomando medidas para acabar con el levantamiento. Los pasquines difundieron el programa expuesto en un manifiesto. Tanto los problemas comerciales como el estanco del tabaco eran la base para la unión entre criollos, mestizos e indios, aunque estos últimos tenían además sus propias quejas contra el manejo comercial del subdelegado, la mita y tierras. En Huamalíes se enfrentaron los indios a los criollos y mestizos. Un componente importante y diferenciador fueron los indios del obraje de Quivilla y el ataque a haciendas y estancos, liderados por el indio huanuqueño –compadre de Crespo y arrendador de tierras– Norberto Haro. La facción del mestizo Mirabal capturó a los principales dirigentes indios y Haro fue condenado a muerte. La zona estaba militarizada desde tiempos de Juan Santos Atahualpa y esto permitió a las fuerzas virreinales actuar con rapidez. En marzo de 1813 las expediciones punitivas del intendente de Tarma González Prada recuperaron Ambo y Huánuco, a lo que siguió una represión despiadada. Los dirigentes Crespo, Haro y Rodríguez fueron ejecutados; fray Marcos Martel Durán fue desterrado a España y los demás indios principales debieron cumplir penas en el Callao o trabajos forzados en los socavones de Cerro de Pasco (Temple 1971; Chassin-Dauzier 1981).
En una nueva incursión rioplatense al Alto Perú –encabezada por Manuel Belgrano–, los insurgentes consiguieron una resonante victoria sobre Pío Tristán en Tucumán, en setiembre de 1812. Posteriormente, en octubre y noviembre de 1813 las fuerzas españolas, ahora encabezadas por el general Joaquín de la Pezuela, derrotaron a las huestes de Belgrano. En esa oportunidad, los bonaerenses habían enviado emisarios a distintos pueblos del Alto y Bajo Perú para provocar un alzamiento general que, obviamente, no se produjo. El único lugar donde hubo cierta resonancia fue nuevamente Tacna, donde actuaron los hermanos Juan Francisco y Enrique Pallardelle con Juan Peñaranda (en Tarapacá). Mientras en el Alto Perú eran derrotadas las tropas de Belgrano, el 3 de octubre en Tacna los conjurados se apoderaron de la ciudad. La represión estuvo a cargo del intendente de Arequipa José Gabriel Moscoso. Al enterarse de lo ocurrido con Belgrano, los insurgentes se retiraron al Alto Perú (Seiner 1989). La situación fue cambiando conforme pasaban los años de incertidumbre, al tener España un régimen constitucional y el Perú uno absolutista. La negativa de publicar y jurar la constitución por parte de la audiencia cuzqueña fue usada por los criollos como pretexto para protestar. Un grupo de treinta personalidades, encabezado por Rafael Ramírez de Arellano, presentó un memorial exigiendo la juramentación de la constitución y elecciones al cabildo constitucional. La respuesta de la audiencia fue detener a Arellano en febrero de 1813. Los liberales del cabildo lograron su libertad. En estas condiciones se fue formando el mayor movimiento separatista que sacudiera el sur: la rebelión de 1814. No logró, empero, conseguir apoyo fuera del ámbito regional. Lo lideraron los herma-
La expedición a Huamanga estuvo a las órdenes nos hacendados Vicente y José Angulo, el clérigo José Díaz Feijóo, Gabriel Béjar y Manuel Hurtado de Manuel Hurtado de Mendoza. Logró tomar fácilde Mendoza, quienes fueron apresados en plena mente la ciudad y extender su influencia a Huancaconspiración. Como el movimiento había estableci- velica, Huancayo, Jauja y Tarma. En Huanta, el 30 do redes en diversos sectores, las tropas se subleva- de setiembre, las tropas rebeldes fueron derrotadas ron el 2 de agosto y detuvieron al presidente, re- por el batallón Talavera al mando del coronel Vicengente y oidores de la audiencia, con excepción del te González. Pero ya en octubre la lucha se había oidor Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien fue libe- reiniciado con nuevos ataques a Huanta y Andarado por su actitud indulgente con los líderes del huaylas (enero de 1815). Nuevamente fueron vencidos cerca de Huancavelica. Interesante es anotar movimiento. Se formó una junta gubernativa que se declaró que surgieron partidas de montoneros en Cangallo leal a Fernando VII. En un primer momento estuvo que permanecerían activas hasta la batalla de Ayaconformada por el cacique Mateo Pumacahua y los cucho. Un último intento por volver a tomar Huacriollos coronel Domingo Luis Astete y teniente co- manga, al mando de José Manuel Romano (llamado ronel Juan T. Moscoso. A la semana, empero, estos “Pucatoro”), fracasó por la traición al interior del dos últimos fueron sustituidos por los hermanos movimiento. Angulo. Inmediatamente emprendieron el plan de El brigadier Pumacahua dirigió la incursión a acciones que habían elaborado en la clandestinidad: Arequipa. Bajo su mando iban 500 fusileros, un reatacar en tres frentes a las fuerzas realistas (Alto Pe- gimiento de caballería y 5 mil indios. Estas fuerzas rú, Huamanga y Arequipa). lograron doblegar a las que comandaba el mariscal La primera expedición partió en agosto de 1814 Francisco Picoaga en la batalla de Apacheta en nohacia el Alto Perú. En setiembre, luego de incre- viembre de 1814. Se les abrieron las puertas de la mentar sus fuerzas en el Desaguadero, impusieron ciudad donde el cabildo tuvo que recibir al curaca. el cerco y tomaron La Paz al mando de León Pinelo Contra los rebeldes fue enviado el general Ramírez, y del cura guerrillero Ildefonso Muñecas. Empero, viéndose precisado Pumacahua a salir de Arequipa. las tropas realistas del general Juan Ramírez llega- Ramírez tomó la ciudad y en diciembre la puso badas desde Oruro vencieron a los rebeldes el prime- jo el mando del general criollo Pío Tristán. El enro de noviembre. cuentro crucial se produjo en Umachiri el 11 de marzo de 1815. Ramírez venció ampliamente a los rebeldes y celebró el triunfo fusilando a un grupo de prisioneros. Entre ellos se encontraban el coronel Dianderas, el curaca de Umachiri, el auditor de los rebeldes y el gran poeta arequipeño Mariano Melgar. A continuación fue capturado Pumacahua. En un juicio sumario Ramírez lo condenó a muerte, a pesar del pasado leal que tenía el curaca, al menos, desde la rebelión tupacamarista. La condena se cumplió el 17 de marzo: horca y posterior descuartizamiento. Con estos triunfos, Ramírez ingresó al Cuzco y el 29 de marzo procedió a fusilar a los hermanos Angulo y a los demás jefes de la insurrección. Siguieron amplias represiones en todo el sur andino tanto para desactivar a las unidades aisladas que seguían combatiendo en Chumbivilcas, Caylloma y Chuquibamba, al mismo tiempo que para sembrar el terror entre la población criolla, mestiza e india. La región quedó apaciguada luego del encuentro en Paucarcolla el 26 de mayo (Aparicio 1974; Cahill 1988; Durand 1985 y 1993b; Fisher 1982 y 1984; Lynch 1976; O’Phelan 1985). La ciudad de Arequipa en el siglo XIX.
La derrota de los rebeldes en el sur significó el triunfo de la corona y de... Lima. El Cuzco no fue capaz de articular un movimiento suprarregional. De otro lado, funcionó nuevamente la exitosa práctica de dividir a la población por razas y dentro de cada raza. Las tropas rebeldes se habían enfrentado principalmente a fuerzas indígenas. Las bases escaparon otra vez al manejo de las dirigencias. El desborde hizo recordar al producido treinta años antes cuando el conflicto étnico-social se interpuso al deseo político de los inspiradores criollos del movimiento. A diferencia de entonces, en 1815 los criollos no pudieron esconderse. La lección fue aprendida en carne propia por el grupo insurgente. Frente a la amenaza a la armonía social, económica, política y cultural, el mantenimiento del pacto colonial apareció así como la única garantía verdadera del orden establecido. Se aunaba a ello el que la fidelidad a España parecía poder asegurar el retorno a la situación anterior a la puesta en marcha de las reformas. Para ese entonces, el Perú resultaba una de las escasas posesiones españolas debidamente controladas por la metrópoli, donde los criollos podían esperar prebendas especiales del régimen. En Lima y las provincias sureñas se siguió por ello siendo realista y financiando la contrarrevolución. A su vez, esta circunstancia obligaba al fidelismo a los criollos. Mientras más recursos entregaban a la corona, más interesados estuvieron en su triunfo final. Una alternativa podía ser que un nuevo régimen garantizase la devolución (con creces) de estos recursos. Si aseguraba también un control social, podrían pensar en darle su apoyo (Bonilla 1982; Flores Galindo 1984, 1987a; Fisher 1982; Hamnett 1978; Lynch 1976; Melzer 1980).
CONSPIRACIONES CRIOLLAS La actuación rebelde de los criollos limeños no fue decidida ni decisiva. Por lo general, se trató de reacciones ante estímulos insurgentes de otras regiones del Perú y América. Cautelosos, los criollos de Lima no se manifestaron abiertamente contra el dominio español. A lo más, hubo movimientos conspirativos que indefectiblemente abortaron, sea por haber sido descubiertos o por abandonar el proyecto sus mismos protagonistas. La conspiración de Anchoris descubierta en 1810 se promovió, por ejemplo, ante las noticias del levantamiento de La Paz (O’Phelan 1985: 159; Anna 1975 y 1979).
La aristocracia limeña hacia fines del período colonial estuvo compuesta no solamente por una nobleza de sangre, sino además por representantes de diversa procedencia social, especialmente comerciantes. Estrictamente hablando, muchos no pertenecían al círculo privilegiado, vinculado a los favores coloniales que España garantizaba. Sus devaneos conspirativos y participación en sociedades discretas fueron de poca trascendencia. Al momento de las decisiones optaron por aceptar el poder que se establecía en la capital a fin de salvar el pellejo. Muchos de ellos murieron en la fortaleza del Callao en 1824-1826 (Flores Galindo 1984; Rizo Patrón 1992). Lo que hubo en Lima fue una guerra de papel. Numerosos pasquines contra las aduanas, impuestos, absolutismo, etc. La crisis generó una suerte de “espíritu crítico” como singular capacidad para la autodenuncia (Lohmann 1964: 434-446; Basadre 1973: 67). En el marco de las reformas metropolitanas a principios del XIX, la aristocracia limeña se contentaba con una mayor participación en el gobierno colonial. Una especie de cogobierno. Sobre todo considerando que el régimen en el Perú se volvía cada vez más enérgico ante los rebeldes. Las quejas de los criollos eran limitadas tanto en número como en calidad. La misión a la corte madrileña de José Baquíjano y Carrillo de parte del cabildo limeño realizada en 1793-1802 se circunscribió a algunas propuestas regionalistas y descentralizadoras: un tercio de los cargos de las audiencias para los peruanos, incremento de facultades de los cabildos, mayor representación criolla en el tribunal del Consulado y derogatoria del reglamento de comercio libre. Otras comisiones similares buscaron la concesión de cupos para los criollos en las instituciones coloniales, restituir purificados los corregimientos, eliminar las alcabalas a ciertos productos, etc. (Basadre 1973: 77-78; Burkholder 1980). Desde ya, las elites criollas limeñas se habían ambientado a las nuevas condiciones. En lo político, lograron acomodarse para aprovechar los espacios que el régimen de intendencias les permitía. En lo económico, algunos comerciantes lograron incluirse en los negocios más lucrativos de exportación hacia la metrópoli y el comercio negrero. Los grandes comerciantes diversificaron sus actividades. Poseían haciendas en Lima que abastecían el mercado local y producían alfalfa para el forraje de las acémilas de arrieros (Burkholder 1972: 400-402; BurkholderChandler 1984: 103-106; Mazzeo 1994).
Fue esta elite comercial y funcionaria la que aportó recursos financieros para el sostenimiento de la monarquía desde las guerras del XVIII. El apoyo se hacía esperando (y obteniendo) beneficios económicos y sociales. Cada donativo o préstamo fortalecía la dependencia política de la elite limeña criolla y peninsular. El resultado fue una conjunción de intereses entre ambas partes que provocó la alianza política manifiesta a la hora de la crisis colonial (Melzer 1980).
LA ILUSTRACIÓN Y LA PROTESTA La expulsión de los jesuitas apartó a los más notables partidarios del conocimiento escolástico y facilitó así la amplia introducción de nuevos enfoques sobre el conocimiento. Hacia fines del XVIII el escepticismo de la autoridad, la observación de la naturaleza, la experimentación y el análisis basado en el razonamiento inductivo habían transformado el bagaje intelectual de las colonias. Con la salida de los jesuitas y la crisis de la Universidad de San Marcos surgieron nuevos centros extrauniversitarios, donde se dictaban cursos de Derecho Natural y de Gentes, y se difundió la lectura de textos prohibidos. Apareció el intelectual alienado: una minoría ilustrada forjada principalmente en el Convictorio de San Carlos, de gravitante actuación en los debates de la independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector de San Carlos desde 1797 e inculcó ideales republicanos a varias generaciones de peruanos (Basadre 1973: 86-88). En la segunda parte del XVIII se tiene una mayor conciencia de sí. Diversos escritos muestran una preocupación de criollos y españoles residentes en el Perú por la suerte que corría la colonia. Ya en 1742 el capitular Victorino Montero había escrito un opúsculo sobre la situación del Perú y la necesidad de mejorar algunos aspectos. En 1760 Llano Zapata exaltaba la riqueza y excelencias americanas. La expresión más amplia de ideas ilustradas en el Perú fue el Mercurio Peruano, quincenario publicado en Lima entre 1791 y 1795 por la So-
ciedad Académica Amantes del País quienes, como hijos del racionalismo y defensores del progreso, trataron de proveer a los peruanos de conocimientos útiles de su región e información relevante para sus vidas diarias. Propagaron técnicas mineras eficientes y analizaron el comercio virreinal. La erudición desplegada no estuvo exenta de posiciones políticas y la necesidad de un cambio atraviesa sus influyentes páginas. Sin embargo, la situación política (en especial, la revolución francesa) hizo fracasar este proyecto tan auspicioso (Martínez Riaza 1985; Hampe 1988; Zamalloa 1993). Con la gran rebelión de 1780, la necesidad de encontrar salidas a la crisis fue más acuciante. En 1782 la iniciativa partió de un corregidor y comerciante español, muy conocedor de la realidad colonial: Alonso Carrió de la Vandera, quien ya había escrito una descripción novelada hacia 1775 (El lazarillo de ciegos caminantes). En el nuevo opúsculo, Carrió presenta un plan alternativo para el país, proponiendo una serie de reformas (sobre todo en el trabajo) que, según él, debía corregir el equivocado rumbo con que se conducía la colonia. En ese tiempo llegaron diversas expediciones científicas oficiales y se crearon instituciones académicas especializadas. Por ejemplo, destaca la expedición botánica de Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón y la creación de la escuela de medicina y el colegio de abogados. Una muestra de las diversas propuestas criollas fue la “Carta a los españoles americanos”. La escribió el jesuita peruano exiliado Juan Pablo Viscardo y Guzmán y se divulgó manuscrita en círculos criollos, antes de su impresión hacia 1798. En su visión, se necesitaba la unión de la población peruana contra el enemigo común. La masonería jugó un papel relevante en la preparación y la conducción de la independencia. La primera logia en Lima fue detectada en 1751 y a tra Juan Pablo Viscardo y Guzmán, jesuita exiliado, autor de la célebre “Carta a los españoles americanos”, que expresaba el punto de vista de los criollos respecto a la emancipación.
vés de ella América española recibió una creciente influencia de países como Inglaterra y Francia (Fernández 1988).
POLITIZACIÓN DE LAS ELITES CRIOLLAS A fines de los tiempos coloniales se aprecia un mayor grado de sociabilidad. Desde las primeras juntas de 1808 y la invitación a las cortes, las tertulias en casas y las discusiones en cafés y chinganas cambiaron sus temas centrales. Se introduce el debate político en torno a los sucesos de la península y las regiones rebeldes en América. Los cambios se veían llegar y esto creaba expectativas en los distintos componentes de la sociedad –en especial, en las ciudades y villas–, sobre todo cuando las autoridades locales cumplían sólo parcial y selectivamente los mandatos de las cortes (elecciones, libertades, aboliciones) (Burkholder-Johnson 1990: 295-297). La libertad de imprenta dio un nuevo y vigoroso impulso a la discusión de ideas. Surgió en 1811 el Una pulpería limeña de la primera mitad del siglo XIX. primer periódico, El Peruano, editado por Guillermo del Río y redactado por el acaudalado comerciante español Gaspar Rico. Se dedicó a expresar el ros, Fernando López Aldana, Manuel Salazar y Bamalestar contra el régimen español, aunque no se quíjano y Manuel Villalta. Abascal reunió a otro pronunció abiertamente por un rompimiento y al grupo de intelectuales para contrarrestar la tendenaño siguiente tuvo que cerrar. Le siguió el Satélite cia protestante, creándose así El Verdadero Peruano del Peruano (febrero-junio de 1812), redactado por (setiembre 1812-marzo 1813). Colaboraron los un grupo aristocrático que no propuso una alterna- conservadores (luego colaboradores de la indepentiva independiente. Su moderación excesiva (com- dencia) José Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, prensible en las condiciones del gobierno de Abas- José Manuel Valdez, José de Larrea y Loredo, José cal), lo hizo más bien un órgano mediatizado. Estu- Joaquín de Larriva, Félix Devoti y José Pezet (Povo dirigido por Cipriano Calatayud, Diego Cisne- rras 1974; Martínez Riaza 1985; Gargurevich 1991).
VI LA INDEPENDENCIA REALMENTE OBTENIDA
Fue en un marco de represiones a la disidencia y de expectativas de los sectores dominantes, cuando San Martín llegó con la expedición chileno-argentina a nuestras costas para buscar la independencia del Perú y asegurar con ello la del sur del subcontinente.
EL PERÚ REBELDE La crisis en la economía y sociedad coloniales desde la segunda mitad del siglo XVIII, que había generado protestas e insatisfacciones, movió a las oligarquías criollas, asociadas hasta entonces a la
“La placera”, uno de los numerosos tipos populares de la Lima del siglo XIX que ilustró A.A. Bonnaffé, 1855.
corona en la explotación colonial, a cortar los lazos con una metrópoli que no era capaz, sobre todo desde 1820, de seguir garantizando el orden social y la prosperidad económica (Fontana 1991: 318). El Perú, como país heterogéneo, respondió de diversas maneras a los diferentes estímulos independentistas. Incluso, pasado el proceso, se enfrascó en nuevas luchas por la hegemonía regional. Lima era la capital, pero su conducta no determinó la suerte del país entero. En todo caso, fue más por defecto que por efecto. Desde la rebelión del Cuzco de 1814-1815 los sectores potencialmente separatistas se encontraban desmovilizados, sin un proyecto propio ni posibilidades reales de llevarlo a efecto en forma inmediata y consecuente. Predominaban los conservadores proespañoles que, si bien vieron en el jefe argentino a un intruso, no tardaron en reconocer su moderación y hasta afinidad de intereses: el afán de evitar que el pueblo ejerciese alguna presión significativa en la solución del problema político colonial, impidiendo, en lo posible, los cambios estructurales en la sociedad ya libre del coloniaje. La me-
jor vía para lograrlo era mantener al pueblo al margen de la lucha entre “blancos”; de no conseguirse este objetivo, ejercer una custodia eficaz sobre la participación popular para evitar las sorpresas. La independencia fue en el Perú un proceso sumamente prolongado. Una especie de indefinición casi permanente que necesariamente afectó a sus protagonistas. El hecho de haber sido el Perú un virreinato privilegiado y ya no serlo –en tanto que el resto de los dominios españoles en América del Sur había roto el vínculo político–, hacía suponer a las elites peruanas (y no solamente a las limeñas) que, de continuar bajo la férula colonial, el país por lo menos recobraría su sitial anterior (por ejemplo mayores concesiones comerciales y productivas). La gran mayoría de los peruanos –los indios– no estaba enteramente abatida. Para principios del XIX sumaban ya siglos los tiempos de represión contra sus protestas sociales y étnicas, y muy especialmente a raíz de la gran rebelión de 1780. La de 1814 vino a ahondar la situación. El papel de la población aborigen en el proceso de independencia fue limitado como consecuencia de diversos factores. La colonia había creado numerosos y sutiles mecanismos de autodefensa social que dificultaban la protesta. En el plano estrictamente militar, la vigilancia fue cada vez más palpable conforme el país se convertía en el centro del absolutismo español en América. Vastas regiones del país habían sido militarizadas. Guarniciones regulares del ejército controlaban la sierra limeña desde la rebelión de 1750, la sierra central entre Huanta y Huánuco desde la rebelión de Juan Santos Atahualpa, el sur andino desde el aplastamiento de Tupac Amaru de 1780 y las ciudades más importantes del Perú. En el plano social, la población indígena del sur había desplegado esfuerzos colosales en movilizaciones que, a la postre, resultaron infructuosas. Sus autoridades tradicionales fueron desactivadas en amplios territorios, y las levas, de los más variados tintes, afectaron primordialmente a los indios, por lo que no debe extrañar que éstos participasen en los ejércitos de todas las tendencias (Tord-Lazo 1980 y 1981; Flores Galindo 1984; Stern 1990). Muy escasamente la población indígena participó en forma consciente. Esto se dio principalmente en las sociedades locales, donde no existía una significativa sujeción servil de los indígenas como en la sierra central peruana. No debe extrañar que fuese allí donde se organizaron las montoneras y guerrillas; en el sur la población indígena estuvo des-
movilizada, mientras en el norte las acciones fueron mínimas. El papel jugado por la plebe mestiza y esclava –en las ciudades y en la zona rural– fue considerablemente más visible. Sometidos a mecanismos análogos de preservación del régimen sociopolítico, su protesta durante la colonia fue muy escasa. También sufrieron las levas para conformar los contingentes de las insurrecciones, de los ejércitos rebelde o realista y de las partidas de guerrillas. No cabe duda de que la población buscaba una mejora en su forma de vida, eliminando especialmente las exacciones del régimen colonial y social. Por ende, todo aquel que las ejerciese podía ser identificado por el pueblo como “enemigo”. No necesariamente se encontrará un discurso propio y sofisticado acerca de nociones tan abstractas como “patria”, “nación” o “independencia”. Lo más probable es que sean ideas más simples y directas, es decir, tangibles y pragmáticas sobre su autonomía y sus derechos (en particular, la tierra). El sistema de reclutamiento se efectuaba a través de los jefes comunales y, a veces, los jefes de los ejércitos regulares y guerrilleros procedían directamente al reclutamiento por su propia cuenta, sin importar la causa que se defendiese. Por esto, no resulta extraño que en las zonas ocupadas por el ejército libertador, la recluta de guerrilleros haya sido principalmente a su favor, y a la inversa en las zonas ocupadas por el realista. Inclusive, luego de la guerra se mantuvo esta norma de reclutamiento de campesinos y hasta bandoleros (Lynch 1976: 305). Un sector medio poco definible de personajes que no debían ni esperaban nada del régimen colonial sí tuvo una figuración más decidida (aunque siempre vacilante y falta de un proyecto coherente). Tanto medianos productores provincianos, como intelectuales y profesionales liberales, y hasta aristócratas de alguna manera independientes de la elite de poder, fueron más resueltos en manifestar sus discrepancias y actuar al momento de presentarse las oportunidades. El sector comerciante y productor del centro, “irritado por las limitaciones del sistema de privilegios y monopolios coloniales (...) apoyó el movimiento por la independencia” (Mallon 1983: 12). El norte peruano estaba muy relacionado comercialmente con el mercado azucarero de Chile. La elite norteña se hallaba recién consolidada hacia finales del período colonial y empezaba a afianzarse en el poder local, erigiéndose como un grupo de poder alternativo al ubicado en la capital (Aldana 1995).
Además, el norte –cuya población era mayormente mestiza– no había vivido movilizaciones masivas de protesta similares a las de 1780 o 1814. El proceso de la independencia realmente obtenida, entonces, es la historia de una minoría sobreprivilegiada tratando de seleccionar entre los sistemas gubernamentales alternativos el que les permitiese realizar sus aspiraciones políticas, económicas y sociales. No puede ser cuestionado el genuino patriotismo de algunos participantes. Con todo, muchos otros innegablemente actuaron en términos de puro oportunismo. La elite limeña estaba muy comprometida con el régimen colonial en la explotación de un país empobrecido. Las disidencias abundaron, mas no fueron suficientes como para definir un rompimiento. Consciente del riesgo político, social y económico que corría, la elite capitalina aguardó el momento de las definiciones para definirse ella misma. La guerra resultó demasiado prolongada e intrincada. Por regla general, allí donde las fuerzas realistas tuvieron el dominio, las elites criollas permanecieron leales al rey. Allí donde el régimen colonial no pudo mantenerse, la opción fue por la separación. Estas alternativas fueron variando tanto en el tiempo como en el espacio.
SAN MARTÍN EN EL PERÚ Para asegurar la independencia de América, se debía derrocar al gobierno colonial en el Perú. La empresa sanmartiniana accedió al Pacífico en 1817 luego de varios intentos de llegar al Perú a través del Alto Perú. Una vez vencida la resistencia realista en Maipú en enero de 1818, el ejército independentista estuvo preparado para colaborar en la misma tarea en el Perú, pero esta vez más difícil, delicada e importante. El pasajero retorno de España al constitucionalismo en 1820 fue el marco propicio para la separación real del Perú. La metrópoli no estaba ya en condiciones de apoyar a sus fuerzas ni menos aún de garantizar la paz social que requerían las colonias para mantenerse bajo su protección. Todo dependía de la medida en que esta función la pudiesen realizar las autoridades virreinales peruanas. Los gobiernos españoles seguían desplegando una política de gran potencia, pero sin los recursos internos ni externos suficientes. Pese a todo, de 1811 a 1818 España envió a la reconquista de América 25 expediciones con 204 buques y cerca de 45 mil hombres (Fontana 1991: 306-307; Barbier-Klein 1985: 473-495).
La iniciativa en el mar fue ganada por el ejército del sur (que incluyó a numerosos peruanos), hecho que fue uno de los factores principales para llevar adelante la empresa. En dos incursiones en el mar peruano (enero y setiembre de 1819) el jefe de la armada insurgente, el inglés Tomás A. Cochrane, asestó golpes considerables a las fuerzas españolas. La armada colonial destruida no era otra cosa que la flota mercante limeña. La guerra en el mar hizo perder el mercado chileno a los comerciantes limeños y productores costeños, aunque con estos reveses la elite limeña ratificó su fidelismo. Otros sectores, en cambio, vieron en esas acciones la ocasión de independizarse de España. Estimulado por estos hechos, el cabildo de Supe se declaró independiente en abril de 1819. La presencia desde setiembre de 1820 del ejército sureño en el Perú provocó, sin duda, el pronunciamiento de diversas poblaciones de la zona central, especialmente en la costa, en las quebradas occidentales de los Andes y en la ruta de las incursiones proselitistas de Arenales, entre octubre de 1820 y abril de 1821. Al amparo de esas fuerzas se aceleró un proceso que pudo requerir mucho tiempo.
No fue el caso de la ciudad de Lima, cuya aristocracia había financiado la contrarrevolución en el Perú y Sudamérica y jugaba aún la carta colonial como “mal conocido”, en tanto que le espantaba sinceramente la idea de enfrentarse a la metrópoli y establecer su propio dominio autónomamente (lo “bueno por conocer”). El ejército sanmartiniano, y particularmente sus dirigentes, habían llegado al Perú conscientes del peligro que representaba una excesiva exaltación de la población. A pesar de ello, se propuso su movilización a fin de crear un contrapeso manejable al poderío español y proespañol. El 8 de setiembre San Martín, a la vez que convocaba al pueblo peruano, tranquilizaba a la aristocracia con planteamientos moderados. Las fuerzas sanmartinianas no eran suficientes como para hacer mella a las de los realistas. En realidad, éstos debieron respirar aliviados al ver que aquéllas se componían sólo de unos 4 mil hombres. San Martín confiaba en que los criollos del Perú se pronunciarían de consenso por la separación y, por ende, el problema se resolvería prontamente, en tanto que sus lugartenientes (Cochrane y Miller) preferían una acción rápida y contundente. San Martín optó por la vía del entendimiento con las autoridades españolas. Más que evitar un derramamiento de sangre, le importaba impedir que el enfrentamiento derivase en una alternativa con características sociales distintas a las que resultarían de un acuerdo en las alturas. La primera conferencia se desarrolló en Miraflores en setiembre. Hipólito Unanue actuó como secretario de parte del virrey. Los realistas y criollos podían estar tranquilos: San Martín no era el jacobino que se temía. Las fuerzas más importantes de los realistas estaban en la sierra. Lima estaba relativamente desprotegida, pero San Martín no quiso atacar la ciudad capital; en cambio envió a Álvarez de Arenales a la sierra con 1 200 efectivos, mientras él partía hacia el norte y Cochrane dominaba el mar. La independencia de Guayaquil hizo innecesario que las tropas de San Martín llegasen al norte. Cochrane logró capturar la fragata “Esmeralda” el 15 de noviembre de 1820, con lo que afianzó su dominio en el litoral. La misión de Arenales penetró en territorios dominados por los realistas. Pasó por Huamanga al José de San Martín, óleo por Daniel Hernández. La propuesta emancipadora del jefe argentino –que no prosperó– incluía el establecimiento en el Perú de una monarquía constitucional independiente.
valle del Mantaro y Cerro de Pasco –una zona primordial en tanto principal productora minera y de comunidades campesinas fuertemente ligadas al mercado– en donde organizó fuerzas insurgentes, especialmente en Tarma con el salteño Francisco de Paula Otero (Chocano 1983; Mallon 1983 y 1995). La idea evidente era impedir que los españoles siguiesen aprovechando las minas y, eventualmente, cortar la comunicación entre los realistas en Lima y el sur andino. El 6 de diciembre, cerca de Pasco, tuvo lugar el único encuentro (y la única victoria sanmartiniana) con las fuerzas realistas, cuya caballería –comandada por el coronel hasta entonces realista Andrés de Santa Cruz– se pasó al bando patriota. Entre tanto, el 2 de diciembre los americanos del batallón “Numancia” se entregaron al ejército de San Martín en Sayán. Como consecuencia, los españoles incrementaron el celo para con sus oficiales criollos y mestizos, situación que dio lugar a que algunos otros oficiales peruanos pasasen al lado independentista; entre ellos (en enero de 1821) los coroneles Agustín Gamarra, Velasco y Eléspuru. El dominio patriota del mar y la independencia de Guayaquil y Lambayeque (27 de noviembre) hacían imposible la resistencia del norte. El intendente de Trujillo, el criollo limeño José Bernardo Tagle, marqués de Torre Tagle –quien había reunido en la capital de la intendencia a un grupo de personajes decididos por la independencia, entre ellos sus primos Manuel Cavero y Muñoz, marqués de Bellavista (alcalde de Trujillo), y Miguel Tinoco y Merino–, aceptó la invitación de San Martín. Las tropas acantonadas en Trujillo se pronunciaron también por la separación. El 29 de diciembre se juró la independencia en Trujillo. Acto seguido, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas siguieron el ejemplo. Ni la independencia de Trujillo ni la de otras ciudades y pueblos del norte puede ser considerada como resultado de la presión foránea. Fue producto de la voluntad, ciertamente no bien definida, de la población. El apoyo que proporciona el norte peruano a la larga gesta emancipadora así lo demuestra. Las vacilaciones del virrey José Joaquín de la Pezuela con respecto a las fuerzas insurgentes y las derrotas y deserciones provocaron malestar entre los generales de su ejército. En Asnapuquio éstos decidieron obligarlo a renunciar en favor del general La Serna, y lo lograron. El virreinato terminaba con un golpe de Estado militar. Pese a esas muestras de debilidad, San Martín no se decidió a asestar un golpe a las fuerzas realistas en Lima. Sólo para alejar a Cochrane –quien insis-
El penúltimo virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, fue obligado a renunciar en favor del general La Serna por los jefes militares realistas, a causa de sus vacilaciones frente a las fuerzas insurgentes.
tía en un ataque contundente mientras estaba inactivo en el litoral– lo autorizó a realizar una incursión en el sur. Junto a Miller, Cochrane tuvo una serie de encuentros pequeños pero victoriosos, llegando a organizar a la población de Tacna y Puno. Cuando se disponía a ampliar su accionar a otras localidades de la sierra sur, el armisticio de Punchauca se lo impidió. La segunda conferencia, en la que participaron La Serna y San Martín, fue en la hacienda “Punchauca” en junio de 1821. San Martín volvió a proponer la monarquía constitucional independiente, con enormes e increíbles concesiones adicionales. En la práctica, el ejército insurgente se autoanulaba. Los realistas no tenían apuro alguno. Contaban con el apoyo de la mayoría de los criollos y sabían que la población indígena no haría un levantamiento general, y menos bajo el mando del ejército sanmartiniano. Lo único que les atormentaba era la
José de la Serna, último virrey del Perú, fue herido y hecho prisionero en la batalla de Ayacucho (1824), viéndose obligado a firmar la capitulación de las fuerzas realistas.
presencia de guerrilleros cercando la ciudad y ejerciendo cierta presión social. Ya los guerrilleros de Cayetano Quirós, Alejandro Huavique, José Navajas y Antonio Elguera habían vencido en Quiapata a las tropas realistas que intentaron reforzar a las de Lima. El virrey sabía que sus fuerzas eran muy superiores y que los patriotas eran fuertes sólo en la costa y el norte, pero también sabía que el Perú real se hallaba en la sierra y que estaba a su favor. No quería (y nada lo obligaba a ello) abandonar el Perú, pero debía en cambio abandonar Lima, que ya padecía los estragos del bloqueo. Lima era un pésimo lugar para rechazar una ofensiva armada. Lo único que necesitaba era ganar la iniciativa y dirigirse a la sierra. De esta manera, dejaba Lima para ganar el Perú; revertía la situación de sitiado a sitiador.
