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LA CONSTITUCiÓN EXPLICADA © EU
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Impresores: CyC Impresores San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE I PRINTED IN CHILE
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~JVERTENCIA
La Ley N° 17.336sobre Propiedad Intelectual probíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derecbos de autor. El fOlocopiado-o reproducción por c-ualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. UsOs infractores pueden constituir delito.
CAPÍTULO
[
Bases de la institncionalidad CAPíTULO
,........................
Ir
Nacionalidad y ciudadanía CAPÍTULO
3
19
In
De los derechos y deberes constitucionales
31
[V Gobierno.........
89
CAPÍTULO
CAPÍTULO
V
Congreso Nacional V[ Poder Judicial
119
CAPÍTULO
CAPÍTULO
.
vn
Ministerio Público
171
CAPÍTULOVIII Tribunal Constitucional..........................................................
179
CAPÍTULOIX Justicia electoral
195
CAPÍTULOX Contraloría General de la República
201
CAPiTULOXI Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública
.
CAPÍTULOXU Consejo de Seguridad Nacional
.
CAPÍTULOXIII Banco Central
.
Capítulo XIV Gobierno y administración interior del Estado
.
CAPÍTULOXV Reforma a la Constitución
.
ANEXO
Génesis de la Constitución y sus reformas
.
Este libro en que intento explicar brevemente cada disposición de la Constitución, está dirigido a servir de apoyo a los ciudadanos, autoridades, estudiantes, ya sean de educación media, universitarios, y de toda carrera o estudio relacionado con el derecho. He intentado, para ellos, simplificar la explicaciónde la Constitución para que esté al alcance de todo lector, y acaso pueda igualmente servir para recordar conceptos básicos de derecho constitucional y de otras ramas del derecho a abogados, jueces y legisladores. Si cumplo ambos objetivos estaré muy reconfortado, pues de ese modo esta obra cumplirá el servicio a la comunidad que fue pensado originalmente por mi padre, en 1970, a quien dedico esta, en verdad, "nueva edición" de su creación. En efecto, en 1970, don Enrique Evans de la Cuadra publicó el libro Relación de la Constitución Política de la República de Chile. La obra contenía el texto completo y actualizado, con notas y concordancias, de las normas vigentes a la época, de la Constitución de 1925. En este libro, y como un homenaje a la memoria del padre, profesor y amigo, hemos utilizado similar técnica para elaborar una Explicación de la Constitución Política, actualizada con todas las reformas a su texto, incluyendo especialmente las aprobadas mediante Ley NO20.050 del año 2005. Después de cada artículo o de cada párrafo, según y conforme hemos preferido ordenar este trabajQ, se han incorporado párrafos explicativos de los conceptos técnicos y doctrinarios de que se vale la Constitu-
ción. Además, van enunciadas las concordancias que nos sugiere un análisis sistemático del texto constitucional y la reglamentación complementaria conformada por leyes de rango orgánico constitucional, de quórum calificado, ley común y aun, para ciertos preceptos, la normativa reglamentaria más relevante. También, para ciertos casos, citamos alguna bibliografia complementaria para quienes deseen profundizar los conceptos que se tratan en cada disposición. En varios casos hemos utilizado definiciones legales y textos de leyes que regulan la organización y atribuciones de los órganos del Estado que se contemplan en la Constitución. Al igwil que la pretensión del profesor Evans de la Cuadra al escribir el primer libro -cuyos conceptos en lo pertinente hemos utilizadoaspiramos a que este trabajo sea de utilidad a los alumnos de los últimos años de enseñanza media y a los universitarios en el estudio sistemático y concordado de nuestra Constitución Política, ya que las explicaciones anexas ofrecen una visión, escueta y sencilla, de los elementos de Ciencia Política y Derecho Constitucional que están involucrados en sus disposiciones. -~--------Además, creemos que el contenido de este libro puede ser útil para abogados, jueces y legisladores, porque permite una rápida consulta al texto positivo y porque entrega los antecedentes para acceder a otras fuentes que complementan las materias que la Constitución desarrolla.
CAPíTu'LO 1 BASES DE LA INSTlTUCIONALlDAD
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo r. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y direchos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ;. EIEstado reconoc;e y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y sufinalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que pemlitan a todos ya cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender alfortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurarel derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacionaL Concordar con los artículos 3°.4° Y8° de la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; con las Leyes N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios y N° 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestación de Servicios, con la Ley W 19.947 sobre Matrimonio Civil; con la Ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y, entre otros, con los artículos 5°, 6°, r, 13. 14, 19,20,21,23,24.25,47,49 y 118 de la Constitución.
El reconocimiento de la igualdad natural entre las personas, sin distinción de sexo, clase social, condición ni raza es la primera declaración fundamental que hace la Constitución. Tal intrinseca semejanza la acompaña del atributo de la libertad que gozan los individuos de la especie humana, siendo ambos -igualdad y libertad de las personas- los caracteres que inspiran la creación del Estado, que limitan su actuación y que le imponen los deberes que este mismo precepto se encarga de consagrar. La incorporación de estos principios -igualdad y libertad- tiene su fuente originaria en el nacimiento del constitucionalismo moderno al figurar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ( l 776) Yen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inmediata a la Revolución Francesa de 1789. En una semejanza casi literal, el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 señala: "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". La esencial sociabilidad del ser humano, la necesidad que unos sienten de los otros impone reconocer como primer grupo natural de la sociedad civil a la familia. Constituye ésta una declaración que confirma el carácter natural y necesario de este tipo de sociedad intermedia y se sostiene con mayor énfasis al imponer al Estado, como deber primordial, darle protección y propender a su fortalecimiento. La sociabilidad natural del hombre no sólo se limita a la conformación del núcleo o grupo familiar, s.ino que se manifiesta con semejante intensidad en la formación de sociedades voluntarias, es decir, aquellas que existentes entre el Estado -la sociedad mayor- y la familia, requieren de garantías para desenvolverse con la necesaria autonomía para cumplir con los fines para los cuales son creadas. Fluye entonces el denominado principio de subsidiariedadi el que informa la actuación estatal imponiéndole prescindencia en el objetivo de priorizar la libertad e instinto creador de agrupaciones intermedias por el ser humano. La sociedad perfecta, el Estado, se constituye como la institución ordenadora de las conductas humanas para alcanzar un fin u objetivo establecido por la Constitución, este es, el bien común. La existencia
del Estado es para los hombres, el ser humano lo crea, ordena y constituye con el objeto de coordinar los esfuerzos sociales en procura de obtener la mejor realización material y espiritual posible. Sin embargo, el fin objetivo impuesto al Estado debe realizarse con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas. El fin del Estado se complementa con los deberes que la Constitución le impone de resguardar la seguridad nacíonal, esto es, la integridad de su territorio, la estabilidad de su gobierno y la intangibilidad de los derechos fundamentales de sus habitantes y con ello proteger a la población y a la familia. La igualdad de oportunidades, la que como derecho de las personas también se impone como deber del Estado, implica en su doble carácter el referido a la participación igualitaria en los asuntos públicos y en los privados, es decir, en la posibilidad de todo ciudadano de elegir a sus autoridades o ser elegido para el desempeño de un cargo de elección popular, como en el desarrollo de las potencialidades de la persona humana para su mejor desarrollo personal. Para saber más acerca de este artículo ver: Sentencias Roles N° 19, considerando 9° y N° 53 del Tribunal Constitucional; Silva Bascuíián, Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, 1997; Sepúlveda Gutiérrez; Luis: Las asociaciones intermedias y su autonomía como base y garantía del Estado, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Valparaíso, Edeval, 2000; Varela del Solar, Jorge Luis: Estudio sobre el artículo 1° de la Constitución de 1980. Revista Chilena de Derecho, Vol. 11, 1984.
Arlículo 2~ Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. La norma hay que vincu/arla con los artículos 22 y 63 N" 6 de la Constitución.
Este artículo es una novedad de la Constitución de 1989~Ydenota el interés del constituyente de destacar los valores esenciales de la nación y preservar la identidad de la comunidad nacional con sus símbolos tra-·. dicionales.
Artículo 3': El Estado de Chile es unitario. La Administración del Estado seráfuncional y tenitorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley. Los órganos del Estado promoverán elfortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones y comunas del territorio nacional! Este artículo se relaciona con los artículos 24, 48, 63 N" 11, 11O Y siguientes de la Constitución, como con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado N" 18.575. Además, son textos complementarios las leyes orgánicas constitucionales N°s. 18.695 sobre Municipalidades, 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, la Ley N" 17.235 sobre Impuesto Territorial y el Decreto Ley N"3.063, sobre Rentas Municipales.
a) Estado Unitario es aquel en que existe un solo ordenamiento jurídico fundamental generado en un Poder Político Central. Ese ordenamiento rige en todo el territorio nacional, al igual que la autoridad de ese Poder CentraL Estados unitarios contemp_QtliQeos.:_Pef\LU.lll~\illY, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Grecia, Checoslovaquia, Polonia, Japón, etc. b) El Estado Federal, en cambio, es aquel en que se han unido políticamente un conjunto de porciones territoriales originando diversos ordenamientos jurídicos generados tanto por un poder central (llamado Poder Federal) como por poderes locales. En el territorio del Estado Federal rigen, en consecuencia, diversos sistemas jurídicos y coexisten la autoridad central y los poderes locales. Estados Federales contemporáneos: Estados Unidos de Norteamérica, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Alemania, Austria, Suiza, Croacia, India, etc. La Constitución chilena expresa el carácter unitario del Estado en otras diversas disposiciones: artículos 24, 110, 111Y 116. Los Decretos Leyes Ws. 573 y 575, de 1974, dividieron el territorio del país en regiones para los efectos del gobierno y de la administración del Estado, en una nueva división político-administrativa que recibiría consagración constitucional en este artículo. . La descentralización territorial exige órganos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, provistos de competencia propia, sólo
sujetos a supervigilancia del órgano central, y que ejercen sus atribuciones dentro de la porción territorial en que se divide el país. La descentralización funcional, por su parte, dice relación con el mismo concepto de transferencia de atribuciones, pero en relación con una materia específica. La desconcentración, por último, implica simplemente un traslado de competencias a un órgano regional dependiente del poder central, el que actúa con la personalidad jurídica de este último. La disposición en análisis ha sido objeto de variadas reformas, cuales más cuales menos, tendentes a hacer efectiva la regionalización del país no sólo de un punto de vista jurídico sino que, además, material·mente efectivo de modo de evitar la concentración de la riqueza y de las decisiones políticas en el centro del país, concretamente en la capital Santiago. Por ello, habrá de ver cómo se implementa en los h~~hos la declaración confonne a que "los órganos del Estado promoverá·~ el fortalecimiento de la regionalización y el desarrollo equitativo y solidarios entre las regiones", la que exige la adopción de decisiones concretas respecto de desprendimiento de cuotas de poder, usuales, de decisión de los órganos de la administración central, como también, políticas públicas tendentes hacia esos objetivos. Para saber más acerca de este artículo, ver: Paulino VarasA. y Salvador Mohor A. Reforma Regional, Provincial y Municipal. Ed. Jurídica de Chile, 1992; VergaraBlanco, Alejandro: Marco Jurídico de la Descentralización Administrativa, Revista Chilena de Derecho, Vol. 18, N° 3, 1991, Y Reforma Constitucional y Descentralización Administrativa, Revista Chilena de Derecho, Vol. 18, N° 2, 1991.
Artículo 4°, Chile es una república democrática: Textos complementarios: Ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; Ley N" 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Gobierno Republicano es aquel en que el titular del Poder Ejecutivo es electivo, temporal y políticamente responsable. En el Gobierno Monárquico, en cambio, el titular del Poder Ejecutivo, Jefe del Estado, es hereditario, vitalicio y no responsable políticamente.
Gobierno Democrático es aquel en que los gobernantes son elegidos por los gobernados en elecciones libres, debiendo someter su acción al imperio de normas jurídicas y al respeto de los derechos humanos fundamentales. No son democráticos los gobiernos de FACTO(no se originan en elecciones) ni los DICTATORIALES (los gobernantes no se someten a nonnas de derecho o vulneran los derechos humanos). Gobierno Representativo es aquel en que el ejercicio de la soberanía (Poder Político) ha sido delegado por los gobernados en autoridades elegidas periódicamente y políticamente responsables. La antítesis es el Gobierno Directo, en que la ciudadanía crea por sí misma las normas de derecho y resuelve las cuestiones de interés común. Es una forma de gobierno que rigió en algunos períodos en Atenas y en Roma y que no es aplicable en la comunidad política contemporánea. Existe, además, un conjunto de formas de GOBIERNOSEMlDIRECTO OSEMIRREPRESENTATlVO en que los gobernados, junto con elegir gobernantes temporales y políticamente responsables, se reservan la resolución directa de determinados asuntos o problemas de interés general. Son formas de gobierno semidirecto el plebiscito o referéndum, la iniciativa popular, el recal y la opción local, siendo el plebiscito el más difundido en las constituciones de este siglo (ver artículo 118). Suiza es el Estado que contempla de manera más amplia las formas de gobierno semidirecto. La Constitución confirma el carácter representativo del Gobierno en Chile en los artículos 5°, 6°, r, 24, 48 Y49. Debe anotarse aquí otra característica del Gobierno en Chile: es Presidencia~ puesto que los ministros de Estado no tienen responsabilidad política ante el Congreso y sólo necesitan contar con la confianza del Presidente de la República. Así lo establecen expresamente los artículos 32 N° 7 Y52 N° 1, letra a) y N° 2, letra b) de la Constitución. Estas disposiciones no existían en la Constitución Política de 1833 y por ello, desde 1891 hasta 1925, pudo interpretarse con criterio parlamentario. El Gobierno Parlamentario es aquel en que los Ministros de Estado son responsables políticamente ante el Poder Ejecutivo y ante el Congreso o Parlamento, debiendo, en consecuencia, contar con la confianza de la mayoría de la Cámara política. El sistema Presidencial es típicamente americano y su modelo se encuentra ~n la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. El
Gobierno Parlamentario es predominantemente europeo y su modelo está en Inglaterra. Tienen también gobiernos parlamentarios: Italia, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y los países escandinavos. En Francia existe un sistema mixto, semipresidencial, desde la Constitución de I958, inspirada por el Presidente De Gaulle, que terminó con el sistema parlamentario que regía en ese país. Para saber más sobre estas materias, ver: José Luis Cea E.: Teoría del Gobierno. Derecho Chileno y Comparado. Ediciones Universidad Católica de Chile, año 2000; André Hauriou: Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Ed. Ariel, año 1980. EJERCICIODELASOBERANíA Y DELPODER Artículo 5~La sobera1Úareside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía recanoce cama limitación el respeto a los derechos esellcialefqueeftitli1ifrldi lahátúfaleza hufnirfla. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigente$, Concordar con los artículos 1°,4°,6°,7°,13,15,18,19,20,21,24.46,47,49, 118, 119, 128 Y 129 de la Constitución. Son textos complementarios las Leyes N"s. 18.556 sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, 18.Q.03sobre Partidos Políticos, 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 18.415 sobre Estados de Excepción y los tratados sobre Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Decreto N" 326,0.0. de 27 de mayo de 1989), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica de 1978" (Decreto N° 873, 0.0. de 5 de enero de 199 [), entre los más importantes.
Soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se da una organización y estructura política y jurídica y se plantea frente a los otros Estados en un plano de independencia y de igualdad. Este Poder Supremo (Poder Político) reside, según el texto constitucional, en la nación, o sea, en el conjunto de seres humanos que habitan
nuestro territorio y que están vinculados por la raza, las tradiciones, las costumbres, el idioma y las creencias. La tendencia constitucional contemporánea -Constitución de Francia (1958), de Italia (1947), de Alemania (1949) y de España (1978)- hace radicar la Soberanía o Poder Político en el Pueblo, entendiendo por tal al electorado. En todo caso, la nación o el pueblo realizan el ejercicio de la soberanía, o sea el Poder Político, por la voluntad del electorado el que está llamado, ya a elegir a los miembros de los órganos estatales que están sometidos en su formación a la elección, ya mediante la consulta que se le haga plebiscitariamente, en los casos que establece la misma Constitución y, además, por las autoridades dispuestas por el propio texto constitucional. Las autoridades o gobernantes ejercen el poder en esa forma delegado para dictar las normas jurídicas que ordenan la convivencia de la comunidad nacional y resuelven, imperativamente, las cuestiones del bien común. Sólo las autoridades o gobernantes que han recibido el poder de la nación o del pueblo elector, en la form~~y:i~!~J?~!J~_~QI!~ti!':I~!2!1, son legítimos. Por ello, el precepto prohíbe a cualquier sector o individuo atribuirse poderes o autoridad que deriven del ejercicio de una supuesta soberanía al margen de la voluntad de la nación. Sin embargo, el ejercicio de la soberanía nacional y popular no podría eliminar, ni siquiera coartar, derechos fundamentales de la personalidad. Por tanto, el segundo inciso de este artículo constituye una severa restricción a las facultades que muchos tratadistas califican de omnímodas del Poder Constituyente. Ninguna reforma constitucional, salvo que produzca una revisión completa de la Carta, de facto y bajo inspiraciones del todo ajenas a las que predominaron en el Constituyente de 1980, ninguna ley interpretativa ni complementaria podrán afectar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. La Ley de Reforma Constitucional N° 18.825 de 1989 impuso a los órganos estatales el deber de respeto y promoción de tales derechos esenciales, sean los garantizados por la misma Constitución como por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. La norma se impone como obligatoria tanto para los titulares de las funciones estatales clásicas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) como para los de las restan-
tes funciones y órganos (Control, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, Banco Central, Municipalidades, etc.). Para saber más sobre este artículo, ver: Bertrand de Jouvenel: La Soberanía, Ediciones Rialp S.A., Madrid, 1957; R. Carre de Malberg: Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, 1948; Evans de la Cuadra, Enrique: Teoría Constitucional, Elementos de Ciencia Política Contemporánea, Ediciones Nueva Universidad, 1973. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
Y ESTADO DE DERECHO
(artículos 6° y 7°) Artículo 6°. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden ülstitucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulariS o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o gl(¡po. La infracción de esta norma generará/as responsabilidades y sanciones que determine la ley. Concordar con los artículos 1°. 5°. 7°, 32, 63 Y siguientes de la Constitución y 2° de la Ley N" 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Este precepto, en sus primeros dos incisos, consagra principios fundamentales en los cuales se sostiene el ideal de Derecho que deriva del texto constitucional. Tales son el de la "supremacía constitucional" sobre todas las otras normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico positivo y el de "vinculación directa" de los preceptos constitucionales a las autoridades públicas y a todos los ciudadanos, siendo por ello tales preceptos obligatorios, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Esos principios han sido robustecidos con la Ley de Reforma W 20.050, desde que el orden institucional pesa como un objetivo o deber para todos los órganos estatales, afirmación que, en cierto modo, reitera lo que ya había declarado el inciso final del artículo 5°, al imponer a los mismos órganos el deber de resguardo y garantía de los der:echos humanos fundamentales. : Tocante al primer principio, debemos señalar que, por su naturaleza, la Constitución es la norma positiva de mayor autoridad.
Ello supone la existencia del siguiente orden jerárquico de las reglas de derecho: 1°. La Constitución; 2°. Las leyes y los tratados internacionales promulgados y publicados en el país; 3°. Los decretos con fuerza de ley; 4°. Los reglamentos emanados del Presidente de la República para hacer cumplir las leyes; 5°. Los decretos supremos, y 6°. Los actos y resoluciones de autoridades políticas y administrativas. Del inciso tercero y final del artículo se deduce que por sí mismo no establece sanciones ni responsabilidades frente a infracciones a sus normas, sino que entrega al resto del articulado de la misma Constitución y a las leyes dictadas. en su conformidad determinar, para cada caso, cuál será la responsabilidad y la sanción que origine su incumplimiento. Para saber más sobre este artículo, ver: Silva Bascuñán, Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV; Editorial Jurídica de Chile, 1997; Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Soto Kloss, Eduardo: Derecho Administrativo, Bases Fundamentales, Tomo 1[, Editorial Jurídica de Chile, 1996. Artículo 7". Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en laforma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale .. Concordar con los artículos 4°,5°,6°,7°,19,32,52,53,54,63,76,83,93,98, 101, 111, 116Y 118de la Constitución. Además, se vinculan con el precepto las Leyes N°s. 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, entre otras.
Esta disposición expresa dos elementos importantes de la Ciencia Política. El primero, es el principio de la Separación de los Poderes del Estado, que en su concepción primitiva, planteada por Carlos de Secondant, Barón de Montesquieu, en el siglo XVIII, en su obra "El Espíritu de las Leyes", suponía que cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) debía radicar en distintas personas y entidades y tener una esfera precisa y diferenciada de funciones propias. La doctrina contemporánea ha reconocido que los Poderes estatales no se encuentran tan rígidamente separados como concibió Montesquieu, sino que tienen una MULTIPLICIDAD DE FUNCIONES RELACIONADAS (el Poder Ejecutivo) tiene funciones legislativas y judiciales; el Congreso tiene funciones judiciales y de coadministración, etc., concepto que perfectamente cabe dentro de la letra de este artículo. En consecuencia, conforme a esta disposición, cada poder o autoridad tiene sus funciones propias y ellas les son señaladas por la Constitución y las leyes. El otro elemento que aparece en este precepto es la consagración del principio del ESTADO DE DERECHO, según el cual los poderes yautoridades someten su acción a los marcos de una normativa jurídica preestablecida y legítimamente creada. Ello excluye la arbitrariedad en la acción de los gobernantes y constituye garantía eficaz de respeto de los derechos humanos. Al expresar nuestra Constitución que los gobernantes y autoridades deben obrar sólo dentro de las atribuciones y derechos que EXPRESAMENTE les hayan conferido las leyes, está prohibiendo la arbitrariedad en los actos de la autoridad y sometiéndolos al imperio del Derecho. Por ello se dice que en un Estado de Derecho los gobernados pueden realizar todos los actos que la ley no prohiba y los gobernantes pueden ejecutar todos los actos y tomar todas las decisiones que la ley expresamente les permita. Por ello, la Constitución ha señalado, específicamente, las atribuciones de los Poderes del Estado (ver artículos 32, 52, 53, 54, 63 Y 76). Finalmente, este artículo establece una sanción: todo acto de autoridad que no esté expresamente autorizado por la Constitución o las leyes es NULO, o sea, carece, desde el momento en que se ejecuta y sin necesidad de que así alguna autoridadlo declare, .ge toda eficacia jurídica y no produce efecto legítimo alguno. .