La parte más importante del Perú en tiempos coloniales no fue la costa con su capital aristocrática, sino la sierra, con su producción agropecuaria, minera, obrajera, sus relaciones comerciales y su alta densidad demográfica. Allí los realistas tendrían una despensa inacabable en víveres y mano de obra (vituallas para el ejército, cobro de tributos), y una inmensa retaguardia hacia el sur. Es evidente la importancia estratégica de las provincias cisandinas y las numerosas quebradas para las acciones bélicas. Más todavía en las circunstancias en que realmente ocurrieron los hechos: dos bandos separados por la cordillera occidental de los Andes. De ahí el papel de las guerrillas. Una vez ganada la sierra, el virrey podía seguir dominando en el país indefinidamente. No fue un “largo empate” como se ha manifestado (Guardino 1989). Simplemente no se iniciaba la guerra. Las fuerzas realistas, efectivamente, partieron de la costa el 6 de julio. Pese a que Arenales estaba dispuesto a impedirlo, San Martín no autorizó el ataque. Mientras el Callao quedó al mando del general realista La Mar, el virrey La Serna se instaló en el Cuzco con amplio apoyo de los sectores criollos del sur. Tal vez el único problema que aquejó a las fuerzas realistas fue la deserción del general Olañeta en el Alto Perú, que las privó de recursos económicos y humanos en el momento crucial de la lucha. Para posesionarse plenamente de la sierra, el general Carratalá fue encargado de aplastar las guerrillas. En diciembre destruyó Cangallo y tomó Lucanas y Parinacochas. A continuación, el 27 de abril Carratalá logró vencer a las guerrillas de Cayetano Quirós en Paras, fusilando a éste y a sus lugartenientes. La misma suerte corrió, entre otros, María Parado de Bellido, esposa y madre de guerrilleros, que servía de mensajera y se negó a revelar su información. Finalmente, en mayo de 1822 fueron derrotados los legendarios guerrilleros Auqui de Cangallo. Apenas se fueron los españoles, San Martín fue recibido en Lima en medio del júbilo popular y recelos de la aristocracia colonial, obligada por las circunstancias a asumir una postura libertaria. Actitud comprensible si se recuerda que entre ella y el ejército de La Serna se encontraban las montoneras y guerrillas dispuestas a entrar en acción. Rehusarse era para muchos el equivalente a firmar su propio arresto, confiscación, pérdida de empleo o exilio. En tales condiciones, la firma del acta por parte de la aristocracia y los ultracolonialistas el 15 de julio y la declaración de la independencia el 28 de ju-
lio fueron meras formalidades. La verdadera emancipación del Perú no se lograría mientras las tropas realistas continuasen dominando las zonas más ricas del país. El protectorado establecido por San Martín pretendía viabilizar la monarquía. Sus ministros Juan García del Río, Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue eran monarquistas poco entusiasmados por llevar a buen término la guerra. Mientras se buscaba en Europa un príncipe para el trono limeño, en el Perú se estableció la Orden del Sol con miras a formar un cuerpo de notables para servir de entorno al futuro rey peruano. Inclusive, en diciembre se declaró la subsistencia de los títulos de Castilla (ahora llamados títulos del Perú y eliminando las referencias a lo “real”). En enero de 1822 se creó la Sociedad Patriótica de Lima. La idea era conservar una aristocracia de origen colonial que apoyase su proyecto político y garantizase su supervivencia (Rizo-Patrón 1992). Los republicanistas se aglutinaron en torno de La Abeja Republicana. Eran criollos como José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, José Mariano de Arce, Manuel Pérez de Tudela, Francisco Javier de Luna Pizarro, etc. Desde ése y otros periódicos mantuvieron una lucha principista contra los planes monarquistas y en favor de un Perú libre y republicano. En setiembre Canterac volvió, con muy escasas fuerzas, por Cieneguilla y pasó al Callao. Pese a ello y a la exigencia de sus jefes, San Martín no quiso atacarlo. Canterac se paseó por el valle de Lima impunemente y en octubre regresó a la sierra con todo el arsenal del Real Felipe. Las fuerzas patriotas sufrieron una gravísima crisis: un numeroso grupo de generales estaba listo a derrocar al Protector, entre ellos Cochrane, Las Heras y Necochea, quienes prefirieron abandonar el Perú. No todo fue pérdida para la causa independentista: las fuerzas atrincheradas en la fortaleza de Real Felipe se rindieron y su jefe, el general realista La Mar, pasó a integrar el ejército peruano. La elite criolla limeña estaba disconforme con los resultados de la guerra. Mejor dicho, con la falta de resultados. Había firmado el acta de independencia, pero los independentistas no se manifestaban resueltos como para sentirse segura de su elección, de modo que se encontraba entre dos fuegos.
Francisco Javier Mariatégui, ideólogo liberal peruano del siglo XIX.
No sabía si volverían los españoles a tomar represalias. Los conventos se llenaban de gente ante la proximidad de tropas enemigas de las que ocupaban temporalmente la ciudad. Desde un principio los españoles sufrieron las represalias del nuevo régimen. Ya el 18 de julio se decretó el secuestro de bienes de los que fugaron o se negaron a aceptar la independencia, aunque fueran personas humildes, practicándose sobre todo el sistema de denuncias, que generó numerosos abusos. La represión antipatriota estuvo a cargo del ministro Monteagudo, principal asesor de San Martín. La elite criolla y española lo despreciaba tanto como él a ella. Formó la comisión de vigilancia contra los españoles. San Martín perdió crédito ante los criollos porque los cargos políticos principales no estaban siendo ocupados por los criollos limeños y las propiedades secuestradas a los chapetones quedaban en manos de los militares (Anna 1979: 183-184). Entre tanto, las fuerzas independentistas en el norte de Sudamérica se fortalecían. Luego de la victoria de Pichincha que selló la independencia de Quito –con activa participación de tropas peruanas al mando de Santa Cruz–, Bolívar ocupó Quito y Guayaquil en mayo de 1822. Con los reveses indicados, San Martín debió pensar cada vez más en dejar el Perú. En julio de 1822 se reunió con Bolívar en Guayaquil. El prestigio del Libertador de la Nueva Granada, su mayor disponibilidad de recursos y el fracaso monarquista de San Martín debieron pesar para que éste cediese la posta a aquél en la emancipación peruana. Ambos eran masones. En el Perú libre, en tanto, prevalecían las tendencias republicanas. San Martín tuvo que convocar al primer congreso peruano que debía definir el tipo de régimen. Se fortalecían también las tendencias proespañolas. En Lima estas últimas lograron hacer deportar al ministro Monteagudo. A su retorno de Guayaquil, el Protector se despidió del país con un discurso en el que advertía: “Peruanos: os dejo establecida la representación nacional; si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo, si no la anarquía os va a devorar”. Se embarcó el 21 de setiembre a Valparaíso.
EL PRIMER GOBIERNO PERUANO El congreso se instaló el 29 de ese mes con una mayoría republicanista bajo la presidencia de Francisco Xavier de Luna Pizarro, la vicepresidencia de Manuel Salazar y Baquíjano (conde de Vistaflorida) y la secretaría de José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. Actuaba bajo la inspiración de Toribio Rodríguez de Mendoza, director ideológico del primer liberalismo peruano. La gran mayoría de los diputados era carolina (ex alumnos del Convictorio de San Carlos). Suprimió todos los títulos de Castilla y sus equivalentes sanmartinianos, desautorizando a los comisionados Del Río y Paroissien en Europa. El 12 de noviembre de 1823 promulgó la primera constitución. Republicana y liberal en sus principios, garantizó la división de poderes y las libertades individuales (con excepción de la libertad religiosa); fue antiesclavista y unitaria. Nominó una junta gubernativa integrada por el general La Mar, el comerciante salteño Felipe Antonio Alvarado y el conde de Vistaflorida. Sin duda que se trataba de un ejecutivo a la medida del legislativo, que buscaba liberarse de la sombra del caudillaje que ya rondaba la escena política peruana. Las acciones desplegadas por el gobierno peruano para expulsar a los realistas, empero, fueron desafortunadas, sin la debida orientación ni respaldo. El gobierno de Buenos Aires no pudo atacar simultáneamente por el Alto Perú para dividir a las tropas realistas, en el marco de las denominadas “campañas a los puertos intermedios”. La primera salió en octubre de 1822 al mando del general Rudecindo Alvarado (primo del triunviro). Los peruanos componían la mayoría de las tropas. Frente a la indecisión de los insurgentes, La Serna tuvo pocos problemas para salir airoso. En enero de 1823 se acabaron las aspiraciones peruanas, pese a las victorias parciales de Miller (Basadre 19681970).
La derrota demostró lo equivocado de la estrategia peruana. Dio pie, además, al surgimiento de tendencias personalistas. El resultado fue el primer golpe de Estado en la historia peruana republicana. El 26 de febrero, en el fundo Balconcillo, los generales del ejército obligaron al congreso a nombrar al presidente del departamento de Lima, José de la Riva Agüero, como presidente de la república. En un adelanto de lo que harían los caudillos peruanos a lo largo de las siguientes décadas, Riva Agüero fue ascendido a gran mariscal y Santa Cruz fue nombrado jefe del ejército peruano. En mayo de 1823 partió una nueva expedición a los puertos intermedios, al mando ahora del general Santa Cruz; como jefe del estado mayor actuó el coronel Agustín Gamarra y como jefe de la escuadra el contralmirante Jorge Guise. En junio habían ocupado Arica, Tacna y Moquegua y en agosto ya estaban en Oruro. A pesar del triunfo en Zepita el 27 de agosto, esta segunda campaña a intermedios fue un nuevo fracaso. Al ver que Lima estaba indefensa, Canterac decidió dar un golpe político maestro. Bajó de la sierra en una operación sin mayor importancia militar, cruzando la zona guerrillera con fuerzas muy superiores y ofreciendo indultos a los campesinos. Los republicanos circunstanciales de la capital se manifestaron en favor de los españoles cuando éstos ocuparon Lima el 18 de junio. Parte del congreso se pasó al bando realista. Unas diez mil personas huyeron de Lima temerosas por las represalias que podían tomar los españoles contra los patriotas y contra los realistas firmantes del acta.
Manuel Salazar y Baquíjano, conde de Vistaflorida, integró la primera junta gubernativa de la república peruana (1823), junto con José de La Mar y Felipe Antonio Alvarado.
Antonio José de Sucre, protagonista del triunfo decisivo de Ayacucho en 1824 sobre las fuerzas realistas.
El general Antonio José de Sucre, nombrado jefe del ejército, había llegado adelantándose a Bolívar con una división colombiana, y tuvo que retirarse al Callao con parte del ejecutivo y del legislativo. El 23 de junio fue destituido Riva Agüero acusado de pretender dimitir ante las fuerzas realistas. Aquí se produjo el heroico sacrificio del humilde indio pescador chorrillano José Olaya, quien atravesaba grandes distancias a nado para llevar mensajes entre los patriotas de Lima y el Callao. Capturado, fue fusilado y degollado en Lima sin revelar sus secretos. Murió por la promesa de la patria que otros anarquizaban (Basadre 1968-1970). Al fracaso militar se unían las rencillas políticas internas. Riva Agüero se retiró a Trujillo donde instaló su gobierno con una parte del senado. Sólo eran diez miembros, entre ellos Justo Figuerola, José de Larrea y Loredo, Francisco Salazar y Baquíjano e Hipólito Unanue. De su parte, el congreso en Lima nombró presidente a Torre Tagle y declaró a Riva Agüero reo de alta traición.
José Olaya Balandra por José Gil de Castro, 1828. Este humilde pescador chorrillano fue fusilado en 1823 por orden del brigadier español Rodil, al negarse a delatar a las fuerzas patriotas refugiadas en los castillos del Callao.
BOLÍVAR EN EL PERÚ Estas condiciones facilitaron el ingreso al Perú de Bolívar, quien llegó el primero de setiembre al Callao invitado por el congreso de Lima, que lo invistió con el mando supremo, pero sólo aceptó el militar. Torre Tagle seguía siendo formalmente el presidente del país. Las fuerzas de Riva Agüero estaban en el norte. Además, bajo su mando se hallaba la escuadra comandada por Guise y las tropas de Santa Cruz en Moquegua. Logró atraerse a jefes guerrilleros bajo el pretexto de liberar al Perú del nuevo dominio extranjero, en tanto que entablaba negociaciones de paz con los españoles. Dicho sea de paso, el virrey no necesitaba de la ayuda de Riva Agüero pues nada ni nadie lo perturbaba en la sierra.
La correspondencia que sostenía Riva Agüero con el virrey La Serna fue abierta por su propio enviado, el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente. Éste apresó a Riva Agüero el 25 de noviembre pero, en vez de fusilarlo, lo desterró junto a sus principales colaboradores. Camino a Panamá, fue desembarcado en Guayaquil, pero los jefes regulares y guerrilleros que lo habían acompañado volvieron al lado del gobierno de Lima. Al fin de cuentas, Riva Agüero propuso a los españoles el mismo plan político que tuvo San Martín para el Perú. Aquí se enfrentaba el nacionalismo criollo con el proyecto bolivariano internacionalista. Por lo menos desde 1813 Riva Agüero había sido partidario de la independencia actuando como agente secreto de las juntas de Buenos Aires y Chile. Escribió el folleto de las “28 causas de la revolución americana” publicado en Buenos Aires en 1818 (Basadre 1968-1970). Bolívar rectificó la estrategia anterior. Entendía que la única forma de vencer al ejército español era en la sierra. No a través de campañas parciales como se había vanamente intentado, sino por medio del ejército en pleno. Decidió entonces ascender por el norte. Las fuerzas con que contaba sumaban Invitado por el congreso de Lima, Simón Bolívar llegó al Perú en setiembre de 1823, orientando la estrategia de las fuerzas patriotas a una ofensiva integral y no a campañas parciales.
Antonio Gutiérrez de la Fuente apresó y desterró a José de la Riva Agüero, quien luego de ser destituido en 1823 de la presidencia de la república, había formado una facción gubernativa disidente en Trujillo.
13 000 efectivos (sin las guerrillas). Como necesitaba tiempo, el congreso aprobó establecer con los realistas un armisticio y se envió en enero de 1824 al ministro Juan de Berindoaga, conde de San Donás, a establecer las negociaciones, que a la postre no dieron resultados positivos. Entre los criollos de Lima crecían las esperanzas de un retorno de los españoles. No fueron pocos los intentos de pasarse al bando contrario y los jefes españoles alentaban estas decisiones. Al parecer, el vicepresidente Diego Aliaga habría participado en conversaciones con Ramón Rodil en Ica. Por falta de pago, la tropa argentina de las fortalezas del Callao se amotinó el 4 de febrero de 1824 liderada por el sargento Dámaso Moyano, liberando a los oficiales coloniales presos en las casamatas. Nuevamente flameó la bandera española en el Callao, hecho que alentó a los partidarios del rey en Lima. Torre Tagle fue destituido por manifestarse abiertamente en favor de los españoles y, en consecuencia, Bolívar concentró todo el poder político. La correspondencia de Torre Tagle con los realistas fue descubierta en febrero, por lo que Bolívar
dispuso su fusilamiento y el de sus ex ministros Berindoaga, Diego Aliaga y otros colaboradores. Torre Tagle se refugió en un convento. Nuevamente Canterac tomó la capital el 29 de febrero. La aristocracia limeña lo recibió entusiasmada. Entre otros, en primera fila estuvieron los miembros del gobierno de Torre Tagle, diputados del congreso y decenas de jefes militares. El comerciante criollo José González de la Fuente, conde Villar de Fuentes, ex prior del consulado y ex colaborador de San Martín, fue nombrado gobernador.
LA CAMPAÑA FINAL
gulares peruanas tomaron entonces la iniciativa, y lo que era una derrota se convirtió en una de las más importantes victorias de la guerra. Las tropas realistas fueron seguidas permanentemente por guerrilleros peruanos. Se refugiaron en el sur, donde su retaguardia segura se iba desplazando cada vez más en esa dirección. El ejército unido se estableció en Andahuaylas a fin de preparar las siguientes acciones contra los realistas. Bolívar dejó el mando a Sucre y partió hacia Lima, en donde las noticias de la batalla de Junín y la cercanía de Bolívar causaron pánico. Los aristócratas y el ejército se fueron al Callao. A principios de diciembre Bolívar ocupó la capital y el día siete se inició el sitio a las fortalezas chalacas. En medio de disputas internas, la deserción de sus filas y el hostigamiento de las guerrillas, el virrey La Serna decidió dar batalla, reclutándose la tropa principalmente entre los mestizos, criollos y castas. Sucre se vio precisado a retirarse al norte. Las fuerzas realistas de Valdés avanzaron sorpresivamente con intenciones de envolver a los insurgentes. Ambos ejércitos se encontraban en Huamanga en el mes de noviembre. Hubo algunos encuentros que presagiaban una gran batalla y, en efecto, el día 9 de diciembre formaron ambos bandos en la pampa de Ayacucho. El virrey La Serna comandaba personalmente sus fuerzas. Obtuvo una mejor colocación para el movimiento de su fuerte caballería. La arremetida de la caballería realista fue detenida por las fuerzas del guerrillero Carreño, lo que permitió tomar la
El general Sucre fue designado jefe del estado mayor general del ejército unido peruano-colombiano, en tanto que Santa Cruz quedó en la jefatura del estado mayor de las tropas peruanas y Gamarra como jefe de itinerarios del ejército unido. Los aproximadamente 10 000 soldados regulares estaban protegidos por las partidas guerrilleras del centro, comandadas por Otero, además de las guerrillas de las quebradas de la cordillera occidental. En junio Bolívar nombró a Miller comandante general de las partidas de guerrillas en el Mantaro hasta Cerro de Pasco. El primer encuentro fue precipitado por el avance del ejército unido que pretendía ingresar al valle del Mantaro desde Pasco. Se encontró en las pampas de Junín con los hombres de Canterac, que se vieron obligados a presentar batalla a fin de no ver cortada la comunicación con su retaguardia. Canterac pudo escoger su ubicación mientras el ejército patriota se presentaba por partes la tarde del 6 de agosto de 1824 en el campo de lo que sería una de las batallas decisivas. Las acciones se desarrollaban en favor de los realistas. Las fuerzas comandadas por Miller y Necochea no tuvieron éxito en sus respectivos ataques. Miller retrocedió y Necochea fue hecho prisionero. El retroceso peruano era desorganizado. Fue entonces que entró al campo el escuadrón peruano Húsares del Perú, guerrilleros convertidos en fuerzas regulares, mandados por el comandante de guerrillas Isidoro Suárez. El destacamento cargó violentamente causando desconcierto entre las filas enemigas y obligándolas a replegarse desordenadamente. Las tropas re- Capitulación de Ayacucho, óleo sobre lienzo, por Daniel Hernández, 1924.
El jefe de las fuerzas realistas en el Callao, José iniciativa al ejército unido. Así también en otros flancos la caballería realista fue rechazada. Las fuer- Ramón Rodil, se negó a cumplir la capitulación de zas peruanas mandadas por los generales Córdova y Ayacucho. Con él estaban cerca de 6 000 realistas. El Miller pudieron arremeter contra el ejército español sitio, que fue muy prolongado, se inició en diciembre de 1824, pese a que su causa estaba ya perdida. situado en las faldas del cerro Condorcunca. El repliegue realista causó gran confusión. El La falta de alimentos, agua potable y la presencia propio virrey fue herido y tomado prisionero. Los de la peste bubónica no amilanaron al jefe español. soldados realistas abandonaban sus armas y deserta- Empero, estas condiciones provocaron intentos de ban. Seguía resistiendo el general Valdés y el mando amotinamiento que Rodil aplacó a sangre y fuego. general lo asumió Canterac, quien propuso reple- Los fusilamientos fueron frecuentes, así como las garse hacia el Alto Perú. Pero el desorden era tal que muertes por hambre y enfermedades. El marqués de no se pudo organizar la retirada. Hubo que aceptar Torre Tagle falleció en el Callao. la capitulación que ofrecía el jefe insurgente AntoRecién el 8 de enero de 1826, cuando fue capturado el torreón de Santa Rosa, Rodil aceptó parlanio José de Sucre. La capitulación resultó muy favorable para los mentar. La capitulación fue muy similar a la de Ayavencidos. Parecían antes vencedores que derrotados cucho. Solamente quedaban 2 400 refugiados, en su en esa decisiva batalla. Entre otras medidas, se esti- mayor parte civiles. La gran mayoría de los militapulaba el respeto de los derechos de los oficiales res y funcionarios realistas capitulados se quedó en realistas. Inclusive, si deseaban dejar el país, el Es- el país. tado peruano debía asumir los gastos del viaje y al menos la mitad del sueldo mientras permanecieran MONTONERAS Y GUERRILLAS en el Perú. Se respetaban las propiedades de todos los españoles y se reconocía la deuda contraída por La montonera representaba un intento democráel virrey para solventar la guerra. Todos los inte- tico de expresión de sectores sociales provincianos, grantes del ejército realista eran admitidos en el pe- pequeños y medianos propietarios y trabajadores ruano, con los mismos grados anteriores. No se des- desposeídos. Espontánea en tanto que no era “ofitituía de sus cargos a los funcionarios que habían cial”, sino surgida por voluntad de esos grupos loapoyado a los realistas. cales poco numerosos (pero mayoritarios en su conLos realistas seguían dominando en el Alto Perú junto) que buscaron así manifestar sus exigencias y en el Callao. Ya desde enero de 1824 el general Pe- sociales y sus reivindicaciones étnico-culturales no dro Antonio de Olañeta se había rebelado y pese a sólo en la coyuntura específica de la independencia. las fuerzas enviadas por el virrey, no habían podido Como excepción, más bien, esa población se orgasometerlo nuevamente. Más bien se apoderó de to- nizaba y pasaba a integrar ejércitos rebeldes (1780, do el Alto Perú, actitud que causó enormes dolores 1814). de cabeza a los realistas, más preocupados por el Con la intervención del ejército libertador, la frente bajoperuano. participación del pueblo dejó de ser espontánea en Las fuerzas de Gamarra y Sucre se lanzaron ha- lo fundamental. Los principales líderes sanmartiniacia el territorio antes ocupado por los realistas. Los nos –y también los realistas– buscaron y lograron pueblos del Cuzco, Puno y Arequipa se manifesta- influir en las montoneras organizándolas en guerriban por la independencia; mentras tanto, en Are- llas y dándoles líneas de acción. quipa la elite criolla designó a Pío Tristán como viCon lo dicho no se niega, ni mucho menos, la rrey del Perú. existencia de motivaciones propias de las poblacioEn el Alto Perú también se produjeron desercio- nes locales para levantarse contra la situación colones del lado de Olañeta. Antes de que llegase Sucre, nial. Es claro que la sola presencia del ejército liberel legendario guerrillero Lanza tomó la ciudad de La tador no podía ser suficiente para provocar un lePaz el 25 de enero de 1825. Olañeta murió durante vantamiento que lo secundase. Las contradicciones un amotinamiento de sus tropas, dejando el paso li- sociales y coloniales estaban latentes y en la decibre para la vida independiente en el Alto Perú. Una sión del levantamiento habrían de primar los intereasamblea convocada por Sucre en Chuquisaca (hoy ses de las poblaciones y de aquellos que figuraban Sucre) acordó el 25 de marzo constituir un país in- como líderes de las partidas. Esto puede verificarse dependiente con el nombre de Bolivia en honor al en las actitudes asumidas por los pueblos y los jefes Libertador. de guerrillas del lado “patriota” y realista. Un ejem-
plo puede ser la actitud, al parecer consciente, de los iquichanos y sus líderes en la resistencia que hicieran a la república peruana luego de la batalla de Ayacucho (Husson 1992; Méndez 1991). La participación del pueblo en las guerrillas es evidente. En la sierra y en la costa compusieron las partidas campesinos pobres, mineros, arrieros, pequeños comerciantes y pequeños propietarios, esclavos cimarrones. En lo fundamental, pobladores de origen étnico indígena y cuyas reivindicaciones sociales y económicas eran más o menos claras. Las dirigencias, en cambio, fueron más bien criollas y mestizas de clase media y modesta fortuna (Lynch 1976: 205). El principal comandante de guerrillas huarochirano fue una excepción. Ignacio Quispe Ninavilca fue un cacique de extraordinario carisma personal, con gran ascendencia entre la población de su provincia (Quiroz Ch. 1993). El guerrillero cacique lograba armar y rearmar partidas considerables gracias a su capacidad de maniobra frente a otros grupos de poder y muchas veces su accionar se vio enfrentado al poder tradicional de propietarios, alcaldes de los pueblos y curas. Igualmente, tuvo que hacer frente a las presiones del nuevo régimen. La participación de las montoneras y guerrillas fue muy importante, en especial, bajo las tácticas con que se planeaba la estrategia para expulsar a los españoles: una guerra prolongada, sin enfrentamientos de grandes cuerpos de los ejércitos. Desde un principio se rehuyó el encuentro. Una guerra de posiciones como ésta tuvo que contar, de ambos lados, con fuerzas informales (llamadas guerrillas). Aparte de las dos batallas decisorias (Junín y Ayacucho), casi toda la guerra fue llevada (o soportada) fundamentalmente por las guerrillas y pequeños destacamentos de tropas regulares de ambos bandos. Actuaron en los valles interandinos y las quebradas que comunican la sierra con la costa, vías que representaban puentes por los que Lima estaba unida a sus centros vitales de aprovisionamiento. Mientras pudiesen estar bajo su control, Lima podía respirar con tranquilidad; cuando no, el problema podía ser patético. Esos “puentes” eran “levadizos”. Las fuerzas de San Martín fueron insuficientes para vencer por sí solas a los españoEn el valle del Mantaro, donde no había grandes haciendas como en la costa peruana, los empresarios, los patriotas y las clases populares formaron una alianza en su enfrentamiento contra el Estado colonial. Ciudad de Tarma en una fotografía del siglo XIX.
les. La indecisión inicial, resquemores y desconfianzas, antipatías y enfrentamientos sucesivos de los llamados criollos, impidieron la conformación de un sólido bloque en esos niveles sociales. En tales condiciones, el recurso al pueblo por parte de los líderes del ejército libertador resultaba una consecuencia lógica. Máxime cuando el pueblo se levantaba ya en montoneras. La economía de la costa con plantaciones azucareras había generado ya el fenómeno del bandidaje entre los esclavos cimarrones y gente plebeya. Muchos bandidos y cimarrones se unieron a San Martín en calidad de guerrilleros. Se rompió el control social y la agricultura de plantación se hizo en la práctica imposible (Flores Galindo 1984: 222-224). Un claro ejemplo fue Cayetano Quirós, bandolero que actuaba en Cañete y que tuvo una gran influencia sobre los esclavos. En el valle del Mantaro la situación era diferente. Ahí los hacendados eran débiles en tanto que las aldeas participaban activamente en un intercambio con las zonas mineras y urbanas. Mallon habla inclusive de un “próspero sector mestizo” (Mallon 1983). Era la más importante área minera del virreinato y esta circunstancia influyó en el carácter de las relaciones de clase a nivel local. Además, la articulación de la economía minera en el centro del virreinato probablemente fue el primer factor en influir sobre las actitudes políticas de la mayoría de la población de la región (Guardino 1989: 106). El movimiento de guerrillas en el valle del Mantaro se basó en una frágil alianza de clases entre los patriotas locales y las clases bajas de la región. Los grupos de guerrillas que aparecieron fueron en gran parte organizados por un emergente grupo social ascendente de empresarios que deseaba romper con los monopolios coloniales (Mallon 1983: 50). Este grupo carecía de acceso a la mita, al por entonces
ilegal reparto y al tributo, las más importantes bases para la extracción de recursos financieros bajo el Estado colonial peruano. El más importante de estos hombres fue Francisco de Paula Otero, salteño residente en Tarma desde 1817. Estaba involucrado tanto en el comercio como en la minería. Posteriormente fue general y terrateniente (Mallon 1983: 4749; Rivera Serna 1958: 139-142; Manrique 1987; Guardino 1989: 108). La sierra limeña presentaba otra situación. Pequeños asientos mineros, igualmente sin derecho a trabajo mitayo, utilizaban ampliamente mano de obra indígena, que en el lugar constituía la abrumadora mayoría. En Yauyos, Huarochirí y Canta las montoneras surgieron con una clara base indígena dirigida por caciques. Spalding ve a los caciques como gente tentada por el mundo español, pero obstaculizados de una plena pertenencia a la clase dirigente por el menosprecio de los miembros de la sociedad europea y por las barreras que éstos levantaron para bloquear su participación. El ejemplo más importante fue el de Ignacio Quispe Ninavilca, caci-
El paso de los Libertadores, lienzo por Daniel Hernández.