A nivel legislativo el principio de probidad había sido recogido por el artículo 13de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, al señalar que: "Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas generales y especiales que la regulan", nonna que en términos similares la Carta Fundamental hace extensiva a todas las funciones públicas, es decir, Presidente de la República, miPROBIDAD, PUBLICIDAD Y nistros de Estado, legisladores, jueces, etc. TRANSPARENCIA DE LAS FUNCIONES ESTATALES El segundo principio es el de la publicidad de los actos y resolucioArtículo so. ELejercido de Lasfunciones pUblicas oMiga a sus tituLaresa nes de los órganos del Estado, el que se vincula estrechamente con el dar estricio citíiijJlimiento aLprincipio de probidad en todas sus actuaanterior. Es una cara aspiración de la sociedad nacional que ahora, como dones. nonnajurídica, es recogida por la Carta Fundamental para hacer exigiSon públicos Losactos y resoLuciones de Losórganos del Estado, así ble la publicidad (con ella, la transparencia y un natural efecto; v. gr., la como susfundamentos y Losprocedimientos que utilicen. Sin embargo, probidad) de los actos y resoluciones (como también de las decL5,jones) sólo una ley de quórum caLificado po_dráe~tablecer la reserva o secreto que adoptan los órganos del Estado, sin que quede fuera ningíJ.node de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare eLdebido cumpLiellos. La publicidad, que lleva aparejada la transparencia, habíá sido miento (le lasfimciones de dic~o.s órgaijos;-fos.derechos--de-las-Perso=""-----~~----recogidª-_PaLcjillme.nte...por las leyes WS 18 57í(artíclllo~&880-nas, la segUridad de Laf.iiú;zÓn() el inter¿sitacional. (artículo 16), pero limitada a la actuación de los órganos de la A4¡ninisConcordar con los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 24, 32, 38, 52, 53, 54, 55, 65 Ysiguientes, 76, tración del Estado y siempre, con un amplísimo marco de excepfiones 93,98 Y 99 de la Constitución. Complementan esta disposición las Leyes N°s. 18.575 (véase Decreto W 26, Reglamento sobre el Secreto o Reserva de los sobre Bases Generales de la Administración del Estado, 19.880 sobre Bases de los ProActos y Documentos de la Administración del Estado, de 200 1), limitacedimientos Administrativos, el Título V del Código Penal, entre otros cuerpos legales. ción que desaparece fruto de esta disposición que, como señalamos, La Ley de Refonna W 20.050 introdujo este artículo a la Constituobliga a todas las potestades públicas, sin exclusiones. Consecuencialción vigente. Trátase de una disposición que recoge dos principios que mente, el efecto jurídico fundamental del inciso segundo de la norma es son de la esencia del sistema democrático y de la actuación de las potesque a todo ciudadano estará permitido conocer el contenido y los fundatades públicas, los que no obstante ser esenciales, ha sido estimado por mentos de las decisiones que adopte cualquier órgano estatal, el que el Constituyente necesaria su consagración expresa. El primer principio sólo podrá excusarse en razón de la reserva o secreto cuando la publicidice relación con la probidad en el ejercicio y actuación de las funciones dad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órgapúblicas, probidad que -reconducida al titular de ella- implica la recta u nos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés honrada y ética ejecución de sus actuaciones o decisiones, mirando al nacional. Importa destacar que no podría ser un simple reglamento el interés general de la colectividad con prescindencia absoluta de sus inque habilite para consagrar la reserva o secreto o señalar las causales tereses propios, de los relacionados con él o de alguna persona o grupo que justifican esos recaudos, sino que ello será materia de ley aprobada particular. La probidad impide, por tanto, la actuación en beneficio procon quórum calificado. pio y la captura del titular de la función pública por intereses ajenos al Ahora bien, no podemos sino manifestar nuestra preocupación por bien general de la sociedad. la forma en que el Constituyente formuló las excepciones a la publiciPara saber más acerca de este artículo, ver: Código Administrativo General, Sistematización de las Leyes Administrativas Anotadas y Actualizadas, LexisNexis, 2006; Jara Schnettler, Jaime: La Nulidad de Derecho Público ante la Doctrina y la Jurisprudencia. Editorial Libromar, 2004; Reyes Riveros, Jorge: Invalidación de los Actos Administrativos. LexisNexis, 2002.
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dad y transparencia que quiere consagrar. Si bien podrá llegarse a una solución razonable cuando se trate de cautelar los derechos de las personas y, aun cuando se trate de la seguridad nacional, lo relativo a las "funciones de los órganos" y "el interés nacional" pueden llegar a constituirse en un amplísimo saco en el que quepa cualquier razón que justifique no dar a conocer ya sea el contenido, ya sean los fundamentos de los actos y decisiones. Ese riesgo se hace todavía más notorio si es que la ley de quórum calificado delega en el reglamento (o aun, en el reglamento de cada rama del Congreso Nacional) definir cuándo o en qué casos se comprometen las funciones de los órganos del Estado o bien se . afecta el interés nacional. Pensamos, sin embargo, que el legislador tendrá a la vista el artículo e de esta Constitución, en especial su carácter de garante de la institucionalidad fundamental, la que recoge, positivizando, estos principios cuyo cumplimiento es indispensable para el funcionamiento de nuestra democracia. Para sabe! más sobre esta nonna,vel Delpio:GZo,Carlos: Control Social de la Administración YTransparencia. Ius Publicum N° 1112003,Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás; Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: La ética en la modernización de las Administraciones Públicas. Revista de Derecho Administrativo (Buenos Aires, 1999),Año 11,N° 32. OO
TERRORISMO,
ACTOS
TERRORISTAS Y SANCIONES CONSTITUCIONALES
Artículo 9~ El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince anos para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseiianza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempenar en él funciones relacionadas con la emi~ sión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carác-
ter vecinal, profesi~nal, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en gener~l, du~~nte dicho plazo. Lo anterior se entiende.sin perjuicio de otras lIlhab~lidades o de las que por ¡nayor tiempo establezca la ley. . Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados s¡e¡np~ecomunes y no políticos para todos los efectos legales y no procedera respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Concordar con el artículo 19 N" 7 letra el y.con las disposiciones pertinentes de la Ley N" 18.050 de 1981.
L~ Constitución comienza en el precepto con una declaración de suma I~portancia: a saber, que la práctica del terrorismo ejercida con cualqUl.erfin polítiCOno es legítima frente al orden jurídico nacional y contrano, por tanto, a los derechos humanos que ese orden jurídico busca cautelar, aun cuando pretenda sostenerse en un fin superior o en la defensa de una causa hipotéticamente justa. Los actos terroristas consisten en asaltos, secuestros homicidios masacres indiscriminadas, incendios, sabotajes, etc., co~etidos gene~ ralmente por medio.s,ostensiblemente crueles, con el objeto de producir est~~os de conm.o~~ono ala:ma generalizada en la sociedad para fines PO~ltI.COS de sumlSlOncolectiva o del respectivo oponente político a los objetivos que persigue. La Ley W 18.314 -complementada por la N° 19.027- señala las conductas terroristas y las penas que les son aplicables. La misma Carta Fundamental d~scri?e las inhabilidades a que quedan sujetos los condenados por estos dehto~ y el plazo de las mismas, sanciones que deben com~l~mentarse, por ejemplo, con las que para ciertos delitos previenen el Codlgo Penal y la Constitución misma (artículos 19 N° 15 incisos 6 y 7 Y 93 N° 10). . E,ldeli~~ político es.aquel que generalmente obedece a motivos de mteres pohtI.co o colectivo y se caracteriza por el fin altruista o patriótico que ~oan~ma; en tanto que el delito común se comete guiado por un fin egOlsta, mteresado o innoble más o menos excusable. La distinción entre una y otra cl.asede delitos cobra relevancia desde la perspectiva del Derech~ [ntern~clOnal,porque de ella deriva que, conforme con la costumbre mternaclOnal o los tratados, se otorgue o no el derecho de asilo.
La Constitución por último, prohíbe el otorgamiento de indu~dt~s , . d rte por la de presl 10 particulares, salvo para cambiar la pena e .m~e " d l tu estableciendo de ese modo una InmtaclOn, respec~o e os ~~~:n~dos por delitos terroristas, a la atribución que al Presidente de la República le reconocen los artículos 32 N° 14 Y63 W 16: . D h Para saber más sobre este artículo, ver: ~ea ~., fose ~U.lS. ere~ o Constitucional Chileno, Tomo 1,Ediciones Umversldad Catohca de Chile,
. CAPÍTuLO n . NAdoNALlDAD
y CIUDADANÍA
2002.
Artículo 10. Son chilenos: 7: ¡O.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijOS deixira11Jeios transeuntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; 2°._Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números ¡O, ]0 ó 4°; ]0. _ Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y 4°._.Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la fonnación de un registro de todos estos actos. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. El vínculo jurídico es una relación que genera derechos y obligaciones recíprocos. Así, son derechos del nacional de un Estado permanecer en su territorio, salir de él y regresar, obtener pasaporte, vivir bajo la protección de las leyes del Estado y de su estructura política, administrativa y judicial, etc. Son derechos del Estado, a su
vez, el exigir de sus nacionales prestaciones personales y pecuniarias (Servicio Militar, tributos), y el imponerles diversas obligaciones, como las cívico-políticas (sufragio, cargos electorales, vocales), y otras que sean necesarias para la defensa del Estado. Nuestra Constitución consagra en este artículo las fuentes de la nacionalidad chilena. Ellas se clasifican en dos grupos: fuentes originarias (las contempladas en los números I y 2) Y fuentes derivadas (las establecidas en los números 3 y 4). En el N° I la Constitución ampara el principio deljus solis o derecho a la nacionalidad surgido del lugar del nacimiento. Conforme a él, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con dos excepciones: a) No son chilenos los nacidos en Chile hijos de extranjeros transeúntes, y b) No son chilenos los nacidos en Chile hijos de extranjeros que se encuentren en el país al servicio de su Gobierno. Sin embargo, las personas que se encuentren en las situaciones de excepción señaladas pueden adquirir la nacionalidad chilena, optando por ella. En esta materia es texto complementario de la Constitución el Decreto N° 5.142, de 29 de octubre de 1960, de Interior, que contiene las normas legales refundidas sobre nacionalidad. Para los efectos del W 1 de este artículo, se entiende por territorio chileno la superficie geográfica en que el Estado chileno ejerce su soberanía independientemente de la soberanía de otro Estado, incluyendo las aguas territoriales y el espacio aéreo. En conformidad a los principios del Derecho Internacional, se consideran, además, territorio nacional: los barcos de guerra chilenos, los barcos mercantes bajo bandera nacional que se encuentren en alta mar y las aeronaves militares, cualquiera sea el lugar en que se encuentren. En el N° 2, nuestra Constitución reconoce el principio del ius sanguinis o el derecho a la nacionalidad por razón de parentesco. Conforme al precepto, los hijos de padre o madre chilenos que hayan nacido fuera del país adquieren la nacionalidad chilena por el solo hecho de que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado (padre, madre o alguno de los abuelos) tenga o haya adquirido la nacionalidad chilena por haber nacido en nuestro territorio (en el caso del
numeral 1°) o bien la hubiere adquirido (conforme los numerales 3° 04°).
Es importante hacer presente que, luego de la Ley de Reforma N° 20.050, para ser elegido Presidente de la República es necesario ser chileno de conformidad con los dos numerales señalados, lo que constituye una modificación de la situación previa en la que el artículo 25 exigía haber nacido en territorio de Chile, excluyendo de ese modo a los chilenos reconocidos como tales por aplicación del ius sanguinis. En el W 3 de este artículo se establece como fuente de la nacionalidad chilena la "Carta de Nacionalización", que pueden obtener en Chile los extra!Úeros que cumplan los siguientes requisitos: 1) Renuncia a la nacionalidad de origen, o a cualquiera otra adquirida o que pudiera corresponderle al solicitante; 2) Haber cumplido veintiún años, salvo que se trate de hijos de personas ya nacionalizadas, en cuyo caso la edad necesaria es sólo dieciocho años; 3) Haber residido continuadamente más de cinco años en el territono nacIOnal; 4) Que sean titulares del permiso de permanencia definitiva, y 5) No haber sido condenado o estar actualmente procesado por simple delito o crimen, estar capacitado para ganarse la vida, no propagar doctrinas que puedan producir la alteración revolucionaria del régimen social o político o que puedan afectar la integridad nacional y no dedicarse a trabajos ilícitos o que pugnan con las buenas costumbres, la morai o el orden público. PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD
Artículo 11. La nacionalidad chiLena se pierde: 1°.- Por renuncia voLuntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sóLoproducirá efectos si Lapersona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero: 2°.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados; 3°._ Por canceLación de la carta de nacionalización, y 4°._ Por Leyque revoque la nacionalización concedida por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo. sólo podrán ser rehabilitados por ley. La Carta Fundamental contempla cuatro causales de pérdida de la nacionalidad chilena: 1°. La renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente, siempre y cuando el renunciante previamente se hubiere nacionalizado en país extranjero. Si un chileno adquiere otra nacionalidad, no pierde por ese solo hecho la nacionalidad chilena, dado que la Constitución exige una manifestación de voluntad fonualmente expresada en ese sentido y ante la autoridad que sea competente para hacer y recibir esa manifestación. Lo anterior tiene sentido, pues, en al menos dos casos es posible o bien necesario adquirir otra nacionalidad sin ánimo de renunciar a la chilena, a saber: a) Que exista un tratado internacional que reconozca este beneficio recíproco a los nacionales de los Estados partes; b) Haber adoptado Hna nacionalidad extr:anj.era-como-eondiciónde-permanencia en e! Estado en cuyo territorio se resida o de igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles con los nacionales del respectivo país. 2°. Por decreto supremo, por la prestación de servicios, bélicos o de cualquier orden, gratuitos o remunerados, durante una guerra a enemigos de Chile o de sus aliados. Es una sanción a quien hubiere traicionado a su país. 3°. Se pierde la nacionalidad chilena cuando a un nacionalizado en nuestro país se le cancela la Carta de Nacionalización. Esta medida sólo puede adoptada el Presidente de la República mediante un decreto que debe llevar su firma, la del Ministro del Interior, y debe ser fundado. En esta materia, deben tenerse a la vista el artículo 12 de la Constitución y el texto complementario de la misma el citado Decreto W 5.142 de 1960. 4°. Si conforme con [aConstitución, es materia de ley otorgar nacionalidad chilena por gracia, es natural que sólo por la misma vía pueda revocarse ese benefiCio, lo que excluye la aplicación de las restantes
causales de este artículo a quienes hubieren obtenido su nacionalidad por ley especial de gracia. La persona que haya perdido la nacionalidad chilena por cualesquiera de las causal es que contempla la Constitución, sólo puede volver a adquirida mediante una ley de la República que lo rehabilite en su nacionalidad.
Artículo 12. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrán recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Este recurso -uno de los pocos que contempla la Constitucion- tiene su origen en la refonna de 1957 a la Carta del año 1925, aun cuando bajo la v igeneia de esta última sólo se concedía a quienes se había cancelado su carta de nacionalización. En este caso, la privación o desconocimiento de la nacionalidad chilena debe provenir de un acto o'fesolución administrativa, lo que excluye los casos de sentencia judicial o de una ley que produzcan el efecto de privación de nacionalidad. La Corte Suprema, en pleno, conoce de la acción de reclamación de nacionalidad y en conciencia Gurado) resuelve, suspendiéndose los efectos del acto recurrido en caso que tal acción se materialice, es decir, no se requiere expresa petición para que se decrete la suspensión de los efectos de! acto o decisión reclamada.
Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a penaaflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.. Tratándose de los chilenos a qúe se refieren los números 2° y 4° del artículo lO, el ejercicio de losderechos que les confiere la ciudadanía
estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año. Concordarconlosartíclllos tllción.
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Ciudadanía es el derecho de los nacionales para ejercer derechos políticos. Los derechos políticos son el de elegir gobernant.es, el ser elegido, el participar en plebiscitos y otras fonnas de consulta popular. Desde 1970, con la entrada en vigencia de la Ley N° 17.284, los chilenos que hayan cumplido 18 años pueden inscribirse en los Registros Electorales. Con anterioridad, era requisito haber cumplido 21 años. El artículo 37 de la Ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones y Registro Electoral prescribe que "se inscribirán en los Registros Electorales los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad". A su vez, conforme con el artículo 60 de la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, son electores, para los efectos de esa ley, los ciudadanos y extranjeros que figuren con inscripción vigente en los ~~~~R~.e~g~is~tr~o~~R-GutHpl-iGG-s-I~&-4ía
de la '10
tación. La pena aflictiva, según los artículos 21, 37 Y56 del Código Penal, es la que corresponde aplicar por crimen y respecto de simple delito, y se refiere a la de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. EXTRANJEROS y DERECHO A SUFRAGIO Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Los nacionalizados en conformidad al N° 3del articulo 10. tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Los extranjeros -los no nacionales- avecindados en Chile por más de cinco años, mªyores de 18 años, no condenados a pena aflictiva y que se hallaren inscritos en los Registros Electorales pueden ejercer el dere-
cho a sufragio, es decir, gozar cumpliendo los requisitos prevenidos por la Constitución, de ese derecho que es uno de los que otorga la ciudadanía. El requisito constitucional de avecindamiento en Chile debe ser acreditado con un certificado otorgado por el Ministerio del Interior en que conste tal circunstancia (artículo 37, Ley NO18.556). La Ley de Refonna NO20.050 agregó el inciso final, el que habilita a los extranjeros que hubieren obtenido carta de nacionalización para optar a cargos de elección popular transcurridos cinco años de estar en posesión de dichos documentos. Hace excepción el cargo de P~esidente de la República, el que sólo podrá ser detentado por quienes fueren chilenos por aplicación de los NOs. I y 2 del artículo 10. Este inciso final no es sino aplicación de la regla que impone al Estado el asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. CARACTERES DELSUFRAGIO Artículo_lS. En .la~ votaciQ1lfspopll{aIes, el_sufragíQ será personal, igualitarioysecreto; Para los ciudadanos será, además; obligatorio. Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. El sufragio es el ejercicio de la voluntad individual de cada elector que determina la orientación política del Estado, ya sea por medio de la selección de las personas que ejercerán el poder estatal o bien a través de consultas populares, referéndum o plebiscitos. En confonnidad con la Constitución y sus textos complementarios en esta materia (Leyes N°s. 18.556 y 18.700), el sufragio en Chile tiene las siguientes características: Es UNIVERSAL, ya que sólo se requiere reunir un requisito de edad para inscribirse en los Registros Electorales; Es PERSONAL, ya que cada elector debe concurrir a la mesa receptora de sufragios de su inscripción para votar; Es SINGULAR, ya que cada elector tiene derecho a un voto; Es OBLIGATORIO, puesto que la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios sanciona a quienes, encontrándose inscritos en los registros, no sufragan; ----.---
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Es DIRECTO, ya que el elector marca la preferencia en el nombre de quien desea elegir para un cargo de representación popular y no delega esta facultad en otros electores; Es SECRETO, ya que no publicita en forma alguna la preferencia individual que manifiesta el elector al emitir su voto, y Es IGUALITARIO', en el sentido que el valor de cada voto es el mismo de los restantes, es decir, se vincula a la fórmula "una persona o elector un voto".
Artículo 16. El derecho de sufragio se suspende: ¡O.- Por interdicción en caso de demencia; 2°._ Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y 3°.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de esta COizsÜlÚc[óf!. Los quepOf esta causa se hrilliiien iffiVadirs71ehjercidu---
del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin pefjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo delnúmero 15° del artículo 19. Este artículo debe vincularse con el artículo 93 W 10 de la Constitución y con el artículo 39 de la Ley W 18.556.
Las causales de suspensión que prevé la norma son aplicables a toda persona que goce del derecho a sufragar y, por tanto, aplicables a ciudadanos chilenos y extranjeros. La interdicción por demencia está reglamentada en el Código Civil (al1ículos 456 y siguientes) y en el Código de Procedimiento Civil (artículo 843 en relación con el artículo 839) y consiste en la privación decretada judicialmente en la administración de sus bienes a quien padece de locura, trastorno de la razón o un estado de debilidad, generalmente progresivo y fatal, de las facultades mentales. Referente al W 2, la acusación constituye el instrumento formal por medio del cual el Ministerio Público, representado por un fiscal, imputa
a una o varias personas la comisión de un delito y el grado de participación que le o les ha cabido, esto es, como autor(es), cómplice(s) o encubridor(es). La acusación debe estar revestida de las formalidades que establece el artículo 259 del Código Procesal Penal, y siempre será requisito, además, para la suspensión del derecho a sufragio que el delito por el que se acusa merezca pena aflictiva. Conforme con el artículo 37 del Código Penal, "para los efectos legales se reputan aflictivas todas las penas de crímenes y respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos", esto es, además de las penas de crímenes, son penas aflictivas aquellas que tienen una duración superior a tres años. Tocante a la acusación por delito que la ley califique como conducta terrorista, la norma no señala penalidad, por lo que la suspensión del derecho a sufragio ocurre con la acusación por incurrir en la conducta tipificada como tal por la Ley N° 18.314. Respecto del N" 3, la sanción del Tribunal Constitucionat~ueae imponerse a los que hubieren tenido participación en partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos,
Artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde: ¡O.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;, r.- Por condena a pena aflictiva, y ]0. _ Por condena por delitos que la ley califique como conducta te· rrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva. Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal señalada en el número 2°, la recupe.rarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que hubieren perdido la ciudadanía
por la causal prevista en el número ]0 podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Textos complementarios: Ley N° 18.556, de 1° de octubre de 1986, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y Ley N" 20.000, de 16 de febrero de 2005, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
La pérdida de la ciudadanía es la pérdida de los derechos políticos, y se expresa mediante la cancelación de la inscripción en los Registros Electorales. El que haya perdido la ciudadanía por condena a pena aflictiva sólo puede adquirirla nuevamente y solicitar su inscripción en los Registros Electorales una vez extinguida su responsabilidad penal, sea por cumplimiento de la condena, por haber sido favorecido con una ley de amnistía o por un indulto. Quien hubiere perdido la ciudadanía por haber perdido la nacionalidad chilena sólo adquiere nuevamente aquélla una vez que haya sido rehabilitado en la nacionalidad chilena mediante una ley (artículo 11). En el caso de aquellos condenados por delitos terroristas'o relativos al tráfico de estupefacientes y que quisieren recuperar su ciudadanía, deberán haber cumplido la condena que se les impuso y, además, ser rehabilitados por el Senado una vez cumplida la condena (ver artículo 53, N° 4 de la Constitución en relación con el aliículo 7° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional). SISTEMA ELECTORAL
Artículo 18. Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad entre losbu1ependientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en (os señalados procesos. El resguardo del orden público durante los actos electorales y plel!.iscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.
Son leyes c~mplementarias de este artículo las N"s. 18.556 ya citada en este libro, 18.700 sobre VotacIones Populares y Escrutinios y 19.884 sobre Transparencia, Límite y Cont~ol ?el GadstoElectoral. Además. debe concordarse con los artículos 48, 49. 65 y 95 Y sigUientes e la Constitución. .
El sistema electoral comprende un conjunto de estructuras constitucionales y. legales que regulan la inscripción de las personas naturales en el RegIstro Electoral cuando cumplen ciertos requisitos; la forma fech,a y procedimientos de los actos electorales y plebiscitarios, las ga~ ranttas que aseguren la emisión de sufragios libres, secretos e informados, los mecanismos de inscripción de candidaturas a los diversos carg?,Spúblicos de ~lección popular, las fórmulas de votación y deteIminaClOnde los candIdatos electos, la calificación de los procesos eleccionarios o plebiscitarios, la resolución jurisdiccional de las controversias producidas y la proclamación, según sea el caso, de los electos o del resultado plebiscitario. L~ igualdad plena que asegura el artículo entre los independientes y los mtembros de los partidos políticos persigue la exclusión de todo priv.ilegio sea en favor de los llliemblos, como respecto de los mismos partIdos, en los procesos eleccionarios o plebiscitarios. Tal igualdad plena aba~ca tanto ~apresentación de candidaturas (severamente restringida a los tndependIentes por diversas leyes anteriores a la Constitución actual), como a I~p~rt~cipación en los procesos señalados, preceptiva que reafirma los pnnclplos que derivan de los artículos 1° inciso final y 19 N° 2 de la Carta Fundamental. ~on I~~es orgánicas constitucionales las que para su aprobación, modlficaclOn o derogación requieren del voto de los cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Para saber más acerca de los artículos y materias que comprende este Capítulo Ir de la Constitución, ver: Silva Bascuñán, AlejQlu1fo: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, 1997; Cea Egaíia, José Luis: Derecho Constitucional Chileno, Tomo 1 Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002. '
CAPITULO
III
DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
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En este capítulo, la Constitución consagra un conjunto de de~chos, libertades e igualdades a las que se denomina genéricamente Garantías Constitucionales y que la tetminología contemporánea prefiere englonm_~_~_~_~--~-----bar bajo el concepta-de Derechos-UY-manos. Algunas características se desprenden de este precepto: En primer término, la enumeración de este artículo no es taxativa. Todos los derechos fundamentales -estén o no en el texto constitucional- están cautelados por él. Así se desprende de la naturaleza de esos derechos, anteriores al Estado, y del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución. En seguida, que la Carta Fundamental reconoce la preexistencia de ciertos derechos, anteriores a toda regulación jurídica, que la institucionalidad debe respetar y que los órganos que ella crea deben promover. Por último, que se asegure a "todas las personas" implica la certeza en la intangibilidad de sus derechos también a las personas jurídicas, poniéndose término al debate que respecto a esa clase de personas se había planteado en ocasiones. Además, en la voz "persona" quedan comprendidos, como es lógico, los chilenos y extranjeros -radicados o transeúntes-, los menores, incluso las agrupaciones, entidades y asociaciones que la ley y los hombres han creado para satisfacer necesidades personales o colectivas.
ELderecho a la vida y a la integridad física y psíquica de Lapersona. La ley plVtege la vida del que está por nacer. La pena de muerte sóLopodrá establecerse por delito contemplado el! ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe Laaplicación de todo apremio ilegítimo;
2°._ , La igualdad allte la ley. En Chile 110 hay persona ni grupos privilegiados. En Chile /10 hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la Ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;
Textos complementarios: Código Penal, Código Sanitario, Ley N° 19.451 de 10 de abril de [996, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos.
Concordar con los altículos 10 Y 19 N"s. 20, 21, 22 Y 26 Yartículo 109 de la Constitución.
La vida, por ser el don primario que Dios.ha dado al hombre, y por ser la fuente de los demás atributos, está cautelada por la Constitución desde que se inicia la gestación; de ahí el inciso referente al encargo dirigido al legislador a proteger la vida del que está por nacer, la proscripción del aborto, la prohibición de apremios ilegítimos y el rigor para sancionar la pena de muerte, reservando su establecimiento a leyes aprobadas con quórum calificado. El derecho a la vida supone el derecho a la legítima defensa física, recogIdo por la ley penal, e Impone, además, dos obligaciones: a) La de respetar la vida propia, por lo cual la ley penal sanciona la tentativa de suicidio, y b) La de respetar la vida de los otros seres humanos. El derecho a la vida comprende el derecho a la integridad, a la salud, a la legítima defensa. No basta vivir, es necesario hacerlo con la plenitud de las cualidades y de los medios orgánicos de que estamos provistos por naturaleza y vivir bien para conseguir los fines humanos, rechazando aun con la fuerza la agresión injusta. Para los que creemos que la vida es creación divina, el derecho que nos ocupa es a la vida, no sobre la vida. Para saber más acerca de este derecho, ver: Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Soto Kloss, Eduardo: El Derecho a la vida y la noción de persona en la Constitución. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXVIII, 1991; Vivanco M., Ángela: El derecho a la vida y la discusión acerca del concepto de persona humana en el ámbito constitucional, Revista Chilena de Derecho, Vol. 28, N° 2,2001; Ugarte C., José Joaquín: El derecho a la vida, Editorial Jurídica de Chile, 2006.
La segunda garantía constitucional, W 2 del artículo 19, es la igualdad ante la ley. La Constitución mantiene las referencias a la esclavitud como un homenaje a la tradición jurídica chilena en esta materia, que se inicia cuando el primer Congreso Nacional, en 1811, decreta la libertad para los hijos de esclavos que, desde esa fecha, nazcan en Chile, y que culmina en 1823 al aprobarse la definitiva y total abolición de la esclavitud en nuestro territorio. La igualdad ante la ley no expresa una aspiración o una utopía según las cuales todos los seres humanos sean iguales. Las personas son diferentes en talento, vocaciones, integridad, voluntad, espíritu de sacrificio y de trabajo, constancia, dedicación y aptitudes, y esta realidad no puede modificarla ningún régimen político ni sistema jurídico. La igualdad ante la ley, por lo tanto, implica sólo que todas las personas están sometidas a un mismo estatuto de derechos y obligaciones generaLes, sin que puedan la ley o los gobernantes crear personas o grupos privilegiados o perjudicados por razones de origen, sexo, posición económica o social, creencias religiosas o filosóficas o ideología política. En consecuencia, toda ley o acto de autoridad que implique una discriminación arbitraria y que beneficie o perjudique infundadamente a personas o grupos atenta en contra de esta garantía constitucional. Por ello, la Constitución fue rigurosa consagrando esta garantía al proscribir expresamente cualquier diferencia o distinción caprichosa o arbitraria, esto es, aquella que se realiza por el legislador o la autoridad pública y que aparezca como contraria a la ética elemental oa un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable.
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La expresión "Hombres y mujeres son iguales ante la ley" se introdujo al texto por Ley de Refonna Constitucional W 19.611, de 16 de junio de 1999. La verdad es que no se justifica la inclusión de tal oración si se considera que los derechos constitucionales, y entre ellos la igualdad ante la ley, se reconocen a todas "las personas" en los ténninos en que previamente se han expuesto. Para saber más acerca de este derecho, ver: Fernández GOllzález, Miguel Ángel: Principio Constitucional de Igualdad ante la ley, Editorial Jurídica ConoSur Limitada, 2001; Valdés Prieto, Domingo: La Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico, Editorial Jurídica ConoSur Limitada, 1992. LA IGUAL PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
La igual protección de la ley en el.ejercicio de susderechos. Todapersona tiene derecho a defensa jurídica en lo.forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir,J:eS1Jiugi.r.1J.per-=-~~ turbar la debida intervención del letrado, si hübiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quieneS no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. sino por el tribunal que señalare la ley y que se halle establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá allegisladar establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. . Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. a menos qu~ una nueva leyfavorezca al afectado. ]0._
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella; En lo fundamental, esta garantía es una consecuencia de la igualdad ante la ley y con ella se pretende que todos quienes deban recurrir ante cualquier autoridad, incluyendo a los tribunales, de cualquier naturaleza, para la protección de sus derechos, se encuentren en un plano de igualdad jurídica, sin que existan privilegios o fueros especiales en razón de nacionalidad, raza, sexo, condición social o situación económica y sin que sean admisibles discriminaciones arbitrarias, es decir, odiosas, injustas o irracionales. . Dentro de la idea de la igual protección de los derechos y en el evento de que uno de ellos sea atropellado <> en los casos en que se produzcan discriminaciones como las recién señaladas y no exista ley o tribunal que regule el cómo y ante quién accionar, el conocimiento y fatto del reclamo pertinente corresponden a los tribunales ordinarios de justicia. En consecuencia, si un derecho constitucional no está cautela~o por el recurso de protección o strtutela no tiene plOcedimiento legalmente establecido, de todos modos el afectado puede accionar ante los tribunales. De manera que aquí hay una facultad a los tribunales para otorgar amparo a las personas que tengan sus derechos violados, "aunque no se establezca una competencia específica", porque se contempla un caso "de jurisdicción general de los tribunales de justicia y decobligación" de conocer esa violación. Lo expuesto se ratifica en la Constitución al incorporar a su texto el principio de la "inexcusabilidad" en el artículo 76, inciso 2°. Los únicos tribunales de fuero especial que existen en Chile son los tribunales militares de tiempo de paz y de tiempo de guerra, que no constituyen expresión de privilegio o de discriminación irrazonable en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, sino que consagran sus sometimientos, en el procedimiento y en lo sustantivo, a una mecánica jurisdiccional creada por la ley por razones de la muy especial tipificación de las conductas y de una necesaria integridad disciplinaria. Por otra parte, la Constitución establece en este precepto que la asistencia de abogados en sumarios y procesos castrenses se regirá
por los estatutos internos de cada arma; pero, en lo demás, la Justicia Militar está sometida al resto de la preceptiva de este número en lo relativo a la igualdad en el ejercicio de los derechos, a la legalidad deljuzgamiento, al justo proceso, a la irretroactividad de la ley penal, a la presunción de inocencia y a la norma sobre leyes penales en blanco. En todo caso, la Justicia Militar de tiempo de paz está sometida a la triple superintendencia de la Corte Suprema, conforme al artículo 82 de la Constitución. La existencia de otros tribunales especiales, como los de Familia o del Trabajo, no vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos desde el momento en que su existencia cautela la especialización de lajudicatura, su expedición y su eficacia en asuntos cuya naturaleza y urgencia requieren un trato diferente del que brinda la jurisdicción común. No hay, en esos tribunales, fueros ni distinciones arbitratias que vulneren el igualitario acceso a las autoridades encargadas de cautelar los derechos de las personas. Los demandantes, los demandados, los terceros y los interesados pueden hacer valer todas sus prerrogativas, acciones y defensas, procesales y de fondo, en un plano de absoluta igualdad jurídica. Además, la Constitución garantiza el derecho a solicitar y obtener la intervención de abogados para la defensa de los derechos de las personas, intervención que debe admitirse no sólo en los tribunales ordinarios de justicia, sino en cualquier otro órgano jurisdiccional o ante cualquier autoridad. La actuación del letrado no puede ser impedida, restringida, o sea limitada, ni perturbada, o ser obstaculizada, por la ley o por cualquier entidad pública. No se trata, por tanto, sólo de cautelar la defensa judicial, sino la actuación del letrado en todo asunto y ante toda potestad ante la cual se haga valer o se reclame de la conculcación de un derecho. Ahora bien, la intervención del letrado debe ser la "debida", o sea peltinente y respetuosa, y realizarse conforme a los procedimientos que la ley señale o conforme a las exigencias de "un racional y justo procedimiento", que el abogado puede exigir, si no existiere una nonnativa legal que regule la forma de ejercer la defensa de ciertos derechos q~e han sido atropellados, limitados o desconocido$~o que puedan serio, por un tribunal o autoridad pública, de cualquier naturaleza o categoría.
Finalmente, la Constitución establece que la ley arbitrará los medios para otorgar defensa jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos. Este servicio se presta en Chile, a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, creadas por la Ley N° 17.995, y se funda en la obligación de los postulantes al título de abogado de realizar una práctica forense gratuita durante seis meses. Esta práctica está reglamentada por el Decreto W 265 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 1985. Los incisos cuarto y quinto de este número consagran el principio de la legalidad del juzgamiento, o sea del sometimiento de todas las personas a las normas legales que rigen la sustanciación justa y racional de los juicios y contiendas .. El texto exige, primero, que el tribunal que juzgue y sentencie cumpla un doble requisito: Que lo haya señalado la ley, y Que lo haya establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. El texto exige, en seguida, que toda sentencia de un órgano que ejercejurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales yjustos. Encontramos aquí varios requisitos constitucionales para la validez de la sentencia de cualquier órgano que ejerza jurisdicción. Aclaremos, primero, que se trata de un texto aplicable a cualquier autoridad, expresión sinónima de "órgano" en la Constitución, que ejerza jurisdicción, o sea, que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas. Además, dejamos establecido que la expresión "sentencia" no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial, sino a cualquier resolución, ya vimos que de cualquier autoridad, que ejerciendo sus atribuciones afecte derechos constitucionales o legales. Para que esa "resolución" de "autoridad" sea válida, debe reunir los siguientes requisitos: 1) Que exista un proceso previo, legalmente tramitado. Luego, la "resolución" es nula si no existe una tramitación anterior a ella, en que el afectado haya sido oído en sus defensas y en sus pruebas, y
2) Que la ley haya establecido un procedimiento y una investigación racionales y justos. Si la ley no lo ha establecido, corresponde que la "autoridad" que va a aplicar una sanción o que de alguna otra manera va a afectar derechos, antes de resolver cumpla con la exigencia constitucional del "racional y justo procedimiento e investigación". Si así no sucede, la sanción aplicada y el acto de autoridad son nulos (artículo 7° de la Constitución) y así debe declarado lajusticia ordinaria. Son textos complementarios de esta garantía los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, entre otros. Aprovechamos de llamar la atención acerca de variados preceptos existentes en el ordenamiento jurídico nacional que, no obstante ser posteriores a la Constitución, han establecido requisitos para el acceso a la justicia, requisitos que, en variados casos, afectan en su esencia el ejercicio de este derecho. Concretamente, alertamos acerca del salve et repete presente en diversas leyes orgánicas de superintendencias (de valores y Seguros, Bancos e lnstitllc.i.ímesíinan.cierlls~_Ele~tr.icjd.ilJi~~_~~_._. _
Combustibles) en las que las personas, para reclamar judicialmente de alguna multa que les fueren impuestas, deben consignar un monto de la misma para ser admitido a trámite el señalado reclamo. En otros casos, más aberrantes aún, la multa, no obstante su reclamación y encontrarse expresada en unidades reajustables, sigue generando intereses por el tiempo que dura el reclamo y hasta que queda ejecutoriada la sentencia que lo resuelve. Ambas situaciones (v. gLlas nonnas que las consagran) son inconstitucionales por vulnerar este derecho, el numeral 26 de este mismo artículo 19, Y ellos en relación con los artículos 6°, 7° Y 76 de la Carta FundamentaL Para saber más sobre este derecho, recomiendo ver: Sentencia Rol W 244 de 1996, dictada por el Tribunal Constitucional; Vergara Blanco, Alejandro: Esquema de los Principios del Derecho Administrativo Sancionador, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte N° 2, 2004; Nieto García, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición Ampliada, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1994; Colombo Campbell, Juan: La Competencia, Editorial Jurídica de Chile, 2004;
Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Alcalde Rodrfguez, Enrique: Algunas consideraciones sobre el principio "non bis in ídem" ante el derecho administrativo sancionador, rus Publicum N° 9, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, 2002 y, mismo autor, Los Principios Generales del Derecho, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003; CUt Y Urztía, Enrique: Derecho Penal, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. PROTECCIÓN
A LA PR[VAClDAD y A LA HONRA
4°._ El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona de su familia.
y
Textos complementarios: Ley N° [9.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, de 200 l. Además, este precepto debe vincularse con lagarantía del N° 12 de este artículo y con la Ley N" 12.927 sobre Seguridad del Estad~. Igualmente, debe relacionarse con esta garantía la Ley N" 19.628 sobre Protección de'la Vida Privada, publicada en el Diario Oficial de 28 de agosto de 1999.
Esta garantía contiene varias expresiones que analizaremos a continuación. 1) Se asegura el respeto a la vida privada de las personas; 2) Se asegura el respeto a la honra, honor o buen nombre de la persona y de su familia. La Ley de Refonna N° 20.050 eliminó del texto de la Constitución el respeto y protección de la "vida pública" y el denominado delito de difamación que consagraba como la agresión de un medio de comunicación social a esta garantía que consistiere: a) en la imputación de un hecho o acto falso, o b) que causara injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, la cual era constitutiva, como dijimos, de delito, y los propietarios, editores, directores y administradores del medio eran solidariamente responsables de las indemnizaciones que hubieren procedido. El medio podía excepcionarse probando la verdad de la imputación, a menos que haya cometido injuria, la que es siempre punible. El respeto que todos deben a la vida privada de las persoijas es un derecho de la personalidad,que ~o pu.ede .servulne.rado.en ca~o alguno o
por persona o autoridad alguna, incluyendo aquellas que gocen de inviolabilidad. La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, N° 19.733, de 4 de junio de 2001, protege la privacidad y el nombre de las víctimas, especialmente si son menores de edad, en la publicidad de delitos sancionados en el Título VII del Código Penal que cautela el orden de las familias y la moralidad pública. El concepto de "vida privada" está directamente vinculado a la "intimidad", a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros. Debemos agregar que la interceptación de conversaciones y el grabado de imágenes de actos que caen en la esfera de la privacidad, sin el conocimiento o consentimiento de las personas afectadas, son hechos que vulneran el derecho a la vida privada garantizado por la Constitución. Así también lo ha entendido el legislador, que ha penalizado al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, grabe, intercepte o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado (artículos 161-A.y 161-B del Código Penal). Igualmente asegura el respeto a la honra de las personas y de sus familias. La honra es el conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de los demás. Es un conceptó vinculado estrechamente al buen nombre, a la buena fama, al bien moral. La honra se adquiere, se conserva y se enaltece cuando se vive cumpliendo siempre, estrictamente, con las obligaciones personales, familiares y sociales. El constituyente quiso caute1ar la privacidad y el buen nombre de las personas, estimando que se trata de valores íntimamente vinculados a la personalidad humana, que deben ser protegidos como bienes jurídicos específicos. Será la jurisprudencia de los tribunales la que vaya
concretando la significación, institucional y práctica, de este tan fundamental derecho a la personalidad. La garantía se extiende a la protección del respeto a la honra de la familia. No es fácil determinar la extensión de tal palabra para este caso preciso. El concepto civil de familia abarca al cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los parientes colaterales.por consanguinidad o afinidad. Parece obvio que no es éste el alcance que la preceptiva constitucional quiso dar a la expresión "familia", entre otras razones por la circunstancia de que toda persona legalmente capaz está en situación de defender su propia honra con los instrumentos que la Constitución y la ley le franquean. Por ello concluimos que lo que quiso el Constituyente es extender el derecho al respeto de la honra personal al grupo familiar fonnado por el padre, la madre y los hijos menores de edad, estimando que un atentado a la honra de aquélla o de éstos implica una violación del derecho a la honra del jefe de familia, quien puede accionar en su defensa. Para saber más de esta garantía, sugerimos consultar: Anguila Ramírez,Pedro: El Derecho a la Información en Chile, LexisNexis, 2005; Cea Egaíia, José Luis: Derecho Constitucional Chileno, Tomo [[, Derechos, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica de Chile 2004; Grisolía Corbatín, Francisco: Libertad de Expresión y Derecho ~ la Honra, LexisNexis, 2005. LA INVIOLABILIDAD COMUNICACIONES
DEL HOGAR, DE LAS
Y DE LOS DOCUMENTOS
PRIVADOS
so.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. ~ext.oscomplementa~íos de esta garantía son el Código Procesal Penal (artículos 204 y SIgUIentes),la Ley N 19.223 de junio de 1993, entre otros.
La inviolabilidad del hogar es la garantía en cuya virtud ninguna persona, esté o no investida de autoridad, puede ingresar a un recinto privado sin autorización de su dueño, poseedor o tenedor. De ello se deriva que la Constitución emplea el término "hogar" ampliando el concepto a todo recinto en que tiene lugar cualquier 'especie de actividad
humana, quedando, por tanto, protegidos no sólo el hogar o casa familiar, sino que, además, las oficinas, industrias, etc., en los que no exista un permanente acceso al público. El ingreso a un recinto privado y su registro se llama allanamiento. La Constitución permite el allanamiento por la autoridad con dos requisitos: a) Que la orden correspondiente la dicte una autoridad competente, y b) Que la ley autorice expresamente el ingreso de la autoridad o de la fuerza pública en el caso de que se trate. Por regla general, los Tribunales de Justicia son competentes para decretar allanamientos con el objeto de investigar un delito o perseguir a los delincuentes. Además, la Ley de Quiebras faculta el allanamiento para incautarse de los bienes y documentos del fallido, y el Código de Procedimiento Civil faculta a los jueces decretar allanamiento y descerrajamiento para hacer cumplir resoluciones judiciales. La inviolabilidad de las comunicaciones priva_C!ª~ ~~l!lP..I~ºº~laJ)rotección de la correspondencia o mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex y los emitidos por cualquier otro medio, y la inviolabilidad de los documentos privados ampara todos aquellos que las personas lleven consigo, mantengan en su vivienda o tengan en su lugar de trabajo y de que sean dueñas o tenedoras legítimas. Para saber más sobre esta garantía, se podrá consultar: Evans Espiñeira, Eugenio: La Privacidad y la Inviolabilidad de la Correspondencia como Límites al Ejercicio de las Potestades Jurisdiccionales, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae W 8, 2004; Gálvez Blanco, Ricardo: Intervención de Teléfonos en la Legislación Chilena, Revista Chilena de Derecho, Vol. 19, W 3, 1992; Cea E., José Luis: Derecho Constitucional Chileno, Tomo H, Derechos, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004. DERECHOS
DEL PENSAMIENTO
LIBRE
6°.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones; Texto complementario: Ley N" 19.638, publicada el 14 de octubre de 1999, que estableció Normas sobre la Constitución Jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas.