que huarochirano acomodado económicamente que abraza de inmediato la causa libertaria (Vergara 1973: 35; Spalding 1984: 292). La posición ambigua de los caciques permite explicar el apoyo –al parecer muy importante– que recibió la guerrilla organizada por Ninavilca. Mantuvo el cobro de tributos, pero sin extorsionar a los pueblos tal como lo hacían otras autoridades. Su labor estuvo dirigida contra los intereses no indígenas en Huarochirí, destruyendo ingenios de mineral de plata en Yauli (Temple 1971: 3: 210-212). Rápidamente, los pueblos y valles formaban sus montoneras. La moderación de los jefes sanmartinianos encontró un asidero irrefutable. Urgía poner “orden” entre las montoneras, pues la autonomía en el accionar de éstas hacía temer una convulsión en la sierra central como aquellas de 1780 y 1814 en la sierra sur. Al ver la movilización montonera, todavía escasa, los criollos limeños se ratificaban en su fidelismo. Mientras las fuerzas realistas y libertarias aún no habían tenido encuentro alguno de consideración, las montoneras y partidas ya habían asestado algunos golpes a los realistas en las quebradas de la sierra, en Cangallo y en los valles de la costa. Las primeras batallas tuvieron lugar en Huamanga el 29 de noviembre, en Cangallo y Asapampa el 2 y 29 de diciembre. Las guerrillas debían estar preparadas para auxiliar a las tropas del ejército en el enfrentamiento decisivo que, se afirmaba, no estaba lejano, aunque no se produciría ni en 1821 ni en los dos años siguientes. En varias oportunidades se abandonó la idea de perseguir a los realistas en la sierra. Los patriotas prefirieron mantener las tropas en la costa, resguardando la capital (Temple 1971: 3: 130, 197; Rivera Serna 1958: 55). Esta “estrategia” pudo ser mantenida gracias a la actividad de las montoneras y guerrillas. La forma de lucha de los insurgentes –básicamente de contención– resultó muy favorecida por la adhesión de la población de la zona. Así lo entendió San Martín al informar en enero de 1821 sobre la presencia de 600 hombres de partidas rodeando Lima (Temple 1971: 1: 220-221). La guerra informal o de guerrillas fue una alternativa a la escasez de recursos. Con mínimos desembolsos podían lograrse grandes ventajas. Los integrantes de las partidas, soldados no profesionales e interesados directamente en la defensa de sus pueblos, utilizaron ampliamente las “fortalezas” naturales de sus territorios: abras, desfiladeros, peñas y
cerros para realizar emboscadas que asestasen duros golpes militares y psicológicos a los contrarios, con armas propias del paleolítico. Este tipo de guerra era económico para un ejército regular, pero muy caro para las poblaciones, que debían asumir los costos de las guerrillas y del ejército regular. Resultaba caro no sólo en el aspecto económico, sino también en lo moral, político y social. Sobre todo en el marco de la “estrategia” aplicada de desgaste, en especial por las exacciones, saqueos y abusos en general (Vergara 1973: 210-214). La guerra de guerrillas tenía una ventaja adicional, esta vez en el plano social. Como guerra informal, la acción de la guerrilla podía ser soslayada al momento decisivo de la victoria, que –si la hubiere– pertenecería íntegramente al ejército regular. regular. De esta suerte, la participación popular en la obtención de la independencia y logros sociales quedaría reducida al mínimo, sobre todo si las acciones eran dilatadas y frecuentes las disputas entre los líderes políticos y militares, entre los jefes de guerrilla, etc. El papel que se atribuía a las partidas de guerrillas lo señaló claramente en 1822 el ministro de guerra Tomás Guido: “primero es organizar las partidas, hacer impracticables las principales avenidas [es decir quebradas] en la provincia, asegurar su defensa, y después atacar parcialmente, sin comprometerse sino con duplo número de fuerza de nuestra [parte], a menos que un desfiladero preciso u otra posición ventajosa supla la falta de disciplina que hay en todas las partidas, por lo cual debe siempre evadirse en su empeño en los llanos con el enemigo” (Temple 1971: 2: 207-208). Entre tanto, se hacía abrigar esperanzas a los pueblos. A casi un año de la declaración de la independencia, en julio de 1822, San Martín daba instrucciones al cura patriota Pedro Bernuy para que calmase a las poblaciones: “El ejército se prepara para salir muy pronto. Haga usted entender esto a esos pobres peruanos [es decir: indígenas]. Que tengan un poco de paciencia, seguros de que saldrán de la opresión en que se hallan, en todo el presente mes” (Temple 1971: 2: 259-260). Ese mes el ejército no salió de la costa. Las ventajas descritas podían obtenerse sólo si las montoneras eran transformadas en guerrillas, esto es, eliminando o restringiendo al mínimo la autonomía que pudiese tener el pueblo levantado en montoneras. Algunos memoriales y mensajes de curas manifiestan las aspiraciones del pueblo. Al lado del fervor patriótico se expresaba un sentimiento de cambio social en un discurso perfectamente asequi-
ble. En febrero de 1822 el jefe guerrillero José María Guzmán recogía la preocupación de la población del centro al manifestar el deseo de que el enemigo salga del país “para que llegue de ese e se modo el día feliz en que se establezcan las leyes suaves a que aspiramos” (Temple 1971: 2: 62, 80, 92, 100, 113). Que las montoneras y las primeras guerrillas tuvieron sus propias reivindicaciones sociales, no cabe duda. La partida del ya mencionado Cayetano Quirós puso en grave riesgo la estabilidad de los hacendados de Cañete. Éstos propusieron en 1823 el retiro de las partidas del valle ofreciendo en su lugar costear una cuadrilla de vigilantes particulares contra futuros “excesos”, lo que fue aprobado por el gobierno de Torre Tagle (Vergara 1973: 57-58; Temple 1971: 5: 289). De ahí que las normas e instrucciones contra los desmanes de las guerrillas fuesen especialmente claras, reiteradas y severas. Para 1824, al menos, se penaba con el fusilamiento a los que “incomodasen a los vecinos”. Incluso luego de la batalla de Ayacucho las partidas significaron un peligro. Más claro es el caso de las partidas iniciales en Cangallo y Parinacochas. A fines del año 1821 estas partidas actuaban autónomamente afectando a los propietarios, con evidente apoyo popular. Varios oficiales se quejaron al nuevo régimen de esos “pillos morochucos” (Temple 1971: 1: 367-392, 455, 512-514; 4: 278-281). A principios de 1822, en varios pueblos de Yauyos se tomaron acciones contra las autoridades locales, llegando a recuperar y devolver el producto de los tributos cobrados. Disturbios sociales hubo también en Castrovirreyna en 1823 (Temple 1971: 2: 52; 4: 3, 87-88, 95-97, 107-108). Cuando en noviembre de 1822, cerca de Cerro de Pasco, se manifestó la insubordinación de un jefe guerrillero, el comandante general general de las guerrillas de la sierra, el rioplatense Isidoro Villar, Villar, fue personalmente a restablecer el orden, pues “de otro modo no sólo decae el sistema, sino que estamos expuestos a una revolución” y recomendaba tomar medidas de “contención y escarmiento a estos pueblos” (Temple 1971: 3: 196). Para su transformación en guerrillas, las montoneras fueron conscientemente asimiladas al ejército regular y sus jefes, consecuentemente, fueron incorporados al escalafón de la oficialidad. Por sus “méritos y servicios”, éstos podían ser promovido promovidoss y ascendidos a grados superiores. Al mismo tiempo, se les incluyó en las planillas de los oficiales para que ejerciesen sus funciones con la remuneración co-
rrespondiente. Se instituyó una jerarquía compleja de subordinaciones que facilitó el control sobre los jefes e individuos integrantes de las l as partidas (T (Tememple 1971: 2: 464). A estas partidas se incorporó un grupo de oficiales del ejército regular para la instrucción técnica en el manejo de las armas de fuego y la asesoría en las operaciones militares. Para su accionar se les dio instrucciones generales o específicas que incluían normas para reclutar a sus tropas, la forma de participación que debían tener en las acciones armadas (espionaje, hostigamiento, golpes pequeños, etc.), comportamiento para con las personas y propiedades de los pueblos, etc. (Temple 1971: 2: 343-344; 4: 185-186). Se alimentó, también, la frivolidad de los jefes y tropa de las guerrillas al otorgárseles medallas y distintivos, diplomas y pensiones especiales o brindárseles facilidades formales para obtener “destinos” preferenciales (puestos en la administración, milicia, etc.) (T (Temple emple 1971: 1: 379, 471-472. 510; 2: 27, 81, 185). Otro mecanismo fue el desgaste de la gente a través de su inamovilidad, especialmente frenando o conteniendo sus acciones. En varios documentos los jefes de partidas manifiestan la disponibilidad y estusiasmo que tenían sus tropas para entrar en combate, pero se lamentan de las órdenes que les impedían actuar y que, a veces, los obligaban a replegarse y ceñirse tan sólo al espionaje. En 1823 un jefe de Cerro de Pasco que recibió orden de repliegue de parte de Isidoro Villar, decía de él que se comportaba como los perros del herrero, que al ruido de los platos acudían ac udían y a las chispas huían (Tem(Temple 1971: 1: 154). Con la ayuda consciente o no de los comandantes de las guerrillas, los pueblos de la sierra y la costa centrales terminarían en una lucha estéril. Las guerrillas fueron entrenadas para cumplir sólo ciertas funciones secundarias. Gracias a la acción de las guerrillas las provincias serranas y costeñas permanecieron independientes a lo largo de la prolongada contienda. Fue tan real esta independencia que los realistas temieron ingresar por las quebradas –aunque lo intentaron en numerosas ocasiones– y en más de una oportunidad manifestaron su respeto a los aguerridos guerrilleros. Sólo pudieron vencerlos debido a la desunión reinante y a una superioridad numérica considerable. Dado que la guerra se mostraba interminable, las guerrillas se constituyeron en un sustituto del Esta-
do (Vergara 1973: 37; Guardino 1989). Ésta fue una de las preocupaciones mayores de los insurgentes y realistas, en especial en zonas donde los jefes guerrilleros tenían una influencia especial (como era el caso de Ninavilca en Huarochirí). Siempre se vio a Ninavilca con recelo, pues su facilidad para movilizar a la población de la provincia significaba para los patriotas una amenaza potencial, y siempre latente, de insubordinación masiva de ese pueblo al que no se quería despertar. Durante las luchas se siguió con la política colonial de considerar al indio campesino o peón como un hombre dispuesto (y obligado) a hacer todos los trabajos y a asumir todas las obligaciones que le impusiesen los “mistis” o señores. En muchos casos se le siguió explotando a través de la mita en el campo, el corte de nieve, el e l acarreo de víveres, municiones, armas, correspondencia, etc. La zona de operaciones fue casi literalmente saqueada en forma continua y reiterada por las tropas de guerrilleros y del ejército regular insurgente. insurgente. Los realistas hicieron otro tanto. Estas circunstancias pueden explicar, al menos en parte, la hostilidad con que muchas veces los campesinos recibían tanto a las tropas insurgentes como a las realistas. Definitivamente, las contribuciones de la guerra (más de cuatro años seguidos) terminaron siendo muy onerosas y desproporcionadas a la retribución recibida (Temple 1971: 3: 141, 157; Lynch 1976: 305). Objetiva y subjetivamente, la situación de una guerra sin final a la vista reprodujo en las bases lo que sucedía entre los mandos políticos y militares de las fuerzas insurgentes y realistas: deserciones, disputas, robos a la población. No podía ser de otra manera en una guerra tan extraña como ésa, donde los ejércitos no se enfrentaban nunca y los combates eran eludidos casi sistemáticamente. Las tropas desertaban y volvían a sus labores habituales en las tierras de donde los habían sacado; con los desertores capturados de un bando se formaban partidas en favor del otro; las partidas se dedicaban al saqueo de haciendas, estancias y pueblos, mientras los dirigentes se enfrascaban en pleitos intestinos. El régimen insurgente no atendía las exigencias populares de cambios. En tal contexto crecía el desaliento entre los pueblos y las guerrillas y surgieron enfrentamientos entre los jefes guerrilleros. Particularmente fueron sonadas la prolongada disputa entre Marcelino Carreño, gobernador de Huarochirí, Ninavilca y Juan de Dios Castilla, o aquella que protagonizaron Carreño y Otero. Uno de los móviles principales fue,
evidentemente, el ejercicio del poder en la provincia. Pero no deben descartarse las rivalidades personales o motivos más secundarios (Temple 1971: 2, 3 y 4). Uno de los mayores problemas se suscitó a la llegada de Bolívar, en 1823, cuando se produjo la escisión entre Riva Agüero, el congreso y Torre Tagle. Ninavilca, Vidal, Guzmán y otros jefes guerrilleros se sumaron a Riva Agüero pasando a ser uno de los principales soportes de las fuerzas de este caudillo. Probablemente Riva Agüero aparecería en alguna medida como un contrapeso a la aristocracia limeña en la conducción de la lucha libertadora (Guardino 1989: 114). Ninavilca fue capturado por los bolivarianos y encerrado en las mazmorras del Callao. Sin embargo, logró escapar el 9 de noviembre de 1823 con dos de sus oficiales. Reconstituyó su partida con 150 hombres y volvió a ponerse a las órdenes de Riva Agüero, mas al hacerse público el entendimiento que tenía Riva Agüero con los realistas, la guerrilla se rectificó. En diciembre de ese mismo año se presentaron en Chacapalca los jefes guerrilleros ex partidarios de Riva Agüero (Rivera Serna 1958: 142143; Temple 1971: 5). Se mantenía, empero, la necesidad de neutralizar a Ninavilca, determinándose no darle posibilidades de acceder a puestos de mayor mando, pese a ser teniente coronel efectivo y con mayor graduación que otros jefes de partidas hacia marzo de 1824. En respuesta a una consulta en tal sentido, decía Sucre que era preferible nombrar a un foráneo y sin influencia en el lugar. Como no se le podía dejar de lado, se le designó jefe de las partidas que que él mismo mismo pudiese pudiese “levantar”, pero bajo la sujeción de Francisco Vidal. Era necesario mantenerlo a favor, pero sin permitir que llegase a acumular un poder excesivo que le diese autonomía. Conciliador, Bolívar le devolvió el 28 de marzo de 1824 sus armas, tropas y lo reincorporó al ejército unido libertador (Sotelo 1942: 64; Temple 1971: 6: 559-560). La labor de la guerrilla en la recta final de la lucha fue la de toda la campaña: espionaje, comunicaciones, hostigamiento, etc. Es decir, secundaria y accesoria para con el ejército oficial triunfante. Pero este proceso de reinserción no fue sencillo. El hecho de que importantes jefes y partidas guerrilleras hubiesen apoyado a quien posteriormente se consideraría traidor a la emancipación, fue otro argumento esgrimido para desconocer el papel del pueblo en general en las luchas.
Termina erminada da la contienda se procuró –y logró– desmovilizar inmediatamente a la población que con sus montoneras y guerrillas había estado e stado levantada en armas por espacio de más de cuatro años. Este desarme del pueblo debía ser una garantía de que los vencedores en el campo militar también lo serían en el plano político y social.
LA PERUANIDAD DE LA INDEPENDENCIA El tema de las montoneras y guerrillas es clave para plantear otro mayor referente al carácter que tuvo la independencia en el Perú. Demuestra una participación genuinamente peruana en las luchas directas y, lo que es más valioso aún, la participación popular en ellas. Pero no se debe olvidar que la sola presencia de personajes del pueblo no identifica como popular el carácter de un movimiento. El pueblo estuvo tanto con los insurgentes como con los realistas, de la manera en que también lo estuvo en uno u otro bando en innumerables ocasiones en tiempos coloniales y republicanos. El estudio de estos sucesos permite vislumbrar con claridad la actitud de los dirigentes de la independencia con respecto a los sectores populares.
Acuarela del siglo XIX en la que aparecen tipos populares limeños.
En el centro y norte del país las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX habían sido de “paz social”, es decir, de acumulación de contradicciones sin pronunciamientos importantes. La adhesión de las provincias a la lucha se debió no tanto a la llegada y actuación en el centro y norte de los ejércitos sanmartiniano, criollo o bolivariano, sino a cierta madurez de una situación crítica en la zona central. Madurez que –evidentemente– no se había completado a la llegada de San Martín al Perú y que, justamente, ésta vino a desencadenar abruptamente. No deben perderse de vista estos hechos, ya que permiten una mejor comprensión del accionar del pueblo en esta gesta. La aceleración artificial del momento de inicio de la lucha quedará impresa en las características que asumieron las montoneras y las guerrillas peruanas, patriotas y realistas, así como también la gesta en conjunto. En el sur se salía de un largo siglo rebelde de dramáticos resultados. Aquí la oportunidad había pasado. La iniciativa limeña a partir de 1821 no era lo más razonable para una zona tradicionalmente conservadora. La actitud de la elite limeña no debe extenderse al resto del país. Su desesperante ambivalencia no fue compartida por los demás sectores pudientes y populares del Perú. Las provincias norteñas y centrales peruanas se manifestaron en favor de la separación. En el sur, la adhesión al virrey, en mucho, significaba la oposición a Lima. Ciertamente, lo principal aquí fue la mayor garantía que representaba el lado realista en el problema étnico-social. En general, los sectores pudientes (grandes, medianos y hasta pequeños) se inclinaron por el bando que dominaba en sus territorios. Oportunismo pragmático que dio buenos re-
Interior de una casa en Paita, Piura, siglo XIX.
sultados inmediatos pero, a la larga, impidió otras posibilidades de desarrollo autónomo. De otro lado, los ejércitos “extranjeros” lo eran mayormente en su oficialidad. Buena parte de las tropas estaba conformada por peruanos. El decreto del 26 de enero de 1824 dio origen a un reclutamiento forzoso en el norte. Los peruanos reclutados integraron muchos de los cuerpos “colombianos”. Tan es así que cuando el ejército colombiano fue repatriado, muchos peruanos marcharon con él. Los ejércitos rebelde y realista estuvieron compuestos por peruanos. Junín y Ayacucho resultaron encuentros donde la diferencia estaba marcada principalmente por la oficialidad. De ahí se entienden mejor las deserciones ocurridas: unas, por no querer los reclutas enfrentarse a sus paisanos; otras, por no saber por qué se combatía. Así también, el mayor aporte económico fue, sin lugar a dudas, peruano. Las tropas auxiliares chilenoargentinas y colombianas fueron asistidas aquí con recursos peruanos. Inclusive estos gastos ocasionaron más de un levantamiento y una abultada deuda externa. Pero, tal vez lo más importante (difícil de cuantificar) fue el aporte casi anónimo en cupos e impuestos, en joyas, dinero y bienes requisados para llevar adelante el proyecto. Fueron cuatro años de sacrificios permanentes (aun cuando las batallas hayan sido pocas). En el norte peruano se organizó a la población para confeccionar calzado (Lambayeque, Piura), vestidos y monturas (Huamachuco), jabón, aceite, lienzos y tocuyos para camisas (Trujillo), cordellate y bayetas para pantalones (Cajamarca), lana y cueros (Chota, Jaén y Chachapoyas). También metales, clavos, armas, herraduras fueron requisados a los artesanos, ganado, caballos, mulas, etc. (Basadre 1968-1970; Adanaqué 1987; Aldana 1992a). Tal vez, de haberse producido la independencia en el siglo XVIII los resultados sociales hubiesen sido distintos, más populares. Tal como se dio realmente, bajo la hegemonía de los criollos limeños y de las capitales de las audiencias, las consecuencias sociales no se tradujeron en cambios sustantivos. La independencia en el Perú no fue parte integrante de un ciclo revolucionario burgués, como pensaba Manfred Kossok (1984) y piensan Peter Guardino y Charles Walker (1994: 27). Más bien produjo un interludio de indecisión que fue ocupado por una discusión doctrinaria y principista acerca de la libertad, la democracia y el progreso material, mientras que tendencias más terrenales impidieron cualquier cambio sustantivo en el país.
LA REPÚBLICA CRIOLLA El cambio político producido por la guerra no generó iguales transformaciones en otros campos. Pese a la tendencia actual de encontrar más cambios que continuidades, hasta ahora no se ha llegado a demostrar ningún cambio “traumático” que haya acompañado a la autonomía política. Más enunciados que practicados, los principios republicanos y democráticos no hicieron cambiar radicalmente el régimen político. La república inicial tuvo presidentes muy parecidos a monarcas, y ciudadanos que más se asemejaban a súbditos. El
militarismo característico del último siglo colonial se prolongó en las aspiraciones del ejército (proveniente en su mayoría del virreinal) de mantener su hegemonía. Era difícil para él desprenderse de los cargos políticos más prominentes y del grueso de los ingresos fiscales (desde 1770 fue pasando del 60% hasta el 80% en 1800 y a casi la totalidad en el último tramo). Lejos se estaba de establecer las bases para un desarrollo moderno y autónomo. No solamente por la circunstancia coyuntural de la ruina económica
Una escena de Lima desde el puente de Piedra por Johann Moritz Rugendas, 1844.
producto de las prolongadas acciones bélicas. Lo más trascendental fue que no se pudo (o no se quiso) realizar transformaciones sustantivas, al menos en las dos primeras décadas de vida independiente. Tal como se aprecia en la parte anterior, la guerra fue conducida de manera tal que la presión desde abajo resultó nula, cuando no mínima. La república aparecía sin la menor participación de los sectores populares en las decisiones primordiales y trascendentes. El régimen republicano surgió resguardando privilegios de diversas elites –limeña y provincianas–, conversas a principios políticos que no sentían ni estaban decididas a mantener, tratando de evitar su ruina económica, social y política. Clase dominante sin hegemonía política, estas elites no tuvieron más proyecto que el esbozado a lo largo de los levantamientos desde hacía un siglo. En particular, la última fase de la guerra había reafirmado la necesidad de un cambio sin transformaciones básicas. La ruptura con la metrópoli debió ejercer un efecto desarticulador de la economía. Sin embargo, este fenómeno debe entenderse como coyuntural.
Mayor trascendencia reviste el mantenimiento de estructuras arcaicas en un mundo vertiginosamente cambiante. La matriz socioeconómica atrasada no fue alterada. En todo caso, el cambio fue en el sentido de consolidar la tendencia ya iniciada en el siglo XVIII de “refeudalizar” las condiciones de trabajo. En este marco se entiende que la esclavitud haya sido mantenida formalmente por tanto tiempo. Queriendo volver a ser intermediario entre el mercado local y el foráneo, el comercio capitalino fue quedando relegado por nuevos colegas foráneos. En el intento por impedir su ruina, los comerciantes peruanos recurrieron a la defensa de un comercio privilegiado de corte colonial. Algo similar sucedió con los productores, quienes intentaron revivir los privilegios llamados “mercedes” en la producción y el comercio. La inviabilidad económica de productos tradicionales, de otro lado, junto a la nueva estructuración del mercado externo, generó el inicio de un nuevo y largo “ciclo exportador” que se consolidó en la llamada “época del guano”.
VII ENTRE LA PLATA Y EL GUANO
Buena parte del país salió de la larga guerra en con recursos desde fuera y debía cifrar esperanzas condiciones deplorables. En especial, las regiones sólo en recursos internos. que fueron teatro de operaciones, las que ya maniLas exacciones (cupos y saqueos), unidas a la lefestaban signos de depresión, y las zonas de abaste- va de la población, habían desarticulado la econocimiento de recursos humanos y materiales. La de- mía peruana. Sin mercado, sin dinero, sin maquinavastación afectó principalmente a la sierra y costa ria y sin mano de obra, no extraña que las unidades centrales, mientras que el norte y el sur sufrieron productivas se encontrasen en penosas condiciones. menos los estragos de la contienda; mas, igualmen- La propiedad territorial seguía vinculada al régimen te, la guerra los abarcó en forma indirecta en tanto de “manos muertas” (mayorazgos, capellanías y abastecedores de recursos humanos y materiales. censos), pese a las sucesivas aboliciones de esas carEn realidad, la guerra no había acabado todavía. gas precapitalistas. El ministro de Hacienda de 1827 La anarquía política y el bandolerismo eliminaron el José Morales y Ugalde sentenciaba: “millares de orden y la seguridad que necesitaban las actividades hombres arrancados de sus hogares e incorporados económicas. a las filas de la opresión hacían falta en los campos, La moratoria en el pago de la deuda externa alar- en la marina, en los talleres y en las labores de nuesmó a los prestamistas extranjeros. El nuevo Estado tras productivas montañas”. Durante la guerra los iniciaba sus funciones sin la posibilidad de contar realistas arruinaron y saquearon en tres oportunida-
Una vista panorámica de la ciudad de Arequipa. La imagen procede del Atlas geográfico del Perú (París, 1865) de Mariano Felipe Paz-Soldán.
des la casa de la moneda y se destruyeron las máquinas de desagüe en el asiento minero de Cerro de Pasco (Basadre 1968-1970: I). La ruina abarcó tanto a los tradicionalmente solventes comerciantes de Lima como a la gente más humilde. El tribunal del Consulado había desbaratado fortunas financiando la guerra en ambos bandos. Ingentes cantidades de dinero salieron del país durante la guerra. La población en general carecía de medios como para iniciar la rehabilitación económica de inmediato. Volver a echar a andar la economía minera implicaba grandes desembolsos de dinero y nuevas formas de reclutamiento de trabajadores que habían retornado a sus pueblos. Escaseaban los recursos financieros y difícilmente serían invertidos los disponibles, dada la terrible inseguridad en los demás factores productivos y en las condiciones políticas. Sin embargo, todas estas dificultades deben entenderse como producto de la guerra y, por lo tanto, superables. La economía peruana era potencialmente saludable. Con considerables recursos económicos y humanos, el país podía salir del mal momento que atravesaba. Las urgencias fiscales, el temor a los cambios radicales y las preferencias de los sectores comerciales coadyuvaron a la permanencia del esquema económico colonial. Se quiso reproducir la dirección hacia afuera de la economía, característica del último medio siglo colonial. El dominio pleno de la economía mercantil peruana por parte de los intereses ingleses se estableció recién a partir de los años 1840. No obstante, elementos bastante sólidos de este proceso aparecen ya en décadas anteriores. Inclusive, hubo “adelantos” de la política inglesa, norteamericana y francesa desde tiempos previos a la independencia.
No fructificaron los intentos locales por favorecer una producción interna basada en un mercado propio, que hubiesen significado un cambio sustantivo con respecto a los tiempos finales del período colonial. Este cambio hubiese implicado una transformación en la mentalidad de los propietarios territoriales y de capitales comerciales, así como en sus patrones de consumo. La conversión industrial no estaba en las miras de los sectores propietarios, ya que habría requerido de una reasignación de la mano de obra (de las minas y plantaciones a la actividad transformativa), con el evidente cambio por modalidades modernas de contratación en todos los sectores. Se prefirió reproducir el esquema hacia afuera, manteniendo las formas arcaicas de las empresas coloniales. No debe descartarse que los ingresos aduaneros hayan sido vistos como la principal fuente de recursos de un Estado caudillista con pocas posibilidades de recaudar en provincias. En la confusa política arancelaria entre 1826 y 1852 primó la tendencia a elevar las tasas con miras a mayores recaudaciones y la protección del productor nativo. Pese a todo –y contrabando mediante–, las cifras de importaciones desmienten que existiera la posibilidad de proteger realmente a la industria nacional.
DEMOGRAFÍA El bajo ritmo de crecimiento demográfico peruano a principios de la república es normal en sociedades preindustriales. Recién desde 1860 se inició un leve despegue. Hacia fines del siglo XVIII el Perú albergaba a alrededor de 1 240 000 habitantes (incluyendo a Puno y Jaén). Paul Gootenberg ha completado los datos del censo de 1827 con la información de Kubler.
Resultó un total de 1 516 693 habitantes, donde la poblacion indígena representaba el 61,6% (Gootenberg 1995). Cuadro 7 POBLACIÓN REGIONAL DEL PERÚ, 1791-1876 Sur (%)
Centro (%)
Norte (%)
1791
651 659 (52,6)
350 371 (28,3)
237 167 (19,1)
1 239 197
1827
788 817 (52,0)
423 937 (28,0)
303 939 (20,0)
1 516 963
1836
668 802
417 423
287 511
1850
1 035 348 (51,7)
590 776 (29,5)
374 999 (18,8)
2 001 123
1862
1 076 134 (43,7)
809 287 (32,9)
576 515 (23,4)
2 461 936
1876
1 023 286 (37,9)
997 196 (37,0)
678 624 (25,1)
2 699 106
Año
Total
Fuente: Gootenberg 1995: 131.
POLÍTICA COMERCIAL Uno de los temas claves para entender la economía peruana de inicios de la república es la actitud hacia el comercio externo. Por un lado estuvo la numerosa y contradictoria legislación mercantil; por otro, la práctica importadora y exportadora.
La guerra de papel En la normatividad primó un conjunto de factores económicos y políticos. En juego estuvo la necesidad de protección a la producción y al comercio locales, así como la supremacía limeña sobre las provincias a través del cobro de impuestos aduaneros. En vista de la amplia afluencia de embarcaciones extranjeras en las aguas peruanas, el reglamento provisional de 1821 dio la prioridad a los barcos hispanoamericanos, prohibiendo la labor de importación y comercio de cabotaje por parte de los extranjeros e imponiendo derechos elevados a los artículos concurrentes de importación. Las telas importadas se sujetaban a una tasa de 40%. La idea de incentivos a la producción local se plasmaba también en las facilidades arancelarias para internar materias primas, insumos, maquinaria, instrumen-
tos científicos, etc. La guerra y el contrabando anularon los efectos de estas medidas. Con miras a revertir esta tendencia, San Martín y Bolívar proclamaron el “libre comercio”. Pero, terminada la guerra, en 1826 un nuevo reglamento comercial buscaba la protección a través de impuestos del orden del 80% que gravaban los artículos concurrentes (especialmente textiles); el resto con el 30%. Igualmente se liberaba de impuestos a los insumos, materia prima, instrumentos y maquinaria. El art. 19 gravaba “como perjudiciales a la agricultura o industria del Estado” con un 80% los artículos siguientes: aguardientes de toda clase, jabones, sombreros, ropa hecha, zapatos y botas, pólvora, salitre y azufre, herraduras, azúcar, tocuyos, las “telas toscas de lana equivalentes a las bayetas y bayetones de la tierra”, el tabaco, aceite de comer y manteca de puerco, talabarterías, velas, cueros curtidos y mobiliario (Dancuart-Rodríguez 1902-1926: I: 81-86). Esta tendencia en la legislación alcanzó su clímax en el reglamento de 1828, más conocido como la ley de prohibiciones. Prohibió absolutamente y por diez meses la importación de productos de consumo masivo como textiles y harinas y ubicó los aranceles en un 90% para los artículos manufactureros similares a los peruanos y tasas del 100 al 200% en artículos agrícolas (específicamente, vinos, pasas, harinas, manteca de vaca, arroz y menestras) (Dancuart 1902-1926: II: 139-140). Entre 1828 y 1833 diversas decisiones contradictorias restablecieron y suspendieron las disposiciones del reglamento de 1828, situación que sugiere que la política prohibitiva careció de vigencia práctica. Pando en 1830 reconoció que los comerciantes eludían la ley de prohibiciones gracias al contrabando. El decreto del 20 de febrero de 1832 permitió la importación de artículos prohibidos con un gravamen del 90%. Continuó prohibida la introducción de tocuyos crudos, telas toscas de lana, pólvora, salitre, azufre, azúcar, jabón, aguardiente de uva, arroz, menestras, manteca de puerco y velas de sebo. Luego de un largo gobierno como el de Gamarra, decidido en su tendencia hacia adentro, se instaló el primer régimen librecambista: el de Luis José de Orbegoso. El cambio provocó una cerrada actitud xenofóbica por parte de los comerciantes y artesanos limeños. En marzo de 1834 Orbegoso derogó la ley de prohibiciones y restableció el reglamento de 1826 con algunas modificaciones.