Esta disposición constituyó una de las novedades y logros de la Constitución del año 1925. Bajo el imperio de la Constitución de 1833 rigió en Chile el sistema de unión entre la Iglesia y el Estado, mantenido como una continuación, adecuada a las nuevas realidades políticas, del " la régimen que durante la Colonia vinculó a la Corona de España~on Santa Sede. El régimen chileno de unión entre la Iglesia y EstadQ-W-€-a.grawc'Ute"'r"'izCAó~~~-por la existencia de las siguientes instituciones principales: a) El Patronato o derecho del Estado para intervenir en el nombramiento de las autoridades eclesiásticas; b) El Derecho de Pase o Exequátur, en virtud del cual el Estado aprobaba o rechazaba resoluciones de la Santa Sede que debían cumplirse o conocerse en Chile; c) La declaración del culto católico como el único autorizado para ejercerse públicamente; d) La existencia de tribunales especiales para eclesiásticos, suprimidos en 1875 al dictarse la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y e) El Presupuesto del Culto, o sea, la parte del erario nacional con que el Estado contribuía a los gastos de la Iglesia Católica. Este sistema no satisfacía ni a la Iglesia ni al Estado y fue sustituido, de manera armónica y sin ningún conflicto, el año 1925, estableciéndose en la Constitución el sistema de separación entre la Iglesia y el Estado. Con ello desaparecieron todos los derechos del Estado sobre la Iglesia y la obligación de asistencia pecuniaria del Estado.
La normativa de 1980 mejora la redacción de 1925 y sólo contiene una enmienda conceptual: la exención constitucional de contribuciones beneficia ahora a los templos y sus dependencias destinados EXCLUSIVAMENTE al servicio de un culto, agregado que hasta ahora no ha producido dificultades. Hay dependencias de iglesia, como establecimientos educacionales, salones de conferencias, teatros, centros de pastoral, entidades comunitarias y otras, que expresan su presencia social y que podrían, al tenor de algunas opiniones del porvenir, estimarse, literalmente, como no destinadas al ejercicio de un culto, pese a encontrarse realmente en las dependencias o vecindad física inmediata de un templo. Dejamos establecido que cualesquiera de estos recintos anexos al templo reúne la adhesión de la comunidad a un culto, está a su servicio y sirve a su difusión, por lo que está amparado por la exención tributaria, lo que ha sido refrendado por el legislador al establecer la exención del 100% del impuesto tenitorial a los "templos y sus dependencias destinados al servicio de un culto, como asimismo las habitaciones anexas a dichos templos ocupadas por los funcionarios del culto y siempre que no produzcan rentas" (No 5, Nómina de Exenciones, Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial). Por lo demás, no parece muy adecuado a la lógica y a la realidad estimar que las dependencias destinadas exclusivamente al culto serían el templo respectivo y los bienes que se encuentran en él. Ahora bien, la consagración institucional de la libertad de conciencia protege la libre adopción de toda creencia o adhesión intelectual, reconociendo con ello la esencial identidad del ser humano como racional, pensador y descubridor de ideas. La manifestación de todas las creencias brinda protección a la opinión religiosa que se dé a conocer, se difunda o propague, consagrando un régimen de pluralismo reflexivo de la separación entre el Estado y la Iglesia. En igual sentido se protege la libertad de cultos, expresión de la necesidad de los fieles de rendir homenaje a la divinidad. Para saber más sobre esta disposición, ver: Orrego s., CristóbaL, GonzáLez E., Juan Ignacio y Saldaña S., Javier: La Nueva Ley Chilena de Iglesias y Organizaciones Religiosas, Revista Chilena de Derecho,
Vol. 30, W 1,2003; Precht Pizarro, Jorge: La Iglesia Católica y la Ley de Cultos, Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, NO 1, 2000.
JO,- ELderecho a Lalibertad personaL ya la seguridad individual. En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno.a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros; b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en laformn determinados por LaConstitución y las leyes; c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultatlo por Laley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en-delito flagrante, con el solo objeto de fer puesto a disposiciófideljuez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fun4ada, ampliar este pLazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que Sg investigar en hechos calificados porla ley como conductas terroristas; d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en Lugarespúblicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite aLarrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente
la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar al mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito; e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtener/a. La resolución que otorgue la libertad provisional a los procesados por los delitos a que se refiere el artículo 9°, deberá siempre elevarse en consulta. Ésta y la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la excarcelación serán conocidas por el Tribunal superior que corresponda integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que apruebe u otorgue la libeltad requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad provisional el reo quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acuStltloa que declare bajo juramentosobrc hechOc-propio;-1ampoco-p.Ildránser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley; g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas; h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve . y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia; Concordar con los artículos l·, 19 N"s. 6, 13, 16, artículos 21, 39, 40 Y43 de la Constitución. Son textos complementarios el Código Procesal Penal, la Ley N° 18.415, el Auto Acordado de 10 de abril de 1996 que reglamentó el Procedimiento para obtener la De-
c1aración previa al Ejercicio de la Acción Indemnizatoria que concede la letra 1)del N° 7 del artículo 19 de la Constitución. entre otras.
La letra a) de este precepto consagra tres elementos que forman la parte medular de la libertad personal. Tales elementos -bienes jurídicos- son el derecho de residir y pennanecer en cualquier lugar de la República, de trasladarse libremente de un lugar a otro, sea permanente u ocasionalmente, sin requerir de autorización alguna y el de entrada y salida sin restricciones del territorio nacional. Estos elementos, o cualquiera de ellos, sólo pueden privarse o restringirse en los casos y conforme a los procedimientos previstos por la misma Constitución y las leyes, es decir, la Carta Fundamental rodea la garantía de un conjunto de mecanismos tutelares que impiden los abusos de poder o el ejercicio arbitrario de potestades que anulen, en la práctica, los derechos enunciados. Los requerimientos constitucionales que habilitan para privar,o restringir la libertad personal están contenidos en las transcritas letras c), d), el y O de este numeral 7° en análisis . ,'. ~hora bien, tocante a algunos conceptos que utiliza el preceptó, cabe precIsar que: a) Arresto es una privación provisional de la libertad sujeta al cumplimiento de un acto por parte del arrestado, es decir, se consulta como un apremio legítimo por razones de conveniencia social (ejemplo: artículo 33 inciso 3 Código Procesal Penal). .b) Detención: corresponde a la privación transitoria de libertad por dehto flagrante o por orden de alguna autoridad competente, siempre para ponerla a disposición del juez. c) Inculpado es la persona a quien se atribuye participación en un hecho punible. d) La libertad provisional es una garantía por la que se asegura al detenido o al inculpado su no privación de libertad mientras esté pendiente la sentencia que detennine su inocencia o culpabilidad. Tal beneficio siempre debe otorgarse, a menos que concurran los presupuestos que previene la letra e) del precepto. En todo caso, la Constitució~ confia a la ley establecer los requisitos y modalidades para obtener ese beneficio, por lo que puede hacer más o menos exigentes tales
requisitos y modalidades (ver artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal). Tratándose de delitos telToristas, la Constitución ha establecido formalidades más rigurosas para que los inculpados puedan obtener este beneficio. Tales requisitos fueron incorporados por la Ley de Reforma Constitucional N° 19.055 de 1°de abril de 1991. Para conocer más acerca de esta disposición, véase: Horvitz Lennon, María Inés y López Misle, Julián: Derecho Procesal Penal Chileno, 2 Tomos, Editorial Jurídica de Chile, 2002; Cea E., José Luis: Derecho Constitucional Chileno, Tomo n, Derechos, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004; Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo n, Editorial Jurídica de Chile, 2004.
8°.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es . deber del Estado velar para que este derecho no seaafectado y tutelar la preservación de la naturaLeza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger eLmedio ambiente; Concordar con este derecho, los artículos 10 y 19 Ws. 1 y 24 de la Constitución. Son textos complementarios la Ley N° 19.300 de 1994 y su Reglamento (Diario Oficial de 3 abril 1997) y el Código Sanitario.
La Ley N° 19.300 de 9 de marzo de 1994 entrega las definiciones más sobresalientes a los conceptos técnicos que se recogen en esta garantía constitucional, una de las novedades trascendentes de la Constitución de 1980. La ley ha entendido por: a) Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente; b) Medio ambiente: El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, sociocul turales y sus interacciones, en permanente modificación por la ac-
ción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones; c) Medio ambiente libre de contaminación: Aquél en que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental; d) Preservación de la naturaleza: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. La jurisprudencia, por su parte, ha señalado que "el medio ambiente, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza de que habla la Constitución y que ella asegura y protege, es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, la flora y la fauna, todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistemas eco lógicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven". La Constitución ha previsto que la "ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente", es decir, es de competencia exclusiva y excluyente del legislador el establecer tales específicas restricciones y no a una autoridad normativa de inferior rango. Para saber más sobre esta garantía, se puede consultar: Abara Elías, Fernando: Empresa y Medio Ambiente, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1998; Canosa Usera, Raúl: Constitución y Medio Ambiente, Editorial Ciudad Argentina, 2000; Silva Silva, Hernán: La protección del ambiente en el Derecho Constitucional, Revista Chilena de Derecho, Vol. 20, Ws. 2 y 3. PROTECCIÓN
DE LA SALUD
9°._El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de La salud y de rehabilitación deL individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en laforma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado; Textos complementarios son la Ley N" 18.469 de 1985, que regula el ejercicio del derecho a la protección de la salud y crea un 'régimen de prestaciones de salud; la Ley N" 18.933, modificada por la Ley N" 20.015 de 2005, sobre Instituciones de Salud Previsional, y la Ley N° 19.966 de 2004, que estableció el Régimen General de Garantías en Salud, denominado Plan AUGE. Esta norma debe complementarse con el N" l del mismo artículo 19.
Uno de los principios inspiradores de la Constitución de 1980 es el de subsidiariedad referido al comentar el artículo 1°, el que adquiere singular relevancia en este numeral del artículo 19, a~l_ ~~~~bir !~!~!!~tucionalidad, el monopolio estatal de las prestaciones de salud para Ta población. Tal criterio inspirador se recoge al establecer la obligación del Estado de proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, y de rehabilitación cuando fuere necesario, sea que las acciones se presten a través de instituciones públicas o privadas. . De las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución derivan algunas conclusiones de importancia. a) En cuanto a la definición de salud se dijo: "De la concepción rígida y limitada que concebía a la salud como la simple ausencia de una enfermedad física reconocible, por signos y síntomas, imperante hasta hace algún tiempo, y que aún es válida para muchos, el concepto se ha ampliado considerablemente, hasta abarcar aspectos psicológicos y una clara connotación social. Emerge, además, la salud como algo positivo, digno, por lo tanto, de ser protegida y acrecentada. Con ello, las acciones de salud, que estaban casi exclusivamente limitadas a la recuperación (medicina curativa),
deben incursionar en otros campos: el fomento, la protección y la rehabilitación del enfermo; b) Respecto al significado de la salud, se "concibe la salud como un elemento positivo para el individuo y para la sociedad, es un patrimonio nacional y, como tal, factor fundamental en el desarrollo del país"; c) En cuanto a la responsabilidad del Estado, se concluye que "todo el quehacer en salud del sector privado debe ser subsidiario a la responsabilidad del Estado". En salud, no es concebible que la situación pudiera ser a la inversa y que el Estado fuese subsidiario de la iniciativa privada, ya que ésta no puede asumir una responsabilidad con el mismo carácter"; d) En relación a los deberes del Estado, ellos deben autodefinirse de la enumeración: normar, planificar, coordinar, controlar y ejecutar. El sector privado puede ejecutar algunas de las acciones esp~cialmente referidas al campo de la recuperación y rehabilitación. Sin embargo, otras acciones, tales como las de fomento y protección, múchas veces son el producto de la integración interdisciplinaria con otras áreas del sector social y, en consecuencia, pueden ser ejecutadas por I
/00._ El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. . Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgarespecial protección al ejercicio de este derecho. El Estado promoverá la educación parvularia. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 alios de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y
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tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y pelfeccionamiento de la educación;
bunal Constitucional: Sentencia Rol W 352, de 15 de julio de 2002, y Sentencia Rol N° 410, de 14 de junio de 2004.
Concordar con los N"s. 2 y 11 del mismo artículo 19 y con el articulo 10incisos cuarto y final. Es texto complementario de esta disposición la Ley N" 18.962, de lO de marzo de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
1JO.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enset1anzapara sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y seíialar las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado. velar por su cumplimiento. Dicha ley. del mismo modo, establecerá los requisitos para elreconoci1nientoofidal de los establecimientos educacionales de todo nivel;
Este derecho recoge tres aspectos que estimamos de interés especial: l. Obligatoriedad de la educación básica y media, parcialmente gratuita a cargo del Estado, que garantice el acceso a ella de toda la población. No abarca, por tanto, a la educación técnica o universitaria, donde y sobre .todo en la última, en que la idoneidad de los postulantes es relevante en su ingreso. 2. Se impone como criterio que los padres, como primeros educadores de los hijos, tienen el deber y derecho preferente de darles la educación que requieran, pudiendo libremente elegir el establecimiento de enseñanza que complemente la que dan en el hogar familiar. 3. Además, el Constituyente fue extremadamente cuidadoso en encomendar tareas y funciones al Estado y a la sociedad para hacer realidad el derecho a la educación. Es así que se declara que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, lo que exige un medio social en que el Estado impulse la educación, estimule la investigación, fomente la creación altística y tutele el patrimonio cultural de la nación. Son obligaciones que el Estado debe ir cumpliendo en founa paulatina y que si bien no le son perentoriamente exigibles, comprometen la responsabilidad ética y política de las autoridades ante la opinión pública. Si el Estado abandona o sólo cumple accidental o parcialmente esas funciones, estará comprometiendo seriamente el desarrollo integral de las personas. No existe en el ámbito social otro grupo de tareas estatales de mayor trascendencia colectiva. Para realizar esta verdadera norma declarativa de principios, el Estado puede requerir la colaboración de la comunidad, que debe prestada conforme al inciso final de este número. Para conocer acerca de este derecho, recomendamos: Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo lI, 2004; Tri-
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Concordar con el N" 10 del artículo 19 y con el artículo 10inciso final. Texto complementarioes la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N" 18.962, de !O de marzo de 1990.
La Constitución asegura la libertad de enseñanza, garantía que tiene por sujeto esencial al educando, y que comprende los siguientes derechos específicos: 1) El derecho de los padres para elegir el maestro de sus hijos; 2) El derecho de instalar y operar establecimientos educacionales; 3) El derecho de desarrollar los programas y de valorizar los resultados, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para establecer los objetivos fundamentales de cada año de estudio; 4) La libertad de cátedra que ampara la libertad intelectual del maestro. En Chile, tanto el Estado como los particulares ejercen la función educacional, expresión típica de la libertad de enseñanza. El monopolio educacional en manos de la autoridad pública constituye la concepción conocida como "Estado Docente".
Debe tenerse presente que la libertad de enseñanza, consecuencialmente la de cátedra, tiene limitaciones de importancia, cuales son: a) La enseñanza reconocida oficialmente no puede propagar doctrina político partidista alguna; b) La moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, bienes jurídicos a los que recurre la Constitución como limitación natural al libre ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Para saber más sobre este derecho, recomendamos revisar: Covarrubias Cuevas, Ignacio: Vigencia de la Libertad de Enseñanza (Una perspectiva jurídica a propósito de los Contenidos Mínimos Obligatorios de Enseñanza), Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae W6,2002.
12°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los dditos y abusos que se tometalt'en-ef-ejereieie-J.e'-e-stGS'-lW8ftad€8.--~--~ en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida! en las condiciones que la ley deterlnine, por el medio de comunicación social en que esa információn hubiera sido emitida. Toda persona natural ojurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de es.te medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demásfuflciones y atribuciones del referido Consejo.
La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica; Textos complementarios: Además de la Ley N" 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, este precepto debe vincularse con el artículo 8° y las garantías de los N°s. 4, 21 Y 22 de este artículo y con la Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado. Igualmente, debe relacionarse con esta garantía la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, publicada en el Diario Oficial de 28 de agosto de 1999.
Esta garantía, llamada genéricamente "libertad de opinión", tiene las características siguientes: . . l. Am~ara toda opinión, expresión y comunicación emitida por cualqUIermedIO;de palabra, por escrito, por la prensa, la radio, el teléfono, la televisión, o cualquier otro sistema de difusión o comunicación que se pueda descubrir, crear o aplicar; . 2. La garantía consiste, específicamente, en que no hay censura preVIaque pueda impedir que se emita opinión, expresión o comuni¿ación alguna por cualquier medio o sistema; 3. Luego, correlativamente al derecho a emitir opinión y a informar, nace o coexiste el derecho de la comunidad a estar informada o bien a recibir la información o las opiniones que se emitan en ejercicio de este derecho, y 4. Como consecuencia lógica de la garantía señalada, la Constitución exige responsabilidad. El ejercicio de esta libertad implica responder de los delitos y abusos que se cometan, en la forma y casos detetminadas por la ley. El que injurie, calumnie, difame, cometa delito o incite a él, atente contra valores morales que la sociedad acepta o incurra en otros abusos de su libertad, por medio de la palabra, del escrito, de la prensa o de cualquier sistema de comunicación, debe responder de ello. Conforme a la ley, los responsables son juzgados por los Tribunales Ordinarios de Justicia y las sanciones son pecuniarias y privativas de libertad, sin perjuicio de afectar, mediante la clausura o el requisamiento del medio mismo de expresión, difusión o comunicación, o de sus productos. 5. Consagra el derecho de rectificación en cuya virtud todo medio de comunicación social está obligado ~ insertar o difundir gratuitamente
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las aclaraciones o rectificaciones que les sean dirigidas por cualquier persona natural o jurídica ofendida o infundadamente aludida por alguna información proporcionada por ese medio. 6. Como manifestación del principio de subsidiariedad, se prohíbe al legislador establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación. Para saber más sobre esta garantía, sugiero revisar: Anguila Ramírez, Pedro: El Derecho a la Información en Chile, LexisNexis, 2005; Grisolía Corbatín, Francisco: Libertad de Expresión y Derecho a la Honra, LexisNexis, 2005; Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Nogueira A., Humberto: El derecho a la libertad de infonnación sin censura previa en el contexto del ordenamiento jurídico interamericano y chileno, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad de Derecho, U. de Valparaíso, Edeval Valparaíso, 2000. EL DERECHO
DE REUNIÓN
13°._ El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía; Textos complementarios: La Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional, Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado, Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción y N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Además, esta disposición debe relacionarse con las siguientes normas de la Constitución: artículo 43, que contempla casos de restricción o suspensión del ejercicio del derecho de reunión, y articulos 111 a 117, sobre Administración Regional y Provincial.
La Constitución asegura el derecho de congregarse en asambleas públicas, en recintos abiertos o cerrados, sin necesidad de solicitar u obtener autorización o permiso previos al acto. Simultáneamente con esta garantía, el texto exige que las reuniones se efectúen sin armas. Sin embargo, como el ejercicio del derecho a reunión afecta o puede afectar otros bienes jurídicos, 9 derechos del resto de la población que no paI1icipa de la reunión, las normas complementarias, especialmente
el Decreto Supremo N° 1.086, obligan a los organizadores de una asamblea que se desarrollará en lugares de uso público (calles, caminos, plazas, parques, etc.) a dar aviso a la autoridad (intendente o gobernador) del sitio y la hora de la reunión, con anticipación mínima de dos días hábiles. La autoridad puede prohibir la reunión "en el sitio y hora" propuestos, pero debe autorizarla en otro lugar en que no afecte el tránsito público y la tranquilidad de la población.
El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes; ]40._
Este derecho tiene las siguientes características: a) Puede ejercerlo cualquier persona, grupo o entidad; b) La petición puede referirse a cualquier materia, de interés público o de simple interés privado; e) Todas las autoridades pueden recibir peticiones; d) La petición debe expresarse en términos respetuosos, y e) La petición debe ir dirigida al órgano o autoridad que sea competente para resolverla ("términos convenientes"). Las peticiones dirigidas al Poder Ejecutivo no están reglamentadas, salvo en cuanto a la obligación de presentarlas en forma respetuosa. Para los efectos de emisiones de actos administrativos, su invalidación o bien solicitudes de reposición de decisiones administrativas deben considerarse las normas pertinentes de la Ley W 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. La doctrina acepta que deben ser contestadas aun cuando no hay norma expresa al respecto. Las solicitudes dirigidas al Congreso Nacional están sometidas a los preceptos de los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, en cuanto las hayan previsto. Finalmente, ias presentaciones a los Tribunales de Justicia se rigen por las normas pertinentes que contienen el Código Orgánico de Tribunales y los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal.
Para saber más acerca de este derecho ver: Aguerrea Mella, Pedro: El derecho de petición ante la administración del Estado: Acerca de la obligación de respuesta; Ius Publicum, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, N° 9/2002.
Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente~ no podrán participar en laformación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de cinco aiios, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esafecha laspersonas referidas estuvieren en posesión de lasfunciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia;
DERECHO DE ASOCIACiÓN
15°.- El derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidadjurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público ya la seguridad del Estado. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cuaL será accesibLe a los militantes del respe.di.m.parJido,·--su_coll1abil~
dad deberá ser pública; lasfuenies de sufillanciamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia intenUl. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras fO/mas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.
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Son textos complementarios el Título XXXIII, del Libro [ del Código Civil; Decreto N" 110 de 20.03.79, del Ministerio de Justicia, que contiene el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones; Código del Trabajo, en lo relativo a las orgamzaclOnes sll1dlcales; Coctlgo Penal; Ley N" 12.927 sobre Seguri-,--------dad del Estado, y Ley N" 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidus Políticos. Esta disposición debe concordarse con los articulos 1°, 19 N" 16 y 19. 23 y 93 N° [O de la Constitución.
El derecho de asociación, consecuencia de la naturaleza eminentemente social del ser humano, que necesita del concurso de sus semejantes para su más plena y efectiva realización, consiste en la unión de dos o más voluntades con un fin común legítimo. La Constitución reconoce este derecho y garantiza que puede ejercerse sin necesidad de autorización previa de ninguna autoridad. Este artículo, además, encomienda a la ley señalar los mecanismos y límites para el ejercicio del derecho de asociación, siempre que, obviamente, no se lesione la garantía misma. Las asociaciones, en ténninos generales, se dividen entre las que persiguen un fin moral (no económico) y las que se proponen un fin de lucro. Las primeras se llaman corporaciones (incluyendo entre ellas a las fundaciones) y las segundas adoptan el nombre genérico de sociedades. Una asociación puede ejercer derech9s y contraer obligaciones por sí misma, en fonna diferenciada de sus integrantes, si goza de persona-
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r lidad jurídica. Las corporaciones privadas la obtienen mediante un decreto del Presidente de la República; las sociedades, por el solo ministerio de la ley, una vez que han cumplido los trámites formales previstos para su existencia. Cuando la corporación ha sido creada o reconocida por la Constitución (Estado, Fisco, municipalidades) o por la ley (Ferrocarriles del Estado, Cajas de Previsión, Universidad de Chile y universidades particulares reconocidas), goza de personalidad jurídica de Derecho Público. La Carta, adem~s, ha prohibido la formación y existencia de las asociaciones que atenten contra la moral, el orden público y contra la seguridad del Estado. Además, se declaran inconstitucionales los partidos políticos, movimientos de otras formas de organización cuyos objetivos, fines y conductas sean contrarias o no respeten los principios democráticos básicos, procuren establecer un régimen político totalitario o hagan de la violencia un instrumento de acción política. Las inconstitucionalidades y responsabilidad de quienes incurrieren en las conductas descritas son declaradas por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, una de las asociaciones más relevantes del sistema democrático es el partido político definido por el artículo 10 de la Ley N° 18.603 como "asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina poJítica de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional". La Constitución se encarga de precisar algunos deberes y prohibiciones a los partidos políticos, sin peljuicio de encargar su regulación general a la ley. Para saber más acerca de esta norma, ver: Carda Barzelatto, Ana María: Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Historia de su establecimiento y debate doctrinario, Editorial Jurídica de Chile, 1988; Vivanco Martínez, Ángela: Los Partidos ante la Justicia Constitucional Chilena, Revista Chilena de Derecho, Vol. 20, Ws. 2 y 3; Ríos Álvarez,
Lalltaro: Las Asociaciones, el Derecho de Asociación y los Colegios Profesionales, XXX Jornadas Chilenas de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Valparaíso, Edeval, Valparaíso, 2000. LA LIBERTAD DE TRABAJO
16°.- La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare ase Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en ésto ~ la ley determinará las profesiones querequieren grado ()fÍtulo universitario ylas condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no pennita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley seiíalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. No podrán declararse en ~lIelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que traba-
jen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso; Textos complementarios: Código del Trabajo, Ley N" 19.518 sobre Capacitación y Empleo, Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, Ley N" 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, O.EL N" 2 de 1967, Orgánico de la Direc.ción del Trabajo, entre otros. Este precepto debe concordarse con el artículo 1°,con los Ws. 2, 17, 18, 19,24 del artículo 19 y con la vigésima disposición transitoria de la Carta Fundamental.
Lo medular de esta garantía constitucional es el reconocimiento del derecho que habilita a todas las personas a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, es decir, cualquier empleo que no se oponga a la moral, a la seguridad ya la salubridad públicas. La Constitución es exigente en cuanto a proscribir cualquier discriminación o diferencia entre los trabajadores para desempeñar un trabajo, incluyendo dentro de esa prohibición exigencias relativas a la afiliación sindical o la desafiliación a un sindicato u otra organización social. Sin embargo, se autoriza al legislador para señalar las profesiones que requieren grado o título universitario y para fijar los requisitos de su ejercicio, entre los cuales no puede estar la afiliación obligatoria a un colegio profesional o a una entidad gremial. Ello, sin embargo, no fue óbice para que la Ley de Reforma N° 20.050 incorporara un párrafo al inciso cuarto del precepto, recogiendo así el Constituyente la aspiración de los colegios profesionales para el efectivo control del comportamiento ético de sus afiliados o miembros. En efecto, a los colegios profesionales, en primera instancia, se les confía conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de alguno de sus miembros y que digan relación con la conducta ética de ellos. La resolución en estas materias es apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva, cumpliéndose de ese modo con los requerimientos que derivan de un debido proceso (N° 3, artículo 19). Luego, la Consn
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titución llama al legislador a crear tribunales especiales para el conocimiento por reclamos acerca de la conducta ética de profesionales no miembros de un colegio profesional, de lo que resulta que existirán dos clases de jurisdicciones para conocer de estas materias, sin perjuicio del vacío que existe al no quedar determinado quién ftiará las conductas que infringen la ética en el ejercicio de una profesión. Ahora bien, se dan a continuación algunas definiciones de conceptos vinculados al derecho laboral que señala la Constitución: a) CONCEPTO DENEGOCIACIÓN COLECTIVA. El Código del Trabajo la define como el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas que señala. Se exige sí que en la negociación colectiva que afecte a más :de una empresa haya siempre acuerdo previo de las partes. b) CONCEPTO DE H! IElGA Es la suspensión temporal y coh~ctiva del trabajo, por los que prestan algún servicio, sea por causa política, de derecho, económica o por simple solidaridad con otros grupos), que persigue obtener un cambio en el régimen político existente, en el primer caso; conquistas sociales en los siguientes, o apoyo a peticiones extrañas en el último. La Constitución detalla las actividades en las que los trabajadores o funcionarios que las desarrollan no pueden declararse en huelga. Su razón y contenido se explican por sí solos, bastando señalar que la paralización de tales actividades genera o puede generar severo daño al normal desenvolvimiento de los servicios que se prestan a la sociedad. Para saber más sobre este derecho, se podrá revisar: Andrade Rivas, Eduardo: Comentarios sobre la colegiación profesional obligatoria y el estatuto jurídico de las asociaciones gremiales, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad d~ Derecho, Universidad de Valparaíso, Edeval, Valparaíso, 2000; Ríos Alvarez, Lautaro: Las Asociaciones, el Derecho de Asociación y los Colegios Profesionales, misma publicación anterior; Humeres N., Héctor: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Jurídica de Chile, 2004-05.
lr.- La admisión a todas las funcionesy empleosptíblicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes; Textos complementarios: Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo; Ley N" 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N" 19.882 que creó la Dirección Nacional de Servicio Civil y reguló nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; Ley N" 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.
otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social; Textos complementarios: Ley N" 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; Ley N° 18.469, citada al tratar el N° 9 de este articulo: D.L N" 3.500, que establece el nuevo régimen de pensiones, por medio de Administradoras de Fondos de Pensiones; D.L. N" 3.501, que fijó nuevosistema de cotizaciones previsionales; D.L. N° 3.502, que creó el Instituto de Normalización Previsional; Ley N" 18.833 sobre Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; Ley N° 18.933, que creó la Superintendencia de Instituciones de Salud Previs~onal, etc. Este precepto debe relacionarse con los N°s. 1 y 9 del artículo 19, con los artlculos 63 N"s. 4 y 14 y 65 N" 6 de la Constitución.
Esta garantía es una consecuencia directa de la igualdad 'ante la ley, analizada al referimos al N° 2 de este artículo 19. Esta norma se vio fuertemente profuridizada y robustecida con la Ley W 19.882 de 2003, que creó por primera vez en Chile un sistema de Alta Dirección Pública al que se sujetan funcionarios que, cumpliendo funciones de jefatura de los servicios públicos del sistema, no son de la confianza del Presidente de la República o de la autoridad sectorial de turno sino que se les selecciona en base a méritos u otros parámetros objetivos. La selección se hace por un Consejo de Alta Dirección Pública cuyas funciones se señalan en el artículo 42 de la citada ley. Debe relacionarse este precepto con el artículo 32 Ws. 7, 8,9, LO Y 12 respecto de los empleos estatales; con los artículos 48, 50, 118 Y 119 en lo relativo a las funciones públicas constitucionales, 63 N° 14 Y 65 N° 2 Y W 4, en cuanto a la génesis de las normas sobre empleos públicos. Respecto de esta disposición recomendamos: Caldera Delgado, Hugo: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Ediciones Parlamento Ltda., 200 l.
La seguridad social puede definirse como "el conjunto de medidas tomadas, en primer lugar por el Estado, para garantizar a los ciudadanos los cuidados médicos necesarios, así como para asegurarles los medios de vida en caso de pérdida o reducción importante de sus medios de existencia, causadas por circunstancias no dependIentes de su voluntad" (Novoa Fuenzalida, Patricio. Derecho de Seguridad Social. Editorial Jurídica de Chile, 1977, pág. 48). Dada la importancia social de este derecho, las leyes que lo regulan -para aprobarse, modificarse o derogarse- deben contar con la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. . Para saber más acerca del derecho de la seguridad social, además del trabajo del profesor Novoa citado, ver: Humeres N., Héctor: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Jurídica de Chile 2004-05; Miranda S., Eduardo y Rodríguez S., Eduardo: Análisis dei Sistema de Fondos de Pensiones, Editorial Jurídica de Chile, 1997.
SEGURIDAD SOCIAL
EL DERECHO A SINDICARSE
18".- El derecho a la seguridad sociaL: Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. . La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se
W 19. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solohecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en laforma y condiciones que determine la ley.
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La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas;
Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley seiiale, por las autoridades regionales o comunales para elfinanciamiento de obras de desarrollo.
Textos complementarios: Código del Trabajo y Ley W 19.518 de 1997 sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. Esta disposición debe ser concordada con los artículos 1°, 19 Ws. 15 y 16 de esta Constitución
Otra expresión de la sociabilidad natural del hombre es la sindicalización. El sindicato es la organización voluntaria formada por trabajadores de una o varias empresas, constituida con el objeto de representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, de representados en las instancias de negociación colectiva con la e~presa respectiva, entre otras. Los sindicatos adquieren personalidad jurídica con el solo registro de sus estatutos y actas de elección de sus directivas, en la forma y condiciones que señale la ley, lo que en todo caso impide la intervención decisoria de la Administración para reconocer o negar la personalidad jurídica. ------- ----u------~--,-~--le)' La afiliación a un sindicato es siempre un acto voluntario. En consecuencia, un trabajador o empleado puede afiliarse y desafiliarse libremente de uno o más sindicatos, ya que pueden coexistir en una empresa, actividad o faena, dos o más organizaciones sindicales. Sobre los orígenes y naturaleza de los sindicatos, se puede revisar: Gamonal e, Sergio: Derecho Colectivo del Trabajo, LexisNexis, 2002. Además, se puede ver: Thayer A., William: Texto y Comentario del CÓdigo del Trabajo, Editorial Jurídica de Chile, 2002.
20°.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión oforma quefije la ley.y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.
Textoscomplementarios: El Código Tributario (Decreto Ley N° 830); los Decretos Leyes Ws. 824 sobre Impuesto a la Renta y 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; LeyW 16.27L sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones; Ley W 17.235, sobre Impuesto Territorial; Decreto Ley N° 3.475 sobre Impuesto de Timbres· y Estampillas; Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, entre otras. Este número debe relacionarse con los artículos 19 N°s. 2,21,22,23 Y 24, 63 W 14,64,65 W I Y con la disposición sexta transitoria de la Constitución.
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El precepto es una especificación y aplicación del principio dejgualdad ante la ley, pero ahora referido a los tributos. Los tributos son toda y cualquier carga patrimonial impuesta por la a las personas en beneficio de la naeión, representada p~~st-ad-o~---y con el objetivo de dar cumplimiento a los fines de bien común que justifican su existencia. La expresión tributos abarca a toda suma recabada por el Estado a los particulares, incluyéndose, por tanto, a los impuestos, las tasas, contribuciones, derechos, etc. La Constitución impone límites al legislador para imponer tributos. Por lo pronto, no pueden ser manifiesta o exageradamente desproporcionados ni injustos, como tampoco pueden afectarse jurídicamente a un fin o destino determinado. Además de tales restricciones, se debe tener presente que en nuestro sistema jurídico tributario rige extensamente el principio de legalidad, es decir, todos los elementos de la relación jurídica tributaria (hecho gravado, base del tributo, tasa y sujeto obligado) deben ser fijados por ley, no siendo procedente la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República, como tampoco el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma o de ejecución. Hacen excepción a la no destinación los tributos afectados a fines de defensa nacional, y aquellos que pueden ser aplicados por las autorida-
des regionales o locales siempre que tengan una clara identificación regional o local. Para saber más de la normativa constitucional acerca de los tributos, ver: Evans de la Cuadra, Enrique y Evans Espiíieira, Eugenio: Los Tributos ante la Constitución, Editorial Jurídica de Chile, 1997; Ugalde Prieto, Rodrigo y VareLadel Solar, Jorge: El Recurso de Protección en Materia Tributaria, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1993; Luqui, Juan Carlos: Derecho Constitucional Tributario, Ediciones Depalma, 1993; Spisso, Rodolfo: Derecho Constitucional Tributario, Ediciones Depalma, 1993; Valdés Costa, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, Ediciones Depalma, 1992. LA LIBERTAD ECONÓMICA
2JO.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no
sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. ElEstado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellassól6 si Una leyaeqitórliin ciilificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado; Textos complementarios: D.L. N" 211 de 1973 sobre Libre Competencia; Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N° 18.971, que establece el recurso de amparo económico garante de ambos incisos; Ley N° 19.496 sobre Protección al Consumidor; Ley General de Bancos (D.F.L. N° 3 de 1997); Ley General de Servicios Eléctricos (D.F.L. N" 1 de 1982); Ley General de Servicios Sanitarios (D.EL. N" 382 de 1989); Ley N" 18.168 General de Telecomunicaciones; Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; Ley N° 18.045 sobre Mercado de Capitales, etc. Esta norma debe complementarse con los artículos 10, 19 N"s. 2, 7, 16, 22, 23 y 24, 20 y 63 N" 20 de la Constitución.
Esta es una nueva garantía constitucional consagrada por la Carta de 1980. Su objeto, dentro de los principios de Orden Público Económico, es dar mayor relevancia a la libertad de las personas para iniciar actividades económicas y crear riqueza, sin que tal libertad pueqa coartarse por decisiones estatales que impidan el ejercicio de actividades
empresariales lícitas o bien reserven al Estado el ejercicio de ellas en perjuicio de la capacidad creadora del ser humano. Dentro de los aspectos relevantes de este derecho fundamental, está la plena libertad de emprender o de iniciativa económica, salvo aquellas que sean contrarias a los bienes de relevancia jurídica superior, como son la moral, el orden público y la seguridad nacional. Tal libertad, sin embargo, debe ejercerse sometida a la normativa regulatoria de la actividad económica en la que se manifiesta, debiendo al respecto tenerse presente que sólo toca al legislador fijar el marco general en que se desenvuelve el ejercicio de determinadas actividades empresariales, en caso de tratarse de aquellas indispensables para la comunidad o que por su intermedio se comprometa la fe pública. El segundo inciso es una típica manifestación del principio de subsidiariedad; es decir, la actividad empresarial del Estado queda supeditada al otorgamiento de una autorización otorgada mediante ley aprobada con quórum especial y, en tal evento, esa actividad queda sujeta a la legislación que se aplica a los particulares. Si a la actividad económica del Estado o de alguno de sus organismos o empresas se le confiere un estatuto especial (sea normativo, tributario, etc.), ello deberá ser también aprobado por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Para saber más de esta garantía, recomendamos ver: Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo m, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Fermandois v., Arturo: Derecho Constitucional Económico, Tomo 1, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006; Valdés Prieto, Domingo: La Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico, Editorial Jurídica ConoSur, 1992, y del mismo autor, Libre Competencia y Monopolio, Editorial Jurídica de Chile, 2006; Aróstica M., lván: Derecho Administrativo Económico. Libre iniciativa privada y actividad empresarial del Estado, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, 2001; Navarro B., Enrique.' Marco constitucional del Estado empresario: Una concreción del principio de subsidiariedad, XXX Jornadas de Derecho Público, Edeval, Valparaíso, 2000; Evans E., Eugenio: Las actividades económicas en la Constitución y las facultades normativas de los órganos de la administración y fiscalización del Estado, Revista Chilena de Derecho, Vol. 29, N° 3, 2002.
LA NO DISCRIMINACiÓN
EN LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
2Y - La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algun sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos; Textos compleme~tarios: Complementan esta garantía la Ley W [9.880 sob~e .8ase~ de los Procedimientos Administrativos; la Ley N° 19.886 sobre Contratos Admll1lstratlvos de Suministro y Prestación de Servicios. Esta norma debe relacionarse con el artícul~ ,1°, con los números 2, 20 Y21 del artículo 19 y con los artículos 20 y 108 de la Constltllclon.
Esta garantía también se incluye dentro de los preceptos que ~ec~gen principios de Orden Público Económico. En concreto, la no.dls~~lminación arbitraria en materia económica, es decir, la ConstItuclOn probíbe al Estado ~cllalqllier entidad que cumpla-funciones..públicas--hacer distinciones o diferencias caprichosas o infundadas entre los agentes económicos. La Constitución prohíbe otorgar privilegios y crear o imponer cargas o gravámenes que impliquen cualquier forma de distinción o diferenciación entre las actividades económicas que no tengan como sustento intelectual una clara connotación de racionalidad. El hecho de que, por años, se haya aplicado un estatuto para alguna forma de organización económica no es, hoy día, título de validez como para pretender que siga cumpliéndose o aceptándose en la misma forma. Por cons~guiente, cualquier intento del Estado, de cualquier organismo o.autondad, aunque ejerza funciones encomendadas por la ley, o del legislador, para imponer gravámenes, restricciones o cargas que no tengan una clara e indiscutible justificación objetiva, fundada en hechos y no en temores o en suspicacias administrativas de connotación subjetiva, constituye una discriminación arbitraria e inconstitucional. Hay implícita, .en consecuencia, en el N° 22 del artículo 19, una limitación a la discreclOnalidad administrativa, lo que constituye un saludable instituto en un Estado de Derecho.
Como una síntesis del objetivo de esta garantía, podemos establecer que la Constitución ha querido asegurar a todas las personas la ,igualda.d en el trato que el Estado y sus organismos deben dar en maten a economica. Que no haya, en situaciones idénticas, ni personas, grupos o sectores perjudicados en relación con sus competidores o con otros grupos o sectores. Esta expresión "igualdad en el trato" era, por lo demás, la que empleó el proyecto que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (CENC) envió al Poder Ejecutivo en 1978, al proponer el derecho que hemos revisado. La Constitución faculta a la ley, y siempre que ello no implique una discriminación arbitraria respecto de otras personas, para autorizar determinados beneficios en favor de algún sector, actividad o zona, o para crear gravámenes especiales para uno u otras. Las leyes que así lo establecen quedan sometidas, en todo caso, al imperativo previsto P9r este precepto. Para saber más sobre esta garantía se puede revisar: Fermandois v., Arturo: Derecho Constitucional Económico, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006; Fernández G., Miguel Ángel: Principio Constitucional de Igualdad ante la Ley, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 200 1; Valdés Prieto, Domingo: La Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico, Editorial Jurídica ConoSur, 1992; Aróstica M., lván: Derecho Administrativo Económico. Libre iniciativa privada y actividad empresarial del Estado, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, 200 l. EL DERECHO A LA PROPIEDAD
23°._La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha heclw comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes; Textos complementarios: Ley N° 18.097 sobre Concesiones Mineras y el Código Civil, entre otros. Este derecho debe relacionarse con el artículo l°, con los números 16,21, 22, 24 y 26 del artículo 19 y con los artículos 20, 63 y 66 de la Constitución.
Este precepto consagra lo que en doctrina se denomina "derecho a la propiedad" y sintetiza en su esencia el libre acceso al dominio privado de las personas de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, y todas las cosas susceptibles de ser incorporada~ a un patrimonio personal. Su finalidad ha sido proteger a los particulares de actos legislativos o de autoridad que excluyan de este libre acceso a alguna categoría de bienes, salvo las excepciones contempladas en la misma disposición. . Importa señalar que al legislador sólo le es válido limitar -no privar ni prohibir- el libre acceso al dominio, ello siempre y cuando existan razones de interés nacional que lo justifiquen y que la ley limitativa se apruebe con quórum calificado. Para saber más sobre esta garantía, ver: Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo Ill, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Vergara B., Alejandro: La summa divisio de bienes y recursos naturales en la Constitución de 1980,20 años de la Constitución chilena 1981-2001, Universidad Finis Terrae-Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 2001; Guzmán B., Alejandro: Las cosas incorporales en la Doctrina y en el Derecho Positivo, Editorial Jurídica de Chile, 1995. EL DERECHO
DE PROPIEDAD
24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de sufunción social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el dalio patrimonial efectivamente causa-
do, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Afalta de acuerdo, la indemnización deberá serpagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provision,almente por peritos en laforma que seíiale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, eljuez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales ojurídicas sobre los terrenos en cuyas entradas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley seliale ptirafacllitarltiexploración, ltiexpl()tación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplar causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de jf:lsticia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se
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produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de lajusticia la declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o elbeneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la Repúblicafije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a lajurisdicción nacional ya los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemniwcián que corre5ponda, o lm concesiones adnzini.s1ratiJz.aUlftlOSJ;on-
f1uios de-operación relativos a explotacio,zes ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos; Textos complementarios: Decreto Ley N" 2.186 sobre Procedimiento de Expropiaciones; Ley N" 18.097 sobre Concesiones Mineras, Código y Reglamento de Minería; Código de Aguas; Código Civil; Código de Procedimiento Civil; Ley N" 20.026 que estableció un impuesto específico a la minería; Decreto Ley N° 2.695 que fIja normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella; Ley N" 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria; Decreto con Fuerza de Ley W 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones; Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, etc. Este precepto, además, debe relacionarse con los artículos 1°,19 N"s. 2,16,21,22,23,25 Y 26, articulo s 20, 63 y 66 de la Constitución.