La guerra civil hizo el resto. La dictadura de Felipe Santiago Salaverry proscribió a los mayoristas y minoristas extranjeros y reimplantó el tratado exclusionista con Chile, restauró todas las prohibiciones de importación y favoreció al consulado (Gootenberg 1989). Con la Confederación Peruano-Boliviana se dictaron tres reglamentos: uno para cada Estado y un tercero para la Confederación (1836), todos librecambistas. Arica, Cobija, El Callao y Paita fueron declarados puertos libres en un intento por recuperar la hegemonía en el Pacífico que ostentaba Valparaíso. Con esto se consolidó el triunfo de los comerciantes ingleses en el Perú. Inmediatamente después se firmó el tratado comercial con Inglaterra (Mathew 1968: 566; Macera 1977; Bonilla 1980: 420). Pasada la experiencia confederativa no cambió sustantivamente la política aduanera. Una nueva medida (del 30 de noviembre de 1840) eliminó las prohibiciones para importar. Algunos productos fueron exonerados de derechos y otros se sujetaron a un arancel que oscilaba entre el 5 y el 36% (Basadre 1968-1970: I-II).
¿Liberalismo o proteccionismo? En torno a la política aduanera peruana de las primeras décadas republicanas se presenta un interesante debate, que gira alrededor del carácter de una política que oscilaba entre tarifas bajas y tarifas prohibitivas. Existe un consenso sobre la implantación de una política liberal manchesteriana sólo a partir de 1852, debido a la aparición de un sector comercial y rentista nativo ligado a la actividad importadora en las condiciones que se generaron con la aparición del guano como producto predominante de exportación. Una pregunta que cabe formularse es si las políticas realmente fueron liberales o proteccionistas. Los rasgos predominantes indican que la política aduanera no necesariamente se enmarcaba dentro del liberalismo (o del proteccionismo) como lineamiento de una política de desarrollo integral del país. Desde ya, la política se presenta más librecambista que liberal. De la misma manera, resulta difícil inscribir la contrapartida (con prohibiciones y aranceles elevados) en una política proteccionista. Facilidades y restricciones aduaneras hubo y hay sin una política orgánicamente estructurada liberal o proteccionista. La diferencia entre el liberalismo y el proteccionismo no está, esencialmente, en las cifras arancela-
Luis José de Orbegoso sucede a Agustín Gamarra en el gobierno (1833), instalándose con él el primer régimen librecambista en la nueva república.
rias. Como es conocido, lo fundamental radica en la participación que en uno y en otro caso se atribuye a la iniciativa privada y al Estado. Para el primero, el Estado no debe ser un ente regulador de la economía, dejando esta función a las leyes del mercado libremente desarrollado. El proteccionismo, en cambio, reconoce que el Estado debe establecer una política de incentivos que beneficie al productor y, en general, al empresario local. Esta política pasa por el establecimiento de altos aranceles, pero no se detiene ahí. Implica más bien que el Estado asuma un papel activo en la economía ya sea en forma directa (creando empresas productivas, comerciales o de servicios) y/o indirecta (financiando programas en infraestructura productiva u otorgando recursos a empresarios particulares con créditos blandos, brindando facilidades para la exportación de productos, dando primas y exclusividades, exoneraciones tributarias, etc.).
Flora Tristán, escritora francesa de padre peruano, pionera en la defensa de los derechos de la mujer, visitó Lima y Arequipa entre 1833 y 1834, para reclamar infructuosamente la herencia paterna.
Ambas posiciones tienen al Estado como garante de la continuidad de la política a seguir y constituyen programas coherentes que implican la preexistencia de un proyecto de desarrollo. El proteccionismo corresponde mayormente al momento en que la burguesía necesita de seguridades para la inversión; cuando sus escasos recursos no le permiten aún asumir por sí misma actividades costosas en condiciones de alto riesgo y concurrencia de burguesías de otros países, delegando al Estado la función de su defensa. De otro lado, el Estado es empleado como fuente de recursos para impulsar la industrialización y el comercio externo, buscando mercados desprotegidos. Aunque no como necesidad ineludible, la experiencia muestra que cuando ya se ha cumplido esta función y el empresariado se siente suficientemente fortalecido, renuncia a la intervención estatal y procura asumir por sí todas las tareas económicas, pudiendo mantener algunas funciones en la infraestructura más costosa (transporte, energía, etc.). Los propagandistas de ideas liberales en el Perú “olvidaban” el papel principal que tuvieron las políticas proteccionistas para consolidar el desarrollo
capitalista en los entonces países desarrollados. Era evidente que intentaban abrir los mercados de las ex colonias hispanas a sus productos y capitales, antes que favorecer una competencia incentivadora del desarrollo industrial. Interesante, en este sentido, resulta la discusión que sostuviera la escritora francoperuana Flora Tristán en 1834 con el coronel Miguel de San Román (defensor del extinto régimen de Gamarra). Más que proteccionistas, los empresarios peruanos de entonces fueron exclusivistas. En tiempos coloniales la proteccionista fue España, no el Perú; mejor dicho, lo fue la política colonial española en plenas reformas “liberales” borbónicas. Su proteccionismo se redujo a una política mercantil exclusivista entre las colonias y la metrópoli, a través del nunca abandonado monopolio comercial; la participación extranjera en esta relación debía hacerse por medio de la metrópoli. Fueron los grandes comerciantes del consulado limeño quienes monopolizaron el comercio intercolonial, especialmente el de Chile con el Perú. En la república el gran debate era romper o no el monopolio exclusivista mercantil limeño. No se trató de un planteamiento liberal más general (y no sólo librecambista) o proteccionista. ¿Fue en realidad librecambista la tendencia que se desarrollaba en el sur del país? ¿En qué se diferenciaba el eje Callao-Valparaíso del eje Islay-Inglaterra?
Doctrina y realidad Independientemente de la política seguida (o solamente asumida), el mercado peruano no estaba para desarrollar un proyecto proteccionista arancelario. Fracasaron los intentos de establecer una protección aduanera para la producción y comercio locales. La precariedad del Estado le impidió ejercer un control estricto sobre el comercio de importación para evitar el contrabando y la evasión fiscal. La fragmentación del mercado y de las actividades económicas hizo lo propio, dado que el productor local no estuvo en condiciones de presionar a fin de mantener una política firme de apoyo. Las necesidades financieras del Estado fueron otro factor de anulación de sus intenciones librecambistas o proteccionistas arancelarias. Dada su vulnerabilidad económica, los comerciantes peruanos o extranjeros estuvieron dispuestos a prestar o adelantar dinero para modificar la legislación aduanera de acuerdo a sus intereses. Ya en 1823 el gobierno entregó las aduanas a los comerciantes a cambio de un préstamo de 200 000 pesos.
Las mismas medidas restrictivas al comercio gran parte del reglamento neomercantilista de la alentaron el contrabando. De ahí que la nueva repú- plata en barras (Gootenberg 1988: 418-419). El productor artesanal se beneficiaba en tanto blica no pudiera llevar adelante una política mínimamente coherente de protección. que los exclusivismos colonial y mercantil limeño le Basadre y, tras él, numerosos autores, señalan la habían dejado márgenes apreciables de actuación. presencia de un espíritu nacionalista en los inicios Para él era fundamental contar con un mercado mírepublicanos. En todo caso, se trata de un “naciona- nimo y esto se lograba sólo si la introducción de arlismo” conservador de las elites agrarias, monopo- tículos a la ciudad (peruanos o extranjeros) no llelistas comerciales y, en parte, industriales de la cos- gaba a perjudicarlo. El productor local debió buscar ta y la sierra. En el campo del comercio externo, es- protección. Sin embargo, antes que ser protecciote nacionalismo estaría reflejado en las prohibicio- nista, fue partidario de una defensa, a través de la nes. La añoranza colonial habría conducido a la política aduanera, que impidiese al comercio ultrabúsqueda del exclusivismo mercantil (Gootenberg marino cubrir su mercado tradicional (sectores medios y bajos de la población). Quienes más se que1989: cap. I). Otra dimensión del conflicto estuvo dada por jaron fueron los artesanos que destinaban su prolas necesidades fiscales. Mientras la principal fuen- ducción a los sectores más pudientes y propensos a te fiscal fue el tributo indígena, Lima no llegaba a reemplazar su consumo con artículos importados. beneficiarse con su cobranza como debiera. Las Con un mercado diferenciado, al igual que antendencias centrífugas provincianas lograron apro- tes, los artesanos llegaron a adaptarse y sobrevivir vechar estos recursos, principalmente para alimen- pese a que las importaciones les afectaron enormetar las fuerzas caudillescas. Una alternativa viable a mente. Lo que no pudieron hacer fue constituirse esta situación fue el hincapié hecho en la recauda- en una base amplia para el desarrollo de una manución aduanera controlada por el gobierno de Lima. factura con proyecciones capitalistas modernas. En Así, en el presupuesto de 1846 el 55% de los ingre- especial cuando desde los años 1840 la navegación sos corrientes provenía de las rentas de las adua- a vapor hizo caer las barreras proteccionistas natunas. No extraña, por tanto, que el gobierno en Li- rales de los países alejados. La producción fabril tuma buscase manejar las aduanas de tal manera que vo mayores facilidades para competir con la artesale proporcionasen los recursos suficientes para nal (Quiroz Ch. 1993). mantener el aparato estatal. Esto tal vez explique, Algo similar sucedió en provincias con los arteal menos parcialmente, las incoherencias de un Es- sanos urbanos y rurales. No sucumbieron ante la tado que se decía protector de la industria local pe- arremetida importadora, pero tampoco sobrepasaro no vacilaba en aceptar presiones de partes inte- ron el nivel artesanal de producción. resadas para variar la legislación. En especial, cuanEs conocido que los obrajes cuzqueños lograron do el incentivo podía ayudar a cubrir sus necesida- el monopolio para confeccionar bayetones, frazadas y ropa para el ejército. Estas medidas parciales y esdes fiscales. La capital fue importante en este debate por porádicas permitieron mantener el nivel productivo cuanto allí se concentraban las fuerzas proteccionistas y librecambistas y, de otro lado, de allí emanaban las políticas aduaneras oficiales. Proteccionistas habrían sido los comerciantes monopolistas, los dueños de plantaciones azucareras y los artesanos. Los comerciantes y plantadores estaban interesados en revivir y mantener el tradicional comercio exclusivista colonial que tenía a Lima como eje (con el Callao como puerto). Querían volver a articular un circuito comercial cerrado entre el Perú y Chile (azúcar vs. trigo y harina). De otro lado, seguían controlando la minería peruana venida a menos. Los mismos mineros se opusieron a la apertura del mercado de la propiedad y explotación de las minas y aceptaron El puerto del Callao en el siglo XIX.
mercial peruana. Protegieron el artesanal por algún tiempo. El golpe mortal para el productor comercio de artículos de lujo de los minoristas franceses asentasureño fue asestado por el incremento en los precios de la lana, dos en Lima y utilizaron su fuerza militar en el Callao para debido a la creciente exportación hacia el mercado inglés. defender los intereses comerciales galos (Gootenberg 1988: El campo de los partidarios del librecambio era también 409-410). Hasta los años 1840, los cocomplejo en su composición. merciantes extranjeros no tuvieEstuvo conformado por los diplomáticos de las potencias exron un gran poder coercitivo. Relacionados con las veinte tranjeras, los comerciantes extranjeros y algunos productores principales empresas mayoristas en Lima, trataron de establecer y comerciantes locales. Los cónsules de Francia, Esvínculos de clientelaje con los comerciantes locales y quisieron tados Unidos y, sobre todo, Inglaterra intercedieron ante los igualmente influir en la política gobiernos peruanos para reducir comercial peruana pero encontraron oposición de parte de éslas tarifas aduaneras y garantizar la labor de los comerciantes de tos. Tampoco lograron intervenir en la política dado que ésta sus países a través de tratados comerciales. Las estrategias de era caudillista y resultaba muy riesgoso prestar a un gobierno esta política de intromisión no José María de Pando, abogado y político fueron iguales. Los ingleses esque podía ser efímero. Esto les conservador, fue una importante figura pública en la primera mitad del privó del mecanismo ideal para tablecieron una política neoimsiglo XIX peruano. perial buscando promover el coejercer coerción sobre los gomercio de consignación de sus biernos y tuvieron que recurrir grandes casas importadoras en Lima y sus activida- principalmente al consulado limeño en búsqueda des auxiliares de exportación en el sur. de recursos. Pese a los enormes esfuerzos desplegados por los Aun así, sus colegas norteamericanos fueron más agresivos. Entre los intereses extranjeros al ini- cónsules y los comerciantes, el Perú no adoptó una cio de la república, los norteamericanos eran los política librecambista inmediatamente después de más importantes. Dominaban “el tráfico clave de la independencia. No pudieron aprovecharse de la harina y tejidos rústicos a la costa norte-central debilidad del Estado peruano precisamente porque (que desviaba el comercio de la ansiada conexión ésta era un obstáculo para establecer una política lichilena de la región), eran muy conspicuos en el ca- beral congruente y porque no encontraron un secbotaje e incluían en su ámbito de influencia el área tor influyente políticamente que colaborase en la tade comercio urbano de Lima. A diferencia con el rea de abrir los mercados a sus intereses. Este sector tráfico inglés, los productos de los comerciantes surgió recién en los años 1840, principalmente en la norteamericanos plantearon un desafío inmediato a época del guano. Por lo pronto, los colaboradores locales para los los sectores más organizados y comercializados de la economía peruana. En contraste con los produc- intereses extranjeros no fueron suficientemente tos europeos, las exportaciones norteamericanas de fuertes como para imponer el rumbo librecambista a 1820 fueron directamente competitivas, no comple- la política peruana. Paul Gootenberg identifica a tres mentarias, con lo producido en el Perú”. Los cónsu- grupos de colaboradores: los “bolivarianos”, el grules norteamericanos intervinieron en la política pe- po de presión ideológica “internacionalista” de altos ruana a través de agentes locales reclutados entre funcionarios del gobierno, y un movimiento regiosectores políticos influyentes. Inclusive, ellos mis- nalista difuso conducido por elites económicas de la mos produjeron clandestinamente gran parte de la costa del sur (Arequipa). Estos grupos no eran numerosos ni cohesionados y carecieron de base social. propaganda liberal de la época, aunque sin éxito. Los cónsules franceses, de su lado, fueron los de Debido a que la apertura comercial de fines de la menor peso pero los más hostiles en la política co- colonia y los primeros años independientes había
afectado a diversos sectores sociales, el comercio li- divergentes. Ni Arequipa fue un “bastión” librecambre planteado por Bolívar era rechazado amplia- bista, ni Lima fue una retaguardia asegurada para el mente en el Perú. Era antipopular, centralista y, co- proteccionismo. mo causa “extranjera”, era identificado como la La sierra central fue sede de un apoyo considerable a Orbegoso en la guerra civil contra Gamarra, continuidad de la dependencia colonial. El apoyo al librecambismo provino de un sector quien representaba, más que el proteccionismo, una “tecnócrata”. Funcionarios, principalmente de política autoritaria y limeñocentrista en desmedro orientación política conservadora (Vidaurre, Pando, de una zona tradicionalmente crucial para el abaslos hermanos Del Río), propusieron un amplio pro- tecimiento precisamente de la capital. yecto económico de exportaciones a Europa, pero su asesoramiento no fue eficaz. LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Los plantadores y comerciantes (y sus voceros) de la costa sur peruana (Moquegua, Arequipa e Ica), El Perú republicano mantuvo la estructura proaglutinados por las casas comerciales de la ciudad ductiva colonial con algunas modificaciones sustande Arequipa, tuvieron más un sentimiento antilime- tivas. Sobre todo, en lo que a prioridades se refiere. ño que liberal. El centralismo político y económico de la capital generaba el rechazo a su política. Des- Agropecuaria de tiempos anteriores, su orientación fundamental La producción serrana de ese tiempo se caractefue hacia la integración con el mercado sudandino rizaba por el predominio de unidades productivas (Bajo y Alto Perú). Su papel, sin embargo, debía ser de limitadas dimensiones, tanto en la minería como análogo al que ejercía Lima en buena parte del terri- en el agro y la industria. Se trataba siempre de petorio peruano: crear un eje comercial en el sur don- queños y medianos productores que intercambiade tuviese la hegemonía. ban sus productos en pequeños mercados y ferias De ahí que no desperdiciase oportunidad para donde la moneda alternaba con el trueque (Remy avanzar en su cometido. Inclusive no descartó la 1988; Betalleluz 1991; Ponce 1980). idea de una separación política del resto del país, La economía del sur se hallaba ya en una situasobre todo cuando su comercio con el Alto Perú en- ción crítica desde finales del período colonial. La contró nuevos productos (salitre, quinina y lana). guerra vino a profundizar la depresión económica Se buscaba revitalizar el comercio de aguardiente y (Flores Galindo 1977; Glave-Remy 1983; Tandetervino que prosperó en tiempos coloniales, incentiva- Wachtel 1991). do por casas comerciales inglesas que, además, preTal vez la zona que presentó mayor dinamismo tendían introducir al altiplano mercaderías manu- fue la sierra central. En parte gracias al paulatino facturadas. despegue minero en Cerro de Pasco y el mercado Las contradicciones más importantes entre el sur y el norte peruano se debieron a la concurrencia en el sur del aguardiente de caña y del trigo chileno distribuidos por los limeños. Una de las vías para lograr su autonomía económica fue la creación de puertos libres en el sur, de lo cual provino su “librecambismo”. Cuando el comercio con sede en Arequipa empezó a dar frutos tangibles en los 1830 la actitud inicial de rechazo a los comerciantes ingleses fue cambiando paulatinamente hacia la colaboración. Las luchas políticas no pueden circunscribirse a la dicotomía costa central y norte contra la sierra sur. Es cuestionable la calidad librecambista o proteccionista de diferentes personajes, por ejemplo, la política de Santa Cruz en Bolivia. Esos “bloques” no aparecen Un hacendado en una acuarela del siglo XIX. homogéneos y presentaban tendencias muy
capitalino, las relaciones mercantiles en el agro y la ganadería del Mantaro pudieron tener mayor fuerza (Burga 1983; Mallon 1983; Manrique 1987). La agricultura de la costa heredó del tiempo anterior su estructura productiva, predominando la plantación como unidad de producción, al lado de pequeñas y medianas propiedades de panllevar y forraje para bestias de carga. Las plantaciones de Tru jillo, Lambayeque, Piura y Lima producían algodón bajo las mismas condiciones que antes de la guerra. En Ica sobresalió Domingo Elías como productor y exportador de algodón introduciendo innovaciones técnicas. La costa central estuvo más dedicada a la producción de caña de azúcar, de la misma manera, sin cambios estructurales importantes. Sólo la hacienda limeña San Pedro de José Rufino Echenique había introducido hacia 1837 la máquina a vapor en su ingenio. Los niveles de producción empezaron a despuntar recién a partir de 1840, pero no será hasta décadas posteriores cuando la actividad alcanzó una mayor escala con las inversiones provenientes del comercio guanero (Burga 1976). Además de los productos, las plantaciones heredaron la esclavitud como régimen de trabajo. La esclavitud, sin embargo, ya desde tiempos coloniales había adquirido características que limitaban su extensión en el marco de una sociedad y economía con rasgos predominantes serviles. No fue eliminada más por consideraciones psicológicas que económicas. Los plantadores no se sentían seguros si no contaban con un régimen compulsivo de mano de obra, aun cuando los esclavos representaban una mínima parte de la fuerza laboral. El censo de 1791 había arrojado la cantidad de 40 347 esclavos en todo el virreinato, el equivalente al 3,7% de la población total. Además de escasos, los esclavos estuvieron concentrados en la costa. En el partido de Lima vivía el 60% de esta población y a la ciudad de Lima le correspondía aproximadamente la tercera parte. La proporción de esclavos fue disminuyendo, sobre todo luego del corte del comercio negrero (Macera 1977; Flores Galindo 1984; Aguirre 1993). Un fenómeno a ser destacado de estas cifras es el carácter costeño y urbano de la esclavitud en el Perú. La ciudad de Lima albergó esclavos en considerables porcentajes que llegaron a representar hasta la cuarta parte de toda la población. Al no ser posible la aplicación de un régimen esclavista “puro”, en el Perú colonial y republicano se le combinó con variados elementos de servidumbre. En especial la relativa libertad de acción y hasta au-
tonomía que poseyeron los esclavos en sus tratos (“estar a jornal”), y la disposición efectiva de los resultados de estos tratos luego de entregar (o no entregar) a su amo la parte que le correspondía, vida privada (dentro o fuera de la casa del amo) y parcelas dentro de chacras y plantaciones. En estas condiciones, el esclavo dejaba de serlo estrictamente hablando. En el Perú la esclavitud nunca fue fundamental. Rápidamente, el trabajo esclavo fue empleado en la servidumbre en casas, resultando más bien una esclavitud doméstica, ocupada en labores de importancia menor vinculadas a la actividad rentista en los inicios de la elite y que hacia las postrimerías de la colonia se difunde entre sectores menos pudientes. Eliminada legalmente con la independencia, la esclavitud perduró, pero condenada ya a extinguirse. En vano se pretendió reforzarla con la importación de nuevos esclavos (con Salaverry), dado que no se produjo una verdadera expansión de las plantaciones en las primeras décadas.
Industria transformativa La industria transformativa mantuvo las características coloniales, es decir, prevalecieron las pequeñas unidades productivas (artesanales) en el campo y las ciudades. En ambos espacios hubo intentos de ampliación de la producción, pese a la situación crítica por la que, en general, atravesaba. La ciudad de Lima no fue un centro productor por excelencia pero albergó un significativo sector industrial. De acuerdo a los datos de Córdova Urrutia (1839), para 1837 los artesanos representaban alrededor del 25% de la población económicamente activa. Algunas unidades productivas urbanas adquirieron elementos de una producción ampliada. Por su esencia, dejaban de ser meramente artesanales sin por ello constituir fábricas. Ya desde finales del siglo XVIII en Lima aparecieron las máquinas en la producción, en particular en la chocolatería. Formalmente, los gremios supervivieron largamente a la independencia. En la práctica, ya en el siglo XVIII los gremios eran una institución más nominal que real. Antes que a la organización de la producción y su comercialización, el gremio se dedicaba a tratar de garantizar la exclusividad en el ejercicio, el cobro de impuestos y el ordenamiento social y colonial. Pero ni en la colonia ni menos en la república el gremio fue una institución eficaz como para evitar el ejercicio de un oficio artesanal (Basadre 1968-1970: I y III; Quiroz 1990; Krüggeler 1991).
Tendencias gremiales hacho a trabajar en condiciocia fines de la colonia se nes de exclusividad. Bastaba con pagar la licencia (patenaprecian sólo entre los panaderos y, en parte, entre los te) para ejercer libremente un oficio. camaleros, oficios que se habían regido al margen del El pueblo en general — sistema gremial. Más que los incluidos los artesanos no panaderos y camaleros, fueagremiados— veía con maron los comerciantes en halos ojos a los gremios. Esta actitud se vinculó a la idenrina y trigo y los hacendados proveedores de ganado tificación justa que se hacía entre gremio y privilegio. quienes estuvieron interesados en el cierre de esos ofiEra el rasgo más saltante que aún perduraba del sistecios. En parte, esta situación sería compartida por los vema gremial, ya en franca deleros y los mantequeros. cadencia desde tiempos coNo resulta casual que en loniales (Quiroz Ch. 1993). tiempos republicanos fuera La política de importaciones desde el siglo anteprecisamente alrededor de esos oficios que se estructurior debilitaba aún más los mercados segmentados. Soró el sistema gremial. Otros oficios hablarán de gremios, bre todo la importación de El gremio de los plateros fue uno de los más importantes del Perú colonial y conservó su textiles y otros efectos mamas no pasaron de intencioinfluencia durante la primera mitad del siglo XIX. nes o de figuras jurídicas nufacturados terminó de En la imagen el “sumo pontífice” de los plateros. sin sustento práctico. arruinar la producción de La república se inició artesanías y obrajes locales con mandatos para abolir los gremios, que la cons- debido a sus bajos precios y a la obsolescencia tectitución de Cádiz ya había puesto fuera de la ley. nológica de la producción nativa. El declive de la Las constituciones peruanas casi invariablemente importación de telas que se empieza a manifestar –ya fuesen conservadoras o liberales– incluyeron desde 1830 indica que estos mercados peruanos en su articulado la fórmula del reconocimiento de eran muy estrechos, como consecuencia del carácla libertad de industria como principio. El decreto ter fundamentalmente autosuficiente de la econode 29 de julio de 1840, que ordenaba la reglamen- mía familiar, particularmente en el caso de la poblatación de los gremios, fue una medida extemporá- ción indígena (Macera 1972; Bonilla 1980: 411; nea que obedecía más a una idea corporativista de Remy 1988: 455). organización de la sociedad que a principios de Minería economía. El sistema republicano necesitó al gremio básiA partir de 1812 la minería entró en un pronuncamente para las mismas funciones de control eco- ciado declive, manteniéndose la producción por denómico y social que en tiempos coloniales: la vigi- bajo de los 300 000 marcos anuales. La excepción lancia desde abajo de ese relativamente amplio sec- fue 1820 cuando se alcanzó 477 000 marcos, debitor de la sociedad y el ordenamiento fiscal, tanto de do a los 313 000 marcos que produjo Cerro de Pasparte de las autoridades como por los propios arte- co (65,6% del total), donde funcionaban tres bomsanos. La nueva república reemplazó la alcabala por bas a vapor para el desagüe. Sin embargo, la guerra los impuestos de patentes e industrias. La recauda- interrumpió las inversiones hasta 1825, cuando se ción tenía al gremio como célula básica. Sin embar- reiniciaron las labores con un solo motor. Además, go, en diciembre de 1826 se planteó la idea opues- el mineral que se extraía era de inferior ley (Fisher ta: la contribución debía ser más individual que co- 1977: 227-232). lectiva (Dancuart-Rodríguez 1902-1926: I: 276 y El ministro Pando en su memoria de 1830, seña279; Oviedo 1861-1872: XV: 315, 401; XVI: 6). ló las causas que a su entender dificultaban el proCon esta medida, el gremio dejaba de ser im- greso de la minería: la falta de capitales, la lentitud prescindible. Ya no aseguraba el “alimento”: el dere- en el desagüe con una sola máquina en funciona-
miento, la escasez de insumos por falta de transporte y el mayor costo del trabajo libre. Tras haber sido el principal sostén de la economía en tiempos coloniales, la minería era ahora incapaz de articular al resto de actividades. Sin embargo, las mentes de los gobernantes y sectores pudientes seguían en los socavones. En realidad, se perseguía restituir las condiciones (idílicas) que tuvieron las minas coloniales. Idílicas, puesto que la mita había dejado de regir aun antes de su abolición, sobre todo en los centros mineros nuevos, que tuvieron que conseguir mano de obra forzada por otros medios. Salvo el mercurio (subsidiado por el Estado colonial a los mineros “alistados”), los demás insumos e instrumentos que requerían los mineros eran, en la práctica, suministrados en un mercado controlado por los grandes comerciantes y usureros limeños a través de los “aviadores” (los “bancos de rescate” tuvieron corta vigencia y resultaron de escasa ayuda). Los mineros tuvieron la oportunidad de usar las casas de moneda a manera de mercado asegurado para su producción, evitando así a los “aviadores”. Destacó en este caso la ceca del Cuzco, pero no fue muy eficaz como sistema. Con la independencia no se produjeron cambios importantes. Continuaron las mismas condiciones indicadas, agravadas por la situación calamitosa producida por la guerra y por el rompimiento de los circuitos del comercio internacional. El fin del subsidio al mercurio significó un alza considerable: el quintal pasó de 50 a 112-140 pesos en 1840. Desde 1831 la casa Rothschild estableció su monopolio sobre el mercurio. Algo similar ocurrió con los precios de la pólvora, sal y acero (Deustua 1986: 170-180; Contreras 1987: 27; 1995: 156-157). Evidentemente, el empresario minero buscó facilidades especiales para su actividad. En la minería se repite el mismo apego a la “merced” estatal que en otras actividades. La presión sobre el Estado se basaba, precisamente, en la idea de ser la minería la única “salvación” del país, con el lema del Perú “país minero” por excelencia. Claro, los sectores que dominaban el Estado no tuvieron la misma escala de prioridades (Tantaleán 1982: 48-50). Sin embargo, el Estado republicano desde un principio desplegó una serie de políticas de fomento al sector minero y, en particular, coordinó obras de infraestructura con trabajadores forzados. Desde un principio se interesó por la producción minera para los efectos de solventar los costos de la guerra.
Acabada ésta, procuró fomentar la actividad con políticas de promoción para la introducción de mejoras tecnológicas. En 1828, inclusive, la minería era considerada la base para las demás actividades y la hacienda pública. Se discutió la posibilidad de reproducir la política colonial: abaratar el precio del azogue y rebajar impuestos a estas labores que fomentan otras actividades económicas (Contreras 1987: 32). Al igual que en tiempos coloniales, Cerro de Pasco era el mayor centro minero. Entre 1825 y 1834 producía el 68% de la plata; Puno el 10%; Lima el 7,7%; Trujillo el 6,8%; Arequipa el 5,1%; Huamanga el 1,9% y Tacna el 0,5%. Las principales vetas de plata eran Colquijirca y Pariarirca. En Cerro de Pasco llegó a haber 3 000 o 4 000 indios permanentes; en tiempos de “boyas” se duplicaba la población (Basadre 1968-1970; Deustua 1986: 327). Otros yacimientos importantes fueron Pataz, Huamachuco, Cajamarca y Hualgayoc (con su famosa mina en el cerro San Fernando). En Tarapacá se explotaron fugazmente los asientos de Huantajaya. La minería continuó siendo argentífera. Poca atención tuvieron otros yacimientos. Una excepción fue Morococha por su producción de cobre. En Yauli se conocía la existencia de grandes depósitos de plomo, pero no se explotaron por los bajos precios y la falta de combustible y mano de obra. No se explotaba tampoco el oro de los ríos orientales. Inclusive, las minas de Huancavelica no eran trabajadas pese a las dificultades para importar azogue; por ejemplo, la minería necesitaba 4 000 frascos de azogue por año y en 1843 se importaron sólo 2 401. Fracasó un intento por reactivar la producción de azogue entre 1836 y 1839. La misma suerte corrió una compañía nacional que recibió gratuitamente (por decreto del 7 mayo de 1839) las minas del Estado, oficinas, enseres y hasta fondos de las tesorerías de Ayacucho y Huancavelica. No pudo funcionar por falta de personal técnico, operarios y tranquilidad pública. En los años 1820 el capital inglés creó cinco compañías grandes para invertir en la minería peruana. Todos estos intentos fracasaron, en buena parte, por no haber encontrado la fórmula para atraer a la mano de obra (Basadre 1968-1970: I-II; Bonilla 1980). No bastaron estos incentivos estatales. Tampoco el haber rebajado el impuesto a la producción del 10% al 5% según la ley de 1829. La falta de capitales y la reticencia a estimular económicamente a la mano de obra fueron dos de las más importantes causas del atraso.