I. El "dominio" es el derecho real que se tiene sobre una cosa corporalo incorporal, para usar, gozar y disponer de ella según lo resuelva su dueño, sin atentar contra la ley o el derecho ajeno. La propiedad cuyos tit.ulares son las personas naturales o jurídicas, es absoluta (se ejerce respecto de todos), éxclusiva (sus atributos sólo pertenecen al dueño),
perpetua (termina por fallecimiento o voluntad del propietario) e inviolable (nadie puede ser privado del dominio o de sus atributos, sino en la forma y con los resguardos prescritos por la ley). Este derecho tiene tres atributos, que constituyen su esencia: el dueño puede usar el bien de su dominio de modo exclusivo y excluyente y utilizado de la manera que desee, transformado, modificado ...; el due~ ño puede gozar de su propiedad, vale decir, adquirir para sí sus frutos o rentas, y, finalmente, el propietario dispone a su arbitrio de los bienes de su dominio, pudiendo transferidos a título oneroso, donados y desprenderse de ellos haciendo que pasen a otro titular. El uso, goce y disposición de los bienes los ejerce el propietario mediante los actos de administración y los actos de enajenación, de transferencia a terceros, total 0parcial, y que sólo los puede ejecutar válidamente el dueño, de acuerdo a su interés o deseo personal. La Constitución dispone, luego de consagrar la garantía de existencia y subsistencia del derecho, que sólo la ley puede establecer elmodo de adquirir la propiedad (el Código Civil precepttJa que son modo~s~d~e~ __ adquirir: la ocupación, la accesión, la tradición ...) y el modo de usar, gozar y disponer de ella. Esta referencia a la ley tiene por objeto cuidar de que ninguna autoridad de inferior jerarquía al legislador regule la forma de usar, gozar y disponer del dominio. No contiene, por consiguiente, una autorización al legislador para prohibir o vulnerar la potestad del dueño, de usar, gozar y transferir sus bienes a su arbitrio. La ley civil, por ejemplo, ha reglamentado la forma de disponer de los bienes raíces y ha establecido que su transferencia se realiza por la inscripción del título en el Registro de Propiedad d¡;:1Conservador de Bienes Raíces que corresponda. Ninguna autoridad que no sea el legislador puede regular los actos de disposición. Pero ello, repetimos, no supone que la ley pueda impedir la transferencia u obligar a ella, salvo que se trate de imponer una obligación o limitación, lícita, al derecho de propiedad. La garantía constitucional se extiende también a los derechos adquiridos, los que no pueden ser afectados, restringidos ó suprimidos por leyes posteriores. Son derechos adquiridos los que emanan de un hecho jurídico o de un acto jurídico, privado o surgido dela 'autoridad estatal,
confonne a la legislación vigente y cuyos efectos se han incorporado al patrimonio de una persona, aunque hacer exigibles esos efectos OCUlTa bajo el imperio de otra legislación. La esencia del derecho de propiedad radica en la existencia y vigencia del dominio mismo, de la calidad de dueño y la existencia y vigencia de sus tres atributos esenciales: el uso, goce y la disposición. En consecuencia, cualquier atentado que implique privación del derecho de dominio, en sí, o de cualquiera de sus atributos, vulnera la garantía constitucional, y sólo puede hacerlo, en fonna jurídicamente válida, una ley expropiatoria dictada con los resguardos constitucionales. Si así no sucede, la ley sería inconstitucional. U. Función social del dominio. Limitaciones y obligaciones que puede imponer!e la ley (inciso segundo del N° 24). La refonna del año 1967 a la Constitución de 1925 facultó a la ley para imponer a la propiedad limitaciones y obligaciones destinadas a asegurar sufunción social y hacer el dominio accesible a todos. Doble exigencia. La función social del dominio abarcaba "cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas al servicio de la colectividad y la elevación del nivel de vida del común de los habitantes". Ahora, la Constitución de 1980 reduce el ámbito en que pueden imponerse por ley limitaciones u obligaciones al dominio. Ello sólo procede cuando estén en juego, en la situación que el legislador trata de enfrentar, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Todo otro bien jurídico, cualquiera sea su importancia o trascendencia, como la difusión de la propiedad, el interés puramente patrimonial del Estado, el interés social, el interés de aholTantes, de afiliados previsionales, u otros, son muy valiosos y podrán ser cautelados por preceptos legales que otorguen a organismos estatales facultades fiscalizadoras, de controlo de sanción; pero la Constitución sólo ha previsto la procedencia de limitaciones u obligaciones para las muy determinadas expresiones de la función social del dominio que he señalado, y toda otra restricción es inconstitucional.
Finalmente, este inciso segundo del W 24 señala que la función social de la propiedad comprende también: - La seguridad nacional, a lo que nos referiremos más adelante; - La utilidad y salubridad públicas. Este último concepto es claro, no merece mayor comentario y estaba ya en la Constitución de 1925. La utilidad pública, que también se encontraba en la misma Carta y que es un bien jurídico que, además, hace procedente la ley expropiatoria, significa "beneficio colectivo" -referido especialmente al orden interior de la República-, no tiene significación patrimonial ni protege intereses de personas o grupos y de ello quedó constancia en el infonne de la Subcomisión de Derecho de Propiedad que asesoró a la C.E.N.e. (Sesión de 27 de junio de 1975, pág. 68); - La conservación del patrimonio ambiental. Este bien jurídico no fue contemplado en el proyecto de la e.E.N.e. y, al parecer, fue introducido en su tramitación en la Junta de Gobiemo y en el Poder Ejecutivo. El proyecto de la e.E.N.e. declaraba que se comprendía en la función social de la propiedad, párrafo final, "el mejor aprillLecharnientode las fuentes de energía productiva para el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes". Esta frase, que tan bien culminaba, teórica y jurídicamente, el ámbito de la función social, fue reemplazada por la "conservación del patrimonio ambiental", que sólo viene a precisar, ampliándola, para el derecho de propiedad, una autorización para restringir el ejercicio de ciertas garantías que ya había concedido al legislador por el W 8 de este artículo 19.
m. La propiedad
minera.
A) La propiedad del Estado. La Constitución preceptúa, repitiendo la nonna de la de 1925, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiendo en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, que son del dueño del terreno en que se encuentren. Los dueños de los predios en cuyas entrañas se hallen las minas y demás sustancias de dominio del Estado, conservan la propiedad superficial, debiendo someterse
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a las limitaciones y obligaciones que imponga la ley para explotar y extraer los minerales. - Los yacimientos que contengan sustancias que el Estado no puede entregar en concesión, como los hidrocarburos líquidos y gaseosos y los demás que señale la ley, pueden ser explotados o beneficiados mediante cualesquiera de los siguientes sistemas: a) Directamente por el Estado; b) Por empresas del Estado; c) Por 'concesiones administrativas, que no pueden tener, para ningún efecto, carácter de concesión de las reguladas por el inciso séptimo del W 24, que estamos revisando, y d) Por contratos especiales de operación sometidos a las condiciones y requisitos que el Presidente de la República fije por decreto supremo. - Los yacimientos de cualquiera especie que se encuentren en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y los situados en zonas que la ley señale de importancia para la seguridad nacional no podrán ser entregados en concesión, pero podrán ser explorados, explotados y beneficiados a través de cualesquiera de los sistemaslndicaaos-y-siempre bajo las condiciones y requisitos que señale el Presidente de la República en los contratos especiales de operación.
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- Constitución de las concesiones: Las concesiones se constit~yen siempre por resolución judicial dictada conforme a la Ley de Concesiones Mineras. - Derechos y obligaciones del concesionario: El concesionario tiene la propiedad sobre su concesión minera y el derecho de usar, gozar y disponer de los resultados, beneficios y utilidades de la exploración y de la explotación mineras. Goza para ello del régimen de amparo que señala la ley. El concesionario debe cumplir con las obligaciones que, conforme a la ley, le imponga su régimen de amparo. Así, de acuerdo a éste, deberá desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión, bajo sanción de caducidad. Las causales de caducidad y sus efectos debe haberlos establecido la ley antes de que se otorgue la concesión, de modo que el concesiónario conozca, previamente, su régimen de amparo y el estatuto de sus.derechos y obligaciones. Sería, por tanto, inconstitucional la aplicación de una sanción de caducidad, o de extinción, que no hubiera podIdo prever el concesionario.
B) Sustancias que pueden ser objeto de concesiones. Pueden ser objeto de concesiones de exploración o explotación: las minas, covaderas, arenas metalíferas, salares, depósitos de carbón y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales y siempre que la ley las autorice expresamente.
- Término de las concesiones: Las concesiones pueden terminar por caducidad, en cuyo caso el concesionario puede impetrar la subsistencia de su concesión a la justicia ordinaria, o por extinción, siempre en los casos o situaciones previstos por la ley. Corresponderá a los tribunales ordinarios declarar el término de las concesiones y resolver las disputas sobre su caducidad o su extinción.
- Clasificación de las concesiones. Naturaleza jurídica: Conforme al inciso séptimo del W 24 pueden otorgarse concesiones de exploración y explotación, conjunta o separadamente. Los derechos del concesionario son derechos reales, ya que crean un vínculo y se poseen y se ejercen directamente sobre un objeto sin referencia a detenninada persona, razón por la cual son oponibles a todos y susceptibles de todo acto o contrato. Se trata, además, de derechos reales inmuebles, pues el objeto sobre que recaen -la sustancia mineral q\Je fonna la mina- es un inmueble, que se distingue y se considera separado de la propiedad del terreno superficial.
- La propiedad de las aguas: El inciso final del N° 24 otorga a los paI1iculares la propiedad de los derechos de aguas reconocidos o constituidos en confonnidad a la ley. En consecuencia, la preceptiva sobre el derecho de dominio de ese N° 24 protege a los titulares de los derechos de aguas, siempre que éstos hayan sido adquiridos confonne a la ley, en cualquier tiempo, o siempre que la ley, de modo expreso, reconozca a los particulares esos derechos. Para saber más del derecho de propiedad en la Constitución, se puede consultar: Evans qe la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales, Tomo IIf, Editorial Jurídica de Chile, 2004; Vergara Blanco, Ale-
jandro: Derecho de Aguas, Tomos I y [l, Editorial Jurídica de Chile, 1998, y del mismo autor: Principios y Sistema del Derecho Minero, Estudio Histórico-Dogmático, Editorial Jurídica de Chile, 1992; Ruiz Bourgeois, Carlos: Fundamentos constitucionales del Derecho de Minería, Revista de Derecho de Minas y Aguas, Universidad de Atacama, Vol. 1, 1990; Tribunal Constitucional: Sentencia Rol W 370 de 9 de abril de 2003. DERECHO SOBRE CREAC[ONES
[NTELECTUALES,
ARTÍST[CAS y SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
25°,- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por eLtiempo que señale la ley y que no será inferior al de La vida del titular:: El derecho de autor comprende la propiedad de Las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la Ley. Se garantiza, también; la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y~a Lapropiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercetrJ,-c;uartoy quinto del número anteri01; y Textos complementarios: Ley N° [9.039 de Propiedad [ndustrial, que comprende las marcas, las patentes de invención; los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer; Reglamento de la Ley N" 19.039, Decreto N" 177, Diario Oficial de 30.09.1991; Convenio de París para la Protección de la Propiedad [ndustrial, publicado en Diario Oficial de 30.09.1991; Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual; Ley N° 19.981 sobre FornentoAudiovisual. Se relacionan con esta garantía los artículos 1°, 19 N"s. 1,2,21, 22, 23, 24 y 26 Yartículos 20 y 63 de la Constitución.
Este precepto asegura conjuntamente la libertad para crear y difundir las artes y la propiedad intelectual, con sus formas específicas de propiedad literaria, artística (intelectual) y de propiedad industrial. El texto ofrece tres características:
a) Asegura la plena libertad creadora de las diversas manifestaciones artísticas y que, una vez creadas, ellas puedan ser difundidas o dadas a conocer por sus autores; b) El amparo de este tipo de propiedad es temporal, y corresponde a la ley señalar su duración. Así, en materia de propiedad intelectual, el dominio protegido por nuestra legislación se extiende durante toda la vida del autor y por los setenta años inmediatamente siguientes a su fallecimiento, en beneficio de sus herederos (ver artículo 10 de la Ley W 17.336). La propiedad industrial (marcas, modelos industriales, modejos de utilidad, patentes de invención, diseños industriales, etc.), por su parte, se extiende por plazos que varían entre diez y veinte años. Sin embargo, hay registros -como eJ de una indicación geográfica o denominación de origen- que tienen duración indefinida. c) Estas especies de propiedad son expropiables, y la privación del dominio se rige por las normas de la expropiación común o general del inciso tercero del W 24 que antecede. ~---J!at:a-sabgf-más sobreeste derecho,se puffien ver: Rttiz Tagle v., Pablo: Propiedad Intelectual y Contratos, Editorial Jurídica de Chile, 200 1; Herrera S., Dina: Propiedad Intelectual. Derecho de Autor, Editorial Jurídica de Chile, 1999; Iglesias M., Carmen: Propiedad Intelectual e Industrial, Lexis Nexis, 2003. PROTECCIÓN
JURíDICA DEL
LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
26°.- La seguridad de que Lospreceptos Legales que por mandato de la .constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, nopodrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Este número es una de las novedades de la Constitución de 1980. Su análisis debe hacerse desde una doble perspectiva: a) Por una parte, es una garantía de los restantes derechos constitucionales en cuanto a la inalterabilidad de la esencia de tales derechos por actos u omisiones de autoridad que afecten su ejercicio.
En tal sentido, se ha dicho que un derecho es afectado en su esencia cuando se lo priva de un elemento que le es consustancial o se lo somete a requisitos o exigencias que lo hacen irrealizable. b) Por otra parte, constituye una clara limitación al legislador, pues en los casos que puede regular el ejercicio de un derecho constitucional, tal regulación no puede incorporar preceptos que establezcan condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. c) Como cláusula de garantía general de los derechos humanos, debe ser vinculado con todos los numerales de este artículo 19. d) Por lo señalado, y si al legislador le ha sído vedado lesionar el ejercicio esencial de los derechos fundamentales, con mayor razón le estará prohibido al regulador reglamentario o a los órganos de la administración del Estado en la emisión de los actos que sean de su competencia. Para saber más acerca de esta norma, ver: Fermandois v., Arturo: El principio de reserva legal como garantía sustantiva, Revista Chilena de Delecho, Vol. 28, N° 2, 2006; Cea E.,Jesé-buis.:-Dcrecho-ConstituciQnal Chileno, Tomo n, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004; Varas A., Paulino y Mohor A., Salvador: Acerca de la esencia de los derechos constitucionales y de su libre ejercicio que consagra el artículo 19 W 26 de la Constitución, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso N° 18, 1997. EL RECURSO
DE PROTECCIÓN
Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números r, 2°,3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 1r, ]20, 13°, 15°, 16°en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, ya lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 2r, 22°, 23° 24° Y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio det derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del W 8° del artículo 19, cuando. el derecho a vivir en un medio ambiente libre de cOfltamin~ción sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autondado persona detenninada. . Consagra este precepto el denominado Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. Como acción constitucional nació positivamente en la Carta de 1980, siendo su antecedente un proyecto de reforma a la Constitución de 1925 presentado en 1972 y reiterado en 1973. Destacaremos lo~ aspectos más relevantes de esta disposición: a) La norma persigue -mediante la interposición de una acción-la protección de los derechos fundamentales que señala; b) Tales derechos pueden y deben ser protegidos cuando se los amenaza, perturba o son objeto de una privación, derivadas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales. .~ La amenaza puede concebirse como un mal futuro, cierto o pr¡decible, el cual no es procedente que sea soportable por quien lo sufre. A la cert~za o predicclOn, es menester agregar que la amenaza debe ser preclsable e~ .la fo~ulación concreta de sus resultados, requisitos tod?s que habIlitan al Juez para adoptar las medidas que juzgue convementes para restablecer la juridicidad que se amenaza quebrantar. . La pertur?ación dice relación con la alteración de una situación pac~fic~,~ranqUlla, es decir, el trastorno en el goce de un derecho o en su eJerCICIOregular. La privación constituye derechamente el despojo o desconocimiento de un derecho o el impedimento definitivo de su ejercicio. El acto u omisión, es decir, ejecutar, hacer algo o dejar de hacer aquello a ~ue se está obligado, pueden ser cometidos por particulares por el le~~sla~or, el administrador, el contralor y aun el juez, dada l~ formulaclOn dIspuesta por la Constitución que no limita al sujeto activo del agravio. Igual ocurre respecto de la persona agraviada, la que puede ser una persona na~ural o jurídica, de derecho público o privado, todo ello naturalmente cIrcunscrito a la naturaleza del derecho que se invoque como afectado.
c) Es tribunal competente la Corte de Apelacion~s respecti:a, es decir, aquella en cuyo territorio jurisdiccional s~ hublere cometido el acto o incurrido en la omisión, ilegales o arbitranos. d) Lo ilegal y arbitrario denotan una contrariedad co~ el Derecho y sus principios generales. Específicamente, cuan~o se ViOlael o:den jurídico alterando facultades regladamente confe.ndas por ~lleglslador a las autoridades públicas o cuando un particular actua al margen del ordenamiento señalado, se dice que hay ilegalidad. Hab~á arbitrariedad cuando el acto de omisión sea producto del mero capncho, de la voluntad no racional o de la ausencia de motivos que los justifiquen. e) En lo que se refiere al numeral 8 del artículo 19, el recurso de protección será procedente cuando el derecho a vivir en un ~n.~di~ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omlslOnllegal imputable a una autoridad persona determinada. f) El procedimiento del recurso de protección está reglamentado en el Auto Acordado de la Corte Suprema de junio 27 de 1992 y sus Rosteriores modificaciones, las que han ido sucesivamente haciendo más compleja la admisibilidad de la acción y extenuante su.:ormalización. Para saber más acerca del recurso de protecclOn, ver: Soto Kloss, Eduardo: El Recurso de Protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 1982; Gómez B., Gastón: Derechos Fundamentales y Recurso de Protección, Ediciones Universidad Diego Portales 2005' Navarro B., Enrique: Recurso de Protección y derecho a vi vi: en un 'medio ambiente libre de contaminación, Revista Chilena de
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Derecho, Vol. 20, N°s. 2 y 3. RECURSO DE AMPARO
Artículo 21. Todo individuo que se haUare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratu~a que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formaltda~es legales y adopte de inmediato las providencias que juz~ue necesar~~s para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debIda proteccLOn del afectado.
Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariament~, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso, y en igualforma, podrá ser deducido enfavor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación, o amenaza en su derecho a la libertad personaL y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en taLcaso Lasmedidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restabLecer el imperio deLderecho y asegurar Ladebida protección deLafectado. Textos complementarios: Auto Acordado de la Corte Suprema de 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación del Recurso de Amparo, y el Código Procesal Penal.
La Constitución establece y reglamenta en este artículo el recurso de amparo o de hábem
cormH ,
Se le define como aquel que puede deducirse, sin mayor formalidad, ante la Corte de Apelaciones respectiva cuando se ha producido una detención, apresamiento o una condena inconstitucionales o ilegales, a fin de que se ponga en libertad al afectado o se reparen los defectos con que se ha procedido. De esta definición se desprende: l. Que es un recurso en que se reclama de una detención, apresamiento o de una condena producidos con infracción de las normas constitucionales (artículo 19 N° 7) o legales (textos complementarios señalados en cada caso); 2. Que el recurso se plantea o presenta a la Corte de Apelaciones respectiva, que es aquella que tiene jurisdicción sobre el lugar en que se cometió la infracción de que se reclama; 3. Que el recurso tiene por objeto obtener la libertad del afectado o bien lograr que el procedimiento que lo afecta sea enmendado y se lleve de acuerdo con la Constitución y las leyes; 4. Que el recurso puede plantearlo o presentarlo cualquiera persona, por escrito o verbalmente, incluso telegráficamente;
5. La plena vigencia del Código Procesal Penal producirá como natural efecto que el recurso de amparo se reconducirá a impugnar decisiones de la autoridad administrativa que afecten la libeltad de las personas y no ya las resoluciones judiciales como ocurría con el antiguo sistema inquisitivo y, usualmente, secreto en la etapa de investigación. Es interesante en este tema revisar el Segundo Informe de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (reproducido en el Anexo de Documentos del Diario de Sesiones del Senado de 20 de junio del año 2000) en el cual se explica la determinación de ese órgano para no incluir en el Código Procesal Penal la regulación del recurso de amparo. En nuestro país existen Cortes de Apelaciones en las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talea, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. De la resolución que dicte la Corte de Apelaciones, podrá recurrirse ante la COlte Suprema. ------~-------Para saber más respecto del recurso de amparo, se puede ver: Tavolari O., Raúl: Hábeas Corpus. Recurso de Amparo, Editorial Jurídica de Chile, 1995; Díez 0., Sergio: Personas y Valores, Editorial Jurídica de Chile, 1999.
Recordemos que este Capítulo III se denomina "De los Derechos y Deberes Constitucionales". De los primeros y su garantía jurisdiccional tratan los artículos 19, 20 Y21 antes relacionados. Este artículo 22 contempla los deberes u obligaciones que pesan sobre toda persona por el hecho de habitar en Chile, sea temporal o definitivamente, como también trata de deberes aplicables sólo a los chilenos. Son emblemas nacionales los señalados por el artículo 2 de la Constitución. La defensa de la soberanía dice relación con preservar la independencia política y jurídica de la República respecto de otros Estados. La preservación de la seguridad nacional se refiere al amparo de los elementos constitutivos del Estado. Éstos son: sus fronteras, la estabilidad del poder legítimamente constituido y la intangibilidad de los derechos esenciales de sus habitantes. Este precepto debe concordarse con los artículos 6°, 15, 19 Ws. 10 Y 20 de la Constitución. Respecto de los deberes constitucionales, ver: Cea E., José Luis: Derecho Constitucional Chileno, Tomo n, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004. EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA RECONOCIDA A LOS GRUPOS INTERMEDIOS
Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile ya sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamentaL de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y Los valores esenciaLes de Latradición chilena. El servicio militar y demás cargas persoizales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están Legalmente exceptuados.
ArtícuLo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autononúa que la Constitución Lesreconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a susfines específicos, serán sancionados en confonnidad a Laley. Son incompatibLesLoscargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, naciOlzalesy regionales, de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas ya los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en eLfuncionamiento de Las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que Lapropia ley señale.
Textos complementarios: D.L. N° 2.306, de 1978, modificado por la Ley N" 20.045 de 2005, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Arma.das y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 224 del Ministerio de Defensa Nacional de 1979.
Textos complementarios: Código Civil (Título XXXIll); Código del Trabajo (Libro 1II). Este precepto debe relacionarse con los artículos 1°, 19N°s. 6, 11, 15, 16, 19,21.22,23, 24, 25 Y26 de la Carta Fundamental.
Uno de los principios inspiradores de la Constitución ~e 1980 es el de subsidiariedad del Estado (al cual hiciéramos referenCia al tratar el artículo 1°). Respecto a los grupos intermedios y la garantía a su auto.n?mía frente al Estado, supone a cambio que sus organizadores y d~ngentes no harán uso indebido de esos atributos, presumiendo el Constituyente que tal uso indebido ocurre cuando: 1) Intervengan indebidamente en actividades ajenas a los fines específicos de la respectiva agrupación; . . . . 2) Intervengan en actividades polítIco-partIdistas cuando qUien lo hace es un dirigente gremial. La protección a la autonomía se intensifica al encomendarse a la ley sanciones a los dirigentes de partidos políticos que interfieran e.nel funcionamiento de organizaciones gremiales o grupos que la misma ley señale. , Para saber más de esta norma, ver: Fernández G., Miguel Ang~l: Autonomía de los grupos iutermedios y detenninación de sus propiOS fines específicos, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad de Derecho, U. de Valparaíso, Edeval, Valparaíso, 2000; Ríos A.: 0t~taro: Asociaciones intermedias, Estado y bien común, misma pubhcaclOn anterior.