Cuadro 8 TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE ALGUNOS PRODUCTOS (toneladas métricas)
Años
Metal cobre
Cobre Mineral Estaño refinado estaño refinado Cacao
Café
Quina
Lana oveja
Lana alpaca
Algodón
Azúcar
1830
0
533
21
0
190
1
288
0
3
21
1 610
1831
0
94
0
0
1
0
184
0
0
26
1 610
1832
5
9
5
9
11
0
175
1
11
1
1 610
1833
0
146
20
0
0
0
83
5
7
0
1 610
1834
1
120
13
0
20
0
253
0
78
18
1 610
1835
206
45
0
0
788
0
36
0
0
27
1 610
1836
4
922
1
39
183
2
76
2
433
356
1 610
1837
125
3
0
130
422
187
155
0
869
186
1 610
1838
774
1 197
0
0
105
232
17
12
1 045
25
1 610
1839
971
1 640
58
22
113
0
26
55
975
676
1 610
1840
1 407
449
44
40
437
1
3
39
1 257
440
1 610
Fuente Hunt 1973:38. Este cuadro incluye las exportaciones bolivianas de quina, que eran las dominantes.
La falta de mano de obra fue crónica. Las guerras civiles impedían contar con fuerza laboral y bestias de carga, destruyeron la escasa maquinaria y obras de infraestructura. Una salvación para los mineros fue el mantenimiento del tributo, que obligaba a los campesinos a buscar un medio de obtener el dinero necesario para pagarlo. El reclutamiento de la mano de obra, entonces, mantuvo los patrones coloniales. Es decir, “enganchar” al trabajador por medio de deudas. No existió a nivel del trabajador común el incentivo del salario. En el técnico, sí. Inclusive, para ahorrar dinero, los dueños de minas no atendían a cuestiones básicas de seguridad. Esto provocó accidentes, como el que se produjo en Matagente, donde perecieron trescientas personas. Los asientos tenían trabajadores permanentes y maquipuros (eventuales de origen campesino reclutados en tiempos boyantes). El trabajo era tan pesado (y odiado) como en tiempos coloniales. Los turnos duraban doce horas. Los campesinos no acudían por su propia voluntad a los socavones. En realidad, la tecnología no había sufrido cambio alguno. Los barreteros recibían seis reales al día por arrancar el mineral; los apires, o chaquiris, 4 reales por llevarlo a la superficie en sacos llamados capachos.
En tiempos de boya tenían derecho a extraer la “huachaca” (“parte del pobre”) que consistía en un trozo de mineral que, si no lo empleaban en sus pueblos, lo tenían que vender al mismo minero o a algún “aviador”. Cuadro 9 PRODUCCIÓN DE PLATA DE CERRO DE PASCO Años
Producción en marcos
1830
95 261
1831
135 135
1832
219 378
1833
257 069
1834
267 126
1835
276 774
1836
244 404
1837
235 856
1838
251 932
1839
279 620
1840
307 213
Fuente: Datos de Shane Hunt en Bonilla 1980: 404.
Cuadro 10
Cuadro 11
EXPORTACIONES DEL PERÚ A INGLATERRA
VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LANA
(En libras esterlinas)
1825 Moneda fraccionaria Lana
1839
1840
Años
Cantidades en libras Oveja Alpaca
1834
5 700
600 000
1 310 828
1 562 149
1835
908 626
143 400
14 500
130 087
141 724
1836
955 222
199 000
59 830
90 942
1837
4 914 751
385 800
Nitrato de soda
Valor en pesos Oveja Alpaca
Algodón
19 400
74 360
85 881
1838
2 314 088
459 300
352 602
114 825
Cortezas
29 600
10 066
23 600
1839
2 149 571
1 325 500
252 032
398 650
1840
2 770 379
1 650 000
Fuente: Mathew en Bonilla 1980: 405.
Sólo las “haciendas” o ingenios tenían bestias para pisar el azogue. En los boliches lo pisaban los mismos indios (Basadre 1968-1970: I-II). La producción de plata no reeditó las cifras coloniales. Alcanzó cantidades importantes en marcos extraídos, aunque no necesariamente de alta ley. La minería en realidad se mantuvo en crisis durante las primeras décadas republicanas. La producción minera republicana no llegó a generar un amplio circuito económico como ocurriera en tiempos anteriores. La excepción fue Cerro de Pasco y sus vinculaciones en la sierra central.
Fuente: Esteves 1882: 33-34.
portaciones peruanas sumaron 8 079 000 pesos, mientras que las exportaciones 6 254 000 pesos. Descontando costos, el déficit ascendió a 1 225 000 pesos (Basadre 1968-1970).
Exportaciones
El comercio de exportaciones peruanas seguía conformado principalmente por metales preciosos (oro y plata). Simplemente el Perú exportaba dinero. La economía peruana sólo producía dinero para adquirir productos manufacturados, situación que nos remitía a las formas más elementales del intercambio internacional. COMERCIO EXTERNO Durante las dos primeras décadas de vida independiente, el Perú exportaba básicamente materias El comercio externo peruano entraba con mal primas, en pequeñas cantidades y con escaso valor pie a su desarrollo independiente. Por lo común, la agregado en el mercado. Destacaban la quinina, balanza comercial era deficitaria. En 1820, las im- cueros, pieles y lanas. No obstante el declive de la producción minera, el grueso de las exportaciones era de metales preciosos. En los años 1830 una mayor producción en el rubro exportador permitió aumentar las importaciones. El valor de la plata exportada significó el 90% del total de exportaciones peruanas en 1825 y el 82% en 1840 (Bonilla 1972: 22 passim.; Bonilla 19751977: V: 96; Deustua 1986: 32 passim. y 233 passim). Un rubro de creciente importancia en las exportaciones fueron las lanas de ovejas, alpacas, vicuñas y llamas, producidas en la sierra del Cuzco y Puno mayormente por comuneros indígenas y por pequeñas unidades de campesinos mestizos y algunos blancos. Eran exportadas por comerciantes intermediarios El puerto de Islay (en Arequipa) en la segunda mitad del siglo XIX.
Cuadro 12
Cuadro 13
EXPORTACIONES EXPORTACIONE S PERUANAS EN LOS AÑOS 1838 Y 1839
VALOR DE LAS IMPORTACIONES BRITÁNICAS
Artículos
Valor en 1838 Pesos
Libras es est.
Valor en 1839 Pesos
164 370
3 2 87 4
50 327
1 0 06 5
Oro, plata
6 542 062
1 30 8 41 2
6 554 141
1 310 828
Cueros, cochini.
10 968
2 1 93
11 016
2 2 03
Cobre (barrilla)
108 857
21 731
91 079
18 218
Cobre (barras)
14 637
2 92 7
360 213
72 043
371 300
74 360
18 213
3 64 2
6 859
1 37 1
Cuernos
32 0
64
Pieles de foca
55 6
111
Salitre
259 220
51 814
299 152
59 830
Azúcar
52 150
10 430
52 150
10 430
Estaño
78 312
15 662
61 867
12 375
75 2
150
Lana de oveja
325 602
7 0 5 20
252 032
50 5 06
Alpaca
144 820
22 965
397 650
79 530
Total
8 061 593
1 612 318
8 164 349
1 632 869
Cueros de vaca
Lana de vicuña
Libras esterlinas
1821
86 329
1822
111 11 1 509
1823
226 954
1824
372 311
1825
559 766
1826
199 086
1827
228 465
1828
374 614
1829
300 171
1830
368 469
Libras es est.
Cascarilla
Algodón
Años
Fuente: Esteves 1882: 152.
arequipeños y tacneños a través del puerto de Islay (Flores Galindo 1977; Bonilla 1980: 407). Desde mediados de la década de 1830 se observa un incremento en las exportaciones de productos y la aparición de otros nuevos: algodón, cobre y salitre. La exportación de metales preciosos amonedados para cancelar las importaciones indica una fuga masiva de recursos. La economía peruana no podía contar con dinero amonedado y, por ende, continuaba el proceso de “naturalización” ya presente desde fines del siglo XVIII, hecho que estuvo acompañado por un estancamiento de la producción comercial. Antes de la “época del guano” las exportaciones peruanas eran prescindibles para los mercados europeos, pues nuestros productos podían obtenerse en muchos puntos del planeta. En cambio, las importaciones peruanas desde Europa incidieron con fuerza en la economía del país.
Importaciones La otra cara de la misma medalla la constituyen las importaciones. Con la independencia, las casas
Fuente: Bonilla
et al.
1978: 3.
comerciales españolas cedieron el lugar a otras inglesas, francesas y norteamericanas. En 1824 había 20 firmas importadoras-exportadoras inglesas en Lima y 16 en Arequipa. A la vuelta de una década, estas casas comerciales devinieron en las empresas líderes en el ramo desplazando también a las peruanas. De los 4-5 millones de pesos en mercaderías importadas hacia mediados de los años 1820, las norteamericanas representaban entre 1,2 y 2 millones (harina, textiles de algodón, etc.), las inglesas algo de 1,5 millones (textiles y ferretería) y las francesas alrededor de un millón (ropa de lujo, manufacturas y vinos) (Bonilla 1975-1977; Hunt 1973; Gootenberg 1989). Hacia 1834 las importaciones igualaron los niveles coloniales (8 millones de pesos). La mitad ya correspondía al comercio inglés que dejaba relegados al norteamericano y al francés. En forma paulatina pero creciente, los productos manufacturados importados fueron reemplazando a la producción nativa. A pesar de las restricciones formales (altos aranceles y prohibiciones) el comercio extranjero fue adquiriendo mayor presencia en el mercado peruano, arruinando a los productores locales. En realidad, se trata de un proceso extendido en el tiempo. Ya se había iniciado en el reformista siglo XVIII y sus efectos más visibles y dramáticos se produjeron luego de 1840. Pero en los años 1820 los costos de importación se redujeron a la mitad, en tanto que bajaban los precios de artículos importados, los cuales se impusieron en
La ciudad de Iquique en el siglo XIX.
un mercado local que registraba una profunda depresión interna. Los mercados estagnados y fragmentados del Perú recibieron bienes de consumo más mundanos (70-80% de textiles) (Bonilla 1980; Gootenberg 1989). Los altos costos portuarios de los puertos peruanos y las tarifas aduaneras elevadas dieron a Valparaíso la supremacía en el Pacífico, convirtiéndolo en intermediario del comercio europeo. En 1836 Santa Cruz trató de corregir esta situación, lográndolo sólo mientras tuvo vigencia la Confederación. Arica, Islay, Callao, Huanchaco y Paita fueron declarados puertos mayores. El reglamento de 1840 ratificó al Callao como único puerto de depósito para reembarcos y trasbordos, a Arica para reembarcos y tránsito terrestre al extranjero, y a Paita sólo para reembarcos. Puertos menores eran Iquique, Ilo, Pisco, Huacho, Santa, Pacasmayo y San José de Lambayeque. Con la introducción de la navegación a vapor en en el comercio externo peruano, desde la década de 1840 se redujeron redujeron los costos comerciales comerciales El tiempo necesario para conectar al Perú con c on Europa se redu jo de 102 días a 45. Inclusive, resultaba más barato abastecer la costa con productos alimenticios extranjeros que con productos serranos.
POLÍTICA MONETARIA La república se inició siguiendo los patrones monetarios coloniales de monetizar la producción minera para cubrir la demanda del mercado importador. Los ritmos de amonedación fueron disminuyendo porque, según cálculos del ministro Pando, el contrabando atraía entre cuatro y cinco millones de pesos en plata piña. Si entre 1790 y 1794 se acuñaron metales por 5 300 000 pesos, en 1826 se
amonedaron sólo 2 800 800 000 pesos; en 1828 bajó bajó a 2 300 000 pesos y a 1 600 000 pesos en 1830. Los bolivianos tuvieron una política distinta. Buscando apoyar la vinculación entre la producción y el mercado local, en 1829 Santa Cruz mandó acuñar moneda fraccionaria de ley rebajada en un 25%, usada también en el trato comercial con el Perú. Durante la vigencia de la Confederación PeruanoBoliviana esta moneda feble reemplazó a la casi inexistente moneda peruana causando graves trastornos a la política comercial importadora importadora del Perú. Se llegó, inclusive, a elaborarla en las cecas del Cuzco, Arequipa y, luego también, en Cerro de Pasco. Tal vez la instalación de la casa de moneda en el Cuzco obedeció a un intento similar al boliviano. Su ubicación en dicho lugar, que casi no producía plata y carecía de azogue, respondería a la intención de agilizar las relaciones mercantiles en el sur andino teniendo al Cuzco como eje. Funcionó entre 1825 y 1840 y en 1838 acuñó el 11% de la moneda peruana. Gamarra impulsó la fabricación de moneda de pequeña denominación para su circulación en los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Puno y Cuzco. Constituían la principal fuente del pago de tributo y el numerario era necesario para animar una economía que incluyese a la poblacion indígena. Parece que se intentó aquí también rebajar la ley en 1830 (Basadre 1968-1970; Deustua 1986: 334; Remy 1988: 456; Luque 1991).
FISCALIDAD Tener un aparato estatal independiente implicaba mantenerlo con recursos propios. En un principio, el Estado independiente reprodujo básicamente intacta la estructura fiscal del Estado colonial. Las modificaciones posteriores obedecieron a la exoneración tributaria del sector socioétnico vencedor en la guerra. La alcabala colonial fue abolida y, en breve, el rubro de ingresos ordinarios estuvo compuesto principalmente por aduanas, contribuciones personales (tributos) y, en menor medida, patentes y predios. La contribución llamada de “castas” rigió sólo temporalmente. Si la ciudadanía estaba costreñida, en parte, a la colaboración con el mantenimiento del Estado, el Perú hacía su ingreso al republicanismo con especificidades al recurrirse al sistema de capitación, aunque por categorías, y mantenerse el tributo indígena. La copiosa documentación legislativa sobre impuestos, recopilada por Oviedo y Dancuart, se ca-
racteriza por ser contradictoria, acorde con los tumultuosos tiempos caudillescos.
Contribuciones La abolición del tributo indígena colonial no pasó de ser otra de las promesas incumplidas. La política social de la república para con el indígena, la necesidad de captación de mano de obra para las unidades productivas y las urgencias del fisco anularon las buenas intenciones iniciales. El cobro del tributo era relativamente sencillo (y provechoso). Por otro lado, la propia población indígena entendió desde tiempos coloniales que el pago del tributo significaba algo así como la compra de su derecho a la tierra. El flamante liberalismo mantuvo el tributo y, con él, a la comunidad como la institución capaz de asegurar su cobranza (Dancuart-Rodríguez 1902-1926: IV: 94-96). Luego del fracaso de la “única contribución” bolivariana (capitación general), el 11 de agosto de 1826 se restableció oficialmente el tributo, con lo que se consagró la desigualdad legal entre los ciudadanos. Esta aberración republicana fue llamada eufemísticamente “contribución” de indígenas. Al “especificarse” que regían las normas vigentes en 1820, la cobranza del tributo fue tan ambigua como en tiempos coloniales. Es decir, la fórmula de la costumbre servía para dejar en libertad a los cobradores. Normalmente las cuotas oscilaban entre 3 y 9 pesos anuales. Los caciques fueron legalmente obligados a pagar dado que sus cargos habían sido abolidos (Oviedo 1861-1872: 301-304, 318; DanCuadro 14 CONTRIBUCIÓN INDÍGENA Y DE CASTAS (promedios anuales)
Depa De part rtam am..
De in indí díge gena nass
De ca De cast stas as
Tot otal al
73 945,2
86 104,4
106 049,6
Ayacucho
128 278,4
41 860,6
170 139,2
Cuzco
264 805
47 032
311 837,6
93 420,2
54 364,2
147 784,4
Junín
130 270,6
104 383,6
234 654,4
Trujillo
129 796
84 638,4
214 434,4
Puno
218 885,4
13 404,4
226 290
431 788,2
1 471 190,2
Lima
Arequipa
Totales
1 039 402
Fuente: Dancuart-Rodríguez 1902-1926: II: 47.
Litografía de un indio cuzqueño inspirada en una fotografía de Emilio Garreaud, siglo XIX. Imagen aparecida en el Atlas geográfico del Perú (París, 1865).
cuart-Rodríguez 1902-1926 I: 277-278; Remy 1988; Peralta 1991; Walker 1992: cap. 5). De 7 962 720 pesos de ingresos totales en 1830, al tributo correspondían 945 468 (12%). Hacia fines de la década su incidencia aumentó a casi el 40% (Dancuart-Rodríguez (Dancuart-Rodrígu ez 1902-1926: III: 54-55). El tributo, como en tiempos coloniales, debía garantizar la afluencia de mano de obra indígena a las unidades productivas. Paralelamente surgió la contribución de castas, que debían pagar todos los no indios (a excepción de la burocracia) entre 18 y 50 años de edad. Se pagaba una cuota fija de cinco (luego tres) pesos más el 4% (luego 3%) del producto neto de las utilidades industriales o patrimoniales del contribuyente. Su importancia fiscal fue menor que la del tributo. Al afectar a la población mestiza y criolla, este impuesto estuvo en la mira de los caudillos. Su historia fue bastante intrincada. En julio de 1829 fue eliminado, a la vez que se mantenía el tributo y se restablecían las patentes. Fue restituido en marzo de 1830 para quienes no pagaban patentes. Duran-
Cuadro 15 CONTRIBUCIONES DIRECTAS DE INDÍGENAS Y TOTALES SEGÚN LAS MATRÍCULAS DE 1826, 1838 Y 1853, POR DEPARTAMENTOS (en pesos de 8 reales)
1826 Departamentos(1)
Indígenas Total
Lima
Total
73 945.2
%
7.1
% 46.2
1838 Total Total 160 049.6
Indígenas %
Total
%
100
283 458.7
87.7
323 337.2
100
10.9
%
12.3
75.4
170 139.2
16.1
100
9.7
(Huancavelica)
Arequipa
Total
264 805.6
%
25.5
Total
93 420.2
%
9.0
84.9
311 837.6
100
10.9 63.2
143 784.4
100
10.2
Trujillo
Total
130 270.6
%
12.0
Total %
55.5
234 655.4
100
15.9
129 796
214 434.4
12.5
(121 117.2)
(78 973.4)
214 373.7
99.7
14.6
214 932.4
100
11.9
223 215.5 13.9
(149 026.3)
(141 500.6)
(65 347.4)
(81 714.7)
401 185.6
99.5
157 606.5
403 263.7
100
22.3 96.6
163 064.3
350 488 21.8
100
9.0
143 750 9.0
(98 034)
(94 171.2)
(59 572.5)
(49 578.6)
158 343.2
97.4
9.0 100
15.4 (168164.4)
9.0
(Tacna)
247 138
(162 341.5)
22.8
(Arequipa)
Junín
17.8
12.2
(Ayacucho)
Cuzco
Total
Total
(Ancash) 128 278.4
Total
%
(Lima y Callao)
Ayacucho Total
1853(3)
249 027.3
162 592
100
9.0 99.4
14.2
250 497.4
153 370.4 9.6
100
13.8
179 041 11.2
(La Libertad)
(177 441.2)
(122 785.3)
(Amazonas)
(18 543.3)
(15 092)
(Piura)
(53 042.6)
(41 163.5)
Puno
Total
218 885.4
%
21.1
Total
1 039 402
%
100
surandino Total
611 969.6
Total general
232 290
100
15.8
70.7
1 471 190.2
293 300.7
100
16.7
100
100
1 757 296.4
293 300.7
100
16.2
97.0
100
1 810 988.1
306 735 19.1
100
100
1 603 738.1 100
Total
(2)
%
58.9
85.7
714 267
48.5
100
908 860.4
51.7
99.7
911 497.1
50.3
100
880 438.5
54.9
(1) Hemos agrupado los departamentos según la división administrativa en vigor en 1826 (nombre de departamentos en negritas). Los nombres y cifras entre paréntesis corresponden a las divisiones administrativas hechas después de 1826. (2) Cuzco, Ayacucho, Puno y Arequipa. (3) Se calcula que en total la contribución de indígenas fue de 1 400 000 pesos. Fuente: Remy 1988: 458.
te el corto gobierno de Salaverry (1835) no rigió. Su abolición definitiva ocurrió en 1840. Para eliminarlo, Gamarra adujo que “ha recaído sobre personas miserables cuyos recursos apenas bastan para sostener las primeras necesidades de la vida, sin aliviar las del Estado” (Oviedo 1861-1872: XV: 318-339; Dancuart-Rodríguez 1902-1926: III: 102).
La contribución predial gravaba las propiedades rústicas y urbanas según una tasación o el monto del arrendamiento. Una relación de la cobranza correspondiente a 1830 muestra la incidencia de los impuestos en el tesoro público, sin contar el rubro de aduanas. Cuadro 17
Aduanas Las aduanas resultaron uno de los pilares para el Estado. Sobre todo para el gobierno que ocupaba la capital. Representaban aproximadamente un 16% del total de los ingresos fiscales hasta los años 1830. Hubo años de recaudación extraordinaria. Uno de ellos fue 1831 cuando las aduanas recaudaron 2 269 962 pesos. Cuadro 16 INGRESOS DE LAS ADUANAS Años
Recaudación
Castas Casas de moneda Novenos Vacantes Predios Cobos y diezmos Media anata
1033 402 431 784 1230 000 38 458 2 309,7 41 368 144 177,4 433,5
Papel sellado
59 927
Correos
46 202,6
Títulos y tomas de razón
pesos
402,6
Papel de títulos
1 778,4
Pólvora
1 906
1820-1833
1 300 000
1834
1 089 950
1835
1 265 509
1836
859 251
1837
1 298 022
1838
776 806
1839
1 300 000
1840
1 197 634
1841
1 251 845
1842
1 372 527
1843
1 416 616
Deuda externa
1844
1 587 941
1855
1 965 313
Para afrontar los cuantiosos gastos de la prolongada guerra, el Perú recurrió al financiamiento externo. Los enviados sanmartinianos Juan García del Río y Diego de Paroissien obtuvieron de la casa inglesa Thomas Kinder en 1822 el primer empréstito por £ 1 200 000, a 30 años y con un interés del 6%, considerando 2% a los comisionados. El enviado bolivariano Juan Parish gestionó el segundo en 1825 por £ 616 515. Finalmente fue reducido a £ 577 500 y el gobierno apenas recibió £ 200 385, pero quedó comprometido por el monto nominal. Como resultado, en 1826 la deuda externa sumaba £ 1 777 500 (Dancuart-Rodríguez 1902-1926: II: 222). La enormidad de la cifra, los altos intereses (£ 100 000 al año) y el estancamiento económico peruano se confabularon para establecer una moratoria en el pago. Debe agregarse que el país debía seis
Fuente:
pesos al año
Indígenas
Nieve
12 650
Bienes del Estado
10 107,1
Censos y capellanías Pasaportes (9 meses)
Rodríguez 1895 y Dancuart-Rodríguez 19021926: II y III.
Otros impuestos La alcabala del “cabezón” fue sustituida por las patentes en 1826. Debían pagarlas los artesanos, comerciantes y profesionales, según cuatro categorías, como requisito indispensable para ejercer su actividad. Con este fin se reanimaron los gremios, mas el cobro no era ya solidario como en tiempos coloniales. El régimen de Salaverry intentó fugazmente restablecer las alcabalas a la usanza colonial en 1835. En 1833 se volvió a cobrar la media anata civil y eclesiástica.
Patentes
190 390,8 3 260 97 447,1
Fuente: Dancuart-Rodríguez 1902-1926: II: 51-52.
DEUDA PÚBLICA
millones de pesos a Colombia y tres a Chile (Marichal 1988; Mathew 1970; Palacios 1983; Tantaleán 1982).
Deuda interna El nuevo Estado asumió también una cuantiosa deuda interna. Desde un principio, y para ganarse el apoyo de los influyentes comerciantes limeños, se reconocieron las obligaciones españolas para con ellos, que ascendían a 7 760 000 pesos. Con otros créditos (incluyendo los “heredados” del régimen colonial) la deuda interna alcanzaba en 1827 la suma de 14 200 000 pesos sólo en Lima. La llamada “reforma militar” de 1829 dio origen al incremento de esta deuda en 1 493 186 pesos. Esta medida tuvo que ser derogada en 1833. Para cancelar la deuda (y a manera de “botín de guerra”) el Estado dio la ley del 9 de marzo de 1825 por la que se pagaba los adeudos en bienes públicos (incluyendo haciendas y minas), pero este dispositivo no rigió enteramente. En vez de ello, el Estado emitió bonos del crédito público que en 1827 sumaban unos seis millones de pesos. Estos bonos fueron utilizados en la cancelación de impuestos y hacia 1838 el Estado había amortizado ya más de cuatro millones de pesos en billetes. Aparte del pago directo, se premió a los beneméritos de la independencia con bienes nacionales, en particular en 1829, cuando se decidió dar de baja a parte de la oficialidad. Otro hito importante fue la venta de bienes nacionales y de establecimientos de
instrucción, beneficencia, comunidades religiosas y de la antigua caja de censos de indios hecha por Santa Cruz y Orbegoso en 1835. Anulada esta venta en julio de 1839, en noviembre se permitió el uso de estos bienes hasta que el Estado devolviera lo pagado por sus poseedores (Basadre 1968-1970: I-II).
GASTO PÚBLICO En los tumultuosos años iniciales no pudo elaborarse un presupuesto para controlar los gastos en función de los ingresos. El primer esbozo presupuestal perteneció al ministro Morales Ugalde en 1827. De un total de gastos ordinarios de 5 150 000 pesos, 4 973 000 estuvieron destinados al pago de sueldos. Entre ellos sobresalía la planilla del ministerio de guerra (2 579 164 pesos), seguida por las de hacienda (793 901), marina (353 055) y otras. En 1831 los egresos fueron 4 973 549 pesos, de ellos los gastos militares fueron 2 932 219 (Dancuart 1902-1926: II: 131, 154-171). Los gastos militares fueron enormes. El departamento de Cuzco, por ejemplo, asumía de sus propios ingresos el abastecimiento de uniformes y sueldos de las tropas. En 1832, se gastaron 229 294 pesos en las tropas acantonadas en la ciudad con unos ingresos que ascendieron a 385 084 pesos, de los cuales el 82% provenía del tributo (Remy 1988: cuadro 2). La posibilidad que tenían los caudillos de aprovechar estos recursos fue un incentivo retroalimentador del caudillaje.
VIII LA INICIACIÓN DE LA REPÚBLICA
El Perú autónomo mantuvo la estructura social y política de tiempos coloniales. No fue capaz de desprenderse de consideraciones étnicoculturales en el establecimiento del nuevo régimen. Quienes habían optado por mantener el sistema colonial, al ver que éste crujía, aceptaron el separatismo. Incluso, ampararon a aquellos que no habían sabido hacer este cambio a tiempo y la capitulación de Ayacucho los había encontrado del lado realista. Así,
funcionarios coloniales y oficiales del ejército realista “capitulados” participaron en la siempre difícil tarea de constituir un Estado independiente que debía ser, además, muy distinto del anterior. No se trató de una simple copia o remedo de los regímenes republicanos de otras latitudes. Los repúblicos locales buscaron un régimen representativo convencidos de su eficacia en la forja de una nueva sociedad. A las limitaciones sociales y políticas de
sus propulsores liberales se sumó el y su apoyo no destacó precisamente conservadurismo de quienes por su desinterés. aceptaron el nuevo régimen a regañadientes, dando como SITUACIÓN SOCIAL resultado la prolongación de las condiciones sociaA pesar de las declales y económicas coloraciones igualitarias, la niales luego de la inderepública recurrió a las pendencia. categorías de diferenNo extraña, por ciación étnica. La coeso, que la formalidad lonia había generado haya distado tanto de una compleja jerarquila realidad. Se buscó zación de la sociedad un Estado liberal, baen función de las rasado en el dogma de la zas. A la república le soberanía popular rebastó con una diferenglada por una consticiación más simple y tución y ejercida a trafuncional. Las castas vés del sufragio, la didebían establecer el lívisión de poderes y el mite entre la parte dorespeto a las garantías minante (blanca) y la individuales políticas dominada (indios, ney económicas por pargros y diversos mestite del Estado (Basadre zos). Un problema 1929; Pareja 1954). momentáneo surgió al Se logró una repúblitratar de determinar el ca que se asemejaba cobro de la contribua una monarquía (a ción llamada de castas excepción de la estabiy se resolvió de una lidad). manera genérica y neAun debilitado por gativa: castas eran los la guerra y la crisis, el no indios. poderío económico de La efervescencia inilos sectores dominancial fue morigerándose Una sociedad “republicana” inspirada en el liberalismo político fue tes les seguía asegu- la aspiración de un grupo de pensadores peruanos del siglo XIX. En conforme los jacobirando su preeminennos (los más radicales) la imagen un vitral que muestra a la república peruana. cia social y política. se enfrentaban a una Esta situación les sirvió para mantener en una con- realidad difícil de cambiar. El ministro sanmartiniadición marginal a la mayoría del país que apenas si no Monteagudo fracasó con sus actitudes contra los se enteraría del cambio político producido. La dife- peninsulares (expulsiones y confiscaciones) y por renciación social iba acompañada de una segrega- destruir las bases del régimen colonial: abolición ción étnica y cultural que reproducía el esquema del tributo y servicios personales, manumisión de colonial ya sin la relación de dependencia política. esclavos (libertad de vientres), etc. Los nuevos Aunque dominantes, los grandes comerciantes y mandos del país deshicieron estas intenciones. Por hacendados se hallaban bastante desarticulados co- lo pronto, los hijos de los esclavos quedaron bajo mo para ejercer el poder político directamente y en tutela de los amos la que, en 1839, fue ampliada por base a directivas claras. En vez de ello se contó con Gamarra hasta los 50 años; es decir, de por vida. caudillos militares que aprovecharon su carisma y La república mantuvo el tributo como fuente fissu control sobre las tropas y los recursos fiscales pa- cal y base para el reclutamiento de mano de obra y, ra gobernar. Estos caudillos contaron con el aseso- por ende, el Estado republicano tuvo que proteger ramiento de diversos personajes civiles. Algunos de la propiedad de los indios que venía siendo afectaellos representaron a los sectores sociales pudientes da por otras castas y funcionarios. El Estado débil
en la provincia fue sustituido por un sector no muy bien definido para entonces, conformado por los funcionarios y hacendados (favorecido por las guerras civiles, la falta de comunicaciones y la ruptura de mercados), en una especie de antesala de lo que posteriormente sería el gamonalismo. Esto implicó desechar la idea liberal de crear una pequeña y mediana propiedad rural extendida. Consiguientemente, se restringieron las posibilidades de mestizos y blancos de acceder a las tierras de los pueblos. Fieles a sus principios, los liberales pretendieron cambiar las formas tradicionales de propiedad y producción rurales. Se buscaba eliminar la tenencia tradicional sustituyéndola con productores vinculados libremente al mercado, que sirviesen de base para una ciudadanía extendida. En general, se quería cambiar la situación del indio peruano. En un intento igualitario, en 1824 el gobierno de Simón Bolívar suprimió el tributo (30 de marzo) y declaró propietarios a los indios originarios y forasteros (8 de abril). Además de las tierras de comunidad, la repartición incluía tierras estatales, con las que debían beneficiarse también los yanaconas de haciendas. Estando en el Cuzco, Bolívar se enteró más de cerca de la realidad. El anterior decreto había sido dado en Trujillo, una zona donde la problemática indígena no era tan diáfana ni acuciante. La nueva perspectiva lo hizo avanzar en el proyecto. Entendió que la propiedad universal inmediata no era lo más conveniente por la voracidad de otros sectores sociales. El 4 de julio de 1825 declaró que los indios sólo podrían vender sus tierras a partir del año 1850. Paralelamente, se propuso crear las condiciones para renovar las relaciones sociales y económicas de la población andina. Ese mismo día abolió el servicio personal indígena: faenas, séptimas, mitas, pongueajes, etc. En adelante, debía regir la contratación libre a través del salario; así también, ordenó el cumplimiento del reparto de tierras. Cada indio de-
En la Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres de Manuel Atanasio Fuentes, su autor dedicó algunas páginas a la diversidad étnica de la sociedad peruana. En la imagen una litografía de dicha obra que ilustra lo que Fuentes consideraba una “zamba” limeña.
bía recibir un topo si la tierra era buena o dos topos si era de bajo rendimiento. Para los curacas sin tierra correspondían cuatro topos. Los curacas de linaje mantenían sus tierras. Bolívar reiteró la prohibición de cobrar el tributo y terminó con los curacazgos, considerando “que la república no reconoce desigualdad entre ciudadanos”. Esto debía impedir las vejaciones de las autoridades, a las cuales mandó restituir las tierras usurpadas. Sin embargo, las nuevas autoridades republicanas (prefectos) y las elites criollas y mestizas locales impidieron el reparto de las tierras comunales y reimpusieron el cobro del tributo indígena (Dancuart y Rodríguez 1902-1926: I: 272; Peralta 1991: 36-39). La sustitución de los curacas por los varayoc terminó con las estructuras de poder de la población local, debilitándola en su conjunto frente a las nuevas condiciones políticas. El restablecimiento oficial del tributo en 1826 se produjo cuando Bolívar se hallaba de salida del Perú. Impotente ante la presión de los sectores conservadores, el Libertador tenía ya otra actitud ante los indios peruanos por su defensa de las tierras comunales y la postura asumida por Quispe Ninavilca contra las tropas colombianas (Favre 1986). La presión liberal produjo una nueva ley que volvió a declarar propietarios a los indios (31 de marzo de 1828). Las autoridades locales no cumplieron con la elaboración de estadísticas que debían servir de base para los repartos de tierras. Por ende, tampoco llegó a cumplirse. La comunidad persistió, pero continuó sufriendo despojos de parte de los hacendados, en un proceso que vino a acentuarse hacia mediados del siglo XIX, luego de la abolición del tributo. Las primeras perjudicadas por la independencia habían sido las
tierras comunales ocupadas por terceros en función de arrendamientos con las cajas de censos de indios, al desaparecer esta institución (Basadre 1968-1970; Hünefeldt 1989; Burga 1987). Ya desde antes de la independencia, las propiedades de los jesuitas habían sido repartidas entre laicos. En el nuevo régimen similar suerte corrieron los bienes de la Inquisición y los conventos supresos (Basadre 1968-1970; Aljovín 1990). La arremetida liberal inicial fracasó. Desde ya, fue corta la vigencia de los decretos bolivarianos por enfrentarse a fuerzas sociales y burocráticas interesadas en anular su aplicación. Para modificar las formas tradicionales de tenencia y prestaciones laborales se necesitaba mucho más que decretos. No se desarrolló la expropiación masiva al campesino indígena, que sería la base para la formación a futuro de una burguesía rural fuerte económica y socialmente; en vez de ello, se practicó una política conservadora de las relaciones tradicionales. Así también, la estabilidad entre los campesinos indígenas con respecto a sus tierras estuvo en la base de su relativa inactividad social a inicios de la república. A pesar de la crisis de la producción y comercialización agropecuaria, y de la hostilización de los hacendados, la comunidad campesina persistió. Esto provocó una tendencia hacia la autosubsistencia que, además, fortaleció la cohesión interna de la comunidad. La relativa abundancia de recursos (especialmente tierra) sirvió de válvula de escape para los conflictos locales. Tierras vacías en las zonas marginales (punas y ceja de selva) permitieron a la amplia población del valle del Mantaro sortear conflictos entre las comunidades y las haciendas. Incluso, en algunos casos y por un tiempo sobrevivieron los circuitos comerciales en tanto que decaía la economía de la población blanca y mestiza (haciendas, minas, ciudades). En el extremo la elite “misti” se desvaneció por completo (sur del valle del Colca). En Ayacucho los “mistis” siguieron controlando tan sólo el tráfico de coca. El resurgimiento de la economía criolla estuvo ligado a actividades campesinas y, en especial, a la comercialización de lanas del sur andino (Manrique 1985; Spalding 1974; Jacobsen 1978 y 1993). Las ciudades peruanas enfrentaron una clara y creciente decadencia. Cuzco, Ayacucho, Jauja, Cajamarca y otras que fueran bastiones de las elites regionales disminuían en influencia económica. Sólo aquellas que mantuvieron (o adquirieron) el carácter de centros mercantiles (Lima, Arequipa, Huancayo) lograron retener su importancia. El papel po-
lítico jugado por las ciudades capitales de departamento también permitió un sitial preponderante. La comunidad campesina se vio modificada por la presencia de personajes no indígenas ya desde tiempos coloniales. A esto contribuyó la anulación (o, al menos debilitamiento) del poder de las autoridades comunales tradicionales (curacas). A los forasteros se fueron sumando mestizos que llegaban en búsqueda de tierras, sobre todo, en el valle del Mantaro. Con la independencia, este proceso se consolidó formalmente y los advenedizos se adaptaron a las formas de trabajo comunales. El nuevo sistema incorporaba a los mestizos y blancos a un régimen nuevo de contribuciones, sobre todo cuando simultáneamente los grandes propietarios habían dejado de contribuir al eliminarse la alcabala. La contribución de castas era más llevadera para un gran propietario que para los mestizos sin bienes. Para éstos, es decir para la mayoría, el pago de la contribución significaba ser igualados a los indios, incluso en condiciones peores dado que ahora debían pagar una capitación sin por ello tener acceso a tierras. En otras palabras, la vía que tenían para obtener los recursos necesarios y cubrir sus obligaciones era ingresar como dependientes a un centro productivo. Esta contribución provocó, de parte de los mestizos, una resistencia amplia, pero diseminada en el espacio (Remy 1988: 470-471).
SISTEMA POLÍTICO Derrotado el monarquismo sanmartiniano no fue difícil para el Perú elegir el modelo republicano como forma de gobierno. La república, sin embargo, adquirió características peculiares en el contexto peruano luego de la independencia. Extrañada de la política la parte más amplia de la población, se conformó una república oligárquica. Este régimen excluyente se encontraba recién en sus inicios durante las primeras décadas de la independencia pese a que sus raíces se remontaban a las condiciones políticas coloniales. Su introducción y formalización acarrearon dificultades sociales y regionales.
Constitucionalismo Un rasgo remarcable en el constitucionalismo peruano fue su formalismo. El debate más amplio y encarnizado fue doctrinario. Se discutieron y sustentaron vivamente ideas según proyectos principistas que muy poco se defendían en la práctica. Liberales y conservadores protagonizaron enardecidas
disputas verbales en diversos foros. La tarea de dar a la república una fisonomía determinada produjo bellas páginas políticas pero de escasísima trascendencia práctica (Portocarrero 1987). La abundancia de constituciones refleja la indefinición social y política del Perú de entonces, pero también el afán formalista de los forjadores del Estado peruano. De las cinco cartas fundamentales habidas hasta 1840, tanto las tres liberales (1823, 1828 y 1834) como las dos conservadoras (1826 y 1839) dieron lugar a regímenes autoritarios que reprodujeron más bien la desigualdad colonial que la proclamada igualdad republicana (Pareja 1954). Ricardo Palma refiere el dicho popular decimonónico: “no hay nada más parecido a un conservador que un liberal; y viceversa”. Lo común fue la disputa del poder entre personajes que no destacaban precisamente por sus afanes democráticos, no importando si eran conservadores o liberales. Estas dos tendencias no se distinguían en el Perú por sus posiciones en cuanto a los problemas básicos: régimen económico, libertades democráticas reales, latifundismo, tierras comunales, esclavitud, centralismo, federalismo, etc. Ni al inaugurarse ni posteriormente tuvo la república un sistema democrático representativo. En el orden práctico, el funcionamiento de la “democracia” dejó muchísimo que desear. El mismo régimen restringió el universo de derechos y deberes
ciudadanos con la exclusión de la mayoría. A pesar de esto, el fraude electoral fue una práctica común, al igual que la represión de los opositores políticos e ideológicos. No obstante, primó la necesidad de mantener la formalidad de los ideales y las instituciones de la democracia representativa. Esto se manifestó más evidentemente en el afán por legalizar la usurpación. Los regímenes instalados por la fuerza buscaron invariablemente ser reconocidos como constitucionales. No hubo presidente alguno (aunque se llamara protector, jefe supremo, restaurador o regenerador), que no persiguiese la investidura amparada por una constitución y por el sufragio. De ahí que cada caudillo vencedor se esforzara por someter su mandato a elecciones (manipuladas, claro está), para luego ser reconocido por el parlamento. Varias veces esto implicó modificar la carta magna (Basadre 1968-1970). El único que llegó a concluir su período de cuatro años fue Gamarra quien, a su vez, colaboró para que ni su antecesor ni su sucesor lograsen hacer lo mismo. El régimen resultante fue una república censataria, timocrática y, en parte, aristocrática con gobiernos pretorianos o sultanescos. Una constitución menos idealista se dio en 1839 en Huancayo, producto de un autoritarismo nacionalista en un país cansado de guerras internas y externas. El general Gamarra había vencido sobre el liberalismo utópico. Los sectores conservadores pretendían imponer un régimen de orden y de paz fortaleciendo el Estado como garantía para el progreso. El poder ejecutivo eliminó los atisbos descentralistas y se reforzó a costa de la disminución de las facultades de los demás poderes y de los derechos ciudadanos individuales. El presidente podía controlar a todas las autoridades centrales y locales. Plaza de la Constitución en Huancayo, Junín. Un Congreso reunido en esta ciudad sancionó en 1839 una carta constitucional que eliminó los atisbos descentralistas.
Una caricatura de la segunda mitad del siglo XIX, con el sello de L. Williez, en la que se ironiza la venalidad de la vida política peruana.
La tarea de formar un Estado con aspiraciones nacionales se topó con numerosos escollos. Si bien fueron muy importantes los relacionados a la determinación del espacio territorial y humano de la “nación”, también lo fueron aquellos que más tuvieron que ver con la inexistencia de una dirección orgánica. Se apoderaron del gobierno central caudillos militares que, si bien obedecieron poco a sectores sociales determinados, recibieron la mayor influencia de parte de las elites comerciales limeñas y de las débiles cúpulas de poder en los departamentos. Un Estado nacional requería, en primer término, de instituciones que abarcaran todos los ámbitos de la administración. En tiempos coloniales la responsabilidad por la burocracia e instituciones corría a cargo de la metrópoli. Ahora la situación cambiaba. Debía conformarse –con iniciativa y recursos propios– un conjunto de instituciones nuevas y costosas, incluyendo al parlamento, a los gobiernos locales y a la diplomacia; a la burocracia civil y militar. Las instituciones mejor preparadas para abarcar todo el territorio fueron la iglesia y el ejército.
Elecciones Primó el sistema norteamericano de elecciones indirectas, más acorde con una república que mantenía la desconfianza en las instituciones democráticas en el contexto de la conservación de las diferenciaciones étnicas y sociales coloniales. El sufragio fue obligatorio (prerrequisito para ser elegido y ocupar cargos públicos) y secreto desde 1823. Cada 200 ciudadanos de una parroquia escogían a un “elector”; a su vez, el conjunto de electores de una provincia conformaba el colegio electoral que designaba a los diputados y senadores. El presidente era designado por el congreso. Desde 1828 la elección del presidente se ciñó a las mismas normas que para los parlamentarios. Sólo eran ciudadanos los varones mayores de 25 años (o casados) que poseyesen una propiedad o ejerciesen alguna profesión o industria con título público, eliminándose de hecho a los dependientes y jornaleros. A partir de 1840 fue requisito de ciudadanía el saber leer y escribir. La edad mínima para ser ciudadano fue rebajada a 21 años y se eliminó el requisito de la profesión u
oficio en la constitución de 1826. La ley de elecciones de 1828 permitió que un tercio de los electores de los pueblos de indios pudiesen ser analfabetos (con ayuda de alfabetos), lo que podía prestarse a malas interpretaciones. La ley de 1834 delimitó la ciudadanía a los contribuyentes. Por ende, sí podían votar los indígenas tributarios aunque fuesen analfabetos. En cambio, era requisito indispensable ser alfabeto y propietario (o industrial) para ser elegido “elector”. La constitución de la Confederación (1837) exigía para ser senador una renta de mil pesos o el ejercicio de industria de 2 000 pesos. La constitución de 1839 volvió a elevar la edad mínima a 25 años. La opinión de las mayorías tuvo sin cuidado a las elites políticas, sociales y económicas. No obstante, sectores populares se manifestaron en diversas ocasiones en intentos democráticos por hacer sentir su presencia. Así sucedió en 1834 en ciudades relativamente populosas como Lima y Arequipa movidas por intereses políticos e ideológicos liberales.
PERUANICEMOS AL PERÚ El Perú inicial no puede calificarse en absoluto de republicano, pues estaba muy lejos de regirse por las normas políticas de ese sistema de gobierno.
Inestabilidad 1825-1835 El protectorado de San Martín fue una fórmula necesariamente transitoria e intermedia entre la monarquía y la república. A su salida se produjo el primer golpe de Estado del Perú independiente (el motín de Balconcillo). Como resultado, el congreso designó como primer presidente peruano al aristócrata José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. El
país entraba con mal pie a su vida independiente. Empezaba a cumplirse el augurio sanmartiniano acerca del caudillaje. La oposición organizada al caudillismo era sólo doctrinaria. La encarnó Francisco Javier de Luna Pizarro con sus seguidores y contertulios. Se mantuvieron firmes en su defensa de la soberanía popular según el pacto social, la división de poderes y la descentralización, pese a las condiciones cada vez menos propicias para hacerlas realidad. De su lado, el gobierno de Simón Bolívar significó el centralismo y el verticalismo necesarios para llevar a feliz término la lucha por la independencia. Lograda ésta, Bolívar pretendió plasmar la utopía de una patria grande. El Congreso Anfictiónico por él
General José de La Mar, elegido presidente de la República en 1827. Durante su gobierno tuvo que enfrentar varias conspiraciones e incluso una guerra contra Colombia, cuya fracasada conducción le costó el cargo en 1829.
convocado en Panamá no condujo a la ansiada unión hispanoamericana. Luego de Ayacucho, Bolívar se mantuvo en el Perú incrementando un poder que generaba el rechazo de los sectores liberales y conservadores peruanos, cada cual por motivos diferentes pero coincidentes en la necesidad de “peruanizar” la política del país. Bolívar impuso la constitución vitalicia que combinaba el principio de autoridad (gobierno centralista, fuerte y estable) y el de la democracia (sufragio). En setiembre de 1826 Bolívar tuvo que abandonar el país dejando las tropas colombianas y un consejo de gobierno presidido por Santa Cruz. A su salida revivieron las tendencias nacionalistas, las democráticas (encabezadas por Luna Pizarro) y las personalistas (caudillescas). Los prefectos y generales bolivarianos (Gamarra, La Fuente y Santa Cruz) aspiraban a alcanzar el mando político supremo. En especial, cuando en marzo de 1827 salieron los colombianos y, al fin, los peruanos pudieron decidir su política. Este hecho, algo exageradamente, ha sido considerado la verdadera independencia del Perú. En el nuevo congreso de 1827 volvía a influir la tendencia republicana de Luna Pizarro. Dado que debía elegir un presidente, el congreso nombró al general José de La Mar por ser, entre los pretendientes, el menos personalista y el más débil en cuanto a posibilidades de convocatoria política. Con esto, Luna Pizarro buscaba impedir el asentamiento del caudillaje. El congreso anuló la constitución vitalicia y dio una nueva de carácter antipresidencialista pero que no estableció el federalismo. El alejamiento del ejército colombiano fue seguido por dos conflictos armados: el primero con Bolivia y el segundo con la Gran Colombia. En el sur las fuerzas de Gamarra eliminaron el régimen del mariscal Sucre en un intento por volver a peruanizar el Alto Perú. A la Gran Colombia debía oponerse un Gran Perú. La guerra en el norte fue relativamente fácil en su fase marítima (agosto 1828-enero 1829). El puerto de Guayaquil retornó al Perú por breve tiempo, pero la campaña terrestre fue desfavorable. No se pudo tomar Cuenca porque el ejército del sur (Gamarra) había arribado demasiado tarde y los jefes peruanos estuvieron más ocupados en intrigas internas y personales. Sin victorias ni derrotas, la guerra entró en un estancamiento que condujo al reconocimiento de la situación jurisdiccional que regía en tiempos coloniales (real cédula de 1802).
A continuación, en junio de 1829 La Fuente y Gamarra se sublevaron en Lima y Piura. La Mar tuvo que dimitir y salió al destierro con el coronel Pedro Bermúdez, jefe de estado mayor. Gamarra quedó como presidente interino y en diciembre asumió el cargo constitucionalmente para un plazo de cuatro años, en medio de expectativas para iniciar una era de tranquilidad política. El gobierno del ahora mariscal Gamarra no justificó esas esperanzas, ya que estuvo signado por la mano dura que el conservadurismo imprimió a su política en los distintos campos y por 17 intentos fallidos de golpes de Estado (Herrera 1961). En la política peruana se instauró el militarismo apoyado por la elite limeña que, dejando de lado el origen mestizo del caudillo, anhelaba el orden social y la preservación de la paz en las fronteras contra el posible desmembramiento de territorios en favor de países vecinos. Basadre ha calificado este régimen como “nacionalista autoritario” que pretendía, ante todo, la consolidación del orden, el robustecimiento del principio de autoridad y la paz que condujera al progreso. La elite limeña quería un gobierno “fuerte”. Gamarra estuvo asesorado por el grupo ideológico autoritario encabezado por José María de Pando. En el sur se mantenía latente la idea escisionista. El nuevo presidente boliviano era Santa Cruz y sus planes estaban dirigidos a ganarse las simpatías y el apoyo de los separatistas sureños. Pese a las provocaciones santacrucistas, no llegó a producirse una nueva confrontación abierta. El liberalismo antipresidencialista en el congreso se mostró activo contra el autoritarismo gamarrista. Célebre fue el intento de acusación constitucional contra Gamarra en noviembre de 1832. El carácter principista se observa en que, no obstante haber logrado reunir pruebas de violaciones menores a la constitucion, el diputado Francisco de Paula González Vigil supo mantener la acusación argumentando que aun la más leve infracción constitucional es grave y merece una censura al ejecutivo. El discurso concluyó con la frase: “Yo debo acusar, yo acuso” (Basadre 1968-1970: II: 36; Ferrero 1958: 146-147). El 19 de diciembre de 1833 debía darse una prueba de fuego para el republicanismo en el país al cumplirse los cuatro años del gobierno de Gamarra y se esperaba el cambio en medio del temor de los liberales ante la posibilidad de querer perpetuarse el caudillo. Éste presentó como candidato a su no muy antiguo enemigo, el ya para entonces general Pedro
Bermúdez. La designación por parte de los sectores antimilitaristas en la convención nacional recayó sobre el general Luis José de Orbegoso. Con alguna influencia política y social en el norte, Orbegoso resultaba una carta atractiva gracias a su escasa habilidad política. Era un militar fácilmente manejable por los liberales, que reeditaron la misma estrategia empleada para imponer a La Mar en dos oportunidades en los años 1820, con similares resultados, además. El autoritarismo y el caudillismo no fueron eliminados. Se inició una prolongada, sangrienta y enredada guerra civil. Protagonizada inicialmente por Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso, la guerra se complicó por la inclusión de otros caudillos y bandoleros. Principalmente, el joven general Felipe Santiago Salaverry.
Pedro Bermúdez, retrato por José Gil de Castro, 1832. Apoyado por Gamarra, presidente saliente, Bermúdez se proclamó en 1834 jefe supremo de la República, desconociendo el nombramiento de Luis José de Orbegoso como presidente provisorio.
El 4 de enero de 1834 la dupla Bermúdez-Gamarra dio un golpe en Lima apoyado por las guarniciones del Cuzco, Puno, Ayacucho y Huancavelica. El centro, el norte y Arequipa se pronunciaron por Orbegoso. La población de Lima se enfrentó con éxito a las tropas golpistas y Orbegoso pudo salir de su refugio en las fortalezas del Callao. En el sur, las fuerzas arequipeñas del general Domingo Nieto vencieron a los gamarristas puneños dirigidos por San Román. En el norte Salaverry encabezó la defensa del gobierno de Orbegoso. Éste actuaba en el centro, donde se encontraban las principales tropas rebeldes respaldadas por una retaguardia asegurada hacia el sur de Huamanga. Sin embargo, los soldados reclutados por Bermúdez prefirieron deponer a su jefe y, cerca de Jauja, el 24 de abril en el llano de Maquinhuayo, lo que debió ser una batalla se transformó en una ceremonia. Las tropas de ambos bandos se estrecharon en un abrazo fraterno (repetido a lo largo de los frentes de la guerra civil), en el que es imposible no ver el rechazo de la población ante las rencillas personales de los caudillos militares. Los golpistas fueron derrotados gracias a esta actitud ejemplar del pueblo peruano. La constitución liberal de 1834 recogió la idea de Luna Pizarro de permitir una unión política con Bolivia. De otro lado, nuevamente quiso desterrar el autoritarismo eliminando el reclutamiento de tropas y declarando nulos todos los actos políticos de los gobiernos fruto de usurpaciones. El parlamento debía controlar al ejército. No se impuso, empero, la tranquilidad en el país. Desde Bolivia, y con el apoyo de su todavía amigo Santa Cruz, Gamarra seguía conspirando. Como Orbegoso decidiera ir a pacificar el sur, el primero de enero de 1835 el general La Fuente tomó las fortalezas del Callao. Tres días después Salaverry se apoderó de la plaza, pero el 22 de febrero este joven general desconoció el gobierno de Orbegoso y se proclamó jefe supremo de la república. Sólo la guarnición de Arequipa continuó bajo el mando del presidente Orbegoso. El efímero gobierno de Salaverry se caracterizó por la restauración de privilegios de origen colonial. Volvió a establecer altas tarifas aduaneras, el tráfico esclavista e impuso mano dura al contrabando y a la delincuencia.
La Confederación Peruano-Boliviana La antigua unidad económica y política del sur andino seguía latente a inicios de la república pese
al desmembramiento ocurrido con la incorporación de Charcas al virreinato del Río de la Plata y la formación de la república de Bolivia en 1825. La separación política entre el Perú y Bolivia era artificial. Peruanos y bolivianos veían al Desaguadero como un hito provisional y confiaban en que llegaría el día en que volviera a ser tan sólo un río. El problema surgió cuando se pensó en la hegemonía y, conforme pasaba el tiempo, la situación se tornaba cada vez más complicada. Se iban arraigando intereses políticos que hacían impensable una unión tan sencilla como lo fuera la desunión. Santa Cruz, al no poder gobernar un Perú grande desde el Bajo Perú, lo intentaría desde el Alto Perú, no sin antes haber tratado de desmembrar el sur y crear una situación irreversible que dejara sin alternativas al centro y norte (Herrera 1961). No hubo, empero, un consenso en torno a la reunificación. Mientras los sectores pudientes de Arequipa mantenían la postura de la fusión sudandina, los del Cuzco presentaban posiciones ambiguas. Compartían con los arequipeños la oposición al centralismo limeño y en un principio su regionalismo hizo revivir en ellos la esperanza de convertir su ciudad en la capital del nuevo Estado; mas luego, desilusionados por la política comercial favorable a Arequipa, apoyaron a Gamarra en su plan por impedir la reunificación bajo banderas santacrucistas (Pike 1967: 82; Basadre 1968-1970; Fisher 1987a: 31). En el resto del Perú se pensaba de distinta manera. La antigua audiencia no podía deglutir al antiguo virreinato. Una carta de Gamarra de 1829 refleja esta posición: “El Perú nunca ha sido de Bolivia, Bolivia siempre ha sido del Perú. El Perú no necesita de nadie para existir, y Bolivia jamás podrá salir de la clase de pupila del Perú” (Gamarra 1952: 187). Ambos bandos beligerantes internos acudieron a Santa Cruz por ayuda y Santa Cruz prometió apoyar a ambos. Estos pactos permitían al presidente boliviano controlar la reunificación de los dos países. Decidió trabajar del lado de Orbegoso por ser el presidente legal del Perú y representar menos peligro para sus propios planes. Gamarra, en cambio, aspiraba a liderar el proyecto personalmente. Las fuerzas bolivianas cruzaron el Desaguadero y el 8 de julio de 1835 Orbegoso cedió facultades extraordinarias a Santa Cruz. En vista de esto, Gamarra se alió con Salaverry, pero fue vencido en Yanacocha el 13 de agosto por los bolivianos. Sus tropas pasaron a engrosar las fuerzas santacrucistas que tomaron el Cuzco y Ayacucho. Ya en Lima, Ga-
marra fue capturado por los hombres de su aliado y desterrado en octubre junto a sus más cercanos colaboradores. La iniciativa contra los bolivianos y las fuerzas peruanas del sur fue asumida por Salaverry, apoyado por los departamentos del centro y norte, contrarios al separatismo sureño. Dominaba el mar y le fue fácil tomar Cobija y Arequipa, de donde tuvo que salir por la actitud hostil de la población. Lima estaba a merced de los tumultos populares y los bandoleros de la comarca. El 12 de diciembre los marinos extranjeros empezaron a patrullar la ciudad y el camino al Callao. Esto no impidió que un famoso bandolero conocido como el “Negro” León (León Escobar) capturase el palacio de gobierno en medio del caos social. No sin sarcasmo cuenta Ricardo Palma que la gente limeña decía que León se había comportado, en realidad, igual que los demás ocupantes del sillón presidencial. Hacia fines de diciembre Lima fue tomada por el ejército de Santa Cruz. Como en oportunidades anteriores y posteriores las elites limeñas consideraron a los invasores como sus salvadores. A pesar de la victoria de Uchumayo, Salaverry iba perdiendo terreno, y el 7 de febrero de 1836 fue vencido en Socabaya. Santa Cruz lo fusiló sin miramientos al lado de sus seguidores más cercanos. El nacionalismo del centro y el norte había sido derrotado, en tanto que Santa Cruz quedó como dueño del país. Muy rápidamente Santa Cruz procedió a organizar la Confederación. Para asegurar el proyecto mantuvo la integridad territorial de Bolivia mientras que dividió en dos partes al Perú. El sur quedó separado del norte y, eventualmente, podía ser incorporado a Bolivia si el norte se oponía a la Confederación. El Estado Sur-Peruano (Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno) se independizó para integrar la Confederación el 17 de marzo en Sicuani; acto seguido nombró Protector a Santa Cruz. Orbegoso dimitió y fue galardonado como gran mariscal sin haber combatido nunca. El Estado Nor-Peruano tuvo mayores dificultades en su formación, pues los departamentos norteños (Lima, Junín, Amazonas y La Libertad) estaban menos vinculados al mercado altoperuano. La asamblea de Huaura prefirió mantener a Orbegoso como presidente al incorporarse a la Confederación que se estableció formalmente el 28 de octubre. El protectorado de Santa Cruz estaba investido de amplísimos poderes y hasta podía renovar su pe-
El montonero León Escobar en una acuarela limeña del siglo XIX.
ríodo de gobierno de diez años. El espíritu autocrático era evidente. Más aún, el Protector se rodeó de aduladores que generaron una oposición muy activa y que usó precisamente la personalidad (y raza) del gobernante para encubrir los motivos económicos de su rechazo político. Al definir lo peruano, la coyuntura les brindó la ocasión de contrastarlo a lo indígena (Basadre 1968-1970; Wu 1993; Méndez 1993). Si en Lima Santa Cruz era denostado, en Arequipa era casi venerado; incluso levantaron rápidamente una estatua ecuestre en su honor. Santa Cruz emprendió reformas trascendentales en el plano comercial y fiscal con la idea de ordenar las finanzas peruanas y devolver la supremacía a los puertos peruanos venidos a menos en beneficio de Valparaíso. La elite limeña y norteña fue afectada por el giro dado en la dirección del comercio ultramarino. En vez de la tradicional preferencia en el tráfico entre el Perú y Chile, se abrió el mercado importador trasatlántico. Esto último afectó también a los productores locales que engrosaron las fuerzas opositoras a la Confederación. La Confederación despertó recelos en Argentina y, sobre todo, en Chile, cuyos gobernantes enten-
Andrés de Santa Cruz promovió la formación de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) que despertó recelos en Chile y Argentina, países que finalmente consiguieron su disolución.
dieron el peligro que para su país representaba la aparición de una potencia política y económica en su vecindad. Como país territorial y económicamente pequeño en ese entonces, Chile se impuso la tarea de eliminar antes de su consolidación al Perú unificado. El gestor de la actuación chilena fue el ex gobernador de Valparaíso y entonces ministro Diego Portales. La claridad de su visión se muestra en el siguiente fragmento de esclarecedora carta que enviara al jefe de la marina Manuel Blanco Encalada el 10 de setiembre: la Confederación “(...) equivaldría a su suicidio [de Chile]. Unidos estos dos Estados aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. (...) La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. (...) la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco”.