CAPíruLOIV GOBIERNO
Artículo 24. El Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservaci6n del OIdett ptíblitoell el iflteliOl y la seguridad externa de la Reptíblica, de acuerdo con la Constitución y las leyes; El 21 de mayo de cada aí10, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. En este artículo se encuentran las características constitucionales del cargo de Presidente de la República. Ellas son: 1) Es un cargo unipersonal; 2) Es ejercido por un ciudadano; 3) Cuyo título es "Presidente de la República", lo que lo tipifica como funcionario electivo, temporal y políticamente responsable; 4) Al que le corresponde el gobierno y la administración del Estado, y 5) Extendiendo su autoridad a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seg~ridad externa, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estas características, especialmente en lo relativo a las dos últimas, aparecen expresadas en diversos preceptos constitucionales: 32,39,40, 41,42,43 Y63 W 14,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,80, entre otros.
Desde otro ángulo, en esta disposición se contienen las "atribuciones generales" del Presidente de la República: gobernar, administrar Y conservar el orden público interior y la seguridad externa. En el altículo 32, la Constitución señala las "atribuciones especiales" o específicas del Presidente. En ambos casos, tratándose de las atribuciones generales o especiales, se trata de materias y asuntos que la Constitución ha colocado en la órbita de acción propia del Presidente de la República y que, por consiguiente, le son privativas. Ningún otro poder del Estado ~ órgano constitucional o autoridad puede invadir el campo de esas atnbuciones. REQUISITOS
PARA SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
transcurra un lapso de cuatro años. Lo que la Constitución exige es-que se haya ef~ctuado una elección de Presidente al término de su período; pero no eXige que el nuevo mandatario cumpla totalmente su mandato. Puede, por consiguiente, terminar antes y por cualquier causa, y en tal evento, el Presidente inmediatamente anterior podrá ser reelecto (salvo el caso de los artículos 52 W 2 y 53 W 1). Finalmente, el Presidente de la República necesita acuerdo del Senado para salir del país, otorgado confonne se señala en el W 6 del artículo 53, en dos casos: 1°. Si la ausencia será por más de treinta días, y 2°. En los últimos noventa días de su mandato, cualquiera que sea la duración de la salida.
DURAClÓN EN EL CARGO Y AUSENCIA DEL TERRITORIO NACIONAL ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
Artículo 25. Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números ]O o 2° del artículo LO, tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer Lasdemas calldades neeesUt ias pttl tt ser éudadan(}-C()l.l.der.edw a sufragio. . El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funcIOnes por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente. El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treint(l días ni en los últimos noventa días de su período, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y Losmotivos que la justifican. Los requisitos previstos en el inciso primero deben ser relacionados con los artículos 10 Ws. 1 y 2, 13, 16, 17,48 Y50 (ver notas correspondientes al artículo 10). La disposición del inciso segundo señala la duración del mandato presidencial: cuatro años (período señalado en la Ley. de Reform.a N0 20.050), Yestablece prohibición de la reelección inmediata del PreSldente de la República. Conviene destacar que quien ha sido Presidente de la República puede ser electo nuevamente sin que necesariamente
DE LA REPÚBLICA
Artículo 26. El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría a~soLu:ade los sufragios válidamente emitidos. La elección seefecdeter-
mine LaLeyorgánica coilstituciolial respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que está en funciones. Si a la eLecciónde Presidente se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará eLectoaquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así nofue re, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del deces~. La elección se celebrará el domingo más cerc,!no al nonagésimo dw posterior a la convocatoria.
Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pel1inente, la nonna contenida en el inciso primero del artículo 28. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes a la primera o segunda votación, según corresponda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública noventa días después de la primera o única votación y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador proclama al Presidente electo. En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado 'uramentoo romesa de desempeñarjielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Textos complementarios de los artículos 26 y 27: Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N" 18.700; Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados y Leyes N"s. 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y 18.460 sobre Tribunal Calificador de Elecciones. Estas disposiciones deben vincularse con los artículos 13, 14, 15, 16, 17 Y95 de la Constitución.
En los dos artículos que anteceden, la Constitución ha señalado el mecanismo de elección del Presidente de la República. Las etapas de la elección presidencial son las siguientes: l. La elección popular la realiza el electorado, noventa días antes del término del mandato del Presidente en funciones entre los candidatos inscritos en el Registro Especial a cargo del Director del Servicio Electoral, todo ello conforme a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. De acuerdo con la refonna introducida por la Ley N° 20.050, la elección de Presidente de la República se realiza conjuntamente con la de parlamentarios.
2. La votación directa implica que los electores marcan su preferencia en el nombre del candidato por el que sufragan para Presidente de la República, por lo que no delegan esa facultad en otros electores. 3. La mayoría absoluta exige que el candidato electo tenga emitidos en su favor, a lo menos, la mitad más uno de los sufragios emitidos válidamente. 4. De no darse tal mayoría, se realiza una segunda vuelta entre los dos candidatos que resultaren con las más altas mayorías relativas, si es que los candidatos fueren más que dos. La segunda vuelta se verifica el trigésimo día después de la primera, si ese día fuere domingo; si así no aconteciere, la elección en segunda vuelta se verifica al domingo siguiente al trigésimo día señalado. 5. La calificación del proceso electoral y el conocimiento y fallo de las reclamaciones que se deduzcan corresponden al Tribunal Calificador de Elecciones, el que termina su labor prácticamente con el escrutinio general y definitivo de la(s) elección(es) Presidencial(es) y comunicándolo al Presidente del Senado. 6. Congreso Pleno es la reunión conjunta de ambas ramas del Congreso en un mismo recinto bajo la dirección del Presidente del Senado. Este es uno de los casos previstos por la Constitución en que el Congreso Pleno se reúne. SUBROGACIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO
Artículo 28. Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema. Con todo, si el impedimento del Presidente efecto fuere absoluto o debiere durar indejini~mente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53 N° 7, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta días, a nueva elección en laforma prevista por la Constitución y la Ley de Elecciones. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará
el! el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.
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Se trata este artículo de regular la subrogación del presidente electo. Presidente electo es aquel que siendo elegido por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos hasido proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones, pero aúnno ha asumido su cargo en la fonna prevista por el inciso final del artículo 27. Hay dos tipos de impedimentos que pueden distinguirse: 1) Temporal. Caso en el cual le subroga como Vicepresidente de la República el Presidente del Senado, a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados y, en su defecto, el Presidente de la Cot1e Suprema. Terminado el impedimento, el Presidente electo debe asumir el cargo conforme al artículo 27; 2) Si el impedimento es absoluto, o debiere durar indefinidamente, corresponde al Senado declarar que debe procederse a una nueva elec~c~io~· n~,~m~ed~o adoptado en conformidad- GOO--1o- dispugst.(} por el artículo 53 N° 7, Yproducido ello, el Vicepresidente de la República debe convocar a las elecciones presidenciales correspondientes. El Presidente que se elija dura en su cargo hasta el día en que hubiere cesado en él el Presidente electo impedido absolutamente de ejercerlo. SUBROGACiÓN
DEL PRESIDENTE
EN EJERCICIO
Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave nwtivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. Afalta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema. En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior. y ._ se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección general de parlamentarios, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio y durará en el cargo hasta noventa días después de esa elección general. Conjuntamente, se efectuará una nueva elección presidencial por el período señalado en el inciso segundo del artículo 25. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a lafecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes. Si la vacancia se produjere faltando dos alios o más para la próxima elección general de parlamentarios, el Vicepresidente, dentrode los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el sexagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación. El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes du.rará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. Estas son las disposiciones constitucionales sobre subrogación del Presidente en ejercicio. Conforme a ellas es preciso distinguir dos grandes grupos de situaciones: 1°. Impedimento temporal del Presidente de la República. Se contemplan enfennedad, ausencia del territorio u otro grave motivo (frase comprensiva de múltiples otras posibilidades). En todas estas situaciones subroga al Presidente el ministro de Estado a quien favorezca el orden de precedencia de los ministros que ha fijado la ley y que empieza con el Ministro del Interior. A falta de ministros de Estado, la subrogación corresponde, sucesivamente, al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Diputados y al Presidente de la Corte Suprema. 2°. Impedimento absoluto del Presidente de la República. La Constitución ha señalado el caso de vacancia, la que puede darse por muerte, o alguno de los supuestos previstos por el W 7 del artículo 53, u otra clase de imposibilidad absoluta.
En tal caso, la Constitución atiende al período faltante para la próxima elección presidencial para determinar la forma de elegir el nuevo Presidente. En primer término se produce la subrogación prevista para el impedimento temporal, subrogación que dura el tiempo en que operen los mecanismos que.señalan los incisos tercero y cuarto. En segundo lugar, si la vacancia ocurre faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente es elegido por el Congreso Pleno y por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio, durando en el cargo hasta completar el período del que generó la vacancia. Por último, si la vacancia se produjere faltando dos o más años para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente que corresponda, conforme al orden de subrogación, convocará a elección presidencial a la ciudadanía, todo ello para el día sesenta luego de la convocatoria. Tal convocatoria debe hacerse dentro de los diez primeros días de mandato del vicepresidente. El Presidente elegido conforme al párrafo anterior dura en su cargo sólo el período faltante de que pro lija a vacanCla, sm po er ser ree ec o para otro. DIGNIDAD
DE EX PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Artículo 30. El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y eLartícuLo 62. No LaaLcanzará eLciudadano que Lleguea ocupar eLcargo de Pre~idente de la República por vacancia deLmismo ni quien haya sido declarado culpabLe en juicio político seguido en su contra. ELEx Presidente de la RepúbLica que asuma aLgunafunción remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto Ladesempeñe, de percibir La dieta, manteniendo, en todo caso, eLfuero. Se exceptúan Losempleos docentes y Lasfunciones o comisiones de iguaLcarácter de la enseñanza superior, media y especial.
Esta norma se complementa con el artículo 25, inciso segundo, en lo que se refiere al período de duración en el cargo de Presidente de la República. Los incisos segundo y siguientes fueron agregados al texto de la Carta Fundamental por la Ley de Reforma Constitucional W 19.672, publicada en el Diario Oficial de 28 de abril del año 2000 y posteriormente modificados por la Ley de Reforma W 20.050. Se trata de normas de carácter político cuyo objetivo es dotar a los ex presidentes de la República que hubieren completado su período de mandato, de dos privilegios parlamentarios, a saber: el fuero y la dieta que contemplan los artículos 61 y 62 de la Constitución. Tratándose de la dieta, la percepción de ese beneficio queda sujeta a la incompatibilidad de desempeñar alguna función remunerada con fondos públicos, mientras la desempeñe, con excepción de los empleos y oficios docentes que indica. Como se señaló, la Ley de Reforma Constitucional N° 20.050, al eliminar a los senadores vitalicios, modificó el texto de este artículo en aquella parte que facultaba a los ex residentes renunciar a ese car o manteniendo la dignidad de ex presidentes con los beneficios revisados. Artículo 31. El Presidente designado por eL Congreso PLeno o, en su caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la República. Ver explicaciones artículo 32, y concordar con los artículos 39 al 43, 63 N" 14,64.65. 67,68.70.71, 72, 73, 74, 75, 78. 80, 85,92,98,104,107, 111, 116, 127, 128 Y 129 de la Constitución .• Respecto de los preceptos recién analizados (artículos 24 al 31), se puede consultar: Silva 8ascuñán, Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Torno V, Editorial Jurídica de Chile, 2000; Fermandois v., Arturo: Gobierno dividido versus gobierno unificado: Reflexiones sobre el período presidencial, Revista Chilena de Derecho, Vol. 27, N" 3,2000. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
ESPECIALES DE LA REPÚBLICA
Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1°.- Concurrir a Laformación de LasLeyescon arregLoa LaConstitución, sancionarlas y promuLgarLas;
2°._ Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible; ]0. _ Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución; 4°.- Convocar a plebiscito en los casos del artículo 128; so.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución; 6°.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes; r- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; 8°.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organisnws internacionales. Tanto estos funcionarIOScomo los senalados en el W r precedente, seranaetacon]ianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella; 9°.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado; 10°._ Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine; 1 ]0.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes; 12°.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a losjueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;
1]°.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación; 14°.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso; Iso. - Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientespara los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 N° r. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas si el Presid~e~n_te de la República así lo exigiere; 16°.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105; 1r.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional; 18°.- Asumir, en caso de guerra, la jefatu;a suprema de las Fuerzas Armadas; 19°._Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y 20°.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables derivadas de .calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de ·grave d(lflOo peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de
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los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los gims que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2o/~)del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupues~os. Se po~ra contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero .sm que elltem respectivo pueda ser incrementado ni disminuid~ medwnte traspasos. Los Ministros de Estado ofuncionarios que autoricen o den curso a gasto.s que contravengan lo dispuesto en este número seránresp~nsables solIdaria y personalmente de su reintegro, y culpables del deltto de malversación de caudales públicos. Concordar con los artículos 4°,5°,6°,7°,8°,39 al 43, 63 N" 14,64,65, 67, 68,?0,.~ 1, 72,73,74,75,78,80,85,92,98,104,107,111,116,127,128 Y 129 de la ConstltuClOn.
Las atribuciones especiales del Presidente de la República admiten la siguiente clasificación:
Analizaremos estos grupos de atribuciones presidenciales en forma separada. a) Atribuciones constituyentes (artículos 32 N° 4 Y 128): El Presidente de la República es uno de los titulares de! Poder Constituyente derivado, y en tal calidad tiene iniciativa para proponer proyectos de refonna a la Constitución, aprobar, rechazar o fonnular observaciones a los proyectos de refonna que surjan de las Cámaras de! Congreso, promulgar y publicar las leyes de refonna que concluyan el proceso respectivo. Además, y conforme con el artículo 32 W 4, puede convocar a plebiscito en los casos del artículo 128, es decir, convocar al pueblo a decidir por medio del voto, los conflictos que surjan entre el Presidente y el Congreso en tomo a una refonna a la Constitución. b) Atribuciones legislativas: La intervención del Presidente de la República en el proceso de fonnación de la ley, desde su prerrogativa de iniciativa hasta la promulgación, será expuesta en las "Notas" a los ar5, de manera que el cuadro que antecede, con indicación del artículo correspondiente de la Constitución, ofrece sólo una visión general. Ahora, nos detenemos en una atribución que merece su análisis. Es de carácter directo, porque incide en el proceso de formación de la ley facultando al Presidente de la República para plantear ante el Tribunal Constitucional [as cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de refonna constitucional y de los tratados. En ejercicio de esta facultad, el Presidente puede, por ejemplo, instar por [a eliminación o modificación de cualquier precepto, nOlma o indicación que estime inconstitucional y que haya.sido introducida en un proyecto. o
Participación en la discusión (art. 37) Petición de urgencia (art. 74) Requerimiento al Tribunal Constitucional (art. 93, N°s. 2,3 ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS
inciso 4°) Sanción, veto y promulgación (artículos 72, 73, 75) Publicación (art. 75) Dictación Decretos con Fuerza de Ley (art. 32 N° 3 Yarto 64) Potestad Reglamentaria de Ejecución (art. 32 N" 6) Potestad Reglamentaria Autónoma (art. 32 N° 6)
ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS
ATRIBUCIONES GUBERNATIVAS
ATRIBUCIONES JUDICIALES
Requerimiento al Tribunal Constitucional (art. 93 N°~) . Nombramiento, destitución y control de empleados pubhcos (art. 32 N°s. 7, 8,9,10,12,16). La emergencia económica (art. 32 N° 20) La Fuerza Annada y la guerra (art. 32 N°s. 17, 18 Y 19 Las Relaciones Exteriores (art. 32 N"s. 8 y 15) La Emergencia Política (art. 32 N° 5) Concesión de Beneficios Previsionales (art. 32 N" 11) Concesión de Indultos Particulares (art. 32 N° 14)
c) Atribuciones
administrativas:
1) Potestad reglamentaria autónoma (artículo 32 N° 6): Es la facultad que tiene e! Presidente de la República para dictar los decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para ejercer la función de administrar e! Estado. Todos estos textos deben llevar la finna del ministro de Estado respectivo.
Decreto (decreto supremo) es toda orden escrita del Presidente de la República sobre una materia administrativa o gubernativa y en cumplimiento de la Constitución o de las leyes; Reglamento es el decreto supremo que contiene disposiciones metódicas de carácter permanente destinadas a cumplir los preceptos legales. Sobre los decretos supremos y reglamentos, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 35.
loría General de la República el control jurídico de los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente de la República. En el caso de que ese organismo contralor rechace un decreto con fuerza de ley por estimarlo inconstitucional, el Presidente puede, dentro de diez días siguientes, plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional (artículos 93 N° 4 Y 99). Se trata, como puede apreciarse, de una nueva atribución administrativa del Presidente de la República.
Instrucciones son normas que imparten el Presidente de la Repúbli.¡f ::.·.·.. l ca y los ministros de Estado al personal de la Administración del Estado indicándoles forma y proceoimientos para el adecuado funcionamiento de un servicio o sector estatal. Estas tres expresiones de la Potestad Reglamentaria deben ajustarse a la Constitución y a las leyes, y corresponde a la Contraloría ejercer el 1 control jurídico correspondiente (ver "Notas" al artículo 99). El Presi¡ dente de la República puede, en casos calificados, hacer presente a la ' Contraloría la "urgencia" para la tramitación de los decretos, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley W 10.336. ----~---;-~~....,mt-Hif+tn Existen otras dos manifestaciones, muy particulares y de excepción, de la Potestad Reglamentaria: Los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley. Decreto ley: Es el dictado sobre materias de ley por un Poder Ejecutivo de facto que ha concentrado en el Gobierno todos los Poderes del Estado. Son propios de un período de trastornos institucionales y de un Gobierno que actúa al margen de todo ordenamiento jurídico. DeCreto confuerza de ley: Es el dictado sobre materias de ley pordel Presidente de la República en virtud de una autorización que le ha si alma I expresamente concedida por la ley. Se reglamentan en el artículo 64 de la Constitución. f
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Textos complementarios: Ley N° 10.336 de 29 de mayo de 1952, Orgánica de la Contraloría General de la República, y Ley N" 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
2) Requerimiento al Tribunal Constitucional ante el rechazo de un decreto confuerza de ley (artículo 93 N° 4). . Hemos explicado en el párrafo que antecede qué son los decretos con fuerza de ley. De acuerdo con el artículo 99, corresponde a la Contra-
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3) Nombramiento, institución y control de empleados públicos (artículo 32 números 7, 8, 9, 12 Y 16). Nombramiento de empleados públicos: En esta materia hay que distinguir los siguientes empleos: a) Cargos políticos o de confianza exclusiva: El Presidente de la República nombra libremente a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores y funcionarios de las subsecretarías de los ministerios. b) Cargos diplomáticos: El Presidente nombra a los embajadores y .••. is.Htr+lo..-s-l-
nal de Defensa de la Libre Competencia y del Fiscal Nacional Económico). f) Contralor General de la República: Lo nombra el Presidente de la República con acuerdo del Senado. 4) Control del comp011amientofuncionario (artículo 32 W 13). Corresponde al Presidente de la República velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinariás del tribunal competente, o para que si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Esta atribución debe relacionarse con los artículos 76, 79 Y80 de la Constitución. d) Atribuciones gubernativas: 1) La emergencia económica (artículo 32 W 20). En los casos de emergencia que el texto señala, el Presidente de la República puede decretar pagos (gastos públicos) no autorizados en la Ley de Presupuestos (ver artículo 67) ni en otro texto legal, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) La dictación de un decreto con la fillna de todos los ministros de Estado, y b) Que el total de pagos que se hagan en un año calendario no excedan del 2% del total de gastos autorizados par~ el mismo período por la Ley de Presupuestos vigente. Debe relacionarse este número con el inciso primero del artículo 99 que prohíbe a la Contraloría General de la República tomar razón de los decretos que excedan de ese margen del 2%, y con el mismo inciso, que obliga a la Contra loría a dar cuenta a la Cámara de Diputados de los decretos que se hayan dictado en ejercicio de esta atribución presidencial. 2) Lafuerza armada y la guerra (artículo 32 números 17, 18 Y 19). La facultad de disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas debe ser concordada con los números 13 y 15 del artículo 63, que establecen que es materia de ley fijar las Fuerzas Annadas (su
número) para tiempos de paz y de guerra y pennitir la salida de tropas chilenas al exterior. Respecto de la atribución presidencial de declarar la guerra, es el término de un proceso jurídico que explicaremos al referimos al W 15 del artículo 63 en las "Notas" respectivas. En caso de guerra exterior, finalmente, el Presidente de la República puede declarar el estado de asamblea en unas o más porciones territoriales del país que se vean amenazadas o invadidas, situación que produce efectos administrativos y judiciales en el plano militar. 3) Las relaciones exteriores (artículo 32 N° 15). Corresponde privativamente al Presidente de la República conducir las relaciones exteriores del país. En consecuencia, el Presidente determina los Estados con que mantiene, rompe, reanuda o inicia relaciones diplomáticas, consulares, o comerciales oficiales, sin intervención o injerencia de otro Poder. En materia de tratados internacionales, corresponde al Presidente de la República iniciar las conversaciones preliminares (por medio de sus embajadOles, agentes diplomáticos o Ministerio de Relaciones Exteriores), fonnular las primeras estipulaciones, concluir la redacción definitiva, finnarlos, ratificarlos y, si se ha producido el canje de las ratificaciones, promulgarlos para que tengan fuerza de ley en nuestro país. Entre las etapas de firma y de ratificación opera, por única vez, el Congreso para aprobar o rechazar el tratado (artículo 54 W 1). Debe recordarse, además, la facultad del Presidente de la República de recurrir al Tribunal Constitucional en materia de tratados, confonne al artículo 93 N° 3, sin perjuicio del control obligatorio de constitucionalidad previsto por el numeral 1 de esta última nonna, en caso que el tratado contenga preceptos propios de ley orgánica constitucional. 4) La emergencia política: Para los casos de emergencia política (guerra interna, conmoción interiOl; casos de alteración del orden público, daño o peligro para la . seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo) la Constitución ha previsto dos mecanismos o regímenes de emergencia política: el estado de sitio y el estado de emergencia, los que se reglamentan en los artículos 40 y 42.
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e) Atribuciones judiciales: Se ejerce una "función judicial" cuando se resuelve un conflicto o asunto de orden temporal, declarando, reconociendo o concediendo un derecho, beneficio o sanción en virtud de la aplicación al caso de normas de derecho de carácter general o de principios de equidad.