No es de extrañar que los emigrados peruanos fueran bien recibidos en Chile. Sí puede resultar raro que políticos civiles y militares ya fogueados se hubiesen prestado a los planes chilenos integrando las fuerzas “auxiliares” de ese país contra la Confederación. Tal vez se pensó en Chile como la antigua subcolonia limeña. La enemistad personal y las tendencias caudillescas pudieron más. Los intereses económico-comerciales hicieron el resto. Por eliminar a un “interventor” extranjero se recurrió a otro. La Argentina de Rosas declaró la guerra a la Confederación. Sus acciones se circunscribieron al Alto Perú. De su lado, Chile organizó dos expediciones que llamó “restauradoras”, con militares peruanos. La primera, comandada por Blanco Encalada, fracasó rotundamente y se dirigió a Arequipa, donde la Confederación gozaba de ciertas simpatías. Los chileno-peruanos fueron rechazados. En la segunda expedición, iniciada en julio de 1838, participó el general Gamarra. Los peruanos tuvieron mayor autonomía, pero como jefe actuó el general chileno Manuel Bulnes. La presencia de tropas chilenas volvió a polarizar al Perú. La fragmentación del Perú no podía ser aceptada por el norte peruano y la guerra contra la Confederación adoptó un carácter nacional, al margen del regional. La lucha se presentaba por emancipar al país de chilenos y bolivianos. En este sentido se manifestaron numerosos jefes militares del norte (por ejemplo, Domingo Nieto y Francisco Vidal en Huaraz). El propio presidente norperuano Orbegoso se pronunció por el rompimiento de la Confederación, al mismo tiempo que se decidía a enfrentar a los chilenos. Así las cosas, el norte peruano se enfrentaba a los chilenos en vías de la separación del sur. No obstante, los gamarristas (La Fuente, Ramón Castilla y otros) decidieron combatir. Luego del enfrentamiento en la portada de Guía o Piñonate (21 de agosto), las fuerzas peruano-chilenas ocuparon Lima. Nieto se refugió en las fortalezas del Callao. Al margen de los chilenos, una reunión de vecinos notables restituyó la constitución de 1834 y nombró a Gamarra presidente provisional. El nuevo régimen tuvo que enfrentar la actitud hostil de los diplomáticos, comerciantes y militares extranjeros que preferían a Santa Cruz. A esta hostilidad se fue sumando la que se generaba en Lima de parte del pueblo debido a la presencia de tropas chilenas y la figura autoritaria de Gamarra. La cercanía de las fuerzas de Santa Cruz y los montoneros limeños hizo replegarse a los restaura-
dores hacia el norte. Santa Cruz volvió a tomar Lima y destituyó a Orbegoso. El enfrentamiento decisivo se dio, no por casualidad, en el callejón de Huaylas, es decir, cerca de la retaguardia de los restauradores, donde Santa Cruz no podría contar con refuerzos. Luego de la batalla de Buin (6 de enero de 1839) Santa Cruz fue derrotado en la batalla de Yungay, al principio desfavorable a Bulnes (20 de enero del mismo año). El norte se impuso al sur; Lima se impuso al Perú unido. Se disolvió la Confederación y los Estados del Norte y del Sur, con lo cual llegó a su fin la experiencia de reunificación desde Bolivia. Desde ya, históricamente correspondía al Bajo Perú liderar la reunificación. El propio hecho de estar la iniciativa en el lado boliviano era algo anómalo. El mismo Santa Cruz no tenía una base sólida en su propio país, y menos en el Perú. El apoyo arequipeño partió principalmente de las cúpulas comerciales. La elite de Lima apoyó a Santa Cruz al igual que había apoyado antes a quienes entraron victoriosos a la ciudad. No se trató de una restauración. En realidad, la labor del nuevo régimen se cuidó de no eliminar la
Contrario a los planes federativos de Santa Cruz, Domingo Nieto apoyó a Orbegoso para evitar la fragmentación del país.
política de la Confederación. La obra administrativa santacrucista fue mantenida en lo general. En especial, y pese a desviaciones y retornos temporales, se consolidó el rumbo librecambista de la política comercial.
El conservadurismo de postguerra En julio de 1840 el mariscal Gamarra dejó de ser presidente provisional, para convertirse en presidente constitucional. Ésa era la costumbre, como también era usual variar la constitución haciéndola más a la medida de las demandas políticas del sector vencedor. Como premio para los peruanos, fue eliminada la contribución de castas. Los indios no recibieron la misma recompensa. Eran peruanos, pero el tributo pesaba demasiado en la fiscalidad y la articulación del trabajo. Dado que Lima estaba ocupada por las tropas chilenas, el congreso constituyente sesionó en Huancayo. En noviembre de 1839 fue aprobada la nueva constitución, conservadora y autoritaria. Una tendencia aún más autoritaria surgió en las provincias y en Lima, representada por el general Manuel Ignacio de Vivanco y el cura Bartolomé Herrera. Vivanco era un joven aristócrata con aspiraciones de dictador. Fue prefecto de Arequipa en el gobierno de Gamarra y, por ende, conocía el camino hacia el sillón presidencial. En diciembre de 1840 se sublevaron a su favor las guarniciones de Ayacucho, Cuzco, Arequipa y Puno bajo el lema de “regeneración”. En su interpretación esto significaba imponer un régimen más fuerte que el vigente, independiente de los pronunciamientos de los caudillos y controlado por jóvenes capaces y cultos. El pueblo arequipeño apoyó activamente la iniciativa. Luego de vencer a las tropas de Castilla y San Román en Cachamarca (marzo de 1841), Vivanco fue derrotado el 6 de abril en Cuevillas por Castilla. La rivalidad Vivanco-Castilla signó gran parte de la vida política peruana en las siguientes décadas. La situación en Bolivia se complicó por la acción de Santa Cruz desde el exilio. Sus intrigas, que amenazaban la estabilidad política boliviana y peruana, tuvieron éxito. Un golpe de Estado en junio puso a uno de sus partidarios en el gobierno de Bolivia. Gamarra obtuvo del congreso peruano la autorización de guerra en un postrer intento por resucitar la fusión (o refusión) del Alto y Bajo Perú, esta vez ba jo la iniciativa de un caudillo peruano. La aventura tuvo un final desafortunado. Las fuerzas militares y políticas bolivianas se unieron
contra la invasión peruana que alcanzó La Paz el 15 de octubre. El 18 de noviembre, en la hacienda “Ingavi”, se produjo un enfrentamiento entre ambos ejércitos. La muerte del presidente Gamarra durante la batalla puso punto final a la ambición peruana (y personal de Gamarra) por controlar la política boliviana. Con esta batalla se aseguró la libertad y la soberanía de Bolivia.
EL CAUDILLISMO La ausencia de un sector social políticamente dirigente o hegemónico dio cabida al caudillismo. El ejército se volvió el “gran elector”. En el Perú la indefinición y el faccionalismo políticos fueron más marcados que en otros países de la región. En dos décadas se tuvo incontables guerras internas y al menos una docena de gobiernos. Ya antes de la independencia el caudillismo había sentado reales. Los últimos virreyes fueron militares y algunos (Abascal) llegaron a concentrar un poder mayor del que fueran investidos. Es más, los militares, como cuerpo, en tiempos coloniales obtenían la parte mayor del “pastel presupuestal” (60-80%). Con este antecedente, no debe extrañar el golpe caudillesco ejecutado por La Serna al virrey Pezuela.
Bases No se trató de militares enteramente apolíticos y simplemente movidos por sus ambiciones personales o faccionalistas; tampoco fue el imperio surrealista del caos creado por unos cuantos. Hubo también mucho de regionalismo y nacionalismo; detrás del personalismo hubo atisbos de una dirección política marcada por el pragmatismo y que giró en torno a puntos básicos tales como la política aduanerocomercial, el fomento a la producción local, la amplitud de la participación popular en las decisiones, la defensa de la soberanía, etc. (Gootenberg 1991). La inseguridad social de las luchas se reprodujo en las filas patriotas. Una guerra harto prolongada y difícil generó el faccionalismo en las huestes independentistas. El temor de una ampliación social de la guerra indujo a los líderes conservadores a buscar soluciones por su cuenta. La presencia de tropas y políticos y militares extranjeros decididos a acabar rápidamente la guerra incrementaba el temor. Igual efecto tenían los planes integracionistas pues el Perú podía seguir perdiendo la hegemonía política de que había gozado antes. Las distintas formas de solucionar los problemas de la guerra y la postguerra generaron otras tantas
visiones políticas. Mientras la tarea fue común (eliminar el régimen colonial sin permitir un desborde social) los criollos se mantuvieron al lado del Libertador; inclusive su cercanía lindó con la adulación. Salvo un grupo de ideólogos liberales, el resto siguió a Bolívar en su proyecto de la presidencia vitalicia. Ciertamente, su figura carismática y el poder que había concentrado impidieron la manifestación de facciones contrarias. Su retiro intempestivo provocó la aparición de estas tendencias que habían permanecido más o menos ocultas. Casi cada uno de los jefes militares vencedores (e inclusive capitulados) se creyó en el deber y el derecho de conducir al nuevo país hacia su reforma. Sus programas políticos, aunque rudimentarios, subyacían a sus manifestaciones personalistas (o facciosas), regionalistas, nacionalistas, proteccionistas o librecambistas... pero todas autoritarias. Los caudillos estuvieron convencidos de su papel mesiánico en un país que, sin ellos, de seguro se sumergiría en la penumbra del caos. Por evitar el desorden los caudillos mantuvieron al país precisamente en el caos durante más de un cuarto de siglo (Hamill 1992; Lynch 1992). En ellos pesaba el “napoleonismo”, es decir, el ideal de gran figura que acompañara a Simón Bolívar. A la muerte del Libertador el lugar quedó vacío y muchos fueron los candidatos a llenarlo. Gamarra interpretó así la tendencia hacia la grandeza personal y del país que veía su oportunidad de retomar su papel hegemónico en el continente: “Este incidente terrible ha mudado de hecho nuestra situación política. El Perú se presenta desde ahora como un coloso entre los demás estados americanos. Si marchamos con juicio y unión haremos del Perú la Francia Americana” (Gamarra 1952: 222). No todos los redentores, sin embargo, tenían las posibilidades reales de dirigir exitosamente una lucha faccionalista. Sobre todo porque el ejército se dividió casi en tantas camarillas como jefes había. El profundo desdén de Gamarra por la sociedad civil fue tornándose recíproco. La sociedad no vio con agrado la entronización de caudillos dilapidadores de los recursos públicos y privados del país. Hubo, claro está, asesores civiles, representantes de determinados grupos sociales (generalmente conservadores y económicamente pudientes) e individualidades que se les acercaban a fin de obtener alguna prebenda personal (llamados “validos”). Circunstancias específicas condujeron a que la dirección inicial del caudillismo fuese la determinación de las bases de la nacionalidad peruana. Si fue
relativamente fácil expulsar a las tropas colombianas que representaban la presión bolivariana, algo más difícil resultó establecer los límites del nuevo Estado peruano, pues implicó hacer la guerra a países hermanos, en condiciones de indefinición de la independencia americana y de graves penurias económicas y fiscales en cada novel país. En este contexto aparecieron las definiciones de los peruanos y no peruanos. Se enemistaron antiguos camaradas de lucha común por el hecho de haber nacido en un lugar que España como metrópoli había separado administrativamente. La búsqueda de la hegemonía para resolver problemas semejantes desunió a quienes habían luchado por unos mismos ideales mayores. La fragmentación de un gran imperio generó diferencias irreconciliables que anularon rápidamente la posibilidad de hacer realidad el sueño bolivariano de la patria grande americana. En esta lucha se inventaron las nacionalidades sudamericanas. El pragmatismo hizo variar con mucha facilidad los principios políticos de los caudillos. Gootenberg reconoce un liberalismo comercial vinculado al regionalismo sureño en los generales Domingo Nieto, Luis José de Orbegoso, Manuel de Vivanco, Francisco Vidal y Andrés de Santa Cruz. De su lado, otro sector de generales autoproclamados combatientes nacionalistas, encabezados por Agustín Gamarra, estuvieron relacionados con el norte, la costa central y la sierra: La Fuente, Eléspuru, Salaverry, Torrico, Iguaín, San Román y Castilla (Gootenberg 1988 y 1989). Ya desde tiempos coloniales se había observado que una de las escasísimas vías de movilidad social estaba representada por el ejército (y las milicias). Hacia las postrimerías del régimen español, inclusive esta alternativa se encontraba mayormente vedada para los representantes de los sectores no blancos de la población. La posibilidad de un ascenso social, que había inducido a sectores mestizos, y en menor medida a negros, a enrolarse en el ejército realista, volvía a ser real con las guerras separatistas. En condiciones de estancamiento económico
antes y después de la gesta emancipadora, el ejército cumplió el papel de “escalera” social. No resulta raro, entonces, que la ambición de mejora hubiese seguido siendo la motivación para seguir al caudillo considerado benefactor. De otro lado, la burocracia local se constituyó en una importante base del caudillismo. Al quedar claro que la causa española era la perdedora, los funcionarios provincianos se inclinaron por apoyar la separatista con miras a sacar ventaja de la situación. Esta burocracia imprimió un fuerte carácter regionalista a las disputas caudillescas. Sus cálculos no estuvieron errados: los criollos coparon los nuevos cargos en el Cuzco, Puno, Arequipa y Huamanga (Peralta 1991: 35). Ya con Bolívar, los altos jefes militares fueron designados para dirigir los departamentos en calidad de prefectos. Junto con la burocracia mediana y alta de las provincias, los jefes militares pudieron acceder a los recursos humanos y materiales indispensables en cualquier proyecto caudillesco. Fue muy importante el manejo de recursos fiscales y la capacidad de reclutamiento de tropas. Los caudillos surgieron en el sur del país, donde podían encontrar ambos recursos. Casi fue un requisito, entonces, haber sido prefecto para ser un caudillo afortunado. En general, sólo los jefes que lograron estas colocaciones pudieron aspirar a la disputa por el gobierno “nacional” en Lima.
Gamarra El mejor ejemplo lo proporciona Agustín Gamarra, figura principal de las luchas políticas locales y supralocales a lo largo de la década de 1830 cuando se decidió la suerte política del Perú y otros países del área andina. Como muchos otros, Gamarra inició su carrera militar en el ejército realista. Actuó con Goyeneche en el Alto Perú contra los patriotas rioplatenses. Vuelto a tiempo patriota de corazón, destacó en diversas acciones por la independencia en tiem Agustín Gamarra, caudillo militar de las primeras dos décadas de la vida independiente del Perú.
pos de San Martín y los primeros regímenes peruanos. Estuvo en las campañas a intermedios que, si bien fracasaron bajo su mando compartido, le dieron fama de decidido. En Junín y Ayacucho estuvo en primera línea, ingresando a la vida independiente entre los militares y políticos más encumbrados. Llegó como coronel y siguió escalando posiciones por méritos propios y maniobras políticas muy comunes entonces (compañerismo, oportunismo, demostraciones de fidelidad). A su prestigio militar Gamarra unió su condición de peruano y, además, de vencedor. Con la salida de Bolívar las tendencias liberales en el Perú quedaron sin apoyo militar, en tanto que las tendencias conservadoras ganaban terreno. Seguidor del liberalismo bolivariano, como otros colegas militares y funcionarios, Gamarra fue asumiendo poco a poco una actitud más pragmática en política. En cuanto tuvo que resolver lo concerniente al tributo, no vaciló en conservarlo. Sin duda, aquí primaron las necesidades de recaudación y reclutamiento de mano de obra para centros productivos. Esta actitud fue disfrazada de un paternalismo verbal de corte colonial, acompañado por una política muy dura contra las manifestaciones de protesta indígena (Peralta 1991: 42). La legalización del tributo republicano dio a los prefectos el poder de un intendente sin rey a quien dar cuenta de sus actos. El frágil Estado peruano no tenía la más mínima posibilidad de ejercer presiones efectivas sobre sus instancias intermedias e inferiores. Gamarra organizó el cobro con recaudadores adeptos (generalmente mestizos), en tanto los criollos quedaban de subprefectos; también empadronó a los tributarios y repartió tierras a los forasteros. En buena medida, la importancia nacional de los caudillos provenía del control de los fondos del tributo. Para ello debía asegurarse la lealtad de los prefectos. En 1829 Gamarra analizaba su situación en estos términos: “Los prefectos son el primer punto de nuestra vista o la piedra fundamental de nuestro edificio. El Cuzco estará perfectamente con Bujanda. No sé cómo están Puno y Arequipa. Tristán en Ayacucho está muy mal; se lo está robando todo” (Gamarra 1952: 166). Con el tributo se cubrían los gastos de la prefectura… y del prefecto. Fue la base desde la que Gamarra (así como otros prefectos) pudo ascender en la escena política. Su lanzamiento a la arena nacional se produjo en 1827 en circunstancias especiales. El gobierno del
país había quedado en manos de dos “extranjeros”: los mariscales José de la Mar (nacido en Cuenca) y Andrés de Santa Cruz (nacido en el Alto Perú). La idea “nacionalista” sirvió para delimitar pertenencias. Al menos, para convencer a Gamarra de ser el indicado para conducir el país. Con estas miras, se empeñó en fortalecerse primero para, a continuación, desterrar a los “extranjeros”. Gamarra se autoproclamó el defensor del Perú ante las pretensiones bolivarianas. “Somos libres: estamos constituidos bajo una carta que nos acabamos de dictar para que sirva de salvaguardia a nuestras personas e intereses. Es forzoso sostenerla a costa del último sacrificio. El Perú, el respetable Perú sabrá morir, pero no volver a la servidumbre. Me constituyo desde ahora garante de su valor tantas veces acreditado, y prometo ante el Cielo que me escucha, conmover las piedras todas contra tan inicua pretensión” (Gamarra 1952: 103). Contando sólo con fuerzas regionales y la hegemonía cuzqueña, el general-prefecto Gamarra logró invadir Bolivia y vencer con relativa facilidad a las fuerzas del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Su proyecto de reincorporar a Bolivia al Perú respondía a demandas económicas y políticas tradicionales y, por lo tanto, era compartido por sectores influyentes del Bajo y Alto Perú. Poco después, la conducción de Bolivia por Santa Cruz generó una pugna irreconciliable entre ambos caudillos por la hegemonía del proyecto de reunificación que ambos compartían. La diferencia estaba en el hincapié peruano o boliviano en la realización del mismo. La popularidad de Gamarra iba en ascenso. Sus derrotas militares pasadas habían sido borradas por los éxitos de Junín y Ayacucho y los altos cargos militares desempeñados. Su labor en la prefectura cuzqueña le había dado notorios dividendos políticos en el sur peruano (Cuzco, Puno, Arequipa y Huamanga). Además, Gamarra había paseado al ejército peruano por tierras altoperuanas en un alarde de poder y desprendimiento. “Liberó” a Bolivia del “colombiano” Sucre y, a diferencia de lo que se esperaba, colocó generosamente en el mando a bolivianos... afines a sus intereses políticos, claro. De ahí su fama de vencedor de Piquiza. Era él el llamado a peruanizar el país. Su experiencia en el ejército y la prefectura le valieron mucho cuando ocupó la primera magistratura. Ahí sembró amistades que le reportarían luego beneficios políticos. Sabía por propia experiencia que los cargos de prefectos de los departamentos del
sur eran importantísimos. Prefirió a personajes sin mayor carisma ni mando: los hermanos Tristán (conocidos realistas) y militares extranjeros. A estos últimos porque su propia condición les impedía aspirar a ocupar los más altos puestos políticos en el país en tanto los jefes locales eran mantenidos en puestos de menor jerarquía y escasa influencia política (Villanueva 1981; Peralta 1991). Gamarra estableció una red de informantes entre los jefes militares. Desconfiado al extremo, por cualquier noticia no comprobada acerca de alguna supuesta deslealtad, hacía apresar al protagonista sin mayores investigaciones. Las intrigas, acusaciones y delaciones enturbiaban el ambiente ya enrarecido de la política peruana, a todo lo cual contribuyó su esposa. Francisca Zubiaga Bernales de Gamarra (“Doña Francisca”, “Pancha”, “la Mariscala”, “la Presidenta”, etc.) no fue una mujer del común. Menos para esos tiempos. Altiva cuzqueña, coqueta, dominante, arriesgada y resuelta, en el habla cotidiana y palaciega fue desde ahombrada hasta infiel, pasando por la verdadera gobernante tiránica del país, a más de la conductora real de las campañas atribuidas a su marido. Riva Agüero decía en 1858 que Pancha había gobernado el país y el “imbécil de su marido no fue otra cosa que un instrumento por el que mandase esa miserable mujer”. Probada es su participación en diferentes acciones políticas y bélicas. Se le vio al mando de tropas entrando a sangre y fuego a pueblos en la campaña contra Bolivia (1828), sofocando conspiraciones con su sola presencia a caballo y con armas que disparaba mejor que algunos oficiales. Sus trastornos mentales fueron ciertos (Lastres 1945: 26), pero no explican su actuación política. Pancha no dominaba la política peruana de entonces. Sus intrigas reales o supuestas pudieron afectar determinadas relaciones políticas dada la naturaleza de la política peruana de entonces. Las principales fuerzas gamarristas estuvieron en el sur (Cuzco y Puno, principalmente): su tierra; sirviendo como retaguardia asegurada o zona invulnerable a las influencias altoperuanas de Santa Cruz. Gracias a su manejo de las finanzas estatales, Gamarra formó una frondosa burocracia civil y militar a la que a un tiempo apoyaba y limitaba. Otorgó facilidades a la población a fin de gran jearse su confianza. Apoyó a la industria con adquisiciones para el ejército, exoneró de impuestos y tributos a determinados personajes o sectores y pueblos. En plena guerra civil de 1834, Gamarra pro-
metió exonerar del impuesto personal a blancos y mestizos de las provincias de Abancay, Aymaraes, Paruro y Quispicanchis si luchaban a su lado como montoneros (Guardino-Walker 1994). El apoyo político más confiable estaba en el ejército. Anotando las memorias de Echenique, Jorge Basadre enumera las acciones de Gamarra (y el resto de caudillos) para asegurarse la fidelidad del ejército. Separó a todos los jefes de los cuerpos que no le fuesen adictos, sustituyéndolos por amigos leales, organizó una logia militar con el compromiso de mutua ayuda para conservar estas colocaciones claves, dio la ley de reforma militar, incorporó a oficiales capitulados en Ayacucho y repartió ascensos. Gamarra recurrió también a la vinculación familiar con militares: tal fue el caso de Salaverry, joven oficial que en 1831 fue nombrado subprefecto de Tacna y cuyo matrimonio apadrinó Gamarra al año siguiente (Bilbao 1936: 85-86; Echenique 1952: I: 45; II: 349 n). Así como los cargos militares, Gamarra distribuyó empleos públicos. Ya como prefecto del Cuzco en 1825 ubicó en los puestos claves de intendencias provincianas a personajes de su confianza. Designó también los altos cargos judiciales cuzqueños, que abarcaron a ex funcionarios coloniales, ante la protesta de los “patriotas”. Agustín Gamarra fue tildado de “protector de los enemigos de la patria” (Villanueva 1981: 67-71).
Señoras limeñas en una acuarela del siglo pasado.
Caracteriza su actuación pública su no menos público desprecio (y temor a la vez) para con los civiles. Este temor/desprecio se extendía a todos, pero más precisamente a los “doctores” y a los liberales de la generación de la independencia. No son extrañas en cartas de Gamarra las expresiones agrias contra los políticos civiles a los que se refería como los “canallas”. “Los doctores, decía a un colega, no nos pueden ver”. Ésos eran los conspiradores de tertulias, los jacobinos que querían perturbar el “carácter dócil del peruano [es decir, el indio]” (Gamarra 1952: 47, 70, 151). Procuró manipular el congreso. Con este fin buscó que entre los representantes no se encontrasen personajes influyentes contrarios a sus designios. Uno de los objetivos mayores de sus ataques fue Luna Pizarro, “ese malvado clérigo”, hacia quien Gamarra y otros caudillos demostraron un temor que extraña ante tanta manifestación de fortaleza en otros frentes. En setiembre de 1828 quiso impedir a través de amistades en el colegio electoral de Arequipa que Luna Pizarro fuese elegido senador (Gamarra 1952). Algo similar le ocurría respecto a los periodistas. Al parecer, parecer, Gamarra sabía cómo enfrentarse a un colega (peruano o extranjero) con sus mismas armas, pero no dominaba (ni con asesores) el campo de batalla del periodismo. El oportunismo gamarrista puede verse en las relaciones que mantuvo con quienes estuvieron en el poder. Alabó a Bolívar mientras estuvo en el Perú. Cuando el Libertador tuvo que retirarse, lo despidió con un “feliz viaje y que su vuelta sea más gloriosa que la de Pachacutec”. Muy pronto Gamarra saludaba el cambio de régimen y no tardó en creerse el pachacuti que el país necesitaba (Gamarra 1952: 52 y 63). Gamarra tuvo un gran carisma. Era asombrosa su capacidad para arrastrar a la población a la lucha por su causa. Su actitud paternalista ha hecho pensar que tuvo la pretensión de constituir una especie de “utopía inca” autoritaria. Según Charles Walker, Walker, Gamarra buscó edificar un orden jerarquizado en el Cuzco en el que los indios obedeciesen tal y como –suponía– sucedió bajo la dominación incaica. Lo racial tuvo algo que ver en la política. Especialmente en lo relacionado con los procesos del rechazo o aceptación de caudillos por parte de los distintos sectores de la sociedad. Hijo de una ciudad donde un mestizo era blanco, Gamarra lo fue sin eufemismos. Es probable que su condición racial le haya permitido una mayor
identificación con la población mayoritariamente indígena y mestiza de esa zona. Pero, así como este factor pudo ser un atractivo político, en igual i gual medida pudo constituirse en una barrera. El mestizo Gamarra era en Lima un indio, tolerado en los salones por la sociedad criolla en tanto que representaba la garantía de seguridad y continuidad dentro de los parámetros de autoridad. Los ataques menos encubiertos fueron dirigidos contra su esposa. La desafiante “rabona” cuzqueña nunca fue perdonada (y menos admitida) por las “tapadas” limeñas. El rechazo a lo indio de algún gobernante (Santa Cruz) en la costa tuvo que ver más con la política que se planteaba y, sobre todo, la movilización de la población que generaba esta política. Contra lo que se viene tratando de argumentar, el racismo no es un invento republicano (Méndez 1993). Gamarra obtenía sus fondos para estas campañas de los cupos de guerra y, principalmente, de la recaudación del tributo. Otras cargas fiscales tuvieron una importancia menor en las finanzas departamentales y regionales. Sin embargo, Gamarra no derogó la contribución de castas hasta 1840, pese a haber sido presidente durante cuatro años. Su vigencia le permitía agenciarse recursos y ejercer un control sobre la población mestiza. El gobierno de Gamarra fue tal vez la expresión más clara del conservadurismo y autoritarismo a utoritarismo de los inicios republicanos. Tanto Tanto en lo político, como c omo en lo social y lo económico, representa la defensa de las relaciones del antiguo régimen en circunstancias de cierta movilización social luego de la independencia. Agustín Gamarra vino a ser el reemplazante de Bolívar en el gobierno que quisieron tener los sectores más conservadores del Perú; en especial, de Lima. En estas condiciones, el régimen de Gamarra fue un gobierno necesariamente autoritario y paternalista. Si habían de producirse cambios, éstos debían provenir desde arriba. Más específicamente... de él. En marzo de 1826 escribía “el Gobierno es el tutor de los ciudadanos: debe enseñarles aunque no quieran, los medios de hacerse ricos, vivir cómodamente, de hacerse opulentos y hallarse con facultades para satisfacer las cargas del Estado” (Gamarra 1952: 45, 52).
CONVERSOS, “GAMARRANOS” Y HOMBRES DE TRAJE NEGRO El hecho de que el Perú fuera gobernado por militares no excluye la participación de civiles. En
la práctica, un pequeño grupo de civiles integró la peruano”, pero el pueblo lo bautizó como “gamaplana de asesores y funcionarios de los diversos go- rrano”, al igual que a los demás parciales de Gamabiernos. Inclusive, muchos de ellos eran los llama- rra (Basadre 1968-1970; 1980: 21). dos “sobrevivientes”, pues provenían del coloniaje Como criollo de la sierra sur, su actitud acerca de y trascendieron las disputas personales y de cama- la soberanía era vertical. El indígena peruano era, rilla de los caudillos asesorando a más de uno, y para Laso, apático y con su conducta dificultaba los hasta a caudillos rivales entre sí. Esta circunstancia circunstancia planes republicanos; según él, urgía culturizar priobliga a pensar en una línea política más constante mero a los indígenas para que pudieran –a largo pladentro de la inconstancia de la crónica guberna- zo– constituirse en ciudadanos. El Perú necesitaba mental de las primeras décadas republicanas. (En- madurar antes de ser republicano. tre los personajes provenientes de los círculos de Los asesores y funcionarios conservadores tuvieasesores de tiempos coloniales destacó Hipólito ron una participación más decidida y consciente. El Unanue). eje de ellos fue José María de Pando. Luego de estar al servicio de Fernando VII, PanLos intelectuales actuaban de validos o censores, es decir servidores incondicionales u opositores. Se do sirvió a Bolívar y a Gamarra. La lógica de su condesempeñaban como representantes de prensa de los ducta funcional era hacer lo necesario para el Estacaudillos atacando o contestando ataques de los ad- do, al margen de la convicción personal, bajo una versarios de los militares a quienes servían. “ética de la responsabilidad”. En su rechazo a la deLos validos, como los llamara Basadre, eran los mocracia y su correlato con la soberanía popular, administradores, redactores de proclamas y normas fue partidario de un régimen fuerte y autoritario, a utoritario, de un monarca o un presidente con un poder legislativas; eran los diputados y senadores y los ministros de Estado en regímenes caudicentralizado. La libertad era un principio sacrificable en aras de la autoridad. llescos (Basadre 1968). En realidad, no todos dependían del apoyo de un personaSu pragmatismo lo llevó a apoyar a regímenes contradictorios entre sí, je encumbrado para acceder a los puestos de influencia. pero todos autoritarios. Fue ministro José Faustino Sánchez Carrión fue de Relaciones Exteriores de Gamarra en 1829 y de Hacienda en 1830. Panuno de los pilares del republicanismo en el Perú. Enemigo de la monarquía, la do escribió: “El gobierno es el ejecutivo de las leyes, por consiguiente de la inestabilidad política y social lo acercó a un régimen fuerte. Fue secretario de Bolíobediencia que el pueblo tributa a las leyes, pero como la gran masa var en 1824 pese a que en 1822 había declarado que “la presencia del pueblo todavía no tiene madurez para de uno solo en el mando obedecer debido a rame trae la imagen odiada del rey”. zones cívicas, el gobierno tiene que baTal vez el ejemplo más claro del valido sarse ante todo en la obediencia que haya sido Benito Laso. Longevo en su ciclo el pueblo tributa a la autoridad, tiene vital y político, Laso fue abogado, político y que entender la urgente reforma de la siburócrata, periodista, ministro (en diversos gobiernos) y tuación nacional por el magistrado. Destacó como principio de la autoridad” (Baltes 1968: liberal autoritario. Defendió la soberanía popular, criticó 53, 78). Pando entendió a la iglesia y al ejército a la vez que fue un sumiso colaque debía crearse borador de algunos caudi- José Faustino Sánchez Carrión fue secretario de Simón Bolívar y, un poderoso cuerllos militares. Usaba el seupo de asesores para al mismo tiempo, defensor tenaz del régimen republicano. dónimo del “Robespierre ese régimen que se
iniciaba y aún no se definía en el país, para evitar cambios esenciales e irreversibles en lo político y social. Así, constituyó una tertulia compuesta de personajes con afinidad de pensamiento que destacaron como asesores políticos de los caudillos de la época, gestores de la opinión pública financiando y redactando numerosos periódicos. Apoyaron a los gobiernos que consideraban salvadores del país (Gamarra y Salaverry). Esta tertulia rechazó la república por estar llena de errores. La independencia, en su opinión, debió ser un cambio sólo de hombres y no de tipo de gobierno en tanto que la libertad debía circunscribirse a las actividades económicas y determinados derechos y deberes civiles, pero nunca alcanzar el ámbito político y social. Estuvo apoyada por grupos económicos y periodísticos animados de las mismas ideas. Entre los contertulios destacan Pedro Antonio de la Torre,
Manuel Lorenzo de Vidaurre, jurista polifacético y ensayista político de la primera mitad del siglo pasado.
Felipe Pardo y Aliaga, escritor satírico y político conservador.
funcionario del ministerio de Hacienda, y Felipe Pardo y Aliaga, redactor desde setiembre de 1830 del periódico oficial El Conciliador . Otros miembros de la tertulia fueron Andrés Martínez, José Joaquín de Mora, José Joaquín Olmedo, Manuel I. de Vivanco, José A. Rodulfo. Conspicuo contertulio fue Felipe Pardo y Aliaga. Tuvo una amplia e influyente labor periodística y literaria defendiendo los principios antidemocráticos y antiliberales. El liberalismo para él era sinónimo de charlatanería, pretexto de ambiciosos y revolucionarios, anuncio seguro de anarquía. Salaverry era para Pardo el hombre que establecería la dictadura que el Perú necesitaba para su desarrollo. En uno de sus escritos denominado “Constitución política” sostenía que había que darle al pueblo el mejor de los regalos: “cultura y bienestar a palos”. Como Pando, sus postulados principales estuvieron ligados a la estabilidad política y económica, el orden, el respeto a la autoridad, la seguridad pública, el desarrollo cultural elitista. Todo ello unido a tendencias racistas de rechazo a lo popular popular.. Manuel Bartolomé Ferreyros de la Mata destacó como diplomático, administrador y periodista. Emparentado con altos y aristócratas funcionarios coloniales y republicanos, actuó en la aduana del Callao entre 1825 y 1852. Apoyó a San Martín, a Bolívar (luego se tornó antibolivariano), a Gamarra, a Salaverry y a Castilla. Se enfrentó a Santa Cruz (Martínez Riaza 1985: 52, 96, 301; Wu 1993 cap. V). Otros personajes fueron los llamados por Basadre “censores”. Eran la oposición a los gobiernos; los que “denuncian, condenan, critican, atacan”. Los hubo conservadores y liberales. Prevalecieron, no obstante, quienes se oponían principistamente principistamente al autoritarismo. Aunque lleno de contradicciones existenciales, Manuel Lorenzo de Vidaurre fue uno de ellos. Destacado abogado, era fidelista en 1810 cuando cuando compuso su Plan del Perú. Luego de visitar Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos, en 1823 se
hizo “converso”. Hasta su muerte en 1841 ocupó diferentes cargos como presidente de la corte suprema, ministro de gobierno, presidente del congreso, etc. Manifestó un espíritu reformista y amor por la justicia. Quiso reglamentar su república platónica, confusa y utópica (Porras 1974: 119-126). Contradictorio, místico y polemista, llegó a escribir un libro para contradecirse a sí mismo: Vidaurre contra Vidaurre (1839). Fue opositor del autoritarismo político. Los más destacados opositores del autoritarismo fueron los clérigos Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil, así como Francisco Xavier Mariátegui. Luna Pizarro apoyó la emancipación desde el principio. Partidario del constitucionalismo y enemigo acérrimo del autoritarismo, se opuso a las tendencias presidencialistas y, sin desempeñar cargo político alguno, ejerció una influencia enorme en los acontecimientos más importantes de su tiempo. Como republicano, basó su pensamiento en el principio de soberanía: “La nación, confiando a sus representantes el poder de constituirla, delega en ellos la soberanía para que ellos y no otros la ejerzan”. Sin embargo, al igual que los demás liberales del momento, Luna Pizarro tuvo muchos recelos para con la mayoría indígena (Basadre 1968-1970; Luna Pizarro 1959: 196). Vigil centró su actividad en la defensa del parlamentarismo y de la libertad de expresión. Su discurso del 8 de noviembre de 1832 es claro al respecto: “Los peruanos no son vasallos de un rey cuyas órdenes se ejecutan sin réplica, y cuyo disgusto hace temblar; somos ya ciudadanos de un pueblo libre y nosotros particularmente representantes de ese pueblo; somos el primer poder y nuestras resoluciones se cumplen”. Vigil fue un hombre de ideas, no de acción. “Otra revolución es la que yo deseo, y hace algún tiempo estoy haciéndola: revolución de ideas en que el siglo marcha” (Ferrero 1958: 146; Basadre 1968-1970: II: 38-39). El temor de los autoritarios hacia Luna Pizarro y sus partidarios estaba fundado, pues eran el principal escollo político en la vía autocrática. Bolívar exclamó en carta del 6 de abril de 1825 a La Fuente, prefecto de Arequipa: “¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo”. La primera generación liberal y republicana fracasó. Sus miembros más consecuentes tuvieron que retirarse de la vida pública decepcionados por la
suerte de la república que ellos habían ayudado tanto a forjar. Desde 1837 Luna Pizarro se retiró a su ministerio. Dos años antes había hecho lo propio su discípulo Vigil, quien a diferencia de su maestro, entabló una ardua lucha por la reforma eclesiástica en el Perú (García Jordán 1988 y 1991; Klaiber 1980).
EL EJÉRCITO El ejército republicano hizo las veces de un partido político en el cual los caudillos encontraban apoyo u oposición para sus acciones políticas. No era una institución profesional, el reclutamiento de tropas y oficiales se hacía de la manera más arbitraria imaginable. Las luchas caudillescas permitieron además que personajes sin mayor preparación castrense alcanzasen a ocupar cargos de responsabilidad en sus filas. En verdad, se trataba de un grupo limitado de personajes que conformaban la plana de jefes y oficiales. La tropa era reclutada a la fuerza, las más de las veces sin conocimiento del idioma castellano ni de las causas que debían apoyar o combatir. El ejército vencedor incorporaba a sus filas a las tropas del vencido. Por lo común, los indios conformaban la infantería y los pardos la caballería. Los indios eran los “pumacahuas” que se seguían reclutando por medio de una especie de mita guerrera con intervención de las autoridades de los pueblos. En 1827 Gamarra informaba sobre sus tropas en el sur: “Para cualquier caso yo puedo disponer de 2 000 hombres buenos, fuera de montonera que sería inmensa. También tengo de 12 a quince mil Pumacahuas que son firmes y resueltos” (Gamarra 1952: 66). La capacidad de reclutamiento era admirable. Santa Cruz puso en pie 16 000 hombres durante la Confederacion (de ellos 11 000 eran peruanos). El manejo político del ejército era obvio. Se podían realizar carreras meteóricas según la ubicación que se tuviese con respecto a los caudillos en el poder en un momento dado. Los ascensos (y descensos) fueron inmoderados, sin ser necesario siquiera destacar como militar. Hubo varios jefes con altos grados que no tuvieron experiencia en el mando de tropas (Riva Agüero, Orbegoso). Circunstancias políticas convirtieron a comerciantes en generales (José de Rivadeneyra y Francisco de Paula Otero, por ejemplo). El grado de mariscal fue más político que militar. Pese a su “reforma militar” de 1829, para 1833 Gamarra había incrementado la plana mayor del
ejército peruano. Siete nuevos jóvenes generales se sumaron a los 19 ya existentes a fines de los años 1820 (incluyendo a capitulados realistas). Orbegoso hizo lo propio. Ascendió a jóvenes oficiales con miras de crearse una base sólida, pero le sucedió algo similar que a Gamarra. No todos sus acólitos lo defendieron en el momento decisivo y uno de ellos lo derrocó en 1835 (Salaverry). En este contexto, resultó lógico recurrir a los militares extranjeros, ya que, como tales, no había ningún peligro en promoverlos a los más altos cargos. Podían ser buenos ayudantes y consejeros pero nunca aspirar a ocupar la máxima magistratura. En tanto, resultaba riesgoso beneficiar a militares peruanos. Se prefirió ascender a oficiales jóvenes con la esperanza de contar con su lealtad durante un buen tiempo. Esta situación causaba preocupación en diferentes círculos políticos y sociales. Se trató de solucionar el problema restringiendo la plana mayor con dispositivos que no se cumplieron, como la ley de 1834 que establecía cubrir sólo los puestos que quedasen vacantes. La de 1839 limitó la plana mayor a un solo mariscal, tres generales de división y seis de brigada; en la armada a un contralmirante y un vicealmirante. En 1838 había mariscales y generales en exceso y sólo trece de un total de 29 eran peruanos. Ya no figuraban Gamarra y sus seguidores. Tres de los nuevos mariscales, Miller, Cerdeña y Necochea, eran extranjeros; el cuarto era Riva Agüero. Entre los generales reincorporados al escalafón destacaban realistas de corazón, tales como Pío Tristán y Antonio Vigil; Pedro Bermúdez era ahora fiel seguidor de Santa Cruz (Wu 1993: 56-60). Tras la victoria de Yungay, Gamarra purgó drásticamente a aquellos generales que habían apoyado a Santa Cruz. Muchísimos nombres desaparecieron del escalafón; prácticamente todos los extranjeros salieron del ejército. Hacia 1841 la plana superior del ejército había sufrido modificaciones menores, pero algunas serían significativas a largo plazo. En especial, la incorporación al grado de general de jóvenes oficiales de gravitante actuación en las luchas políticas de las décadas venideras: Castilla, Raygada, San Román y Torrico (Wu 1993: 63). Con Gamarra se creó una verdadera oligarquía militar. A cambio de su sumisión al gobierno central los jefes militares de las provincias tuvieron amplias prerrogativas políticas y económicas. Los gastos militares eran el renglón más significativo
del presupuesto. En 1827, por ejemplo, alcanzaron 2 500 000 de pesos de un total aproximado de 5 millones. En la práctica, el ejército peruano distaba mucho de convertirse en una fuerza profesional. Ni siquiera la severa advertencia que significó la aventura boliviana de Gamarra en 1841 –que le costó la vida–, fue un incentivo para eliminar las disputas entre personajes por el poder político. Las luchas personales (algunas con fuertes elementos regionales) continuaron en las décadas siguientes. Hacia la segunda parte de la década de 1840 la habilidad política de Ramón Castilla logró restringir la posibilidad de los brotes conspirativos y guerras civiles. Esta circunstancia vino acompañada de otras más trascendentales, como la aparición del guano en la escena económica, que permitió al erario limeño emanciparse de las remesas de impuestos y tributos que cobraban los prefectos departamentales. Los ingentes e inéditos ingresos por concepto de explotación de los recursos guaneros cambiaron radicalmente las fuentes de financiamiento del Estado. El gobierno central no dependió más de los potenciales caudillos en un país harto de prolongadas, costosas e inútiles guerras. Paulatinamente fue forjándose, además, una elite limeña ligada al comercio importador extranjero, interesada en una estabilidad política que le permitiese aprovechar una coyuntura económica favorable.
LA IGLESIA La actitud de la república criolla para con la iglesia estuvo signada por el regalismo y la necesidad de amortizar los bienes temporales. La regulación estatal de la jerarquía eclesiástica era un problema heredado de tiempos coloniales (especialmente del tratamiento borbón) y en la república adquirió especial magnitud dada la precariedad del poder político en el país. Otra dimensión de la relación consistió en la redistribución de los recursos que captaba la iglesia de la feligresía por los diezmos y las primicias que cobraba. La finalidad era una redistribución de rentas entre el Estado y la iglesia, en favor del primero. Esto incluyó la secularización de bienes de la iglesia y órdenes religiosas: conventos, tierras, comercio y acceso a la mano de obra indígena. En setiembre de 1826 fueron suprimidos los conventos con menos de ocho religiosos residentes. La crítica mayor se centró en la necesidad de contar con una iglesia menos onerosa y no identifi-
cada con el fenecido régimen colonial. Los derechos que cobraban los clérigos por los servicios que prestaban no solamente eran elevados sino prohibitivos y confiscatorios. En circunstancias en que el país esperaba recuperarse de la ruina económica que le había significado su emancipación, la opinión de mentes lúcidas se volcó contra los intereses de la iglesia. No solamente tenía bienes raíces que deseaban los nuevos vencedores; también intervenía con ventaja en la distribución y redistribución (improductiva) de recursos excedentes y elementales de distintos sectores de la población. En vez de volcar esos recursos a la reconstrucción estatal y privada, la gente debía pagar altos precios por los servicios Una vista de la torre de la iglesia de Santo Domingo, en Lima, siglo eclesiásticos. XIX. Litografía inspirada en una fotografía de Emilio Garreaud. De otro lado, el Estado republicano (local y central) urgía de recursos. Uno de los más seguros por la forma (y fórmula coercitiva) de cobranza era la masa decimal: los diezmos y las primicias que debía abonar el conductor de predios rústicos por la producción de haciendas y chacras. Un tercer elemento era el poder político de la iglesia. El nuevo Estado necesitaba afianzarse. Así como eliminó los cacicazgos, debía limitar la influencia que tenía la jerarquía eclesiástica entre la población. Este problema era vital: los curas no sólo eran importantes en aldeas, villas y ciudades, su influencia alcanzaba a las altas esferas políticas. Curas y abogados constituían la mayoría de los representantes a los primeros congresos y asesores de políticos a todo nivel. Los curas influían en las decisiones electorales de los pueblos para la designación “popular” de diputados. Estas motivaciones generales hicieron que las nuevas autoridades peruanas planteasen un nuevo trato con la iglesia. Especialmente importante fue esta relación en provincias. En Arequipa y el Cuzco derivó en un enfrentamiento muy sugestivo en lo doctrinal y enredado en lo político. Benito Laso fue el más grande y decidido partidario de una reforma de la iglesia en el Cuzco. Desplegó una agresiva campaña política por reformas en la jerarquía eclesiástica, los “dineros del Señor” y otros asuntos afines. Para ello usó las páginas de los periódicos El Sol y El Censor Eclesiástico (este último creado por él), bajo el anagrama Tobías León. Púlpito de la catedral de Lima por Matías Maestro, siglo XIX. El debate doctrinario fue epistolar y periodístiLas autoridades del naciente Estado republicano peruano ensayaron nuevas relaciones con la iglesia, frecuentemente co. El obispo cuzqueño José Calixto Orihuela asuasociada con el colonialismo español. Una de las medidas mió la defensa de los fueros y privilegios eclesiástitomadas fue la progresiva secularización de los bienes de las cos. En cartas a periódicos y quejas al prefecto Gaórdenes religiosas.
marra y gobierno central hizo sentir su rechazo a los ataques de Tobías León (Villanueva 1981: 97 y ss.; García Jordán 1988: 352-355). En Arequipa actuó Vicente Albistur, quien llevó adelante una campaña contra la iglesia similar a la de Tobías León. Publicó artículos del mismo tono en La Estrella de Arequipa (1825), en los que criticaba acremente a la institución religiosa por sus cobros y privilegios. Los gobiernos reclamaban para sí el derecho de patronato sobre la iglesia. García Jordán afirma que este tiempo era de “relativa armonía entre la iglesia y el Estado”, ya que miembros de estos dos bandos tenían las mismas ideas regalistas en torno al papel que la iglesia tenía respecto a la sociedad y estaban interesados en la continuidad de las mismas estructuras sociales y económicas (García Jordán 1988: 45).
La distinción se encuentra en que mientras los conservadores prefirieron no soliviantar a quienes consideraban bandidos, los liberales tuvieron cierta confianza en el pueblo. Una confianza coyuntural y circunscrita al apoyo que podían encontrar en un sector armado y dispuesto a todo pues poco podía ya perder. En parte, la búsqueda de la libertad para los esclavos impulsó a los cimarrones a apoyar estas acciones al lado de los liberales. De la misma manera, puede distinguirse una inclinación por éstos en contraposición con los conservadores de orígenes aristocratizantes. Sólo es posible encontrar atisbos de inclinaciones políticas en las acciones de bandoleros. Se trata de una tendencia que diferencia la experiencia bandolera de principios de la república con respecto a
BANDOLERISMO Las bandas de asaltantes sobrevivieron a las luchas por la independencia. Ya desde el siglo XVIII fueron un problema serio en la costa y partes de la sierra. En el siglo siguiente, a los bandoleros “tradicionales” se agregaron los licenciados de los diversos y numerosos ejércitos caudillescos. Se habían convertido en grupos sin ocupación fija a la espera de algún caudillo que solicitara sus servicios, ofreciéndoles recompensas que iban desde una “soldada” formal hasta la posibilidad de realizar fechorías. Los ex montoneros y soldados eran una de las preocupaciones principales de las elites, pues alimentaban el caudillismo y la zozobra social. Eran el “espantapájaros” de los sectores pudientes y medios, víctimas más frecuentes de sus correrías que obligaban a “cierrapuertas” cuando ingresaban a las ciudades y pueblos y hacían peligroso transitar los caminos de la costa (de Ica a Huacho) y las quebradas hacia la sierra (Canta, Lurín). Charles Walker encuentra que uno de los puntos claves que diferenciaba a los conservadores y liberales peruanos era el control social. Es decir, la actitud de los protagonistas en las disputas políticas ante los sectores populares no fue casual. Además, por otro lado, los llamados bandoleros tampoco fueron actores secundarios en estas luchas. Sin descartar la coerción en el reclutamiento, Walker propone que los bandoleros participaron consciente y organizadamente en ellas, contribuyendo con sus propias reivindicaciones a enriquecer las ya complicadas luchas políticas y doctrinarias (Bonilla 1983: 81-95;
Felipe Santiago Salaverry en un apunte procedente de la Historia del general Salaverry (Lima, 1853) de Manuel Bilbao.
fines de tiempos coloniales, en que fue más marcadamente prepolítica. En especial, el cambio estuvo dado por la naturaleza más social de las víctimas (hacendados, comerciantes y funcionarios), la mayor presencia de negros libres y esclavos y los vínculos políticos con los liberales. Los bandoleros participaron en diversas conspiraciones contra los regímenes conservadores, en particular, contra los gobiernos de Gamarra y Salaverry. En 1835 un grupo liberal que pretendía derrocar a Salaverry entabló relaciones con el famoso montonero José Samián. Las fuerzas de éste entraron a Lima el 17 de mayo creyendo que serían aclamados por el pueblo como les habían asegurado, mas Samián fue vencido y fusilado al mes siguiente. Había servido de “carne de cañón” para un plan antisalaverrino. Precisamente, en 1835 se observa una gran actividad de los grupos bandoleros. El gobierno de Sa-
laverry, de su lado, tomó las medidas más drásticas para erradicarlos, incluyendo una nueva militarización de Lima y sus alrededores. Se llegó a permitir a los marineros de los barcos extranjeros participar en la persecución de los bandoleros. Si bien puede verse cierta afinidad de intereses entre los bandoleros y los liberales, las diferencias fueron de tal magnitud que resultaba impensable la posibilidad de una alianza entre ambos sectores. La acción de los bandoleros era individual y desorganizada, política sólo en una escasa proporción. Al igual que los conservadores, los liberales no estuvieron dispuestos a proporcionar a sectores populares (menos a bandoleros) un protagonismo político del que pudieran arrepentirse en muy breve plazo. Los reclutaron como se hacía en la sierra y en la costa con los pobladores de menores recursos. La política social de los liberales no se diferenció casi en nada de la que tuvieron los conservadores.
BIBLIOGRAFÍA La producción historiográfica sobre el Perú en la transición entre la colonia y la república ha tenido un gran impulso en los últimos años. Nuevos temas y enfoques enriquecen una historiografía que ya experimentaba cambios importantes en décadas anteriores. A lo s trabajos fundamentales se han agregado estudios globalizadores y monografías que permiten un mejor conocimiento y comprensión del desenvolvimiento histórico peruano en ese momento crucial. Así como hay avances, empero, también se tienen nuevos estudios que pretenden replantear el conocimiento histórico sin una base documental aceptable en cuanto a la calidad del material utilizado. P
C La historia colonial se vio enriquecida por nuevos aportes en los estudios económicos. A sus ya “clásicos” trabajos al lado de Javier Tord sobre las bases y el desarrollo económico colonial peruano (Tord-Lazo 1980, 1981 y 1984), Carlos Lazo ha agregado un estudio sumamente acucioso sobre la moneda, que permite ampliar y profundizar las investigaciones acerca de la economía colonial (Lazo 1992). La misma función debe cumplir la publicación de fuentes realizada por Pablo Macera sobre los precios de una amplia gama de productos básicos a lo largo de la colonia (Macera 1992). Luego de las aproximaciones de Javier Tord acerca de la fiscalidad colonal (Tord 1977), la obra de John TePaske y Herbert Klein (1982), la de Klein (1994), la de Ronald Escobedo (1986) y Slicher van Bath (1989) vienen a clarificar el panorama en este básico y siempre difícil parámetro macroeconómico. Un aspecto privilegiado ha sido el comercio. Además de la compilación de Josep Fontana sobre los efectos del llamado comercio libre entre España y América, donde destacan los trabajos de Antonio Bernal (1987) y de John Fisher (1987a), el tema ha generado varias publicaciones recientes, una de las cuales pertenece precisamente a Fisher y analiza el último tramo colonial (Fisher 1992). Al comercio específicamente peruano están dedicados el trabajo de Carmen Parrón (1984) y el de Carlos Malamud (1986).
En la producción minera mantiene vigencia el trabajo de John Fisher (1977) que examinó las bases de esta actividad fundamental luego de la pérdida de Potosí. Carlos Contreras (1995) ha incidido en las funciones del asiento de Hualgayoc como centro minero secundario. En cuanto a las técnicas de trabajo, Juvenal Luque empieza a presentar los resultados de sus estudios (1993). La economía regional es mejor conocida ahora gracias a recientes aportaciones. El amplio norte peruano ha sido estudiado por Susana Aldana, quien encuentra un mercado regional articulado de mayor incidencia económica y sociopolítica de lo que habitualmente se tenía presente (Aldana 1992a), en tanto, José A. García Vera estudia específicamente el comercio y los comerciantes trujillanos (1991). La sierra central ha inspirado estudios exhaustivos que permiten replantear el papel cumplido por esta zona desde las postrimerías de la colonia. A este respecto, destacan los aportes de Magdalena Chocano (1982) y Florencia Mallon (1983 y 1995) sobre el comercio y las relaciones económicas y sociales de Cerro de Pasco y el valle del Mantaro. El Cuzco y el sur andino son otra región privilegiada en la atención historiográfica reciente. Luis Miguel Glave y María Isabel Remy (1983) presentan el resultado de una minuciosa investigación de la economía de Ollantaytambo en el largo plazo que permite apreciar los cambios y las continuidades en el campo cuzqueño. De su lado, Broke Larson (1982 y 1989) hace lo propio para el caso del Alto Perú. Los comerciantes limeños son el tema de investigación de Cristina Mazzeo, quien orienta su trabajo al estudio del caso del gran comerciante criollo Lavalle (1994 y 1995). El estudio de unidades productivas no ha sido continuado luego del exhaustivo trabajo de Polo y la Borda (Tord-Lazo 1981). En cambio, las plantaciones costeñas recibieron un gran impulso con las investigaciones de Manuel Burga (1976), Nicholas Cushner (1980), Keith Davies (1984) y Susan Ramírez (1991). Dentro de estos estudios destaca la atención prestada a las usinas internas de las plantaciones con su producción transformativa complementaria a la agrícola.
La producción industrial rural (obrajes) es estudiada por Miriam Salas para Huamanga del XVIII (1984), Neus Escandell-Tur para el Cuzco colonial (1996), y otros autores en el marco de la economía rural y regional. Pocas actividades industriales adicionales han convocado la atención; las excepciones las constituyen el jabón, estudiado por Susana Aldana (1988) y el vidrio, por Gabriela Ramos (1989). La industria urbana limeña es el objeto de estudio de Francisco Quiroz (1986, 1990 y 1995). En cuanto a la sociedad, se ha seguido privilegiando el estudio de los sectores pudientes. Los funcionarios peruanos (especialmente limeños) han sido el tema de acuciosos trabajos de Guillermo Lohmann (1974 y 1983), María Pilar Pérez Cantó (1987) y Teodoro Hampe (1992). A Mark Burkholder, León Campbell y Thimoty Anna les han interesado más los cambios en la burocracia colonial y sus repercusiones en la sociedad con respecto al problema de la independencia (Burkholder 1972, Burkholder-Chandler 1984; Campbell 1978 a y b; Anna 1979). Se han ceñido, sin embargo, a la elite capitalina, sin mayores referencias a los sectores medios y bajos de la burocracia, que sí preocuparon, por ejemplo, a Jorge Basadre (1973) aunque sin presentar un estudio alternativo. La elite limeña es estudiada por Paul Rizo Patrón (1992), Alejandro Reyes (1995) y Alberto Flores Galindo (1984), quien la relaciona con sectores bajos de la sociedad que agrupa gruesamente en la “plebe”. En una segunda versión (1991) el escaso papel que había atribuido a la población indígena en su primer intento fue rectificado al hablar de una “ciudad sumergida” en Lima. El estudio de las instituciones ha avanzado gracias a las aportaciones de John Fisher sobre las intendencias (1981), de Nuria Sala sobre la iglesia (1993), de Beatriz Garland sobre las cofradías limeñas (1993) y de los gremios artesanales limeños por Quiroz. S Y A La labor de Scarlett O’Phelan (1979, 1982, 1983 y 1988) marca un hito en los estudios sobre la rebeldía en el Perú. No solamente es acuciosa en cuanto a la información acopiada sobre las distintas variables de protesta
social y anticolonial; es además una alternativa a los enfoques que venían presentándose sobre el problema. Un aporte especial lo constituye la vinculación de los movimientos con el cambio ocurrido en la vida de la colonia a raíz de la implementación de las reformas borbónicas. No se trata de un determinismo en tanto que las reformas borbónicas abarcaron los más variados aspectos (económico, político-administrativo, social, fiscal, cultural). En su interpretación, el movimiento de Tupac Amaru no es solamente la culminación de un ciclo rebelde, sino parte integrante del proceso emancipatorio peruano. En mucho, sus resultados tuvieron implicaciones importantes para las luchas independentistas en el Perú (O’Phelan 1985). Acerca de las causas estructurales de la rebeldía han tratado Tord y Lazo (1981) y, relacionándola sólo con los repartos, Golte (1980). Magnus Mörner y Efraín Trelles han hecho un valioso aporte al precisar los lugares de apoyo y enfrentamiento a la rebelión (1986). Siguiendo la línea trazada por Rowe, Jan Szeminski, Manuel Burga y Alberto Flores Galindo han dedicado sus estudios a probar la presencia de elementos de la llamada “utopía andina” en los movimientos de protesta de los siglos XVIII y XIX (Burga-Flores Galindo 1982; Szeminski 1984, Flores Galindo 1987 a y b). I
E E P En torno a la independencia persiste la discusión sobre su naturaleza. En especial, acerca del sentido del cambio producido. A partir de los escritos de Basadre (1973) y Flores Galindo (1984), se reconoce la existencia de cambios no solamente políticos que, sin embargo, no llegaron a imprimir al proceso emancipador un contenido diferente al del mero reemplazo de personajes y grupos en las esferas políticas. Un enfoque que está dando buenos resultados es observar la independencia como un proceso prolongado en el tiempo (del tipo expuesto por Macera, Basadre y O’Phelan) y diversificado en el espacio. Mientras la visión limeñocentrista llevó a conclusiones parciales en torno a la participación peruana en el movimiento, un planteamiento regional proporciona algo más que diferencias en “matices”: demuestra distintas actitudes locales (con variables internas) ante la emancipación. Así, el espacio mejor trabajado ha sido la sierra central y sur. Falta pro-
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fundizar en el estudio de éstas y otras zonas a fin de conocer y entender mejor ese proceso. Asimismo, el énfasis en el estudio del comportamiento de la población en las campañas ha permitido precisar mejor la participación peruana en la independencia. A los ya clásicos trabajos de Rivera Serna, Temple, Vergara y Beltrán sobre las montoneras y guerrillas, se suman los de Guardino (1989) y Quiroz (1992), que ligan el comportamiento de esas tropas irregulares con las condiciones de vida de la población y tratan de distinguir entre los motivos que tuvieron para la lucha los dirigentes de estos cuerpos y sus subordinados. Los textos de Husson (1992) y Méndez (1990, 1991) discuten la participación consciente de los indígenas en la defensa de una opción en la postguerra. I
D L R Contra las ideas dominantes en décadas anteriores acerca del control de la economía peruana por parte del capital inglés inmediatamente luego de la independencia (Bonilla, Yepes, Tantaleán, Macera), Paul Gootenberg ha publicado influyentes trabajos demostrando que esa dependencia no se produjo de forma automática, sino luego de un lapso de tres décadas en que se barajaron políticas que llama proteccionistas y nacionalistas (Gootenberg 1988 y 1989). Buscando cambios, se han estudiado la minería y la mano de obra minera y campesina. José Deustua (1986) intenta demostrar el apogeo de la minería republicana, al parecer con una base documental no verificada plenamente. Siguiendo esta información, Carlos Contreras (1987, 1989 y 1995) pretende demostrar cambios “traumáticos” en la minería republicana a partir de la desatención de parte de las autoridades políticas y los patrones de reclutamiento de mano de obra. A excepción del suministro del azogue, todas las características que menciona como novedosas se presentaban ya en el siglo XVIII y fueron descritas por Fisher (1977). Elementos más fundamentales en el plano social y económico permanecieron con variaciones sólo de forma. Entre ellos destaca el mundo campesino indígena: la supervivencia del tributo y las tierras comunales en medio de acomodos estudiados por Hünefeldt (1982 y 1983), Burga (1983), Glave-Remy (1983), Larson (1988), Bonilla (1989), Jacobsen (1993), entre otros. Se hace
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hincapié en la resistencia campesina indígena ante la arremetida de otros sectores, que impidió temporalmente la conformación del gamonalismo, fenómeno característico de un momento posterior. Poco se ha trabajado sobre las actividades transformativas. Al margen de referencias en estudios regionales, el trabajo de Thomas Krüggeler (1991) sobre el artesanado del Cuzco a inicios de la república y los de Gootenberg (1989) y Francisco Quiroz (1993) sobre Lima permiten aproximaciones a ese sector controversial en la coyuntura del cambio. La esclavitud republicana generó un interés revisionista con los esfuerzos de Cristine Hünefeldt, continuados por su discípulo Carlos Aguirre (1993) y Peter Blanchard (1992). Aduciendo una supuesta tendencia dependentista en Macera, Aguirre expone un conjunto de nuevas características internas de la esclavitud limeña que la conducían a su autoextinción; sin embargo, todos los rasgos que considera nuevos se encuentran ya en el siglo XVIII. Un nuevo impulso han tenido los estudios sobre los aspectos políticos. Víctor Peralta (1991) proporciona un valioso aporte para la comprensión del fenómeno caudillista al estudiar las fuentes del poder de un personaje como Agustín Gamarra. María Isabel Remy (1988) analiza las condiciones tributarias del Cuzco inicial para el estudio de la sociedad local. Peter Guardino (1989) y Guardino y Charles Walker (1994) intentan analizar los inicios republicanos a través de la participación de sectores populares integrantes de bandas que apoyaban a los movimientos liberales contra los conservadores. En un acucioso estudio, Celia Wu (1993) plantea las bases de las relaciones entre los diplomáticos extranjeros y los caudillos peruanos. Proporciona un análisis del ejército republicano en sus inicios, indicando los mecanismos de funcionamiento de la institución como “partido” político. Una de sus conclusiones más importantes se refiere a la fortaleza de los gobiernos caudillescos ante las presiones de los diplomáticos extranjeros y sus escuadras acoderadas en el Callao. Otra institución que ha merecido un tratamiento especial es la Iglesia. Pilar García Jordán (1991) dedica un estudio al análisis de las relaciones de la Iglesia católica con el Estado, enfatizando los ataques mutuos y el problema de la secularización.
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