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1) Concesión de beneficios previsionales (artículo 32 W 11). Corresponde al Presidente de la República conceder jubilaciones, retiros y goce de montepíos, pensiones de gracia, de acuerdo con las leyes, a los funcionarios de la Administración del Estado. Jubilación: es el derecho del funcionario que deja su cargo en la Admi nistración para percibir una renta anual pagadera mensualmente, equivalente a la remuneración que ganaba y en relación con los años de servicio. Retiro: es la jubilación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Montepío: es el derecho de los parientes cónyuge, hijas, hijos menores del funcionario que fallece en actividad o jubilado para percibir una pensión proporcional a la remuneración que percibía el causante y en relación con sus años servidos. Pensión de gracia: es el beneficio económico que se concede por méritos o servicios propios o extraños, o bien por pura gracia, a quienes a su vez no reúnen los requisitos legales para percibir una pensión de algún sistema previsional. Cualquier reclamo sobre el monto, u otro elemento, de estos beneficios puede plantearse al propio Presidente de la República o a los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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Texto complementario: Ley N" 18.834 de 23 de septiembre de 1989.
2) Concesión de indultos particulares (artículo 32 N° 14). Los indultos particulares, que benefician a una persona, son concedidos por el Presidente de la República por medio de un decreto del Ministerio de Justicia. La Constitución no ha fijado límites al Presidente para el ejercicio de esta atribución; sin embargo, al Poder Ejecutivo, por razones de conveniencia práctica y para evitar peticiones manifiestamente injustas o improcedentes, se ha limitado esta facultad mediante la Ley N° 18.050 (6.11.1981) aja que debe ajustarse toda solicitud en esta materia y el procedimiento para el otorgamiento del beneficio.
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Para saber más acerca de las atribuciones especiales del Presidente de la República, recomendamos: Silva Bascuñán, Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Editorial Jurídica de Chile, 2000; Bulnes A.. Luz: La extensión de la Potestad Reglamentaria en la Constitución de 1980, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Valparaíso, Edeval, 2000; Cea E.. José Luis: Teoría del Gobierno, Derecho Chileno y Comparado, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000; Caldera D., Hugo: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo n, Ediciones Parlamento Ltda., 2001. MINISTROS
DE ESTADO
Artículo 33; Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros titulares. El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más AtU nistros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional. Textos complementarios: Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912 que organiza las Secretarías del Estado, de 30 de noviembre de 1927 y sus modificaciones y Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, N" 18.575. de 5 de diciembre de 1986.
El número de ministerios y las divisiones, departamentos, secciones y oficinas que comprende cada uno de ellos son materia de ley. Los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores. El orden de antigüedad de ellos es: Interior (que comprende las subsecretarías del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo y dependen o se relacionan con él a lo menos unos 6 servicios); Relaciones Exteriores (que cuenta con una subsecretaría y con 7 Direcciones Generales); Hacienda (con una subsecretaría y 5 servicios dependientes); Educación Pública (con una subsecretaría y 5 servicios dependientes); Justicia (con una subsecretaría y 7 servicios dependientes); Defensa (con cinco subsecretarías); Minería (con una
subsecretaría y 7 organismos relacionados); Economía y Energía (con tres subsecretarías y 10 servicios dependientes y relacionados); Trabajo (con dos subsecretarías y 7 servicios dependientes); Salud (con dos subsecretarías y 7 servicios dependientes e instituciones relacionadas); Agricultura (con una subsecretaría y 7 servicios dependientes e instituciones relacionadas); Obras Públicas, Transpolie y Telecomunicaciones (con dos subsecretarías); Vivienda y Urbanismo (con dos subsecretarías y cuenta con dos servicios descentralizados); Planificación y Cooperación (cuenta con una subsecretaría y se relaciona con 5 instituciones); Secretaría General de la Presidencia (con una subsecretaría y 3 organismos relacionados), y Secretaría General de Gobierno (con dos subsecretarías y se relacionan con el Presidente de la República a través de este Ministerio el Consejo Nacional de Televisión y Chiledeportes). Tienen, además, rango de Ministro la Directora del Servicio Nacional de la Mujer (con una subsecretaría) y el Ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (cuenta con una subdirección y un Consejo Regional en cada región del país). Se refieren a los ministros de Estado, fuera de las disposiciones de este palTafo, (os sigUIentes aI1lcliTos:5TN° 1, 52 N° 2 letra b), 53 N° ~ 57, 59, 93 N° 13,99 Y 106. Para acceder a información más detallada acerca de los ministerios, subsecretarías y servicios dependientes, relacionados o instituciones que se vinculan con ellos, ver: Vergara B., Alejandro: Código Administrativo General, LexisNexis, 2006. REQUISITOS
PARA SER MINISTRO DE ESTADO
Artículo 34. Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública. En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reempl.azado en laforma que establezca la ley.
vistas por el artículo 10 de la Constitución. Curiosamente, la norma relativa a los 21 años fue establecida cuando esa era la cantidad de años con la que se llegaba a la mayotia de edad. Hoy, como es sabido, la mayoría de edad se alcanza a los 18años, por lo que no todo ciudadano (aI1ículo 13) puede ser Ministro de Estado, sino aquellos que tengan 21 años. En lo que respecta a los requisitos generales para el ingreso a la administración pública, deberá estarse a las normas de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 1210s señala. De entre ellos destacamos: a) ser ciudadano ... ; b) haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente; c) tener salud compatible con el desempeño del cargo; d) haber aprobado la educación básica y poseer nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; e) no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido condenado por crimen o simple delito. Respecto del inciso final, debe agregarse que el artículo 25 de la Ley N~18 575, sobre Rases Generales de1aAdministracióndel Estaoo,s=enu;~au;la>l----~que "el Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario y, en caso de existir más de uno, por el de más antigua designación, salvo que el Presidente de la República nombre a otro Secretario de Estado o que la ley establezca para Ministerios determinados otraforma de subrogación". Para saber más de esta norma, ver: Silva B., Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Editorial Jurídica de Chile, 2000; Vergara 8., Alejandro: Código Administrativo General, LexisNexis, 2005. REQUISITOS
DE VALIDEZ DE LOS REGLAMENTOS
Y DECRETOS SUPREMOS
Textos complementarios: Ley N° [8.834 y Ley N" [8.575. Este artículo debe relacionarse con [o dispuesto en el artículo 93 N" [3.
Artículo 35. Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca LaLey.
Para ser Ministro .~e Estado basta con tener la nacionalidad chilena, y~ por nacimiento, poi vínculo sanguíneo o por las restantes formas pre-
Texto complementario: Decreto N° [9, de 200 [, de la Secretaría General de [a Presidencia, que faculta a los ministros de Estado para finnar "por orden del Presidente de [a República".
Se trata de una exigencia o requisito de validez de los reglamentos y decretos supremos, los cuales deben llevar la finna del o de los ministros de Estado que corresponde bajo sanción de nulidad y de no ser obedecidos. En los decretos, es decir, actos de efectos particulares y en las instrucciones presidenciales, puede faltar la firma del Presidente de la República, ya que la Constitución autoriza la firma de tales instrumentos solamente por el ministro del ramo, e incluso por el subsecretario con la frase "por orden del Presidente". Para saber más acerca de esta disposición, ver: Soto Kloss, Eduardo: La delegación de firma en el Derecho Administrativo Chileno, Revista lus Publicum W 1, 1998, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás; Tribunal Constitucional, Sentencia Rol W 153 de 1993. RESPONSABILIDAD
DE LOS MINISTROS
DE ESTADO
Artículo 36. Los Ministros serán responsables individualmente de los (lctos quejirmun!n y Jolidaritl11lent~5Lfsc-r-ibi#gJUulC()fdar-e1Z..con los otros Ministros. Este precepto hay que relacionarlo con los artículos 6°, r, 38, inciso 2°, 52 N°s. I y 2 letra b) Y53 N"s. I y 2 de la Constitución.
La responsabilidad de los ministros de Estado puede ser penal funcionaria (se hace efectiva mediante el juicio político), civil (se hace efectiva ante el Senado y, luego, ante los Tribunales de Justicia) y política (eñ Chile no la tienen ante el Congreso). Al mismo tiempo, la responsabilidad, en cualesquiera de los casos, puede ser personal, por los actos en que interviene un solo ministro, o solidaria, por los actos en que intervienen dos o más ministros (caso del artículo 32 N° 20). Como se deduce de lo expuesto, la responsabilidad de que trata la nOlma es funcionaria y no deriva, por lo tanto, de los actos que ejecuta un ministro como persona particular. En ese sentido, se señala que "los actos funcionarios se traducen, normalmente, en documentos escritos, decretos, reglamentos, instrucciones, etc., pero podrán también originarse responsabilidades surgidas en comunicaciones telefónicas, radiales, de televisión, e-mail, o incluso en conversaciones u órdenes verba-
les. Para que el ministro contraiga responsabilidad no se requiere, en efecto, documento escrito; la firma es una manera de determinar o comprobar la responsabilidad, pero el mismo texto del artículo 36 en examen, que se refiere a tal requisito como antecedente de responsabilidad, admite que ésta se produzca aun sin firma, por el simple acuerdo con otros Ministros" (Silva Bascuñán, Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Ed. Jurídica, 2000). ASISTENCIA A SESIONES DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS
Artículo 37. Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador alfimdamentar su voto. Sin perjuicio de lo anterior, los MinistlVS deberán concurrir persoente a 1m ~efÍ0t1e5 especiales que la Cámara de Diputados o e+.l~~~~_ Senado convoquen para inforJ11arSesobre asuntos que,perteneciendo al ámbito de las atribuciones de las correspondientes "Secretarías de Estado, acuerden tratar. Aun cuando el tema de este artículo será abordado al revisar los artículos 65 al75 sobre foonación de la ley, es necesario efectuar algunos comentarios previos. En efecto, y tratándose especialmente de aquellas materias de ley que son de iniciativa del Presidente de la República, la asistencia de los Ministros de Estado a las sesiones de las Cámaras del Congreso Nacional es esencial para el trámite exitoso del proyecto respectivo, en especial cuando esté involucrada un área relativa a la correspondiente cartera ministerial. Constituye, por lo tanto, otra manifestación del carácter colegislador del Presidente de la República que, usualmente, no se limita al simple d.espacho de ~ainiciativa legislativa con los fundamentos del mensaje, smo que requIere, por lo general, de la asistencia del Ministro cuya cartera se vincule o afecte el proyecto, para acelerar el trámite, favorecer su discusión, aclarar las dudas que s.e presenten, etc., sea en sesiones de sala o bien durante la discusión en las comisiones especializadas.
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'r El inciso segundo fue incorporado por la Ley de Reforma W 20.050 y debe ser relacionado con las nuevas disposiciones del artículo 52 N° l. Los efectos de este precepto se extienden más allá de la asistencia de los ministros a la etapa de discusión de los proyectos de ley, pues les impone asistir a las sesiones especiales convocadas, ya por el Senado ya por la Cámara de Diputados, para recibir información sobre asuntos pertenecientes al ámbito de atribuciones de los respectivos ministerios. BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACiÓN
DEL ESTADO
Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el peifeccionamiento de sus integrantes. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, poresponsábilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Textos complementarios: Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y Ley N" 19.882, que establece el Sistema de Alta Dirección Pública. Este artículo y las disposiciones de la Ley N" 18.575 deben relacionarse con los artículos 6°,7°, 19 números 2 y 17, Y 32 N" 12.
La ley orgánica dictada en cumplimiento del mandato del Constituyente fue la Ley N° 18.575 de 5 de diciembre de 1986, denominada de Bases Generales de la Administración del Estado. Mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2001, se fijó su texto refundido, coordinado y sistematizado. Importa destacar que esa ley desarrolla en sus disposiciones las materias que la Constitución estima esenciales en una ley que fije las bases sobre las que se estructura la administración del Estado, a saber: l. Determinar cuál será la organización básica de la Administración Pública; 2. Cómo se garantizará la carrera funcionaria y cuáles son los principios de carácter técnico y profesional con losque deba fundarse;
3. Cómo se asegurará el principio de igualdad de oportunidades de ingreso a ella y la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes; 4. Que todo daño causado a un administrado o persona por la acción u omisión de la administración del Estado, por sus organismos o las municipalidades es indemnizable. Acerca de esta norma, puede consultarse: Caldera D., Hugo: Sistema de responsabilidad extracontractual del Estado en la Constitución Política de 1980, Editorial Jurídica de Chile, 1982; Soto K., Eduardo: Bases para una teoría general de la responsabilidad del Estado en el Derecho Chileno, Revista de Derecho y Jurisprudencia 81, N° 3, 1984; Fiamma O., Gustavo: La acción constitucional de responsabilidad y la responsabilidad por falta de servicio, Revista Chilena de Derecho, Vol. 16, W 2, 1989; Cordero v., Luis: La Responsabilidad de la Administración del Estado, Bases para una sistematización, LexisNexis, 2003; Boloña K., Germán: Responsabilidad del Estado por Daños. Derecho Chileno y Francés, Editorial Jurídica La Ley, 2004. ESTADOS DE EXCEPCiÓN CONSTITUCIONAL
Altículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Arlículo 40. El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde lafecha en que el Presidente de la República someta la declaración . de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirte modificaciones. 5.i el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.
Sin embargo, el Presidente de la Repúblicapodrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronittlcia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión.Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el CongresoNacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45. La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que el Presidentede la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior,salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. Artículo 41. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. El Presidente de la República estará obligado a informar al CongfeSONacional de las medidas (jdoptadtt~irlud-deJ.esHUltHJe-mtá-s---~+.trofeoEl CongresoNacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado enforma absoluta. Con todo, el Presidentede la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdodel CongresoNacional.El referidoacuerdo se tramitará en laforma establecida en el incisosegundo del Qltículo40. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. ' 1 42 El d d . d lt" d l A rtlcu o . esta o e emergencta, en caso e grave a eraclOn e 'bl' d da l 'dadd l H ., l d l Ofiden pu ICOo e grave no para a segun e a /VaClOn,o ec arará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas,el Presidente requerirá siempredel acuerdo del COIlgre-
so Nacional. El referido acuerdo se tramitará en lafonna establecida en el inciso segundo del artículo 40. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. El Presidente de la República estará obligado a informar al Con" greso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. Artículo 43. Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República quedafacultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar,abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de ~of+jp",i.."edfHaftdto-. ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-
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Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en suspropiasmoradaso en lugaresque la leydeterminey que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringirel ejercicio del derecho de reunión. Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la nonnalidad en la zona afectada. Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la Repú., . Mca podra restrmgir las libertades de locomoción y de reunión . Artículo 44. Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucio~}}~__ n.!!..E.~q!,,~;t[e.E.!c:.~JE.~'!'!!.l!.!.t~{as 1
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y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Artículo 45. Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas palticulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a travé~ de los recursos que corresponda. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause d(lfío. Textos complementarios de los artículos 39 a145: LeyJ'E.lll;4+5, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, publicada en el Diario Oficial de 14 de junio de 1985.
Estrechamente vinculado con las atribuciones del Presidente de la República, la Constitución ha regulado lo relativo a los estados de excepción constitucional. La normativa que nos ocupa fue sustancialmente modificada por la Ley de Reforma N° 20.050 de 2005, especialmente en lo que decía reladón con la participación del Consejo de Seguridad Nacional en la declaración de los estados de excepción, con la reducción de los plazos a que podrá extenderse la declaración de algunos de ellos y, en general, con las facultades de! Congreso Nacional en estas materias. Puede señalarse que los estados de excepción constitucional son regímenes de excepción y transitorios, especialmente establecidos por la Carta Fundamental para resguardar la integridad de los elementos que conforman el Estado, a saber, su territorio amenazado por una invasión extranjera o una guerra con otro Estado; e! poder legítimamente constituido amenazado por una insurrección o cualquier atentado o daño al
orden institucional, o bien a sus habitantes, en razón de la ocurrencia de catástrofes naturales o de la destrucción del medio ambiente. Los estados de excepción que habilitan para afectar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales son los siguientes: 1. Estado de asamblea, el que se decreta en situación de guerra externa por medio, y con los efectos que previene e! artículo 43, primer inciso, previa observancia de los trámites previstos por e! artículo 40, a saber, acuerdo del Congreso Nacional y determinación de las zonas del país afectadas por la declaración. El estado de asamblea podrá durar por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior. 2. Estado de sitio, que se declara en caso de guerra interna o grave conmoción interior, observándose los trámites y acuerdos señalados para el estado de asamblea y con los efectos descritos en el artículo 43, inciso 2. El plazo de la declaración de estado de sitio no puede extenderse más allá de 15 días, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para solicitar al Congreso Nacional su prórroga. 3. Estado de emergencia, el que se declara en casos graveS-d=e~al~te=r~a~---ción del orden público, daño o peligro para la seguridad de la nación, sea por fuerzas de origen interno o externo, el que debe adoptarse en la forma prevista por el artículo 42, siéndole aplicables los efectos descritos en el artículo 43, inciso final. Por regla general, el estado de emergencia no puede durar más de 15 días, sin perjuicio de la facultad del Presidente para sOlicitar al Congreso Nacional su prórroga; y 4. Estado de catástrofe, que se declara en casos de calamidad pública. Su declaración la hace el Presidente de la República, quien está obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas que adoptare en este caso. Sus efectos los señala e! artículo 43, inciso 3. Importante es señalar que los tres estados de excepción primeramente descritos pueden declararse para una parte o todo el territorio nacional, como también el de catástrofe, el que puede declararse en la zona afectada por la catástrofe o cualquiera que lo requiera como consecuencia de la calamidad pública. Por otra parte, la Constitución utiliza los verbos suspender y restringir al referirse a las medidas de afectación de los derechos fundamentales que la declaración de cada estado de excepción autoriza.
La ley ha señalado que: a) Se "suspende" una garantía constitucional cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, y b) Se restringe una garantía constitucional cuando, durante la vigencia de un estado de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o en la forma. S. Tocante a la intervención de los Tribunales de Justicia durante la vigencia de los estados de excepción, éstos no pueden efectuar apreciaciones de mérito ni cuestionar los fundamentos en cuya virtud son declarados pero, en cuanto afectan derechos constitucionales, podrán conocer de los recursos previstos en la Constitución y las leyes para pronunciarse respecto de la juridicidad de las medidas particulares que se hubieren adoptado en razón de los mismos estados. Asi, por una parte, se evita la paralización de una decisión temporal necesaria para el bien común (la declaración del estado de excepción que corresponda) y, por la otra, quedan debidamente resguardados los derecho.s-deJas-I1er&OIJ.aS-~~ que hubieren sido afectadas por medidas particulares decretadas durante la vigencia del estado de excepción. Para saber más acerca de los Estados de Excepción Constitucional y aun cuando los textos sugeridos no contemplan las regulaciones que efectuara la Ley W 20.0S0, se podrá consultar: Tribunal Constitucional: Sentencia Rol N° 29 del 7 de junio de 1985;liménez L., Fernando: Las requisiciones en los estados de excepción constitucional, XXX Jornadas de Derecho Público, Facultad de Derecho, U. de Valparaíso, Edeval, 2000, y El régimen jurídico del Estado de emergencia. Estudio histórico constitucional, Revista de Derecho Público, U. de Chile, 1996; Silva B., Alejandro: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo X, Editorial Jurídica de Chile, 2004.
CAPÍTULO CONGRESO
V
NACIONAL
Artículo 46. El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la forinación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. Textos complementarios: Ley W 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; Reglamento del Senado, publicado en el Diario Oficial de 8 de julio de 1998, y Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial~e l de marzo de 1999. Esta disposición debe relacionarse con los articulos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° Y47 al 75 de la Constitución.
Se mantiene en la Constitución la estructura BICAMERAL del Congreso, que fue establecida en la Constitución de 1828, como una concesión a las ideas federales que habían logrado cierta importancia política pocos años antes. En efecto, la estructura bicameral es característica de los Estados Federales, donde una rama del Congreso, el Senado, representa las porciones territoriales que forman el Estado en un plano de igualdad jurídica; y la otra rama, generalmente la Cámara Baja, de Diputados, representa a la población de los Estados y sus miembros se eligen en proporción al número de habitantes. Se ha discutido por la doctrina la conveniencia de dos cámaras, máxime con un estado unitario como el chileno en el que aparecería como recomendable un sistema unicameraL Sobre este precepto, podrá acudirse a: Fermandois v., Arturo: El Senado en el Derecho Comparado, Revista Chilena de Derecho, VoL
24, N° 2, 1997; Cea E., José Luis: Teoría del Gobierno, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000. COMPOSICiÓN
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 47. La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años. El precepto señala el número determinado de ciudadanos que componen la Cámara de Diputados. La elección de los mismos, conforme con la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700, se realiza cada cuatro años, resultando electos dos candidatos por cada uno de los sesenta distritos en que esa ley ha dividido territorialmente al país. A diferencia de la Constitución de 1925, nada se dice sobre el sistema electoral para elegir a los diputados. La Constitución de 1925 contemplaba el empleo de un procedimiento que diera por resultado una efectiva proporciOllalidad en la representación-de las opini partidos políticos (artículo 25). REQUISITOS
PARA SER ELEGIDO DIPUTADO
Artículo 48. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contando hacia atrás desde el día de la elección. Textos complementarios: Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios; Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional sobre Tribunal Calificador de Elecciones, y concordarse con los artículos 1°,3°, 10, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 de la Constitución y las notas que hemos desarrollado para cada uno de ellos.
Conforme a sus preceptos, para ser elegido diputado son necesarios los requisitos siguientes: 1. Ser chileno, en cualesquiera de las formas prevista.s por el artículo 10;
2. Estar inscrito en los registros electorales; 3. Haber cursado enseñanza media o equivalente; 4. Tener cumplidos veintiún años (recordemos que para ser ciudadano con derecho a sufragio la Constitución exige tener 18 años); 5. No haber sido condenado a pena aflictiva; 6. Tener residencia en la región a que pertenezca el respectivo distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.
Artículo 49. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones sena"toriales, en consideración a las regiones del país. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el núme1v de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los Senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alteratro años; mrr€spondi€ndo hacerlo en un periodo 8 los representa/des de las regiones de namero impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y la Región Metropolitana. Textos complementarios: Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escmtinios; Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; Ley W 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral y Ley W 18.460, Orgánica Constitucional sobre Tribunal Calificador de Elecciones.
Este artículo, en su fonnulación previa a la Ley N° 20.050, denotaba la existencia de un Senado de composición mixta, es decir, parte de sus miembros eran electos democráticamente, en votación directa, por la ciudadanía, considerando las circunscripciones senatoriales previstas en la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y la otra parte en forma autoritaria, en el sentido de no representar a los ciudadanos electores, sino que básica o principalmente derivaba la elección o designación de los órganos del Estado que el precepto señalaba (Corte Suprema, Consejo de Seguridad Nacional, Presidente de la República, etc.). Conforme al texto vigente, los senadores son todos electos en votación directa, y es la ley, de rango orgánico constitucional, la que determina tanto el número de senadores como su forma de elección y la por-
